Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XLIV

Comunicado Conjunto: Firma del Acuerdo Final

El 12 de noviembre del 2016, se llegó a un nuevo Acuerdo en La Habana entre el Gobierno y las FARC, aunque no fue comunicado inmediatamente a los sectores del “No”, sino después de darse a publicidad.

Gobierno y FARC hicieron un comunicado conjunto.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP atendiendo el clamor de los colombianos y colombianas por concretar su anhelo de Paz y reconciliación, hemos alcanzado un nuevo Acuerdo Final para la terminación del Conflicto armado, que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno.

La construcción de una Paz estable y duradera, objetivo al que responde este nuevo Acuerdo, debe ser el compromiso común de todos los colombianos que contribuya a superar la polarización y que recoja todas las expresiones políticas y sociales.

Invitamos a toda Colombia y a la comunidad internacional, siempre solidaria en la búsqueda de la reconciliación, a acompañar y respaldar este nuevo Acuerdo, y su pronta implementación para dejar en el pasado la tragedia de la guerra. La Paz no da más espera.

Al finalizar el día, los colombianos podrán consultar en la página www.mesadeconversaciones.com.co un documento en el que se señalan las modificaciones y los nuevos elementos. La integración total de los textos del nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera quedará disponible en próximos días [1767].

Características de las Reformas Hechas al Acuerdo de Paz

Santos hizo público el nuevo texto del Acuerdo de Paz [1768], previamente a su conocimiento por parte de los críticos del Acuerdo anterior, generando un estado de malestar.

Comunicó a los ciudadanos colombianos que el Gobierno y las FARC firmarán un nuevo Acuerdo de Paz:

“Este Acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos”.

Se trata de un texto modificado, en el que se incorporaron algunos cambios que solicitaban los voceros del “No”.

¿Qué fue lo que se modificó?

El Jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez dijo que:

“Preserva la estructura y el espíritu del primer Acuerdo convenido”.

Aunque se incorporó no menos del sesenta y cinco porciento de las propuestas del “No” en lo referente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de Justicia Transicional y casi el noventa porciento de las iniciativas vinculadas a la cuestión de cómo el Acuerdo trataba el tema de equidad de género, que había despertado resistencia, especialmente entre grupos religiosos.

No cambió la posibilidad de participación política para los Jefes guerrilleros, uno de los Puntos que más inquietaban a los líderes del “No”.

Estas son las principales modificaciones [1769]:

• El nuevo Acuerdo no pasará a formar parte de la Constitución y su desarrollo se acoge a los lineamientos enmarcados por la Carta Política de 1991 y el respeto al Estado de Derecho. Se recurrirá al Congreso, que a través de un acto legislativo será el encargado de incluir en la Carta Política un artículo transitorio para indicar que aquellos contenidos que correspondan a derechos fundamentales o normas del Derecho Internacional Humanitario serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación de lo pactado. De todas maneras, se prevé que el Acuerdo será depositado como “Acuerdo Especial”. El Gobierno será el único responsable de la implementación de los Acuerdos. Habrá una Comisión que hará el seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los Acuerdos.

• La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema especial de Justicia Transicional acordado en La Habana:

i.            Tendrá un límite de diez años para evaluar informes y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años. Dispondrá de cinco años para hacer juicio.

ii.          Antes de que empiece a funcionar la JEP, se iniciará un proceso de recolección de información de personas desaparecidas -tarea en la que trabajarán Gobierno, organizaciones de víctimas, Medicina Legal, FARC y CICR-.

iii.         Las ONG no podrán actuar como Fiscales y acusar; sólo presentar información que será valorada y contrastada por los Jueces y Magistrados del Tribunal.

iv.         No podrá haber Jueces extranjeros, pero podrán participar dando opiniones expertos no colombianos, bajo la figura de “amicus curiae” con voz pero sin voto.

v.          Esta Jurisdicción Especial para la Paz aplicará el Código Penal Colombiano.

vi.         La JEP podrá tener colaboración de la Fiscalía y celebrar con ella convenios de cooperación.

vii.       Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional. Se establece el respeto al debido proceso y el principio de imparcialidad, la debida publicidad y garantía del principio de contradicción en la valoración de la prueba, y de la doble instancia. Los conflictos de competencia serán resueltos entre la JEP y el Consejo Superior de Judicatura.

viii.      Las sentencias dictadas por la Corte Suprema solo podrán ser revisadas por este mismo Tribunal.

ix.         Se establece un régimen penal y disciplinario para los Magistrados.

x.           Las obligaciones reparadoras que imponga la JEP no alteran la potestad del Consejo de Estado para fijar indemnizaciones monetarias.

xi.         La jurisdicción ordinaria investigará penalmente falsas denuncias presentadas ante la JEP.

xii.        Se aplican requisitos del Estatuto de Roma en “responsabilidad por mando” -para agentes del Estado y guerrilleros- (era una crítica de Human Rights Watch y un tema de interés de la CPI).

xiii.      Las amnistías no impiden llevar a cabo acciones de extinción de dominio. Así como guerrilleros pueden ser amnistiados, los agentes del Estado y terceros (la novedad son los terceros) pueden ser beneficiados con la renuncia de la acción penal. Se deja explícito que las actuaciones de agentes del Estado se presumen legales. Una de las observaciones más insistentes hechas por el ex-Presidente Alvaro Uribe, en relación con que el Acuerdo de Paz anterior igualaba a policías y soldados con los guerrilleros, fue aclarada, indicando que en el caso de los miembros de la fuerza pública, la aplicación de la Justicia Transicional debe partir del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos y tiene la obligación de contribuir al fortalecimiento de todas las instituciones.

xiv.      Los empresarios que no sean responsables de crímenes graves, tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar, en la justicia ordinaria.

xv.        Las víctimas podrán asistir a los juicios, con lo que (además de lo ya previsto) se garantiza su presencia en todas las fases de la JEP.

xvi.      Todos los que se presenten a la JEP están obligados a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades.

• Se definió con mayor claridad qué será la “restricción efectiva de la libertad”, pena alternativa a la de prisión para quienes cuenten la verdad de sus crímenes de forma inmediata. Se estableció que el tiempo que pasen en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación. El Tribunal debe fijar en cada caso:

a) los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización - la más chica división rural de Colombia), posiblemente colonias agrícolas;

b) el período y los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas;

c) establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción;

d) imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las Zonas donde cumplan la sanción y los mecanismos de monitoreo; y

e) señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción.

f) ONU verificará el cumplimiento de las sanciones.

• Durante la dejación (entrega) de armas, las FARC deberán declarar sus bienes y entregarlos para reparar a las víctimas. Se hará conforme a los criterios de la Corte Constitucional respecto a los recursos de la guerra. Según la jurisprudencia de ese Alto Tribunal, los parámetros mínimos para la reparación de las víctimas por parte de grupos armados ilegales son: todos y cada uno de los miembros del grupo responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la Ley penal por los que fueren condenados; también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron y deberán entregar tanto los bienes obtenidos ilícitamente, como los bienes obtenidos lícitamente, es decir, deben responder con “todo” su patrimonio, independientemente de su origen.

• Se redujo en un treinta porciento la financiación al Partido Político de las FARC, en comparación con el Acuerdo anterior, para que quede en igualdad de condiciones con los demás Partidos. El nuevo Partido Político recibirá los mismos recursos que da el Estado a los partidos con personería jurídica: 7,14 % del Fondo de Partidos y un monto equivalente el siete porciento dirigido a su centro de pensamiento y para la divulgación y difusión de su plataforma ideológica.

• No se cambió -pese a la insistencia de los líderes del “No”- la posibilidad del acceso a los cargos públicos electivos por parte de los Jefes guerrilleros. Podrán presentarse y tendrán cinco escaños garantizados en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos a partir del 2018. Ponen el acento en la ampliación y profundización de la democracia, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político. El partido político que surja de la reincorporación de las FARC, no podrá inscribir candidatos para las curules transitorias en la Cámara de Representantes.

• Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no estuvo presente nunca, ni siquiera de manera sugerida. Se dejó claro que este Capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente el conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos.

• El nuevo Acuerdo reconoce a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Se les da un lugar a los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas.

• En cuanto al tema del narcotráfico, se resolvió acogerse a los criterios de la jurisprudencia interna colombiana que, entre otras cosas, establece que podrá asumirse como conexo al delito político cuando su justificación esté ligada a la misma lucha subversiva. Las FARC se comprometen a contribuir de manera efectiva con la solución al problema de las drogas ilícitas, entregando información exhaustiva y detallada con el fin de que el Estado pueda atribuir responsabilidades y encontrar maneras de garantizar los Derechos de las Víctimas a la Reparación y No Repetición. El Estado no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo la aspersión. Las partes acordaron incluir un tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores (como figura transitoria) y en la formalización de la propiedad, quienes estén involucrados en esa actividad, deberán garantizar primero que el predio esté libre de cultivos ilícitos.

• Se precisaron los tiempos para implementar la Reforma Rural Integral, proyectada a quince años. Ratificaron el derecho a la propiedad privada; se hicieron aclaraciones sobre la fuente del Fondo de Tierras -en lo que tiene que ver con la expropiación-; el catastro -fundamental para formalizar la propiedad de la tierra- no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras. No habrá formalización de ningún predio en Colombia, sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos. Se reconoce que el desarrollo del campo depende de la alianza entre la economía campesina o la agricultura familiar con la visión empresarial; se reitera que no se harán modificaciones a la legislación vigente sobre las Zonas de Reserva Campesina ni tampoco se modifica los criterios y procedimientos para realizar el avalúo catastral. Acuerdan que, siendo el Gobierno el responsable de la implementación, se respeta la preservación de la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluyendo un cronograma de prioridades. Se amplió de diez a quince años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del Gobierno.

• Las FARC no participarán en una nueva Comisión de protección y garantías de seguridad que creó el Acuerdo. Se eliminó también las facultades de esa Comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada.

Representantes del “No” se Manifestaron Disconformes con las Reformas al Acuerdo de Paz

Los voceros del “No”, no quedaron conformes con el nuevo Acuerdo de Paz que firmaron el Gobierno y las FARC en La Habana:

“Vemos con enorme preocupación que no se hicieron muchos de los cambios substantivos que solicitamos y que fueron determinantes para que el Acuerdo inicial fuera rechazado por la mayoría de los colombianos en las urnas”.

El Gobierno no cumplió con la promesa de presentarles el Acuerdo antes de hacerlo público. No resultaba explicable que lo presentaran al país y al mundo y luego se sentaran a realizar nuevas correcciones. Se hizo un anunció de un Acuerdo sin terminar.

Se continuará con su estudio y “cuando el análisis esté terminado, se le comunicará a la opinión pública las conclusiones”.

Rechazaron:

“El silencio del Gobierno y de ese grupo armado ilegal en relación con la situación de los cuatrocientos sesenta y ocho civiles y doscientos cincuenta y ocho miembros de la fuerza pública secuestrados que siguen en su poder al día de hoy. La lista de estos secuestrados, que le fue entregada al Gobierno, coincide con la del Comité Internacional de la Cruz Roja. También exigimos la entrega inmediata de los menores reclutados. Las concesiones a las FARC no responden a las preocupaciones de las víctimas[1770].

La Izquierda se Quedó Callada

Junto o paralelamente a las presiones hechas por los grupos del “No” para renegociar el Acuerdo de Paz, la izquierda -como el resto de los sectores que quedaron fuera del proceso de negociación-, pudo aprovechar la coyuntura para hacer sus propios planteamientos de cambio. Sin embargo, guardó silencio sobre su contenido y alzó su voz para defenderlos en su totalidad.

Casi toda la izquierda salió a pedir a la población que se movilizara en defensa del Acuerdo Final de Paz, incluyendo los que expresaron su rechazo o discrepancias a varias partes del texto; aquellos que hicieron campaña pidiendo que la gente votara “Sí”, pero… Se pudieron hacer cambios con contenido reformista.

En términos reales, el Acuerdo no promete ni plantea en ningún momento una verdadera Reforma Agraria. Las FARC en su Conferencia X, reconocieron eso en su documento interno.

Lo acordado sobre Reforma Rural Integral ha sido concebido fundamentalmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios.

Cuando se observa al texto del Acuerdo, se ve una larga lista de iniciativas, donde el Estado se compromete a instalar Comisiones, Comités, espacios etc., para fortalecer, promover, diagnosticar y hacer un seguimiento. Esto requeriría de una burocracia sin precedentes para poder implementarlo. Pero hay varios ejemplos, donde la izquierda hubiera podido plantear cosas concretas.

El Punto 1.3.2.1 del Acuerdo trata el problema de Salud para el Campesinado. El Gobierno y las FARC han propuesto en este Punto:

Fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales, y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios.

i. La construcción y mejoramiento de la infraestructura;

ii. enfoque diferencial y de género; y

iii. “un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención”.

Se trata de iniciativas que deben formar parte del programa de cualquier Gobierno. Pero no se trata sólo de un programa o propuesta técnica frente a la salud. En un Acuerdo que plantea poner fin a las causas del conflicto, pero no menciona ninguna de las causas de los problemas que viven en el campo en cuánto a la salud, lo planteado en los criterios de referencia, resulta muy pobre. El campesinado, como el resto de la población, es víctima de la legislación que rige en la materia: la Ley 100, aunque no es nombrada. No se propone, siquiera, una revisión de esa Ley.

Lo mismo pasa en relación con la educación. Existen Leyes, Decretos etc., que afectan, no sólo al campesinado, sino a las clases populares en su conjunto, tanto urbana como rural. Las FARC guardaron silencio y la izquierda que ha convocado históricamente marchas o protestas contra las políticas de salud y educación, no dijo absolutamente nada; aún cuando salió el Nuevo Acuerdo Final.

Si observa al Punto relacionado con las semillas, un tema que afecta directamente al campesinado, podrían haberse pedido aclaraciones, modificaciones, precisiones. En el Punto 1.3.3.2 el Acuerdo afirma:

La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades -hombres y mujeres- puedan acceder al material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común.

Se trata de un texto ambiguo cuando habla de promover y proteger las semillas nativas, ya que existe legislación que obliga al campesinado a usar las mal llamadas semillas certificadas o mejoradas. Se pudo haber hecho referencia a la legislación que debería modificarse. ¿No pudieron nombrar la legislación que toca cambiar? Por lo menos darnos una idea de que se trata, en que están pensando. Quedó un texto impreciso algo impreciso, que dejaba dudas. La derecha colombiana, logró una transformación más precisa y en su beneficio:

La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, sin restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas, híbridos y otras, para que las comunidades -hombres y mujeres- puedan acceder a material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común.

De esta forma, se promoverán las semillas nativas, sin restringir ni imponer otras clases de semillas. Pusieron a las semillas nativas a competir con las mejoradas, sin la posibilidad de incentivos reales para esas semillas. Las restricciones legales no son las únicas que cuentan. Se puede restringir el uso de las semillas nativas, limitando, no las semillas sino los créditos para dichas semillas, o quitando subsidios etc. Mantiene la regulación a los transgénicos; sin embargo, aún donde son permitidos en el mundo, son regulados. Después de años de persecución, las semillas nativas vuelven a competir, pero ya con el daño hecho y sin medidas para remediar la situación. Ni siquiera pudieron prohibir los transgénicos, simplemente los regulan.

Si la Izquierda no tuvo nada que decir frente a temas, relativamente sencillos, como las semillas, tampoco pudo o nada quiso decir, frente al tema del modelo agrícola. Se limitan las Zonas de Reserva Campesina a las existentes, introducen el concepto de la “buena fe” para aquellos que compraron los terrenos de los desplazados. En un plazo inferior a tres meses, un grupo de expertos recomendará cambios normativos para cuando sea posible: Regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe”.

Este último es un punto importante, ya que en muchas zonas los empresarios no actuaron directamente, sino que compraron los terrenos a posteriori de la actuación de los grupos paramilitares, terrenos que pasaron por manos campesinas antes de yacer de “buena fe” finalmente en las manos de los terratenientes. Comprobar la mala fe en tales circunstancias es sumamente difícil. No existen cifras exactas sobre la cantidad de tierras despojadas a los campesinos, sino cálculos más o menos deducidos. La cifra supera con creces los tres millones de hectáreas que formarán parte del Fondo de Tierras mencionado en el Acuerdo. Esto significa que quienes “compraron de buena fe” en tales circunstancias, tendrán en sus manos más tierras que el Acuerdo repartirá y, con el nuevo cambio pueden quedarse con esas mismas tierras.

Según la publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica, Tierras y Conflictos Rurales, entre 1995 y el 2012 adjudicaron doscientas cincuenta y tres mil doscientas sesenta y dos hectáreas a ochenta y cinco personas en lotes superiores a las dos mil quinientas hectáreas. En el mismo período, entregaron ciento nueve mil trescientas treinta y cuatro hectáreas a trece personas en lotes superiores a las cinco mil hectáreas. Se supone que los baldíos de la nación solo pueden ser entregados a campesinos, pero además no es permitido entregar lotes tan grandes. ¿Podrán estos terratenientes alegar “buena fe” en su adquisición de baldíos? El Acuerdo no contempla como recuperar esas tierras y evitar la entrega de baldíos en lotes tan grandes y a personas que no son del campo. De hecho, la política estatal vigente, va en sentido contrario. Santos quiere entregar grandes lotes a multinacionales como Cargill y los ingenios de azúcar. El Acuerdo, es sólo un ejemplo más de esas políticas, esta vez con el apoyo de las FARC y el silencio de una izquierda ausente.

El modelo agro-exportador sigue vigente. Insertaron en los principios del Acuerdo (página 12) lo siguiente:

Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.

El nuevo Acuerdo deja en claro que la Paz va de la mano con las políticas vigentes del Gobierno de Santos y no representa ninguna contradicción con la Ley de las ZIDRES ni ninguna otra iniciativa del Estado. También deja en claro, en beneficio de los empresarios que: “Nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”. No sólo reafirma la situación vigente de la tenencia y uso de la tierra, sino el modelo de producción en las zonas rurales. En varias partes habla del trabajo asociado, donde el trabajador rural conforma una asociación para licitar su trabajo, ya no como empleado, sino como “pequeño empresario”. La izquierda en general, incluyendo Representantes en el Congreso, han denunciado en reiteradas oportunidades esta forma de empleo. Los “uribistas” lograron agregar un párrafo muy importante sobre la asociatividad y los campesinos en el Punto 1.3.3.6.

Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.

Este modelo de producción, donde el campesino corre con los gastos de la siembra y liga su futuro a un producto agro-exportable en “asociación” con las empresas grandes, genera grandes desequilibrios que alejan al Acuerdo de una Paz con justicia social. Este tipo de modelos, no sólo es política oficial del Estado, también del Banco Mundial, el FMI y los gremios como FEDEPALMA, entre otros. Centenares de dirigentes campesinos dieron su vida luchando contra ese modelo a finales de los noventa y principios del siglo XXI.

El tiempo dirá que harán las organizaciones campesinas que llevaron a cabo sus luchas en defensa de sus intereses, frente al Nuevo Acuerdo pactado entre el Gobierno y las FARC y una izquierda ausente que no se ha movido para defenderlos.

Como paliativo, se anuncia al final de ambas versiones del Acuerdo:

Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la comercialización, incluyendo, cuando sean necesarios, apoyos directos para el fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la internacionalización de la economía y la liberalización del comercio.

Paradójica o contradictoriamente, intentarán evitar los impactos del modelo que quieren implementar. Es dudoso que implementen esa parte, pues es poco probable que esos subsidios directos a la producción, cumplan con las reglas de la OMC.

Con este Acuerdo, las FARC y la izquierda no armada, apoyó todo lo que criticaron durante años. Sus compañeros pelearon y fueron asesinados para evitar que se imponga ese modelo y termina siendo el modelo de la Paz.

El Acuerdo ya no forma parte del Bloque de Constitucionalidad, de forma tal que un simple acto legislativo puede cambiar cualquier parte. Frente a esto, que beneficiará a la derecha y al establishment, corresponde a los campesinos y los obreros reorganizarse. Muchas de sus organizaciones ya no sirven, toda vez que entregaron a las comunidades, sus muertos y sus demandas políticas a cambio de nada y, en varios casos, lograron convencer a las comunidades que era el camino correcto [1771].

Una nueva confirmación de que el interés del Gobierno y los grupos de poder en Colombia, sólo están interesados en la “pacificación”, no en hacer de Colombia un país y en alcanzar la Paz con justicia social, que suena más a palabras que a hechos posibles.

Desacuerdos con las Reformas al Punto 1

Se generaron nuevas situaciones de tensión en relación con las posibilidades del pequeño campesino y minero, dada la forma en que han sido establecidas las posibilidades y ventajas sectoriales en el Punto vinculado a la Restitución de Tierras en el Nuevo Acuerdo de Paz.

Marta Lucía Ramírez, una de las voceras del “No”, manifestó que aun cuando estaban inconformes con el Nuevo Acuerdo, aplaudían y veían con buenos ojos las modificaciones al Punto 1 que establecían un modelo de “competitividad y fomentaban el verdadero desarrollo rural”. Fue considerado suspicaz su comentario, ya que provenía de sectores, que se opusieron sistemáticamente a una verdadera reforma rural colombiana.

El motivo de preocupación sobre las nuevas modificaciones al Acuerdo, se relacionan con que se agregaron dos cláusulas que no se derivan ni del texto anterior ni de la interpretación que de aquel pudiera hacerse.

1) La primera, hace referencia a la necesidad de impulsar formas de acceso a la tierra, como la asignación de derechos de uso; y

2) la segunda hace referencia a la promoción de modelos de asociatividad para “(…) garantizar producción a gran escala y competitiva”.

“Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 1.1.1 Fondo de Tierras, el Gobierno tramitará una Ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso, en particular para pequeños y medianos productores en forma individual o asociativa solidaria.”

A primera vista, esta cláusula establecería una alternativa más de acceso a los baldíos del Estado por parte de los campesinos. No obstante, la insistencia en encontrar alternativas de acceder a tierras baldías -además de las establecidas en la Ley 160 de 1994-, no deviene del ingenio de quienes conversaron en la Mesa, sino que es el resultado de la larga lucha que han dado algunos sectores, principalmente la agroindustria, por evitar las restricciones de la Ley agraria.

En el marco legal del Artículo 64 de la Constitución Política [1772], la Ley agraria señala:

Los baldíos de la Nación serán adjudicados a los campesinos sin tierra, después de que estos los ocupen por un tiempo y cumplan ciertos requisitos. Como la tierra es un recurso limitado, y los campesinos sin tierra son muchos, el Estado adjudicará porciones bien definidas que permitan a los adjudicatarios derivar de allí su sustento e ir acumulando un pequeño capital.

Las porciones son llamadas Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

Si la propiedad de los baldíos es para los campesinos sin tierra y, además, una sola persona no puede tener más de una UAF, ¿cómo podría la agroindustria lograr predios del Estado y además acumularlos? Entre las estrategias para ello, está la Ley 1776 del 2016, conocida como Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), que utiliza la figura de derecho real de superficie para garantizar que, aunque los “grandes productores” no puedan ser propietarios de la tierra, se aproximen mucho a esta situación a través de la asignación de derechos de uso, que aun cuando no transfieren la propiedad, pueden ser pactados por periodos extensos, de acuerdo con las necesidades del ciclo productivo y el proyecto que se establezca. Un ejemplo está dado por los cultivos de teca, en los de Montes de María, que tardan de veinte a veinticinco años para la producción de madera comercial.

¿Qué tan malo es que un tercero tenga el uso del suelo mientras los campesinos sigan siendo, preferentemente, los propietarios? Quien tiene el derecho de uso, tiene la potestad de decidir qué y cómo se siembra la tierra, lo que tiene impactos negativos en términos de soberanía alimentaria, diversificación del uso del suelo y posibilidad de existencia de la economía campesina en medio de un mercado competitivo de agroindustria. Los campesinos se vinculan en la cadena de producción -a través de formas asociativas como las establecidas en el nuevo Acuerdo- cediendo los derechos de uso sobre la tierra de la que son propietarios o como trabajadores en los proyectos productivos, con lo que se va disipando la identidad campesina.

Según se entiende, el campesinado podrá acceder a aquel espacio ubicado en el subsuelo que pertenece a la Nación y, por consiguiente, en muchos casos, a quienes solicitan títulos mineros, y la superficie será aprovechada, principalmente, por los grandes productores a través de los contratos de uso, pues son quienes, según el Gobierno, fomentarán el verdadero desarrollo rural [1773].

Cristianos No Están Conformes con las Reformas

En un Comunicado firmado por Claudia Castellanos, Eduardo Cañas, Héctor Pardo y Jhon Milton Rodríguez, voceros del Pacto Cristiano por la Paz, le pidieron al Gobierno, que el documento revelado el 13 de noviembre del 2016 no sea considerado definitivo. Señalaron que las dudas sobre el enfoque de género continuaban.

Las precisiones que fueron hechas en el Nuevo Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FARC, en cuando al enfoque de género, no fueron suficientes.

“A pesar de que se han hecho algunas modificaciones en cuanto al lenguaje, estructuralmente se sigue manteniendo el mismo aspecto. Nosotros sugerimos que si el objetivo de implementar el enfoque de género es para la reivindicación de los derechos de la mujer, se utilizara la expresión ‘enfoque de derechos de la mujer’. Es prematuro hablar de detalles, toda vez que estamos, juiciosamente, estudiando cada uno de los aspectos con la expectativa de que el Gobierno nacional, la opinión pública y el Congreso de la República puedan escuchar claramente nuestra postura [1774].

Pastrana Rechaza Nuevo Acuerdo de Paz

En un Comunicado, el ex-Presidente Andrés Pastrana rechazó el Nuevo Acuerdo, señalando que:

“Mantiene la esencia antidemocrática del Pacto original. En pocos días, sin admitir presencia ni veeduría del ‘No’, se firmó inconsultamente, a contramano del resultado electoral, un documento con carácter de Decreto ‘final y definitivo’”.

Acusó al Presidente Santos de quebrantar la Sentencia C-379 del 2016, que señala que:

“Dadas las implicaciones de la refrendación popular, sus efectos deben reflejar cabalmente las preferencias mayoritarias de quienes participan en el plebiscito”.

No queda otro camino que “un segundo intento de refrendación de idéntica forma”, debido a que se trataría del mismo Acuerdo presentado con retoques cosméticos. Lo qua los partidarios del ‘No’ rechazaron, no fue el deseo de Paz sino un Acuerdo específico.

Los elementos fundamentales negados en las urnas están intactos. EI bloque de constitucionalidad, la no articulación con la justicia ordinaria, la amnistía al narcotráfico, las curules a dedo, las prebendas económicas, las tierras y territorios de dominio político de las FARC, se mantienen esencialmente iguales a lo exigido y logrado por las FARC.

 Negar la victoria del “No” y sus implicaciones, rehusando incluir la voluntad popular en un nuevo Acuerdo “significaría una inaceptable instrumentalización de la decisión popular como mecanismo de simple validación de las políticas gubernamentales.

Donde existe la misma razón, debe ser aplicada la misma disposición, es principio universal de derecho. Así, tras un plebiscito -derecho político fundamental de origen constitucional- no queda más camino que un segundo intento de refrendación de idéntica forma. Mas aún, cuando se trata del mismo Acuerdo ya sometido y rechazado por el constituyente primario, presentado de nuevo al elector con retoques meramente cosméticos [1775].

Voceros del “No” Pidieron Reunirse con las FARC y Plantear Nuevas Reformas

Delegados de Paz del Gobierno y promotores del “No” se reunieron, con el objeto de dejar en claro los cambios hechos al documento, así como para establecer las bases de la refrendación del Acuerdo.

El encuentro concluyó con la idea de que no habría lugar a nuevos ajustes al Acuerdo renegociado. Pese a ello, los representantes del “No” manifestaron su disposición a reunirse con los miembros del Secretariado de las FARC,.

Tras la propuesta del Gobierno de refrendar el nuevo Acuerdo de Paz en el Congreso, insistieron en un Acuerdo Nacional en el que serían incluidos todos los partidarios de continuar con las correcciones al documento. Ese consenso político fue aprobado por el Jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, que afirmó que un Pacto así permitiría avanzar en lo que resulta más urgente para el Gobierno: la implementación del Acuerdo de Paz. Algo que tiene que hacerse de manera concertada con los promotores del “No”.

Los temas sobre los cuales el “No” continuaba teniendo dudas, se vinculan con

i. la elegibilidad política de la guerrilla;

ii. el narcotráfico como delito conexo al delito político;

iii. que el Acuerdo de Paz no forme parte de la Constitución;

iv. la libertad de los secuestrados;

v. el enfoque de género; y

vi. la libertad de los integrantes de la fuerza pública.

El Jefe negociador del Gobierno respondió:

i. Las FARC serán excluidas para que ser candidatos en las circunscripciones especiales para la Paz. Se redujo la financiación del Partido Político que surja de la guerrilla desmovilizada.

ii. La conexidad del narcotráfico con el delito político, se definirá según el caso. La Jurisdicción Especial para la Paz entregará toda la información detallada para establecer responsabilidades El Gobierno no renunciará a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, incluyendo la fumigación.

iii. La ideología de género, término que en sí no existe, fue expuesto como la prioridad a mujeres víctimas del conflicto y el reconocimiento de su papel como constructoras de Paz. Reiteró que en el Acuerdo no ha existido nunca algo referente a limitar la libertad de culto.

Para el grupo del “No”, no constituyen reformas de fondo, sino apenas “apenas un retoque” al texto que rechazaron los colombianos.

En relación con la refrendación del Acuerdo, manifestaron que con el Acuerdo Nacional, buscaban que el documento sea debatido en el Congreso para alcanzar las modificaciones que se pretendían, pero no para que sea ratificado. El Nuevo Acuerdo debe ser refrendado otra vez por los colombianos.

Por último, tocaron un tema importante para las FARC: las muertes de líderes sociales y miembros de las guerrillas. Afirmaron que estaban dispuestos a colaborar en la adopción de medidas que cesen con la violencia hacia los simpatizantes de las FARC y los líderes sociales en los Departamentos [1776].

Santos Dice que Escogerá la Opción que Menos Polarice para el Nuevo Acuerdo Final de Paz

Durante la Cumbre Iberoamericana, en Cartagena, el Presidente manifestó que otro plebiscito daría lugar a una polarización más profunda. Por eso barajó opciones, como otras vías de refrendación de refrendación popular o la aprobación desde el Congreso.

Se evalúa la vía que “menos” polarice para implementar el nuevo Acuerdo de Paz que se alcance con las FARC, tras el rechazo en las urnas del pacto sellado anteriormente con esa guerrilla:

“Si logramos ese nuevo Acuerdo, vamos a ver qué camino es el que menos polariza. Me han dicho: un nuevo plebiscito. La propia oposición no quiere un nuevo plebiscito. De pronto eso vuelve a polarizar. Entonces yo escogería el camino que menos nos polarice”.

Afirmó que esperaba que con la renegociación del Pacto firmado el 26 de septiembre en Cartagena, tras casi cuatro años de diálogos con las FARC en Cuba, “quede un Acuerdo más legitimado, más amplio y más profundo”.

 “Lo que quiero es la unión del país. La polarización aquí y lo que está sucediendo en el mundo entero, lo que hace es estancar a las sociedades. En la medida en que podamos disminuir esa polarización, a todos nos irá mejor” [1777].

Santos hacía referencia a la polarización provocada por el resultado del plebiscito, pero se olvidó o no vio o no le interesó, la “polarización” generada por todas las demandas insatisfechas durante el proceso de negociación.

Comunicado Conjunto Gobierno-FARC

Las Delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado firmar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 12 de noviembre, el jueves 24 de noviembre a las 11:00 a.m. en el Teatro Colón de Bogotá.

De igual forma, las Delegaciones acordamos que el mecanismo de refrendación de este Acuerdo será a través del Congreso de la República y estamos precisando los procedimientos que se van a utilizar para este propósito.

La consolidación de la Paz requiere que avancemos con paso firme hacia la implementación de los Acuerdos que permitan superar tantos años de conflicto en Colombia [1778].

“Uribismo” Abandona Lucha por Acuerdo de Paz y se va a Hacer Campaña

Las posiciones del Centro Democrático y el Gobierno alrededor del proceso de Paz con las FARC, resultaron irreconciliables. Mientras el Gobierno decía que el Acuerdo con las FARC era definitivo y como tal no se podía modificar, en el Centro Democrático consideraron que si no se pueden hacer cambios, no tiene sentido hablar de la búsqueda de un Acuerdo Nacional.

Por lo tanto, dadas las circunstancias, el único camino era salir a la plaza pública a expresar su desacuerdo con lo pactado. Un partido, que desde cuatro meses antes tenía tres precandidatos presidenciales, significaba que comenzaba su campaña; aunque miembros del “uribismo” insistieron en que buscaban un consenso para evitar que el tema de la Paz entrara en la contienda electoral.

Para el Senador José Obdulio Gaviria:

La decisión del Gobierno de refrendar el Acuerdo sin permitir que se le hagan las modificaciones del “No” “marca el punto de partida” para la contienda del 2018.

Será el inicio de la campaña, en medio del engaño que el Gobierno Nacional les hizo a quienes se impusieron en el plebiscito del 2 de octubre del 2016. Denuncian “la impunidad que genera este Acuerdo” y van a mostrar “cómo la Justicia Especial la manejarán las FARC en contra de sus enemigos y para perseguir a miembros de las fuerzas armadas”.

Lo que el Centro Democrático hará desde el Congreso será “resistir” y “todos los días” los van a escuchar denunciando los exabruptos que contempla lo acordado, hasta el 2018, cuando tendrán la presidencia.

El representante “uribista” Edward Rodríguez dijo:

Esta decisión del Gobierno “activa de una” la campaña para el 2018. “Vamos a salir a la calle a decirles a los colombianos que la única perspectiva de protegerlos de las FARC es ganando en el 2018”. La verdadera refrendación del Acuerdo será en el 2018, cuando se elija a los nuevos Congresistas y al nuevo Presidente, que será del Centro Democrático.

El Senador Ernesto Macías del Centro Democrático, dijo:

En lo que tiene que ver con la refrendación e implementación, el Gobierno “las va a definir por la puerta de atrás y mal”, por lo que “el tema queda vivo para la campaña del 2018 y se volverá definitorio de la contienda”. El hecho de no llegar a un Acuerdo Nacional con el Gobierno “obliga a salir a las calles a contarle al pueblo por qué estamos en la calle y por qué no estamos de Acuerdo con lo que hicieron”.

No descartó la recolección de firmas para hacer un referendo a fin de oponerse a lo acordado.

Oscar Iván Zuluaga, Director del Centro Democrático, dijo:

Lo que ha ocurrido será punto de partida para la campaña para el 2018 y “eso significa que habrá polarización política fuerte”, porque lo acordado “nos divide”. En el Centro Democrático “quisimos evitar que esto fuera asunto de campaña”, pero debido a que los temas substanciales no fueron incluidos en el Acuerdo, es claro que habrá “una gran polarización por la imposición de los Acuerdos y por desconocer una decisión democrática, lo que es una burla de la Constitución”.

Para Patricia Muñoz, Catedrática de la Universidad Javeriana:

El Centro Democrático y los Partidos de Gobierno utilizan, desde hace rato, el tema de las reformas al Acuerdo, para hacer campaña hacia las elecciones del 2018. “Los del ‘No’ tienen ahora un tema que les sirve de argumento para salir a la calle y defenderlo y es la inconformidad frente a la ausencia de legitimidad en el Acuerdo con las FARC. Y con esto, ellos pueden ganar espacio ante la opinión pública de cara a la campaña del 2018”. La campaña presidencial ya empezó y el proceso de Paz ahora, con mayor fuerza, seguirá metido en la contienda [1779].

El pueblo colombiano, en todos los sectores -más allá de las ventajas o no, que obtengan las FARC en el Acuerdo de Paz-, ha quedado afuera de toda consideración, en lo que hace a la satisfacción de sus demandas, aunque ha sido utilizado como legitimador de la pulseada entre “uribismo” y “santismo” sobre el significado de la “pacificación” para Colombia y continuará siendo utilizado en la contienda electoral para la que se han venido preparando para medir su poder de control sobre el país.

Refrendación del Acuerdo de Paz Debe Ser Punto por Punto

El Presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourt, manifestó que la decisión de pasar el documento al Congreso para su refrendación fue la correcta. Sin embargo, advirtió que se debían tener una serie de consideraciones.

Entre éstas, que cada uno de los Puntos acordados, como el de la Jurisdicción Agraria, el Tribunal Especial para la Paz, la amnistía, entre otros, fueran refrendados de manera individual y no en bloque. Algo que consideró esencial para poner en funcionamiento el Acuerdo de Paz.

“En este momento el país está esperando que se tomen decisiones de carácter, no solo jurídico, sino de carácter político, que vayan desarrollando el Acuerdo”.

Consideró que lo mejor era hacer este proceso, mediante una “yuxtaposición entre implementación y refrendación de hecho por cada uno de los Puntos del Acuerdo”, con el fin de agilizar el estudio del documento que debía ser discutido en el Congreso.

“Es mucho más viable en el Congreso una refrendación en donde no se tiene en claro cuál forma de refrendación; si es por Ley, si es por proclama o implementación de la Ley. Aprobada cualquier proyecto relacionado con la refrendación es o es una nueva forma de la implementación” [1780].

Centro Democrático Plantea Revocación del Congreso como Vía para Aprobación del Acuerdo

La determinación de refrendar el nuevo Acuerdo de Paz vía Congreso de Colombia, motivó la petición de varios Senadores del Centro Democrático para su revocación, con el argumento que no representa la voluntad de los colombianos.

La congresista de la bancada del Centro Democrático, Paloma Valencia, señaló en que:

“Si el Congreso insiste en desconocer los resultados democráticos y refrendar lo que fue rechazado, habrá que buscar formas de revocar el Congreso. No puede aprobar lo que el pueblo con voto democrático rechazó.

A este llamado también se unió el Senador Daniel Cabrales:

Si lo que se pretende “es aprobar un documento a la brava y con los amigos del Gobierno de Santos, aquí en el Congreso, pues la esencia de la democracia ya no vive en este Congreso y sería mejor convocar a nuevas elecciones y revocarlo”.

En esa dirección también se pronunciaron otros congresistas del Partido de Alvaro Uribe, como la Representante María Fernanda Cabal y el Senador Alfredo Rangel. El planteo del Centro Democrático se mantuvo en la idea de que el nuevo Acuerdo debía ser refrendado por la vía popular.

Alvaro Uribe dijo:

“Nosotros hemos dicho que se debe acudir a la refrendación popular, bien sea de todo el Acuerdo o, por lo menos, de esos temas sensibles sobre los cuáles no hay Acuerdo. El Centro Democrático estará permanentemente en la lucha y vamos a ver qué se hace en materia de promoción de referendo y otras alternativas. Nos toca trabajar en el Congreso y en la calle, con los ciudadanos” [1781].

Militares en Contra del Acuerdo de Paz

En relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, miembros del ejército aseguraron:

Se “cruza una de las líneas rojas trazadas por el Presidente Santos”, en la cual Comandantes militares podrían asumir responsabilidad por actuaciones de sus subalternos. “El nuevo Acuerdo va en contraposición con muchos principios de orden legal”.

Uno de los negociadores de Paz del Gobierno, el Gral. (r) Jorge Enrique Mora Rangel, se reunió con el Presidente Santos en representación se los sectores de las fuerzas militares que estaban inconformes con el nuevo Acuerdo pactado. De acuerdo con los militares, en la nueva negociación se incumplió un tema. Se trata del Punto modificado en el que los Comandantes militares podrían asumir la responsabilidad por actuaciones de sus subalternos, lo que generó gran molestia por parte de los uniformados. Según un testimonio del Director de la Asociación de Oficiales Retirados de las fuerzas militares, el Gral. Jaime Ruíz:

“En las modificaciones que se hicieron a los Acuerdos de La Habana se incumplió con un Punto que era una línea roja para el Presidente. Los temas militares y de la policía se negocian aquí, no en La Habana, y modificaron algo que no tenía por qué modificarse, tiene que ver con el Estatuto de Roma, el Artículo 28, ni más ni menos lo que dice ese Artículo en un párrafo de tres líneas que quedaría dentro de la jurisdicción especial, es que todo el que ha sido Comandante, y en nuestras estructuras militares Comandante es desde la más baja organización, que es el escuadrón Cabo Segundo, asume responsabilidad penal por las actuaciones de sus subalternos”. Esto irónicamente ha sido rechazado por legislaciones internacionales ya que ha sido difícil de aceptar por los efectos que esto trae. “Es una cosa muy etérea, pero de gran compromiso. Esta modificación en el nuevo Acuerdo va en contraposición con muchos principios de orden legal” [1782].

Human Rights Watch Avala Nuevo Acuerdo

José Miguel Vivanco, Director para América Latina de HRW, quien había hecho público su desacuerdo con el documento, destacó que el nuevo Acuerdo era mejor que el original, aunque sugirió hacer algunas precisiones.

Hizo un recuento de su posición inicial respecto al tema de la justicia:

“Human Rights Watch tenía serias preocupaciones sobre las disposiciones de justicia del Acuerdo original, que habrían permitido que criminales de guerra confesos eludieran cualquier castigo efectivo por sus delitos”.

Los ajustes y el lenguaje del nuevo Acuerdo permiten entender mejor los alcances de este, y las precisiones podrían llevarse a cabo a través de la legislación para implementar el Acuerdo, o por parte de la Corte Constitucional.

El cambio más importante en el nuevo Acuerdo, es la inclusión del principio de responsabilidad del mando, que, aunque estaba incluido en el anterior Acuerdo, sus términos no eran convincentes.

“Este aspecto del Acuerdo (…) es de gran interés para la Corte Penal Internacional. La definición de este principio clave del Derecho Internacional en el Acuerdo original podría haber permitido que Comandantes del ejército y las FARC eludan su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos”.

El nuevo Acuerdo incluye disposiciones que aclaran este Punto, e incluso, establecer la responsabilidad del mando, estará cobijada con el Artículo 28 del Estatuto de Roma. Ahora el acuerdo tiene la capacidad de prevenir o reprimir la comisión de la conducta o poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Le pidió a Santos que, en la implementación, se aclare que todos los requisitos sobre la responsabilidad de mando serán los mismos del Estatuto de Roma.

También se refirió a la restricción de libertad y derechos que cumplirán los desmovilizados de las FARC. Celebró que el nuevo Acuerdo aclare cuáles serán las sanciones establecidas para los miembros de las FARC, aunque aún hace falta establecer las que regirán en la fuerza pública y qué harán los desmovilizados cuando no se encuentren cumpliendo los horarios de los proyectos restaurativos.

También sugirió precisar dimensiones, límites, ubicación, protecciones y condiciones de los lugares de residencia de los sancionados, aunque desde el Gobierno ya se había dicho que estos estarían en las zonas en que se concentrarían. Propuso que en la implementación del Acuerdo, se especifique que mientras los desmovilizados no estén cumpliendo con los proyectos restaurativos, sus desplazamientos estuvieran limitados al lugar de residencia.

Otro de los Puntos del Acuerdo al que se refirió, fue el de la participación política de los líderes de las FARC. Coincidió en que uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era permitir a las FARC promover sus ideas políticas y participar de la democracia, pero sugirió que se esclareciera si el ejercicio de cargos públicos se haría mientras estaban cumpliendo las condenas.

“Parecería ser incompatible con un castigo que refleje la gravedad de sus delitos. Es crucial que este problema se subsane en la etapa de implementación, para garantizar que la participación en política de criminales de guerra no afectará las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, las cuales deberían ser cumplidas en su integridad” [1783].

Human Rights Watch Critica Reformas de Ultimo Momento en Pro de los Militares

José Miguel Vivanco, señaló que:

El Presidente Santos cedió ante la “presión militar” al realizar una modificación “que podría permitir que los Comandantes del ejército eludan su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos”.

En la fe de erratas publicada por el Gobierno el 24 de noviembre, antes de firmar el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, se eliminó un párrafo que había sido agregado en el nuevo Acuerdo de Paz, que acercaba el principio de responsabilidad de mando.

En el Comunicado Conjunto No. 7, Fe de Erratas del Nuevo Acuerdo, se señala en el Punto 7:

“En el Subpunto 5.1.2 en el Numeral 59 se elimina la frase ‘tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma’ y se reemplaza por ‘tal y como se establece en el Derecho Internacional’”.

 “El cambio realizado hoy es una burda capitulación del Gobierno del Presidente Santos a la presión de los Comandantes del ejército que buscan aprovecharse del proceso de Paz para garantizar su impunidad” [1784].

Las FARC Dejan en Claro Posición sobre JEP para Agentes del Estado

Comunicado

A la vista de los cambios efectuados por el Gobierno Nacional, en el apartado referido a la Jurisdicción Especial para la Paz del Acuerdo Final, en lo que concierne a las responsabilidades de los Agentes del Estado, la Delegación de Paz de las FARC-EP hace constar que:

1. En el Numeral 15 de la JEP se establece que esta jurisdicción tiene carácter “inescindible”, y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los participantes en el conflicto.

2. El Numeral 32 de la JEP consigna que esta, de forma diferenciada pero siempre otorgando un tratamiento “equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico”, se aplicará respecto a los agentes del Estado que pudieran haber incurrido en responsabilidades relacionadas con el conflicto armado y con ocasión de este.

3. Las FARC-EP nunca han compartido la posición del Gobierno de regular unilateralmente determinados aspectos referidos al marco legal aplicable a los Agentes del Estado; no obstante, en esta ocasión hemos aceptado algunas modificaciones por tratarse de una posición que el Gobierno ha presentado como innegociable.

4. En todo caso, es nuestro criterio que dicha regulación unilateral debe respetar los principios incluidos en la JEP que ya se indicaron. El Numeral 15 de la JEP establece que esta Jurisdicción ejercerá sus competencias, aunque cualquier norma del Estado dictada con posterioridad a lo acordado pretendiera dejar sin efecto alguno, los contenidos o principios de la misma.

5. En consecuencia, sobre los cambios o “ajustes” realizados unilateralmente por el Gobierno, a pesar de lo que ya se había consensuado a fecha 12 de noviembre, hemos manifestado al Gobierno nuestro desacuerdo por lo siguiente:

a. Respecto a la introducción en el Numeral 32 del término “indebido”, cualquier enriquecimiento personal a consecuencia de conductas competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz es presuntamente ilícito o indebido y no debe ser competencia de la justicia transicional sino de la justicia ordinaria, por lo que resulta innecesario añadir la palabra “indebido” en el Numeral 32. Dicho añadido, no debería dar lugar a interpretar que puede existir “enriquecimiento personal” de servidores públicos, a consecuencia del conflicto, que resultara legítimo o conforme a las leyes.

b. Respecto a la eliminación en el Numeral 40, de lo siguiente: “o como parte de un plan o política”, opinamos que dicha variación unilateral era innecesaria, por no alterar ni restringir la definición de “grave crimen de guerra”. No cabe duda que toda infracción del DIH cometida de forma “sistemática”, lo ha sido en aplicación de un plan pre-establecido.

c. Respecto a la eliminación del último párrafo del Numeral 44, que concretaba y aclaraba dudas sobre lo relativo al “control efectivo” de las conductas de los subalternos por los superiores jerárquicos, en relación a la responsabilidad por cadena de mando, creemos que dicha eliminación será motivo de preocupación por parte de las víctimas -que están en el centro de los acuerdos-, y también de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto a la regulación de la responsabilidad de la cadena de mando de las estructuras jerárquicas del Estado. Algo que no habría ocurrido de introducirse una mención a lo establecido en el derecho internacional o al menos de mantenerse la mención anterior al Estatuto de Roma.

Por ello, las FARC-EP no han permitido que el referenciado texto del Numeral 44 de la JEP sea eliminado también en el Numeral 59 respecto a la definición de responsabilidad por cadena de mando aplicable a los integrantes de nuestra organización. Creemos que el derecho internacional – en el que se incluye tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de otros tribunales internacionales- regula de forma precisa y con la necesaria seguridad jurídica, lo relativo a la responsabilidad por cadena de mando, tanto en organizaciones regulares como en organizaciones irregulares.

6. Aunque hemos estado en contra de los cambios efectuados unilateralmente por el Gobierno en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, consideramos que esta actuación de última hora no podía ser motivo para retrasar aún más la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, Acuerdo que traerá definitivamente la paz a nuestra patria. Esperamos que no quede ninguna duda sobre la unilateralidad de los cambios efectuados y nuestra oposición a los mismos y anunciamos nuestra predisposición a trabajar para corregir las consecuencias negativas que sin duda se están derivando de ello [1785].

Desafíos para las FARC en la Participación Política

Las FARC afrontarán desafíos internos y externos de diferente orden, en su participación política en Colombia, independientemente de que sea o no exitosa.

Una incógnita es, si será posible una verdadera participación democrática, en un país donde siempre ha dominado el bipartidismo: liberales-conservadores, de diferentes formas, aún con escisiones o coaliciones que surgieron de esos mismos partidos, y las FARC, cuya primera incursión fue traumática, en la oportunidad en que decidieron actuar como Partido Político a través de Unión Patriótica, luego del Acuerdo con el Presidente Belisario Betancur hacia las elecciones de 1986, sufriendo una masacre -entre tres mil y seis mil quinientos de sus miembros y militantes fueron asesinados-, que aún hoy temen que se vuelva a repetir. Por ello, resulta prioritario la implementación de lo pactado en el Acuerdo Final en materia de:

Reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana, sin ninguna discriminación; el respeto de los Derechos Humanos y la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales; asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia. La adopción de previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas. Establecimiento de programa de protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal; para quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política, y líderes de partidos y movimientos políticos.

Además de estos temores, uno de los desafíos mas importantes, es la agilidad política que deberá mostrar el nuevo Partido Político, para atraer el apoyo ciudadano y popular, en un país en el que muchos sectores se han expresado en contra de medidas de los diferentes Gobiernos, pero eso no ha significado necesariamente apoyo o simpatía por la actividad, metodología o ideología de las guerrillas; incluso de las izquierdas.

Construir una nueva hegemonía política, ética y cultural, dentro de un sistema político cualquiera, para este caso el Colombiano, es sumamente complejo y se debe tener mucha capacidad de convicción -no ideológica ni doctrinaria- y penetración en el tejido social. Por sobre todo, se debe tener capacidad para tener y manejar -o no ser manejados-, lo que en política se conoce como el “aparato”, que permite controlar todo lo que gira alrededor de las campañas políticas y las elecciones.

Es muy importante saber con qué aceptación los recibirá el pueblo, en cuanto a confiabilidad, a creencia de que podrán alcanzar los objetivos y, especialmente, qué espacio les dará el “uribismo” y el “santismo” para que puedan maniobrar. No basta con tener una retórica discursiva que hable sobre las libertades, el desarrollo, la soberanía y el bienestar popular, hay que tener un proyecto de país de mediano y largo plazo que haga convincente esa retórica y, por sobre todo, operar positivamente, porque cada “anti” que se incorpora al discurso, es un sector al que se le invita a que actúe como freno a lo que se propone y, la justicia social no se logra con discursos, sino con acumulación de capital que debe salir de algún lugar de forma legítima y, en lo posible, sin entorpecer a otros sectores, para redistribuirlo, de manera tal de ir resolviendo demandas populares insatisfechas, para alcanzar una equidad, sin generar oposiciones de parte de sectores que son los que aportan ese capital que se utiliza.

Si los neoliberales dejan todo en manos del mercado y su “derrame”, los populistas son adictos al discurso y a sacarle capital a los que más tienen con diferentes medidas, que consideran justas para la gente, pero que alimentan y fortalecen la oposición de quienes generan acumulación de capital de diferente manera: agroindustria, minería, industria, comercio, finanzas, etc., incluso la clase media, que poco tiene y mucho sacrificio hace para lograr sus objetivos; resultaría indispensable buscar metodologías “integradoras”, que favorezcan a los sectores más desfavorecidos sin dejar afuera o provocar el malestar de los generadores o tenedores de capital.

Arribar al fin del proceso de negociaciones con las FARC -aún no ha sido resuelto el proceso con el ELN-, ¿implica el comienzo de un nuevo ciclo político en la sociedad colombiana, o continuará lo mismo, pero sin guerrilla que interfiera y genere preocupación para el arribo de los inversores y la continuidad del sistema político-económico trazado y defendido por el Gobierno?

De por sí, el Presidente Santos, desde un comienzo de las negociaciones con las FARC -la misma metodología se aplica al proceso con el ELN-, dejó en claro sus “inamovibles”: no se podía negociar el modelo económico ni el sistema político. Su comentario fue, si quieren cambios, que formen un Partido Político, ganen las elecciones y busquen implementar su objetivo.

La guerrilla deberá enfrentarse a aquellos que durante el plebiscito se pronunciaron por el “No”, liderados por Alvaro Uribe, que quedaron disconformes con las reformas realizadas al Acuerdo Final y decidieron no participar de su refrendación, iniciando tempranamente la campaña política hacia las elecciones del 2018, tratando de arrastrar a todos aquellos que, por un motivo u otro -no necesariamente por coincidir ideológicamente con Uribe-, votaron “No”. Entre estos se enrolarían, aquellos que han lucrado con la guerra y que están interesados en que las guerrillas no puedan participar en la política y sean juzgadas y penalizadas con cárcel; diversos sectores de la sociedad que consideran que las guerrillas han obtenido beneficios que ellos no; los grupos cristianos que se han expresado contrarios al tratamiento que se ha hecho sobre el tema “género”; los militares -activos y retirados- que no quieren ser equiparados en la parte judicial con las guerrillas; y otros sectores que temen que un Partido Político liderado por ex-guerrilleros puede ser nocivo para sus intereses políticos, económicos y financieros.

En general, los Acuerdos firmados y refrendados, deberán ser implementados y sostenidos en todas sus cláusulas y propuestas y, dadas las condiciones en las que se lo alcanzó, con un plebiscito en contra; la oposición del “uribismo” para la refrendación por estar disconforme con los cambios, pese a la voluntad manifestada por Gobierno y guerrilla; la posibilidad de que la campaña político-electoral hacia las presidenciales del 2018 pueda ser ganada por el candidato del Centro Democrático, que podría utilizar su poder en el Gobierno para buscar futuras modificaciones en el Acuerdo, etc., constituyen un desafío importante para la operabilidad y el accionar del Partido Político que creen las FARC y los cambios que estas se plantean.

Debe considerarse que la existencia de los Acuerdos, per se, no es garantía de su implementación exitosa. Hay alrededor de doce millones de campesinos con expectativas de que se alcance de forma rápida la entrega de tierras, de la misma manera que la Paz anunciada por el Gobierno de Santos, traiga las inversiones, tantas veces mencionadas, para llevar a cabo planes económicos que generen empleo, desarrollo social, educativo, salud y democracia [1786].

Por otra parte, las FARC, como Partido Político, no sólo se verá enfrentada a obstáculos internos, también necesitará recibir apoyo o, al menos, no encontrar oposición en el contexto mundial, que ha cambiado substancialmente desde la época en que se inició el conflicto en Colombia [1787]. Que el Gobierno de Estados Unidos, más allá de aprobaciones, no se transforme en un árbitro que dificulte las posibilidades de accionar del Partido Político de las FARC, es algo -más allá de odioso-, a tener en consideración. Igualmente por parte de los países europeos, que tienen subsidiarias de empresas localizadas o hacen inversiones en la región bajo ciertas condiciones, que si no son consideradas aceptables por ellos, no se recibirán o congelarán o retirarán las existentes.

Obstáculos para la Paz

La perspectiva de la guerrilla acerca de la implementación y logro de sus objetivos, la transformación del sistema político-económico, el establecimiento y participación de un Partido Político propio, es un tanto estática y dogmática, de la misma manera en que las visiones de las izquierdas se han mostrado a lo largo de la historia de América Latina.

Por un lado están los cambios mundiales que se han dado a lo largo de todo el proceso conflictivo en Colombia; por el otro están las fuerzas de poder que se han ido expandiendo en el país y que no están dispuestas a ceder sus espacios y posiciones, por lo que no resultará muy fácil plantear las cosas solamente desde la perspectiva electoral, sin tener en claro un proyecto concreto de país y la manera en que éste puede implementarse en un contexto mundial globalizado y dinámico.

Es entendible que la guerrilla vea al proceso de negociaciones, tal como ha sido encarado por el Gobierno de Santos y a las actitudes de uno de los ejes del poder en Colombia, el “uribismo”, como un juego de los “buenos” y los “malos”, en el que, desde ya, resulta ser la guerrilla la que ha generado los “males” al país y, cumpliendo con los castigos correspondientes, será benévolamente admitida por quienes lo conducen.

Su visión y comentarios lo dejan ver claramente, cuando dicen que, desde el punto de vista de la estrategia, los diferentes Gobiernos han buscado infructuosamente derrotar militarmente a la guerrilla, haciendo uso de las fuerzas armadas, la organización de grupos paramilitares y el fortalecimiento del pie de fuerza, para tomar zonas con presencia insurgente.

Semejante costo financiero de guerra contrainsurgente, ha sido gastado dispendiosamente, como nunca lo ha sido en resolver los temas sociales.

Encarado el proceso de negociaciones para la Paz, la guerra continúa por otras vías, que también son controladas por el Gobierno, rigiéndose por patrones basados en el manejo de la “opinión pública” y la “legitimidad”, infundiendo ideas que enaltecen la actividad de sus fuerzas armadas tratando de reducir el campo de actuación político de las guerrillas. Las guerrillas no pueden controlar esto. Buscan el apoyo de sectores de la población en zonas apartadas de la geografía, tratando de ampliar su espectro de influencia, aunque no necesariamente eso signifique que puedan lograr su objetivo de ser Gobierno y menos aún de alcanzar cambios substantivos en el país.

Las fuerzas armadas incorporaron el calificativo de “héroes”, y la referencia a la “gloria” y el “honor”, es integrada a los lemas de las campañas que han presentado por los medios de comunicación e información. Los guerrilleros, que en las décadas anteriores fueron llamados “bandoleros” y “turba”, luego fueron calificados como “terroristas”; en parte, debido a los hechos sucedidos en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, con los que la actividad beligerante y de oposición a los intereses norteamericanos, recibieron esa denominación genérica. También se ha desviado el carácter político de la actividad guerrillera, al atribuirle los títulos de “narcotraficantes” y “criminales” y, en algunos casos, “narcoterroristas”.

De esta manera, desde afuera y desde adentro, el Gobierno tiene ventajas que la guerrilla no puede controlar ni modificar tan fácilmente.

Las fuerzas armadas, bajo el manto de la “heroicidad”, se autoproclaman “víctimas” del accionar guerrillero; el sufrimiento de sus familias y allegados es retratado con minuciosidad en las emisiones estelares de los informes noticiosos; mientras que los guerrilleros que son ultimados, aún en situaciones de indefensión, no forman parte de la misma noticia. Por el contrario, son vistos como el resultado de una lucha por limpiar al país de una lacra.

Dado que las estrategias de opinión se crean con el propósito del aniquilamiento o la destrucción o la sanción, en los términos del “uribismo”, a través de la negación del carácter político de la insurgencia, esto constituye un impedimento considerable para superar el enfrentamiento. Se ha generado de manera exitosa, una imagen favorable del Estado y sus instituciones, y un rechazo patológico de la insurgencia. Se ha dejado a las guerrillas sin posibilidad de disentimiento y “sin voz”, ante el desafío de buscar el reconocimiento. ¿Qué ha de motivar el abandono de la guerra, si la transición a la política en condiciones de legalidad supone semejante desventaja de antemano?

Cuando en la guerra, las categorías de desprecio han sido incrustadas en la conciencia colectiva, es sencillo ganar adeptos para oponerse a una salida concertada del conflicto. No es de extrañar que masivamente se afiance la exclusión, impidiendo que los guerrilleros “cambien las balas por votos”, en condiciones de “equidad y participación” como lo presentan los discursos del Gobierno y los sectores de poder.

Cuando lo aparentemente lógico sería que la población y los sectores políticos, se volcaran a la finalización de un conflicto que costó miles de vidas, la consolidación de posturas diversas; se observa que todo se dirige hacia el “choque” entre quienes promueven la salida concertada, con aquellos que insisten en dilatar las posibilidades de un Acuerdo. Esto se explica, en gran parte, por las estrategias de opinión.

Conformar una estructura política para insertarla dentro de la lógica del sistema vigente, hace temer a la dirigencia guerrillera, que podría terminar ajustándose a la idea de lo “más aceptado”, “negando” su propia historia y convicciones. La efectividad del logro político en ese tránsito, no puede medirse por los niveles de concesión que se dé a los valores controlados por el sistema de poder hegemónico [1788].

El tránsito de un cuerpo en armas a un movimiento político, debería responder a un proceso de continuidad, consecuente con la actuación de las guerrillas a lo largo del desarrollo de la guerra; aunque debería tener en consideración que es la expresión de un proceso que no surge, nace o aparece, sino que, si bien es importante conservar la coherencia, también lo es reconocer que no todo se reduce a blanco y negro, a la vez que, mientras se estuvo desarrollando la guerra civil, el mundo siguió evolucionando y esos cambios, también deben tenerse en consideración, para poder lograr los objetivos, sin quedar desfasados y marginados del sistema global.

La realidad política no puede reducirse a los que están con nosotros, versus los que están con ellos; esa es la mejor manera de establecer y consolidar grietas imposibles de cerrar, sin que la sociedad, en un todo, pueda alcanzar sus objetivos de desarrollo y bienestar, siguiendo a uno u otro. Por supuesto, la sociedad misma, no está para optar solamente; debe ser partícipe de su destino, y esto significa que debe ser la que genere las alternativas de cambio y proyección que tienen que seguir los que conducen y toman decisiones y no a la inversa.

Proseguir con la exclusión, es ser útil a los enemigos de la Paz, a la vez que retardar la posibilidad de cambio para Colombia -que al Gobierno de Santos, y los anteriores que han tenido algún proceso de negociación con las guerrillas, no parecen estar interesados-; un cambio que debe implicar que alcance la madurez no lograda desde su independencia [1789], para ser un Estado -en términos reales, no sólo formales-, a la vez que establezca los objetivos de mínima, como para poder ir avanzando hacia un desarrollo autosustentable, en un sistema global que se va transformando cada vez más en inalcanzable para aquellos países que viven de la exportación de sus commodities y de la generación de condiciones favorables como para que los inversores arriben, olvidando o dejando de lado el objetivo de ser país para la nación y sus intereses, necesidades y aspiraciones, por sobre los de los sectores, cualesquiera sean ellos, internos o externos con intereses en el país. La implementación del Acuerdo de Paz, debe ir en esa dirección y ninguna otra, sea del lado del Gobierno, los sectores que lideraron -y continúan haciéndolo- el “No”, y las guerrillas que buscan “cambiar las armas por los votos” para alcanzar la democracia con justicia social, según sostienen, son sus objetivos de máxima.

Sin duda, la sociedad es decisiva, sea para que el país vaya en alguna dirección o se quede estancado, porque lo que espera es que “alguien” resuelva sus problemas y dé respuesta a sus demandas. No basta con generar demandas al Gobierno y los sectores de poder, en un sistema instalado y que responde a sus intereses sectoriales, para alcanzar sus objetivos de una Paz con justicia social. La participación de la sociedad debe ser protagónica, no sólo en unas circunstancias determinadas, sino siempre, porque el país continúa mientras los Gobiernos cambian, y lo que el anterior prometió el que viene puede contradecirlo, cambiarlo o no cumplirlo.

Las guerrillas buscan la posibilidad de actuación política, pero deberían tratar de bajar a la realidad, para poder lograr sus objetivos sin cambiar el enfrentamiento de las armas por el enfrentamiento de ideologías, ya que en este caso, también los que más poder logren alcanzar y más sectores sociales cooptar, tendrán mayor posibilidad de implementar su ideología, puntos de vista y objetivos.

El Gobierno, por su lado, y los sectores de poder que quieren la Paz y los que no la quieren, al menos en las condiciones en que se ha venido negociando, deberían pensar también que no hay muchas alternativas, o se trata de negociar ventajas o se corre el peligro de alimentar nuevos conflictos iguales o peores.

Inscriben como Movimiento “Voces de Paz”

La aprobación por parte de la Corte Constitucional del Acto Legislativo para la Paz, activó los compromisos de la Mesa de diálogos, por lo que uno de ellos ha sido llevar al Congreso a los seis voceros [1790] -tres en el Senado y tres en la Cámara de Representantes- de las FARC con voz pero sin voto, para el trámite de las iniciativas legislativas que implementen lo pactado. Esto se hizo creando un nuevo movimiento político, denominado “Voces de Paz”, registrado ante el Consejo Nacional Electoral.

Los voceros, cumplirán el papel de observadores del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en materia legislativa, pero no de representantes de las FARC, constituyen un movimiento ciudadano que velará por la buena implementación de los Acuerdos de Paz.

Esto generó comentarios encontrados y oposición por parte de la dirigencia del “No”. Uribe expresó su molestia [1791]:

“Por lo menos deberían pagar una condena adecuada antes de venir al Congreso, sobre este grave tema institucional que hoy tiene en riesgo la democracia se está deliberando en el Centro Democrático y (…) en la plenaria del Senado se entregará una declaración por escrito”.

Refrendación por el Congreso Puede Ser Prevaricato

Varios Congresistas del Centro Democrático, señalaron que la votación de la proposición de refrendación del nuevo Acuerdo de Paz, en el Senado y la Cámara de Representantes, podría configurarse en un prevaricato [1792].

El Representante Santiago Valencia dijo:

“Quieren desconocer la voluntad popular llevando al Congreso a incurrir en un prevaricato. Este Congreso quiere substituir la voluntad del constituyente primario, y lo quiere hacer sin la legitimidad para hacerlo porque fue derrotado el 2 de octubre pasado”.

La Senadora Paola Holguín señaló:

Los Congresistas no tienen la competencia para refrendar, debido a que no está dentro de las funciones establecidas en la Constitución. La proposición hecha en el Congreso no tiene ningún valor jurídico, sólo político.

En el mismo sentido se pronunció Everth Bustamante, que había pedido al Senado que:

Se abstuviera de votar la proposición de refrendación del Acuerdo. Esa decisión “constituye un acto manifiestamente contrario a la Ley y se tipifica en el ordenamiento penal colombiano como un prevaricato”.

El Senador Alvaro Uribe, explicó por qué los miembros del Centro Democrático se retiraron de ambas plenarias en el momento de la votación de la proposición:

“El Centro Democrático no puede votar una proposición que el Gobierno anunció que tendría el alcance jurídico de refrendación con el efecto de activar el ‘fast track’, por eso no la podemos votar porque ya hemos dicho que aquí siempre se habló en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Corte de una refrendación de democracia directa [1793].

Senado Aprobó Acuerdo de Paz

El Senador Alvaro Uribe, durante su intervención en la sesión especial para refrendar el Acuerdo de Paz en el Senado, reiteró sus críticas a lo pactado entre el Gobierno y las FARC y anunció que su Partido no participaría en la votación en el Congreso para avalar el Acuerdo.

“Desde el principio pedimos el Acuerdo Nacional. Hemos dicho que hubo temas en los que se avanzó pero hay otros en los que aún hay diferencias”.

Entre los temas que se mantuvieron intactos en el Acuerdo se encuentra “la impunidad total” para los líderes de las FARC.

Uno de los momentos más críticos del debate, se dio cuando la Senadora de la Alianza Verde, Claudia López, lo acusó de apoyar la Paz “únicamente cuando le conviene electoralmente”, y mostró un video del 2003 en el que el ex-Presidente decía:

“En el momento en que se dé una negociación con las guerrillas se necesita una legislación más benigna”.

Uribe recordó que con el proceso de Paz que él llevo a cabo con los paramilitares, muchos de los líderes de esa organización “están hoy en la cárcel”.

Anunció que su Partido no votaría la refrendación del Acuerdo al considerar que el Congreso no tiene las facultades para tomar una decisión de este tipo.

“El Centro Democrático no puede votar una proposición de refrendación del Acuerdo que tiene el efecto de revivir el fast track o procedimiento legislativo abreviado” [1794].

Con setenta y cinco (75) votos por el Sí y cero (0) por el No, la plenaria del Senado ratificó el Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FARC.

El ausente en la votación fue el Centro Democrático, cuya bancada se retiró del recinto en el momento de la votación. Pese a esto, la mayoría de los Partidos de la “unidad por la Paz” pusieron los votos necesarios para sacar adelante este requisito, luego del cual vendría la implementación de todo lo acordado en La Habana [1795].

Cámara de Representantes Aprobó Acuerdo de Paz

Con ciento treinta (130) votos a favor y cero (0) en contra, la Cámara de Representantes aprobó el nuevo texto acordado entre el Gobierno y las FARC.

El Congreso en pleno aprobó el documento que sienta las bases y puntos específicos para la desmovilización y desarme de las FARC y su tránsito hacia un Partido Político. El Centro Democrático, Partido que ha demostrado una implacable oposición a los Acuerdos de Paz, se retiró de la plenaria en el momento de la votación.

El Representante Ciro Ramírez dijo:

“Nos retiramos de la plenaria porque no apoyamos la ilegalidad para refrendar los nuevos Acuerdos”.

Juan Fernando Cristo, Ministro de Interior, señaló al finalizar la votación en la Cámara:

Se asistió a una “refrendación popular indirecta”, que es importante para avanzar en la implementación. “Creo que los debates de esta semana fueron serios y profundos, con la participación, no solo de todas las bancadas sino con líderes del Sí y del No”.

Sergio Jaramillo, miembro del equipo negociador del Gobierno, celebró la decisión de la Cámara y resaltó lo necesario de esta aprobación para la solidez del Acuerdo, en medio de la urgencia para la refrendación:

“Tenemos el compromiso de trabajar rápidamente sobre la Ley de amnistía para los miembros de las FARC que no hayan cometido crímenes atroces o crímenes no amnistiables, como quedó establecido en la Justicia Especial para la Paz (JEP). Tenemos que concentrarnos en la implementación”.

Además de la Ley de amnistía, el Gobierno dio prioridad a otros proyectos de acto legislativo ante el Congreso. Entre los primeros estuvo la incorporación de la JEP, el proyecto de acto legislativo relacionado con la creación del nuevo Partido Político de las FARC, uno relacionado con las circunscripciones transitorias de Paz y la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Sobre la utilización del mecanismo de ‘fast track’, para agilizar la implementación del Acuerdo, el Ministro Cristo, señaló que se estaba a la espera de un pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional sobre el asunto:

“Hay simplemente una información sobre una ponencia frente al acto legislativo, y el Gobierno actuará de Acuerdo a las directrices de la Corte Constitucional en la materia”. La refrendación del Acuerdo marca el Día D, la fecha de inicio de la implementación, y se espera que una vez pasados ciento cincuenta días, las FARC hayan dejado la totalidad de las armas y hayan empezado su transición para convertirse en un Partido Político [1796].

Visión Sobre el Acuerdo de Paz

Todo Acuerdo de Paz, sea cual fuere el país donde se adopte, marca momentos de euforia, pero también hay realidades detrás, que con el tiempo asoman y muestran cómo han sido las intenciones y son verdaderamente los hechos.

Si se considera el modelo de Paz implementado, se asemeja al desarrollado en Guatemala: Se firmó un Acuerdo de Paz con la guerrilla; hubo un plebiscito negativo; se llevó a cabo el desarme; se otorgó el Premio Nobel para incentivar a los promotores -en Guatemala a Rigoberta Menchú, que no fue Presidenta, sino motor de la lucha por los Derechos de los indígenas; en Colombia al Presidente Juan Manuel Santos-; se realizaron cambios al Acuerdo en el Congreso, para satisfacer a la oposición, sin que esto implicara nada substantivo; se implementó la impunidad para los agentes del Estado y los grupos paramilitares, responsables del ochenta y cinco porciento de los crímenes; violencia social continuada y genocidio [1797].

Si se tienen en cuenta estos datos sobre cómo ha ido todo en Guatemala, los días obscuros para Colombia están por venir.

El Acuerdo de Paz fue reformado en prácticamente todos los puntos planteados por los partidarios del “No”, aún así no quedaron conformes, y los mostraron al no ratificarlo ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. De esta manera la contienda y también el futuro que correrá la Paz, se trasladó a las elecciones del 2018, en las que el “uribismo” espera ganar.

El país sigue tan dividido como antes del plebiscito, aunque más apático con la Paz. La polarización y la animadversión que signaron la campaña previa al plebiscito y el proceso de refrendación en el Congreso, solo han sido una muestra de lo que espera para Colombia hacia las elecciones presidenciales y después de ellas.

El camino del Congreso que escogió el Presidente Santos para la refrendación del Acuerdo de Paz, podría ser el más seguro desde el punto de vista de las mayorías que votarían a favor, pero no necesariamente el camino más legítimo y seguro en términos de lo que puede pasar en el mediano-largo plazo.

Llevar a cabo otro plebiscito hubiera sido largo, costoso y polarizador, pero el Congreso no solo confiere menos legitimidad que cualquier consulta popular para refrendar el Acuerdo, sino que es una de las instituciones más desprestigiadas del país.

La fragilidad de la refrendación vía Congreso, no es necesariamente lo más grave. Las grandes sorpresas pueden ser las de la implementación del Acuerdo.

El Gobierno, con sus mayorías en el Congreso, pudo lograr blindar constitucionalmente lo acordado; pero otro Gobierno futuro, con otras mayorías, puede echar todo abajo; ese ha sido el juego del bloque del “No” pensando en las elecciones del 2018.

Aún no está resuelto el proceso de negociaciones con el ELN [1798].

El Director del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, mantiene un pensamiento que ratifica lo planteado más arriba: “la mayor crisis de Colombia no es el hambre, sino la protección”. En pocas palabras, la falta de seguridad.

Su mayor sorpresa ha sido la falta de optimismo, por parte de los colombianos, sobre que haya Paz. Al analizar el proceso de Paz en Colombia, se encontró con una sociedad con “dudas, preguntas y pesimismo, con grandes retos para salir de un realismo negativo” provocado por “un pasado violento que no permite tener optimismo, debido a otros procesos de Paz frustrados” [1799].

¿La sociedad colombiana realmente quiere cambiar? Tal vez habría que agregar que, a ese deseo, habría que acompañarlo con una dirigencia que esté dispuesta a los cambios y no a un statu quo sin conflicto ni conflictores.

Una “Paz Centrada en las Víctimas”

El argumento del Gobierno, dicho con jactancia, ha sido que se negoció una Paz inédita a nivel mundial, una Paz centrada en las “víctimas” pero, si se observa el proceso en profundidad y también los resultados, queda en claro que se trata de un proceso alejado del pueblo, en los diferentes sectores y de los problemas estructurales que han generado conflictividad en Colombia.

La ex-Senadora liberal Piedad Córdoba planteó:

A pesar de la satisfacción que le produce que el Acuerdo de Paz finalmente haya quedado en firme, siente temor de que se incumpla el principio más importante de lo pactado en La Habana: las garantías de seguridad de quienes dejen las armas.

En los tres años de existencia de la Marcha Patriótica, han sido asesinados ciento veintisiete militantes, y en el 2016, setenta y siete defensores de Derechos Humanos han sido ultimados, sin haber condenas ni justicia en ninguno de estos casos.

Para que Colombia pueda alcanzar la Paz, se necesita educación, equidad social y, sobre todo, construir una cultura del respeto y la tolerancia.

Claudia López, Senadora de la Alianza Verde, fue enfática en su tesis de que:

“Lo que se ha presentado en estos años de negociación con las FARC, que se exhibió con claridad en el plebiscito del 2 de octubre, es la existencia de dos Colombias: una del centro que se niega a la Paz y otra de la periferia que sufre la guerra. Hay dos Colombias: una que vive en el siglo XIX, sin justicia, sin Estado, sin luz, sin salud; y otra donde la gente tiene derechos. Lo que tenemos que asumir, es que llegó la hora de que los colombianos que tenemos derechos y privilegios, nos echamos al hombro, al alma y al bolsillo a quince millones de colombianos que viven sin derechos”.

El Senador Horacio Serpa, del Partido Liberal, pidió dejar atrás las discusiones sobre el bloque de constitucionalidad, la conexidad del narcotráfico, o el día D, para iniciar la construcción de la Colombia de la Paz, la equidad y la apertura democrática:

“Todos queremos que haya justicia social. Pero eso no va a hacerse mientras no se logre una transformación del modelo económico en Colombia. Tenemos uno que favorece la concentración de la riqueza, el desequilibrio en la repartición de los excedentes. Un modelo más interesado en el crecimiento de la concentración que atender a la gente. Pobreza y desigualdad son los temas que deben cambiar” [1800].

¿Todas las Víctimas o Sólo las de las Guerrillas?

Las FARC se han dedicado a hacer el ejercicio de pedir perdón a las víctimas en diferentes regiones, dando sus explicaciones y buscando la reconciliación bajo promesa de No Repetición. Sin embargo, esto que ha sido tomado como el eje de las negociaciones para Santos, no fue emulado por parte del Gobierno ni de diferentes sectores del Estado.

De la misma manera que han habido víctimas de las guerrillas, las hubo por parte de agentes del Estado y todos, sin excepción, deben llevar a cabo el ejercicio de pedir perdón y buscar reconciliación, para que el proceso de negociación no quede meramente en una actividad entre vencedores y vencidos o entre los “buenos” y los “malos”.

Gran parte del pueblo, por diferentes motivos, ha sido víctima de actividades por parte de agentes del Estado. Esa parte de la población, también es colombiana y debe entrar dentro del concepto de víctima esgrimido por el Presidente Santos en su discurso para la Paz. Era una oportunidad importante de reconocer a todas las víctimas, de buscar una reconciliación con base en la verdad histórica, las garantías para la vida y el compromiso de No Repetición, por parte de quien ha recibido un premio Nobel de la Paz, dirigido no a una persona sino a “todo el pueblo de Colombia”, de acuerdo con los comentarios de miembros del Comité Nobel, y no sólo a las víctimas de las guerrillas, sino a “todas las víctimas” [1801], si se considera el discurso dicho por Santos al recibir el premio Nobel, en el que se refirió al fin del conflicto como la terminación de un molesto y largo problema de orden público “el conflicto armado más antiguo y el último del Hemisferio Occidental” y el desarme de un ejército irregular.

Mientras Santos recibía el Nobel, se daban en Colombia nuevos hechos de sangre contra defensores de la Paz, de los Derechos Humanos; líderes sindicales, afrocolombianos, indígenas y campesinos; los grupos paramilitares, mal llamados “bandas criminales” (bacrim) por el Gobierno, se dedican a acechar en las regiones preparadas para la desmovilización de las guerrillas. Frente al proceso de Paz a punto de culminar su primera etapa, se revictimiza a Colombia.

Problemas de Derechos Humanos en Colombia Continúan

Líderes de la izquierda colombiana y miembros del Secretariado de las FARC, permanentemente han llamado la atención del Gobierno sobre la continuidad de los crímenes contra defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, líderes indígenas, afrocolombianos o rurales, y sobre el grado de impunidad existente.

La Presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aída Avella, expresó que su mayor preocupación eran:

“Las matanzas de los campesinos en este país” y la poca atención que el Estado le está dando a esta problemática. “Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos que la vida de un campesino es tan importante como la de un Ministro”.

Estos actos de violencia en contra de defensores de Derechos Humanos, dirigentes y líderes del movimiento social y sindicalistas tienen detrás, a las mismas personas que intentaron exterminar al Partido Político Unión Patriótica, “porque hay un plan grande contra la Marcha Patriótica, eso quiere decir que hay autores intelectuales y hay financieros, y como hay esa clase de cosas el Estado no puede dejar de castigar este tipo de cosas”.

Aída Avella le pidió al Fiscal General de la Nación, que revelara la lista de las personas que financiaron en Antioquía el genocidio de la Unión Patriótica, a la vez que planificaba una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer esos casos sistemáticos.

“Yo creo que no se está iniciando otro genocidio, sino que se continúa el genocidio contra los sectores de oposición, es que aquí no se han desmontado las estructuras paramilitares que están completamente intactas” [1802].

Aída Avella, fue demandada por el Partido Centro Democrático, por el delito de presunta injuria agravada.

En un comunicado público, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por el aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población en general en el país, sobre todo quienes se encuentran en las zonas rurales. Rechazó la estigmatización que en muchos lugares se hace de estos, al señalarlos como colaboradores de grupos al margen de la ley, lo que los pone en alto riesgo y obstaculiza su labor.

Al 30 de noviembre del 2016, se monitoreó con varias fuentes en el terreno, anotándose treinta y cinco atentados y cincuenta y dos homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía. De estos, el setenta y cinco porciento de las víctimas de homicidio, desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.

“El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre del 2016. Desde esa fecha hasta hoy han ocurrido trece de los cincuenta y siete homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales, incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño, en donde las FARC tenían presencia histórica, y están retirándose”.

El vacío que dejan las FARC, aunado a la presencia de economías ilícitas, ha favorecido el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas.   

“La Oficina observó que esta dinámica de violencia no solo afecta a los líderes, defensores y defensoras, sino también a la población en general, situación que se agudiza por las condiciones de pobreza y marginación históricas, y por la falta de presencia institucional que persiste en zonas rurales de por los menos veintidós Departamentos del país. La Oficina ha observado este año que los departamentos más afectados por los homicidios contra defensores son: Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca”.

“La Oficina convoca al Estado para que haga presencia integral en las áreas rurales, estableciendo una relación de confianza con las comunidades, y a que ponga en marcha políticas públicas para la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, que permitan superar las causas estructurales de la violencia” [1803].

Implementación del Acuerdo en Problemas

Iván Márquez expresó sus discrepancias frente a la posición del Gobierno en torno a que el “Día D” era el 8 de diciembre del 2016, fecha en que comenzaban a correr los plazos para el desplazamiento de sus combatientes hacia las Zonas Veredales transitorias y para el inicio del proceso de desarme y desmovilización. Las FARC consideraban que persistía una incertidumbre jurídica sobre el Acuerdo de Paz. Uno de los temas de preocupación, expresado por Pastor Alape, miembro del Secretariado, tenía que ver con que no estaban dadas las condiciones logísticas de los sitios de concentración y, adicionalmente, la necesidad de que se diera vía libre al fast track [1804], para resolver el tema de la “amnistía”.

Esa decisión no dependía del Gobierno, sino de la Corte Constitucional, que estudiaba una ponencia de la Magistrada María Victoria Calle, que favorecía el mecanismo, pero lo ataba a la refrendación popular. En medio de las múltiples interpretaciones que se hicieron, estaba la que sostenía que la refrendación del Acuerdo, que hizo el Congreso de la República, era válida, pues se trataba del “constituyente derivado”; la institución elegida popularmente como representante del pueblo. Sin embargo, algunos Magistrados se inclinaban por la tesis de que se debía volver a convocar a los colombianos a un plebiscito aprobatorio.

A las FARC les preocupaba la demora en la aprobación definitiva  del Acuerdo de Paz. Jesús Santrich, miembro del Secretariado dijo:

“O hay guerra o hay Paz, ahí no hay medias tintas. Si no hay una refrendación o hay una refrendación sin el mecanismo fast track, sencillamente nosotros tendríamos que regresar al monte a combatir, porque eso sería una expresión clara de que no se quiere la reconciliación”.

El Jefe negociador del Gobierno, Humberto De La Calle, reiteró que si el mecanismo no era aprobado en la Corte Constitucional, la Paz estaría en serios aprietos:

“El fast track no es un capricho, ni es un deseo de colocar contra la pared a quienes se oponen. Es una necesidad”.

Gobierno y guerrilla coincidieron también en que cada día que pasaba sin poner en marcha la implementación de los Acuerdos de Paz, hacía más frágil el cese el fuego pactado, cuya vigencia temporal era hasta el 31 de diciembre del 2016. De La Calle dijo al respecto:

“Yo no creo que una guerrilla esté un año sentada esperando a ver qué ocurre en el Congreso”.

La preocupación de las FARC pasaban por la urgente necesidad de comenzar a dar trámite a la Ley de amnistía, pilar fundamental de la negociación, pues se trataba del instrumento jurídico que impediría el enjuiciamiento penal de los guerrilleros rasos y mandos medios.

Teniendo en cuenta esas urgencias, el Gobierno anunció que presentaría la Ley ante el Congreso, con un mensaje de urgencia, para ser tramitada inmediatamente.

En el texto del nuevo Acuerdo, firmado el 9 de noviembre del 2016, estaban consignados los términos del proyecto a tramitar, compuesto por cincuenta y nueve artículos, destinado a todos aquellos que hubieran participado de manera directa o indirecta en el conflicto, y que hubieran sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles. También cobijará conductas estrechamente vinculadas al proceso de “dejación de armas” y aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o en ejercicio de la protesta social en los términos que en esta Ley se indican.

“La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno y la finalización de las hostilidades”.

La amnistía cobijará a quienes estén inmersos en delitos políticos, con conexidad al constreñimiento para delinquir, injuria y calumnia, daño en bien ajeno, concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes, amenazas y porte o tenencia de armas, entre otros. Los agentes del Estado no recibirán amnistía ni indulto, sino que se establece la cesación de la persecución penal, una figura diferente.

Ley no se opondrá “al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz”.

Hay diferencia entre la amnistía y el indulto. Este ultimo es potestad del Gobierno y cobijaría a los guerrilleros que presos por rebelión, sedición y asonada. Para aquellos que participen en el proceso de dejación de armas, se aplicará la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, conforme a lo establecido en la Ley 418 de 1997 o de Orden Público.

Mientras los indultados pueden recibir el beneficio de inmediato, quienes aspiren a la amnistía -que es la gran mayoría de las tropas guerrilleras- tienen que esperar a que se apruebe la Ley [1805].

Timoleón Jiménez Ordena Preparar “Plan B”

Camaradas Mandos y Combatientes de las FARC-EP:

La intención que tenía inicialmente, cuando me senté a elaborar esta nota, era realmente la de hablarles del Acuerdo Definitivo, para lo cual me hallaba a la espera de un segundo informe de la comisión nuestra que estuvo al frente de la tarea de conseguirlo. Ya les había enviado el primer informe. Pero estando en su elaboración, se me presentó el repentino viaje a Bogotá para la firma del mismo con el Presidente, y debido a las circunstancias, la dinámica política inmediata y hasta las contingencias del clima, no conseguí sacar el tiempo para terminarla como esperaba. Hoy la retomo, con el fin de darle prioridad a los acontecimientos más recientes.

Cuando este proceso fue tomando forma y vimos que la clase dirigente, por lo menos la que representa Santos, entreabrió la puerta de la solución política, planteé que nos correspondía a nosotros, con el apoyo de buena parte de la población que reclamaba la Paz, terminarla de abrir de par en par. Y a ese propósito nos dedicamos con entusiasmo y convicción. No ha sido fácil. Todos recuerdan los distintos momentos de crisis vividos durante el proceso, en los cuales nos pareció muchas veces que la consecución de un Acuerdo Final iba a ser imposible. Pero siempre le encontramos la comba al palo, sin abandonar nuestros principios y con el norte bien claro.

Si lo logramos fue gracias, primero que todo, al apoyo recibido por la gran mayoría de mandos y combatientes, al mismo tiempo que por el estímulo que nos brindó el movimiento de masas en apoyo del proceso, el cual fue creciendo notoriamente, en la medida en que se avanzaba en la Mesa de Diálogos con el Gobierno nacional. De ese modo llegamos a nuestra Décima Conferencia que le brindó un respaldo unánime al Acuerdo con el Gobierno.

Después sobrevino lo del plebiscito. Luego lo de la refrendación en el Congreso que todos conocen, hasta llegar al momento actual, cuando se está dependiendo de una pronunciamiento de la Corte Constitucional para definir si las leyes que deben desarrollar los Acuerdos se van a tramitar Vía Rápida (Fast track) u ordinaria.

Estamos por tanto ante una encrucijada bastante difícil. Si no se aprueba la vía rápida para las leyes mencionadas, incluida la de amnistía, estas pasarían a ser discutidas, artículo por artículo, dentro de las sesiones ordinarias del Senado y Cámara, los cuales eventualmente podrían cambiar la esencia y contenido de los Acuerdos, hasta el punto de llegar a reversar todo lo acordado. A esto hay que agregar la actitud pusilánime del Presidente, la falta de compromiso de varios de los altos funcionarios del Gobierno y la incisiva presión de la ultraderecha.

Por lo tanto, Camaradas, nos encontramos ante uno de los momentos más cruciales de este proceso. De ahí la importancia fundamental de mantenernos más unidos que nunca, todo el cuerpo de mandos y el conjunto de los combatientes, en torno al propósito común, respaldado por la mayoría de los colombianos, de arrancarle a las clases dominantes la solución política al conflicto y el desarrollo constitucional y legal del Acuerdo Final, para que quede blindado contra cualquier contingencia. Eso sin desconocer, en ningún momento, nuestra tarea fundamental, que es la de conseguir que cada día sea mayor el apoyo de masas y del pueblo en general al Acuerdo.

Al igual que en la confrontación militar, ahora, en plena confrontación política, debemos actuar con mucha sabiduría, habilidad, cabeza fría y serenidad, a fin de que todos unidos, hallemos la salida más acertada a la actual coyuntura y sus consecuencias. Estoy seguro de que apoyándonos en el sentir de las mayorías del pueblo colombiano, que quiere la Paz, podremos encontrar la solución más justa a la actual encrucijada. Para ello resulta indispensable la cohesión del conjunto de la Dirección y de todos los guerrilleros de las FARC en torno a un solo pensamiento.

En alguna nota que envié a todos cuando el proceso apenas iba tomando forma, advertía que hasta el último día existiría el peligro de que el proceso volviera atrás y tuviéramos que retomar la lucha con las armas nuevamente. Esta advertencia sigue siendo válida y no podemos dejar de tenerla en cuenta, pese a lo que hemos conseguido avanzar hasta hoy.

Espero por tanto que de manera especial, los Comandos de Dirección tengan siempre en mente esa posibilidad, sin descartar para nada el Plan B. Algún camarada me preguntaba que cuál era el Plan B. Desde siempre he orientado que se tengan planes de emergencia, algo que es doctrina en las FARC-EP. Cada mando, de acuerdo con el terreno, las masas y la fuerza con que cuenta, tiene la responsabilidad de definir cuál es su plan B, cuyo objetivo inicial es conservar la fuerza que tiene a su cargo. Desde acá me queda muy difícil orientar a cada uno lo que debe hacer en concreto. El otro aspecto que debe contemplar en su plan, es cómo va a garantizar las comunicaciones radiales permanentes con sus superiores y subordinados, sin dejarlas interrumpir en ningún momento.

Un reinicio de la confrontación en las actuales circunstancias, tiene que ser muy bien proyectado, en concordancia con la nueva realidad política que hemos logrado generar desde cuando pusimos en movimiento el proceso de Paz. No podemos estar hablando de ello con todo el mundo, ni podemos darnos por derrotados antes de entrar en combate.

En el momento presente, es necesario echar mano a todas las herramientas que tengamos a mano para sacar adelante este proyecto. La principal de ellas son las masas. Hay que hacerles conciencia de la situación por la que está atravesando el proceso y de la necesidad de respaldar el Acuerdo Definitivo de todos los modos posibles. Debemos apoyarnos en la comunidad internacional que ha acompañado este proceso, a ellos tampoco les interesa su fracaso.

Por último reitero el llamado a la cohesión y a la unidad. Ningún momento puede ser peor para las disidencias, indisciplinas o ruedas sueltas. Es necesario recordar y aplicar el principio leninista de confianza en la dirección comunista, estar completamente seguros de que tenemos el norte claro. El proyecto de las FARC nos pertenece a todos y debemos trabajar más unidos que nunca por sacarlo adelante, en beneficio de nuestro pueblo y de la revolución con que habremos de liberarlo [1806].

Corte Constitucional Aprueba el “Fast Track”

La Corte Constitucional aprobó el “Fast Track”, establecido en el Acto Legislativo 01 del 2016, para dar tramite a las leyes y actos legislativos relacionados con los Acuerdos de Paz.

Los grupos de ultraderecha, representados por Uribe Vélez, recurrieron a todo tipo de presiones, para obligar a los Magistrados a pronunciarse en un sentido contrario a los contenidos de los Acuerdos pactados entre el Estado y los delegados de las FARC.

Artículo 1º. “Procedimiento legislativo especial para la Paz. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República. El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz se regirá por las siguientes reglas:

a) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz serán de iniciativa exclusiva del Gobierno nacional, y su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera;

b) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial. En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él;

c) El título de las leyes y los actos legislativos a los que se refiere este artículo, deberá corresponder precisamente a su contenido y a su texto procederá esta fórmula: “El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, DECRETA”.

d) El primer debate de los proyectos de ley se surtirá en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales Permanentes respectivas, sin que medie para ello solicitud del Gobierno nacional. El segundo debate en las plenarias de cada una de las Cámaras;

e) Los proyectos de ley serán aprobados con las mayorías previstas en la Constitución y la ley, según su naturaleza; los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de 8 días.

g) Los proyectos de acto legislativo serán aprobados por mayoría absoluta;

h) Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones, siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previa del Gobierno nacional;

i) Todos los proyectos y de acto legislativo podrán tramitarse en sesiones extraordinarias;

j) En la Comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación;

k) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. Las Leyes Estatuarias tendrán control previo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión para leyes y actos legislativos se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados. En lo no establecido en este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República”.

Artículo 2°. “La Constitución Política tendrá un nuevo Artículo Transitorio: Facultades presidenciales para la Paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al Presidente de la República para expedir los Decretos con fuerza de Ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los Decretos con fuerza de Ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición”.

¿Cuáles son las Leyes y Actos legislativos para la Paz que deben tramitarse?

“Conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, el Gobierno Nacional garantizará el siguiente calendario de implementación legislativa: El Acuerdo Final se incorporará conforme a las normas constitucionales.

De forma prioritaria y urgente se tramitarán los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el Acto Legislativo 1:

Ley de Amnistía y Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Constitución Política.

Acto legislativo para la incorporación de un artículo transitorio a la Constitución Política, según Acuerdo de 9 de noviembre de 2016.

Ley o Acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, entre ellas las sucesoras del paramilitarismo establecido en el Numeral 74 del Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

Las normas incluidas en los literales anteriores se tramitarán simultáneamente.

Leyes necesarias para la aprobación de las normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz conforme a lo establecido en el Numeral 46 del Acuerdo de creación de dicha jurisdicción, normas que deberán contemplar cuando menos los siguientes principios: el sistema será adversarial y respetará el debido proceso y el principio de imparcialidad, contemplará la debida publicidad y garantizará el principio de contradicción en la valoración de la prueba y la defensa, así como la doble instancia, y dará cumplimento a los principios contemplados en el Numeral 14.

Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos.

Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición establecida en el Numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Adopción de medidas sobre el estatuto jurídico civil de todos los integrantes de las FARC-EP que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el Numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del Artículo 67 transitorio de la Constitución Política para garantizar la participación política.

Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los Acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación.

Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.

Calendario de implementación normativa durante los primeros doce meses tras la firma del Acuerdo Final, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016 [1807].

Leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la substitución de los cultivos de uso ilícito.

Ley y/o normas de desarrollo sobre participación política: creación de circunscripciones transitorias especiales de Paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos incluyendo a medios de comunicación y difusión.

Ley y/o normas del sistema de financiación de los partidos incluyendo el incremento de la financiación de estos, y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los Acuerdos de Paz.

Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio.

Reforma del Sistema de alertas tempranas.

Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas.

Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los Acuerdos de Paz.

Modificaciones de la Ley 1448 del 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el Punto 5.1.3.7 del Acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporación económica y social.

Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía, la sociedad, en especial de las comunidades de las Circunscripciones Especiales de Paz.

Ley y/o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción.

Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia.

Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral [1808].

Consejo de Estado Declaró Campaña por el “No” un Engaño

El Consejo de Estado dijo que el Presidente no estaba obligado con el resultado del “No” en el plebiscito y ordenó implementar en nuevo Acuerdo de Paz con las FARC usando el fast track.

Esto se debió a las declaraciones del ex-Gerente de la campaña por el “No” del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, junto con otras evidencias, en la que se incluyeron varios recortes periodísticos, que terminaron en duras consecuencias jurídicas. La Magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, indicó que era un “hecho notorio” que hubo falsedades en la campaña por el “No”, por lo que ordenó que el Congreso y el Presidente de la República avanzaran en la implementación del Acuerdo final con las FARC:

“Disponiendo para ello -aún en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin- de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 del 2016 (fast track), que para efectos del cumplimiento de esta medida cautelar ha de entenderse vigente”.

El Consejo de Estado condicionó su decisión, a que el órgano judicial competente se pronunciara de manera “expresa y definitiva” en relación con la vigencia de la norma. Para ello pidió que, de manera prioritaria, la Corte Constitucional analizara y estudiara las demandas alrededor del Artículo 5to. del Acto Legislativo para la Paz, en el que se establece como condicionamiento para activar el fast track, una refrendación popular. El 14 de diciembre del 2016 la Corte Constitucional había dado vía libre para la activación del fast track y el Congreso se dispuso a tramitar la Ley de Amnistía dentro del cronograma del Acuerdo de Paz.

El pronunciamiento del Consejo de Estado, se dio en el marco de la admisión de la demanda por parte de los ciudadanos David Camilo Narváez y William Efraín Clavachi, que pidieron invalidar los resultados del Plebiscito por la Paz, al considerar que hubo violencia psicológica, por el engaño al que fue sometido el electorado por parte de la campaña del “No”.

El alto Tribunal hizo un duro pronunciamiento, asegurando que hubo un engaño generalizado que anuló la libertad del electorado para escoger autónomamente en el plebiscito para la Paz. Las evidencias presentadas dejaron al descubierto las mentiras expuestas de forma masiva y sistemática, sobre todo en relación con los temas de ideología de género, eliminación de subsidios, afectación del régimen pensional, impunidad, víctimas y cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela. El efecto de la campaña fue crear “un clima de desinformación, manipulación, distorsión de la verdad -necesaria para la adopción de una decisión soberana- relacionada con la definición del destino de los colombianos sobre un asunto fundamental para la vida del Estado y la sociedad” [1809].

Naciones Unidas Pide que Amnistías Cumplan Estándares Internacionales

Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, señaló que los beneficios penales de la Jurisdicción Especial para la Paz, no pueden ser un fin en sí mismos.

Pidió que se tenga en cuenta, que todas las amnistías e indultos que deriven de los Acuerdos con las FARC, deben “respetar plenamente los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos”.

“La Oficina considera que las medidas contenidas en el proyecto de Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, mediante las cuales se concede la libertad a guerrilleros, agentes del Estado y otras personas privadas de libertad, por al menos cinco años, deben responder a un marco legal preciso que respete los límites que impone el Derecho Internacional”.

Los beneficios penales deben “aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada”. Es necesario “generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de Verdad, Justicia y Reparación que se han acordado en el marco del proceso de Paz. De lo contrario, las amnistías y los indultos pierden su valor estratégico y se convierten en concesiones” [1810].

Human Rights Watch Advierte Sobre Posible Impunidad en Ley de Amnistía

A través de una carta dirigida al Presidente Santos, la ONG Human Rights Watch, expresó una serie de cuestionamientos y observaciones al proyecto de Ley de amnistía.

“Notamos que el proyecto de Ley hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan a abusos; sólo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; e invoca un estándar insuficiente sobre el delito de ‘reclutamiento de menores’”.

HRW le pidió al Presidente, que se asegurara que el proceso de Paz no se usara indebidamente para limitar la posibilidad de que los responsables de atrocidades, enfrenten una justicia genuina por sus crímenes. No debe ceder a “presiones militares” para permitir que aquellos que han violado Derechos Humanos se aprovechen del Acuerdo de Paz para eludir la justicia.

HRW citó expresiones del Fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre que la Fiscalía “llevará a la Jurisdicción Especial para la Paz a todos los agentes que hayan cometido delitos dentro de los llamados falsos positivos” para lo cual ya estaría preparando informes.

“Pareciera que el actual Fiscal, está ignorando su deber de garantizar el avance de las etapas procesales previstas en la legislación ordinaria, para la investigación penal de agentes del Estado responsables de atrocidades, lo cual sería una abierta contradicción a la legislación vigente en Colombia y representaría una virtual denegación de justicia para las víctimas”.

HRW explicó punto por punto sus reparos a la iniciativa, advirtiendo que el mecanismo de libertad condicional ideado para agentes del Estado o combatientes de las FARC, responsables de crímenes atroces “no parece contener unas garantías básicas necesarias para asegurar que criminales de guerra no puedan eludir la justicia”.

En el proyecto de Ley, se hace manifiesto que se cumplirá con el Derecho Internacional y dispone que ninguna de amnistía se concederá a los responsables de una variedad de atrocidades de Derechos Humanos; sin embargo, la enumeración de tales atrocidades “contiene ambigüedades” que podrían permitir que las amnistías de jure o de facto beneficien a responsables de violaciones de Derechos Humanos.

Hay inconsistencias entre el proyecto legislativo y el derecho penal colombiano; entre ellas, en la lista de atrocidades por las cuales no podrán concederse amnistías, se incluyen varias categorías legales que no tienen un correlato explícito en la legislación colombiana.

“El proyecto de ley menciona las ‘ejecuciones extrajudiciales’, pero el derecho colombiano no tipifica ningún delito bajo este nombre. (…) De manera similar, el proyecto se refiere a la ‘substracción de menores’, aunque no existe el delito de ‘substracción’ de personas en el Código Penal de Colombia”.

El Ejecutivo deberá asegurar, que estas “incongruencias con el derecho colombiano” no sean utilizadas indebidamente, por ejemplo, para amnistiar el homicidio de un civil.

Otras categorías legales deben ser precisadas, como “otras formas de violencia sexual” y “privación grave de la libertad”. Ni el Acuerdo de Paz y ni el proyecto legislativo, contienen ninguna definición de lo que se entiende por “determinante”, ni brindan pautas de interpretación para asegurar que la definición utilizada sea acorde con el Derecho Internacional.

“Es necesario que la legislación clarifique este punto, para garantizar que no se confieran amnistías a combatientes de la guerrilla que tienen una grave responsabilidad penal, pero que podría pretenderse que no tuvieron una participación ‘determinante’ en los delitos”.

En relación con la expresión “graves crímenes de guerra”, HRW sostuvo que se enmarcaba en un lenguaje que parecía emular erróneamente el del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la intención de establecer que sólo se excluirán de la amnistía aquellos delitos con mayores probabilidades de ser juzgados dentro de la competencia de la CPI.

En la lista de atrocidades por las cuales no podrán concederse amnistías, HRW indicó el “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” y sugiere que la Jurisdicción Especial debería investigar el reclutamiento de todos los menores, de conformidad con el derecho colombiano, lo cual garantiza de forma más adecuada los derechos de las víctimas.

Uno de los puntos en los que Human Rights Watch llama más la atención del Gobierno es el que abarca los beneficios para agentes del Estado que se encuentren detenidos por su presunta participación en violaciones de derechos humanos.

HRW se declaró preocupada porque el mecanismo de libertad condicional creado por el proyecto de ley “carezca de dos garantías básicas” establecidas en el derecho colombiano.

“El proyecto legislativo dispone que los acusados solamente deberán informar cambios de residencia, pedir autorización para salir del país y comparecer ante la Jurisdicción Especial, una vez que esta entre a funcionar. (…) Asimismo, el proyecto no establece de forma clara que la libertad condicional será revocada si el acusado comete nuevos delitos. El proyecto dispone que los acusados deberán comprometerse a la ‘No Repetición’, pero no aclara si eso alude a los delitos que presuntamente ya han cometido o si también se extiende a otros crímenes”.

No es claro quiénes estarán a cargo de revocar la libertad condicional, si el acusado incumple sus obligaciones, ni qué procedimientos se seguirían para ello. Tampoco se aclara si el tiempo en libertad condicional se computará como tiempo de pena cumplido.

“Si bien el proyecto no se pronuncia sobre este punto, conforme al derecho colombiano el tiempo en libertad condicional normalmente se calcula como tiempo cumplido a efectos de la pena. Si no se realizan aclaraciones en este sentido, la Ley de Amnistía podría menoscabar aún más la credibilidad de las sanciones previstas para quienes confiesen crímenes de guerra en la Jurisdicción Especial, y permitiría que cumplan tan sólo unos pocos años en condiciones de restricción de la libertad”.

En el punto que estipula que los combatientes de las FARC responsables de crímenes de guerra, obtendrán la libertad condicional hasta que sean juzgados en la Jurisdicción Especial, advirtió que se carece de algunas de las garantías básicas del derecho colombiano.

“Al igual que el régimen creado para agentes del Estado, el régimen previsto para las guerrillas no establece que la libertad condicional será revocada si el acusado comete nuevos delitos. El proyecto tampoco aclara si el tiempo de libertad condicional que cumplan los guerrilleros se contará para el cálculo de las penas que se impongan por sus crímenes de guerra, lo cual podría permitirles acortar aún más sus penas, socavando la credibilidad de las sanciones establecidas en la Jurisdicción Especial”.

El proyecto no establece que se revocará la libertad de quienes incumplan los requisitos previstos en la Ley. El proyecto, dice Human Rights Watch, dispone que un Juez “verificará” que el acusado cumpla con los términos de la libertad condicional y que éstos podrán ser “monitoreados a través de sistemas de vigilancia electrónica o de cualquier otro”, pero no especifica cuál será en caso de incumplimiento, ni cómo se impondrá [1811].

Congreso Aprueba Ley de Amnistías

El 31 de diciembre del 2016, el Presidente Santos sancionó la Ley 1280 de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.

La Ley incluye un artículo especial que refrenda los Acuerdos de Paz en los términos del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, autorizando el Fast Track.

Un complemento de esta Ley, es el Acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz, que debe tramitarse en los términos del Fast Track.

El objeto de la Ley es regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con éstos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para Agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

La Ley se aplicará de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Además se aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta Ley se indica. En cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión, solo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un Acuerdo de Paz con el Gobierno, en los términos que en esta ley se indica.

Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del fin del conflicto, respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos penales especiales diferenciados de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Del mismo modo, se aplicarán respecto de todas las sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Las amnistías e indultos, y los tratamientos penales especiales, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, son medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyos fines esenciales son facilitar la terminación del conflicto armado interno, contribuir al logro de la Paz estable y duradera con garantías de No Repetición, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica para todos, y satisfacer los derechos de las víctimas. Por ello, los distintos componentes y medidas del Sistema Integral, están interconectados a través de mecanismos, garantías, requisitos para acceder y mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las amnistías, indultos y los tratamientos penales, tales como la extinción de responsabilidades y sanciones penales y administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal establecidos en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, prevalecerán sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento, en especial sobre actuaciones penales, disciplinarias, administrativas, fiscales o de cualquier otro tipo, por conductas ocurridas en el marco del conflicto interno, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta a este. La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional y la finalización de las hostilidades, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 40 sobre extinción de dominio. En lo que respecta a la sanción disciplinaria o administrativa, la amnistía tendrá también el efecto de anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas, directa o indirectamente, con el conflicto armado.

Como consecuencia del reconocimiento del delito político y de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, a la finalización de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible. En virtud de la naturaleza y desarrollo de los delitos políticos y sus conexos, para todos los efectos de aplicación e interpretación de esta ley, se otorgarán tratamientos diferenciados al delito común. Serán considerados delitos políticos aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal. También serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Serán considerados delitos conexos al delito político, aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero.

Los agentes del Estado que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo de conformidad con esta Ley.

Lo previsto en esta Ley, no se opone al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz.

En la interpretación y aplicación de la Ley, se garantizará la aplicación del principio de favorabilidad para sus destinatarios. En todas las actuaciones judiciales y administrativas que se deriven de la presente Ley, se respetarán los principios y garantías procesales del debido proceso y del derecho a la defensa. Las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicación de la presente Ley, tienen efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jurídica. Serán inmutables como elemento necesario para lograr la Paz estable y duradera. Estas sólo podrán ser revisadas por el Tribunal para la Paz. La concesión de amnistías o indultos o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, se rehusaran de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas cuando exista obligación de comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, o las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les atribuyan al interior de la misma [1812].



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


[1767] Comunicado Conjunto - Firma del Acuerdo Final, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 13-11-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5497-mesa-de-conversaciones.

[1768] El texto completo está en el Anexo V y también la Fe de Erratas publicadas en el Comunicado Conjunto Nro. 7, el 24-11-2016.

[1769] ¿En qué se diferencia el nuevo Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC del que fue rechazado en el plebiscito?, en BBC Mundo en Español, 13-11-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37965382. También, Humo blanco en La Habana: hay nuevo Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/humo-blanco-habana-hay-nuevo-Acuerdo-de-Paz-articulo-665234. Igualmente, Logramos precisiones y cambios en 56 de los 57 temas abordados en nuevo Acuerdo: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/logramos-precisiones-y-cambios-56-de-los-57-temas-abord-articulo-665270. Además, Santos explica 20 cambios sobre Jurisdicción Especial para la Paz en nuevo Acuerdo, en Diario El Espectador, Bogotá, 15-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-explica-20-cambios-sobre-jurisdiccion-especial-p-articulo-665680.

[1770] Voceros del No se declaran inconformes con el nuevo Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá 14-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/voceros-del-no-se-declaran-inconformes-el-nuevo-acuerdo-articulo-665498.

[1771] En base a información del Artículo publicado por Loingsigh, Gearóid O, Colombia. Renegociando el Acuerdo: El silencio de la Izquierda, en Kaosenlared.net, 19-11-2016, http://kaosenlared.net/renegociando-el-acuerdo-el-silencio-de-la-izquierda/, También, http://www.elsalmon.co/2016/11/renegociando-el-Acuerdo-el-silencio-de.html.

[1772] Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

[1773] Con información del Artículo publicado por Gutiérrez, Laura Gabriela, Colombia. Un nuevo Acuerdo y unos nuevos desacuerdos: modelo Zidres en el Punto 1, en Kaosenlared.net, 24-11-2016, http://kaosenlared.net/colombia-un-nuevo-acuerdo-y-unos-nuevos-desacuerdos-modelo-zidres-en-el-punto-1/. También, http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/un-nuevo-acuerdo-y-unos-nuevos-desacuerdos-modelo-zidres-en-el-punto-1?category_id=138.

[1774] Cristianos siguen inconformes con el acuerdo con las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/cristianos-siguen-inconformes-el-acuerdo-farc-articulo-666253.

[1775] Pastrana rechaza el nuevo Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 20-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/pastrana-rechaza-el-nuevo-acuerdo-de-farc-articulo-666520.

[1776] Voceros del “No” quieren reunirse con las FARC y plantear nuevas modificaciones al Acuerdo, en Diario El Espectador, Bogotá, 21-11-2016,. http://www.elespectador.com/noticias/paz/voceros-del-no-quieren-reunirse-farc-plantear-nuevas-mo-articulo-666714. También, No hubo acuerdo entre el Gobierno Nacional y líderes del ‘No’, en Diario El Tiempo, Bogotá, 22-11-2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/reunin-entre-el-gobierno-y-voceros-del-no-por-nuevo-acuerdo-con-farc/16755707.

[1777] Santos escogerá la opción que menos polarice para aprobar nuevo Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/santos-escogera-opcion-menos-polarice-aprobar-nuevo-acu-articulo-662874.

[1778] Comunicado conjunto N° 6 : El acuerdo final y definitivo se firmará el jueves 24, en el teatro Colón, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 23-11-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5539-farc-ep.

[1779] Uribismo deja Acuerdo de Paz y se va por la campaña, en Diario El Tiempo, Bogotá, 22-11-2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/uribismo-iniciara-campana-por-imposibilidad-de-hacer-cambios-a-acuerdos/16756608.

[1780] Refrendación del Acuerdo final de Paz debe ser punto por punto: Consejo de Estado, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/refrendacion-del-acuerdo-final-de-paz-debe-ser-punto-pu-articulo-666915.

[1781] Senadores del Centro Democrático proponen revocar el Congreso, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/congresistas-del-centro-democratico-proponen-revocar-el-articulo-666958.

[1782] Militares, en contra del nuevo Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/militares-contra-del-nuevo-acuerdo-de-paz-articulo-666892.

[1783] Human Rights Watch ahora sí avala el Acuerdo de Paz con las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/human-rights-watch-ahora-si-avala-el-acuerdo-de-paz-far-articulo-667119.

[1784] Críticas de Human Rights Watch por cambios de última hora en el Acuerdo, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/criticas-de-human-rights-watch-cambios-de-ultima-hora-e-articulo-667296.

[1785] Constancia de las FARC respecto a las definiciones y responsabilidades de los Agentes del Estado en la JEP, en PazFARC-EP.co, 26-11-2016, http://www.farc-ep.co/comunicado/constancia-de-las-farc-respecto-a-las-definiciones-y-responsabilidades-de-los-agentes-del-estado-en-la-jep.html.

[1786] Con elementos del Artículo de Duque, Horacio, La construcción de la Paz debe afrontar diversas problemáticas para evitar su fracaso, en Kaosenlared.net, 28-11-2016, http://kaosenlared.net/colombia-sera-posible-la-construccion-de-la-paz-democratica/.

[1787] Ver más arriba lo dicho sobre el tema, bajo el Título: “Variaciones en las Características del Sistema Mundial Durante el Conflicto”.

[1788] En base a conceptos del Artículo de Grimaldos, Barón Alberto, Obstáculos para la Paz: Guerra y Estrategias de Opinión, en ELN, Voces de Colombia, 21-11-2016, http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/militancia/856-obstaculos-para-la-paz-guerra-y-estrategias-de-opinion.

[1789] Ver, más arriba, el análisis hecho sobre Colombia: “Estado Fallido”.

[1790] Jairo Estrada (economista, historiador y abogado. Profesor de la Universidad Nacional e integrante de la Comisión de Memoria Histórica del Conflicto y sus Víctimas que constituyó la Mesa de diálogos de La Habana), Pablo Cruz Ocampo (abogado de la Universidad Nacional especializado en Derecho Constitucional. Docente universitario, fue Decano de Derecho de la Universidad Autónoma de Bogotá), Judith Maldonado Mojica (abogada de la Universidad Industrial de Santander, defensora de Derechos Humanos. Aspiró a la Gobernación de Norte de Santander por el Polo Democrático y la Unión Patriótica), en el Senado, Imelda Daza (histórica dirigente de la Unión Patriótica. Exiliada en Suecia por casi dos décadas, regresó a Colombia en el 2014. Lanzó su candidatura a la Gobernación del Cesar y en el 2016 sufrió un atentado contra su vida), Francisco Tolosa (sociólogo y politólogo, Profesor de la Universidad Nacional y miembro de la Junta Directiva de Marcha Patriótica. En el 2014 fue detenido por agentes del CTI por presunta rebelión y colaboración con las FARC; acusaciones rechazadas por la ex-Congresista Piedad Córdoba, afirmando que en ese entonces se le acusó de ser peligroso no por portar armas, sino por las ideas), y Jairo Rivera (nacido en Ibagué, integrante y líder de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Formó parte de la gran marcha nacional del 2011 con la que se presionó al Gobierno de Santos a retirar la reforma a la educación), en la Cámara de Representantes.

[1791] No hemos autorizado presencia de delegados de las FARC en el Congreso: Mauricio Lizcano, en Diario El Espectador, Bogotá, 14-12-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/no-hemos-autorizado-presencia-de-delegados-de-farc-el-c-articulo-670476.

[1792] Incumplimiento malicioso, o por ignorancia culpable, de las funciones públicas que se desempeñan. Falta a los deberes del cargo.

[1793] Refrendación del Congreso puede ser prevaricato: Congresistas del Centro Democrático, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-12-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/refrendacion-del-congreso-puede-ser-prevaricato-congres-articulo-668443.

[1794] Centro Democrático no votará refrendación del Acuerdo de Paz, en Diario El Tiempo, 29-11-2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/refrendacion-del-nuevo-Acuerdo-de-paz-en-el-congreso/16762046.

[1795] Senado refrendó el Acuerdo de Paz con las FARC, en Diario El Tiempo, 30-11-2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/senado-refrendo-Acuerdo-de-paz-con-las-FARC/16762185.

[1796] Congreso refrendó el nuevo Acuerdo de Paz, ahora viene la fase de implementación, en Diario El Espectador, Bogotá, 30-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/camara-refrendo-el-nuevo-acuerdo-de-paz-articulo-668311. También !!!!Implementación Ya!!!!, en Kaosenlared.net, 30-11-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5563-anncol. Igualmente, Colombia: el Congreso aprueba el nuevo Acuerdo de Paz con las FARC y las divisiones se trasladan a las presidenciales de 2018, en BBC Mundo en Español, 1-12-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38165978.

[1798] En base al Editorial del Diario El Tiempo: Para quienes aún tienen dudas, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-12-2016, http://anncol.eu/opinion/item/5566-anncol-el-tiempo. También, http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/un-ano-y-medio-muy-oscuro/16763927.

[1799] Gómez Muñoz, Janira, La mayor crisis en Colombia no es el hambre: Director del CICR en Colombia, en Diario El Espectador, Bogotá, 2-12-2016, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/mayor-crisis-colombia-no-el-hambre-director-del-cicr-co-articulo-668687.

[1800] Se tuvo e cuenta el Artículo sobre: Una Paz centrada en las víctimas y más allá de la política, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-12-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/paz-centrada-victimas-y-mas-alla-de-politica-articulo-668366.

[1801] Ver por ejemplo, Paz Colombia Carta de la UP a la Academia del Nobel…, en kaosenlared.net, 11-12-2016, http://kaosenlared.net/paz-colombia-carta-de-la-up-a-la-academia-del-nobel/.

[1802] Aquí no se Han Desmontado las Estructuras Paramilitares, Aída Avella, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 4-12-2016, http://anncol.eu/colombia/cultura-sociedad/item/5578-aqui-no-se-han-desmontado-las-estructuras-paramilitares-aida-avella

[1803] ONU llama la atención por crímenes y amenazas contra defensores de Derechos Humanos en Colombia, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-12-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/onu-llama-atencion-crimenes-y-amenazas-contra-defensore-articulo-668859.

[1804] Mecanismo contemplado dentro del Acto Legislativo para la Paz, que acorta el número de debates para la aprobación de las iniciativas de implementación de lo pactado.

[1805] Fast track y refrendación popular: en “zona de turbulencia y dificultades”, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-12-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/zona-de-turbulencia-y-dificultades-articulo-668723.

[1806] FARC-EP: el comandante Timoleón ordena a su tropa tener preparado Plan B En Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 9-12-2016 http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5604-anncol.

[1807] Ver Anexo V.

[1808] Duque, Horacio, Colombia: Fast Track, un paso en la línea correcta, en Kaosenlared.net, 14-12-2016, http://kaosenlared.net/colombia-fast-track-un-paso-en-la-linea-correcta/. También, http://anncol.eu/opinion/item/5630-horacio-duque.

[1809] Consejo de Estado dice que hubo “engaño generalizado” en campaña del No al Plebiscito, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 19-12-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5657-semana-com. También, http://www.semana.com/nacion/articulo/consejo-de-estado-reconoce-que-hubo-engano-generalizado-en-campana-del-no-al-plebiscito/510010.

[1810] ONU pide que amnistías en Colombia respeten estándares internacionales, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-12-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/onu-pide-amnistias-colombia-respeten-estandares-interna-articulo-671068.

[1811] Los reparos de Human Rights Watch a la ley de amnistía, en Diario El Espectador, Bogotá, 26-12-2016, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-reparos-de-human-rights-watch-ley-de-amnistia-articulo-672034.

[1812] Duque, Horacio, Colombia: Ley 1280 de 2016 de Amnistía e indulto, en Kaosenlared.net, 1-1-2017, http://kaosenlared.net/colombia-ley-1280-de-2016-de-amnistia-e-indulto-viva-la-paz-libertad-para-los-prisioneros-y-prisioneras-politicas-y-populares/.