SEGUNDA SENTENCIA DE LOS LORES

¿PINOCHET SERA SANCIONADO O NO?

©  Luis DALLANEGRA PEDRAZA *


El 24 de marzo de 1999 se emitió, en Gran Bretaña, una segunda sentencia respecto del caso Pinochet, luego de que se hubiera planteado un recurso de queja, por parte de la defensa respecto de la primera, ya que uno de los Lores intervinientes, tenía vínculos con el organismo de derechos humanos Amnesty International.

Sin embargo esta sentencia, aunque con novedades, confirma el fallo anterior.

Los siete jueces Lores del Reino Unido anunciaron, por mayoría de seis votos contra uno, que Augusto Pinochet debe someterse al procedimiento de extradición planteado por España, pero solamente por delitos aislados, de conspiración para torturar y tortura, a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que tales delitos fueron considerados por la legislación británica hechos de persecución penal extraterritorial. Todos los demás cargos quedaron fuera.

Los Lores solicitaron al Ministro del Interior, Jack Straw, que a la luz del "sustancial cambio de circunstancias" reconsidere su decisión anterior respecto al procedimiento de extradición.

LA SENTENCIA

Lord Browne-Wilkinson, presidente del tribunal de siete jueces Lores, dijo:

"Señorías, por las razones que expongo en un discurso que he preparado, copias que ahora están disponibles por escrito, sostengo que el senador Pinochet no goza de inmunidad como ex jefe de Estado frente a delitos de extradición. Por ello, la apelación, para mí, debe ser admitida en parte".

Se refería al recurso objeto del juicio sobre la inmunidad del ex dictador, planteado por la Fiscalía de la Corona, en nombre de España, contra una resolución por la cual el Alto Tribunal de Justicia británico concedió la inmunidad absoluta a Pinochet el 28 de octubre de 1998. Lo que se pedía era, entonces, retirar la inmunidad a Pinochet para que pueda someterse al procedimiento de extradición. La clave estaba en: "Debe ser admitida en parte".

A continuación, habló Lord Goff, que, durante el juicio pareció ser el director de la tesis de la abogada de Pinochet, Clare Montgomery, conducta que mantuvo coherentemente en su voto. "Señorías, yo desestimo el recurso".

El tercero fue Lord Hope. "Soy de la opinión de que la mayoría de los cargos dirigidos contra el senador Pinochet, están relacionados con delitos por los que no puede ser legalmente extraditado a España aún en el caso de que no tuviera inmunidad. Sobre la cuestión de la inmunidad, sostengo que el senador Pinochet no goza de inmunidad frente a los cargos de tortura y conspiración para torturar que se dirigen contra él, pero solamente respecto al periodo posterior al 8 de diciembre de 1988. Hasta ese punto, admitiría el recurso".

Le siguió Lord Hutton. "El senador Pinochet no tiene derecho a gozar de inmunidad respecto a las acusaciones de tortura y conspiración para torturar que presuntamente se han cometido después del 29 de septiembre de 1988 y por estos admitiría el recurso".

Lord Saville: "Yo admitiría el recurso hasta el punto propuesto por mi noble y docto amigo, Lord Browne-Wilkinson".

Los últimos dos jueces Lores, claramente se mostraron contrarios a la inmunidad.

Lord Millet: "Soy de la opinión de que el senador Pinochet puede ser extraditado a España respecto a los delitos de tortura y conspiración para torturar cometidos en cualquier país y en cualquier momento.

Lord Phillips: dijo, profundizando la linea de Lord Millet: "Yo admitiría el recurso respecto a todos los presuntos delitos de que se acusa al senador Pinochet como constitutivos de delitos de extradición".

Tras estas breves exposiciones, que duraron aproximadamente unos diez minutos, volvió a ponerse de pie Lord Browne-Wilkinson. El presidente señaló: "Hay aquí, tras la exposición, oscuridad que procuraré aclarar":

"Nadie puede ser extraditado a menos que la conducta alegada contra él constituya un delito en ambos países, el país extranjero y el Reino Unido; esto es lo que se denomina doble criminalidad".

Las acusaciones "contra el senador Pinochet son principalmente acusaciones de tortura y conspiración para torturar fuera del Reino Unido. La tortura cometida fuera del Reino Unido no era un delito en la ley británica hasta la ley de Justicia Criminal de 1988, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 29 de septiembre de 1988".

"En el enjuiciamiento de hoy, seis miembros del comité de apelación sostenemos que, bajo la ley ordinaria de extradición, el senador Pinochet no puede ser extraditado para hacer frente a cargos en relación con tortura cometida antes del 29 de septiembre de 1988, porque antes de esa fecha no estaba satisfecho el principio de doble criminalidad".

"El resultado de esta decisión es la eliminación la mayoría de los cargos planteados contra el senador Pinochet por el Gobierno de España y propuestos como la base para su extradición. La mayoría de los cargos se refieren al periodo de golpe de estado en Chile en 1973 y los años inmediatamente posteriores. Los únicos cargos que son delitos de extradición comprenden cargos aislados de tortura después del 29 de septiembre de 1988, ciertas conspiraciones para torturar en el periodo del 29 de septiembre de 1988 y enero de 1990 y ciertas acusaciones de conspiración en España para cometer asesinato en España. Respecto de estos casos muy limitados, la cuestión de la inmunidad sigue siendo relevante".

"El secretario de Estado -Ministro del Interior, Jack Straw- puede, en consecuencia, si así lo considera adecuado, autorizar que el procedimiento de extradición contra el senador Pinochet continúe por estos cargos drásticamente reducidos".

El hecho había sido que Jack Straw, en virtud de la anterior resolución de los Lores, del 25 de noviembre de 1998, más tarde anulada, resolvió el 9 de diciembre autorizar el procedimiento por los delitos de asesinato, conspiración para asesinato, tortura, conspiración para torturar y desaparición de personas, conspiración para desaparición de personas.

"Aunque seis miembros del comité mantenemos que Pinochet no goza de inmunidad en los cargos de tortura, nuestros razonamientos varían en algunos puntos. Lord Hope, Lord Saville y yo mismo consideramos que sólo ha perdido su inmunidad con la vigencia de la 'Convencion Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes', que se convirtió en ley de respeto obligatorio en España, Chile y el Reino Unido. Esto ocurrió el 8 de diciembre de 1988. Lord Hutton sostiene que la inmunidad del senador Pinochet terminó el 29 de septiembre de 1988 y Lord Millet y Lord Phillips sostienen que Pinochet nunca tuvo derecho a la inmunidad".

"A la vista de la muy sustancial reducción del número de casos extraditables, el asunto requerirá la reconsideración del Ministro".

Pocos minutos después del fallo, la defensa de Pinochet comunicó a la Fiscalía de la Corona que había solicitado a un juez de Alto Tribunal de Justicia, hora para depositar un hábeas corpus para que el propio Jack Straw dejase sin efecto su decisión del 9 de diciembre de 1998, a fin de conseguir la liberación de Pinochet (1).

Todo el mundo quedó contento, pinochetistas y contrarios, pero nadie comprendió el fallo.

Los Lores fueron "sabios" para salir del paso.

Algo sí quedó seguro para el Derecho Internacional Público, los ex jefes de Estado, no gozan de inmunidad para los delitos de lesa humanidad luego de 1988, año en que entró en vigencia la "Convencion Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes". Se abre la posibilidad de juicio a cualquier ex jefe de Estado que entre dentro de esta figura jurídica.

Debería pensarse también en figuras como corrupción, narcotráfico, terrorismo de Estado.

A la pregunta sobre si puede invocarse la soberanía para proteger la inmunidad en caso de delitos de lesa humanidad, quedó como respuesta firme que no, al menos después de la vigencia de la Convención Internacional contra la Tortura vigente desde 1988.

No obstante otra pregunta que uno se hace, es: ¿el principio de no retroactividad de la ley, debe ser aplicado también a los delitos de lesa humanidad? ¿Prescriben éstos, toda vez que no se puede aplicar la ley con fecha anterior a la de la adopción de la Convención Internacional contra la Tortura, o esta respuesta queda en manos del país originario del criminal?

REACCIÓN EN ELGOBIERNO CHILENO

El presidente chileno Eduardo Frei reaccionó con alguna complacencia por el fallo de la Cámara de los Lores en el caso Pinochet, según dijo el gobernante en un breve discurso al país, por reconocer la soberanía jurisdiccional del Estado de Chile.

Frei dijo: "Mi gobierno adoptará las medidas que correspondan en el nuevo contexto". Reiteró que el apoyo a Pinochet se hace en razón de la defensa del principio de la soberanía y de la no extraterritorialidad de la justicia. "Quiero expresar mi satisfacción porque los argumentos expuestos por nuestros abogados fueron acogidos en la decisión adoptada por la Cámara de los Lores".

Cabe preguntarse si la legislación chilena tiene jurisdicción para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Pinochet entre 1973 y 1988. En caso afirmativo, si el gobierno chileno de Frei, tiene poder político para aplicar la ley. El status de Pinochet como senador vitalicio que consta en la Constitución, que sólo puede ser reformada por mayoría de un senado que es, a su vez, controlado por pinochetistas, y las leyes de amnistía sancionadas por el mismo Pinochet en el poder, para los hechos ocurridos entre 1973 y 1978, constituyen un serio obstáculo para su enjuiciamiento en Chile.

El día anterior al dictado de la sentencia, el comandante en jefe de la fuerza aérea, general Fernando Rojas, manifestó que el proceso de transición chileno está "amenazado" por un clima de división similar al que, en 1973, derivó en el golpe militar que encabezó Pinochet.

Rojas formuló esas apreciaciones durante la celebración de los 69 años de la creación de la Fuerza Aérea, en la que acusó a Gran Bretaña y a España de "una falta absoluta de respeto" hacia la institucionalidad chilena.

Rojas afirmó: "Quieren darnos lecciones sin recordar siquiera su propio pasado", como orador principal de la ceremonia, en la que estuvieron presentes sus colegas del ejército y de la armada, además del presidente Eduardo Frei.

El acto constituyó un claro mensaje de "férrea unidad castrense", términos que empleó el jefe de la armada, almirante Jorge Arancibia.

ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE LA NUEVA SENTENCIA

El tribunal sentó un precedente significativo, ya que hizo una interpretación de la inmunidad diplomática de conformidad con las restricciones que surgen de la aplicación estricta de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.

Se logró un importante avance en materia de igualdad ante la ley, la que demanda el igual tratamiento judicial de todas las personas, independientemente de las funciones que cumplan. Desterró la idea según la cual el gobernante no puede producir daño en el ejercicio de su cargo, lo que en los hechos se traduciría en impunidad.

Cabe destacar la jerarquía que adquiere el derecho internacional de los derechos humanos, en la medida en que se da cabida a la aplicación del principio de extraterritorialidad para el juzgamiento y penalización de hechos susceptibles de caer dentro de la categoría de crímenes aberrantes o de lesa humanidad.

Ello le da pleno sentido al régimen contenido en tratados de los que son signatarios la mayoría de los Estados. El objetivo fundamental que los mismos persiguen consiste en el logro de un derecho único en la materia, cuya aplicación sea homogénea y, sobre todo, efectiva. Para ello los magistrados deben ser capaces de superar las barreras que se derivan del concepto tradicional de soberanía estatal. En un mundo globalizado, sería absurdo no incorporar esta concepción para la protección de la dignidad humana, a la vez que implicaría una discriminación conveniente según los intereses, pero que atenta contra la justicia internacional.

Los hechos deben ser considerados a la luz del derecho a los efectos de no incurrir en contradicciones. Una de las primeras situaciones, es que, los Lores debieron establecer cuáles eran delitos extraditables, siguiendo el criterio básico de considerar los delitos que serían perseguibles dentro del Reino Unido, en el sentido de que una extradición sólo procede por delitos que también lo sean en el país donde se produce la detención.

La posición de los Lores de limitar los hechos por los que se ha de extraditar a Pinochet, a aquellos cometidos luego de haber ratificado el Reino Unido las Convenciones Internacionales en cuestión, parece una decisión razonable. Para el Reino Unido la tortura, fuera de su jurisdicción no era delito, antes de 1988, en que ratificó la "Convencion Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes" por la Sección 134 del 29 de setiembre de 1988.

A su vez, el rechazo del tribunal a la "inmunidad", pretendida por parte de Pinochet con la invocación de su status de ex jefe de Estado, es un hecho de gran trascendencia para la vigencia del derecho como ordenador de conductas. Es que un fallo en apoyo de la inmunidad pretendida habría sido poco menos que un réquiem al principio de la igualdad ante la ley. Lo que los Lores le han dicho otra vez a Pinochet, es que, en materia de responsabilidad por delitos contra el derecho internacional él no es más que un mortal común.

De todas formas, en España, sólo se puede juzgar a Pinochet por los casos posteriores al 29 de setiembre de 1988, ya que la Convención Europea de Extradición, obliga a España a cumplir con esta decisión.

En materia de derecho y justicia internacional, se ha avanzado mucho, más allá del castigo que reciba, o no, Pinochet.


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).


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*  © DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Bs. Ais. Edición del Autor, 2001), Cap. XV.

(1) Diario "El País" de España, del 25 de marzo de 1999.