CAPITULO XIX

ACUERDO SOBRE LA FRANJA DE GAZA
Y EL AREA DE JERICO

En el Cairo y en París tuvieron lugar las negociaciones que dieron como resultado el Acuerdo de Gaza y Jericó y ello como consecuencia de lo acordado y establecido en la Declaración de Principios.

En el Acuerdo se hace referencia a los principios establecidos en la Conferencia de Madrid, las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad y a la Declaración de Principios, haciéndose hincapié en los asentamientos israelíes y la seguridad fronteriza de los pasos internacionales. Se establecen medidas para la protección de los asentamientos israelíes en las dos zonas objeto del Acuerdo, donde las fuerzas militares israelíes se harán cargo de la seguridad, así como de ciertas zonas palestinas colindantes con los asentamientos. En cuanto a las carreteras, Israel sigue manteniendo la seguridad de los ciudadanos israelíes y además se contempla la formación de patrullas conjuntas que aseguren el libre uso y tránsito. Israel seguirá manteniendo el control sobre el mar territorial y el espacio aéreo.

Las provisiones del documento encuentran sus límites de aplicación en los territorios especificados en el Acuerdo y que se adjuntan en dos mapas.

El artículo II establece un calendario de la retirada de las fuerzas militares israelíes, entendidas éstas como aquellas formadas por fuerzas armadas, policía y otras fuerzas de seguridad israelíes.

Por los términos del Acuerdo, Israel transfirió la autoridad y responsabilidades sobre asuntos civiles de educación, bienestar social, obras públicas, vivienda, correos, turismo, telecomunicaciones, impuestos directos, agricultura, empleo, salud, comercio, empleo, pensiones, arqueología, reservas naturales, registro civil, etc... Además, el Acuerdo establece la Comisión Conjunta de Asuntos Civiles para Coordinación y Cooperación cuyas funciones se detallan en el anexo II del Acuerdo.

Así mismo, en su artículo IV quedan especificadas las normas de la estructura y composición de la Autoridad Palestina, que consta de 24 miembros que son responsables de los poderes legislativo y ejecutivo y del ejercicio de funciones judiciales, así como de las responsabilidades transferidas. Sin embargo, no pueden establecer relaciones diplomáticas plenas, únicamente podrán celebrar acuerdos de tipo económico con donantes, culturales, educacionales, científicos o aquellos con funciones de aplicación de planes de desarrollo regional.

En asuntos legales y de jurisdicción se establece la cooperación en asuntos penales y civiles a través del Subcomité Legal de la Comisión de Asuntos Civiles. Debe tenerse en cuenta que las leyes militares no anuladas por el Acuerdo continúan en los territorios en cuestión y que la policía palestina no tiene jurisdicción sobre ciudadanos israelíes, excepto si el hecho delictivo se comete contra propiedades de las zonas autónomas, o que el israelí autor del hecho quiera, libremente, someterse a la jurisdicción palestina.

Uno de los anexos de este Acuerdo son los relacionados con los asuntos económicos, punto que ninguna de las partes olvida por el factor de estabilización que, a buen seguro, puede imprimir al Proceso de Paz y concretamente al Autogobierno Interino. Se establece la posibilidad para la Autoridad Palestina de realizar importaciones con tasas diferentes a las del Estado de Israel. Así mismo, la Autoridad Palestina podrá aplicar su propia política impositiva, incluyendo un impuesto indirecto de valor añadido, mientras tanto Israel transfiere el setenta y cinco por ciento de los impuestos de la renta recaudados de los palestinos que trabajan en Israel. En cuanto al turismo, se permite su libre movimiento tanto en Israel como en las zonas autónomas.

En su artículo XIV se acuerda respetar "las normas internacionales de los Derechos Humanos" y, si bien éstas no se especifican, podemos decir que se entienden, según el manual del profesor González Campos, como el conjunto de normas que tienden a proteger los derechos y libertades fundamentales del ser humano en el ámbito internacional, entre ellas la fundamental es la Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo y numerosos artículos como el 1(3):

"...a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres..."

"...el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión..."

Sin olvidar la Resolución 216 (III) de la Asamblea General sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Debemos añadir que el control internacional se establece por los Pactos Internacionales sobre los Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de 1966, estableciendo la Comisión de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos.

El Acuerdo establece la presencia extranjera por un periodo de seis meses, con el nombre de Presencia Internacional Temporal formada por 400 personas cualificadas de los estados donantes, realizando labores como observadores, instructores y expertos.
Cabe destacar que en este acuerdo no existe un artículo que se acoja al artículo 102 de la CNU sobre registro y publicación por parte del Secretario de las Naciones Unidas. Igualmente, es inevitable comparar los términos del artículo III, Transferencia de Autoridad, con aquello que recogen los Convenios de Viena de 1978 y 1983 sobre Sucesión de Estados, aunque el lector debe entenderlo como un mero ejercicio de analogía, pues en ningún momento la Autoridad Palestina es considerada ni tratada como un Estado, tal y como establece el Derecho Internacional.

El Acuerdo Interino Palestino-Israelí sobre el Margen Occidental y la Franja de Gaza de 28 de septiembre de 1995, supone un desarrollo de los puntos tratados en el Acuerdo sobre la Franja de Gaza y Jericó de mayo de 1994.
 


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).


©  Muñoz Mosquera, Andrés, B., El Derecho Internacional y el Conflicto Arabe-Israelí, (Madrid, España, Edición del Autor, 1999)

e-Mail: luisdallanegra@gmail.com
 o al Especialista en Medio Oriente: boazmosquera@hotmail.com

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