CARTA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
DEL MERCOSUR


Propuesta de los trabajadores redactada por el Consejo de Coordinación Social del Cono Sur (1994)


 PREAMBULO

Los Estados partes del Tratado de Asunción en cumplimiento de los compromisos asumidos en vista de la continuación del Mercado Común del Sur.

Considerando que la ampliación de las actuales dimensiones de sus marcados nacionales a través de la integración constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social (Tratado de Asunción, Considerandos).

Que el conjunto de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que garantizan los derechos esenciales de los trabajadores constituyen fuente inspiradora de la presente Carta.

Que asimismo ésta recoge e incorpora los principios básicos de las Declaraciones, Pactos y Protocolos que integran el patrimonio jurídico de la humanidad, ales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (1948), la Carta de Organización de los Estados Americanos OEA (1948), la (Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988).

Que constituye base irrenunciable del proyecto integracionista la común adhesión de los Estados partes a los principios de la democracia política, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto de los derechos civiles y políticos del hombre.

Que reconoce "la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un modo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exige una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros" (Protocolo de San Salvador).

Que la integración involucra aspectos y efectos ineludibles, que demandan la necesidad de afrontar la cuestión de la "dimensión social" de la integración.

Que esta dimensión social de la integración alude a la necesidad y conveniencia de prever, analizar y procurar resolver los diversos problemas de esta índole que plantea la integración, incluyendo la prevención de posibilidades de "dumping social".

Que en ese marco, uno de los instrumentos de construcción de un espacio social del mercado integrado es, precisamente, la aprobación de una Carta de Derechos Sociales Fundamentales, que señale de manera solemne aquellos principios o derechos esenciales que en el área social deben ser reconocidos por todos los Estados partes y el desarrollo de sus principios a través, fundamentalmente, de la ratificación, aplicación y cumplimiento de los convenios básicos de la OIT en el conjunto de los países de la región.

Que los derechos fundamentales son esencialmente progresivos, por lo que las enumeraciones formuladas en las declaraciones o actos de reconocimiento no deben considerarse limitativas o excluyentes de otros.

Los estados parte reconocen a todos los trabajadores y a todas las personas de la region del mercado comun del sur los derechos sociales que se enuncian a continuacion, sin perjuicio de otros que la practica nacional o internacional, de los paises miembros hubieren instaurado viniere a instaurar y de los que son inherentes a la persona humana o se derivan del principio de justicia social.

PRIMERA PARTE

Sección I

ALCANCE Y DIMENSION SOCIAL DE LA INTEGRACION

Artículo 1°. Todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a que el proceso de integración redunde en la mejoría de sus condiciones de vida.

Los Estados partes se comprometen a desarrollar un proceso de integración que no se limite al espacio y a los efectos económicos, a las normas de comercialización y a la libre circulación de mercaderías y capitales, sino que desarrolle simultáneamente una comunidad jurídica, política, humana, laboral, social y cultural, inspirada en los imperativos de solidaridad y cooperación regional.

Artículo 2°. Los Estados partes se comprometen a garantizar una participación efectiva de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores de los países del Mercosur en todas las instancias de planificación, gestión, ejecución y control del proceso de integración, que se estructuren de conformidad con lo que prevé el art. 18 del Tratado de Asunción.

Artículo 3°. Los Estados partes reconocen el principio de indivisibilidad de los derechos y libertades fundamentales de las personas, como consecuencia del cual es imposible la plena realización de los derechos civiles y políticos sin el reconocimiento y goce de los derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 4°: Ninguna de las obligaciones impuestas a los Estados parte por la presente carta, ni por ninguno de los demás instrumentos normativos del Tratado de Asunción, pueden ser invocadas para de alguna manera coartar, restringir o afectar los derechos esenciales de la persona reconocidos por la conciencia jurídica universal.

Artículo 5°. Los Estados parte se comprometen a realizar políticas integrales que tiendan a una armonización con el mejor nivel de los derechos laborales y de oscuridad social vigentes en los países del área y al mantenimiento de un mínimo inderogable de protección laboral y social.

Sección II

DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION DE LOS TRABAJADORES

Artículo 6°. Todo trabajador de los Estados partes tiene derecho a la libre circulación en todo el territorio comprendido en el ámbito del Tratado.

La libre circulación implica que todos los trabajadores, cualquiera sea su país de origen, tendrán en todo momento igualdad de trato, derechos y condiciones de trabajo que los trabajadores nacionales.

Artículo 7°. Todos los trabajadores, cualquiera sea su país de origen, llenen derecho a que la libre circulación definida en el artículo anterior se haga efectiva a través de:

a. La derogación de las normas que establecen limitaciones y prohibiciones a los trabajadores provenientes de los países signatarios de esta Carta en cualquiera de los Estados parte.

b. La armonización de las condiciones de residencia en todos los Estados parles.

c. La supresión de los obstáculos que resultan del no reconocimiento de los títulos o calificaciones profesionales equivalentes.

d. La mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores fronterizos.

e. La armonización de los sistemas de seguridad social de los Estados partes sobre las base de 105 principios de igualdad de trato entre nacionales y extranjeros de conservación de los derechos adquiridos o en curso de adquisición de coordinación administrativas de totalización de períodos computados de afiliación y cotización y de exportación y prorrateo de las prestaciones.

Sección III

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA Y LOS TRABAJADORES

Artículo 8°: Derecho a condiciones dignas de vida

El derecho de vida es inherente a la persona humana. Toda persona llene derecho a la plena satisfacción de las necesidades básicas de la existencia. 1 os Estados partes garantizan el derecho de las personas a beneficiarse del desarrollo económico.

Artículo 9°: Derecho a la intimidad

Se garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información que sobre ella existe en cualquier clase de archivo o registro público o privado. Se prohibe la creación de archivos o bancos de datos con informaciones que afecten a la intimidad personal o entrañen propósitos de control ideológico o político.

Artículo 10°: Derecho a la libertad de conciencia

Todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia. La independencia de la conciencia moral y cívica de quienes se hallen en una relación de trabajo o servicio como obreros o empleados será especialmente protegida.

Artículo 11°: Derecho a la alimentación

Toda persona tiene derecho a una alimentación sana adecuada a su edad y condiciones particulares y que le asegure la posibilidad de desarrollar al máximo su potencialidad física, emocional e intelectual. Los Estados partes garantizan la tutela efectiva de este derecho aplicando las medidas de asistencia y regulación que aseguren la producción aprovisionamiento y distribución de alimentos.

Artículo 12°: Derecho a la vivienda

El derecho a la vivienda es inherente a la condición humana. Los Estados parte garantizan este derecho a través de políticas sociales de fomento, locaciones y crediticias que permitan hacer efectivo el acceso de todas las personas y sus familiares a una vivienda digna.

Artículo 13°: Derecho a la educación

Toda persona tiene derecho a la educación Los Estados parles garantizan este derecho a través de un sistema educativo público y obligatorio que estimule el desarrollo de la conciencia crítica y de la capacidad creadora de la persona así como la incorporación de las innovaciones tecnológicas en las distintas ramas del saber.

Artículo 14°: Derecho a la salud

Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Los Estados parte garantizan este derecho asumiendo su competencia indelegable en la conducción y planificación de un sistema de promoción y atención de la salud para toda la población, desarrollando además programas especiales de atención a la salud de los sectores de más alto riesgo por sus niveles de pobreza y marginalidad social.

Artículo 15°: Derecho a un medio ambiente sano

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y apto para una vida pIena. Las actividades económicas no pueden dañar el medio ambiente o perjudicar el equilibrio ecológico. Sin perjuicio de adoptar las medidas preventivas necesarias para la protección del medio ambiente, los Estados parte adhieren al principio jurídico de que quien daña al medio ambiente debe indemnizar el daño causado y cubrir Ios costos necesarios para restituir la situación naturaI anterior al daño.

Artículo 16°: Derecho a la cultura

Toda persona y grupo étnico tiene derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad de acuerdo a sus peculiaridades. Los Estados parte garantizan el disfrute colectivo, sin restricciones ni discriminaciones de los bienes culturales y del desarrollo espiritual comunitario.

Artículo 17°: Derecho a la constitución y protección de la familia

Toda persona tiene derecho a formar y sostener una familia en su acepción más amplia. Los Estados parte garantizan la preferente protección a la familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines, tutelando la igualdad jurídica de los cónyuges, y la atención y asistencia de la madre y el niño, y promoviendo el ejercicio compartido de la patria potestad, y de las responsabilidades familiares entre la madre y el padre.

Artículo 18°: Derechos de la infancia

Todo niño, sea cual sea su filiación, tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Los Estados parte garantizan a los niños y adolescentes las condiciones materiales y humanas indispensables para su crecimiento armónico e integraI y el cumplimiento cabal de los derechos de la niñez establecidos por la Convención de los Derechos del Niño.

Artículo 19°: Derechos de las personas de edad avanzada

Toda persona tiene derecho a la protección integral. Los Estados parte garantizan dicha protección, ya sea en forma directa, o por intermedio de las instituciones o asociaciones con fines asistenciales específicos, así como manteniendo un sistema previsional que otorgue prestaciones satisfactorias y adecuadas.

Artículo 20°: Derecho a la protección de las personas con discapacidades

Toda persona afectada por una disminución de su capacidad física o mental tiene derecho a medidas especiales de apoyo para poder ejercer sus derechos en un plano de igualdad con los demás ciudadanos. Los Estados partes garantizan un trato digno y no discriminatorio a las personas con discapacidades que favorezca su pIena inserción ocupacional educativa y cultural en la sociedad así como a la adecuación del entorno físico, social y laboral a tales fines.

Artículo 21°: Derecho al trabajo

Toda persona tiene derecho al trabajo. La política económica de los Estados partes se orientará al logro del pleno empleo.

Artículo 22°. Los Estados partes se obligan a desarrollar políticas con metas prioritarias de conservación y ampliación del empleo, adoptando las medidas necesarias para la superación de los efectos sociales resultantes de los procesos de reconversión tecnológica o reestructuración productiva manteniendo servicios de empleo, subsidio por desempleo y sistemas de orientación para el empleo y la capacitación profesional.

Artículo 23°. Para promover esta política los Estados parte garantizarán:

a. La implantación de medidas específicas para atender necesidades sectoriales o regionales.

b. La implantación de sistemas o servicios de información y orientación para el empleo.

c. La creación de fondos específicos para apoyar la reconversión productiva y la recalificación profesional, principalmente para los sectores o regiones más perjudicadas por los efectos de la integración económica.

d. La implementación de subsidios por desempleo propiciando una remuneración básica y el acceso del desempleado a programas de recalificación profesional durante la vigencia del subsidio.

e. La limitación a la realización de horas extraordinarias.

Artículo 24°: Libertad de trabajo

Toda persona tiene derecho a escoger o aceptar libremente un empleo y exigir iguales oportunidades para acceder al mismo y mantenerse en él sin distinción exclusión o preferencias. Queda eliminado el trabajo forzoso en cualquiera de sus expresiones

Artículo 25°: Igualdad de trato de hombres y mujeres

Los Estados partes garantizan iguales oportunidades y el mismo trato laboral para hombres y mujeres. Aseguran en particular la puesta en práctica del principio de igualdad respecto del acceso al empleo remuneración, condiciones de trabajo protección social, educación y entrenamiento profesional, así como el desarrollo de medidas apropiadas que permitan a hombres y mujeres conciliar sus obligaciones de trabajo y de familia.

Artículo 26°: Protección de trabajo

El trabajo será objeto de protección especial y no estará sujeto a otras condicionas que las establecidas para mejorar la situación material moral e intelectual del trabajador. Los derechos establecidos en favor de los trabajadores son irrenunciables.

Artículo 27°: Derecho a la estabilidad y a la promoción del empleo

Los trabajadores llenen derecho a la estabilidad en el empleo y a la promoción laboral. Las legislaciones nacionales garantizarán a tal fin los siguientes aspectos:

a. No se pondrá fin a la relación laboral de un trabajador sin que medie una justa causa relacionada con su desempeño o conducta o basada en las necesidades de un funcionamiento de la empresa.

b. La ruptura del vinculo laboral no basada en la conducta del trabajador deberá ser razonablemente indemnizada atendiendo a su antigüedad.

c. Los despidos colectivos, sean por razones económicas o tecnológicas, o por cualquier otra causa, deberán ser consultados con las organizaciones profesionales de los trabajadores, y si éstas no existieran con los representantes de los trabajadores afectados.

Artículo 28°: Protección a los trabajadores autónomos y a los no vinculados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido

Los trabajadores autónomos y los que se desempeñan bajo regímenes laborales diferentes del contrato de trabajo por tiempo indefinido tienen derecho a la protección jurídica, social, económica y de seguridad social, y a constituir las formas de organización, representación, solidaridad y acción que mejor convengan a la defensa de sus derechos e intereses.

Artículo 29°: Protección a Ios trabajadores no asalariados y a los vinculados a la economía informal

Los Estados parte garantizan los derechos básicos que atienden a las particulares condiciones de los trabajadores no asalariados y asalariados de la economía informal a través de reglamentaciones que tiendan a su paulatina formalización y hagan posible un trabajo productivo, asegurando la fuente de trabajo, un ingreso razonable y la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida.

Artículo 30°: Derecho a condiciones dignas de trabajo

Todos los trabajadores llenen derecho a desempeñar sus tareas en condiciones dignas y satisfactorias, que preserven su salud integridad física y dignidad personal contra cualquier abuso o trato denigrante, en particular los relacionados con el trabajo femenino.

Sin perjuicio del reconocimiento de la legitimidad de las medidas de autotutela sindical orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, los Estados parte adoptarán las medidas indispensables para velar porque el régimen de trabajo reúna los requerimientos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo, y oriente las innovaciones tecnológicas a fin de que sirvan a la humanización del trabajo, a la limitación de la fatiga física y mental de la carga horaria y de la intensidad y ritmo de trabajo, y posibilite las oportunidades necesarias de recuperación por el reposo

Artículo 31°: Derecho al descanso

Los trabajadores tienen derecho al descanso. Este derecho se manifiesta en:

a. La obligatoriedad del descanso semanal retribuido, así como los días feriados remunerados y otros establecidos por normas legales o convencionales.

b. La obligatoriedad del disfrute de vacaciones anuales pagadas.

c. Una limitación razonable en la jornada y en la semana laboral.

d. Una limitación mayor en las ocupaciones que demanden la ejecución de tareas consideradas peligrosas, penosas, insalubres, en las jornadas nocturnas y en el trabajo de menores

Artículo 32°: Derecho a una remuneración justa

Todas las personas tienen, por el hecho del trabajo, derecho a una remuneración justa, que asegure al trabajador y a su familia alimentación adecuada, vivienda digna, educación, cultura, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Los Estados parte garantizarán en sus legislaciones nacionales:

a. Que la remuneración del trabajo sea actualizada periódicamente.

b. El principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

c. La directa disposición por el trabajador de su salario a través de su pago directo, en efectivo y en plazos breves.

d. La preservación de la integridad e indemnidad del salario, con la inclusión de todos los rubros que integran la remuneración habitual y permanente del trabajador, de conformidad con cada legislación, doctrina y jurisprudencia nacionales.

e. La limitación de los pagos parciales en especie y descuentos sobre saIarios, a los casos y en la proporción en que así los disponga la ley, un convenio colectivo de trabajo o un laudo arbitral.

f. El reconocimiento de un cobro preferente de los créditos laborales, en caso de quiebras insolvencia o cese de la actividad de la empresa mediante el establecimiento de un sistema adecuado de privilegios y preferencia y la creación de fondos especiales de garantía, administrados tripartitamente, sin perjuicio de priorizar la continuidad de la actividad en cuanto ello fuera posible.

Artículo 33°: Derecho a la orientación y formación profesional

Todos los trabajadores tienen derecho a la orientación, formación y capacitación técnico profesional. Los Estados parte garantizarán estos derechos estableciendo:

Servicios públicos de orientación e información con la finalidad de ayudar a la elección de una profesión. Gestión tripartita de los organismos públicos y/o los fondos públicos para formación profesional garantizando la participación de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre los programas de formación.

Artículo 34°: Derecho a la protección del trabajo de los menores

El trabajo de los menores y los jóvenes estará especialmente protegido. La edad mínima de admisión al trabajo no será inferior a aquella en que cesa la obligación escolar, y en todo caso a los quince años. La duración del trabajo de los menores y jóvenes trabajadores estará especialmente limitada, sin que sea posible superar esa limitación mediante la realización de horas extraordinarias.

La jornada de trabajo de los menores de dieciocho años deberá condicionarse a la asistencia a cursos de enseñanza media o profesional y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida. Los trabajadores menores de dieciocho o años no podrán ser empleados en actividades insalubres, peligrosas, penosas o en trabajo nocturno.

Las leyes laborales aplicables a jóvenes trabajadores deben satisfacer sus necesidades de desarrollo y entrenamiento profesional y acceso al empleo. Los jóvenes trabajadores tendrán derecho a recibir entrenamiento profesional inicial de una duración suficiente para que Ies sea posible adaptarse los requerimientos de su futura vida laboral, y deberá realizarse durante la jornada de trabajo.

Artículo 35°: Derecho a la protección de la familia.

Todo trabajador tiene derecho al adecuado sustento y protección de su núcleo familiar.

Artículo 36°: Trabajadores con responsabilidades familiares

Las legislaciones nacionales establecerán garantías para que los trabajadores con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, o hacia otros miembros de su núcleo familiar que necesiten de su cuidado y sostén no sean discriminados en sus posibilidades de ingreso a un empleo remunerado, en su promoción en el empleo o en s u capacitación o recapacitación laboral.

Artículo 37°: Guarderías Infantiles

Se promoverá el establecimiento de guarderías infantiles y otras formas de guarda y cuidado de los hijos, ubicadas en lugares de fácil acceso para los padres.

Artículo 38°: Protección a la maternidad

La maternidad será protegida a través de regímenes Iegales que garanticen con o mínimo: la concesión a la madre de períodos de descanso remunerado, de seis meses antes y seis meses después del parto; un régimen de lactancia compatible con la actividad laboral; y la prohibición especial de despido durante el embarazo. Las prestaciones médicas y en dinero serán concedidas en virtud de un sistema de seguro social obligatorio o COI cargo a fondos públicos.

Artículo 39°: Licencias parentales

Se otorgarán licencias parentales en el caso de nacimiento o adopción de un hijo y de la enfermedad de un hijo menor u otro familiar a cargo del trabajador o de la trabajadora.

Sección IV

DERECHOS COLECTIVOS

Artículo 40°: Libertad sindical

Los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a esas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Los sindicatos y demás organizaciones sindicales pueden ser nacionales o internacionales. La libertad de afiliación de los trabajadores de cualquiera de los países del Mercosur comprende el derecho de afiliarse a organizaciones sindicales constituidas en cualquiera de los Estados parte.

Artículo 41°: Los Estados partes reconocen en sus territorios la legitimidad de toda organización sindical reconocida en uno de ellos.

Artículo 42°: Las organizaciones de trabajadores y de empleadores nacionales o internacionales tienen dl derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos el de elegir libremente sus representantes el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal.

Artículo 43°: Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.

Artículo 44°: Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con s u empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

a. Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

b. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical en los lugares de trabajo.

Artículo 45°: En el ejercicio de la libertad sindical se reconoce el derecho a la representación y acción sindical en los lugares de trabajo.

Artículo 46°: Derecho a la negociación colectiva

Reconócese el derecho a la negociación colectiva a todos los niveles incluido el internacional. El ámbito territorial del convenio colectivo de trabajo podrá ser nacional, regional o internacional. Este derecho rige tanto en el sector privado de la economía como en el público.

La oportunidad, el ámbito de validez, las materias objeto de negociación, los procedimientos para concertar convenios y la forma de extinción de las normas creadas por los mismos serán determinados por las partes negociadas.

Artículo 47°: Derecho de huelga

Todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. Los mecanismos de prevención y solución de conflictos o las regulaciones de este derecho no pueden impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad.

Artículo 48°: Derecho de participación

Los trabajadores tienen derecho a participar por medio de sus organizaciones representativas ya que su opinión sea oída en todos los órganos o instancias públicas en que se diseñen. elaboren o implementen políticas que afecten directa o indirectamente sus intereses.

Artículo 49°: Derecho a participar en la toma de decisiones

Los trabajadores tienen derecho a participar en la toma de decisiones en materia social, laboral, económica o tecnológica a nivel del establecimiento, la empresa, la rama de actividad y los grupos o conjuntos nacionales o multinacionales.

Artículo 50°: Derecho de información

Los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen derecho a recibir información en materias como:

a. Evolución del empleo.

b. Programas de producción.

c. Programas de formación profesional.

d. Escisión, fusión o cualquier variación o modificación de la firma societaria.

c. Acuerdos interempresariales o de grupos económicos.

Artículo 51°: Derecho de consulta

Los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen derecho a ser consultados por el empleador en materias directamente vinculadas con las condiciones de trabajo y empleo.

Sección Vl

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 52°: Todos los habitantes de la región tienen derecho a la seguridad social. El sistema de seguridad social debe ser público, cubrir todas las contingencias físicas, económicas o sociales de locas las personas, ser administrada con participación los interesados o de las organizaciones representativas de los mismos y coadyuvar a la redistribución de la renta nacional. Las prestaciones en dinero de la seguridad social se ajustarán en períodos breves, con la finalidad de mantener el poder adquisitivo.

Artículo 53°. Los Estados partes se obligan a organizar sobre las bases indicadas en el artículo anterior, sistemas de protección que contemplen como mínimo:

— prestaciones de salud;

— jubilaciones y pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia;

— asignaciones y subsidios familiares;

— sistemas de protección contra el desempleo.

SEGUNDA PARTE

Sección I

APLICACION DE LA CARTA

Artículo 54°: A los efectos de la interpretación de esta Carta deberán ser aplicados los principios que se enuncian a continuación:

a. Principio de interdependencia de los tratados.

b. Principio de progresividad de los derechos laborales y sociales.

c. Principio protector.

La propia Carta en su integridad, incluyendo su Preámbulo, constituye un instrumento para interpretar cualquiera tic sus partes.

Artículo 55°: Las normas de esta Carta que establecen derechos en favor de los trabajadores comprenden a todas las personas que trabajan, cualquiera sea su profesión, oficio u ocupación en labores tanto físicas como intelectuales retribuidas o no urbanas o rurales, públicas o privadas, se desempeñen en el sector formal o informal subordinados o no y por cuenta propia o ajena.

Artículo 56°: Para cada Estado parte que ratifique el presente instrumento, sus disposiciones estarán en vigencia transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su propio instrumento de ratificación. Transcurrido ese plazo, los preceptos de esta Carta que reconocen derechos a las personas y obligaciones a los Estados signatarios serán exigibles antes los tribunales nacionales, aunque no hayan sido objeto de reglamentación.

Artículo 57°: El desarrollo del contenido de esta Carta se realizará mediante normas comunitarias o nacionales de origen tanto heterónomo como autónomo. Serán competentes en la aplicación de la Carta a elección del trabajador, los tribunales nacionales de su domicilio o los del lugar de trabajo.

Artículo 58°: Cada uno de los Estados partes se obliga a agotar todas las medidas de carácter interno así como las que puedan originarse en la cooperación internacional para dar vigencia efectiva a las disposiciones que no tengan naturaleza autoejecutable.

Artículo 59°: No podrán restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en el Estado en virtud de legislación interna o de convenciones internacionales con el pretexto de su no reconocimiento o su reconocimiento en menor grado por la presente Carta.

Sección II

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA CARTA

Artículo 60°: Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con los derechos y libertades fundamentales así como con el cumplimiento de esta Carta:

a. la Comisión de los Derechos Sociales del Mercosur y

b. el Comité de Expertos.

Artículo 61°: La Comisión

La Comisión de los Derechos Sociales del Mercosur es un órgano tripartito integrado por dos representantes de cada uno de los gobiernos de los Estados pacte entre los que se designará un Presidente y un representante por cada uno de los sectores profesionales de cada Estado parte. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 62°. El Consejo Mercado Común designará a los integrantes de la Comisión propuesta respectivamente de los gobiernos y de las organizaciones profesionales nacionales. La Comisión se renovará por cuartas parles cada dos años.

Artículo 63°: Funciones de la Comisión

Son funciones de la Comisión de Derechos Sociales del Mercosur:

a. Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta Carla.

b. Elaborar directivas para dar mayor efectividad a la Carla y a los derechos en ella reconocidos.

c. Adoptar las medidas necesarias para que los Estados partes cumplan las resoluciones del Comité de Expertos.

d. Proponer al Consejo del Mercado Común la suspensión de la liberación de aranceles, la imposición de multas y otras medidas económicas contra los Estados parles que no cumplan las resoluciones de la Comisión adoptadas por sí o en base a los dictámenes del Comité de Expertos.

La Comisión preparará sus estatutos que será aprobado por el Grupo Mercado Común, y aprobará su propio reglamento.

Artículo 64°: El Comité de ExpertosEl Comité de Expertos es un órgano técnico integrado por cinco personas de elevado prestigio, autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos y sociales, que deberán actuar con total independencia de los gobiernos y de las organizaciones profesionales.

Artículo 65°: Los miembros del Comité de Expertos serán designados por el Consejo del Mercado Común, que los elegirá de nóminas presentadas por los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y las de empleadores, procurando mantener una integración tripartita.

Artículo 66°: Los miembros del Comité de Expertos serán nombrados por cinco años y podrán ser reelectos.

Artículo 67°: Se invitará a la Organización internacional del Trabajo a que designe un representante para que participe, a título consultivo, en las deliberaciones del Comité de Expertos.

Artículo 68°: Son funciones del Comité de Expertos:

a. Dictaminar sobre las memorias que presenten los Estados partes.

b. Dictaminar sobre las reclamaciones que se formulen contra los Estados partes, conforme al Artículo 74.

c. Evacuar las consultas y emitir los dictámenes que les solicite la Comisión de Derechos Sociales del Mercosur o el Consejo del Mercosur.

d. Elevar a consideración de la Comisión de Derechos Sociales del Mercosur proyectos de directivas orientadas a dar mayor efectividad a la Carta y a los derechos en ella reconocidos.

Artículo 69°: Informes de los Estados parte

Los Estados parte presentarán anualmente memorias respecto a las medidas que hayan acoplado para asegurar la vigencia y el cumplimiento de los derechos consagrados en esta Carta y las directivas emanadas de la Comisión del Consejo del Mercosur.

Artículo 70°: El Comité de Expertos podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de la Comisión de Derechos Sociales del Mercosur, solicitar a los Estados parte memorias sobre un punto determinado CR relación con el cumplimiento de la Carla o de las directivas emanadas de la Comisión o del Consejo del Mercosur.

Artículo 71°: Las memorias se presentarán directamente ame el Comité de Expertos, previa comunicación de las mismas a las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

Artículo 72°: Las organizaciones representativas de trabajadores o de empleadores podrán dirigirse directamente al Comité de Expertos para ampliar o comentar las memorias de los Estados parte.

Artículo 73°: El Comité de Expertos evaluará los informes de los Estados parte y podrá formular las recomendaciones que estime pertinentes.

Artículo 74°: Reclamaciones

Los Estados partes, así como las organizaciones de trabajadores o de empleadores, podrán en cualquier momento formular ante el Comité de Expertos denuncia contra cualquiera de los Estados partes que, a su juicio, hubiera incumplido, la Carta o violado derechos o libertades fundamentales.

Artículo 75°: En el caso del artículo anterior, el Comité de Expertos dará vista al Estados parte de la reclamación formulada contra él. Una vez evaluada la vista o transcurrido un plazo prudencial, el Comité de Expertos se expedirá sobre la reclamación formulada.

Artículo 76°: Los dictámenes y recomendaciones del Comité de Expertos serán públicos.

Artículo 77°: En cualquier momento en que el Comité de Expertos estime que un Estado parte ha violado la Carta, una libertad o un derecho fundamental y no ha atendido las recomendaciones que le formuló, pondrá los antecedentes en conocimiento de la Comisión de Derechos Sociales del Mercosur.

Artículo 78°: En caso de negación o incumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores garantizados por esta Carta, y sin perjuicio de las observaciones y sanciones previstas en los apartados anteriores a que hubiera lugar, los demás Estados partes podrán solicitar la aplicación de multas equivalentes al monto de los derechos compensatorios iguales a las previstas por el reglamento antidumping para la concesión de subsidios directos o indirectos que causen perjuicios o amenacen hacerlo a una producción regional, siguiendo el procedimiento regulado en los artículos 7 y siguientes del mencionado reglamento, con las modalidades derivadas de la naturaleza propia del dumping social.

Artículo 79°: Las mullas previstas por aplicación de los artículos 63, inciso d. y 78 de la presente Carta se incorporarán al patrimonio de los fondos sociales regulados por el artículo 23, inciso e.

Disposición Transitoria

Artículo 80°: En la oportunidad prevista por el artículo 18 del Tratado de Asunción, el Consejo del Mercado Común reglamentará la creación y el funcionamiento de un Tribunal Regional para garantizar la aplicación de los derechos garantías establecidas en la presente Carta.
 
 

Diciembre de 1993
Francisco Gutiérrez - CGT - Argentina
Luis Antonio de Medeiros - Forca Sindical - Brasil
Vicente Paulo da Silva - CUT - Brasil
Antonio Francisco - CGT - Brasil
Alan Flores - CUT - Paraguay
Eduardo Fernández - PIT-CNT - Uruguay




 
 
 
Convenios Firmados Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Tema        
98 Derecho de Sindicación y negociación colectiva R R R R
100 Igualdad de Remuneración R R R R
105 Abolición de trabajo forzoso R R R R
107 Poblaciones indígenas y tribales R R R S
111 Discriminación (empleo y ocupación) R R R R
115 Protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes R R R R
119 Protección de la maquinaria S R R R
124 Examen médico de los menores (trabajo subterráneo) R R R S
135 Representantes de los trabajadores S R S S
136 Benceno S R S R
139 Cáncer Profesional R R S R
144 Consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) R S S R
151 Relaciones de trabajo en la administración pública R S S R
154 Negociación colectiva R R S R
155 Seguridad y salud de los trabajadores S R S R
159 Readaptación profesional y empleo R R R R
162 Asbesto S R S S
167 Seguridad y salud en la construcción S S S S
(R) Ratificado

(S) Sin ratificar


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).


e-Mail: luisdallanegra@gmail.com
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