SENTENCIA DEL GOBIERNO BRITANICO SOBRE EL CASO PINOCHET

SIGNIFICADO PARA EL FUTURO DEL DERECHO INTERNACIONAL

©  Luis DALLANEGRA PEDRAZA *


El 25 de noviembre de 1998, a las 14 horas de Londres, la Cámara de los Lores, se expidió sobre una esperada sentencia respecto de reconocer, o no, la "inmunidad" al Senador Vitalicio chileno Augusto Pinochet Ugarte.

Existía gran expectativa mundial en un sentido y otro, hasta que, por fin, la definición, por tres votos contra dos, negó la inmunidad esgrimida por el ex dictador chileno y reclamada y apoyada por su gobierno.

Hubo una manifestación de alegría por parte de exiliados chilenos que estuvieron presentes en la sala, fuera de la Cámara, expectantes en Madrid, en Santiago de Chile, y lo mismo puede decirse de muchos argentinos que asistieron para expresar su apoyo o que se reunieron en Madrid con sus compañeros chilenos. La sentencia se vio reforzada por la noticia de que en Buenos Aires, contemporáneamente, volvía a prisión el ex Almirante Emilio Eduardo Massera, esta vez por el secuestro de niños durante la etapa de la dictadura (1976/83), junto al ex General Jorge Rafael Videla que hace unos meses regresó a prisión por los mismos motivos.

Lo que queda en claro es que no se reconoce inmunidad a ex gobernantes para acciones de gobierno que impliquen crímenes de lesa humanidad. Asimismo, que no existe soberanía por sobre los derechos humanos. Estos están por encima de aquella.

Los argumentos esgrimidos por el gobierno chileno de Frei, reclamando por la inmunidad y por la soberanía chilena respecto de la territorialidad de la justicia, no han sido escuchados.

Esto genera un gran precedente. Tan importante, como el que se hubiera generado si la sentencia de los Lores hubiera sido el reconocimiento de la inmunidad.

De ahora en más, ningún ex gobernante se paseará por el mundo, sin el temor de ser detenido y puesto a disposición de tribunales, que reclaman la competencia para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Es más, frente a la creciente corrupción imperante a nivel mundial, y al multimillonario flujo de capitales que se mueven por el "lavado" de fondos derivados de la corrupción, podría comenzarse a adoptar criterios similares; ya que esos fondos que se "lavan" pertenecen a la "sociedad civil" y ésta, como en el caso de los derechos humanos, puede demandar frente a cualquier tribunal, lo que la "justicia" en su propio Estado no hace o es incapaz de hacer.

Nunca se había visto tanta energía puesta al servicio de la reclamación de la soberanía, como la expresada por el gobierno chileno de Frei para el caso Pinochet. Esa misma energía no se observó en la defensa de los derechos humanos de quienes los reclaman, o para resolver los problemas de pobreza, desempleo, o protección del desarrollo o la industrialización. Lo mismo se puede decir de otros gobiernos latinoamericanos, incluyendo el argentino, que inmediatamente expresó su apoyo a los reclamos internacionales esgrimidos por el presidente Frei.

Se habla de "pacificación", de mirar al futuro, de no vivir en el pasado, de dejar las cosas en manos de la justicia; y se reitera el término soberanía, toda vez que Pinochet no ha sido juzgado en Chile, por imposibilidad por parte del sistema judicial chileno para hacerlo, ya que debió aceptarse la autoimposición de que fuera Senador Vitalicio. Esto le proveía inmunidad vitalicia. Mientras haya insatisfacción de justicia pendiente, no se pueden esgrimir criterios de olvido en aras de pacificación o de protección de una democracia endeble. La democracia sin justicia es una democracia endeble. La "condición" para la democracia, más allá del factor electoral, es que haya justicia -para todos-, educación, salud, vivienda y trabajo digno, seguridad personal. Sin estos requisitos básicos, la democracia, es "electorera".

Muchos gobernantes quieren ser reelectos u obtener otro tipo de cargos, sean internacionales o nacionales, en aras de gestionarse la inmunidad para no ser juzgados por sus actos de corrupción.

Hasta el momento de la sentencia provista por los Lores, uno, ingenuamente se preguntaba:

El caso Pinochet debe interpretarse como ¿"territorialidad e inmunidad vs. justicia para todos"?

Qué priorizar: ¿soberanía o justicia?

¿La soberanía es para proteger a los dictadores o para proteger al pueblo y someter a todos por igual a la justicia?

El Estado es la resultante de un "pacto social", que lo genera; que le da vida, existencia. Cuando este pacto se rompe, el Estado se debilita y tiende a desaparecer o desaparece. La ex URSS, la ex Yugoslavia, entre otros, son ejemplos traumáticos de lo anteriormente expresado.

Un elemento esencial para la existencia del Estado es que provea justicia y protección -defensa y seguridad- a sus ciudadanos. Este es el "imperium" conocido como la soberanía. Cuando el Estado deja de hacerlo, la población -sociedad civil- se revela y busca la satisfacción de sus demandas.

Los derechos humanos, en todas sus manifestaciones, son un factor que hacen a la esencia de la vida humana. Si la población no encuentra satisfacción en su demanda básica de derechos humanos, tiene derecho a reclamar a la "sociedad civil" mundial para que se lo provea.

Hoy, los derechos humanos son un mandato de la sociedad civil mundial. Ningún Estado puede esgrimir su soberanía para consolidar un "descuido" de aquellos.

Hoy, el derecho internacional no está proveyendo a la resolución de casos como el de Pinochet, toda vez que la Corte Penal Internacional no está en vigencia, particularmente porque países como Estados Unidos, China, India, entre otros, se han negado a firmar su carta constitutiva. De esta forma debió proceder el derecho "transnacional".

Los derechos humanos no pueden relegarse en aras de un problema de "jurisdiccionalidad". Deben ser satisfechos.

Los derechos humanos son para todos sin excepción, la derecha y la izquierda. Y la justicia debe ser aplicada a todos, la derecha y la izquierda. Esta historia constante de mutuas acusaciones, distrae de lo esencial, que es la justicia y la equidad.

Estas son las transformaciones que se están viviendo a nivel mundial. Si el Estado es incapaz de proveer satisfacción a sus ciudadanos, la sociedad civil, toma en sus manos su propio destino y busca regenerar el "pacto social".

En lo futuro, en la medida en que no estén operativos organismos, como la Corte Penal Internacional, la sociedad civil se hará cargo de su propio destino, sin esperar pacientemente a que se decida en su favor o no, según la creencia de los gobiernos.

Los gobiernos deberán tomar conciencia de a quiénes se deben, a quiénes gobiernan y de quiénes han recibido su mandato.


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).


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*  © DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Bs. Ais. Edición del Autor, 2001), Cap. XV.