CAPITULO VI

LA GUERRA DEL SINAI DE 1956

Como se describe en la reseña histórica del capítulo I las fuerzas armadas del estado de Israel invadieron la franja de Gaza y la península del Sinaí por los presuntos, en un principio, y posteriormente demostrados hechos de incursiones de bandas terroristas, fedayines, desde la frontera egipcia, bloqueo del canal de Suez y del estrecho de Tirán, etc...

Hemos relatado los hechos que desencadenaron las hostilidades, pero no olvidemos el contexto internacional. La nacionalización del canal de Suez por Nasser, disgustó a Francia y el Reino Unido que veían el peligro que se cernía sobre las líneas comerciales con el Lejano Oriente, el suministro de petróleo y su propio prestigio. Estas dos potencias aprovecharon los hechos que venían ocurriendo en la frontera egipcio-israelí para mostrar su oposición a la nacionalización hecha por Nasser y se coligaron con Israel, dándole apoyo económico y militar para lo que fue la guerra del Sinaí que duró siete días, del 29 de octubre al 5 de noviembre. Como dice Gainsborough, esta acción de las potencias puede considerarse como una vuelta a la Diplomacia de las Cañoneras del siglo XIX. Israel dió su consentimiento a ser manipulado por las potencias para aprovechar su apoyo en la destrucción de la fuente de terroristas, que ya había asesinado a más de mil doscientos israelíes en sus raids y para conseguir la apertura del canal de Suez y del estrecho de Tirán.

LAS NACIONES UNIDAS DURANTE 1950 Y 1956 Y LA UNEF

Después de la Guerra de los Seis Días de 1967 las fronteras establecidas por los armisticios pasaron a ser fronteras de facto. Pero al comienzo de los años 50 las Naciones Unidas, con su UNTSO, dejaron de tener autoridad en la zona, hecho demostrado por las continuas violaciones de los términos de los armisticios, así como los interesados vetos de la Unión Soviética a las propuestas israelíes para condenar los continuos ataques egipcios, la restricción de navegación a buques israelíes y las violaciones a la letra de los armisticios.

La Asamblea General adoptó la Resolución 997 (ES-1) que urgía la necesidad de un alto el fuego, pero el delegado canadiense añadió la necesidad de que la aplicación de la resolución debería enlazar el alto el fuego con un asentamiento de la situación política entre Egipto e Israel. Así, llegó el establecimiento de las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF). El fin de la UNEF era el asegurar y supervisar el cese de hostilidades. La UNEF quedó establecida por la Resolución 1000 (ES-1) de la Asamblea General. La Resolución 1001(ES-1) informaba de cómo debía organizarse esta fuerza y autorizaba al Secretario General a proceder al reclutamiento, que curiosamente quedó prohibido para tropas de los países Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad. Diez fueron las naciones que aportaron personal hasta un número total de seis mil efectivos, todos ellos desplegados, solamente, en territorio egipcio.

Fue el capítulo 15 de la CNU, artículos 97 a 101, en el que se basó el Secretario General para aplicar su autoridad en el asunto que tratamos. Así, vemos que el texto del artículo 98, dice del Secretario General:

"... y desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos órganos (Consejo de Seguridad y Asamblea General)...". La UNEF quedó establecida como un organismo subsidiario, de acuerdo con el artículo 22 de la CNU, y procedió a su despliegue, en la zona del canal, el 15 de noviembre. Cuando los israelíes se replegaron a las líneas establecidas por el Armisticio egipcio-israelí la UNEF se desplegó en la franja de Gaza y en la región que controla el paso del estrecho de Tirán. El periodo transcurrido desde que las Naciones Unidas tomaran el control de la región hasta la retirada de las tropas israelíes se produjo por las exigencias de Israel a fronteras seguras y al fin del bloqueo en el golfo de Aqaba y del canal de Suez. El 1 de marzo de 1957 el gobierno de Israel comunicaba al Secretario General de la ONU su decisión de cumplir la Resolución 1124(XI), sobre la retirada a las líneas establecidas por el armisticio de 1949.

Las potencias navales expresaron su deseo de la existencia de libertad de navegación en el golfo de Aqaba (bahía con forma de "Fondo de Saco") y el estrecho de Tirán. Así, catorce naciones marítimas hicieron una declaración en apoyo a libertad de navegación en el estrecho de Tirán y el golfo de Aqaba, esas naciones fueron: Francia, Reino Unido, Costa Rica, Italia, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Noruega, Canadá, Portugal, Suecia, Islandia y Dinamarca. El estrecho de Tirán estuvo abierto hasta el 23 de mayo de 1967 cuando Egipto obligó a la UNEF a retirarse de su territorio.

ANALISIS DEL USO DE LA FUERZA EN LA PENINSULA DEL SINAI

El artículo 51 de la CNU permite la legítima defensa y no las represalias. Gainsborough quiere comprobar, en su análisis, hasta que punto legítima defensa y represalias son iguales y si las hubo en las acciones israelíes en repuesta a la agresión egipcia. Para dar una explicación, Gainsborough se pregunta qué es un agresor para las normas internacionales vigentes en 1956. Para unos juristas, agresor es aquel que perpetra un ataque en primer lugar y para otros sólo cabe una definición en el contexto total de la relación entre las partes en conflicto y no como un hecho aislado.

Recordemos que la CNU prohibe explícitamente, en su artículo 2(4), el uso de la fuerza. Israel justificó su ataque a Egipto en aplicación del principio de legítima defensa, recogido en el artículo 51 de la CNU. En el Derecho Internacional hay dos teorías diferentes en cuanto al uso de la fuerza en el ejercicio del derecho de la legítima defensa. Según Gainsborough, para muchos juristas el uso de la fuerza estaba permitido antes de la entrada en vigor de la CNU cuando un estado, en similar situación a la de Israel, tenía que actuar por necesidad bajo los principios que establecía el caso de La Carolina (1837). Si aceptamos que el uso de la fuerza puede estar justificado, basándonos en la necesidad, es muy importante comprobar si así fue la invasión israelí de octubre de 1956. Incluso si el uso de la fuerza estuviera justificado por la CNU, sigue siendo necesario considerar si ello daba legitimidad a Israel a ejercitar el control administrativo militar sobre la franja de Gaza durante el periodo que fue desde el despliegue en el canal de la UNEF hasta la total retirada israelí en marzo de 1957.

ATAQUES FEDAYINES Y EJERCICIO DE LA LEGITIMA DEFENSA

Aunque en párrafos posteriores haremos un análisis más exhaustivo del principio de legítima defensa aplicado al conflicto que nos ocupa, recogido en el artículo 51 de la CNU, y basándonos en los estudios de Stone y Schwebel, sería interesante dejar claro en este epígrafe el estado y aplicación de este principio fundamental del Derecho Internacional en 1956, cuando ocurrieron los hechos que desencadenaron la guerra del Sinaí.

La excusa de la aplicación del principio de legítima defensa ha sido la más utilizada para justificar el uso de la fuerza por medio de ataque armados. Si analizamos los artículos 2(4) y 51 de la CNU de forma conjunta podríamos apreciar que mientras el primero prohibe el uso de la fuerza el segundo lo justifica en ejercicio de la legítima defensa. En esta visión de la CNU podríamos decir que el artículo 51 es la excepción al artículo 2(4). Para los construccionistas el artículo 51 debe interpretarse sin tener en cuenta las normas internacionales precedentes (la costumbre internacional). Sin embargo, para otro grupo de juristas el principio de legítima defensa no puede ser preventivo, de acuerdo con esto el ataque israelí sería ilegal de acuerdo con tal interpretación del Derecho Internacional.

PROPORCIONALIDAD Y NECESIDAD

Para la llamada escuela liberal de juristas, la CNU debe interpretarse a la luz de la costumbre internacional que existía en el momento de la ratificación de la Carta. Para esta escuela la CNU no especifica los derechos que se garantizan a las naciones sino aquellos que éstas abandonan, por lo que el resto se mantienen en vigor. En este punto, Bowett afirma que se debe presuponer que los derechos que antes de la entrada en vigor de la CNU eran de los estados miembros de la ONU, éstos siguen manteniéndolos. Por ello, no es cierto que los derechos existentes sean exclusivamente los relacionados en la CNU, al contrario, tienen todos aquellos derechos que el Derecho Internacional acuerda para ellos excepto si quedan cubiertos por la propia Carta.

Si estudiamos con profundidad el artículo 51, al observar su enunciado comprobamos que con la frase "el derecho inmanente a la legítima defensa" queda incluido el derecho previo a la CNU. La etimología de inmanente según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es " dicese de lo que...o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella".

Se afirma de forma general que el uso de la fuerza, de acuerdo con el principio de legítima defensa, está regulado por la costumbre internacional en el sentido de que este uso de la fuerza debe ser proporcional y necesario y que puede incluirse la anticipación de su ejercicio si una agresión aparece como inminente de acuerdo con los criterios que se establecieron en el caso de La Carolina. Los argumentos de la escuela liberal quedaron apoyados por el Informe de la Comisión de Energía Atómica cuando éste no excluyó el derecho de anticipación en el ejercicio de la legítima defensa.

Para Brownlie el artículo 51 es ambiguo y para ello se basa en la versión francesa del mismo que utiliza la palabra natural en lugar de inmanente. Brownlie afirma que la intención del artículo es en caso de inminente peligro, pero nunca como anticipación, apoyando sus argumentos en los debates de la Conferencia de San Francisco.

Si todavía existe en la costumbre internacional el derecho de legítima defensa es difícil establecer sus límites debido a que los conceptos de necesidad y proporcionalidad no están definidos. A Gainsborough le parece la interpretación más realista del artículo 51, aquella que no restringe el derecho consuetudinario de la legítima defensa, tal y como se recoge en el caso de La Carolina.

En el caso de La Carolina, Webster aplica la doctrina de la necesidad, como así se refleja en la carta que los Estados Unidos enviaron al gobierno británico sobre el asunto:

"El gobierno de Su Majestad deberá mostrar la necesidad de la legítima defensa instantánea, arrolladora y sin posibilidad de escoger otros medios, y sin ningún momento para la deliberación". El grado de necesidad es directamente proporcional a la inmediatez del peligro, así vemos que este peligro que justificaría la anticipación en el ejercicio de la legítima defensa depende de la interpretación de hechos que pueden no estar muy claros e incluso ser ambiguos. Por ello, los elementos constitutivos expuestos por Webster son demasiado simplistas a la hora de apreciar el caso que nos ocupa en el Sinaí.

Parece claro que Israel era consciente de los métodos y acciones que estaba realizando Egipto contra su territorio, y además eran hechos obvios. Sin embargo, parece improbable que Israel pudiera invocar la necesidad, puesto que los meses anteriores a la guerra del Sinaí planeó deliberadamente el ataque conjuntamente con Francia y el Reino Unido.

El ejercicio del derecho consuetudinario de la legítima defensa queda limitado por la proporcionalidad, así como por la necesidad, por ello Webster afirma que la proporcionalidad se mide por el uso de la fuerza ejercido por el estado víctima y por el grado de inminencia del ataque del estado agresor. El Informe De Bruckere, publicado en 1926, reconoció por primera vez el concepto de proporcionalidad, diciendo que la legítima defensa implica la adopción de medidas proporcionales a la seriedad del ataque y justificado por la seriedad del peligro de que se trate.

En el caso que nos ocupa, la condena a Israel por Naciones Unidas se hizo porque la mayoría de los estados adoptaron una visión de los hechos como desproporcionada con respecto a los ataques sufridos por Israel cometidos por los fedayines. La contestación de Israel fue una exposición en detalle de todos y cada uno de los incidentes ocurridos con Egipto desde la firma del armisticio. Así, por el cúmulo de todos los hechos ocurridos su respuesta fue la campaña del Sinaí. Para McDougal y Feliciano un estado en situación de defensión está legitimado para valorar los incidentes precedentes y tenerlos en cuenta para respuestas posteriores, es la teoría conocida como acumulación de acontecimientos. Sin embargo, para Higgins esta teoría tiene el inconveniente de que a medida que profundizamos en la historia, la legítima defensa comienza a tener el color de la represalia.

REPRESALIAS O LEGITIMA DEFENSA

Con las apreciaciones expuestas arriba, Gainsborough afirma que las acciones de Israel fueron represalias, pero se pregunta hasta que punto éstas están relacionadas con la legítima defensa y si fueron legales.

En primer lugar, represalias y legítima defensa son similares en que en ambas, la solución adoptada por el estado víctima es la de auto ayuda. En segundo lugar tienen en común que el hecho previo que las desencadena es un ilícito internacional cometido en contra del estado reclamante. En tercer lugar ambas figuras están reguladas por la necesidad y la proporcionalidad. Por último y de acuerdo con la decisión arbitral de Naulilaa de 1928, las represalias deben estar precedidas por un intento de obtener un arreglo por otros medios.

Pero son los objetivos de cada una de las figuras los que las diferencian, mientras que el objetivo de la legítima defensa es la prevención, para la represalia el objetivo es el castigo en busca de una satisfacción.

De acuerdo con lo expuesto, la afirmación que sigue es que las acciones militares de Israel en la campaña del Sinaí no pueden ser vistas como actos de aplicación del principio de legítima defensa, pero si observamos la situación de las relaciones entre Egipto e Israel en toda su amplitud, podemos concluir que las acciones israelíes para destruir las bases terroristas en suelo egipcio fueron unos medios adecuados y proporcionales de defensa. Y esto es así, porque la salvaguarda de la seguridad de un estado, en este caso Israel, puede justificar estas acciones para prevenir la repetición de los pasados actos hostiles. Estos argumentos, que Gainsborough desmenuza con precisión, no fueron aceptados por la Asamblea General quien trató el asunto de forma separada al contexto de los hechos anteriores, pero el jurista insiste en que la teoría de la acumulación de acontecimientos debe ser tenida en cuenta en todo análisis de los hechos relacionados con la guerra del Sinaí.

Veamos lo que el armisticio firmado entre Egipto e Israel decía en su artículo II(2):

"Ningún elemento de.....fuerzas militares o paramilitares de ninguna de las partes, incluidas fuerzas no regulares, podrá cometer ningún ataque o acto hostil contra fuerzas militares o paramilitares de la otra parte, o contra población civil en el territorio bajo control de esa parte; ni podrá avanzar o sobrepasar por ningún motivo la Línea de Demarcación del Armisticio". Ahora veamos el texto del artículo IV(1) que establecía: "...no puede ganarse ventaja militar o política alguna bajo la situación de tregua...". La resolución del Consejo de Seguridad de 19 de agosto de 1948 establecía que: "a. Cada parte es responsable de las acciones que las fuerzas regulares e irregulares bajo su autoridad o en territorio bajo su control;

b. Cada parte tiene la obligación de usar todos los medios a su disposición para prevenir toda acción que viole la tregua tanto por particulares como grupos que estén sujetos a su autoridad o estén en territorio bajo su control".

Al leer esta resolución, no podemos dejar de recordar los términos del capítulo segundo del Proyecto de Artículos de la CDI sobre la Responsabilidad de los Estados, que califica desde el artículo 5 al 15 lo que debe ser considerado como un hecho ilícito internacional.

De acuerdo con lo expuesto quedaría clara la ilegalidad de las acciones de los fedayines y por lo tanto la razonabilidad de las represalias israelíes. Además, a la luz de los términos de la resolución del Consejo de Seguridad, Egipto era el responsable de los ataques terroristas. Hasta ahora, no existe ninguna teoría del Derecho Internacional al respecto, que apoye estas conclusiones.

Para Gainsborough el ignorar todo los hechos precedentes y el contexto en que se desarrollaron las relaciones entre Egipto e Israel es ignorar las dificultades en las que los estados pueden llegar a encontrarse, sobre todo cuando median acciones guerrilleras. Y recuerda que ciertos tipos de represalias pueden ser consideradas como legales por las especiales circunstancias que provocan su desencadenamiento. Igualmente, no quiere dejar de olvidar que las represalias son todavía permitidas por el Derecho Internacional, ya que en el caso Naulilaa se establece que el estado que tome represalias debe, previamente, haber extinguido todos los medios para defender su territorio. A esta apreciación responde Bowett, diciendo si no hubiera sido suficiente que Israel tomara medidas defensivas dentro de sus fronteras.

OBJETIVO DEL ARMISTICIO EGIPCIO-ISRAELI DE 1949

La escuela tradicionalista, seguida por Lauterpacht, Fitzmaurice y la escuela de juristas árabes entiende que el fin de un armisticio es el de un acuerdo de carácter temporal que establece un alto el fuego para llegar posteriormente a un tratado de paz. Sin embargo, la escuela modernista, con Stone, Higgins y Gross entiende el armisticio como un tratado de paz en si mismo. Stone habla del armisticio como la terminación de facto del estado de guerra y no el fin temporal de las hostilidades. Las Naciones Unidas siguieron la teoría de la escuela modernista como queda patente en el discurso del Secretario General Hammarskjöld en 1949 sobre la firma del Armisticio egipcio-israelí. Así mismo, la Resolución del Consejo de Seguridad de 1 de septiembre de 1951 dejó claro que el armisticio nunca tuvo una intención de temporalidad y que fue un método, como otro cualquiera, para terminar con el conflicto armado entre los estados árabes e Israel.

El Armisticio egipcio-israelí de 1949 incluía en su preámbulo las resoluciones del Consejo de Seguridad del 4 y 16 de noviembre de 1948 y llamaba a las partes para establecer el citado armisticio como medida de transición hasta llegar a una paz permanente en Palestina, todo ello apoyándose en el artículo 40 de la CNU. Vemos claramente que la intención del armisticio no era un mero cese temporal de las hostilidades.

EL CANAL DE SUEZ Y LOS BUQUES Y MERCANCIAS ISRAELIES.

Uno de los motivos que provocaron las acciones israelíes de 1956 fue el continuo bloqueo a que las mercancías israelíes, en buques con pabellón israelí o con pabellón distinto y con destino o salida Israel, se veían sometidas en el canal de Suez. Según Gainsborough la cuestión que se nos platea es si Egipto tenía base legal internacional para bloquear las mercancías israelíes y si el ataque de Israel estuvo justificado.

El canal de Suez estaba sujeto al principio de internacionalización desde 1888, año en el que se firmó la Convención de Constantinopla, que en su artículo I establecía que el canal debe estar siempre abierto en tiempo de guerra y en tiempo de paz a cualquier buque de guerra o comercial sin distinción de pabellón, igualmente establecía que el canal nunca debe estar sujeto al bloqueo. Todo ello sin ir en contra de los artículos IX y X que autorizaban al gobierno egipcio a tomar las medidas necesarias para la ejecución de la citada convención.

Los hechos demuestran que Egipto cumplió con los términos establecidos por la Convención de Constantinopla, hasta la nacionalización de Nasser en 1956.

Los argumentos de Egipto para el cierre del paso del canal a los buques israelíes o con mercancías de o para Israel fueron que el "estado de guerra" que comenzó en 1948, no había terminado y que el cierre no era más que una aplicación de los derechos de los beligerantes. De acuerdo con estos argumentos, esta acción no debería considerarse un bloqueo en el sentido estricto de la palabra. Según Colombos, bloqueo debe definirse como el corte de toda comunicación marítima, siendo su objetivo no sólo el parar la importación de mercancías, sino también su exportación. Para las Naciones Unidas el hecho fue considerado un bloqueo. Egipto afirmó que los buques arriba citados quedarían sujetos a visita, registro e incautación.

La Corte Superior egipcia de Alejandría, en el caso Flying Trader, estableció que Egipto tenía obligaciones de acuerdo con el Convenio de Constantinopla y que nunca había violado su artículo I sobre la libertad de paso a través del canal de Suez, porque las medidas tomadas en tiempo de guerra eran razonables y necesarias para la defensa. La Corte estableció que Egipto era un estado beligerante de hecho y que tenía el derecho de captura iure belli, y que por esa razón era legal la toma de las medidas necesarias para su defensa. Pero la sentencia de la Corte no tuvo, en ningún momento, en cuenta la existencia del armisticio de 1949.

Si tomamos como válida la sentencia del Flying Trader, Israel hubiera tenido derecho a realizar acciones bélicas en contra de Egipto como si el armisticio nunca hubiera existido.

El TPJI en el caso de Wimbledon estableció que, de acuerdo con la Convención de Constantinopla, el canal debía estar permanentemente libre como un paso internacional y que hombres y buques beligerantes tendrían libertad de paso a través de él.
La Resolución del Consejo de Seguridad de 1 de septiembre de 1951 en su párrafo 5, establecía sobre el Armisticio egipcio-israelí, que éste es de carácter permanente y que ninguna parte puede afirmar que es un beligerante activo ni tampoco ejercitar el derecho de visita, registro e incautación para ningún propósito de legítima defensa.

Israel realizó su reclamación basándose en el caso del Canal de Corfú, exigiendo el poder ejercitar el derecho de paso de acuerdo con la costumbre internacional. Derecho que debe quedar reforzado por los términos del Convenio de Constantinopla y del Armisticio egipcio-israelí.

CONVENIOS INTERNACIONALES Y LIBERTAD DE NAVEGACION

El derecho de paso inocente recogido por el Convenio de Ginebra sobre Mar Territorial y Zona Contigua de 1958 y en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convenio de Montego Bay) permite el paso de buques de todos los estados por los estrechos internacionales.

El golfo de Aqaba es una bahía en la que cuatro estados tiene puertos, Egipto, Arabia Saudí, Jordania e Israel, esto hace su mar interior un mar internacional. Está dentro de las bahías llamadas de Fondo de Saco, en este tipo de bahías hay una concurrencia de soberanías en la que la práctica internacional propone varias soluciones técnicas, desde el condominio, pasando por el tratado hasta una técnica similar al principio de equidistancia del artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1958.

Pero centrémonos en el derecho de paso inocente, así en el Convenio de Ginebra de 1958 en su artículo 16(4) se establece:

" El paso inocente de buques extranjeros no puede ser suspendido en los estrechos que se utilizan para la navegación internacional entre una parte de alta mar y otra parte de alta mar, o el mar territorial de un Estado extranjero". La libertad del estrecho de Tirán y del golfo de Aqaba estuvo clara después de las guerras de 1948-49 y 1956, particularmente para los Estados Unidos, que con esa condición persuadieron a los israelíes para que se retiraran del Sinaí, como queda claro en un informe enviado por el Secretario de Estado norteamericano, Dulles, al embajador israelí en los Estados Unidos el 11 de febrero de 1957: "Los Estados Unidos creen que el golfo de Aqaba comprende aguas internacionales y que ninguna nación tiene derecho a coartar la libertar y el derecho de paso inocente ni en el golfo ni en los estrechos (estrecho de Tirán) que le dan paso...los Estados Unidos están preparados para ejercitar ese derecho de libertad y paso inocente y unirse a otros para asegurar el general reconocimiento de este derecho". El 20 de febrero de 1957 el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower declaró: " No debemos asumir que si Israel se retira de la zona de Sharm el-Sheikh, que controla el estrecho de Tirán, Egipto evitará la navegación israelí en el golfo de Aqaba o en el canal de Suez. Si, desgraciadamente, Egipto, en el futuro, viola el Armisticio u otras obligaciones internacionales, entonces tendrán que rendir cuentas a la comunidad internacional". COSTUMBRE INTERNACIONAL Y LIBERTAD DE NAVEGACION

Después de una serie de debates en la Asamblea General, catorce estados con grandes intereses en que se ejerciera el derecho de paso inocente hicieron una declaración basándose en los principios establecidos en el caso del Canal de Corfú y aplicándolo al golfo de Aqaba y que en opinión de Gainsborough fue una declaración con más valor político que legal.

Mientras tanto, otros estados como India y Arabia Saudí afirmaban que el golfo de Aqaba era un mar interior, argumento inconsistente pues los estados con litoral en el golfo proclamaron sus aguas territoriales con unas extensiones que dejaron lugar a la existencia de aguas internacionales. Es mas, si el estrecho de Tirán no hubiera sido considerado un estrecho con derecho de paso inocente, Israel hubiera tenido derecho de acceso desde su mar territorial a alta mar, situación que funciona exactamente igual que los estrechos que conectan dos zonas de alta mar.

Aunque el estrecho de Tirán no era utilizado, en aquel entonces, como un canal comercial principal, si lo era como alternativo, y de esta forma conforme con los criterios del ejercicio de libre paso establecidos en el caso del canal de Corfú.

Los estados de Egipto y Arabia Saudí mantuvieron que el golfo de Aqaba era una bahía histórica, debido a que la soberanía del área, según sus argumentos, recayó sobre los tres estados árabes con litoral en el golfo y, por tanto, Israel no tenía soberanía alguna sobre el golfo y, como consecuencia, no podía usarlo para la navegación. Los dos estados árabes, citados arriba, invocaron en varias ocasiones la sentencia del golfo de Fonseca para argumentar que el golfo de Aqaba era un mar cerrado.

El Tribunal de Justicia de Centroamérica, en el caso del golfo de Fonseca, que tenía tres estados en su litoral, era una bahía histórica con características de mar cerrado, y que los estados costeros podían ejercer su soberanía sobre él. La decisión del tribunal se basó en:

- posesión inmemorial de los estados costeros.

- acuerdo entre los tres estados.

- el tamaño y especial configuración geográfica del golfo, que salvaguardaba numerosos intereses económicos y de seguridad.

Ninguno de los criterios citados pueden aplicarse al golfo de Aqaba, pues los tres estados árabes no pueden considerarse como poseedores inmemoriales del golfo. Además, el argumento de mar cerrado fue abandonado por Egipto en el momento de la firma de los Acuerdos de Camp David. Podemos añadir que, según la primera Conferencia del Derecho del Mar, no son válidos los acuerdos que hagan una parte de los estados costeros, cuando falte uno de ellos.
 

Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).

 

©  Muñoz Mosquera, Andrés, B., El Derecho Internacional y el Conflicto Arabe-Israelí, (Madrid, España, Edición del Autor, 1999)

e-Mail: luisdallanegra@gmail.com
 o al Especialista en Medio Oriente: boazmosquera@hotmail.com

Home         A Indice del Libro 
Arriba