Tapa Conflicto en Colombia

 

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Parte II

Capítulo V

Marco Conceptual

Componentes para el Proceso de Paz

El proceso de negociación para alcanzar la Paz, de acuerdo a como fue encarado por los diferentes Gobiernos colombianos y, para el caso de Juan Manuel Santos, en las pre-negociaciones, comprende tres componentes centrales, que abarcan [177]:

i) los problemas de tensión en el área económica;

ii) la problemática judicial; y

iii) el futuro de la política -y el sistema político, al menos para la insurgencia-, en el post-conflicto.

Para el componente económico, independientemente de que el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha advertido que quedó totalmente fuera de discusión el modelo de Estado y el desarrollo económico-social, las guerrillas se plantean un modelo de desarrollo con justicia social, el rol de las inversiones internacionales que respete la soberanía, un Estado de Derecho no sólo para los inversores, sino también para el pequeño productor nacional.

El segundo elemento importante, el componente judicial, comprende temas muy sensibles y sumamente complejos en su abordaje y resolución, tales como: el arrepentimiento; juicios y perdón; reconciliación; recompensas; reparación de las víctimas; igualdad en la justicia para crímenes de Estado -evitar la impunidad de las fuerzas armadas y los tribunales especiales- incluyendo paramilitares, y para las guerrillas. Posibilidad -o no- de extradición de guerrilleros a Estados Unidos como ha sido el caso de los paramilitares reclamados por actividad en el narcotráfico. La evidencia de que los grandes promotores de la violencia en Colombia, terminan saldando cuentas más en Estados Unidos que en el país, representa otro hecho que demuestra la importancia de ese país, en el tema del narcotráfico y el lavado de dinero, en el que el Gobierno de Estados Unidos involucra a las FARC, además de los secuestros a ciudadanos norteamericanos -caso de los contratistas norteamericanos Marc Gonçalves, Thomas Howes y Keith Stansell-, retenidos por las FARC entre 2003 y 2008. En el arduo tema judicial, punto esencial de discordia entre detractores y defensores del proceso de Paz de La Habana, también hay un componente externo ineludible; no solamente porque existen tratados internacionales que exigen sanción a graves violaciones a los Derechos Humanos, sino también porque en el caso particular de Estados Unidos, su poder judicial, desde hace muchos años, tiene notable injerencia en Colombia. Cualquier colaboración desde Washington pasa por su respeto a los estrados judiciales. Las cuentas pendientes ante la justicia de Estados Unidos es un tema que va más allá de los Acuerdos con el Gobierno.

El tercer tema importante, que comprende el componente político, ha sido tratado desde la perspectiva del futuro de la participación política -o no- de las guerrillas; mientras que éstas ponen el acento en una democracia participativa con justicia social, la modificación de las instituciones y -algo no aceptado por el Gobierno de Santos- la celebración de una Asamblea Constituyente.

El Fin de una Macro-Etapa

Del mismo modo en que a mediados del siglo XVII se terminó la etapa feudal y se inició la del Estado-Nación, hoy estamos asistiendo a su fin y al posible inicio de otra macro-etapa en la que el Estado tendrá otras características, que no podemos actualmente precisar, pero que ya no son las “westfalianas” [178].

También ha finalizado, por diferentes motivos, la posibilidad de ascenso social. Hay una incapacidad para la reacción; más allá de las diferencias, los pueblos no reaccionan o lo hacen débil y desorganizadamente. La capacidad de los Gobiernos de “criminalizar” las demandas sociales, supera la capacidad de los pueblos de organizarse y participar activamente en defensa de sus derechos.

El papel del Estado en el proceso de desarrollo económico-social es importante, no desde el punto de vista ideológico, sino para que la sociedad alcance los objetivos de bienestar y equidad. Esto se explica mostrando la diferencia entre la reacción frente a la crisis de 1929/30 y la generada a partir del 2007. En el primer caso se pudo salir debido a que se adoptó una normativa contemplando la garantía de los depósitos en bancos, prestaciones de ayuda social, subsidios de desempleo, fondos de pensión, sostén de los precios agrícolas, tácito compromiso público de evitar la quiebra de empresas, banca o industria, dotando a Estados Unidos de una capacidad de reacción económica y social provechosa [179]; en el segundo, quienes están recibiendo la garantía, son las corporaciones -particularmente la banca- que generaron la crisis y los sectores sociales quedan postergados y debilitados.

La incapacidad de generar un “movimiento ascendente” por parte de las “subclases” insatisfechas, hace que se genere resentimiento y violencia. Con el proceso de globalización particularmente, se ha paralizado la movilidad social, generando callejones sociales y laborales sin salida [180].

El cambio se torna “difuso” mientras que el “statu quo” es lo conveniente para el satisfecho [181].

En el contexto de las denominadas “democracias” conformadas por los “satisfechos”, no entra la idea de que la política se ocupe ni planifique acciones que contrarresten el infortunio de los insatisfechos ya que la “intervención pública” choca con la oposición sistemática de la mayoría electoral satisfecha. De acuerdo con la opinión aceptada -siguiendo los criterios de la ideología dominante y de “los dominantes”-, se considera que tiene que ser la propia subclase la fuente de su propio socorro y bienestar, de acuerdo con la opinión extrema, necesita el incentivo de la pobreza ya que el apoyo y la ayuda social le perjudicarán. De esta manera se justifica la política de los satisfechos [182]. El Estado vale cuando conviene a la satisfacción [183].

En general se dan más subsidios a la riqueza que a la pobreza [184]. Y en este último caso, tiene más fines electorales, que de resolución de su problemática [185]. Además, los subsidios a la pobreza, no van acompañados de generación de empleo para que, resuelta la situación de urgencia, el pobre salga de esa condición, no por el subsidio sino por su trabajo.

La pregunta clave para ver qué capacidad de reacción tiene una sociedad es ¿cuánta insatisfacción es “insatisfacción”? ¿Hasta dónde es capaz de soportar?

Debe considerarse, que la inercia social genera un statu quo perverso, donde la “cultura del satisfecho”, comprende dos caras de una misma moneda [186]:

1) una de ellas muestra el egoísmo miope de quienes viven satisfechos de su prosperidad y/o status económico-financiero, e ignoran a quienes han quedado marginados y privados de ayuda para cambiar su suerte;

2) la otra cara está dada por una gran mayoría de necesitados, que se acomodan de manera conformista, debajo de los beneficios que reciben de los Gobiernos -de manera clientelar- que otorgan ayuda social, viviendas baratas, servicios médicos, paquetes alimentarios, etc.

En Argentina -por hablar de un país latinoamericano a modo de ejemplo- pareciera que la gente no está nunca insatisfecha, por más que siga degradándose su status de vida. El que los “incómodos” acepten pacífica e incluso alegremente su destino, ha sido siempre uno de los grandes dogmas de la comodidad. La iglesia, con la resignación y la vida después de la vida, ha influido con los valores de la no reacción y la resignación. Es más probable que sean los cómodos los que reaccionen frente a las penurias y la violencia de los barrios urbanos y mucho más probablemente si la violencia es extrema [187]. El crecimiento de la seguridad particular y de los countries privados (ghetos), muestra esta reacción. Además, si crece la violencia y el descontento, se atribuirá a la naturaleza inferior y delictiva de los individuos implicados, y no a la problemática que viven. Todo se resuelve con la aplicación de la ley y el aumento de la represión.

Amenazar a la “comunidad de la satisfacción” perjudica a la sociedad, porque se pierden inversiones, dinámica económica y por ende, trabajo. El “progresismo” atenta contra la “comunidad de la satisfacción” [188]. Una amenaza a los satisfechos, proviene de aquellos que quedan fuera del bienestar que se orientan a la violencia, la droga y el alcohol [189].

La “democracia neoliberal” (delegativa) tiene una capacidad autocorrectora para la mayoría electoral satisfecha [190].

¿Cómo producir el cambio, si el enfermo, lejos de admitir su enfermedad, cree que está sano [191]? En la etapa del Gobierno de John F. Kennedy, los derechos civiles de los negros no fueron otorgados por el Gobierno, sino logrados por la explosión violenta y no violenta desde abajo, que desafió a la cultura de la satisfacción y generó una legislación apropiada. De la misma manera, en Argentina con los Derechos Humanos, que no fueron “otorgados” por ningún Gobierno, sino alcanzados gracias a la lucha de Madres de Plaza de Mayo, acompañadas luego por las “abuelas” y los “hijos”, lo que derivó, con el tiempo y diferentes Gobiernos -algunos de los cuales siguieron actuando regresivamente, como el de Carlos Menem-, se fueron institucionalizando mediante legislación adecuada.

Motores de cambio, pueden ser varios [192], como:

1) Un desastre económico; aunque la hiperinflación en la etapa de Raúl Alfonsín en la Argentina, derivó en el desastre neoliberal de Carlos Menem. En Colombia los niveles de desigualdad e inequidad social, los desplazados por el conflicto, etc.

2) Una actuación militar adversa. El caso de la derrota en la guerra de las Malvinas (1982) llevó a la salida inmediata de los militares en el Gobierno y a la elección de Raúl Alfonsín en Argentina, a la vez que a la posible participación consciente y comprometida de la población, pero terminó en el Gobierno de Carlos Menem; este es el ejemplo de que los militares que se transformaron en “cara pintadas” bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín, fueron reemplazados por políticos cooptados como Carlos Menem. Para el caso de George W. Bush hijo, las guerras producen ganancias y se hacen en nombre del pueblo, pero para beneficiar a las clases satisfechas, como el sector petrolero y el militar-industrial. En el caso de Colombia, los montos invertidos en armamento y represión superan con creces a los invertidos en desarrollo social.

3) La irrupción de una subclase furiosa. En Argentina, el Gobierno de De La Rúa, fue echado con “cacerolazos” y se armaron asambleas populares [193], que fueron absorbidas por los partidos políticos, que temieron el fin de su negocio en el poder. Sin embargo, la misma situación no se ha dado para el caso del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el resto del mundo, las movilizaciones populares en Medio Oriente y el Magreb, generaron caídas de Gobiernos pero, inmediatamente la maquinaria del establishment tanto interno como internacional procede, de manera tal de “clamar los ánimos populares” pero poniendo a un nuevo Gobierno que, por sobre todo, satisfaga sus intereses económicos y de seguridad. Dentro de este esquema pueden entrar conflictos como el de Colombia, en los que la “legitimidad” tanto interna como internacional de los Gobiernos, les permite mantenerse -en la medida en que los intereses económicos y de seguridad del “establishment” interno e internacional estén cubiertos- en el poder, y de esta manera, frenar o anular las posibilidades de demandas y de cambios substantivos utilizando una multiplicidad de medidas que, su condición de legitimidad, les permite utilizar exhaustivamente.

Del mismo modo en que el sector privado modifica al Estado [194] en su propio beneficio, también la sociedad civil lo hace al tomar en sus propias manos su destino, aunque carece de la efectividad y la organización, que el sector privado tiene. En una sociedad ideal, tendría que haber un equilibrio entre ambas partes, de forma tal que los beneficios sean mutuos y equitativos y superen a los perjuicios que cualquiera de las partes pueda tener; pero esta “idealidad” sólo se alcanza si las partes se encargan, a través de sus propias capacidades e influencias efectivas, de lograrlo [195].

Las necesidades humanas son “transnacionales”, independientes de las fronteras y de los sistemas políticos, de la riqueza o pobreza de éstos; aunque la satisfacción de estas necesidades, sólo está en manos de ellos. En general, en el mundo, los afortunados son los “dominantes” [196]. ¿Cómo modificar ese desequilibrio y alcanzar y consolidar una mayor equidad?

En el mundo industrializado, existe un compromiso con la “economía de consumo”, que constituiría la “buena sociedad” para ellos, la fuente principal de la satisfacción, el placer de los seres humanos y la media más visible de las consecuencias sociales [197]. Con la globalización, esto ha sido impuesto a la periferia a través de diferentes planes, entre otros, el Consenso de Washington de 1989, de forma tal que los Gobiernos de los países periféricos, debían ser “funcionales” a estos planes para recibir beneficios e inversiones. Con la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la URSS (1991), ya el comunismo había dejado de ser una hipótesis de conflicto, por lo que no se necesitaba más de los militares para imponer políticas en la periferia, ahora con Gobiernos civiles cooptados se podía alcanzar perfectamente el objetivo de dominio.

La estructura institucional debe ser representativa de las características humanas para satisfacer las necesidades de todos. En una “sociedad buena”, todos los individuos deben gozar de las libertades, tener un bienestar mínimo, equidad racial y étnica, oportunidad de acceder a una vida satisfactoria. La libertad, tiene que ver con el grado de satisfacción de necesidades, más que con la ideología -neoliberal, que tiene que ver con el poder asimétrico y no con la libertad de los individuos, sino la “libertad de acción” de los actores que consiguen el poder para hacerlo-; de la misma manera que hubo gente privada de su libertad en la URSS o en Alemania Oriental, también en los barrios pobres de Nueva York u otras ciudades de países industrializados [198].

Cuando se dice que una medida puede ser buena pero que es políticamente impracticable, es porque seguramente deben protegerse intereses antisociales. A nadie le gusta creer que su bienestar personal está en conflicto con las necesidades de la población en general, de manera que es natural que se invente una ideología para justificarlo [199].

Siempre se ha presentado al sistema político como contenedor, el que sirve al “interés de todos”; la “democracia constitucional” que protege las libertades y asegura una resolución pacífica de las diferencias inherentes [200]. Sin embargo, este sistema -en términos electorales- sólo mantiene el estado de cosas, especialmente en beneficio del poder, generando una imagen de legitimidad otorgada por el voto popular. Los menos favorecidos carecen de verdadera “voz política”; sólo tienen derecho a votar una vez cada tantos años y luego callarse la boca. Se trata de una “democracia de los afortunados” ya que los ricos tienen dinero e influencia, mientras que los pobres carecen de ambos. Así se define el rol del Estado [201], que ya no es manejado por la Nación -en términos “westfalianos”-, sino por las “corporaciones” de acuerdo con las nuevas tendencias de la macro-etapa [202].

Siempre se ha definido a la economía desde una perspectiva ideológica: liberalismo, socialismo, capitalismo, ser partidario de la propiedad pública o la privatización; en vez de considerar a la economía como la forma de producir bienes y suministrar servicios con eficacia y distribuir los ingresos de un modo socialmente aceptable y económicamente funcional. Se ha establecido la “supremacía del consumidor” [203] por sobre la satisfacción de necesidades y bienestar de la población en general. En última instancia, el Ejecutivo de un Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la burguesía. El “poder” sigue residiendo en la propiedad del capital, pero en las enormes empresas actuales, la propiedad y el control ya no están, en la gran mayoría de los casos, unidos; ahora es la burocracia empresarial y los accionistas, con intereses financieros por sobre los empresariales [204].

Gran parte de las actividades públicas se han privatizado, escapando de las manos y el control del Estado, ya que las empresas privadas son las que ejercen su poder por sobre las grandes decisiones en temas de infraestructura, seguridad, etc. [205]. En definitiva, la pregunta es ¿quién maneja el Estado? más allá de las cabezas visibles. El Estado-Nación ya no está operando, toda vez que son las “corporaciones” y no las “naciones” las que lo controlan. El sector privado busca la retribución a corto plazo, no invertir a largo plazo; no se responsabiliza por el daño social o ambiental. Los grandes avances en la medicina, la agricultura, e incluso en la infraestructura, han sido porque el Estado ha invertido en ellos no el sector privado [206].

En una “buena sociedad”, debe haber oportunidades económicas para todos, sin límites para nadie. Mientras hay oportunidad, hay tranquilidad social, el estancamiento económico y la privación, traen conflictividad. El desempleo y la desposesión sin esperanzas lleva a la droga y la violencia, a la delincuencia a la revuelta y responder con medidas represoras es fútil. En general el desorden y la violencia son vistos como algo vinculado a lo étnico o la raza, nunca a la pobreza y las privaciones [207].

Una “buena sociedad” debe distinguir entre el enriquecimiento permisible y beneficioso desde el punto de vista social, y el que se hace con costo o a costa de la sociedad. Debe haber una diferenciación y una prohibición explícita del enriquecimiento financiero a costa de los demás [208].

La economía de mercado asigna riqueza y distribuye la renta en forma asimétrica, con gran desigualdad, de manera contraria a los intereses sociales y también perjudicial desde una perspectiva práctica. Estados Unidos es un ejemplo de ello [209]. En Colombia esto ocurre con la propiedad de la tierra [210]. La economía de mercado se basa en la respuesta no programada ni controlada, de los diferentes fabricantes y empresas grandes o pequeñas a los deseos y poder adquisitivo de los consumidores nacionales y extranjeros. El poder que impulsa este mecanismo se origina en la actividad productiva a que responde el poder de compra [211]. Una sociedad, un país que queda subordinado a este esquema carece de futuro, sólo lo decide el mercado y su capacidad de consumo, a la vez que el interés que pudieran tener empresas o inversores en confiar en radicarse o invertir en esa sociedad o país.

Uno de los elementos que más perjudica a la distribución de la renta, es la economía especulativa [212], que ha crecido mucho, especialmente a raíz de la globalización. La distribución de la renta, acorde con estos sistemas, muestra la distribución del “poder”. La fuerza de los trabajadores ha disminuido, hay creciente desempleo y subempleo además que debilitamiento sindical por menor afiliación, a la vez que por la decadencia de la industria con mano de obra masiva [213].

La ayuda económica que las grandes potencias o las potencias (neo)coloniales prestan a los países pobres, tiene más que ver con lo ideológico que con una responsabilidad. En la guerra fría fue por temor al comunismo. En la mayoría de estos países la pobreza sigue siendo endémica [214]. De todas formas solo prestan ayuda a Gobiernos que son “funcionales” a sus intereses. En la periferia gran parte de las razones tienen que ver con corrupción, dictaduras, inestabilidad, incompetencia [215].

No sólo es importante la radicación de empresas e inversión, es esencial que haya Gobiernos estables y coherentes y, fundamentalmente, “educación”. Aeropuertos, grandes plantas industriales, con una población ignorante, son estériles monumentos al error y al fracaso [216]. La educación debe ser para el desarrollo y la generación de pensamiento alternativo, no sólo para formar mano de obra especializada. En realidad sólo se busca mano de obra barata, no el desarrollo de esas zonas, ni la búsqueda de alternativas o salidas autónomas, aun dentro de un esquema mundial globalizado, en el que resulta imposible comportarse y conducirse como una isla.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


[177] Sigo los criterios planteados por Arrázola, María del Rosario, Proceso de Paz, en ojos del Mundo, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-420152-proceso-de-Paz-ojos-delmundo, con agregados de análisis míos.

[178] Este tema lo he estudiado y desarrollado en profundidad en Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2003), ISBN: 987-43-2776-6, Capítulos II y III, así como en Dallanegra Pedraza, Luis, Reformulación del Orden Mundial: el Fin de una “Macro-Etapa”, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2003), ISBN: 987-43-6266-9, especialmente Capítulo XII.

[179] Galbraith, John Kenneth, La Cultura de la Satisfacción, (Bs. As., EMECE, 1992) ISBN: 950-04-1191-1, pág. 13.

[180] Galbraith, John Kenneth, La Cultura de la…, op. cit., págs. 47-49.

[181] Ibidem, pág. 31.

[182] Ibidem, pág. 49.

[183] Ibidem, pág. 169.

[184] Por dar un solo ejemplo, en Argentina (2003-2015), el Gobierno subsidia a los propietarios de los medios de transporte de pasajeros, no a los pasajeros; de la misma manera subsidia a las empresas prestatarias de servicios públicos, como luz, gas, etc., no a los usuarios.

[185] Galbraith, John Kenneth, La Cultura de la…, op. cit., pág. 26.

[186] Ibidem, pág. 113.

[187] Ibidem, pág. 179.

[188] Ibidem, pág. 155.

[189] Ibidem, pág. 177.

[190] Ibidem, pág. 163.

[191] Ibidem, pág. 164.

[192] Ibidem, págs. 165, 175-176.

[193] Bajo el lema de “que se vayan todos”, cansados de corrupción e incompetencia política. El disconformismo no era sólo con De La Rúa, sino que éste fue la gota que rebalsó el vaso. La idea era refundar al país generando un nuevo Pacto Social.

[194] Proceso global de privatizaciones, siguiendo los criterios del Consenso de Washington de 1989, particularmente durante la década de los ‘90, en que explotó la “globalización”. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2003), ISBN: 987-43-2776-6, Cap. VIII.

[195] Siguiendo los criterios de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, (Madrid, Akal, 1989), Libro V, parágrafo 105.

[196] Galbraith, John Kenneth, Una Sociedad…, op. cit., pág. 14.

[197] Ibidem, pág. 15.

[198] Ibidem, pág. 16.

[199] Ibidem, pág. 17.

[200] Ibidem, pág. 19.

[201] Ibidem, pág. 21.

[202] Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2003), ISBN: 987-43-2776-6, Capítulos II y III, así como en Dallanegra Pedraza, Luis, Reformulación del Orden Mundial: el Fin de una “Macro-Etapa”, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2003), ISBN: 987-43-6266-9, especialmente Capítulo XII.

[203] Galbraith, John Kenneth, Una Sociedad…, op. cit., págs. 29-30.

[204] Ibidem, pág. 31.

[205] Ibidem, pág. 34.

[206] Galbraith, John Kenneth, Una Sociedad…, op. cit., págs. 36-37.

[207] Ibidem, págs. 39-41, 167.

[208] Ibidem, págs. 45-49.

[209] Según el New York Times, el 1% de las familias más ricas es propietario de 40% de la riqueza (1989) y el 20% más rico controla el 80%; mientras que el 20% más pobre sólo el 5,7%. Galbraith, John Kenneth, Una Sociedad…, op. cit., pág. 80.

[210] El índice Gini de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, entre 0 (equidad) y 1 (inequidad), subió de 0,840 en 1984 hasta 0,875 en el 2009.

[211] Galbraith, John Kenneth, Una Sociedad…, op. cit., pág. 97.

[212] Ibidem, pág. 84.

[213] Ibidem, págs. 86-87.

[214] Ibidem, pág. 162.

[215] Ibidem, pág. 164.

[216] Ibidem, pág. 163.