Tapa Conflicto en Colombia

 

Home







Capítulo VII

Colombia: Ciclos de Violencia y Contra-Violencia

Los ciclos de violencia y exterminio sufridos por el campesinado desde la década de 1920, se transformaron en guerra civil desde la década de los ‘50, librada por el campesinado como resistencia frente a las formas de violencia, saqueo y exterminio. El mapa de genocidio y expulsión violenta de que ha sido víctima la población campesina desde los años ‘20, coincide con el mapa de concentración de la tierra en manos de terratenientes y transnacionales y también con los megaproyectos económicos.

Si durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la violencia se produjo “dentro del sistema”, entre dos grupos que habían ejercido el Gobierno -liberales y conservadores- y compartían la adhesión al principio de la democracia formal, en el período que se inició con el “Frente Nacional”, surgió una “violencia contra el sistema”.

El método de la alternancia, favoreció el surgimiento, fuera del sistema político institucionalizado, de actores armados que expresaron sus reivindicaciones mediante las armas, ante la imposibilidad de hacerlo mediante vías democráticas y sociales [224]. Acabada la alternancia del “Frente Nacional”, se continuó con la “alternancia oligárquica”, en la que los dueños del poder, tanto de las tierras como del sector urbano, se turnaron con sus proyectos corporativos. Esto muestra la doble trama de la situación, al revelar que el Estado careció de una verdadera capacidad para avanzar con un propósito de proyecto de desarrollo nacional y de inserción mundial, toda vez que quienes deberían estar a cargo de la administración y direccionamiento, estuvieron más concentrados en la lucha por el poder y los espacios político-económicos; a la vez que a la incapacidad de ordenamiento, dirección e inhabilidad del Estado para satisfacer las demandas de la sociedad, se sumó el surgimiento de diversos actores no estatales con sus proyectos e intereses de tomar el poder, que encontraron resistencia militar estatal, pero no alternativa político-económica-social-estatal.

Colombia es un país paradójico, en el que el crecimiento económico sostenido, coexiste con altísimos niveles de pobreza [225]. No existe un espacio de acción civil y democrático para los movimientos campesinos y urbanos, salvo el sistema electoral, que es más formal que real [226].

La tradición política colombiana, es la resultante de un sistema electoral pero sin participación social. Los partidos políticos carecen de habilidad para captar y expresar las contradicciones sociales del país. El Estado -los Gobiernos de turno- [227] no tiene la aptitud para ofrecer a los ciudadanos, bienes y servicios tan básicos como la seguridad y la justicia. Es incapaz, en la práctica, de imponerse al poder económico corporativo, o de imponerse a la voluntad de determinados individuos [228].

El recurso al estado de excepción se convirtió en norma. El estado de excepción permitió a las autoridades traspasar los limites al ejercicio del poder establecidos por la Constitución, dando lugar a medidas más propias de un régimen autoritario que de una democracia. A través del “derecho de excepción”, ha sido posible la sistemática restricción de derechos fundamentales, la criminalización de las protestas sociales y, sobre todo, la introducción de la lógica de la guerra en el derecho estatal colombiano [229].

Nunca se ha llevado a cabo una verdadera reforma agraria en Colombia, pese a que el conflicto por la tierra es uno de los elementos constitutivos principales del conflicto colombiano. El enfrentamiento armado, ha sido la expresión de diversos conflictos estructurales, que no han encontrado solución por vías democráticas y pacíficas; entre ellos, probablemente sean el conflicto por la tierra y por el espacio territorial, los que con mayor frecuencia han generado confrontaciones violentas [230]. El primero hace referencia a la extrema desigualdad derivada de la concentración de la propiedad de la tierra: se calcula que un tres por ciento de los propietarios colombianos poseen el setenta por ciento de las tierras cultivables [231]. El segundo de los conflictos hace referencia al dominio y control territorial como estrategia de orden político y económico: la disputa entre varios actores armados para controlar al Estado. Los dos conflictos se superponen y complementan, de forma que en cada período histórico, es posible identificar una distinta combinación de ambos como sustrato de la lucha armada.

Los grupos guerrilleros se consolidaron en Colombia a partir de la década de los ‘70 del siglo XX, si bien su existencia es anterior a la constitución del Frente Nacional. En 1949 habían surgido ya los primeros núcleos de autodefensa campesina y de guerrilla móvil, pero dos décadas después se formaron los tres grupos guerrilleros que han sido determinantes en la historia de la lucha armada [232]. Durante las décadas de los ‘50 y los ‘60 del siglo XX, la insurgencia armada fue incapaz de establecer un proyecto de oposición revolucionaria, que pudiese disputar a los partidos tradicionales su hegemonía en la sociedad, debido a que carecían de expresión civil, puesto que habían sido prácticamente destruidas las organizaciones campesinas y sindicales.

Pese a la elección de la táctica de actuar como catalizador del descontento popular a partir de un pequeño grupo armado rural para la lucha, los insurgentes no contaban con bases de origen campesino. Con excepción de las FARC, el grueso de los guerrilleros eran reclutados entre estudiantes y profesionales de clase media. Estos factores, a los que se añade la creciente radicalización ideológica de los cabecillas, dieron lugar al progresivo aislamiento de los insurgentes. No es, por tanto, extraño que, durante la década siguiente, el resurgimiento de los movimientos sociales se viera acompañado de la pérdida de fuerza de la lucha armada. Desde finales de la década de los ‘60, los sindicatos, las asociaciones de campesinos -en particular, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- y los movimientos estudiantiles, comenzaron a canalizar sus propias reivindicaciones a través de la protesta social, por conductos diferentes a la lucha armada. La guerrilla perdió, entonces, la exclusividad como opositor al sistema y, en alguna medida, las debilitó [233].

A finales de los ‘70 todo parecía indicar el fin de la insurgencia, pero en realidad se produjo su fortalecimiento, fundamentalmente por la incapacidad -o desinterés- del Estado para satisfacer las demandas de la sociedad y, sobre todo, la política de represión que desarrolló el Gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), a partir del Estatuto de Seguridad (Decreto 1928/1978), emulando estatutos similares promulgados por los regímenes militares del sur de la región [234]. Ante la represión estatal extrema, que criminalizaba prácticamente cualquier tipo de protesta social, los grupos guerrilleros existentes se fortalecieron, al tiempo que surgían otros nuevos [235].

Las autoridades estatales, que se encontraron con que el método de la represión no funcionaba, invitaron al diálogo. Los intentos por obtener la Paz y negociar, desarrollados durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) no dieron los frutos esperados. Aunque la Ley 35 de 1982 dispuso el otorgamiento de una amnistía general, no se había concretado ningún Acuerdo con los grupos guerrilleros que permitiese aplicarla. Los Acuerdos alcanzados mediante negociaciones emprendidas por un lado con las FARC [236] y, por otro, con el M-19 y el EPL fracasaron. En octubre de 1985, la toma del Palacio de Justicia por un comando del M-19, y el asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica (UP) -movimiento político surgido de los Acuerdos, que pretendía materializar la participación política de las FARC-, determinaron el fracaso del proyecto de Paz del Presidente Betancur [237].

La respuesta gubernamental ante la insurgencia, fue una combinación de métodos para combatirla:

i) enfrentamiento armado a través de la fuerza publica;

ii) suspensión de los derechos y libertades publicas mediante la declaración del “Estado de excepción” [238]; y

iii) ante las dificultades del ejército para enfrentar las tácticas de guerra de guerrillas, la organización de grupos de campesinos en autodefensas -paramilitares-, como apoyo a los esfuerzos militares del Estado. Estas formaciones, creadas por Decreto-Ley en 1969 [239], no tuvieron un papel determinante en el conflicto hasta mediados de los ‘80, en que fueron promovidas desde unas fuerzas armadas cada vez más escépticas de poder derrotar a las guerrillas por vías regulares y acorde a la normativa interna e internacional [240].

A los grupos organizados por los militares, se sumaron las autodefensas ya existentes, que se habían creado en áreas rurales -particularmente en las zonas agrícolas de frontera-, y que habían sido promovidas a partir de la década de los ‘70 por grupos de latifundistas, algunos de ellos vinculados al narcotráfico, con el fin de luchar contra la guerrilla. La acción de estas organizaciones se fue desplazando hacia la esfera urbana, sin abandonar la rural.

En un principio, la táctica empleada para debilitar a las guerrillas fue, casi exclusivamente, la de atacar su base social, es decir a los miembros de la población civil identificados como simpatizantes de los grupos subversivos: líderes comunales, periodistas, sindicalistas y activistas de Derechos Humanos. En especial atacaron a la Unión Patriótica, asesinando a más de mil militantes, entre ellos su Presidente, dos de sus candidatos a la presidencia, Alcaldes, Senadores y militantes. El M-19 sufrió el asesinato de su líder y candidato a la presidencia Carlos Pizarro. Con el paso del tiempo, sin abandonar esta estrategia, operaron en el enfrentamiento directo en combate.

Los grupos paramilitares no se limitaron a combatir a los insurgentes, actuaron también como agentes de terratenientes y narcotraficantes, en calidad de ejércitos privados para garantizar la seguridad de los latifundios y para ampliar su extensión, expulsando a los campesinos poseedores de parcelas vecinas mediante amenazas, extorsiones y asesinatos masivos [241].

El Gobierno colombiano ha procurado establecer una distinción entre los grupos paramilitares, y las autodefensas. De acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, los primeros serían mercenarios, mientras que las autodefensas, tendrían un proyecto político [242]. Esta distinción no resulta tan clara en la práctica, ya que el propio Jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño, reconoció que, en ocasiones, los grupos de autodefensa se han puesto al servicio de los intereses de ganaderos y narcotraficantes [243].

Un ingrediente adicional importante del conflicto colombiano es el narcotráfico. Surgido en la década de los ‘60 con el cultivo y tráfico de marihuana, se ha ido adaptando de forma eficaz tanto a las exigencias del mercado, como a las estrategias de lucha desplegadas en su contra por el Estado. Los grupos dedicados a esta actividad, se aliaron con los diferentes actores del conflicto para proteger sus intereses, de forma que, mientras en ciertas regiones mantenían verdaderos ejércitos para combatir a la guerrilla, en otras pactaron con los grupos insurgentes, pagándoles una especie de impuesto revolucionario, a cambio de protección para sus cultivos. Por otra parte, aunque formalmente, son perseguidos por el Estado, con la participación de Estados Unidos en el desarrollo de un agresivo programa de lucha contra el narcotráfico [244], han logrado, a través de la corrupción, enquistarse en todos los niveles del Gobierno y la sociedad [245]. Los narcotraficantes han invertido en la compra de grandes extensiones y en la explotación de la ganadería, apropiándose de buena parte de las zonas más fértiles. En 1994, ya eran dueños de unos trescientos mil kilómetros cuadrados de propiedades agrarias, con un aumento del doscientos por ciento en seis años: para entonces habían comprado tierras en cuatrocientos nueve municipios y eran dueños del cuarenta y dos porciento del total de tierras cultivables del país, generalmente las más productivas [246].

En este contexto es necesario leer las condiciones de legitimidad del levantamiento insurgente. La vulneración del derecho a la rebelión y su emparentamiento con terrorismo, no solo se da en las leyes penales colombianas y sus tribunales, ha tenido también como escenarios fundamentales los grandes medios de comunicación que, como armas de guerra asimétrica, construyen matrices por fuera del Derecho Internacional Público en dirección a vulnerar la legitimidad de la resistencia.

La llamada “izquierda democrática”, abandonó el carril de la solución política negociada al conflicto armado y se mancomunó con la política gubernamental de exterminio de la insurgencia, sumándose a la desnaturalización del delito político estigmatizándolo como terrorismo. Este alineamiento resultó de la cooptación política de la izquierda post-constituyente de 1991 en la sociedad colombiana. Esta intelectualidad e izquierda débil, pactó un Acuerdo de Paz sobre el olvido y el silencio, la Paz firmada por las guerrillas desde 1990 no fue sólo un pacto político y militar, fue ante todo un pacto ideológico. Aceptaron olvidar que un partido político de izquierda, la Unión Patriótica (UP), había perdido seis mil militantes que fueron asesinados.

En la Paz, la insurgencia perdió políticamente: en el ciclo de conversaciones en el período Betancur (1985-1990), fue golpeada y exterminada su expresión política legal, a pesar de que la existencia de la UP formaba parte de los Acuerdos negociados con el Gobierno como parte de una fórmula para construir la Paz; en el ciclo de negociaciones de Paz realizadas entre 1989 y el 2002, durante el período de Pastrana, su legitimidad, fue golpeada duramente. Si bien a los golpes en su legitimidad se pueden sumar errores políticos insurgentes e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, también hay que considerar el silencio cómplice de los órganos mediáticos frente al genocidio por miembros de las fuerzas militares y los ejércitos paramilitares, mientras, cualquier infracción de la insurgencia al DIH, ha sido trabajado en la emocionalidad pública con amplificación.

En la tradición del Derecho Internacional Público hay un marco normativo que ha resistido los intentos de su derrumbe, las tentativas por tipificar como terrorista la resistencia insurgente no ha prosperado en los convenios internacionales sobre terrorismo.

No obstante, dado la estructura internacional, cuyo funcionamiento es mucho más primitivo -embrionario- que la estructura estatal [247], es prácticamente un hecho -aunque disfrazado de legitimidad- que el Derecho Internacional Público, es manejado en función de los intereses del poder dominante, que es el poder de “los dominantes”, de manera tal que, encontrando argumentos de legitimación, incumplen sus normas sin caer en las calificaciones que utilizan sobre quienes son disfuncionales a sus intereses y/o aspiraciones [248].

Desde las normas de la guerra contenidas en el Derecho Internacional Público, una vez en armas, el bando, que es esencialmente beligerante, debe ser tratado como enemigo. Esto implica:

1. Que siendo sujeto del derecho de guerra no puede ser criminalizado desde la legislación interna, legislación del régimen contra el que se ha levantado en armas y cuya legislación no reconoce o aspira a transformar.

2. Su aniquilamiento no es un objetivo legítimo de guerra.

3. Las hostilidades deben conducirse contemplando la eventualidad de un tratado de Paz.

4. Los beligerantes capturados no podrán ser juzgados por rebelión, sino que tendrán automáticamente el carácter de prisioneros de guerra que serán puestos en libertad, cuando terminen las hostilidades o las partes acuerden un canje de prisioneros.

5. Los beligerantes derrotados tienen derecho a la amnistía, con excepción de los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

6. En una guerra civil en la que el Estado sea una de las partes, éste no puede juzgar, bajo la legislación interna, los actos de los beligerantes que se le oponen [249].



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


[224] Gómez Buendía, Hernando, “La Violencia Contemporánea en Colombia: Un Punto de Vista Liberal”, en Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (Comp.), Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, (Bogotá, IEPRI y CEREC, 1995), 2da Ed., reimpresión, pág. 376.

[225] El Indice de Desarrollo Humano (IDH) de Colombia es del 0,779 para una población de más de 43 millones de habitantes. Fuente: AKAL “El estado del mundo” 2004. El 57% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza absoluta. Revista Semana, Bogotá, Edición Nro. 1138, Febrero 23 a marzo 1º del 2004, pág. 12.

[226] Democracia electorera.

[227] Hago la aclaración de “Gobiernos de turno”, cuando hacen referencia al “Estado”, ya que el Estado está conformado por “todos”, mientras que los Gobiernos, son los encargados -por elecciones o mediante un golpe de Estado- de conducirlos y administrarlos, según criterios y estrategias político-económicas-sociales y de seguridad. Por ello, cuando se dice “Estado”, en realidad se están refiriendo al/los Gobierno/s de turno.

[228] García Villegas, Mauricio y Santos, Boaventura, “Colombia: El Revés del Contrato Social de la Modernidad”, en García, Mauricio y Santos, Boaventura (Dirs.), El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia, (Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2001), pág. 35.

[229] García Villegas, Mauricio “Constitucionalismo perverso, normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997”, en García, Mauricio y Santos, Boaventura (Dirs.), El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia, (Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2001).

[230] UNICEF: Un país que huye: Desplazamiento y violencia en una Nación fragmentada, (Bogotá, Editora Guadalupe, 1999), págs. 75 y ss.

[231] Asociación SETA, Misión de identificación de Derechos Humanos en Colombia, citado en el Informe del Representante del Secretario General de la ONU sobre desplazamiento interno en su visita a Colombia, presentado a la Comisión de Derechos Humanos en su 51ro período de sesiones, párrafo 29.

[232] Pizarro Leongómez, Eduardo: “La Insurgencia Armada: Raíces y Perspectivas” en Pasado y presente de la violencia en Colombia, (Bogotá, IEPRI y CEREC, 1995), 2da Ed., reimpresión, pág. 391.

[233] Peco, Yeste, Miguel y Peral Fernández, Luis, El Conflicto de Colombia, en “Conflictos Internacionales Contemporáneos”, Documento Nro. 6, Escuela de Guerra del Ejército, Ministerio de Defensa, Universidad Carlos III de Madrid, Febrero del 2006.

[234] García Villegas, Mauricio “Constitucionalismo perverso, normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997” en García, Mauricio y Santos, Boaventura (Dirs.), El caleidoscopio de las justicias en Colombia, (Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2001).

[235] Además de las FARC, el M-19 y el EPL, que acrecentaron sus actividades y frentes de combate, el ELN que se reconstruyó, surgieron otros grupos como el Quintín Lamé, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

[236] Acuerdo entre la Comisión de Paz y las FARC subscripto el 28-3-1984, conocido como Acuerdo de la Uribe: http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/cpconfaf.htm#Acuerdo1.

[237] Guerrero, Víctor, “Breve historia de las Amnistías e indultos en Colombia”, Fundación Social-ICTJ, 2003, http://www.consejerosdePaz.org/.

[238] El establecimiento, casi permanente entre 1957 y 1991, de la figura del Estado de Excepción permitió el mantenimiento de las formas democráticas -si República-, mientras se restringían los derechos y libertades civiles, bajo el argumento de la defensa de las instituciones. Este instrumento -a medio camino entre el régimen militar y la democracia constitucional formal- conllevó la criminalización de las protestas sociales y contribuyó a la concepción de la lucha armada como la única opción viable para cuestionar al sistema. Citado en, Peco, Yeste, Miguel y Peral Fernández, Luis, El Conflicto de Colombia, en “Conflictos Internacionales Contemporáneos”, Documento Nro. 6, Escuela de Guerra del Ejército, Ministerio de Defensa, Universidad Carlos III de Madrid, Febrero del 2006.

[239] El Decreto-Ley 1699 de 1964, dictado bajo el Estado de excepción, permitió la creación de estos cuerpos armados de civiles. Citado en, Peco, Yeste, Miguel y Peral Fernández, Luis, El Conflicto de Colombia, en “Conflictos Internacionales Contemporáneos”, Documento Nro. 6, Escuela de Guerra del Ejército, Ministerio de Defensa, Universidad Carlos III de Madrid, Febrero del 2006.

[240] Uprimny, Rodrigo y Vargas, Alfredo, “La palabra y la sangre, violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia”, en Palacio, Germán, (Ed.), La Irrupción del Paraestado, (Bogotá, ILSA y CEREC, 1990).

[241] Vargas Meza, Ricardo, Drogas, Mascaras y Juegos, (Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1999).

[242] “Informes de Paz”, Publicación del Alto Comisionado para la Paz, Nro. 5, Febrero de 1997, pág. 13.

[243] Aranguren Molina, Mauricio, Mi Confesión: Carlos Castaño Revela sus Secretos, (Bogotá, Edit. Oveja Negra, 2001).

[244] El “Plan Colombia”, diseñado durante la administración Clinton, y el “Plan Patriota” propiciado por la administración Bush, objeto de polémica, dados sus pobres resultados.

[245] Vargas Meza, Ricardo, Drogas, Mascaras y Juegos, (Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1999).

[246] Reyes, Alejandro, “Compra de Tierras por Narcotraficantes”, en Drogas Ilícitas en Colombia: su Impacto Económico, Político y Social, (Bogotá, Thoumi, F. (Ed), Ariel y PNUD, 1997).

[247] Dallanegra Pedraza, Luis, La Construcción de un Orden Mundial Imperial, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 2005), ISBN: 987-43-6267-7, Cap. IV.

[248] Se podría hacer una larga lista de intervenciones en las que el argumento legitimador ha sido: “proteger los Derechos Humanos de la población civil”; “evitar que utilicen armas de destrucción masiva”; “evitar el desarrollo nuclear con fines bélicos”; “proteger los intereses o la vida de ciudadanos estadounidenses en el país”; etc.

[249] Sagún, Carlos, Centro de Estudios Policarpa Salabarrieta, La Juez de Milán ha Dicho: “La Guerra de Guerrillas no es Terrorismo”, en Kaosenlared.net, 29-7-2012, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/26198-la-juez-de-milán-ha-dicho-la-guerra-de-guerrillas-no-es-terrorismo.html. También, http://www.cinep.org.co.