CUBA EN EL DEBATE ACTUAL NORTEAMERICANO:
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA LEY HELMS-BURTON
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© Dra. Soraya Castro Mariño *
INTRODUCCION

Durante los doce últimos años, el tema Cuba en los círculos del poder político norteamericano no constituyó un aspecto prioritario y se caracterizó por ser muy consensual. Esto se manifestó en que tanto demócratas como republicanos, liberales y conservadores asumieran, por lo general, posiciones marcadamente anticubanas.

En sentido general, la política de los Estados Unidos hacia Cuba en el penado mencionado se diseñó en función de la línea estratégica que en la esfera de las relaciones internacionales impuso el conservadurismo y, en consecuencia, el "caso cubano" fue situado dentro del análisis del eje confrontacional Este-Oeste.

A partir de 1990, con la desaparición del Campo Socialista y la desintegración de la URSS se produce un cambio en el marco de referencia de las percepciones hacia Cuba, y se hace un reconocimiento de que la Isla no constituye una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Con anterioridad, Cuba era vista como un satélite de la URSS y en consecuencia, las mayores demandas por parte del gobierno norteamericano se centraban en la necesidad de cambios en la política internacionalista cubana, en particular, en África y Centroamérica.

No obstante, las concepciones políticas que imperan en el actual proceso de conformación de la política hacia Cuba, mantienen el patrón confrontacional de penado de guerra fría, y se condicionan las relaciones entre ambos países a cambios del gobierno cubano.

El debate en torno a Cuba se ha centrado en "la necesidad de que se produzcan cambios de su sistema político, partiendo de la concepción de democracia norteamericana, la celebración de elecciones libres que sean verificadas por organismos internacionales, el respeto a los derechos humanos y el paso indiscutible hacia una economía de mercado". (1)

En la búsqueda de la consecución de estos objetivos el bloqueo, como instrumento económico, ha devenido en columna vertebral de la política de hostilidad hacia la Isla.

Activación del Debate sobre Cuba

A partir del segundo año de mandato del Presidente William Clinton, es decir durante 1994, el debate en torno a Cuba y sobre la política que el gobierno de los Estados Unidos debía implementar en la actualidad, tomando en cuenta el Nuevo Orden Mundial y los propios cambios que han tenido lugar en la Isla, se movió en un amplio espectro de ideas y propuestas que pueden ser sintetizadas y esquematizadas en cuatro corrientes de pensamiento fundamentales: (2)

La tendencia del status quo que propugna la conveniencia de mantener el actual curso de política y reaccionar ante determinadas coyunturas bajo el concepto de mantener el aislamiento político, diplomático y económico de Cuba. Entre los defensores de esta política encontramos a los máximos individuos vinculados a la formulación de política a nivel del Ejecutivo.

La comente del reforzamiento de la actual política de hostilidad que aboga abiertamente por la necesidad de derrocar al actual sistema cubano por cualquier via, sin descartar si quiera la intervención militar a la Isla, como el precio que Cuba debe pagar por sus desafíos a los Estados Unidos. Voceros de esta linea los encontramos en el Congreso en figuras como Lincoln Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen, Robert Menéndez, y en sectores de extrema derecha de la comunidad cubana radicada en Estados Unidos, dentro de la cual se destaca el grupo de presión la Fundación Nacional Cubano-Americana.

La corriente que propugna la comunicación o el compromiso constructivo favorece la modificación parcial del bloqueo y la posibilidad de ampliar el marco de comunicación entre ambos gobiernos en dependencia de los pasos que Cuba esté dispuesta a dar en función de los cambios democráticos. Dentro de este grupo se destacan poderosos tanques pensantes como: Diálogo Interamericano; el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto de Estudio Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.

La cuarta concepción, que defiende una relativa normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, sostiene el criterio de que la politice de hostilidad y su principal instrumento: el bloqueo, no ha logrado el objetivo de cambiar el actual gobierno cubano. En consecuencia es de la opinión que la politica de Estados Unidos debe cambiar radicalmente, y que el bloqueo debe ser eliminado como vía para incidir en la sociedad cubana de manera activa y exponer al pueblo de Cuba a las influencias de la democracia y el libre mercado. Esta línea de pensamiento la encontramos en algunos sectores académicos y en aisladas opiniones dentro de figuras demócratas liberales del Congreso.

Sin embargo, desde principios de 1995 se inició un intento por parte de la derecha norteamericana y de la comunidad cubana de truncar este incipiente debate sobre los métodos que las diferentes escuelas estimaban más conveniente aplicar con el fin de promover cambios del sistema cubano.

La decisión del gobierno cubano de derribar el 24 de febrero de 1996 dos avionetas del grupo "Hermanos al Rescate", con vinculos con la derecha cubana, por haber violado el espacio aéreo cubano en una maniobra provocadora, resultó la excusa para que la corriente del reforzamiento de la política de hostilidad resultara la imperante.

Contexto Ideológico del Debate sobre Cuba: Hegemonía vs. Soberanía

Como resultado de las elecciones legislativas en Noviembre de 1994 se produce un viraje en las concepciones ideofilosoficas imperantes en el proceso de formulación de la política de Estados Unidos en general.

El pensamiento altamente ideologizado y conservador de los republicanos que logran la mayoría en el Congreso de Estados Unidos, potenciado por la necesidad de articular una agenda política coherente que constituya una alternativa a las propuestas demócratas con vistas a las elecciones presidenciales de 1996, resulta el elemento distintivo de todo el debate sobre política económica, interna y externa en el actual acontecer norteamericano.

En este contexto se debe situar también el debate que sobre Cuba durante 1995 y 1996 ha teniendo lugar en el Congreso norteamericano, que da al traste con las llamadas tendencias de pensamiento del "compromiso constructivo" o de la "relativa normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos".

Este escenario ha propiciado que la ultra derecha de la comunidad cubana radicada en Estados Unidos, y en particular la Fundación Nacional Cubano Americana, así como intereses azucareros y licoreras asociados al capital de Miami, hayan canalizado una serie de propuestas anticubanas a nivel del Legislativo norteamericano, utilizando a congresistas y senadores ideológicamente cercanos y a los cuales ha ayudado a financiar sus campanas electorales a través de sus Comités de Acción Política.

Como en otros temas de la vida social norteamericana la derecha impone su agenda a un Ejecutivo que se percibe que cada vez más en función de los comicios presidenciales ha aceptado como filosofía propia los pilares básicos del conservadurismo.

La derecha utilizó, además, las incongruencias, indefiniciones e imprecisiones de los demócratas, sobre todo en el área de politica exterior, para evidenciar la ausencia de una nueva concepción global de seguridad nacional estadounidense en el periodo pos Guerra Fría.

Con la firma presidencial el 12 de marzo de 1996, entró en vigor la "Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática con Cuba", conocida como Ley Helms-Burton. Este día, coincidentemente, se celebraron las elecciones primarias republicanas en el estado de la Florida.

A pesar de que Clinton conoce que cada 4 cubanos tres votan a favor del partido republicano, y, en consecuencia, no se debe esperar un apoyo determinante de ellos en la Florida, cualquier progreso en tal sentido pudiera ser valioso, si se toma en consideración que en las elecciones de 1992 Bush ganó el 41 por ciento de los votos de ese estado en comparación con el 39 por ciento de Clinton y el 20 por ciento del candidato independiente Ross Perot.

La Ley Helms-Burton, al igual que la "Acta para la Democracia Cubana" de 1992, conocida como Ley Torricelli, fue aprobada en un ano de elecciones también bajo el temor de que se inculpara a la presidencia de turno de ser débil contra la "Cuba de Castro", desestimando así verdaderas consideraciones de política exterior para los Estados Unidos. (3)

La Ley Helms-Burton, que lleva el nombre del Jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Jefe del subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes respectivamente, resulta una compilación de medidas anticubanas que habían sido presentadas desde finales de 1994 por los congresistas de ungen cubano Lincoln Díaz-Balart Ileana Ros-Lehtinen y Robert Menéndez. En ellas se destaca una filosofía del castigo que sugiere su aplicabilidad en el Nuevo Orden Mundial.

En consecuencia, con la entrada en vigor de la Ley, Cuba se convirtió en un tema que se trasciende así mismo para devenir en un caso test de lo que podría ser una propuesta de cambio de todo el sistema de relaciones internacionales, de los principios y prácticas establecidas por el derecho internacional contemporáneo, y de los deberes y derechos de los estados en el área comercial.

El gobierno de 109 Estados Unidos trata de erigirse en "voz y conciencia" del mundo tratando de imponer un "Nuevo Orden", en el cual pueda dictar sus mandatos.

Al respecto, se debe señalar que con posterioridad a la aprobación de la Ley Helms-Burton, fue aprobada en Estados Unidos otra legislación con fuertes implicaciones extraterritoriales en agosto de 1996. La Ley Kennedy-D'Amato refrenda sancionar a los paises que inviertan más de 40 millones de dólares anuales en el sector energético de Libia e Irán.

La medida anticubana que viola los principios rectores del derecho internacional como son la autodeterminación de los pueblos, la igualdad soberana de los estados, la ilegitimidad del uso o amenaza del uso de la fuerza, incluida la coerción económica y la no injerencia en los asuntos internos de los estados consta de tres objetivos mayores dirigidos particularmente hacia Cuba. Estos son:

-Fortalecer el cerco económico y obstaculizar el proceso de transformaciones económicas que están teniendo lugar en la Isla.

-Convertir en un imposible cualquier perspectiva de mejoramiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos al crear obstáculos prácticamente insalvables en la solución de problemas afines.

-Retrotraer a la República de Cuba a un status similar al que tenla a principios del S XX, en el cual EE. UU. podía dictar con sus leyes los destinos del Estado cubano. A diferencia de la Ley para la Democracia Cubana de 1992, cuyo énfasis fundamental estaba dirigido al comercio, la nueva Ley dirige su ataque esencial al plano financiero con el objetivo de situarle a Cuba límites a su necesaria reinserción en el mercado internacional.

Desde que la Isla se planteó estratégicamente la atracción del capital extranjero para ayudar a su desarrollo, reestructuró sus instituciones y leyes para viabilizar su apertura al proceso inversionista, y decidió hacer transparente su situación en el plano de las finanzas extemas, planteando además su disponibilidad de iniciar conversaciones sobre el particular, hubo intentos por parte del Congreso norteamericano de aprobar medidas legislativas dirigidas a obstaculizar ano más el ya difícil proceso económico.

Del espíritu y de la letra de la Ley se evidencia el conflicto esencial entre Cuba y Estados Unidos: Soberanía vs Hegemonía, al margen de la falacia justificativa de la aversión ideológica al socialismo como modelo político y social en tanto Estados Unidos ha logrado entendimientos comerciales y diplomáticos con China y Vietnam.

La Ley Helms-Burton: Fortalecimiento del cerco económico

La ley consta de una introducción y cuatro capítulos. En la introducción se explican los criterios que el Congreso de los Estados Unidos tiene sobre el gobierno cubano, los propósitos y las definiciones de los términos que se utilizan en la norma. Respecto a esto último, desde el punto de vista jurídico, llaman la atención los términos confiscación, propiedad y tráfico en donde la amplitud conceptual que se le otorgan, no sólo niega los criterios y principios reconocidos internacionalmente por los estados, sino que también niega la propia práctica jurídica norteamericana cuando desestima la "doctrina del Acto del Poder Soberano del Estado" o le otorga a las cortes norteamericanas jurisdicción no sólo para dictar sentencia sobre las propiedades u otros derechos correlacionados, sino también sobre las personas jurídicas, individuos o estados extranjeros.

El Capitulo I se denomina: Fortalecimiento de las sanciones internacionales al gobierno de Cuba. En el mismo se proponen toda una serie de medidas dirigidas a internacionalizar las sanciones económicas, comerciales y financieras del gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Entre estas disposiciones encontramos:

1- Internacionalizar las sanciones contra el gobierno cubano a través del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, imponiendo un embargo obligatorio. (4)

Esta medida desestima que desde hace cuatro años la Asamblea de las Naciones Unidas ha aprobado cuatro resoluciones consecutivas que condenan el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba.

La Unión Europea, en carta de su representante en Washington Andieas Van Agt en 1995, expresó que se opone "a tomar medidas unilaterales que no se hayan aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU. " (5)

La Ley pretende dar una solución unilateral y fuera de los cauces establecidos por el derecho internacional al problema de las reclamaciones, lesionando el principio de soberanía mediante la aplicación de las leyes estadounidenses en terceros paises.

2- lnstar al Ejecutivo norteamericano para que solicite a otros gobiernos restringir sus intercambios comerciales con Cuba y la extensión de créditos a la Isla. (6)

El carácter extraterritorial de esta sección, dirigida a limitar las relaciones comerciales entre Cuba y otros paises del mundo, así como limitar el proceso inversionista en la Isla, hace improbable su aceptación por parte de socios comerciales importantesdeEstadosUnidos. Aceptar la sugerencia de EEW seria aceptar la aplicación extraterritorial de la ley norteamericana, lo cual es poco probable que ocurra, en tanto electa el concepto de soberanía de los estados nacionales.

Al respecto el ex-Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Andre Oullet, en carta al Departamento de Estado en 1995, declaró que no puede aceptarse que las firmas canadienses que negocien con otros paises sean restringidas por las leyes de terceras naciones (7).

Cuba ha firmado acuerdos bilaterales de promoción y protección de lasinversionescon cinco miembros de la Comunidad Económica Europea. Estos son: España, Gran Bretaña, Italia, Alemania y Suiza. Además existen acuerdos similares en preparación con Francia y Dinamarca.

Una vez aprobada la medida anticubana los gobiernos de Canadá, México, India, Chile, Nicaragua, Japón, Australia, Filipinas y la Unión Europea argumentaron ante la Organización Internacional del Comercio que la medida viola la libertad de las naciones para comerciar.

En mayo de 1996 el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que condenó las medidas adoptadas por Estados Unidos para sancionar a empresarios de terceros países que comercien con Cuba, lo cual afecta directamente los intereses comerciales y económicos de esa entidad comunitaria.

Canadá también presentó el tema en la reunión ministerial de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (ODCE), celebrada en el propio mes de mayo en París. En la actualidad, un equipo de ese organismo está investigando los tipos de soluciones que han sido tomados en el pasado con la finalidad de evitar problemas en las negociaciones de un Acuerdo de Inversión Multilateral entre los miembros de la ODCE.

3- Hacer cumplir estrictamente las Regulaciones de los Controles de Activos Cubanos, así como la imposición de multas y encarcelamiento a los violadores de la Ley de Comercio con el Enemigo de Estados Unidos. Hacer cumplir vigorosamente las restricciones sobre los viajes a Cuba (8). Sobre el particular, lo más significativo resulta la potestad que la ley le confiere al Departamento del Tesoro norteamericano de imponer multas de hasta 50 mil dólares, incluyendo el decomiso de la propiedad utilizada para la violación de las regulaciones, a las personas que violan las restricciones de viajar a Cuba según el Control de Activos Cubanos.

4- Codificar el embargo comercial vigente hasta el 1 de marzo de 1996, con la finalidad de que todas las regulaciones anteriores a la "Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática con Cuba", incluyendo las proclamas presidenciales, disposiciones ejecutivas y resoluciones departamentales, pasen a ser parte del cuerpo legal de la nueva norma. De esta manera, la Ley pasa de la presidencia al Congreso las prerrogativas que históricamente había utilizado el Ejecutivo para maniobrar con la política de hostilidad en los márgenes según las condiciones fueran haciéndola inoperante.

Esta disposición sitúa limites a que el Ejecutivo pueda cambiar o ajustar determinadas decisiones administrativas por si solo, en tanto la Ley ahora establece que el Presidente en consulta con el Congreso podrá tomar determinadas medidas para suspender el embargo si están encaminadas a crear bases estables para un "gobierno electo democráticamente", acorde a lo que establece la propia norma norteamericana. (9)

5- Prohibir a personas o agencias norteamericanas la extensión de créditos, préstamos y financiamiento directos o indirectos a una persona o compañía extranjera que haya traficado con propiedades norteamericanas confiscadas por el gobierno cubano. (10) Sobre el particular, la Comunidad Económica Europea y Canadá han sido muy enérgicos en su oposición al expresar que no hay base jurídica desde el punto de vista del Derecho Internacional de que EE.UU. reclame el derecho de regular el comercio con Cuba de una subsidiaria norteamericana en terceros países.

La no aceptación de aplicar la extraterritorialidad de la norma norteamericana se basa no sólo en los principios y normas internacionalmente reconocidos por los estados, sino también en la imposibilidad para EE.UU. de obligar a la subsidiaria a desatender las leyes de los países en donde se encuentra.

De hecho los gobiernos de Canadá, Gran Bretaña, Holanda y Alemania disponen de leyes nacionales que prohiben las legislaciones extranjeras con carácter extraterritorial. España y Francia están estudiando la posibilidad de aprobar una con las mismas características.

No obstante, las presiones de las casas matrices norteamericanas complicarían las transacciones con este tipo de empresas, haría más lento el proceso de negociación y el ritmo de las inversiones, al situar a la Isla dentro del listado de países que se consideran altamente riesgosos para procesos inversionistas.

Esta provisión de la Ley desconoce las disposiciones del GATT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio) que postulan el libre comercio y excluye las prohibiciones de tipo político para comerciar. Estas limitaciones tampoco están acordes con el espíritu de libre empresa y libertad de comercio que por tradición cultural ha propugnado Estados Unidos históricamente.

6- Instruir a los representantes de EE.UU. en los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Desarrollo y Reconstrucción, la Asociación Internacional de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, la Agencia Internacional de Garantía de las Inversiones Múltiples y el Banco Interamericano de Desarrollo a oponerse al ingreso de Cuba como miembro de estas entidades. Recortar las contribuciones de EE.UU. a esas organizaciones en la misma suma que estas instituciones decidan conceder a Cuba cualquier forma de créditos. (11)

La instrucción del voto contrario de EE.UU. en caso que Cuba solicite ser miembro de algunas de estas organizaciones constituye una práctica establecida desde hace más de 30 anos.

Sin embargo, la actual Ley contradice las obligaciones contraídas por EE.UU con esos organismos y constituye un intento de influir de manera inapropiada en la toma de decisiones de las instituciones financieras internacionales.

7- Instruir al Delegado permanente de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos a oponerse al reingreso de Cuba hasta que en la Isla exista un gobierno democrático. (12)

Tales concepciones no toman en consideración la posición de un grupo importante de gobiernos latinoamericanos que están abogando por la reinserción de Cuba en los organismos políticos y económicos del Hemisferio Occidental, y entran en contradicción con las declaraciones del Secretario General de la OEA, César Gaviria, en la inauguración de la XXV Asamblea de esa institución, en la cual expresó que Cuba se merecía una oportunidad en la Comunidad Hemisférica. (13)

Resulta significativo que ya desde marzo de 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escribió una carta al Gobiemo delos Estados Unidos pidiendo que se respetasen las convenciones internacionales y se modificasen aspectos del embargo contra Cuba, en particular lo que concierne a la venta de alimentos y medicinas.

Como elemento de suma importancia se destaca la aprobación de la "Declaración de Cochabamba" en mayo de 1996 por parte de los países miembros del Grupo de Río y la Unión Europea, en la cual se subrayó el rechazo a las medidas unilaterales con efectos extraterritoriales que contradicen el derecho internacional y las normas ampliamente aceptadas y reconocidas por todos los países respecto al libre comercio. Por su parte, en junio de 1996, la Asamblea General de la OEA aprobó en su vigésimo sexto encuentro una resolución que solicita una investigación sobre la Ley Helms-Burton por ser probable violatoria del derecho internacional.

Esta resolución, aprobada por 23 países, 1 voto en contra, -el de Estados Unidos-, y 10 abstenciones, instruyó al Comité Jurídico Interamericano a examinar la validez de la legislación anticubana y su correspondencia con las normas internacionales.

En julio de 1996, la Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Latinoamericano propuso la formación de una comisión de juristas latinoamericanos para que también se pronunciase sobre la Ley durante las deliberaciones del Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico declaró la incompatibilidad de la medida con el derecho internacional en agosto de 1996 y presentó sus conclusiones al Consejo Permanente. Este deberá informar sobre las conclusiones y la implementación de la resolución al vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

No obstante, el vocero del Departamento de Estado Nicholas Burns informó que las conclusiones del panel de la OEA no tendrían un impacto en la implementación de la normativa estadounidense, por cuanto Norteamérica no reconoce la jurisdicción de ese comité.

8- Reducir la asistencia que EE.UU. le otorga a las ex-Repúblicas de la URSS en la misma cantidad con que de una forma u otra, benefician al gobierno cubano, ya sea mediante comercio, créditos o contribuciones económicas. Se incluirían las contribuciones económicas para hacer funcionar la instalación nuclear de Cienfuegos o cualquier instalación militar de inteligencia como la de Lourdes. Expresamente rechaza los 200 millones que le otorga Rusia a Cuba por el uso de la instalación de Lourdes. (14)

Al respecto la Unión Europea ha manifestado que esta sección es contraproducente para los "cambios democráticos" en Rusia. Con anterioridad a la decisión de someterse a las presiones de la derecha, el propio Ejecutivo norteamericano había objetado esta medida en carta del Secretario Asistente para Asuntos Legislativos del Departamento de Estado, Wendy R. Sherman, al Jefe del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes Benjamín Gilman.

Asimismo, el otrora Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos Alexander Watson, ante la subcomisión del Hemisferio Occidental en audiencia congresional el 16 de marzo de 1995, manifestó que esta medida "podría limitar la capacidad de EE.UU. de fomentar la reforma y estabilidad de Rusia."

Declaró que "la presión sobre Rusia para que desista de utilizar la instalación de Lourdes podría se interpretada por los rusos como una injerencia en el ejercicio de su derecho, en virtud del Tratado START, de vigilar el cumplimiento del acuerdo, y podría complicar la ratificación rusa de START II. (15)

El cuestionamiento de la estrategia cubana de la utilización pacífica de la energía nuclear como parte consustancial de la política general de desarrollo económico y social del país se situó en la agenda bilateral Cuba-Estados Unidos al incorporarse en la Ley Helms-Burton.

A pesar de las amenazas y la reducción por concepto de ayuda al exterior a las ex-repúblicas de la extinta URSS durante 1995, Rusia, hasta el momento, ha decidido no desvincularse del proyecto de cooperación con Cuba para la culminación de la central electronuclear.

Sobre el particular resulta particularmente significativo que una semana previa a la Cumbre de los presidentes de Rusia y Estados Unidos en New York en noviembre de 1995; Cuba fue visitada por el primer Viceprimer Ministro ruso Oleg Soskovets.

Soskovets, funcionario de más alto rango que ha visitado a la Isla en los últimos años, firmó ocho acuerdos sobre las relaciones económicas y comerciales con Cuba, destacándose entre ellosel Memoramdum sobre la Cooperación Bilateral en la Aplicación Civil de la Energía Atómica. La disposición de revitalizar las relaciones con Cuba sobre bases más pragmáticas también fue expresado por el canciller ruso Evgueni Primakov en su visita a la Isla en mayo de 1996.

En la declaración de política del Capítulo I de la Ley Helms-Burton también se declara que "en vista de la amenaza a la seguridad nacional que constituye la operación de una instalación nuclear, y como resultado de que el gobierno cubano ha mantenido un chantaje respecto a la posibilidad de enviar una ola de refugiados", el Presidente de los Estados Unidos deberá hacer uso de todo su poder para aclararle al gobierno cubano que la culminación y operación de una instalación nuclear, o la futura manipulación politica del deseo de los cubanos de escapar de la Isla, y que resulte en una emigración masiva a Norteamérica, será considerado como un acto de agresión, para lo cual habrá una respuesta apropiada, con el objetivo de mantener la seguridad de las fronteras nacionales de los Estados Unidos, así como la salud y seguridad del pueblo norteamericano."

El hecho de que la ley norteamericana trate de refrendar que la culminación y operación de la central electronuclear cubana constituye un acto de agresión contra Norteamérica, además de vincularlo al problema migratorio Cuba-EE.UU. en función de la seguridad nacional, resulta inaceptable acorde con las normas del derecho internacional y los principios que rigen las relaciones internacionales, al amenazar con el uso de la fuerza si esas condiciones concurren.

9- Instruir al Presidente de los EE.UU. que someta un informe anual al Congreso sobre la asistencia y el comercio de países extranjeros con Cuba que contenga:

Esta disposición requerirá nuevos recursos financieros importantes, lo que será problemático en este periodo de rigor presupuestario norteamericano. Para realizar ese informe la Administración tendría que rastrear a más de 2 500 firmas extranjeras de 109 países.

10- Prohibir la importación por parte de EE.UU. de azucares, melado y melazas producidos en un país que el Presidente determine que ha importado de Cuba esos productos. E1 propósito es impedir subsidios indirectos a la industiia azucarera cubana a través de países que compran azúcar cubano para consumo doméstico y venden su azúcar a EEW bajo el sistema de cuotas. (17)

Esta cláusula viola los principios del derecho internacional y la soberanía de los estados como resultado de su carácter extraterritorial. Además entra en franca contradicción con los principios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de los Acuerdos Generales de Aranceles y Comercio (GATT).

En 108 casos de México y Canadá se violarían obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), lo cual fue expresado en el proceso de consultas iniciado a finales de abril de 1996 en el marco de ese acuerdo regional. Ante el fracaso del proceso de consultas entre representantes gubernamentales de los tres países, Canadá y México han expresado sus intenciones de utilizar el Capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio sobre el mecanismo de arbitraje para apelar la aplicación de la Ley.

El gobierno canadiense ha sido definitivamente agresivo en su oposición y cabildeo en contra de la medida anticubana desde su promulgación. En su visita a Washington en mayo de 1996 el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores Lloyd Axworthy expresó que la Ley Helms-Burton constituye un aspecto prioritario en las relaciones con Estados Unidos. Esta situación fue también planteada a Clinton en la Cumbre del Grupo de los Siete por el Primer Ministro canadiense.

El gobierno del Primer Ministro Jean Chrétien está valorando hacer modificaciones en su legislación interna con la finalidad de hacer ilegal el cumplimiento de la Ley Helms-Burton por parte de todos los ciudadanos canadienses, y permitir a las compañías de su país que pierdan sus litigios ante cortes norteamericanas, demandar a sus acusadores frente a jueces canadienses. Por su lado, México también está estudiando la aprobación de una ley antídoto que prohiba la aplicación en el ámbito jurídico de leyes extranjeras extraterritoriales. Entre otras propuestas figuran la prohibición para funcionarios y jueces mexicanos de suministrar información a sus homólogos norteamericanos sobre operaciones comerciales que realizan empresas mexicanas con Cuba u otro país, así como la restricción de visas a empresarios estadounidenses que demanden a mexicanos.

También está prevista la opción de embargar activos de empresas de Norteamérica que recurran a los tribunales de ese país con el objetivo de decomisar bienes de empresas mexicanas, utilizando como pretexto la Ley Helms-Burton.

En relación con América Latina esta disposición viola la resolución del órgano consultivo de la OEA de 1975 que declara que cada país signatario determina la naturaleza de las relaciones económicas y diplomáticas que entienda pertinente. El Grupo de los 77 en Johannesburg emitió una declaración en abril de 1996 en la Conferencia Internacional de Comercio y Desarrollo, en la cual manifestaba su gran preocupación por el continuo uso de medidas económicas coercitivas contra los países en desarrollo. La Unión Europea, por su lado, inició en mayo de 1996 un proceso de consultas en un panel sobre disputas de la Organización Internacional del Comercio. No obstante, y como resultado de la dilatación del mencionado proceso, así como ante la posibilidad de que Estados Unidos invoque el artículo 21, el cual permite a las naciones miembros suspender las reglas de la Organización por razones de seguridad nacional, la UE decidió tomar otras medidas.

Así en el mes de julio, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea llegó a un acuerdo de principios sobre la propuesta del comisario de comercio Sir Leon Brittan, que fue aprobado por el voto de unanimidad de los ministros de relaciones exteriores de los 15. La norma comunitaria, después de ser aprobada por los países miembros, obligará a las empresas europeas a no acatar leyes extraterritoriales y le ofrecerá respaldo legal para recuperar los pagos por indemnización impuestos por los tribunales de Estados Unidos en las demandas presentadas por los antiguos propietarios de las instalaciones que se utilizan en la Isla.

La Unión Europea estudia cómo compensar financieramente a las empresas que puedan encontrarse en dificultad, la implantación recíproca de restricciones a empresarios norteamericanos y la exigencia de visado a todos los ciudadanos norteamericanos.

El comité 113 de la Unión Europea también prepara un contencioso que será presentado ante la Organización Mundial del Comercio en septiembre del presente A su vez en el documento final de la Cumbre del Grupo de los Siete, efectuada en Lyon en junio de 1996, se afirmó el apoyo al sistema multilateral y la necesidad de evitar medidas de comercio e inversión que contradigan las normas de la Organización Internacional del Comercio, en una clara alusión a las diferencias que existen entre los aliados respecto a la Ley anticubana.

La administración Clinton, por su lado, nombró el 16 de agosto de 1996 al subsecretario de comercio internacional Stuart Eizestat, que fuese hasta enero embajador de los Estados Unidos en Bruselas, como representante especial para Cuba en un intento por limar las diferencias con los aliados y lograr un frente común en la política hacia Cuba.

11- Aumentar la efectividad de la TV Martí, pasando la emisora de VHF a UHF. (18) "TV Martí" como instrumento de presión ideológica de la política de EE.UU. hacia Cuba resulta inconsistente con el derecho internacional y viola las obligaciones de Norteamérica contraídas por la Convención Internacional de Telecomunicaciones de 1982 y las Regulaciones Radiales de 1979 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, anexadas a ese acuerdo.

En estos documentos se reconoce en la sección 1 del artículo 30 del epígrafe 2666 que "las estaciones de radiodifusión no deberán exceder el valor necesario para asegurar económicamente un servicio nacional dentro de los límites del país de que se trate

Esta violación por parte del gobierno de los Estados Unidos fue dictaminada por la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en 1990.

La Propuesta Plattista

El Capitulo II cuyo titulo es Apoyo a una Cuba Libre e Independiente trata de imponer una II Enmienda Platt al establecer los patrones que debe tener la futura Cuba si se consigue el objetivo de destruir el proceso cubano (19).

El Congreso se abroga el derecho de determinar los condicionamientos de lo que supone sea en un primer momento un "gobierno en transición" y, posteriori, un "gobierno elegido democráticamente", para una certificación presidencial de "buena conducta del pueblo cubano".

A partir de esa certificación y tomando en cuenta los fondos disponibles en ese momento por Estados Unidos, el Presidente de los EE.UU. adoptará las medidas necesarias para restablecer relaciones diplomáticas y terminar el bloqueo, así como autorizará la asistencia a Cuba por parte de organismos internacionales.

Acorde con la Ley, constituye una premisa que el "gobierno elegido democráticamente" haya devuelto a los ciudadanos o empresas norteamericanas todas las propiedades nacionalizadas después del 1 de enero de 1959, incluidas aquellas que estuvieron sujetas a la expropiación forzosa por bienes mal habidos, o una compensación total por las mismas.

De esta manera se compromete a generaciones enteras de cubanos que, según el Congreso norteamericano, se encuentran en deuda con un pequeño grupo que constituyen una versión de aquellos que a finales del S XIX trabajaron para formar la república mediatizada de 1902 e instalar en la presidencia a un ciudadano norteamericano: Tomás Estrada Palma. La Ley Helms-Burton, auspiciada por los intereses económicos de los sectores derechistas de la comunidad cubana, pretende asegurarle a ese capital la posesión futura de la Isla en complicidad con Washington, resultando un golpe brutal a la nacionalidad cubana.

En la sección 204 (e) (1) se establece, además, que el Presidente debe notificar inmediatamente al Congreso de los Estados Unidos la decisión, -sujeta a una revocación a través de una resolución conjunta-, de suspender el embargo una vez que haya en Cuba, no un gobierno en transición, sino uno "elegido democráticamente", acorde con lo que estipula la Ley.

Sobre el particular se evidencia que la nueva Ley le usurpa responsabilidades de tacto o constitucionales al Presidente de EE.UU. en el manejo de las relaciones internacionales, y se las otorga al órgano Legislativo.

La Utilización Política del Problema de las Reclamaciones

El Capítulo III, bajo el titulo de Protección de los Derechos de Propiedad de Americanos en el Extranjero, estipula establecer procedimientos por la vía judicial civil en las cortes norteamericanas para reclamar las propiedades confiscadas. (20)

Este resulta el más controvertido de todos los capítulos por su carácter punitivo dirigido contra empresas de terceros países, en franca violación de las normas del libre comercio.

Técnicamente, el capítulo III entró en vigor el 1 de agosto de 1996, después que el Presidente Clinton decidió ponerlo en vigencia el 16 de julio. La Ley Helms-Burton dispone de una cláusula que le permitía al Presidente demorar la entrada en vigor de esa controvertida sección cada seis meses o dilatar su aplicabilidad también por seis meses en el caso que el Presidente firmara su entrada en vigor.

En consecuencia, y bajo las presiones de un año electoral Clinton optó por el tecnicismo de que el capitulo III entrara en vigor, pero postergó hasta febrero de 1997 el derecho a introducir las demandas sobre las propiedades confiscadas después de 1959 en los tribunales norteamericanos.

Esta decisión del Presidente coincide con una de sus características más relevantes: Tratar de quedar bien con diversos sectores por contradictorios que sean sus intereses. Clinton, así, trató de evitar una activación de la disputa comercial con los principales socios comerciales de Estados Unidos que se han opuesto a la Ley Helms-Burton, y, al mismo tiempo, evita una confrontación directa con sectores de la comunidad cubana que si bien resultan casi imperceptibles como grupo de votantes a nivel nacional, resultan una poderosa fuente de financiamiento en determinados distritos de la Florida y New Jersey.

Ambos estados desde el punto de vista de la lógica del colegio electoral resultan decisivos para ganar la presidencia en 1996.

Las aspiraciones reeleccionistas y el temor de ser culpado por la derecha de no mantener una política de mano dura hacia Cuba provocó que Clinton hiciera caso omiso a la petición de extender la prórroga de la entrada en vigor del capítulo III, realizada por importantes agrupaciones empresariales norteamericanas como la Asociación Nacional de Manufactureros, la Cámara de Comercio Nacional y el Consejo Nacional de Comercio Exterior.

El Capítulo III refrenda en esencia que los norteamericanos cuyas propiedades fueron nacionalizadas o expropiadas después de 1959 podrán demandar a cualquier persona, compañía o estado extranjero que haya vendido, repartido o dispuesto de una propiedad sujeta a reclamación o haya comprado, recibido, poseído, obtenido el control, adquirido o utilizado la propiedad confiscada no sólo en Cuba sino en cualquier país del mundo.

Antes de pasar a analizar el alcance de estas propuestas del tercer capitulo se debe recordar el contexto que provocó el proceso de nacionalizaciones de propiedades norteamericanas en territorio cubano.

En respuesta a las medidas económicas punitivas impuestas por parte del gobierno de Estados Unidos a raíz del triunfo de la Revolución cubana, con la finalidad de ahogar un proceso social desde posiciones de fuerza, el 6 de julio de 1960 se aprueba la Ley 851 de 1960, la cual le confirió al Presidente de la República de Cuba y al Primer Ministro facultades plenas para proceder -cuando lo considerasen conveniente en defensa del interés nacional- a la nacionalización por vía de expropiación forzosa, de los bienes de propiedad de las personas naturales o jurídicas de Estados Unidos o de las empresas en que tuviesen intereses o participación dichas personas, aunque las mismas estuviesen constituidas con arreglo de las leyes cubanas (Art 1).

A tenor con esta Ley, el 6 de agosto de 1960 se dicta por el Ejecutivo cubano la resolución número 1 que dispuso la expropiación forzosa, que contemplaba un mecanismo compensatorio, de la Compañía Cubana de Electricidad, la Cuban Telephone Company, las empresas petroleras estadounidenses Esso, Texaco y Sinclair y los 36 centrales azucareros que poseía Estados Unidos en Cuba.

El 17 de septiembre del propio año se aprueba la resolución número 2 que nacionalizó los bancos norteamericanos: Firr.t National City Bank, First National Bank of Boston y el Chase Manhattan Bank.

Para octubre, Cuba nacionaliza 380 grandes empresas y todos los bancos, excepto los canadienses. Mediante la Ley 890; promulga la Ley de Reforma Urbana y nacionaliza todas las empresas norteamericanas que ano operaban en la Isla, acorde con la resolución número 3 dictada a tenor con las facultades conferidas por la Ley 851.

En aquel momento Cuba propuso que las empresas norteamericanas serian indemnizadas mediante bonos al 2% anual, que se amortizarán en un plazo máximo de 30 años, con un fondo constituido con la cuarta parte del valor de lo que le compraran a Cuba por encima de los 3 millones de toneladas largas, y a condición de que el precio del azúcar no fuera menor de 5,75 centavos de dólares la libra. Esto no fue aceptado por los Estados Unidos.

Por su lado, el 3 de julio de 1963 el gobierno norteamericano congeló todos los bienes cubanos que se encontraban en ese país.

En 1964, el Congreso de Estados Unidos autorizó a la Comisión de Reclamaciones Internacionales a determinar y validar los montos de las reclamaciones de los ciudadanos 0 empresas norteamericanas contra el gobierno de Cuba y autorizó la adjudicación y venta de los bienes cubanos congelados para satisfacer las reclamaciones validadas; lo cual fue en 1965 eliminado por esa misma institución. (21) Del 1 de noviembre de 1965 al 1 de mayo de 1967 los reclamantes fueron presentando sus expedientes ante la Comisión de Reclamaciones Internacionales, la que determinó si procedían o no y certificaba el monto de la pérdida. Entonces la Comisión declaró que, acorde con los principios del derecho internacional, la elegibilidad para un futuro proceso de compensación exigía la nacionalidad estadounidense en el momento de la pérdida de la propiedad.

El 6 de julio de 1972 concluyó el programa Cuba de esta Comisión, la cual expidió certificación al Secretario de Estado de la cuantía de todas las reclamaciones de empresas o ciudadanos norteamericanos. (22)

La Comisión de Reclamaciones adoptó certificaciones favorables sobre 5,911 reclamaciones y el valor de los bienes nacionalizados, expropiados, intervenidos, u incautados fue determinado en un monto principal agregado de 1.851,057,358, tomando en cuenta una tasa de interés del 6% anual desde el momento de la pérdida del activo. Al mismo tiempo se denegaron o fueron retiradas por los beneficiarios 5,905 reclamaciones.

De las 5,911 reclamaciones aprobadas, aproximadamente 5,000 pertenecen a individuos y el resto a compañías. La mayor parte de la suma inicial de 1.851,057,358 tiene que ver con las reclamaciones de tres compañías: Cuban Electric Co., ATT, y la North Ameritan Sugar Industries, las cuales en su conjunto totalizaban $507 millones. En la actualidad, el monto de las reclamaciones asciende a más de 5 mil 600 millones de dólares en tanto se toma en cuenta una tasa de interés del 6% anual de 1.851,057,358 dólares certificados inicialmente por la Comisión de Reclamaciones Internacionales de los Estados Unidos.

El gobierno cubano no se ha negado a discutir el tema de las compensaciones a los ciudadanos o firmas norteamericanas por los bienes nacionalizados después de 1959. Sin embargo, las relaciones confrontantes, emocionales y altamente ideologizadas no han constituido un clima apropiado a la negociación. El bloqueo ha coadyuvado a que las negociaciones sobre este aspecto hayan sido desatendidas.

Cuba ha concluido acuerdos de liquidación de reclamaciones por bienes afectados como consecuencia del proceso de nacionalización con Suiza, Francia, Canadá y España utilizando la fórmula de lograr Acuerdos Globales de Indemnización (Lump Sume Agreements).

En estos años han existido relaciones comerciales normales entre estos países y Cuba, así como en la esfera inversionista sin que el problema de las reclamaciones haya constituido un obstáculo insalvable. Cuba y Estados Unidos podrían buscar una fórmula para resolver el problema de las compensaciones acorde con el derecho internacional, tomando en cuenta las posiciones de ambas partes en un diálogo constructivo, pero sin desestimar los daños infringidos a la economía y al pueblo cubano por las medidas punitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos desde hace más de 35 años.

Sin embargo, el Capítulo III de la Ley Helms-Burton complica en extremo el ya difícil problema de las compensaciones al tratar de legitimar las probables reclamaciones que puedan existir por parte de actuales ciudadanos norteamericanos que no eran nacionales de ese país en el momento de las nacionalizaciones, y cuyas propiedades hubiesen sido entonces valoradas por 50 mil dólares o más.

La nueva normativa expresamente desestima la práctica judicial norteamericana sobre la "Doctrina del Acto del Poder Soberano del Estado" que reconoce:

-La potestad soberana de un estado extranjero a nacionalizar las propiedades de individuos y compañías que son sus nacionales en el momento de la expropiación.

En consecuencia reconoce la potestad discrecional del estado soberano de Cuba a nacionalizar a sus ciudadanos, lo cual no es objeto del derecho internacional.

-La aplicabilidad de la ley vigente del lugar en donde se encuentra situada la propiedad para determinar el título de propiedad.

-La aceptación como acto soberano de un estado a nacionalizar las propiedades extranjeras situadas en su territorio y la justa compensación. Con anterioridad, tal reconocimiento quedó expreso en el caso judicial que resolvió la Corte Suprema de los Estados Unidos "Banco Nacional de Cuba vs Sabbatino" de 1964, en donde se declaró mantener intacta la "Doctrina del Acto del Poder Soberano" con el fin de eliminar consideraciones sobre la validez de las nacionalizaciones realizadas por el "gobierno cubano dentro de su propio territorio ano cuando se alegara que dichas nacionalizaciones resultaban violatorias del derecho internacional".

La nueva Ley incluso va más allá de la Enmienda Hickenlooper aprobada por el Congreso de EE.UU. el 9 de octubre de 1964 en la Ley de Ayuda al Exterior. Esta enmienda que invalidó la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del caso "Banco Nacional de Cuba vs Sabbatino" estableció que "ningún tribunal norteamericano podía declinar, basándose en la doctrina del Acto del Poder Soberano del Estado, dictar una decisión que se fundamente en los méritos del caso ...en un caso en que la reclamación de titularidad o de otro derecho se arguya por cualquier parte, incluso un estado soberano extranjero... que esté basado o tenga origen en una confiscación o incautación... por una ley de dicho estado en violación de los principios del Derecho Internacional.

Sin embargo, la Enmienda Hickenlooper no reconoce como trata de refrendar la Ley Helms-Burton ni el carácter retroactivo de la Ley, ni su aplicabilidad a propiedades que no existían en el momento de la expropiación, ni incluye derecho de indemnización por los daños infringidos a la propiedad nacionalizada de ciudadanos del país en cuestión.

Sobre el particular, como se ha destacado con anterioridad, la comunidad internacional ha declarado que no reconoce la jurisdicción de las cortes federales norteamericanas en los litigios entre ciudadanos de Estados Unidos y compañías extranjeras sobre las propiedades nacionalizadas en el exterior, incluidos aquellos que puedan surgir por la retroactividad de la ley con personas que en el momento de la expropiación no eran ciudadanos norteamericanos.

El propio ex-secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos Alexander Watson, con anterioridad a la decisión ejecutiva de darle luz verde al proyecto, declaró en mayo de 1995 en audiencia congresional que si bien la solución del problema de las reclamaciones constituye una prioridad del gobierno de los EE.UU., las disposiciones del proyecto impondrían una "serie de sanciones y restricciones radicales y obligatorias con respecto a las transacciones de propiedad no sólo en Cuba, sino en todo el mundo, cuyo derecho de propiedad esté en manos actualmente de ciudadanos norteamericanos. Estas sanciones tendrían que aplicarse en forma indiscriminada tanto a compañías estadounidenses como a compañías extranjeras, lo cual provocaría serias disputas con los aliados de Estados Unidos, y podrían ser difíciles de defender en el derecho internacional." (23)

El Capitulo IV, bajo el título Exclusión de Determinados Extranjeros refrenda que el secretario de Estado en consulta con el Fiscal General debe excluir de los Estados Unidos a todo extranjero que haya adquirido, negociado, administrado o utilizado propiedades en Cuba que estén bajo reclamación de cualquier ciudadano o corporación norteamericanos.

Serán excluibles, además, aquellas personas o entidades que consciente e intencionalmente hayan transferido, distribuido dispensado, comprado, controlado, mejorado, alquilado, poseído, usado, supervisado o tengan intereses en la propiedad confiscada.

El concepto de tráfico también se extiende al trato comercial utilizando o beneficiándose de la propiedad confiscada, así como dirigiendo, participando o beneficiándose del tráfico directa o mediante otra persona o entidad.

Según la normativa de aplicación de la Ley el Secretario de Estado delegó las autoridades que le son conferidas al Secretario Asistente para Asuntos de América Latina, en este caso Jeffrey Davidow, en la determinación caso por caso de las personas que trafican con propiedades reclamadas por ciudadanos norteamericanos para prohibirles su ingreso a los Estados Unidos.

El capítulo IV entró en vigor el 17 de junio de 1996 y es válido para directivos de empresas, incluido el presidente, tesorero, contador, abogado, vicepresidentes a cargo de unidades de venta, administración o finanzas o cualquier otro funcionario involucrado en la toma de decisiones. También operará para directivos a cargo de la casa matriz o subsidiarias de la empresa, así como para los principales accionistas en una empresa que haya estado involucrada en la confiscación o tráfico de una propiedad reclamada.

Las esposas e hijos menores de 18 anos de los directivos mencionados también serán afectados, y sólo habrá excepciones por razones médicas o la asistencia a procesos de litigación. El gobierno de los Estados Unidos podrá hacer excepciones en el caso de personal diplomático o consular o representantes de organismos internacionales.

El Departamento de Estado precisó que se notificarán a las personas por correo certificado, y pasado 45 días de recibida la carta los nombres de los directivos y sus familiares serán registrados en el sistema de chequeo de visas y en el de exclusión a Norteamérica, y, en consecuencia, no podrán recibir visas de entrada a Estados Unidos o se revocarán aquellas entregadas.

En las regulaciones se refrenda que si las empresas se desentienden de la propiedades en cuestión se podrá evitar caer bajo los criterios de exclusión. Existe un mecanismo de revisión mediante el cual los afectados podrán alegar la existencia de un error o el cese de su involucramiento con toda propiedad sujeta a reclamaciones por estadounidenses. Las quejas serán procesadas a través del Buró Cuba del Departamento de Estado bajo los criterios de la Comisión Internacional de Reclamaciones de Estados Unidos. (Véase Anexo).

A pesar del rechazo internacional que este capítulo ha provocado en la comunidad internacional al afectar directamente los intereses económicos y comerciales de terceros países, así como el cuestionamiento del uso de instrumentos económicos punitivos en las relaciones internacionales, Estados Unidos insiste en mantener esa política que contraviene las normas del comercio internacional de larga data.

Sin embargo, la Ley Helms-Burton podrá tener severas dificultades para su aplicación, y algunas de sus cláusulas podrán ser enfrentadas en las cortes por recurso de inconstitucionalidad. Además la Ley determina la aplicabilidad de acciones judiciales o ejecutivas sin el resultado de un juicio, lo cual puede conducir a su declaración de inconstitucionalidad. La intención de la ley es política, y podría complicarse su implementación en el ámbito judicial.

La Ley para "la Libertad y la Solidaridad Democrática con Cuba", reflejo del pensamiento ultraconservador en Estados Unidos, no sólo trata de obstaculizar un eventual mejoramiento de las relaciones entre dos países vecinos a tenor con las nuevas condiciones internacionales, sino que constituye un intento de socavar al actual sistema de relaciones internacionales, tomando como caso-test el destino de la Nación Cubana.


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).


© Soraya,Castro Mariño, Cuba en el Debate Actual Norteamericano: Algunas Reflexiones sobre la Ley Helms-Burton, en Política Internacional, http://luisdallanegra.bravehost.com/sorayhbu.htm

e-Mail: luisdallanegra@gmail.com
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* Investigadora del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Trabajo hecho en agosto de 1996.
(1) Hearing the Western Hernisphere Subcommittee and the Economic Policv; Trade and the Enviromental Subcommittee and the International Operations Subcommittee of the House of Foreing Affairs Committee. Alexander Watson, Assistant Secretary of State and Richard Newcomb, Office of Foreing Assest ControL Treasury Departrnent, Ravburn House Office Building, Washington D.C., November 18, 1993. 
(2) Véase Castro Mariño, Soraya: "Las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos: Percepción de cambio o continuidad en 1994'; en: Boletín Vision USA, Vol 4, enero 1995. 
(3) La propuesta tuvo la versión del Senado (S. 381) que propuso el Jefe del Comité de Relaciones Internacionales el Republicano de Carolina del Norte Jesse Helms el 9 de febrero de 1995. Existió la versión de la Cámara de Representantes (H.R. 927) que introdujo el Jefe del subcomité de Asuntos Hemisféricos del Comité de Relaciones Internacionales el Republicano de Indiana Burton. Ambas versiones fueron conciliadas por el Comité de Conferencias y aprobadas por ambos hemiciclos del Congreso el 5 y el 6 de marzo de 1996. 
(4) Sección 101 (2). Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468) 
(5) Carta a Newt Gingrich, Speaker de la Cámara de Representantes del Congreso de los EEW de la Unión Europea del 22 de marzo de 1995. 
(6) Sección 102 (a). Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468) 
(7) Carta del 23 de marzo de 1995 del Ministro de Asuntos Exteriores del Canadá, Andre Ouellet, al Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
(8) Sección 102 (c)(d). Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468).
(9) Sección 102 O. Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468).
(10) Sección 103 (a). Cuban Libeaty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468). 
(11) Sección 104 (a)(b). Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468). 
(12) Sección 105. Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468).
(13) Declaración del ex-Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Alexander Watson, ante la subcomisión de la Cámara de Representantes para asuntos del Hemisferio Occidental. 16 de marzo de 1995. 
(14) Sección 101 (3) y Sección 106 (a)(d)(2). Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468). 
(15) Declaración del ex-Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Alexander Watson, ante la subcomisión de la Cámara de Representantes para asuntos del Hemisferio Occidental. 16 de marzo de 1995; y carta del Secretario Asistente de Asuntos Legislativos del Departamento de Estado, Wendy R. Sherman, del 28 de abril de 1995 al jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes Benjamín A. Gilman. 
(16) Sección 108. Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468).
(17) Sección 110. Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-46X).
(18) Sección 107. Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468).
(19) Tille II-Assistance to a Free and Independent Cuba. Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468). 
(20) Sección 302. Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996. (H. Rept 104-468).
(21) Act of October 16, 1964. PL 88-66, 78. Stat. 1110, Amending lnternational Claims Settlement Act, 22 U.S.C. 1621 (1970); y Act of October 19, 1965. PL 89-262.
(22) Véase: Castro Mariño, Soraya y Luis René Fernádez Tabio: "Estados Unidos-Cuba: La política económica de la confrontación". En: Cuadernos de Nuestra América, Vol XI, Número 21, CEA, La Habana, enerojunio 1994. 
(23) Declaración del Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Alexander Watson, ante la subcomisión de la Cámara de Representantes para asuntos del Hemisferio Occidental. 16 de marzo de 1995. 


ANEXO

Se han enviado cartas de advertencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos a las siguientes compañías extranjeras:

-Grupo CEMEX de México.
-Empresa Redpath Sugar de Gran Bretaña.
-Empresa Paradores Nacionales de España.
-Sherrit International Corporation de Canadá.
-Grupo DOMOS de México.
-STEP STAT de Italia.
-Pernord Ricard de Francia.
-Hoteles Sol Meliá.
-BM de Israel.
-Souza Cruz de Brasil.
-Subsidiaria de British Ameritan Tobacco.
-Banco de Visacaya y Bilbao.
-Banco Sabadell de España.
-Banco ING de Holanda.
-Tate and Lyle de Gran Bretaña.
-ED and F. Man Sugar Lted de Gran Bretaña.
-Banco Fransabank del Libano.
-Empresa anglo-holandesa Vitol.
-Sucres et Denrees de Francia.
-Belize Holding Lted de Gran Bretaña.
-Banco Nacional Exterior de México.
-Societé Generale de Francia.
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