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PLAN COLOMBIA

Publico el texto completo del Plan Colombia, una estrategia diseñada por el gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana para insertar a Europa y a Estados Unidos en la construcción de lo que consideró que debía ser un proceso de paz y la creación de una política internacional concertada para atacar en forma integral el problema de las drogas y dar fin a la violencia en Colombia. Este Plan ha sido elaborado sin la participación de las partes en conflicto, especialmente las FARC-EP y el ELN, las que son consideradas por el gobierno de EUA como grupos terroristas y no partes en un conflicto nacional.

Adicionalmente, me parece importante destacar que hay un Plan de EUA para Colombia, pero no existe un Plan de América Latina para el caso Colombia o cualquier otro caso que tenga que ver con las problemáticas de la región. Esto muestra el grado de inmadurez y de desarticulación de América Latina. Sería muy importante comenzar a tomar conciencia de que la región debe aprender a resolver sus problemáticas con metodologías propias y, por sobre todo, comenzar a escuchar las demandas sociales que son muchas y crecientes. Esto demanda de una dirigencia política consubstanciada con sus propios países y con el pueblo que les otorga poder para que atiendan sus necesidades y administren sus impuestos devolviéndoles servicios y no para sentirse dueños del poder.

Realizar actividades para calmar los ánimos revueltos de las sociedades insatisfechas, no resuelve nada y mantiene latente la posibilidad de conflicto. Mientras no se reconozcan a todas las partes como válidas en el proceso de negociación, el caso Colombia -entre otros que hay en América Latina de similar o diferente tenor y temática- no tendrá resolución, menos por la vía militar.

Luis DALLANEGRA PEDRAZA luisdallanegra@netizen.com.ar

PLAN COLOMBIA:
PLAN PARA LA PAZ LA PROSPERIDAD
Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO

Miércoles, 8 de marzo de 2000

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

Colombia se encuentra en el umbral del siglo XXI, orgullosa pero amenazada, frente al reto histórico de establecer y consolidar una sociedad dentro de la cual el Estado pueda ejercer su verdadera autoridad y cumplir con sus obligaciones fundamentales, de acuerdo con la Constitución Política:

".... Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. ".

Hoy, todos estos objetivos están en juego. Nuestra mayor responsabilidad como gobierno es construir un país mejor y más seguro para las generaciones de hoy y mañana y asegurar que el Estado sea una fuerza más eficaz para la tranquilidad, la prosperidad y el progreso nacionales. Debemos construir un Estado de justicia social que proteja a todos los ciudadanos y mantenga vigentes sus derechos a la vida, la dignidad y la propiedad, la libertad de creencia, opinión y de prensa.

Para que este propósito fundamental se vuelva realidad para Colombia, debemos superar las dificultades y situaciones cambiantes del ámbito nacional e internacional. Debemos enfrentar los retos de una economía internacionalizada y otros heredados de nuestra historia y evolución. Nuestros retos determinantes se han originado en la proliferación del narcotráfico y en el impacto económico, político y social del proceso de globalización.

No cabe duda que Colombia padece de los problemas de un Estado que aún no ha sabido consolidar su poder, una falta de confianza en la capacidad de sus fuerzas armadas, policía y sistema judicial, de garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una crisis de credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias de gobierno; y corrupción en la conducta de los sectores público y privado. Todo esto ha sido fomentado y agravado por los desestabilizadores efectos del narcotráfico, el cual, con sus vastos recursos económicos ha venido generando una violencia indiscriminada, y al mismo tiempo ha socavado nuestros valores hasta un punto comparable solamente con la era de la prohibición en los Estados Unidos.

De esta forma, y a pesar de haber logrado 40 años de crecimiento continuo, la economía colombiana no ha podido canalizar los beneficios de su prosperidad hacia el pueblo en general, ni ha logrado disminuir sus niveles de pobreza en forma significativa. La violencia y la corrupción, alimentados por el narcotráfico, han generado desconfianza entre los inversionistas extranjeros, hecho que ha sido uno de los mayores obstáculos en nuestro camino hacia la modernización. La inversión extranjera es un elemento esencial en la generación de empleo y en el logro de una posición estable y próspera para Colombia en un mundo ahora globalizado.

En resumen, las aspiraciones del pueblo colombiano, y las labores de su gobierno, han sido frustradas por el narcotráfico, y esto ha dificultado los esfuerzos del gobierno en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Un círculo vicioso y perverso de violencia y corrupción ha agotado los recursos indispensables para la construcción y éxito de un Estado moderno.

Entendemos que el logro de nuestros objetivos dependerá de un proceso social y de gobierno que probablemente durará muchos años, años en los cuales será de vital importancia obtener un consenso duradero dentro de la sociedad donde la gente entienda y exija sus derechos, al tiempo que esté dispuesta a cumplir con sus deberes.

Frente a todo esto, mi gobierno tiene el compromiso inexorable de fortalecer al Estado, recuperar la confianza de nuestros ciudadanos y restaurar las normas básicas de una sociedad pacífica. El logro de la paz no es cuestión de una simple voluntad de hacerla; la paz se debe construir; y sólo nos llegará mediante la estabilización del Estado y una mayor capacidad de garantizar a cada uno de los ciudadanos, en todo el país, que tendrán seguridad y la libertad para ejercer sus derechos y libertades.

Las negociaciones con los grupos insurgentes, ya iniciadas por mi gobierno, constituyen el núcleo de nuestra estrategia, ya que es crítico resolver un conflicto que ya lleva 40 años como fuente de obstáculos para la creación del Estado moderno y progresista en que Colombia debe convertirse con urgencia. La búsqueda de la paz y la defensa de las instituciones democráticas exigirán esfuerzos continuos, fe y persistencia para combatir con éxito las presiones y dudas inherentes en un proceso tan lleno de dificultades.

La lucha contra el narcotráfico es otro de los temas importantes del Plan Colombia. Nuestra estrategia busca adelantar una alianza entre los países productores y los países consumidores de narcóticos, basada en los principios de reciprocidad e igualdad. El tráfico en drogas ilícitas constituye una amenaza transnacional compleja, una fuerza destructora en todas nuestras sociedades, que conlleva consecuencias inimaginables para los consumidores del veneno, y efectos arrolladores a partir de la violencia y corrupción que generan sus inmensas ganancias. La solución no se logrará con recriminaciones mutuas entre países productores y consumidores. Nuestros esfuerzos nunca serán suficientes a menos que formen parte de una alianza de alcance realmente internacional para combatir el narcotráfico.

Colombia ha demostrado su indeclinable compromiso y ha sufrido grandes sacrificios en la búsqueda de una solución definitiva al fenómeno del narcotráfico, al conflicto armado, a las violaciones de derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente ocasionada por los cultivos ilícitos.

Sin embargo, debemos reconocer que ahora, veinte años después de la llegada de los cultivos de marihuana a Colombia, junto con un aumento en la producción de coca y amapola, el narcotráfico sigue creciendo en importancia como fuerza desestabilizadora; es una causa de distorsiones en nuestra economía, de una reversa en los avances logrados en la redistribución de tierras, una fuente de corrupción en la sociedad, un multiplicador de la violencia, y un factor negativo en el clima de inversión y lo que es más grave de todo sirve como fuente de los crecientes recursos de los grupos armados.

Colombia ha asumido el liderazgo en la lucha mundial contra las drogas, en sus enfrentamientos con los carteles, y a costa de las vidas de muchos de sus mejores ciudadanos. Hoy, cuando el narcotráfico tiene una estructura más dispersa, más internacional y más oculta y que por ello es más difícil de combatir el mundo sigue ensayando nuevas estrategias. Actualmente se destinan mayores recursos a la educación y a la prevención que en épocas anteriores. Los resultados se pueden ver en los niveles más altos de decomiso y expropiación de fondos y propiedades producto del narcotráfico. Recientemente, Colombia ha montado operaciones para destruir los laboratorios y redes de distribución. Estamos mejorando y fortaleciendo la seguridad y el control de nuestros ríos y espacio aéreo con el fin de garantizar mayores decomisos, y estamos estudiando nuevos métodos de erradicación de los cultivos ilícitos. Los factores directamente relacionados con el narcotráfico, tales como el lavado de activos, el contrabando de precursores químicos y el tráfico de armas, son componentes de un problema polifacético que exige una reacción en todas partes del mundo donde hay producción, transporte o consumo de drogas ilícitas.

En el camino hacia el éxito, también necesitamos reformas en el corazón de nuestras instituciones, especialmente en las fuerzas armadas, con el fin de apoyar la ley y recuperar la confianza y la seguridad para todos los colombianos en todos los rincones del país. Para consolidar y mantener el estado de derecho, es indispensable tener unas fuerzas armadas y de policía fuertes, responsables y ágiles en su respuesta, con un compromiso contundente por la paz y el respeto a los derechos humanos. Trabajaremos incansablemente hacia el éxito, convencidos que nuestra obligación primordial como gobierno es garantizar que nuestros ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales sin miedo.

Pero al mismo tiempo la estrategia para la paz y el progreso depende de la reforma y modernización de otras instituciones, para que el proceso político pueda funcionar como un instrumento eficaz de progreso económico y de justicia social. En este sentido, debemos disminuir las causas y factores que generan violencia, mediante la apertura de nuevos caminos hacia la participación social y la creación de una conciencia colectiva que responsabilice al gobierno por los resultados. Nuestra estrategia en esta área incluye una iniciativa específica para garantizar que dentro de cinco años habrá acceso universal a la educación y un sistema de salud adecuado, con especial atención para los sectores más vulnerables y abandonados.

Adicionalmente, trataremos de fortalecer la administración local a fin de hacerla más sensible y de más ágil respuesta a las necesidades del ciudadano. Asimismo, fomentaremos una participación activa del pueblo en general en la lucha contra la corrupción, el secuestro, la violencia y el desplazamiento de las personas y comunidades de zonas de conflicto.

Por último, Colombia necesita ayuda para fortalecer su economía y para generar empleo. El país necesita un mejor y más justo acceso a los mercados internacionales donde nuestros productos son competitivos. La colaboración de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea y del resto de la comunidad internacional es indispensable para el desarrollo económico del país. Ese mismo desarrollo servirá como una fuerza para combatir el narcotráfico, ya que promete alternativas de empleo lícito para las personas que de otra manera recurrirían al crimen organizado o a los grupos insurgentes que se alimentan del narcotráfico. Estamos convencidos que el primer paso hacia una globalización en el sentido real de la palabra es la creación de una solidaridad global. Por ello Colombia busca el apoyo de sus socios en esta empresa. No podemos tener éxito sin programas de desarrollo alternativo en las áreas rurales y de un mejor acceso a otros países para nuestras exportaciones lícitas. Esta es la única manera de contrarrestar el tráfico de drogas.

Hay razones para ser optimistas sobre el futuro de Colombia, especialmente si recibimos una respuesta positiva de la comunidad internacional en nuestros esfuerzos para crear una prosperidad general acompañada de justicia social. Esto permitirá que los colombianos avancemos hacia una paz duradera.

El filósofo español Miguel de Unamuno dijo que "La fe no es creer en lo invisible, sino crearlo". Hoy una Colombia en paz, progresista y libre de drogas es un ideal invisible; pero estamos comprometidos en hacerlo una realidad en el futuro. Con un compromiso pleno, toda nuestra determinación y recursos, y con la solidaridad y apoyo de nuestros aliados internacionales en la lucha común contra el flagelo del narcotráfico, podremos forjar y forjaremos una nueva realidad, una Colombia moderna, democrática y pacífica, que entrará al nuevo milenio en plena prosperidad, no en el vilo de la subsistencia, y sobre todo con orgullo y dignidad como miembro de la comunidad mundial.

PLAN COLOMBIA: PLAN PARA LA PAZ, LA PROSPERIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO

En el umbral del Siglo XXI, Colombia enfrenta el reto de la consolidación de las responsabilidades centrales del Estado. Debe recuperar la confianza entre sus ciudadanos, y dentro de este proceso, las normas básicas de convivencia social.

Es compromiso del gobierno recuperar las responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, el monopolio de la aplicación de la justicia, la integridad territorial, la generación de condiciones para empleo, el respeto por los derechos humanos y dignidad humana, y la conservación del orden público.

Las debilidades de un Estado que todavía se encuentra involucrado en un proceso de consolidación han sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico. Las reformas progresistas de principios de los noventa abrieron las puertas a una época de mejores oportunidades para los colombianos, pero fueron distorsionadas y compenetradas por influencias corruptoras en círculos tanto económicos como políticos; fomentando la violencia y la corrupción. Recientemente, la relación financiera entre los varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades más importantes.

La recuperación de esta capacidad por parte del Estado exige un proceso de reconstrucción de la sociedad y de la comunidad. En este sentido, la paz no es una cuestión simplemente de voluntad política. Por el contrario, se tiene que construir la paz gradualmente, y para ello debe haber avances en la institucionalización y en el fortalecimiento del Estado con el fin de garantizar la seguridad y el respeto por los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en todas partes del territorio nacional.

Un punto central en la estrategia consiste en las negociaciones con la guerrilla, que busca poner fin a conflictos que han tenido cambios profundos con el paso del tiempo. Si esta estrategia es exitosa, ello facilitará el proceso de la construcción de la sociedad, además, un acuerdo de paz negociado con la guerrilla sobre la base de la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos fortalecería el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico.

Al mismo tiempo, la paz también requiere de actividades económicas fuertes y viables para que el ciudadano pueda mejorar sus condiciones sociales y económicas, creando así condiciones apropiadas para una conciliación duradera. El gobierno ha propuesto una estrategia económica, complementada con una estrategia de desarrollo alternativo para lograr esta meta y para ofrecer incentivos para reducir los cultivos ilícitos. Su meta es promover nuevas actividades económicas y actividades alternativas en la agricultura con atención especial a la recuperación del medio ambiente y a la protección de los ecosistemas frágiles que han sido amenazados por los cultivos ilícitos. La estrategia se forma con base en esquemas de participación que involucran el sector privado, el Estado y los beneficiarios mediante acciones orientadas hacia la demanda que se encuentra ligada a los mercados nacionales e internacionales.

Un propósito central de la estrategia también es la formación de una visión colectiva entre el país consumidor, el país productor y los demás países involucrados en la cadena de las drogas ilícitas, aplicando los principios básicos de reciprocidad e igualdad. Esta alianza debe facilitar una respuesta concertada a las amenazas del narcotráfico, una de las actividades más rentables del mundo. El narcotráfico no sólo ha aumentado la corrupción dentro de la sociedad y disminuido la confianza en las actividades comerciales lícitas, sino que también ha alimentado el conflicto. Representa una fuente internacionalizada de financiación para los diferentes grupos armados, y ha ayudado a aumentar su influencia económica y su control territorial. En Colombia y en otros países, con la elaboración e implantación de una estrategia integral para combatir los elementos principales responsables por los cultivos ilícitos, la lucha contra el narcotráfico ha logrado resultados positivos que beneficiarán tanto a Colombia como al resto del mundo.

Colombia ha venido trabajando hacia estos objetivos y ha logrado éxitos notables en la lucha contra los carteles de la droga y el narcoterrorismo. Sin embargo, hoy Colombia enfrenta la peor crisis económica de su historia. Desgraciadamente, la capacidad del gobierno de resolver el problema está especialmente limitada en un momento cuando la violencia, intensificada por el narcotráfico, se encuentra en auge.

Las Diez Estrategias del Plan Colombia

1. Una estrategia económica que genere empleo, que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico. La expansión del comercio internacional, acompañada por un mejor acceso a los mercados extranjeros y de acuerdos de libre comercio que atraigan inversión extranjera e interna son factores claves en la modernización de nuestra base económica y para la generación de empleo. Dicha estrategia es esencial en un momento en que Colombia enfrenta su peor crisis económica en 70 años, con un desempleo hasta del 20 por ciento, lo cual a su vez limita severamente la capacidad del gobierno para luchar contra el narcotráfico y la violencia que éste genera.

2. Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros internacionales.

3. Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos, que además deban fortalecer el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico.

4. Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y la Policía para garantizar que éstas cumplan con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la dignidad de todos.

6. Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo, lavado de activos, de precursores y de otros insumos, y el trafico de armas, para combatir todos los componentes del ciclo de las drogas ilícitas, y para impedir el flujo de los productos de dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla y otras organizaciones armadas.

7. Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente esquemas agropecuarios y otras actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias. El desarrollo alternativo también contempla actividades de protección ambiental que sean económicamente factibles, con el fin de conservar las áreas selváticas y poner fin a la expansión peligrosa de los cultivos ilícitos sobre la Cuenca Amazónica y sobre los vastos parques naturales que son a la vez áreas de una biodiversidad inmensa y de importancia ambiental vital para la comunidad internacional. Dentro de este marco, la estrategia incluye proyectos productivos sostenibles, integrales y participativos, en combinación con la infraestructura necesaria y dedica atención especial a las regiones que combinan altos niveles de conflicto con bajos niveles de presencia del Estado, un capital social frágil y degradación grave del medio ambiente, como son el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano y el suroccidente de Colombia.

8. Una estrategia de participación social que apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno local, el compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción y una presión constante sobre la guerrilla y sobre los demás grupos armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el desplazamiento interno de individuos y comunidades. Esta estrategia también incluye la colaboración con empresarios locales y grupos laborales, con el fin de promover modelos innovadores y productivos para así enfrentar una economía más globalizada, fortalecer de este modo nuestras comunidades agropecuarias y reducir los riesgos de violencia rural. Adicionalmente, esta estrategia busca fortalecer las instituciones formales y no formales que fomenten cambios en los patrones culturales a través de los cuales se desarrolla la violencia, y que se fortalezcan. Además incluye la promoción de mecanismos y programas pedagógicos para aumentar la tolerancia, los valores esenciales de la convivencia y la participación en asuntos públicos.

9. Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad durante los próximos años, especialmente incluidos no solamente los desplazados o afectados por la violencia, sino también los sectores sumergidos en condiciones de pobreza absoluta.

10. Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga. Se deben tomar acciones simultáneas contra todos los eslabones de la cadena de este flagelo. Asimismo, el costo de dicha acción y de sus soluciones debe recaer sobre los países involucrados habida cuenta de su capacidad económica individual. El papel de la comunidad internacional también es vital para el éxito del proceso de paz, de acuerdo con los términos del derecho internacional y con el consentimiento del gobierno colombiano.

I. EL PROCESO DE PAZ

Colombia ha sufrido un conflicto armado durante más de 35 años. El gobierno actual ha iniciado un proceso de negociación que busca lograr un acuerdo de paz negociado con la guerrilla sobre la base de integridad territorial, la democracia y los derechos humanos. Si esta estrategia tiene éxito, se fortalecería muy rápidamente el estado de derecho, y la lucha contra el narcotráfico en todo el país.

El proceso de paz obviamente es una de las prioridades principales del gobierno. El presidente Pastrana ha asumido un liderazgo personal del papel del gobierno junto con la colaboración del Alto Comisionado para la Paz, quien es nominado directamente por el Presidente. El Comisionado, cuyo cargo es de rango ministerial, trabaja junto con los líderes de la sociedad y del sector privado, quienes dedican pari passu sus esfuerzos hacia la solución del conflicto.

El área desmilitarizada (o "zona de distensión") fue creada por Ley para garantizar la seguridad necesaria con miras a avanzar en las negociaciones con la guerrilla. Esta ley permite que el Presidente cree y suspenda un área de distensión como expresión de la soberanía del Estado. La Ley solamente restringe la presencia del Ejército y la Policía dentro de dicha área y suspende órdenes de captura, sin embargo, no restringe la actividad de los funcionarios elegidos a nivel local o regional.

El proceso de paz es además parte de una alianza estratégica en contra del narcotráfico, la corrupción, y la violación de los derechos humanos. Para que este proceso se vuelva factible y duradero, se necesita un apoyo complementario en las áreas de seguridad y defensa, una alianza entre la producción, el consumo, la distribución y la comercialización de drogas, el lavado de activos y el tráfico de armas; y un plan de desarrollo que genere empleo y llegue a los más necesitados.

El Conflicto Armado y la Sociedad Civil

En el conflicto hay tres protagonistas. Al lado de la guerrilla existen las FARC y el ELN, cuyas raíces son los movimientos agrarios y la guerra fría respectivamente. Del otro lado, existen los grupos de autodefensa al margen de la ley, quienes buscan una solución armada al conflicto guerrillero, y un reconocimiento político mayor para su organización. Finalmente, y en medio del fuego cruzado se encuentra la gran mayoría de los colombianos, quienes en muchas ocasiones sufren en manos de los actores armados.

El movimiento guerrillero tiene sus raíces en los antagonismos tradicionales del campo y de la política en la sociedad colombiana, alimentados en parte por la retórica ideológica de la confrontación capitalista-comunista. Con el transcurso de los años, la lucha para ampliar su presencia territorial y su adquisición de influencia política y militar ha sido financiada por la extorsión y el secuestro, y más recientemente mediante "impuestos" cobrados por los intermediarios del narcotráfico.

En los últimos 30 años, Colombia ha cambiado de una economía principalmente rural a una economía urbana, y más del 70 por ciento de la población vive actualmente en áreas urbanas. De acuerdo con las encuestas efectuadas, ante la terminación de la guerra fría, el apoyo antes más ampliamente disponible para la guerrilla ha disminuido a un cuatro por ciento de la población. La guerrilla reconoce que bajo estas circunstancias no podrá ganar el poder mediante una lucha armada. A pesar del rechazo general de sus ideas y métodos, la guerrilla sigue buscando ventajas por medios militares.

Como consecuencia, se ha iniciado el proceso de paz para permitir que la sociedad en general tenga un papel central. Existe un consenso social entre los representantes de la sociedad, los intereses económicos y hasta entre los grupos armados en el sentido de que la paz es una meta inmediata. Como resultado, la participación de la sociedad en general se considera como necesaria para la aplicación de presiones sobre los grupos armados con el fin de lograr una solución política al conflicto armado y el respeto por el derecho humanitario internacionalmente reconocido. El aporte dinámico de la sociedad colombiana también es esencial para el desarrollo de ideas y propuestas con el fin de adelantar el proceso y garantizar la continuidad del consenso en el sentido de que se requiere un acuerdo negociado, con la participación de la comunidad internacional.

La Situación Actual

El proceso de paz ha hecho avances reales en varios frentes. En lo que respecta a las FARC, se creó una zona de distensión para albergar las negociaciones y esto ha sido una ayuda para que ambas partes formulen una agenda, proceso que culminó en mayo de 1999. Ya que las condiciones han sido satisfactorias, se puede dar comienzo a la fase de las negociaciones.

En cuanto al ELN, el gobierno ha autorizado a un grupo de notables ciudadanos para que ayuden a negociar la liberación de rehenes y ha aceptado iniciar conversaciones activas como preparación para una convención nacional, inmediatamente después de su liberación.

El gobierno sigue luchando en contra de los grupos de autodefensa al margen de la ley, pero este hecho no significa que no esté dispuesto a buscar alternativas y maneras pacíficas para desmantelar su infraestructura y sus operaciones.

Durante el proceso de paz, el Ejército Nacional y la Policía necesariamente seguirán aumentando sus capacidades con miras a mantener una presencia efectiva en todo el territorio nacional y asegurar un arreglo pacífico.

Fundamentalmente, el logro de la paz recae sobre tres pilares: primero, en los avances de los acuerdos ya logrados entre el gobierno y las principales organizaciones guerrilleras (FARC y ELN) para que se despejen como agentes legítimos en diálogos serios para la paz. Segundo, para lograr acuerdos parciales de acuerdo con la agenda de 12 puntos acordada entre el gobierno y las FARC, que asegure un acuerdo de paz permanente antes del fin del gobierno actual. Y tercero, y más importante que todo, los acuerdos deben convertirse en una realidad.

El Papel de la Comunidad Internacional

El papel de la comunidad internacional es esencial para el éxito del proceso de paz. Más específicamente, Colombia necesita apoyo en dos áreas: la diplomática y la financiera. La comunidad internacional podrá actuar como intermediaria, como observador, o en una etapa posterior, como verificador del cumplimiento de los acuerdos a que se haya llegado. Adicionalmente, es muy importante que la comunidad internacional rechace con todas sus fuerzas cualquier y toda acción terrorista y violación del Derecho Internacional Humanitario y que ejerza presión a fin de seguir adelantando el proceso.

En el campo de las relaciones bilaterales, la colaboración militar y de policía es vital. La acción colectiva por parte de los países vecinos no es solamente menos efectiva que la acción bilateral, sino que puede servir como impedimento al proceso de negociación. En esta área sería de mayor beneficio la coordinación de operaciones militares y de policía, y el mejoramiento de seguridad fronteriza y el apoyo de equipos y de tecnología.

Con referencia a la acción diplomática por parte de los países vecinos, el gobierno de Colombia en esta etapa delicada de negociación, prefiere el diálogo bilateral y consultas confidenciales con los países interesados en el proceso. En cualquier manifestación de la participación internacional en el proceso de paz, es necesario respetar las normas de derecho internacional y que sea aceptable al gobierno colombiano. Debe existir una observancia estricta a los principios de la no intervención y la no interferencia con los asuntos internos del Estado, y esto sólo puede ocurrir después de consultas con el gobierno de Colombia y con el apoyo del mismo.

El gobierno de Colombia ha establecido un Fondo de Inversión para la Paz como canal para asistencia financiera directa a nivel internacional para el proceso de paz. Este fondo se empleará para apoyar los proyectos de desarrollo económico y social hacia las áreas más afectadas por el conflicto armado. Para este propósito, se ha constituido un grupo de consulta de expertos con el apoyo del BID, cuya función será la de asesorar y vigilar el uso de los fondos en varios países. Estos recursos se emplearán para complementar los fondos ya asignados por el gobierno de Colombia.

Un proceso de paz exitoso también tendrá un impacto positivo sobre la lucha contra la droga, ya que el gobierno podrá ampliar su implantación de la ley y de los programas de desarrollo alternativo hacia las áreas más involucradas en la producción de narcóticos. La actividad guerrillera y el narcotráfico son los problemas que, aun entrelazados de cierta manera, tienen orígenes y objetivos diferentes. La guerrilla opera bajo un esquema revolucionario de tipo político militar que exige una solución negociada, lo cual en ningún caso sería aplicable a los narcotraficantes.

II. REENCAUZANDO LA ECONOMIA

Visión general

El gobierno de Colombia ha tenido que enfrentar la herencia de una economía en franco deterioro. El desempleo ha llegado a un pico histórico de casi el 20 por ciento y el producto interno bruto ha pasado por su tercer trimestre consecutivo de crecimiento negativo. Algunos choques externos (precios bajos del café y de otros productos básicos y daños mayores por terremotos) han agravado las debilidades económicas del país (un déficit fiscal creciente desde los tempranos años 1990 y problemas en el sector bancario). El conflicto, y la situación de inseguridad pública sirven para aumentar la erosión de la confianza en la economía. A medida que las oportunidades de empleo sigan desapareciendo debido a la recesión económica, más y más colombianos estarán buscando su forma de vida en un comercio desestabilizante en narcóticos y en otras actividades ilegales.

El elemento central de la estrategia del gobierno es la estabilización de la economía, y un regreso al equilibrio fiscal. Estas medidas establecerán una base para un crecimiento sostenido en el comercio del sector privado y en la inversión. Esta confianza renovada, junto con un sistema bancario saneado, finanzas centrales estables, mejoras en el orden público, y el aumento de exportaciones colombianas junto con medidas para mejorar el clima para la inversión crean un ambiente en el cual el crecimiento del sector privado genera empleo.

Dada la necesidad de una consolidación fiscal, Colombia necesita asistencia financiera para ayudar a cubrir su presupuesto de seguridad y antinarcóticos, lo mismo que las necesidades apremiantes de inversión social. Al tiempo que los narcotraficantes y los grupos rebeldes siguen financiándose a través de los productos del narcotráfico, el Estado se ha visto obligado a hacer recortes en áreas críticas debido a la carga del endeudamiento y el servicio del mismo. (En los últimos cinco años la deuda total de Colombia casi se ha doblado, subiendo de 19.1 por ciento del PIB en 1995 hasta el 34 por ciento del PIB en 1999). Como parte de los recortes presupuestales, se han presentado reducciones dramáticas en las asignaciones a las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema judicial (20%). Será necesario obtener apoyo externo a fin de que el gobierno pueda consolidar sus reformas económicas y al mismo tiempo aumentar el flujo de recursos para financiar el esfuerzo militar y satisfacer las necesidades sociales. De este modo el gobierno podrá establecer una base sólida para el crecimiento económico liderado por el sector privado y al mismo tiempo garantizar que la situación económica actual no genere empleo adicional en actividades criminales.

Medidas de estabilización

El gobierno está trabajando para estabilizar el ambiente macroeconómico, con énfasis especial en la eliminación de desequilibrios en las cuentas fiscales y los problemas del sector bancario.

Durante el último año, se han hecho recortes en el gasto público, la base para el IVA se amplió, se estableció un impuesto especial sobre las operaciones financieras y se implementaron controles sobre la evasión de impuestos. El año entrante, la mayor parte de los salarios de los empleados públicos serán congelados y se efectuarán mayores recortes en la burocracia y en el gasto diferente al de la inversión.

Un nuevo conjunto de reformas estructurales, entre ellas la racionalización de las finanzas públicas regionales, reformas a la seguridad social y la creación de un fondo de pensiones regional, ha sido presentado al Congreso de la República. Con esto se busca reducir el déficit fiscal estructural y estabilizar el nivel de endeudamiento.

Las empresas y la banca estatal serán privatizadas con el fin de aumentar su productividad y, aportar a la financiación del ajuste fiscal. ISA e Isagen, dos electrificadoras de orden nacional y catorce distribuidores de energía regionales de menor tamaño ya están para la venta, al igual que Carbocol. Tres bancos estatales se privatizarán el año entrante.

Este ajuste fiscal ha sido difícil por dos razones: la destrucción causada por el terremoto en el eje cafetero en enero requiere de una inversión de casi el uno por ciento del PIB, y la estrategia financiera diseñada para impedir una crisis bancaria exigirá casi el doble de esa suma.

El gobierno está coordinando sus actividades estrechamente con las instituciones financieras internacionales. En este momento está negociando con el Fondo Monetario Internacional en relación con un programa de ayuda para tres años con el fin de apoyar el plan del gobierno para las reformas fiscales y estructurales. La ayuda del Banco Mundial y del BID está prestando apoyo a los esfuerzos del gobierno para reformar el sector financiero y las finanzas públicas.

Adicionalmente, el gobierno ha preparado una red de apoyo social para aliviar el impacto negativo que el ajuste fiscal tenga sobre los sectores más vulnerables de la población. Con el desempleo al nivel del 20 por ciento existe un grupo vulnerable que incluye las familias desplazadas desde las áreas de conflicto en todo el país. Los instrumentos de política imitan las políticas implementadas con éxito en países similares: obras públicas específicas, subsidios para las necesidades básicas (especialmente para los niños y madres solteras) y crédito enfocado. El gobierno está trabajando con los organismos financieros para garantizar que el programa de estabilización fiscal no perjudique los sectores más vulnerables de la sociedad.

El gobierno necesita financiamiento externo adicional con el fin de implementar su estrategia. Es necesario proveer apoyo para reducir al mínimo el impacto negativo de la consolidación fiscal sobre el desempleo y otros problemas sociales en el corto plazo, ya que estos, en último caso fomentan la proliferación de actividades criminales.

La Promoción de Comercio e Inversión

Con una bonanza económica a principios de los años 90, Colombia pudo reducir su desempleo hasta el ocho por ciento, lo cual a su vez disminuyó en mayor grado la influencia de los grupos del crimen organizado en las grandes ciudades. La recesión ha afectado estas áreas urbanas en forma grave, con un desempleo en Bogotá del 20 por ciento y en Cali de casi el 23 por ciento. Esta situación se ha deteriorado ya que gran parte del producto del narcotráfico se lava a través de las importaciones de contrabando hacia Colombia, hecho que alimenta la violencia, disminuye los ingresos fiscales y ocasiona daños mayores en el empleo de las industrias que compiten con el contrabando. De este modo, el desempleo tiene un impacto grave como causa de desestabilización en las ciudades y debe ser combatido mediante la reactivación de la producción industrial.

En los últimos diez años, Colombia ha abierto su economía, tradicionalmente cerrada, con una rápida expansión tanto de exportaciones como de importaciones. Sin embargo, el sector agropecuario ha sufrido graves impactos ya que la producción de algunos cereales tales como el trigo, el maíz, la cebada, y otros productos básicos tales como soya, algodón y sorgo han resultado poco competitivos en los mercados internacionales. Como resultado de ello, se han perdido 700.000 hectáreas de producción agrícola frente al aumento de importaciones durante los años 90, y esto a su vez ha sido un golpe dramático al empleo en las áreas rurales que a la vez son la escena principal del conflicto armado. La modernización esperada de la agricultura en Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que los cultivos permanentes en los cuales Colombia es competitiva como país tropical, requieren de inversiones y créditos sustanciales puesto que son de rendimiento tardío.

A falta de un espacio para una expansión fiscal, se requiere la inversión privada tanto interna como extranjera para la recuperación y la generación del empleo en negocios lícitos. Sin embargo, esta nueva inversión se encuentra amenazada por el deterioro en la confianza de los inversionistas. En especial, la inversión extranjera es necesaria no solamente para ayudar a satisfacer la necesidad continua de la economía para nueva financiación, sino además indispensable para la modernización del eje industrial del país, lo cual proporcionaría a su vez un alivio más rápido al problema del desempleo.

Colombia ha desarrollado un plan estratégico de diez años para aumentar su comercio exterior. Esto es vital para el desarrollo económico y para contrarrestar las tentaciones del narcotráfico ya que ello ayudaría en las iniciativas del sector privado y aumentaría la inversión tanto extranjera como interna en los sectores no tradicionales.

El plan involucra el desarrollo de inteligencia comercial sobre la demanda mundial y la promoción de integración regional e interregional bajo lineamientos estratégicos. Al mismo tiempo, involucra el diseño de políticas que reúnan a los sectores industriales, agrícolas y de servicios bajo una política de comercio, construyan una infraestructura diseñada para mejorar la productividad y apoyen la innovación tecnológica orientada hacia exportaciones en forma adecuada y la formación de capital humano. En este esfuerzo, el gobierno atenderá especialmente a la promoción de las empresas pequeñas y medianas para la creación de empleo en el sector privado.

El plan implica también la implantación de medidas para atraer la inversión extranjera y promover la expansión del comercio. Estas medidas incluyen el cumplimiento de obligaciones actuales bajo la Ronda de Uruguay, especialmente en relación con la administración aduanera, la protección de propiedad intelectual y la inversión. Adicionalmente, Colombia tomará medidas para promover un ambiente favorable para el comercio electrónico con el fin de crear nuevas oportunidades de negocios y mejorar la competitividad de los negocios actuales.

SEGUNDA PARTE

Colombia reconoce que la transparencia y el debido proceso en la contratación estatal es un elemento esencial para el logro de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por este motivo está comprometida con el esfuerzo de perfeccionar un convenio sobre transparencia en la contratación estatal con la OMC.

Igualmente mira hacia sus mayores socios comerciales con el fin de ampliar el acceso a sus mercados para los productos en los cuales goza de una ventaja competitiva. El apoyo continuado de los Estados Unidos y la Unión Europea para el acceso preferencial a los mercados es vital para el desarrollo económico de Colombia y para poner fin a situaciones de violencia, ya que promueve iniciativas del sector privado y ayuda a ampliar la inversión en sectores no tradicionales; de este modo crea empleo que de otra forma sería absorbido por el narcotráfico, por los grupos alzados en armas, o por los grupos de autodefensa al margen de la ley. En especial la oportuna ampliación de la duración del ATPA sería de gran importancia, para disminuir las incertidumbres que rodean tanto el comercio como la inversión. Del mismo modo, el alcance del ATPA debe ser ampliado para hacerlo comparable con las condiciones concedidas a otros países en la subregión, especialmente a los productos cubiertos por la Iniciativa para el Caribe (CBI).

En igual sentido se requiere del apoyo de la Unión Europea a través del Sistema General de Preferencias (SGP), cuya extensión para que cubra el período 2002-2004 es vital, lo mismo que en el caso del SGP Andino. El impacto socioeconómico de este último como lo ha evaluado la propia Comisión Europea ha sido muy efectivo en la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra el narcotráfico, así como para la promoción del comercio, la inversión y la generación de empleo.

Colombia debe trabajar en conjunto con la comunidad internacional para negociar acuerdos bilaterales de comercio (BIT) como mecanismo para proteger las inversiones extranjeras. Con la Comunidad Europea ya se han firmado tratados bilaterales de inversión con dos miembros España y Gran Bretaña y se han comenzando negociaciones con Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos. Con Estados Unidos hay que avanzar además lo más pronto que sea posible hacia acuerdos de "cielos abiertos" con el fin de facilitar los servicios de transporte aéreo de carga y pasajeros. Con tal fin, Colombia trabajará sobre el cumplimiento de normas internacionales de seguridad aérea. Además, Colombia estudiará las posibilidades de utilizar más recursos del Banco Mundial y del BID tales como IFC y MIGA, y buscará una utilización más efectiva de programas norteamericanos existentes tales como financiación OPIC, EXIM y TDA, con el fin de promover actividades de inversión.

Colombia debe crear el espacio para soluciones alternativas a los cultivos ilícitos, al igual que asegurar que los cultivos alternativos respondan a los retos de un sector agrícola moderno. Esto generaría empleo en el sector rural, lo cual sería vital para el éxito de la estrategia general para la paz y el desarrollo. Colombia necesita asistencia técnica y financiera en las áreas de salud y requisitos fitosanitarios, con el fin de reducir los costos de producción, fomentar un mayor desarrollo de las agroindustrias, y para adelantar avances en investigación y desarrollo biotecnológico. En este sentido, Colombia asegurará que su régimen para los productos biotecnológicos sea transparente y eficiente.

III. LA ESTRATEGIA ANTINARCOTICOS

El gobierno ha establecido la lucha contra la producción y tráfico de drogas como una de sus mayores prioridades. El narcotráfico constituye una amenaza para la seguridad interna no sólo de Colombia sino de otras naciones consumidoras y productoras.

Las enormes utilidades del narcotráfico y su gran poder desestabilizador hacen que el narcotráfico se haya convertido en un factor central en la generación de violencia en todo el país. Por este motivo, el gobierno deberá enfocarse en el problema y está comprometido a combatirlo en las áreas del tráfico, producción, consumo y cualquier otro elemento que apoye dicha actividad y por ende amenace las instituciones democráticas e integridad de la Nación.

El fortalecimiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas mediante un proceso de modernización, reestructuración y profesionalización es un paso esencial para que una y otras adquieran la capacidad de restablecer el estado de derecho y restaurar la seguridad de los colombianos en todo el país, y al tiempo impedir las incursiones de grupos irregulares y de grupos delictivos, especialmente los grupos asociados con el narcotráfico.

El Gobierno Nacional se ha comprometido en implantar una estrategia antinarcóticos a largo plazo, con los lineamientos que se dan a continuación:

Estrategia Basada en Valores Humanos

Las Fuerzas Armadas y la Policía, en sus esfuerzos contra el tráfico de drogas, observarán un código de conducta que asegure la preservación de las libertades democráticas y la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Esta estrategia dará prioridad a la promoción del respeto y la protección de los derechos humanos para todos los colombianos.

El fenómeno del conflicto interno se ha imputado a la inestabilidad inducida por cuatro vectores cuyas actividades agresivas fomentan una violencia física, psicológica, social y política: las organizaciones del narcotráfico, los grupos subversivos, los grupos de autodefensa al margen de la ley y la delincuencia común.

Aunque los movimientos guerrilleros tienen sus raíces en las áreas rurales de Colombia, y por lo menos, en parte, en una confrontación ideológica, su lucha por ampliar su control territorial ha sido financiado por las prácticas crecientes de extorsión y otras actividades ilegales. Por lo menos el 30 por ciento de sus ingresos de hoy, provienen de "impuestos" cobrados sobre la hoja y pasta de coca recaudados por los intermediarios en las áreas de cultivo.

El narcotráfico constituye un elemento desestabilizador para toda sociedad democrática, generando inmensas sumas de dinero para los grupos armados al margen de la ley. El narcotráfico tiene efectos multiplicadores de gran peligro incluido el producto del cultivo, procesamiento y tráfico, todos los cuales han facilitado un aumento notable en el número de grupos armados, y su capacidad bélica.

La guerrilla y los grupos de autodefensa al margen de la ley amenazan al Estado con intentos de controlar el territorio soberano mediante la interrupción del orden público en asaltos, secuestros, retenes viales y ataques terroristas. Los traficantes dependen de cultivos de coca y amapola en áreas remotas fuera del control del gobierno, tanto el tráfico como el procesamiento se realizan en el sur del país donde existe una presencia fuerte de la guerrilla. Mientras esta fuente independiente de drogas y de ingresos permanece fuera del control de las Fuerzas Armadas y la Policía, la guerrilla, los grupos de autodefensa al margen de la ley y los narcotraficantes se fortalecerán y representarán una amenaza mayor al Estado.

Objetivos Estratégicos

La meta de los próximos seis años es la de reducir en un 50 por ciento el cultivo como procesamiento y distribución de la droga.

Objetivo No.1:

Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas Armadas: (1) combatir el cultivo ilícito mediante la acción continua y sistemática del Ejército y de la Policía, especialmente en la región del Putumayo y en el sur del país y fortalecer la capacidad de la Policía en la erradicación de dichos cultivos. El gobierno no tolerará ningún vínculo entre los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional con ningún grupo armado o fuerza al margen de la ley; (2) establecer control militar sobre el sur del país con propósitos de erradicación. Destruir las instalaciones de procesamiento, y mejorar la intersección de drogas y de precursores en los medios terrestres, aéreos, marítimos y fluviales; (3) restablecer el control gubernamental sobre las áreas clave de producción de drogas.

Objetivo No. 2:

Fortalecer el sistema judicial y combatir la corrupción: (1) fortalecer las instituciones de la Fiscalía, las cortes, las defensorías y especialmente las unidades de derechos humanos; (2) reforzar y capacitar los cuerpos técnicos de investigación; (3) apoyar los grupos anticorrupción responsables por la investigación de funcionarios públicos; (4) reformar el sistema carcelario; (5) aplicar las leyes sobre la extradición; (6) obtener una propuesta para procesos verbales en casos penales, y entre tanto, elaborar el reglamento para los procedimientos penales actuales llevados a cabo en audiencia pública.

Objetivo No.3:

Neutralizar el sistema financiero de los narcotraficantes y decomisar sus recursos para el Estado: (1) fortalecer los esfuerzos anticontrabando; (2) realizar un programa agresivo de decomiso de activos; (3) congelar y decomisar cuentas bancarias y activos en Colombia y en el exterior.

Objetivo No.4:

Neutralizar y combatir a los agentes de la violencia aliados con los narcotraficantes: (1) aumentar la seguridad contra el secuestro, la extorsión y el terrorismo; (2) impedir la adquisición de armas por los grupos que se benefician del narcotráfico, mediante esfuerzos coordinados a nivel internacional.

Objetivo No. 5:

Integrar las iniciativas nacionales a los esfuerzos regionales e internacionales: (1) compartir información e inteligencia con otras agencias de seguridad en el país; (2) aportar y coordinar con las operaciones y esfuerzos regionales e internacionales.

Objetivo No. 6:

Fortalecer y ampliar los planes de desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el narcotráfico: (1) ofrecer oportunidades de empleo alternativo y servicios sociales a la población de las áreas de cultivo; (2) promover campañas masivas de información sobre los peligros de las drogas ilícitas.

ELEMENTOS BASICOS DE LA ESTRATEGIA ANTINARCOTICOS

Aunque la lucha contra el narcotráfico es una actividad principalmente de la Policía Nacional, los vínculos estrechos de los traficantes con los grupos armados al margen de la ley han obligado a las Fuerzas Armadas a enfocarse en un aporte firme y decisivo a una lucha integral y coherente contra esta amenaza.

Acciones Complementarias de la Estrategia

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han diseñado un conjunto de acciones para apoyar sus respectivos roles y responsabilidades.

Derechos Humanos y Operaciones

Todas las unidades de las Fuerzas Armadas deben asegurar la protección de la democracia y de los derechos humanos como responsabilidad prioritaria en la ejecución de operaciones antinarcóticos, lo mismo que en la lucha contra los grupos insurgentes y los grupos de autodefensa. Las Fuerzas Armadas aumentarán su capacitación en derechos humanos antes, durante y después de cada fase. La protección de la población civil exige esfuerzos adicionales en la lucha contra los grupos de autodefensa al margen de la ley en las áreas de cultivo y procesamiento.

Operaciones Aéreas

Consolidar el control sobre el espacio aéreo nacional por todos los medios disponibles. Restringir el uso del espacio aéreo (inteligencia de todas las agencias, acciones de la Fuerza Aérea). Aumentar la autonomía de vuelo para las operaciones de la Fuerza Aérea en misiones de interceptación. Proporcionar apoyo adicional para interceptación con misiones más frecuentes y aumentando su cobertura geográfica. Mejorar el programa de interceptación aérea, con énfasis en el oriente del país.

Operaciones Fluviales y Marítimas

Mejorar y aumentar el apoyo operacional para la Armada Nacional y la Infantería de Marina. Mejorar los esfuerzos en el control de las importaciones de precursores químicos. Interceptar los precursores químicos en acciones aéreas, terrestres, marítimas y fluviales (Ejército, Infantería de Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional). Mejorar controles para interceptar el movimiento de drogas en tierra por parte de la Policía Antinarcóticos en los puertos y aeropuertos.

Aumento de apoyo operacional de las Fuerzas Armadas para la Policía Antinarcóticos

Mayor uso de operaciones conjuntas con la Policía Antinarcóticos. Fortalecer los esfuerzos conjuntos entre Colombia y Estados Unidos. Mejorar la protección de nuestras propias fuerzas. Integrar las fuerzas para la obtención y análisis de inteligencia. Aumentar el número de tropas empleadas en operaciones. Aumentar la movilidad en las selvas, con énfasis en operaciones aéreas y fluviales. Mejorar la capacidad de las unidades para realizar operaciones conjuntas nocturnas.

Operaciones contra laboratorios y centros de acopio

Destruir la infraestructura de producción (Inteligencia, Ejército, Infantería de Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional). Combatir los grupos de protección armada de los traficantes (Ejército, Infantería de Marina, Fuerza Aérea). Aumentar la capacidad de la Policía Antinarcóticos y las Fuerzas Armadas para detectar laboratorios. Aumentar los medios de destrucción de la infraestructura. Disminuir la capacidad de traficar en materias primas y drogas (Inteligencia, Policía Nacional, Armada, Ejército, Fuerza Aérea).

Erradicación de cultivos

Fortalecer y aumentar el uso de operaciones conjuntas de seguridad durante tareas de fumigación y erradicación. Apoyar las nuevas estrategias del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en las pruebas y desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente seguros y confiables, con el fin de encontrar nuevas tecnologías de erradicación.

Resumen
El propósito de esta estrategia es fortalecer la lucha contra el narcotráfico mediante la coordinación de todos los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía en contra de los traficantes. Nuestra meta es eliminar la producción de drogas a gran escala, de acabar con la violencia y delincuencia a gran escala de los grupos armados, promover el respeto por los derechos humanos y romper los nexos entre los grupos armados y el apoyo que reciben de la industria del narcotráfico.

IV. LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Colombia se ha comprometido a construir un sistema de justicia que sea equitativo y eficaz. Las reformas garantizarán que el sistema sea transparente como accesible e independiente. Estas reformas eficaces constituyen un elemento clave en el restablecimiento de la confianza del público en el Estado. Los problemas de Colombia involucran el sistema de justicia penal en su totalidad. Igualmente, afectan una serie de dependencias del gobierno en las tres ramas de su actividad. La rama ejecutiva trabaja estrechamente con la legislativa y la rama judicial para asegurar una efectiva coordinación e implantación de estas estrategias.

Consolidación del Estado de Derecho

Colombia investigará, procesará y condenará a los narcotraficantes y otros delincuentes. Estos delincuentes deben ser detenidos en cárceles de alta seguridad, con el fin de impedir que continúen con sus actividades de delincuencia desde los patios. De acuerdo con la ley colombiana los criminales internacionales aquellos que han violado las leyes de otros países deben ser extraditados para ser juzgados en las jurisdicciones donde se hayan recopilado las pruebas de sus actividades. El gobierno garantizará que estos esfuerzos adicionales para combatir el narcotráfico y los grupos armados no se hagan a costa de la protección de la democracia, de los derechos humanos y del estado de derecho.

Para esta prioridad, Colombia fortalecerá sus iniciativas con el fin de hacer cumplir las leyes nacionales y multilaterales incluidas a) investigaciones y capacitación multilaterales, y b) protección efectiva de testigos y funcionarios judiciales; extraditará a los delincuentes internacionales de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales; mejorará el sistema carcelario con el fin de que cumpla con normas internacionales de seguridad, incluidas facilidades adecuadas y personal capacitado y profesional; y extenderá iniciativas multilaterales para fiscalizar y decomisar los embarques de precursores.

Con el fin de restablecer la seguridad y el bienestar del público se debe disminuir la incidencia del secuestro y crimen común en las calles, en ambos casos inaceptablemente altos, pero en muchos casos producidos por el narcotráfico.

Las estrategias para esta prioridad incluyen el desarrollo de programas antiviolencia en todo el país con la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el sistema de justicia y los líderes comunitarios, con énfasis en los delitos relacionados con el narcotráfico; y el diseño, capacitación y dotación de una unidad antisecuestros para investigar y procesar a los secuestradores.

Responsabilidad del sistema judicial

Colombia se ha comprometido a respetar el estado de derecho y seguirá fortaleciendo todos los aspectos de su sistema judicial. Esto incluye el apoyo para la transición continua a un sistema acusatorio (incluidos procesos verbales e investigaciones eficaces) y a una mayor agilidad de proceso en todo el sistema judicial, con el fin de asegurar que habrá acceso universal a la justicia sin importar la ubicación geográfica o nivel de ingresos. El gobierno liderará los esfuerzos para hacer que el sistema judicial sea más justo y eficaz, más transparente y más accesible.

Con este fin, el gobierno buscará disminuir la impunidad mediante mejoras en el sistema de fiscalías, investigaciones más efectivas y procesos más ágiles.

Proporcionará una coordinación efectiva para la rama judicial, incluida la comunicación abierta y orientación efectiva de políticas entre las diferentes ramas y dependencias del Estado responsables para la reforma judicial y su administración; aumentará la capacitación de funcionarios judiciales, incluidos los jueces, defensores y fiscales con el fin de garantizar que sus decisiones sean transparentes para el público, y que el resultado sea justo en todos los casos, incluidos los casos militares en jurisdicciones civiles; implementará un plan de estudios nuclear para el cuerpo técnico de investigación en una academia única para su capacitación; y garantizará el acceso del público a la justicia y a una justa defensa en todo el país.

La promoción, Respeto y Protección de los Derechos Humanos

El gobierno, bajo la coordinación de la oficina del Vicepresidente de la República, se ha comprometido totalmente a la protección y materialización de los derechos fundamentales, de acuerdo con las obligaciones de Colombia bajo los tratados y pactos internacionales.

El gobierno está cumpliendo con sus obligaciones internacionales mediante la divulgación de un entendimiento más profundo de los derechos humanos a través de los medios, y por medio de la aplicación de un modelo pedagógico para ser aplicado en las Fuerzas Armadas, con apoyo político y material para el trabajo de las unidades de derechos humanos y capacitación para periodistas en derechos humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. Al mismo tiempo, el gobierno está trabajando en colaboración con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.

El gobierno ha iniciado una estrategia contra la impunidad. En el último año se han creado una serie de comités interinstitucionales cuyo propósito es el de insistir en la investigación y condena de los casos más graves de violaciones de derechos humanos. Antes del fin de 1999 el gobierno habrá conformado una Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. El gobierno ha enviado proyectos de ley al Congreso de la República en materia de desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad (laesa humanitas) y la ratificación de la Corte Penal Internacional.

Existe también una estrategia de protección para las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos, con el apoyo del Programa para Testigos y Personas Amenazadas, y de una orden presidencial en el sentido de que los funcionarios públicos deben proteger a los que trabajan sobre los derechos humanos y apoyar su trabajo y el de las ONG.

Eliminar la Corrupción

El producto del narcotráfico ha corrompido los funcionarios de todas las ramas del Estado y al sector privado, y se ha visto el deterioro de la confianza del público en las instituciones civiles. Colombia continuará con sus esfuerzos con miras a combatir la corrupción y garantizar que los culpables sean sometidos a las sanciones administrativas o penales del caso.

Estos objetivos se lograrán con la consolidación de iniciativas existentes, incluido el Programa Presidencial contra la Corrupción y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía; y mediante la divulgación efectiva de información financiera e investigación rigurosa de la honestidad de las personas antes y durante su vinculación laboral con el Estado.

El gobierno trabajará a través del Programa Presidencial y la Contraloría General de la República para mejorar la transparencia de la contratación estatal y de las transferencias hacia las entidades territoriales.

Privar a los Delincuentes del Producto de sus Actividades

La prevención del lavado de activos y el decomiso del producto del narcotráfico (cuyo volumen se estima en más de un billón de dólares anuales) podrá financiar el esfuerzo para hacer cumplir la ley y otras iniciativas sociales (incluidos la reforma agraria, el desarrollo alternativo y el fortalecimiento de las instituciones), elementos críticos para una paz duradera.

Entre las estrategias para esta prioridad se incluyen: la implantación efectiva de la legislación existente con respecto a la confiscación de bienes y la implantación de modificaciones para garantizar la expedición de órdenes de decomiso de los bienes del narcotráfico; el refuerzo de leyes e instituciones existentes para combatir el lavado de activos, incluidas la Unidad Especial de la Fiscalía y la Unidad de Análisis e Información Financiera; la coordinación de las autoridades nacionales e internacionales para garantizar el intercambio efectivo de información y colaboración entre fiscalías; la destrucción de los nexos financieros entre narcotraficantes, guerrilla y autodefensas, por medio de programas de aplicación efectiva de la ley y de cooperación multilateral; la coordinación de fiscales, investigadores y agentes aduaneros y sus homólogos en el exterior en un esfuerzo para desmantelar el mercado negro de divisas; finiquitar el desarrollo de los mecanismos para distribuir bienes confiscados en acciones de interdicción multilaterales, de acuerdo al , Derecho Internacional. El Gobierno Nacional actuará en la forma más rápida posible para lograr la expropiación formal de los bienes decomisados a narcotraficantes sindicados, especialmente en lo relativo a sus propiedades. Estas propiedades se utilizarán principalmente para asentar pequeños, agricultores y trabajadores provenientes de las áreas de plantación de hoja de coca, al igual que para familias desplazadas por la violencia rural.

Combatir el contrabando y fortalecer la interdicción de narcóticos

Un elemento crucial en la eliminación del narcotráfico es el bloqueo de las rutas de transporte de drogas, precursores químicos y contrabando (lo cual muchas veces representa la repatriación de dinero de las drogas). Esto requiere de un esfuerzo conjunto en todos los puertos de entrada a Colombia y a lo largo de todas sus fronteras.

Entre las estrategias para combatir esta prioridad se incluyen: la coordinación de la aplicación efectiva en los mares, incluidos los esfuerzos conjuntos entre la Armada Nacional, la Fiscalía y sus homólogos extranjeros para incautar narcóticos y químicos y juzgar efectivamente a los infractores; el fortalecimiento y expansión de programas de seguridad portuaria existentes, que incluya todos los puertos de entrada; el mejoramiento de intercambio de información con las contrapartes extranjeras en cuanto a sospechosos, rutas, y patrones de métodos de transporte; el entrenamiento de una Policía Aduanera que cuente con todo el equipo necesario que garantice un control efectivo en los puertos y aeropuertos; el fortalecimiento de cooperación internacional en la lucha contra el contrabando; colaboración estrecha con otros gobiernos, a fin de que el sector privado se comprometa a adoptar medidas de prevención y control del contrabando, implementando una política de conocer al cliente y obteniendo un mejor conocimiento acerca de las actividades de sus clientes.

Reducción de la demanda

Colombia es frecuentemente percibida como un país productor de drogas ilícitas, pero la realidad es que el consumo, aunque actualmente a niveles bajos, aumenta rápidamente. Las campañas de prevención frente al consumo de drogas ilícitas están dirigidas principalmente a los jóvenes y diseñadas para desestimular el consumo de drogas y controlar el abuso de consumo de alcohol, tabaco y medicamentos que generen adicción. Las redes de tratamiento y rehabilitación también serán ampliadas para cubrir a un gran número de personas que hoy en día no tienen acceso a ellas.

V. DEMOCRATIZACION Y DESARROLLO SOCIAL

El objetivo principal de esta estrategia es reducir las causas y las manifestaciones de violencia, progresiva y sistemáticamente, fortaleciendo la participación civil y la conciencia colectiva. Esta estrategia busca asegurar una mayor confianza en el gobierno local, participación comunitaria en actividades contra la corrupción y ejercer mayor presión sobre los grupos guerrilleros y otros grupos armados para acabar con el secuestro, la violencia y los desplazados. La estrategia también cobija la participación comunitaria que genere las condiciones sociales, económicas y culturales para la erradicación de cultivos ilícitos en las comunidades indígenas y campesinas.

Asistencia para las víctimas de la violencia

Una de las metas de la estrategia de paz es el suministro de asistencia humanitaria adecuada para las víctimas del conflicto armado, acorde con los principios del Derecho Internacional Humanitario y la legislación interna e incluye seguros y compensación, rehabilitación física y psicológica, mecanismos para cuantificar y determinar las víctimas, y programas especiales para los más afectados (niños, mujeres cabeza de familia, la tercera edad y los grupos étnicos). El Gobierno Nacional definirá un marco normativo, estableciendo niveles mínimos de calidad y responsabilidad institucional con base en indicadores y procesos de vigilancia.

Con base en la Convención sobre los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, la asistencia humanitaria se concentrará principalmente en las necesidades físicas y psicológicas de los niños promoviendo su desarrollo y manteniéndolos alejados de los grupos armados. Adicionalmente, incluye rehabilitación, tratamiento psicosocial y entrenamiento y educación especial para los minusválidos, de acuerdo con sus necesidades individuales y colectivas. Finalmente, la estrategia comprende actividades para identificar y eliminar minas antipersonales y para reducir el riesgo de asentamiento en zonas de alto riesgo y de conflicto, a través de la integración económica y social.

Asistencia a los desplazados internos

Las actividades en este campo buscan devolver los desplazados a sus hogares y garantizarles su estabilidad a través de programas de inversión social y productiva en las zonas de conflicto. La estrategia del gobierno Nacional para la asistencia a los desplazados estará estrechamente coordinada con el proceso de paz y el esfuerzo para incrementar la capacidad del gobierno local. Primordialmente, la asistencia a los desplazados será función de los Gobiernos municipales y de las ONG colombianas bajo el liderazgo de la Red de Solidaridad Social. El Gobierno Nacional también invitará a las organizaciones internacionales a participar a nivel municipal, para movilizar recursos adicionales y establecer mecanismos de verificación de la situación local.

De acuerdo con lo establecido en los Principios Rectores para la Asistencia a Desplazados Internos, las actividades del Gobierno Nacional buscan neutralizar las causas del desplazamiento, mejorando la seguridad en las áreas de mayor riesgo.

En las áreas de conflicto, el Gobierno Nacional estructurará un sistema de alerta temprana para detectar amenazas inminentes de violencia, permitiendo de este modo que se pueda actuar a tiempo. Si no es posible prevenir el desplazamiento, el Gobierno Nacional proveerá lo necesario para satisfacer las necesidades locales.

Se tomarán medidas para garantizar la protección de los derechos de todos los desplazados y se establecerán mecanismos para ofrecer asistencia humanitaria de emergencia, como agua, nutrición, salud y protección. Se dará especial atención a las necesidades de personas de distintas edades, con servicios especiales para los niños, las mujeres y las minorías étnicas. Donde sea posible, el Gobierno Nacional apoyará y promoverá las Comunidades de Paz, a las cuales los desplazados pueden acudir y recibir servicios sociales y protección física.

Estrategia para el Desarrollo Alternativo

Esta estrategia busca introducir alternativas integrales, participativas, rentables y económicamente sostenibles en áreas rurales, particularmente en aquellas zonas afectadas por la combinación de conflicto intensivo, presencia deficiente del Estado, capital social bajo, pobreza, cultivos ilícitos y problemas ambientales relacionados con ellos. Habrá especial prioridad que garantice el mantenimiento de proyectos productivos a largo plazo, principalmente para cultivos permanentes, sin dejar de lado los cultivos transitorios. La participación comunitaria garantizará el aprovechamiento de las capacidades locales y la demanda de los mercados nacionales e internacionales. La sostenibilidad se garantizará a través de alianzas estratégicas, con la participación de pequeños productores, inversionistas privados, los gobiernos locales y el nacional y asociaciones de productores. Un punto importante de la estrategia es el fomento de inversión privada en actividades orientadas a la demanda, con microempresas y mecanismos para la preventa de las cosechas. Estos proyectos serán apoyados por mecanismos financieros e inversión en infraestructura física, como carreteras, redes de transporte fluvial, proyectos de minería y electrificación, vivienda, sistemas de acueducto y saneamiento básico, e infraestructura adicional para dar apoyo a iniciativas productivas.

La estrategia busca mejorar las condiciones sociales y el ingreso de los campesinos directamente, y constituye el marco de la política para el abandono de los cultivos ilícitos. La anterior política está dirigida principalmente a pequeños agricultores (menos de tres hectáreas de producción) y a los trabajadores en las plantaciones. La actividad se determina por la proximidad de producción legítima a mercados potenciales, el origen de las personas productoras de los cultivos ilícitos y el potencial agrícola de la tierra en que se encuentran los cultivos ilícitos.

En las áreas de cultivo de amapola, al igual que en aproximadamente una tercera parte de las áreas de cultivo de coca, normalmente es viable sustituir la producción ilícita de pequeños agricultores por uno o más cultivos lícitos. En estas zonas se intentará que los productores abandonen la producción de cultivos ilícitos suministrándoles asistencia para establecer cultivos legales y rentables, ofreciendo servicios de educación y salud, infraestructura municipal mejorada, y seguridad personal. El gobierno municipal, el sector privado y las ONG colombianas trabajarán con el Gobierno Nacional para establecer cultivos sostenibles y fortalecer los nexos entre los productores y los mercados urbanos locales.

Se estima que un 60 por ciento de las áreas de cultivo de coca se encuentran alejadas de sus mercados potenciales y son poco aptas para cualquier tipo de producción agrícola sostenible. El Gobierno Nacional estudia tres posibles maneras de ofrecer oportunidades legítimas de ingreso a pequeños agricultores y trabajadores de esas zonas. Primero, los agricultores y aquellos en condiciones similares tendrán la oportunidad de salir de las áreas de producción de coca y asentarse en tierras decomisadas del narcotráfico o en tierras suministradas por el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria); segundo, se ofrecerán oportunidades laborales en pequeñas empresas de áreas urbanas de origen, para migraciones de productores de coca, para reducir el incentivo económico de la migración; tercero, el Gobierno Nacional trabajará con los grupos indígenas y los gobiernos locales para impulsar actividades económicas y ambientalmente rentables para conservar áreas de forestación, en un esfuerzo para frenar el avance de la frontera agrícola hacia ecosistemas frágiles. El trabajo en la conservación y la protección del medio ambiente también genera empleo para los antiguos cultivadores de coca.

El costo estimado de la estrategia de Desarrollo Alternativo para 1999-2002 es de 570,8 millones de dólares; 342,5 millones se utilizarán para proyectos de producción y transferencia de tecnología, 100 millones para infraestructura en áreas rurales, 86 millones para la conservación y restauración de áreas ambientalmente frágiles, y 42,3 millones de dólares para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas.

Desarrollo Sostenible en Áreas Ambientalmente Frágiles

El conflicto armado afecta el hábitat natural de la misma forma que lo hace la expansión de la frontera agrícola (legal e ilegal, la cual ha destruido cerca de un millón de hectáreas de bosque desde 1974). Estas zonas incluyen una alta proporción de áreas de conservación y parques naturales, y existe amplia evidencia para demostrar que este proceso de expansión amenaza seriamente el resto de la Cuenca Amazónica.

Para combatir el problema, se han tomado ciertas acciones, entre ellas, la restauración de algunas áreas como parques naturales, al igual que la recuperación de los bosques1, con lo cual se busca hacer un aporte a los objetivos mundiales de preservación de la Cuenca Amazónica (como se observa en la Convención sobre Cambios Climáticos). Adicionalmente, el Gobierno Nacional facilitará la transición de la producción agrícola insostenible hacia cultivos más adecuados para las condiciones locales y regionales. Finalmente, entre las actividades previstas se busca apoyar la reforestación a pequeña escala y la consolidación de mercados verdes para generar posibilidades comerciales locales.

El papel de las Comunidades Locales y los Municipios

Los ciudadanos buscan seguridad, orden, empleo, servicios básicos y un mejor futuro para sus hijos. Los programas nacionales como aquellos para el desarrollo alternativo, protección ambiental, desplazados y asistencia para zonas de conflicto buscan la realización de esas expectativas de los ciudadanos, reduciendo de este modo los incentivos para las migraciones o para cultivos ilícitos. Las comunidades locales y los concejos municipales juegan un papel fundamental para garantizar que estos programas nacionales lleguen a su destino.

El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales en la ejecución y desarrollo de planes nacionales de inversión, el trabajo con las ONG y empresas en la resolución de problemas, y el desempeño de todos los órganos es esencial para la estrategia de inversión social y desarrollo alternativo en Colombia.

El Gobierno Nacional trabajará por medio de la Red de Solidaridad Social, los ministerios y las ONG para apoyar a los gobiernos municipales en el manejo de recursos y habilidades técnicas, en el manejo de desplazados, desarrollo alternativo y lucha contra la pobreza. Cerca de 150 comunidades que habitan en zonas donde el conflicto y los cultivos ilícitos han interrumpido el suministro de servicios básicos, donde se ha sufrido una degradación ambiental y en las cuales existe un alto nivel de pobreza, serán seleccionadas en un periodo de dos años con el fin de que participen en programas de fortalecimiento institucional. Líderes comunitarios serán entrenados en técnicas de gobierno. Los gobiernos locales serán entrenados para promover la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones y en la solución de problemas sociales y económicos. La capacitación de líderes locales permitirá establecer prioridades acerca de las necesidades locales y las iniciativas para implementar y diseñar los servicios básicos requeridos, con el fin de que los recursos disponibles se utilicen de la manera más efectiva y eficiente posible.

Con el fin de maximizar la eficiencia, los gobiernos regionales y locales trabajarán con el Gobierno Nacional, empresas locales y ONG. La administración municipal buscará invertir el recaudo local, los recursos provenientes del presupuesto nacional y las donaciones para apoyar organizaciones locales en la satisfacción de las necesidades locales de alta prioridad.

Con el fin de fortalecer el desarrollo institucional, esta estrategia también promoverá una mayor confianza, legitimidad y fe en las instituciones públicas. Se fomentarán mecanismos formales e informales que inculquen la tolerancia, la justicia, la seguridad y los cambios en los patrones culturales que incitan a reacciones violentas, al conflicto. Todo ello se complementará con un apoyo activo para fomentar redes locales de paz (FIN).

Esta página fue hecha por Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Dr. En Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Univ. Nac. de Rosario, Argentina). Profesor Titular de Teoría de las Relaciones Internacionales, Política Exterior Argentina y Sistemas Políticos Latinoamericanos Comparados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET). Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina.

Si querés opinar o consultarme, escribime a: luisdallanegra@netizen.com.ar

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