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En el mes de diciembre del 2001, la Alianza del Norte, que controlaba Kabul, y tres facciones afganas en el exilio accedieron al envío de una fuerza de seguridad, al firmar a principios de diciembre del 2001, un acuerdo en Bonn para formar un gobierno interino que sustituyera al Talibán. El CS de la ONU aprobó por unanimidad el 6 de diciembre del 2001 el acuerdo de Bonn para la creación del gobierno interino.
A su vez, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) comenzó el 8 de diciembre del 2001 la distribución de alimentos en la capital afgana, Kabul, entregando sacos de maíz a más de tres cuartas partes de una población devastada por la guerra. Dos décadas de combates, desempleo masivo y una sequía de tres años han dejado a millones de afganos dependiendo solamente de alimentos donados importados.
Unos seis millones de los 21 millones de habitantes de Afganistán, dependen de ayuda en un devastado terreno que enfrentaba un crudo invierno con nevadas que imposibilitan el tránsito por la mayoría de las rutas entre las montañas [526].
Hay quienes afirman que todo el conflicto, desde la voladura de las Torres Gemelas hasta el último bombardeo en Afganistán, puede explicarse a partir de los intereses de los grandes grupos petroleros.
Las evidencias apuntan a sostener que el escenario más abarcativo de la ofensiva estadounidense sobre los talibán se inscribe en una batalla de trastiendas por el control de las grandes riquezas en gas y petróleo del Asia Central en la zona del mar Caspio.
Fue el propio George W. Bush quien dio un indicio de ello. Antes de partir a la cumbre de la APEC en Shanghai, a fines de octubre del 2001, declaró: “Necesitamos más independencia energética. Está en juego la seguridad nacional”. Las palabras de Bush -él mismo es un empresario petrolero, junto con su vicepresidente Richard Cheney- aludían al nuevo cuadro al que se ve obligada a atender la Casa Blanca tras los atentados del 11 de septiembre.
La fragilidad de la situación estadounidense ha sido puesta de manifiesto por algunos expertos: Patrick Clawson, director del Instituto de Washington para Medio Oriente, dijo: “La incógnita principal que pesa sobre el mundo entero es la inestabilidad en Arabia Saudita”. Michael Klare, autor del libro “Guerra de Recursos: Geopolítica Global en el Siglo XXI”, declaró a Le Monde que “la llave de la crisis es el compromiso militar de EUA en Arabia Saudita. Esta implicación no tiene otro objeto que el petróleo ya que Arabia posee el 25% de las reservas mundiales y la economía estadounidense está basada en el petróleo. Washington protege a la monarquía saudita y se encuentran en conflicto directo con quienes quieren derribarla, es decir, Bin Laden”. Ambos testimonios subrayan que el temor de la Casa Blanca es la posibilidad de enfrentarse con un golpe contra las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, alentado por acólitos locales de Bin Laden y legitimado por el descontento social de sus poblaciones.
Es
esta volatilidad de la situación en el Golfo la que al parecer
ha hecho a la administración republicana reciclar una vieja
iniciativa del Departamento de Estado, apoyada en intereses de las
multinacionales petroleras, con el fin de hallar una alternativa a
Medio Oriente -aunque de dimensiones menores- como fuente de
recursos energéticos [527].
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El centro de gravedad de la disputa era entonces -como hoy- Afganistán y las ex repúblicas soviéticas ribereñas del Caspio.
Pese a ser considerada una nación enemiga, durante el año 2000, EUA importó de Irak, 613.000 barriles de crudo por día. Desde los ataques de septiembre, Bush viene predicando las bondades de una mayor “independencia energética”. El problema, señalan los analistas, es que se trata de un discurso repetido a partir de la crisis del petróleo de 1973. Pero desde esa época, la dependencia se multiplicó.
Un informe de la “consultora Raymond James” indicó que un aumento de las tensiones en Medio Oriente tiene un 80% de posibilidades de producir oscilaciones fuertes en la oferta de petróleo en los siguientes dos años. Si la oferta de combustible a EUA cayera de los actuales cuatro millones de barriles diarios a tres millones, el precio del crudo podría trepar hasta 50 dólares el barril: más que duplicaría al actual, estima Marshall Adkins, jefe de investigaciones del área de Energía de la “consultora Raymond James” [528].
La puja por el petróleo, se remonta al menos a 1991, con la desintegración de la URSS. Mientras por un lado una Rusia en decadencia intenta mantener bajo su égida sus fronteras en Asia Central y controlar el flujo petrolero del Caspio promoviendo oleoductos que pasen por su territorio, EUA ha venido apoyando rutas alternativas que lo eviten. A su vez, Irán, Turquía y Pakistán quieren ser la ruta preferencial para el transporte del gas y el crudo, mientras China -poblada por los mismos grupos étnicos de Asia Central- pretende asegurar su convulsionada región de Xinjiang [529] y alimentar su demanda de energía para respaldar su crecimiento económico. En el medio, las ex repúblicas soviéticas -especialmente Turkmenistán, Azerbaiján, Kazajstán y Uzbekistán- intentan vigorizar sus economías, debilitadas tras la desaparición de la URSS, y se disputan los dólares de decenas de multinacionales petroleras impulsando la construcción de gigantescos oleoductos que lleven la energía a los mercados de Europa y Asia.
Lo que está en juego en esta guerra encubierta no son sólo los yacimientos. El problema que deben resolver las compañías petroleras es cómo sacar los recursos energéticos hacia los mercados mundiales. Es precisamente la red de intereses de los países del área y de las potencias lo que ha demorado por, al menos una década, su resolución. Los expertos aseguran que hay cuatro vías posibles: una por Turquía, otra por Rusia, una tercera por Irán y una cuarta por Afganistán hacia Pakistán e India.
El argentino Carlos Bulgheroni, dueño de la empresa Bridas y primer occidental en negociar con los talibán, fue un protagonista central de esa puja cuando, a mediados de los ‘90, intentó construir un gasoducto de 1.492 kilómetros desde Turkmenistán hasta Pakistán, pasando por suelo afgano, a un costo de u$s 2.500 millones. Su contrincante fue la empresa estadounidense Unocal, que contaba con todo el respaldo de la Casa Blanca. Al final, la complicada red de intereses y la profundización de la guerra civil afgana entre los talibán y sus opositores desbarataron la operación. Bridas terminó demandando a Unocal por obstrucción de negocios y la estadounidense se retiró de la región en 1998 en medio de la desconfianza de los Estados del Caspio, Rusia e Irán, que la veían como el brazo encubierto de Washington y la CIA.
En una sesión en el Senado en 1997, la experta en energía del Consejo de Seguridad Nacional de EUA, Sheila Heslin, declaró: “Nuestra finalidad concreta es promover la independencia de esos países ricos en petróleo, esencialmente para romper el monopolio que tenía Rusia sobre el transporte petrolero desde aquella región y, con franqueza, para promover la seguridad de la energía occidental diversificando el suministro”. En otras palabras, “independencia”, en este caso quiere decir, poner “gobiernos afines”.
Tras una fase inicial de cortejo a los talibán en apoyo a las pretensiones de Unocal, la Casa Blanca cambió su política en 1998 [530].
EUA actúa políticamente con la misma fuerza en las más variadas capitales del mundo imponiendo la visión dual del conflicto expresada por su presidente George W. Bush: “el bien contra el mal”, “con nosotros o contra nosotros”; condenando a la irrelevancia a las políticas que podrían oponerse a sus fines. El mundo musulmán sospecha que esta es en verdad una guerra contra el Islam y su cultura y que no terminará con la capitulación del régimen talibán, con la posibilidad de extenderse a otros países. Otros opinan que EUA busca asegurar su poder en las regiones petroleras.
Este poder, se observa en los foros internacionales, en especial, Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad, único de sus organismos con atribuciones ejecutivas, pareciera ser el Departamento de Estado del Imperio.
Si bien reconoce el derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva, lo hace de conformidad con la Carta de la ONU. No obstante, EUA no operó de esa manera, sino adoptando conductas de represalia y no de someter a la acción de la justicia, como reza el inciso 3 de la Resolución 1368/01 [531].
En realidad el gobierno norteamericano estableció una guerra de EUA, comandando al resto de la comunidad internacional, contra un individuo, Osama Bin Laden y el o los Estados que lo patrocinen u organicen o patrocinen actos de terrorismo.
El poder militar y la influencia política de EUA son de tal magnitud que lo convierten en el único Estado en la tierra capaz de emplearlos, sin limitaciones visibles.
Estamos asistiendo a un fenómeno que no es novedoso, aunque lo llamamos con otro nombre: “globalización”, cuando deberíamos llamarlo expansión imperial.
No sólo el gobierno de EUA impone restricciones a las libertades individuales, también el parlamento francés aprobó una serie de medidas para reforzar la seguridad en el país, dando poderes a la policía para realizar inspecciones en vehículos y tener acceso a llamadas telefónicas particulares y a mensajes enviados por correo electrónico. Los nuevos controles fueron aprobados como respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre en EUA, que llevaron al gobierno del Primer Ministro Lionel Jospin a imponer medidas de seguridad más estrictas.
Existe un “antes y un después del 11 de septiembre”, dijo el Ministro del Interior, Daniel Vaillant, al exhortar a los diputados a aprobar las nuevas medidas. “La dimensión de los ataques y la nueva forma en que fueron perpetrados hicieron que nuestras sociedades percibiesen que nadie está libre de los atentados terroristas y que no existen lugares seguros”.
Las medidas, permiten que los jueces de instrucción tengan acceso a los registros de compañías telefónicas o proveedores de Internet [533].
El Consejo de Seguridad, al considerar los ataques del 11 de septiembre como “una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales”, hace suya la confusión de nociones introducida por el presidente George W. Bush. Sin hacer uso literal de la calificación de acto de guerra, presenta los atentados cometidos por personas privadas a partir del territorio estadounidense y por medio de aviones comerciales de compañías estadounidenses, como una acción internacional.
Pero sobre todo, por ese acto se declara competente, dado que en el artículo 24 de la Carta los miembros de la ONU “confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales”.
Cap. V. El Consejo de Seguridad
Funciones y Poderes
Art. 24.
1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad.
2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Cap. Vl, VII, VlIl y Xll.
3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.
El que el CS de la ONU presente informes anuales para su consideración, es algo que parece más burocrático que otra cosa, ya que, qué puede hacer la comunidad internacional representada en la AG de la ONU, sino manifestar su aprobación o disconformismo, pero no modificar el curso de las acciones ni de las conductas o decisiones del CS o de sus miembros.
Por su parte, el Capítulo VII hace del CS el pivote de toda acción, fundamentalmente las militares, en ese terreno. Por lo tanto, dado que los actos ya fueron tipificados, habrá que esperar que el CS asuma su responsabilidad principal y diga qué medidas, entre las que están a su alcance, decide adoptar.
Si bien actúa en el terreno financiero -la Resolución 1373 del 28 de septiembre del 2001, basada en el Capítulo VII, prevé un control (de difícil aplicación) sobre el financiamiento del terrorismo- en cambio, en el terreno militar se confirma su abdicación. Toma la forma de uno de los considerandos de la resolución 1368 sobre el “derecho a la legítima defensa individual o colectiva de acuerdo con la Carta” presentado como uno de los fundamentos legales de la acción militar preparada por EUA. La expresión “de acuerdo con la Carta” invalida ese análisis. Si bien el artículo 51 reconoce el derecho a la legítima defensa individual o colectiva de los Estados, el mismo está estrechamente circunscripto en el tiempo. Rompiendo con siglos de cultura de soberanía ilimitada y del derecho de los Estados a declarar la guerra, la Carta les impone renunciar a la utilización de la fuerza. A cambio, los Estados, en caso de ser víctimas de una agresión, cuentan con la garantía de que el CS ejercerá en su beneficio la seguridad colectiva. Si bien en ese dispositivo el derecho a la legítima defensa (inspirado por la subjetividad nacional del agredido o del que cree serlo) sigue vigente, sólo se puede ejercer muy brevemente. Vale “hasta que el Consejo haya adoptado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”.
El CS, en el caso de la guerra del Golfo con Irak delegó en la coalición formada en torno de EUA el librar la guerra, bajo la excusa de que el CS carecía de capacidad de fuerza armada. Eso ya contradecía los términos de la Carta, cuyo artículo 46 prevé que el Consejo tiene la responsabilidad, únicamente compartida con el Comité de Estado Mayor, de establecer los planes militares.
En 1999, en Kosovo, llevó a cabo las operaciones EUA liderando la OTAN, con desconocimiento de la ONU, legitimando a posteriori sus acciones.
En el caso del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, quedó la idea de que el CS no retomaría el concepto de legítima defensa, y que a pesar de considerar la situación como una amenaza para la paz, no tomaría ninguna medida colectiva en nombre de la Organización [534].
Antes de cada ataque aéreo, el ejército evalúa los riesgos que correrán los civiles y los oficiales deben asegurar, con anticipación, que son justificables. Incluso, a veces, por este motivo se rechazan algunos blancos propuestos. Pero sólo en caso de una atrocidad reportada por las fuerzas norteamericanas se llevaría a cabo una investigación, como sucedió después de la famosa masacre de My Lai, perpetrada por los estadounidenses en Vietnam, hace más de 30 años.
Las bajas civiles, parecieran ser una consecuencia inevitable de la guerra. Pueden ser deliberadas, como sucedió en Dresden e Hiroshima y Nagasaki. O darse situaciones como en Vietnam, donde muchas veces no se distinguía entre las guerrillas y los no combatientes, y la matanza de civiles terminó consumiendo el apoyo popular a la guerra. En la campaña aérea en la ex Yugoslavia también murieron muchos civiles en Belgrado para salvar del genocidio a miles de civiles en Kosovo.
Sin embargo, se siguen encubriendo los datos. Cuando ya casi no había dudas de que gran parte de los heridos y muertos en Tora Bora no eran combatientes, el Pentágono seguía insistiendo en que un análisis de los ataques determinó que se había dado en el blanco, y que ese blanco era militar: “Sabemos con seguridad que atacamos blancos militares legítimos”, dijo el Secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld. “Sabemos que se realizó una planificación consistente para asegurar que sólo se bombardearán estos blancos. Sabemos que no hubo ataques errados, de modo que (en este caso) no se registraron daños colaterales”.
Como justificativo, un alto oficial de EUA, ubicado en Tampa, donde el Comando Central instaló los controles para dirigir la guerra a distancia, aludió que los líderes terroristas habían llevado a sus familias a sus reductos montañeses y que, aún ante lo inevitable, los pobladores locales habían elegido vivir cerca de los blancos.
Frente a las menciones de la organización no gubernamental “Médicos Sin Fronteras” sobre las cifras de muertos civiles, que podrían ser de cientos o incluso miles de personas; y a la demanda de que “la coalición liderada por EUA tiene la responsabilidad de respetar el derecho humanitario internacional que insta a la proporcionalidad en el uso de la fuerza”, el Secretario de Defensa de EUA Donald Rumsfeld, dijo que tiende a descartar este tipo de comentarios por parte de las organizaciones no gubernamentales porque, sugieren una equivalencia moral entre Al-Qaeda y los talibán y las fuerzas que se oponen a ellos [535].
Las muertes tuvieron lugar mientras los prisioneros, combatientes extranjeros que luchaban en las filas de los talibán, eran llevados desde la ciudad de Kunduz a la prisión de Shibarghan, una travesía que, en algunos casos, demandó dos o tres días. 43 prisioneros fallecieron en media docena de contenedores mientras estaban en viaje, ya sea por lesiones o asfixia. Otros tres murieron por heridas luego de su llegada.
Sin embargo, la cantidad de muertes sería mucho mayor. Varios prisioneros paquistaníes entrevistados en prisión denunciaron que docenas de personas fallecieron en los contenedores durante el viaje hasta Shibarghan. Omar, un joven pálido y delgado, envuelto en una frazada, afirmó a través de las rejas de la cárcel que en el contenedor en que lo trasladaron murieron todos, salvo siete personas, por falta de aire. Calculó que perecieron más de 100 personas. Otro paquistaní reveló que en su contenedor murieron 13 y que los que lograron sobrevivir se turnaban para respirar por un agujero que había en la pared de metal del contenedor [536].
“Lo que estamos diciendo es que esas personas no están adecuadamente protegidas por la institucionalidad del Estado norteamericano”, dijo Juan Méndez, presidente de la CIDH. “Eso compromete una obligación internacional de EUA”.
EUA puede ignorar la recomendación, como lo ha hecho en el pasado con otras emitidas por la CIDH. Si bien es miembro de la OEA, no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que creó la comisión.
Miembros del Congreso de EUA han sostenido que aceptar la jurisdicción de la CIDH significaría ceder soberanía en asuntos judiciales. Justamente el Estado del mundo que juzga en sus tribunales ciudadanos de otros Estados.
Méndez dijo que en caso de que no haya respuesta del gobierno de Washington, la CIDH informará el asunto ante la Asamblea General de cancilleres. En el pasado, los cancilleres no han tomado acción punitiva alguna contra EUA [537]. La pregunta que uno se hace, es qué acción punitiva es posible adoptar contra un Estado súper-poderoso; con qué poder de policía.
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