ANEXO

CUADRO DE PUNTOS PARA AGENDA DE PAZ
(Por Areas Temáticas y por Actores)

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *


En estos cuadros se contemplan las posiciones comparadas de cada uno de los actores, directos y también indirectos en el conflicto colombiano. Se han hecho dos versiones: una vista desde la perspectiva de las posiciones ostentadas por cada uno de los actores; la otra compara las posiciones entre los actores.

Se ha tomado información del actual y anteriores procesos de paz, así como de las diferentes declaraciones hechas por los actores desde 1999 a la actualidad. Esta información se encuentra en el “Cuadro de Posiciones de las Diferentes Partes en el Conflicto” confeccionada año por año durante los últimos quince años, publicada en http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/cpconfco.htm.

Este Anexo, fue armado a partir de la información recabada, sea por declaraciones de las partes, documentos e incluso acuerdos firmados. Se siguieron los criterios establecidos en las variables que se definen en este mismo Anexo, con la finalidad de armar un cuadro de situación sobre las posiciones de las partes directas e indirectas en el conflicto, que permita configurar una verdadera Agenda de Negociación.

Definiciones y Glosario

Posiciones Radicales: Aquellas posiciones extremas, que se alejan de toda posibilidad de encuentro, convergencia o entendimiento entre las partes en conflicto. Pueden ser legítimas, más allá del impedimento que generan en la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Procesos que Pueden Contribuir con la Paz: Son todos aquellos procesos o propuestas que, si fueran aceptadas por las partes, aun para un debate y ajuste de términos o condiciones, podrían desembocar en acuerdos que deriven en la paz.

Desentendimientos no Radicales: Se trata de todas aquellas situaciones en las que el desentendimiento en lo formal es mayor que en lo sustantivo, por lo que, resuelto lo formal, puede encararse la negociación tratando de arribarse a un acuerdo.

Puntos que Pueden Postergarse para más Adelante: Son todos aquellos temas, que entorpecen el camino hacia un acuerdo, pero cuya significación no es substantiva o, siendo substantivos, deberían postergarse hasta resolver otros temas previos, que facilitarían posteriormente llegar a acuerdos sobre estos puntos.

Puntos en Común (Se incluyen temas coincidentes, o acuerdos alcanzados): Son todos aquellos en los que hay convergencia o coincidencia más allá de diferencias -o no- formales, o ha habido un acuerdo firmado, más allá de su vigencia actual, ya que, lo acordado, puede ser rescatado.

Puntos en Común con Problemas de Resolución: Son aquellos temas en los que hay convergencia o coincidencia, pero la visión sobre cómo resolverlo puede no coincidir o generar trabas formales.

Reglas Básicas de las Partes: Indica qué temas o caminos -considera cada parte en el conflicto- deben transitarse para que se arribe a un acuerdo.

MAAN/PAAN/ZOPA/CPT: (MAAN) la Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (que incluye MAPAN: Mejor Alternativa Posible a un Acuerdo Negociado), que tiene en cuenta que es lo mejor para cada parte, en vez de negociar un acuerdo; también la (PAAN) Peor Alternativa a un Acuerdo Negociado, que tiene en cuenta las consecuencias de elegir alternativas que generan perjuicios mayores que negociar y obtener menos de lo que ya se tenía; (ZOPA) Zona de Posibles Acuerdos, es la zona o el alcance que puede significar un acuerdo satisfactorio para las partes; es el conjunto de acuerdos que potencialmente puede satisfacer a las partes; (CPT) Consecuencias Para Terceros.

Problemas Derivados de las Políticas Seguidas: Se tienen en cuenta los resultados, consecuencias y repercusiones de las decisiones y actividades llevadas a cabo persiguiendo los objetivos.

Percepción que se tiene del oponente: Si bien se trata de un proceso psicológico, queda manifiesto en las expresiones, declaraciones que se hacen respecto del oponente. En muchos casos, no es la idea, sino la ideología la que predomina en la expresión de la percepción y el objeto central es desautorizar y deslegitimar al oponente.

Factores que Entorpecen la Negociación: Spoil: Dañar, estropear. Spoilers: los que sabotean por diferentes motivos la posibilidad de paz y generan nuevos ciclos de violencia. Los spoilers o saboteadores, generalmente son líderes que con el proceso de paz ven amenazadas sus posiciones, privilegios, intereses o poder y usan la metodología de boicotear el proceso para desmantelarlo. Muchas veces, no lo hacen por sus propios intereses, sino de los grupos o sectores a los que responden. Los sectores que se benefician del conflicto y su militarización, sabotean el proceso cada vez que puede alcanzar una salida pacífica. En el caso Colombia, ruptura del proceso de negociación en enero del 2002, desde el punto de vista de las FARC, Andrés Pastrana Arango en el proceso de negociación en San Vicente del Cagüán, al acordar con el Gobierno norteamericano el Plan Colombia y a la vez no frenar el avance de los “paramilitares” y pretender sólo la rendición de la insurgencia sin acordar cambios en el proceso político-económico-social; según el Presidente Pastrana, porque las FARC obstaculizaban permanentemente el proceso de negociación con excusas. En el caso palestino-israelí, el asesinato por los sectores radicales de Israel de Yitzhak Rabin fue un sabotaje a la paz alcanzada con Yasser Arafat en 1995.

Trasfondo Real del Conflicto: Tiene que ver con las percepciones que las partes tienen, ya que el aspecto objetivo del trasfondo real, la mayoría de las veces, resulta complejo develarlo. La parte visible puede ser la defensa o protección de los derechos humanos, la justicia social o los intereses nacionales; mientras que el trasfondo puede ser el control de recursos estratégicos; la apropiación de territorio; el debilitamiento del poder del oponente; la imposición de una ideología; etc.

Qué status se otorga a las partes en el conflicto: Las partes en conflicto, particularmente en casos de conflictos intra-estatales, tienden a deslegitimar al oponente con calificativos; de esa manera, se intenta evitar tener que negociar o en la negociación, se plantea que la única alternativa es la “desmovilización”. Las calificaciones pueden ser: ¿Beligerantes?, ¿terroristas?, ¿guerrilleros?, ¿delincuentes? Se pueden utilizar instrumentos objetivos para establecer la calificación de “beligerante”, como las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario (DIH); el “terrorismo” es mas difícil de calificar, más allá de que organismos como la ONU entre otros han intentado hacerlo, sin dejar de lado que también hay un terrorismo de Estado, lo que hace más complejo aún la definición y calificación.






INDICE

A. Posiciones de los Actores

Se comparan las posiciones entre los actores.

B. Actores Parte en el Conflicto

Se analizan las posiciones de cada actor directo o indirecto en el conflicto.

1. Posiciones Radicales

1. Gobierno de EUA

2. Procesos que Pueden Contribuir con la Paz

2. Sector Financiero de EUA

3. Desentendimientos No Radicales

3. Gobierno de Colombia

4. Puntos que Pueden Postergarse para más Adelante

4. Paramilitares

5. Puntos en Común (Se incluyen temas coincidentes o Acuerdos alcanzados)

5. FARC

6. Puntos en Común con Problemas de Resolución

6. Otras fuerzas en Colombia (ELN)

7. Reglas Básicas de las Partes

7. Otros Actores en Colombia

8. MAAN/PAAN/ZOPA/CPT

8. Fuerzas Armadas de Colombia

9. Problemas Derivados de las Políticas Seguidas

9. Secretario General ONU, otras Organizaciones y Personalidades

10. Percepción que se Tiene del Oponente

10. Gobiernos Latinoamericanos

11. Factores que Entorpecen la Negociación (Spoil)

11. Unión Europea

12. Trasfondo Real del Conflicto


13. Status Otorgado a Partes en Conflicto




A. AREAS TEMATICAS O POSICIONES

1. Posiciones Radicales

Aquellas posiciones extremas, que se alejan de toda posibilidad de encuentro, convergencia o entendimiento entre las partes en conflicto. Pueden ser legítimas, más allá del impedimento que generan en la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Actores/

Posiciones

Posiciones Radicales

Gobierno de EUA

- Guerrilla y narcotráfico en Colombia son dos caras de la misma moneda. Las FARC suministran más de la mitad de la cocaína que circula en el mundo. A los ojos de EUA, es un “cartel de la droga”. El combate contra los traficantes implica una lucha contra la guerrilla y viceversa. “Las dos cosas están unidas porque el 50% del dinero que tienen los guerrilleros proviene del narcotráfico”.


- Para EUA problema de narcotráfico ya es regional y hay que tener cuidado con países como Venezuela que lo facilitan.


- La crisis colombiana es “una amenaza para todas las democracias” del continente americano. Conflicto colombiano es un problema “regional” y un problema de seguridad nacional para EUA, y la única solución viable es la cooperación regional. Esta cooperación, tiene que ver con la inteligencia y la logística militar, no con formas negociadas de resolución de conflictos, metodologías a las que el Gobierno norteamericano no está dispuesto y de las que los países latinoamericanos carecen.


- Las FARC no tienen la intención real de negociar la paz. EUA considera a las FARC una organización terrorista extranjera. La política de EUA es no hacer concesiones a los terroristas, bajo el criterio de que tales concesiones lo único que harían sería estimular futuros secuestros.


- Con el Gobierno de George W. Bush, a partir de los acontecimientos del 11-9-2001, EUA incluyó a las FARC, al ELN y a los paramilitares AUC en su lista de grupos terroristas, que se financian con fondos del narcotráfico. La CIA identificó a las FARC al tope de la lista de organizaciones equiparables a la red Al Qaeda que pueden convertirse en un blanco militar norteamericano en la guerra en marcha contra el terrorismo, creando una valla a la posibilidad de negociación.


- Gobierno de EUA presentó cargos criminales contra 50 líderes y miembros de las FARC, a las que acusó de suministrar más de la mitad de la cocaína que circula en el mundo. La acusación establecía que las FARC introdujeron en Colombia más de u$s 25.000 millones provenientes de la venta de cocaína en el mundo. También acusó a la organización guerrillera de suministrar más del 60% del alcaloide que ingresó a EUA. El Gobierno norteamericano no acusó sólo a algunos miembros sino a todo el grupo de las FARC, lo que la convirtió, a los ojos de EUA, en un “cartel de la droga”.


- Respalda al Gobierno de Colombia en su lucha contra las organizaciones terroristas que amenazan la estabilidad democrática. EUA se opone a cualquier acto de agresión que pueda servir para desestabilizar la región andina.


- Colombia es una suerte de muro de contención necesario ante la supuesta amenaza regional que representa la llamada revolución bolivariana del Presidente venezolano, Hugo Chávez.


- EUA no estuvo de acuerdo en el Consejo Permanente de la OEA con afirmar que Colombia había violado la soberanía y el territorio ecuatorianos al atacar campamento de Reyes, pues el ataque estuvo justificado en el marco de la lucha contra las FARC, consideradas un grupo terrorista por el Gobierno norteamericano. Las naciones tienen derecho “a la defensa propia”. {Intervención en defensa de la “democracia”}


- Gobierno EUA quiere juzgar en su territorio a quienes considera que afectaron sus intereses de seguridad.

Sector Financiero de EUA


Gobierno de Colombia

- Luego de Pastrana, ningún Gobierno acepta zonas de negociación, sean de despeje o de encuentro.


- A partir de Uribe la guerrilla pasa a ser calificada de “terrorismo” por lo que no se les aplica el DIH especialmente el Protocolos II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.


- A partir de Uribe se “militariza” el tratamiento del conflicto y en ningún momento se accede a negociación. Incluso se busca la recuperación militar de secuestrados.


- No reconocimiento de la beligerancia a la guerrilla.


- No intervención de terceros países en los procesos de negociación.


- Uribe esgrime Doctrina de la Legítima Defensa a la incursión en países vecinos, considerando “violación de soberanía” el que haya grupos guerrilleros atacando al país vecino (Colombia desde Ecuador).


- Llevar a los guerrilleros, militarmente, a un punto de no retorno, después del cual solo tendrán el camino de la desintegración o la negociación debilitados. Además de la vía militar, buscar más diálogo con los colombianos de todas las tendencias políticas, para tratar de avanzar en la construcción de consensos nacionales sobre estas alternativas.


- Negación a canje de secuestrados por guerrilleros presos.


- Negación a salida política y negociada del conflicto.


- Uribe logra que los miembros de la UNASUR adopten su propia calificación de los grupos insurgentes, haciendo que los declaren terroristas y grupos armados al margen de la ley, quitando toda posibilidad de que se les otorgue status de beligerantes y quedar dentro del marco de las Convenciones de Ginebra.


- 14-5-2011 (Santos), “Si no hay conflicto armado, no podemos bombardear a los jefes de la guerrilla”. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también han hecho referencia al conflicto armado interno que sufre el país.


- 13-8-2011 (Santos), “La puerta está cerrada con llave y la llave la tengo yo en el bolsillo”. “Diálogo sí, pero solo cuando estemos convencidos”. No están autorizadas iniciativas para buscar “diálogos paralelos”.


- 1-2-2012 (Santos), Lo más inconveniente para la paz es que comiencen a crear grupos de estudios, grupos de trabajo, a hacer propuestas públicas, porque eso no contribuye sino que, todo lo contrario, genera un ambiente negativo y contraproducente. Se han presentado todo tipo de iniciativas, mandan razones personajes nacionales, personajes internacionales que quieren hacer una propuesta, que quieren crear un grupo, que quieren intervenir.


- 9-2-2012, (Santos), Para llegar a la paz hay que quebrarle la voluntad a los violentos y derrotar al adversario en el campo de batalla.


- Convocan a alzados en armas para que las depongan y recuperen su libertad, como alternativa de paz.


- 6-3-2012 (Ministro Justicia Gobierno de Santos), En Colombia hay conflicto armado y no una amenaza terrorista pero “no hay prisioneros políticos, de guerra o de conciencia”.


- 13-1-2012 (Santos), “Que se olviden de un nuevo Cagüán”. Nada de zona de distensión, show mediático, micrófonos y declaraciones, nada de agendas que parecen más un catálogo de reivindicaciones que un programa estructurado con temáticas jerárquicamente ordenadas.


- 25-1-2012, (Santos-Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras-Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón), “El secuestro no puede ser un instrumento de lucha. Liberación de policías y soldados canjeándolos por guerrilleros es inaceptable. No se puede equiparar el status y la condición de un secuestrado a la de un guerrillero judicializado legalmente”. Secuestro de uniformados lo “usan como mercancía política”.


- 9-2-2012 (Santos), El Gobierno no necesita portavoces dentro o fuera del país para manejar el tema de la paz. “No necesitamos de voceros, ni nacionales ni internacionales, para este asunto.


- 21-2-2012 (Santos), Respuesta a carta del ELN planteando “Tregua Bilateral, en el marco de una mesa de diálogos y dentro de una agenda de Salida Política al conflicto que abarque otros asuntos sustanciales, sobre Derecho Internacional Humanitario, atención a los reclamos y luchas populares, como parte esencial del camino de superación definitiva del conflicto, hacia la justicia y equidad social, la democracia y la soberanía. “Gobierno Nacional no está interesado en ceses al fuego, ni en circos públicos temporales. El hecho de que nos concentremos en el mañana no significa, de ninguna manera que no aprendamos de los errores y las experiencias del pasado”. El único interés del Gobierno Nacional es acabar con el conflicto armado de manera permanente, por lo que: “Vamos a continuar nuestra lucha contra el terrorismo, el crimen y la violencia, con todo lo que esté a nuestro alcance”. El Gobierno va a poner todo el empeño “para recuperar hasta el último centímetro del territorio nacional, y no sólo con nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía, sino con todo el Estado en su conjunto”. Hay una mano extendida a los grupos armados que tomen la decisión responsable y seria de acabar definitivamente con la violencia. “A 10 años del proceso del Cagüán, sabemos que fracasó no por falta de voluntad del Gobierno y del pueblo colombiano, sino por la obstinación de la guerrilla en la violencia y los actos terroristas” .


- 5-3-2012 (Santos-Vicepresidente Angelino Garzón), “La existencia de esas organizaciones no tiene razón de ser”. Durante 62 años han causado un gran sufrimiento al país. En algunos campos de concentración del nazismo no se hicieron las crueldades que han hecho las FARC”.


- 6-3-2012 (Santos- Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra), Frente a pedido para que se autorice el ingreso de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios” a diferentes cárceles del país para visitas a los “presos y presas políticos, de guerra y de conciencia”: No existen en Colombia; más aún cuando se plantea como la “cuota inicial” del proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno. Un proceso de tales dimensiones pasa a ser del resorte exclusivo del señor Presidente de la República”.


- 6-9-2012 (Presidente Santos), Pedir la presencia en la mesa de diálogos de “Simón Trinidad”, guerrillero preso en Estados Unidos, no es realista. Lo importante aquí es concentrarse en lo básico, en la agenda que se acordó, en los puntos. La fuerza pública seguirá combatiendo a la insurgencia hasta que se firme el fin del conflicto. “Nosotros hemos dicho que parte de las diferencias con otros procesos es no ceder ni un centímetro del territorio ni cesar operaciones militares. Y eso se mantiene hasta la culminación del proceso, hasta terminar la segunda fase. Hemos hablado de meses no de años. Yo esperaría que si hay voluntad, en seis u ocho meses podamos decir que terminamos la segunda fase, se pueda decir que se ha terminado oficialmente el conflicto”.


- 22-9-2012 (Presidente Santos), Antes de iniciar los diálogos en Oslo pidió a las Fuerzas Militares insistir en la seguridad de los colombianos, reiterando a las FARC que no cesarán las operaciones militares contra ellas. “No vamos a cesar las operaciones militares hasta que lleguemos al acuerdo final.


- 26-9-2012 (Presidente Santos), Las conversaciones con la guerrilla para procurar el fin del conflicto armado se harán “sin descuidar la seguridad de los colombianos, ni ceder un milímetro en la lucha contra el terrorismo y el delito”. El palo en la rueda del desarrollo del país es el conflicto armado, cada vez más anacrónico e inexplicable frente al desarrollo de nuestra democracia y nuestros progresos sociales.


- 28-9-2012 (Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón), Colombia necesita prepararse para el posible post-conflicto, sin disminuir el número de militares. “Lo que se ha demostrado donde se acaban los conflictos es que luego vienen unas fases de violencia criminal, diferente al conflicto y que por lo mismo, se requiere una Fuerza Pública que anticipe y garantice esa estabilidad y esa paz. La victoria de las Fuerzas Armadas es la paz”.


- 11-10-2012 (Presidente Santos), Sólo le compete a los negociadores del Gobierno y de las FARC ponerle fin al conflicto, puesto que son esas dos partes las que combaten a diario en las selvas colombianas; no le compete intervenir a la sociedad civil.


- 17-10-2012 (Humberto de La Calle, Jefe negociador Gobierno de Colombia), Tras el discurso del Comandante Iván Márquez de las FARC en la inauguración de diálogos de paz en Oslo, Humberto de la Calle, Jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, replicó que no admitirá un debate sobre modelos económicos, doctrina militar, ni un foro público; rechazó abiertamente “mantener discursos de plaza pública” y planteó que las FARC tendrían que dar el debate sobre temas como el modelo económico sin las armas, transformándose en un partido político para alcanzar algún futuro curul en el Congreso. “La paz con justicia social”, que según los guerrilleros, sólo podrá conseguirse acordando profundas reformas estructurales, para el Gobierno, la discusión sobre esas reformas pertenece a una tercera etapa -la de la construcción de la paz- que tendría lugar una vez que los rebeldes ya hayan depuesto las armas. Dijo de la Calle: el objetivo final de las conversaciones que empezarán el 15 de noviembre del 2012 en La Habana debe ser acordar condiciones para que, en el futuro, "las FARC expongan sus ideas sin el acompañamiento de las armas”, lo que significa que depende de los resultados electorales, podrán incidir o no.


- 19-10-2012 (Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón), “Cualquier ajuste que se haga a la doctrina de las Fuerzas Armadas será para ser más efectivos contra los terroristas, los narcotraficantes, los criminales o cualquier otra organización que atente contra los ciudadanos de Colombia”, frente al comentario de Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, de que hay que repensar en la reestructuración de las Fuerzas Militares.


- 14-11-2012, (Presidente Santos), Sobre los Mecanismos de Participación Ciudadana en el Proceso de Paz, hasta el momento se han acordado dos: 1) Adpostal (Oficina de Correos de Colombia) recibirá de manera gratuita las propuestas que los ciudadanos envíen a través de las alcaldías municipales de todo el país; y 2) apertura de una página en internet que también sirva para la expresión ciudadana. Además, la mesa recibirá las iniciativas que el Congreso de la República recoja durante los foros que viene realizando en diferentes regiones del país. El Presidente Santos ha sido enfático en restringir la discusión a Gobierno y guerrilla, y ha dicho que la participación de la sociedad civil sólo se dará en la tercera fase del proceso, cuando está previsto que se implementen los acuerdos.


- 20-11-2012, (Humberto De la Calle, Jefe Negociador Gobierno de Colombia en La Habana), Grupo negociador del Gobierno no hablará de cese de hostilidades durante los diálogos, el de la participación ciudadana, en el que insisten las FARC, ni de ningún otro tema que esté por fuera de la agenda mutuamente acordada.


- 11-12-2012 (Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón - Ministro del Interior, Fernando Carrillo - Coordinador de Ponentes, Senador Juan Manuel Galán - Senador Juan Carlos Vélez Uribe - Gral. Alejandro Navas - Comandante del Ejército, Sergio Mantilla), Senado aprobó Fuero Penal Militar, Gobierno apeló a la “soberanía legislativa” “es el Congreso el que toma las decisiones y no por imposición; lo hacemos nosotros por una convicción absoluta y estoy seguro de que la norma que va a salir va a garantizar que no va a haber impunidad en Colombia”. “El fuero busca la salvaguarda de la institución militar, incluso sobre aquellos militares y policías que a través de conductas delictivas buscan debilitar a una gran mayoría que tiene como función principal defender nuestra soberanía y la existencia y seguridad del Estado”. “El derecho de los Derechos Humanos a diferencia del Derecho Internacional Humanitario se aplica en tiempos de paz y no se aplica en tiempos de conflicto. Por eso, una cosa es aplicar el fuero militar en tiempos de paz y otra en tiempos de conflicto. Nuestra Fuerza Pública está enfrentando un conflicto armado interno, por eso debe ser juzgada y se le debe aplicar el Derecho Internacional Humanitario, que es el que rige para los conflictos armados”. “Nuestros soldados y policías no son ningunos criminales, son héroes de la patria. Lamentablemente les hemos venido recortando sus garantías por decisiones de la Corte Constitucional y de organizaciones internacionales. Esta es la oportunidad para devolverles sus derechos”. Se creará un Tribunal de Garantías Penales que tendrá la competencia de servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública. Se encargará de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar. Estará integrado por ocho magistrados: cuatro miembros de la Fuerza Pública en retiro y cuatro miembros que serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. El Ministro de Defensa Pinzón defendió la reforma. La seguridad de los miembros de la Fuerza Pública redunda en seguridad para todo el pueblo colombiano. “Las Fuerzas Militares y de Policía son los principales defensores de derechos humanos del país, pues ellos juran con su vida defender la Constitución y la ley”. “La justicia de las víctimas no puede pasar por la injusticia contra los miembros de la Fuerza Pública”. En el proyecto se incluyó que los miembros de la Fuerza Pública cumplan la detención preventiva en centros de reclusión especializados. El proyecto especifica que los casos penales que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública por los delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar que se encuentran en la justicia ordinaria, continuarán en ésta. El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del acto administrativo suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General para investigar presuntos delitos en operaciones militares denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”. El alto tribunal consideró que dentro de una operación militar se pueden presentar ocasionalmente situaciones que no guardan relación con el servicio, pero no por ello debe ser la Fiscalía la que asuma su conocimiento o determine a qué jurisdicción le debe corresponder su investigación.


- 2-12-2012 (Presidente Santos), “¿En el fondo cuál es el meollo del problema? ¿Cuál es realmente dónde se va a determinar si hay paz o si no hay paz? Si las FARC quieren terminar el conflicto y pasar de las balas a los votos, encontrarán en el Gobierno toda la disposición. Pero si lo que pretenden es nuevamente poner sobre la mesa hacer su revolución por decreto ahí en la mesa en Cuba y transformar la Constitución y el país y sus políticas públicas, ahí no habrá paz. Por eso la agenda que se acordó y se firmó, tiene que ver con lo segundo y no con lo primero: con la forma como pasan de las balas a los votos. Que hagan política, que se constituyan en un partido, que tengan garantías, todo eso estamos más que dispuestos. Pero no pueden hacer política armados. Y mucho menos que lo que no lograron conseguir por la violencia, que lo consigan en la mesa de negociación en materia de sus aspiraciones de cambios de estructura en nuestro Estado colombiano”.


- 31-1-2013 (Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar), Nosotros no vamos a paralizar ni la agenda legislativa ni la gubernamental; no vamos a dejar de presentar ni a dejar de tramitar proyectos de Ley en curso; no vamos a paralizar al Gobierno, ni más faltaba. Mal haríamos en paralizar esto porque hay unas conversaciones en La Habana que tiene su propia agenda”.


- 3-5-2013 (Presidente Juan Manuel Santos), Con las FARC no se va a transar el modelo del Estado colombiano. Tengan la seguridad de que en La Habana, en esas negociaciones, no vamos a negociar nada de lo fundamental, como la propiedad privada y el modelo de desarrollo de Colombia; lo que está en juego es la forma como se va a transferir, a cambiar las balas por los votos.


- 16-5-2013 (Ministra de Justicia de Colombia, Ruth Stella Correa), En proceso de paz con las FARC se respetarán las “obligaciones internacionales” del Estado colombiano. “Como dije y reitero de forma clara, en modelo de Justicia Transicional se deben y se van a respetar obligaciones internacionales del Estado”. Para lograr la transición se debe realizar una estrategia integral de verdad, justicia y reparación. “Hay unos mínimos inquebrantables. El acuerdo debe considerar lineamientos de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional frente a delitos de lesa humanidad. Debe haber juzgamiento. El acuerdo determinará las bases para la aplicación de justicia por medio de los jueces de la República”.

Paramilitares

- 8-8-1999 (Carlos Castaño Jefe Autodefensas Unidas de Colombia-AUC), En la guerra contra la guerrilla no entran los derechos humanos. AUC quieren la unidad nacional. Defensores de la libertad de empresa, la propiedad privada y buscan una economía solidaria.

FARC

- 27-6-1999, Marco de discusiones con grupos financieros de EUA: 1) Nacionalizar la explotación de los recursos naturales, como el petróleo; 2) renegociar con las multinacionales y reformar profundamente las entidades que manejaban la producción y la redistribución del poder económico, que se encuentra en manos de unas pocas familias que controlan los mercados básicos. 3) Desarrollo alternativo en las gigantescas y aisladas regiones donde sólo se producen coca, marihuana y amapola.


- 4-8-1999, Respecto de presencia tropas de EUA: esto se produce cuando tienen que salir de Panamá. La jugada es robarse otro pedazo de territorio colombiano para continuar enriqueciéndose con el negocio del Canal interoceánico.


- 18/8/1999, Suspensión del proceso de paz iniciado 7-1-1999 con Gobierno de Pastrana: 1. El Gobierno condiciona la continuidad de los diálogos, a que se integre una Comisión Internacional de acompañamiento para la verificación, la que es inaceptable para las FARC. 2. No encontramos resultados satisfactorios de parte del Gobierno contra la política paramilitar del Estado. 3. La alianza Pastrana con EUA para incrementar la guerra en Colombia contra las FARC, con el sofisma de distracción de combatir conjuntamente el narcotráfico, pone en duda la intención de paz del Gobierno. 4. Presiones de gobiernos de Colombia y EUA, para cerrarle espacio político a las FARC en el exterior y obligarla a aceptar las condiciones políticas del sistema, para que acuda a los diálogos de negociación no contribuye al camino de reconciliación nacional. 5. Los problemas sociales de la gente pobre: empleo, educación, salud, vivienda y seguridad, permanecen sin solución. 6. En la medida en que haya reconocimiento de fuerza beligerante, es más fácil el intercambio de presos. No hay acuerdo en una Ley de Canje permanente de carácter humanitario, para que regresen a sus hogares o lugares de trabajo los militares y policías tomados en combate por las FARC, lo mismo que los guerrilleros presos en las cárceles del Gobierno; tampoco vemos voluntad política en el Estado, debido a las clasificaciones artificiales de nuestros combatientes: unos por delitos políticos, otros por “terroristas” y otros por “secuestradores” cuando todos están por delitos políticos. 7. Ratificamos ante los colombianos y ante la Comunidad Internacional, la invariable voluntad política de seguir en la búsqueda de la paz con justicia social, independencia y soberanía para Colombia y su gente en contraste con el Gobierno.


- 25/08/99 FARC no dialogarán con Castaño ni con representantes de las AUC. Gobierno de Pastrana debe otorgarles a paramilitares tratamiento de delincuentes comunes, sin concederles status político ni reconocimiento como fuerza beligerante.


- 25-10-1999 Entre puntos de negociación con Pastrana: solución política negociada al conflicto; reforma agraria nacional; reforma a la estructura económica y social; reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Reforma política para la ampliación de la democracia; reformas al Estado, incluido el Congreso; acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario y reforma a las fuerzas militares.


- 28-2-2000 FARC se oponen al Plan Colombia completamente en desacuerdo con sus objetivos. El 85 % del dinero de esa ayuda va a invertirse en escalar la guerra, mientras se necesita para desarrollar el país.


- 19-3-2000 AUC son un apéndice del Estado, por lo tanto no deben ser tenidas en cuenta en negociaciones de paz.


- 14-11-2000 suspensión unilateral del proceso de paz que desde 1998 desarrollan con el Gobierno de Pastrana, en repudio por reunión que Ministro del Interior, Humberto de la Calle, mantuvo con el jefe de las AUC Carlos Castaño para gestionar la liberación de siete congresistas que habían sido secuestrados por comandos paramilitares. Las FARC califican de “grotesco autosecuestro” el caso y consideraron que esa reunión significó otorgarle status político a los clandestinos paramilitares.


- 10/12/2001 Rechazan Postura de Presidencia de UE: Con pretexto de lucha contra el terrorismo se niega sagrado derecho de los pueblos a alzarse contra regímenes opresores y corruptos. No aceptan la pretensión de compañías transnacionales de imponer a los pueblos, a través de los Estados desarrollados, una legislación que desconoce la dignidad y soberanía de las naciones menos desarrolladas.


- 22-2-2007 Para hablar de acuerdo humanitario con Gobierno de Uribe y liberar a secuestrados hay que despejar militarmente y de manera incondicional los municipios de Pradera y Florida lo que el Gobierno no acepta. No hay interés en acuerdos con este Gobierno porque es ilegítimo y paramilitar. Raúl Reyes: FARC mantienen decisión de buscar un canje de secuestrados por unos 500 rebeldes presos, pero las revelaciones sobre nexos entre políticos cercanos a Uribe y grupos paramilitares de ultraderecha dejan sin legitimidad al mandatario. En la práctica quedamos sin un interlocutor para asumir el compromiso de firmar un acuerdo. Al Gobierno sólo le interesa conseguir felicitaciones de la Casa Blanca para pedir más dólares que luego vuelca en la guerra y consume la corrupción”.


- 3-8-2007 (Raúl Reyes), Rechazo a propuesta de Uribe de autorizar, durante 90 días, “zona de encuentro” para que delegados suyos y de las FARC negocien acuerdo de paz. Propuesta de Uribe es otra cortina de humo. El intercambio humanitario es independiente del eventual proceso de paz. Deben desmilitarizar por 45 días 800 kilómetros del suroeste del país para negociar allí el canje de los secuestrados. En el intercambio de rehenes por 500 guerrilleros presos, deben incluirse Comandantes “Simón Trinidad” y “Sonia”, extraditados y juzgados en EUA.


- 2-10-2007 (Iván Márquez), “Sonia” y “Simón Trinidad” deben formar parte del canje humanitario. Presidente Uribe no puede lavarse las manos como Pilatos aduciendo que dependen de las instituciones de Washington. Es más digno el trato que las FARC dan a los tres estadounidenses secuestrados, que el que la justicia de EUA le dio a Ricardo Palmera (“Simón Trinidad”) y Anayibe Rojas (“Sonia”). Los tres estadounidenses fueron capturados legítimamente “en una acción de guerra” y pueden ser canjeados por los dos guerrilleros encarcelados en EUA.


- 4-10-2007 FARC insisten en desmilitarización de territorio para llevar a cabo el canje humanitario y no aceptan exigencia de renegar de la lucha armada planteada por Uribe.


- 25-7-2009 (Secretariado del Estado Mayor Central), 1. La autorización presidencial para instalar 5 nuevas bases militares estadounidenses en territorio colombiano es un acto de alta traición a la patria y a mártires del ejército libertador de Bolívar que lucharon contra yugo del imperio colonial y por la independencia. 2. Luego del fracaso del Plan Colombia esta nueva etapa de invasión gringa tiene como objetivo principal a la insurgencia revolucionaria, a tiempo que se constituye en cabeza de puente de una guerra, dirigida desde Washington, contra gobiernos, países y pueblos hermanos que luchan consecuentemente por un desarrollo soberano y por la integración latinoamericana. 3. Negamos haber entregado dinero a ninguna campaña electoral de ningún país vecino.


- 9-1-2012, (Timoleón Jiménez), Retomar la Agenda que quedó pendiente en Cagüán, cuando Gobierno de Santos no quiere retomar Cagüán.


- 18-10-2012 (Timochenco), “No es posible llegar a una paz verdadera sin realizar modificaciones estructurales al injusto andamiaje sobre el cual se erige el régimen político colombiano”. “Las conversaciones de paz competen a todos los ciudadanos y ciudadanas, organizaciones comunitarias, cívicas, movimientos sociales, partidos políticos, iniciativas populares, asociaciones de víctimas, convergencias gremiales, en conclusión: a Colombia entera”.


- 27-10-2012 (Comunicado FARC sobre primer punto Agenda de Diálogo de Paz en La Habana), La concepción que tenemos de lo que es la tierra. Nuestra visión no se delimita a lo que comúnmente se define como suelo, ni el sentido de nuestra lucha a la reivindicación solamente de la formalización de la propiedad del mismo. Para las FARC-EP, el elemento tierra es componente esencial del territorio; de tal manera que es a partir de este concepto que se han de dar nuestras consideraciones fundamentales, tomando como base de esa territorialidad aspectos como soberanía en general, la relación amigable con la naturaleza, el problema de la soberanía alimentaria como algo más específico y el bienestar social, entre otros aspectos. Nuestra visión propende por un manejo de interrelación humanidad-naturaleza, que entraña respeto a la tierra, a las aguas, a la flora, a la fauna, los elementos todos de la espacialidad, distantes de la cosificación y mercantilización de sus componentes en las formas de objetivación destructiva de la vida en que lo impone el capitalismo de libre mercado. Nuestra concepción tierra-territorio, se opone al desafuero del capitalismo por dominar y manipular la naturaleza sin medir o sin que le importen las consecuencias, que ya ha generado irreparables daños, exterminio de especies, destrucción de tejidos sociales, desarticulación de la economía campesina, desequilibrios ambientales y sociales, al punto de estar empujando al planeta a su destrucción. El derecho a la tierra va más allá del derecho al suelo y a su titulación; se trata de un derecho a la reapropiación colectiva, social, del territorio, como parte esencial del derecho a la vida, al disfrute de la naturaleza en armonía con ella, a la reafirmación y desarrollo de las relaciones sociales y de la cultura en el marco de un desarrollo socio-económico sustentable. Los pueblos libres deben poseer la facultad para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible, entendiéndose éste como el desarrollo que busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.

Otras Fuerzas en Colombia (ELN)

- 19-3-2000 Coincidentemente con las FARC el ELN considera que las AUC son un apéndice del Estado y por lo tanto no deben ser tenidas en cuenta en las negociaciones de paz.


- Fines 2002 (primer Gobierno Uribe) ELN decidió considerar suspendidos los acercamientos con el Gobierno argumentando que la política de Seguridad Democrática era guerrerista, que la política económica y social era neoliberal y contraria a los intereses populares, y objetando el proceso de conversaciones con los grupos de autodefensa o paramilitares y la eliminación del status político a los grupos insurgentes.


- 29-8-2011 (ELN), El ELN ha planteado con toda claridad y transparencia su visión sobre las causas del conflicto, propuesta para la paz y su disposición a buscar la salida política al conflicto social y armado que remonta el medio siglo. Varios intentos ha hecho a favor de la paz, fallidos ante la falta de voluntad política de los gobiernos de turno, que han obstruido se abran caminos que confluyan y conduzcan a la paz; no han querido dar pasos frenados por sus convicciones y la condición de representantes de los intereses de la oligarquía y el imperialismo, distintos a los del pueblo que sí necesita y aboga por la paz real, estable y duradera. Los diálogos se convirtieron en una mesa destartalada de sordos, donde no se avanza porque se parte de conceptos y propósitos totalmente opuestos sobre la paz. El Gobierno de Juan Manuel Santos, continuista del “uribismo”, cuando habla de paz a la vez traza políticas que impiden el acercamiento y bloquea las posibilidades de caminar hacia ella. Dentro de la lógica guerrerista de la oligarquía, la paz es sinónimo de aplastamiento de la oposición política y pacificación del país impuesta por las armas; es impedir que se superen las causas que originan y alimentan el conflicto diariamente; es sostener el régimen que permite que menos del uno por ciento sea propietario de más del 50 por ciento de la tierra y con libertad para continuar corriendo las cercas, que el reducido círculo de burgueses se apropie de la casi totalidad del ingreso nacional y que pueda seguir de lacaya, para disfrutar las migajas que el imperio le cede. En la otra orilla la guerrilla tiene la postura opuesta, defendiendo y proclamando la paz como expresión de justicia social, de soberanía y apertura a los cambios que el país necesita para avanzar en la construcción de la paz real y el bienestar del pueblo. Cuando las guerrillas liberales se desmovilizaron y entregaron las armas, sus jefes fueron asesinados y los combatientes abandonados a la suerte; cuando el M-19, el EPL y otros grupos menores se desmovilizaron y entregaron las armas, a los jefes les dieron unas cuantas becas y unos escaños en el Parlamento y el país siguió peor; la oligarquía intensificó la guerra sucia y copó con el narco-paramilitarismo las zonas abandonadas por las guerrillas desmovilizadas. La élite dominante apropiada del poder durante los últimos doscientos años, se comporta como dueña del país y el derecho a definir por sí su destino a espaldas del pueblo, lo que ocurre con la paz secuestrada por los sucesivos gobiernos, atada a los intereses de la oligarquía y el imperialismo. Romper con aquella presunción y rescatar el derecho a decidir y diseñar su futuro, es la tarea que debe asumir el pueblo implantando la democracia participativa. Igual ocurre con el derecho a construir la paz real, estable y duradera, asumiéndola como bandera y agitarla en todos los escenarios posibles de influir y organizar, hasta posesionarla en la agenda del país, rescatándola del monopolio de los gobiernos que le apuestan a la guerra que produce mayores dividendos y poder a la oligarquía.


- 22-10-2012 (ELN), Cuestiona las políticas públicas de privatizaciones de sectores estratégicos de la economía, la des-industrialización y des-agrarización del país. La producción agrícola pasa por una profunda crisis, hasta el punto que de ser autosuficiente y hasta exportar productos del campo, hoy Colombia importa más de 10 millones de toneladas al año de productos agrícolas que antes producía, con perjuicio de la seguridad alimentaria. Los últimos gobiernos siguiendo el credo neoliberal, renunciaron a fomentar los planes de desarrollo de la industria nacional y el apoyo a la agricultura campesina, volcando los esfuerzos hacia la producción exportadora y priorizando los planes para convertir a Colombia, por excelencia, en un país minero y productor de biocombustibles. Santos implementa el “plan Minero-2019”, del ex-Presidente Uribe, como una de las llamadas cinco locomotoras para el desarrollo del país. Este plan neoliberal en beneficio de una pequeña minoría y corporaciones extranjeras, agrava la situación y el entorno social de las comunidades, que viven en las cerca 30 millones de hectáreas, entregadas a las trasnacionales para la explotación minera. La posición y exigencia del ELN sobre la extracción de los recursos naturales, es que éstos sirvan para el desarrollo nacional, el bienestar de las comunidades y que se haga con protección de la naturaleza. Así mismo que las mayorías nacionales sean partícipes en el análisis, discusión y definición del país que todos queremos y en las transformaciones y cambios necesarios para que la solución al conflicto social y armado y la paz, sea una realidad concreta.


- 29-1-2013 (ELN- Frente de Guerra Darío Ramírez Castro), El ELN lucha por la Soberanía Nacional, contra las multinacionales y las políticas entreguistas del Estado y el Gobierno colombiano y consecuente con la política de defensa de los recursos estratégicos de la nación, ha desarrollado permanentemente campañas político-militares e impulsado la realización de espacios de análisis y reflexión para que el conjunto de la nación discuta esta problemática y se formule socialmente la política pública al respecto. La locomotora es la causante de la crisis del agro, de la pérdida de la seguridad alimentaria y de estar importando millones de toneladas de alimentos, siendo Colombia un país con gran potencial agrícola. Mediante diversas acciones, el ELN ha venido planteando al Gobierno y a la Nación varias iniciativas y propuestas sobre esta materia minero energéticas y manteniendo esa línea, hoy reiteramos las siguientes: 1. Sustraer de los planes minero energéticos, los territorios de Parques Naturales y Páramos, de Reserva Indígena o de los afrodescendientes. 2. Reparar, compensar e indemnizar los daños ambientales y sociales que ha ocasionado la explotación petrolera y minera por las trasnacionales. 3. La creación de un Impuesto Social, que debe ser pagado por las multinacionales y entregado directamente a las comunidades para el desarrollo de sus planes de vida, superando la corrupción e impunidad gestada en torno a las regalías. 4. Una revisión de la política de precios a los combustibles y de las tarifas a la electricidad, que encarecen el costo de vida de los colombianos y colombianas. 5. Que el Estado despenalice y descriminalice la pequeña y mediana minería y en cambio le brinde protección y apoyo. 6. Modificar los contratos con las compañías mineroenergética, para evitar la devastación ambiental y para garantizar que la mayor parte de la ganancia le corresponda a la Nación y no al capital extranjero. 7. La realización de un debate nacional minero energético, sobre el impacto de la política minera del Gobierno colombiano, en el que participen distintos sectores de la sociedad y en el que se realice una consulta popular para definir la política pública minero-energética y el Código Minero. El ELN está en confrontación al Plan Nacional de Desarrollo: “Prosperidad para el Capital”, en especial de su locomotora minero-energética. El ELN ratifica su voluntad indeclinable de transitar los caminos de la paz con justicia social y refrenda su disposición para la solución política del conflicto social y armado.

Otros Actores en Colombia

- 4-5-2000 (Sociedad de Agricultores, Federación de Ganaderos de Colombia,), rechaza, por inaceptable propuesta de FARC de reforma agraria. No saben para dónde va la agricultura del país ni qué tipo de agricultura necesita.


- 31-7-2007 (Comisión Etica de la Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad de Colombia, Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación), Ley 975 del 2005 es una mentira que mantiene la impunidad. Rechazan la iniciativa del Presidente Uribe, de anteproyecto de ley que favorecerá a los líderes paramilitares presos que se acogieron a una ley especial que los beneficia con penas máximas de ocho años de cárcel si confiesan los delitos cometidos, incluso los de lesa humanidad. La Ley tampoco será aplicada en congresistas y funcionarios gubernamentales que estén siendo investigados por vínculos con los paramilitares.


- 3-8-2007 (Corte Suprema de Justicia colombiana), Respuesta a posición asumida por el Presidente Uribe en defensa de las organizaciones paramilitares y organizaciones criminales por ellos representadas, respecto del fallo de la Corte Suprema del 11-7-2007 (segunda instancia No. 26.945): Rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el señor Presidente de la República, la cual, no guarda coherencia con su invitación al diálogo y a la colaboración armónica de la Ramas del Poder Público. La Corte Suprema cumpliendo con la Constitución y la ley determinó que el delito de concierto para delinquir bajo ningún pretexto puede transmutarse en sedición, el delito común no puede convertirse en delito político, llanamente porque tienen esencia diametralmente diferente. Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta -entendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana- que se les brindaría por medio de amnistías e indultos, medidas que podrían ser tomadas a discreción del ejecutivo y el legislativo y sin posibilidad de control judicial, tornándose en un imposible la obtención de la verdad, el deber de recordar y el derecho a saber lo que realmente sucedió.


- 22-11-2008, (Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC) Rechazan los TLC’s con EUA, Canadá y la UE, se oponen a la política de seguridad democrática y piden que se deroguen las normas que, según ellos, los despojan de sus tierras.


- 9-10-2011, 1) Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. 2) Cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. No la merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. Declara no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Recurriendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz y a las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean sancionados. 3) Realizar todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado. No es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario; la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. 4) Profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras, robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes, deben restituirse a nuestras comunidades. 5) Constituir a las organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua. 6) Construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. 7) Realizar una reforma territorial del país que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia. 8) Emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados.


- 29-10-2012 (Presidente Ejecutivo de FEDEGAN, José Félix Lafaurie), Visión que el Agro colombiano tiene sobre la Tierra. Preocupa que el futuro del campo se circunscriba al estrecho escenario de las mesas de negociación, donde priman intereses y visiones ilusas sobre su realidad. Un mal tratamiento a la cuestión rural o ceder a las presiones de la guerrilla nos puede dejar frente a una colcha de retazos de buenas intenciones o, en el peor de los casos, en el limbo del subdesarrollo. El revisionismo de las FARC incluye todo lo que se mueva sobre el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Desde el modelo minero-energético, la propiedad de la tierra, el déficit presupuestal del sector, la institucionalidad y hasta el cierre a la internacionalización de la economía y la inversión extranjera. ¿Cómo desatar los nudos gordianos, para hacer compatible la posición extremista de las FARC frente a los TLC, con la política de Comercio Exterior que se trazó este Gobierno? El campo es un actor de primera línea en la configuración de esa nueva era -atada a la profundización de la globalización- que no podemos seguir ignorando. Los recientes diagnósticos del PNUD, FAO, USDA y distintos “think thank” colombianos, en los que se ha llegado a un consenso: la urgencia de aprovechar la multifuncionalidad de la tierra para concebir un desarrollo rural sostenible y sustentable, capaz de garantizar además del suministro agroalimentario, biocombustibles y servicios ambientales. Es el mapa que ya debería tener claro el equipo negociador del Gobierno, pues toca temas relevantes que aflorarán en La Habana. Capacitación, transferencia de tecnología, innovación, encadenamientos productivos, bienes públicos, “aperturismo” a ultranza y, quizá la más importante: vías de comunicación para las zonas marginales.


- 11-12-2012 (Senador del Polo Democrático, Parmenio Cuéllar), Senado colombiano aprobó Estatuto Penal Militar. “No se puede aprobar que los derechos humanos y el DIH sean potestad de la justicia penal militar, sería una vergüenza que tendrá que afrontar el Congreso. Eso está proscrito en los tratados internacionales”. Existen contradicciones procesales en el proyecto, puesto que “si el sistema penal acusatorio no se aplica en la justicia penal militar, ¿cómo puede haber un juez de garantías si es una figura propia de este sistema?”. Es equivocado hacer un índice de delitos en la Constitución.


- 4-2-2013 (Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado - Fiscal General, Eduardo Montealegre), Los miembros de las FARC que sean condenados en delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no podrán participar en política según lo establecido en la Constitución Política de Colombia y acuerdos internacionales. Según el Artículo 122 de la Constitución, son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. El anhelo de paz no puede ser alcanzado a cualquier precio. El Marco Legal para la Paz en el Artículo Transitorio 67 dice que “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político (…) No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por ese delito.

- 9-10-2016, (Ex-Presidente y Senador en ejercicio Alvaro Uribe Vélez), uno de los mayores impulsores del ‘No’, reitera que debe haber penas para guerrilleros involucrados en delitos graves y propone aplicar su Ley de Justicia y Paz. Cuando se cumple una semana del plebiscito ideado para refrendar los Acuerdos de Paz alcanzados entre Gobierno y FARC en La Habana, el ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez divulgó los puntos a los que se oponen y una serie de proposiciones para lograr avanzar en un Acuerdo de Paz final. Se refirió inicialmente a la ‘impunidad total’ que tendrían los mayores responsables de delitos atroces, lo que supone no solo un “mal ejemplo”, sino que configuraría nuevas violencias y generaría incertidumbre jurídica. “Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, entre 5 y 8 años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas agrícolas”. El narcotráfico “no debe ser calificado como delito político”. En materia de participación política para miembros de las FARC, no deben ser elegibles los responsables de delitos atroces y expresó su preocupación por que los “premios a la violencia se traduzcan en más violencia. Los privilegios al partido de las FARC y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8.000 y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los $140.00”. Se refirió a las observaciones formuladas al Tribunal Transicional y manifestó que entre sus “facultades exorbitantes” tiene aquella de definir qué conductas son delitos. “Estamos de Acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”. Indicó la urgencia que se requiere para no agregar motivos de violencia a la criminalidad “que gira sobre las doscientas mil hectáreas de coca”, el ELN, disidentes de las FARC, bandas criminales, micro-tráfico, drogadicción e inseguridad urbana. “Que a los integrantes de las FARC se dé protección efectiva a condición de la suspensión de todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos. La ley podría conceder una amnistía, sin desmovilización total inmediata, a guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Y para garantizar sus ingresos se podría contratar con ellos que empiecen la destrucción remunerada de la droga”. Pidió que se tramite en el Congreso una norma de “alivio judicial” para soldados y policías, recordando que  el Centro Democrático ha presentado varios proyectos en ese sentido, en los cuales no son igualados con integrantes de la guerrilla. “Contrario al ultimátum que aplazó las bombas para el primero de Noviembre, creemos que se necesita paciencia para discutir tantos motivos de preocupación. En la campaña nos referimos a las víctimas, a los niños y demás secuestrados, a la familia, al respeto a la mujer, a tantos otros temas sobre los cuales propusimos alternativas. (...) La pequeña diferencia del No tiene el mérito de haber sido contra una enorme desventaja. Reiteramos urgencia y paciencia para el inmediato futuro”. Las propuestas: 1. Se debe privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales. 2. Los Acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente. 3. Los compromisos con las FARC deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. 4. Los compromisos con las FARC no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos. 5. Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación.

Fuerzas Armadas de Colombia

- 4-8-2005 (Gral. Carlos Alberto Ospina), en desacuerdo con despeje militar para negociaciones.


- 20-8-2010 (Comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely), No descansaremos hasta tanto podamos generarle a Colombia una sensación de seguridad total. Se sigue con la consigna del Presidente Juan Manuel Santos de “arreciar, arreciar y arreciar” contra los grupos armados ilegales. No vamos a retroceder y nos apoyaremos sobre lo construido hasta ahora. No va a haber descanso en las armas y vamos a seguir operando.


- 23-1-2012 Fuerzas Armadas, Comandante de las Fuerzas Militares, Gral. Alejandro Navas), pusieron en marcha un plan de guerra denominado ‘Espada de honor’, que busca darle la estocada final los principales generadores de violencia en el país. “En este Plan de guerra hay unas misiones para la Policía Nacional, para el Ministerio de Transportes, para el Ministerio de Agricultura y para las Fiscalías”. Con esta táctica militar los Comandos Conjuntos tendrán misiones diferentes y se reforzará su fuerza operativa. “Los Comandos Conjuntos se fortalecieron, en la guerra nada desaparece sino que se transforma, se le va a dar otro uso, otro empleo. Van a tener unas tareas muy importantes, van a planear constantemente los planes de guerra y las hipótesis de conflictos en el ámbito total”. Este plan será implementado durante los próximos dos años.


- 9-2-2012 (Comandante de las Fuerzas Militares, Gral. Alejandro Navas), Combatir la inseguridad es una tarea permanente. Se busca derrotar al terrorismo. Para llegar a la paz hay que quebrarle la voluntad a los violentos y derrotar al adversario en el campo de batalla, haciendo presión ofensiva por tierra mar y aire.


- 18-2-2012 (Cúpula de las Fuerzas Armadas), Meta: en dos años la capacidad militar de las FARC esté reducida a la mitad. La política de seguridad democrática, que aportó notables éxitos durante la primera década del siglo XXI y que básicamente estuvo orientada a recuperar para el Estado territorios donde la guerrilla había logrado cierta hegemonía, necesita un nuevo aire. Ahora busca ganarse a la gente en las áreas de conflicto. En palabras de un alto mando: “Tomarse la población civil y conquistar el corazón de los colombianos”. Crear un sistema de inteligencia único para combatir a las FARC y a las organizaciones delincuenciales.


- 1-2-2013 (Comandante de las Fuerzas Militares, Gral. Alejandro Navas - Director de la Policía, Gral. José Roberto León Riaño), Reiteraron compromiso de seguir adelante con las operaciones contra la guerrilla. “Vamos a perseguirlos en todo el territorio nacional. Sin descanso, sin bajar la guardia. Una cosa es La Habana y otra muy diferente es acá. En este conflicto una de las partes no tiene status de beligerancia, por cuanto no cabe el término o el concepto de ‘prisionero de guerra’. Cabe el termino rehén o secuestrado. La toma de rehenes es un crimen de lesa humanidad. El caso contrario son capturas de la Fuerza Pública a los bandidos que están delinquiendo. No tiene ninguna aceptación jurídica y de ningún tipo el concepto de prisioneros de guerra. Está claro para todos los colombianos y la comunidad internacional que el término prisioneros de guerra no tiene conceptualización en este conflicto que estamos llevando a cabo contra la subversión armada”.

Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades

- 14-5-2012, Human Rights Watch considera que el “marco legal para la paz” aprobado por la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, podría llevar a la impunidad en muchos procesos entablados en contra de sectores involucrados en el conflicto armado se puedan dar y por ende, dejaría a Colombia ad portas de que se permita la intervención de la justicia internacional. El Gobierno no puede permitir que la reforma autorice al Congreso suspender la ejecución de penas de prisión emitidas contra guerrilleros, paramilitares o militares. “Para asegurar la rendición de cuentas de los abusos aberrantes cometidos por los actores armados colombianos, apoyamos resueltamente el diseño de una estrategia que asigne prioridad a casos importantes. Sin embargo, el Marco Jurídico para la Paz no constituye una estrategia para que los fiscales se concentren inicialmente en ciertos casos e investiguen posteriormente los demás. Por el contrario, la reforma permitiría que el Congreso exima de persecución penal a los responsables de delitos de lesa humanidad y asegure que incluso los máximos responsables de los delitos más graves no cumplan un día en prisión. Cuando la legislación de un país procura que algunas personas que cometieron delitos aberrantes eludan su responsabilidad penal, la CPI podría investigar, acusar y enjuiciarlas en razón de que el Estado no está en condiciones o no tiene intención de juzgar en forma genuina a los responsables de estos abusos”.


- 4-12-2012 (Salinas, Jhon Jairo), Una paz verdadera, sólo se consolida con la plena vigencia de la justicia social, que tiene que ver con las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de “justicia legal”. La justicia social, propiamente dicha, está basada en la equidad, siendo imprescindible para que los individuos puedan desarrollar sus potencialidades al máximo, en medio de un clima de concordia y de circunstancias favorables, propicia para el bienestar de los ciudadanos. Humberto de La Calle Lombana, negociador designado por el Estado Colombiano, comentó que “aquí no venimos a negociar el modelo de desarrollo” y que “si los señores de las FARC quieren defender sus ideas, lo hagan desde el campo de la democracia, funden su propio partido”, añadiendo que “nosotros -el Estado colombiano- les brindaremos todas las garantías”. Bajo este concepto, lo que pretende el Estado es una paz totalmente inicua, desconociendo las causas, orígenes y efectos de la violencia política colombiana, el despojo de tierras, las torturas, desapariciones forzadas, la acumulación inequitativa del capital -aspecto predominante del modelo económico continuista, que el Estado no tiene intenciones de negociar- así como su naturaleza “capitalista salvaje”. Lo que pretenden los “intermediarios del Estado Colombiano”, es una “Pax”, comprendida dentro del contexto de un Gobierno haciendo ejercicio de un poder unilateral, sin ninguna clase de controles, ni respeto por los derechos de los ciudadanos, que, al menos “en teoría”, deberían estar bajo su protección. Uno de los párrafos del Manifiesto por la Paz, expresa: “…Se alza el clamor por una paz con justicia social para las mayorías: una paz que nazca del debate conjunto…”. Los diálogos de paz deben ser la “génesis” del rumbo hacia una verdadera paz, sin niños prostituyéndose por un mendrugo de pan en las esquinas de cualquier municipio, sin ancianos abandonados a su suerte; sin mujeres, llorando a sus hijos, que ofrendaron sus vidas por una simple libreta militar, o un sueldo miserable, en defensa del interés pecuniario de los carroñeros de las riquezas nacionales; que los campesinos vuelvan a las tierras que debieron abandonar por la violencia, con la garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria, para los más de treinta millones de pobres y por último, que los recursos naturales, ni la soberanía sea entregada al mejor postor.


- 11-12-2012 (ONU - CIDH de la OEA - José Miguel Vivanco, Director de Human Right Watch), Senado colombiano aprobó Estatuto Penal Militar, pese a los cuestionamientos ante los temores de que con esta iniciativa se podía abrir camino a la impunidad para aquellos miembros del Ejército involucrados en falsos positivos, tratos inhumanos o crueles, detenciones arbitrarias, mutilaciones, acceso carnal violento y toda suerte de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitarios (DIH).


- 29-12-2012 (Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navy Pillay - Human Rights Watch), Reforma al fuero militar aprobada recientemente por el Congreso, “contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos no pueden ser objeto de la competencia de la justicia penal militar. La competencia penal militar es excepcional y debe estar limitada a conductas típicamente militares cometidas por personal en servicio activo”.

Gobiernos Latinoamericanos

- 21-8-1999 En Perú, fuentes militares dijeron que si General Barry McCaffrey “está interesado en oír si existe disposición para realizar operaciones que impidan el paso de las guerrillas colombianas a territorio peruano, la respuesta es positiva” Perú, con el Gobierno de Fujimori, manifestó predisposición a intervenir en Colombia apoyando logísticamente a EUA. El presidente argentino, Carlos Menem, ya había declarado en julio de 1999 que estaría dispuesto a enviar tropas.


- 26-8-2000 Los países vecinos toman medidas para impedir incursiones guerrilleras. Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador y Brasil buscan reforzar las zonas fronterizas. Las naciones vecinas a Colombia están en guardia.


- 17-3-2002 En el Gobierno de Eduardo Duhalde la Argentina ofreció a EUA asistencia militar para el Ejército de Colombia. El Canciller Carlos Ruckauf ofreció entrenar a pilotos de helicópteros en la Argentina.


- 21-8-2002 Colombia pidió a los países vecinos acciones militares conjuntas contra las FARC y los narcos. Brasil, Ecuador y Panamá rechazaron el plan. Venezuela dio una respuesta evasiva y Perú guardó silencio. Brasil propuso a los países andinos establecer una “región de paz” alrededor de Colombia. Esa posición es coherente con la línea diplomática que sostiene que el conflicto con la guerrilla es un problema interno colombiano.


- El Gobierno de Dilma Rousseff está interesado en participar en negociaciones de Paz. La oposición tucana ha expresado interés en el conflicto colombiano y ha criticado a Itamaraty, expresando que la diplomacia de Brasil está más interesada en los problemas de Medio Oriente (Palestina-Israel) y la cuestión iraní que en el problema colombiano. Los gobiernos de Dilma, Correa, Chávez, Evo, Cristina, etc. no consideran a los grupos insurgentes de izquierda como terroristas. Idem postura de la UNASUR. El acercamiento comercial de Colombia a Venezuela, a la UNASUR y especialmente a China relajó sus relaciones con EUA. El día en que entró en vigencia el TLC con EUA, Santos se encontraba en Beijing suscribiendo acuerdos comerciales. Por eso el “idilio” de Santos con otros presidentes sudamericanos y con China.

Unión Europea

- 10-3-2000 Europa va a suministrar más de 2.500 millones de dólares de ayuda socioeconómica para el Plan Colombia.


- 7-12-2001 La posición de la UE respecto de los grupos armados, incluyendo paramilitares, en Colombia se deberá estudiar y revisar en función del respeto de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional y de la inmunidad diplomática.

22-2-2002 El Presidente Andrés Pastrana ha demostrado, desde 1998, una incansable determinación por alcanzar la paz en Colombia, sin que tal haya sido el caso por parte de las FARC-EP, que han incumplido los compromisos suscriptos con el Gobierno. Las graves provocaciones de las FARC-EP han llevado a la ruptura de un proceso de negociación en el que el pueblo colombiano tenía fundadas sus esperanzas de paz. Estas provocaciones, vienen a añadirse a los actos de violencia que siguen perpetrando los paramilitares.

2002 Los Ministros de Relaciones Exteriores de los quince países de la UE incorporan a las FARC-EP en la lista de grupos terroristas.

28-2-2003 Algunos países de la UE no actúan en común sino que lo hacen subordinados a los intereses de seguridad de EUA, como es el caso de España que da ayuda militar a Colombia.


- 23-10-2012 (Jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton), Poner fin a este enfrentamiento de décadas que ha obstaculizado el desarrollo del país y causado enormes sufrimientos al pueblo colombiano. Las FARC deben aprovechar este momento para asumir su responsabilidad y dar prueba de su sinceridad poniendo fin a los ataques y las violaciones del derecho internacional humanitario.

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA - “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9.



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2. Procesos que Pueden Contribuir con la Paz

Son todos aquellos procesos o propuestas que, si fueran aceptadas por las partes, aun para un debate y ajuste de términos o condiciones, podrían desembocar en acuerdos que deriven en la paz.

Actores/

Posiciones

Procesos que Pueden Contribuir con la Paz

Gobierno de EUA

- Un alto funcionario del Departamento de Estado de EUA, Phill Chicola y Raúl Reyes, vocero de las FARC, participaron en encuentro informal y reservado en la residencia de Alvaro Leyva, en San José de Costa Rica 7-1-1999. El tema central fue la actitud de EUA hacia el proceso de paz en Colombia y la problemática de los cultivos ilícitos en el país, cuyas áreas coinciden con los territorios en los que las FARC ejercen su dominio militar. Chicola cumplió la instrucción del Departamento de Estado de decirle a Raúl Reyes, que el apoyo de su país al proceso de paz quedaba condicionado a un compromiso efectivo de las partes con la erradicación de los cultivos ilícitos. La reunión no contradijo el principio de política exterior de EUA de no negociar con organizaciones terroristas.


- El éxito para combatir las drogas requiere de una mezcla de estrategias que incluyen la erradicación, la prohibición, la sustitución de cultivos, el desarrollo económico y la reforma de la justicia criminal.


- Cuatro parlamentarios demócratas manifestaron su apoyo “para lograr la desmovilización de todos los grupos guerrilleros”, en carta a la Presidenta del Congreso colombiano, Nancy Patricia Gutiérrez 17-8-2007. La carta, firmada por James P. McGovern, Ike Skelton, Tom Lantos y Eliot L. Engel, fue interpretada como un mensaje para que se impulse una solución que saque del estancamiento los diálogos entre el Gobierno y el ELN. En EUA, un acuerdo sería visto como una buena noticia. Fue tras una gestión del Director del Centro de Resolución de Conflictos, Aldo Cívico, y del director de la Corporación Arco Iris, León Valencia, que los congresistas demócratas manifestaron su respaldo a un acuerdo con el ELN.

Sector Financiero de EUA

- El presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso viajó a Colombia 27-6-1999, invitado por el Presidente Pastrana, a reunión con las FARC a título personal y en representación del sector financiero privado de EUA, no como enviado del Gobierno. Explicó a los comandantes de las FARC cómo 200 millones de norteamericanos, tienen participaciones accionarias en diversas empresas, y cómo estos mercados son también útiles para que las empresas de Colombia puedan colocar allí sus acciones y bonos para captar ahorro que pueda servir al desarrollo social y económico. Las FARC, estuvieron representadas por el comandante Raúl Reyes.

Gobierno de Colombia

- (Gobierno de Pastrana) Desmovilización de las guerrillas e incorporación a un cuerpo especial de seguridad del Estado.


- (Primera Presidencia de Uribe) Creación de una Misión de la OEA para Apoyar el Proceso de Paz de Colombia (MAPP) que contemple cese el fuego y desmovilización de paramilitares y guerrilla y su reinserción al mercado laboral {En la desmovilización de la “contra” en Nicaragua en 1990 se contempló un sistema similar, pero no funcionó}.


- 31-10-2004, Uribe propuso a las FARC reunirse en una Embajada o en la sede de la Nunciatura apostólica en Bogotá, como “único sitio donde el Gobierno aceptaría la negociación”, sobre intercambio de subversivos presos por políticos y miembros de la fuerza pública en poder de las FARC. “El Gobierno los libera antes de que las FARC libere a los secuestrados, con dos condiciones: 1) que no estén en las cárceles por delitos atroces; y 2) que se comprometan a no regresar a la guerrilla”. Los guerrilleros liberados podían ir al exterior o entrar al programa de reinserción del Gobierno, cumpliendo su compromiso de no volver a la insurgencia. 2-12-2003, 23 rebeldes presos por delitos no considerados atroces fueron indultados como un gesto unilateral por parte del Gobierno Uribe.


- (Uribe, Dic-2004, por Ley 782) Suspensión de la orden de captura a las personas que estén en procesos de paz.


- (Uribe, 13-12-2005) En lugar de que haya presencia del Ejército durante la negociación, que haya observadores internacionales.


- (Uribe, 7-8-2006) Los hechos de reconciliación entre Gobierno y guerrilla deben ser irreversibles y el enlace entre seguridad y paz

- (Uribe, 2-10-2006), Posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz.


- 7-7-2007, Quitar rotulo de “terrorista” al ELN a cambio de libertad de rehenes.


- 3-8-2007 Uribe: si las FARC liberan a los secuestrados, con participación de la comunidad internacional, el Gobierno acepta una zona de encuentro para pactar la paz en 90 días con las FARC que ponga fin a más de 40 años de conflicto.


- (Uribe-Luis Carlos Restrepo, 17-8-2007) Proceso de negociación por etapas Gobierno-ELN, para dar tiempo a que las partes tomen confianza. Liberaciones podrían darse en la medida en que se avanzara en la negociación de la agenda.


- 6-12-2007, Uribe, decidió emprender una ofensiva diplomática a gran escala y se puso en contacto con 11 presidentes latinoamericanos, para obtener su respaldo en las negociaciones con la guerrilla.


- 14-1-2008, Uribe dejaría de llamar “terroristas” a las FARC si fueran sinceras.


- 19-1-2008 (Uribe), En la medida en que avance la paz con las FARC podría pensarse en cambiar tal figura jurídica de “terroristas”.


- 22-1-2008 (Uribe), En el momento que cesen los actos terroristas y tengan una disposición de buena fe para negociar, podemos otorgarles a algunos miembros de las FARC status político, como hicimos por Decreto con el ELN para que pudieran negociar.


- 22-1-2008 (Uribe), No habría inconvenientes en aceptar una fuerza internacional, en una zona rural para negociar un canje humanitario con la guerrilla FARC.


- 2-5-2009 (Comisionado para la Paz, Frank Pearl), La desmovilización y reintegración a la vida civil es el camino para la paz.


- 17-1-2011 (Santos), Plan de restitución de tierras a los millones de colombianos que fueron despojados de ellas, para producir alimentos en un momento en que el mundo está cada vez más ávido de ellos. Si combinamos ese aspecto social de darles la tierra a los campesinos que realmente la sudan y fueron despojados por la violencia y ponerlos a producir junto con una producción agroindustrial de gran escala junto con el inversionista agroindustrial, nos va a permitir tener un salto cualitativo y cuantitativo en la prosperidad del campo. La política agropecuaria contribuye en lucha contra la pobreza, genera un impacto social otorgando la igualdad de oportunidades.


- 7-2-2011 (Santos-Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo), Se crean zonas de reserva campesina. Esta figura legal busca evitar que los pequeños propietarios vendan sus propiedades, muchas veces a la fuerza, y alimenten el masivo éxodo desde el campo hacia las ciudades, debido al conflicto en Colombia. Las disputas por la tenencia de la tierra están relacionadas de cerca con la violencia política en Colombia. Las tierras que se busca restituir les fueron despojadas en todo el país a muchísimos campesinos por los grupos armados ilegales, especialmente paramilitares; las cifras oscilan entre 4 y 6,5 millones de hectáreas. No se trata de devolver la tierra, simplemente, sino de acompañar a las comunidades en procesos productivos y asistencia técnica. En un contexto normativo garantizado por la Constitución de 1991, Art. 64: “promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.., con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”, se adopta la Ley 160/1994 que define las reservas campesinas como áreas geográficas seleccionadas por la junta directiva del Incora, cuyo propósito fundamental es: la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, eliminar su concentración y el acaparamiento de tierras baldías a través de la adquisición o implantación de mejoras, fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir la descomposición de la economía campesina del colono y buscar su transformación en mediano empresario. Las zonas de reserva campesina se reglamentan en 1996 a través del Decreto 1777, y se fijan los criterios generales y el procedimiento para seleccionarlas y delimitarlas con el acuerdo 024. Tienen como objeto: “fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas”. El decreto reglamentario 1777 establece como objetivos específicos de las reservas: 1. Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país. 2. Evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación antieconómica de la propiedad rústica. 3. Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas. 4. Crear y constituir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política. 5. Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional. Ante los desplazamientos forzados y masivos comenzarían con la atención básica alimentaria, de salud, albergue y psicosocial, para continuar con el apoyo a asentamientos provisionales o a reasentamientos urbanos o rurales, apoyo a su organización y si es del caso, desarrollo de reservas campesinas como modalidad de asentamiento, preferentemente en el caso de los retornos a hábitats ya conocidos.


- 5-5-2011, Juan Manuel Santos modifica postura de Uribe y reconoce que “hay un conflicto armado en Colombia y no una amenaza terrorista” (Artículo 3ro de la Ley de Víctimas).


- 10-5-2011 (Santos), “Reconocer el conflicto, de ninguna manera significa que los terroristas dejen de ser terroristas porque ellos son terroristas porque cometen actos de terrorismo. De ninguna manera significa que les vamos a dar un reconocimiento especial y mucho menos que estamos allanando el terreno para la beligerancia”.


- 28-6-2011 (Santos), Reglamentación de la Ley 1424 por Decreto 2244/2011, garantiza que se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas, y busca proteger el derecho que tienen las víctimas y la sociedad colombiana de conocer el contexto y las causas de la conformación de grupos organizados al margen de la ley.


- 5-9-2011, (Santos), La puerta de la negociación no está cerrada con llave, pero los insurgentes deben cumplir con: “La renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación y la liberación de todos los miembros de la Fuerza Pública”. Propuso modificar el artículo 122 de la Constitución Política, según el cual “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, (…) quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.


- 11-10-2011 (Santos), La Cámara de Representantes del Congreso aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece un marco legal que constituiría la “llave para la paz”, y cumplió su compromiso con el Presidente Santos, excluyó el acceso y la vocería política a desmovilizados y mantuvo la salida del limbo jurídico a los “ex-paras”. Mantuvo la fórmula de justicia transicional para sacar del limbo jurídico a 25 mil desmovilizados y excluyó el artículo que les daba acceso y vocería política. Dentro del proyecto, se mantuvo que como funciona el sistema de justicia y paz para los desmovilizados, podría servir a los militares en el marco legal para la paz; permitirá que ellos accedan a esa justicia transicional cuando estén procesados por violación a los derechos humanos.


- 22-11-2011 (Santos), “La llave está en mi bolsillo y estoy dispuesto a abrir las puertas porque creo que el fin debe ser a través de una solución política, pero necesito claras indicaciones de que esta gente no van a traicionar la confianza del pueblo colombiano. Necesito claras indicaciones de que ellos se van a sentar a negociar de buena fe (…); si las recibo sería el más entusiasta en sentarme para tratar de encontrar un acuerdo. (…) Si hay buena fe de su parte habrá buena fe de la mía”.


- 25-1-2012 (ex-Presidente Ernesto Samper Pizano), Liberación secuestrados es paso positivo, pero es indispensable que las FARC liberen a todos para ser interpretado como un hecho de paz que sea respondido con otro hecho, el del tratamiento de los guerrilleros que están en las cárceles. Todo el derecho internacional humanitario forma parte del bloque constitucional, por lo que todos los acuerdos entre Gobierno y sectores en armas tienen fuerza de ley y no sólo en el intercambio humanitario sino en todos los campos, como desminado o escudos humanos. Los guerrilleros “tienen en sus manos la posibilidad de hacer acuerdos que tienen fuerza de ley”.


- 15-5-2012 (Santos), La Cámara de Representantes del Congreso aprobó el proyecto de ley que establece un marco legal que constituiría la “llave para la paz”; que establece las bases jurídicas para iniciar diálogos con grupos armados y buscar una salida negociada al conflicto, buscando la alternativa de renunciar a la acción penal si eso conduce a la paz. El Marco Legal para la Paz tendrá un periodo de caducidad de cuatro años que iniciará una vez el Presidente Santos, radique ante el Congreso la ley ordinaria que regulará la reforma constitucional. Establece que cualquier posible proceso de paz que se pretenda poner en marcha, estará sujeto a que primero se dé la liberación de todos los secuestrados. La iniciativa no beneficiará a la delincuencia común como las “bacrim” o los narcotraficantes. En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a quienes no sean parte en el conflicto y/o a cualquier miembro de grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo. Las herramientas de justicia transicional solo podrán ser aplicadas de manera individual y no colectiva para los miembros de la Fuerza Pública.


- 5-4-2013 (Presidente Santos), Marco Jurídico para la Paz, que constituye la justicia transicional no sólo cobijaría a los guerrilleros, sino a los militares que hoy pagan condenas.


- 28-4-2013 (Humberto De la Calle Lombana, Jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana), Participación en política de los eventuales desmovilizados. Desde la Constitución de 1991, en Colombia se viene abriendo paso a una “mayor participación ciudadana”. Necesidad de explorar caminos para que exista desde el Estado un derecho a la oposición con un estatuto concreto. Brindar garantías es útil que el Estado amplíe el marco de la participación y consolide en un estatuto las garantías y derecho de la oposición. Es pertinente profundizar los mecanismos orientados hacia las comunidades locales pues allí debe tomar nuevo impulso la participación ciudadana, la que se expresa en el qué hacer diario y no sólo en las grandes decisiones nacionales”.


- 27-3-2014 (Presidente Juan Manuel Santos), El Presidente Santos ha tomado la decisión de reactivar el Consejo Nacional de Paz que fue creado mediante la ley 434 de 1998, luego de una reunión con la ex-Senadora Piedad Córdoba y otros integrantes de la Marcha Patriótica, movimiento que surgió recientemente a raíz de los diálogos que se realizan en La Habana entre el Estado y las FARC para poner fin al conflicto social y armado. El Consejo Nacional de Paz es un órgano asesor y consultor en materia de política de paz, encargado de velar por el constante fomento de la colaboración entre las entidades estatales para cumplir los fines de la misma. Sus funciones incluyen la presentación de propuestas para la superación del conflicto, un monitoreo del mismo y la formulación de sugerencias para las entidades públicas en materia de diseño y aplicación de política de paz. De acuerdo con lo dicho por el Consejero presidencial para asuntos sociales, Dr. Luis Eduardo Garzón, esta etapa del Consejo de paz debe caracterizarse por la participación central de los movimientos sociales que tienen una representación de 24 delegados en dicho organismo. Se trata de normalizar un mecanismo institucional de articulación entre el Estado y la sociedad civil para los efectos de la construcción de la paz.

Paramilitares

- 8-8-1999 (Carlos Castaño Jefe Autodefensas Unidas de Colombia-AUC), Guerrilla y las AUC deben llegar a una misma mesa de negociación y trazar un modelo de Estado en un amplio proceso de concertación nacional.

La guerrilla y las AUC deben llegar a una misma mesa de negociación y debe trazarse un modelo de Estado en un amplio proceso de concertación nacional.


- 17-10-2012 (Jefe de las AUC Salvatore Mancuso), Solicita al Presidente Santos participar en los diálogos de paz y que a los desmovilizados del paramilitarismo se les de los mismos beneficios que otorguen a los miembros de la guerrilla. Pide participar del proceso de paz o bien en una mesa única con la guerrilla o en una paralela. También exige que se le otorgue derechos políticos y advierte que de no incluirse a los paramilitares no habrá una paz sostenible ni duradera. Un Proceso de Paz que no incluya a la gran mayoría de los actores del conflicto resultará insuficiente para evitar que las zonas desocupadas al momento de la desmovilización por unos, sean fatalmente retomadas por otros, exclusiones y vías de hecho que han sido una tendencia histórica, que han convalidado y reeditado la violencia y promovido la lucha armada como expresión política para defender intereses cuando democráticamente se está impedido, perpetuando la guerra, la continuidad de daños inenarrables en la vida de miles de personas y retrasando en amplias regiones el desarrollo socioeconómico y la democracia incluyente y plural. Está reciente el ejemplo, con la desmovilización de las AUC, el de los grupos guerrilleros que dejaron las armas, como el EPL, el M19, la Corriente de Renovación Socialista, el ERP, el Quintín Lame, etc., lecciones que ciertamente no fueron benéficas para fortalecer la institucionalidad y la democracia o alcanzar una paz estable y duradera y que no debemos desdeñar.


- 28-11-2012 (Ex-Jefes paramilitares Edward Cobos Tellez, Ramón Isaza, Manuel de Jesús Pirabán, Salvatore Mancuso), Quieren mesa de trabajo con la Comisión de Paz que emprendieron el Gobierno y las FARC. Fuimos en su momento actores políticos y militares del conflicto, actualmente sometidos al nuevo marco de Justicia Transicional, por lo cual consideramos pertinente se tengan en cuenta nuestros hechos efectivos de Paz, dentro de este proceso de reinserción a la vida normal, para que las comisiones de Paz del Congreso, de manera conjunta o individual, vea la importancia de conocer directamente esta experiencia, como un aporte propositivo a la sostenibilidad del actual proceso Colombiano de Paz. Un Proceso de Paz que no incluya a la gran mayoría de los actores del conflicto resultará insuficiente.

FARC

- 7-1-1999 (Raúl Reyes), Con funcionario del Departamento de Estado de EUA, Phill Chicola, en encuentro informal y reservado en San José de Costa Rica. Tema central: actitud de EUA hacia el proceso de paz en Colombia y la problemática de los cultivos ilícitos en el país, cuyas áreas coinciden con territorios en los que las FARC ejercen dominio militar. FARC insisten en responsabilizar a EUA de ser causante del narcotráfico como principal consumidor de sustancias ilícitas en el mundo. Chicola comunicó instrucción del Departamento de Estado, que apoyo de EUA al proceso de paz queda condicionado a un compromiso efectivo de las partes con la erradicación de los cultivos ilícitos.


- 1-4-2000 FARC proponen a EUA legalizar consumo de drogas para acabar con narcotráfico y lo invitan a ayudar en tareas de sustitución de cultivos ilícitos. Con legalización de la droga, “se suprimirían de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este comercio, se controlaría el consumo y se atendería clínicamente a los fármaco-dependientes”. Las millonarias ganancias del narcotráfico se quedan en los intermediarios, principalmente en EUA y no en los campesinos cultivadores.


- 29/6/2000 (Encuentro de Los Pozos entre las FARC con funcionarios gubernamentales y delegados de 21 países), Plan de Lucha Anti-Drogas, para eliminar los cultivos de coca y amapola que alimentan el narcotráfico mundial. Los campesinos no son narcotraficantes; se dedican a cultivar esos arbustos por necesidad y requieren asistencia integral, en vez de represión, para sustituirlos por otros legales e igualmente rentables. Propuesta: 5 años de reemplazo de cultivos ilegales, con asistencia financiera internacional. El centro piloto del programa se instale en Cartagena del Chairá, de 36.000 habitantes, en el sur del país. El proyecto, sería financiado con dinero externo e interno, comandado por las FARC con la participación de comunidades de base, y supervisado por potencias extranjeras. El Gobierno debe comprometerse a extenderlo a todo el país y suspender las operaciones de represión contra los cultivadores ilegales.


- 16/1/2002 Proceso de paz reanudado incluye Asamblea Constituyente que acometa las reformas sociales, económicas, políticas y militares para conseguir “una paz con justicia”. Esta se iniciaría luego de acuerdos concretos sobre el alto el fuego, secuestros y ataques a la población civil, teniendo como marco al Acuerdo de San Francisco de la Sombra (5-10-2001). Propone un parlamento de seis meses de duración en el que estarían representados los diversos actores de la sociedad colombiana, desde empresarios a trabajadores o activistas de los derechos humanos. La guerrilla obtendría, según las diferentes propuestas, entre el 25% y el 50% de los escaños. Otra variante sería un referéndum para que se pronuncien sobre las reformas estructurales acordadas.


- 2-2-2002 Propuesta para la Disminución de la intensidad del Conflicto. Enfrentamiento armado en Colombia es consecuencia de los conflictos económicos, políticos y sociales, que históricamente no han sido resueltos por la oligarquía bipartidista liberal-conservadora en el poder. La existencia de un régimen político antidemocrático y violento sobre el cual se ha edificado un sistema económico que privilegia a una minoría, mientras mantiene a la inmensa mayoría de colombianos privados de sus más elementales derechos, es la causa que ha generado las profundas diferencias sociales. La Agenda Común hacia el Cambio por la Nueva Colombia se convierte en la guía fundamental en el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Lo afirmamos en el Acuerdo de San Francisco de la Sombra (5-10-2001) “.. somos conscientes de la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia, que en medio de las dificultades y sacrificios mantiene la fe y la esperanza de vivir en un país en paz con justicia social, que supere las grandes diferencias económicas, políticas y sociales que mantienen enfrentados a los colombianos.” Presentamos un conjunto de propuestas encaminadas a disminuir la intensidad del conflicto que deben necesariamente contemplar: 1) Doctrina de Seguridad Nacional y Paramilitarismo Estatal: Desmonte del paramilitarismo; retiro del país de todos los asesores militares extranjeros; reducción del gasto militar y depuración de las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales comprometidos con estos grupos llevándolos ante los tribunales de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes; igual con los civiles comprometidos en su financiamiento, promoción y patrocinio. 2) Respeto por los Derechos Humanos, Civiles y Políticos de los Colombianos: Garantizar los derechos a la vida, trabajo, vivienda, salud, educación, recreación y descanso, libertad de organización, movilización y expresión de todos los colombianos. 3) Cambio de la Política Neoliberal: para beneficio de los colombianos, como compromiso del Estado y el Gobierno. 4) Prisioneros de Guerra: Fórmula que permita la libertad de los prisioneros. 5) Suspensión de la Extradición de Nacionales: Esta política debe ser revocada. 6) Castigo para los Corruptos: Castigo para los responsables y devolución de lo robado a los colombianos. 7) Plan Colombia y Sustitución de Cultivos: Suspensión del Plan Colombia. 8) Los Medios de Comunicación: Se han convertido en uno de los principales instigadores del conflicto. 9) Propuesta de aplicación inmediata: Subsidio para los desempleados por un año, período en el que se deben encontrar acuerdos para solucionar el problema del desempleo. Los recursos del subsidio de desempleo se obtendrán: i. Del Plan Colombia. ii. Creación de un nuevo impuesto a través de Bonos para la Paz a capitales que superen cierto monto a acordar. iii. Aportes de empresarios del gran capital financiero. iv. Aportes de la comunidad internacional. : $ 1 billón 670 mil millones de pesos. La cifra de desempleados en los distintos sectores de la producción, por regiones y por ramas de la producción, se establecerá a través de sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y desempleados. v. Los recursos serán administrados y fiscalizados por una comisión de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación.


- 21-2-2002 A la comunidad internacional a continuar apoyando la búsqueda de solución política al conflicto social y armado en Colombia y a tomar distancia del coro guerrerista que se quiere imponer con el pretexto de combatir el terrorismo.


- 22/08/2002 Continuar con la agenda de puntos pactada con la administración de Andrés Pastrana en la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia, que incluye como propuestas: la solución política negociada; protección de los Derechos Humanos; explotación y conservación de los recursos naturales considerando la protección del ambiente y sobre la base del desarrollo sostenible; una política agraria integral; revisión del modelo de desarrollo económico; lucha antidrogas; reforma política para la ampliación de la democracia y la garantía de participación y representación; reforma del Estado; reestructuración del ejército; acuerdos sobre el Derecho Internacional Humanitario; las relaciones internacionales, que contemplen el respeto a la libre autodeterminación y a la no intervención; la formalización de los acuerdos a través de una Constituyente o un referendo. También excluir del lenguaje de los funcionarios oficiales los calificativos de “terroristas y narcoterroristas” y “una política clara de erradicación del paramilitarismo”.


- 29-11-2002 Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional. Conformar un Gobierno nacional Pluralista, Patriótico y Democrático, que se comprometa a: 1. Solución política al conflicto. 2. La doctrina militar y de Defensa Nacional del Estado, será Bolivariana. Las fuerzas armadas serán garantes de la soberanía nacional, respetuosas de los Derechos Humanos y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser dependiente del Ministerio de Gobierno, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los Derechos Humanos. 3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular {LDP: Democracia participativa}. La Procuraduría será rama independiente del poder público y el Procurador General de la Nación será elegido popularmente. El Parlamento será unicameral. La oposición y las minorías tendrán plenos derechos políticos y sociales garantizándoles el Estado su acceso a los grandes medios de comunicación. Libertad de prensa. La Rama Electoral será independiente. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y Magistrados del país. Moralización de la Administración Pública y de las instituciones civiles y militares del Estado. 4. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos: en lo energético, en las comunicaciones, servicios Públicos, vías, puertos y Recursos Naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones. {LDP: Tal vez, en vez de propietario, tener un control real sobre estos recursos con derecho a veto, controlado a su vez por los organismos independientes y populares de control}. Autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la producción, a la pequeña, mediana y gran industria privada, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria. El Estado invertirá en áreas estratégicas de la industria nacional y desarrollará una política proteccionista sobre las mismas. La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas. 5. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en las tradiciones culturales democráticas de Colombia y buscando el equilibrio de la sociedad con su medio ambiente y la naturaleza. El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la investigación científica. 6. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, solo afectará bienes y servicios suntuarios. 7. Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento las reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional. 8. Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, etc., en beneficio del país y de sus regiones. Renegociación de los contratos con Compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificarán la política energética. Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria, petroquímica. El Gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos del contrato existente para la explotación de CUSIANA. Colombia entera conocerá cómo y a qué ritmo se explotará CUSIANA y cómo insertar su producido en los planes generales de desarrollo. El crudo es de todos los colombianos y sus beneficios también. 9. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración regional y latinoamericana. Respeto a los compromisos políticos del Estado con otros Estados. Revisión total de los Pactos Militares y de la injerencia de las potencias en los asuntos internos. Renegociación de la Deuda Externa, buscando un plazo de 10 años muertos, en el pago de los servicios. 10. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes.


- 13-8-2009, FARC están dispuestas a iniciar una negociación de paz, independientemente de quien ocupe la presidencia. Una salida civilizada del conflicto no puede depender de la voluntad de una persona por poderosa que sea. Persistiremos en buscar salidas políticas al conflicto. Si las convicciones del Gobierno vigente están inundadas de violencia, guerra, venganza y autoritarismo, la confrontación persistirá; si existe una visión democrática, la perspectiva será alentadora.


- 26-2-2012, FARC propone terminar con secuestro y propicia negociaciones para la paz. A partir de la fecha proscribimos la práctica de retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos con el objeto de sostener nuestra lucha. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia. {LDP: Las FARC ya habían firmado con el Gobierno de Belisario Betancur, 28-3-1984, “Acuerdo de la Uribe“, entre otros temas, acordaron que: “Condenarán y desautorizarán .. el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.”}


- 5-11-2012 (Delegación de las FARC en la Habana), Llama al Gobierno colombiano a facilitar la participación del pueblo en el proceso de paz: “Solicitar al Gobierno se sirva explicar sin más demora los procedimientos, mecanismos, metodologías, dinámicas que posibilitarán que las expresiones diversas de la sociedad puedan desenvolver el proceso de diálogo por la paz en Colombia, con todos los recursos y garantías que ello requiera. No puede haber república donde el pueblo no esté seguro del ejercicio de sus propias facultades”. En el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, las partes hemos convenido atender el gran clamor de la población por la paz, tomando en consideración que su construcción es asunto de la sociedad en su conjunto. Por ello, “la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras, a las que invitamos a unirse a este propósito..”, ha sido colocado como aspecto central del ropaje democrático que debe tener el proceso que iniciará sesiones el 15 de noviembre en la Habana (Cuba). Necesitamos al pueblo, al constituyente primario, definiendo la ruta del diálogo.


- 9-11-2012 (Nota de la Delegación de las FARC en Mesa de Diálogo de La Habana al CICR), Expresamos nuestra determinación de depositar en manos del CICR la solicitud de formalizar la existencia del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el carácter concreto de Acuerdo Especial según el sentido que le confiere a este tipo de acuerdos el Derecho Internacional Humanitario. Los acuerdos especiales, por su nivel normativo forman parte del Bloque de Constitucionalidad, generando la obligación a las partes de mantener el escenario de diálogo, como un compromiso inquebrantable sobre el que no se podrán pender amenazas de suspensión o rompimiento, más aun si se toma en consideración que Gobierno y FARC han pactado “Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas” hasta “alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera”.


- 1-12-2012 (Secretariado de las FARC-EP), La Mesa de Diálogo de La Habana es el punto de encuentro de dos maneras de ver la problemática nacional y de plantear su resolución: La óptica del Gobierno, defiende las clases pudientes y la inmovilidad del orden vigente. La propuesta de la insurgencia, construida desde la visión de los sectores populares que urgen y claman por cambios. El ciudadano común ve crecer incesantes las cargas presupuestales destinadas al mantenimiento de un desproporcionado Ejército, en detrimento de la inversión en salud, educación, vivienda, obras públicas, ciencia y tecnología. Todo lo cual explica las motivaciones y el papel cardinal desempeñado por las organizaciones sociales colombianas en el impulso a la apertura del escenario de diálogo y concertación. La paz no podrá ser resultado de un diálogo alejado del pueblo de Colombia, de una decisión por las alturas, de imposiciones unilaterales de cualquier orden. El país entero tiene que movilizarse a exigir su participación decisoria en el proceso de paz.


- 5-2-2013 (Delegación de Paz de las FARC-EP La Habana), Frente a un ordenamiento autoritario del territorio, que se concibe como un mero instrumento para la obtención de jugosas ganancias mediante la extracción inmisericorde de los recursos naturales, o es inscrito dentro de estrategias militares de consolidación para proteger a los grandes capitales, o para imponer relaciones de poder basadas en el ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar, las FARC-EP proponen: 1. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, capaz de atender los requerimientos alimentarios, manejo sostenible de su entorno. Derecho a la consulta previa, libre e informada. 2. Garantía de la soberanía alimentaria. Desestímulo de la ganadería extensiva, liberando no menos de 20 millones de hectáreas para propósitos agrícolas. Frenar la deforestación y las actividades de extracción minero-energética, especialmente la minería a cielo abierto. 3. Derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles. 4. Los territorios indígenas y afrodescendientes también deben ser considerados territorios de producción de alimentos y ser estimulados con programas específicos. 5. El reordenamiento territorial debe contemplar la construcción de nuevos asentamientos para la organización de la producción de bienes agrícolas. 6. Poner freno a la expansión desordenada y anárquica de las economías minero-energéticas y extractivas, estableciendo prohibiciones, límites o regulaciones estrictas, según el caso. Tomar medidas como la de suspender el otorgamiento de títulos mineros y de concesiones para la exploración y la extracción petrolera. 7. Acompañamiento y protección de la minería artesanal con miras a garantizar el bienestar de las comunidades rurales, cuya economía se concentra en esta ancestral actividad. Se deberán reconocer y legalizar los títulos que están en manos de pequeños y medianos mineros. 8. Cesar la política de criminalización y persecución, suspender las aspersiones aéreas y otras formas de erradicación que están generando impactos negativos socioambientales y económicos. Hay que reorientar el uso de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles e incluso considerar planos de legalización de algunos cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales.


- 9-2-2013 (Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana), Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino: i. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos, en los términos establecidos en la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos de la ONU, la cual será incorporada de manera inmediata al ordenamiento constitucional. Se adoptará en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se crearán las condiciones institucional para hacerlo eficaz. ii. Constitucionalización de la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afro-descendientes. En tal sentido, los territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles. En consideración a las formas de propiedad existentes en estos territorios-individual, asociativa, comunitaria o colectiva- y con miras a evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra, habrá en ellos regulaciones específicas sobre la transferencia de derechos. 1. Sin perjuicio de otras formas, los territorios campesinos estarán conformados por Zonas de Reserva Campesina o por Zonas de producción campesina de alimentos. 2. Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente. 3. Se reconocerá el carácter estratégico de las comunidades campesinas, de sus organizaciones y de los territorios campesinos en la protección de ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, para la sostenibilidad socio-ambiental en general y para la soberanía alimentaria. 4. Con miras a garantizar su estabilización y proyección, así como los fines para los cuales han sido creados, los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos. Sin perjuicio de otras fuentes, los recursos provendrán del sistema general de participaciones, de las regalías, de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado, así como de una cuenta específica creada dentro del presupuesto general de la nación, con un porcentaje fijo sobre el total. Todos estos recursos conformarán el Fondo nacional de financiación de territorios campesinos. 5. Los territorios campesinos serán dotados con medios de producción, asistencia técnica y recursos de crédito, que permitan garantizar su función de protección y sostenibilidad socio-ambiental, así como el usufructo sostenible de la tierra y de la producción campesina. 6. Se reconocerán y afianzarán las Zonas de Reserva Campesina como espacios de protección socio-ambiental, de producción de alimentos, forma de organización territorial y expresión histórica, organizada, de las luchas campesinas por la transformación agraria, que merecen el respeto por parte del Estado, el cual debe saldar su deuda histórica con la población rural. 7. Para responder a las expectativas de acceso a la tierra de las comunidades campesinas que las habitan, se destinará una extensión no inferior a 9 millones de hectáreas sobre las cuales se fundamentarán formas de propiedad individual, asociativa y comunitaria, cuya titularidad estará en cabeza de la respectiva organización campesina, única facultada para solicitar su reconocimiento y creación; es decir, su formalización, mediante simple manifestación de voluntad. 8. Se crearán las Zonas de Producción Campesina de Alimentos, en una extensión territorial no inferior a 7 millones de hectáreas. Las zonas se crearán con tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, obtenidas ilícitamente mediante el ejercicio de la violencia, baldías, restituidas a los campesinos, o de minifundios. 9. En los territorios campesinos se privilegiará el autoabastecimiento alimentario, se propiciarán relaciones de intercambio con otros territorios campesinos, indígenas, afro-descendientes, interétnicos e interculturales. 10. En atención al carácter estratégico de los Territorios Campesinos, se propenderá por su protección especial frente a la estigmatización por parte de la inteligencia militar o su uso dentro de estrategias contrainsurgentes y de guerra. Los Territorios Campesinos serán protegidos del ejercicio estructural de la violencia y el despojo, de las presiones de cambios en el uso de la tierra y el territorio por megaproyectos infraestructurales, minero-energéticos o de agro-combustibles, del mercado especulativo de tierras, de los abusos del llamado “derecho de superficie”, de la extranjerización de la tierra y de la especulación financiera, entre otros factores, como las políticas de mercantilización de la naturaleza y el comercio con bonos de carbono, que lesionan la existencia de las pequeñas y medianas economías rurales. De manera especial, se reconocerá el derecho a la consulta previa, libre e informada. Todas las propuestas aquí formuladas, demandan la conformación de una institucionalidad especializada que garantice y posibilite su implementación.

Otras Fuerzas en Colombia (ELN)

- 25/08/2005 Comunicado del ELN, identificando lo que considera como los 5 obstáculos que han impedido encontrar una solución política al conflicto interno: 1) Negar las causas sociales, económicas y políticas que originaron el conflicto. 2) La falta de participación de la sociedad civil en un eventual proceso de paz. 3) Negar que el conflicto haya producido una profunda crisis humanitaria en los sectores más empobrecidos de la sociedad. 4) La negación que hace el Gobierno de la existencia del conflicto interno; y 5) Lo que califica de falsa negociación entre el Gobierno y los paramilitares.


- 8-5-2007 Si se mira en el trasfondo de los acontecimientos y las dificultades en las rondas de negociaciones ELN-Gobierno colombiano en La Habana, queda en evidencia que las partes hablan dos lenguajes diferentes y la paz la concibe, cada parte, desde orillas distintas y propósitos distantes. Para el Gobierno de Uribe Vélez, generar ambiente para la paz significa someter al ELN y llevarlo a que se encierre en una zona, se desmovilice y desarme sin tener que ocuparse de abordar y buscar salida a las causas generadoras del conflicto social y armado. Para el ELN la paz es otra cosa. Es esencial su contenido de justicia y bienestar social. Es indispensable la voluntad política, y una fase en la que se debe generar confianza y crear condiciones para avanzar en la construcción de la paz estable y verdadera, para lo cual es fundamental la participación activa de la sociedad colombiana y el acompañamiento de la comunidad internacional. Un acuerdo para propiciar el ambiente para la paz y no el acuerdo de paz definitivo, como algunos lo están interpretando. El ELN entiende que llegar a un acuerdo base para generar dicho ambiente para la paz, es el paso previo para entrar a abordar los problemas gruesos e históricos que originaron y alimentan el conflicto social y armado interno. En la construcción de este ambiente cada parte tiene que aportar. Un cese el fuego y las hostilidades tiene que ser bilateral, ubicando con precisión las actividades que están afectando a la sociedad en general, así como al ELN y al Gobierno en particular; establecer qué deben cesar el uno y el otro y llegar a acuerdos en esta materia. Necesariamente se tienen que abordar los problemas que afectan a las grandes mayorías de la nación, tanto los que son de responsabilidad del Gobierno, como los que son responsabilidad del ELN. El Gobierno cuando trata de imponer su concepción recurre a mecanismos de presión indebidos y reprochables, convirtiéndose en un serio obstáculo para que el proceso avance. La dura realidad que continúa viviendo el pueblo colombiano no se puede ignorar en la mesa de los diálogos. Estos problemas y otros, tienen que abordarse para que la vida se respete y vuelva a tener valor, para que se pueda materializar la democracia real.


- 26-1-2008 (ELN) Llamamos a la comunidad internacional para que contribuya a poner límites éticos a la confrontación. Desde la década de los ‘80 viene insistiendo en negociar un acuerdo “para evitar la barbarie que adelanta el Estado colombiano y como insurgentes corregir errores cometidos”. Ese acuerdo de “‘humanización de la guerra” debe poner límites al “armamento y modalidades operativas utilizadas por las partes contendientes”, lo que incluiría eliminar, el uso de minas antipersona o el reclutamiento de menores de edad. Es hora de concretar el acuerdo humanitario o un canje de secuestrados en manos de los rebeldes por insurgentes en prisión”. Busca darle reconocimiento de Fuerza Beligerante a las guerrillas colombianas y se dispone a trabajar para materializar esta iniciativa.


- 4-5-2009 (Comando Central ELN), Respuesta a Colombianos y Colombianas por la Paz, que le pidió abandonar el secuestro y las prácticas contrarias a los principios humanitarios. “No hay temas vedados” en una eventual mesa de diálogo con el Gobierno. Insistió en buscar una salida política al “conflicto armado”. “Siempre hemos planteado nuestra disposición para abordar el asunto de las retenciones en el ánimo de buscarle salidas. Desde luego que junto a esta temática también deben tratarse las demás acciones contra la libertad de las personas, como son las desapariciones forzadas y los presos políticos, entre otras”. En la construcción de la paz se deben tener en cuenta todos los sectores y por ello es necesaria “una participación protagónica de todos los sectores de la sociedad”. Ningún Gobierno puede sentirse dueño del país, “es la población quien debe definirle lo que debe ser y hacer un Gobierno”. Reclaman del Gobierno colombiano “propuestas de paz coherentes”, en las que se deben tener en cuenta las opiniones de otros sectores de la sociedad pues “el futuro de Colombia es el camino que entre todos debemos construir”. Las propuestas de paz del Gobierno colombiano “no pasan de ser una exigencia que pretende la desmovilización de la insurgencia para que todo siga igual”.


- 15-4-2011 (Comando Central del ELN), Carta a Colombianos y Colombianas por la Paz. En la filas del ELN y la insurgencia Colombiana, existe una decisión indeclinable, por alcanzar la paz, dentro de principios y definiciones conocidas por ustedes y nos alegra encontrar importantes identidades en las conclusiones del evento de Buenos Aires de febrero del 2011. Hay un camino largo por recorrer: El logro de la convivencia armónica, en democracia, soberanía, equidad y justicia social, propósitos mancillados e impedidos a sangre y fuego, por la clase en el poder, que llevó a la rebeldía popular, al levantamiento en armas. El objetivo de los señores de la guerra, al colocar a los luchadores del mundo, el mote de “terroristas” y con ello su satanización, es una clara maniobra guerrerista que coloca impedimentos para que la bandera de la paz pueda ser asumida por todos los que quieren enarbolarla, ya que el hecho de identificarse con ella, los hace objetos de persecución y exterminio. Según lo consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional, la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos; por tal razón, la agenda de lucha de todas las organizaciones y fuerzas políticas debe abrazar la paz, dándole la preponderancia que se requiere. Las fuerzas contendientes en los conflictos, tienen dos maneras de encaminar sus esfuerzos para llegar a la paz; una, mediante la imposición de la fuerza, de una parte, para obligar a la otra, a capitular e imponerle las condiciones y conseguir la pacificación mediante la lógica de vencidos y vencedores. El régimen colombiano y sus gobiernos le han apostado a esa lógica. La segunda opción para buscar la paz es la Solución Política, donde tengan protagonismo el pueblo y la nación, con el concurso de la comunidad internacional. A esta opción es a la que le apuesta el ELN y lo ha sustentado desde la década de los años 80, cuando planteamos Una Salida Política al Conflicto.


- 12-12-2011 (ELN), Cómo entender una Salida Política al Conflicto. Como debe ser una propuesta de Paz. El Presidente Pastrana llegó a la presidencia enarbolando la bandera de la paz, recogiendo el sentir de las mayorías de los colombianos. Sin embargo los esfuerzos del ELN en su Gobierno no fructificaron porque la fuerza del paramilitarismo obligó al Presidente a no firmar los acuerdos que una delegación suya y otra del ELN definieron en la ciudad de La Habana Cuba en diciembre del año 2000. Se acordó con su Comisionado Camilo Gómez, una Zona de Encuentro, que comprendía las cabeceras municipales de los municipios de Cantagallo, San Pablo y San Rosa en el Sur de Bolívar y todos los mecanismos y normas de funcionamiento para un plan de paz, incluido un proceso de cese el fuego bilateral. Este proceso terminó con una gigantesca operación militar contra guerrillera contra el Comando Central del ELN, cuyos negociadores estaban en la región definida como Zona de Encuentro. Todo lo anterior nos permite demostrar que el problema no es de engaños, como de manera tendenciosa lo plantea el Presidente Santos, sino de diferencias en cuanto a qué es la paz y como se construye el futuro de Colombia. Estamos convencidos que la paz de Colombia requiere de diálogos bilaterales entre la insurgencia y el Gobierno. En el primer mandato de Gobierno de Uribe, de nuevo nos sentamos a la mesa y en un proceso de varios meses, retomando las experiencias anteriores, se estructuró una nueva agenda que llevó a amplias discusiones. Cuando parecía inminente un acuerdo para un cese bilateral al fuego y las hostilidades y una zona para la concreción del proceso, el Presidente Uribe exigió, en contra de lo definido, que el ELN debía concentrarse e identificarse para garantizar la verificación del proceso. Si este u otros gobiernos venideros, pretenden la claudicación y desmovilización de la insurgencia en una mesa, los esfuerzos se seguirán truncando, porque como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la paz es justicia y equidad social, es democracia y soberanía. Hoy las luchas populares y de la nación, esbozan una agenda de país opuesta al plan de desarrollo del Presidente Santos, el ELN, se identifica con el movimiento popular en tales propósitos y considera que la paz de Colombia pasa por construir junto al pueblo y la nación, una agenda respecto de problemas que los aqueja. Solo así nos enrumbaremos hacia la Paz en Colombia.


- 11-11-2012 (Delegación del ELN para el Diálogo), El ELN está comprometido con la solución política, la que entendemos como una construcción colectiva de la Nación, como proceso democratizador social, político, económico y cultural, que dé cuenta de los cambios que el país necesita. El proceso de paz le atañe al país en su conjunto. Los movimientos sociales en todas sus expresiones, los procesos regionales, las organizaciones políticas, las personalidades democráticas, los intelectuales, los artistas, los gremios, los pueblos originarios y sobre todo las víctimas del conflicto, están en el derecho de participar. El complejo problema de la tierra en Colombia, primer punto de la Agenda acordada por las FARC y el Gobierno, es un asunto de la Nación y requiere de la participación del movimiento campesino y agrario, de los movimientos regionales y ambientales.


- 18-2-2014 (Comandante del ELN Nicolás Rodríguez, alias Gabino), De iniciar un proceso de paz con el Gobierno, el tema de la reparación a las víctimas es central. Se debe esclarecer la verdad sobre el conflicto que se extiende desde hace 50 años. “La primera parte del tratamiento a la problemática de las víctimas exige un proceso de verdad pública. Es necesario que se aclaren las responsabilidades”. El tema de las víctimas del conflicto armado está “atravesado en el proceso de paz” y son los afectados quienes deben exponer su perspectiva. “Quien tiene que plantearse la reparación de las víctimas, son las víctimas mismas, no un tercero y mucho menos un tercero que sea juez y parte”.

Otros Actores en Colombia

- 1-10-2000 (Grupos de ONG’s y OSC en Mesa Alternativa, reunidos en Madrid), Apoyar los propósitos de ayuda internacional para contribuir a resolver el conflicto armado mediante la negociación política, la democratización de la sociedad y la economía colombiana, para construir soluciones integrales al narcotráfico, para diseñar un nuevo y concertado modelo de desarrollo y para fortalecer una nueva institucionalidad y la refundación de la nación. Rechazan el Plan Colombia porque parte de una concepción autoritaria de la seguridad nacional; no resuelve realmente el problema del narcotráfico, pone en grave peligro el proceso de paz, atenta contra los pueblos originarios destruyendo su cultura y sus formas de vida, afecta gravemente el ecosistema amazónico, profundiza la crisis humanitaria y de derechos humanos, incrementa el problema del desplazamiento forzado y agudiza la crisis social y política. Exigen al Gobierno Colombiano y solicitan a la comunidad internacional replantear el concepto de seguridad nacional desarrollado en el Plan Colombia por el de seguridad ciudadana que privilegie la satisfacción de los Derechos Humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el sentido de pertenencia de los ciudadanos y las ciudadanas, base de la soberanía nacional. Propone: 1. Construcción de un espacio de concertación entre el Gobierno nacional, la insurgencia y las organizaciones civiles, con respaldo de la Comunidad Internacional, para acordar la cooperación para la Paz que requiere el País, que permita la superación de las causas del conflicto. 2. Llamar a la comunidad Internacional y a las organizaciones que promueven la Paz y los Derechos humanos en el mundo para demandar del Estado colombiano una política eficaz de respeto a los Derechos Humanos en Colombia. 3. Apoyar el proceso de Paz y solución política negociada al conflicto interno entre el Estado colombiano y las organizaciones insurgentes: FARC y ELN. Un cese el fuego pactado entre los actores armados, con suspensión de hostilidades, suspensión de la compra de armas y suspensión de la Cooperación Militar de EUA revertiendo los recursos militares del Plan Colombia; el desarrollo de una agenda social de Paz que reconozca a las regiones, a sus pobladores, culturas, sus necesidades y derechos. 4. Exigir a los medios de comunicación una actitud responsable, ética y de compromiso con el proceso de paz. 5. Exigir a las partes del conflicto social y armado la realización y el cumplimiento de acuerdos humanitarios en el marco del Derecho Internacional Humanitario y procurar la protección especial a la población civil y la distinción entre combatientes y no combatientes, así como de bienes sociales y culturales de las comunidades que deben ser protegidos. 6. Erradicar manualmente los cultivos de coca, dentro de un proceso progresivo, concertado con las comunidades excluyendo la fumigación; promoviendo la sustitución con proyectos productivos, rentables y sostenibles de los campesinos, que garanticen generar empleo y suspender la importación de alimentos. 7. Exigir al Estado colombiano, en desarrollo de los diálogos de Paz, una agenda social de paz regida por los principios de independencia, soberanía y la autodeterminación de los pueblos que contribuya a la solución del conflicto social y armado que vivencia el país y al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales suscrito por el Estado colombiano ante la comunidad internacional. 8. Denunciar la intencionalidad de los grupos económicos y del establishment Colombiano de financiar con dineros de la Cooperación internacional la ejecución de Mega proyectos abiertamente lesivos a los intereses colectivos de la Sociedad Colombiana. 9. Presentar propuestas y proyectos de Paz locales, subregionales y regionales como iniciativas de las comunidades y de la sociedad civil. Establecer prioridades, temas y contenidos de la agenda social de paz alternativa al Plan Colombia integrada fundamentalmente por los Planes de Desarrollo, las agendas, los acuerdos y las propuestas regionales asociadas con reivindicaciones sociales.


- 17-1-2008 (Padre Darío Echeverri, Secretario General de la Comisión de Conciliación Nacional), El desafío de la iglesia no es solo el intercambio humanitario, va enfilando la construcción de escenarios de paz y de reconciliación entre todos los colombianos. Hechos concretos de paz por las FARC es condición sine qua non para llegar a un cambio de status de terroristas a beligerantes.


- 8-7-2008 (Ingrid Betancourt), Entre Uribe y yo hay una diferencia fundamental: Uribe concibe el problema colombiano como una crisis de violencia, de seguridad y esa crisis de seguridad, esa violencia es la que produce un malestar social. Yo pienso al revés, que es porque hay un malestar social es que hay violencia.


- 7-3-2009, (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN; Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC; Colombianos Colombianas por la Paz), Tenemos un compromiso expreso y ancestral por la paz, por la solución política del conflicto y por el diálogo y la negociación como camino para construir aquéllas. Proyecto político estratégico: 1) Necesidad de transformar el sistema político para que haya justicia, democracia y Gobierno de los más, vida buena y armonía con la naturaleza; 2) Necesidad de que en ese nuevo sistema político se respete de verdad y en profundidad el derecho de los pueblos indígenas a gobernarnos y a gobernar los territorios y los recursos naturales. La Madre Tierra no es propiedad de nadie sino que debe ser protegida y liberada para que alimente y cuide a todos los seres vivos; y 3) Necesidad de que las relaciones entre los pueblos sean de entendimiento, respeto y solidaridad. Buscamos un sistema político verdaderamente democrático, un sistema económico alternativo que no destruya la naturaleza y el ambiente y una sociedad en armonía. No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos. Queremos que la guerra termine. En el departamento del Cauca, la organización y la movilización indígenas nos han permitido consolidar ejercicios reales de autogobierno y poder popular, hemos logrado un creciente control sobre territorios y recursos naturales y persistimos en defender un modo de vida que no acabe con la naturaleza ni con la vida. Sabemos que son logros relativos frente al avance del modelo económico extractivo y depredador, que construir gobiernos democráticos de base comunitaria es lento, que defender un modo de vida alternativo en medio del consumismo es a veces imposible. Públicamente hemos dicho que varios de sus comportamientos y acciones están en abierta contravía con lo que venimos construyendo: mientras nosotros construimos un Gobierno municipal popular que le rinde cuentas a los cabildos y a la asamblea de comuneros, ustedes (FARC) se toman el municipio, destruyen algunas casas y dan pretexto para que la fuerza pública invada las comunidades; nosotros, desarmados y con la cara descubierta, desmontamos las trincheras de la policía del centro de Caldono, Toribío y Jámbaló para que su presencia no afecte a la población civil, mientras ustedes dejan minas antipersonales y no tienen ninguna consideración por la gente que no forma parte de la guerra; mientras nosotros sin ningún temor le hacemos juicio a los militares que han asesinado a comuneros indígenas, ustedes secuestran a funcionarios indígenas y no indígenas de la alcaldía de Jambaló para enjuiciarlos por robar dinero, como si no hubiéramos dado muestra de tener capacidad de aplicar justicia comunitaria. Es como si ustedes estuvieran en contra del poder popular y del Gobierno directo de los comuneros; un comunero nos decía que pareciera que ustedes estaban por la toma del poder que los pobres y los indios hemos construido con mucho esfuerzo y habían renunciado a tomar el poder que tienen los ricos. Lo que ahora más nos preocupa es la campaña que de tiempo atrás vienen ustedes impulsando para crear estructuras paralelas a las que nosotros hemos construido. Los grupos de milicianos y las iniciativas que ellos mueven dentro de las comunidades, se han convertido en un enorme factor de riesgo para la vida de los indígenas y en una amenaza a la organización. Ustedes terminan haciendo política a base de rumores, de chismes y de peleas personales, que se convierten en señalamientos absurdos. Ahora mismo, tenemos amenazados por gente de ustedes (no sabemos si con orden del Secretariado) a los líderes más destacados de la ACIN y el CRIC y a asesores no indígenas que nos han acompañado por 30 y 40 años, acusados de ser amigos del Gobierno. Y a los funcionarios de la alcaldía indígena acusados de robarse plata, en pura retaliación porque nuestra guardia indígena los liberó y nuestra justicia sancionó a los milicianos indígenas responsables del secuestro, ahora están en la lista de gente que debe ser asesinada. En otra época se hablaba de juicios populares; ahora la mera voluntad de una persona basta para condenarla a muerte. Nosotros no somos externos al conflicto, estamos dentro como víctimas y queremos estar dentro como actores que ayuden a resolverlo. Pero no queremos ser un grupo armado, no queremos que nuestros comuneros se vuelvan combatientes de ningún ejército, porque hemos encontrado que la movilización directa de la gente, el Gobierno popular y la organización consciente de todos y todas, son más poderosas que cualquier fuerza armada y nuestra propia experiencia nos dice que una fuerza armada que se separa de la gente que la parió y se impone sobre ella, se vuelve una fuerza de ocupación y toda fuerza de ocupación se vuelve odiosa para la gente y está condenada a la derrota.


- 15-6-2009, (Colombianos y Colombianas por la Paz: Carta al ELN), El secuestro no debe ser tema de una mesa de diálogos y negociaciones de paz, sino una decisión y un compromiso unilateral de su organización insurgente, en términos de renunciar a esa práctica de presión política y económica. La situación de los presos políticos y de los desaparecidos debe ser objeto de tratamiento político en el marco de los mandatos constitucionales. Nuestra voluntad se encuentra del lado de la solución política y la construcción social de la paz. Consideramos que el ELN debe tomar la iniciativa en la formulación de propuestas viables que la sociedad civil pueda acompañar.


- 15-6-2009 (Red de Organizaciones Sociales por el Acuerdo Humanitario), Impulsar el Acuerdo Humanitario como un paso trascendental hacia la consolidación de caminos de paz para nuestro país. Desde nuestras organizaciones como expresiones de la sociedad civil debemos tener una participación permanente y propositiva en la solución negociada y dialogada de este conflicto político, social y armado. Sostener la esperanza de un país diverso, tolerante y pluralista donde florezca el respeto a la vida y detener el derramamiento de sangre que por tantas décadas ha dominado nuestra patria.


- 13-10-2009 (Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC), Los indígenas colombianos se movilizan en contra de los tratados de libre comercio, la impunidad, la falta de tierras y de educación y salud. Forman parte de la “Minga global en defensa de la madre tierra”, que también se desarrolla en Bolivia, Ecuador y Perú. Marchamos contra la mercantilización, la militarización y la criminalización social. Protestan contra la política de seguridad democrática del Presidente Uribe y contra los abusos de los grupos guerrilleros de izquierda.


- 8-11-2009 (Ex-Presidente Ernesto Samper Pizano), El Gobierno y en alguna forma también las FARC, han utilizado el tema de los secuestrados para hacer política en la mitad de la guerra, para conseguir un espacio político, para ganarse un sector de opinión; eso está absolutamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario que las partes en un conflicto utilicen los temas humanitarios para ganarle al contendor un espacio político en medio de la guerra.


- 1-2-2011, (Organizaciones populares; de Derechos Humanos; familiares de las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y prisioneros políticos de las diferentes organizaciones alzadas en armas), La paz como principio rector de los pueblos: 1) Los estudiosos sobre el tema del conflicto armado interno, los movimientos sociales y políticos de oposición y las organizaciones alzadas en armas plantean que el conflicto tiene causas económicas estructurales, sociales, políticas, culturales, militares etc., es decir, que el conflicto no es exclusivamente de carácter armado. 2) Cuando se presenta un conflicto armado interno, surge el problema político de discutir la legitimidad y la representación de las partes que lo conforman, así como analizar las causas que han motivado este alzamiento en armas y los métodos; para solucionarlo, lo cual compete a la totalidad de la población y no solamente a las partes enfrentadas militarmente. 3) Es reconocido que el Estado representa a una parte de la población civil y que los movimientos insurgentes representan a otra parte de ésta. Es evidente también que una parte de la población -organizada o no- no aceptamos que las partes nos representen en el conflicto armado y tampoco estamos representados en el proceso de negociación actual. La población colombiana no se encuentra alfabetizada políticamente y por esta razón las partes hablan en nombre y representación de todos los colombianos, sin que nadie diga nada y sin representarlos verdaderamente a todos. 4) Los grupos alzados en armas están obligados a cumplir las normas del Derecho de los Conflictos Armados internos, al igual que el Estado. Es la tesis sustentada por la Corte Constitucional en el fallo de exequibilidad del protocolo II de 1977. Ambas partes son responsables de las infracciones al Derecho de los Conflictos Armados de carácter interno. 5) La propuesta que se hace frente a la infracción por grupos paramilitares al Derecho de los Conflictos Armados, es que el Estado debe responder por los crímenes cometidos por estos grupos, ya sea por acción o por omisión, debe disolver los mismos, derogar la legislación que los crea o sustenta, sancionarlos penalmente o vincularlos a las estructuras de la Fuerza Pública. Igual tratamiento debe ser aplicado a los mercenarios y espías por no ser considerados sujetos protegidos ni combatientes. Por no tener suficientes elementos de juicio sobre la calidad, remuneración, etc., en que se encuentran en el país los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del personal civil contratado en la implementación del Plan Colombia, se ha recomendado continuar ubicándolos como combatientes a favor del Estado o mercenarios. 6) Frente a la dificultad para determinar las formas de privación de la libertad de las personas en el conflicto armado interno, presentamos a consideración las siguientes descripciones: a) Prisioneros de guerra: se trata de combatientes que han sido capturados en el desarrollo de las hostilidades en combate, por haber depuesto las armas, por haberse rendido o que simplemente estaban desarmados y fueron capturados. b) Rehenes: se trata de personas que son retenidas por las partes y utilizadas como escudos de protección o para exigirle al enemigo hacer o no una acción positiva. c) Detención desaparición: acción realizada por agentes del Estado o particulares que actúan con su colaboración, tolerancia o aquiescencia. d) Secuestro: retención de una persona para exigir por su libertad una contraprestación económica o política. Esta acción viene siendo realizada por la delincuencia común, por agentes del Estado y por los movimientos insurgentes. e) Personas Capturadas y que están sometidas a procesos de investigación por faltas o delitos que de acuerdo con la legislación de cada una de las partes en el conflicto armado debe ser investigada. 7) Uno de los grandes problemas en el conflicto es el de la impunidad. En las negociaciones que se han realizado a nivel nacional e internacional los crímenes, fruto de los acuerdos firmados en éstas, han terminado en leyes de perdón y olvido, de punto final, de amnistía e indulto. Una de las investigaciones sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia realizada en el periodo comprendido entre 1966 y 1998, señala en forma preliminar que se han cometido aproximadamente unos 48.000 crímenes, entendiendo como tales acciones la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y el genocidio. Igualmente se señala que en el campo, la Fuerza Pública no toma prisioneros ni hay heridos en los combates. Debe existir un compromiso de las partes en el conflicto armado que garantice la aplicación de los Derechos Humanos y de la Guerra en el sentido de que, independientemente de la forma en que termine el conflicto, exista un compromiso para reconocer la jurisdicción universal, la imprescriptibilidad de los crímenes y para que sus autores no sean beneficiarios de amnistía o indulto. Se debe reconocer el derecho innegociable de los pueblos, las organizaciones y los familiares de las víctimas a conocer la verdad histórica, a que se aplique justicia a los responsables y a que se repare integralmente a las víctimas. 8) Los diálogos que se realicen con los grupos insurgentes deben ser públicos y realizados en el país. Las organizaciones y las victimas y en general las personas que quieran asistir y presentar sus propuestas sobre los temas que se discuten en estos diálogos, puedan hacerlo garantizando que no se tomaran represalias contra ellos por su asistencia. Se trata de garantizar la autonomía y la independencia de las personas y las organizaciones frente al conflicto armado. 9) Si las partes llegan a firmar acuerdos sobre temas específicos o globales en los cuales se comprometan los derechos de las personas u organizaciones o que, en general, comprometan la existencia misma del Estado o la forma de organización del sistema político, económico, social, cultural y militar, estos acuerdos se sometan para su aprobación al Constituyente primario, a través de un referéndum o un plebiscito, sin ninguna limitación sobre la forma de tomar decisiones y de legitimar las propuestas aprobadas. 19) Necesidad de creación de una comisión de verificación frente a posibles infracciones de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra que debe estar compuesta en parte por personas de procedencia internacional, expertas en Derechos Humanos y en D.I.H., por personas de organizaciones sociales nacionales igualmente expertas en estos tema y por representantes o delegados de las partes, que deben tener inmunidad. En todos los casos se presentará un informe público sobre los hechos denunciados o investigados con conclusiones y recomendaciones sobre el caso. Algunos consideran que es viable plantear que se utilice como mecanismo de verificación la comisión de en cuenta establecida en el Art. 90 del Protocolo I a pesar de las limitaciones que tiene. 11) Se recomienda a las partes pactar la creación de un tribunal especial que investigue, juzgue y sancione las infracciones al DIH y los Crímenes de Lesa Humanidad, tomando en cuenta para ello los planteamientos hechos por instituciones internacionales sobre la autonomía, independencia y debido proceso en la administración de justicia y comprometiéndose, además, a poner a disposición de dicho tribunal a las personas que se sindiquen de estos delitos. 12) Por no existir un acuerdo sobre lo que se entiende por Crímenes de Lesa humanidad y Crímenes de Guerra, recordando que por razones de conveniencia política el Estado ha indultado o amnistiado conductas que de acuerdo con la legislación actual no serían objeto de este beneficio (ejemplo: la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19), proponemos que se acepte como mínimo que las siguientes conductas son Crímenes de Lesa Humanidad: genocidio, tortura, detención desaparición y ejecuciones extrajudiciales. Además, por las implicaciones que tienen, que se adicionen la violación sexual y la fumigación con agentes químicos o biológicos. Como Crímenes de Guerra cometidos por las partes: tortura, detención desaparición y ejecuciones extrajudiciales de combatientes. 13) La realidad del conflicto nos indica que las partes se preparan para ganar tiempo para adecuar la infraestructura y los combatientes para una guerra generalizada y de mayores proporciones. Se hace necesario plantear la regulación de conflicto armado interno. Exigir diálogo y negociación como solución política al conflicto seguirá siendo una aspiración de los no combatientes, así como hacer un llamamiento al Estado y a la totalidad de los grupos alzados en armas para que, en una sola mesa y con la participación de todos los colombianos, se solucionen los grandes problemas por los que atraviesa el país.


- 26-6-2011, (Antonio Navarro Wolf, guerrillero desmovilizado del M-19, actual Gobernador de Nariño) En 1991 participó en la construcción de la nueva Constitución. El nuevo marco institucional que se le dio a la nación no justifica la lucha armada. La Carta, por sí sola, no es suficiente para cambiar la realidad y se necesita poder político para ello. Las instituciones son para los ciudadanos y no para el poder. La Constitución abrió la política para los movimientos cívicos, los grupos significativos de ciudadanos y aquellos que quisieran y pudieran conseguir apoyo popular. Antes vivíamos en estado de sitio permanente. Con la Constituyente no sólo se desmovilizaron tres organizaciones guerrilleras sino que se estableció un marco institucional que hace que hoy no tenga sentido histórico ni justificación el alzamiento armado. Esa es una contribución para la paz que no se ha valorado. Hay problemas que explican que sigue habiendo lucha armada y el más importante es la existencia de un millón de familias pobres en zonas marginales. Si no hacemos una política para incorporar esas familias a la vida digna y al desarrollo, vamos a seguir teniendo una debilidad que permite la supervivencia de la lucha armada. Lo que no salio bien: El diseño de las contralorías. Eso no está funcionando porque se hace una alianza entre un alcalde y unos concejales y se nombra un contralor que termina por no controlar a nadie. Parte de los problemas que estamos viendo hoy es por la debilidad de los órganos de control contra la corrupción. No es fácil hacer mejoras a la Carta con nuevas constituyentes. El momento no es de pensamiento de avanzada sino de retroceso. La democracia participativa, que era una gran ganancia en ese momento, poco se ha usado y diría que está sin estrenar, pero allí está y puede ser aplicada. La Constitución sola no puede hacer milagros. El voto popular, las condiciones que llevan a elegir los poderes reales del Estado es lo fundamental.


- 27-6-2011 (Pueblos Indígenas), Los indígenas pensamos que la diversidad fortalece, pero para que lo haga es necesario buscar caminos de convivencia en los que se acepte que no todos tenemos que pensar igual y querer lo mismo, que todos tenemos derecho a que se nos reconozca en la diferencia, a que se nos respete como somos y se nos permita actuar en consecuencia. Y esta idea fue la que, en principio, se logró avanzar durante los 150 días de la Asamblea Nacional Constituyente. Es así como la Constitución Nacional, madre de todas las leyes, finalmente y por primera vez en la historia del país reconoce nuestros derechos al declarar a Colombia como una nación diversa, multiétnica, pluricultural. Hasta entonces fuimos clasificados como menores de edad, dementes, salvajes, sin derechos y susceptibles de ser castigados por no profesar el cristianismo. La Constitución reconoce el derecho milenario de los pueblos indígenas, no a cualquier tierra, sino a unos territorios que hemos ocupado por siglos, donde hemos vivido y seguimos viviendo, gozando o sufriendo, donde producimos la papa, el maíz, la yuca, donde cazamos y pescamos, siempre con permiso de los dueños de la naturaleza que son nuestros propios dioses, donde aprendemos a ser koguis, tules, emberas, awas, kamëntsas, sikuanis, u'was, nasas o misak, donde nos reproducimos como tales, en los que están los huesos de nuestros antepasados, donde se encuentran nuestros sitios sagrados. Nos reconoce también el derecho a fortalecer y desarrollar nuestra propia identidad, a que se nos respeten nuestras lenguas, nuestras formas de pensar y de hacer las cosas en lo social, cultural, religioso, político, económico, a que se nos respete nuestra manera particular de concebir la justicia, el territorio y la naturaleza y a trasmitir esta visión de las cosas a nuestros hijos, en fin, a decidir nuestros propios asuntos de acuerdo a nuestra propia cultura. Se nos reconoce, en particular, el derecho a gozar de autonomía para gobernarnos con nuestras propias autoridades, quienes han de relacionarse en términos de igualdad con las demás autoridades del país. Lo cual no significa que los indígenas buscáramos aislarnos o formar pequeños estados dentro del Estado. Por el contrario, para nosotros el ordenamiento territorial que manda la Constitución y que es requisito fundamental para poder hacer efectivos todos estos derechos reconocidos, significa la posibilidad de relacionarnos en mejores condiciones con el resto de la sociedad nacional, buscando caminos de convivencia interétnica y una forma para que el Estado pueda cumplir sus funciones más eficientemente, respetando las diferencias culturales y la autonomía. No ha sido nunca nuestro interés vulnerar la unidad política del Estado, sino propiciar una cohesión más real, sobre la base de una participación real en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan nuestras vidas, del respeto y de la autonomía. El territorio es, en ese contexto, la base para que el desarrollo de nuestra propia identidad pueda darse. Para nosotros éste es un todo simbólico y natural y es sobre él y no sobre cualquier otra tierra que queremos desarrollar las entidades territoriales indígenas, derecho que también quedó consignado en la Constitución. Estos reconocimientos constitucionales no han recibido la aceptación de los gobiernos y legisladores de turno. Lo cierto es que ahora no estamos mejor que hace 20 años, pues poco a poco se ha ido legislando, reglamentando y decidiendo sobre aspectos como la educación, los asuntos agrarios, los municipios, los recursos naturales, el desarrollo económico, etc., desconociendo nuestros derechos, e incluso retrocediendo sobre cosas ya logradas antes de la Constituyente. Lo más importante, que fue el reconocimiento de nuestros territorios, no hemos logrado desarrollarlo porque no ha habido voluntad política, ni del Gobierno ni de los legisladores. Por eso, aún no se ha adelantado una tarea que la Constitución manda: que hay que ordenar de nuevo el territorio colombiano, entre éste los territorios indígenas. Con la llamada “globalización”, los bosques, las minas, los hidrocarburos, últimamente hasta los recursos hídricos y todos los demás elementos que forman parte de nuestra Madre Tierra, están en la mira de gobiernos y transnacionales para su saqueo. Y toda esta riqueza concentrada en ella está en gran parte en los territorios indígenas, porque somos los Pueblos Indígenas, nuestros antepasados, nosotros, quienes la hemos guardado y protegido desde hace miles de años. El Presidente Santos mientras habla de respeto de nuestro pensamiento y relación con la Madre Tierra, impulsa a la vez una de las políticas más destructivas de ella, su “locomotora minera” y radica en el Congreso Proyectos de Ley en los que se olvida la Consulta Previa con nuestros Pueblos, ordenada por la Constitución y por normas internacionales.


- 16-8-2011 (Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes por Tierra y la Paz de Colombia), Manifiesto por la tierra y la paz. El dialogo es la ruta. Declaramos frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional: 1. Nuestra preocupación por el futuro de nuestra tierra, territorio y recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política. 2. Nuestro anhelo por encontrar caminos para la paz. 3. Nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales, favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país. 4. Nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano. 5. Nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana. 6. La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales. 7. Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del Gobierno actual y sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de “paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. La solución política se constituye en una necesidad. 8. Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. 9. Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces. 10. Exigimos gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. 11. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. Todas las voces de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. 12. Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales, espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales. 13. Estas dinámicas representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz. De la asamblea debería salir un mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional.


- 17-8-2011 (Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes por Tierra y la Paz de Colombia), Es la mala distribución de la tierra la que ha generado el conflicto; proponemos que ese conflicto sea solucionado desmontando las medidas económicas que lo han generado: tiene que buscársele soluciones políticas. Queremos la paz porque el pueblo colombiano y nosotros los campesinos, hemos sido los que hemos tenido que llevar con toda la carga del conflicto; creemos que el conflicto armado se debe a la falta de inversión social en este país. Una de la cosas que tiene arruinado al pueblo colombiano es la concentración de poder en muy pocas manos y mucha población con hambre y viviendo en la desigualdad social. Cuando el pobre no tiene como alimentar su familia, entramos a protestar buscando derechos. Hacemos un llamado a todos los colombianos quieran tener un país mejor, un país con una reforma agraria, reconstruido donde trabajen los campesinos en el que la tierra sea repartida para todos; que no vivamos en regiones como en las que vivimos los colombianos pobres que son un despeñadero, mientras las más de 40.000 hectáreas de tierras en manos de muy pocos que no las trabajan y nosotros que producimos, tenemos que hacerlo en 5 hectáreas para mantenernos.


- 1-2-2012, (Piedad Córdoba; Evento: Coordinadora Humanitaria, liderado por ex-Presidente Ernesto Samper; Representante del Polo Democrático Alba Luz Pinilla; Representante y miembro de la Comisión de Paz de la Cámara, Iván Cepeda; ex-Alcaldesa encargada de Bogotá y Presidenta del Polo Democrático, Clara López), La paz es un derecho y un deber de todos los colombianos. Las leyes colombianas establecen una serie de mecanismos y entidades creadas con el fin de trabajar en temas de paz. El ejemplo más evidente es el Consejo Nacional de Paz (CNP), creado por Ley 434 de 1998 con el fin de que, junto con los Consejos Territoriales de Paz y autoridades nacionales, trabajen en el desarrollo de las políticas de paz. El CNP está conformado por el Presidente de la República, autoridades de las ramas Ejecutiva y Legislativa y los órganos de control, además de representantes de sectores económicos, sociales y políticos. A pesar de que la ley consigna que este Consejo debe reunirse cada dos meses, el Presidente Santos nunca lo ha convocado. No entendemos cómo este Gobierno, por un lado, manda mensajes de reconciliación, reparación y abre la posibilidad de una eventual negociación y, por otro, se niega a dar voz y a activar un espacio tan importante como es este Consejo, incumpliendo de paso la ley. Mediante el artículo 66 de la Ley 5 de 1992, se crearon las Comisiones Accidentales de Paz tanto de Senado como de Cámara. Comisiones que desempeñaron un importante papel durante el proceso de diálogo con las FARC en el Gobierno de Andrés Pastrana. Incluso fueron las primeras entidades en buscar acercamientos con las autodefensas desde el Gobierno Samper. El 4 de agosto de 1995, se convocó la Comisión de Conciliación Nacional, que en su momento, fue presidida por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz. La paz no es un asunto exclusivo del Gobierno. La sociedad civil es la que tiene más cabida en esto, porque es la que paga los platos rotos de la violencia. En el Gobierno de Samper se estableció una Comisión Nacional de Paz para que la sociedad civil tuviera la oportunidad de participar organizada y activamente en estos temas. Hay que diferenciar entre intervenir de manera indebida en gestiones que requieren una alta discreción y que deben ser desarrolladas bajo la conducción del Gobierno Nacional y que los ciudadanos no puedan hablar y sobre todo actuar por la paz. La Constitución es muy clara: “La paz no es sólo un derecho, sino un deber de los ciudadanos y, por lo tanto, nada puede impedir que instemos a las personas a que hagan esfuerzos y actúen por la paz”. Pedirles a los países amigos y a todas las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales y políticas, que se callen y no hablen de paz es una profunda equivocación. La paz es un derecho no sólo para mirarla, sino también para militar en ella. Todos tienen que construirla. Los acuerdos políticos se hacen entre el Presidente y la insurgencia, pero la sociedad no puede estar ausente de esos procesos.


- 1-8-2012 (ex-Presidente Samper y el ex-Secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolff. Aida Quilcué, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC), Desmilitarizar la cabecera de Toribío y desarrollar una agenda humanitaria, además de la reglamentación de la jurisdicción indígena; que los actores armados legales e ilegales salgan de territorios indígenas. La militarización no ha dado los resultados esperados en materia de seguridad en Colombia. Es evidente la ineficacia del Estado para brindar seguridad en la zona. El Estado debe aceptar un acuerdo para que la seguridad, especialmente en la cabecera de Toribío, la realice la Guardia Indígena. Que no haya Fuerzas Militares en esta cabecera, lo que garantizaría dar un pequeño paso en concreto, antes de avanzar en una negociación de paz a nivel nacional. Un primer paso fundamental es humanizar la guerra y buscar acabarla. Sería importante que un proceso de reconciliación como en el que está empeñado el país comenzara por una región como el Cauca, porque aunque la paz es un propósito nacional, su construcción tiene que hacerse regionalmente. Se debe establecer una agenda humanitaria para sacar a la población civil del conflicto. Cuatro puntos resumen la agenda frente al tema del conflicto en el Cauca: 1) No creo que la conducta de los dirigentes indígenas que participaron en el desalojo de la base militar del cerro Berlín, en Toribío, sea judicializable. “Me aparto de los conceptos del procurador, que sostiene la teoría de la criminalización de la protesta social, porque hay unos factores de diversidad cultural que son reconocidos por la propia Constitución y que les dan a ellos la condición de no imputables. Ayer hablé con el Fiscal General y él está comprometido con la tesis de que la conducta de los indígenas no es imputable y va buscar una fórmula dentro de los establecimientos legales para poder establecer esta condición”. 2) Respetando las normas del derecho internacional humanitario o utilizando los buenos oficios de una misión internacional, se podrían establecer áreas de protección humanitaria para que en ellas -las zonas de conflicto, que son nueve municipios, unos 4.000 kilómetros cuadrados- se lleve a cabo una experiencia piloto de centros urbanos con escuelas y hospitales, donde no se pudieran construir instalaciones militares ni establecer campamentos. “Los hechos de violencia de los últimos años prueban que de manera irresponsable se han construido en zonas que afectan a la población civil”. 3) “Habría que hacer un esfuerzo para que las FARC se comprometan a sacar a los niños de la guerra, porque está claro que seis de cada diez combatientes son indígenas y de ellos por lo menos la mitad son menores de edad”. 4) Los desminados son responsabilidad de las dos partes: “No se pueden seguir utilizando las minas en los campos como un instrumento de guerra”. Apoyar a las autoridades ancestrales para llevar un proyecto al Congreso que permita reglamentar la jurisdicción indígena que quedó pendiente desde la Constitución de 1991: “Hoy en día lo que tenemos es una especie de campo franco, que debe existir por razones étnicas, pero no está establecido cuáles son las competencias, las reglas de juego dentro de esas zonas, hasta dónde llegan las autoridades, cuál es el alcance, cuál es la jurisdicción indígena en estas zonas”. La desmilitarización de los territorios indígenas, tanto de la Fuerza Pública como de las guerrillas, es un punto fundamental. El artículo 246 de la Constitución de 1991 delimita la jurisdicción indígena en Colombia: “Tenemos un reconocimiento donde los territorios indígenas son entidades territoriales. Y hay un reconocimiento en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Lo que hay que hacer es recoger esas herramientas jurídicas para reafirmar los derechos que exige la Constitución”.


- 3-11-2012 (Líderes sociales de las regiones colombianas fronterizas con Ecuador, afectadas por el conflicto armado de los departamentos de Nariño y Putumayo, en representación de campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes), Se trata de “abrir un espacio a la participación de la sociedad civil” en el proceso de paz. Si bien en el acuerdo alcanzado por el Gobierno y las FARC “se recoge el diagnóstico de las causas estructurales de la guerra”, no incluye las voces de los ciudadanos. “A Colombia se la ve a través de Bogotá y de las grandes ciudades y lo que se siente es una brecha enorme” en cuanto a la realidad del conflicto. En las regiones se piensa este país en grises y no en blanco y negro como se ve la guerra en Bogotá”. Los negociadores del Gobierno y de la guerrilla muestran la Colombia urbana y la Colombia rural, con una enorme brecha, con una gran incapacidad de escucharse y ese es el gran reto de este proceso.


- 19-11-2012, (Héctor Mondragón, Consultor de ILSA, Mesa de Unidad Agraria), Siendo el tema del desarrollo rural, el primer punto que se tratará en los diálogos de paz de La Habana, la Mesa de Unidad Agraria propone se considere su proyecto, dado que el país necesita proteger su sector agropecuario, enfrentar la concentración especulativa de la propiedad rural, reducir los precios de la tierra, generar tecnología propia y priorizar la producción de alimentos. Esto puede darle a Colombia soberanía alimentaria, desarrollo rural, respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afros y raizales, más bosques preservados, mejoramiento del nivel de vida y paz. para lograr estos objetivos, Colombia debe demoler la barrera insuperable que para el desarrollo agropecuario y el adecuado ordenamiento ecológico, social y cultural del territorio, significa la altísima renta de la tierra vigente en el país. La causa fundamental de la elevada renta de la tierra es la elevada concentración de la propiedad. El índice Gini de concentración de la propiedad de la tierra, entre 0 y 1, subió de 0,840 en 1984 hasta 0,875 en 2009. Para elevar la renta, los grandes propietarios dejan de sembrar grandes extensiones. De 21,5 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solamente se utilizan 4,9 millones. Los apologistas del modelo gran terrateniente aseguran que van a convertir lo Llanos en un emporio de desarrollo agropecuario si permiten entregar los baldíos a grandes empresas o si los colonos campesinos les venden sus tierras. Esto es un sofisma. Para refutarlo basta recordar que en los Llanos ya hay grandes propiedades y bien grandes. En las condiciones de una alta renta de la tierra, los grandes inversionistas no quieren que les vendan los baldíos a precios comerciales ni que los latifundistas les arrienden caras las haciendas, quieren adquirir gratis los baldíos o territorios indígenas o comprar a bajos precios las tierras de los campesinos, por las buenas o por las malas, de manera que al invertir en un proyecto agrícola o pecuario su lucro no va a provenir fundamentalmente del producto o de su procesamiento y mercadeo, sino del súbito incremento del precio de la tierra. El efecto macroeconómico será mantener el estancamiento agrario. Las propuestas del Gobierno lejos de ser realmente “modernizantes”, afianzan el rentismo. El proyecto del Gobierno elimina la protección especial de los territorios de pueblos cazadores, recolectores o agricultores itinerantes; desaparece la norma que reconoce el carácter inalienable que tienen 12 reservas indígenas; desconoce la presunción de vigencia de los resguardos coloniales con títulos debidamente registrados y exige una certificación del ministerio del Interior para evitar que un territorio indígena o afro sea adjudicado como baldío, dejado de reconocer como las áreas que constituyen el hábitat de una comunidad indígena (áreas de caza, pesca, recolección, protección ambiental y sitios sagrados). La eliminación de las normas que protegen los territorios indígenas va también en la dirección del rentismo, que quiere tomar gratis las tierras. La vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos ha resultado un nuevo golpe, que supone aun más importaciones que afectarán a los productores de leche, aves, fríjol y cereales, por ejemplo, mientras se da prioridad a las locomotoras minera y energética. la prima de la propiedad de la tierra supera la rentabilidad de la inversión agropecuaria. No se trata de excluir la presencia de empresas, sino de abrir un camino diferente al rentismo que resulta de la concentración especulativa de la propiedad de la tierra. Las organizaciones campesinas de la Mesa de Unidad Agraria han redactado un proyecto de ley de tierras, desarrollo rural y reforma agraria, cuyas principales diferencias con el proyecto del Gobierno radican en que enfrenta el rentismo estableciendo medidas para que los suelos sean aprovechados de acuerdo con su calidad y redistribuyendo la propiedad; busca recuperar la soberanía alimentaria; respeta los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afro; defiende la diversidad étnica y cultural y, lo que es muy importante, establece los mecanismos institucionales para generar tecnología propia, limpia, adecuada a cada forma de producción, producto, problema y ecosistema.


- 21-11-2012 (Mesas de Trabajo regionales convocadas por Comisión de Paz del Senado y la ONU, organizaciones campesinas, mujeres, víctimas, indígenas, afros, sindicalistas, estudiantes, defensoras de derechos humanos, comunidad LGBTI, académicos, empresarios), Promover que los diferentes sectores sociales participen de los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional con las FARC. Mesas sobre Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Substitución de cultivos de uso ilícito. 1) Las consultas previas, una normatividad de carácter internacional que se debe tener en cuenta cuando se va a implementar una ley a favor de un grupo poblacional específico, se han vuelto una especie de irresponsabilidad. Se convoca a la gente a que avale normatividades cuando no existen unos criterios previos, cuando no existe una motivación y conocimiento de la gente sobre el contenido de la norma que se va a avalar. 2) Necesitamos garantías para la oposición, para los defensores de derechos humanos, que no se siga estigmatizando al que piensa distinto, que al que difirió de algo no se le trate como terrorista. 3) Que los bienes ilícitos que son recuperados por el Estado, sean retribuidos a la gente en garantías, proyectos de vivienda, entre otros. 4) Brindarle a los campesinos, afros, indígenas, más acceso a la tierra, a maquinarias, porque tienen este sector muy olvidado y ellos no tienen ni tierra ni herramientas para trabajar. 5) Hacer Políticas públicas para que el campesino tenga acceso a beneficios que le permitan sacar adelante sus proyectos productivos. 6) Una Reforma agraria integral, donde la figura del campesino sea reconocida por la Constitución. 7) Soberanía alimentaria. 8) Que se amplíe el marco de constitución de zonas de reserva campesinas a no solo terrenos baldíos, sino a zonas con vocación agrícola, donde se prevenga a través de planes de vida y planeación de ordenamiento territorial participativo, la inversión de multinacionales, la injerencia de planes militaristas sobre las zonas y que sea la comunidad la que determine y consensúe el futuro de esos territorios. 9) A largo plazo la minería debe ser una nacionalización de nuestros recursos naturales que no deben ser entregados a explotación multinacional, sino que deben ser intervenidos directamente por las comunidades. 10) Constituirse un código minero concertado con las comunidades afectadas por esta actividad. 11) No es ilegal la minera artesanal o la pequeña y mediana, solo que debe haber capacitación, educación y acuerdos. 12) No hay programas reales de compensación para la sustitución alternativa. 13) Exigimos respeto de todos los actores armados, incluido el Estado y su fuerza pública, la cual muchas veces tiene una mentalidad de que todo campesino es guerrillero, que es subversivo.


- 14-12-2012 (Aida Quilcué, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)), Propuesta de paz de las comunidades indígenas de todo el país, con el fin de dejar clara la ruta de trabajo y el papel de la sociedad civil en los diálogos de paz que el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC sostienen en La Habana. “Las organizaciones sociales se paran en sus agendas propias que han venido construyendo a lo largo de estos años. Insistimos en que esas agendas de la sociedad civil no van a ser entregadas para ser negociadas por nadie”. La propuesta insiste en los diálogos directos que deben tener el Gobierno y las FARC con estas comunidades. “Queremos que se dialogue con los que somos víctimas de la guerra en el territorio. Además, porque tenemos unos derechos especiales en temas como la tierra, el territorio, la gobernabilidad y aunque éstos se han venido planteando en La Habana, no queremos que negocien a nombre de nosotros”. Tampoco se sienten representados en las ‘Mesas regionales para el fin del conflicto’, organizadas por el Congreso de la República. “Nos preocupa que se haga aparecer ante los medios y ante el Gobierno y las FARC, que esta iniciativa del Congreso recoge la participación y las propuestas de la sociedad civil en los temas estructurales para lograr la paz”. Frente a la reforma agraria, el primer tema que está en juego en la mesa de La Habana, las comunidades del Cauca consideran que se está negociando sin la consulta y el consentimiento previo a los indígenas, afrodescendientes y campesinos, situación que viola un derecho constitucional de los grupos étnicos del país. La reforma agraria debe ser integral y abarcar la redistribución de la tierra, la soberanía y seguridad alimentaria y la no explotación minera en sus territorios, con el fin de evitar que continúe el desplazamiento de la población. “Por eso queremos que se construya con nosotros, porque si se hace en La Habana eso nos va a generar en el posconflicto, un conflicto civil interétnico”. La propuesta presentada en el Cauca involucra a las comunidades indígenas del país y se inscribe dentro del espacio regional de paz conformado por organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, comunitarias, urbanas y de mujeres, que está articulado a la “Red de iniciativas de paz desde la base”, que agrupa 30 procesos de toda Colombia. Dicho espacio es el que lidera una propuesta gruesa que han venido trabajando hace diez años y que será la hoja de ruta que tendrá la sociedad civil en este proceso. Las organizaciones del espacio regional de paz puedan llevar a cabo diálogos humanitarios bilaterales por fuera de los que se desarrollan en Cuba. “Es decir, diálogos entre una comisión de autoridades indígenas con las FARC, por un lado y entre una comisión de autoridades indígenas y el Gobierno Nacional, por otro”. “Tenemos un debate pendiente con el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, frente a lo que ha venido pasando con la Fuerza Pública y hoy con más razón tras la aprobación del fuero militar, lo que nos pone más en riesgo. Lo otro es un debate con las FARC porque necesitamos hablar sobre los asesinatos, reclutamientos y demás atropellos que le han causado a los pueblos indígenas. Esos debates se pretende que se hagan en los territorios indígenas de Colombia”.


- 18-12-2012 (ONIC - CRIC - ORIVAC - CRIDEC - CRIT - OIA - ASOREWA - CRIHU - CRIR, y demás organizaciones filiales a la ONIC), La solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país. Lo es, de manera prioritaria, para quienes, ante la degradación del mismo y la violación de los Derechos Humanos, por todos los actores armados, sufrimos las muertes y las masacres, junto con la desestructuración de nuestras comunidades, economías, infraestructuras, culturas, territorios y de nuestros procesos organizativos y de gobernabilidad. Quienes están en la mesa de la Habana no nos representan; los llamamos a que no se atribuyan el derecho de tomar decisiones por encima de la sociedad civil. Para los indígenas la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles. La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el avance hacia la misma; por ello, somos los pueblos indígenas de Colombia, los sectores sociales y la sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, esa paz sostenible y duradera que anhelamos. Propuestas a la Sociedad Civil: a) Desarrollo Rural y Reforma Agraria: 1) Reconocimiento, protección y garantía al ejercicio de nuestro derecho a la territorialidad ancestral de los pueblos indígenas. 2) Reordenamiento territorial, social, ambiental, cultural y regional, en el marco de una reforma agraria y de un gran acuerdo político nacional. 3) Derechos a la soberanía alimentaria, al agua, al ambiente, a los planes de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. Defendemos el derecho a producir nuestra propia comida como ejercicio a la resistencia. 4) Reconocimiento y garantía al desarrollo diferencial de los pueblos. b) Nación multiétnica: Garantizar a todos los colombianos su derecho al desarrollo dentro del respeto a su cultura y cosmovisión. Particularmente para poblaciones indígenas garantizar su territorialidad ancestral y el respeto al ejercicio de Gobierno propio y de control territorial, al igual que los avances logrados por los pueblos afro colombianos y campesinos. Las propuestas indígenas en sistemas propios de salud, educación, comunicación y de autoridad ambiental territorial indígena, deben ser conocidas y entendidas por los colombianos desde una perspectiva de la diversidad como riqueza y no como problema. c) Participación política: Los sectores mínimamente organizados del país estamos llamando a un gran Congreso Nacional por la paz y/o Encuentros de Constituyentes Regionales en abril del 2013 y a explorar escenarios de tipo regional y nacional como asamblea constituyente o constitucional y utilización de mecanismos existentes como referéndums, plebiscitos, movilizaciones, que en todo caso busquen llevar a una democracia real en Colombia y que tengan como punto de arranque un gran acuerdo político nacional entre todos los sectores. Llamamos a todos los sectores y a la sociedad civil no organizada hacer parte de este propósito. d) Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición. Propuestas al Estado colombiano: a) Reconocimiento de la sociedad civil como actor fundamental por la paz. b) Garantías para una Comisión de la Verdad de Nivel Nacional. c) Garantía para la Reparación Colectiva e individual de las Víctimas. La reparación y el papel de las víctimas no pueden ser algo marginal y sin incidencia, y mucho menos constituir un proceso de re-victimización, sino que deben ser la base para la transformación democrática de Colombia. El Gobierno nacional debe garantizar la participación de las víctimas en todos los procesos de paz. d) Compromiso cierto con el bloque de constitucionalidad en el respeto a los Tratados Internacionales y específicamente respeto y vigencia al Derecho Internacional Humanitario, DIH: 1) Desde comunidades indígenas, campesinas, afro colombianas y en general desde los pobladores de la Colombia rural sabemos que el DIH no se respeta en su integralidad por el Estado colombiano. Es un deber constitucional que ello se haga, y debe ser un compromiso cierto del Estado colombiano el cumplimiento y vigilancia permanente del DIH. 2) Reclamamos al Estado colombiano que permita el funcionamiento de comisiones humanitarias de la sociedad civil, debidamente reglamentadas, que tengan por objetivo la realización de acercamientos con los actores armados para exigir y vigilar que estos a su vez también afirmen y cumplan sus compromisos con el DIH en su condición de actores armados. Propuestas a las FARC y al ELN: a) Realización de diálogos humanitarios de la Guerrilla con comisión humanitaria indígena, en la María, Piendamó, o en otro territorio ancestral en Colombia, o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar la grave problemática de infracciones al DIH. 1) Desvinculación inmediata de niños y niñas de la guerra con garantías de Retorno a sus hogares sin esperar el acuerdo con el Gobierno nacional. 2) Retorno de excombatientes a casa y sus comunidades. 3) Compromiso de las FARC y del ELN de respetar en la mesa o mesas, los avances ya logrados por las comunidades indígenas, campesinas y afro colombianas, en términos de derechos económicos, sociales, ambientales y territoriales. 4) Compromiso de las FARC y del ELN en el sentido de que su acción política y el movimiento o movimientos políticos resultantes de los acuerdos de paz, respetarán las dinámicas propias de las comunidades dentro de la autonomía en sus territorios. 5) Puntos mínimos de compromiso entre las FARC y el ELN y la comisión de paz indígena respecto al funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Llamado a la Comunidad Internacional: Es importante el acompañamiento de la comunidad internacional para que los procesos e iniciativas de paz que aquí se plantean desde el movimiento indígena, y las iniciativas desde la sociedad civil, sean revestidos de garantías a la vida, a la organización, a la movilización y a la acción política.


- 11-4-2013 (Fiscal General Eduardo Montealegre - Senador liberal Juan Fernando Cristo - Representante a la Cámara Alfredo Bocanegra), La justicia transicional es la fórmula para saldar las cuentas de los guerrilleros con la justicia. “En este momento no existe ninguna condena contra un miembro del Secretariado de las FARC por delitos de lesa humanidad. En la actualidad, todos los miembros del Secretariado podrían participar en política”. El Fiscal General de la Nación, respaldó el anuncio que hizo el Presidente Santos, en el sentido de que habrá beneficios por igual para guerrilleros y militares. “Los delitos de lesa humanidad son los únicos que impiden participar en política. Si no hay, ya no habría problema de ver en el Congreso de la República a comandantes de las FARC”.


- 13-4-2013 (Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre), Existe un deber de perseguir delitos de lesa humanidad, pero también otro de buscar la paz. El Marco Legal para la Paz está bien direccionado, pues permite que en desarrollo del concepto de justicia transicional se otorguen beneficios penales a quienes se desmovilicen. La paz es un derecho fundamental que puede limitar otros derechos. Debemos utilizar los criterios de selectividad, que han sido utilizados por tribunales como la Corte Penal Internacional. Hay que enfocar la investigación, acusación y juzgamiento en los máximos responsables. Ese es el modelo que ya se incluyó en la Constitución con el Marco Legal para la Paz. No estamos en un proceso de sometimiento a la justicia, sino de negociación. Eso implica un reconocimiento de que las FARC tienen un estatus político -por la insurgencia- porque están vinculadas a una concepción tradicional del siglo XIX que es el delito político. Hay que abrirles espacios de participación democrática para que busquen los mismos fines de consecución de reformas sociales, pero con métodos no violentos. Desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional, vamos a determinar si las investigaciones en curso contra las FARC obedecen o no a planes sistemáticos de ataques contra la población civil o de ataques generalizados. Si en este proceso llegamos a comprobar que es así, haremos acusaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los máximos responsables. Al día de hoy, la justicia colombiana no ha declarado por sentencia en firme como delito de lesa humanidad y crímenes de guerra las conductas de las FARC. Mientras no se firme un acuerdo, seguiremos impulsando los procesos y acusando y, si es el caso, por delitos de guerra y de lesa humanidad. La situación judicial hoy es que no han sido condenados por delitos de lesa humanidad y de cara al proceso de paz podrían participar, porque es la única excepción que trae la Constitución. Si cae el Marco Legal para la Paz en la Corte Constitucional, sería un golpe muy duro para la paz, porque este nuevo marco de justicia transicional que se incluyó en la Constitución el año pasado corrige todos los defectos del proceso de desmovilización con las autodefensas, impulsado por el Gobierno del ex-Presidente Uribe, en el que no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Hay una jurisprudencia muy decantada en la Corte que establece que cuando hay una colisión entre el derecho fundamental a la paz y los derechos a la verdad, justicia, y reparación, estos últimos pueden ser limitados en ciertos casos. Si Timochenko llega al Congreso y la Fiscalía encuentra posteriormente que participó en delitos de lesa humanidad, es un tema que debe solucionar la ley estatutaria que debe desarrollar el Marco para la Paz. Esa ley deberá prever ese tipo de casos y darle una solución. En el mundo moderno se han abierto espacios, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, sobre un concepto diferente de justicia, que es el de justicia restaurativa. Se entiende que la prisión y la concepción retributiva de la pena no es la única forma de hacer justicia y existen unos modelos distintos para hacerla. El Marco para la Paz busca un equilibrio entre verdad, justicia y reparación. A los máximos responsables hay que llevarlos a una sanción penal y ahí el Estado ya tiene la posibilidad, bajo ciertos requisitos, de suspender la ejecución de la pena. El Estatuto de Roma que dio nacimiento a la CPI, estableció que los Estados tienen el deber y la obligación de investigar, acusar y juzgar las graves acusaciones a los derechos humanos. Pero si vamos a un análisis serio de esa norma, hay que entender que ésta puede ser relativizada en aras de la paz. Existe un deber de perseguir delitos de lesa humanidad, pero hay otro principio que también se desprende del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es el de la paz. En casos de colisión de principios de derecho internacional, se debe resolver con una metodología que han utilizado todos los tribunales en materia de derechos humanos, que es la teoría de la ponderación. Si nosotros estamos pensando en una solución negociada y una paz verdadera, esa paz no la podemos construir ni a espaldas de los militares ni de las víctimas. Tienen que entrar todos los actores del conflicto, incluyendo los militares y tienen que hacerlo a través de un marco de justicia transicional especial para los que han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos. Otro de los elementos importantes del Marco para la Paz es que permite que existan marcos diferenciados para las autodefensas, para la guerrilla y para los miembros de la Fuerza Pública. Le corresponde al Congreso, con una ley estatutaria, determinar hasta dónde llegan esos marcos.


- 19-9-2013 (Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo), Propuestas al Gobierno de construcción un nuevo modelo de paz con justicia social para mas de 300 mil campesinos del Norte de Santander. Se sugiere la conformación de un “laboratorio de paz” o de un “campo de experimentación para la paz”, para evitar las experiencias defectuosas que en el pasado se utilizaron en otras regiones del país y que sugieren pensar en otras formas semánticas para designar nuevos proyectos más integrales y éticos. Se busca construir un nuevo Modelo, un nuevo paradigma de paz que recoja los recientes debates alrededor del tema. Estaríamos hablando, de manera inicial, y como una hipótesis de trabajo, de un Modelo de paz con justicia social que aborde los problemas de la tierra, la participación democrática, los derechos sociales, el derecho a la vida, el desarrollo económico con equidad, la justicia, las formas agrícolas alternativas, la territorialidad y la identidad cultural. El documento metodológico titulado “El Catatumbo: Iniciativa regional para el desarrollo social y la construcción de la paz”, sintetiza los documentos previos y los acuerdos para levantar el paro, bosqueja un modelo para la paz con justicia social que integra varios ejes temáticos. Plantea: I. Un Ordenamiento Territorial y Constitución de la Zona de Reserva Campesina. Debe darse un ordenamiento social de la propiedad, mediante el saneamiento, formalización de la tierra (incluido el catastro) y baldíos, el acceso y titulación de la tierra a los campesinos, en el marco de la conformación de la Zona de Reserva Campesina. II. Una estrategia para el desarrollo social, económico y ambiental sostenible que conlleva promover condiciones para la sostenibilidad de las economías campesinas, y de desarrollo rural y urbano. Fomentar esquemas asociativos y cooperativos que fomenten el trabajo comunitario y colectivo. Diseño y ejecución del Programa de sustitución de ingresos derivados de los de cultivos de coca. III. La inclusión social. Programas para la reducción de la desigualdad y la disminución de la pobreza de la región, atendiendo a la materialización de los derechos del campesinado y de otros sectores como el acceso al derecho a la tierra y al territorio, los derechos económicos, sociales y culturales, contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias. Aumento de la cobertura y calidad del acceso a la educación rural. La construcción de infraestructura y dotación de los centros educativos, ampliación de las plazas de docentes rurales. Materialización del derecho a la vivienda digna para la población urbana y rural. Materialización del derecho a la Salud. IV. Democratización de las políticas públicas y rendición de cuentas. Promover condiciones de convivencia pacífica a partir de la reconstrucción de la confianza entre las comunidades campesinas y demás sectores que habitan el Catatumbo, los ciudadanos, sus organizaciones, y entre estos y el Estado; el respeto a los derechos humanos; y la búsqueda de verdad, justicia y la reparación integral a las víctimas del conflicto y garantías de no repetición. La construcción de la nueva institucionalidad para la construcción de la Paz del Catatumbo con justicia social y democracia participativa. El reconocimiento político por parte del Gobierno Nacional del carácter civil de los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo/ASCAMCAT. Conformación de una comisión de verificación para hacer seguimiento a las graves denuncias de violación de derechos humanos y la persecución política y judicial. La judicialización por el problema de la coca no debe tratarse con una política penal y criminal, sino como un problema político, económico y social. Impulsar procesos de construcción de la memoria histórica del conflicto armado de la región. Impulsar un programa de pedagogía social para la reconciliación y la paz con víctimas, excombatientes y las comunidades. Implementar estrategias para la promoción y protección de los Derechos Humanos.


- 26-9-2013 (Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT), Propuestas para la sustitución de los cultivos de uso ilícito. “La coca es nuestro Ministerio de Educación, porque con lo que recibimos por ella mandamos a nuestros hijos a la escuela; es nuestro Ministerio de Salud, porque ella nos da para comprar las medicinas; en últimas, ella es nuestro Gobierno”. Abandonar los ingresos que ella genera, aun en medio de la persecución y la estigmatización, es una especie de salto al vacío que los campesinos están dispuestos a dar, bajo ciertas condiciones. La sustitución de la que ellos hablan, más que una sustitución de la coca por otro tipo de cultivos (cacao, café, yuca, plátano, etc.) o por cualquier tipo de ganado, es una sustitución de la fuente actual de sus ingresos por otra que les permita, elevando su remuneración actual, trabajar en condiciones de tranquilidad, sin la zozobra de que, en cualquier momento, los aviones militares fumiguen sus cultivos o el ejército llegue con su equipo de erradicadores manuales a arrancar, por la fuerza, sus cultivos. Exigen: 1) un cambio radical en la política pública dirigida al sector agropecuario, en términos de mejora de la inversión en aspectos productivos, sociales y de infraestructura, de eliminación de acuerdos comerciales gravosos para la producción nacional (TLC), de control de precios de los insumos agropecuarios, de mejoramiento de la infraestructura y los canales de comercialización, de manejo cuidadoso y patriótico de la biodiversidad y los recursos naturales. 2) Que el Gobierno cumpla con el compromiso solemne de reparar a las 400 familias víctimas de la erradicación forzosa que dio origen a la última gran movilización de 53 días. Esta reparación debe acompañarse con la ejecución de los proyectos que, por 104 mil millones de pesos (u$s 57.142.857), figuran en el PDS de la ZRC. 3) Lograr que la elaboración del programa de sustitución y ejecución sean concertados con las comunidades y con el conjunto de fuerzas sociales que operan en la región, dándole a ASCAMCAT el debido reconocimiento que, como organización de los campesinos cocaleros, se ha ganado en la conducción del movimiento social. Insisten, con razón, en el carácter gradual que debe tener el programa, fijándose como plazo para abandonar completamente el uso ilícito de la hoja de coca un horizonte de diez años.


- 7-10-2013 (Presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras Montealegre), Las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara han reiterado que primero debe escucharse la voz de las víctimas y discutir sus derechos, antes que los derechos de los victimarios. Las Comisiones de Paz recorrieron el país y adelantaron 19 Mesas Regionales, escuchando a más de 6.000 víctimas del conflicto y enviando un claro mensaje: “primero hay que escuchar a las víctimas... con la clara petición de que la Mesa de Negociaciones recibiera a una Comisión de Víctimas del Conflicto. Son víctimas de todo tipo de victimarios, no sólo de las guerrillas, sino de agentes del Estado y de los grupos paramilitares. Las víctimas tienen diferentes historias pero una sola voz, también quieren la paz, privilegian la verdad y el perdón sobre el castigo y la venganza, y su presencia servirán para sanar heridas y para cerrar el proceso de paz. Pero la Mesa de Negociación debe recibirlas, porque sin la voz de las víctimas no habrá legitimación de proceso de paz”.

Fuerzas Armadas de Colombia

- 17-3-2011 (Comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely), El conflicto con las FARC va a terminar en una negociación, puesto que no se trata de dar de baja a todos sus integrantes. Esto va a terminar o va a desencadenar en un diálogo, porque finalmente nosotros también estamos convencidos de que no se trata de dar de baja en combate a todos los miembros de las FARC. Después de la muerte del Mono Jojoy se les acabó el líder desde el punto de vista armado. Ese hombre era la columna vertebral de los atentados terroristas.

Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades


Gobiernos Latinoamericanos

- 15-1-2001 Es importante y necesario poner en su lugar a los sectores que apuestan por una salida armada al conflicto. Un triunfo militar favorable a alguna de las partes beligerantes es técnica y diplomáticamente imposible y el modelo de negociación que se quiere implantar sólo sería posible a costa de una gran pérdida de vidas humanas. Los modelos de negociación de paz en El Salvador (más de 90.000 muertos) y en Guatemala (más de 120.000 muertos) son una muestra. El mundo está pendiente de que no se estimule la utilización de organizaciones paramilitares y de que se termine con el problema de la financiación ilegal de la guerra por parte del Estado. Los beligerantes deben ser reconocidos como tales de una vez por todas y pasar a la agenda real de la paz utilizando los recursos que el Derecho Internacional contempla para los conflictos internacionales, aplicando al mismo tiempo el Derecho Internacional Humanitario. Nadie puede reemplazar a los propios colombianos en la solución de sus problemas. No debe favorecerse que terceros países apuesten por favorecer modelos de negociación que no sólo han mostrado su ineficacia a corto y largo plazo, sino que tienen como variable de ajuste el exterminio de población civil en forma sistemática, como viene ocurriendo hasta la fecha. Es inútil que el Estado colombiano pretenda convencer a la comunidad internacional a través de costosas campañas de imagen llevadas adelante por multinacionales expertas en la materia; los gobiernos y las instituciones especializadas conocen bien los mecanismos que se utilizaron en Centroamérica en la década de los ‘80 y, sin cinismos utilitaristas, es imposible aceptar este camino como construcción de una sociedad vertebrada y donde la igualdad ante la ley y la tolerancia sean posibles.


- 20-4-2011 (Secretario Gral. OEA, José Miguel Insulza), La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), creada en 2004 para verificar la desmovilización y reinserción de los paramilitares, así como para la reparación a las víctimas, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, observa con especial atención la actual situación de inseguridad en diversas zonas del país sobre todo donde se produjo la desmovilización. Mantiene su preocupación por la forma en la que resulta involucrada la población civil en las dinámicas violentas impuestas por los grupos post-desmovilización, herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Insta al Gobierno a garantizar la seguridad a las poblaciones más vulnerables. Recomienda complementar el enfoque militar para combatir la violencia que continúa produciéndose sobre la población civil, con estrategias destinadas a generar confianza y valora la decisión del Gobierno de crear una nueva política de seguridad ciudadana. Otro asunto de profunda preocupación, es el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales, sobre todo en comunidades indígenas y afrodescendientes. Uno de los desafíos que el Gobierno colombiano debe abordar es la generación de empleo para los desmovilizados.


- 20-9-2011 (Massé, Frédéric, Codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE de la Universidad Externado de Colombia), La paz es un concepto altamente polisemántico, con significados muy diferentes según los actores; sin embargo, todo el mundo actúa como si su contenido fuera evidente. Todo el mundo habla de paz y quiere la paz, pero nadie tiene claro qué tipo de paz quiere ni la concibe de la misma manera. En 1978, en su libro sobre teorías del liderazgo (Leadership), James MacGregor Burns desarrolló una distinción entre los líderes de tipo transaccional y los de tipo transformacional. Un proceso de paz es transaccional si consta principalmente de transacciones o arreglos mutuos entre las partes, sin buscar cambiar el orden institucional o transformar el sistema. Estos procesos pueden conllevar cambios importantes, pero son esencialmente inclusivos o redistributivos. Se limitan por lo general a la reintegración del actor armado ilegal en el sistema político y socioeconómico. En Colombia, el proceso de paz con los paramilitares fue básicamente transaccional, se trató principalmente de transacciones o regateos entre las partes. Los procesos transformacionales, al contrario, no se reducen a intercambios de poder por beneficios económicos o espacios políticos. Intentan abordar los problemas de fondo derivados de las causas del conflicto, buscan transformar las estructuras del sistema e implican un cambio de las reglas de juego para alcanzar la paz. No es lo mismo negociar una simple redistribución de las riquezas (tierra, recursos energéticos…), que reivindicar una transformación del acceso a esas riquezas. No es lo mismo luchar por una porción del poder local o regional para compartir o apoderarse de los recursos del Estado, que tratar de acceder al poder para buscar cambios estructurales profundos en el país. Durante los últimos años, las FARC y el ELN reiteraron que querían ser un instrumento de cambio; tenían interés en un proceso distinto al de las AUC. Pero las tentativas de paz fracasaron porque las partes tenían visiones de paz distintas y no había consenso sobre los propósitos de la negociación. El Gobierno insistía en un proceso exclusivamente transaccional, las guerrillas reivindicaban uno más transformacional. Hoy el Gobierno dice no haber cerrado la puerta a la negociación, pero insiste en que los resultados tienen que pasar por un cese de acciones violentas y por la liberación de los secuestrados. Las guerrillas siguen afirmando que la paz no puede resumirse en desmovilización a cambio de una simple reinserción, que debe ser un proceso de transformaciones económicas, sociales y políticas. Esas posiciones tienen sus propias lógicas, pero ponen el dedo sobre el problema de fondo: ¿cuáles serían los objetivos de una negociación? ¿Estarían dispuestas las FARC y el ELN a satisfacerse con una simple integración al espacio de la participación política, a cambio de su desmovilización (proceso transaccional)? ¿Estaría el Gobierno colombiano dispuesto a negociar algunas transformaciones o reformas políticas o económicas, es decir, a ir más allá de la adopción de medidas inclusivas (proceso transformacional)? Allí está el nudo gordiano de una eventual negociación en Colombia. La pregunta no es si la paz es posible en Colombia, sino qué tipo de paz es posible y deseable para ella.


- 13-1-2012 (Massé, Frédéric, Codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE, Universidad Externado de Colombia), La falta de confianza, más que la falta de voluntad, entre las FARC y el Gobierno, es el obstáculo. “Que se olviden de un nuevo Cagüán”, respondió Santos al comunicado de las FARC. “Que se retome la agenda que quedó pendiendo en el Cagüán” piden las FARC.¿Qué tan pertinente sería si el país ha cambiado, el mundo ha evolucionado y la situación de Colombia no es la misma, aunque es cierto que muchos problemas son los mismos? ¿Cómo evitar diálogos (o monólogos) interminables, sin avances significativos, si no se aclara cuál debería ser el propósito de esas conversaciones, más allá de mencionar los temas a conversar, por importantes que sean? Uno puede cuestionar “las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, o la doctrina militar”, todos temas importantes, pero ¿son realmente las conversaciones de paz lugar para debatir sobre esos aspectos? Las negociaciones de paz no son para resolver todos los problemas de un país. Son para poner fin a un conflicto armado y evitar en la medida de lo posible que sigan o se repitan las condiciones que lo “causaron”. Podría empezarse por determinar lo que cada uno considera absolutamente no negociable; una definición por default de la agenda. Una aproximación desde el “no negociable” ayudaría a entender los elementos del problema. No sólo permitiría aclarar las posiciones de cada uno, sino identificar mejor los retos y desafíos de la negociación. [Toda negociación pone en evidencia el tema de la “confianza/desconfianza” de las partes]. Cada uno teme que el otro lo engañe. El pasado no ayuda. De allí la necesidad, más allá de gestos de buena voluntad, de medidas que construyan confianza.


- 27-3-2012 (Encuentro por la Paz en Lausana, Suiza), Boris Duarte, vocero Mesa Amplia Nacional Estudiantil: Hay un modelo de país que alimenta el conflicto: u$s 9.445 por soldado y u$s 1.667 por estudiante. Mabel Andradre, Red por la Vida y los Derechos Humanos: Que el Cauca sea un escenario regional de paz: 1) ambientar la paz como propuesta construida por todos, 2) impulsar la salida política del conflicto, 3) diálogos humanitarios. Existen problemas graves como el reclutamiento de niños y la violación como instrumento de guerra. Oscar Sánchez, Unión Sindical Obrera: Hay una alta impunidad donde la verdad permanece oculta afectada por la Ley 795 de Justicia y Paz. Se ha impuesto un modelo económico de la guerra, de despojo de territorios y afectación de los derechos económicos y sociales. La restitución de tierras es una farsa. Las tierras productivas las están entregando a la burguesía. La estructura paramilitar está intacta aunque la identidad con los sectores dominantes se ha debilitado. Se necesitan iniciativas civiles de paz. La guerra se resuelve en el país cuando los temas estructurales sociales se resuelvan. Hay que desenmascarar al Gobierno central pues en nuestro país no hay democracia. Alberto Castilla, integrante de la Minga y Presidente del Coordinador Nacional Agrario: La paz es más que resolver el conflicto armado. Nuestro sueño es resolver las causas que originaron este conflicto. El agro es supuestamente una prioridad del Gobierno, pero es para producir lo que el mundo desarrollado está pidiendo. Los territorios están en riesgo porque hay una política que pone en riesgo la soberanía alimentaria de los colombianos. El campesinado desaparece. El Gobierno colombiano habla de seguridad y no de soberanía alimentaria. Planteamos una reforma agraria integral con carácter popular. Es claro que hay alianzas de sectores multinacionales en la comisión de crímenes. La negociación no es de interés de estos sectores y por ello es importante el rol de la sociedad civil. Hay que hacer que la sociedad colombiana se exprese. Enrique Santiago, Izquierda Unida, Estado Español: La resistencia fue convertida a la categoría de terrorismo en un cambio de categoría jurídica a una política con el auge de las doctrinas de seguridad nacional que surgen durante la crisis económica. Carlos Alberto Ruiz, abogado experto en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario: En Colombia la sociedad debe recuperar su sitio en la negociación. En El Cagüán se puso en marcha un proceso de consulta popular y fueron todos los que tenían algo que decir, es un escenario válido de la historia. EL ELN desarrolló un método parecido, la Convención Nacional. Las iniciativas de paz no tienen reconocimiento internacional. La hoja de ruta pasa por pactar un cese bilateral de fuego, acuerdos humanitarios de aplicación inmediata; definición de agenda básica de solución al conflicto. Hay que definir la participación de la sociedad y una verdad, justicia y reparación integral. Las cuatro patas de la mesa son: cese del fuego, actos de paz, agenda básica posible con objetivos alcanzables y diálogo con resultados. Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT): “La Constitución de 1991 no reconoce explícitamente derechos de los campesinos”. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal): “Hay una alianza entre sectores económicos poderosos que ha desatado una guerra contra el pueblo”. Se ha concentrado la riqueza: el 10 % posee el 50 % del PBI. Que se desmonte el paramilitarismo. Necesitamos una profunda reforma agraria integral, la creación de un movimiento nacional por la paz y de un foro nacional democrático. Iván Cepeda, congresista Polo Democrático Alternativo: La paz es un asunto que nos concierne a todos como problema regional e internacional. Colombianos y Colombianas por la Paz ha pedido que el Gobierno acepte la visita a las cárceles. Es necesario construir un marco normativo para la paz, un sistema de criterios y valores que posibiliten la paz y que resuelva la justicia.


- 31-3-2012, (Absalón Machado, Informe sobre Desarrollo Humano), La restitución de predios emprendida por el Gobierno de Juan Manuel Santos es un paso importante, pero por sí solo insuficiente para solucionar los diversos conflictos que afectan a la tierra en el país. “Hay que preguntarse si tiene sentido devolver la gente al campo para que siga viviendo como vivía. El Estado debe reorientar del gasto público y pasar de dar subsidios a grandes propietarios e invertir en más bienes públicos, como vías, escuelas, salud y vivienda”. Colombia, junto a Brasil, es uno de los países con más inequidad en el mundo en cuanto a la propiedad de la tierra. El 1% de los propietarios es el dueño del 45% de la tierra. En Colombia hay unas 52 millones de hectáreas aptas para labores agropecuarias, pero apenas cinco millones están cultivadas, 39 millones están dedicadas a la siembra de pastos y la ganadería, otras tienen usos forestales y seis millones han sido entregadas para exploración minera. “Colombia tiene pendiente hacer un reordenamiento territorial, que permita saber claramente dónde puede haber asentamientos urbanos, dónde minería, dónde ganadería, dónde agricultura y dónde agroindustria”.


- 10-12-2012 (Ronderos, María Teresa, Nasa-Acin), El Gobierno, como invitación a las guerrillas a desmovilizarse, consiguió que el Congreso aprobara, la reforma constitucional conocida como “Marco Legal para la Paz”. Contempla que se juzguen y castiguen los máximos responsables de delitos de lesa humanidad (e incluye a miembros de la fuerza pública) y habilita la creación de mecanismos para que los rasos ayuden a enjuiciar a los jefes. Permite que haya incentivos legales para que aquellos actores armados ilegales que dejen las armas, se les puedan suspender penas o recibir penas alternativas. También abre la puerta para que la ley les permita participar en política. Un posible acuerdo de paz con las FARC y el ELN ya no se puede pactar ni en los términos generosos en que se hicieron los acuerdos de paz con las guerrillas anteriores, ni tampoco con la falta de transparencia con que se hicieron los acuerdos con los paramilitares. Los derechos de las víctimas deberán ser tenidos en cuenta en la negociación porque éstas ya lo exigirán así y porque la justicia nacional e internacional actual, así se lo exigen a la partes. Aprendiendo del proceso con los paramilitares, no se podrá dejar toda la verdad, ni toda la justicia, ni la reparación de esas víctimas de la guerrilla, a los fiscales y a los jueces. Adoptar mecanismos extrajudiciales, como los que implementa la ley 1424, puede llegar a contribuir de manera más expedita a conocer la verdad y conseguir que de ésta surja la reconciliación. Las reformas a Justicia y Paz y el Marco Legal para la Paz insisten en la selección y priorización de casos y de autores para juzgar los delitos de lesa humanidad. Y es probable que si hay paz con las guerrillas, al menos los comandantes de bloques, frentes y columnas y aquellos otros responsables de los hechos que mayor daño hicieron, tengan que ser juzgados. Sólo que, a diferencia de los comandantes paramilitares, la justicia transicional no empezará sus casos casi de cero, pues ya cada uno de estos jefes guerrilleros tiene vigentes varias condenas de la justicia ordinaria por múltiples delitos. (Sólo los negociadores de las FARC suman hoy más de 300 órdenes de captura). Y sólo si no vuelven a delinquir y contribuyen decididamente a la reparación, les podrán suspender las condenas o darles nuevas penas alternativas.

Unión Europea

- 7-12-2001 Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad compartida, la UE considera de crucial importancia que los esfuerzos ya realizados para luchar contra los cultivos ilícitos, la producción y el tráfico de drogas continúen, tanto a nivel local como regional, dentro del respeto de la diversidad biológica y del medio ambiente.


- 7-12-2001 Para mitigar las desigualdades socioeconómicas en Colombia, la UE considera indispensable que se elabore un programa de reformas socioeconómicas decisivas y se ponga en práctica de modo urgente y con independencia de los acontecimientos del proceso de paz.


- 7-12-2001 La UE concede gran importancia al mantenimiento de un diálogo intensivo con partidos políticos y desea que éstos conviertan la búsqueda de una paz negociada en una política de Estado.

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA - “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9.



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3. Desentendimientos No Radicales

Se trata de todas aquellas situaciones en las que el desentendimiento en lo formal es mayor que en lo sustantivo, por lo que, resuelto lo formal, puede encararse la negociación tratando de arribarse a un acuerdo.

Actores/

Posiciones

Desentendimientos No Radicales

Gobierno de EUA

- 13-10-2007 William Brownfield, Embajador de EUA en Colombia, la solución del problema de los secuestrados no se encontraba ni en Bogotá, ni Caracas, ni en Washington, ni en París. Son las FARC las que tienen que ofrecer y decir algo concreto.

Sector Financiero de EUA


Gobierno de Colombia

- 13-12-2005 (Uribe), Aceptamos propuesta de las FARC en “zona de encuentro”, en lugar de que haya presencia del Ejército en los 180 kilómetros, habrá 40 observadores internacionales, modificando la exigencia previa de: no desmilitarizar ningún territorio, mediación de la ONU, recibir la promesa de los guerrilleros a excarcelar de no volver a delinquir ingresando a un programa de reinserción del Gobierno o viajando al exterior y la libertad de todos los secuestrados.


- 2-10-2006 (Uribe), posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz, con previa dejación de armas.

Paramilitares

- Dic-2004 (Salvatore Mancuso líder de las AUC) amenazó con suspender la agenda de desmovilizaciones hasta que el Gobierno aclare el futuro de los jefes paramilitares que son reclamados por EUA para ser extraditados.


- 8-10-2005, las AUC, suspendieron el proceso de desmovilización de sus combatientes ante las amenazas de extradición a EUA de algunos de sus líderes, en especial la de Diego Fernando Murillo, conocido como “Don Berna”. Las negociaciones entraron en crisis cuando el Gobierno colombiano condicionó la extradición de Murillo a EUA al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de paz, basado en la Ley de Justicia y Paz.


- 18-5-2006 (Ernesto Báez, vocero político de las AUC), Muchos reinsertados decidieron formar nuevos grupos paramilitares porque “nada esperan de una sociedad egoísta, oportunista y pusilánime. Sólo 1.500 de los 30.000 desmovilizados han recibido oportunidades laborales. Sif no les ayudan a los desmovilizados, la generación paramilitar será más violenta y sanguinaria que las anteriores”.


- 11-6-2006 (Hernán Giraldo, comandante del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC), Después de la desmovilización de los 1166 hombres a su mando, su grupo y algunas estructuras del bloque Norte guardarían, por si acaso, buena parte de sus armas para usarlas de nuevo si el Gobierno incumplía los acuerdos de Santa Fe de Ralito. Los mecanismos de reinserción de la tropa y los mandos medios paramilitares no estaban funcionando; no solamente por los deficientes programas de reinserción, sino también varios jefes paramilitares resolvieron mantener activos grupos de retaguardia, a la espera de que las autoridades judiciales comenzaran a aplicar la Ley de Justicia y Paz.


Severo López, paramilitar desmovilizado, dice que las debilidades del proceso de paz de la administración de Alvaro Uribe, son aprovechadas por actores armados para conformar nuevos grupos. El movimiento nacional de autodefensas no tiene nada que ver con la construcción de nuevas bandas criminales, lo que si tiene que tener conciencia el país, es que si el Estado no sabe integrar a los desmovilizados, van a ser mano contratada fácilmente por los actores criminales. {LDP: La desmovilización es engañosa como instrumento de paz, al proponer ventajas sin que se cambie la estructura de poder ni se genere justicia auténtica en términos equitativos y distributivos. El caso de la desmovilización en Nicaragua resultó en nuevos conflictos sociales y en la recomposición de los grupos guerrilleros de una y otra facción, debido al mal manejo que los gobiernos sucesivos han hecho de la reinserción, agravado por políticas antisociales.}


- 5-2-2007 (Salvatore Mancuso, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC)), en una declaración escrita desde la prisión de alta seguridad de Itagüí, dijo que “el rearme de las autodefensas es una cruda realidad que no podemos soslayar o minimizar. También, los grupos de Autodefensas que no negociaron, siguen creciendo”. Aseguró que los paramilitares de derecha que se habían desmovilizado están volviendo a organizarse y que ya tienen más de 5.000 combatientes en sus filas. Según analistas, una de las principales dificultades del proceso de desmovilización de los paramilitares consiste en que estos grupos no tienen una estructura única, como sucede con las guerrillas izquierdistas de Colombia, sino que en muchos casos son unidades independientes que se congregan bajo las AUC. Por esta razón, no se ha llegado a un acuerdo único con todos sus integrantes.


- 11-9-2012 (Jefes de las autodefensas alias “Juancho Dique” y Edward Cobos, alias “Diego Vecino”), Respaldan proceso de negociación del Gobierno con las FARC, pero sin discriminaciones. Desmovilizados del paramilitarismo creen que no habrá paz si se limita sólo a algunos actores de la guerra. Instan al Ejecutivo a que se los tenga en cuenta en el propósito de alcanzar una paz integral. A la reconciliación debe llegarse “sin discriminaciones ni exclusiones”, pues ellas viciarían el resultado final y mermarían sus efectos benéficos. Los desmovilizados del paramilitarismo también quieren sentirse amparados por el Marco Legal para la Paz que se quiere estructurar para darle solidez al proceso con las FARC, de tal modo que también puedan contar con los mismos derechos y obligaciones ante la ley y ante la Constitución. Las autodefensas no pueden ser ciudadanos de segunda por haberse desmovilizado como grupos de autodefensas y no como integrantes de la guerrilla.

FARC

- 18-8-1999, Manuel Marulanda, Jefe de las FARC, ratificó que nunca han aceptado una comisión internacional para acompañar el proceso de paz en el país propuesta por Pastrana en 1999 por considerarla innecesaria y de injerencia en los asuntos internos de Colombia.


- 25-10-1999, FARC se negó a aceptar la comisión verificadora, que debía supervisar el accionar del grupo guerrillero dentro de la zona desmilitarizada propuesta por Pastrana, sobre tres comisiones: a) de acompañamiento internacional; b) durante la negociación, haría de acompañante; c) con funciones de verificación sobre los acuerdos que firmen las partes en el futuro.


- 10-2-2001 (Manuel Marulanda), Plan Colombia debe ser conducido de manera tal que los fondos “se destinen a la inversión social”.


- 22/08/2002, Rechazo por las FARC a propuesta del Presidente Uribe de mediación de la ONU en un eventual diálogo de paz, por considerar que el diálogo no sería insurgencia-Gobierno sino que presumiría que el conflicto es insurgencia-ONU.


- 31-8-2004 (Raúl Reyes), FARC mantiene exigencia de desmilitarizar dos municipios, antes en el Caquetá en el sur del país, y luego en el Valle del Cauca, en el suroeste para negociar.


- 7-9-2004, FARC propone al Gobierno de Uribe el establecimiento de una zona de seguridad durante 72 horas para negociar un intercambio humanitario de secuestrados por rebeldes presos. Modificaron su posición de exigir una amplia zona desmilitarizada para negociar el acuerdo y accederían a llevarlo adelante en algún pequeño municipio del sur del país: Peñas Coloradas, El Rosal o La Tuna. El plan contempla que el primer día sea para arribar al sitio, el segundo para dialogar y el tercero para retirarse.


- 4-8-2005, FARC condicionó discusión de un intercambio de prisioneros con el Gobierno a la previa desmilitarización de dos municipios colombianos: Florida y Pradera, en el norte del departamento del Valle.


- 25-9-2006, FARC propone que el Gobierno libere a unos 500 rebeldes presos en Colombia y en el exterior a cambio de unos 63 presos, entre los que se encuentran 12 diputados, 3 estadounidenses, militares, policías y políticos, colombianos, incluida la ex candidata a la presidencia y ciudadana francesa-colombiana, Ingrid Betancourt. Uno de los diputados, Juan Carlos Narváez, dijo que temen por sus vidas, ya que el Gobierno “continúa buscando su rescate a sangre y fuego” en vez de negociar. El pueblo colombiano quiere un cambio a favor de la negociación. Piden un despeje para hablar de acuerdo humanitario, mientras que el Gobierno colombiano está dispuesto a concederlo sólo para que la guerrilla libere a los secuestrados no para negociar el acuerdo.


- 3-6-2007, FARC rechaza iniciativa unilateral de excarcelación de guerrilleros por Uribe. Las excarcelaciones no llevan a un canje. Un canje sólo sería el resultado de acuerdos entre el Estado y la insurgencia, donde se definan criterios, tiempos, nombres, garantías, veedurías y mecanismos.


- 6-6-2007 (Rodrigo Granda, Canciller FARC), Cualquier acuerdo de intercambio humanitario sólo será posible despejando los municipios de Pradera y Florida en el Valle, suroccidente de Colombia; propuesta rechazada por el Presidente Uribe.

Otras Fuerzas en Colombia (ELN)

- 25-11-1999 Pablo Beltrán, tercero al mando en el ELN, señaló que ese grupo aspira “a que haya un solo ejército” en Colombia, hablando en términos de recomposición de las fuerzas de seguridad.


- 20-10-2000 El ELN rechaza la iniciativa gubernamental de erradicación de cultivos de coca, que, para el Gobierno, ayudará a resolver el problema del narcotráfico, y sostiene que la “erradicación de cultivos debe ser producto de la sustitución concertada con las comunidades campesinas e indígenas”.


- 20-10-2000 El ELN frente a la exigencia de unos mínimos humanitarios que detengan la degradación del conflicto, dice que “asume la responsabilidad que le compete”, pero señala que el Estado es el “principal promotor de la profundización de esta crisis al escalonar la guerra e impulsar el paramilitarismo”.


- Declaración del ELN: Declara la urgencia de que en el más breve plazo las partes en conflicto convengan acuerdos humanitarios de aplicación inmediata y verificables. Frente a los cultivos ilícitos considera que su erradicación debe ser producto de la sustitución concertada con las comunidades campesinas e indígenas y acompañada de alternativas de sustitución sostenible en el tiempo. Rechaza las fumigaciones y toda forma de guerra química y bacteriológica contra los pobladores y el medio ambiente. Invita a la comunidad internacional a cooperar al desarrollo de programas que fortalezcan iniciativas de paz y desarrollo, que no sean funcionales a la estrategia de guerra del Plan Colombia. Comparte las preocupaciones en torno a la degradación humanitaria del conflicto armado y asume la responsabilidad que le compete, pero no duda en señalar que el Estado es el principal promotor de la profundización de esta crisis, al escalar la guerra e impulsar el paramilitarismo. Desde el momento mismo en que se nos impuso la guerra como única alternativa para luchar por la transformación del país, hemos estado comprometidos como revolucionarios, en unas normas de conducta que implican tanto el respeto de la población a la que consagramos nuestra causa, como del enemigo herido o vencido en combate. El ELN ha sido pionero en Colombia al proponer un acuerdo humanitario para regularizar la guerra. El ELN se compromete con los pueblos indígenas a respetar su autonomía, con las Comunidades de Paz a respetar sus espacios y con las comunidades desplazadas a garantizar su retorno. El ELN reconoce que en la base del Conflicto armado hay un conjunto de causas sociales económicas y políticas y considera que la solución negociada de este conflicto pasa por acuerdos que los resuelvan de manera estructural.

Otros Actores en Colombia

- 15-6-2013 (Fiscal Eduardo Montealegre), Respecto del proyecto de ley estatutaria de reforma al fuero militar, “los temas de falsos positivos no se van a resolver solamente con categorías existentes como homicidio en persona protegida o homicidio agravado, sino que va a entrar como un nuevo marco de protección la ejecución extrajudicial. No hay ningún riesgo de que conductas de ese tipo pasen a la justicia penal militar, porque cuando se cometen falsos positivos no tienen relación con el servicio”. De ahí que a partir de la sanción de la ley existirán tres tipos penales para sancionar los falsos positivos: homicidio en persona protegida; homicidio agravado y ejecuciones extrajudiciales, las cuales tendrán una pena entre los 33 y los 50 años de prisión.

Fuerzas Armadas de Colombia


Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades


Gobiernos Latinoamericanos

- 21-8-1999 Brasil se opone a la visión de EUA de regionalizar el conflicto. Para Brasil, “la política argentina no coincide con la propia. La Argentina es intervencionista”.


- 23-8-1999 El Gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso se opone a reconocer a las FARC como una “fuerza beligerante”.


- 19-2-2003 El asesor en asuntos internacionales de la presidencia brasileña, Marco Aurelio García dijo: “Brasil no califica a las fuerzas insurgentes colombianas debido a que, eventualmente, se vería impedido de ser mediador en un posible proceso de paz”, a un pedido del presidente Alvaro Uribe de calificar de terroristas a las FARC. Brasil considera inadecuado calificar de esa manera a las FARC.

Unión Europea


© Luis DALLANEGRA PEDRAZA - “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9.



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4. Puntos que Pueden Postergarse para más Adelante

Son todos aquellos temas, que entorpecen el camino hacia un acuerdo, pero cuya significación no es substantiva o, siendo substantivos, deberían postergarse hasta resolver otros temas previos, que facilitarían posteriormente llegar a acuerdos sobre estos puntos.

Actores/

Posiciones

Puntos que Pueden Postergarse para más Adelante

Gobierno de EUA


Sector Financiero de EUA


Gobierno de Colombia

- 1978 (Betancur en campaña presidencial contra Turbay Ayala quien ganó las elecciones por pequeño margen), El foco de violencia a extinguir era el de la insurgencia guerrillera, mientras que el combate a la criminalidad del narcotráfico parecía no ser tan prioritario en la agenda del mandatario

- Para el Gobierno de Santos la prioridad es el fin del conflicto y la desmovilización y lo secundario es tratar el modelo de país y el modelo económico-social.


- 10-5-2011 (Santos), Reconocimiento de beligerancia de los grupos guerrilleros quitándoles el tratamiento de terroristas, más allá de reconocer que hay un conflicto.


- 23-5-2011 (Santos), Conveniencia de establecer canales paralelos al Gobierno, para buscar diálogos con la guerrilla.


- 24-5-2011 (Santos), Ley de Reparación de Víctimas: Resolver 1) ¿Quiénes son en sí las víctimas?; 2) ¿Quiénes tendrán reparación?; ¿Habrá indemnización?; ¿Fechas para reparación?; Capítulo sobre la Restitución de Tierras.


- 28-6-2011 (Santos), Características del proceso de “desmovilización” y “reintegración” en función de la Ley de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica. [LDP: ¿Debe ser una “desmovilización” y “reintegración” previamente establecida desde el Gobierno por ley o resultante de una Asamblea Constituyente?].


- 5-7-2011 (Santos), Cuando se den las circunstancias, el Gobierno Nacional buscará la ayuda de la Iglesia Católica para conseguir la paz en Colombia. [LDP: ¿Debe ser un actor escogido por el Gobierno o un sistema “negociaciones múltiples” con participación de diferentes actores internos y externos?].

Paramilitares


FARC

- Enero de 1999, Pastrana desmilitarizó zona de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país (Cagüán) para que sirviera de escenario a un diálogo de paz. La fase de aproximaciones concluyó en mayo-1999, con la elaboración de una Agenda Común: derechos humanos, política agraria, recursos naturales, estructura económica y social, reformas a la Justicia, lucha contra el narcotráfico y la corrupción, ampliación de la democracia, reformas del Estado, fuerzas militares, relaciones internacionales y formalización de los acuerdos.


- 7-1-1999 Cagüán, (Manuel Marulanda-Pastrana), Establecimiento de Pautas y Reglas de Negociación: 1) Los negociadores: ¿Será la discusión entre la insurgencia y el Gobierno solamente o también habrá una tercería sólida de la sociedad civil, como lo hizo en el proceso de paz de Guatemala? 2) La agenda: ¿Se discutirá la agenda que presente la guerrilla? o ¿Será la que construyan las partes conjuntamente? Ni las FARC ni el ELN están interesados en un esquema similar de reinserción al M-19 y el EPL. Las FARC aspiran a cogobernar en el conjunto de la sociedad colombiana. La Constitución que resulte de este proceso buscaría ser más federalista, respondiendo más al poder local (municipios, comunas) y menos a los partidos políticos. Además de una reforma política, la agenda de las negociaciones contemplaría una reestructuración de la fuerza pública. Las FARC no se van a desmovilizar sino que van a buscar crear un ejército común del cual ellos formen parte. Experimento similar al que realizaron Sudáfrica o El Salvador, en donde tanto el ejército de la insurgencia como el estatal se desmovilizaron y se integraron en una fuerza común. En el campo económico, las FARC buscan un modelo equitativo que, aunque sería más proteccionista, no estaría muy lejos de una economía de mercado. 3) Los tiempos y los escenarios de las negociaciones: ¿Se llevarán a cabo las negociaciones en Colombia o en el exterior? ¿En una sola mesa de negociación o en varias? ¿Serán las negociaciones con el ELN simultáneas al cronograma de conversaciones con las FARC? 4) Las garantías de esos acuerdos y el manejo de la información: ¿Será pública la información o confidencial? ¿Quién garantizará los acuerdos? ¿Habrá garantes internacionales? Una tercería sólida por parte de la sociedad civil resolvería el problema de las garantías. Una mediación internacional también facilitaría la solución de problemas como el de la entrega de las armas.


- 6/5/1999 La Machaca, “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia”: 1. Solución Política Negociada, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional. En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz. De ahí, el compromiso que debemos asumir todos los colombianos con la construcción de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos. 2. Protección de los Derechos Humanos como responsabilidad del Estado. 2.1 Derechos fundamentales. 2.2 Derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente. 2.3 Tratados internacionales sobre derechos humanos. 3. Política Agraria Integral. 3.1 Democratización del crédito, asistencia técnica, mercadeo. 3.2 Redistribución de la tierra improductiva. 3.3 Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o enriquecimiento ilícito. 3.4 Estímulos a la producción. 3.5 Ordenamiento territorial integral. 3.6 Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo. 4. Explotación y Conservación de los Recursos naturales. 4.1 Recursos naturales y su distribución. 4.2 Tratados internacionales. 4.3 Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible. 5. Estructura Económica y Social. 5.1 Revisión del modelo de desarrollo económico. 5.2 Políticas de redistribución del ingreso. 5.3 Ampliación de mercados internos y externos. 5.4 Estímulos a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada. 5.5 Apoyo a la economía solidaria y cooperativa. 5.6 Estimulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación. 5.7 Participación social en la planeación. 5.8 Inversiones en bienestar social, educación e investigación científica. 6. Reformas a la Justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico. 6.1 Sistema judicial. 6.2 Organos de control. 6.3 Instrumentos de lucha contra la corrupción. 6.4 Narcotráfico 7. Reforma Política para la ampliación de la democracia. 7.1 Reformas a los partidos y movimientos políticos. 7.2 Reformas electorales. 7.3 Garantías a la oposición. 7.4 Garantías para las minorías. 7.5 Mecanismos de participación ciudadana. 8. Reformas del Estado. 8.1 Reformas al Congreso. 8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor eficiencia de la administración pública. 8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local. 8.4 Servicios públicos. 8.5 Sectores estratégicos. 9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario. 9.1 Desvinculación de los niños al conflicto armado. 9.2 Minas antipersonales. 9.3 Respeto de la población civil. 9.4 Vigencia de las normas internacionales. 10. Fuerzas Militares. 10.1 Defensa de la soberanía. 10.2 Protección de los derechos humanos. 10.3 Combate a los grupos de autodefensa. 10.4 Tratados Internacionales. 11. Relaciones Internacionales. 11.1 Respeto a la libre autodeterminación y a la no intervención. 11.2 Integración regional latinoamericana. 11.3 Deuda externa. 11.4 Tratados y convenios internacionales del Estado. 12. Formalización de los acuerdos. 12.1 Instrumentos democráticos para legitimar los acuerdos.


- 29-1-2000 (Gobierno de Pastrana-Manuel Marulanda), establecieron bases para creación de “un nuevo modelo de desarrollo económico en el contexto de un mundo globalizado y dejando de lado modelos radicales”. Desacuerdo de FARC por reciente acuerdo Colombia-EUA para recibir u$s 1.600 millones para combatir al narcotráfico: “Eso no va a contribuir a la paz. El problema de Colombia es de hambre. No se arregla con fusiles, ametralladoras o bombas sino solucionando los problemas sociales”. Coincidencia sobre modelo sueco por la verdadera integración que lograda por sindicatos y patrones, que tiene resultados concretos: el desarrollo y éxito empresarial y el bienestar de todos los trabajadores. Es claro que las experiencias de otros países no se pueden copiar sin tener en cuenta las propias condiciones. Ambas partes reconocen la importancia que tiene para este proceso la participación de la comunidad internacional, respetando la libre autodeterminación de los pueblos. Conscientes de la necesidad de realizar reformas que permitan una paz con justicia social en la gran responsabilidad de construir la nueva Colombia donde quepan todos. Allí donde la reconciliación ha fracasado, ha sido por la falta de solución a los temas sociales o por falta de voluntad política de las partes. La concertación es la vía. El progreso y el bienestar están ligados con la concertación fortaleciendo así el sustento de las instituciones.


- 10-3-2000 (Mesa de Diálogo y Negociación: Comunicado Nº 9), Es necesario aproximar a todos y cada uno de los colombianos hacia un modelo de desarrollo económico y social que procure cuatro elementos, indispensables e insustituibles en la búsqueda de una paz con justicia social: 1) la generación de empleo; 2) el crecimiento de la economía; 3) la distribución del ingreso; y 4) el desarrollo social. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y el Comité Temático, a través de las Audiencias Públicas, abocarán el tema de la generación de empleo y el crecimiento económico, bajo los siguientes criterios: 1.1 El empleo con crecimiento económico será estudiado con base en el conjunto de políticas, instrumentos, sectores y recursos. 1.2 La generación de empleo va de la mano del crecimiento económico, abocando el conjunto de políticas, sectores, instrumentos y recursos para cumplir con este propósito. En tal sentido, la Mesa de Diálogos y Negociación y el Comité Temático Nacional, a través de las Audiencias Publicas, entrarán a estudiar este tema con el siguiente contenido: Crecimiento Económico y Empleo: a) Estímulo a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada. b) Apoyo a la economía solidaria y cooperativa. c) Estímulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación. d) Inversión en bienestar social, educación e investigación científica. e) Recursos naturales y su distribución. f) Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo. g) Democratización del crédito, asistencia técnica y mercadeo.


- 9-2-2001 (Acuerdo de Los Pozos), Ratifican voluntad de continuar el proceso de paz que busca la solución del conflicto por la vía del diálogo y la negociación en procura de construir una Colombia en desarrollo con justicia social. Coinciden en la importancia de avanzar en las discusiones sobre los mecanismos para acabar el paramilitarismo. Crearán una comisión encargada de estudiar los hechos que afecten la marcha del proceso. Crearán un mecanismo que periódicamente evalúe e informe a la opinión sobre el cumplimiento.


- 4-6-2001 (Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP: Sobre Derecho Internacional Humanitario), El artículo 8 de la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999, expresamente otorgó como facultad propia y permanente al Gobierno Nacional, la de firmar acuerdos con los representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales ha reconocido carácter político, dirigidos a “obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de tales organizaciones, y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo”. “El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”.


- 5-10-2001 (Acuerdo de San Francisco de La Sombra), La solución política negociada al conflicto social y armado es la vía adecuada para resolver la crisis por la que atraviesa el país y constituye el más grande anhelo nacional. El Gobierno reitera de manera enfática y categórica su rechazo a todo tipo de secuestro. Somos conscientes de la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia que en medio de las dificultades y sacrificios, mantiene la fe y la esperanza de vivir en un país en paz con justicia social, que supere las grandes diferencias económicas, políticas y sociales que mantienen enfrentados a los colombianos y a lo largo del proceso hemos logrado crear valiosos instrumentos para obtener estos propósitos: La Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia. Acuerdan acciones para acabar con el paramilitarismo; eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sin detrimento de la Agenda Común; invitar a los distintos sectores de la vida nacional para dar sus aportes al proceso en curso; promover junto con los Alcaldes de los municipios de la zona de distensión, la realización de reuniones abiertas para que los pobladores de la zona manifiesten sus inquietudes pudiendo invitar observadores; FARC expresa y ratifica que las denominadas “pescas milagrosas” en las vías (LDP: secuestros masivos), no forman parte de su política y se darán instrucciones a todos sus integrantes de no realizar este tipo de actividades; hacen un llamado a todos los colombianos para no cesar en el empeño de una salida política al conflicto Colombiano.

Otras Fuerzas en Colombia (ELN)

- Para el ELN es prioritario el reconocimiento de beligerancia, que se acceda a negociación de temas políticos y económicos en una agenda de paz con justicia social y que se establezcan modelos de vías múltiples para la negociación, con participación de sectores de la sociedad civil y secundario la desmovilización hasta no tener la seguridad de que todo no va a derivar en una mera desmovilización.


- 28-6-2011, Establecer las características del proceso de “desmovilización” y “reintegración”.

Otros Actores en Colombia

- Para la sociedad civil, prioridad es reparación, restitución de bienes.


- 23-8-2010, Resolución del despojo de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afros; aplicación de Ley de tierras y Ley de Víctimas, complementaria de la anterior. Estudiar el volver atrás en las “adjudicaciones espurias” realizadas por el INCODER. Evitar que la recuperación de tierras legitime y legalice la ocupación de otros actores como empresas e inversores. Entregar cuanto antes las tierras, pero debatir en forma profunda el tema de los títulos de los desplazados, dejando en claro la propiedad y evitar que se legitimen los poseedores luego del desplazamiento, más allá de propuestas de revoluciones de prosperidad.


- 28-8-2010 (Santos), Situación de los desplazados; promoción del retorno de los campesinos a sus lugares de origen e iniciativa para devolverles más de seis millones de hectáreas de tierras que les corresponde.


- 1-9-2010, Mecanismos del Estado y políticas para reducir la pobreza y la falta de equidad del pueblo, evitando que quede en manos de las “leyes del mercado” la solución.


- 4-9-2010, Reglamentar las zonas de desarrollo empresarial para que el Estado conserve su propiedad sobre las tierras baldías y ceda su usufructo a inversionistas que se comprometan a desarrollar infraestructura productiva y dar alojamiento y trabajo a los pequeños agricultores. Esclarecer a qué se denomina “tierras baldías” y a quiénes y e en qué condiciones se cederá el usufructo. Evitar que el pequeño agricultor se vea perjudicado o postergado o engañado.

Fuerzas Armadas de Colombia


Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades


Gobiernos Latinoamericanos


Unión Europea


© Luis DALLANEGRA PEDRAZA - “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9.



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5. Puntos en Común (Se incluyen temas coincidentes o Acuerdos alcanzados)

Son todos aquellos en los que hay convergencia o coincidencia más allá de diferencias -o no- formales, o ha habido un acuerdo firmado, más allá de su vigencia actual, ya que, lo acordado, puede ser rescatado.

Actores/

Posiciones

Puntos en Común (Se incluyen temas coincidentes o Acuerdos alcanzados)

Gobierno de EUA


Sector Financiero de EUA


Gobierno de Colombia

CON GUERRILLAS


La Machaca, 6/5/1999 “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia”

10-3-2000 Comunicado Nº 9 de la Mesa de Diálogo y Negociación Gobierno-FARC

9-2-2001 Acuerdo de Los Pozos Gobierno-FARC

4-6-2001 Texto del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, Sobre Derecho Internacional Humanitario

Acuerdo de San Francisco de La Sombra Gobierno-FARC 5-10-2001

Texto del Acuerdo Firmado por el ELN-Gobierno, La Habana, 24-11-2001: Acuerdo por Colombia

15-7-1998 Acuerdo de Puerta del Cielo entre la sociedad colombiana y el ELN.


CON PARAMILITARES


Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia 15-7-2003. Entre Gobierno Nacional y las AUC

Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia 14-5-2004. Entre Gobierno Nacional y las AUC.


CON FARC


- 25-11-2012 (Gobierno y FARC), en cumplimiento del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, han convenido poner en marcha la Página Web de la Mesa de Conversaciones para facilitar la difusión de los comunicados conjuntos y demás información proveniente de la Mesa, así como abrir el espacio de participación virtual que establece el Acuerdo. Se abre el 7-12-2012 en www.mesadeconversaciones.com.co.


- 23-5-2013 (Delegaciones Gobierno Nacional y FARC - Acuerdo en el primer punto de la mesa de negociaciones: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”), El acuerdo “será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, en el pequeño productor”. El pacto habla del acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. “Busca que el mayor número de habitantes sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a ella mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, sujeto al ordenamiento constitucional, todos los predios que posean los campesinos en Colombia”. Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del fin común. Debe acompañarse a los campesinos con planes de vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. Acordaron que habrá una fórmula para revertir los daños cometidos contra los campesinos víctimas del desplazamiento forzado. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y se restituyan las víctimas del despojo y desplazamiento forzado”. Temas: 1) Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2) Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3) Infraestructura y adecuación de tierras. 4) Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5) Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6) Políticas alimentarias y nutricionales. Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia. Está acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. Incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información. Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental. Buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición. Uno de los principios que guían estas conversaciones es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos. Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado en Bogotá sobre los temas Agrario y de Participación Política. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.


- 6-11-2013 (Delegación de FARC en La Habana, Gobierno de Colombia), Acuerdo Político de La Habana. Se firmó Pacto sobre el tema de la democracia, la participación política, los derechos de la oposición y las garantías para los nuevos movimientos sociales. Se han logrado consensos suficientes sobre los siguientes puntos: 1 1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. El acceso a medios de comunicación es una medida trascendental. 1. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversas materias. 2. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad frente a la violencia de los grandes poderes locales y regionales. 3. Lo que se ha convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece la democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. 4. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática. 5. Es una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de la participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación de lo acordado. 6. El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política. 7. Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. 8. Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente. 9. Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación. 10. En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada. 11. Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana. 12. Se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos. 13. Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido. 14. Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción. 15. Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana. 16. En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos. 17. En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz. 18. Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso. 19. Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes. 20. Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final. 21. Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC-EP a la actividad política legal. 22. Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda. 23. La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política y, de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación. 24. Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.


- 24-08-2016 Gobierno Nacional-FARC-EP Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

- 12-11-2016 Gobierno Nacional-FARC-EP Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Modificado) (con modificaciones post-plebiscito en el que triunfó el “No”).

Paramilitares

- 15-7-2003, Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia. El Gobierno Nacional y las AUC, como resultado de la Fase Exploratoria adelantada entre las partes a partir del mes de diciembre del 2002, Acuerdan: 1. Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la Nación en este momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este proceso, conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de la auténtica paz que espera y merece la nación colombiana. 2. Para el cumplimiento de este propósito, las AUC se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año (2003) y que deberá culminar a más tardar el 31-12-2005. El Gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil. 3. Las AUC valoran muy positivamente las recomendaciones finales de la Comisión Exploratoria y coinciden en que las mismas constituyen un norte adecuado para el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las AUC. 4. Acuerdan que a partir de las recomendaciones del informe final de la Comisión Exploratoria, se da por terminada la fase de exploración del proceso de paz, para dar inicio a una etapa de negociación. 5. Crear las condiciones para que en un tiempo prudencial se concentren, con las debidas garantías de seguridad, los miembros de las AUC, en sitios previamente acordados. La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes. Dichas zonas contarán con la presencia permanente de la fuerza pública. 6. Las AUC ratifican su compromiso con el cumplimiento del cese de hostilidades, como expresión de buena voluntad y continuarán con sus esfuerzos para lograr que sea totalmente efectivo. 7. Las AUC comparten el propósito del Gobierno de una Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente. 8. Agradecer la presencia permanente de la Iglesia Católica en este proceso de paz e invitarla a seguir acompañándolo, como garantía de transparencia y compromiso de las partes con la paz de Colombia. 9. Convocar la solidaridad y el compromiso nacional para fortalecer al Estado y construir las condiciones que hagan posible la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los miembros de las AUC. Piden a los diferentes sectores nacionales y a las comunidades locales que apoyen los esfuerzos institucionales para consolidar la seguridad, la convivencia y el desarrollo. 10. Exhortar a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos para defender y fortalecer la democracia colombiana y a prestar su concurso para desactivar los factores de violencia que afectan a Colombia. Con este acuerdo, el Gobierno y las AUC responden al anhelo nacional de una Colombia en paz con oportunidades y garantías para todos.


- 14-5-2004 Acuerdo Gobierno-AUC de Santa Fe de Ralito. Establece la concentración de los paramilitares en el departamento noroccidental de Córdoba. Los comandantes de las AUC se establecerán, inicialmente por seis meses, en el pueblo rural de Santa Fe de Ralito, en el municipio de Tierralta, donde permanecerán bajo supervisión de la OEA, con el apoyo de la Iglesia Católica. Durante la vigencia de la zona, se suspenden las órdenes de captura y las operaciones ofensivas contra los miembros de las AUC que se encuentren dentro del territorio delimitado. La Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA, “recibirá un inventario de las armas, material de guerra y municiones en poder de los miembros de las AUC en la zona”. “Los miembros de las AUC se abstendrán de fabricar, almacenar, ingresar o retirar armas, material de guerra y/o municiones adicionales”.


- Las FARC advirtieron públicamente 25/08/99 que no dialogarán con representantes de las AUC, y pidieron al presidente que les otorgue a los paramilitares el tratamiento de delincuentes comunes, sin concederles status político ni reconocimiento como fuerza beligerante. Las AUC son un apéndice del Estado y por lo tanto no deben ser tenidas en cuenta en las negociaciones de paz.

FARC

- Enero de 1999, Pastrana desmilitarizó zona de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país (Cagüán) para que sirviera de escenario a un diálogo de paz. La fase de aproximaciones concluyó en mayo-1999, con la elaboración de una Agenda Común: derechos humanos, política agraria, recursos naturales, estructura económica y social, reformas a la Justicia, lucha contra el narcotráfico y la corrupción, ampliación de la democracia, reformas del Estado, fuerzas militares, relaciones internacionales y formalización de los acuerdos.


- 7-1-1999 Cagüán, (Manuel Marulanda-Pastrana), Establecimiento de Pautas y Reglas de Negociación: 1) Los negociadores: ¿Será la discusión entre la insurgencia y el Gobierno solamente o también habrá una tercería sólida de la sociedad civil, como lo hizo en el proceso de paz de Guatemala? 2) La agenda: ¿Se discutirá la agenda que presente la guerrilla? o ¿Será la que construyan las partes conjuntamente? Ni las FARC ni el ELN están interesados en un esquema similar de reinserción al M-19 y el EPL. Las FARC aspiran a cogobernar en el conjunto de la sociedad colombiana. La Constitución que resulte de este proceso buscaría ser más federalista, respondiendo más al poder local (municipios, comunas) y menos a los partidos políticos. Además de una reforma política, la agenda de las negociaciones contemplaría una reestructuración de la fuerza pública. Las FARC no se van a desmovilizar sino que van a buscar crear un ejército común del cual ellos formen parte. Experimento similar al que realizaron Sudáfrica o El Salvador, en donde tanto el ejército de la insurgencia como el estatal se desmovilizaron y se integraron en una fuerza común. En el campo económico, las FARC buscan un modelo equitativo que, aunque sería más proteccionista, no estaría muy lejos de una economía de mercado. 3) Los tiempos y los escenarios de las negociaciones: ¿Se llevarán a cabo las negociaciones en Colombia o en el exterior? ¿En una sola mesa de negociación o en varias? ¿Serán las negociaciones con el ELN simultáneas al cronograma de conversaciones con las FARC? 4) Las garantías de esos acuerdos y el manejo de la información: ¿Será pública la información o confidencial? ¿Quién garantizará los acuerdos? ¿Habrá garantes internacionales? Una tercería sólida por parte de la sociedad civil resolvería el problema de las garantías. Una mediación internacional también facilitaría la solución de problemas como el de la entrega de las armas.


- 6/5/1999 La Machaca, “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia”: 1. Solución Política Negociada, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional. En la medida en que se avance en la negociación, se producirán hechos de paz. De ahí, el compromiso que debemos asumir todos los colombianos con la construcción de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos. 2. Protección de los Derechos Humanos como responsabilidad del Estado. 2.1 Derechos fundamentales. 2.2 Derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente. 2.3 Tratados internacionales sobre derechos humanos. 3. Política Agraria Integral. 3.1 Democratización del crédito, asistencia técnica, mercadeo. 3.2 Redistribución de la tierra improductiva. 3.3 Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o enriquecimiento ilícito. 3.4 Estímulos a la producción. 3.5 Ordenamiento territorial integral. 3.6 Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo. 4. Explotación y Conservación de los Recursos naturales. 4.1 Recursos naturales y su distribución. 4.2 Tratados internacionales. 4.3 Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible. 5. Estructura Económica y Social. 5.1 Revisión del modelo de desarrollo económico. 5.2 Políticas de redistribución del ingreso. 5.3 Ampliación de mercados internos y externos. 5.4 Estímulos a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada. 5.5 Apoyo a la economía solidaria y cooperativa. 5.6 Estimulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación. 5.7 Participación social en la planeación. 5.8 Inversiones en bienestar social, educación e investigación científica. 6. Reformas a la Justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico. 6.1 Sistema judicial. 6.2 Organos de control. 6.3 Instrumentos de lucha contra la corrupción. 6.4 Narcotráfico 7. Reforma Política para la ampliación de la democracia. 7.1 Reformas a los partidos y movimientos políticos. 7.2 Reformas electorales. 7.3 Garantías a la oposición. 7.4 Garantías para las minorías. 7.5 Mecanismos de participación ciudadana. 8. Reformas del Estado. 8.1 Reformas al Congreso. 8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor eficiencia de la administración pública. 8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local. 8.4 Servicios públicos. 8.5 Sectores estratégicos. 9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario. 9.1 Desvinculación de los niños al conflicto armado. 9.2 Minas antipersonales. 9.3 Respeto de la población civil. 9.4 Vigencia de las normas internacionales. 10. Fuerzas Militares. 10.1 Defensa de la soberanía. 10.2 Protección de los derechos humanos. 10.3 Combate a los grupos de autodefensa. 10.4 Tratados Internacionales. 11. Relaciones Internacionales. 11.1 Respeto a la libre autodeterminación y a la no intervención. 11.2 Integración regional latinoamericana. 11.3 Deuda externa. 11.4 Tratados y convenios internacionales del Estado. 12. Formalización de los acuerdos. 12.1 Instrumentos democráticos para legitimar los acuerdos.


- 29-1-2000 (Gobierno de Pastrana-Manuel Marulanda), establecieron bases para creación de “un nuevo modelo de desarrollo económico en el contexto de un mundo globalizado y dejando de lado modelos radicales”. Desacuerdo de FARC por reciente acuerdo Colombia-EUA para recibir u$s 1.600 millones para combatir al narcotráfico: “Eso no va a contribuir a la paz. El problema de Colombia es de hambre. No se arregla con fusiles, ametralladoras o bombas sino solucionando los problemas sociales”. Coincidencia sobre modelo sueco por la verdadera integración lograda por sindicatos y patrones, que tiene resultados concretos: el desarrollo y éxito empresarial y el bienestar de todos los trabajadores. Es claro que las experiencias de otros países no se pueden copiar sin tener en cuenta las propias condiciones. Ambas partes reconocen la importancia que tiene para este proceso la participación de la comunidad internacional, respetando la libre autodeterminación de los pueblos. Conscientes de la necesidad de realizar reformas que permitan una paz con justicia social en la gran responsabilidad de construir la nueva Colombia donde quepan todos. Allí donde la reconciliación ha fracasado, ha sido por la falta de solución a los temas sociales o por falta de voluntad política de las partes. La concertación es la vía. El progreso y el bienestar están ligados con la concertación fortaleciendo así el sustento de las instituciones.


- 10-3-2000 (Mesa de Diálogo y Negociación: Comunicado Nº 9), Es necesario aproximar a todos y cada uno de los colombianos hacia un modelo de desarrollo económico y social que procure cuatro elementos, indispensables e insustituibles en la búsqueda de una paz con justicia social: 1) la generación de empleo; 2) el crecimiento de la economía; 3) la distribución del ingreso; y 4) el desarrollo social. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y el Comité Temático, a través de las Audiencias Públicas, abocarán el tema de la generación de empleo y el crecimiento económico, bajo los siguientes criterios: 1.1 El empleo con crecimiento económico será estudiado con base en el conjunto de políticas, instrumentos, sectores y recursos. 1.2 La generación de empleo va de la mano del crecimiento económico, abocando el conjunto de políticas, sectores, instrumentos y recursos para cumplir con este propósito. En tal sentido, la Mesa de Diálogos y Negociación y el Comité Temático Nacional, a través de las Audiencias Publicas, entrarán a estudiar este tema con el siguiente contenido: Crecimiento Económico y Empleo: a) Estímulo a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada. b) Apoyo a la economía solidaria y cooperativa. c) Estímulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación. d) Inversión en bienestar social, educación e investigación científica. e) Recursos naturales y su distribución. f) Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo. g) Democratización del crédito, asistencia técnica y mercadeo.


- 9-2-2001 (Acuerdo de Los Pozos), Ratifican voluntad de continuar el proceso de paz que busca la solución del conflicto por la vía del diálogo y la negociación en procura de construir una Colombia en desarrollo con justicia social. Coinciden en la importancia de avanzar en las discusiones sobre los mecanismos para acabar el paramilitarismo. Crearán una comisión encargada de estudiar los hechos que afecten la marcha del proceso. Crearán un mecanismo que periódicamente evalúe e informe a la opinión sobre el cumplimiento.


- 4-6-2001 (Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP: Sobre Derecho Internacional Humanitario), El artículo 8 de la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999, expresamente otorgó como facultad propia y permanente al Gobierno Nacional, la de firmar acuerdos con los representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales ha reconocido carácter político, dirigidos a “obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de tales organizaciones, y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo”. “El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”.


- 5-10-2001 (Acuerdo de San Francisco de La Sombra), La solución política negociada al conflicto social y armado es la vía adecuada para resolver la crisis por la que atraviesa el país y constituye el más grande anhelo nacional. El Gobierno reitera de manera enfática y categórica su rechazo a todo tipo de secuestro. Somos conscientes de la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia que en medio de las dificultades y sacrificios, mantiene la fe y la esperanza de vivir en un país en paz con justicia social, que supere las grandes diferencias económicas, políticas y sociales que mantienen enfrentados a los colombianos y a lo largo del proceso hemos logrado crear valiosos instrumentos para obtener estos propósitos: La Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia. Acuerdan acciones para acabar con el paramilitarismo; eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sin detrimento de la Agenda Común; invitar a los distintos sectores de la vida nacional para dar sus aportes al proceso en curso; promover junto con los Alcaldes de los municipios de la zona de distensión, la realización de reuniones abiertas para que los pobladores de la zona manifiesten sus inquietudes pudiendo invitar observadores; FARC expresa y ratifica que las denominadas “pescas milagrosas” en las vías (LDP: secuestros masivos), no forman parte de su política y se darán instrucciones a todos sus integrantes de no realizar este tipo de actividades; hacen un llamado a todos los colombianos para no cesar en el empeño de una salida política al conflicto Colombiano.


- 25-11-2012 (Gobierno y FARC), en cumplimiento del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, han convenido poner en marcha la Página Web de la Mesa de Conversaciones para facilitar la difusión de los comunicados conjuntos y demás información proveniente de la Mesa, así como abrir el espacio de participación virtual que establece el Acuerdo. Se abre el 7-12-2012 en www.mesadeconversaciones.com.co.


- 23-5-2013 (Delegaciones Gobierno Nacional y FARC - Acuerdo en el primer punto de la mesa de negociaciones: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”), El acuerdo “será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, en el pequeño productor”. El pacto habla del acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. “Busca que el mayor número de habitantes sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a ella mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, sujeto al ordenamiento constitucional, todos los predios que posean los campesinos en Colombia”. Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del fin común. Debe acompañarse a los campesinos con planes de vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. Acordaron que habrá una fórmula para revertir los daños cometidos contra los campesinos víctimas del desplazamiento forzado. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y se restituyan las víctimas del despojo y desplazamiento forzado”. Temas: 1) Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2) Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3) Infraestructura y adecuación de tierras. 4) Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5) Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6) Políticas alimentarias y nutricionales. Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia. Está acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. Incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información. Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental. Buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición. Uno de los principios que guían estas conversaciones es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos. Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado en Bogotá sobre los temas Agrario y de Participación Política. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia .


- 6-11-2013 (Delegación de FARC en La Habana, Gobierno de Colombia), Acuerdo Político de La Habana. Se firmó Pacto sobre el tema de la democracia, la participación política, los derechos de la oposición y las garantías para los nuevos movimientos sociales. Se han logrado consensos suficientes sobre los siguientes puntos: 1 1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. El acceso a medios de comunicación es una medida trascendental. 1. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversas materias. 2. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad frente a la violencia de los grandes poderes locales y regionales. 3. Lo que se ha convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece la democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. 4. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática. 5. Es una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de la participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación de lo acordado. 6. El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política. 7. Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. 8. Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente. 9. Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación. 10. En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada. 11. Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana. 12. Se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos. 13. Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido. 14. Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción. 15. Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana. 16. En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos. 17. En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz. 18. Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso. 19. Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes. 20. Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final. 21. Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC-EP a la actividad política legal. 22. Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda. 23. La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política y, de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación. 24. Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.

- 24-08-2016 Gobierno Nacional-FARC-EP Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

- 12-11-2016 Gobierno Nacional-FARC-EP Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Modificado) (con modificaciones post-plebiscito en el que triunfó el “No”).

Otras Fuerzas en Colombia (ELN)

- 12-7-1998 Diálogos en Maguncia empezaron a explorar la posibilidad de abandono por parte del ELN de la práctica del secuestro, si se resolvía el problema de su financiación. Se acordó que esto sólo tendría alguna viabilidad en el marco de un proceso de negociación. Después del Encuentro de Maguncia, el Comité Operativo Preparatorio de la Convención Nacional precisó los aspectos metodológicos y temáticos de la Convención Nacional, acordando luego con un miembro del Comando Central, la siguiente agenda para el proceso de Convención Nacional: a) Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, Impunidad, Justicia, Insurgencia y Conflicto; b) Recursos Naturales y Política Energética; c) Democracia, Estado, Fuerzas Armadas y Corrupción; d) Economía y Problemas Sociales; e) Cultura e Identidad; Nación-Región; Ordenamiento Territorial; Problema Agrario y Narcotráfico . El 15 de julio de 1998, la sociedad civil y el ELN se comprometieron a impulsar la Convención Nacional, que luego fueron discutidas por el Gobierno de Andrés Pastrana y el ELN.


- 30-7-1999, Se crea la Comisión Facilitadora Civil (CFC), como iniciativa autónoma de personas de la sociedad colombiana, diversas en su origen social, su actividad económica, y su posición política.


- 24-11- 2001 La Habana. Acuerdo Firmado por el ELN y el Gobierno de Colombia. Acuerdo por Colombia. El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reunidos en La Habana, Cuba teniendo en cuenta la voluntad que nos asiste para buscar una salida política al conflicto que azota al país y en presencia de los representantes del Grupo de Países Amigos, hemos acordado: 1. Reiniciar formalmente el proceso de diálogo mediante una agenda de transición hasta la terminación del actual Gobierno. 2. Estimular la realización de encuentros entre las partes y los distintos sectores de la sociedad. 3. Propiciar encuentros entre las partes y los candidatos presidenciales con el propósito de fortalecer la paz como una política de Estado y garantizar la continuidad de la ejecución de la agenda de transición. 4. Realizar foros temáticos en el exterior, para propiciar iniciativas y propuestas en temas específicos que son del interés nacional, tales como el Derecho Internacional Humanitario, los recursos energéticos, y otros que serán decididos de común acuerdo entre las partes. Las conclusiones de dichos foros permitirán adelantar ideas y propuestas para la realización de la Convención Nacional en un próximo Gobierno. En la siguiente reunión estableceremos el cronograma de trabajo. 5. Impulsar la celebración de una “Cumbre por la Paz” con la participación de diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional para hacer una evaluación de los alcances, aciertos y obstáculos que ha enfrentado el proceso de diálogo adelantado por el ELN y el Gobierno Nacional. 6. Realizar rondas de trabajo entre los voceros de las partes en las que abordaremos los siguientes temas: i. Cese de fuegos y las hostilidades. ii. Medidas para la reducción del conflicto. iii. Problemas del sector energético. iv. Análisis de las conclusiones obtenidas en los foros realizados. La primera ronda de se llevará a cabo el 12 de Diciembre del 2001 en la ciudad de la Habana. 7. Establecer un mecanismo para que las iniciativas regionales de paz sean estudiadas por los voceros de las partes, quienes se encargarán de dirigirlas y articularlas con la política de paz del Gobierno Nacional y del Comando Central del ELN. Agradecemos al Estado y al Gobierno de la hermana República de Cuba, por habernos brindado las garantías, hospitalidad y facilidades para nuestro encuentro. Igualmente agradecemos al grupo de países amigos y a la Comisión de Facilitación Civil por su empeño para sacar adelante este proceso. Por el Gobierno Nacional: Camilo Gómez Alzate y Julio Londoño Paredes Por el Ejército de Liberación Nacional: Ramiro Vargas; Oscar Santos y Milton Hernández.


- 22-12-2005 Acuerdo de Puerta del Cielo entre la sociedad colombiana y el ELN. Se propone la elaboración de la Convención Nacional como “un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen.” Señala que: “La Convención buscará elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización del Estado y la sociedad. Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo, e inclusive a través de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente.” La Reunión de “Puerta del Cielo” congregó al ELN, miembros de la sociedad civil colombiana y del Consejo Nacional de Paz, y en ella se ratifica la importancia de la Convención Nacional como procedimiento de participación social en la perspectiva de un proceso de conversaciones que lleve a la superación de la confrontación armada. El ELN reitera su disposición a que acuerdos para la “humanización de la guerra” sean la puerta de entrada de un proceso de conversaciones. Se comprometió a: no secuestrar menores de edad, mayores de 65 años o mujeres embarazadas y a “humanizar” la guerra acogiéndose a principios del Derecho Internacional Humanitario.

Otros Actores en Colombia


Fuerzas Armadas de Colombia


Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades


Gobiernos Latinoamericanos


Unión Europea


© Luis DALLANEGRA PEDRAZA - “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9.



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6. Puntos en Común con Problemas de Resolución

Son aquellos temas en los que hay convergencia o coincidencia, pero la visión sobre cómo resolverlo puede no coincidir o generar trabas formales.

Actores/

Posiciones

Puntos en Común con Problemas de Resolución

Gobierno de EUA

- El único punto en común con las FARC es el tema de los cultivos ilegales y la lucha contra el narcotráfico, pero disienten totalmente sobre la metodología para resolverlo. EUA considera a las FARC parte del proceso y por lo tanto debe ser eliminada.


- Ver en “Procesos que Pueden Contribuir con la Paz” lo dicho por Phill Chicola el 7-1-1999.

Sector Financiero de EUA


Gobierno de Colombia

- Características del proceso de negociación para la paz, en la que el Gobierno no acepta “zona de despeje” si “zona de encuentro” temporal y guerrilla que busca que el proceso no sea un mero acuerdo de “desmovilización”.


- 25-11-2012 (Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo), La Ley de Restitución de Tierras no es negociable ni forma parte de las negociaciones con la guerrilla. La inversión extranjera de calidad -que acredite traer tecnología, capital, modernidad- es buena para el desarrollo agrario del país se controla, pero no se prohíbe. Así como puede llegar inversión extranjera a minería, hidrocarburos y comercio, también puede llegar al campo. No nos interesan inversionistas que vengan a comprar tierra para dejarlas ociosas y que simplemente busquen valorizarlas. La manera de controlar la inversión extranjera no puede ser una reforma constitucional, sino que debe ser una ley. Sería un error histórico restringir la inversión extranjera per se. Iría en contra de la modernización de la agricultura y terminaría afectando al mediano y pequeño agricultor. Uno no puede adelantar una política de restitución a las víctimas cerrándoles las puertas en las narices a los que quieren invertir sana y honestamente en el campo, sean nacionales, extranjeros o mixtos. La ley dice que se le restituye al campesino sin importar quién haya sido el despojador. Y según testimonios de los propios reclamantes, más de un tercio de los despojos corrieron por cuenta de las FARC. La ley se cumple, no se negocia y no va para La Habana.


- 29-11-2012 (Ministro del Interior, Fernando Carrillo), Llamó la atención sobre la necesidad de crear una instancia para llevar las propuestas del Encuentro Nacional de Alcaldes a la mesa de diálogo, ahora que el Gobierno y las FARC acordaron poner en marcha un espacio de participación política para que la sociedad civil plantee sus propuestas. Será a través de los alcaldes que las organizaciones populares y gremiales podrán transmitir sus expectativas, que luego resonarán en la mesa de La Habana (Cuba). “Yo les he dicho que el Gobierno es el interlocutor natural. Que no se dejen llevar por las voces de sirena de actores armados regionales, que les están diciendo que pueden llevar las propuestas a la Habana”.


- 13-3-2013 (Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo), Las Zonas de Reserva Campesina fueron creadas a través de la Ley 160 de 1994 y se utilizaron como mecanismo para proteger a los agricultores tradicionales. “Una cosa es que las FARC digan que quieren 59 Zonas de Reserva Campesina con independencia política y 9,5 millones de hectáreas, pero eso no es lo que la ley dice, ni lo que el Gobierno piensa o está planteando en La Habana”. Eso “conduciría a crear una constelación de republiquetas independientes”.

Paramilitares


FARC

- 27-1-2008 (Raúl Reyes), Las FARC están preparadas para realizar intercambio de rehenes por presos desde hace años. El hecho de que el Gobierno siga impidiendo el intercambio de rehenes carece de realismo político. Los secuestrados soportan con estoicismo las dificultades impuestas por la selva tropical y las operaciones del Gobierno para rescatarlos a la fuerza sólo aumentan esas dificultades. Ustedes vieron el buen estado de salud de los prisioneros liberados, incluso después de que caminaron durante varios días en la selva en medio de los bombardeos de operaciones militares.


- 29-4-2009 FARC reclama compromisos oficiales serios, porque recordamos como, en febrero 2009, mientras liberábamos unilateralmente a 6 prisioneros, el ministro Santos, el General Padilla y Luis Carlos Restrepo Comisionado para la Paz, mentían vehementes y cínicos, sobre su respeto a las garantías acordadas con la Cruz Roja Internacional, mientras agredían a las unidades que custodiaban los prisioneros y por vía aérea provocaban el saboteo de la entrega, como consta en imágenes que dieron la vuelta al mundo. Se trata que el Gobierno cumpla, estrictamente, con las garantías requeridas. Los protocolos que garanticen la seguridad de las unidades guerrilleras participantes en intercambios humanitarios se deben conocer pública y previamente. No tenemos objeciones a la presencia del CICR y de la iglesia, solo que la consideramos insuficiente; consideramos indispensable la presencia de Colombianos y Colombianas por la Paz en cabeza de la Senadora Piedad Córdoba, como garantía de transparencia en los operativos.


- 18-5-2009 FARC plantea necesidad de desmilitarización de municipios para llevar a cabo diálogos de paz. Se debería definir cómo sería el manejo de ese espacio, quienes asumirían la representación de las FARC en la mesa de diálogo, cómo sería la logística, la seguridad, cuántas unidades y de que Bloques, el aspecto financiero, etc. En estos momentos, fruto de la persistencia de nuestra vocación pacifista y de la tenacidad de cientos de compatriotas agrupados en Colombianas y Colombianos por la Paz, encabezados por la Senadora Piedad Córdoba, se revive la esperanza y se avizora la posibilidad de reiniciar la construcción de los senderos que nos permitan a la gran mayoría de colombianos de marchar hacia la reconciliación y reconstrucción de nuestra patria que lleve implícito la eliminación definitiva del uso de la violencia como instrumento de la política para aniquilar al opositor y para la imposición de un modelo de país que solo ha dejado miseria y desolación. Para que fructifique un verdadero proceso de paz hay que generar un ambiente favorable, no contaminado, sin sutilezas venenosas. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance en medio de un ofensiva militar y paramilitar sin precedentes, promovida, asesorada y financiada por intereses ajenos a nuestra nación apoyados en apostatas criollos. El Gobierno, fruto de su estrategia direccionada a defender esos intereses que en nada coinciden con los de las grandes mayorías, ha puesto a funcionar toda la maquinaria contaminante para enrarecer el entorno, entre ellas la mediática encaminada a falsear la realidad, distorsionar las iniciativas, magnificar las dificultades y satanizar los impulsores. Para este propósito cuentan con los opinadores de oficio, unos conscientes y pagados, otros imbuidos en su sectarismo o frustración que ante la imposibilidad de la réplica deforman y acomodan los hechos y en especial las propuestas y planteamientos nuestros, la mayor de la veces ridiculizándolos y caricaturizándolos, no dejando de faltar los “cantos de sirena” orientados a que lo abandonemos todo a cambio de incluirnos dentro de un sistema del cual nos salimos para combatirlo por injusto, corrupto y antipatriótico. Remarcamos con mucha fuerza que la propuesta de las FARC-EP para buscar una salida política al conflicto social y armado en que está inmerso el país, es seria, profundamente meditada y analizada, surgida de la razón de ser de la insurgencia y elaborada a partir de las realidades concretas del país, que requiere ser enriquecida y complementada por todos aquellos sectores de la sociedad colombiana que están convencidos que la solución al conflicto colombiano no debe ser el de la confrontación militar. Ese aporte debe ir encaminado a la construcción de las bases para un modelo de país que por su sola implementación deje sin razón de ser la utilización de las armas para defender un proyecto político.


- 29-6-2009, Mientras las FARC liberan unilateralmente prisioneros, sin ninguna contraprestación, la conducta del Gobierno ha sido la de sabotear o la de atacar las unidades nuestras encargadas de la entrega de los prisioneros.


- 20-10-2012 (Delegación de Paz de las (FARC-EP), El Acuerdo General, puesto en conocimiento del público formalmente conteniendo los puntos para discusiones de paz en La Habana, Cuba, tiene que ser visto con ciertas precisiones: Terminar el conflicto implica, de fondo, acabar con las causas que lo generaron y son razón de su permanencia en el tiempo. En el Acuerdo General, el diálogo que de él se desprende debe tener la participación protagónica del pueblo. “La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”. Cualquier punto que se aborde del Acuerdo, implica un desarrollo en el que se incluya considerar “el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional”, “el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente”, “el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías”, “ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz”, contando con el acompañamiento de la región y de la comunidad internacional. Existe el deseo de que el diálogo se desenvuelva de manera efectiva, expedita y en el menor tiempo posible y que su duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances. En cuanto expedito, la idea es que el diálogo esté libre de estorbos durante su desenvolvimiento. No debería colocarse como estorbo, por ejemplo, eso de hacer pender amenazas sobre el proceso, pues su inicio y permanencia no se deben ver como si se tratara de una concesión ni como expresión de debilidad de alguna de las partes. Los seis puntos de la agenda, aún enumerados como aspectos, son un todo indisoluble cuyo desarrollo implica una interpretación crítica y completa del texto firmado por las partes, que se deberá completar con los aportes fundamentales que manen de la participación popular.


- 25-11-2012 (Santrich negociador de las FARC en La Habana), Debemos llamar a la terminación del conflicto, pero comenzando por resolver las causas que lo generan. Terminar las causas de la confrontación para que cese el conflicto. El llamado marco jurídico para la Paz y la Justicia Transicional, debe ser aplicado a quien ha implementado el terrorismo de Estado, quien ha despojado de las tierras al campesino, quien ha hecho esa horrenda acumulación latifundista por desposesión a los largo de tantas décadas, los que firmaron el pacto de Chicoral, los que ahora están entregando a pedazos el país con sus medidas neoliberales apátridas. En el caso de la insurgencia que es resistencia legítima popular armada, al hacerse cualquier pacto de establecimiento de la justicia debe ser de cara al país y su refrendación debe darse sobre un nuevo cuerpo normativo pactado por las partes.


- 6-12-2012 (FARC), “Las FARC exigen a quienes (..) nos conminan a hacer claridades y sentar posición sobre el importante asunto de las víctimas del conflicto, a que le rindan cuentas al país por su responsabilidad inocultable en la imposición de la tragedia bélica que ha sumergido a Colombia en una profunda crisis humanitaria sólo para complacer los intereses económicos de los más ricos”. Las FARC denuncian que las autoridades colombianas niegan tener prisioneros de guerra, así como presos políticos y de conciencia, pero “suman ya alrededor de 8.000 entre hombres y mujeres”, los cuales “sobreviven hacinados en las cárceles” en “terribles condiciones de existencia”.


- 16-1-2013 (Delegación de paz de las FARC-EP en Mesa de Diálogo de La Habana), Debiera el Gobierno detener la marcha precipitada de sus proyectos de ley en el Congreso relacionados con la paz, hasta que el pueblo fije su posición apoyado en este proceso que es de todos.


- 1-3-2013 (Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana), Presidente Santos: ¡Dialogue con el pueblo, escúchelo, deje la soberbia! Con artificios como el de San Vicente de Cagüán, no podrá Santos ocultar la progresiva entrega del territorio nacional, de nuestras riquezas minero-energéticas, a la voracidad de las trasnacionales. El vergonzoso Pacto de Chicoral (1972) fue firmado por las élites de los partidos tradicionales, los terratenientes y el Estado, jamás por Manuel Marulanda Vélez. Este Gobierno, en apariencia, les tiene miedo a los terratenientes y con ese presupuesto difunde que si se tocan esos intereses criminales se despertará el demonio del paramilitarismo, como si en algún momento lo hubiesen desmantelado. Su determinación es no afectar el latifundio improductivo, ocioso y evasor de impuestos. Por lo visto, ni siquiera se le dará un pellizco. Ahora los latifundistas están esperando a las trasnacionales para vender o arrendar. En lugar de castigo, recibirán un premio. Esa tierra fue amasada con sangre campesina, masacres paramilitares, fosas comunes, más de 5 millones de desplazados, falsos positivos y por lo tanto, ¿por qué no llamarlos delincuentes y aplicarles sin tantas vueltas la extinción de dominio reservada a los grupos delincuenciales? Un tercio del territorio del país está manos de los ganaderos… ¿Quiénes son entonces los latifundistas despojadores? ¿Quiénes son los responsables del índice GINI del 0.87 referido a la desigualdad en el campo? Que alguien del Gobierno le explique al país cómo fue posible que el INCODER le entregara 315 mil hectáreas de tierra a testaferros de los señores del despojo. ¿Por qué el INCODER intentó eliminar los resguardos indígenas coloniales?


- 13-3-2013 (Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana), Recibimos carta de los 50 procesos, territorios y organizaciones que construyen Zonas de Reserva Campesina en Colombia, ANZORC. Reiteramos que en nuestras iniciativas de cierre de frontera agrícola, zonificación ambiental y construcción catastral, entre otros, tal como antes se ha manifestado al público, insistiremos en defender la participación de las comunidades rurales en la toma de decisiones, siempre observando en darle prioridad a los intereses sociales, al desarrollo sostenible, a la protección ambiental y la producción alimentaria soberana, dentro de una concepción de amor y equilibrio con la naturaleza. Defenderemos las iniciativas populares que apuntan a exigir que los procesos de sustracción territorial de las Zonas de Reserva Forestal se destinen fundamentalmente a dar acceso gratuito a la tierra a quienes no la tienen o poseen muy poca, mirando en atender el fortalecimiento de la producción agrícola familiar y en recuperar la vocación forestal de origen de estos territorios, previendo la protección de estos escenarios de las pretensiones voraces de la gran explotación extractiva que puedan afectar la sostenibilidad ambiental. Siendo las Zonas de Reserva Campesina una iniciativa agraria de paz, merecen todo el respeto y apoyo institucional posible y el compromiso inmediato del Gobierno Nacional de formalizar el total de las 9.5 millones de hectáreas de tierra que hoy comprenden sus procesos organizativos a nivel nacional. El Gobierno nacional debe cesar la estigmatización y persecución pertinaz que viene haciendo desde el mismo Ministerio de Agricultura contra las Zonas de Reserva Campesina y sus dirigentes. Urge que el Gobierno nacional sustraiga las Zonas de Reserva Campesina de sus planes de guerra, suspendiendo la represión, las continuas violaciones a los derechos humanos y su pretensión de cobijar estos espacios de paz y desarrollo rural dentro de sus planes de consolidación. Las FARC-EP propenderán por que la sustracción de tierras de Zonas de Reserva Forestal mediante la Ley 2 de 1959, que comprende 7 zonas de reservas, que abarcan 51.376.621 hectáreas, redunden en beneficio de la creación y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y territorios de producción alimentaria como entes territoriales autónomos, con planes de desarrollo rural integral financiados, e insistirán en la suspensión sin demoras de las licencias ambientales y los megaproyectos de exploración de las empresas petroleras, minero-energéticas y los agro-negocios en dichos escenarios.


- 19-3-2013 (Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana), Con el propósito de avanzar en la democratización de las relaciones urbano-rurales y en atención a un principio de justicia social territorial se formulan las siguientes nueve propuestas: 1. Reparación de la deuda histórica, política, económica, social, ambiental y cultural con el campo y su población. Durante los siguientes 10 años recursos extraordinarios adicionales, equivalentes al menos al cinco por ciento del PIB anual. “Fondo extraordinario para la justicia social territorial”. 2. Fondo extraordinario para la justicia social territorial de 300 billones de pesos (base 1995) (u$s 164.836 millones), para contribuir principalmente a la superación de las profundas desigualdades sociales y la pobreza de la población rural y de las desigualdades entre el campo y la ciudad. Fuentes: impuesto a la gran propiedad latifundista, el establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes, el impuesto de “Justicia social territorial”, preveniente de una sobretasa al impuesto de rentas y utilidades de grandes contribuyentes, el aumento al impuesto a las regalías, la renegociación de la deuda pública externa e interna. 3. Desmilitarización de las zonas rurales, de la sociedad y del Estado. Abandono de la doctrina de la “seguridad nacional”. No estigmatización de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el reconocimiento y el respeto por sus territorios, y su exclusión de estrategias contrainsurgentes. 4. Protecciones especiales frente a la política macroeconómica y de comercio exterior neoliberal. Acciones de protección frente a la revaluación del peso, el endeudamiento, incluida la condonación de las deudas campesinas, y los impactos generados por los tratados de libre comercio. 5. Se promoverá un sistema de compras estatales de los productos de las economías rurales, especialmente de alimentos, basado en precios de sustentación y la eliminación de la intermediación. Se estimulará la agregación de valor de esas economías. Se propiciarán formas asociativas y de cooperación entre productores rurales y consumidores urbanos. 6. Desarrollo y ordenamiento territorial para el buen vivir de la población mediante programas fundamentados en criterios territoriales que posibiliten la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural y, en especial, que proteja en primera instancia el derecho a la tierra y el territorio de la población y genere las condiciones para el disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. 7. Fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo. 8. Reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural, hasta ahora sometida a la marginalidad y la exclusión. 9. Organización institucional para la democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo con participación política de las comunidades rurales. Una redistribución democrática del poder que reconozca y respete las comunidades actualmente excluidas o débilmente representadas.


- 22-3-2013 (Delegación de Paz de las FARC-EP), Nueve propuestas mínimas para la reafirmación de la soberanía frente al capital transnacional de la Comisión de Paz de las FARC-EP: Teniendo en cuenta los efectos negativos de los TLC y, en general, de las regulaciones de comercio, inversiones, servicios, propiedad intelectual y de solución de controversias, sobre el campo colombiano y con la finalidad de rescatar y reafirmar la soberanía nacional y de contribuir a garantizar la soberanía alimentaria y mejorar sustancialmente las condiciones de nutrición y alimentación de la población, de proteger y estimular la producción nacional y, en especial, de propiciar la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural, en general y, en especial de las economías campesinas, se formulan las siguientes nueve propuestas: 1. Denuncia o revisión de tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio suscritos por el Gobierno colombiano con gobiernos extranjeros serán denunciados, o en su defecto revisados, si a ello hubiere lugar. 2. Denuncia o revisión de acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones. Los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones firmados por el Gobierno colombiano con Gobiernos extranjeros serán denunciados, o en su defecto revisados, si a ello hubiere lugar. 3. Solución de controversias en la jurisdicción nacional. Las controversias derivadas de tratados o acuerdos de libre comercio o inversión serán resueltas en la jurisdicción nacional. Por tanto, el país será retirado del Centro Internacional del Arreglo de Diferencias relativas a Inversión, CIADI, del Banco Mundial. En general, se desestimará la solución de controversias a través de instancias de arbitramento privado internacional [LDP: El CIADI es la instancia, cuando fracasa la solución de controversias a nivel nacional; aunque se denuncie, la empresa privada buscará una instancia neutral]. 4. Prohibición de la extranjerización de la tierra. Se prohibirá la compra de tierras en grandes extensiones por parte de empresas transnacionales. Se podrán considerar excepciones, estableciendo límites a tales compras. En ningún caso se podrá afectar la soberanía alimentaria. Se desestimará toda compra destinada a proyectos de agrocombustibles, o que implique cambios en el uso de la tierra distintos a los agrícolas. 5. Regulaciones especiales contra el acaparamiento y la especulación financiera. Se establecerán regulaciones especiales para impedir el acaparamiento de tierras en manos de empresas transnacionales, o de grupos económicos, o de grandes empresarios nacionales, o de alianzas o asociaciones entre ellos. De manera especial, se implementarán medidas contra la especulación financiera de la tierra y el territorio. No se permitirá el derecho de superficie. 6. Protecciones especiales a la propiedad intelectual de las comunidades rurales. La propiedad intelectual de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes gozará de protecciones especiales. Los conocimientos y saberes sobre la producción agrícola, el relacionamiento con la naturaleza, la biodiversidad y sus usos, así como las semillas nativas, serán protegidos frente a las pretensiones de apropiación y privatización por parte de empresas transnacionales. 7. Prohibición del uso de transgénicos y sustitución de agroquímicos. Se prohibirá el uso de transgénicos y paquetes tecnológicos impuestos por transnacionales de los agronegocios, considerando sus efectos nocivos sobre la salud humana. Los agroquímicos serán sustituidos gradualmente hasta su prohibición con el fin de promover una producción agrícola ambientalmente sostenible. 8. Fomento a la integración regional. Se fomentarán procesos de integración en América Latina y el Caribe que contribuyan a la soberanía alimentaria de la Región, y estimulen la producción y el abastecimiento regional de alimentos. Se propiciarán relacionamientos y encadenamientos productivos entre las comunidades campesinas de la Región, en el entendido que la integración es sobre todo de los pueblos. 9. Incentivos y protecciones especiales frente a los efectos de los TLC. Mientras se surten los efectos de la denuncia, o revisión de los tratados de libre comercio, se pondrán en marcha medidas de incentivo, protección y subsidio a la producción interna de alimentos y, en especial, a la producción campesina, indígena y afrodescendiente.


- 19-6-2013 (Delegación de Paz de las FARC en La Habana), Diez Propuestas Mínimas para la Participación Política. Con el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de contribuir a la superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares, criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las condiciones de la participación política, así como de propiciar la más amplia participación social y popular y de territorios y regiones, hasta ahora excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas: 1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política. 2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser Gobierno. 3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final. 4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación. 5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios. 6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica. 7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos. 8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América. 9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular. 10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.


- 4-9-2013 (Delegación de Paz de las FARC en La Habana), Se rechaza “referendo” propuesto por el Presidente Santos como mecanismo de solucionar 50 años de guerra interna en Colombia. Con sus argumentos de que se trata de una solución del conflicto incluye la imposición de un esquema de sometimiento de la insurgencia, exonerando al Estado de sus inocultables responsabilidades que tiene como generador del conflicto y victimario. Las FARC no han sido tenidas en cuenta. Debe considerarse que el Gobierno ha empeñado su palabra en el compromiso de que lo atinente a la refrendación de los acuerdos se definirá bilateralmente. Se conversó telefónicamente con el Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo y se le invitó para que una delegación parlamentaria se reuniera con la Delegación de Paz de las FARC a fin de escuchar nuestros planteamientos sobre el asunto de la refrendación. Nos preguntamos si con el referendo se establecerá la responsabilidad del Estado más allá de la estigmatización que se viene haciendo de las FARC como victimarias de la confrontación; si desaparecerá la facultad para el Gobierno y los fiscales de señalar quién debe responder penalmente y quiénes pueden ser habilitados para hacer política; si desaparecerá la absurda pretensión de que el Gobierno se constituya en juez y parte al mismo tiempo; y las reiteradas amenazas con la juridicidad internacional y la extradición, desaparecen con el referendo.


- 22-1-2014 (Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana), “Solución al problema de las drogas ilícitas” y la necesidad de concertar una política soberana. Conjunto de propuestas mínimas que poco a poco vamos derivando en iniciativas concretas, todas publicadas, una de las cuales lleva por título Programa Nacional de Sustitución de los Usos Ilícitos de los Cultivos. Lo primero que habría que hacer para hablar de solución del problema de las “drogas ilícitas”, es la definición de una política adecuada que supere los cuestionamientos de la que está vigente y depende de manera sumisa de las directrices erráticas de Washington. Si queremos cambiar los balances negativos cargados de muerte y violencia que se desprenden de las políticas cuestionadas a nivel mundial, desde la titulación de lo que construyamos conjuntamente, deberemos indicar que la solución del problema debe ser soberana, integral, concertada y pacífica; lo cual implica que se rechaza el intervencionismo que atenta contra la libre determinación de los pueblos y se rechaza la militarización y el acento punitivo y represivo que hasta el momento se le ha dado a las iniciativas gubernamentales. Este enfoque, entrañaría una concepción en la que los planes y programas no puedan convertirse en mampara de una política contrainsurgente, que distorsione el propósito eminentemente social que debe inspirarla. El mal no son las plantas de las que se extraen las sustancias, o son los productos mismos, o el elemento droga de por si solos, sino las políticas que se desarrollan para manejar este fenómeno que comporta efectos de impacto mundial. Impera una visión norteamericana determinante. Si estas políticas imperantes y determinantes, que son diseñadas e impuestas por Estados Unidos, no son exitosas, tal como está demostrado por la comunidad científica y académica, porque no resuelven ni el grave problema del consumo y sus secuelas, ni la criminalidad que se deriva del narcotráfico, del cual se lucra sobre todo el sector financiero, el cuestionamiento y responsabilidad principales en la permanencia del fenómeno, radica no en Colombia sino en Estados Unidos. La Política Antidrogas del Estado colombiano yerra en la medida en que su perfil prohibicionista, punitivo y militarista, que deriva de la Política Antidrogas estadounidense, marcha sobre una línea que centra sus preocupaciones en el desenvolvimiento de la guerra contrainsurgente, más que en resolver el asunto como problema social. “Puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya”, no insistir en ellas, como parece ser que es la tendencia de cada Gobierno de turno en nuestro país, como si no se comprendiera que las evidencias que se muestran por todas partes en cuanto a que las actuales políticas y estrategias no están siendo exitosas en ningún plano, comenzando por la subyacente lucha contrainsurgente, en la medida en que mientras no se resuelvan las causas también de orden social y político que iniciaron y mantienen la confrontación, ésta no cesará, y por el contrario aumentará el desangre patrio propio de la guerra, y en el plano del problema que tratamos continuarán los encarcelamientos innecesarios, el aumento de la dependencia a las drogas, el detrimento de la asistencia social y de los servicios de salud, o el maltrato de la soberanía nacional. Desde la iniciativa de abril de 2008 de los ex-Presidentes latinoamericanos Zedillo (México), Cardozo (Brasil) y Gaviria (Colombia), se habla sobre la urgencia de un replanteamiento de esa política. El Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas 2011, cuya representatividad contaba además de estos ex-Presidentes, con personalidades como Kofi Annan (ex-Secretario General de la ONU), Louise Arbour (ex-Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), George Shultz (ex-Secretario de Estado de EUA), Carlos Fuentes (escritor e intelectual) y George Papandreou (Primer Ministro de Grecia), entre otros, concluye en un llamado de atención a la humanidad: la denominada “guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después de la Convención Unica de Estupefacientes, y cuarenta años después que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del Gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales”. Indicadores del fracaso de la “guerra contra las drogas”: A pesar de las medidas represivas, la producción sigue en aumento, al igual que el consumo. Otra evidencia del fracaso es la capacidad de regeneración inmediata de las fuentes de producción y traficantes. Considerar a los consumidores como criminales impide que se generen políticas públicas claras en pro de la salud de los ciudadanos. Los esfuerzos han estado tan encaminados a la represión y la persecución que no se han invertido en iniciativas de prevención y educación, que serían sin duda más efectivas en la reducción de la demanda. Principios y recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas, conceptuando que son contundentes y pueden iluminar las alternativas: a) Terminar con la criminalización, marginalización y estigmatización de las personas que usan drogas pero no hacen ningún daño a otros; desafiando los conceptos erróneos acerca de los mercados de las drogas, el uso y la dependencia de drogas. b) Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos; esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también debemos intentar otros ensayos de descriminalización y regulación legal. c) Ofrecer servicios de salud y tratamiento a quienes lo necesiten, asegurando una variedad de tratamientos acordes con la especificidad del caso. d) Respetar los derechos humanos de las personas que usan drogas y abolir prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento y que violan los derechos fundamentales. e) Ofrecer la atención a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos y pequeños vendedores; muchos de ellos han sido víctimas de la violencia o la intimidación, o son dependientes de drogas. f) Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo para socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación. g) Invertir en actividades que puedan prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas y a la vez prevenir que los que las usan desarrollen problemas más serios, evitando mensajes simplistas al estilo “sólo di que no” o “tolerancia cero”. En lugar de ello, priorizar esfuerzos educativos asentados en información creíble y programas preventivos. h) Iniciar pronto con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas, reemplazando las políticas y estrategias orientadas por la ideología y la conveniencia política hacia políticas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud y los derechos humanos. Asegurar que las convenciones internacionales sean revisadas para adaptarlas a unas políticas que prioricen la reducción de daños, la descriminalización y las políticas de regulación legal. En Colombia, para el caso de los campesinos y familias de comunidades rurales en general que están involucrados en tal cadena, son solamente parte de uno de los eslabones más débiles, que al mismo tiempo y al lado de los consumidores son víctimas del fenómeno. Por ello es incorrecto e inconveniente que sobre sus hombros recaiga el peso de la represión. Urgen modelos intermedios y de regularización como alternativa de solución. El Gobierno sugiere en sus desarrollos discursivos frente a la prensa, una “sustitución” de cultivos de uso ilícito, aparentemente ligada a lo que podría ser el desenvolvimiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el formato que se ha publicado dentro de los informes conjuntos referidos a los Acuerdos Parciales de la Habana. Pero el quid del asunto, está en que en la práctica los planes antidrogas son principalmente de erradicación forzada y aspersiones; es decir, que se sigue bajo un planteamiento que se ubica dentro de los parámetros de las políticas antidrogas diseñadas por Estados Unidos, cuyos fundamentos causan las dinámicas prohibicionistas, punitivas y militaristas equivocadas que hoy se cuestionan desde los sectores más experimentados que abogan por la solución del asunto en condiciones de soberanía y justicia social. Entre lo fundamental debe estar el propósito de resolver los problemas sociales que empujan a la gente pobre a vincularse a este tipo de economía ilegal. La UNODC, apoya al Gobierno de Colombia en la gestión de la política pública encaminada a la reducción y eliminación de los cultivos ilícitos retomando los fundamentos de las convenciones internacionales suscritas y de los planes nacionales relevantes para enfrentar el problema de las drogas ilícitas, lo cual podemos decir que está dentro de lo admisible en el camino de la superación del prohibicionismo. Con tal propósito suscribió un convenio con la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT-, adscrita al Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, y es aquí donde se le abre camino a una política que poco o ningún interés cierto tiene en coadyuvar a resolver los problemas sociales de las comunidades rurales vinculadas a la economía de los cultivos de uso ilícito. El convenio con UNODC, tiene la misión de dar apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia, para la “consolidación territorial”, pero con el inconveniente de que el Gobierno colombiano bajo esta última categoría, la de “consolidación territorial”, lo ha ligado plenamente a sus políticas contrainsurgentes. Intencionalmente se mezcla a la insurgencia con bandas criminales y se le sugiere como sujeto de un negocio del que se oculta a sus fundamentales protagonistas que se encuentran en el sector financiero de la economía, lucrándose al máximo a costa de sectores humildes que sobreviven en la miseria agobiados por la persecución y la represión. Lo primero que se requiere para avanzar en un acuerdo sobre Solución al problema de las drogas ilícitas, en la Mesa de la Habana, en consonancia con un rotundo cambio de las políticas ordenadas por Washington, es desvincular los planes que se deriven de las conversaciones de paz, de los propósitos de guerra imperiales y locales de la llamada consolidación territorial que a sangre y fuego impulsa el Estado colombiano bajo las órdenes e intervencionismo de Estados Unidos. Se deberá tener en cuenta que ninguna solución estructural puede limitarse a la sola “sustitución de cultivos”, mucho menos a la erradicación forzada. El marco debe estar definido por concepciones profundas de desarrollo rural alternativo, lo que nos remite a retomar discusiones pendientes sobre la eliminación del latifundio, la definición de un fondo de tierras, los límites a la extranjerización, la formalización, los créditos, la seguridad social para los campesinos y pobladores rurales en general, que les brinde una vida digna, como una de las necesarias bases que hagan posible la paz con justicia social. La Consolidación Territorial tiene alcances que se apoyan en fuentes conceptuales y programáticas que están definidas en el libro Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial, de septiembre de 2011, publicado por la Fundación ideas para la paz, cuya esencia devela un carácter militarista, de guerra, de las mismas, al que habría que buscarles alternativas inmediatas si verdaderamente queremos andar un camino expedito para concretar un acuerdo final que sirva de base para edificar la paz estable y duradera. Miraremos los componentes que se identifican como fuentes, para entender mejor el trasfondo contrainsurgente global e inconveniente que habría que superar, para adelantar una nueva política antinarcóticos que permita lograr resultados benéficos para la paz de la nación. Esos componentes son: el componente contrainsurgente propiamente dicho, el componente antinarcóticos y el componente de desarrollo regional y social, todos indisolublemente relacionados. El componente Contrainsurgente (COIN) fue desarrollado durante el siglo XX por los teóricos militares de los principales ejércitos occidentales (británico, estadounidense y francés). Su objetivo es “regular el comportamiento político-militar de un poder estatal que enfrenta un conflicto asimétrico dentro de su territorio, en sus dominios coloniales o en terceros países susceptibles de caer bajo la órbita de influencia de una potencia enemiga (guerra fría)”. La denominada “Política de Seguridad Democrática”, fue puesta en marcha en el año 2002 por Alvaro Uribe Vélez, siendo Presidente de la República, bajo fundamentos contrainsurgentes inspirados en este tipo de componentes. En la Colombia actual los principios estratégicos de desarrollo siguen supeditados a lineamientos contrainsurgentes concebidos por potencias coloniales. Tienen un peso específico las políticas estadounidenses, pero juegan un papel muy importante las concepciones sobre todo británicas. Lo importante en estas concepciones, es asegurar el “imperio de la Ley”, la llamada “cultura de la legalidad”, que aunque se defina “inocentemente” como un conjunto de valores, percepciones y actitudes que la persona debe tener hacia las leyes y las instituciones que rigen, cuando esas instituciones han tenido un historial antidemocrático cruzado por la exclusión, la corrupción y la aplicación del terror, no producen ninguna confianza; de tal manera que para el caso de Colombia, “la cultura de la legalidad” se traduce en otra forma de sumisión y conformismo, que debe conducir a aceptar las leyes, no cuestionar sus sesgo de clase, su carácter de factor de control impuesto por el bloque de poder dominante, que sostiene un orden social injusto respecto al cual la mayoría de la población no cuenta con oportunidades o condiciones básicas de existencia. Antes que hablar de una cultura de la legalidad como instrumento de los procedimientos tácticos de contrainsurgencia, que apuntan no al interés de resolver los problemas sociales de las masas campesinas, sino a su cooptación utilitarista en el plano de la guerra, en el sentido de evitar un supuesto incremento de capital humano para las fuerzas insurgentes, la perspectiva debería trazarse en el rumbo de concertar normativas de convivencia cuya legitimidad surja de la concertación, del hecho de que sean acordadas o consensuadas, participativamente entre los integrantes de las comunidades que se desean vincular al proceso de construcción de la paz. Operaría dentro de esta concepción, una visión en la cual las comunidades participan activamente en la construcción del nuevo orden en libertad y no mediante la acción de la represión, la estigmatización o la criminalización. Un Plan de sustitución, no debe darse como imposición, su legitimidad dependerá de la concertación y la participación que se les dé a las comunidades. De ahí que no es descabellado decir que tiene más legitimidad hoy la cultura de la ilegalidad que cuestiona el Gobierno, que la cultura de la legalidad que exige el respeto a normas que han excluido y atropellado al campesino durante décadas. “La estrategia antinarcóticos, dice la Fundación Ideas para la Paz, analizando la estrategia gubernamental, deberá diseñarse de manera que no disminuya el capital político del Estado; lo que equivale al incremento del capital para las fuerzas insurgentes. Para esto es necesario promover la seguridad, combatir a los grupos armados, construir instituciones estatales, promover condiciones para el desarrollo económico y afincar una cultura de la legalidad”. Esta formulación establecería lo que consideran una “relación de suma cero”, que implica que “todo incremento en el capital político del Estado lo pierde la insurgencia y viceversa”. En la visión del Estado, esto forma parte de la estrategia de guerra para mantener el dominio del poder, de sus prebendas, de sus privilegios, quitando el obstáculo insurgencia; y por ello se habla de lograr la cooperación entre civiles y militares para ganar la confrontación: “la paz es la victoria” diría algún alto representante de esta política, formulando una doctrina que guíe en el campo de batalla; en esencia la doctrina COIN (Contra Insurgentes) derivada de las concepciones elaboradas por las potencias coloniales a las que se subordinan, apoyándose en la acción militar desbocada, pero maquillándola con la “guerra contra las drogas”, que de manera nodal juega con los mismos objetivos procedimentales contrainsurgentes (ganar las mentes y los corazones de la población), precisando que las estrategias centradas en la población, no son necesariamente amigables con esta. La guerra contra las drogas en Colombia, a lo que menos le apunta es a lograr la erradicación, o la sustitución de los cultivos de uso ilícito; en esencia es guerra contrainsurgente lo que se desenvuelve como otro procedimiento para “quitarle el agua al pez”, derrotar a las guerrillas y así lograr el dominio territorial que permita a las trasnacionales el saqueo de los recursos naturales. La investigadora del Brookin Institution, Vanda Felbab-Brown: “el dilema de un Gobierno frente a la erradicación de cultivos ilícitos en áreas de violencia política o insurgente se expresa en las siguientes alternativas de acción: a) Se erradica frontalmente con el ánimo de buscar la bancarrota financiera y por ende militar de los grupos subversivos o criminales, y con ello se enfrenta el desapego de la población campesina cultivadora; o, b) Se construyen vínculos entre las fuerzas contrainsurgentes del Estado y la comunidad y se fortalecen e incrementan los flujos de información e inteligencia provenientes de la comunidad para atacar a los grupos insurgentes; en esta forma se debilita el capital político de los insurgentes, pero es posible que se deba renunciar a una erradicación previa y absoluta de los cultivos ilícitos”. La Fundación Ideas para la Paz señala que “los teóricos de dicha doctrina (la COIN), conciben la insurgencia como un problema eminentemente político”, y agrega que “de sobra conocidos son los esfuerzos que hizo el Gobierno de Alvaro Uribe por quitarle a la guerrilla el carácter de actor político, soslayando la manifiesta contradicción de que la estrategia fundamental de su Gobierno para enfrentarla se fundamentaba en el presupuesto de la naturaleza política de la subversión”. Está claro que el Estado, más allá de la propaganda sucia contrainsurgente en la que incluye sus descalificaciones que etiquetan a la insurgencia como narco-guerrilla, sabe de su naturaleza eminentemente política, y de este presupuesto y del juicio de que la autoridad política es la que determina el objetivo estratégico de la política, y por ende los objetivos militares se subordinan a esta. Es de aquí de donde deriva la máxima de que ganando las mentes y los corazones de los ciudadanos, logrará la derrota militar del enemigo insurgente. Se trata entonces de quitarle el agua (pueblo) al pez (insurgencia), ya sea atemorizando, aniquilando o desplazando; o ya sea “ganando mentes y corazones” de las comunidades, que por las mismas razones de índole social que las mantienen en la miseria y el abandono, han estado bajo el influjo de las guerrillas. Los recursos que se deben destinar a la planificación y ejecución de una efectiva política antidrogas se destinan a la acción contrainsurgente militarista, incrementando la violencia y el desangre patrio, de tal manera que para el caso colombiano, más que el narcotráfico, son las políticas equivocadas que generan miseria y mantienen el descontento social y el alzamiento armado, y las políticas fracasadas de la guerra contra el narcotráfico las que producen el recrudecimiento de la violencia. La esencia del experimento contrainsurgente, consiste en llevar la presencia del Estado a las zonas supuestamente liberadas militarmente, -¡como si la guerrilla defendiera posiciones geográficas!-, para que las comunidades que las habitan comiencen a confiar en el Estado y a restarle cualquier apoyo popular que tuviera la guerrilla. Está claro que desde las políticas que se trazaron en el contexto del Plan Colombia hacia 1999, con los supuestos propósitos de luchar contra el narcotráfico, los recursos se dedicaron a la lucha contrainsurgente, con la equivocada idea, además, de que con ello se daría un golpe a las finanzas de la guerrilla al impedirle el acceso a lo que consideraban ganancias generadas por el control de los mercados de pasta básica de cocaína (PBC). Esta falacia no debe continuar pendiendo sobre los planes que se tracen para resolver el problema de los cultivos de uso ilícito ni el del narcotráfico en general. Esta estrategia que se mantiene en las políticas de consolidación combinando las viejas y cuestionadas fórmulas de la fumigación aérea y la erradicación manual forzosa, y que tanto daño ha causado a los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas, incluyendo los “programas de desarrollo alternativo” de agencias de cooperación extranjeras como la USAID, deben cesar. Es evidente que si se desea trazar una verdadera política antidroga ilícita, esta vía a lo que conduce es al incremento del desplazamiento forzoso, a mayor crisis humanitaria y a la reproducción de condiciones favorables a la expansión de los modelos productivos basados en la concentración de la tierra. El esquema del Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que lleva la línea secuencial de fumigación de cultivos, erradicación manual forzosa mediante los grupos móviles de erradicación, combinación de fumigación con priorización de la erradicación manual y luego el incremento supuesto de las inversiones en desarrollo alternativo a partir de la entrada del Plan de Consolidación como inversiones sociales en el área, puede estar generando la impresión de otorgar control territorial al Estado, pero la realidad es que lo que ha generado es subordinación vergonzosa al Comando Sur de Estados Unidos, cero avance en la solución del problema del narcotráfico y una acumulación de abusos contra la población civil, violaciones imperdonables a los derechos humanos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, judicializaciones masivas e individuales de los pobladores, allanamientos indebidos, bloqueo de alimentos y combustibles, bombardeos indiscriminados cercanos a los caseríos, acampamientos de fuerzas militares dentro de las fincas, escuelas y caseríos, daño en bienes de los campesinos, efectos devastadores en materia ambiental anexos a las fumigaciones, e inenarrables secuelas de desarticulación social que en nada caracterizan lo que debe ser el fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho. La Doctrina Contrainsurgente que fundamenta el Plan Nacional de Consolidación territorial reconoce el carácter político de la insurgencia pero sigue promoviendo, sin que se vislumbre la posibilidad de una tregua, que las estructuras armadas sean enfrentadas militarmente, involucrando plenamente a la población en sus acciones, más allá incluso del tratamiento orientado a “ganar las mentes y los corazones”. El componente de la política de consolidación se sustenta en la idea de que existe un vínculo fuerte entre seguridad y desarrollo. El Plan Nacional de Consolidación Territorial le proporciona total prioridad a la creación de las condiciones de seguridad, justificando de esta manera los grandes despliegues militares, para crear un ambiente propicio para la inversión extranjera y nacional al servicio del capital financiero, en zonas donde las comunidades claman por condiciones de vida digna. Propósitos de la Política de Consolidación: “Promover la seguridad como generadora de crecimiento económico y rentabilidad social. Las operaciones de la Fuerza Pública deben seguir contribuyendo a generar un clima de confianza y estabilidad que atraiga la inversión privada, produzca crecimiento económico y desarrollo social a través de la reducción del desempleo y la pobreza. Una mayor seguridad debe generar las condiciones para el adecuado desempeño de la acción social del Estado en beneficio de los más necesitados” (Ministerio de Defensa Nacional, La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática 2007). El distanciamiento del Plan Nacional de Consolidación Territorial del desarrollo social es tal, que los indicadores más utilizados para medir el éxito o fracaso de los procesos de consolidación en nada tienen que ver con disminución de la pobreza, el hambre o la desnutrición, ni mucho menos con la disminución del índice de Gini; estos indicadores del Plan Nacional de Consolidación Territorial son los relativos a la seguridad y a la erradicación de cultivos ilícitos.

Otras Fuerzas en Colombia (ELN)

- 8-10-2012 (ELN), Mirar la realidad con un prisma superior al propio y que una guerra es la manifestación de contradictorias maneras de ver, ser y percibir el país, es una de las claves para un proceso de paz exitoso en Colombia. Caminar hacia el fin del conflicto, de manera integral, no es asunto de meses como lo ha pregonado, en reiteradas oportunidades el Presidente Santos. Hacerlo así es, a lo sumo, tocar las superficialidades de los problemas, quedarse en lo que ha sido visibilizado de manera artificial por los medios de comunicación oficiales aduciendo que los males de Colombia, son resultado de la existencia de las guerrillas. Tienen que ser capaces de ver a Colombia no con sus anteojos sino con las miradas de todos, para poder forjar unas salidas sólidas. Aún más, tener la claridad de que esas distintas miradas que expresan el arco iris de la realidad de país tienen que ser sujetos activos y no pasivos. Muchas de las políticas públicas para la paz, ya se han convertido en legislación y cuentan con el marco jurídico para la paz aprobado por el Congreso en sesiones pasadas. Se alude a la ley marco de víctimas y restitución de tierras y la ley de ordenamiento territorial. Esta última desconoce que somos un país de pueblos y regiones y todo lo ordena alrededor de una institución vetusta como son los departamentos. Están pensando los gobernantes del país que solo faltan retoques, entre ellas una nueva ley de justicia un poco distinta a aquella que la indignación nacional tumbó, ver de qué manera manejar la cuestión educativa porque el propósito de privatizarla fue estropeado por la lucha estudiantil, hacer unas cuantas concesiones de orden económico y personal a la insurgencia para que sea firmada la paz y se desmovilice. Pareciera que la mirada que tienen hacia la paz es la de una simple negociación (cuanto ganas tu cuanto gano yo) en el altar del mercado neoliberal. Pareciera que el discurso cortoplacista y amenazante del Presidente, apunta a que si no se consigue la paz que él concibe en pocos meses, se suspenderían los diálogos responsabilizando la insurgencia de un posible fracaso de las conversaciones de paz, y con ello, legitimaría una escalada guerrerista, manipulando los sueños y anhelos de paz de una sociedad en la cual estas generaciones no conocen un día de tranquilidad y justicia social. Esto es posible porque la clase gobernante, cuando se ha sentado a dialogar con la guerrilla, siempre ha buscado justificar la guerra genocida responsabilizando la insurgencia de los fracasos de la paz. Alcanzar un país en paz requiere remover muchos obstáculos que la impiden, uno de ellos es la existencia de un sistema económico y social que genera altísimos niveles de desigualdad. “Siempre hemos estado entre los peores en este campo en América Latina, pero la mayoría de nuestros vecinos ha mejorado”. Como debe ser una economía para posibilitar y sostener la paz, una política económica que signifique coronar la aspiración de todos los colombianos para una vida plena y digna donde los derechos fundamentales sean universales porque son satisfechos por todos y todas, en las necesidades sociales y espirituales, a las que tenemos derechos por el hecho de ser seres humanos. Lo otro sería la política económica del país aceptando, como válida la acumulación de ganancia, como el valor referente de la economía, despreciándose otros valores como la vida y su reproducción en condiciones de soberanía y dignidad. O será un tratado de paz que solo admitirá la propiedad privada como única o también se permitirán, se estimularán y se posibilitarán otras formas de propiedad y relaciones sociales más efectivas como la propiedad comunitaria o colectiva, se reconstruirá la destruida economía estatal con participación social que tenga como cometido, estar al servicio de erradicar la pobreza y las grandes desigualdades sociales. O la paz sería más de lo mismo de este neoliberalismo voraz que permite que los agentes privados succionen todos los beneficios del crecimiento económico y de la salvaje explotación de nuestros recursos naturales que poco deja a las mayorías empobrecidas y el país vaciado de la biodiversidad para las generaciones del futuro. Todos estos son temas que no se pueden despachar de un día para otro y mucho menos pensar que todo seguirá lo mismo.


- 26-11-2012, Sin la acción y participación protagónica de la sociedad y de manera particular de quienes son excluidos del poder oligárquico, no es posible un proceso exitoso para la paz de Colombia. ¿Quién puede ignorar que el conflicto armado en Colombia lo parió el conflicto social? Alcanzar la paz en Colombia no se logra solo con firmar un acuerdo; este es importante porque manifiesta una decisión, una expresión de voluntad y compromiso de quienes estamos interesados en dicho esfuerzo. Un acuerdo es similar a colocar la base sobre la que se construirá este complejo proceso que solo podrá edificarse con el decidido concurso de las mayorías y donde en ello nos comprometamos de manera responsable y pública, las partes contendientes durante casi medio siglo de guerra. Hay que trabajar y crear mecanismos donde todos podamos actuar de manera protagónica. El ELN ha planteado la Convención Nacional como escenario de encuentro de la toda la sociedad, otros han planteado una Constituyente de paz, Diálogos nacionales y regionales, otros diálogos pastorales. Cuando el Presidente Santos afirma que deben corregirse los errores de diálogos anteriores entre la insurgencia y el Gobierno, uno de esos errores fue la carencia de la expresión popular y social, es ahora la oportunidad de corregirlo.

Otros Actores en Colombia

- 2-12-2012, (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC), El proyecto de ley de tierras y desarrollo rural con enfoque territorial que presentara el Gobierno de Santos ante el congreso, no resuelve nuestra problemática, pues su verdadera intención es poder formalizar la propiedad de la tierra dándole entrada a capitales extranjeros y estimulando la producción agroindustrial y los proyectos minero energéticos. “La tierra es para el que la trabaja”, es una consigna de la ANUC, desde los años 70. Los diálogos de paz entre la insurgencia y el Gobierno, en la Habana Cuba, plantea una agenda que no cuestiona el modelo económico basado en la propiedad de la tierra y de la riqueza por parte del gran capital y la cuestión agraria queda limitada a la titulación de baldíos en las zonas de colonato. La intencionalidad del Gobierno con esta negociación es la de adaptar el campo a las necesidades de inversión del capital financiero, excluyendo a los campesinos sin tierra y a los pequeños propietarios de la región Caribe.


- 29-11-2012 (Director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia - Francisco Galán, ex-dirigente del ELN y Coordinador del Centro de Pensamiento para la Paz y el Posconflicto), Los protagonistas de la tercera fase de las negociaciones de paz serán los alcaldes, ya que a través de los espacios de concertación se recibirán los acuerdos de la Habana. Es por esta razón que se llamó a los mandatarios locales a que empiecen a preparar esta tercera fase y a respaldar los aspectos positivos que surjan de las partes negociadoras. Como supuestamente los guerrilleros en su mayoría son campesinos, debe haber un proyecto que los vincule a la actividad productiva y se debe definir cómo se van a incorporar al proceso de restitución de tierras.


- 10-3-2013 (Tejido de Comunicación - ACIN), Paro cafetero dejó en evidencia que problema de fondo es el modelo económico establecido con los Tratados de Libre Comercio que permite la entrada de productos más baratos gracias a subsidios y ventajas que se garantizan a las transnacionales. Quedó claro que no hay ni presente ni futuro ni paz posible bajo este modelo. Con la implementación del TLC al Gobierno le prohíben subsidiar a los agricultores. Prohibición que seguramente hacen para evitar que los productos nacionales sean competitivos frente a todos los que entran más baratos gracias a subsidios de gobiernos y transnacionales. Se exige la salida de las “locomotoras mineras”, porque la extracción del oro nos da plata por un tiempo, pero nos deja sin agua. Queremos que salgan las mineras no sólo de la zonas cafeteras, sino de todos los territorios donde la vida está en riesgo. La respuesta del Gobierno, es la represión. Sabemos, que el problema no es Santos ni Uribe ni el títere de turno que nos gobierne, es el régimen para el que estos sirven. Es el modelo del “libre comercio” que ellos como todos los mandatarios de este planeta deben implementar para las corporaciones transnacionales.


- 13-3-2013 (Presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie), Las Zonas de Reserva Campesina son “un retroceso”: “No quiero volver a lo de Marquetalia”. Estas zonas sólo son válidas si se convierten en un instrumento para apoyar a un campesino, para darle asistencia técnica y para encadenarlo productivamente, “pero si pretenden ser enclaves políticos excluyentes de campesinos catequizados por la subversión, me niego, porque eso genera conflictos en las diferentes zonas de producción”.


- 13-3-2013 (ex-Presidente Samper), Las Zonas de Reserva Campesina son un instrumento necesario en la estrategia de relocalización de los campesinos que retornen con la Ley de Víctimas y Restitución a sus regiones. “Si comenzamos a restituir tierras a nivel individual y a tratar de que los campesinos sobrevivan solos, sencillamente vamos a exponer sus vidas a que los vuelvan a expulsar y violentar. Por eso las Zonas de Reserva Campesina son un instrumento indispensable en la política de avanzar en el reparto de las tierras”. El Presidente de FEDEGAN, Lafaurie no está de acuerdo con mi propuesta de gravar la tierra de acuerdo a su uso y no a su valor comercial. “Esa es la típica posición de los ganaderos, acostumbrados a tener grandes extensiones improductivas de tierra sin pagar impuestos”.


- 15-3-2013 (César Jerez, uno de los representantes de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC), No somos “republiquetas”. Las zonas de reserva campesina son el acumulado de una lucha del campesinado por la tierra de muchas décadas y lo que buscamos es el reconocimiento político, social, económico y territorial. La figura está en la Ley 160, que creó su régimen normativo y constitucional. La autonomía de las Zonas de Reserva Campesina ya existe, es de hecho. En la mayoría de zonas no hay presencia del Estado más allá de la presencia militar. La gente ha tenido que solucionarse la salud o la educación. Lo que se está buscando es que haya un reconocimiento normativo e institucional que impida que mafiosos, agronegociantes de palma o multinacionales vendan o exploten esos territorios. El Presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dice que las zonas de reserva son un retroceso, que es volver a Marquetalia. No tiene moral para hablar de retrocesos. ¿Qué más regresivo que la ganadería extensiva en Colombia? Tienen cerca de 30 millones de hectáreas a las que le hacen un mal uso y ejercen un latifundio improductivo. Es precisamente esa aberrante concentración de la tierra la que genera los problemas.


- 18-3-2013 (Arcángel Cadena, de la Zona de Reserva de El Retorno-Calamar y San José del Guaviare - César Jerez, uno de los líderes de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC), La autonomía de las Zonas de Reserva Campesina, les viene “de la ausencia de Estado”. Las Zonas de Reserva Campesina fueron reconocidas por la Ley 160 de 1994 y han nacido con desplazados que se tomaron montañas, tumbaron selva, parcelaron y se instalaron. Es aspiración del Presidente Santos que impere la ley en todo el territorio nacional, pero si se recorre el país, se da cuenta de que hay muchas zonas sin soberanía del Estado. Algunas Zonas de Reserva Campesina tienen Estado, pero no hay política de desarrollo rural y los campesinos tienen que organizarse a su manera. No estamos en contra de la minería, pero tiene que hacerse de manera ordenada y en beneficio de las regiones. Debe haber áreas para la minería, para producir energía eléctrica, para la economía campesina y para la agroindustria.


- 26-4-2013 (ex-Presidente Uribe por el Partido Puro Centro Democrático), Utilizar el modelo agropecuario de su mandato, a través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) como ejemplo a seguir. “El aumento sostenible de productividad debe estar basado en permanentes avances científicos y de incorporación de tecnologías, tal como lo dispuso Agro Ingreso Seguro, ahora con dineros de regalías debe estar disponibles a tiempo, no en vísperas electorales tal cual ocurre en este Gobierno”. Se desconoce las Zonas de Reserva Campesina que están siendo debatidas en La Habana, al advertir que “se discute con el terrorismo” cuando han sido “utilizadas como refugios de delincuentes, con la premisa de someter lo acordado a posterior decisión de la comunidad, que muy probablemente estará interferida por la ilusión mediática de la paz”. Se propone el cooperativismo que “sigue siendo la forma de integración más importante no solamente para los pequeños sino para todos los productores”. Implementación de mecanismos control de calidad en la producción para cumplir con estándares internacionales, el uso de nuevas tecnologías, la afiliación obligatoria del campesinado a seguridad social, apoyo económico al pequeño productor y al grande como soporte de la economía agropecuaria, cubrimiento académico básico y apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en las regiones, incentivos tributarios al productor y altos impuestos para predios ociosos.


- 29-4-2013 (Marcha Patriótica), La ausencia de democracia real y de participación política ha sido la constante. La democracia es inconcebible sin la participación directa del pueblo en los procesos políticos. La participación política supera de lejos el estrecho marco de los comicios electorales, atraviesa el conjunto de la vida social del país y pasa por el poder decisorio del constituyente primario. 9 propuestas básicas para la Participación Política y las garantías democráticas del pueblo colombiano. 1. Desmonte efectivo del paramilitarismo con verificación internacional y de los movimientos sociales colombianos. Eliminación de las auténticas “republiquetas” gansteriles y clientelares construidas por el terror paramilitar. 2. Transformación del régimen político y reforma a las instituciones actuales. La elegibilidad y veeduría popular sobre instituciones cardinales como la Junta Directiva del Banco de la República rompiendo con la autonomía tecnocrática neoliberal instituida por la Constitución de 1991. La transformación orgánica del Estado colombiano, refundado en función de los principios de participación popular y democracia efectiva. 3. Nuevo sistema electoral participativo y con garantías, que logre atacar el clientelismo y los lastres que mellan el ejercicio democrático del voto. El replanteamiento del ordenamiento territorial base del actual sistema electoral es otro aspecto sustancial. El reconocimiento de las zonas de reserva campesina, autonomías indígenas y afro-descendientes, -no como circunscripción especial sino como entidades electorales y de Gobierno propias-, en el marco de la construcción de una representación política que exprese la diversidad y el pluralismo característico de la nación colombiana, es una necesidad de primer orden en una auténtica reforma política que transforme el ventajoso y centralista esquema de elección parlamentaria y de administración pública. 4. Un Estatuto de oposición para la inclusión y el buen Gobierno. Debe consagrar garantías para el conjunto de expresiones políticas y sociales divergentes y no solamente para aquellas que participan en el parlamento, reconociendo como oposición las fuerzas que registren contradicción ideológica y programática con el Gobierno, evitando que este legítimo derecho sea usurpado por las tensiones burocráticas o coyunturales de una coalición. Se deben consagrar espacios mínimos a los movimientos de oposición que garanticen su participación en todas las ternas, la adjudicación de cargos dentro de los organismos de control, asumiendo directamente el control fiscal de la república, y cuotas mínimas en altas cortes, Junta Directiva del Banco de la República y el CNE. 5. Desarrollo de las libertades civiles y las garantías democráticas. Desmontar las leyes liberticidas de Inteligencia y Seguridad Ciudadana, que constriñen las libertades democráticas de expresión, organización y movilización; otorgar efectivamente las garantías sindicales consagradas por las normatividades de la OIT; así como la excarcelación de todos los prisioneros políticos, procesados y condenados en el marco de una política penal de criminalización de la protesta social. 6. Construcción de la rama del Poder Popular, como columna vertebral de nuestra democracia. La participación democrática real no se ciñe al mero ejercicio del sufragio sino a la constante acción vinculante de la ciudadanía en la cotidianidad de la política, que se expresa tanto en los grandes temas y estructuras, como en las decisiones que mas directamente afectan la vida de cada uno. Construir el Poder Popular como rama del poder público, mediante la habilitación y potenciación real de los diversos mecanismos de participación popular: referendo, plebiscito, consultas, cabildos abiertos, revocatorias de mandato, veedurías ciudadanas, iniciativas legislativas entre otras, haciéndolos accesibles para el pueblo soberano y convirtiéndolos en ejercicios constantes de nuestra vida política. El Poder Popular tendrá como escenario privilegiado los Cabildos Abiertos y vinculantes en los que el pueblo soberano podrá deliberar y decidir sobre sus planes de vida y desarrollo a nivel local y nacional. Se trata de romper con la autoritaria lógica tecnocrática que prima en la elaboración de las políticas públicas colombianas y separarse de ejercicios meramente cosméticos de consultas a las comunidades, para desarrollar auténticos procesos de construcción democrática de las políticas con participación oportuna y decisoria del constituyente primario, sin que esto melle las necesarias definiciones que exigen las problemáticas populares. 7. Reforma doctrinaria y organizacional de las fuerzas militares. La construcción de la paz requiere una refundación de nuestras fuerzas militares, renunciando a su tradición doctrinaria del enemigo interno, reorientando nuestras tropas a la salvaguarda de las fronteras y la soberanía nacional, haciendo un relevo de todos los altos mandos deformados en un credo antidemocrático por la Escuela de las Américas y demás academias imperiales, subordinando el poder militar a la civilidad democrática y al Poder Popular. Es necesaria la reducción progresiva de por lo menos el 60% del ingente actual pie de fuerza, proyectando la incorporación de nuestros actuales soldados a la vida productiva de la nación. 8. Democratización de los medios de información como garante del debate democrático contemporáneo y la participación política. Proponemos una clara regulación antimonopólica para los denominados multimedios y para cada medio en particular (prensa escrita, radio y TV), buscando revertir el actual proceso de concentración de éstos en grandes conglomerados. 9. Asamblea Nacional Constituyente representativa, como necesario punto de llegada del proceso de democratización requerido para la paz. Consideramos pertinente que mediante la invocación al constituyente primario, se eleven a categoría constitucional los acuerdos para la paz que hoy avanzan en La Habana, convocando una Asamblea Nacional Constituyente -ANC- para su refrendación. Una auténtica ANC para la paz, que busque expresar la diversidad política y social de la nación debe garantizar cuotas de participación para los movimientos insurgentes en proceso de paz, los partidos políticos que se someten al actual sistema electora, y al conjunto de la sociedad civil organizada -desde los gremios económicos hasta las víctimas-, pero muy especialmente al movimiento social y popular históricamente excluido de las decisiones trascendentes de nuestra vida política.


- 27-4-2013 (Tejido de Comunicación ACIN), El Congreso para la Paz, hijo del Congreso de los Pueblos, nacido en el espíritu de construir colectivamente un país de los pueblos sin dueños, debe evitar a toda costa, que solo unos y unas hablen por los diversos pueblos y procesos. Las intervenciones giraron en torno a romper los paradigmas del modelo neoliberal en el que está sumergido el país. Es imprescindible resaltar toda vez que sea necesario, los cinco puntos de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria realizada en el 2008, que a diferencia del Congreso para la Paz, plantea un accionar y un rechazo real frente al modelo de muerte que violenta la integridad de los pueblos y sus territorios: 1. Rechazamos los Tratados de Libre Comercio. 2. No más terror y guerra. 3. Derogación de toda la legislación de despojo. 4. Cumplimiento de Acuerdos y Convenios. 5. Creación de Mecanismos de Soberanía, Paz y Convivencia. Frente al posible pos-conflicto: ¿cómo se preparan las distintas comunidades indígenas, afros, campesinas y demás sectores sociales a fines a un proceso de paz construido desde la base? Ni el Gobierno ni las FARC-EP hablan en nombre de la gente, por ende no hablan de la paz. Un ejemplo claro de esto, es que la insurgencia se jacta de hablar de las Zonas de Reserva Campesina-ZRC en nombre de los campesinos. Pero una cosa son las ZRC planteadas por los campesinos, por las cuales han muerto y luchado toda la vida, y otra muy distinta, son las “ZRC” planteadas por las FARC, que en realidad son Zonas de Desarrollo Empresarial-ZDE. En un posible pos-conflicto, las ZRC pasarían a ser incorporadas a las ZDE de acuerdo a la Ley 160 (Articulo 82). Esto implicaría el acceso del capital privado a las zonas baldías consideradas como Zonas de Reserva Campesina y que estos territorios sean blanco de la voracidad de un modelo agroindustrial, afianzado en el capitalismo extractivista comercial agrario y la proletarización del campesino. Desde el pueblo Nasa, se debe mandar obedeciendo a la máxima autoridad que es la comunidad por medio de la asamblea.


- 29-1-2014 (Comunidad indígena Nasa-ACIN), Las FARC no asumen responsabilidad en su “programa nacional” de sustitución de cultivos en temas como desminado de sembradíos y procesamiento de la hoja. Su enfoque, en esta ocasión, está centrado en la producción y pone de presente la relevancia que deben tener las comunidades campesinas en la discusión del modelo de sustitución y de regulación que habría de aplicarse en el caso de que los acuerdos logrados en la isla de Cuba con el Gobierno nacional sean refrendados por los colombianos. Más allá del rechazo que generó la condición de desmilitarizar de manera inmediata aquellas regiones del país que sean priorizadas para aplicar “el programa” de las FARC, que fue la noticia predominante en los medios de información, observo en la propuesta varios aspectos que revelan que la guerrilla eluden su responsabilidad histórica en por lo menos tres temas: 1) el sometimiento de las comunidades en sus áreas de influencia a cultivar hoja de coca, regulando la producción, estableciendo precios y refinando procesos de elaboración de la pasta base; 2) la criminalización de aquellos labriegos que se niegan a sembrar hoja de coca en sus zonas de dominio armado ilegal; y 3) la recurrencia a instalar minas antipersonal como estrategia de defensa de amplias áreas donde hay sembradíos de hoja de coca bajo su control. Son diversos los relatos de campesinos en diversas regiones del país que señalan a uno u otro frente de las FARC como el agente regulador del negocio de la hoja de coca, que impone rigurosas condiciones económicas y sociales para evitar alternaciones en los flujos de producción. En su “programa” propuesto, las FARC en ningún momento admiten que han sido parte del problema al contribuir a la proliferación de los cultivos de uso ilícito y, en cambio, le echan la culpa a la falta de alternativas económicas que afrontan los campesinos. Sin embargo, el debate tiende a convertirse en un círculo vicioso, porque también podría esgrimirse que esa ausencia de posibilidades productivas se debe a la presencia y control de facciones de la guerrilla, que impide la llegada de iniciativas gubernamentales y no gubernamentales. Esta organización subversiva tampoco reconoce que ha criminalizado a los labriegos que no cultivan hoja de coca en sus zonas de influencia donde predominan estos sembradíos. La razón es simple: una reducción de las áreas sembradas implica menos ingresos para el grupo subversivo que se nutre del negocio para sostener su aparato bélico. Una propuesta seria de la guerrilla de las FARC, y complementaria a exigir proyectos productivos para regiones históricamente cocaleras, debería involucrar no sólo la suspensión inmediata de la siembra de minas antipersonal sino la de elaborar mapas de riesgo en los cuales se identifiquen aquellas áreas donde hay presencia de estos artefactos explosivos con el fin de proyectar un desminado efectivo para evitar afectaciones a la población civil, que es la que lleva la peor parte. En la “definición concertada de los territorios objeto del Programa”, se establece que “con base en los instrumentos técnicos propios de la referenciación geográfica y de la cartografía social, se procederá -con la participación directa de las FARC-EP y de las comunidades involucradas- a la definición de los territorios y áreas específicas del Programa”. Me pregunto qué tan libre e independiente se sentiría un campesino sometido durante años al control de la guerrilla en una reunión donde sus integrantes, ya desmovilizados, continúen como líderes sociales en las zonas donde operaron como ilegales armados. ¿El labriego podrá distinguir entre la figura de poder del pasado y la condición de civil de ese posible presente? Las FARC elude sus responsabilidades en este tema y se muestra como “autoridad moral”. Mientras persista en ello, las posibilidades de refrendación popular de eventuales acuerdos en este asunto serán mínimas. La soberbia los puede condenar en las urnas.

Fuerzas Armadas de Colombia


Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades

- 29-11-2012 (Javier Ciurlizza, abogado especialista en DIH y Director del Latin America and the Caribbean Program - ex-Viceministro Rafael Nieto - ex-Presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán), Pedido de FARC al CICR para que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto con el Gobierno se declare “Acuerdo Especial” y se incorpore al bloque de constitucionalidad, están pidiendo formalmente que al amparo de las normas del DIH se establezcan obligaciones que van más allá de las convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales. Un ‘Acuerdo especial’ procede en dos casos: cuando hay un conflicto armado internacional y cuando en un conflicto interno las partes se deben poner de acuerdo en temas humanitarios bilaterales, como la liberación de secuestrados o el cese el fuego para proteger a la población civil. Y en este caso, el acuerdo que firmaron sólo establece una agenda y no trata de temas humanitarios”. Lo que las FARC pretenden es el reconocimiento de beligerancia “por la puerta de atrás”. “Lo que forma parte del bloque de constitucionalidad son los tratados internacionales, que por supuesto se firman entre sujetos del derecho internacional. Las FARC no tienen esa capacidad, por tanto los acuerdos que eventualmente firmen con el Estado no son tratados internacionales. Pretender que sí lo sean es suponer que son un grupo beligerante y que pueden celebrar ese tipo de convenios. Pero ni tienen ese carácter ni tienen esa capacidad”. La Cruz Roja Internacional no tiene competencia para darle status de bloque de constitucionalidad al ‘Acuerdo general’ para la terminación del conflicto, que es de carácter instrumental entre Gobierno y FARC para adelantar conversaciones.


- 1-12-2012 (Leonardo González, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz - Fiscal General, Eduardo Montealegre - ex-Ministro Alvaro Leyva Durán - Javier Ciurlizza, Director del programa para Latinoamérica y el Caribe de la organización no gubernamental International Crisis Group - abogado Héctor Riveros), El Acuerdo General para la terminación del conflicto adquiera el carácter de “acuerdo especial”, busca allanar el camino de cara a unos objetivos fundamentales para la organización guerrillera: que haya amnistía y que se garantice la participación electoral en 2014. El mensaje de las FARC al CICR da por sentado que el Acuerdo General ya tiene carácter de Acuerdo Especial, lo que no modifica la naturaleza jurídica de las partes, es decir, no le otorga status de beligerancia a la guerrilla. “Sencillamente establece que el acuerdo que se firmó está en el marco del DIH y del bloque de constitucionalidad y que ninguna de las partes se puede retirar de la negociación hasta conseguir la paz”. El Gobierno no tiene hoy espacio jurídico para perdonar los crímenes graves, ya que Colombia reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde junio de 1985 y la evolución de la jurisprudencia de este tribunal ya ha señalado la inadmisibilidad de las leyes de amnistías para los crímenes graves de derechos humanos. En la revisión de la Ley de Justicia y Paz en 2005, la Corte Constitucional sentó jurisprudencia diciendo que los crímenes contra los derechos humanos y el DIH no pueden ser considerados delitos políticos y, por tanto, ser amnistiados ni indultados, ya que los derechos de las víctimas están por encima de los intereses de una negociación. Por otra parte, los elementos de justicia transicional son integrales y en la medida en que haya reparación, puede haber menos justicia penal y condenas con penas alternativas, que pueden representar una privación de la libertad más corta u otros tipos de ejecución de penas.

Gobiernos Latinoamericanos


Unión Europea


© Luis DALLANEGRA PEDRAZA - “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9.



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7. Reglas Básicas de las Partes

Indica qué temas o caminos -considera cada parte en el conflicto- deben transitarse para que se arribe a un acuerdo.

Actores/

Posiciones

Reglas Básicas de las Partes

Gobierno de EUA

- EUA no negocia. Principio de su política exterior de no negociar con organizaciones terroristas.


- En el caso de Colombia, se sigue el criterio de que EUA no negocia, ni nadie debe hacerlo, si los intereses, económicos o de seguridad de EUA se encuentran en juego.


- Para el caso de las FARC, el Gobierno norteamericano permanentemente ha manifestado que se trata de un grupo “narco-terrorista” que no tiene la intensión real de negociar y controla un enorme territorio, recibiendo (1999), hasta 1500 millones de dólares del narcotráfico en un año. EUA actúa como un calificador global en última instancia. “Arbitro Supremo”.


- Trata a la crisis colombiana, como un problema de seguridad nacional.


- No sólo constituye un problema para la seguridad de EUA, sino también una amenaza para toda la región. Esfera de influencia.


- El éxito para combatir las drogas requiere de una mezcla de estrategias que incluyen la erradicación, la prohibición, la sustitución de cultivos, el desarrollo económico y la reforma de la justicia criminal. EUA (1999) no descarta un plan regional para terminar con el conflicto en Colombia.


- EUA está dispuesto a ayudar a Colombia pero no al proceso de negociación, sino militarmente.


- En 2005, avanzó sobre los procesos de extradición, más allá de haber firmado acuerdos bilaterales con la mayoría de los Gobierno de la región, para que sus soldados o diplomáticos no sean juzgados en tribunales locales o sometidos al TPI.


- Plan Colombia es parte de la ley de operaciones extranjeras de EUA. Cambios: más fondos al desarrollo de cultivos alternativos a la coca, sistemas para el respeto de los derechos humanos y reforma del sistema judicial. Las fuerzas de seguridad deben mejorar en el área de los derechos humanos y terminarse con los escándalos de la para-política.


- Propuesta de declarar beligerantes a las FARC: “Las FARC seguirán siendo terroristas porque se comportan como terroristas. Sobre eso no tenemos dudas”.


- Nosotros respaldamos al Gobierno de Colombia en su lucha contra las organizaciones terroristas que amenazan la estabilidad democrática.


- EUA “se opone a cualquier acto de agresión que pueda servir para desestabilizar la región andina”. “Ojala Ecuador y Venezuela tuvieran el valor de expulsar a los terroristas de su territorio”.


- En reunión de la OEA para tratar el tema de violación de la soberanía ecuatoriana por parte de Colombia: EUA no estuvo de acuerdo con afirmar que Colombia había violado la soberanía y el territorio ecuatorianos, pues el ataque estaba justificado en el marco de la lucha contra las FARC, consideradas un grupo terrorista. Fue el único de los países que en el Consejo Permanente de la OEA, apoyó a Colombia. Las naciones tienen derecho “a la defensa propia”. Fue el único país que expresó insatisfacción con el acuerdo final en el que se acordó “rechazar la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio ecuatoriano”. Aún falta por resolver el apoyo que las FARC supuestamente han recibido de algunos gobiernos. Siguen las preguntas sobre si estos Estados están permitiendo que las FARC, una organización terrorista, opere en áreas de la frontera con Colombia.


- El Gobierno colombiano podría invocar el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, en la que se pide a la OEA intervenir cuando las instituciones democráticas están siendo amenazadas o está en riesgo el control del poder. [Este punto de vista tiene que ver con la perspectiva “weberiana” de que el Estado es el que tiene el monopolio de la coerción y por lo tanto, nadie puede suplirlo.]

- Reglas. “Certificación” del Gobierno norteamericano al que cumple con lo que está dentro de sus intereses económicos o de seguridad.


- El Embajador de EUA en Colombia, William Brownfield, protestó por la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a extraditar a Alias “Cesar” que fue capturado a mediados del 2008 durante la Operación Jaque y Fredy Ferney González Monsalve, un narcotraficante que envió 300 kilos de cocaína a EUA: “Proponemos respetuosamente algún tipo de diálogo con la Corte Suprema o con quien designe para hablar del tema (..) y ver si podemos alcanzar una posición común”.


- Sobre Acuerdo militar EUA-Colombia, el Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, General Jim Jones de visita en Brasil, dijo al asesor brasileño Marco Aurelio García que el objetivo del acuerdo militar con Colombia es “humanitario” y de combate al narcotráfico. El Jefe del Comando Sur de EUA, Douglas Fraser, ratificó, en la Conferencia de Seguridad celebrada en Colombia, que el empleo de las bases será supervisado por Colombia y que no aumentará el número de militares norteamericanos en territorio colombiano. “Ya existen militares estadounidenses que están trabajando en colaboración, eso es muy abierto y es coordinado con el Congreso de EUA, ese tipo de coordinación va a permanecer”.


- Hillary Clinton aseveró que el acuerdo “no pertenece a otros países”. El Gobierno de EUA pidió que “en vez de hacer lo de siempre y criticar” su acuerdo de cooperación militar con Colombia, los países de la región “colaboren” para combatir “el flagelo del narcotráfico” que ha crecido mucho en la región.


- Se trata de un acuerdo bilateral que “no incumbe” a terceros países y que respeta “la soberanía de Colombia”. No contempla la instalación de bases militares norteamericanas, sino el uso de siete ya existentes del ejército colombiano, “tal como se viene haciendo” desde 1999, cuando se firmó el llamado Plan Colombia para la lucha contra el narcotráfico. “Los hechos son muy claros. Esto es una continuación de una cooperación que tanto nosotros como los colombianos creemos que ha ayudado a mejorar la vida de la gente en Colombia”.


- Eliminación de los grupos guerrilleros. Tratamiento de terroristas y narcotraficantes en el mismo nivel.

Sector Financiero de EUA

- Llegar a acuerdos que favorezcan la rentabilidad como motor del desarrollo económico-social.

Gobierno de Colombia

- Subordinación de grupos guerrilleros a la constitución vigente.


- La problemática económico-social, se tratará a posteriori de la desmovilización y en la medida en que los ex-guerrilleros alcancen un rol dentro de la estructura política vigente.


-La “seguridad” es el eje central de las políticas, por sobre paz y justicia que deben subordinarse a seguridad.


- 28-3-2008 (Uribe-Comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo), Propuesta del Gobierno de suspender condenas a guerrilleros que liberen a secuestrados. En el Decreto 880 se deja sin límites el número de guerrilleros que pueden salir de las cárceles y se levantan las barreras que existían por el tipo de delitos cometidos o el tamaño de la condena; no importa si los delitos cometidos por los guerrilleros objeto del canje son rebelión, delitos comunes o de lesa humanidad. La propuesta a la guerrilla es un mecanismo expedito e inmediato para el acuerdo humanitario. Los insurgentes se deben comprometer a no volver a delinquir ni reingresar a la guerrilla de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 975 del 2005.


- 16-12-2008 (Uribe), Gobierno ofrece dinero y libertad a los guerrilleros que liberen a secuestrados. Ultimo intercambio humanitario junio del 2001, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. Propuesta de Uribe: guerrillero que tome la decisión de abandonar la guerrilla, primer requisito, abandonar la guerrilla, y segundo requisito, traer consigo los secuestrados y liberarlos.


- 27-12-2008 (Uribe), Desestima salida negociada al conflicto armado de Colombia porque no puede buscarse la pacificación con terroristas.


- 13-1-2009 (Uribe), Vaticano o Iglesia Católica de Colombia como intermediarios entre el Gobierno y las FARC además de CICR. Nadie más es aceptado para mediar.


- 30-1-2009 (Uribe), Todos los guerrilleros de Colombia: que se desmovilicen y liberen secuestrados, nosotros no le podemos ofrecer amnistía ni indulto, pero sí le ofrecemos libertad y le ofrecemos recompensas.


- 1-4-2009 (Uribe), Pensar en un horizonte de dos líneas: 1) firmeza en la derrota de los terroristas; 2) buscar más diálogo con los colombianos de todas las tendencias políticas, para tratar de avanzar en la construcción de consensos nacionales sobre aspectos fundamentales; el de mayor urgencia es la seguridad y la paz.


- 2-5-2009 (Uribe-Comisionado de Paz, Frank Pearl), La reintegración es el camino para la paz.


- 7-8-2010 (Santos), La puerta del diálogo con las guerrillas “no está cerrada con llave”, siempre que éstas abandonen el terrorismo y el secuestro.


- 10-8-2010 (Santos-Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera), Desautoriza cualquier iniciativa individual, nacional o externa para una posible negociación de paz con grupos al margen de la ley, hasta que no den muestras contundentes de querer la paz, no se aceptarán iniciativas. Todas las iniciativas inconsultas, descoordinadas, espontáneas, de distintos agentes políticos en Colombia y afuera alejan cualquier posibilidad de utilizar un camino que establezca los objetivos de seguridad nacional, para conseguir la paz en el país. Los colombianos vamos a conseguir la paz respaldando a nuestras Fuerzas Militares y de Policía y arreciando contra todas las formas de criminalidad y lanzando una señal clara de que el diálogo posible por vías negociadas, sólo será viable si los grupos ilegales dan muestras contundentes de querer la paz. Solamente el cese de la violencia, la renuncia a la utilización de cualquier vía armada, la liberación de los secuestrados, hechos contundentes e inequívocos de paz, podrían generar una consideración distinta por parte del Gobierno Nacional.


- 17-9-2010 (Santos-Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera), No al diálogo político para poner fin al conflicto armado. Frente al terrorismo no hay ninguna alternativa distinta que la respuesta enérgica de todos los colombianos en todos los frentes, en el frente militar y policial, en el frente judicial e institucional, en el frente político y también en el frente internacional. El día que se responda con propuestas de diálogo político se estará “haciendo rentable el terrorismo”.


- 24-9-2010 (Santos), El camino es la desmovilización si no quieren acabar muertos o capturados, porque cada vez iremos con más fuerza.


- 4-1-2011 (Santos-Vicepresidente Angelino Garzón), Si FARC pone en libertad a todos los retenidos, abandona la práctica del secuestro y depone las armas, se iniciaría negociación de paz.


- 7-2-2011 (Santos), Para siquiera pensar en una posibilidad de diálogo se requiere: la renuncia al terrorismo, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación. Los colombianos exigimos, demandamos la inmediata liberación de todos los secuestrados.


- 1-3-2011 (Santos), Que no sigan en el camino de las armas. Las FARC sólo tienen dos opciones: una tumba o una cárcel. Colombia alcanzará la paz a las buenas o a las malas.


- 22-7-2011 (Santos), Si las FARC quieren hablar de paz deben primero dejar el reclutamiento de menores y permitir que se desmovilicen los que actualmente permanecen en el conflicto.


- 8-8-2011 (Santos), La liberación unilateral y sin condiciones de los secuestrados que hoy tienen en su poder podría ser un paso en la dirección correcta. Entre tanto el mensaje es que las Fuerzas Militares serán implacables en su persecución y combate.


- 18-9-2011 (Santos), Desmovilícense, dejen las armas, renuncien a la violencia, renuncien al terrorismo y ahí estaremos listos para darles una oportunidad en la vida civil.


- 4-11-2011 (Santos), Necesitamos consolidar la paz y la seguridad en todo nuestro territorio, porque la seguridad es el requisito indispensable para seguir creando empleo para los colombianos, para que el país siga progresando, para que millones de compatriotas salgan de la pobreza.


- 5-3-2012 (Santos- Vicepresidente Angelino Garzón), No estamos obsesionados sólo con un triunfo militar; si hay negociaciones deben ser con condiciones. Deben ser liberados todos los secuestrados por la guerrilla, cesar sus actividades con el narcotráfico, cesar esa práctica inhumana que es el empleo de minas, liberar a todos los niños y adultos reclutados forzosamente y abandonar el camino del terrorismo y de la delincuencia.


- 25-3-2012 (Santos) Sólo el Presidente tiene las llaves de la paz y prioritariamente se debe mantener la ofensiva militar. La prioridad sigue siendo la seguridad. Liberaciones unilaterales de todos los secuestrados y renuncia al secuestro extorsivo, son únicas señales que demuestren avances reales que puedan derivar e negociación. Deben cesar interferencias que producen tantos actores sociales. La idea en la estrategia de paz del Gobierno es reducir intermediarios. Para Presidente el modelo Cagüán -contrariamente a la idea de las FARC- es impensable y tampoco el mejor ejemplo es Ralito {LDP: ¿Esto significa que no está dispuesto a negociar las temáticas que se trataron en el Cagüán o que no está dispuesto al despeje de una zona para llevar a cabo el proceso de negociación?}. En el Congreso se desarrolla marco legal para la paz, la reforma constitucional que busca consolidar instrumentos de justicia que faciliten la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera. {LDP: ¿La reforma constitucional contempla un nuevo modelo de Estado incluyente o sólo la manera en que se va a resolver el fin del conflicto, pacificando?}. La reforma, entre otros aspectos, pretende un trato diferenciado a las distintas partes del conflicto a las cuales se les aplicarían instrumentos de justicia transicional, creando incentivos para contribuir de manera definitiva a la verdad o satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas. Objetivos que serían obligatorios por mandato de la Constitución. Normas como la Ley de Víctimas, la Ley de Restitución de Tierras o los desarrollos de la Ley de Justicia y Paz, indirectamente apuntan hacia el mismo propósito: garantizar que si eventualmente se dan las condiciones para un proceso de paz con los grupos guerrilleros, desde la Constitución y la ley, se pueda contar con piso firme a la hora de negociar. Los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera. Dichos instrumentos buscarán la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. La ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las partes que hayan participado en las hostilidades y el Congreso, a iniciativa del Gobierno, determinará mediante ley los criterios de selección y, en consecuencia, podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o a la suspensión de la pena. Los instrumentos de justicia transicional no podrán aplicarse a los miembros de grupos al margen de la ley que no hayan suscrito un acuerdo de paz. Esta estrategia también pasa por la guerra. A través de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo busca demostrar que el Estado es superior a la insurgencia. La orden es: no cesar en la búsqueda de objetivos específicos de la guerrilla, e identificar sus fisuras en el mando. La instrucción desde la Casa de Nariño es que por ahora nadie está autorizado para hablar de paz a nombre del Ejecutivo y debe sostenerse la ofensiva militar. La experiencia del proceso con las autodefensas dejó un ejemplo que no puede repetirse: improvisación a la hora de la definición de los prontuarios, que se ha prestado para una confusión sin límites. De la mano de la justicia, el Estado quiere tener claro cuáles son las cuentas pendientes de la guerrilla, para centrar los esfuerzos de la investigación penal hacia los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.


- 12-6-2012 (Presidente Santos), La labor y la contundencia de las Fuerzas Armadas tiene a los bandidos de las FARC hablando de paz y diciendo que “están dispuestos a sentarse a buscar un camino diferente”, lo cual demuestra que “hemos sido efectivos”. Sólo habrá un diálogo de paz, cuando el Gobierno esté convencido de que las circunstancias son las apropiadas. No cerramos la puerta para un diálogo que le dé una salida a este conflicto; pero solamente cuando estemos absolutamente convencidos de que las circunstancias son las apropiadas y que ese diálogo será en nuestras condiciones y bajo nuestro dominio, ahí pensaremos en abrir ese diálogo. Esas circunstancias no se han dado. Si se dan, el país lo conocerá. Pero mientras tanto la presión militar tiene que ser toda. Cuando se va a la guerra, es para lograr la paz [LDP: Pax]. Vamos a lograr esa paz y lo haremos por las buenas o por las malas. Pero la paz [LDP: Pax] la vamos a lograr.


- 12-9-2012 (Presidente Santos), La decisión del Presidente Santos es que si para julio del 2013 no hay avances firmes para llegar a acuerdos concretos de paz, se suspenderían las conversaciones con la guerrilla. Si las FARC tienen una voluntad similar a la del Gobierno, las negociaciones de paz pueden avanzar más rápido, incluso de lo que la gente espera .


- 29-9-2012 (Presidente Santos), “Sobre la discusión de las causas del conflicto con la guerrilla eso podría ser discutido en el Congreso cuando ganen una elección, pero no en la mesa de negociaciones”. Las causas del conflicto en Colombia, no solo el armado, sino el profundo conflicto causado por el proyecto de despojo y ocupación, no caben en la mesa insurgencia-Gobierno.


- 22-10-2012 (Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre), La suspensión de las órdenes de captura contra los miembros de las FARC opera únicamente en los sitios autorizados para el desarrollo del proceso de paz: La Habana (Cuba) y Oslo (Noruega) y no en otros lugares del mundo. “Si algún miembro de los 29 representantes de las FARC acuden a un sitio no autorizado por el Gobierno o el Comisionado para la Paz, se harán efectivas las órdenes de captura”. Tampoco podrán “salir de Cuba ni regresar a Colombia sin autorización del Gobierno Nacional”. La suspensión de las órdenes de captura no supone la suspensión de los procesos contra los miembros de las FARC. Si se llega a romper la mesa de diálogo o se termina sin avance, de inmediato las órdenes de captura volverán a ser efectivas. “La suspensión es temporal y sólo va a durar por el término de la instalación de las mesas y mientras dure el desarrollo y trámite del proceso de negociación con las FARC” en los lugares donde determine el Alto Comisionado para la Paz.


- 19-11-2012 (De la Calle, Negociador del Gobierno en La Habana), No es una negociación tradicional. Se trata de tomar decisiones muy concretas sobre cinco puntos de la agenda y dar lugar a la finalización del conflicto, para que en el proceso de cumplimiento las FARC dejen las armas y, en paz, puedan expresar sus ideas y acudir a las urnas con garantías políticas.


- 21-12-2012 (Jefe de la Delegación del Gobierno para los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle Lombana), El mandato otorgado por el Presidente es el de buscar el fin del conflicto dentro del marco de la Constitución. “Esta no será una paz a cualquier precio, será una paz dentro de la Constitución y la ley, y allí están consagrados los derechos de cada quien, pero también los deberes”.


- 24-12-2012 (Presidente Santos), Nosotros estamos negociando bajo la modalidad de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Hay que esperar hasta el final, porque cuando acordemos todos los puntos es que firmamos y ahí queda finiquitado el conflicto.


- 9-4-2013 (Presidente Santos), Las primeras víctimas del conflicto son los soldados, por lo cual son los primeros interesados en la paz. “La paz es la victoria de cualquier soldado, de cualquier policía. Y eso es lo que vamos a conseguir, la victoria, la paz. Imagínense lo que podríamos ser como sociedad y patria en un entorno de paz y sin conflicto”. Que las tropas no escuchen las “voces disonantes” que dicen que serán las Fuerzas Armadas y la Policía las víctimas de la paz. En este momento se está adelantando el proceso de paz, gracias a que están combatiendo a las FARC. “Se combate para darle tranquilidad a nuestra patria, todo soldado a través de la historia ha combatido para buscar la paz. Ahora que vemos esa posibilidad… gracias porque no estaríamos hablando de paz si no fuera por ustedes, por este trabajo contundente, por ese trabajo decidido, por la paz. Para ustedes es la victoria. La paz es la victoria para cualquier soldado o policía… Nuestra patria es muy grande, nuestra geografía es muy difícil. No vamos a disminuir la presencia de nuestros soldados en ninguna parte del país. Necesitamos más presencia de nuestros soldados y nuestros policías, la seguridad es la base del progreso”.


- 21-6-2013 (Presidente Santos), Mensaje a las FARC: las aspiraciones de una constituyente no están en la agenda de los diálogos de paz. “Si quieren reformas del Estado, pues que las persigan en las plazas públicas y si ganan las elecciones que las propongan, pero por ningún motivo vamos a hacer la revolución por decreto en la mesa de negociación. Si hay buena fe, estos señores de las FARC deben dejar de pedir lo imposible porque saben perfectamente que no se les va a conceder, ellos saben perfectamente que una constituyente no es un punto de llegada sino un punto de partida y que eso es totalmente inaceptable”. Respecto a la no entrega de las armas por parte de las FARC, Santos se preguntó: “¿Entonces para qué estamos conversando?” Ese grupo armado “se viene con un decálogo de reformas que son de fondo del Estado, que no son negociables. Serán discutibles cuando dejen las armas en los escenarios democráticos. Quiero dejar eso muy claro, para que el pueblo colombiano no vaya a creer que eso que están proponiendo tenga alguna posibilidad de salir adelante en la mesa en La Habana. Está muy claro, y lo dije desde un principio, donde están nuestras líneas rojas y eso es lo que vamos a negociar. Para llegar a la paz, para llegar a los acuerdos, se requiere buena fe, de parte nuestra está esa buena fe”.


- 23-2-2014 (Presidente Juan Manuel Santos), No se discute “el sistema político colombiano o el modelo económico” sino las condiciones para que “la guerrilla pueda desmovilizarse e ingresar en la vida democrática. Que cambien las balas por votos. Nadie va a cambiar un modelo de Estado en una mesa de diálogo”. En el proceso “no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de como lograr la paz con un máximo de justicia”. No habrá impunidad por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Será un proceso de años, tal vez de décadas”. La incorporación a la vida política de los ex-guerrilleros, “es lo que siempre hemos deseado: que cualquier debate se de en los escenarios de la democracia y no con violencia”.


- 24-4-2015 (Presidente Juan Manuel Santos), No es viable un cese bilateral al fuego con las FARC, teniendo en cuenta que le daría ventaja militar a la guerrilla. El cese bilateral dejaría expuesto al país en caso de que el proceso de Paz fracase. “Un cese el fuego bilateral en este momento deja a los colombianos expuestos a que, si esto fracasa, le habremos dado una gran ventaja militar a la guerrilla como se le dio en ocasiones anteriores”. Pese a que el Gobierno busca acabar con los enfrentamientos armados, no podrá llevarse a cabo un cese el fuego bilateral. “Por eso la decisión es no aceptar un cese el fuego bilateral ahora, aunque ese es el objetivo final que estamos buscando”. “No hay la menor posibilidad, algunos dicen que la guerrilla no va a entregar las armas, claro que tienen que entregar las armas, de eso se trata todo este proceso, que dejen las armas y sigan sin ellas”.

Paramilitares

- Tratamiento militar de la problemática.


- Demanda de desmovilización sin extradición a EUA y con tratamiento de su comportamiento como actores políticos.


- Reconocimiento del monopolio de la coerción en manos del Estado (?), más allá del levantamiento en armas (Acuerdo Santa Fe del Ralito, punto 1.). Esto hace presumir que el paramilitarismo y los gobiernos de turno han operado conjuntamente en forma subrepticia.


- {LDP: La desmovilización es engañosa como instrumento de paz, al proponer ventajas sin que se cambie la estructura de poder ni se genere justicia auténtica en términos equitativos y distributivos. El caso de la desmovilización en Nicaragua resultó en nuevos conflictos sociales y en la recomposición de los grupos guerrilleros de una y otra facción, debido al mal manejo que los gobiernos sucesivos han hecho de la reinserción, agravado por políticas antisociales.}

FARC

- No hay paz sin justicia social, independencia y soberanía.


- Reformulación del pacto social básico (Asamblea Constituyente) con cambios en el sistema político, tratamiento de lo social, modificación y enjuiciamiento de la estructura militar, nacionalización de la economía.


- Rol de EUA debe ser ayudar a resolver el problema de cultivos ilícitos invirtiendo en cultivos alternativos. La estrategia de las fumigaciones provocará un daño enorme al ecosistema. EUA es el causante del narcotráfico como principal consumidor de sustancias ilícitas en el mundo. Las millonarias ganancias del narcotráfico se quedan en los intermediarios, principalmente en EUA y no en los campesinos cultivadores. Desmilitarización del tratamiento del conflicto, eliminación del Plan Colombia.


- 1-10-2006, FARC envía carta al Presidente Uribe, pidiendo la desmilitarización, por 45 días, de dos municipios del departamento del Valle para discutir un acuerdo humanitario que permita el intercambio de guerrilleros presos por militares y civiles secuestrados. También solicitaron al Gobierno que, una vez hecho el canje, y “frente a la imperiosa necesidad del país por encontrar la solución política del conflicto, desmilitarice los departamentos de Caquetá y Putumayo para iniciar conversaciones de paz”. Pidieron suspensión de órdenes de captura de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC, que la comunidad internacional deje de calificarlos de terroristas y que Uribe reconozca la existencia del conflicto social y armado en Colombia. La agenda de las conversaciones de paz deberá incluir: 1) la extradición; 2) el cambio del calificativo de grupo terrorista en el exterior; 3) el tratado de libre comercio con EUA; 4) la depuración de las fuerzas armadas; 5) el paramilitarismo; 6) reforma urbana y agraria; y 7) la convocatoria a una Asamblea Constituyente.


- 16-4-2007 FARC pidió a la comunidad internacional ser reconocida como “fuerza beligerante” dentro de cualquier esfuerzo tendiente a poner fin al conflicto armado, lo que dinamizaría la búsqueda de una salida política. Representan la “resistencia” a políticas de dominación.


- 11-1-2008 FARC dijeron al Presidente que para concretar un acuerdo humanitario, debe llevarse a cabo el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida: Ambas localidades deben ser el “escenario del diálogo Gobierno-FARC para el acuerdo y la materialización del canje que haga posible la liberación de todos los prisioneros en poder de las fuerzas contendientes”.


- 12-1-2008 FARC “Somos una fuerza beligerante a la espera de ser reconocida por los gobiernos del mundo. Este paso allanaría el tortuoso camino del pueblo de Colombia en busca de la paz. Nuestra lucha es legítima”.


- 22-1-2008, La Iglesia no tiene contactos con las FARC y no está en condiciones de ser mediadora.


- 22-1-2008 La crisis humanitaria colombiana, tal y como se está presentando ante el mundo parecería que se reduce la situación de las personas en manos de las FARC. La otra parte, es la de los cuatro millones de desplazados que ha originado la guerra. Habría que incluir también en esa otra parte no visible de la crisis humanitaria a los miles de detenidos bajo acusación de rebelión y de connivencia con la guerrilla. La crisis humanitaria colombiana tiene dimensiones mucho más gigantescas. No se puede separar lo que se llama “crisis humanitaria” del “proceso de paz”, por dos razones: 1) si se separan se habrá resuelto sólo una parte de la “crisis”; 2) si se separan se resolverá la crisis sólo momentáneamente pero volverá a reproducirse de inmediato. El canje sería un primer paso, un gesto de buena voluntad de ambas partes que mostrarían así su interés y buena predisposición para iniciar la búsqueda de la solución definitiva. Se acusa a las FARC de querer tomar el poder en Colombia por las armas, desde hace 40 años. No se deduce así de los documentos que ha venido emitiendo desde la época de la negociación en el Cagüán. Si se leen atentamente se interpretará que las FARC hacen propuestas invitando a solucionar el conflicto por otras vías distintas de las armas. Véase por ejemplo, “Por una Convergencia y Acuerdo Nacional” documento emitido por el Secretariado, en septiembre del 2007: “…para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad que abate al país y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera”… “El objetivo es la creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la paz, la justicia, la soberanía y el decoro de la nación, que se proponga un nuevo Gobierno,.. Un Gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente para darnos una nueva Constitución que refrende los cambios a favor del pueblo, hacia la paz y la convivencia, la verdadera democracia, la soberanía y la integración solidaria de los pueblos, como mandatos emanados de ese gran Pacto Social”. También las FARC definieron claramente su posición frente a la posibilidad de la finalización de la guerra en Colombia a través de un documento llamado “Diálogos de Paz”, presentado en el transcurso de las conversaciones con el Presidente Andrés Pastrana. En dicho documento las FARC exigían: “voluntad política de la clase dominante para aceptar la necesidad de encontrar en la mesa de diálogo fórmulas originales que nos permitan rediseñar la Colombia actual; refundar la nación sobre la base de un Gobierno patriótico, pluralista, que se comprometa con la ejecución de un programa de profundo contenido democrático en lo económico, político y social. Que corte de raíz las ataduras que nos ligan al pasado y nos niegan el derecho a constituirnos como nación independiente y libre de las imposiciones imperialistas. Una nueva Colombia digna y soberana, cuyo sistema económico tenga entre sus propósitos insertar la nación en el movimiento económico mundial para beneficios de los colombianos todos y no de una élite corrupta ligada a los intereses de los monopolios y las transnacionales. Un sistema económico que ponga al servicio de la nación los adelantos tecnológicos y científicos del mundo actual; que parta del diseño de un plan de desarrollo estratégico que nos saque del atraso y de la dependencia económica. Una nueva Colombia cuyo régimen político esté basado en la tolerancia y el respeto por las diferencias. Que acabe con la doctrina estatal de seguridad nacional. Que ponga fin a la costumbre de la casta politiquera liberal-conservadora de derrotar al opositor político con dos tiros por la espalda. Que permita el libre juego de las ideas para que Colombia se exprese en toda su multiplicidad y riqueza de matices. Una nueva forma de sociedad fundamentada sobre los principios de la solidaridad, la fraternidad y el humanismo, cuyo Estado tome en sus manos la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos sin distingos de ninguna clase. Así entendemos en las FARC-Ejército del Pueblo la solución política del conflicto armado”.


- 26-1-2008, Algunos jefes de las FARC consideran que ya son una fuerza beligerante, ya que son grupos con mando unificado, control de territorios y administración de población y no bandas terroristas.


- 14-2-2008, FARC descarta la participación de España y de la Iglesia en un eventual mecanismo mediador hacia el canje humanitario. Raúl Reyes aseguró que el Gobierno español y la Iglesia Católica de Colombia se autoexcluyeron como posibles mediadores en el canje de prisioneros, al tomar partido a favor del Gobierno de Uribe.


- FARC no fue las responsable de cortar los diálogos como lo dijo el ex Presidente Andrés Pastrana con ocasión de la salida de su libro “La palabra bajo fuego”, sino que ese mismo “paraestado” que hoy siembra más muerte y miseria entre los colombianos, ha jugado sucio a la insurgencia y al país, tal como juega sucio Uribe poniendo una vergonzosa legalización de los paramilitares como si fuera un proceso de paz. Las FARC en varios documentos, habían denunciado a Andrés Pastrana como el responsable de haber roto los diálogos de paz, pero muy por encima de ello, responsable de no acabar con el paramilitarismo, hijo espurio de las fuerzas oficiales del Estado, condición de la guerrilla y centro de cualquier negociación dado que, las mal llamadas “autodefensas”, no son sino el engendro de las cúpulas militares asociadas con las mafias del narcotráfico empotradas en las más altas posiciones del Gobierno y del Estado.


- 14-3-2008, La profunda crisis estructural de Colombia no se podrá superar mientras exista un Gobierno que le tenga miedo al canje y a la paz o que viva arrebatado por la ilusión de una derrota militar de la guerrilla, que no se dará nunca. Convocamos de nuevo a los colombianos a un Gran Acuerdo Nacional que nos permita estructurar una alternativa política de Gobierno, con banderas programáticas que privilegien el bien común, la soberanía, la democracia, la patria. Un nuevo Gobierno que actuando con la divisa de la paz, regrese sus tropas a los cuarteles, mande para su casa a los gringos y convoque el diálogo de paz con la insurgencia, garantizando la participación en el mismo de las organizaciones políticas y sociales del país. El acuerdo de paz que surja de esa mesa deberá ser refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente que dé fuerza constitucional al futuro de paz y dignidad de Colombia. Entre tanto, el pueblo deberá profundizar la resistencia, marchando contra el terrorismo de Estado, la injusticia social, la entrega de nuestra soberanía y levantado su voz por la paz y la unidad gran colombiana.


- 4-4-2009, Ni las FARC ni ningún guerrillero aceptarán jamás la indignidad que encierra la llamada ley de “Justicia y Paz”, las FARC jamás aceptarán ser equiparadas con las hordas de asesinos paramilitares que organizó el Estado en su guerra sucia contra el pueblo. No oponemos rotundamente a las ofertas de rebaja de penas y demás con las que el Régimen quiere doblegar la conciencia de los revolucionarios hoy encarcelados.


- 16-4-2009, La búsqueda de reconciliación entre los colombianos contrasta con el llamamiento presidencial de un cese de fuego unilateral por parte de la guerrilla. Iniciar la búsqueda de un proceso serio que encuentre los caminos de los acuerdos, la reconciliación, la convivencia y la democracia, significa entender que todos debemos aportar, principalmente el Estado como responsable fundamental del conflicto y que la bilateralidad es indispensable como regla de oro y cimiento de confianza que construye bases sólidas para avanzar. Por ello, hemos planteado la concreción de un acuerdo humanitario generador de hechos tangibles por las dos partes, que abone pasos subsiguientes hacia la superación definitiva de la confrontación. Con las liberaciones unilaterales evidenciamos nuestra decisión irreversible de alcanzar el acuerdo humanitario y sembrar con certezas los caminos que lleven a la solución política del conflicto.


- 22-7-2009, Las FARC no son el problema de Colombia, son parte de la solución. La nueva Colombia es lo que queremos, con paz y con justicia social.


- 28-7-2009, Le aseguramos a todos quienes llaman a la claudicación, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz “gatopardista” donde la minoría oligárquica continúe acaparando todas las riquezas, mientras las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos. No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años. El próximo acuerdo de paz que se alcance en Colombia no puede ser como el firmado en Santo Domingo (9-3-1990, los guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) firmaron en Santo Domingo (Cauca) el acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco), que es el mejor ejemplo de cómo no se llega a la paz. Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social? Es pertinente debatir el papel de las organizaciones democráticas en la solución del conflicto social y en unas eventuales conversaciones de paz. Llamamos a todos los patriotas y demócratas de Colombia, a intercambiar sobre estos temas para impedir el establecimiento perpetuo de una dictadura o un Gobierno totalitario y despótico. Los invitamos a trabajar por un Gran Acuerdo Nacional de Paz, a construir una alternativa política que privilegie la paz, convoque al diálogo, instrumente una tregua bilateral y proceda a suspender de inmediato la presencia de tropas estadounidenses en nuestro territorio. Que una vez alcanzados los acuerdos con el protagonismo de las organizaciones sociales y políticas, convoque una Asamblea Nacional Constituyente que refrende lo acordado. Impidamos que la guerra sea el Modus Vivendi de nuestra sociedad, solo por la intransigencia oligárquica de impedir a toda costa que en Colombia haya cambios estructurales que beneficien a las mayorías nacionales y de perpetuar un régimen político que todos sabemos es injusto, inmoral y antidemocrático.


- 2-9-2009, El llamado “terrorismo” es una noción política e ideológica, que sirve para designar y para satanizar a los que no se someten a la política imperial, a la de sus caínes, o de sus testaferros. Sólo son calificados de “terroristas” los que luchan contra el poder; pero jamás lo serán, los que están en el poder. Nuestro objetivo estratégico fundamental es la paz. Las FARC son de hecho, fuerza beligerante. Solicitamos a UNASUR y al ALBA otorgar a las FARC dicho status como decisión encaminada a facilitar la paz de Colombia. El acuerdo de canje de prisioneros de guerra en poder de las partes contendientes es una buena manera de echar a andar el proceso. Estamos dispuestos a retomar la Agenda de Paz del Cagüán. Queremos reiterar antiguas propuestas de las FARC para cortarle las alas al narcotráfico en el mundo. Nada se puede hacer si el Gobierno de Estados Unidos no combate a las poderosas mafias norteamericanas de la distribución. Reiteramos la política internacional y de fronteras de las FARC, que no considera a los ejércitos de los países vecinos como sus enemigos. El escenario de nuestra confrontación política y militar es Colombia.


- 22-9-2010, FARC reitera disposición “para conversar con el actual Gobierno y encontrarle una salida política al conflicto social y armado que vive el país, pero sin ningún tipo de condicionamiento”, que pide el Presidente Santos, quien exige muestras de que van a abandonar el secuestro y el terrorismo. Mientras haya guerra, habrá actos de guerra de una y otra parte. “Lo que el Presidente está exigiendo para conversar deberá ser el resultado de un acuerdo de paz y no la condición previa al diálogo”. La respuesta en el discurso de posesión del 7-8-2010 del mandatario a la invitación de las FARC de sentarse a conversar, fue “inaceptable, arrogante y triunfalista” dejando entrever que él solamente estará dispuesto a sentarse con una Guerrilla derrotada, no para escucharla, sino para imponerle la voluntad del vencedor. Para que se acaben los hechos dolorosos de parte y parte, la única solución es dialogar para encontrarle una salida política al conflicto. El Gobierno solamente ofrece a la Insurgencia la paz de los sepulcros, Pax romana, y por ello, la repetitiva orden a la Fuerza Pública: “Arreciar, arreciar, arreciar”. Lo que es entendible, porque ninguno de ellos está exponiendo el pellejo, ni tampoco tienen a sus hijos comprometidos en la guerra; si lo estuvieran, entonces la divisa sería: “Conciliar, conciliar, conciliar”.


- 6-2-2011, FARC al Presidente Santos: Si en verdad le interesa buscar una solución diferente a la guerra, debe aprovechar la oportunidad para iniciar un diálogo que permita una solución política a este grave conflicto. Con la entrega unilateral de los prisioneros de guerra, las FARC demuestra la voluntad de buscar una salida política al conflicto. Los civiles pueden ser secuestrados, pero los militares y policías son “prisioneros de guerra” no secuestrados. DIH, Estatuto del prisionero de guerra “todo combatiente que caiga en poder de una parte adversa será prisionero de guerra” (Art. 4 del III Convenio).


- 31-5-2011, La búsqueda de la paz con justicia social es parte de nuestra génesis y razón de lucha, además de la certeza de que es con la participación del pueblo volcado en acciones e iniciativas como la construiremos. Es con el pueblo empujando por la distribución justa de la tierra, por el establecimiento de efectivas políticas de salud que prioricen en el hombre y en la mujer y, no en las cuentas bancarias de los emporios económicos de la corrupción que la comercializan; por alcanzar estrategias sociales que prioricen en vivienda digna en campos y ciudades, educación para todos, democracia plena para la convivencia nacional y el ejercicio pleno e integral de los derechos humanos; por reducción del gasto militar y el redireccionamiento de la política de defensa. Es la movilización de todos los sectores de la sociedad colombiana quien impondrá la salida política del conflicto, iniciando con el acuerdo humanitario que libere a todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen y a los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia. Nuestra razón de ser es la paz de la vivienda digna, la del desarrollo humano equilibrado, la de la educación gratuita en todos los niveles, la de la salud preventiva para toda la nación, la de la reforma agraria integral que beneficie a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, la del salario justo y del empleo garantizado, la de la protección integral del medio ambiente, la de las garantías políticas para el debate y la participación en los órganos del poder político, la garante del ejercicio pleno de los derechos humanos integrales, la del respeto y garantías a las comunidades LGTV, la del reconocimiento pleno a los derechos de género, la del reconocimiento al aborto como parte sustancial de una sociedad que debe crecer en derechos y la del derecho a la protesta y a la movilización social. La paz es un derecho que tenemos que hacer realidad en esta patria inundada de vejámenes. La barbarie no puede seguir siendo parte de nuestro destino durante otros 47 años más.


- 20-9-2011, Las guerrillas siguen afirmando que la paz no puede resumirse en desmovilización a cambio de una simple reinserción, que debe ser un proceso de transformaciones económicas, sociales y políticas. Mientras tanto, la guerrilla considera que no puede desmovilizarse y continúa con acciones guerrilleras.


- 15-12-2011 (Timoleón Jiménez-Carta a Medófilo Medina), El sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca, es el máximo ideal democrático alcanzado por la humanidad. En nombre de él pueden invadirse y bombardearse países y pueblos enteros, desestabilizar gobiernos no afectos, o imponer por la fuerza autoridades transitorias o definitivas. Siempre con el sano y loable propósito de dar paso a las economías de mercado, a la millonaria inversión extranjera, a la exacción descarada de recursos naturales, al enriquecimiento apresurado de una élite privilegiada. Nuestro modo de ver las cosas es distinto. Se parece más al del asesinado Presidente Lincoln. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sobra decir que el régimen colombiano se ajusta más a las previsiones difundidas por el Washington de Bush y Obama. Se humilla ante ellas. Promovemos un régimen político distinto. Que parta de una premisa fundamental, la independencia y la soberanía nacionales. En Colombia debe gobernar un partido o movimiento que se preocupe antes que nada por la suerte de sus habitantes, por elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Para hacer realidad eso, tal vez sea necesario chocar con los intereses de diversos monopolios económicos de aquí y el exterior. Pero las decisiones políticas fundamentales, y todas las demás, deben apuntar a satisfacer el interés de la mayoría de los colombianos. Las economías y los planes de desarrollo nacionales y locales están condenados a cumplir con el libreto del FMI, el Banco Mundial y la OMC, entre otras instituciones. Cada país y provincia tienen ya su destino fijado en una cumbre previa. Ningún Gobierno puede salirse del guión establecido. Si alguno lo pretendiere, será inmediatamente tachado de antidemocrático y quedará expuesto a peligrosas sanciones. Definitivamente eso no puede ser admitido en verdad como democracia. El ejemplo más a mano lo tenemos en Colombia. En la más reciente campaña presidencial los candidatos que quisieron contar con una mínima posibilidad de victoria, estuvieron obligados a declarar en sus propios estilos que continuarían con la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Ninguna otra posibilidad contaba con la más mínima esperanza. En las últimas elecciones regionales y locales, el tan promocionado ex guerrillero (M19) que terminó elegido a la alcaldía de Bogotá, tuvo que romper con el movimiento de izquierda del que formaba parte, declarar sin pudor su disposición a vincularse al proyecto de Unidad Nacional del Presidente. Hasta la noción de ideología fue proscrita. Las campañas electorales se reducen a estrategias de marketing en las que cuentan son los capitales invertidos en la orgía publicitaria. El pueblo raso no cuenta con posibilidad legal de expresar sus intereses. Se lo pretende arrastrar dentro de partidos y grupos nepotistas y corruptos, que sólo le producirán enormes decepciones. Para hacer valer sus derechos, la gente no tiene más alternativa que apelar a las calles, a las carreteras, a los paros y asonadas para lograr ser atendida. No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas, ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las mentiras oficiales. De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades. En ese contexto, la voluntad de paz adquiere visos complejos, que superan de lejos la decisión unilateral de entregar armas. Hablando del Cagüán, es importante realizar un desprevenido estudio histórico de los Acuerdos que posibilitaron la zona de despeje y los diálogos cumplidos allí. A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas. Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza. La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona, eran en realidad antiguas carreteras. Pero la embestida mediática adquirió gran dimensión en contra nuestra. Lo que jamás ningún analista objetivo se ha detenido a examinar, es la actitud del Gobierno, que en la Mesa hablaba un lenguaje y por fuera de ella el contrario. Uno de los Acuerdos fundamentales a que llegamos se llamó la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia, la relación precisa de los temas que ocuparían la discusión en la Mesa de Diálogos: El contenido de los acuerdos de paz, la doctrina militar, las reformas democráticas al sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico. En tres años de conversaciones, el Gobierno se dio maña para que ni siquiera uno de esos puntos fuera abordado en los diálogos. En medio centenar de audiencias públicas a las que concurrieron más de 30 mil colombianos con sus propuestas sobre los temas específicos de las convocatorias, y en un sinnúmero de formales Mesas Redondas con sectores de la producción y la academia, fueron debatidos temas de trascendencia para la vida y el futuro del país. Se suponía que la Mesa de Diálogos se encargaría del examen de lo concluido en todos esos eventos. En eso consistía el proceso, de conformidad con las reglas pactadas. Ni una sola vez, absolutamente ni una, el Gobierno posibilitó dar paso en el orden del día de las reuniones a ese asunto.


- 9-1-2012 (Timoleón Jiménez), Por siglos. Una casta enquistada en el poder ha puesto siempre por delante sus intereses y los del amo extranjero antes que los de sus nacionales. De estos y similares asuntos, con participación activa de los afectados, nos interesa tratar en una hipotética mesa de conversaciones. De cara al país. Poner en cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, la doctrina militar. Retomar la Agenda que quedó pendiendo en El Cagüán. Proclamamos nuestra verdad: este conflicto no tendrá solución mientras no sean atendidas nuestras voces.


- 6-2-2012, La guerra puede ser terminada con una salida dialogada, política, sin imposiciones arrogantes, que atienda a la solución de las causas originarias del conflicto.


- 21-2-2012, Diez años atrás llegaron a su fin las conversaciones de paz en el Cagüán. El Gobierno de Andrés Pastrana decidió cerrar las puertas del diálogo y apostar por la guerra total contra nosotros. Al precio de nuestra sangre y sufrimiento hemos defendido por diez años la libertad y la decencia. Y estamos dispuestos a hacerlo por todo el tiempo que sea necesario. Hasta que el pueblo colombiano se levante imbatible a cambiar el régimen. O hasta que el Establecimiento comprenda la inutilidad de su guerra, y acepte sentarse a dialogar sobre la única salida política que excluye en definitiva la confrontación: la eliminación de las causas estructurales del conflicto. Sin garrotes ni zanahorias, con respeto por el pueblo de Colombia.


- 16-3-2012, Hace falta que el Presidente Santos permita la visita humanitaria a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país. Es un contrasentido que el Gobierno de Colombia niegue la existencia de estos solo para obstruir dicha visita, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, atendiendo un derecho de petición, reconoce la existencia de 15.000 prisioneros políticos.


- 16-6-2012, La paz que soñamos y proponemos pasa por dar solución a los problemas políticos, económicos y sociales que más afectan a la población; debe garantizar una reforma agraria integral que restituya la tierra que ha sido despojada a los campesinos a través de la violencia latifundista y paramilitar; sanar al país de los estragos causados durante tres décadas de neoliberalismo y establecer un sistema político verdaderamente democrático, donde no impere el exterminio físico del opositor político.


- 19-11-2012 (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP), Acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, se ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional, el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada, durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre de 2012, hasta las 00:00 horas del día 20 de enero de 2013. La determinación de las FARC-EP, en el inicio de los diálogos de paz, se da en el ocaso de un año en el que desde la Casa de Nariño y desde el Congreso de la República, se ha incrementado la guerra económica contra el pueblo. Justo sería que en tiempos de Navidad el régimen de Juan Manuel Santos y las clases dominantes, anuncie el cese de la guerra social impuesta con sus reformas y leyes de miseria y hambre. El fuego de la acumulación capitalista, de la concentración y centralización de la riqueza y del ingreso, del despojo del territorio, de la marginalidad social, de la persecución, la represión y el desangre de los pobres, debe parar poniendo freno a los proyectos de Ley e iniciativas que benefician a las trasnacionales a costa de los intereses del país. El pueblo tiene derecho a tomar la palabra en la mesa de conversaciones, para trazar el destino de Colombia!

- 24-4-2013 (Delegación de Paz de las FARC-EP), Reforma del Estado e institucionalidad democrática y participativa: 1. Reforma y reestructuración del Estado. Las políticas y medidas formuladas, sólo serán posibles si se emprende un proceso de reforma y reestructuración del Estado que garantice contenidos y diseños de política pública en función de los intereses de la sociedad, en general y de la población del campo en particular. Implica, des-neoliberalizar y desprivatizar el Estado para ponerlo al servicio de la soberanía nacional y de la transformación democrática y del desarrollo del campo. Se requiere un Estado profundamente comprometido con la superación de la desigualdad y la pobreza y el buen vivir de la población. 2. Institucionalidad para la transformación democrática del campo. Capacidad de dar respuesta a los requerimientos de la política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social. Además de posibilitar la participación activa de las comunidades rurales y de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en el diseño y la ejecución de la política pública para el campo, debe reconocer la capacidad de autogobierno y autogestión de estas comunidades y organizaciones. 3. Nueva institucionalidad fiscal. En atención a que las transformaciones aquí propuestas, demandan la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto durante un período de al menos diez años. 4. Asamblea Nacional Constituyente. Como mecanismo de refrendación y diseño definitivo de la nueva política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social.


- 7-6-2013 (Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP), El proceso de negociación no es un proceso de sometimiento, sino de construcción de paz. No se trata de una incorporación de la insurgencia al sistema político vigente, así como está, sin que se opere ningún cambio a favor de las mayorías excluidas. ¿Para qué fue la lucha? El mejor epílogo de esta guerra debe ser rubricado por cambios estructurales en lo político, económico y social que propicien la superación de la pobreza y la desigualdad.


- 8-6-2013 (Andrés París, miembro Delegación de Paz de las FARC en La Habana), Participación en política, segundo punto de la agenda de diálogos. Incorporar las garantías a la guerrilla en el eventual caso de una participación en política. Cualquier ofrecimiento para que la guerrilla participe en política, si no está acompañado de un cambio general, va a significar que a esos líderes, a esos comandantes que salgan a hacer política, los van a asesinar. Debe haber un ensanchamiento de los espacios políticos para las fuerzas que se mueven en la oposición. Hablamos de participación en política no para la guerrilla, sino para todos. Las reformas que le han introducido a la Constitución después de 1991 favorecen a los grandes bloques de partidos y perpetuán el bipartidismo. Una de las últimas medidas en esa dirección es el llamado umbral, que obliga a los partidos a sacar más de 450 mil votos. Eso ha hecho que paulatinamente desaparezcan pequeños movimientos y el régimen colombiano vuelve a caracterizarse por el monopolio de los dos partidos, metamorfoseados en distintas corrientes. No sólo buscamos garantías para la insurgencia sino reestructuración, reforma, remodelación del aparato institucional en lo que tiene que ver con el régimen de partidos; estatuto de la oposición. Hoy no hay espacio para que exista el contrapeso que debe existir en toda democracia. Esto requiere un proceso constituyente y de reforma.


- 13-6-2013 (FARC), A propósito del rotundo no manifestado por el Gobierno a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, es preciso decir que nadie puede pretender limitar la condición de soberano del pueblo. En ninguna parte del acuerdo especial de La Habana aparece definida la forma de refrendación que tendrá lo que se convenga. Tampoco se ha firmado el no a la Constituyente. El espíritu del Preámbulo y la Agenda, lo que manifiesta es que la paz es un asunto de todos los colombianos. El artículo 376 fue incluido en la Carta del 91 por iniciativa del Gobierno de César Gaviria, del cual el Dr. Humberto de La Calle formaba parte. No hay que tenerle miedo a un texto que a letra dice: Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Nacional Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Es una paradoja que precisamente en el punto de participación política a la gente le coloquen un bozal, impidiendo la opinión, desde ya, de congresistas, partidos, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios, etc.


- 16-6-2013 (Jesús Emilio Carvajalino, alias “Andrés París”, negociador de las FARC), Aspiración de las FARC es adoptar un modelo como el de Irlanda del Norte, donde el Ejército Republicano Irlandés (IRA) decretó un alto el fuego en 1994 y cuatro años después, en 1998, se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, con el que se puso fin oficial al conflicto de Irlanda del Norte, pero ellos las armas no las entregaron. Las FARC “nunca tendrán” la foto de un acto simbólico de entrega de armas. Estas “se silencian cuando la voluntad de dispararlas cese y eso ocurrirá en Colombia cuando se cumplan todas estas situaciones que estamos llevando a la mesa”. Debe convocarse una Asamblea Nacional Constituyente, que es “la llave de la paz”. El proceso de paz que las FARC quieren transitar “debe significar cambios históricos de todos y para bien de todos los compatriotas” y el único vehículo para ello es la Asamblea Nacional Constituyente.


- 5-10-2013 (FARC), Abogan por aplicar mecanismos que permitan desmontar el “terrorismo de Estado” y hayan garantías políticas para los movimientos sociales de Colombia. Demanda la eliminación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo. Para que haya un acuerdo de paz deben hacerse efectivas las garantías políticas y de respeto a los derechos humanos para todos los movimientos sociales y organizaciones del país. Insisten en petición de conformar una comisión de revisión y esclarecimiento de la historia del conflicto interno colombiano, para analizar las circunstancias de la guerra como las que hoy rodean el caso. En el proceso que enfrenta Colombia “no puede ser posible o factible si se pretende que el Estado, responsable fundamental en la generación y la permanencia de la confrontación, actúe como juez de la misma. O que, luego de medio siglo de lucha, la legítima resistencia armada deba terminar con sus protagonistas tras las rejas”.


- 13-10-2013 (Delegación de Paz FARC en La Habana), Para el Gobierno, todo termina en la desmovilización de la guerrilla. Que todo siga igual. Ellos quieren imponer un marco jurídico en el que se concluya que la guerrilla es la única victimaria. Insistimos en conformar una Comisión que esclarezca la verdad histórica del conflicto y rescate las causas y responsables de lo sucedido.


- 4-12-2013 (Delegación de Paz FARC en La Habana), Reiteran petición de que se constituya una “Comisión de la Verdad”, integrada por expertos nacionales y extranjeros, que estudie la historia del conflicto colombiano desde el origen de la violencia, que “deberá surtir los informes que permitan definir las responsabilidades de quienes han sido parte del conflicto más allá de los alzados en armas”. Que el Gobierno de Santos haga “oídos sordos” a la creación de esa Comisión “comienza a convertirse en un enorme obstáculo para el buen avance del proceso de paz”.


- 20-12-2013 (Rodrigo Granda, Delegación de Paz de las FARC), “No queremos cambios cosméticos, sino reformas estructurales que el pueblo deberá refrendar asumiendo de manera plena su poder creador y su condición de soberano”. El proceso de conversaciones debe concluir en una Asamblea Nacional Constituyente, en el entendido de que “la generación de condiciones para transitar hacia la paz con justicia social exige la mayor legitimidad. La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de Paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana”. Doce propuestas mínimas para una Asamblea Nacional Constituyente para la paz: 1. Proceso de paz y poder constituyente: Un Acuerdo final que permita avanzar hacia la construcción del noble propósito de la paz con justicia social, la democratización real y la reconciliación nacional; de dejar a un lado las fuerzas militaristas y de ultraderecha empecinadas en una prolongación indefinida de la confrontación armada; de dotar dicho Acuerdo con la mayor participación social y popular y legitimidad posible, se apelará a la voluntad del pueblo soberano, al poder intrínseco del constituyente primario y soberano, en consonancia con lo señalado en el Preámbulo del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado por las FARC-EP y el Gobierno nacional”, 26-8-2012, cuando estipula que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos (...)”. 2. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para la paz: Se convocará la Asamblea Nacional Constituyente como máxima expresión del constituyente primario y soberano. 3. Gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente: El propósito del Acuerdo consiste en darle viabilidad jurídica y política a la iniciativa; establecer los criterios para el logro de la más amplia movilización y participación social y popular; concertar propósitos y principios, naturaleza, composición, materia y alcances legislativos de la Asamblea, sin perjuicio de las definiciones propias del constituyente soberano. El “Gran Acuerdo Político Nacional” se comprende como una expresión elevada de la participación social en la construcción del Acuerdo final... 4. Movilización social por una Asamblea Nacional Constituyente: Se estimulará la participación de los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, comprendidas las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. 5. Poderes públicos y Asamblea Nacional Constituyente: El alzamiento armado no ha sido contra algún Gobierno en particular, sino contra el Estado en su conjunto, el “Gran Acuerdo Político Nacional” debe comprometer a todos los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y funciones que les han sido conferidos. La convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente han de ser expresivas de una voluntad de Estado en la búsqueda de un bien común mayor: la paz con justicia social, estable y duradera. 6. Diseños normativos: Serán parte del “Gran Acuerdo Político Nacional” los diseños normativos, incluidos las reformas, el procedimiento y los tiempos a que hubiere lugar, para darle una viabilidad jurídica y política a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente. 7. Propósito y principios: a. Definir los fundamentos normativos para la reconciliación nacional y una paz con justicia social, estable y duradera. b. Preservar y reafirmar el compromiso con el catálogo de derechos de la Constitución de 1991, incluido el reconocimiento de los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas y afro descendientes. c. Sentar las bases normativas para una profundización real de la democracia política, económica, social y cultural. d. Reafirmar los principios universales de soberanía y autodeterminación en lo concerniente a la búsqueda de alternativas entre el bien común de la paz y la denominada justicia transicional. ... La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de Paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana. 8. Naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente: Posee un doble carácter. a) Es una Asamblea de refrendación de acuerdos, en la medida en que éstos comprometan el orden constitucional vigente o de acuerdos no logrados en la Mesa de diálogos, frente a lo cual se atenderá la voluntad del constituyente primario y soberano. b) Es también de proyección y expansión democrática real de asuntos propuestos por el constituyente primario y soberano. Al momento de refrendación de la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente también se someterán a consideración los temas que hayan sido acordados entre el Gobierno y las FARC-EP. Dichos temas no serán objeto de estudio por parte de la Asamblea. 9. Composición: Las Asamblea Nacional Constituyente será conformada con 141 integrantes; combina un carácter estamental, asignando cuotas de participación, con uno de elección general. Con miras a garantizar la más amplia participación social y popular y la mayor representatividad y legitimidad posibles, la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado, en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final; por representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, por representantes de los trabajadores organizados; de las víctimas del conflicto; de las mujeres organizadas; de los estudiantes organizados; de las comunidades LGTBI; de los militares retirados; de los nacionales residentes, refugiados, o exiliados en el exterior; y el resto, por representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación. 10. Designación y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente: Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente serán escogidos por designación directa o mediante elección popular, según el caso. Los miembros designados de manera directa corresponden a las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado. La designación directa se ejerce en representación de la totalidad de los combatientes, como reconocimiento y parte del tránsito al ejercicio pleno de la política, y en atención a las previsibles condiciones de asimetría en la competencia política. Los miembros escogidos mediante elección popular serán de dos tipos: a) Los electos en circunscripciones especiales, que serán creadas en reconocimiento de una historia de exclusión, segregación y abandono estatal, y de la asimetría en la competencia electoral. Las circunscripciones especiales se les concederán a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, a los trabajadores organizados, a las víctimas del conflicto, a las mujeres organizadas, a los estudiantes organizados, a la comunidad LGTBI, a los nacionales residentes, refugiados o exiliados en el exterior. Asimismo, a los militares retirados. b) Los demás miembros de la Asamblea serán escogidos a través de elección general y directa. 11. Materia de la Asamblea Nacional Constituyente: Sin perjuicio de las definiciones propias de la Asamblea Nacional Constituyente, la materia de la Asamblea será concertada en el marco del “Gran Acuerdo Político Nacional”. Se trata de perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales y de reconocimiento de derechos de comunidades indígenas y afro descendientes. La Asamblea se ocupará de igual manera de los temas que no hayan sido objeto de acuerdo en la Mesa de Conversaciones. 12. Alcances legislativos: Los eventuales alcances legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de leyes orgánicas, de leyes marco, o de leyes estatutarias, según el caso, en aquellas materias que contribuyan a la consolidación de un verdadero Estado social y democrático de derecho y propicien una mayor democratización política, económica, social y cultural de la Nación, serán definidos por la propia Asamblea en sus deliberaciones, atendiendo los propósitos y principios del “Gran Acuerdo Político Nacional”. Si a ello se llegare, se conformará por un período preciso un cuerpo legislativo especial, cuya composición será determinada por la propia Asamblea.


- 20-3-2014 (Delegación de Paz de las FARC-EP), En varias oportunidades hemos expuesto la necesidad de crear una comisión que tenga como propósito el esclarecimiento del origen y la verdad de la historia del conflicto interno colombiano. ¿Cómo pueden establecerse responsabilidades, o cómo puede abordar la mesa el tema de víctimas, de su reparación, del perdón y el compromiso de “nunca más”, si no se establece cómo se dieron los hechos de violencia que derivaron en seis décadas o más de conflicto armado? Presumir que las FARC-EP son los victimarios en un proceso de conflicto social interno que se inicia antes de su misma creación, y afirmar que sobre ellas recae toda la responsabilidad tras la ocurrencia de conductas y episodios violentos e inhumanos provocados por el mismo Estado y sus agentes oficiales y paraoficiales es una apreciación irreal, que mina la intención de lograr una reconciliación nacional definitiva. Aunque aún prosiga el conflicto interno de Colombia, en vista de las conversaciones que se adelantan en la ciudad de La Habana para lograr su terminación definitiva, es imperante ir estableciendo las múltiples responsabilidades de los diversos actores sin el prejuzgamiento de que uno solo de ellos ha de ser el imputado y los demás implicados, su juez. Mucho más, cuando no hay o, si se quiere, no existe o no se ha dado un vencedor ni un vencido. Se han integrado comisiones de la verdad o de similar fin en Argentina, Uganda, Chile, Chad, El Salvador, Haití, Sudáfrica, Guatemala, Nigeria, Sierra Leona, Ghana, Timor-Leste, Perú, Marruecos, Liberia, Alemania, Bolivia, Grenada, Indonesia, Nepal, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, República Federativa de Yugoslavia, Sri Lanka, para sólo mencionar algunas. En los casos citados los modelos de justicia transicional y las jurisdicciones conocedoras de los crímenes cometidos durante los conflictos superados, las autoridades imputadas o responsables por acción o por omisión no tuvieron a su cargo el juzgamiento de su contraparte. Así, a nadie sensato y conocedor de estos temas -es de esperarse que los plenipotenciarios del Gobierno acompañen lo que en efecto es un axioma reconocido como tal universalmente-, se le puede ocurrir que un Estado plenamente imputable pueda recurrir al principio de legalidad, de por si viciado por su proceder para alegar suficiente autoridad y capacidad para aplicar un iuspuniendi en tanto que jamás puede ser juez y parte. Ninguna de las partes puede ser juez, máxime cuando puede haber sido victimaria. Respecto al Estado colombiano y sus distintos órganos y miembros, son incontables las acusaciones y sentencias judiciales que establecen la implicación de sus funcionarios en la comisión de graves crímenes contra el derecho internacional, así como la responsabilidad del Estado en ellos, al haber sido sus órganos oficiales, brazos ejecutores de esos crímenes en innumerables ocasiones. Existen otros sectores de la sociedad como los partidos y círculos políticos hegemónicos, las asociaciones de terratenientes, los gremios, la gran industria, los bananeros, ganaderos, banqueros y otros actores poderosos, que aun cuando pretendan desempeñar el papel de meros espectadores, también han sido victimarios; al igual que las empresas que poseen los medios de comunicación social, convertidas de la misma manera en instrumentos de la guerra oficial, no solo desinformando o interpretando la noticia al acomodo del régimen, sino transmitiendo el pensamiento e inclinación de sus propietarios, siempre cajas de resonancia de la versión del gobernante de turno y de los intereses del gran capital nacional y transnacional. Las anteriores son sólidas razones por las que la paz requiere un relato de la historia verdadera del conflicto a fin de que se conozcan los sucesos tal como ocurrieron y se vienen sucediendo. Sin verdad no hay historia; sin historia no hay consciencia nacional. Si no se conoce la verdad del pasado no se puede construir una paz duradera.


- 7-8-2014 (Delegación de Paz de las FARC), cualquier metodología de selección de las víctimas que deben ser recibidas en La Habana, debe responder, como lo han manifestado desde el inicio de este proceso, a los siguientes criterios: i. Víctimas provocadas por agentes no combatientes: causadas por agentes políticos, económicos y sociales. Víctimas de abuso de poder. Víctimas provocadas en procesos de victimización colectiva a territorios y comunidades. Mega proyectos. ii. Víctimas de violaciones al DIH: utilización de substancias químicas como el glifosato, homicidios de combatientes por fuera de combate, uso abusivo de la fuerza, artefactos explosivos y minas, ataques a la población civil, violencia sexual como arma de guerra, masacres, reclutamiento forzoso y de menores de quince años. iii. Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos: tortura, desapariciones forzosas, privaciones de libertad de civiles; persecución política, sindical, a dirigentes sociales y a defensores de los Derechos Humanos, genocidio político, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias. iv. Víctimas del desplazamiento forzoso y en el exilio. v. Combatientes afectados por el conflicto: prisioneros de guerra en poder de ambos contendientes; violaciones a los derechos de los combatientes fuera de combate. Daños provocados a los combatientes por infracciones del DIH.


- 26-8-2014 (Andrés Paris, Negociador de FARC en La Habana), El proceso de paz con el Gobierno de Colombia, concibe el abandono de las armas como un “largo proceso” que deberá ser rodeado de garantías. “Nadie ha planteado en las FARC, ni se lo hemos dicho al Gobierno en ningún momento, que va a haber un solo momento de entrega de armas... Nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las FARC”. El desarme no será un acto unilateral de la guerrilla, sino que requiere de ciertas garantías de la contraparte. En un anterior proceso de paz en la década de 1980, cientos de rebeldes desmovilizados fueron asesinados. “El punto de dejación de armas está superpuesto o entrelazado con el punto de garantías políticas” a la guerrilla. “Los sectores de la ultraderecha quieren hacer asociar el fin del conflicto a la entrega de las armas, pero ésta es una distorsión mediática para encerrar el compromiso de la paz sólo en un gesto unilateral de la guerrilla y esconder la obligación que tiene el Gobierno de hacer las transformaciones” sociales y políticas. Cuando fue discutida la reforma agraria en la mesa de diálogo -primer punto de la agenda de paz, consensuado en mayo de 2013-, los delegados del Gobierno dijeron que necesitaban tiempo para hacer los cambios. “Ellos hablan que esos cambios en el campo no pueden ser en tiempos tan breves, hablan de 10 años, pero cuando se habla de entrega de armas, nos dicen 'eso lo podríamos hacer en un día'. Esto es absurdo. El proceso de transformación de fuerza guerrillera en partido político es lo que va a producir la desaparición de las armas, no la entrega de las armas. La pretensión de desarmar a la guerrilla es el camino más corto para que los enfrentamientos armados continúen; la derecha pasará a aplastar a cualquier fuerza insurgente que por adelantado entregue las armas si no se ha hecho un compromiso global entre el Estado y la insurgencia para cambiar las circunstancias que generan la confrontación armada”. A las FARC les inquieta la posibilidad de que los guerrilleros desmovilizados sean blanco de atentados. El paramilitarismo sigue vivo en Colombia a pesar de que el ex-Presidente Alvaro Uribe (2002-2010) logró desmovilizar a grupos paramilitares de derecha.


- 25/26-10-2014 (Delegación de Paz de las FARC), Presentan desglose del Punto Segundo: “Reconocimiento de Víctimas del Conflicto”, que forma parte de las diez propuestas mínimas presentadas sobre los “Derechos Integrales de las Víctimas para la Paz y la Reconciliación Nacional”. 2. Reconocimiento de las Víctimas del Conflicto. 2.1. Definición Temporal para el Reconocimiento de las Víctimas. Con miras a garantizar los derechos integrales de las víctimas individuales y colectivas del conflicto, se tomará como punto histórico inicial de referencia la década de 1930. No es admisible un límite temporal aleatorio, tal como el definido por conveniencia política y fiscal en la Ley 1448 de 2011, llamada de “Víctimas y Restitución de Tierras”. {LDP: Las FARC consideraron “no admisible” la Ley 1498/2011 de “Víctimas y Restitución de Tierras” implementada por el Gobierno, ya que contradice los Acuerdos logrados en La Habana referentes a la “Política de Desarrollo Agrario Integral”.} 2.2. Definición de Víctimas de Acuerdo con Normas Internacionales. Para efectos del reconocimiento de las víctimas del conflicto, se tomará como referente por las Partes, lo establecido en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005 de los “Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones”. La normativa internacional será contemplada teniendo en cuenta las particularidades del conflicto colombiano, lo cual incluye la existencia de una juridicidad guerrillera. Particular atención merecerán las víctimas colectivas. {LDP: Esto implicaría tener en consideración que las FARC constituyen una fuerza beligerante -pese a no ser reconocida por el Gobierno-, y por ello cuentan con su propia legislación interna.} 2.3. Tratamiento a los Combatientes Víctimas de Acuerdo con Normas Internacionales. Para la consideración de los casos de combatientes víctimas de las fuerzas militares y de policía y de las FARC, la Partes se ceñirán a lo establecido en las Convenciones I, II y III de Ginebra y el Protocolo Adicional II, atendiendo el principio de distinción aplicable a conflictos armados no internacionales. Por tanto, son víctimas únicamente en la medida que hayan padecido comprobadas infracciones al DIH aplicable a los combatientes, por lo que su tratamiento no puede ser equivalente al dispensado a las víctimas provocadas entre la población civil no combatiente. En este punto se tendrán en cuenta igualmente las normas de la juridicidad guerrillera. 2.4. Reconocimiento de Prisioneros Políticos como Víctimas del Conflicto. Se conformará una “Comisión Especial de Estudio de la Situación de los Prisioneros Políticos”, integrada por un (1) representante de organizaciones defensoras de presos políticos, un (1) representante de los presos políticos, un (1) representante de la Fiscalía y un (1) representante del Ministerio de Justicia. En un término no superior a sesenta (60) días, dicha Comisión deberá identificar las víctimas del sistema estatal de administración de justicia que por razones políticas hayan sido objeto de montajes judiciales; presentará además un informe sobre la situación de derechos humanos de los prisioneros de las FARC y demás fuerzas guerrilleras. Las víctimas de los “falsos positivos judiciales” y los prisioneros políticos cuyos derechos humanos hayan sido violados, serán considerados víctimas del conflicto. 2.5. Reconocimiento de la Especificidad de las Mujeres Víctimas. Las mujeres víctimas del conflicto merecerán un reconocimiento especial, tanto por el hecho de representar el principal sector de la población que ha padecido los rigores de la guerra y los impactos de las estructuras de victimización conformadas por las clases dominantes, como por las situaciones históricas de discriminación y violencia propias del régimen patriarcal, que vulnera sus derechos, ejerce violencia sexual y afecta sus derechos sexuales y reproductivos. En atención a una perspectiva de género, se considerará de igual manera la especificidad de las víctimas de la comunidad LGTBI. 2.6. Reconocimiento de las Víctimas del Modelo Económico y de la Política Económica. Se reconocerá por parte del Estado que el modelo económico y la política económica han sido factores históricos del origen y la persistencia de procesos de victimización política, económica, social, cultural y ambiental, cuyas principales expresiones se encuentran en la desigualdad socioeconómica, el hambre, la miseria y la pobreza, así como en la vulneración de los derechos humanos integrales. A estas víctimas se les reconocerá como “víctimas del desarrollo”. Se considerarán de manera especial las víctimas generadas por el modelo de extracción minero-energética y de producción de agrocombustibles. Asimismo, las víctimas de los sistemas de financiación especulativa de la vivienda. {LDP: En este punto, las FARC buscan contradecir y hacer reconocer al Gobierno de Santos, que su posición irreductible de negociar, sin que esté en discusión el modelo de desarrollo, la doctrina militar, la inversión extranjera y los aspectos substantivos de la Constitución de 1991, va contra el mismo proceso de negociación de una Paz con justicia social, a la vez que reconocer cuál es el verdadero origen del conflicto en Colombia.} 2.7. Reconocimiento de las Víctimas como Sujetos Políticos y Reconocimiento Especial a las Víctimas Colectivas. El reconocimiento pleno de las víctimas del conflicto, supone trascender los enfoques meramente jurídicos o individualizantes, para considerarlas esencialmente como sujetos políticos de la resistencia, la transformación y el cambio democrático y revolucionario. Sin perjuicio del dolor y el sufrimiento padecido por individuos, familias y colectividades con ocasión del conflicto, que deben ser objeto de acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, se reconocerá que las víctimas han sido hombres y mujeres portadores de ideas, programas y proyectos políticos que han buscado cambiar el régimen de dominación y explotación que ha imperado en el país, y que por tal razón han sido objeto de procesos victimización sistémica y de estructuras estatales y de poder conformadas para tal fin. En tal sentido se reconocerá que la condición de víctima se origina en su carácter de militantes, simpatizantes o activistas de fuerzas políticas opositoras, democráticas o revolucionarias, de movimientos sociales y sindicales, o de organizaciones de derechos humanos. Dichas fuerzas y organizaciones se considerarán como víctimas colectivas y como tal tendrán reconocimiento especial. 2.8. Formulación de una tipología de las víctimas según hechos victimizantes. Para una mayor cualificación del reconocimiento de las víctimas del conflicto y de sus derechos, se construirá por las Partes una tipología de los hechos victimizantes que tenga en cuenta tanto parámetros internacionales como especificidades del conflicto colombiano, incluidas las normas de la juridicidad guerrillera. La tipología deberá tener una perspectiva de género. 2.9. Realización de un censo nacional de víctimas. Con el propósito de aproximar una cuantificación del universo de víctimas lo más ajustada posible a la realidad histórica del conflicto, se realizará un censo nacional de víctimas dentro de los dieciocho meses (18) siguientes a la firma de un eventual Acuerdo final. Para tal efecto, se conformará la “Comisión Nacional del Censo de Víctimas del Conflicto” conformada por representantes de las organizaciones nacionales de víctimas, académicos expertos y funcionarios del DANE. 2.10. Reconocer las víctimas para garantizar sus derechos. El reconocimiento de las víctimas del conflicto en los términos aquí establecidos constituirá la base para el reconocimiento y materialización real y efectiva de sus derechos, incluida su condición de sujetos políticos individuales y colectivos.

Otras Fuerzas en Colombia (ELN)

- Fines 2002, En un proceso de negociación el ELN aspiraría a obtener reformas en los distintos campos (político, económico, social, del rol de la Fuerza Pública) y no solamente procedimientos para adelantarlas en el futuro próximo.


- El ELN concibe la solución política negociada como un proceso de participación diverso de actores sociales y políticos, dentro de los cuales ellos se consideran uno más. Convención Nacional.

El balance de poder militar tiene menor importancia para el ELN; sólo juega como un mecanismo para presionar el inicio de un proceso formal de conversaciones de paz.


- El Estado es el “principal promotor de la profundización de la crisis al escalonar la guerra e impulsar el paramilitarismo”.


- La erradicación de cultivos ilícitos debe ser producto de la sustitución concertada con las comunidades campesinas e indígenas.


- 17-8-2007 (Pablo Beltrán, Delegado del ELN para las negociaciones), Es importante una reforma política que dé mayor autonomía a las regiones y municipios. Importancia de que el Congreso se involucre en la solución del conflicto.


- 12-12-2007 (Efraín Guerrero Sánchez, Jefe de ELN), A la Corte Suprema de Colombia no aprobar extradición a EUA.


- 10-2-2009 (ELN), Solo el pueblo puede salvar al pueblo. El interés popular se excluye de la política pública y el manejo de la economía. Los planes de desarrollo y crecimiento se proyectan y calculan solo considerando la obtención de la máxima rentabilidad para el capital; lo mismo ocurre con la distribución del ingreso nacional. Esta manera de concebir la economía y ordenar la sociedad, es excluyente y antidemocrática, condena a la mayoría de la población a la pobreza, la miseria y se le priva del bienestar; produce resistencia en el pueblo, que no encuentra garantía de participación real para defender sus intereses. Esta es la raíz y la causa del conflicto social y armado colombiano que lleva más de medio siglo.


- 4-5-2009 (ELN), Las propuestas de paz del Gobierno colombiano “no pasan de ser una exigencia que pretende la desmovilización de la insurgencia para que todo siga igual”.


- 26-5-2012 (ELN), El camino para Colombia es la paz y no la guerra. Hemos desarrollado diversos tipo de esfuerzos en la búsqueda de la paz, incluidas mesas de diálogo con los gobiernos de Cesar Gaviria, Andrés Pastrana y Alvaro Uribe, pero desafortunadamente, nos hemos encontrado con una posición cerrada e intransigente de parte de todos ellos, porque consideran que la paz es sinónimo de rendición, desmovilización y entrega de armas por parte de la insurgencia. Hemos planteado con meridiana claridad, la urgencia de resolver el conflicto social y armado mediante una salida política, en la que participe toda la sociedad, la insurgencia y el Gobierno. Hace varios años, nos empeñamos en plantear con diversos sectores sociales, una Convención Nacional, que nacida de todas y todos, desembocara en una Asamblea Nacional Constituyente que legitimara la voluntad del pueblo y la nación para enrumbarse a la paz y la reconciliación que todos queremos y nos merecemos. Cuando hablamos de paz nos identificamos con: a- Queremos una paz democrática. Una paz con cambios en la vida política y económica. No porque pretendamos resolver en una mesa de diálogo político todos los problemas del país. Sino porque la única opción realista es acompañar el fin del conflicto armado con transformaciones importantes en las condiciones po