Tapa Conflicto en Colombia

 

Home








Capítulo XLIII

Sin Plan “B” para la Paz (“Pacificación”)

El Gobierno de Santos llevó el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia”, a un plebiscito [1691] para que fuera aprobado -o desaprobado- por el pueblo colombiano, confiado en que el resultado final -el 2 de octubre del 2016- sería, con seguridad, su aprobación y Colombia pasaría a un nuevo nivel. Por ello, no contempló ningún Plan “B”, para tener un margen de maniobra, ante la alternativa de que el “No” triunfara.

Tampoco las FARC creían en la posibilidad del triunfo del “No”, por lo que, de la misma manera que el Gobierno de Santos, fueron sorprendidas por los resultados y totalmente carentes de un Plan “B” frente a las circunstancias.

Si de expectativas y sorpresas se trata, tampoco el ex-Presidente y Senador en ejercicio Alvaro Uribe Vélez -gran opositor durante todo el proceso de negociación y un verdadero “spoiler” [1692] al proceso de Paz-, se esperaba el triunfo del “No” por el que había hecho campaña. Más allá de las sorpresas, quedó en sus manos establecer las “reglas” para continuar el camino hacia un posible Acuerdo Final de Paz, en el que todos, o al menos la gran mayoría, estén de Acuerdo.

Junto al “No”, fue la abstención una de las triunfadoras, ya que sobre un universo de 34.899.945 colombianos habilitados para votar, sólo el 37,4 porciento participó del plebiscito, mostrando una abstención del 62,6 porciento, que representa más de veintiún millones de colombianos. Unos 6.419.759 de ciudadanos, el 50,23 porciento rechazó en las urnas lo pactado con la guerrilla, frente a los 6.359.643, que representaron el 49,76 porciento que dijeron “Sí”, quedando lo negociado en La Habana, sin ninguna consecuencia jurídica y dejando en vilo la posibilidad de terminar definitivamente con más de cincuenta años de guerra civil.

El procedimiento legislativo especial con el que se iba a implementar lo pactado con la guerrilla, que iba a acortar los tiempos, fue claro en asegurar que solo se podría reglamentar en tiempo récord el Acuerdo en el Congreso si los colombianos lo ratificaban en el plebiscito; por lo que el Presidente quedó privado de radicar proyectos de Ley para darle tratamiento a lo que firmó con la guerrilla.

Por una parte, el Gobierno ha sido reiterativo en asegurar que no se podía renegociar con las FARC, mientras que la oposición afirmaba que se podía modificar lo pactado. Carlos Antonio Lozada, Jefe guerrillero, dijo en la X Conferencia de las FARC:

“No existe la más mínima posibilidad de que lo acordado en La Habana sea renegociado; lo acordado, acordado está y no existe esa posibilidad”.

Ante la eventualidad de que ganara el “No” respondió:

“No significa que eso tenga que dar al traste con el proceso, porque la Paz como derecho síntesis, no puede llevarnos a tomar esa decisión de seguir con una guerra tan dolorosa”.

El Senador Alvaro Uribe, principal promotor del “No” en el plebiscito y permanente crítico del proceso de negociación en La Habana, dijo:

“La Paz es ilusionante, los textos de La Habana decepcionantes”, planteando que el Acuerdo firmado otorga impunidad a los guerrilleros y encamina al país hacia el “castro-chavismo”.

Jorge Restrepo, Director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dijo:

“Ganó el odio, ganó el odio a las FARC. Quedamos sumidos en una profunda crisis política y con unas consecuencias económicas muy negativas”. Ahora son las FARC las que “decidirán si siguen con el desarme, la reintegración y el cese el fuego bilateral”.

Comunicado de las FARC Frente a la Derrota del “Sí”

El Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, publicó un comunicado indicando que “la Paz triunfará”.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del pueblo (FARC-EP), lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor, haya influido en la opinión de la población colombiana.

Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como Movimiento Político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la Paz estable y duradera.

Las FARC-EP mantienen su voluntad de Paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro.

Al pueblo colombiano que sueña con la Paz que cuente con nosotros [1693].

Posición de los Negociadores de las FARC

Ante el resultado adverso a la refrendación electoral, desde el punto de vista de los negociadores de las FARC, se conformó un escenario de “la vía difícil” para la implementación de los Acuerdos de la Habana, ya que la “vía fácil del plebiscito”, que ilusoriamente había soñado el Presidente Santos y que impuso en la Mesa de la Habana al momento de la firma final, sufrió un terminante revés electoral y político.

A la Secretaría de las FARC no le interesa hacer un análisis de qué significa para la “gobernanza” de Santos este resultado electoral; es un tema para sus Consejeros y Ministros, que deberán hacer un balance de lo ocurrido y tomar decisiones para mantener y continuar el proceso de Paz firmado, además del proceso de negociaciones anunciado con el ELN, con el fin de llevar a “toda” la sociedad colombiana hacia la Paz, que fue la promesa electoral con la que Santos pudo salvar la segunda vuelta y ser elegido -por segunda vez- Presidente. Las promesas fueron el eje electoral de Santos, aunque luego siguió con su rumbo natural, con cuyas consecuencias terminó “tropezando”.

Uribe Vélez, su adversario de fracción de clase oligárquica, logró conformar una coalición religiosa-política apoyada por un duro de las fuerzas militares, a la que se le adhirió el Procurador Ordoñez y varias iglesias, incluido el obispado católico, y quienes exhibieron toda su fuerza en la masiva manifestación del plebiscito.

Para los negociadores de las FARC hay dos temas irrenunciables:

1. El Acuerdo logrado en la Habana después de más de cinco años de diálogos y dificultades, que finalmente se logró firmar con la aprobación de toda la Comunidad Internacional, que lo ha legitimado en su totalidad como un Acuerdo internacional alcanzado entre un Estado legítimo, dirigido por el Presidente Santos legítimamente elegido en un proceso electoral legítimo y para un periodo constitucional: no puede ser tocado, ni trasformado, ni adulterado por ninguna de las Partes que lo firmaron, so pena de quedar deslegitimado inmediatamente. No se puede alterar porque se invalida automáticamente.

2. La legitimación alcanzada por las FARC-EP ante el Pueblo colombiano, por los millones de colombianos con sus familias que votaron por el a la Paz de Colombia, que entendieron los abundantes gestos de Paz de las FARC-EP, su Conferencia guerrillera con sus conclusiones, y asumieron los perdones por los hechos de guerra sucedidos en las décadas de conflicto, tampoco se puede perder, regresando a la guerra.

Estas dos legitimaciones, son las que Uribe Vélez y su grupo militarista quieren desarticular a toda costa; empujando nuevamente a la guerrilla, que ha mostrado su voluntad de dejar las armas para que regresen al combate armado. Salvo una provocación insoportable, se debe seguir manteniendo la voluntad expresada por el Comandante Timoleón Jiménez de persistir en la palabra como arma de Paz para Colombia.

Dada la fractura tan marcada de la sociedad colombiana puesta en evidencia por el Plebiscito, debería persistirse en la consigna de convocar de manera urgente una Asamblea Nacional Constituyente amplia y democrática, que incluya al ELN y al EPL y selle definitivamente el proceso de Paz en Colombia.

Santos cayó en su propia trampa y ahora para salvar la Paz de todo el país y de todos los colombianos, si realmente su compromiso es con la Paz que tanto invocó, deberá tomar con cabeza fría este revés electoral y convocar lo más pronto posible a la Constituyente que tanto evitó. No es el momento de renuncias, para que suba a la Presidencia Vargas Lleras, militarista adversario de los Acuerdos de Paz con las dos insurgencias. Es el momento de profundizar el proceso Constituyente que el Plebiscito puso a la orden del día en Colombia [1694].

Preocupación de Timochenco

Luego de la actitud positiva y constructiva frente al traspié del triunfo del “No”, Timochenco mostró su preocupación real, particularmente porque el que tenía en sus manos las posibilidades de avanzar hacia la Paz es Alvaro Uribe.

En su cuenta de Twitter Timochenco planteó el 5 de octubre del 2016 [1695]:

1) Si dejamos la Paz en manos de Uribe al país se lo lleva el diablo.

2) Si Uribe se bajó del bus de la Constituyente, chao, que le vaya bien. Ella es el camino para adecuar las instituciones a los retos de la Paz.

3) Es cierto “el país atraviesa una zona gris riesgosa, un limbo peligroso”, pero estará peor si ponemos la Paz en manos de Uribe y de Pastrana.

Uribe no Pudo Ganar la Guerra que Permita a los Colombianos hacer la Paz

Timochenco, junto a los negociadores de las FARC, se mantuvo en constante contacto con los negociadores del Gobierno, a la espera de las propuestas de los delegados del “No”, para llegar finalmente a la vigencia total del Acuerdo de Paz.

Para Iván Márquez, “la discusión no puede ser eterna porque hemos discutido por más de cinco años”.

Según él, ha habido un empate técnico entre el “No” y el “Sí” en el plebiscito. El “No” no tiene una mayoría absoluta pero tiene un talón de Aquiles y es que fue construido sobre la base de la mentira.

El “No” es muy variado. Los seis millones de votos del “No” no le corresponden a Uribe Vélez, sino que ahí están representados los cristianos, y otros sectores de la sociedad que por razones propias y por su convicción, resolvieron darle un No a la actuación del Presidente. No se está calificando el Acuerdo final de La Habana, firmado en Cartagena, sino que se está juzgando una actuación política del Presidente de la República porque los plebiscitos no tienen ningún tipo de alcance jurídico.

Habrá que entrar en una especie de negociación para incluir algunos puntos de la campaña del “No”. Los partidarios de esta opción rechazan que los Comandantes que hayan cometido crímenes de guerra no paguen cárcel y puedan ser elegidos para cargos públicos. No va a haber impunidad. La jurisdicción especial para la Paz no contempla la posibilidad de que los delitos no amnistiables y no indultables queden en la impunidad. Hay una sanción; pero no es punitiva, sino restaurativa, reparadora.

La jurisdicción especial para la Paz no es solo para las FARC, es para todos los involucrados en el conflicto, incluida la cúpula política, los militares, los empresarios, los guerrilleros, los paramilitares, la policía, los directores de grandes medios que incitan día a día la guerra. Esa jurisdicción especial para la Paz es para todos los implicados en el conflicto.

Nosotros vamos a aportar verdad. La jurisdicción especial para la Paz, contempla cárcel para aquellos que no aporten verdad. Los que se nieguen a ir a los tribunales de Paz, tienen que pagar una sanción punitiva y deben ir a la cárcel.

Lo novedoso de esta jurisdicción, es que se va a aportar verdad para sanar heridas, se van a asumir responsabilidades y si la actuación está enmarcada dentro de lo no indultable en coherencia con el Derecho Internacional Humanitario, entonces no habrá posibilidades de ninguna impunidad, sino que será tratado con un procedimiento novedoso que es la sanción restaurativa.

Hay miles de víctimas del conflicto que apoyaban la firma de la Paz con los guerrilleros.

Lo que está haciendo la campaña del “No” y en especial un sector de los políticos, es dilatar el proceso para llevarlo a una encrucijada, a una situación donde el proceso termine.

Para las FARC, no se puede estar mucho tiempo en las condiciones actuales. Estamos haciendo uso de una economía de guerra. De un poco de dinero que aún nos queda para sostener un ejército. Eso no es fácil y requiere de muchos recursos económicos. Tenemos muchos rubros, como por ejemplo la alimentación, el sostenimiento, la dotación de un guerrillero, la salud, el transporte. Es un ejército y demanda recursos. Tenemos también bienes muebles, como ganado, de donde sacamos la leche, la carne y el queso que comen los guerrilleros. Algunos bloques pueden tener unos ahorros. Son unos dineros que entran en lo que llamamos economía de guerra. Por eso tenemos que agilizar esto, porque se pueden agotar. No es cierto que las FARC sean una organización rica como pregonan estos sectores malintencionados.

No quisiéramos volver a la guerra. Colombia no se merece más guerras. Recuerdo las palabras del Comandante Alfonso Cano al concluirse los diálogos de Paz con el Gobierno de Gaviria en Tlaxcala, México, cuando dijo con tristeza: “Nos vemos dentro de diez mil muertos”. Colombia no resiste más victimizaciones, necesita hacer sus mejores esfuerzos por lograr la reconciliación, la Paz.

En el Acuerdo Final está la clave, la fórmula, la ruta y el camino para llegar a una Paz con vida digna, que es lo que nosotros queremos. Con democracia dilatada, la más amplia que se pueda, con soberanía.

Tenemos que mantener el protocolo sobre el cese el fuego y hostilidades definitivo. Necesitamos ponernos de Acuerdo en el contenido de esos protocolos para pedirle a Naciones Unidas que su misión tripartita y su mecanismo de monitoreo y verificación entre a actuar para preservar la situación de no confrontación armada que hoy se vive en Colombia. Tenemos que proteger esta suerte de armisticio que tenemos.

Uribe tuvo ocho años para intentar aniquilar por la vía militar a las FARC y no pudo. Si no pudo ganar la guerra, que permita a los colombianos hacer la Paz [1696].

Visión y Posición de Sectores de la Guerrilla

Lo que ocurrió en Colombia fue absurdo, personajes del mundo entero asistieron a la firma definitiva de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno, sin pensar que de definitivo no tenían nada.

El “No” triunfador era algo que nadie esperaba ni siquiera los ganadores, y menos que una parte del pueblo le diera la espalda al plebiscito. La abstención se explica, porque casi nadie leyó los Acuerdos, ya que no existe la cultura de la lectura, y quienes lo leyeron encontraron que la legislación vigente va en dirección contraria de lo acordado. Un ejemplo está en el pedido de “democratización de la tenencia de la tierra”, al que el Régimen contestó haciendo aprobar la Ley ZIDRES, que estimula su concentración. No había una real motivación. En las doscientas noventa y siete páginas de los Acuerdos FARC-Gobierno no había una sola medida que alentara al pueblo víctima de la violencia y los males propios del sistema socioeconómico colombiano. Santos, en su ambición por mostrar resultados contundentes referentes al sometimiento de la guerrilla, no permitió la más mínima reforma socioeconómica para aliviar la dura situación, y las FARC en su afán pacifista cedieron hasta su espíritu guerrero.

Al “No” triunfador pertenecen los sectores más retrógrados de la sociedad, y a la encabeza está el ex-Presidente Alvaro Uribe, que ha boicoteado todo el proceso de negociaciones de Paz, y lo secunda un primo del Presidente, Francisco Santos. Participó una mezcla ecléctica de población perteneciente a los más diversos sectores sociales. En primera línea la oligarquía terrateniente, directamente interesada en que la guerra continúe, pues vive de ella y es la que desplaza, usurpa y acumula la tierra robada. La gran masa del “No” es gente perteneciente al pueblo excluido, que carece de conciencia de clase, con un común denominador: el odio y la irracionalidad, pero no el odio entre clases sociales sino odio intra-clase.

El “Si” perdedor está nutrido por una variada gama de seguidores. Hay que destacar los que propician la entrega de las guerrillas conocidos como los “pazólogos”. Entre ellos se encuentran intelectuales, académicos y políticos de “izquierda”, que no quieren llevar en sus espaldas el mote de seguidores de la guerrilla. Están incluidos políticos como la Senadora Claudia López y Antonio Navarro quienes votaron afirmativamente, con el interés de eliminar “por las buenas” a las FARC de la faz de la tierra. Muchos votantes del “Si” creyeron que era la manera correcta de buscar soluciones.

Las FARC no tenían Plan B. Una vez más la cúpula quedó sin brújula. Cuando las tropas de los distintos Frentes ya avanzaban hacia las zonas de concentración, ahora no saben para dónde ir. Quienes quieren la entrega de la guerrilla de cualquier forma, proponen una Constituyente y en el mismo sentido están los que impulsaron la anulación del voto. Lo que no se tiene en cuenta es que, de antemano, se sabe que esta sería dominada, entre otros, por Alvaro Uribe y el ex-Procurador quienes mandarían al país entero al medioevo. Otros dicen que se tramite en el Congreso su aprobación, pero qué clase de Paz podrá eclosionar en este nido de corrupción. Están quienes proponen que se renegocie lo acordado y se borre lo poco que se le concedió a la insurgencia, nada de curules y que vayan derecho a la cárcel a purgar largas penas. El Centro Democrático, que se siente con toda la autoridad para imponer condiciones, sostiene que no se trata de negociar ni renegociar ningún Acuerdo, pues según sus voceros en Colombia no hay ninguna guerra civil ni conflicto alguno sino simplemente una agresión por parte de un puñado de “terroristas”; desde esta visión lo correcto es exigirle a los “terroristas” que se sometan.

Tanto las bases como la cúpula de las FARC deberán hacer un examen de conciencia para ver qué pasó, qué está fallando, porqué el pueblo no responde; en una profunda reflexión estará el que se hundan o por el contrario salgan airosas. En todo caso las FARC deberían dar un vuelco total e inmediato a la orientación que han venido observando. Pero antes que nada tendrían que remover o, por lo menos, recomponer la dirección máxima y la cúpula negociadora.

Timochenko podrá ser un excelente cardiólogo, pero no tiene el corazón ni el cerebro para dirigir una guerrilla del nivel de las FARC, muestra no estar convencido de la justeza de la guerra ni de las graves causas que la motivaron y las profundas transformaciones sociales que se requieren para superarla.

Si así fuera no estarían hablando de Paz sin que se toquen las viejas estructuras económicas, causantes de la tragedia humana que vive la mayoría de la gente. Al Jefe máximo se le ve más como un abuelo consentidor que un combatiente al frente de hombres de hierro. Y en cuanto a los principales voceros se les nota el cansancio y las ganas de dejar el monte. Esta situación ha sido percibida por el grueso de la base, varios Frentes antes de ir al plebiscito se apartaron de los Acuerdos.

Se dice que muchos guerrilleros totalmente confundidos se están replegando hacia sus territorios, preparándose para reiniciar la lucha. No creen en nadie y no tienen por qué hacerlo. Ahora que la iniciativa la tiene Alvaro Uribe tendrán que estar preparados porque en cualquier momento las fuerzas militares van a intentar aniquilarnos, para no tener que renegociar.

Las FARC, con unos voceros renovados, podrán convertir el revés del “No” en una oportunidad para sacar adelante lo que por el apuro de complacer al Régimen quedó en el tintero. Las salvedades podrían ser una línea roja que daría seriedad a los negociadores rebeldes. Exigir la reforma agraria integral, sería un hecho que justificaría el haberse sentado a negociar la salida política al conflicto. Suficiente haberse reconocido como victimarios, algo que nunca debió haberse aceptado, como para ir a la cárcel como vulgares criminales. Ahora se les quiere pedir que dejen las armas sin posibilidad alguna, en la práctica, de hacer política, pues esta votación demostró que, dada la matriz mediática negativa, nunca llegarían al Congreso.

En cuanto a los guerrilleros de base, mientras se aclara el futuro inmediato, tendrán que conformar un mando colegiado entre representantes tanto de los Frentes declarados “disidentes” como de los que, previsiblemente, se les sumen [1697].

Amnistía Internacional

Erika Guevara-Rosas, Directora del Programa de la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional para las Américas, aseguró que el 2 de octubre del 2016, será recordado en los libros de historia como el momento en que Colombia le dio la espalda a la Paz . Consideró una “oportunidad perdida” para la Paz en Colombia el inesperado triunfo del “No” al Acuerdo alcanzado con las FARC en un plebiscito.

El rechazo al Acuerdo, forjado tras cuatro años de negociaciones, supone “una oportunidad perdida para que el país finalmente se aleje de su trágica guerra de más de cincuenta años”.

Pese a no ser perfecto:

El Acuerdo negociado entre las FARC y el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos “representaba un camino concreto hacia la Paz y la justicia. La incertidumbre que este voto conlleva, puede poner a millones de personas en Colombia, particularmente a grupos vulnerables como indígenas, afrodescendientes y campesinos, en mayor riesgo de sufrir violaciones a los Derechos Humanos”.

Ahora es “imperativo” que Colombia “no se aleje de este proyecto y que el país continúe moviéndose hacia la Paz que tantos millones de personas anhelan [1698].”

¿Qué Hace que Haya Tanto Abstencionismo?

De casi treinta y cinco millones de votantes habilitados, sólo concurrieron unos trece millones a las urnas. Fue un claro triunfo del “No”, pero también de la apatía electoral. Más de veintiún millones de colombianos se quedaron en casa y no se molestaron en votar en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC. La jornada registró una abstención del 62,6%, la mayor en 22 años. El abstencionismo fue el gran protagonista del plebiscito.

El umbral que se había fijado para que el Acuerdo de Paz fuera refrendado, fue de cuatro y medio millones, prácticamente un reconocimiento tácito a la apatía del electorado.

Está claro que la ausencia en las urnas es un fenómeno que se observa en muchas partes del mundo. Sin embargo, de todos los países en América Latina, Colombia es donde la abstención es más pronunciada. Ni siquiera lo que se consideraba como la más trascendental decisión popular en la historia del país, pudo estimular al electorado.

Se dieron diversas razones para explicar la pobre asistencia a las urnas: desde las condiciones climatológicas, particularmente en la región del Caribe que recibió el coletazo del huracán Matthew, hasta la rapidez con la que se convocó a la consulta, además de la tradicional desconfianza del pueblo colombiano de sus líderes e instituciones.

De nada sirvió la constante publicidad en radio y televisión a favor del “Sí” o el “No”, ni los inflamados debates y entrevistas que recalcaban la importancia de la participación ciudadana. Tampoco el gran preámbulo en Cartagena, con la ceremonia formal de la firma del Acuerdo, frente a los ojos del mundo, que posiblemente plasmó la idea de que la Paz ya era un hecho y no había para qué salir a votar.

Las asistencias más bajas se dieron en los Departamentos de La Guajira (19,39%), Atlántico (24,10%) y Bolívar (23,36%). En algunas zonas los votantes ni siquiera pudieron concurrir a las urnas. En el Departamento del Chocó, en la costa pacífica, las mesas tuvieron que ser trasladadas en dos Corregimientos (Municipios) y, en otras, los tarjetones para emitir el voto, no llegaron a tiempo debido al transporte interrumpido por las condiciones climáticas.

Si bien el Chocó estuvo entre los diez que presentaron las tasas más altas de abstención, fue el Departamento donde todos votaron por el “Sí”. En la capital, Bogotá, la única región central del país donde ganó el “Sí”.

Un estudio comisionado por la Registraduría de Colombia, señalo que:

Existen “altos niveles de desafección hacia los partidos políticos y la falta de legitimidad, tanto de las elecciones, como de otras instituciones democráticas”. A ello contribuye la desigualdad económica y política, y el incumplimiento de las promesas de campaña de funcionarios electos. En un país azotado por la violencia, ésta muchas veces ha estado asociada a los procesos electorales, donde grupos armados han hostigado, intimidado e, inclusive, matado a ciudadanos en el ejercicio de su rol cívico.

La pobre participación ciudadana en otros procesos democráticos de las últimas décadas es indicativo de que se ha perdido la conciencia en la efectividad de esos mecanismos para lograr cambios. Sólo la elección presidencial de 1994, por la que compitieron Ernesto Samper y Andrés Pastrana con un abstencionismo del 66,2%, superó al del Plebiscito [1699].

Tasa Histórica de Abstención Electoral en Colombia

Año

%

Plebiscito

2016

62,60%

Segunda vuelta elección presidencial

2014

52,03%

Primera vuelta elección presidencial

2014

59,90%

Segunda vuelta elección presidencial

2010

55,67%

Primera vuelta elección presidencial

2010

50,73%

Elección presidencial

2006

54,95%

Elección presidencial

2002

53,53%

Segunda vuelta elección presidencial

1998

41,15%

Primera vuelta elección presidencial

1998

48,88%

Segunda vuelta elección presidencial

1994

56,66%

Primera vuelta elección presidencial

1994

66,23%

 

De manera paradójica, las diez tasas más altas de abstención en el plebiscito por la Paz, se presentaron en Departamentos donde ganó el Sí:

Porcentaje de “Abstención” en Departamentos donde Ganó el “Sí”

%

Colombianos en el exterior

87,0

La Guajira

80,6

San Andrés

79,8

Bolívar

76,7

Vaupés

76,3

Guainía

76,0

Atlántico

75,9

Magdalena

75,6

Amazonas

73,8

Vichada

73,8

 

El abstencionismo muestra, no sólo, la indiferencia de la gente, su desinterés por la política y su idea del desprestigio de la actividad de los políticos, sino también la debilidad de la sociedad frente a quienes legitiman con el voto su ascenso al poder para hacer lo que crean conveniente; a la vez que, por otra parte, el grado de descreimiento por parte de obreros, campesinos, minorías e, incluso, clase media, que no han visto en el proceso de negociación ni en el Acuerdo firmado, la más mínima voluntad del lado del Gobierno, por que haya cambios substantivos en lo económico y político que modifiquen su vida de pobreza, miserias y dificultades.

Las FARC obtuvieron ciertas prebendas en el Acuerdo, mientras que éste no favorece una reforma agraria ni importantes aportes sociales. Estos sectores no están con las guerrillas, ni son “uribistas” o “santistas”, simplemente consideran que el Acuerdo no significaba ninguna solución a los problemas de fondo del pueblo colombiano.

El pueblo de Colombia deberá aprender a ser partícipe activo en la búsqueda de la solución de sus necesidades y sus aspiraciones políticas, económicas y sociales, ya que el Acuerdo al que se arribe sólo satisfará a las partes involucradas, una vez más, a espaldas del pueblo en general que no ha estado representado en el proceso de negociación -independientemente de que el Gobierno pusiera una página de internet para evacuar consultas-, ni tiene verdaderos “representantes” en la política, en un Estado y una Democracia que, por más que haya llegado a la firma de un Acuerdo final de Paz, no han dejado de ser fallidos ni están encaminados en la dirección de salir de esta situación.

Comunicado del Presidente Santos Luego del Plebiscito

“Como Jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la Nación y esta decisión democrática no debe dañar dicha estabilidad, como Presidente conservo intactas mis facultades y mi intención de buscar la Paz”.

“El cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente”.

“Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas, en particular a las que se manifestaron por el ‘No’, para escucharlas y abrir espacios de diálogo para determinar el camino a seguir. Vamos a decidir entre todos, cuál es el camino que debemos tomar para que esa Paz sea posible”.

“He dado instrucciones al Jefe negociador (Humberto De La Calle) y al Comisionado de Paz (Sergio Jaramillo) para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre los resultados de este diálogo político” [1700].

¿Santos se Arrepiente?

El Presidente Juan Manuel Santos anunció que el cese el fuego bilateral con las FARC-EP iría solo hasta el 31 de octubre del 2016, debido a que los Acuerdos de La Habana no entraron en vigencia ante la negativa del plebiscito.

El Decreto 1386 del 26 de agosto del 2016, del Ministerio de Defensa, estipula que:

El cese el fuego bilateral con esta guerrilla estaría vigente hasta el día del plebiscito, 2 de octubre, y en caso de que ganara el Sí este se alargaba de manera automática.

No obstante, con el triunfo del “No” en las urnas el cese el fuego bilateral quedó inhabilitado.

Las declaraciones fueron hechas luego de la convocatoria a una reunión en la Casa de Nariño con Alvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y Alejandro Ordoñez, líderes del “No”.

Sobre el comunicado de Santos, Timoleón Jiménez, máximo Comandante de las FARC, cuestionó -en su cuenta de Twitter- la voluntad real de Paz por parte del Gobierno de Santos.

El momento político para Colombia se tornó muy grave, no solo por estar en riesgo la salida negociada al conflicto con las FARC, sino también la seguridad y la reparación de las víctimas. Además de esto, el llamado a las negociaciones con el ELN. Acciones que sin duda implican un retroceso para el país y la posibilidad de mantener y recrudecer el conflicto armado [1701].

Santos Premio Nobel de la Paz

Pese al triunfo del “No” en el plebiscito, entre muchos otros candidatos, Santos fue escogido para el Premio Nobel de la Paz.

El Comité Noruego del Nobel explicó las razones por las que se lo otorgó a Santos [1702]:

Destacó que el galardón era un claro apoyo a la decisión del Mandatario de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional, “para que el proceso de Paz no muera tras el fracaso en el referendo”. Santos, “pese al 'No' mayoritario en la consulta, ha acercado de forma significativa hacia una solución pacífica el sangriento conflicto” en su país y ha sentado las bases para el desarme verificable de las FARC y un “proceso histórico de reconciliación nacional. Sus esfuerzos para promover la Paz cumplen por tanto los criterios y el espíritu de la voluntad de Alfred Nobel”.

En la ceremonia de premiación por el Nobel de la Paz, la Presidenta del Comité Noruego, Kaci Kullmann Five, dijo [1703]:

“Es urgente que Santos y el Jefe de las FARC respeten el alto el fuego”.

El Presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el galardón:

“Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la Paz de los colombianos. A esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días. Gracias a Dios, la Paz está cerca. La Paz es posible. Es la hora de la Paz. (…) Juntos, como Nación, lograremos construirla”.

Agradeció la distinción y aseguró que la recibía, no a su nombre, “sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de cincuenta años. Colombianos, este premio es de ustedes”.

Esta distinción es por las víctimas y para que no haya ni una sola más: “que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso, y comenzar a construir una Paz estable y duradera”.

Es también un tributo a quienes han contribuido a que Colombia esté “a punto de lograr la Paz”, los negociadores de ambas partes, “y a tantas otras personas e instituciones” que nos han apoyado en este proceso.

“Los invito a todos que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes y nuestros corazones en este gran propósito nacional para que así, todos ganemos el más importante premio: la Paz de Colombia [1704].

Santos se lo dedicó a las víctimas, aunque debería saber que “víctimas” son todos los que han quedado fuera de la “Paz” en su verdadero significado -orden con justicia en términos equitativos y distributivos [1705]-, todos aquellos que han manifestado sus demandas pero que quedaron fuera del proceso de negociación. Por otra parte, el problema de Colombia va más allá de lo judicial como fue planteado desde un comienzo por Santos y en el plebiscito lo confirmaron Uribe y Pastrana como líderes de una corriente, que está más preocupada por el “orden” que por la “justicia” equitativa y distributiva -sí por la justicia “judicial”-.

Los problemas de Colombia -y gran parte, si no toda América Latina- tienen que ver con la necesidad de re-celebrar el pacto social, para que el Estado vuelva a cumplir -o, tal vez, comience a cumplir- con las funciones básicas de proveer aquellos instrumentos que son necesarios, y evitar que las libertades que el ser humano ha delegado en el grupo social -en términos pactistas- sean más ansiadas que los beneficios que se deberían recibir por formar parte del grupo, debido a condiciones de creciente y constante inequidad en las que algunos reciben más costos y otros más beneficios, induciendo a que los individuos procuren recuperar sus libertades delegadas, ya que los derechos y beneficios que, teóricamente, debe otorgarles el grupo, son de baja calidad o inexistentes, porque no hay satisfacción de las necesidades, bienestar y equidad, en términos equilibrados, generándose un “malestar permanente” [1706].

El líder de las FARC, Timochenco, se refirió al Premio recibido por Santos diciendo:

“El único premio al que aspiramos es al de la Paz con justicia social”.

En el anuncio oficial, la vocera del Premio Nobel prefirió no hacer mención al hecho por el cual el Jefe del grupo guerrillero no compartió el galardón con el Jefe de Estado. Ante las preguntas de la prensa señaló que no se hacía referencia a este tipo de situaciones.

El ex-Presidente y Senador en ejercicio Alvaro Uribe dijo:

“Felicito el Nobel para el Presidente Santos, deseo que conduzca a cambiar Acuerdos dañinos para la democracia [1707].

Visiones Positivas y Negativas sobre el Significado del Nobel

Mientras Ingrid Betancourt, ex-candidata ecologista a la Presidencia en el 2002, que había sido secuestrada por las FARC y retenida durante seis años, se alegró por el Nobel otorgado a Santos y manifestó que las FARC también merecían haberlo recibido [1708], el Embajador de Colombia en Estados Unidos y ex-Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, festejó el Nobel de la Paz otorgado al Presidente Santos y dijo:

“Celebro que el premio Nobel no haya sido compartido con Timochenko”. Este reconocimiento cobija también a los soldados y policías que “con sus victorias crearon el camino a la Paz, pero luego con la persistencia del Presidente se alcanzaron avances increíbles. El premio Nobel le da confianza y credibilidad a la idea de que en Colombia puede haber Paz, una Paz donde todos estén bajo el mismo paraguas, donde los colombianos sentimos que damos vuelta a la página… Celebro que el premio no haya sido compartido con Timochenko, creo que quien se lo merecía era el Presidente como Jefe de Estado, líder de los colombianos de bien, como el Jefe de una democracia. La gente bien tiene que ser la que se reconoce.

Pinzón contó que se reunió con el sector privado, ONG’s y centros de pensamiento para explicar el proceso de Paz de Colombia, y que el Congreso estadounidense ya aprobó para Colombia quinientos cincuenta millones de dólares en la Cámara de Representantes, y cuatrocientos cincuenta millones de dólares en el Senado, con los que se espera apoyar el desarrollo en áreas marginales, fortalecer el sistema de justicia y enfrentar el crimen organizado [1709].

Para Pinzón, las cosas pasan por “los buenos y los malos”, no por los problemas estructurales que vive el Estado colombiano. Su visión está más cerca de conseguir inversiones para Colombia que de aportar a la “Paz” en términos de “orden con justicia” equitativa y distributiva.

Nobel de la Paz: ¿Por Qué a Santos?

Habría que pensar que la justicia no tiene que ver con la premiación del mérito en sí, sino con “las reglas de la vida” -o del “sistema”-, que se vinculan a las posibilidades de que, en este caso, un sistema político como Colombia, pueda seguir avanzando internamente e insertarse razonablemente dentro de un contexto mundial cuyo curso no lo trazan actores como los latinoamericanos ni ningún otro “periférico”.

Una cosa es el “deber ser” y otra la realidad y lo que “puede ser” y se puede lograr para seguir avanzando de manera tal que los “costos siempre sean menores que los beneficios” que se van logrando -desde la perspectiva del “sistema” y su “equilibrio”-, en este caso para Colombia, no para el individuo premiado, supuestamente en su nombre [1710].

Premian al Inventor de los “Falsos Positivos”

Desde sectores de la izquierda, se manifestaron reacciones contundentes y adversas al otorgamiento del Premio Nobel a Santos.

Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de manos de quienes premiaron también a genocidas, como Henry Kissinger, Menachem Begin y para coronar su lista otorgó a Obama el premio manchado de sangre de los pueblos en lucha.

Cuando el Ejército colombiano tenía el Comandante Alfonso Cano ante los fusiles, indefenso y ciego por haber perdido sus lentes, los militares se comunicaron con Santos y le preguntaron qué harían. A pesar que las primeras negociaciones secretas entre las FARC y el Gobierno de Santos ya habían iniciado para preparar el Proceso de Paz en la Habana, Santos no dudó: ¡“mátenlo”!

El Señor Santos, en calidad de Ministro de Defensa del Presidente Alvaro Uribe Vélez, favoreció los llamados “falsos positivos” que, en realidad son “ejecuciones extrajudiciales”, o fusilamientos al adversario; pero los “adversarios” eran civiles, no guerrilleros. Jóvenes sin trabajo, discapacitados, y gente inocente. La orden de Uribe-Santos a sus Generales era ¡”producir resultados en litros de sangre”!

Los verdaderos luchadores por la Paz en Colombia se encuentran en las filas del pueblo, los que nunca dudaron un segundo en poner el pecho y su vida, para acabar con una clase de asesinos y explotadores, que son capaces de exterminar a su propio pueblo para preservar sus privilegios.

El “sistema” sabe a quien premia y en qué momento lo hace.

Por más que se disfrace de lo que no es y que en este último tiempo haya hecho esfuerzos para cambiar de look y vestir de blanco a todo su gabinete, Santos tiene un largo recorrido como impulsor de las estrategias guerreristas del establishment colombiano.

Compartió Gobierno con Alvaro Uribe Vélez y fue partícipe con él en la aplicación de políticas genocidas contra el pueblo colombiano. Desde el cargo de Ministro de Defensa, el ahora Premio Nobel, dirigió las fuerzas armadas desde el 2006 hasta mayo del 2009, en tareas de “limpieza” y “tierra arrasada” contra los guerrilleros de las FARC y el ELN.

Como en la época de la “conquista del Oeste” estadounidense, cuando los soldados cazaban como animales a los indios y luego de asesinarlos les cortaban una oreja para luego exhibirla y recibir recompensa, los uniformados del ejército de Santos fotografiaban los cadáveres de los “falsos positivos” y por cada uno de ellos había una compensación económica extra.

Otra perla en el curriculum sangriento de Santos es la “Operación Fénix” por la cual la fuerza aérea colombiana violó la soberanía ecuatoriana, y bombardeó a mansalva el campamento del comandante de las FARC, Raúl Reyes, en la zona de Sucumbíos. Se trataba de una operación conjunta con el asesoramiento del Mossad israelí y tareas de inteligencia de la CIA norteamericana, que fue ejecutada cuando los guerrilleros dormían y poco pudieron hacer para evitar las bombas mortíferas de varias toneladas y la operación posterior a cargo de helicópteros artillados que balearon a mansalva a los sobrevivientes. De esta manera, el ahora Nobel de la Paz y su colega Uribe Vélez, ambos halcones guerreristas, se sacaban de encima a uno de los hombres que precisamente estaba avanzando en la idea de abrir negociaciones entre las FARC y el Gobierno y para ello había hecho contactos internacionales que pudieran ayudar en esa tarea.

Tiempo después, cuando Santos llegó al Gobierno, prosiguió con la estrategia “uribista” de golpear antes que nada al Secretariado de las FARC, y durante su gestión fueron asesinados el Mono Jojoy y el máximo Jefe de las FARC Alfonso Cano.

El paramilitarismo, también es un factor a tener en cuenta en la historia “santista”, ya que cuando gobernaba Uribe alcanzó su máximo nivel operacional, aterrorizando a punta de balas y motosierras a la población civil. Prevalecía el concepto, y Santos participaba del mismo, de “quitarle el agua al pez”, masacrando sin piedad a grandes núcleos poblacionales, sobre todo campesinos, que pudieran constituirse en semillero de la guerrilla. Así decenas de miles de personas fueron ejecutadas por las “Convivir”, las “Autodefensas de Colombia”, o las “Aguilas Negras”, todos rótulos utilizados por el terrorismo paramilitar.

No caben dudas de que este Nobel de la Paz a Santos viene con premio agregado, ya que le llega en un momento en que su imagen de “blanca palomita de la Paz” se había chamuscado parcialmente después de los resultados negativos del plebiscito. Es entonces que urgía “darle una manito” que le permitiera seguir en carrera, y poder presionar a las FARC para renegociar los Acuerdos firmados después de pactar estos cambios substanciales con su socio Alvaro Uribe Vélez. Qué mejor que un Premio Nobel para que el Presidente Santos se sienta con fuerzas para mostrar a la opinión pública, que resulta importante sumar al “uribismo” a la Paz.

Los rasgos de hipocresía que aparecen casi siempre tras las bambalinas de estas distinciones internacionales, son más que odiosos. Sirven para asegurar la impunidad de los violadores de todos los derechos humanos, los gratifican y blanquean socialmente. Más aún, les otorgan más poder para imponer sus criterios de “Paz” a la contraparte, buscando que, como en este caso, sea la insurgencia la que esté obligada a aceptar cambios tramposos impuestos precisamente por quienes han hecho de la guerra una constante en la vida del pueblo colombiano [1711].

Santos Extendió el Cese el Fuego hasta el 31 de Diciembre del 2016

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que extendía el cese el fuego con las FARC hasta el 31 de diciembre del 2016, para dar más tiempo a los esfuerzos para salvar el Acuerdo de Paz firmado en septiembre.

“Que quede claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo Acuerdo se termine mucho antes porque como me dijo una estudiante hoy, ‘el tiempo conspira contra la Paz y la vida’” [1712].

Posición del ELN

Luego de los resultados del plebiscito, la segunda guerrilla más antigua de Colombia, hizo un llamado para seguir luchando por la Paz.

Aunque el ELN siempre se opuso a los diálogos de Paz con las FARC por no estar de acuerdo con algunos puntos del Acuerdo alcanzado, manifestaron su desconcierto por los consecuencias de las elecciones celebradas para refrendar el Acuerdo Final de Paz.

El ELN había declarado una tregua desde el 30 de septiembre del 2016. para que la ciudadanía pudiera acudir a las urnas con calma, aunque la ciudadanía fue indiferente a todo el esfuerzo hecho, sea por el Gobierno como por las guerrillas, para que se expresaran como ciudadanos partícipes en la construcción de su propio destino.

 “A pesar de los resultados adversos para los Acuerdos de la Habana los colombianos debemos continuar luchando por la Paz con transformaciones. Llamamos a la sociedad colombiana a continuar buscando una salida negociada al conflicto armado”.

Carlos Medina Gallego, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz, compartió la preocupación expresada por la guerrilla [1713]:

“¿Qué mensaje se puede enviar? Ninguno. Se suponía que el ELN debía marchar hacia un proceso de Paz, pero esto ahora queda en medio de la incertidumbre. No alcanzo a imaginar qué está pensando el ELN sobre este proceso. La situación con esa guerrilla es mucho más difícil, porque la naturaleza de la Agenda no es temática, sino procedimental. Lo del ELN queda en remojo. Ahora, los únicos que pueden tomar una decisión con claridad sobre su propio futuro en relación con el país son las FARC”.

Para el ELN, la polarización del país, exacerbada por la clase en el poder, deja ver que los resultados del plebiscito son casi un empate técnico que muestra la fuerza que tienen los enemigos de la Paz, que logran movilizar importantes sectores del país, aun sin mostrar caminos diferentes al de reafirmar su postura excluyente y de imposiciones políticas, contrarias a cualquier posibilidad de cambio en bien de las mayorías y de la Paz de Colombia.

Los anhelos de Paz con equidad, justicia social y soberanía, tal como lo requieren las mayorías, exigen la unión de todos quienes buscan una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la Paz. Por ello no solo es necesario convocar a las fuerzas políticas, sino también a quienes no forman parte de ellas, han estado ausentes de las grandes decisiones, incluidas aquellas que no participaron en el plebiscito y que constituyen mas del cincuenta por ciento del censo electoral colombiano. Lograr esa participación protónica es indispensable para la consecución de la Paz.

El ELN convoca a todos los sectores populares y clase media de la ciudad y del campo; a las víctimas del conflicto social y armado, a los movimientos y partidos políticos de izquierda, democráticos y de centro que buscan alternativas al régimen; a los revolucionarios, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las mujeres del país, a los movimientos LGTBI y demás sectores de género; a los estudiantes, profesionales e intelectuales, a los artistas, a la juventud, a los sin partido o movimiento, a los abstencionistas; a las iglesias, a los industriales, agricultores y comerciantes; a todos los patriotas que quieren una República soberana; a todos, a buscar una gran Convergencia por la Paz y la solución política.

Este Gran movimiento colocará en el centro los cambios necesarios para una Colombia en Paz y en democracia bajo el reto de sacar la violencia de la política, donde no sea necesaria la fuerza para defender las ideas, forjando una Colombia que dé, además, ejemplo para mantener a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En este difícil momento de la vida política de Colombia, el Ejercito de Liberación Nacional reafirma su voluntad y decisión irrevocable de pasar a la fase publica y cumplir con la Agenda pactada el 30 de marzo del 2016 en la ciudad de Caracas, colaborando a superar cualquier dificultad que se presente, y llama al Gobierno del Presidente Santos a este mismo propósito [1714].

Posición del Congreso de los Pueblos

Ciertos sectores de la sociedad organizada y movilizada con demandas al Gobierno, no sólo quedaron sorprendidos por el triunfo del “No” en el plebiscito, sino que expresaron que se evidenció que la ultraderecha no está dispuesta a ceder nada, no está dispuesta a dejar las armas que le han permitido mantenerse en el poder. Este contexto se convierte en un nuevo desafío político y organizativo para el movimiento social, quien debe mantener la claridad en la continuidad de la salida negociada al conflicto armado a partir de los Acuerdos con las FARC y el desarrollo de la fase pública de negociación con el ELN.

Sentimos este momento como la comprobación de la existencia de la lucha de clases, por lo que planteamos los siguientes puntos que consideramos fundamentales para seguir avanzando y construyendo:

1) Trabajar por una salida negociada al conflicto político, social y armado.

2) Es preciso exigir una amplia participación decisoria y vinculante de la sociedad en la construcción de Paz.

3) Debemos avanzar en la construcción de una Agenda popular y democrática.

4) Tenemos que exigir y luchar por la negociación del modelo económico, político y la doctrina militar.

5) Como Congreso de los Pueblos debemos seguir el camino de la construcción de un movimiento político.

Los puntos expuestos, evidencian que hay sectores de la sociedad -como en el resto de países latinoamericanos- que buscan movilizarse en la dirección de encontrar respuestas reales a sus necesidades y aspiraciones, ya que el marco político-institucional vigente resulta nulo al respecto; pero el grueso de la sociedad colombiana -como ocurre en el resto de América Latina- continúa con su nivel de expectación apática frente a los acontecimientos. En América Latina, frente a situaciones críticas, las sociedades se movilizan con fuerza, hasta que pasa el tiempo, los sectores del establishment encuentran salidas que los mantiene en el poder o cerca de él, y todo vuelve a los carriles normales de expectación apática.

Nuestra propuesta de Mesa Social para la Paz y Gran Diálogo Nacional sigue avanzando, como aporte concreto en la búsqueda de la participación activa de la sociedad en la construcción de la Paz, sabiendo que solo a través de la movilización y la organización popular podemos continuar construyendo la Agenda social por una Paz transformadora.

Celebramos la gran cantidad de colombianos y colombianas que, pese a la ofensiva comunicacional y de terror en Colombia, nos atrevimos a decirle Sí a la Paz, un Sí que no se conforma con una firma, sino que asume ir por más: por una Paz con justicia social, por vida digna, equidad, por una participación protagónica y decisoria en la construcción del país.

Queremos reconocer profundamente el papel de la diáspora, de los colombianos y colombianas que, por causas del conflicto integral en nuestra Patria, han tenido que migrar, y desde cada uno de los rincones de la tierra, se han convertido en actores y protagónicos en la construcción de la Paz en Colombia y en cada uno de los territorios en donde habitamos. Esto es un importante referente en la construcción de Poder Popular.

Entendemos que la Paz debe ser una gran construcción nacional o nunca podrá ser verdadera, por eso con fuerza hoy decimos que nuestra lucha continúa. Seguimos y seguiremos forjando la Paz desde la lucha popular, por la transformación de la sociedad [1715].

Pensamiento de las “Víctimas”

Víctimas y familiares de víctimas, que viajaron a La Habana durante el proceso de negociaciones, con la expectativa de contribuir en la construcción del Acuerdo de Paz, expresaron su pensamiento en relación con los resultados del plebiscito, lo que sienten ante la situación del país y, sobre lo que ellas -que vivieron la guerra directamente- proponen para encontrar una salida [1716].

La prima de un Subintendente secuestrado en la toma de Miraflores por las FARC, expresó:

La Paz es de Colombia, no de ex-Presidentes ni de Senadores, es de todos. Acompañemos a los movimientos sociales en todas las acciones que haya por la Paz de Colombia. Quiero pedirles a los ex-Presidentes Uribe y Pastrana que haya altura y cordialidad, y, ante todo, amor y dignidad hacia un país que necesita la Paz”.

Un dirigente estudiantil exiliado por amenazas paramilitares:

“Lo que pasó en el plebiscito evidencia un conflicto político que, en gran medida, no corresponde al Acuerdo subscripto en La Habana. Yo estuve recorriendo el país haciendo Pedagogía para la Paz y pude observar directamente que la gente no había leído las doscientas noventa y siete páginas del Acuerdo. El diálogo que plantea el Presidente Santos, no puede ser solamente entre los partidos políticos. Esa clase política que se está reuniendo, es la que nos ha traído a este momento tan difícil y la única salida es que la sociedad civil asuma un papel protagónico y relevante en la gestión y resolución de este momento a través de un diálogo con la Mesa de negociación, de una participación directa”.

Una desplazada por megaproyectos mineros:

“Los resultados del plebiscito son una muestra de la insolidaridad que hay en las ciudades, de la forma individualista de pensar. Los partidos políticos, se supone que eran los llamados a hacer la Pedagogía y no la hicieron. Preocupa ese asunto del Frente Nacional entre élites que excluye a las víctimas y a quienes en carne propia han vivido la guerra”.

Una Víctima de la masacre de Bojayá:

“La votación del plebiscito es la de un país sobre todo rural, que es consciente de la gravedad del conflicto y por eso grita de manera urgente que termine ya. Pero también es un país que es urbano, que ha visto la guerra por televisión, aunque no le toca en este momento vivir con un actor armado y saber lo grave que es eso. El Acuerdo sobre el tema de las Víctimas salió adelante porque nosotros fuimos y dimos nuestro testimonio, y ese modelo de justicia está basado en el derecho a la verdad. Desde las regiones estamos impulsando que los Acuerdos se territorialicen, que se apliquen en la zona donde mayoritariamente dijimos Sí”.

El hijo de José Antequera, líder de la Unión Patriótica asesinado:

“Triunfó una campaña basada en mentiras sobre temas que no tenían nada que ver con el proceso de Paz, y de una manera que no significó realmente ningún triunfo, sino una situación de crisis para el país. Un Acuerdo que muchas víctimas en el país y yo respaldamos y defendemos porque nos parece que está fundamentado en los principios y el derecho que hemos planteado. Apoyo la necesidad de que la sociedad colombiana se movilice”.

Una Víctima de los paramilitares y las FARC, en la región de los Montes de María, Caribe colombiano:

“El Gobierno Santos hizo muy mal en entregarles la bandera de la Paz a los políticos. La iglesia no acompañó este proceso, fue muy tibia, y Uribe sacó provecho del discurso de las iglesias cristianas que quieren abrirse paso. Esto no lo pueden resolver sólo Santos y Uribe. Exigimos como Víctimas, que en la Mesa no hablen por nosotros. Escúchennos. Somos nosotros quienes hemos construido esta Paz con nuestro sudor, lágrimas y muertos”.

Una periodista secuestrada y torturada por paramilitares:

Que se sigan teniendo como punto central a las víctimas, y no se quede en una decisión entre dirigentes políticos.

General del ejército secuestrado por las FARC en la toma de Mitú:

Muchos funcionarios no hicieron la tarea de pedagogía. Todos deseamos la Paz y queremos que continúe el cese bilateral del fuego, por eso apoyo las recientes movilizaciones sociales de los jóvenes, que son el futuro. Tenemos que ver la situación como un paso positivo para incluir sectores marginados, como el ELN, y a las víctimas de las FARC que quedaron excluidas. El Acuerdo nacional tiene que existir. La abstención indica que no hay representación de muchos sectores y hay que convocarlos a ellos para que se manifiesten.

Hija del sindicalista Jorge Darío Hoyos, asesinado:

Hay un sector grande del No que votó por desconocimiento. No vamos a esperar más, es el pueblo colombiano el que está poniendo las Víctimas. No pueden salir ahora con que hay que esperar. No. La solución hay que encontrarla ya.

Declaración de Cuba y Noruega: Países Garantes

Cuba y Noruega, países Garantes de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno y las FARC, reafirmaron su compromiso con la Paz de Colombia.

Hemos sido testigos de un proceso sólido, complejo y con una fuerte voluntad de las partes. Saludamos los esfuerzos encaminados a construir la Paz en Colombia.

Apoyamos el compromiso de las partes con la adopción de medidas necesarias para afianzar el Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, en beneficio del pueblo colombiano y continuar desarrollando medidas de confianza que propicien arribar, sin dilación, a un concluyente Acuerdo de Paz Final.

Cuba y Noruega continuarán contribuyendo en todo lo posible, en esta nueva coyuntura, a la solicitud de las partes, a la terminación del conflicto armado y la construcción de una Paz estable y duradera en Colombia [1717].

Contexto Político-Social-Militar a Partir del Triunfo del “No”

Luego del triunfo del “No” en el plebiscito por la Paz, se plantearon algunas incógnitas [1718].

1. El Cese el Fuego Continúa

El Presidente Santos reconoció la derrota del “Sí” y anunció que entablaría de inmediato un diálogo con las fuerzas políticas que rechazaron el pacto.

“El cese el fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, sigue vigente y seguirá vigente. No me rendiré, seguiré buscando la Paz hasta el último minuto de mi mandato porque ese es el camino para dejarle un mejor país para nuestros hijos”.

El Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, aseguró que la guerrilla mantendrá la puerta abierta al diálogo.

“Las FARC mantienen su voluntad de Paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la Paz, que cuente con nosotros. ¡La Paz triunfará!”.

2. Negociación con el “No”

El ex-Presidente colombiano Alvaro Uribe dijo que nadie desea que regrese la violencia, pero pidió que las posturas del “No” sean escuchadas.

“A los jóvenes colombianos les digo esto: la Paz es ilusionante, los textos de La Habana decepcionantes”.

Entre los principales puntos para el voto en contra, estuvo el indulto a guerrilleros que cometieron crímenes de guerra, así como la apertura a los líderes guerrilleros a postularse a cargos públicos.

Santos, de un posible avance en su Gobierno por la proximidad de la Paz, debió ocuparse rápidamente de entablar negociaciones con los líderes del “No”.

“Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas, y en particular a las que se manifestaron hoy por el 'No' para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir”.

Santos reconoció que su Gobierno estaba ante una “nueva realidad política”, por lo que dijo que la búsqueda de Acuerdos con los adversarios “es ahora más importante que nunca”. ¿Cuánto tiempo más añadirá este nuevo proceso a los cuatro años de negociación?

Por su lado, Uribe dijo que él y su fuerza política iban a “aportar a un gran Pacto Nacional” con quienes votaron por el “Sí” y quienes se abstuvieron.

 “Todos queremos la Paz, ninguno quiere la violencia (…) Respeto a la Constitución, no substitución. Justicia, no derogación de las instituciones”.

3. El Plebiscito era Político

Desde que fue aprobado el plebiscito por la Corte Constitucional colombiana, los Magistrados dejaron en claro que el resultado solo era vinculante para el Jefe de Estado. Se trataba pues de una vía política más que jurídica, para darle legitimidad al Acuerdo con las FARC.

La Presidenta de la Corte Constitucional María Victoria Calle dijo:

“No implica por sí misma una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución ni del ordenamiento jurídico colombiano”.

Santos dijo, de todas formas, que la vía que seguiría sería la negociación con las fuerzas políticas opositoras, y dejó de lado la opción que tenía de usar sus poderes ejecutivos para aplicarlo. Aunque el Acuerdo no entraría en vigor, tampoco quedaba desechado.

Timochenko, Jefe de las FARC, sostuvo que mantendrían el diálogo abierto, aunque algunos analistas advirtieron que las bases de la guerrilla podrían fragmentarse tras los resultados de la votación.

4. La Incertidumbre

Santos quedó enfrentado a uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Colombia.

Para Andrei Gómez, Profesor de la Universidad de los Andes y miembro de la Organización civil “Rodeemos el Diálogo” (ReD), los resultados del plebiscito podrían generar fragmentación en la guerrilla. Los líderes pueden estar intentando proteger los Acuerdos, pero las células locales podrían percibir el rechazo del pueblo colombiano en el plebiscito, como una señal para reactivar la violencia.

Algunos líderes, en diferentes partes del mundo opinaron que, el Acuerdo de Paz firmado días antes, con el triunfo del “No” en el plebiscito, quedaba en el aire.

“Eso va a crear un grave problema de seguridad, porque no hay una estructura jerárquica, que mantenga ordenada a la guerrilla”.

Jorge Restrepo, Director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos, consideró que el “No” al final “empodera a las FARC, porque ellos escogen con quién negociar”.

Para la Profesora universitaria y periodista Ana Cristina Restrepo, el “No” mayoritario al Acuerdo, es el triunfo del miedo, “el gran elector en Colombia” [1719].

Escenarios para Colombia Después del “No”

Tanto el Gobierno la oposición y las FARC, dijeron que estaban a favor de encontrar una solución pacífica a los cincuenta y dos años de guerra.

La victoria del “No” mostró -entre otros temas-, que el ex-Presidente Alvaro Uribe, es un hombre con poder y clave para el futuro electoral del país.

Además, el resultado adverso del plebiscito, mostró, tal como lo expresó el Profesor César Rodríguez Garavito, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y Director de la ONG Dejusticia que:

“Políticamente, la realidad es que un Acuerdo que venía siendo entre dos partes, ahora va a ser entre tres partes”.

Es más, no sólo entre Gobierno-FARC y oposición, sino también gran cantidad de sectores nacionales que tienen demandas insatisfechas y han quedado fuera del proceso de negociación.

Sin embargo, parece que incluir a alguno o todos de estos sectores, no estuvo en ningún momento en el espíritu del Presidente Juan Manuel Santos, que frente a los resultados dijo:

“Tendremos que actuar con prontitud y poner límites de tiempo, pues la incertidumbre y la falta de claridad sobre lo que sigue, ponen en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido”.

No obstante, inmediatamente después de los resultados del plebiscito, se presentaron los siguientes escenarios, como factibles, hacia el futuro, sea en lo jurídico, lo político e, incluso, en lo militar:

Escenario 1 - Renegociar

El Centro Democrático propuso revisar los Acuerdos para modificar, esencialmente, los Puntos de justicia -judicial- que permitían evitar penas de prisión y los de participación política de las FARC, que le garantizaban diez escaños en el Congreso (cinco en el Senado y cinco en la cámara de Representantes) por dos períodos consecutivos.

Para el Profesor César Rodríguez Garavito, la renegociación era el escenario más deseable y factible:

“Jurídicamente esa alternativa es también la más viable, la más simple, porque implicaría firmar un nuevo Acuerdo y pasarlo por una nueva vía de legitimación que podría ser un nuevo plebiscito”.

La Corte Constitucional había dejado abierta la puerta para esa alternativa.

Para Alejo Vargas Velásquez, Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, también se trataba del mejor escenario.

“Esa circunstancia implicaría que los negociadores del Gobierno se sentarán con algunos delegados del 'No' y representantes de las FARC para tratar de encontrar soluciones”.

Marcos Criado de Diego, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Extremadura (España), vio como opción alternativa a un diálogo tripartito, una renegociación en el Congreso y que luego le fuera comunicada a las FARC.

“Es lo que pasó con los paramilitares cuando estaban reunidos en el Ralito”.

Pero de Diego dudaba que la mayoría del legislativo, cercano a Santos, aceptaría esa vía.

Contrariamente, para Ariel Avila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación:

“Renegociar es una salida muy improbable. Nadie negocia por menos que lo que consiguió”.

Para Avila, ni el Presidente le cedería la negociación al “uribismo”, ni éste querría rescatarla, ni las FARC querrían moverse de lo que ya habían conseguido; aunque una variante era la del Pacto Nacional, que de uno u otro modo convocaron el Centro Democrático y el Gobierno. Ambos ya habían constituido Comisiones para reunirse a dialogar.

Para Jorge Restrepo, Director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos (CERAC), la clave sería torcerle la voluntad a las FARC:

“Han dicho que el Acuerdo no se puede cambiar. Todas las fuerzas políticas se sientan, llegan a un Acuerdo de modificar pequeñas cosas, y van y lo hablan con las FARC”.

Escenario 2 - Asamblea Constituyente

Las propias FARC habían alzado la bandera de la Constituyente cuando el Gobierno insistió -y las convenció- con el plebiscito. El Centro Democrático también había señalado su interés por seguir la vía de una Constituyente.

Las FARC pensaban en una Constitución que las incluyera, como la de 1991 que incluyó a la desmovilizada guerrilla del M-19 entre los Constituyentes. El Centro Democrático se planteaba una menos progresista.

No obstante, ambos dejaron de hablar del tema a partir del plebiscito.

La alternativa de la Constituyente resultaba extremadamente compleja.

Sólo podía convocarse de dos maneras básicas:

1) mediante decisión del Congreso, con una serie de debates que podían llevar un año (el Congreso podría verse forzado a darle trámite por recolección de firmas); o

2) a través de un referendo (que podía ser convocado de diferentes formas) que tendría exigencias muy altas de participación.

Como solución de corto plazo resultaba inviable.

Además se hubiera terminado envolviendo con la campaña para las presidenciales del 2018.

Para Ariel Avila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, el problema era:

“¿Cómo le damos cupo a las FARC?”.

Para él una Constituyente era como abrir una caja de Pandora.

Para Jorge Restrepo, Director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos (CERAC), no había correlación:

“Tú no negocias el fin del conflicto a través de una Asamblea Constituyente. Lo que sí puede suceder es que se acuerde en otra instancia, por ejemplo crear una reforma judicial -que modifique la Jurisdicción Especial para la Paz acordada en La Habana- o política y se le delegue esa negociación a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Eso, inevitablemente, implicaba que antes hubiera una renegociación de algún tipo del Acuerdo, que generara el consenso necesario para llegar a una Constituyente. Así, podría haber una combinación de los “Escenarios 1 y 2”: renegociar parcialmente y dejar temas más gruesos para la Constituyente.

Ya había parte del Acuerdo de La Habana vigente, como el cese el fuego bilateral, que fue ratificado tanto por el Gobierno como por las FARC; y en materia de garantías para los guerrilleros, el Senador Alvaro Uribe sugirió la posibilidad de otorgar amnistías a los miembros de las FARC que no hubieran cometido crímenes graves.

Escenario 3 - El Congreso Implementa lo Acordado de Forma Autónoma

Los expertos la consideraron una opción inviable, a pesar de que se sugirió que la Corte Constitucional decía, que acatar el resultado del plebiscito era sólo obligatorio para el Presidente.

Para el Profesor César Rodríguez Garavito, políticamente era problemático:

“No va a haber ningún representante de la mayoría (legislativa oficialista) que lo vaya a hacer. Jurídicamente las leyes (que salgan del Congreso) las tiene que controlar la Corte Constitucional, y las tiene que sancionar el Presidente, y como él tiene la obligación de no implementar los Acuerdos (debería decirles que no). Queremos un Acuerdo de una Paz real, verdadera”.

El Legislativo podría buscar implementar los Acuerdos por vía ordinaria, como si cada uno fuera una Ley a tramitar en sí misma; pero eso los sometería a debates y modificaciones que podrían transformarlos completamente; sería casi imposible darle garantías a las FARC de que lo que saldría de las Cámaras, tendría algo que ver con lo acordado en La Habana.

De Diego se preguntaba, en la hipótesis de que se admitiera que el Congreso podía implementar los Acuerdos:

“¿Entonces para qué se llamó a votar a los ciudadanos?”

El paso del Acuerdo de Paz por el Congreso no garantizaría que el texto quedaría en los términos que fue pactado.

Escenario 4 - Dilatar

Para Restrepo era el Escenario más probable; dejar la situación más o menos como estaba, hasta después de las elecciones.

 “Creo que eso es lo que va a suceder. Y esto se vuelve un asunto de campaña para el 2018”. Quien gane la presidencia tendrá la legitimidad para implementar la solución que haya ofrecido de cara a las elecciones.

Si se continuaba con la mayoría electoral, orientada en la dirección que otorgó el plebiscito, era muy probable que la campaña presidencial la ganara el candidato puesto por Alvaro Uribe; por lo que el futuro de los Acuerdos de Paz quedaría subordinado a la voluntad de este nuevo Gobierno.

Entretanto, se le podían dar a las FARC garantías que permitieran un proceso de desmovilización individual, algo que no estaba en los planes de la guerrilla, que negoció una desmovilización colectiva para dejar las armas como un colectivo cohesionado, con el propósito de transformarse en partido político.

De Diego advirtió que esta alternativa podría darle aire a las FARC, para reorganizarse con la intención de retornar a la clandestinidad. Aunque los máximos dirigentes del grupo guerrillero aseguraron que no había vuelta atrás en el camino del desarme, no necesariamente ocurriría lo mismo con sus hombres y mujeres. Uno de los temores era la fragmentación de la guerrilla en sus bases.

Para Restrepo resultaba muy probable que, en este Escenario, se empezaran a desarrollar disidencias internas en las FARC:

“Los riesgos son enormes de criminalización, de ruptura dentro de las FARC”.

Escenario 5 - Volver a la Guerra

La alternativa más dramática, dados los avances alcanzados en el proceso de negociación con el Gobierno de Santos; aunque en anteriores procesos de negociación, la resultante fue esa.

Para Garavito:

“Hoy se ve distante, pero siempre es posible”.

Restrepo lo vio como posible, pero no altamente probable:

“Porque tanto el Gobierno como las FARC, han entendido que el uso de la fuerza y la violencia, no les va a servir para avanzar en el logro de un Acuerdo”.

Podría ser una consecuencia del desgaste que podría llegar a ocasionar el Escenario 4, o de que se volviera favorito un candidato presidencial que prometiera desmontar totalmente lo acordado, y se mostrara decididamente hostil hacia las FARC [1720].

¿Quiénes se Benefician con el “No”?

El Senador Alvaro Uribe, siempre fue uno de los opositores al proceso de Paz y el plebiscito. El fortalecimiento de los sectores cercanos a Uribe, ha sido la consecuencia más inmediata del “No”. El Centro Democrático quedó perfilado como la comunidad política que mayor sintonía tenía con la opinión pública, pensando en términos de la cercanía de las elecciones presidenciales del 2018 [1721].

Las figuras del Senador Alvaro Uribe y del ex-Procurador Alejandro Ordóñez, las principales personalidades a favor de renegociar los Acuerdos de La Habana, reafirmaron el gran peso que sus opiniones tenían entre los votantes.

Para Uribe, lo deseable sería dilatar el proceso unos años más, para quedarse con la victoria de la firma, como siempre lo dejó ver en todo el proceso de negociación y para fortalecerse electoralmente.

Otros posibles ganadores con los resultados, eran las llamadas “bacrim”. La reorganización de las fuerzas armadas, que buscaba enfrentar su expansión, tendría que tener en cuenta, que las FARC segían siendo una amenaza para el Estado.

Ganó también el ELN. Su margen de maniobra se ampliaría si llegasen a sellar una alianza con las FARC, que les permitiera presentar un frente guerrillero común.

Si bien los Acuerdos de La Habana buscaban la creación de un “Banco de Tierras” que no comprometiera la propiedad legalmente establecida por terratenientes, no eran pocos los temores entre los propietarios de grandes extensiones. Caído el plebiscito, este “Banco de Tierras” dejaría de ser una exigencia para el Estado.

También ganaba la industria bélica y la seguridad nacional. La continuación de la guerra le daba la tranquilidad a las fuerzas armadas de que seguirían siendo las que reciban la porción más importante del presupuesto [1722].

Más allá de la perspectiva de los que se beneficiaban con el “No”, en términos de conveniencia, habría que pensar en aquellos que se beneficiaban, porque quedaron fuera del proceso de negociación y, debido a esta situación, tenían la posibilidad de expresar sus demandas, necesidades y aspiraciones, frente a un Gobierno que le había negado esa posibilidad pero que, dada las circunstancias, debía dárselas. En esta situación entraba la gran mayoría de los sectores del pueblo colombiano.

Los Bananeros Preocupados por los Reclamos de Tierras

Empresarios en una lista de donantes de dinero por la campaña para el “No”, han sido señalados por ex-paramilitares, como activos contribuyentes con la guerra que se vivió en la región del Urabá antioqueño en los ‘90.

Su decisión de participar donando fondos, dejaba ver un conflicto de intereses con algunos puntos que proponía el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las FARC: por ejemplo:

La Reforma Rural Integral, que promete la recuperación de baldíos, y una Jurisdicción Especial para la Paz, que podría juzgar a quienes financiaron grupos armados ilegales.

La ONG VerdadAbierta, revisó la lista de treinta y siete donantes del Comité La Paz es de Todos, administrado por Juan Carlos Vélez, un aliado del “uribismo”, publicada en el sitio Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. En ese listado aparecían los nombres de varias empresas que aportaron recursos a las campañas presidenciales de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010), como BANAFRUT, de cuya Junta Directiva formó parte Nicolás Echavarría Mesa, un conocido de Uribe Vélez desde su tiempo como Gobernador de Antioquia, quien, además, gerenció la recta final de la campaña a la Presidencia de la República de Oscar Iván Zuluaga en el 2014, aportó recursos al Centro Democrático para las elecciones legislativas, así como para las regionales y locales, y dio dinero en el 2010 al entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos.

También figuraban como donantes Rodrigo Posada Echeverri, un empresario de Urabá quien había apoyado en otras elecciones al Centro Democrático; AGROCHIGUIROS S.A.S. y la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), que agrupa a comercializadoras de banano como BANACOL S.A, PROBAN S.A y UNIBAN S.A.

Tras buscar la representación legal y los miembros de la Junta de esas empresas en el Registro Unico Empresarial y en la Superintendencia de Sociedades, y analizar expedientes judiciales, documentos oficiales y páginas web de las empresas y del Estado, se encontró que algunos de estos bananeros compartieron un pasado, que los vinculaba con la financiación del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización armada que se desmovilizó el 25 de noviembre del 2004 bajo la Presidencia de Alvaro Uribe Vélez.

Algunos de estos empresarios, además, estaban involucrados en la adquisición de predios, en el territorio ancestral del Consejo Comunitario de Puerto Girón, en el Urabá antioqueño.

Juan Camilo Restrepo Gómez, Presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), comentó que el respaldo económico -que solo dieron a la campaña del “No”- no significaba que el gremio se hubiera comprometido con una de las posturas en el plebiscito.

“El gremio aportó, pero no abanderó ni el 'Sí' ni el 'No'. Sus afiliados tenían la libertad y algunos defendían el 'Sí' y otros el 'No'. Y el último evento que hizo el Presidente Santos en el Urabá lo organizó este gremio y este servidor, y en ese evento el Presidente dijo que había que respaldar el 'Sí' y este servidor estaba en la tarima. Entonces en eso no puede haber duda”.

¿Impulso a las AUC?

Henríquez Gallo, Echavarría Mesa, Harry Hinestroza y Posada Echeverri, fueron señalados por Raúl Emilio Hasbún, alias “Pedro Bonito”, ex-Jefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC, como financiadores de ese grupo paramilitar.

En una versión libre rendida el 3 de septiembre del 2010, Hasbún le entregó a una Fiscal de Justicia y Paz, el listado detallado con los nombres de las fincas, las agropecuarias dueñas de los predios, las personas a cargo de esas empresas, así como de las comercializadoras de banano asociadas a las fincas, que hicieron pagos al grupo paramilitar bajo su mando durante varios años.

Según el listado consolidado por la Fiscalía, Jaime Henríquez Gallo, su hermano Guillermo Henríquez Gallo -fallecido en septiembre del 2016- y otros dos socios, habrían aportado dinero por catorce fincas explotadas por Agrícola Santamaría, asociadas a la comercializadora internacional C.I. UNIBAN. Jaime Henríquez hizo aportes por otra finca explotada por la Agropecuaria Los Cunas asociada a la misma comercializadora.

El mismo listado indicaba que Nicolás Echavarría Mesa, habría hecho aportes por otras ocho fincas explotadas por diferentes Agrícolas como Bahamas Ltda., Galápagos, Antillas, Luisa Fernanda, Hacienda Velaba Ltda. y Otraparte E.U., asociadas a la comercializadora BANAFRUT.

AGROCHIGUIROS, para entonces representada por Luis Alberto Sanín, suplente de Gabriel Harry Hinestroza, al parecer hizo aportes, de acuerdo con el documento, por seis fincas asociadas a la comercializadora BANACOL.

Rodrigo Posada Echeverri, quien no formaba parte de la Junta de Augura, entregó dinero por dos fincas explotadas por Agrícola Futuraba S.A. y otra explotada por la Agropecuaria La Docena, de la cual dejó de ser el Gerente.

Restrepo Gómez, Presidente de Augura, aseveró que el gremio bananero, no podía ser acusado de ninguna ilegalidad por apoyar cooperativas de seguridad privada:

“Es público el aporte que en su momento el sector bananero le daba a una institución que estaba cobijada bajo el amparo del Estado, las empresas de vigilancia y seguridad y servicios especiales, y contablemente las empresas bananera,s le otorgaban unos recursos a estos servicios especiales, o como se conoce con el término de Convivir”.

En la sentencia emitida el 30 de octubre del 2013 contra Hébert Veloza alias “HH”, ex-Jefe paramilitar del Bloque Bananero de las AUC, el Tribunal de Justicia y Paz advirtió que los aportes realizados por varios bananeros al grupo armado ilegal, se hacían a través de las Convivir, en particular de la Convivir Papagayo.

Estas cooperativas de seguridad y vigilancia eran legales, pues fueron creadas por el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, durante la Presidencia de César Gaviria. Sin embargo, como explica la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz, los ex-paramilitares han aceptado que las usaron como “fachada” para canalizar recursos hacia las AUC.

El papel de los empresarios bananeros durante las épocas más duras del conflicto de Urabá, también fue documentado en la sentencia emitida el 31 de julio del 2015 por el Tribunal de Justicia y Paz contra José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, ex-Jefe paramilitar del Frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC.

“En conclusión, la economía, los gremios y los sindicatos bananeros fueron determinantes para iniciar y prolongar el conflicto armado en la región de Urabá. Por un lado, las guerrillas de inspiración marxista encontraron en los trabajadores afiliados de Sintagro, Sintrabanano y posteriormente de Sintrainagro, una base social favorable para impulsar su proyecto revolucionario…”.

“Y por otro lado, los grupos paramilitares encontraron en las compañías extranjeras (como Chiquita Brands) y las comercializadoras nacionales de banano (como Sunisa S.A., Conserva S.A., Tropical, Uniban S.A, Proban, Banafrut, Bagatela S.A., y Agrícola Rioverde), una fuente permanente de apoyo logístico y financiero, que les permitió, no sólo expandirse territorialmente, sino también lograr por las vías de hecho, que la producción y exportación de guineo no se paralizara por efecto de las huelgas, paros laborales y acciones de saboteo promovidos por la insurgencia”.

A pesar de estar mencionados en sentencias judiciales proferidas por magistrados de Justicia y Paz, las investigaciones contra la mayoría de los mencionados por los ex-paramilitares no prosperaron en la justicia ordinaria.

Esa ineficiencia de la justicia, fue una de las razones por las que el Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC propuso la creación de una Jurisdicción Especial, que no solo juzgue a los excombatientes, sino:

“Las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual” en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desplazamiento y reclutamiento de menores”.

Esa propuesta no fue bien recibida entre el sector empresarial, e incluso, fue una de las críticas que el Vicepresidente Germán Vargas Lleras, le hizo al Acuerdo Final. Tales circunstancias, llevaron a que algunos empresarios apoyaran el “No”.

Rodrigo Posada Echeverri, uno de los financiadores de la campaña del “No”, dijo:

“Para mí, la aplicación de la justicia no era la adecuada. (…) Estoy de acuerdo con el Fiscal General, que no es necesario crear nuevas secciones de justicia, puesto que Colombia ya las tiene todas establecidas y suficientes para que haya una Paz estable y duradera”.

Para el vocero de AUGURA, la financiación al comité La Paz es de Todos, no implica que el gremio bananero se oponga a un futuro Tribunal de Paz y, por lo tanto, no hay ningún conflicto de intereses en su aporte a la campaña del “No”:

“Ahí no hay ningún conflicto de intereses. Se están mezclando temas (…) dar unos aportes al fortalecimiento de una democracia a una campaña de manera pública y transparente no tiene nada que ver con circunstancias que van inmersos en el proceso de Paz” [1723].

Crisis de Legitimidad y Hegemonía

El Plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz mostró, con sus resultados y, particularmente con el alto índice de abstención, la prolongada crisis de legitimidad y hegemonía en la que se debate la sociedad colombiana, toda vez que, los dos sectores dominantes -”uribismo” y “santismo”-, no alcanzan a sobrepasar al otro para conducir al país en la dirección de sus intereses.

El resultado electoral puso en evidencia, tres deslegitimaciones:

1. Hubo una abstención del sesenta y dos porciento del censo electoral, “deslegitimante” de cualquiera que fuera el proceso electoral.

2. Hubo -como lo advirtió la Corte Constitucional- una deslegitimación de la política gubernamental, al perder, según las reglas matemáticas que rigen los procesos electorales.

3. La mínima diferencia entre el “No” y el “Sí”, puso en evidencia la crisis de hegemonía, pues ninguna de las fracciones del Bloque de Poder Dominante, empeñada en resolver en este episodio electoral, cual fracción debería hegemonizar el Poder dominante, pudo mostrar una clara mayoría.

El investigador social Oscar Delgado, en 1993 había vaticinado esto, al hacer un análisis histórico sobre la legitimidad, la dominación y la democracia en Colombia luego de la Constituyente de 1991 [1724].

(…) “El régimen del Frente Nacional -cuya vigencia no cesó después de la expedición de la Constitución de 1991- afronta ahora (1993) una triple crisis: de legitimidad, de liderazgo y de capacidad para detener el proceso desintegrativo de la sociedad” (…)

¿A quién legitima la mayoría (62%) del electorado colombiano en este Plebiscito?.... ¡A la abstención!

¿Cuál fracción en pugna dentro del Bloque de Poder Dominante obtiene una clara legitimación electoral, Santos o Uribe? …¡A Ninguno!

¿Quién es el líder carismático de la clase dominante que, cuente con un respaldo suficiente para dirigir (en un breve plazo) los destinos económicos, sociales y políticos de la sociedad colombiana que hace esfuerzos sobrehumanos para salir de la barbarie pre-moderna contrainsurgente y, evitar el “proceso social desintegrativo” advertido por el citado investigador Delgado? (…)

Esa es la crisis de legitimidad y hegemonía en la que está Colombia en la actual coyuntura, que al ser vista en todo su tamaño, la comunidad internacional ha tratado de darle alguna legitimidad externa y diplomática, otorgándole el Premio Nobel de la Paz 2016 al Presidente Santos, para que pueda superarla.

Sin embargo, las declaraciones del parlamentario Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del “No” en el Plebiscito, mostrando cínicamente la criminalidad de su financiación y de sus ilegales métodos electoreros, con los cuales obtuvo el efectivo “triunfo del No” y, previendo el resultado final de las investigaciones exhaustivas anunciadas por la Fiscalía, es obvio que al asunto de la legitimidad, se le agrega el de la “legalidad”.

Esta delicada situación, ha sido advertida por el “empresariado colombiano” -los llamados “Cacaos”, más otros trescientos setenta y cinco grandes y medianos empresarios capitalistas de la ciudad y del campo-, que en un gesto de solidaridad de clase, han salido a proteger a los monopolios denunciados por Vélez Uribe, como financiadores ilegales de la Campaña de Uribe Vélez por el “No” al Acuerdo de Cartagena, y rápidamente han hecho publicar en el diario El Tiempo -propiedad de uno de ellos- una propuesta de un Pacto Nacional que Conduzca a la Unidad de la Nación [1725].

 (…) “Propuesta de un Pacto Nacional.

… Los abajo firmantes, empresarios colombianos, se permiten informar:

1. Nos hacemos parte del anhelo de Paz que ha sido expresado por el pueblo colombiano, y vemos con gran esperanza la voluntad que han demostrado todas las partes por lograr un Acuerdo con amplio apoyo nacional que materialice dicho anhelo.

2. Reconocemos positivamente los encuentros que se han producido entre los representantes del Sí y del No, al igual que la voluntad expresada por las partes de llevar a cabo un trabajo conjunto en la búsqueda de una Paz incluyente, estable y duradera. Se trata sin duda de un acto constructivo y responsable que debe ser exaltado y acompañado por toda la sociedad.

3. Entendemos que después de un doloroso y dilatado conflicto armado, el país se encuentra en un momento único en su historia, el que debe ser aprovechado por la sociedad para concretar un Acuerdo de Paz en forma expedita. Es responsabilidad de esta generación hacer todos los esfuerzos en este sentido.

4. Hacemos un llamado a los representantes del Sí, a los representantes del No y a los representantes de las FARC, para que impere la razón, el interés nacional, el trabajo responsable y comprometido, deponiendo intereses particulares, dedicando sus máximos esfuerzos a la búsqueda pronta y decidida de un Acuerdo definitivo, incluyente y sostenible dentro del marco de un ‘Gran Pacto Nacional’ que conduzca a la unidad de la nación.

5. Ofrecemos nuestro concurso para facilitar, promover y concretar estos necesarios Acuerdos, que hoy son un clamor nacional” (…)

El Gral. Padilla de León, en mayo del 2008, al inaugurar “el Plan de Guerra Consolidación de la Seguridad Democrática”, escribió:

“La legitimidad constituye el centro de gravedad estratégico del Conflicto: El éxito operacional estará del lado de quien obtenga el apoyo de la población” [1726].

Las Iglesias Cristianas-Evangélicas Estuvieron Aliadas a Uribe por el “No”

Los líderes evangélicos de Colombia, consideraron que el Acuerdo, tal como estaba escrito, amenazaba su “idea de familia” [1727].

Antes de la votación, el Senador oficialista y Presidente de la Comisión de Paz de la Cámara Alta, Roy Barreras, había dicho que su principal preocupación, con vistas al plebiscito, era el voto cristiano evangélico.

“Yo creo que por lo menos dos de los seis millones de votos (que tuvo el “No”) fueron de congregaciones cristianas, evangélicas y católicas que salieron a votar en defensa de la familia, como si la familia estuviera en riesgo”.

Edgar Castaño, Presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, dijo que de los diez millones de fieles que tenían sus congregaciones, votaron posiblemente unos cuatro, la mitad de ellos por el “No”.

“El Acuerdo vulnera algunos principios de los evangélicos. La familia, por ejemplo, cuando se habla de equilibrar los valores de la mujer con los de los grupos LGTBI”.

Luego del plebiscito, catorce representantes de iglesias cristianas se reunieron con el Presidente Juan Manuel Santos, expresando que específicamente se habló del tema del “enfoque de género” en el Acuerdo.

“(El Presidente) muy abiertamente nos ha dicho: ‘Vamos a revisar eso, vamos a sacar todo aquello que amenace a la familia, que amenace a la iglesia y vamos a buscar una frase, una palabra, que no le de temor a los creyentes’”.

¿Cuáles son las frases que tanto preocupan a los religiosos?

Que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial”.

“Que se promueva la equidad de género mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación de este Acuerdo”.

“Reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales -niñas, niños, mujeres y hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa- y garantizar la sostenibilidad socio-ambiental”.

Según el Senador Barreras:

“Ellos compraron la falsedad de que en los Acuerdos había una ‘ideología de género’. Prácticamente todas las iglesias cristianas evangélicas se dedicaron en sus sermones a atacar el proceso de Paz con ese argumento”.

Pero Castaño me dijo que no fue así:

“Son unos casos muy aislados; la mayoría de los creyentes votaron en conciencia”.

José Mojica, periodista especializado en temas religiosos agregó:

“No solamente las iglesias cristianas, sino la iglesia católica tiene también una gran responsabilidad, porque la iglesia católica en Colombia nunca se comprometió con el ‘Sí’”.

El padre Jorge Enrique Salcedo Martínez, religioso católico y Doctor en historia explicó:

“La iglesia católica defiende la familia integrada por un varón y por una mujer. Frente a eso sí hubo un cierto temor, temor a que ese concepto de familia se trasgrediera”.

Alvaro Uribe dijo al respecto:

“Reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia (...) defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales”.

El ex-Presidente español Aznar Sugirió que Santos Debía Renunciar

El ex-Presidente del Gobierno español José María Aznar, cuestionó que los resultados adversos del plebiscito, no hayan tenido “consecuencias políticas” en el Gobierno ni los negociadores. Sugirió a Santos, que debía renunciar tras ganar el “No”. El ex-Mandatario colombiano Andrés Pastrana, coincidió.

Hablando de Colombia, Aznar se preguntó, qué hubiera ocurrido si David Cameron, que era partidario de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, no hubiera dimitido como Primer Ministro británico después de que ganaran los contrarios en el referéndum sobre el “Brexit”, y hubiera sido quien negociase la salida.

“No tiene ningún sentido que no haya habido consecuencias políticas”.

Pastrana, quien formó pafte de los partidarios del “No” en el plebiscito colombiano, coincidió con esa opinión y subrayó que el único que ofreció su dimisión fue el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. El ex-Presidente, que representa a una facción disidente del Partido Conservador, ya que la directiva apoyó el “Sí”, fue más lejos y subrayó que el Presidente Juan Manuel Santos y miembros de su Gobierno no estaban asumiendo su derrota. Siguen empeñados en un Acuerdo de Paz que “no nació”, pues no fue refrendado. Solo “fue un embrión de Acuerdo”.

Recalcó que, hasta el último momento:

El Gobierno le dijo a los colombianos que el Acuerdo era lo mejor que habían podido conseguir en la negociación con las FARC. “El pueblo colombiano entendió que el Acuerdo no era bueno”. Ahora es necesario dialogar y llegar a un “Acuerdo político”, pues “nosotros queremos la Paz de Colombia”.

Lo primero que se debe hacer, es examinar con qué cosas del Acuerdo están conformes los ganadores del plebiscito, y marcar “una línea roja” que el nuevo Acuerdo no puede traspasar: la Constitución y las leyes.

Destacó que las FARC han entendido mejor que el Gobierno el mensaje del pueblo colombiano.

“En la Habana ya no hay un movimiento guerrillero, hay un grupo político que en el plebiscito perdió su primera elección. Esa es la democracia”. Si hubiera ganado el “Sí”, el país hoy estaría más dividido.

Un Pacto Nacional Puede Ser una Alternativa

El ELN estuvo enviando mensajes contundentes, durante el proceso de negociaciones Gobierno-FARC, mostrando su disposición de llevar a cabo diálogos y conversaciones de Paz con el Gobierno. Con el panorama del plebiscito y la polarización del país, este escenario se transformó, de un “Acuerdo bilateral”, en una posibilidad de gestar un gran diálogo nacional que involucre a todos los sectores políticos y sociales del país, para construir el camino hacia la Paz.

El analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor de Currea dijo:

“Es el momento del ELN, que ha planteado primero, una Convención Nacional y luego un gran dialogo nacional en donde estén todos los sectores, desde los campesinos, hasta los militares”.

El llamado a un Pacto Nacional, tendría la ventaja de sentar en el debate al “uribismo”, al que no se le deberían endosar todos los votos que se manifestaron por el “No” en el plebiscito por la Paz. Esta puede ser la oportunidad de recoger los avances de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno en un solo proceso y sumar al ELN, para tener una sola Mesa que responda a la pregunta de cómo establecer la Paz al interior de país.

El problema es si vamos a hacer un Pacto para salvar la legitimidad de Santos o un Pacto para salvar la Paz, lo que hay que rodear es la propuesta de Paz, en donde debe estar el ELN y este es el momento más adecuado que legitime los debates de los cuatro años”.

La urgencia no debe ser salvar el destino de Santos. No hay una premura debido a que las fuerzas armadas han sido respetuosas del cese bilateral del fuego al igual que las FARC, lo que da un compás de espera, “el proceso de Paz continúa siendo legal más no legitimo políticamente, hay que dar salidas urgentes más no precipitadas” [1728].

Planteos y Propuestas de Uribe

El ex-Presidente, planteó el redireccionamiento del proceso de Paz que rechazó la mayoría de los votantes en el plebiscito [1729].

La cruzada para intentar redireccionar los diálogos, se inició con una reunión en la Casa de Nariño, a la que no asistió el “uribismo”, que un día antes, en el discurso de victoria, había planteado la necesidad de crear un Pacto Nacional para hacer un mejor Acuerdo que sea aceptado por todas las partes.

“Queremos aportar a un gran Pacto Nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la Paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no substitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable”.

Uribe, desde el Senado, pidió la protección eficaz a los miembros de las FARC, y que a los guerrilleros sin ninguna condena por delitos atroces, se les dé una amnistía. Pero su proyecto central, se orientó hacia los policías y miembros de las fuerzas armadas.

“Hemos propuesto en el Senado esta tarde, que en el Congreso se tramite el proyecto de alivio judicial a los soldados y policías de Colombia. Un alivio judicial sin impunidad. Se lo hemos propuesto a la bancada de la Unidad Nacional y hemos pedido que transmitan esto también al Presidente de la República”.

Le pidió al Presidente Juan Manuel Santos, que el diálogo que propuso, no se limitara al Centro Democrático, sino a todos los demás sectores promotores del “No”, y no como una estrategia para incluir al “uribismo” en los Acuerdos.

 “El tema tiene que ser impersonal. Aquí el tema es de unas materias, que han generado un desacuerdo y que ojalá se puedan corregir. Escuchar la voz, muy importante, de tantos colombianos que han querido que esas materias se corrijan”.

Propuso la creación de un Comité para corregir y hacer observaciones sobre los Acuerdos.

“Tenemos que actuar con mucha delicadeza. Este es un momento que exige mucha delicadeza. Pero sería más difícil si hubiera ganado el “Sí” y todo esto hubiera subido a la constitución”.

Según Uribe, la economía del país tiene dificultades que podrían agravarse con los Acuerdos, tal y como fueron planteados [1730].

Uribe se Reúne con Santos y Mantiene su Posición

En una reunión con el Presidente Santos [1731], puso sobre la mesa su preocupación por la participación política de personas involucradas en delitos de lesa humanidad, y reiteró su propuesta de alivio judicial a miembros de las fuerzas armadas.

“Reiteramos la necesidad de que las FARC cesen todos los delitos y que sus integrantes gocen de efectiva protección. Expresamos soluciones jurídicas y económicas vinculadas a la eliminación del narcotráfico, que sean inmediatas para los guerrilleros rasos no incursos en delitos de lesa humanidad”.

Insistió en la necesidad de alivio judicial sin impunidad, a los miembros de la fuerzas armadas y señaló su preocupación sobre la elegibilidad política de responsables de delitos de lesa humanidad, los secuestrados, los valores de familia y el reclutamiento de menores.

Pidió a Naciones Unidas y a la comunidad internacional, acompañar al país tras los resultados del plebiscito.

“Es mejor la Paz para todos los colombianos que un Acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos”.

Le pidió claridad al Gobierno, en relación con que los Acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional ni a un Acuerdo especial “luego de haber sido rechazados por el pueblo”.

En relación con a los Tribunales de Justicia Transicional del Acuerdo, señaló que la justicia en el país debe ser mejorada, pero no substituida [1732].

¿Uribe Convence a Santos?

Desde la perspectiva de las FARC, cuatro años de marchas y contramarchas en La Habana, de discusiones y lectura de comunicados moderados para que la opinión pública no se desalentara, han sido algo más que un intento por alcanzar la Paz. Una Mesa donde se sentaron todas las franjas del Gobierno, desde los que practicaron el terrorismo estatal hasta los que, como parte de la burguesía colombiana, anhelan tener “Paz” para seguir haciendo buenos negocios. Finalmente se llegó a un Acuerdo, aunque no el que se soñaba cuando Marulanda y Jacobo Arenas hablaban de la toma del poder, pero es lo que se pudo lograr en estas circunstancias de empate técnico, para que no haya ni vencedores ni vencidos. Con concesiones por ambas partes, pero dejando la sensación de que la guerrilla puso mucho más a nivel práctico frente a un maletín de folios cargados de promesas por parte del Gobierno de Santos. No es poca cosa para una organización político-militar tomar la decisión de desarmarse y emprender la lucha por la vía política. Algo que, a la sombra de lo ocurrido con la Unión Patriótica significa una apuesta gigantesca a la Paz.

Luego de todo lo andado llegó el polémico plebiscito. Algo innecesario ya que con lo discutido en La Habana bastaba. Más aún, sabiendo que una buena parte de la población había sido inoculada por el discurso del “No”, para lo que Uribe Vélez tuvo tanto tiempo de hacer campaña.

Con una abstención descomunal, que muestra la falta de conciencia, mezclada con el bombardeo mediático-ideológico que vive la sociedad colombiana, ganar por un punto con un dieciocho porciento de los votos no significa nada, pero tuvo el efecto desestabilizador que buscaba la derecha “uribista”.

Santos, el gran derrotado, tuvo que sentar rápidamente a la Mesa a su ex-socio Uribe y a su colega Pastrana, y escuchar sus cavernarias propuestas. Decidió cambiar y mostrar a la opinión pública la puesta en marcha de un nuevo Gran Acuerdo Nacional, volviendo a mentir al decir que era “para consolidar la Paz”.

Desde la perspectiva de sectores de la izquierda, quedó claro que la idea maquiavélica del dúo Santos-Uribe, era tratar de arrebatarle a las FARC los aspectos esenciales de lo hasta ahora acordado. Hacer una trampa mayúscula una vez que lograron que la “guerrillerada” saliera a la superficie, y estuviera peligrosamente localizada y en condiciones de no producir un retorno a las armas. Uribe lo dijo con todas las palabras, o se revisa “ese Acuerdo de concesiones que se le han hecho a las FARC” o sólo se va a tratar de papel mojado.

Es preciso confiar que la fuerza de esta decisión, residirá en la potencia que tengan las movilizaciones populares para que la partidocracia liberal-conservadora, no quiera apropiarse del tránsito hacia la Paz y convertirla en una rendición de la guerrilla. Además de ser una idea nefasta conduciría todo el proceso a un nuevo callejón sin salida [1733].

Santos se Opone a Dejar de Lado la Justicia Transicional

El Presidente se refirió a las propuestas que consideró realistas, a las que se podían revisar, y a las que definitivamente consideró descabelladas. Pidió que la justicia especial planteada para sacar adelante este proceso, no debía ser vista como una amenaza para la Constitución, pues no suprimirá ninguna Ley estatutaria.

“Se han identificado y se han clasificado decenas y decenas de propuestas de cambio o sugerencias de clarificación. Muchas son razonables, otras son difíciles, pero no imposibles, y hay otras que son totalmente inviables porque parten de supuestos inaceptables”.

Dentro de estas propuestas “imposibles”, están las que sugieren declarar que en Colombia nunca hubo conflicto armado, que nunca hubo una guerra. Esto es un exabrupto, pues significaría la no aplicación del Derecho Internacional Humanitario, ni de la Justicia Transicional.

El Acuerdo Final de Paz con las FARC, no tiene estipulada ninguna acción para intentar debilitar el papel de los Jueces en el país. El proceso no afecta el presupuesto de la Rama Judicial, por lo que tampoco significará que vayan a desmejorar las condiciones laborales de quienes forman parte del Poder Judicial [1734].

Propuestas de Uribe en Proceso de Negociación con el Gobierno para Comunicar a las FARC

Para el ex-Presidente Alvaro Uribe, jurídicamente los Acuerdos no existen, porque para que tuvieran entidad en el esquema legal colombiano debían ser refrendados.

No obstante, los dos más grandes líderes de la campaña contra el Acuerdo, los ex-Presidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, los consideran una base sobre la que discutir.

Uribe y Pastrana se sentaron a hablar con el Presidente Juan Manuel Santos y se formaron Comisiones para dialogar. Las FARC, por su parte, dijeron que lo negociado, negociado está, y que el Acuerdo ya está cerrado, pero se mantuvieron en La Habana en contacto con el equipo negociador del Gobierno.

Principales puntos planteados para formar parte de un nuevo Acuerdo [1735]:

1. Que los Guerrilleros que Cometieron Crímenes Graves Paguen Penas de Prisión

La Comisión del Centro Democrático que forman: el Senador Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Oscar Iván Zuluaga, plantea:

 “El Centro Democrático ha aceptado que los guerrilleros rasos, que son la gran mayoría, no sean llevados a la cárcel. Sin embargo, cree que concederles total impunidad a los responsables de atrocidades es mal ejemplo que promueve nuevas violencias”.

La Canciller colombiana María Angela Holguín, parte del equipo del Gobierno comentó, en relación con los guerrilleros de las FARC:

“Ellos no van a dejar las armas para irse a la cárcel, así de fácil. Otros temas de pronto se pueden discutir”.

La opción de prisión directa, sin la oportunidad de contar toda la verdad para obtener penas que no implican cárcel, no ha sido planteada.

Heidi Abuchaibe Abuchaibe, experta en Justicia Transicional de la Universidad Externado de Colombia, recordó que cuando el Senador Uribe era Presidente, había contemplado la posibilidad de que los máximos responsables de crímenes del paramilitarismo que se desmovilizó en el 2005 fueran a granjas agrícolas a pagar sus penas; algo que fue modificado en el legislativo. Uribe mencionó la idea de aplicar una amnistía a los guerrilleros rasos que no hayan cometido crímenes graves y que se concentren en granjas agrícolas; pero no queda claro cómo eso puede ser equiparado con lo acordado en La Habana, en que la guerrilla pasaría a concentrarse en veintisiete zonas pre-acordadas.

Para Abuchaibe, un posible Acuerdo podría surgir si el Pacto de La Habana es revisado para que quede más claro cuáles serían específicamente las restricciones de libertad a las que se sometería a los guerrilleros que no paguen cárcel.

Si uno observa el Acuerdo Final de Paz [1736], se da cuenta que las FARC no buscan la impunidad, sino formas distintas de manejar el tema, toda vez que, en lugar de hablar de sanciones, hacen referencia a la justicia “retributiva, restaurativa y reparadora” frente a la “punitiva”. En el Punto 60 del apartado de referencia dice:

60. Las sanciones tendrán como finalidad esencial, satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la Paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante el componente de Justicia del SIVJRNR mediante declaraciones individuales o colectivas.

2. Cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el mecanismo de Justicia Transicional dispuesto por el Acuerdo de La Habana para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto por todos los actores.

Para Uribe, sería mejor reformar la justicia colombiana para lidiar con estos casos. El Senador llamó a la JEP:

“Un tribunal de las FARC, mediante el cual se busca la absolución de los responsables de atrocidades, y a manera de venganza, el encarcelamiento de policías, soldados y civiles, quienes han sido considerados por el grupo ilegal como 'un estorbo' en el propósito de destruir al país”.

Los tribunales de la JEP substituirían las facultades de revisión de todo lo actuado por la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, las Cortes, Comisión de Acusaciones y la Justicia Penal Militar.

Para Heidi Abuchaibe Abuchaibe:

“Eso no tiene asidero y tampoco es coherente con su posición histórica”.

Recordó que Alvaro Uribe mismo estableció un mecanismo especial, denominado Justicia y Paz para juzgar los crímenes de los paramilitares.

En opinión de Heidi Abuchaibe Abuchaibe:

La JEP es la mejor alternativa para la Justicia Transicional. Es un Punto del Acuerdo que no se puede cambiar: “A eso no accederían ninguna de las dos partes, Gobierno y FARC”. Es muy remota la posibilidad de que las partes abandonen la JEP por la justicia ordinaria.

Podrían hacerse ajustes al texto del Acuerdo:

“Se puede mirar que en ese sistema haya mayor claridad de qué se va a investigar y cómo se va a investigar. Son mejoras que no afectarían a las FARC pero sí le darían garantías a terceros y otros actores armados (como el ELN)”.

La noción de que la JEP es un “tribunal de las FARC”, ha sido rechazada por una gran mayoría de especialistas, teniendo en cuenta que el Comité que escogerá a los magistrados que lo integrarán, está compuesto por individuos e instituciones de gran prestigio: el Secretario General de Naciones Unidas, Corte Europea de Derechos Humanos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la Delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

3. Restringir la elegibilidad política de los guerrilleros

El Centro Democrático rechaza la idea de que aquellos que cometan crímenes graves participen en política, sobre todo que se le asegure a un partido político, conformado por unas FARC ya sin armas, cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos, sin importar si quien lo recibe ha cometido delitos de lesa humanidad.

Tampoco le convence al “uribismo” que haya dieciséis escaños para zonas del país priorizadas en los Acuerdos, porque consideran que serían para candidatos afines a las FARC.

La realidad muestra que las zonas en las que ha operado la guerrilla, no necesariamente votan por partidos cercanos a ellos, como ocurrió en las elecciones para Alcalde de fines del 2015, en el que fue elegido en San Vicente del Cagüán (de tradicional presencia de las FARC) el candidato del Centro Democrático.

Paradójicamente, en el 2006 Uribe, había mencionado la posibilidad de darles lugares en el Congreso a las FARC como parte de un potencial proceso de Paz.

Héctor Riveros, asesor del equipo de Paz del Gobierno en la negociación, en el Punto sobre Participación Política, se consideró pesimista sobre la posibilidad de su reforma. En materia de participación política hay cuestiones que potencialmente se pueden modificar y otras que no.

Una que no vio como factible, era impedirle participar en política a los Jefes de las FARC:

“Habría que esperar cinco a ocho años -para que cumplan unas penas mínimas-; todos son mayores de sesenta años lo que pone un obstáculo práctico, que dificulta esa decisión”.

Habría una salida para los escaños garantizados en el Acuerdo. Que sólo se otorguen a personas que no estén pagando penas y se excluya a quienes sí; pero habría que permitirles a estos últimos, ocupar los lugares si los ganan con el voto popular.

Algo aún más fácil de modificar, podrían ser los dieciséis lugares para los territorios priorizados. Porque no forman parte de los pedidos de las FARC; “eso fue una propuesta gubernamental”.

4. Narcotráfico

El “uribismo” entiende que el narcotráfico aparece en lo pactado en La Habana, como delito conexo al delito político en los Acuerdos y, por lo tanto, puede ser amnistiado. Es algo que no considera aceptable.

Aunque no menciona al narcotráfico de manera explícita, el Acuerdo dice:

“Principios Aplicables

Artículo 22. Criterios de conexidad. La Sala de Amnistía e Indulto concederá las amnistías por los delitos políticos o conexos.

 (....) b. Serán considerados delitos conexos al delito político aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores -conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión- y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero”.

La interpretación por el “uribismo” de este párrafo, supone que el narcotráfico es considerado delito conexo siempre y cuando haya sido llevado a cabo para financiar a la organización.

Se considera que las FARC se han financiado, en gran parte -entre otras alternativas, como el secuestro-, cobrando impuestos a la producción y tráfico de drogas a los narcotraficantes.

La salida de las FARC del negocio de cobrar peaje al narcotráfico, le endosa al Gobierno la responsabilidad que ellas habían asumido de mantener el orden social en las zonas de cultivo. La opinión pública se engaña al pensar que las FARC manejan el negocio de los cultivos ilícitos en su totalidad; su función estuvo centrada en el cobro de impuestos a los cultivadores y a los intermediarios locales, no se han dedicado a la exportación o al menudeo dentro del país. El Acuerdo de La Habana así lo admite. La verdadera causa de existencia de ese fenómeno de los cultivos ha sido, y podría seguir siendo, un régimen que facilita la concentración y el despojo de tierras. Las FARC dejarán de cobrar impuestos a los cocaleros y a los narcotraficantes, pero ese papel lo asumirán otras fuerzas, inclusive la policía y el ejército, o los carteles. ¿Estará el Estado en capacidad de mantener el orden social en esas zonas si no hay substitución equitativa de cultivos y una política que defienda los ingresos que en la actualidad obtienen los colonos? ¿Se puede acabar el conflicto armado si no se acaba la coca [1737]?

5. Límites a la reforma rural

El texto de Duque, Holmes Trujillo y Zuluaga dice:

“El Gobierno negoció la política agraria con quienes han sido los verdugos del campo. Quedó establecido que se podrá hacer una expropiación administrativa a quienes han adquirido sus tierras legalmente”.

Alvaro Balcázar, Asesor del equipo negociador de Paz del Gobierno en el Punto Tierras dijo:

“Es todo lo contrario. La seguridad jurídica mejoraría con la implementación del Acuerdo, que busca la formalización de la propiedad rural en Colombia”. Hoy en día cerca del sesenta porciento de los predios están con problemas de informalidad en los títulos y la tenencia”.

El Acuerdo Final de Paz prevé la constitución de un Fondo de Tierras, que dispondrá de tres millones de hectáreas en sus primeros diez años de funcionamiento. Las únicas tierras que se expropiarían son las adquiridas de manera ilegal o las no explotadas; de actualizaciones de la Reserva Forestal que cambie sus límites; de tierras que se quiten a quienes no las exploten, otras expropiadas o adquiridas por motivos de interés social -con pago de indemnización por parte del Estado- y de donaciones.

Las expropiaciones por motivos de interés social, existen en la legislación colombiana desde el siglo XIX y es algo que se ha utilizado, por ejemplo, para hacer una carretera.

No preocupa significativamente a los gremios rurales: “Cuando uno les explica, ellos saben y no es un tema que haya motivado el ‘No’ (entre ellos)”.

6. “Ideología de Género”

Este Punto, parte de un problema de interpretación. El Acuerdo habla de “enfoque de género” en varios Puntos, para privilegiar, por ejemplo, la atención a mujeres víctimas; o habla de la inclusión, en algunos procesos, de “personas con orientación sexual e identidad de género diversa”.

Esto fue considerado como inclusión de la “ideología de género” en los Acuerdos, algo que la iglesia católica define como un pensamiento que afirma que no se nace hombre o mujer, sino que la identidad sexual es fruto de una construcción cultural. Para esa institución entra en contradicción con la noción de que se nace hombre o se nace mujer, tanto en términos de sexo como de género.

La campaña del “No” se mostró preocupada por este Punto, especialmente el ex-Procurador Alejandro Ordóñez, al igual que líderes de iglesias cristianas evangélicas, que han visto en ciertos Puntos de los Acuerdos riesgos a su idea de familia.

Santos se reunió con líderes de las iglesias cristianas para escuchar sus preocupaciones, y dijo:

“Identificamos que muchas de sus preocupaciones están en Puntos que requieren aclaraciones o precisiones. Hoy mismo empezamos a trabajar con ellos para concretar esos Puntos y resolver sus inquietudes”.

Más Pedidos de Uribe

El ex-Presidente Alvaro Uribe insistió en que todo premio a la violencia puede generar más violencia.

El Centro Democrático -a través de su líder, el ex-Presidente Alvaro Uribe- insistió en darles protección afectiva a los integrantes de las FARC, con la condición de que suspendan sus actividades ilícitas, y volvió a poner sobre la Mesa la necesidad de darles “alivios jurídicos” a los miembros de la fuerza pública.

Propuso reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, de entre cinco y ocho años, para los Jefes guerrilleros, lo que podría darse en sitios alternativos, al estilo de granjas agrícolas. La Ley 975, de Justicia y Paz, que se aplicó durante su Gobierno para la desmovilización de los grupos paramilitares, contempló este tipo de penas. Uribe comulga con la idea planteada por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien pidió evaluar la posibilidad de que algunos mecanismos de esa norma en materia de indultos, sirvieran de salida jurídica a la renegociación. En contraposición al Tribunal de Justicia Transicional, que creó el Acuerdo Gobierno-FARC, sugirió crear en la Corte Suprema de Justicia una “sala transicional”, que operaría como órgano de cierre de todos los procesos relacionados con el conflicto armado.

El asunto es que hay congresistas y dirigentes políticos del “uribismo”, que son investigados o que se encuentran detenidos, y cuyos casos podrían ser abordados por esa “sala transicional”. Uribe hizo referencia a una “doble instancia, retroactiva por cierto”, lo que ha hecho pensar en que pretende resolver los problemas judiciales a los que están expuestos, tanto él como gente de su partido y aliados.

El Gral. (r) Jaime Ruiz, Presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), reveló que el ex-Ministro Diego Palacio, condenado a ochenta meses de prisión por la llamada “yidispolítica”, les había dicho que pensaba acogerse al mecanismo de Justicia Transicional propuesto en los Acuerdos de Paz, ante la falta de garantías en la justicia ordinaria. En aquél momento, Uribe calificó esa posibilidad como “inadmisible”. Andrés Felipe Arias, otro de sus ex-Ministros, condenado a dieciocho años de cárcel por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro y detenido en Estados Unidos, dijo que no quería indulto sino una segunda instancia.

Uribe también advirtió que, de no excluirse de los Acuerdos con las FARC los privilegios de la elegibilidad para responsables de delitos atroces, “debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos, como condenados por el Proceso ocho mil [1738] y la parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y otros ciento cuarenta mil presos”.

El postulado de Uribe en el que enfatiza que, en las circunstancias de Colombia, el narcotráfico no debe ser calificado como delito político, tiene su racionalidad. En septiembre del 2015, al emitir fallo favorable frente a la solicitud de extradición de Juan Vicente Carvajal, alias “Misael”, Jefe financiero del Décimo Frente de las FARC, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia ratificó la conexidad del delito de narcotráfico con el de rebelión, siempre y cuando esa actividad ilegal haya sido realizada para financiar las organizaciones insurgentes. El Alto Tribunal aseguró en su sentencia que se tuvo en cuenta que Carvajal era el encargado de recolectar, para la guerrilla, los “impuestos” que se les cobraban a los productores de cocaína que operaban en sus zonas de influencia: “Ello evidencia la conexidad [1739] del tráfico de estupefacientes con la rebelión”. Y en esa línea van los Acuerdos de La Habana.

Uribe propuso, además, privilegiar la erradicación manual de cultivos ilícitos sin que se pierda la facultad de fumigar cuando se estime conveniente; que los Acuerdos con las FARC no afecten a propietarios o poseedores de buena fe de predios; que su implementación no afecte la estabilidad fiscal y financiera del país, la confianza inversionista ni el bolsillo de los colombianos; que Alcaldes y Gobernadores mantengan sus facultades en la aplicación de políticas para atender las necesidades de los ciudadanos y que las consultas previas a comunidades, que el Estado está obligado a realizar cuando se trata de proyectos que afectan sus territorios, sean limitadas en el tiempo por Decretos reglamentarios del Gobierno, pensando en no entorpecer el “desarrollo equilibrado de la nación”.

Se trata de varios asuntos ya incluidos en el Acuerdo Final de Paz, pero a los que Uribe les hizo su propia interpretación. Para algunos, más que propuestas, le parecieron las primeras expresiones de una campaña presidencial (la del 2018).

Según el Senador Roy Barreras, del Partido de la “U”, negociador en la etapa final en La Habana, por lo menos diez de las propuestas de Uribe eran viables, bien porque ya estaban contenidas en lo pactado o bien porque se trataba de ajustes y precisiones que merecían ser hechas para respetar las dudas e inquietudes de quienes votaron por el “No” en el plebiscito. No obstante, consideró que había tres puntos críticos:

1) El posible indulto a los militares, que sería inconstitucional y podría significar un llamado a la Corte Penal Internacional contra las fuerzas militares;

2) El desmonte del sistema de Justicia Transicional; y

3) La intención de cerrar el paso a la participación política de los Jefes guerrilleros.

“El corazón del Acuerdo con cualquier grupo insurgente en el mundo tiene que ver con la Justicia Penal Especial, con el sistema de Justicia Transicional y con su paso a la política legal, a la política sin armas. Y pretender desmontar estos dos asuntos es acabar con el proceso”.

El Senador Armando Benedetti, del partido de la “U”, señaló:

El documento del Centro Democrático “es confuso, como cuando uno no quiere la Paz, pues las propuestas que hacen ya están en el Acuerdo, pero en la exposición de motivos habla de cárcel cuando sabe que eso nunca va a pasar” [1740].

Inamovibles de Uribe

Uribe presentó un documento del Centro Democrático titulado “Bases de un Acuerdo Nacional de Paz”.

En él indicaba que debía haber penas para los guerrilleros involucrados en delitos graves, y propuso aplicar la Ley de Justicia y Paz, adoptada durante su período de Gobierno para la desmovilización de los paramilitares.

Se refirió a la “impunidad total” que tendrían los mayores responsables de delitos atroces, lo que suponía no solo un “mal ejemplo”, sino que configuraría nuevas violencias y generaría incertidumbre jurídica.

“Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, entre cinco y ocho años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas agrícolas”. El narcotráfico “no debe ser calificado como delito político”. En materia de participación política para miembros de las FARC, no deben ser elegibles los responsables de delitos atroces y expresó su preocupación porque los “premios a la violencia se traduzcan en más violencia. Los privilegios al partido de las FARC y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por el Proceso ocho mil y la parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación”.

Se refirió a las observaciones formuladas al Tribunal de Justicia Transicional y manifestó que entre sus “facultades exorbitantes” tenía aquella de definir qué conductas son delitos.

“Estamos de Acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”. Indicó la urgencia que se requiere para no agregar motivos de violencia a la criminalidad “que gira sobre las doscientas mil hectáreas de coca”, el ELN, disidentes de las FARC, bandas criminales, micro-tráfico, drogadicción e inseguridad urbana.

“Que a los integrantes de las FARC se les dé protección efectiva a condición de la suspensión de todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos. La Ley podría conceder una amnistía, sin desmovilización total inmediata, a guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Y para garantizar sus ingresos se podría contratar con ellos que empiecen la destrucción remunerada de la droga”.

Pidió que se tramite en el Congreso una norma de “alivio judicial” para soldados y policías, recordando que el Centro Democrático había presentado varios proyectos en ese sentido, en los que no eran igualados con integrantes de la guerrilla.

“Reiteramos el compromiso con los soldados y policías de la patria, presos o acusados, para que, sin igualarlos con la FARC, y sin impunidad, puedan tener la mayor y más pronta libertad posible, y ser objeto de revisión de sentencias que les permitan luchar por la recuperación de la honra”.

Las propuestas:

1. Se debe privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales.

2. Los Acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente.

3. Los compromisos con las FARC deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

4. Los compromisos con las FARC no pueden limitar la descentralización ni la obligación de Alcaldes y Gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos.

5. Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por Decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación [1741].

Destacó la decisión de Naciones Unidas de prorrogar su permanencia en el país para verificar el cese bilateral.

“Es una buena noticia que permite la reflexión sobre los correctivos a temas de fondo de los Acuerdos”.

El nuevo Acuerdo no es un asunto de “retoques cosméticos” y se seguirá insistiendo en que los cambios sean de fondo [1742].

Alivio Judicial para los Militares

El Centro Democrático diseñó un proyecto con propuestas al Gobierno, para substituir el Acuerdo sobre Justicia Transicional.

Este es un inamovible para el Centro Democrático. El equiparar a la fuerza pública con los miembros de las FARC se convirtió en el principal argumento del “uribismo” para asegurarle al país que lo que estaba haciendo el Gobierno en La Habana, era discutir el futuro de los militares y policías, al acordar un único mecanismo jurídico para todos los actores, con el fin de juzgar los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado interno.

El Centro Democrático presentó una iniciativa legislativa a través del Senador Alfredo Rangel, en la que propone la creación de un Tribunal de Paz adscrito a la Rama Judicial, que sesione por doce años y por solicitud de la parte interesada en acogerse a él. Aunque podría asumir el estudio de los procesos judiciales contra los miembros de la fuerza pública, el Centro Democrático también busca que acoja los de civiles, por hechos relacionados con el orden público y delitos políticos y conexos, excluyendo a las FARC de este Tribunal. Se trata de una diferencia trascendental con lo que se Pactó en La Habana, que establecía un mismo Tribunal, desligado de la Rama Judicial, para todos los actores que hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado.

Las penas para militares, policías y civiles propuestas en el proyecto del Centro Democrático, no superan los cinco años de cárcel. Quienes hayan cumplido la quinta parte de la condena o más antes de constituirse el Tribunal, quedarían libres de manera inmediata.

“No estamos buscando ni amnistías, ni indultos, ni perdón. Estamos buscando que haya una rebaja de penas, pero en estado de confinamiento en los establecimientos que señala la Ley para cumplir penas de cárcel”.

Es otra diferencia trascendental con lo acordado por las delegaciones de Paz del Gobierno y las FARC, que establece, entre otros puntos, que si un miembro de la fuerza pública no reconoce responsabilidad y termina siendo vencido en juicio puede recibir una sanción de entre quince y veinte años de prisión -al igual que las FARC-. Pero si un miembro de las fuerzas armadas reconoce responsabilidad, aunque sea de manera tardía, recibiría sanción de entre cinco y ocho años de prisión, con la aplicación de un régimen especial de libertades.

El Gobierno buscaba beneficios con lo que sería el equivalente de la amnistía y el indulto para los integrantes de la fuerza pública por delitos no considerados graves, como lo son los de lesa humanidad o crímenes de guerra. En el Acuerdo Final, se buscaba la suspensión de la ejecución de la pena para los ya condenados y la renuncia a la persecución penal para los procesados. En el proyecto del “uribismo” se establece que sobre los delitos cometidos no habrá beneficios, ni subrogados penales, y tampoco serán excarcelables.

“El Centro Democrático está en contra de amnistías e indultos para crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos por quien sea: guerrilla, paramilitares o integrantes de la fuerza pública. No queremos impunidad para nadie”.

Rafael Nieto Loaiza, quien se desempeñó como Viceministro de Justicia durante el Gobierno de Alvaro Uribe, presentó una propuesta paralela al proyecto legislativo de Rangel. Se trataba de una serie de lineamientos que se han ido consolidando con agremiaciones de militares y policías.

La diferencia con el proyecto del “uribismo” tenía que ver con que busca un mismo tratamiento para todos aquellos que hayan formado parte en el conflicto de acuerdo con el DIH, que establece que las partes que acuerden la terminación de un conflicto, darán la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en el mismo. No distingue entre la calidad de quienes formaron parte en el conflicto y reemplaza el principio de que la amnistía sea solamente para delitos políticos y conexos, aplicable únicamente a los rebeldes cuyo sujeto pasivo es el Estado. La idea clave es que los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deben tener penas privativas de la libertad y no sólo la restricción efectiva que el Acuerdo de Paz propone para las FARC, bajo ciertas condiciones.

Coincidía con el documento del Centro Democrático, en que el Tribunal que juzgue a las partes -incluidos los integrantes de las FARC- forme parte de la institucionalidad existente “y se rechaza de plano que el Tribunal Especial de Paz esté compuesto por extranjeros”.

Había unos cinco mil quinientos integrantes de la fuerza pública condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y que se habrían beneficiado con la Jurisdicción Especial de Paz, que quedó en el limbo por el triunfo del “No” [1743].

Propuesta de Andrés Pastrana para modificar el Acuerdo Gobierno-FARC

El equipo del ex-Presidente Pastrana, entregó propuestas puntuales vinculadas a los Puntos de Justicia Transicional, penas privativas de la libertad y reforma rural integral.

Planteó las “líneas rojas” sobre las que consideró que se debían mantener los Acuerdos a implementar en el país, como el desmonte de las “máquinas” del narcotráfico, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica de los colombianos, la justicia, la reparación con todos los dineros mal habidos y la participación política en condiciones aceptables.

La primera crítica fue hacia el Acto Legislativo 01 del 2006, que consideró polémico porque:

“Contenía la innecesaria e inaceptable incorporación de los documentos de La Habana al bloque de institucionalidad, con lo que, sin duda alguna, se creaba una reforma constitucional en la que cinco mil setecientos guerrilleros modificaban la Constitución de cincuenta millones de colombianos”.

Según Camilo Gómez, ex-Alto Comisionado para la Paz y vocero de Pastrana, la definió como una “para-constitucionalidad”, por lo que pidieron que las reformas constitucionales que fueran necesarias, se realizaran por la vía que establece la Carta Magna colombiana. De antemano, el grupo de Pastrana descartó una Asamblea Nacional Constituyente.

Otra de las propuestas fue que las FARC entregaran la totalidad de los bienes que poseen, tanto en el país como en el exterior, para que fueran utilizados en la reparación de las víctimas.

“En eso coincidimos con el Fiscal General y para esto diseñaremos un mecanismo para la entrega de bienes”.

También señaló la necesidad de presentar el planteamiento presupuestal para conocer de dónde saldrían los recursos para la implementación del Acuerdo en el país.

Expresó su desacuerdo por la entrega a las FARC de treinta y una emisoras de radio públicas, aunque dijo que debía existir un mecanismo de participación tal como se hizo con el M-19:

“Tiene que buscarse otro mecanismo que no vulnere los derechos de los colombianos. No pueden ser treinta y una emisoras públicas”.

Propuso que la Comisión de Verificación, Seguimiento e Implementación del Acuerdo fuera integrada por una persona que no pertenezca ni al Gobierno ni a las FARC y que, en lo posible, fuera de la oposición; y que no se nombraran jueces internacionales en la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que fueran colombianos y escogidos por un delegado del Consejo de Universidades Públicas, uno de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y por tres delegados escogidos por las Altas Cortes.

Ante la desconfianza que le pudiera generar a las FARC en este tema, propuso la utilización de la figura del amicus curiae, que es la participación de un tercero internacional en el juicio, con voz, pero sin voto, solo en casos excepcionales.

“Así no se sacrifica nuestra soberanía judicial y le damos una garantía a aquellos que estén dentro del proceso”.

Respecto del tema de la reclusión de los guerrilleros, planteó que la intención no es ver a los cabecillas tras “barrotes con camisas a rayas”, de manera tal que propuso lo establecido en el Artículo 7 del Estatuto de Roma:

“Que exige penas de reclusión con limitaciones de la movilidad bajo la supervisión del Estados, por eso hablamos de zonas rurales de transición en las cuales los condenados puedan estar”.

En el Punto vinculado a la justicia, propuso estipular un límite de dos años para el tratamiento de los casos y, los que lleguen después de ese tiempo, sean tratados por la justicia ordinaria. Pidió que no se tocara la “cosa juzgada” a menos que se trate de la favorabilidad de la pena.

Que no venga una jurisdicción extraña a juzgar si el Juez usó o leyó bien las pruebas. La cosa juzgada en el derecho es fundamental”.

En el temas drogas, pidió la aplicación del Artículo 3 Numeral 10 de la Convención de Viena, sobre la eliminación de la conexidad entre el narcotráfico y el delito político.

“Ese Acuerdo, que es parte del bloque de constitucionalidad, tendría que aplicarse, so pena de que se incumpla la Convención”.

Dentro de los primeros seis meses de puesto en marcha el sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, que los guerrilleros digan lo que saben sobre la actividad del narcotráfico (rutas, contactos, laboratorios, vendedores de armas, ubicación de insumos), en el marco de la lucha contra las drogas y como una obligación dentro del sistema de Justicia Transicional.

Sobre la Reforma Rural Integral:

i. Que no se cambie el modelo económico en el sector rural.

ii. Además de reconocerse la agricultura campesina, se reconozca la agricultura comercial y la agroindustria.

iii. Que no se restrinja el uso de semillas a las que son solo nativas.

iv. Que se explique de dónde saldrán las tres millones de hectáreas que serán entregas a campesinos.

v. Que las tierras de este fondo no sean entregadas a personas que hayan sembrado cultivos ilícitos, a menos que se comprometan, a través de un contrato, a no utilizarlas para tal fin.

Además de este documento, el equipo de Pastrana indicó que entregarían un segundo, que sería un complemento [1744].

Militares y Policías en Retiro Apoyan Justicia Transicional

El tema de la Justicia Transicional, ha sido uno de los Puntos de mayor desencuentro entre el Gobierno-FARC y los promotores del “No”.

Tras un encuentro entre el Gobierno y las diecisiete organizaciones de oficiales en retiro, estos afirmaron que la justicia, tal como estaba planteada en los Acuerdos, era la mejor opción para el proceso.

No solo los militares retirados anunciaron su beneplácito a este Punto, considerado una columna vertebral del proceso de Paz. El Gobierno, por medio del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó lo tratado en la reunión y la conclusión de que la Justicia Transicional plasmada en los Acuerdos era la mejor opción. Según el Ministro, las principales discusiones giraron en torno al tratamiento de los servidores públicos, agentes del Estado, policías y militares.

“Después de analizar todas las demás opciones de Justicia Transicional, hemos llegado todos a la conclusión de que el modelo diseñado durante largo tiempo por el Gobierno es la mejor. Lo diseñado por el Gobierno es una decisión unilateral, no es producto de una negociación con las FARC.

El Gral. (r) Jaime Ruíz Barrera, Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), calificó la reunión como “muy fructífera” al haber llegado a un consenso. Afirmó que hubo bastante claridad en lo que se trató y subrayó lo anunciado por el Ministro de Defensa:

“En este momento la mejor opción para los miembros de la fuerza pública, que por cualquier circunstancia se vieron involucrados en conductas penales por causa o razón de este conflicto, es esta, la que diseñó el Gobierno nacional”.

“Para las FARC amnistías, para los miembros de la fuerza pública renuncia a la acción penal, que signifique que nuestros hombres sub júdice puedan estar rápidamente gozando de la libertad, con las condiciones que eran legislación” [1745].

Propuesta de un Pacto por Colombia de los Empresarios

Trescientos ochenta empresarios divulgaron una carta, elevando un llamado al Gobierno, a las FARC y a los opositores del Acuerdo alcanzado en La Habana, para concretar un “Gran Pacto Nacional” que conduzca a la unidad de la Nación en la que se ofrecen a “facilitar, promover y concretar” un Acuerdo definitivo e incluyente.

Expresaron su anhelo de Paz y reconciliación en Colombia, mostrándose partidarios del proceso. Se ofrecieron a facilitar, promover y concretar la búsqueda “pronta y decidida de un Acuerdo definitivo, incluyente y sostenible dentro del marco de un Gran Pacto Nacional”.

Informaron lo siguiente:

1. Nos hacemos parte del anhelo de Paz que ha sido expresado por el pueblo colombiano, y vemos con gran esperanza la voluntad que han demostrado todas las partes por lograr un Acuerdo con amplio apoyo nacional que lo materialice.

2. Reconocemos positivamente los encuentros que se han producido entre los representantes del ‘Sí’ y del ‘No’, al igual que la voluntad expresada por las partes de llevar a cabo un trabajo conjunto en la búsqueda de una Paz incluyente, estable y duradera. Se trata sin duda de un acto constructivo y responsable que debe ser exaltado y acompañado por toda la sociedad.

3. Entendemos que después de un doloroso y dilatado conflicto armado, el país se encuentra en un momento único en su historia, el que debe ser aprovechado por la sociedad para concretar un Acuerdo de Paz en forma expedita. Es responsabilidad de esta generación hacer todos los esfuerzos en este sentido.

4. Hacemos un llamado a los representantes del ‘Si’, a los representantes del ‘No’ y a los representantes de las FARC para que impere la razón, el interés nacional, el trabajo responsable y comprometido, deponiendo intereses particulares, dedicando sus máximos esfuerzos a la búsqueda pronta y decidida de un Acuerdo definitivo, incluyente y sostenible dentro del marco de un Gran Pacto Nacional que conduzca a la unidad de la Nación.

5. Ofrecemos nuestro concurso para facilitar, promover y concretar estos necesarios Acuerdos, que hoy son un clamor nacional [1746].

Ley de “Justicia y Paz” para la Guerrilla

El Fiscal Néstor Humberto Martínez, propuso como salida jurídica viable para destrabar el Acuerdo Final de Paz, aplicar la Ley 975 del 2005, denominada de Justicia y Paz -diseñada para los paramilitares-, a las FARC.

La propuesta era aplicar el sistema de Justicia Transicional, que se había diseñado para el proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el Gobierno de Alvaro Uribe. La Vicefiscal de Néstor Humberto Martínez, María Paulina Riveros, fue una de las arquitectas de ese modelo de justicia mientras trabajó como asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre el 2003 y el 2005, cargo que ocupaba entonces el psiquiatra Luis Carlos Restrepo.

Por tratarse de un esquema diseñado específicamente para los paramilitares, no se consideró de fácil aplicación para las FARC. Camilo González Posso, Director de INDEPAZ manifestó:

“Me parece completamente descabellada la propuesta del Fiscal (Martínez). Justicia y Paz no ha operado: de las cerca de cuatro mil personas que se postularon al procedimiento, después de diez años de que la norma entrara en vigencia, lo que se ha resuelto no llega ni al diez porciento en procesos y menos de un centenar de desmovilizados tienen resueltos sus casos”.

Aún otros expertos en materia de justicia, alcanzaron a comprender por qué el Fiscal General sugirió un esquema tan poco exitoso. En febrero del 2015, INDEPAZ publicó un análisis que señalaba que la Ley 975 del 2005 no era “ni Justicia ni Paz”. Su conclusión final fue contundente:

“La ruta de la Ley 975/2005 no debe repetirse pues conduce a una trampa para todos”. El sistema colapsó con más de cuatro mil setecientos demandados que se traducían, a finales del 2014, en apenas nueve sentencias. “La justicia no opera y los demandados se hacen los héroes”.

González Posso puso el énfasis en un segundo aspecto fundamental para entender por qué la propuesta del Fiscal General era totalmente desatinada:

“Es una modificación radical, un cambio brutal a lo pactado en términos de justicia en La Habana. No se puede usar un procedimiento tan cuestionado y tan fracasado”.

Lo mismo indicó Eduardo Cifuentes, ex-Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y ex-Magistrado de la Corte Constitucional:

“El de Justicia fue el Punto más difícil de todos. Es la médula del Acuerdo de Paz.”.

Cifuentes recordó que el Punto sobre Justicia y Víctimas fue “el mayor obstáculo en el progreso de las negociaciones con las FARC”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que era la propuesta del Acuerdo Final, se construyó de una manera diferente a la Ley de Justicia y Paz. En ambos escenarios, la Verdad y la Reparación para las víctimas era determinante a la hora de obtener beneficios legales y penas alternativas que, de igual forma, van de los cinco a los ocho años de cárcel. Con un punto de quiebre: en Justicia y Paz los paramilitares aceptaron la cárcel; con las FARC, por su parte, se plantearon otras ideas: que parte de la pena fuera, por ejemplo, trabajar en el desminado del país.

La Jurisdicción Especial para la Paz gravitaba alrededor del Tribunal Especial para la Paz: investigadores nuevos se encargarían de nutrir los expedientes y Magistrados nacionales y extranjeros tendrían la tarea de tomar las decisiones finales. En un sistema y en el otro había primera y segunda instancia -es decir, las determinaciones podían ser revisadas-, pero en Justicia y Paz todo se apoyaba en la justicia ordinaria.

“No podemos ponerle un vestido ajeno al proceso con las FARC” [1747].

Propuesta de Human Right Watch

El Director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, consideró que era una oportunidad para renegociar los Puntos que podrían generar impunidad.

“Estamos en un punto crítico, no es fácil, pero donde todo apuntaría a un fortalecimiento de ese Acuerdo de justicia para que incorpore los estándares básicos en materia de Derechos Humanos que lamentablemente no fueron incorporados en la negociación con las FARC”.

Esta es una oportunidad para diseñar un mecanismo que cumpla con los estándares básicos de la privación de la libertad, que no deben significar que los guerrilleros deban pasar años en un centro carcelario, sino buscar de qué otra forma podrían pagar por esos delitos atroces que no pueden quedar en la impunidad.

“En la carta le decimos al Gobierno que la privación de la libertad quedó por fuera, pero que se puede buscar un mecanismo que suponga la reclusión de estas personas dentro de unos límites claramente preestablecidos y en características que podrían no ser las que equivalen a una cárcel, pero que por lo menos cumplan con principios básicos de lo que es la privación de la libertad. No estamos exigiendo que existan penas enormes sino que haya una proporcionalidad mínima entre la gravedad de los hechos cometidos y las sanciones que se imponen”.

Sobre la posible participación en política de los guerrilleros consideró:

Aunque todos los colombianos tienen derecho a ejercer la política, no se puede permitir que “criminales de guerra confesos” lleguen a ocupar cargos de elección popular. Se podría llegar a un Acuerdo para que los guerrilleros no puedan ejercer política hasta que cumplan sus condenas [1748].

Propuestas para Alcanzar una Paz Definitiva

El abogado Rodrigo Uprimny, dijo que debía haber una negociación, orientada a un Pacto Político y Social, que debatiera los puntos que generaron diferencias desde el inicio, en vez de tratarse temas nuevos.

Uprimny expuso como tesis, que el “No” ganó jurídicamente. Hubo efectos jurídicos que se desprendieron de esa decisión; entre ellas que el Presidente ya no podía implementar el Acuerdo con las FARC y tampoco podía entrar a funcionar el procedimiento especial legislativo, que estableció el Acto Legislativo que buscaba que el Congreso reglamentara en un tiempo máximo de un año lo pactado con la guerrilla.

Para Uprimny, existió un Acuerdo pero no estuvieron las condiciones para que tuviera efectos jurídicos internos.

Otra de sus tesis, planteaba que debía haber una negociación para un Pacto Político y Social, y la estrecha diferencia entre el “No” y el “Sí” develó que nadie podía reclamar el triunfo político, quedando al descubierto la polarización del país, más allá de que el mensaje de ambas posiciones fue el mismo: Nadie quiere volver a la guerra.

El cese el fuego bilateral debía ser mantenido, a la vez que le resultaba claro que no se podía reiniciar una negociación de Paz nueva, porque los promotores del “No”, dijeron que se oponían a puntos particulares del Acuerdo y no a todo el Acuerdo. Los puntos de lo pactado que no fueron refutados por los voceros del “No” durante los debates previos al plebiscito “deberían entenderse todos aprobados”.

“(…) Con grandeza y generosidad de las partes y de la ciudadanía, esas diferencias podrán ser superadas y podrá llegarse al Pacto Social y Político por la Paz. Esto implica un pacto de honestidad intelectual o simplemente de orden en el debate, que conduzca a excluir temas que no tienen que ver con la Paz y que crean mucho ruido y confusión entre los votantes, como sucedió con la llamada ideología de género, que nada tiene que ver con las negociaciones de Paz”.

La implementación del Pacto que se logre podría conseguirse por distintas vías jurídicas:

i) un Pacto extrajurídico que no tiene valor jurídico pero que se implementaría por vías jurídicas ordinarias;

ii) un ajuste al Acuerdo que sea sometido a un nuevo plebiscito….

iii) una Asamblea Constituyente de competencia limitada y con labores mixtas. Así como además se pueden introducir al Acuerdo existente unas aclaraciones para que algunos Puntos no sean interpretados con ambigüedades.

Por otra parte, “la crisis del ‘No’ en el plebiscito, podría ser una oportunidad para dinamizar el proceso con el ELN” [1749].

Posición del Gobierno de Estados Unidos

El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, anunció su respaldo a la convocatoria del Presidente Juan Manuel Santos a un diálogo con todas las fuerzas políticas, anticipando que deberían tomarse “decisiones difíciles” en Colombia tras el triunfo del “No” en el plebiscito.

“Apoyamos la propuesta del Presidente Santos de unir esfuerzos en apoyo a un amplio diálogo como el siguiente paso hacia lograr una Paz justa y duradera. Los colombianos han expresado su compromiso de resolver sus diferencias a través de las instituciones y el diálogo en lugar de la violencia” [1750].

El Secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, comentó:

Espero que esta decisión (de conceder el Nobel a Santos) suponga un nuevo impulso hacia un Acuerdo en Colombia que sea aceptable de manera generalizada y pueda implementarse lo más rápido posible” [1751].

El Presidente de Estados Unidos Barack Obama expresó:

“Santos y los ciudadanos de Colombia están reformando su país para bien. (…) Complacido de que el Comité Nobel reconozca su trabajo mientras siguen empujando hacia la Paz”.

Reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el programa “Paz Colombia”, una nueva fase en la ayuda estadounidense pensada para el posconflicto.

“Proporcionará un marco para reforzar los avances de seguridad, reintegrar a ex-combatientes a la sociedad y ampliar las oportunidades y la legalidad” [1752].

¿Qué Pasará con la Financiación para el Postconflicto?

En el caso Guatemala, el Gobierno logró una “pacificación” con promesas que luego no cumplió, pero esto le sirvió para lograr una importante financiación de organismos internacionales y algunos Estados clave. Pareciera que, con las posibles mismas alternativas de “pacificación”, sean del Gobierno de Santos como por el lado de los que se han dedicado a obstruir el proceso de Paz, la financiación para el postconflicto corre peligro de quedar en suspenso.

En Colombia, existe un Ministerio del Postconflicto. Entre sus objetivos, está ayudar a administrar los cientos de millones de dólares que el Gobierno esperaba recibir en ayuda extranjera para apuntalar el proceso de Paz con las FARC.

Estados Unidos había prometido cuatrocientos cincuenta millones de dólares a Colombia para el 2017. Entre las actividades a financiar se encuentra el desminado. Había metas que incluían apoyo a los esfuerzos de desactivación de los campos minados, así como programas de fortalecimiento al desarrollo.

Michael Shifter, Presidente de Diálogo Interamericano, centro de investigación con base en Washington dijo: “Para Estados Unidos, el voto del domingo fue una sorpresa y una desilusión. Pero hay intereses nacionales de Estados Unidos en juego y Washington querrá continuar interactuando con Colombia y apoyando al Gobierno. Las condiciones han mejorado desde que el Plan Colombia fue lanzado hace 16 años y los últimos cuatro años de negociación lograron progreso sustancial aunque los colombianos hayan rechazado el Acuerdo final. Estados Unidos querrá buscar maneras de ayudar a consolidar y profundizar los avances. La naturaleza de la cooperación en el futuro dependerá de desarrollos en Colombia y de si se logra un consenso entre las fuerzas políticas relevantes en ese país. Hay una voluntad de ofrecer ayuda pero al mismo tiempo por el momento hay una actitud de esperar a ver en un contexto de gran incertidumbre”.

La Unión Europea también había prometido ayuda al postconflicto colombiano. En un documento de junio del 2015 se prometía la creación de un fondo de fideicomiso para la Paz, que “juntará contribuciones financieras del presupuesto europeo, de los Estados miembros de la Unión Europea y posiblemente de otros donantes”.

En mayo del 2016, la Alta Representante de la UE para Asuntos Internacionales, Federica Mogherini, anunciaba en Bogotá, que el paquete total de ayuda europea llegaría a quinientos setenta y cinco millones de euros (seiscientos cuarenta y cuatro millones de dólares). El documento de la Unión Europea del 2015 indicaba que el fondo de fideicomiso para la Paz estaría disponible “al comenzar la implementación de los Acuerdos”.

La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Angela Holguín, indicó que luego de la victoria del “No” en el plebiscito:

“Todos los fondos de alguna manera quedan congelados. El fondo de la Unión Europea se iba a reactivar el 17 de octubre y quedó congelada su activación. Simplemente están esperando...” [1753].

Comunicado Conjunto Gobierno-FARC

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, luego de reunirnos en La Habana con los países garantes y con el Jefe de la Misión Especial de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, queremos informar a la opinión pública que:

1. Luego de casi cuatro años de intensas conversaciones, concluimos el pasado 24 de agosto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con el que estamos comprometidos. Consideramos que contiene las reformas y medidas necesarias para sentar las bases de la Paz y garantizar el fin del conflicto armado.

Reconocemos, sin embargo, que quienes participaron en el Plebiscito del pasado 2 de octubre se pronunciaron mayoritariamente a favor del No, así fuera por estrecho margen. En el marco de las facultades presidenciales que otorga la Constitución Política es conveniente que sigamos escuchando, en un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016. Las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso, serán discutidos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para dar garantías a todos

2. Reiteramos el compromiso asumido por el Presidente de la República y el Comandante de las FARC-EP de mantener el Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo decretado el pasado 29 de agosto, y el monitoreo y la verificación por parte del mecanismo tripartito. Así como también, las garantías de seguridad y protección de las comunidades en sus territorios, según lo definido en el Protocolo por las partes.

Para afianzar este Cese el fuego hemos acordado un protocolo, dirigido a prevenir cualquier incidente, en zonas de pre-agrupamiento en los cuadrantes definidos y asegurar un clima de seguridad y tranquilidad con la plena aplicación de todas las reglas que rigen el Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.

El Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación con la participación del Gobierno y de las FARC-EP y la coordinación de la misión de las Naciones Unidas estará a cargo de monitorear y verificar el cumplimiento del protocolo, en particular del cumplimiento de las reglas que rigen el Cese al fuego.

3. Con ese propósito, solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, y por su intermedio, al Consejo de Seguridad, que autorice a la Misión de Naciones Unidas en Colombia a ejercer las funciones de monitoreo, verificación, resolución de diferencias, recomendaciones, reportes y coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación previstas en la Resolución 2226 (2016) en referencia al mencionado Protocolo.

Asimismo, invitamos a los países que contribuyen a la Misión con observadores desarmados a que continúen desplegando sus hombres y mujeres, que seguirán contando con todas las garantías de seguridad necesarias.

4. En forma paralela, continuaremos avanzando en la puesta en marcha de medidas de construcción de confianza de carácter humanitario, tales como, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los planes pilotos de desminado humanitario, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los compromisos respecto a la salida de menores de los campamentos y sobre la situación de personas privadas de la libertad.

5. Las delegaciones agradecemos al Comité Internacional de la Cruz Roja por su permanente apoyo, a Chile y Venezuela por su acompañamiento y sobretodo a Cuba y Noruega por su intensa y abnegada labor de respaldo a la construcción de los Acuerdos de Paz para Colombia, su contribución constante a la búsqueda de soluciones en momentos de dificultad y su disposición a continuar apoyando el proceso de Paz [1754].

Santos No Recibe más Propuestas

El Presidente afirmó que había planteamientos que no se iban a discutir, por ejemplo, los que parten de la base de que no hay conflicto armado. Aseguró que tenía el mandato de lograr la Paz y lo iba a cumplir. Se terminó el plazo para recibir propuestas, cerrando la puerta a que el diálogo se extienda:

“Quiero terminar esto pronto, muy pronto”.

Calificó las propuestas. Sobre algunas señaló que eran viables, de otras dijo que eran difíciles pero no imposibles, también advirtió que algunas no podían ser tomadas en cuenta.

“Y hay otras que son totalmente inviables porque parten de la base, por ejemplo, de que no hay conflicto que solucionar y que por consiguiente, no se pueden aplicar ni el Derecho Internacional Humanitario ni la Justicia Transicional que se creó precisamente para ayudar a resolver los conflictos armados. ¡Si no hay conflicto armado, no habría nada que negociar!”.

El conflicto armado fue el punto de quiebre de la relación Santos-Uribe, toda vez que en la Ley de Víctimas se reconoció que en Colombia existía un conflicto armado como premisa para reparar a los afectados por el conflicto. En ese momento el “uribismo” controvirtió esa tesis y el distanciamiento fue definitivo.

Aunque el plebiscito lo ganó mayoritariamente el “No”, Santos acogió el argumento de un Consejero Mayor indígena, para dejar en claro su interés en sacar adelante la negociación con las FARC, pese a la derrota en las urnas. El Consejero Mayor de las autoridades indígenas, le dijo:

“Presidente, usted recibió un mandato ciudadano en las elecciones presidenciales para hacer la Paz. Por eso votamos por usted. Ahora con el Nobel tiene también un mandato claro y contundente de toda la comunidad internacional, ¡Cúmplalo!” [1755].

Exiliados También Quieren Ser Escuchados y Hacer Propuestas

“Los exiliados exigimos tanto al Gobierno colombiano como a las FARC-EP, que ya que están escuchando a quienes incitan a la guerra y pretenden atender las demandas de quienes dirigieron la campaña de mentiras de quienes impulsaron el ‘No’, seamos escuchados quienes desde el exilio votamos ‘Sí’, o no pudimos hacerlo por los afanes en citar el plebiscito”.

La Asociación Jaime Pardo Leal, organización de Colombianos exiliados en Suecia, Víctimas de la persecución del estado Colombiano tanto antes como después del exilio y por lo tanto doblemente víctimas, queremos hacer nuestro aporte a la posible renegociación del Acuerdo, no sin antes dejar claro que entendemos el Punto de Víctimas como esencial para el logro de una Paz estable y duradera y por lo tanto no se debe dejar por fuera ningún sector victimizado de la sociedad Colombiana.

Durante veinte años hemos denunciado las prácticas terroristas del Estado Colombiano, y hemos insistido en una solución política al conflicto social y armado que ha obligado al quince porciento de la población colombiana a abandonar el país.

Por estas denuncias y desde el momento de nuestra fundación como asociación, hemos sido víctimas de señalamientos, amenazas y persecuciones del Estado colombiano, que no solo han afectado a los integrantes colombianos de nuestra asociación, sino también a los suecos. Las pruebas sobre estas persecuciones, amenazas y calumnias están muy bien documentadas y podrán ser presentadas cuando sea necesario.

El 2 de octubre se realizó el Plebiscito con tan solo un mes de preparación, dejando sin la posibilidad de votar a millones de colombianos, especialmente a los exiliados, quienes por ser perseguidos por el Estado no podíamos votar. Por la premura del tiempo o por mala intención, la “pedagogía para la Paz” en las ciudades fue escasa, recayendo en las organizaciones populares, el resultado fue una apabullante abstención y una pírrica victoria del “No”.

Ya que los exiliados escasamente fuimos nombrados en el Acuerdo, y nuestra suerte dejada en manos del Gobierno, exigimos que nuestra demandas de Reparación sean atendidas y acordadas formalmente.

Teniendo en cuenta que como exiliados hemos tenido daños Psicológicos, Políticos, Sociales, Culturales y Económicos exigimos:

Verdad:

Queremos acceso a toda la información que los servicios de inteligencia tengan sobre nosotros. Como exiliados es importante saber bajo qué circunstancias se realizó el espionaje y la persecución en nuestra contra y si se dio con el conocimiento del país que nos dio la acogida.

Los medios masivos de comunicación en Colombia se han encargado durante muchos años de replicar las calumnias de los servicios de inteligencia del Estado y nos han acusado incontables veces de ser auxiliadores de la guerrilla, poniendo en riesgo nuestras vidas sin tener prueba alguna.

Esos medios que han servido al Estado durante tantos años para practicar su política de señalamiento e intimidación, deben ahora servir a la Paz, reconocer públicamente su falta de ética periodística y contar al país la verdad sobre nosotros.

Justicia:

El Estado colombiano debe pedirnos perdón por los daños causados, producto de las persecuciones y los señalamientos, no sólo a los integrantes colombianos de nuestra asociación sino también a los suecos.

Las personas que han servido al Estado en campañas de intimidación y desprestigio en nuestra contra, espías, falsos testigos, entre otros, deben ser investigadas.

Reparación:

Entendemos la Verdad y la Justicia como fundamentales para la construcción de una nueva Colombia en Paz y con justicia social, pero el regreso a esa nueva Colombia no va a ser una tarea fácil para los exiliados.

En nuestra huida no solo dejamos seres queridos, también dejamos propiedades, obligaciones, trabajos, estudios, etc.

Por eso exigimos una reparación integral y facilidades para el retorno en caso de que decidamos regresar a Colombia. Desde el exilio volveremos sin trabajo, sin vivienda, sin referencias bancarias, sin posibilidades para empezar una nueva vida.

Nuestros hijos también deberán ser reparados, ellos no eligieron abandonar el país o nacer fuera de él. También para ellos deben haber garantías y deben ser considerados víctimas de la violencia estatal.

No aceptamos bajo ninguna circunstancia que, aduciendo a la sostenibilidad fiscal, nos sean negados nuestros derechos y los de nuestros hijos, pues sabemos que nunca hay problemas de presupuesto cuando se trata de indemnizar personalidades o grandes empresas, pero que para el pueblo esto es lo primero que se aduce.

Por lo anterior exigimos:

              Devolución de propiedades perdidas por motivos del exilio.

              Condonación de deudas con el Estado o entidades privadas acumuladas durante el tiempo del exilio.

              Indemnización económica de acuerdo al tiempo en el exilio.

              Facilidades aduaneras para ingresar propiedades de quienes quieran retornar.

              Asistencia médica y psicológica gratuita para los exiliados y sus familiares.

              Derecho a pensión.

              Derecho a vivienda.

              Derecho a que nuestros hijos puedan continuar sus estudios en Colombia en caso de no haberlos terminado y facilidades para homologar títulos obtenidos en el exterior.

              Facilidades para continuar con las actividades políticas que estamos realizando desde el exilio, como son el caso de la radio y la televisión alternativas.

              Garantías de no repetición:

Hasta la fecha más de cien líderes populares han sido asesinados. Ellos creyeron en la voluntad del Gobierno colombiano y lo único que recibieron fue más terrorismo de Estado, señalamientos, amenazas y asesinato.

Ganar la confianza de los exiliados no va a ser una tarea fácil para el Estado colombiano. Se requiere de mucho más que promesas para que los miles de exiliados, víctimas del terrorismo de Estado regresen a Colombia confiando en sus instituciones.

El Gobierno colombiano debe garantizar que los señalamientos, amenazas, asesinatos contra opositores al Gobierno de turno nunca más se repetirán.

Por lo anterior demandamos:

1.             Que el Estado Colombiano acabe con el paramilitarismo.

2.             Que todos los compromisos de un eventual Acuerdo de Paz se refrenden en una Asamblea Nacional Constituyente.

3.             Que en casos de amenazas a los exiliados que regresen, se les garantice la seguridad y en caso necesario la salida rápida de Colombia a el país de exilio [1756].

Conflicto por Acuerdo Cristianos-FARC

Uno de los aspectos del triunfo del “No” en el plebiscito, estuvo vinculado con una estrecha minoría de colombianos que decidieron rechazar los Acuerdos de Paz, debido a la supuesta inclusión de una “ideología de género” en el documento. Afirmaban que el Acuerdo proponía la imposición de una doctrina, para que los géneros y roles de la sociedad fueran construidos y no designados por una deidad.

Alejandro Ordóñez (ex-Procurador), Miguel Arrázola (Pastor de la iglesia Ríos de Vida, de Cartagena), Marco Fidel Ramírez (Concejal de Bogotá - Partido Opción Ciudadana), Viviane Morales (Senadora - Partido Liberal), y Carlos Alonso Lucio (líder religioso), fueron algunos de los promotores -desde el cristianismo, el catolicismo y el evangelismo- de la idea de que el Acuerdo de Paz incluía la adhesión a la constitución de esa supuesta ideología.

Según la Senadora liberal Viviane Morales, aunque no tienen las facultades para negociar, dijo haber tenido encuentros, junto a Carlos Alonso Lucio con la delegación de Paz de las FARC, planteando sus preocupaciones sobre el tema, y según un documento que la Senadora dijo pactar, concertaron cinco puntos para presentar ante la Mesa que elabora el nuevo Acuerdo de Paz, todos relacionados con el “enfoque de género”, la no victimización de comunidades vulnerables, los pastores y cristianos como víctimas del conflicto, y el papel del cristianismo.

Las conversaciones entre los líderes cristianos y las FARC tuvieron como conclusión una redacción sobre el concepto de “enfoque de género” que, como está consignado en el Acuerdo de Cartagena, se refiere a la reclamación y protección de los derechos de las mujeres, y las reconoce como principales víctimas de la guerra. Asimismo, establece que ese “enfoque de género” pone a la mujer como protagonista de la construcción de una nueva Colombia.

La propuesta de Morales y Lucio, era que el concepto de “enfoque de género” no podía incidir en el concepto de familia que está en la Constitución, que dice que un matrimonio únicamente puede derivar de la “decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, pretendiendo establecer que eso impide el matrimonio a las personas del mismo sexo.

También plantearon, de forma paradójica, que exista libertad de conciencia, libertad religiosa, y se garantice el derecho de familias y colegios de educar a los menores conforme a los principios que considere correctos, cobijados bajo la no estigmatización y la no victimización de cualquier comunidad vulnerable, dentro de las que tiene que estar la comunidad LGTBI.

En los últimos dos puntos propusieron que los pastores y las comunidades cristianas fueran reconocidos como víctimas del conflicto armado a razón de sus creencias religiosas. Las ideas de Morales y Lucio para el nuevo Acuerdo de Paz, buscaron que las iglesias de esa y otras religiones tuvieran una participación en la implementación del proceso.

El ex-Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, tras reunirse con el Presidente y otros miembros del Gobierno, refirió la necesidad de “purgar” de los Acuerdos de Paz la “ideología de género” [1757].

El Jefe de la delegación de las FARC, “Iván Márquez”, indicó que escucharon las propuestas. Estos puntos no serán implementados en los Acuerdos de Paz tal cual como los expuso Morales. Las ideas serán puestas en la Mesa de La Habana, y serán discutidas por las partes.

Reparos del LGTBI a los Planteos de los Cristianos a las FARC

Ni el encuentro ni las conclusiones de los grupos cristianos con las FARC, cayeron bien en la comunidad LGTBI, en tanto los planteamientos fueron considerados que iban claramente en contra de sus derechos civiles. El abogado Mauricio Albarracín, ex-Director de Colombia Diversa e investigador en Dejusticia, dijo que establecer un solo concepto de familia es excluyente y discriminatorio. Un Acuerdo de Paz no puede definir y cerrar el concepto de familia, excluyendo de esta posibilidad a personas con otras preferencias sexuales distintas a las de la Senadora liberal o el líder religioso que se reunieron con las FARC.

Le pidió al Presidente Juan Manuel Santos y al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que manifestaran si las propuestas entre cristianos y FARC eran, en primer lugar ciertas y, además, viables, pues configuraban una exclusión que difícilmente derivaría en una verdadera Paz. También le solicitó al Presidente que, si los cristianos iban a tener un papel activo en la construcción del nuevo Acuerdo, también debían tenerlo otras comunidades como la LGTBI [1758].

A la población LGTBI, le incomodó, más allá de los grupos religiosos, que la Senadora Viviane Morales y su esposo se hubieran reunido con las FARC, saltando los procedimientos establecidos para escuchar a todos los sectores, para exponer interpretaciones no consensuadas.

“Ella va sola con Carlos Alfonso Lucio, se reúne y produce un comunicado que sí es problemático porque no es un consenso sino una interpretación particular de los derechos constitucionales”. Introducir controversias como el matrimonio igualitario o la adopción por parte de parejas homosexuales es “meterle un mico (sin ninguna conexión con el tema que se debate) al Acuerdo y pensar que el Acuerdo es una Constituyente, cuando no lo es”.

La discusión por parte de los “cristianos” se ha centrado sobre cuestiones que no están en el Acuerdo.

“Tenemos que discutir sobre la verdad de lo que está en el Acuerdo. No se puede estar discutiendo que el Acuerdo amenaza a la familia. Que indiquen en qué parte amenaza a la familia y eso se modifica, pero no pretendamos meter un mico con toda la Agenda cristiana. No es conveniente imponer criterio interpretativos. El Acuerdo no puede estar por encima de la Constitución ni puede ser contrario a esta. Los principios de discriminación son tanto para cristianos como para LGTBI y deben ser respetados. Los temas de género deben ser discutidos con las personas expertas en el tema: con mujeres, académicas o feministas. “Es como si los LGTBI opinaran sobre temas cristianos, cuando no es nuestra competencia. El género incluye a hombres y mujeres. El problema es que ellos interpreten género como diversidad sexual y ahí es donde uno se da cuenta que no son expertos en el tema”.

La palabra “género” es una categoría de análisis en las ciencias sociales, que no es ni diversidad sexual, ni agenda gay ni matrimonio gay; estos últimos son temas que se discuten en el Congreso o en las Cortes, no en un Acuerdo de Paz que busca la terminación de un conflicto armado [1759].

Discusiones sobre el Matrimonio No Serán Parte del Acuerdo

El Presidente Santos indicó que el enfoque de género no es “ideología de género”. Se le dará prioridad a la mujer como víctima del conflicto. Los debates sobre algunos temas que no estaban contemplados inicialmente en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, y sobre los que pedían discutir algunas iglesias cristianas y voceros del “No”, no serán abordados en la Mesa de diálogos en La Habana.

La familia es el núcleo de la sociedad, pero “las discusiones sobre el matrimonio no hacen ni harán parte del Acuerdo. Lo que se busca es reconocer el mayor impacto del conflicto sobre la mujer, sus derechos como víctima y su papel para la reconciliación. Eso quedó expresamente incluido… Reiteramos igualmente que en Colombia respetamos la libertad de cultos”.

El Presidente no hizo alusión a la población LGTBI, ni reconoció que ellos también hubieran sido violentados en medio de la guerra, lo que no cayó bien entre los defensores de los derechos de esa población [1760].

La Sociedad Civil se Moviliza

La sociedad civil se moviliza en momentos críticos, mientras que el resto del tiempo mantiene actitudes que están lejos de conductas ciudadanas activas. De poco sirve movilizarse en forma de queja, si luego se vuelve al mismo statu quo, debilitando la presión, vigilancia y control que debe ser ejercida permanentemente sobre los políticos en su ejercicio de toma de decisiones -supuestamente- en “nombre” del pueblo.

El choque que provocó en el inconsciente colectivo, los resultados del plebiscito, provocó, además de la conocida perplejidad y sorpresa entre millones de ciudadanos, tanto en Colombia como en el resto del mundo, una movilización generalizada, no sólo en pro de la Paz, sino también de la inclusión de todo lo que ha quedado afuera del proceso de negociación.

Está claro, o en su caso debería quedar claro, que hay diferencia entre los “promotores por el No”, cuyo interés está más vinculado a sus intereses y aspiraciones de retener y sumar poder y sus seguidores, y aquellos que votaron “No” o “Si”, pero que están legítimamente interesados en una Paz que no se reduzca a una simple “pacificación”, sino que se transforme en el punto de partida de la transformación de Colombia en un Estado que contemple los intereses, aspiraciones y necesidades de todos los sectores de la sociedad.

Este es un camino complejo y largo y requiere de una sociedad que madure, no sólo que aspire a que se satisfagan sus necesidades desde el Gobierno. Sin la participación activa y sostenida de la sociedad, todo quedará en una pacificación, conveniente para los sectores dominantes de siempre, pero Colombia seguirá siendo el Estado fallido que no ha alcanzado a completar su verdadera formación desde la declaración de la independencia sin que ésta existiera en términos reales.

Las manifestaciones de los jóvenes, las movilizaciones de víctimas, marchas indígenas, carpas estudiantiles y declaraciones de intelectuales y grupos de mujeres, han sido la nota sobresaliente en las semanas siguientes a la frustrada jornada de refrendación de los Acuerdos de Paz.

Sin embargo: ¿constituyen esas expresiones de masas un elemento definitorio del curso que puedan tomar los arreglos planteados para poner fin a la prolongada guerra colombiana? ¿Cobrará la presencia de la multitud el nivel de un acontecimiento político con capacidad de alterar la frágil correlación de fuerzas de la Paz? ¿O se trata más bien de expresiones con un componente de movilización atenuado e institucionalmente encuadrado que le resta potencia y capacidad política incidental?

Intentar dar respuesta a estas cuestiones implica considerar contextos históricos, sociológicos y políticos en función de las proyecciones que puedan tener las estrategias para erradicar la violencia y dar vía libre a la Paz y la convivencia.

Como en el resto de América Latina, el caso de Colombia muestra un historial de formación de agrupaciones sociales, sindicales y políticas a lo largo de su historia, pero que no han sido suficientemente consistentes como para transformarse en vectores de dirección o re-dirección del país. Los sectores del poder han sabido direccionar, en función de sus intereses y aspiraciones a estos países, de manera tal que la región ha generado riqueza para algunos y pobreza para la mayoría; una mayoría que fue transitando un camino de pasividad, delegando en líderes su destino, favoreciendo la construcción de una democracia basada en líderes caudillescos en vez de liderazgos racionales, haciendo uso de la terminología de Max Weber [1761].

Los partidos políticos no han servido para cumplir con el papel de representación de las necesidades populares. Los de derecha, se han orientado principalmente a garantizar las mejores condiciones de mercado y los de izquierda, a operar de manera populista-clientelista, en vez de hacer una lectura inteligente del funcionamiento de la realidad, tanto mundial, como local.

Las movilizaciones ocurridas y las que se proyectan en apoyo a la Paz, deben resolver retos y desafíos asociados con su articulación, dirección y organización estratégica. Si el Gobierno las encuadra dentro de los parámetros que se ha propuesto desde el comienzo de las negociaciones, el riesgo de que se debiliten y pierdan influencia es alto.

Las estructuras partidistas tradicionales han quedado totalmente desfasadas por la realidad. Ya no cumplen con la función de representación y menos de ser mediadores de los asuntos de Estado. La sociedad civil ha encontrado, crecientemente, más respuestas a sus demandas en la organizaciones de la sociedad civil -institucionalizadas o no- que operan transversal y transnacionalmente, que en los partidos políticos y los Gobiernos.

Deben buscarse mecanismos más dinámicos y ágiles, para poder operar en un contexto en el que el mundo se mueve de manera crecientemente dinámica, y las respuestas a las demandas se alejan a mayor velocidad.

En el caso de Colombia, los Cabildos Abiertos en los mil ciento trece Municipios y treinta y cuatro Departamentos, deben plantearse como espacios de deliberación activa y dinámica, que comprometan a todos los ciudadanos en sus propias realidades; pero que se constituya en un ejercicio cotidiano y no en uno coyuntural.

El ELN, a diferencia de las FARC, ha plantado como prerrequisito para su negociación con el Gobierno, la participación activa de la sociedad civil en sus diversas vertientes. Esto, no sólo debería ser parte de un proceso, sino el inicio de un ejercicio constante. Una sociedad que -como lo demostró en el plebiscito, así como en prácticamente todos los actos electorales- mantiene un comportamiento apático y abstencionista, demuestra que sus debilidades y carencias son la resultante de su actitud esquiva y de delegación pasiva [1762].

Vuelve la Idea de una “Constituyente” por la Paz

Siendo que una Constituyente ha sido rechazada durante todo el proceso de negociación, particularmente porque se consideraba que no se podía volver a negociar dos veces lo mismo, una en la Mesa de La Habana y otra en una Asamblea Nacional Constituyente, una vez más apareció como una alternativa frente a los resultados adversos del plebiscito.

La idea de volver a traerla como salida, pasó porque permitiría superar el modelo de negociación Gobierno-FARC, que cumplió su ciclo y función, para reemplazarlo por un instrumento democrático y autónomo en el que participarían todos los excluidos en el proceso de negociación.

¿Cómo llegar a un consenso nacional cuando los puntos de divergencia sobre el Acuerdo de La Habana resultaron tan difíciles de conciliar? Un acuerdo político ofrecía pocas posibilidades, porque ninguna fuerza mostró tener la legitimidad o la representación necesarias para decidir, a la luz del escaso margen de ventaja del “No” sobre el “Sí” y la gran cantidad de abstenciones, que superaron a ambas facciones sumadas.

Resultó obvio que nadie podía autoproclamarse como vocero de todos, de la misma manera que atribuirse un triunfo real. Para alcanzar una Paz auténtica, se necesitaba desde un comienzo la convergencia de todos, lo que fue soslayado por el Presidente Santos desde un comienzo, instalando inamovibles como que no se podía negociar el modelo económico ni el sistema político.

La Constitución colombiana prevé un mecanismo participativo y democrático en su Artículo 376 [1763], en el que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de Paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva Agenda de concertar los seis Puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado. Se trataría de una alternativa sin vencidos ni vencedores, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes. Las FARC debían apoyar esa solución, por ser similar a la que propusieron originalmente para implementar el Acuerdo.

La discusión sobre cómo se distribuiría la representación no resultaría tan compleja, ya que existen muchos modelos y se pueden combinar. Desde el punto de visto jurídico, la Constituyente Especial requiere una Ley del Congreso que se puede tramitar de urgencia aun en sesiones extraordinarias, norma que tendría control constitucional de entrada y salida, y requiere una elección con más del treinta porciento del electorado. Sería un ejercicio que integraría el debate entre las fuerzas que se han resistido al cambio que propuso el Acuerdo de La Habana y las fuerzas ciudadanas que lo impulsaron para que el país diera un gran salto adelante en lo económico y social.

Este cambio sería una oportunidad para construir una sociedad más participativa. La pedagogía del proceso fue deficiente, y pocos saben que una Paz positiva va más allá del desarme y la desmovilización de la guerrilla. Debe ser el punto de partida para alcanzarse trasformaciones sociales e institucionales. Si con el Acuerdo de Paz no hay transformaciones del modelo económico y social, con el tiempo reaparecerán la violencia con los mismos u otros actores y bajo las mismas u otras formas.

Debe partirse de la idea que el Estado colombiano y sus instituciones deben sufrir transformaciones estructurales, para que el conflicto no vuelva a ser la forma en que se diriman situaciones o reclamen demandas insatisfechas, como ha sido histórico en este país desde la declaración de su independencia.

Además, esas transformaciones deben considerar nuevos modelos de representación, ya que los vigentes no cumplen mínimamente con esa función -como en el resto de América Latina-. La clase política protege los intereses de quienes más se benefician del modelo, a través de una alianza con las élites económicas modernas y las terratenientes. La reforma del sistema electoral es indispensable para equilibrar las representaciones y modernizar la organización electoral que favorece y valida el clientelismo. La mayoría de los ciudadanos carece de representación, porque el sistema electoral favorece al clientelismo que invierte miles de millones en sus campañas. Saben que se apropiarán de presupuestos públicos para compensar y reproducir su maquinaria. Es una élite improductiva, depredadora, que succiona el esfuerzo tributario colectivo e impide su inversión eficiente para el desarrollo humano. Es indispensable transformar ese modelo que impide el desarrollo y favorece la corrupción.

Algo similar ocurre con la modernización agraria. Muchos terratenientes y empresarios agroindustriales temen que los Acuerdos los perjudique y que les desconozca sus derechos legítimos, incluyendo el de la propiedad. Son temores que se deben disipar, porque hacer más productivo el campo es permitir nuevas inversiones para lograrlo. Por supuesto los propietarios de grandes extensiones con explotaciones ineficientes, que disfrutan de una bajísima tributación, saben que su modelo es insostenible, pero se resisten a cambiarlo. Modernizar el uso de la tierra es una obligación que tienen frente a la sociedad y en la Constituyente Especial pueden diseñar la forma de transitar del pasado agrario al futuro, porque impedir su desarrollo, genera altas tasas de desempleo, estimula la informalidad y promueve las actividades ilícitas. La sobrerepresentación política de terratenientes, hace que el Estado los proteja con un altísimo costo en seguridad y subdesarrollo que paga el resto de los colombianos.

Con la justicia transicional también se presentan temores. Los Jueces y las Cortes en ejercicio, deben participar en el ajuste del modelo que sugiere el Acuerdo de La Habana, que conlleva a un desplazamiento de estas autoridades. El Acuerdo promueve desarrollos doctrinarios derivados del estreno de la Justicia Transicional, con todas las sorpresas que puede deparar. Es un factor que los Jueces rechazan, pues limita sus jurisdicciones a cambio de un universo doctrinario incierto en el que la Corte se vuelve transicional. Es necesario conciliar los dos sistemas judiciales, para evitar una mayor inseguridad jurídica. La Justicia Transicional les resuelve el problema a las FARC e inclusive a militares que se excedieron, pero es necesario ajustar el aparato de justicia de manera integral para que sea confiable y eficiente para los millones de colombianos que no cuentan con ella para dirimir sus diferencia.

Se ha perdido de vista que el modelo político y económico vigente, es el que genera el conflicto y las desigualdades, y mientras no se transforme, el país seguirá naufragando en el pasado. Detrás de los seis Puntos del Acuerdo, al igual que detrás del “Sí”, el “No” y la abstención, hay una batalla entre preservar o derogar privilegios económicos y políticos. Una lucha entre sostener el modelo de desarrollo actual, con los privilegios que genera, o impulsar la transformación del país para que alcance su formación definitiva; esa que aun no ha alcanzado desde su declaración de la independencia [1764].

Las Propuestas del “No” Llegan a La Habana

El Presidente Santos insistió en la necesidad de lograr un nuevo Acuerdo lo más pronto posible, bajo el justificativo de que el alto el fuego bilateral solo tenía duración hasta el 31 de diciembre y se volvía cada vez más frágil, mientras que la oposición, que ganó legitimidad política con los resultados del plebiscito, reclamó cambios de fondo a lo pactado.

Hasta el momento, se habló de coincidencias pero no de Acuerdos concretos entre Gobierno y oposición, y también de propuestas viables y de construir opciones y avanzar colectivamente hacia un gran Pacto Nacional para una Paz estable y duradera. Para los voceros del “No” la clave de cómo seguía todo, estaba en manos de las FARC, que debían decirle al país y al mundo si estaban dispuestas a acatar la decisión mayoritaria del pueblo de replantear temas fundamentales o si iban a perder la oportunidad de terminar con la guerra.

Sólo se podía avanzar, en la medida en que de las propuestas del “No”, se pudiera progresar sin que las FARC consideraran que se estaban atravesando “líneas rojas” para su idea de dejar las armas por la política. Para el ex-Presidente Alvaro Uribe así como para la ex-candidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez, no se trataba de que se le hagan simples retoques al Acuerdo en los temas menores y se dejara intacto lo substancial. Los temas substanciales estaban bien identificados:

i.              que lo pactado no se incorporara al bloque de constitucionalidad;

ii.             que la implementación se diera vía Congreso y no con facultades extraordinarias al Presidente;

iii.           que hubiera sanción efectiva con privación de la libertad para los responsables de crímenes atroces o de lesa humanidad;

iv.           que el narcotráfico no fuera considerado delito conexo al político;

v.             que el sistema de Justicia Transicional estuviera relacionado al Poder Judicial; y

vi.           que la reparación a las víctimas fuera de verdad efectiva y se hiciera con recursos obtenidos de los bienes de la guerrilla [1765].

Dentro de lo propuesto por el sector del “No”, existía la posibilidad de que en el tema de la justicia y las sanciones a aplicar, se podría llegar a un consenso en que hubiera flexibilidad respecto de las penas y de los sitios de reclusión, e incluso se planteó que el tiempo comenzara a contar desde el momento en que los guerrilleros entregaran las armas o se ubicaran en las “zonas de concentración”. En relación con el tema de la elegibilidad política, se pidió que solo fuera posible para los Comandantes y una vez que hubieran cumplido sus penas. En cuanto al tema de las víctimas, pidieron que en el texto del Acuerdo quedara la obligación expresa de reparación con los fondos propios de la guerrilla.

El tema de la refrendación del nuevo Acuerdo Final, fue considerado por el Presidente Santos bajo tres alternativas:

1) Presentarle el nuevo Acuerdo al Congreso;

2) Realizar otro plebiscito; o

3) Preguntarles a los más de mil cien Municipios directamente, lo que fue interpretado como la realización de Cabildos Abiertos; idea sugerida por el ex-Magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes.

El mismo Presidente había prometido, desde un principio, poner el Acuerdo a consideración del pueblo y quería cumplir con su palabra. Una opción era que, una vez suscripto el nuevo Acuerdo con las FARC, el Congreso arrancara con la implementación, y que la refrendación se hiciera en las elecciones del 2018, idea que sería conveniente para el sector liderado por Uribe que le convenía dilatar cuanto más tiempo mejor la aprobación de un nuevo Acuerdo, pero no para Santos [1766].



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


[1691] Santos se negó a otras alternativas diferentes al plebiscito, pese a los pedidos de las guerrillas de llevar a cabo una Constituyente. En algunos momentos se llegó a hablar de un “referéndum”, pero se desechó la idea. Sobre el tema del plebiscito ver los Caps. XI, XLI; sobre la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, Cap. XXXVI.

[1692] Los que boicotean el proceso. Los que sabotean por diferentes motivos la posibilidad de Paz y generan nuevos ciclos de violencia. Ver en el Anexo VI, la definición y características del “spoiler”.

[1693] Colombia. Comunicado de las FARC-EP, en Kaosenlared.net, 3-10-2016, http://www.farc-ep.co/comunicado/comunicado-de-las-farc-ep-1.html. También, http://kaosenlared.net/colombia-comunicado-de-las-farc-ep/.

[1694] No perder la Legitimación alcanzada, y persistir en la Constituyente Amplia y Democrática, en Anncol, Agencias Noticias Nueva Colombia, 2-10-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5309-anncol.

[1695] Si dejamos la Paz en manos de Uribe al país se lo lleva el diablo, en Anncol, Agencias Noticias Nueva Colombia, 5-10-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5334-si-dejamos-la-Paz-en-manos-de-uribe-al-pais-se-lo-lleva-el-diablo-ivan-marquez.

[1696] Grant, Will, “Si Alvaro Uribe no pudo ganar la guerra, que permita a los colombianos hacer la Paz”: Iván Márquez, Comandante de las FARC, en BBC Mundo en Español, 13-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37640340.

[1697] Sánchez Gómez, Libardo, Colombia. El SI y el NO, ¿y ahora qué?, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 5 de octubre del 2016, http://kaosenlared.net/colombia-el-si-y-el-no-y-ahora-que/.

[1698] El “No” fue una oportunidad perdida para acabar con 52 años de guerra: Amnistía Internacional, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/el-no-fue-una-oportunidad-perdida-acabar-52-anos-de-gue-articulo-658403.

[1699] En base a información del Artículo: Qué dice de Colombia que haya habido 62% de abstención en el histórico plebiscito por el proceso de Paz, en Redacción BBC Mundo BBC Mundo en Español, 3-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37539590. También, Además del No, ganó la abstención: fue la más alta en los últimos 22 años, en Diario El Espectador, Bogotá, 2-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/ademas-del-no-gano-abstencion-fue-mas-alta-los-ultimos-articulo-658178.

[1700] El mandatario convoca a partidos tras derrota del Sí en el plebiscito, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-10-2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-Paz/discurso-Presidente-santos-en-plebiscito/16716838.

[1701] En base al Artículo: Colombia. Fin de cese al fuego bilateral pone en riesgo al país, en Anncol, Agencias Noticias Nueva Colombia, 4-10-2016, http://kaosenlared.net/colombia-fin-de-cese-al-fuego-bilateral-pone-en-riesgo-al-pais/.

[1702] Las razones del Comité Noruego para otorgarle el Nobel de la Paz 2016 al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en BBC Mundo en Español, 7-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37586152.

[1703] Es urgente que Santos y el Jefe de las FARC respeten el alto al fuego: Presidenta del Comité Noruego, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/urgente-santos-y-el-jefe-de-farc-respeten-el-alto-al-fu-video-659073.

[1704] Nobel es un mandato para seguir trabajando por la Paz: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/nobel-un-mandato-seguir-trabajando-Paz-santos-articulo-659072.

[1705] Si un régimen asegura el orden, el resultado es la pacificación -”Pax”-; si además de asegurar el orden, realiza la justicia, el corolario es la “Paz”. Goldschmidt, Werner, Introducción Filosófica al Derecho: La Teoría Trialista del Mundo Jurídico y sus Horizontes, (Buenos Aires, Depalma, 1968), pág. 353.

[1706] Sigmund Freud denominó a esto “malestar en la cultura”. Freud, Sigmund, El Malestar en la Cultura, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988). Este tema lo he tratado en este libro bajo el Título: Discusiones Previas, Subtítulo: ¿Por Qué el Estado?

[1707] Primeras reacciones de Uribe y los partidarios del No en Colombia al premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, en BBC Mundo en Español, 7-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37586196.

[1708] Ingrid Betancourt: las FARC también se merecían el Nobel, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/ingrid-betancourt-farc-tambien-se-merecian-el-nobel-articulo-659070.

[1709] Celebro que el premio Nobel no haya sido compartido con Timochenko: Juan Carlos Pinzón, en Diario El Espectador, Bogotá, 7 OCT 2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/celebro-el-premio-no-haya-sido-compartido-timochenko-ju-articulo-659233.

[1710] Este tema lo traté, con mayor profundidad, más arriba bajo el Título: “La Justicia en Tucídides”.

[1711] Emanuelsson, Dick, Premian al inventor de los Falsos Positivos con el Premio Nobel de Paz, en Kaosenlared.net, 8-10-2016, http://kaosenlared.net/premian-el-inventor-de-los-falsos-positivos-con-el-premio-nobel-de-Paz/. También, Aznárez, Carlos, La hipocresía de otorgar un Nobel ¿de la Paz? a Juan Manuel Santos, en Kaosenlared.net, 8-10-2016, http://kaosenlared.net/la-hipocresia-de-otorgar-un-nobel-de-la-Paz-a-juan-manuel-santos/.Igualmente, http://www.albatv.org/La-hipocresia-de-otorgar-un-Nobel.html.

[1712] Colombia: Juan Manuel Santos extiende el cese el fuego con las FARC hasta el final de 2016, en BBC Mundo en Español, 14-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37651878.

[1713] Ante el triunfo del “No”, el ELN pide salida negociada al conflicto armado, en Diario El Espectador, Bogotá, 2-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/el-triunfo-del-no-el-eln-pide-salida-negociada-al-confl-articulo-658155.

[1714] A Continuar La Lucha Por La Paz, Editorial N.549, Revista Insurrección, en ELN, Voces de Colombia, 4-10-2016, http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/comando-central/editorial/805-a-continuar-la-lucha-por-la-Paz.

[1715] Congreso de los Pueblos de Colombia. Después del No en el Plebiscito, seguiremos construyendo la Paz con justicia social, en Kaosenlared.net, 2-10-2016, http://kaosenlared.net/congreso-de-los-pueblos-de-colombia-depues-del-no-en-el-plebiscito-seguiremos-construyendo-la-Paz-con-justicia-social/.

[1716] Rubiano, María Paula, Hablan las víctimas: Lo que hay que hacer según las víctimas para alcanzar la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá 7-10-2016, http://colombia2020.elespectador.com/pais/la-aldea-una-metafora-de-Colombia.

[1717] Declaración de Cuba y Noruega, países garantes en la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en PazFARC-EO.org, 7-10-2016, http://pazfarc-ep.org/component/k2/item/3570-declaracion-de-cuba-y-noruega-paises-garantes-en-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-de-colombia-y-las-farc-ep.html.

[1718] En base al Artículo: Colombia dijo No: 4 puntos para entender qué pasa ahora con el proceso de Paz y las FARC, en BBC Mundo en Español, 3-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537520.

[1719] Miranda, Boris, Las razones por las que el “No” se impuso en el plebiscito en Colombia, en BBC Mundo en Español, 3-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537629.

[1720] En base al Artículo de: Cosoy, Natalio, 5 escenarios que tiene Colombia después del “No” en el plebiscito por la Paz, en BBC Mundo en Español, 4-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37548453

[1721] Penagos, Julieta, Colombia. Reflexiones tras la derrota del Sí, en Kaosenlared.net, 4-10-2016, http://kaosenlared.net/colombia-reflexiones-tras-la-derrota-del-si/.

[1722] Estos son los principales actores que ganan con el ‘No’ del plebiscito, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-10-2016, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-Paz/quien-gano-el-plebiscito-en-colombia/16716647.

[1723] Los Bananeros Amigos de AUV Detrás del No, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 19-10-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5390-agencias. Investigación publicada en el portal www.verdadabierta.com y se reproduce con autorización del medio.

[1724] Delgado, Oscar, “Modernidad Democracia y Partidos Políticos”, (Bogotá, FESCOL, 1993).

[1725] La Crisis de Legitimidad y Hegemonía en la Colombia Actual, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 10-10-2016, http://anncol.eu/opinion/item/5366-editorial-anncol. Hay trescientas ochenta firmas que se pueden leer en http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-Paz/empresarios-piden-en-carta-un-Acuerdo-de-Paz-con-farc/16722821.

[1726] Publicado en Revista del ejército Nro. 139.

[1727] Cosoy, Natalio, El rol de las iglesias cristianas evangélicas en la victoria del “No” en el plebiscito de Colombia, en BBC Mundo en Español, 5-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37560320.

[1728] Pacto nacional podría ser la oportunidad de unificar procesos de Paz, en Anncol, Agencias Noticias Nueva Colombia, 4-10-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5316-pacto-nacional-podria-ser-la-oportunidad-de-unificar-procesos-de-Paz.

[1729] Uribe propone amnistía a guerrilleros sin condenas y “alivio judicial” a policías y soldados, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/uribe-propone-amnistia-guerrilleros-y-alivio-judicial-p-articulo-658390.

[1730] El Centro Democrático debe demostrar ahora cómo hacer una renegociación: En busca de un plan B para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/busca-de-un-plan-b-Paz-articulo-658169.

[1731] En la reunión también participaron María Angela Holguín, Canciller; Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior; Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa; el Gral. Oscar Naranjo, el Gral. Jorge Mora, Gonzalo Restrepo y Frank Pearl, miembros del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con las FARC; Gonzalo Restrepo, Rector de la Universidad Externado; Roy Barreras; Tesis Reyes, ex-Ministro de Justicia, el Gral. Juan Pablo Rodríguez, Comandante General de las fuerzas militares, el Gral. Javier Alberto Flórez, Comandante del Comando Estratégico de Transición; y Enrique Riveira, Secretario privado de Presidencia. Por parte del “No” asistieron el ex-Presidente Alvaro Uribe Vélez, Carlos Holmes Trujillo, el Senador Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga, el ex-Procurador Alejandro Ordóñez, el Pastor César Castellano, la Senadora Paloma Valencia, Rubén Darío Molano, Martha Lucía Ramírez, el Gral. (r) Héctor Fabio Velasco y Diana Sofía Giraldo, de la Fundación Víctimas Visibles.

[1732] Uribe mantuvo sus peticiones tras reunión con el Presidente Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/uribe-mantuvo-sus-peticiones-tras-reunion-santos-articulo-658754.

[1733] En base al Artículo de Aznárez, Carlos Colombia. Trampa en ciernes: Uribe lo convenció a Santos de desandar lo ya acordado en La Habana, en Kaosenlared.net, 6-10-2016, http://kaosenlared.net/colombia-trampa-en-ciernes-uribe-lo-convencio-a-santos-de-desandar-lo-ya-acordado-en-la-habana/. También, Uribe fuerza nuevo Frente Nacional contra el Acuerdo de Cartagena, Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5337-agencias.

[1734] Santos declaró totalmente inviable la propuesta de no aplicar justicia transicional, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-declaro-totalmente-inviable-propuesta-de-no-apli-articulo-661267.

[1735] En base al Artículo de Cosoy, Natalio, Colombia: qué quieren cambiar de los Acuerdos de Paz con las FARC los promotores del “No” y cuán factible es que lo consigan, en BBC Mundo en Español, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37582078.

[1736] Ver Acuerdo Final de Paz, Punto 5.1. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

[1737] Molano, Alfredo Si las FARC Insisten en los Viejos Esquemas, los Habrán Emboscado, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 7-1-2017, http://anncol.eu/opinion/item/5731-alfredo-molano-la-silla-vacia.

[1738] Nombre del proceso judicial emprendido contra el entonces Presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial.

[1739] Conexidad: que el asunto planteado está íntimamente relacionado o vinculado con otro u otros asuntos, previamente presentados ante el mismo o ante otros Jueces.

[1740] Garavito, Cristian, Los ajustes que quiere Uribe, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/los-ajustes-quiere-uribe-articulo-659474.. También, Los puntos que el “uribismo” pretende renegociar, en Diario El Espectador, Bogotá 12-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/”uribismo”-pide-revisar-aspersion-aerea-glifosato-y-condi-articulo-660143.

[1741] Los inamovibles y las propuestas del “uribismo” para avanzar en Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá 9-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-inamovibles-y-propuestas-del-uribismo-avanzar-acuer-articulo-659403.

[1742] Uribe entregó propuesta final para lograr Acuerdo Nacional de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá 12-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/uribe-entrego-propuesta-final-lograr-Acuerdo-nacional-d-articulo-660098.

[1743] Arboleda Zárate, Lorena, “Alivio judicial” del uribismo a los militares incluye penas de máximo cinco años de cárcel, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/alivio-judicial-del-uribismo-los-militares-incluye-pena-articulo-660851. También, Desde el Congreso emerge el pacto nacional de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-congreso-emerge-el-pacto-nacional-de-paz-articulo-661192.

[1744] Pastrana entrega las primeras propuestas para modificar Acuerdo con las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá 13-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/pastrana-entrega-primeras-propuestas-modificar-acuerdo-articulo-660265.

[1745] Militares y policías en retiro apoyan Justicia Transicional en Acuerdos con las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/militares-y-policias-retiro-apoyan-justicia-transiciona-articulo-664749.

[1746] Empresarios abogan por ‘Gran Pacto Nacional’ para alcanzar un Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/empresarios-abogan-gran-pacto-nacional-alcanzar-un-acue-articulo-659523. Hay una larga lista de firmas con nombres de empresarios/as.

[1747] Durán Núñez, Diana, Ley de Justicia y Paz para las FARC, un camino inviable, en Diario El Espectador, Bogotá, 6-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/ley-de-justicia-y-Paz-farc-un-camino-inviable-articulo-658768.

[1748] Human Rights Watch expone soluciones para puntos de discordia en Acuerdo Final de Paz, en El Espectador, Bogotá, 7-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/human-rights-watch-expone-soluciones-puntos-de-discordi-articulo-659083.

[1749] Las 18 tesis que propone Uprimny para superar crisis de proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/18-tesis-propone-uprimny-superar-crisis-de-proceso-de-p-articulo-658764.

[1750] EUA anticipa “decisiones difíciles” en Colombia tras ‘No’ al Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/eeuu-anticipa-decisiones-dificiles-colombia-tras-no-al-articulo-658271.

[1751] Obama celebra el Nobel para Santos por su “valiente liderazgo” hacia la Paz, en El Heraldo, Barranquilla, Colombia, 8-10-2016, http://www.elheraldo.co/nacional/obama-celebra-el-nobel-para-santos-por-su-valiente-liderazgo-hacia-la-Paz-291723.

[1752] Obama celebra el Nobel para Santos por su “valiente liderazgo” hacia la Paz, en El Heraldo, Barranquilla, Colombia, 8-10-2016, http://www.elheraldo.co/nacional/obama-celebra-el-nobel-para-santos-por-su-valiente-liderazgo-hacia-la-Paz-291723.

[1753] Fajardo, Luis, ¿Qué va a pasar con los millones de dólares que le prometieron otros países a Colombia para acabar la guerra?, en BBC Mundo en Español 6-10-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-37567432.

[1754] Comunicado Conjunto #2, Reunión de las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, en PazFARC-EP.org, 7-10-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosconjuntosfarcsantoscuba/item/3569-comunicado-conjunto-2-reunion-de-las-delegaciones-del-Gobierno-nacional-y-las-farc-ep.html.

[1755] Santos no recibe más propuestas sobre el Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 20-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-no-recibe-mas-propuestas-sobre-el-acuerdo-de-paz-articulo-661440.

[1756] Si de ajustes al Acuerdo de La Habana se habla con insistencia, “los exiliados exigen también ser escuchados”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 27-10-2016, http://anncol.eu/colombia/cultura-sociedad/item/5431-si-de-ajustes-al-acuerdo-de-la-habana-se-habla-con-insistencia-los-exiliados-exigen-tambien-ser-escuchados.

[1757] Barradas, Susana, Colombia. Significantes vacíos, disputas por el sentido y la “ideología de género”, en Kaosenlared.net, 6-11-2016, http://kaosenlared.net/colombia-significantes-vacios-disputas-por-el-sentido-y-la-ideologia-de-genero/.

[1758] Cristianos y FARC “solucionan” el tema del enfoque de género en los Acuerdos, en Diario El Espectador, Bogotá, 29-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/cristianos-y-farc-solucionan-el-tema-del-enfoque-de-gen-articulo-663030.

[1759] Los reparos de los LGTBI sobre las peticiones de los cristianos a las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 31-10-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/los-reparos-de-los-lgbti-sobre-peticiones-de-los-cristi-articulo-663248.

[1760] Discusiones sobre el matrimonio no hacen ni harán parte del Acuerdo: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/discusiones-sobre-el-matrimonio-no-hacen-ni-haran-parte-articulo-664713.

[1761] Weber, Max, Economía y Sociedad, (México, FCE, 1964).

[1762] Se tuvieron en cuenta algunos temas y conceptos del Artículo publicado por Duque, Horacio, Colombia: ¿Sirven de algo las movilizaciones sociales por la Paz?, en Kaosenlared.net, 30-10-2016, http://kaosenlared.net/colombia-sirven-de-algo-las-movilizaciones-sociales-por-la-Paz/.

[1763] Articulo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

[1764] En base al Artículo de Jimeno, Ramón, (Abogado de la Universidad de Los Andes, periodista, analista, guionista y consultor en estrategias políticas y de comunicaciones), Si hay salidas: La propuesta de Ramón Jimeno, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 31-10-2016, http://anncol.eu/opinion/item/5456-anncol. También, http://www.elespectador.com/noticias/politica/constituyente-especial-el-fin-del-conflicto-articulo-662908.

[1765] Si se observa lo dicho por las FARC, indican que según los establecido en el Acuerdo Final: procederemos a la reparación material de las víctimas en el marco de las medidas de reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra. Ver más arriba bajo el Título: “FARC Procederán a Declarar Economía de Guerra”.

[1766] El balón está en manos de las FARC: Propuestas del “No” llegan a La Habana, en Diario El Espectador, Bogotá 5-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/propuestas-del-no-llegan-habana-articulo-664182.