PINOCHET VUELVE A CHILE
 
©  Luis DALLANEGRA PEDRAZA *
 
Luego de una larga etapa, en la que la comunidad mundial estuvo a la expectativa de la extradición de Pinochet por parte del gobierno británico, a pedido del Juez español, Baltasar Garzón, para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en ese país, finalmente regresa a Chile.
El ministerio del Interior británico Jack Straw ordenó que Pinochet fuera examinado por un equipo de médicos independientes luego de que el 14 de octubre de 1999 la embajada chilena manifestó que la salud del senador vitalicio se había deteriorado.
El ministerio informó que la conclusión "inequívoca y unánime" de un equipo de cuatro médicos que examinó a Pinochet el 5 de enero de 2000, es que el general retirado "se encuentra incapacitado de asistir a un juicio y que no se puede esperar un cambio en esa situación" (1).
El estupor y la sorpresa se adueñaron de todos los políticos sumergidos la campaña electoral y a sólo cuatro días de un inédito ballottage presidencial entre el socialista Ricardo Lagos y el candidato de la derecha, Joaquín Lavín.

El posible pronto retorno del ex dictador Augusto Pinochet a Chile provocó una parálisis que hizo que en las primeras horas nadie quisiera pronunciarse.

Un paso en falso, una palabra de más o de menos resultaban críticas. Si el candidato a la presidencia Ricardo Lagos hacía un gesto demasiado condescendiente podría ahuyentar el voto de los 400 mil comunistas que le podían dar el triunfo el 16 de enero.

Para el candidato Joaquín Lavín la situación era igualmente complicada. Debía crear un discurso y un mensaje que le permitiera conservar al electorado duro pinochetista y también a su nuevo conglomerado de centro que le creyó su prescindencia de Pinochet y la dictadura. Fue la derecha y la UDI, el partido de Joaquín Lavín, la que inició el proceso de olvido del ex dictador.

En su esfuerzo por diferenciarse y ganar al centro moderado, Joaquín Lavín llegó a asegurar en marzo de 1999 que "Pinochet es parte de la historia; es el pasado". Y en octubre de 1999 dijo que debía ser juzgado. Con esos argumentos logró el sorpresivo empate en la primera vuelta.

Lagos fue el primero en abrir el fuego, marcó el carácter humanitario de sus partidarios en contraposición con los crímenes de la dictadura y pidió verdad y justicia. Y también dijo que el ex dictador representaba el pasado. Agregó que "la decisión del gobierno británico es para una persona enferma" y que "todos aquellos que tenemos valores humanitarios debemos tener compasión". Joaquín Lavín calificó el anuncio como "muy positivo" (2).

El gobierno del entonces presidente Eduardo Frei dijo que reconocía "la seriedad con que el gobierno británico procedió en este delicado tema", en referencia a la puerta que abrió Gran Bretaña para que el ex dictador, Augusto Pinochet, arrestado en Londres desde octubre de 1998, fuera liberado por razones humanitarias. Su canciller, Juan Gabriel Valdés, en un comunicado, agregó que Chile esperaba "una decisión final en el plazo señalado", y recordó que fue el gobierno del presidente Frei el que esgrimió que Pinochet debía ser liberado debido a su delicado estado de salud (3).

En un discurso al país, Frei recordó que son los tribunales chilenos "los que deben pronunciarse" sobre las decenas de querellas por violaciones a los derechos humanos que se tramitan en Chile contra Pinochet. Dijo que los jueces de su país "tienen la independencia y las facultades para realizar esa tarea", y aprovechó para acusar a la oposición haberse desligado durante la campaña de su máximo referente en el pasado.

Como senador vitalicio, cargo que él mismo inventó en su constitución de 1980, Pinochet no puede ser procesado si antes no se lo desafuera mediante un mecanismo judicial, que tiene sesgos políticos en un Chile polarizado. La senaduría "vitalicia" es, como su nombre lo indica, de por vida, y nunca antes la constitución chilena tuvo que enfrentarse con un caso de desafuero similar. El desafuero puede ser pedido por los abogados querellantes o por el el juez Juan Guzmán Tapia, que es quien tramita las principales querellas, y luego debe elevarlo a la Corte de Apelaciones. Si ésta lo aprueba, el caso pasa a la Corte Suprema. Pero ambas instancias, de 26 ministros una y 21 la otra, deben aprobar el desafuero por mayoría del plenario (4).

Mientras en Londres el gobierno británico se preparaba a liberar a Pinochet, la posibilidad de instancias supranacionales de la Justicia, buscada a través de la creación de la Corte Penal Internacional, sigue esperando.

La Corte nació en Roma en julio de 1998 para juzgar a los acusados de crímenes contra la humanidad, y entrará en vigencia cuando el tratado sea ratificado por 60 países. Pero solamente seis naciones lo han reconocido hasta ahora, sobre un total de 89 Estados firmantes. Esos seis países son Senegal, Trinidad y Tobago, San Marino, Italia, Fidji y Ghana.

Por otra parte, Estados Unidos, China, Israel e Irak votaron contra la creación de la Corte.

La institución debería estar compuesta por 18 magistrados nombrados por los Estados miembros y funcionar en La Haya. Su competencia no es retroactiva y, en consecuencia, no podría juzgar los crímenes que se atribuyen a Pinochet, acusado de terrorismo, genocidio y tortura.

Los países que impulsan la creacion de un Tribunal Penal Internacional, han buscado soluciones parciales mediante la creación de tribunales especiales para juzgar los crímenes cometidos contra la humanidad: los tribunales penales internacionales. Dos fueron creados por el Consejo de seguridad de la ONU: uno funcionó para la ex Yugoslavia, que inculpó al ex presidente Slobodan Milosevic, y otro para Ruanda, para juzgar a los responsables del genocidio en 1994 (5).

El Vaticano, a través del cardenal Sodano, el número dos de la Santa Sede, dijo que confiaba en "el buen sentido del gobierno inglés", que liberara al ex dictador. Agregó que el general tenía derecho a vivir en su patria (6).

Finalmente, el 2 de marzo de 2000, en un aparato de la fuerza aérea chilena, que llevaba varias semanas en Inglaterra a la espera de la liberación de Pinochet, partió de la base de Waddington, en las afueras de Londres, poniendo fin a más de 16 meses que el ex dictador pasó en territorio inglés.

La decisión británica de liberar a Pinochet y no otorgar la extradición pedida por el Juez Garzón de España, fue anunciada por el secretario del Interior Jack Straw: "He decidido hoy que no ordenaré la extradición del senador Pinochet a España. Tomé esta decisión con arreglo a la sección 12 de la ley de extradición de 1989. He remitido el caso al Director de Procesos Públicos para la consideración de un proceso local, de acuerdo con el artículo 7 del Convenio de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes. También he decidido no emitir Autorizaciones para Proceder con respecto a los pedidos de extradición de Suiza, Bélgica y Francia" (7).

Poco antes de que se hiciera pública la decisión de Straw, el juez Garzón pidió a los fiscales británicos que presentaran una apelación para impedir la liberación de Pinochet. Sin embargo, las autoridades británicas no indicaron haber recibido la solicitud de Garzón, y un portavoz del gobierno de España dijo que se respetará la decisión de Straw. El presidente del gobierno español, José María Aznar, se había opuesto a un posible juicio de Pinochet en Madrid, por estimar que ello dañaría las relaciones con Chile. Por su parte, el ministro belga de Relaciones Exteriores, Louis Michel, declaró que no apelaría contra la decisión británica: "Después de consultar a nuestros asesores legales y nuestros abogados en Londres, he decidido no apelar", declaró Michel en una conferencia de prensa. "De la misma forma confirmo que (Bélgica) no llevará el caso al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya" (8). Hay que aclarar que el Tribunal de Justicia de la Haya es donde los Estados a través de sus gobiernos presentan sus causas, no pueden hacerlo los particulares.

"La detención de Pinochet en Londres pudo haber sido el detonante de una crisis institucional de consecuencias mayores", dijo el entonces presidente Eduardo Frei al leer un escueto comunicado mientras Pinochet volaba de regreso a Chile. El gobierno de Frei encabezó los esfuerzos diplomáticos por repatriarlo desde la detención del dictador, el 16 de octubre de 1998. A mediados de 1999 las gestiones se intensificaron debido a crecientes tensiones con el ejército, que expresó su malestar por lo que consideró "el secuestro" de Pinochet y la comparecencia de otros ex militares por los tribunales chilenos. El también entonces presidente argentino Carlos S. Menem, apoyó la postura de su par Frei, invocando la "soberanía jurisdiccional". En realidad este argumento debería ser esgrimido para asegurar el juzgamiento de los crímenes y no para favorecer la impunidad. Uno de los más importantes problemas de países como los latinoamericanos, en los que la democracia es más formal que real, es la falta de un verdadero Estado de derecho. Esta es la gran tarea que le toca hacer, entre otros gobernantes, a Ricardo Lagos.

El canciller chileno Juan Gabriel Valdés, declaró que el arresto de Pinochet fue "un asunto desgraciado para la imagen de Chile en el exterior" y "la culpabilidad principal de este hecho radica en Augusto Pinochet"... "El responsable principal de este asunto es quien mantuvo permanentemente un desprecio a la opinión pública internacional y quienes criticaron las violaciones a los derechos humanos en Chile". Pinochet fue arrestado mientras se recuperaba en Londres de una intervención quirúrgica, confiado en su inmunidad como senador vitalicio no electo, cargo que asumió en 1998 (9).

El Gobierno argentino expresó su satisfacción apenas supo que el ex dictador chileno Augusto Pinochet retornaba a Santiago. En el discurso formal, la administración de De La Rua se expresó "respetuosa de la decisión adoptada por las autoridades británicas en el caso Pinochet" y manifestó su "esperanza de que sus consecuencias resulten un factor constructivo para el fortalecimiento del estado de derecho, de las instituciones y de los derechos humanos en Chile" (10).

En realidad, el razonamiento oficial apuntaba directo a la situación de la cúpula de la dictadura argentina (1976-1983) que, al igual que el ex dictador trasandino, era acusada por el juez Baltasar Garzón de "genocidio, terrorismo y torturas". En este tema puntual, el Gobierno de la "Alianza" no se apartó del argumento principal que desplegó el ex presidente Carlos Menem hasta el 10 de diciembre de 1999: el rechazo categórico a la aplicación extraterritorial de las legislaciones nacionales.

A principios de enero de 2000, el Gobierno argentino recibió el pedido oficial del juez Garzón con una orden de captura internacional para 48 ex militares y policías que participaron de la represión ilegal en la última dictadura militar argentina. Por primera vez, en lugar de rechazarla por decreto como lo hizo en su oportunidad Carlos Menem, el exhorto fue enviado al juzgado federal de turno, a cargo de Gustavo Literas. El magistrado devolvió la solicitud a España por falta de datos. Pero Garzón lo reiteró en el mes de marzo de 2000. En la lista figuraban siete integrantes de las ex juntas militares: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Isaac Anaya, Omar Graffigna, Armando Lambruschini y Basilio Lami Dozo. También estaban Carlos Suárez Mason, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y varios jefes y oficiales de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), como Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón. A diferencia del ex dictador chileno Augusto Pinochet, cuya detención pidió y logró Garzón, los militares argentinos sí fueron condenados por la Justicia nacionalargentina durante el juicio a las juntas, aunque luego fueron indultados por el ex presidente Carlos Saul Menem.

En el comunicado oficial que plasmó la reacción del Gobierno, reaparece un reclamo sobre el que insistió también el ex presidente Menem: "El establecimiento de un tribunal penal internacional", creado en Roma en 1998 bajo el ala de la ONU, pero que quedó trunco por no contar con la ratificación explícita de los Estados Unidos, China, Israel e Irak. El comunicado del gobierno de De La Rua plantea que "El Gobierno argentino reafirma su voluntad de contribuir al desarrollo de normas nacionales e internacionales sobre la responsabilidad penal por delitos contra la humanidad" (11).

Pinochet al llegar a Santiago, fue descendido del Boeing 707 de la Fuerza Aérea Chilena, en una silla de ruedas luego de que aterrizó. Decenas de amigos y partidarios vitorearon al ex comandante en jefe del ejército. Una banda militar ejecutó la marcha militar favorita de Pinochet mientras el ex dictador, ataviado con un traje oscuro, se levantó de su silla de ruedas en la pista del principal aeropuerto de Santiago (12), en una clara manifestación de que estaba bien de salud. Caminó hacia el grupo de parientes y amigos y los saludó con efusión y una sonrisa constante, que generó la sesación de burla hacia aquellos que pretendieron extraditarlo para enjuiciarlo. Luego, abordó un helicóptero que lo transportó al Hospital Militar en el centro de Santiago. Pinochet fue descendido del helicóptero en la terraza del Hospital Militar bajo la custodia de comandos especiales con armas automáticas.

Frente a la clínica, una multitud partidaria, expresando su júbilo, agitaba banderas nacionales, entonando el himno nacional y expresando su alegría con exclamaciones cuando el ex dictador se asomó brevemente a una ventana en el segundo piso para saludar a sus aliados.

Este militar, que gobernó Chile con mano dura por casi 20 años, y al que se le atribuye haber dejado un país con una economía ejemplar para latinoamérica, tenía la mitad de la población activa chilena sin trabajo al comienzo de los ochenta. Los "Chicago boys" que habían armado la estructura económica del régimen crearon -después de un fracaso que dejó el sistema bancario quebrado y al país al borde del caos- un exitoso modelo exportador y profundamente concentrador de la riqueza. El 19% más rico se quedó con el 41,3% de los ingresos del país; el 10% más pobre accede a apenas el 1,4%, según los datos oficiales de 1990, el año en que Pinochet dejó la presidencia, aunque no el poder.

Patricio Aylwin, el veterano abogado de la Democracia Cristiana, que había llamado al golpe contra Allende desde el Senado en el 73, a principios de 1990 llegó a La Moneda como el primer presidente de la transición democrática con el apoyo de una coalición democristiana-socialista. Pinochet no se fue. Se instaló en su despacho de comandante del ejército a apenas 200 metros de La Moneda. Desde allí encabezó dos intentos de sublevación para condicionar la democracia. Y cuando sus propios coroneles ya cansados de tanto "pinochetismo" comenzaron un tibio cuestionamiento, se convirtió en senador vitalicio. Pinochet estaba convencido de que la inmunidad chilena era extensiva al resto del planeta, pero le resultó fallido (13).

El gobierno de Chile, ahora encarnado por el recién instalado Ricardo Lagos, repudió los festejos de la llegada de Pinochet y los organismos de derechos humanos dijeron que Pinochet parecía gozar de buena salud, lo que restaba según ellos todo fundamento a la decisión de Gran Bretaña de liberarlo por considerar que estaba demasiado enfermo como para soportar su extradición a España. "El mundo ha sido engañado porque obviamente no está tan enfermo como se nos hizo creer", dijo Viviana Díaz, titular del grupo de Familias de Detenidos-Desaparecidos. Unos 1.500 activistas de derechos humanos realizaron una manifestación pacífica frente al Palacio de la Moneda, la sede presidencial que Pinochet bombardeó durante su golpe para derrocar a Allende, exhibiendo carteles y retratos de las víctimas del régimen militar. Más de 3.000 personas murieron o desaparecieron durante la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990 y más de 10.000 los torturados. Decenas de miles de otros chilenos se exiliaron en diversas partes del mundo.

José Miguel Insulza, nombrado Ministro del Interior de Ricardo Lagos, se refirió a la recepción que las Fuerzas Armadas y Carabineros le dieron a Pinochet, en la que la banda militar tocó los ritmos preferidos por el militar: "Este tipo de ceremonias, tocando algunos himnos que recuerdan a los europeos el ingreso de las tropas nazis a las ciudades durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se tocaba Erika y Lilí Marlen, sin duda no es una buena imagen de Chile" (14).

El dirigente democristiano Claudio Huepe, que sería el secretario general del gobierno de Ricardo Lagos, dijo que la eufórica recepción que se le hizo a Pinochet no se condecía con los esfuerzos que se hicieron para repatriarlo por "razones humanitarias" (15).

El hecho de que Pinochet pudiera caminar, aunque con la ayuda de un bastón, obligó al gobierno a tomar una actitud defensiva, luego de haber apelado al gobierno británico con el argumento de que el militar estaba demasiado enfermo como para soportar un juicio (16). Un inculpado no está eximido en Chile por deterioro físico, pero sí si es incapacitado mental. Según un artículo del Código de Procesamiento Penal introducido ocho días antes de las elecciones nacionales de 1989 en las que triunfó el sucesor de Pinochet, Patricio Aylwin, las personas mayores de 70 años deben ser sometidas a un examen médico. Si el examen a Pinochet determina demencia senil, será sobreseído automáticamente.

Mientras el, en ese momento, recién electo presidente Ricardo Lagos prometía una respuesta y la independencia de los tribunales, un grupo de abogados pidió formalmente el 2 de marzo de 2000, el desafuero de Pinochet al juez Juan Guzman, quien tramita 143 querellas presentadas desde 1997, entre ellas, la más grave por el asesinato de 72 personas en la operación represiva conocida como "caravana de la muerte". La mayoría de los militares que cometieron abusos a los derechos humanos están protegidos por la ley de amnistía que abarca el período de 1973 y 1978 (17).

La derecha inmediatamente lanzó versiones sobre que Pinochet retomaría su banca de senador vitalicio, provocando inmediatas reacciones. Tabién surgieron versiones que daban como posible que participara de las ceremonias de asunción del presidente electo, el socialista Ricardo Lagos, el sábado 11 de marzo de 2000, pero fueron desmentidas por su hija Jaqueline: "El no va a asistir; va a estar en reposo hasta el jueves y después de unos chequeos verá si se traslada a su casa en el campo".

"Don Augusto Pinochet debería continuar en el Congreso", dijo Jorge Martínez Busch, senador designado y ex jefe de la armada. "Su asistencia al Senado es un derecho que le otorga la Constitución al igual que a (presidente saliente) Eduardo Frei", y agregó que impedírselo sería "desconocer lo que significa la democracia".

Políticos del oficialismo y el propio Lagos multiplicaron ayer sus repudios, además, por la recepción de héroe que le tributaron las fuerzas armadas. La indignación en Chile hizo eco con lo que ocurría en el resto del mundo, en particular la prensa que en Londres ironizó calificando el caso de la "recuperación más extraordinaria después de Lázaro". El único extranjero que lo defendió fue el ultraderechista francés Jean Marie Le Pen, que dijo estar "felicísimo" por la libertad del hombre que "salvó a Chile y a América latina del comunismo" (18).

La corte chilena dedicada al análisis del desafuero de Augusto Pinochet como senador vitalicio escuchó el 26 de abril de 2000, los alegatos sobre militantes de izquierda desaparecidos a manos de militares presuntamente por orden del ex gobernante Pinochet.

La abogada Carmen Hertz, esposa del periodista Carlos Berger, desaparecido en 1973, expresó que: "Todas las exposiciones fueron contundentes y rigurosas. Se expusieron los hechos, paso a paso, los crímenes cometidos por la comitiva, elementos probados en el proceso". El abogado de Pinochet, Ricardo Rivadeneira dijo: "Los alegatos fueron muy profesionales, muy respetuosos y muy equivocados".

La sesión comenzó con el relato sobre los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte, una operación militar que recorrió el país semanas después del golpe de Estado y que terminó con el fusilamiento de más de 57 personas y la desaparición de otras 19. Los alegatos coincidieron en afirmar que la comitiva fue enviada por Pinochet y que su comandante, el general Sergio Arellano, actuó como delegado suyo, por lo que acusaron al ex dictador de "autor inductor" de los crímenes. Arellano y otros seis oficiales están detenidos y enjuiciados por el secuestro de los 19 disidentes. El delito de secuestro fue utilizado por el juez Juan Guzmán para eludir la amnistía de la que se beneficiaron los militares por los crímenes contra los derechos humanos entre 1973 y 1978. El abogado Eduardo Contreras dijo que Pinochet es responsable del delito de genocidio: "Estamos hablando de un hombre que encabezó un gobierno que desde un primer momento practicó el exterminio"... Pinochet "ordenó, forzó e indujo a obedientes ejecutores que no pueden ser exculpados, pero la autoridad que forzó (los secuestros) también tiene que ser juzgada".

Otro querellante, Hiram Villagra, dijo que el delito de secuestro calificado está probado porque los cuerpos siguen desaparecidos. "Las pruebas de la participación de Pinochet en estos delitos no sólo son presunciones fundadas, son pruebas que incluso dan pie para una condena". Simpatizantes y ex compañeros de armas de Pinochet sostuvieron que el desafuero es en realidad una venganza política de la izquierda.

También ex generales que actuaron bajo el mando de Pinochet manifestaron que si durante la dictadura se cometieron "excesos" fue para combatir el terrorismo. "Pudieron haber existido determinados excesos con el fin de combatir el terrorismo propiciado por otros actores de la época que no han reconocido su responsabilidad política ... y que hoy se constituyeron en nuestros jueces".

Las audiencias por el desafuero parlamentario de Pinochet, son la antesala de posibles juicios por crímenes cometidos durante su régimen. Por tratarse de un "antejuicio", no era necesario que estuviera presente en los tribunales (19).

El ejército chileno rompió el silencio por primera vez el 25 de mayo de 2000, desde que se conoció, extraoficialmente, el desafuero de Augusto Pinochet y, a través de su comandante en jefe, el general Ricardo Izurieta, expresó que la institución "experimenta un gran dolor y preocupación"... "Es un gran herida en todos los soldados. El ejército experimenta un gran dolor"... "lo que está ocurriendo es muy lamentable y paradojal"..."El (Pinochet) fue una persona que trabajó y entregó mucho al país. La obra fundacional de él es el sistema institucional que nos está rigiendo y por eso todo esto nos duele mucho". Izurieta, recibió una dura reprimenda del presidente Lagos por haber pedido "prudencia" a la Justicia.

El gobierno también debió salir a la confrontación de unos polémicos dichos de Augusto Pinochet (hijo), que, causó revuelo al afirmar que pedirá la "colaboración del presidente Lagos para evitar semillas que llevan consigo sublevaciones militares". El secretario de la presidencia, Claudio Huepe, reaccionó de inmediato y calificó de "exceso inaceptable" las palabras de Augusto Pinochet hijo y desestimó cualquier comparación entre la actual situación política y la que derivó en el golpe de 1973 (20).

El 5 de junio de 2000, en una decisión que deja a Augusto Pinochet al borde del juicio, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que despojó al ex dictador de su inmunidad legislativa por 13 votos contra nueve. Rubén Ballesteros, presidente de la Corte, dijo que la mayoría de los jueces resolvió "la formación de causa contra el senador vitalicio". Los nueve jueces que votaron en contra argumentaron que "no hay antecedentes para desaforar al senador".

El ex comandante en jefe de la armada, almirante retirado Jorge Martínez, calificó ayer de "golpe de estado judicial" el desafuero de Pinochet, y los militares jubilados, asociados en la organización Chile mi Patria, se reunieron extraordinariamente y se solidarizaron con Pinochet y con otros uniformados enjuiciados.

Los defensores de Pinochet, indicaron que, en la apelación ante la Corte Suprema alegarían su completa inocencia y que no tuvo un debido proceso porque su salud no le permitió instruir a sus abogados. Una situación que salvaría casi con certeza a Pinochet de un juicio sería que exámenes médicos establecieran que está demente -única eximición aceptada por la ley chilena-, pero sus familiares y las fuerzas armadas rechazaron la utilización de esas razones. Algunos analistas estiman que el caso podría no llegar a un juicio por cuestiones "humanitarias" y que el desafuero podría ser la máxima condena (21).

En un clima tenso, con disturbios en las tribunas del Parlamento chileno, ambas cámaras aprobaron el 21 de junio de 2000, por 104 votos a favor y cuatro abstenciones, una propuesta legislativa que protege la identidad de quienes informen sobre los desaparecidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. La propuesta, que el presidente Ricardo Lagos remitió al Congreso para su aprobación inmediata, establece un "secreto profesional" para mantener bajo reserva la identidad de quienes, en un plazo de seis meses, entreguen antecedentes sobre lo que ocurrió con más de un millar de desaparecidos. El procedimiento fue acordado el 13 de junio en la Mesa de Diálogo que durante casi 10 meses reunió a militares y organizaciones humanitarias. Un centenar de familiares de detenidos-desaparecidos bajo el régimen de Pinochet, entre 1973 y 1990, se instalaron en las tribunas de la Cámara para repudiar el proyecto de ley que, según afirmaron, "impide hacer justicia". Tanto la oficialista Concertación Democrática, que encabezan el socialismo y la democracia cristiana, como los legisladores de la oposición derechista aprobaron la propuesta (22).

El 2 de julio de 2000 un grupo de agentes de la policía represiva chilena, que actuó durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, planteó la eximisión de toda responsabilidad en casos de violación a los derechos humanos, argumentando haber actuado bajo "obediencia debida". Los ex agentes alegan haber combatido el terrorismo en cumplimiento de órdenes y demandan, por ello, rebajas de condena o ser enviados fuera del país a cambio de información. Son 45 ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía represiva de la dictadura entre 1978 y 1990, quienes dijeron sentirse "desamparados" por sus superiores militares: "Los generales son responsables de lo que hace su tropa. Mientras en la Argentina es el oficial que ordenó el que está siendo juzgado, aquí los subalternos pagan y sus superiores quedan libres" (23) aludiendo a las leyes dictadas en la etapa del ex presidente Raúl Alfonsín de Punto Final y Obediencia Debida.

El cambio más relevante se produjo después del primer fallo que desaforó a Pinochet, el 6 de junio de 2000. Entonces se produjo un hito en la transición iniciada en 1990. Las fuerzas armadas, en diálogo con los abogados de derechos humanos, reconocieron y condenaron por primera vez la existencia de los detenidos desaparecidos y se comprometieron ante el país a entregar la información de su paradero en seis meses.

A mediados de julio de 2000, aún se está a la espera de una decisión definitiva sobre el desafuero y la posibilidad de que sea juzgado.

BREVE CRONOLOGIA DEL CASO PINOCHET

El ex dictador chileno, Augusto Pinochet, viajó a Gran Bretaña para una operación, a pesar de las advertencias de sus allegados. En Londres sufrió una de las decepciones más graves de su vida: "sus amigos británicos", a los que había ayudado en la guerra de las Malvinas, lo habían puesto bajo arresto.
Breve resumen de los principales acontecimientos del caso Pinochet desde su arresto en Gran Bretaña:
1998 16 Oct. -- La policía británica detiene a Pinochet en un hospital privado de Londres, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica en la espalda. La detención se fundamentó en una solicitud de extradición presentada por España, por la muerte de ciudadanos españoles durante el régimen militar chileno.
19 Oct. -- El juez Baltasar Garzón amplía su orden de arresto a Pinochet para acusarlo de genocidio, tortura y terrorismo por la muerte o desaparición de 94 personas de diferentes nacionalidades.
 22 Oct. -- Los abogados de Pinochet inician una ofensiva legal contra el arresto. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher pide su inmediata liberación y dice que el general salvó vidas británicas al colaborar con Londres en la guerra contra Argentina por las islas Malvinas.
26 Oct. -- Exiliados chilenos en Francia procuran la extradición de Pinochet a Francia. Suiza también muestra su interés en procesar al general.

30 Oct. -- El Tribunal Supremo de Londres concede una fianza a Pinochet a condición de que siga en el hospital bajo escolta policial. El fiscal de París abre un proceso en su contra.

3 Nov. -- Garzón pide formalmente la extradición del general. Los fiscales franceses piden también su detención. La más alta instancia judicial británica, de la Cámara de los Lores, inicia la audiencia sobre la apelación contra la inmunidad de Pinochet.

6 Nov. -- El gabinete español decide pedir la extradición de Pinochet. Chile llama a su embajador a consultas.  13 Nov. -- Francia pide la extradición de Pinochet.

25 Nov. -- Los "Law Lords" deciden que el arresto de Pinochet es legal. El dictamen pone en manos del secretario del Interior, Jack Straw, la decisión de actuar con respecto a la petición española.

9 Dic. -- Straw da el visto bueno al procedimiento de extradición en la justicia británica. El gobierno chileno condena la decisión y llama a su embajador en Londres como protesta.

10 Dic. -- Los abogados de Pinochet piden a los "Law Lords" que anulen su veredicto, bajo el argumento de que Lord Hoffman, quien fue el voto decisivo, carecía de imparcialidad al tener vínculos con la organización Amnistía Internacional.

11 Dic.-- Pinochet comparece ante un tribunal de Londres, donde dice que no reconoce otra jurisdicción que la de los tribunales chilenos.

17 Dic. -- Los "Law Lords·" desestiman el veredicto anterior de que Pinochet no goza de inmunidad y preparan el escenario para una nueva audiencia.

1999.

18 Ene. -- Los "Law Lords" inician una nueva audiencia para determinar si Pinochet goza o no de inmunidad fuera de Chile.

17 Marzo -- El tribunal británico de mayor instancia anuncia que el 24 de marzo dará a conocer su determinación sobre la apelación presentada por los abogados de Pinochet.

23 Marzo -- Un avión de la Fuerza Aérea Chilena llega a una base británica para trasladar a Pinochet a su país si es que recibe un fallo favorable. En Chile, partidarios y detractores del ex dictador realizan vigilias a la espera de la determinación de los "Law Lords".

24 Marzo -- Los "Law Lords" deciden que Pinochet no goza de inmunidad, lo que abre las puertas para el inicio del proceso de extradición a España. Pero establecen que el ex dictador sólo puede ser procesado por crímenes cometidos después de 1988, año en que Gran Bretaña convirtió en ley la convención sobre torturas de las Naciones Unidas. El fallo es recibido en Chile con confusión: seguidores y detractores de Pinochet celebran.

15 Abril -- El ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, determina que los procedimientos para la extradición deben seguir adelante.

23 Abril -- El gobierno chileno anuncia que pedirá un arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para dirimir si son sus propios tribunales los que tienen competencia para juzgar a Pinochet.

6 Mayo -- Abogados de Pinochet en Londres apelan ante el Tribunal Superior de Gran Bretaña para evitar que el juicio de extradición prosiga.

27 Mayo -- El Tribunal Superior rechaza la apelación, aduciendo que sólo demoraría innecesariamente el caso.  4 Junio -- El juez británico Graham Parkinson determina que el 27 de septiembre se deben iniciar las audiencias para el proceso de extradición a España.

2 Julio -- Pinochet es trasladado a una clínica londinense para someterse a exámenes al corazón.

29 Julio -- Un informe médico solicitado por el gobierno chileno revela que Pinochet "corre un importante riesgo de muerte por el agravamiento de su salud". La autoridades chilenas refuerzan su tesis de invocar razones humanitarias para lograr el regreso del general.

2 Sept. -- Pinochet es llevado nuevamente a un hospital para realizarse exámenes médicos.

8 Oct. -- Una corte británica autoriza la extradición de Pinochet a España.

22 Dic. -- El gobierno británico autoriza exámenes médicos a Pinochet, para determinar su verdadero estado de salud.

2000.

5 Ene. -- Tres médicos británicos examinan a Pinochet durante seis horas.

11 Ene. -- Gran Bretaña dice que los exámenes médicos independientes indican que el ex dictador no está condiciones de enfrentar un juicio en España.

25 Ene. -- El gobierno de Bélgica y seis grupos de derechos humanos piden a la Corte Suprema de justicia británica impedir la liberación de Pinochet por razones de salud y difundir los exámenes médicos.

15 Feb. -- El tribunal resuelve que los países involucrados en pedidos de extradición, es decir Bélgica, Francia, España y Suiza, pueden ver los análisis médicos de Pinochet.

16 Feb. -- La prensa española difunde el contenido de los exámenes médicos que indican que Pinochet sufre daños en el cerebro que le afectan la memoria.

19 Feb. -- Vuela a Gran Bretaña un avión de la Fuerza Aérea de Chile destinado a traer de regreso a Pinochet.

22 Feb. -- Straw recibe las objeciones a los análisis médicos de los cuatro países que reclaman la extradición.

2 Marzo -- Straw informa su decisión final de no seguir el proceso de extradición contra Pinochet. Un grupo de abogados pidió formalmente el mismo día, el desafuero de Pinochet al juez Juan Guzman.

Julio - A la espera de decisión final sobre el desafuero de Pinochet y posible juzgamiento en tribunales chilenos.
 


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).


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*  © DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Bs. Ais. Edición del Autor, 2001), Cap. XV.
(1) CNN Español 11/1/2000. Determinan que Pinochet no está en condiciones de ser procesado en España. http://www.cnnenespanol.com. También en Diario Clarín, Buenos Aires, Miércoles 12 de enero de 2000. Terrorismo de Estado: sorpresiva decisión del ministro Jack Straw.
(2) Diario Clarín, Buenos Aires, Miércoles 12 de enero de 2000. Terrorismo de Estado: Presión para los dos Candidatos.
(3) Diario Clarín, Buenos Aires, Miércoles 12 de enero de 2000. Terrorismo de Estado: La Extradición a España del ex Dictador.
(4) Diario Clarín, Buenos Aires, Jueves 13 de enero de 2000. Terrorismo de Estado: Se Iniciaría un Intrincado Proceso Judicial.
(5) LA NACION LINE, Buenos Aires, 13/01/00, Exterior. A la Espera de una Corte Mundial de Crímenes Contra la Humanidad.
(6) Diario Clarín, Buenos Aires, Viernes 18 de febrero de 2000. Terrorismo de Estado: Nueva Intervención de la Iglesia en Favor del ex Dictador.
(7) CNN en español, 2/3/2000. Documento: Declaración británica sobre el caso de Pinochet. http://www.cnnenespanol.com.
(8) CNN en español 2/3/2000. Pinochet vuela de regreso a Chile. http://www.cnnenespanol.com.
(9) CNN en español 2/3/2000. Frei dice que el arresto de Pinochet pudo desatar una crisis institucional. http://www.cnnenespanol.com.
(10) Diario Clarín, Buenos Aires, Viernes 03 de marzo de 2000. Terrorismo de Estado: Reacciones en la Argentina.
(11) Diario Clarín, Buenos Aires, Viernes 03 de marzo de 2000. Terrorismo de Estado: Reacciones en la Argentina.
(12) CNN en español, 3 de Marzo, 2000. El gobierno chileno expresa irritación por recibimiento triunfal de Pinochet. http://www.cnnenespanol.com.
(13) Diario Clarín, Buenos Aires, Viernes 03 de marzo de 2000. Terrorismo de Estado: Augusto Pinochet Ugarte. Un dictador que cree que el mundo le debe dar gracias. Afirma que derrotó al comunismo mundial, Desciende de piratas franceses, Ama la música de Lili Marlen.
(14) Diario Clarín, Buenos Aires Sábado 04 de marzo de 2000. Terrorismo de Estado: Polémica en el Oficialismo por el Retorno de Pinochet.
(15) Diario Clarín, Buenos Aires, 4/3/2000. Temen por la imagen que quedó de Chile.
(16) CNN en español, 3 de Marzo, 2000. El gobierno chileno expresa irritación por recibimiento triunfal de Pinochet. http://www.cnnenespanol.com.
(17) Diario Clarín, Buenos Aires, Viernes 03 de marzo de 2000. Terrorismo de Estado.
(18) Diario Clarín, Buenos Aires, Domingo 05 de marzo de 2000. Terrorismo de Estado: se Redobla la Demanda para Procesar al ex Dictador. También Diario LA NACION LINE, Buenos Aires, 05/03/2000, Exterior. Tormenta política en Chile por Pinochet.
(19) CNN en español, 27 de Abril, 2000. http://www.cnnenespanol.com.
(20) Diario LA NACION LINE, Buenos Aires, 26/05/2000, Exterior. Por el desafuero de Pinochet Chile: el ejército expresó su malestar.
(21) Diario LA NACION LINE, Buenos Aires, 6/06/2000, Exterior. La batalla legal del ex dictador. Confirmaron el desafuero de Pinochet.
(22) Diario Clarín, Buenos Aires, Jueves 22 de junio de 2000. Derechos Humanos en Chile. Aprueban ley que protege la identidad. También Diario LA NACION LINE, Buenos Aires, 22/06/2000, Exterior. Tras el acuerdo cívico-militar en Chile Aprobaron una ley sobre desaparecidos. Y CNN en español, 22/06/2000, Aprueban en Chile una ley de amparo a militares que informen sobre desaparecidos. http://www.cnnenespanol.com.
(23) Diario LA NACION LINE, Buenos Aires, 3/07/2000, Exterior. Los Derechos Humanos en Chile. Ex Agentes de Pinochet Alegan Obediencia Debida.