CAPITULO VII

LA GUERRA DE LOS SEIS DIAS DE 1967 Y
LA RESOLUCION 242.

Durante el mes de mayo de 1967, el estado egipcio desplegó un gran número de tropas en el desierto del Sinaí, expulsando a las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF) allí desplegadas. Egipto estableció, de nuevo, el bloqueo en el canal de Suez y en el estrecho de Tirán. Además, firmó un acuerdo militar con Siria y Jordania, en cuyos términos se recogía como objetivo de la alianza, "...la aniquilación del estado de Israel".

Israel invocando el derecho a la legítima defensa, contraatacó a las fuerzas jordanas y sirias y realizó, lo que llamó "un ataque preventivo contra Egipto". Después de las acciones militares las nuevas líneas de alto el fuego dejaron bajo control israelí Gaza, el Margen Occidental, el Sinaí y los Altos del Golán. Así mismo, el canal de Suez y el estrecho de Tirán quedaron abiertos y la ciudad de Jerusalén quedó bajo control israelí.

RESOLUCION 242 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

Lord Caradon era en 1967 el representante permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas, en octubre preparó un borrador de resolución formado con partes de la fórmula Gromyko-Goldberg y del borrador de resolución hecho por los países latinoamericanos, añadiendo la nueva idea de un representante especial. Caradon intentó presionar a Israel y Estados Unidos para que el borrador que se presentara ante el Consejo de Seguridad fuera un documento previamente consensuado, pero ni Estados Unidos ni Israel aceptaron el cambio de matices en el texto del borrador. En la reunión decisiva del Consejo de Seguridad de 22 de noviembre, la Resolución 242 fue aprobada designándose a Gunnar Jarring como representante especial para el Oriente Medio bajo lo establecido por la mencionada resolución, cuyos principales puntos son:

a) Establecimiento de una paz justa y duradera entre Israel y los estados árabes.

b) Garantía de la libre navegación por todas las aguas internacionales.

c) Designación de un representante especial de la ONU para ofrecer sus buenos oficios a las partes sin actuar como mediador.

d) La Paz debe ser alcanzada a través de acuerdos y negociaciones entre las partes y no por imposición de fuerzas exteriores.

e) Principio de retirada.

La Resolución 242 no distinguió claramente el status de Israel en los territorios ocupados, si sus actuaciones deberían limitarse a las de una fuerza ocupante o bien tenía un título sobre esos territorios. Esta cuestión está ligada con la retirada de tropas, que recoge la resolución y el mantenimiento bajo control israelí de Gaza, el Margen Occidental y los Altos del Golán.

También podemos decir que esta resolución es la primera de las Naciones Unidas, desde 1953, reconociendo que sólo una solución negociada de paz puede resolver el conflicto árabe-israelí. La resolución reconoce que sólo métodos pacíficos, tales como el establecido por el artículo 33 de la CNU, pueden ser utilizados para llegar a acuerdos.

Los términos establecidos en la Resolución 242 sólo han sido aplicados, hasta ahora, con Egipto, en primer lugar, y con Jordania en el año 1994. Igualmente han sido tenidos en cuenta en la Declaración de Principios Israelo-Palestinos de 1993.

Como sabemos por sus términos, la Resolución 242 tenía como objetivo el llegar a una paz justa y duradera cumpliendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Para muchos juristas la letra de la resolución debió contener la cuestión de los derechos del pueblo palestino a una eventual libre determinación y establecimiento de un estado, siendo la única referencia el párrafo 2(b) que trata del logro de un acuerdo justo y duradero al problema de los refugiados.

USO DEL PRINCIPIO DE LEGITIMA DEFENSA

El hecho de que Israel, apelando al principio de legítima defensa, hiciera un ataque preventivo contra Egipto, debe ser estudiado de acuerdo con la situación militar, económica y legal de los hechos precedentes al ataque, todo ello dentro del contexto del Derecho Internacional. Para ello, debemos examinar los artículos 2(4) y 51 de la CNU.

Para Gainsborough, cualquiera que fuera la naturaleza de la guerra, parece que Israel debería haber informado al Consejo de Seguridad del uso de su derecho a la legítima defensa y atenerse a sus ordenes, siguiendo el capítulo VII de la CNU. Para Stone, a la vista de la proclamación abierta hecha por los árabes de la liquidación del estado de Israel, la movilización masiva de tropas a lo largo de las fronteras de Israel y la falta de habilidad del Consejo de Seguridad en la aplicación de la CNU, las acciones de Israel no pueden considerarse contrarias a la CNU, pues no estaban dirigidas contra la integridad territorial o contra la independencia política de los estados árabes en el sentido en que se recoge en el artículo 2(4), aparece más como una acción defensiva de un estado bajo amenaza inminente.

Numerosos internacionalistas han señalado que las reservas recogidas al uso del derecho de legítima defensa, recogidos en el artículo 51 de la CNU no niegan a los estados ciertos derechos reconocidos por la costumbre internacional antes del establecimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Según Gainsborough el término "ataque armado" usado en el artículo 51 tiene un elemento de ambigüedad, pues su concepción es la de un ataque como el que ocurrió en el sur de Corea en 1950, donde se produjo una invasión comunista con infantería, blindados, misiles, etc... Todo aquello menor de este tipo de ataques a gran escala no puede considerarse, según la doctrina literal, suficiente para ejercer el derecho a la legítima defensa. Por ello, debe entenderse que un estado amenazado con un ataque de menor escala al descrito debe contar con la capacidad de las Naciones Unidas para que éstas tomen las medidas adecuadas. Pero, la realidad a lo largo de la historia de la ONU ha sido claramente otra, por lo que no se espera de un estado amenazado, en la medida en lo que lo estuvo Israel, que adopte una situación pasiva que ponga en peligro sus intereses vitales de paz y seguridad.

De acuerdo con lo anterior, el término "ataque armado" debe ser entendido de forma amplía donde las situaciones de anticipación e inminencia encuentren cabida. Esta interpretación de la CNU se acerca a la práctica de los estados y a la costumbre internacional existente cuando el artículo 51 fue redactado. El Tribunal Internacional de Tokio en 1948 decidió que la declaración de guerra holandesa a Japón en 1941 encuentra su justificación en la inminencia de una invasión japonesa de los territorios holandeses.

Para Shabtai los hechos que justificaron las acciones preventivas israelíes en 1967 fueron:

- La decisión del gobierno egipcio, en mayo, de expulsar a la UNEF.

- La amenaza real sobre la existencia de Israel con la colocación masiva de tropas en sus fronteras, apoyadas por los demás estados árabes...

La concepción más amplia del artículo 51 es también apoyada por McDougal, quien cree que esta interpretación de la CNU necesita una formulación adecuada de políticas de acuerdo con las condiciones actuales del mundo. McDougal interpreta en su sentido amplio el término "ataque armado" para permitir a un estado la libertad suficiente para formular políticas viables en los asuntos exteriores cuando se ve amenazada su existencia y no a las organizaciones internacionales que no dan la seguridad suficiente para defender a ese estado amenazado.

Para los estados árabes un ataque preventivo no está recogido en la CNU. Además, apoyaron este argumento diciendo que había claras evidencias de que el presidente Nasser no iba a atacar y que tal circunstancia era conocida por Israel, para ello los estados árabes se remitieron a las declaraciones del primer ministro Rabin.

El punto de vista árabe es que Israel tenía preparado con antelación el ataque a los estados árabes. El hecho de atacar en primer lugar a Egipto, se debió a que éste se encontraba en el camino de sus ambiciones expansionistas. Así, los estados árabes veían el despliegue de tropas egipcias a lo largo de la frontera israelí como una medida defensiva, así como una manera de disuadir a Israel de un ataque contra Siria. Así mismo, es evidente que tras la expulsión de la UNEF el Secretario General de la ONU pidió a Israel que aceptara estas tropas en su territorio, cosa que Israel no aceptó. Wright afirma que si Israel sólo hubiera querido defenderse, hubiera bastado con permitir a la UNEF desplegar en su territorio, tal y como el Secretario General U-Thant sugirió, pero su negativa es una clara prueba de las intenciones expansionistas israelíes.

Para Hargrove, Lauterpacht y Jessup, bajo la CNU quedaría justificada una acción del Consejo de Seguridad ante una alarmante preparación militar de un estado vecino, pero nunca un ataque armado preventivo por parte del estado que se cree amenazado y ello se debe a que no es ese el espíritu que persigue la letra de la CNU.

Como hemos visto más arriba, en una lectura amplia de los artículos 2(4) y 51 de la CNU las medidas tomadas por Israel fueron defensivas, mientras que en una interpretación literal la acción israelí debería considerarse una agresión. Las Naciones Unidas nunca entraron a valorar estas interpretaciones y dedicaron sus esfuerzos a conseguir un alto el fuego en lugar de buscar al agresor. Ello no hubiera dado ninguna solución al conflicto y sí hubiera tenido innumerables dificultades factuales y legales.

Gainsborough afirma que las tropas israelíes puede que rebasaran los límites de la proporcionalidad en cuanto a la retención de Margen Occidental, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí (este último devuelto posteriormente a Egipto). Para Gainsborough parece excesivo el número de tierras árabes ocupadas por Israel a pesar de que éstas fueran retenidas como medida disuasoria para futuros ataques árabes.

STATUS DEL GOLFO DE AQABA Y EL CONVENIO DE GINEBRA DE 1958
 

Ver Capítulo VI.

Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).

 

©  Muñoz Mosquera, Andrés, B., El Derecho Internacional y el Conflicto Arabe-Israelí, (Madrid, España, Edición del Autor, 1999)

e-Mail: luisdallanegra@gmail.com
 o al Especialista en Medio Oriente: boazmosquera@hotmail.com

Home     A Indice del Libro 
Arriba