Tapa Régimen Internacional

 

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Capítulo XV

EL REGIMEN EN EL EJE POLITICO

LA "SOCIEDAD CIVIL" INTERNACIONAL RETOMA SU DESTINO

Cuando hablo de "sociedad civil" hago referencia a los individuos o grupos de individuos, institucionalizados a través de organizaciones no gubernamentales (ONG's) o no institucionalizados, que al ver insatisfechos sus reclamos o al no ser contemplados por la sociedad política en los marcos institucionales gubernamentales estatales o internacionales, deciden alcanzarlos por sus propios medios o presionar a las instituciones para que se orienten en el sentido de satisfacer sus necesidades y demandas.

En algunos casos opera de manera "traumática", destruyendo al Estado que considera más un opresor que un protector: caso URSS, Yugoslavia etc., en otros, se margina y procura presionar bajo diferentes mecanismos: Chiapas en México, los "sin tierra" en Brasil, etc..

La sociedad civil organizada, se desenvuelve en torno a una agenda más compleja y menos jerarquizada que la del Estado-Nación, y las relaciones son manejadas por nuevos y múltiples agentes, distintos de éste que ponen en juego recursos de poder no tradicionales en un contexto donde los "ejes" de relacionamiento e intereses son mucho más numerosos, cambiantes y entrelazados que antes.

La comunidad internacional, en su contexto institucional, sea en el eje económico o en el eje estratégico-militar, ha perdido la capacidad de resolver los problemas que se presentan.

La sociedad civil internacional ha comenzado a tomar en sus manos la iniciativa de la resolución de problemas y conflictos, que las instituciones y/o los Estados -sus gobiernos- no pueden o no desean, por diferentes motivos, solucionar. Sea por causas ideológicas, como el tema del desempleo, cuya solución ha quedado en manos del mercado, mientras los gobiernos adoptan como instrumento de solución la desregulación y la flexibilización laboral; sea por "pactos preexistentes" entre diferentes fuerzas al interior del Estado, como los realizados ente militares y civiles políticos, o por los grandes cambios que se gestan a nivel mundial y repercuten al interior de los Estados.

En América Latina, muchos gobiernos civiles son la resultante de "pactos" firmados entre las fuerzas armadas salientes y los sectores políticos, con el objeto de frenar toda posible revisión de lo actuado en materia de derechos humanos, durante la etapa en que los militares estuvieron en el poder. Cualquier modificación al status quo sobre esta materia pondría en peligro la estabilidad del régimen. Esta es la situación planteada por las fuerzas armadas chilenas para el caso de la detención de Pinochet, por ejemplo.

Diferentes gobiernos norteamericanos, a través de organismos como la CIA u otros, tuvieron mucho que ver con estos gobiernos latinoamericanos y sus actividades contra los derechos humanos, bajo el justificativo de evitar que el comunismo avanzara en la región poniendo en peligro la seguridad de bloque.

La "Escuela de las Américas" ha sido el lugar de capacitación y entrenamiento de las fuerzas armadas latinoamericanas, para la lucha contra el comunismo, y también para prepararse para gobernar si fuera necesario (207), al igual que la Escuela Militar norteamericana West Point. La Escuela de las Américas fue fundada en 1946 e instalada primero en Panamá y desde 1984 en el estado de Georgia, Estados Unidos.

La justicia es uno de los temas más complejos de resolver y más, cuando los derechos humanos están presentes, no en los términos ideológicos planteados por Estados Unidos, sino en sus términos reales (208), muchos de los cuales son resultante de políticas e iniciativas norteamericanas llevadas a cabo para proteger sus intereses de seguridad, durante la etapa de la guerra fría, como las dictaduras militares y civiles que impuso o apoyó o promovió en los países latinoamericanos que atentaron contra los derechos humanos bajo el conocimiento de los gobiernos norteamericanos pero nada hicieron para que se modificaran las situaciones, salvo su discurso.

Además de los problemas judiciales, hay otros que tienen relación con los derechos humanos, como el desempleo generalizado, que ya ha alcanzado proporciones inmanejables. Ya ha sobrepasado el nivel de lo económico o laboral, y alcanza situaciones que deben contemplarse en los derechos humanos.

Temas que sobrepasan los estatal y lo internacional, que vienen siendo propuestos por actores transnacionales, como las ONG's, son los vinculados al medio ambiente y lo ecológico.

El alto índice de transnacionalización por "arriba" -contexto internacional- y por "abajo" -contexto estatal-, genera modificaciones en las características de funcionamiento del Estado, produciendo cambios estructurales y debilitando su funcionamiento alrededor de conceptos centrales como es la soberanía.

El "equilibrio" internacional -hablo del equilibrio del sistema (209)- resulta muy complejo. Por un lado, por el rol de "policía mundial" adoptado por Estados Unidos, que "empuja" al mundo hacia el eje estratégico-militar, por otra parte, por el alto grado de transnacionalización del sistema, que, a su vez, "empuja" al mundo hacia el eje económico.

Los organismos internacionales creados por los Estados hace cincuenta años, perdieron capacidad de regulación. Algunos quedaron obsoletos como la OIT, otros se mantienen formalmente, como la ONU, u operan con un gran poder regulador, pero sin capacidad de prever los problemas o de solucionarlos cuando se presentan, como el FMI; y existen ciertos foros internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, o la Corte Penal Internacional, recién creada, que carecen del poder de policía como para poder aplicar sus laudos, particularmente sobre los más poderosos.

B. METODOS DE RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Hay una falta de parámetros y reglas básicas, como resultado de la desintegración del bipolarismo y de la carencia de un sistema y un orden estables y definidos, que permitan un marco regulatorio razonable. A la vez, se observa un desajuste entre la globalización y la transnacionalización, y las instituciones internacionales, resultan inapropiadas para establecer pautas reguladoras.

Esto es la resultante de que los organismos internacionales-sean estos de seguridad, políticos, económicos o financieros- son variable dependiente de las tendencias del orden mundial; por lo que, al haber cambios mundiales profundos, los organismos vigentes deben adaptarse o ser reemplazados por otros cuyas características reflejen jurídica-institucionalmente las pautas de orden que, de hecho, se alcancen, conformando el régimen y el orden.

Los organismos internacionales existentes han sido creados para un sistema y orden que ha desaparecido y no pueden dar respuesta a la mayoría de las situaciones existentes (210). Por otra parte, la reforma de estos organismos no dará solución al problema del nuevo orden. Este surgirá primero de hecho y luego será "institucionalizado" mediante la reforma de los organismos vigentes o mediante la creación de nuevos organismos que reflejen en un marco jurídico-regulatorio-institucional las nuevas realidades.

PROBLEMAS DE JUSTICIA

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

El caso de la detención de Pinochet en Gran Bretaña, es un ejemplo importante, que muestra nuevos procedimientos y alternativas de la justicia, sea en el ámbito estatal, como internacional.

Países, como los latinoamericanos, entre otros, que carecen de soberanía económica, reclaman "soberanía judicial", para tratar situaciones que tienen que ver, fundamentalmente con la estabilidad del funcionamiento del régimen, más que con la justicia, ya que existen "pactos preexistentes" que cambian estabilidad por olvido.

Por otra parte, los gobiernos no pueden hacer uso de esa supuesta soberanía judicial ya que no pueden juzgar -por motivos más ideológicos que de otro orden- a aquéllos que han abusado del poder y atentaron contra los derechos humanos, políticos y civiles, en "cruzadas anticomunistas".

Por ello, es la sociedad civil, particularmente a través de ONG's, que comienza de manera muy lenta, paulatina pero firme, a producir cambios en el status quo, orientando las cosas a la satisfacción de las demandas de la Nación.

Existen áreas en las que se han hecho avances significativos, como los derechos humanos, en otras, aún se va muy lento.

Los Estados -sus gobiernos-, comienzan a sentirse obligados a contemplar, aunque sea, formalmente las demandas sociales, ya que la sociedad civil va ocupando paulatinamente espacios que van quedando vacíos e insatisfechos. Esto derivará en una transformacion estructural del sistema político.

El Estado -Status organizativo- que encontraremos en el futuro, ya no será el Estado-Nación, sino otro Estado -Status- con nuevas características, resultante del nuevo pacto social generado por la sociedad civil.

DETENCION DE PINOCHET: SIGNIFICADO PARA
EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA SOBERANIA

El ex dictador chileno Augusto Pinochet, fue detenido en Gran Bretaña (1998) a pedido de un juez español, para que declare sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante su dictadura, contra ciudadanos españoles.

El acontecimiento ocurrió durante un viaje que hizo a Gran Bretaña para operarse de una hernia a la columna, llevando pasaporte diplomático expedido por el gobierno chileno atendiendo a su condición de "senador vitalicio".

El gobierno británico dijo no reconocer la condición de inmunidad otorgada por el pasaporte toda vez que no se trata de un diplomático acreditado.

El gobierno chileno manifestó que debe reconocerse la inmunidad otorgada al ex General Pinochet, a la vez que considera que la decisión del gobierno británico desconoce la soberanía chilena, indicando que el ex General Pinochet debe ser juzgado de acuerdo con las leyes chilenas.

No obstante, la posición en el gobierno del ex General Pinochet -senador vitalicio-, el otorgamiento de un pasaporte diplomático que le da inmunidad internacional, el poder real de que dispone el propio Pinochet en su país, teniendo apoyo mayoritario en el senado, hacen pensar que el gobierno chileno no se orienta en el sentido de juzgar a Pinochet de acuerdo con las leyes chilenas, sino a dejar las cosas como están.

Por otra parte, pareciera que otros gobiernos, -en este caso el británico y el español- hacen la tarea que las "democracias" (?) latinoamericanas no están dispuestas a hacer; a la vez que debe recordarse que son organismos de derechos humanos (actores transnacionales) los verdaderos impulsores de la búsqueda de justicia en estos casos.

Acá se observan dos nuevas situaciones interesantes apuntando hacia el futuro del sistema mundial y su orden; Por un lado, la relevancia de nuevos actores (en este caso particular actores transnacionales, las ONG's vinculadas a los derechos humanos) y por el otro, nuevos procedimientos internacionales.

Sobre el tema de los "actores internacionales" habría que decir que hay cambios significativos, no sólo numéricamente: son prácticamente el cuádruple que cuando nació Naciones Unidas (en 1945, 51 Estados y hoy 1999, 200 Estados), sino que también son heterogéneos, dado que intervienen en los asuntos y toma de decisiones gran cantidad de actores transnacionales, como las ONG's, las empresas multinacionales, las trading companies, la banca, los fondos de pensión, los fondos de seguro, las calificadoras de riesgo país, y algunos actores significativos aunque espurios, como los narcotraficantes, los terroristas, etc..

En materia de derechos humanos, no son los Estados los que los hacen respetar, sino y a instancia de organismos no gubernamentales.

En el contexto de los actores estatales, habría que agregar que hay algunos que tienen "supra-soberanía", por ejemplo Estados Unidos y otros que tienen "soberanía condicionada"(211); en este último caso la gran mayoría de los Estados en la gran "periferia".

Chile entra dentro de estos últimos países, con el agregado de que, internamente, el gobierno carece del control del país, al menos en los aspectos que hacen a justicia, derechos humanos y fuerzas armadas.

Respecto de "nuevos procedimientos internacionales" también hay muchas novedades que harían pensar, incluso, en la posibilidad de la emergencia de un nuevo derecho internacional (212).

Para ordenarnos un poco y explicar e ilustrar sobre qué quiero decir con esto, voy a dar algunos ejemplos:

Podría comenzar con la invasión de Estados Unidos a Panamá a fines de 1989, en la que se desplazaron en un solo día más de 25 mil soldados norteamericanos, y el juicio en tribunales norteamericanos del ex presidente panameño Noriega, quien está encarcelado en Estados Unidos. Noriega no fue juzgado por crímenes de lesa humanidad, sino por cargos de narcotráfico (213).

Las constantes manifestaciones del gobierno norteamericano para juzgar ciudadanos colombianos por narcotraficantes en tribunales norteamericanos, constituyen un ejemplo adicional.

La Ley Torricelli; la Ley Damato y la Ley Helms-Burton -leyes federales norteamericanas- que plantean sanciones a aquellos Estados que comercien o inviertan, en el primer caso en Irán en el segundo caso en Cuba; muestran cómo la ley federal norteamericana se comporta como una ley internacional sin formar parte de un tratado.

Más grave aún es la iniciativa 187-legislación estadual, no federal- del gobierno de California contra los ciudadanos indocumentados, con el agregado de la iniciativa 209 sobre defensa de los derechos civiles.

El antecedente remoto de esta conducta norteamericana se encuentra en la justificación del senado norteamericano para no aprobar el ingreso de Estados Unidos como miembro de la Sociedad de Naciones, alegando que "no hay ley internacional por sobre la ley federal norteamericana". Para el caso de la invasión de Estados Unidos a Panamá, habría que pensar lo contrario, que su ley federal es la ley internacional.

Otro ejemplo que muestra novedad en los procedimientos internacionales está dado por la respuesta que el Secretario de Comercio argentino, le dio a los empresarios textiles de este país, que se quejan por el perjuicio que les produce la importación de productos que ellos fabrican. La respuesta fue, que reúnan todos los antecedentes del perjuicio que reciben y que lo presenten a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que contemple un trato especial (214). En otras oportunidades no lejanas, el Estado se hacía cargo de estos temas, ahora las empresas -¿la sociedad civil en general en los diferentes temas que le competen o perjudican?- deben y pueden hacerlo de manera directa sin que intermedie el Estado.

¿La sociedad civil chilena -y de otros países- deberá recurrir a tribunales internacionales o a buscar el apoyo de la sociedad civil internacional para obtener satisfacción de sus demandas?

El caso del ex General Pinochet, ¿debe contemplarse dentro del terreno de la inmunidad internacional; de la incapacidad del gobierno chileno para juzgarlo, por lo tanto de la impunidad en su país; del desinterés -en interés de la pacificación (?) nacional- por parte de gobierno de juzgarlo?

Este caso va a traer precedentes. Por un lado, respecto de la extraterritorialidad para situaciones que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, ¿Debería pensarse lo mismo para el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción?. Por el otro, para la cantidad de casos pendientes o mal resueltos en otros países latinoamericanos que han vivido dictaduras y situaciones similares.

PRIMERA SENTENCIA DEL GOBIERNO BRITANICO
SOBRE EL CASO PINOCHET

El 25 de noviembre de 1998, en Londres, la Cámara de los Lores, se expidió sobre una esperada sentencia respecto de reconocer, o no, la "inmunidad" al Senador Vitalicio chileno Augusto Pinochet Ugarte.

Existía gran expectativa mundial en un sentido y otro, hasta que, por fin, la definición, por tres votos contra dos, negó la inmunidad esgrimida por el ex dictador chileno y reclamada y apoyada por el gobierno de Frei.

La sentencia se vio reforzada por la noticia de que en Buenos Aires, contemporáneamente, volvía a prisión el ex Almirante Emilio Eduardo Massera, esta vez por el secuestro de niños durante la etapa de la dictadura (1976/83), junto al ex General Jorge Rafael Videla que hacía unos meses había regresado a prisión por los mismos motivos.

Lo que quedó en claro es que no se reconocía inmunidad a ex gobernantes para acciones de gobierno que implicaran crímenes de lesa humanidad. Asimismo, que no existe soberanía por sobre los derechos humanos. Estos están por encima de aquélla.

Los argumentos esgrimidos por el gobierno chileno de Frei, reclamando por la inmunidad y por la soberanía chilena respecto de la territorialidad de la justicia, no fueron escuchados.

Esto generó un gran precedente. Tan importante, como el que se hubiera generado si la sentencia de los lores hubiera sido el reconocimiento de la inmunidad.

De ahora en más, ningún ex gobernante se paseará por el mundo, sin el temor de ser detenido y puesto a disposición de tribunales, que reclaman la competencia para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Es más, frente a la creciente corrupción imperante a escala mundial, y al multimillonario flujo de capitales que se mueven por el "lavado" de fondos derivados de la corrupción, podrían comenzarse a adoptar criterios similares; ya que esos fondos que se "lavan" pertenecen a la "sociedad civil" y ésta, como en el caso de los derechos humanos, puede demandar frente a cualquier tribunal, lo que la "justicia" en su propio Estado no hace o es incapaz de hacer.

Nunca se había visto tanta energía puesta al servicio de la reclamación de la soberanía, como la expresada por el gobierno chileno de Frei para el caso Pinochet. Esa misma energía no se observó en la defensa de los derechos humanos de quienes los reclaman, o para resolver los problemas de pobreza, desempleo, o protección del desarrollo, los recursos naturales o la industrialización. Lo mismo se puede decir de otros gobiernos latinoamericanos, incluyendo el argentino, que inmediatamente expresó su apoyo a los reclamos internacionales esgrimidos por el presidente Frei (215).

Se habla de "pacificación", de mirar al futuro, de no vivir en el pasado, de dejar las cosas en manos de la justicia; y se reitera el término soberanía, toda vez que Pinochet no ha sido juzgado en Chile, por imposibilidad por parte del sistema judicial chileno para hacerlo, ya que debió aceptarse la autoimposición de que fuera Senador Vitalicio. Esto le proveía inmunidad vitalicia.

Mientras haya insatisfacción de justicia pendiente, no se pueden esgrimir criterios de olvido en aras de pacificación o de protección de una democracia endeble. La democracia sin justicia es una democracia endeble. La "condición" para la democracia, más allá del factor electoral, es que haya justicia -para todos-, educación, salud, vivienda y trabajo digno, seguridad personal. Sin estos requisitos básicos, la democracia, es "electorera" (216).

Muchos gobernantes y/o funcionarios gubernamentales, quieren ser reelectos u obtener otro tipo de cargos, sean internacionales o nacionales, en aras de gestionarse la inmunidad para no ser juzgados por sus actos de corrupción.

Hasta el momento de la sentencia provista por los lores, uno, ingenuamente se preguntaba:

El caso Pinochet debe interpretarse como ¿"territorialidad e inmunidad vs. justicia para todos"?

Qué priorizar: ¿soberanía o justicia?

¿La soberanía es para proteger a los dictadores o para proteger al pueblo y someter a todos por igual a la justicia?

El Estado es la resultante de un "pacto social", que lo genera; que le da vida, existencia. Cuando este pacto se rompe, el Estado se debilita y tiende a desaparecer o desaparece. La ex URSS, la ex Yugoslavia, entre otros, son ejemplos traumáticos de lo anteriormente expresado.

Un elemento esencial para la existencia del Estado es que provea justicia y protección -defensa y seguridad- a sus ciudadanos. Este es el "imperium" conocido como la soberanía. Cuando el Estado deja de hacerlo, la población -sociedad civil- se revela y busca la satisfacción de sus demandas.

Los derechos humanos, en todas sus manifestaciones, son un factor que hace a la esencia de la vida humana. Si la población no encuentra satisfacción en su demanda básica de derechos humanos, tiene derecho a reclamar a la "sociedad civil" mundial para que se lo provea.

Hoy, los derechos humanos son un mandato de la sociedad civil mundial. Ningún Estado puede esgrimir su soberanía para consolidar un "descuido" de aquellos.

Hoy, el derecho internacional no está proveyendo a la resolución de casos como el de Pinochet, toda vez que la Corte Penal Internacional no está en vigencia, particularmente porque países como Estados Unidos, China, India, entre otros, se han negado a firmar su carta constitutiva. De esta forma debió proceder el derecho "transnacional".

Los derechos humanos no pueden relegarse en aras de un problema de "jurisdiccionalidad". Deben ser satisfechos.

Los derechos humanos son para todos sin excepción, la derecha y la izquierda. Y la justicia debe ser aplicada a todos, la derecha y la izquierda. Esta historia constante de mutuas acusaciones, distrae de lo esencial, que es la justicia y la equidad.

Estas son las transformaciones que se están viviendo a nivel mundial. Si el Estado es incapaz de proveer satisfacción a sus ciudadanos, la sociedad civil, toma en sus manos su propio destino y busca regenerar el "pacto social", o al menos obtener satisfacción de las demandas no satisfechas mientras regenera, de alguna manera, el pacto social.

En lo futuro, en la medida en que no estén operativos organismos, como la Corte Penal Internacional, la sociedad civil se hará cargo de su propio destino, sin esperar pacientemente a que se decida en su favor o no, según la creencia de los gobiernos.

Los gobiernos deberán tomar conciencia de a quiénes se deben, a quiénes gobiernan y de quiénes han recibido su mandato.

NUEVO TRATAMIENTO DEL CASO PINOCHET

SEGUNDA SENTENCIA DE LOS LORES

El 24 de marzo de 1999 se emitió, en Gran Bretaña, una segunda sentencia respecto del caso Pinochet, luego de que se hubiera planteado un recurso de queja, por parte de la defensa respecto de la primera, ya que uno de los lores intervinientes, tenía vínculos con el organismo de derechos humanos Amnesty International.

Sin embargo esta sentencia, aunque con novedades, confirmó el fallo anterior.

Los siete jueces lores del Reino Unido anunciaron, por mayoría de seis votos contra uno, que Augusto Pinochet debe someterse al procedimiento de extradición planteado por España, pero solamente por delitos aislados, de conspiración para torturar y tortura, a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que tales delitos fueron considerados por la legislación británica hechos de persecución penal extraterritorial. Todos los demás cargos quedaron fuera.

Los lores solicitaron al Ministro del Interior, Jack Straw, que a la luz del "sustancial cambio de circunstancias" reconsiderara su decisión anterior respecto al procedimiento de extradición.

LA SENTENCIA

lord Browne-Wilkinson, presidente del tribunal de siete jueces lores, dijo:

"Señorías, por las razones que expongo en un discurso que he preparado, copias que ahora están disponibles por escrito, sostengo que el senador Pinochet no goza de inmunidad como ex jefe de Estado frente a delitos de extradición. Por ello, la apelación, para mí, debe ser admitida en parte".

Se refería al recurso objeto del juicio sobre la inmunidad del ex dictador, planteado por la Fiscalía de la Corona, en nombre de España, contra una resolución por la cual el Alto Tribunal de Justicia británico concedió la inmunidad absoluta a Pinochet el 28 de octubre de 1998. Lo que se pedía era, entonces, retirar la inmunidad a Pinochet para que pueda someterse al procedimiento de extradición. La clave estaba en: "Debe ser admitida en parte".

A continuación, habló lord Goff, que, durante el juicio pareció ser el director de la tesis de la abogada de Pinochet, Clare Montgomery, conducta que mantuvo coherentemente en su voto. "Señorías, yo desestimo el recurso".

El tercero fue lord Hope. "Soy de la opinión de que la mayoría de los cargos dirigidos contra el senador Pinochet, están relacionados con delitos por los que no puede ser legalmente extraditado a España aún en el caso de que no tuviera inmunidad. Sobre la cuestión de la inmunidad, sostengo que el senador Pinochet no goza de inmunidad frente a los cargos de tortura y conspiración para torturar que se dirigen contra él, pero solamente respecto al periodo posterior al 8 de diciembre de 1988. Hasta ese punto, admitiría el recurso".

Le siguió lord Hutton. "El senador Pinochet no tiene derecho a gozar de inmunidad respecto a las acusaciones de tortura y conspiración para torturar que presuntamente se han cometido después del 29 de septiembre de 1988 y por estos admitiría el recurso".

lord Saville: "Yo admitiría el recurso hasta el punto propuesto por (...) lord Browne-Wilkinson".

Los últimos dos jueces lores, claramente se mostraron contrarios a la inmunidad.

lord Millet: "Soy de la opinión de que el senador Pinochet puede ser extraditado a España respecto a los delitos de tortura y conspiración para torturar cometidos en cualquier país y en cualquier momento.

lord Phillips: dijo, profundizando la linea de lord Millet: "Yo admitiría el recurso respecto a todos los presuntos delitos de que se acusa al senador Pinochet como constitutivos de delitos de extradición".

Tras estas breves exposiciones, que duraron aproximadamente unos diez minutos, volvió a ponerse de pie lord Browne-Wilkinson. El presidente señaló: "Hay aquí, tras la exposición, oscuridad que procuraré aclarar":

"Nadie puede ser extraditado a menos que la conducta alegada contra él constituya un delito en ambos países, el país extranjero y el Reino Unido; esto es lo que se denomina doble criminalidad".

Las acusaciones "contra el senador Pinochet son principalmente acusaciones de tortura y conspiración para torturar fuera del Reino Unido. La tortura cometida fuera del Reino Unido no era un delito en la ley británica hasta la ley de Justicia Criminal de 1988, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 29 de septiembre de 1988".

"En el enjuiciamiento de hoy, seis miembros del comité de apelación sostenemos que, bajo la ley ordinaria de extradición, el senador Pinochet no puede ser extraditado para hacer frente a cargos en relación con tortura cometida antes del 29 de septiembre de 1988, porque antes de esa fecha no estaba satisfecho el principio de doble criminalidad".

"El resultado de esta decisión es la eliminación de la mayoría de los cargos planteados contra el senador Pinochet por el Gobierno de España y propuestos como la base para su extradición. La mayoría de los cargos se refieren al periodo del golpe de Estado en Chile en 1973 y los años inmediatamente posteriores. Los únicos cargos que son delitos de extradición comprenden cargos aislados de tortura después del 29 de septiembre de 1988, ciertas conspiraciones para torturar en el periodo del 29 de septiembre de 1988 y enero de 1990 y ciertas acusaciones de conspiración en España para cometer asesinato en España. Respecto de estos casos muy limitados, la cuestión de la inmunidad sigue siendo relevante".

"El secretario de Estado -Ministro del Interior, Jack Straw- puede, en consecuencia, si así lo considera adecuado, autorizar que el procedimiento de extradición contra el senador Pinochet continúe por estos cargos drásticamente reducidos".

El hecho había sido que Jack Straw, en virtud de la anterior resolución de los lores, del 25 de noviembre de 1998, más tarde anulada, resolvió el 9 de diciembre autorizar el procedimiento por los delitos de asesinato, conspiración para asesinato, tortura, conspiración para torturar y desaparición de personas, conspiración para desaparición de personas.

"Aunque seis miembros del comité mantenemos que Pinochet no goza de inmunidad en los cargos de tortura, nuestros razonamientos varían en algunos puntos. lord Hope, lord Saville y yo mismo consideramos que sólo ha perdido su inmunidad con la vigencia de la 'Convencion Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes', que se convirtió en ley de respeto obligatorio en España, Chile y el Reino Unido. Esto ocurrió el 8 de diciembre de 1988. lord Hutton sostiene que la inmunidad del senador Pinochet terminó el 29 de septiembre de 1988 y lord Millet y lord Phillips sostienen que Pinochet nunca tuvo derecho a la inmunidad".

"A la vista de la muy sustancial reducción del número de casos extraditables, el asunto requerirá la reconsideración del Ministro".

Pocos minutos después del fallo, la defensa de Pinochet comunicó a la Fiscalía de la Corona que había solicitado a un juez de Alto Tribunal de Justicia, hora para depositar un hábeas corpus para que el propio Jack Straw dejase sin efecto su decisión del 9 de diciembre de 1998, a fin de conseguir la liberación de Pinochet (217).

Todo el mundo quedó contento, pinochetistas y contrarios, pero nadie comprendió el fallo.

Los lores fueron "sabios" para salir del paso.

Algo sí quedó seguro para el Derecho Internacional Público, los ex jefes de Estado, no gozan de inmunidad para los delitos de lesa humanidad luego de 1988, año en que entró en vigencia la "Convencion Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes". Se abre la posibilidad de juicio a cualquier ex jefe de Estado que entre dentro de esta figura jurídica.

Debería pensarse también en figuras como corrupción, narcotráfico, terrorismo de Estado.

A la pregunta sobre si puede invocarse la soberanía para proteger la inmunidad en caso de delitos de lesa humanidad, quedó como respuesta firme que no, al menos después de la vigencia de la Convención Internacional contra la Tortura vigente desde 1988.

No obstante otra pregunta que uno se hace, es: ¿el principio de no retroactividad de la ley, debe ser aplicado también a los delitos de lesa humanidad? ¿Prescriben éstos, toda vez que no se puede aplicar la ley con fecha anterior a la de la adopción de la Convención Internacional contra la Tortura, o esta respuesta queda en manos del país originario del criminal?

REACCION EN ELGOBIERNO CHILENO

El presidente chileno Eduardo Frei reaccionó con alguna complacencia por el fallo de la Cámara de los Lores en el caso Pinochet, según dijo el gobernante en un breve discurso al país, por reconocer la soberanía jurisdiccional del Estado de Chile.

Frei dijo: "Mi gobierno adoptará las medidas que correspondan en el nuevo contexto". Reiteró que el apoyo a Pinochet se hace en razón de la defensa del principio de la soberanía y de la no extraterritorialidad de la justicia. "Quiero expresar mi satisfacción porque los argumentos expuestos por nuestros abogados fueron acogidos en la decisión adoptada por la Cámara de los Lores".

Cabe preguntarse si la legislación chilena tiene jurisdicción para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Pinochet entre 1973 y 1988. En caso afirmativo, si el gobierno chileno de Frei, tiene poder político para aplicar la ley. El status de Pinochet como senador vitalicio que consta en la Constitución, que sólo puede ser reformada por mayoría de un senado que es, a su vez, controlado por pinochetistas, y las leyes de amnistía sancionadas por el mismo Pinochet en el poder, para los hechos ocurridos entre 1973 y 1978, constituyen un serio obstáculo para su enjuiciamiento en Chile.

El día anterior al dictado de la sentencia, el comandante en jefe de la fuerza aérea, general Fernando Rojas, manifestó que el proceso de transición chileno está "amenazado" por un clima de división similar al que, en 1973, derivó en el golpe militar que encabezó Pinochet.

Rojas formuló esas apreciaciones durante la celebración de los 69 años de la creación de la Fuerza Aérea, en la que acusó a Gran Bretaña y a España de "una falta absoluta de respeto" hacia la institucionalidad chilena.

Rojas afirmó: "Quieren darnos lecciones sin recordar siquiera su propio pasado", como orador principal de la ceremonia, en la que estuvieron presentes sus colegas del ejército y de la armada, además del presidente Eduardo Frei.

El acto constituyó un claro mensaje de "férrea unidad castrense", términos que empleó el jefe de la armada, almirante Jorge Arancibia.

ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE LA NUEVA SENTENCIA

El tribunal sentó un precedente significativo, ya que hizo una interpretación de la inmunidad diplomática de conformidad con las restricciones que surgen de la aplicación estricta de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.

Se logró un importante avance en materia de igualdad ante la ley, la que demanda el igual tratamiento judicial de todas las personas, independientemente de las funciones que cumplan. Desterró la idea según la cual el gobernante no puede producir daño en el ejercicio de su cargo, lo que en los hechos se traduciría en impunidad.

Cabe destacar la jerarquía que adquiere el derecho internacional de los derechos humanos, en la medida en que se da cabida a la aplicación del principio de extraterritorialidad para el juzgamiento y penalización de hechos susceptibles de caer dentro de la categoría de crímenes aberrantes o de lesa humanidad.

Ello le da pleno sentido al régimen contenido en tratados de los que son signatarios la mayoría de los Estados. El objetivo fundamental que los mismos persiguen consiste en el logro de un derecho único en la materia, cuya aplicación sea homogénea y, sobre todo, efectiva. Para ello los magistrados deben ser capaces de superar las barreras que se derivan del concepto tradicional de soberanía estatal.

En un mundo globalizado, sería absurdo no incorporar esta concepción para la protección de la dignidad humana, a la vez que implicaría una discriminación conveniente según los intereses, pero que atenta contra la justicia internacional.

Los hechos deben ser considerados a la luz del derecho a los efectos de no incurrir en contradicciones. Una de las primeras situaciones, es que, los lores debieron establecer cuáles eran delitos extraditables, siguiendo el criterio básico de considerar los delitos que serían perseguibles dentro del Reino Unido, en el sentido de que una extradición sólo procede por delitos que también lo sean en el país donde se produce la detención.

La posición de los lores de limitar los hechos por los que se ha de extraditar a Pinochet, a aquellos cometidos luego de haber ratificado el Reino Unido las Convenciones Internacionales en cuestión, parece una decisión razonable. Para el Reino Unido la tortura, fuera de su jurisdicción, no era delito, antes de 1988, en que ratificó la "Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes" por la Sección 134 del 29 de setiembre de 1988.

A su vez, el rechazo del tribunal a la "inmunidad", pretendida por parte de Pinochet con la invocación de su status de ex jefe de Estado, es un hecho de gran trascendencia para la vigencia del derecho como ordenador de conductas. Es que un fallo en apoyo de la inmunidad pretendida habría sido poco menos que un réquiem al principio de la igualdad ante la ley.

Lo que los lores le han dicho otra vez a Pinochet, es que, en materia de responsabilidad por delitos contra el derecho internacional él no es más que un mortal común.

De todas formas, el gobierno español, sólo puede juzgar a Pinochet por los casos posteriores al 29 de setiembre de 1988, ya que la Convención Europea de Extradición, obliga a España a cumplir con esta decisión.

En materia de derecho y justicia internacional, se ha avanzado mucho, más allá del castigo que reciba, o no, Pinochet.

NUEVA DECISION DEL SECRETARIO DE ESTADO STRAW

El ministro del Interior británico, Jack Straw, cercenó el 16 de abril de 1999, la última esperanza que tenía Augusto Pinochet de volver a Chile.

Straw emitió una segunda autorización para que continúe el proceso de extradición a España del ex dictador, decisión que informó primero por carta a las partes y al Parlamento, y luego la anunció públicamente.

Dijo que actuó "como si jamás hubiera visto el caso antes", y exclusivamente sobre la base del límite temporal que los lores pusieron para que Pinochet no pueda ser juzgado por ningún caso de tortura cometido antes del 8 de diciembre de 1988, fecha en que el Reino Unido adoptó la Convención Internacional contra la Tortura.

En siete páginas de considerandos, Straw dijo estar consciente de que los lores redujeron los cargos sólo a los que ocurrieron después de diciembre de 1988, "pero las ofensas remanentes por las cuales se ha pedido su entrega son graves y de tal naturaleza que no se considerarían, con el paso del tiempo, restrictivas de procesamiento."

Los nuevos delitos presentados por Garzón (un total de 58, ocurridos después del límite impuesto por los lores) no pueden considerarse como adicionales sino "parte integrante de la solicitud original".

Straw también descartó la posibilidad de un juicio en Chile como alternativa, reiterando que la ausencia de un pedido de extradición por parte de ese país le impide darle prioridad en la lista de naciones que requieren su entrega.

Descartó razones de compasión y dijo tener en cuenta los efectos del proceso para la estabilidad de Chile y de su democracia, así como para los intereses británicos, y concluyó que éstos no sobrepasan las razones para continuar con el proceso.

Margaret Thatcher, quien agradeció públicamente al ex General Pinochet por su apoyo y ayuda durante la guerra de las Malvinas, calificó de "acto de venganza política" la decisión del ministro Straw. "Sus consideraciones de los argumentos parecen haber sido superficiales e inadecuadas. Esta no es la decisión de un hombre justo. El ha puesto sus ambiciones por encima de sus deberes y así degradó su cargo."

Del otro lado, Reed Brody, director de la organización Human Right's Watch, que junto con Amnesty International forman parte de la acusación, apoyó la decisión. "Tras 25 años de impunidad, esto significa que Pinochet tendrá que responder finalmente por sus terribles crímenes".

Fernando Barros, vocero de Pinochet en Londres expresó sobre la sentencia que "el ministro Straw ha extendido indefinidamente esta dañina disputa entre Gran Bretaña y Chile. Ha, efectivamente, insultado la soberanía chilena, la democracia chilena y los tribunales chilenos. Demuestra una vez más que no existe la menor perspectiva para el senador Pinochet de recibir justicia en España. Esta es una escandalosa abdicación de los deberes del ministro del Interior al coincidir con esta persecución política" (218).

Ya se han hecho planteamientos contra otros dictadores que están libres y exiliados, entre ellos, Stroessner, ex presidente vitalicio de Paraguay, Bánzer Suárez de Bolivia y desde ya, los argentinos que, junto a Pinochet contribuyeron al plan de exterminación denominado "Cóndor".

PROBLEMAS LABORALES

La problemática laboral, no sólo ha dejado de ser exclusivamente económica, sino también ha sobrepasado las fronteras de los Estados y se ha convertido en un flagelo de carácter mundial.

El "régimen de verdad" resultante de las luchas de los trabajadores durante décadas, que enriqueció al sistema regulatorio, tal como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y generó una diferenciación entre países que contemplaban, incluso en sus constituciones nacionales este tipo de normas, de aquellos que no las contemplaban, ni siquiera en los hechos; hoy, quedó totalmente obsoleto y se transformó en una especie de "régimen de la no verdad" o "régimen del error".

La "ideología ambiental" -neoliberalismo- muestra, a través de sus "adalides", que todo lo hecho hasta ahora, de proteger al trabajador, regular sus tareas, es un gran error que ha perjudicado a los Estados y sus economías, y que sólo desregulando y flexibilizando se podrán resolver los graves problemas económicos a los que asiste el mundo.

Lo que se defendió antes hoy se desecha y además se recrimina y, además, se desacredita.

La OIT ha quedado como un organismo con funciones formales, sólo para ofrecer estadísticas sobre desempleo, pero discapacitada para seguir manteniendo sus regulaciones o para contribuir a la resolución de los graves problemas que los trabajadores viven.

En esto, se han conjugado dos hechos. Por un lado, países como los asiáticos, en los que la mano de obra nunca ha estado protegida y trabaja por salarios muy bajos, lo que genera un costo laboral cero. Por el otro, los actores privados transnacionales han intervenido para generar transformaciones radicales en los Estados, operando sobre los gobiernos de manera tal que, si no desregulan o flexibilizan, reciben más perjuicios que beneficios.

Organismos internacionales como el FMI, el BM o el BID contribuyen al proceso de desregulación y flexibilización y financian sistemas de capacitación o recapacitación de la mano de obra, cuyos resultados, hasta el presente, han sido nulos.

Se pasó de un intervencionismo del Estado, con monopolios estatales, con un alto grado de incompetencia y corrupción en su dirigencia, a un aperturismo total, con procesos de privatización que transformaron los monopolios estatales en monopolios privados, muchos de ellos incompetentes y con índices de desempleo inéditos históricamente. La respuesta de la ideología ambiental, es más desregulación y más flexibilización.

Los índices de crecimiento del PBI han alcanzado niveles extraordinarios, pero como ahora todo se basa en el mercado, no se ha hecho una redistribución racional, por lo que la resultante ha sido el crecimiento, también inédito, de la brecha social entre ricos más ricos y en menor cantidad y pobres más pobres y en mayor cantidad (219).

Según informes de la ONU más de 1300 millones de personas viven con menos de un dólar diario, pese al constante aumento de las riquezas y ese número tiende a aumentar pese al crecimiento sin precedente de las riquezas mundiales (220).

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

En los últimos años han proliferado y se han agravado los problemas ecológicos y de medio ambiente, en todas partes, bajo diferentes circunstancias y situaciones provocadas por la deforestación, una industrialización descuidada e irrespetuosa del medio ambiente, matanza indiscriminada de animales y pesca depredadora; explosiones atómicas, manejo ineficiente o de mala fe de desechos químicos, trasladado en muchos casos a países del Tercer Mundo; etc..

El planeta sufrirá daños irreversibles, en menos de 50 años, si no son inmediatamente aplicadas medidas apropiadas de una manera drástica (221).

Por otra parte, se observa que las reglas sobre este tema provienen de actores transnacionales no de Estados ni gobiernos. La "supranacionalidad", en este caso, no resulta de la "internacionalidad" sino de la "transnacionalidad".

En el caso de ponerse en práctica una política ecológica apropiada, el crecimiento económico del "Norte" sufriría una sensible reducción. Por otra parte, las medidas de protección del medio ambiente, retrasarán el desarrollo del "Sur", más allá del efecto favorable que produzcan en sus recursos naturales.

El mundo industrializado, generador de los problemas de medio ambiente, que alcanzó su desarrollo sin respetarlo, ahora, en las conferencias internacionales en las que se trata estas temáticas pretende obligar a los países en vías de desarrollo a que adopten medidas de protección, en los mismos términos en que ellos se ven obligados a hacerlo, sin contemplar las problemáticas de desarrollo de la periferia.

El mundo industrializado tiene la capacidad tecnológica para generar desarrollo cuidando el medio ambiente. Por otra parte, también la capacidad biotecnológica para reproducir artificialmente los recursos naturales que tienen los países "Sur".

VALORES INTERNACIONALES

El mundo ha comenzado a girar alrededor de valores establecidos desde el eje económico, y planteados por los actores transnacionales, especialmente empresas, banca, y todos aquellos grupos que busca rentabilidad.

Los valores económicos, per se, no pueden ser suficientes para sostener a una sociedad, mucho menos para establecer pautas alrededor deba girar el orden internacional.

Cuando la conveniencia se consolida como norma social, la sociedad se vuelve inestable. Debe haber una conducta responsable. La sociedad abierta en forma indiscriminada, sin ningún tipo de protección, está en peligro cuando un sector alcanza la posición de monopolio reprimiendo las alternativas. Globalizar esto como eje rector del orden mundial es más peligroso aún.

Se está gestando un profundo cambio cultural en el contexto social mundial. Se trata de la generalización del egoísmo miope de quienes viven satisfechos de la prosperidad que ha alcanzado de algún modo, e ignoran a quienes han quedado marginados y privados de ayuda para cambiar su suerte. La visión de los "satisfechos" es que el alto proteccionismo e intervencionismo y regulación de los Estados haz sido el factor que ha impedido el desarrollo de los que hoy se encuentran retrasados o empobrecidos, p0or lo que habría que desregular y flexibilizar.

Gran parte de la violencia que se genera en los países del mundo surge de esa situación de conducta satisfecha frente a los insatisfechos, que se ha transformado en una "política" (222).

Hay desde hace años, una pérdida de validez de las creencias y valores tradicionales, sin emergencia de creencias y valores alternativos apropiados; con el agravante de que no existen actitudes ni conductas ejemplares desde "arriba" (223).

¿Qué pasará, incluso con principios y valores alcanzados con gran esfuerzo por los pueblos y que se consideraban universales e inalienables, como ha ocurrido en el ámbito laboral (224) por ejemplo, frente a la "doctrina" de la desregulación y flexibilización vigente, gracias a las políticas neoliberales?

La alternativa axiológica de los próximos decenios condicionará todas las demás alternativas.

O se buscan mecanismos que permitan la recuperación de valores humanistas, o se llegará a una "barbarización" desde adentro y desde afuera, provocada por minorías privilegiadas, explotadoras de masas destituidas de todo (225).

Todo proceso de explotación lleva en sí, la semilla de la destrucción del otro y también de sí mismo.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), ISBN: 987-43-2776-6.


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).

e-Mail: luisdallanegra@gmail.com   


(207) Ver TERRORISMO DE ESTADO: EL PAPEL DE LA ESCUELA DE LAS AMERICAS, Clarín, Bs. As., Martes 15 de diciembre de 1998.
(208) Ver Recomendaciones al Gobierno de Estados Unidos para Abordar las Violaciones de los Derechos Humanos en ese país, informe de Amnesty International, AMR 51/46/98/s, 1998, publicado en Diario El País, Madrid. Ver también, DENUNCIA DE LA ORGANIZACION HUMAN RIGHT WATCH, Violación de los Derechos Humanos en EUA, Diario Clarín, Bs. As., 5 de diciembre de 1997.
(209) Ver en este trabajo, en Capítulo VI, sobre el "Equilibrio del Sistema".
(210) Leer los discursos de la gran mayoría de los gobiernos ante la Asamblea General de la ONU en su 50° Aniversario, Octubre de 1995; donde se refleja esto.
(211) Sobre este particular sugiero ver el interesante trabajo de la Profesora norteamericana Lydia W. GARNIER. "Soberanía Limitada: ¿Soberanía Nacional del Siglo XXI?", en GEOSUR, Vol. XIX, N° 220, Montevideo, Uruguay, Julio-Agosto 1998, págs. 9-20.
(212) Ver este tema, en este mismo trabajo, bajo ese título.
(213) Este tema lo he tratado con profundidad en, DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio "monroista" o Unidad Americana?, (Bs. As., Edic. del Autor, 1994), Capítulos XXIII a XXVI.
(214) Textiles en Crisis, Diario La Nación, Buenos Aires, 4 de octubre de 1998.
(215) Ver "En el Caso Pinochet Agradeció Frei el Apoyo Argentino, Diario La Nación, Buenos Aires, 24 de octubre de 1998.
(216) Ver Druker, Peter, La Sociedad Postcapitalista, (Bs. As., Sudamericana, 1993), pág. 114 y ss. También el concepto de "condicionalidad" en la democracia, de Adolfo Pérez Esquivel, expresado en una conferencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Bruselas, 20-21 de noviembre de 1995. La conferencia fue publicada en http://luisdallanegra.bravehost.com/condicio.htm.
(217) Diario "El País" de España, del 25 de marzo de 1999.
(218) Ver, "Londres autorizó que siga el proceso de extradición, que demoraría años.", por Graciela Iglesias, para La Nación, Bs. As., 16 de abril de 1999. También, "TERRORISMO DE ESTADO: SE VIENE UNA COMPLEJA TRAMA JUDICIAL", por MARIA LAURA AVIGNOLO, para Diario Clarín, Bs. As., 16 de abril de 1999.
(219) Ver, Kliksberg, Bernardo, "Economía y Pobreza", a propósito del premio Nobel de economía Robert Solow que contribuyó a la creación del índice de desarrollo humano, Diario Clarín, Bs. As., 18 de octubre de 1998. También de Kliksberg, Bernardo, Recursos Humanos y Desarrollo, Diario La Nación, Bs., 19 de abril de 1999. Igualmente de Kliksberg, Bernardo, "Pobreza: Un Tema Impostergable", (México, FCE, 1993).
(220) Ver, "Crudo Informe de las Naciones Unidas ", Diario La Nación, Bs. As., 17 de octubre de 1997.
(221) Ver sobre este tema, Helio Jaguaribe, "TRES ESCENARIOS PARA EL 2040", Revista Clarín del 50 Aniversario, Buenos Aires, 28 de Agosto de 1995.
(222) Ver sobre el particular, Galbraith, John Kenneth, La Cultura de la Satisfacción, (Bs. As., EMECE, (1992).
(223) El Papa Juan Pablo II en su discurso ante la 50ma Asamblea General de la ONU (1995) propuso que "La ONU debe transformarse en el centro moral donde todos los países del mundo (...) desarrollen una conciencia compartida...".
(224) Legislación considerando las 8 horas de trabajo; vacaciones pagas; el aguinaldo; el trabajo de la mujer; de los menores; el trabajo en condiciones de insalubridad; el seguro social; la jubilación; etc., etc.; adoptada en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que hoy está cuestionada en la gran mayoría de los países en los que se había transformado en un derecho constitucional.
(225) Ver Helio Jaguaribe, "TRES ESCENARIOS...", op. cit..