Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XLII

Protocolo y Anexos del Acuerdo sobre Cese el Fuego Definitivo y Abandono de las Armas

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno y FARC en La Habana, delegados de las partes y la misión tripartita, visitarían varias Veredas pera verificar las condiciones logísticas y de seguridad de las zonas de concentración 1666.

Los equipos negociadores del Gobierno y las FARC entregaron la hoja de ruta, para las garantías y cumplimiento del proceso de dejación de armas por parte de la guerrilla y el cese el fuego bilateral y definitivo. Las claves del anuncio son:

1. En total son veintitrés protocolos y dos anexos con procedimientos, fechas, criterios, medios, reglas y responsables de cómo se llevarán a cabo los desplazamientos, ubicación de las estructuras de las FARC, el funcionamiento de las zonas veredales de transición, la dejación de las armas de las FARC, la seguridad, el monitoreo y la verificación, así como la logística.

2. El objetivo de las reglas es evitar que los Acuerdos se rompan, se afecte a la población civil, a la Fuerza Pública o a las FARC.

3. Los compromisos de las FARC fueron:

* No realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización. Esto incluye, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal.

* No adquirir, fabricar, portar o transportar armas municiones y explosivos no autorizados.

* No ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil.

4. Será considerada violación al cese el fuego bilateral, cualquier conducta contraria a lo establecido en el Acuerdo y los protocolos que lo rigen.

5. Los protocolos de dejación de armas establecen: los procedimientos técnicos que aseguran que las FARC entregarán la totalidad de sus armas; determinan los tipos de armas -individuales, de apoyo, granadas, municiones-; los procedimientos para su destrucción y construcción de los tres monumentos acordados; y el procedimiento a través del cual Naciones Unidas certificará y comunicará al país que las FARC dejaron la totalidad de sus armas.

6. El cronograma para la dejación, establece que cinco días después de la firma, las FARC entregan la información sobre todas las armas que tienen en su poder y cinco días después, las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra su armamento inestable.

7. Durante los primeros sesenta días se destruirá el armamento inestable (explosivos artesanales como tatucos, cilindros bomba), y se almacenarán en contenedores, bajo control de Naciones Unidas, todas las armas de apoyo y el armamento de las milicias.

8. La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los integrantes de las FARC dentro de los campamentos en las Zonas se realizará de forma secuencial y en las tres fases acordadas.

9. A más tardar a los ciento ochenta días, la ONU extraerá los contenedores de las zonas, y certificará y comunicará a la opinión pública su finalización.

10. Se habilitarán rutas de desplazamiento con dispositivos especiales de seguridad por parte de la Fuerza Pública, para permitir el movimiento de las estructuras de las FARC hacia las veintitrés zonas y ocho puntos, y para dar garantías de seguridad reforzadas a todas las comunidades.

11. Los integrantes de las FARC no podrán transitar uniformados o armados por fuera de los campamentos.

12. En las zonas veredales estarán presentes las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en cabeza de Naciones Unidas. La fuerza pública, después de la zona de seguridad, tendrá un dispositivo especial de protección.

13. En caso de un incidente Naciones Unidas, será la encargada de hacer la evaluación final de cualquier incidente ocurrido, y de presentar los informes correspondientes de verificación. En sus reportes, la ONU podrá hacer recomendaciones y contribuir a que se diriman controversia.

14. El Gobierno Nacional será el responsable de suministrar la logística durante el proceso del Cese el Fuego y Dejación de las Armas. Para esto, podrá contar con recursos de cooperación internacional 1667.

Posición de las FARC sobre los Protocolos

La firma de los protocolos para hacer efectivo los Acuerdos de cese el fuego y hostilidades bilateral y definitivo, y los relacionados con el proceso de Dejación de Armas, constituyen una nueva señal, de que el proceso de Paz de Colombia continúa su marcha hacia el Acuerdo Final, pese a los enemigos de la Paz, que quieren hacerlo fracasar por razones políticas.

La reconciliación exige de todos los involucrados en el conflicto, verdad y reconocimiento de responsabilidades para acceder a la justicia restaurativa pero, hay algunos protagonistas que prefieren silenciar con el ruido de la guerra, la verdad sobre las causas y los responsables del conflicto.

Finiquitar un Acuerdo para construir la Paz, es duro y complejo. El Presupuesto del 2017, reduce la inversión social y pareciera no tener en cuenta los requerimientos de la Paz.

Cerrados los Acuerdos, la clave está en la implementación, y ella debe darse con la máxima participación de la ciudadanía, porque su protagonismo no puede limitarse a la refrendación. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso, de acuerdo con la Agenda.

Todo es posible, pero se requiere la seguridad jurídica y el desarrollo normativo de los Acuerdos para que no queden como letra muerta, que desemboque en el desengaño, como ha ocurrido con otros compromisos y en otros procesos. De lo que se trata es de dejar sentadas las bases, para darle paso a la acción del constituyente primario que es el pueblo.

Empieza el planeamiento y ejecución necesarios para el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación en todos los niveles, la adopción de los mecanismos en el terreno, el funcionamiento de zonas y puntos, y los lineamientos para el proceso de la dejación de las armas. Se debe tomar en cuenta, que los pasos substanciales en lo que respecta al desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización, y la dejación de armas, están supeditados a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá estar refrendado y en efectivo desarrollo, el Acuerdo Final.

Considerando la importancia fundamental que debe tener la población en la implementación del Acuerdo logrado, el mecanismo en las zonas, tendrá contacto directo con cada comunidad implicada, con las organizaciones sociales y políticas, y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, para que de forma conjunta, contribuyan en las actividades que se desplieguen, aportando información, ayudando en la difusión de los informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias.

Con esta misma visión, debemos precisar, que dentro de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización, se garantiza el funcionamiento de las autoridades civiles y el libre acceso de cualquier ciudadano y de los medios de comunicación, sin ninguna limitación, excepción hecha de los campamentos donde se encuentra el grueso de las unidades guerrilleras armadas. A propósito de los medios de información y comunicación, sería importante su vinculación propositiva apoyando y alentando la conquista de la Paz.

Según los protocolos, se capacitará y certificará, en una primera fase, a los integrantes de las FARC y del Gobierno seleccionados por las partes, para integrar el mecanismo de monitoreo y verificación, que dispondrá de un tiempo para acoplarse previo a su despliegue. El componente internacional recibirá de las partes los nombres de sus elegidos para esta misión.

Llegado el momento, FARC y Gobierno ordenarán a sus propias tropas el Cese el Fuego y de Hostilidades bilateral y definitivo.

Se encuentran listos los guerrilleros y guerrilleras que deben formar parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación- Se ha conformado el Componente Internacional del mecanismo establecido por Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de la ONU, y estamos prestos para el despliegue de las instancias locales y regionales definidas, todo lo cual configura, gracias al esfuerzo de millones de colombianos y colombianas, una perspectiva de avance que permite decir que cada día la meta del Acuerdo final se acerca más.

Hacemos un reconocimiento a la intensa actividad de construcción de este Acuerdo realizado en el marco de la Subcomisión técnica, tanto por el equipo de altos oficiales de las fuerzas armadas designados por el Gobierno, liderados por el Gral. Javier Flórez, como por el equipo de Comandantes guerrilleros designados por las FARC-EP para esta misión, liderados por Carlos Antonio Losada.

La labor conjunta en la que ambas partes han mostrado el deseo franco por alcanzar la Paz, muestra que es posible una Colombia nueva en la que las armas, la voluntad y la conciencia de la fuerza pública, pueden tomar el rumbo de la defensa de los intereses ciudadanos y de la justicia social 1668.

Para el ELN Continúa la Resistencia

La Dirección Nacional y el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional hizo una Declaración.

El Gobierno de Juan Manuel Santos llega a la mitad de su segundo mandato y los resultados son desastrosos. La locomotora minero-energética que debía ordenar la economía, se descarriló por la baja de los precios y la caída de las exportaciones de materias primas. Mientras el sector financiero reporta jugosas ganancias, se mantiene el estrangulamiento de la industria y la agricultura. El peso se devalúa, la inflación se dispara, aumenta la deuda externa y la balanza comercial es deficitaria. Ante el profundo hueco fiscal, es inminente otra reforma tributaria contra la clase media y los sectores populares. El desempleo, la carestía, la miseria, arrasan con los pobres y la hambruna mata sin clemencia la infancia, principalmente de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

Ante esta caótica situación, diversos sectores sociales no tienen más alternativa que movilizarse para reclamar los derechos básicos que el Estado debe garantizar, siendo brutalmente reprimidos por la fuerza pública, amparados en las últimas leyes antisociales que han venido imponiendo las bancadas parlamentarias “santistas” y “uribistas”. Además, aumentan las amenazas y los asesinatos del paramilitarismo contra las organizaciones y los dirigentes que se atreven a disentir de las políticas estatales.

Un logro importante de la gestión de Santos, se dio el 23 de junio del 2016, con el Acuerdo sobre Cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas de las FARC. Para favorecer el proceso de Paz, mantenemos respeto por la Mesa de La Habana. Siempre confiamos que cualquier diferencia, el país la podría conocer en el curso de nuestro proceso que está abierto a la participación de la sociedad. Pero ante el congelamiento impuesto por el Gobierno a la Mesa con el Ejército de Liberación Nacional, y ante la próxima firma de un Acuerdo definitivo de dejación de armas de las FARC, nos vemos en la obligación de expresar que no compartimos la esencia de estos Acuerdos. Se evidencia que el objetivo principal de la comandancia de FARC es convertirse en una organización legal, aceptando unos Acuerdos que exculpan al Estado de su responsabilidad en el desarrollo de la guerra sucia y el Terrorismo de Estado, a la vez que deforman los fundamentos esenciales del Derecho a la Rebelión.

El Gobierno niega la naturaleza política del alzamiento armado y mantiene intacto el régimen de violencia, exclusión, desigualdad, injusticia y depredación. Compartimos las inquietudes de diversos sectores de la sociedad, del movimiento social y político, frente a varias de las temáticas acordadas, ya que no interpretan sus expectativas, como la limitada participación de la sociedad; la negociación de asuntos sociales sin tener en cuenta a los sectores afectados; la justicia transicional que evita el enjuiciamiento al Estado por su culpabilidad en el genocidio; y la poca incidencia de lo acordado para modificar la realidad del país.

El Estado colombiano, el Presidente y las fuerzas armadas han expresado con claridad que “la Paz es la victoria”, y que a ella se llegó como resultado de la aplicación de la fuerza militar. Para ellos la Paz no es una convicción política, sino sólo un cálculo económico, pues les resulta más barato llevar la insurgencia a la legalidad sin comprometerse con las transformaciones que la sociedad necesita y evitar la prolongación de una lucha de resistencia que los viene desgastando y no podrán controlar.

El ELN ha reiterado que la Paz sólo será posible si se dan transformaciones estructurales de la sociedad y del Estado, donde el pueblo sea el protagonista de las nuevas construcciones que permitan la justicia social, la equidad, la dignidad y la soberanía. Mientras esta nueva Colombia no esté garantizada y se mantenga un régimen oligárquico basado en la violencia, sigue siendo un imperativo político mantenernos como rebeldes alzados en armas para acompañar todas las luchas de resistencia social.

Si durante estos más de sesenta años de lucha guerrillera, la oligarquía no ha cedido parte de sus privilegios al pueblo, mucho menos lo hará después que la guerrilla se desarme. Por el contrario, se envalentonará con mayor represión contra los reclamos sociales. Las clases que manejan el poder sólo entienden que la Paz es el desarme de las guerrillas para maximizar sus ganancias. La oligarquía colombiana no quiere la Paz porque no permite cambiar su estructura de dominación. Esto quedó demostrado en las negociaciones con las FARC al colocar las “líneas rojas” de no tocar su modelo de explotación económica, de exclusión política o de barbarie militar. La poca voluntad de Paz del Gobierno, también se muestra al mantener congeladas las negociaciones con el ELN.

Desde agosto del 2012, con el acompañamiento de la comunidad internacional, llevamos a cabo reuniones formales con el Gobierno de Santos, en pos del objetivo de lograr una Paz que interprete el sentir de los colombianos. Múltiples incumplimientos, exigencias unilaterales e intentos de manipulación tuvimos que afrontar, pero logramos firmar el 30 de marzo del 2016, el Acuerdo de Agenda para desarrollar la fase pública de las conversaciones, en un proceso abierto a la participación de la sociedad. Pasados cuatro meses, las conversaciones están congeladas por decisión unilateral del Gobierno, quien pretende imponer condiciones por fuera de la formalidad de la Mesa, haciendo exigencias que jamás fueron acordadas, aunque son asuntos que están contemplados para ser discutidos.

Al parecer el Gobierno le tiene miedo a la participación de la sociedad. La fase pública de conversaciones con el ELN, implica darle la palabra a todos los colombianos y colombianas, a los sectores organizados, pero también a la pobrería, a quienes secularmente han estado excluidos, silenciados e invisibilizados.

Debe abrirse un nuevo momento de participación democrática, donde la sociedad no puede seguir siendo una “invitada de piedra”, sino que debe ganar el protagonismo para diseñar los cambios. Las propuestas que produzca este proceso participativo de la sociedad no pueden quedarse en simples recomendaciones o insumos, sino que, por el contrario, deben ser propuestas a instrumentalizar para poder hacerlas realidad.

La Paz no es el desarme de la guerrilla, sino una construcción multicolor donde la participación popular cobra vida y se concreta en las transformaciones de la nueva nación. Si la sociedad plantea la democratización del poder, es la oligarquía la que debe definir si permite los cambios o continúa manteniendo la guerra y haciendo política mediante la violencia.

En la actualidad, lo que está en el orden del día no es un Plebiscito para desarmar a una organización guerrillera, sino la necesidad de construir una Paz verdadera, pues de poco servirán unos Acuerdos parciales si continúa el conflicto social y armado.

El ELN convoca a todos los sectores populares y clases medias de la ciudad y del campo; a los industriales, agricultores y comerciantes atropellados por la competencia desleal de las empresas transnacionales; a los movimientos y partidos políticos de izquierda, democráticos y de centro que buscan alternativas al régimen; a las mujeres, LGTBI y demás sectores generistas que no sólo buscan la igualdad ante la ley, sino la equidad frente a la vida; a los estudiantes y la juventud que piden ser los arquitectos del futuro; a todos los patriotas que quieren una república soberana; a todos, les ofrecemos esta fase pública como un gran Diálogo Nacional, para que construyamos la Nueva Colombia en Paz.

El ELN sigue manteniendo en alto la bandera de la Paz siempre junto al pueblo. La rebelión a la que hemos acudido como legítimo derecho del pueblo ante un régimen ilegítimo, es la renuncia a obedecer a los poderosos para colocarnos del lado de los humildes y desposeídos 1669.

Plebiscito solo será Autorizado si las FARC se Desarman

El fallo de la Corte Constitucional que da vía libre al plebiscito por la Paz advierte que, antes de que pueda ser convocado el Estado debe garantizar que las FARC “depongan las armas”.

Por ende, es deber del Estado garantizar que ninguna amenaza, en particular aquella de carácter armado, limite el ejercicio de libertad. Esto supone, como es apenas natural, que el grupo armado ilegal con quien se negoció el contenido del Acuerdo deponga el uso de las armas y de la violencia como paso previo y obligatorio a la refrendación popular”.

Otra obligación que tendrá el Estado, será la de garantizar las condiciones de seguridad para los ciudadanos, no sólo de quienes participarán en el plebiscito sino para aquellos que se abstendrán de votar en la convocatoria.

Las condiciones de seguridad personal de todos los ciudadanos y, en especial, de quienes participen en el plebiscito, tanto en las campañas constituidas para el efecto, como los demás votantes”.

En criterio de la Corte, los guerrilleros de las FARC, no pueden ostentar el poder de las armas al momento de ponerse en marcha la refrendación de los Acuerdos, incluso de las actuaciones que en adelante surjan una vez se complete la firma final de los Acuerdos 1670.

Acuerdo Final, Integral y Definitivo

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciaron en La Habana, Cuba, el 24 de agosto del 2016, que han llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los Puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia 1671.

Preámbulo

Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;

Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes;

Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes;

Recordando que en desarrollo de la Agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado;

Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la Paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la Paz;

Subrayando que la Paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía;

Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;

Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno;

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar;

Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGTBI;

Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

Valorando y exaltando que el eje central de la Paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza;

Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles;

Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;

Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea;

Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”;

Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar Acuerdos de Paz;

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado:

Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.

El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

Introducción

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.

Se trata de construir una Paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la Paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial.

El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.

La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la Paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.

Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la Paz.

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la Paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la Paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

*

El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una Paz estable y duradera.

El Punto 1 contiene el Acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El Punto 2 contiene el Acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la Paz”. La construcción y consolidación de la Paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el Acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el Acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una Paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyéndolas organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la Paz”. Para cumplir con este fin, el Acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el Acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la Paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5 contiene el Acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier Acuerdo. El Acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la Paz; y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el Acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

*

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una Paz estable y duradera 1672.

Comunicado Conjunto Aclaratorio sobre el Acuerdo Final

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, realizamos las siguientes precisiones en relación con las fallas encontradas en la numeración del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera:

1. La numeración del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” no corresponde a la numeración de la Agenda del Acuerdo General.

2. Todos los Puntos y Subpuntos de la Agenda del Acuerdo General fueron desarrollados integralmente en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

3. En el desarrollo de los Subpuntos, algunos fueron omitidos en estricto orden ya que su desarrollo por completo se dio en otros Puntos del Acuerdo Final 1673.

Carta Abierta del ELN al Secretariado de las FARC por la Firma del Acuerdo

Inmediatamente después de la firma del Acuerdo Final, el 29 de Agosto del 2016, el ELN envió una carta abierta al Secretariado de las FARC. Compañeros del Secretariado, del Estado Mayor Central y demás integrantes de las FARC.

A todas y todos ustedes nuestro fraternal abrazo y seguirles deseando éxitos en el camino emprendido de convertirse en una organización o Movimiento político legal, tal como lo consigna el reciente Acuerdo entre ustedes y el Gobierno nacional.

En reciente pronunciamiento a través de nuestro periódico oficial Insurrección, hemos expresado de manera franca, que respetamos pero no compartimos la esencia de dichos Acuerdos. Nuestro último Congreso de finales del 2014 definió por consenso las líneas dentro de las cuales nuestra delegación desarrolla los diálogos con el Gobierno del Presidente Santos; luego de arduas discusiones entre nuestra delegación y la del Gobierno, existe una Agenda hecha pública el 30 de marzo del 2016.

Además del contenido de la Agenda, donde son claras las diferencias con ustedes, nuestro magno evento clarificó que los diálogos con el Gobierno del Presidente Santos son de carácter exploratorio debido a que no vemos clara la voluntad de Paz del Gobierno nacional, que nos permita desde ya trazar una ruta definitiva hacia la Paz de Colombia.

Seguramente el Gobierno de Santos cuenta que con la pronta desmovilización de las FARC, termine aislando al ELN, que se verá obligado a negociar en las condiciones que establezca.

Asimismo hemos expresado públicamente y con claridad, que desde hace más de veintitrés años buscamos, a través de los diálogos con los Gobiernos de turno, una salida política al conflicto porque estamos profundamente convencidos que el futuro y destino de Colombia no puede ser la guerra. Desafortunadamente en ninguno de esos Gobiernos, hemos visto voluntad real para buscar la Paz y contrario a ella hemos constatado la intención de desarmar las guerrillas sin que a cambio, exista la real voluntad de pactar Acuerdos que pongan fin a las causas que originaron el conflicto político social y armado que desangra a la sociedad excluida del poder, siendo ella la inmensa mayoría de las y los colombianos.

Siempre hemos dejado claro que ese esfuerzo de buscar la Paz, no es porque valoremos que el alzamiento armado no esté vigente, sino porque nuestras convicciones nos hacen buscar los caminos del entendimiento y las soluciones dialogadas, debido a que no somos amantes de la guerra; esta la aceptamos como el último recurso al que la clase en el poder nos ha obligado y mientras esto no cambie seguiremos asumiendo el derecho a la rebelión.

Valorando que en estas formas de apreciar la realidad tenemos diferencias, estamos convencidos que ello no debe ser motivo para que los niveles de unidad necesarios entre revolucionarios y luchadores populares, se afecten y menos que se rompan. Es la práctica y la acción revolucionaria, la que nos llevará a constatar si las salidas que encuentra cada fuerza u organización para enfrentar los retos que nos impone la lucha, son o no acertadas, en ese camino maduramos y encontraremos los aciertos para la construcción de una Colombia soñada para todos.

En este momento, más allá de la particular coyuntura, es vital que los verdaderos dirigentes populares trabajen por el fortalecimiento del movimiento de masas, aglutinando todas las vertientes de la verdadera oposición política nacional donde la madurez logre deponer las conductas vanguardistas y hegemonistas, que tanto daño causan al movimiento popular. Solo una verdadera fuerza organizada de las masas, hará posible la lucha por una auténtica Paz para Colombia.

Finalmente a ustedes compañeros y compañeras de las FARC les deseamos los mejores éxitos en el camino escogido y nos seguiremos encontrando en los distintos espacios en que la lucha popular y revolucionaria nos coloque, Nicolás Rodríguez Bautista 1674.

Cómo Será la Participación Política de las FARC

Para poder transformarse en partido político deberán haber dejado las armas. Tendrán una representación asegurada en el Congreso, con cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, por dos períodos, participando en las elecciones con un umbral especial, y se creará un Consejo Nacional de Reincorporación.

1. El proceso de reincorporación busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general a la vida civil.

2. El nuevo partido sólo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el tres porciento de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes.

La personería así reconocida se conservará de conformidad con las reglas aplicables a los demás partidos y la perderán si incurren en las faltas previstas en la ley, tales como estimular la formación de asociaciones ilegales, utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral, entre otras. Sin embargo, durante el período de transición, no se exigirán los requisitos relacionados con obtener votos en elecciones de Congreso y acreditar un determinado número de afiliados. Mientras estén en armas, los integrantes de las FARC no podrán participar en política.

3. Como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas. De igual manera, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley, excepto el haber obtenido un número determinado de votos en elecciones de Congreso.

4. No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El Acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los siguientes dos períodos electorales. En todo caso, sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional.

5. Se trata de ciudadanos en ejercicio, es decir personas que no tienen suspendida la ciudadanía como consecuencia de condena penal o sanción disciplinaria, y que no se encuentren en armas. Los voceros serán designados por la agrupación política con el objeto de que participen, exclusivamente, durante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016, en los debates que se surtan en el Congreso de la República, pudiendo intervenir con las mismas facultades que tienen los Congresistas, excepto el voto.

6. Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los excombatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con:

i. Atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros.

ii. Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad.

iii. Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (ECOMUN).

7. Se creará el Consejo Nacional de Reincorporación, que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, la cual tiene como uno de sus objetivos realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de esa guerrilla. De igual forma, se crearán Consejos Territoriales de la Reincorporación que tendrán a su cargo, entre otras funciones, realizar el seguimiento a la reincorporación a nivel territorial.

8. Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados.

9. Para hacerle seguimiento a la implementación de los Acuerdos, acordamos crear un Mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional y cuyo propósito es comprobar su estado y avances, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación. El mecanismo de verificación estará compuesto por:

i. Dos notables: serán dos personas de representatividad internacional, elegidas una por parte del Gobierno Nacional y otra por las FARC.

ii. Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile).

iii. Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances. Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Esta misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las partes consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario.

10. El acompañamiento internacional se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas para contribuir a la implementación de los Acuerdos y la construcción de la Paz. El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos 1675.

Gobierno Declara el Cese el Fuego Definitivo

El Presidente Juan Manuel Santos anunció que a partir de la medianoche del lunes 29 de agosto del 2016, se callarán los fusiles de forma definitiva y cesará el fuego tras un conflicto de más de cincuenta años 1676.

Reglas del Cese el Fuego Gobierno-FARC-EP

CFHBD: Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.

DA: Dejación de Armas.

MM&V: Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

PTN: Puntos Transitorios de Normalización.

ZS: Zonas de Seguridad.

ZVTN: Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

El Gobierno Nacional se compromete a NO realizar en virtud del Acuerdo las siguientes acciones:

Las Partes se comprometen a NO realizar en virtud del Acuerdo las siguientes acciones

Las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del Acuerdo las siguientes acciones:

1. Entrar en contacto armado.

1. Entrar en contacto armado.

1. Mantener presencia armada y uniformada fuera de los campamentos.

2. Diseñar, planear y ejecutar vuelos militares, por debajo de cinco mil pies de los niveles de vuelo.

2. Impedir u obstaculizar el MM&V.

2. Salir de la ZVTN o de los PTN sin cumplir los procedimientos acordados en materia de seguridad para los desplazamientos.

3. Ejecutar operaciones de cción ofensiva contra integrantes de las FARC-EP que se encuentren en cumplimiento del Acuerdo de CFHBD y DA.

3. Ocultar información que sea relevante para el funcionamiento del MM&V y la implementación del Acuerdo del CFHBD y DA.

3. Adquirir, fabricar o transportar armas, municiones y explosivos no autorizados en el Acuerdo del CFHBD y DA.

4. Controlar suministro de alimentos y medicamentos a las áreas definidas en las ZVTN y los PTN.

4. Desplegar unidades armadas y personal no autorizado en las ZVTN y PTN y ZS.

4. Interferir en el normal desarrollo y funciones de las autoridades civiles y de policía.

5. Afectar o dañar las instalaciones adecuadas en las ZVTN y PTN.

5. Llevar a cabo acciones que impidan la protección o asistencia humanitaria.

5. Cometer actos de destrucción de las instalaciones gubernamentales y de la fuerza pública.

6. Ingresar a las ZVTN, PTN y a las franjas de seguridad sin informar o coordinar con el MM&V.

6. Utilizar lenguaje difamatorio por cualquier medio.

6. Ingresar a las ZVTN, PTN y a las franjas de seguridad sin informar o coordinar con el MM&V.

7. Hacer propaganda hostil en contra de las FARC-EP.

7. Ejecutar actos de violencia o amenaza contra la vida e integridad de la población civil.

7. Incrementar su capacidad de combate.

8. Obstaculizar el desplazamiento de los integrantes de las FARC-EP hacia las ZVTN y las PTN

8. Realizar acciones que atenten contra la integridad física o moral de la contraparte.

8. Comercializar o preparar depósitos clandestinos de armas o pertrechos.

9. Obstaculizar la atención médica a los integrantes de las FARC-EP.

9. Realizar acciones en contra de la integridad y seguridad física del personal de la MM&V.

9. Modificar sin justificación la cantidad y relación de personas y armas autorizadas para permanecer en los campamentos.


10. Interferir en el registro, identificación, tenencia, recolección, almacenamiento, extracción de las armas de las FARC-EP.

10. Incumplir el registro y almacenamiento de las armas de los guerrilleros que salen a tareas del proceso de Paz.


11. Usar las rutas de desplazamiento, los dispositivos, las ZVTN, los PTN y las ZS, para fines diferentes a los acordados.



12. Transgredir los Acuerdos y Protocolos relacionados con el ingreso y salida de las ZVTN, los PTN.



13. Tener presencia temporal o permanente en las zonas de seguridad delimitadas previamente de común acuerdo.



14. Transgredir los compromisos adquiridos en el Acuerdo sobre CFHBD y BA.



15. Afectar los derechos y libertades de la población civil.



16. La fuerza pública cumplirá la ley sobre incorporación de integrantes a sus filas y las FARC-EP no incorporará nuevos integrantes a sus filas.


La CPI Respaldó el Acuerdo Final por no haber Procesos de Impunidad

La Corte Penal Internacional (CPI) respaldó el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC, principalmente porque éste no tendría procesos de impunidad, según los estatutos de Roma. Lo manifestó la Fiscal Fatou Bensouda, Presidenta de la entidad, en un comunicado:

Noto con satisfacción que el texto final del Acuerdo de Paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Los fines de una Paz sostenible están intrínsecamente ligados a la realización de la justicia y a que esta se vea realizada. Ante la apertura de un nuevo capítulo en la historia de Colombia en su búsqueda por la Paz, mi oficina continuará apoyando sus esfuerzos”.

Es necesario que los organismos judiciales que se implementen tras la firma final, logren castigar a los responsables de hechos criminales de manera efectiva.

Se espera que la Jurisdicción Especial para la Paz que se establecerá en Colombia lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la Paz”.

La Corte Penal Internacional recalcó que Colombia está viviendo una oportunidad única, por lo cual requiere mayores esfuerzos en la implementación de lo pactado entre las partes el 24 de agosto del 2016. La Jefa del Tribunal Penal exaltó que los Acuerdos hayan tenido como eje central a todas las víctimas del conflicto armado y espera que se logren procesos de reparación efectivos 1677.

Las FARC Deben Salir de la Lista de Terroristas

El Gral. (r) Oscar Naranjo destacó la labor de los negociadores del Gobierno en los diálogos de Paz con las FARC y agregó que de cumplirse todo lo pactado, lo lógico es que esa guerrilla salga de la lista de terroristas.

Lo que parecería obvio es que sí las FARC firman una Acuerdo para poner fin al conflicto y cumplen con los compromisos pactados en ese Acuerdo, pues deben salir de las listas de terroristas tanto en Europa como en Estados Unidos”.

El Gobierno de Estados Unidos manifestó públicamente su intención de someter a estudio este tema.

Hay manifestaciones expresadas de manera pública del Gobierno de Estados Unidos diciendo que una vez se firme el Acuerdo, esté en firme ese Acuerdo, habrá una revisión del proceso que permita estudiar que los miembros de las FARC, como organización terrorista considerada en el listado de ese país, sean sacados de esas listas”.

Para el Gobierno colombiano es una prioridad el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá como tarea, juzgar y sentenciar a individuos acusados de cometer crímenes de guerra durante el conflicto. La idea es que en el menor tiempo posible se puedan designar a los veinte magistrados colombianos y cuatro extranjeros, que juzgarán las acciones más graves de la guerrilla y de los agentes del Estado, enfrentados desde hace medio siglo.

Es una prioridad y es un tema sustancial para que el Acuerdo comience a funcionar. Está previsto en el Acuerdo que hay una serie de criterios con que deberán obrar esos panelistas que seleccionaran los magistrados, y está previsto que ellos deberán acordar unas reglas de entendimiento para que se actué de manera plural” 1678.

El ELN Respetará las Zonas de Concentración para Desmovilizarse las FARC

Alias 'Gabino', líder del ELN, señaló que tanto el Gobierno como las FARC pueden estar “tranquilos” sobre la “conducta respetuosa y delicada” que tendrán frente a las veintiocho zonas de concentración. Respetarán las zonas en las que se concentrarán las FARC para su desarme y desmovilización.

Tan pronto supimos dónde y cuáles eran las zonas veredales de concentración para las FARC, dimos una orden clara para todas las unidades del ELN en el país: respeto al proceso, prudencia y responsabilidad para con esa realidad. No podemos responder por acciones fortuitas por mucha prudencia que tengamos (...) el país debe entender esa realidad”.

Se “respetará el derecho al voto de la población” en el plebiscito para refrendar lo convenido entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Nosotros no vamos a impedirlo, no vamos a generar dinámicas diferentes más que respetar y respaldar al pueblo en cualquiera que sean sus decisiones soberanas”.

Sobre el retraso en el inicio de las negociaciones Gobierno-ELN “Gabino” sostuvo que:

Es hora” de que se abra la Mesa “sin ningún tipo de dilaciones. Nosotros no aceptamos imposiciones”.

La búsqueda de la Paz sobrepasa el mandato de Santos 1679.

Se Instala Comisión de Verificación del Acuerdo Final de Paz

El Gobierno Nacional y las FARC, informaron que el 6 de Septiembre del 2016 se instaló la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) en La Habana, con el fin de iniciar el trabajo acordado en el marco del Punto 6 del Acuerdo Final.

Se reunieron con los delegados del Centro Carter, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), con el fin de formalizar la solicitud hecha mediante el comunicado conjunto #80 del 5 de julio del 2016, para que estas organizaciones seleccionen seis de los expertos que, junto con un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE), conformarán la Misión Electoral Especial.

La Misión de conformidad con lo acordado en el Punto 2.3.4, tiene como objetivo formular unas recomendaciones al Gobierno Nacional que permitan asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia.

Igualmente, se celebró una reunión entre representantes del Gobierno nacional y de las FARC, para preparar la logística necesaria para el funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN).

Se avanzó en el proceso de identificación y cedulación de los integrantes de la Delegación de las FARC en el Consulado de Colombia en La Habana.

El Gobierno y la guerrilla formalizaron la solicitud a la Universidad Nacional para que realice un “censo socio-económico” que aporte información para facilitar el proceso de reincorporación integral de las FARC a la vida civil como comunidad y como individuos tras el desarme. La Universidad tendrá veinte días para presentar una propuesta sobre el tema al Consejo Nacional de Reincorporación 1680.

La Sociedad Civil Vuelve a Mostrar que el Acuerdo de Paz es Incompleto

El Movimiento por la Constituyente Popular, plantea que tal como se dan las cosas, el Plebiscito pareciera plantear, no la aprobación o no del Acuerdo Final de Paz, sino el ponerse del lado de Santos o de Uribe.

Según el Gobierno, preguntará el Plebiscito: “¿Apoya usted el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera?”. Con esa engañosa pregunta a la ciudadanía en el Plebiscito, se iguala el conflicto con las FARC al conflicto social y armado en Colombia, al tiempo que la pregunta sobredimensiona el Acuerdo de La Habana al hablar de la estabilidad y duración de la Paz de Santos.

El 2 de octubre del 2016, para validar el resultado del Plebiscito, la Registraduría tendrá presente, en primer lugar, la abstención, cuyo impacto político incuestionable llevó a la Corte a aprobar el ridículo umbral del trece por cierto para validar consultas, claro que los jurados no sólo contarán los votos por el y el No, también escrutarán los votos nulos y los no marcados, pues ratificando su talante antidemocrático no permitieron el voto en blanco.

Para los luchadores sociales que piensan en los intereses de clase explotada, no es inaudito todo comentario sobre la Paz, como pontifican algunos “Pazólogos” y políticos desesperados por el No y el Si al plebiscito. Desde una visión democrática del funcionamiento de las organizaciones populares, sociales y sindicales, es necesario abrir el debate interno sobre los distintos puntos de vista que se dan en el campo popular sobre la Paz y la solución política al conflicto en su conjunto, y no tratar de imponer desde las juntas directivas la opinión de sus mayorías en vez de abrirse a la capacitación política de los afiliados para que puedan tomar una verdadera decisión consciente.

No se puede afirmar que las únicas concepciones sobre la Paz, a expresarse ante la opinión pública son las del “No” del Centro Democrático de Uribe y las del “Si” del Gobierno de Santos y los pacificadores adherentes, que van desde la derecha oligárquica hasta la izquierda institucionalizada animada desde Ministerios, así como las fuerzas tradicionales de la coalición de Gobierno de “Unidad Nacional”.

El movimiento social masivo, amplio, está cansado de escuchar hablar de unos Acuerdos en La Habana entre Gobierno y FARC, que no alcanzará a leer y menos estudiar. Simultáneamente este Gobierno y régimen aplica al pueblo unos Decretos, Resoluciones ministeriales, Leyes, Ordenanzas y Acuerdos que lo agreden y condenan a pena de muerte con los golpes del Escuadrón Policial Antidisturbios -ESMAD- o por el hambre y malos servicios de salud.

Si los trabajadores y el pueblo tuvieran la oportunidad de estudiar los Acuerdos de la Habana, entendería que en ellos no están plasmado,s ni siquiera, los caminos para alcanzar sus banderas y reivindicaciones recientemente activadas con el pliego de quince puntos, presentado al Gobierno en el fragor de la Jornada Nacional de protesta del 17 de marzo del 2016.

Se nos dice a los sindicatos, estudiantes, organizaciones agrarias y étnicas que esperemos, que al desaparecer las FARC termina la criminalización de las luchas sociales, pero entre tanto han desfilado por oficinas del Alto Gobierno el recién votado Código de Policía, antecedido por las fascistas Leyes de Seguridad e Inteligencia; Decretos que autorizan a la fuerza pública el uso de armas de letalidad reducida para reprimir las protestas sociales, que tanto daño irreversible han causado a manifestantes.

La mayoría de las Direcciones de organizaciones sociales y sindicales, erróneamente, han orientado un receso en la movilización popular priorizando la campaña por el Si al plebiscito, poniendo en un segundo plano la preparación del Paro Cívico Nacional, y mientras tanto el Gobierno y el régimen agudizan la arremetida económica y social contra los trabajadores y el pueblo.

Los sindicalistas ven como desde la Cartera del Trabajo los “Ministros de izquierda” afianzan la tercerización y malos salarios del neoliberalismo.

Leemos que la Ley sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) se opone a una reforma agraria democrática, pero se aprueba pasando por alto la Minga Agraria, y mientras se dialoga con las FARC un primer Punto de Acuerdo sobre el agro. Dada la trayectoria autoritaria y pro fascista del régimen político colombiano, de sus viejos y nuevos partidos oligárquicos, lo mínimo que debemos hacer es abstenernos de apoyar algo incierto, sembrado de ilusiones y de violaciones.

Esta abstención no es una renuncia a participar en la lucha política, es un llamado a explicar activamente, mediante campaña político-electoral, nuestro punto de vista. Repudiamos las falaces afirmaciones para forzar a votar “Si”, diciendo que se decidirá entre la Paz y la guerra. Gane el “Sí” o el “No” en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, no se acaba la guerra, porque no solo, siguen activos los otros grupos insurgentes, los paramilitares mal llamados “bacrim” sino que sigue y se agudiza la exclusión social con las normas políticas, económicas y sociales que se están aplicando y las anunciadas por este Gobierno una vez pase el plebiscito.

Rechazamos los falsos miedos, en especial el colocar al repudiado Alvaro Uribe como principal enemigo y problema de los trabajadores; esa práctica política deja tranquilos al pro fascista y habilidoso Presidente Santos y a los partidos de la coalición de Gobierno que votan mayoritariamente -y con Uribe- las Leyes liberticidas-neoliberales y a quienes desde los despachos ministeriales “santistas” redactan los Decretos y resoluciones que dinamizan esas Leyes derechistas pro oligárquicas.

Recordemos que a Colombia no se la gobierna con los “twiters” de Uribe, que el poder de gobernar está en manos de Santos y sus Ministros, que los juegos electorales de los candidatos en los partidos burgueses no forman parte de los intereses de los trabajadores, sino de los intereses de la burguesía y el imperialismo, por eso debemos abogar por el ejercicio de la independencia política de la clase obrera y el pueblo para lanzar políticas propias y candidatos de nuestra entraña para confrontar a cualquiera de los candidatos burgueses, en vez de aliarse con uno de los bandos burgueses en disputa.

Estamos en la tarea de llamar a la abstención y tratar de hundir la artimaña jurídica “santista” llamada Plebiscito. De salir exitoso, traumatizaría eventuales diálogos con las demás fuerzas insurgentes; dificultaría mucho más la conquista de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, al ser usado como clave para tratar de blindar el régimen político, el modelo económico, la doctrina militar y ocultar la verdad que nos deben la oligarquía y los imperialistas a los colombianos por haber desarrollado el Terrorismo de Estado y sus paramilitares. Ellos son los que deben contar la verdad sobre los burgueses determinadores intelectuales de la “guerra sucia”, que sus altos funcionarios represores decretaron contra los distintos sectores populares.

Esta es la verdadera razón del Gobierno de Santos para convocar el plebiscito, a pesar de que la Corte sentenció lo innecesario y lo no vinculante de esta consulta por tener el Presidente las facultades constitucionales para firmar Acuerdos de Paz 1681.

Santos Reconoce la Responsabilidad del Estado en el “Exterminio” de la Unión Patriótica

Santos ofreció a las FARC garantías de que sus miembros no correrán con la misma suerte que los de la Unión Patriótica.

Esa tragedia jamás debió haber ocurrido”.

Con estas palabras el Presidente Santos se disculpó por el papel jugado por el Estado colombiano, en el asesinato sistemático de miles de militantes de la Unión Patriótica (UP), tras el proceso de Paz en 1985.

Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”.

La persecución de los miembros de la UP fue una tragedia que conllevó su desaparición como organización política y causó un daño indecible a miles de familias y a nuestra democracia”. El Consejo de Estado ha calificado ese suceso como “exterminio”.

Me comprometo a tomar todas las medidas y a dar todas las garantías para que nunca más, una organización política vuelva a enfrentar lo que sufrió la UP”.

Debemos asegurar que todos quienes participan en política, incluido el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC a la legalidad, tengan plenas garantías y absoluta libertad para manifestar sus opiniones políticas y ejercer la política en todo el territorio nacional” 1682.

En Colombia se Actúa de Modo Opuesto a la Paz Propuesta en La Habana

Para los miembros del ELN, todo continúa avanzando en una dirección, que no es la que ellos pretenden para la Paz y para el país.

El país se encuentra con gran expectativa, esperando el inicio de la implementación de los Acuerdos de La Habana, sin embargo, es válido interrogarnos por el impacto real de esos Acuerdos en la cotidianidad del pueblo colombiano, y es ahí donde nos estrellamos con un sin número de paradojas e incertidumbres, que revelan otras intenciones del régimen y una vez más queda en duda su voluntad de Paz y de alcanzar una solución política.

En el proceso orientado al fin del conflicto, ha grandes contrasentidos, ya que no se corresponde lo que se anuncia con los Acuerdos de La Habana con la realidad colombiana. Siendo el Estado el responsable de masacrar y desplazar para luego legalizar territorios y entregarlos a los terratenientes y al interés extranjero, además de montar el paramilitarismo y financiarlo con el narcotráfico, es inadmisible que, fruto de unos Acuerdos entre partes iguales, ahora el Estado resulte exculpado de sus responsabilidades en el genocidio y la insurgencia sea mostrada como la causante de los males históricos del país.

Si bien se acordó la creación de una Comisión Histórica de la Verdad, ésta nunca logró ponerse de acuerdo y emitir veredictos sobre las responsabilidades de cada parte. Se deja impune el terrorismo de Estado, aun cuando la misma ONU, en uno de sus informes, responsabilizó al Estado colombiano de causar el ochenta por ciento de la violencia en el conflicto armado, ya sea por sus operativos militares de tierra arrasada, o por la guerra sucia encubierta, o por el exterminio social encomendado al paramilitarismo.

Mientras la insurgencia ha causado el veinte por ciento, resistiendo ante dicha criminalidad estatal e intentando frenar la violencia en contra de las comunidades. Sin cambiar nada, ahora se evaporan las causas que originan el conflicto social y el alzamiento armado, muestra de ello es que para los negociadores del Gobierno, la rebelión sigue estando tipificada como un delito y no como un derecho ante la violencia impuesta de los poderosos. Sin importar que solamente el hecho de iniciar una negociación con la insurgencia, de manera implícita es reconocer su legitimidad como un contradictor político beligerante.

Esta ambigüedad en el concepto y tratamiento del derecho a la rebelión, permite que el Estado manipule la opinión pública, presentando que el gran logro del proceso de Paz es quitarle las armas a una guerrilla que perdió sus fines políticos y eludiendo el debate de ideas que permita consensuar un nuevo Pacto Social.

En el tema de tierras sigue la ambivalencia, por un lado se pacta en la Habana las intenciones de llevar a cabo una Reforma Rural Integral, pero la realidad nos muestra las verdaderas intensiones del Gobierno de Santos con la reglamentación de la Ley de ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que plantea extender el latifundio en zonas apartadas de los centros urbanos para ser explotadas por manos privadas nacionales o extranjeras, con zonas francas para no pagar impuestos. Las ZIDRES son auspiciadas por el Ministerio de Agricultura, que es el mismo que dispondrá de las tierras para el “Fondo de Tierras” previsto en el Acuerdo de La Habana, dando prioridad a la asignación de tierras a las empresas privadas, desconociendo a los campesinos. A sangre y fuego se sigue impidiendo el retorno de los campesinos desterrados. De manera que las instituciones y las leyes siguen siendo pensadas bajo los intereses del capital y con el fin de perpetuar el saqueo y la explotación.

Se anunció con gran fervor el Acuerdo sobre Participación Política y Garantías para la Oposición, y una vez más el régimen juega en contravía de lo prometido y previniendo el aumento de la conflictividad popular y la protesta social, Santos arremete con duros golpes, primero con anuncios sobre el aumento del pie de fuerza y mayor presupuesto para el escuadrón de la muerte ESMAD, acto seguido las luchas de campesinos, indígenas, negros, estudiantes, jóvenes y demás sectores sociales son reprimidas de forma cruel bajo un tratamiento de guerra, que les permite la Ley de seguridad ciudadana. Sumado a esto se sanciona el nuevo código de policía, que impide el libre ejercicio de la movilización, la protesta social y restringe las libertades civiles.

Los últimos avances de las fuerzas militares y su nueva Doctrina de guerra junto con la vinculación de Colombia a la OTAN, dejan claro que la Paz está muy lejana. El Estado excluyente y militarista se fortalece y no existen garantías para la oposición política, así le otorguen, temporalmente, unos pocos escaños parlamentarios a los ex-guerrilleros desarmados. Otra concesión que se le hace al Estado, se da frente a los incumplimientos de los Acuerdos, dado que se establecen drásticas sanciones penales para los desmovilizados, pero no queda ninguna clausula que penalice al Estado si incumple. Para la muestra, tenemos que diecisiete días después de la firma del cese el fuego bilateral y definitivo, el ejército colombiano lo violó, pero ningún mando resultó responsable o sancionado. Luego de que las FARC dejen las armas por completo, muy seguramente los incumplimientos de los Gobiernos de turnos no serán castigados por la ONU, pasará lo mismo que sucede en Ruanda, Israel, Palestina, Siria, Libia y demás países donde la impunidad, el incumplimiento y la falta de seriedad de los Estados campea sin Dios ni Ley.

Con la serie de Tratados de Libre Comercio; con el Consenso de Washington, las imposiciones de la OCDE, el FMI o el BM; con el Acuerdo militar del 2009, donde toda Colombia queda a disposición de Estados Unidos, instalando siete bases militares en territorio colombiano; con el Acuerdo de cooperar con la OTAN; el Gobierno nacional queda limitado para cumplir lo pactado en La Habana. Pareciera que la Paz de Colombia, queda al golpe de suerte de una moneda que se lanza al aire, y, el poder mediático crea la ilusión que la moneda va a caer favorable al pueblo, pero la oligarquía, que es la dueña de la moneda, no le apuesta al azar, sino que se asegura de ganar siempre y por eso la moneda tiene su misma cara por ambos lados. La realidad colombiana, como una moneda, tiene dos caras, la del poder oligárquico, que pregona la Paz sólo como el desarme de la guerrilla, mientras mantiene todos sus privilegios, y, la cara del pueblo que lucha por empoderarse, construyendo la Paz con transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado, que permitan, la dignidad, la soberanía, la equidad y la felicidad para todos 1683.

Décima Conferencia de las FARC-EP

El Comandante Timoleón Jimenez, dijo un discurso para instalar la X y última Conferencia de las FARC, celebrada en los Llanos del Yarí, en Septiembre del 2016, ante un numeroso grupo de periodistas de todo el mundo.

El objeto de esta última Conferencia, ha sido la aprobación y aceptación, por todos los Frentes de las FARC, del Acuerdo de Paz.

Camaradas:

Nos hallamos reunidos aquí, tras cincuenta y dos años continuos de confrontación política y militar con el Estado colombiano, con el propósito de realizar nuestra Décima Conferencia Nacional, máximo evento democrático contemplado en nuestros Estatutos. Además del Estado Mayor Central y su Secretariado, están aquí presentes los delegados y las delgadas elegidos por votación en las Asambleas de Guerrilleros cumplidas en cada Frente, Columna, Compañía y Guerrilla. Una representación lo más amplia posible de todos los guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo.

Contrariamente a como lo pregonan nuestros contradictores y críticos gratuitos, las FARC-EP nos hallamos muy lejos de ser una organización de exclusiva naturaleza militar, regida por los caprichosos criterios de un cuerpo de mandos ambiciosos. Si algo nos ha caracterizado desde nuestro mismo nacimiento, es precisamente nuestra naturaleza rigurosamente política, fundada en la más amplia democracia, con unos lineamientos políticos, militares y culturales tejidos por el conjunto de sus integrantes desde sus primeras conferencias nacionales. Han sido estas las encargadas de designar, mediante el voto de todos sus participantes, a los miembros de su dirección nacional, mandatados así por el colectivo para encargarse de la ejecución de las líneas trazadas por él, y para responder por su desempeño ante la siguiente Conferencia.

Pueden ustedes dar fe de la existencia de las células partidarias, en donde los integrantes de cada escuadra o unidad básica gozan de plena libertad, para señalar los defectos y errores tanto de su cuerpo de mandos como de todos sus militantes, en reuniones semanales o quincenales, y en las que los comandantes de todos los escalones están obligados a participar, sin derecho a ocupar cargos de representación, que de algún modo pudieran coartar la expresión libre del colectivo.

También pueden predicar de la continua práctica de balances, en los que las guerrilleras y guerrilleros gozan del pleno derecho para expresar su opinión en torno a las tareas o misiones objeto de análisis. Y de la realización de las Asambleas de cada unidad, por lo menos una vez al año, en las que el colectivo reunido analiza y debate el trabajo cumplido por mandos y combatientes de base, en el curso del período sometido a análisis.

Sin lugar a dudas ha sido esa continua práctica democrática, la que nos ha permitido permanecer cohesionados y férreamente unidos, ante los enormes retos de naturaleza militar y política que nos ha tocado enfrentar a lo largo de estas cinco décadas. Gracias a ella hemos salido siempre adelante, seguros de que nuestras decisiones y actuaciones no son el producto de ningún genio individual, sino la maduración de un pensamiento colectivo cuidadosamente construido con la colaboración de todos. Y es por ello que en la ejecución del conjunto de nuestras políticas, los combatientes de las FARC-EP hemos obrado con el entusiasmo de quien se sabe comprometido por una causa común, entregando lo mejor de sí con la convicción plena de estar haciendo lo justo.

Quienes desconocen esa naturaleza de las FARC, no pueden explicarse cómo los 48 campesinos marquetalianos, pasaron a convertirse en los miles de mujeres y hombres, que conforman la formidable organización que llegamos a ser tras varias décadas de lucha, y por tanto buscan explicarse ese prodigioso hecho histórico, echando mano a las más aventuradas teorías, encaminadas siempre a desconocer la poderosa fuerza creadora de la conciencia y la organización popular. Un pueblo unido y organizado debidamente, constituye una fuerza invencible.

Las FARC no sólo resistimos la más larga y violenta embestida emprendida por el poder imperial y sus aliados del capital nacional y el latifundio, contra un ejército guerrillero y un pueblo declarado en rebeldía, sino que hemos conseguido sentarnos a una mesa de conversaciones con ellos, y sacar avante un Acuerdo Final de Terminación del Conflicto, con el que queda definitivamente claro que en esta guerra no existen vencedores ni vencidos, al tiempo que nuestros adversarios se ven obligados a reconocer nuestro derecho pleno al ejercicio político, con las más amplias garantías. Para nosotros es claro cómo y por qué lo hemos conseguido. Y queremos que aquellos que todavía tienen dudas sobre nuestra lucha se acerquen y palpen la voluntad que nos asiste de entregar todas las energías por el nuevo país que sueña la mayoría de colombianos y colombianas.

Saben ustedes bien, y están en condiciones de exponerlo con la conciencia limpia ante la prensa nacional y extranjera aquí presente, o en cualquier otro escenario, que las FARC-EP siempre hemos pregonado el respeto a la población civil, a sus intereses y bienes, por encima de cualquier circunstancia. Que esa población, a la que conocemos con el nombre de masas, ha sido por tanto nuestro soporte fundamental a lo largo de todos estos años. En nuestra experiencia reposan millares y millares de ejemplos en los que familias campesinas, indígenas, negras o de condición humilde del campo y la ciudad, nos han brindado apoyo incondicional y protegido nuestra fuerza y a sus integrantes de múltiples maneras, aun a riesgo de su propia vida o libertad, amenazadas permanentemente por la furia de las fuerzas estatales o paramilitares. Sabemos que en el corazón y la mente de la gente llana y honesta que nos conoce en persona, y que trata diariamente con nosotros, anida una verdad completamente distinta a la pregonada por los medios que están al servicio de la oligarquía.

La Paz reclama que el poder mediático no se siga utilizando como un instrumento más de la guerra. Hagamos de su potencial y eficacia una herramienta para la reconciliación entre las colombianas y los colombianos. Hay en efecto otra Colombia, otro acumulado de historias y verdades que esperan su oportunidad. Aquí nos estamos aprestando para eso, con el afecto y la solidaridad de mucha gente de nuestro país y de todo el mundo. Nuestra más honda aspiración es llegar con nuestro mensaje a mucha más, hasta conseguir que el torrente por las grandes transformaciones resulte incontenible.

El significado del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, es aun más importante de lo que parece a simple vista. Si nuestros adversarios quieren pregonar que ganaron la guerra, allá ellos. Para las FARC-EP y nuestro pueblo, la mayor satisfacción será siempre haber ganado la Paz.

Seguramente que de esta Conferencia Nacional habrán de surgir múltiples conclusiones distintas a su objetivo primordial. Una de ellas deberá ser el eterno agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Cuba y de Noruega, que como países garantes hicieron hasta lo imposible para conseguir que este difícil proceso llegara a feliz culminación. De igual modo a los de Venezuela y Chile, que acompañaron a las dos partes en todos los momentos en que lo requirió la materialización del objetivo final de las conversaciones.

Especial homenaje tendremos que rendir a la memoria y la abnegación de ese titán de los pueblos de Nuestra América, el Presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, sin cuyo apoyo e impulso inicial nada de lo alcanzado hubiera sido posible. No hay duda de que Bolívar y él aún tienen mucho qué hacer en América Latina. Y al mismo tiempo que a Chávez, habrá que homenajear a todas y cada una de las organizaciones y personalidades, hombres y mujeres, que de manera admirable levantaron durante años las banderas de la solución política, en los más variados escenarios y eventos, arrastrando tras de sí a crecientes multitudes, que lograron posicionar en el imaginario colombiano, la necesidad de un Acuerdo final de Paz.

El Estado Mayor Central y su Secretariado convocamos esta Conferencia Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno Ampliado del Estado Mayor Central celebrado en marzo del año pasado, el cual avaló todos los Acuerdos firmados hasta entonces por nuestra Delegación de Paz en la Mesa de Conversaciones de La Habana, al tiempo que facultó al Estado Mayor, su Secretariado y la Delegación de Paz, para continuar desarrollando todos los esfuerzos posibles, de conformidad con nuestros lineamientos históricos, a fin de lograr un Acuerdo Final de Paz en los términos concebidos por la Agenda pactada en agosto de 2012.

Del mismo modo, el mencionado Pleno estableció de manera terminante, que llegados a un Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las FARC-EP, éste no podría adquirir validez para nuestra fuerza, sin el reconocimiento y aprobación de una Conferencia Nacional Guerrillera, la cual debía ser convocada para ese efecto específico.

Como es de público conocimiento, el pasado 24 de agosto fue suscrito en la ciudad de La Habana, ante testigos internacionales y con todas las formalidades, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre los jefes de la Delegación de Paz del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana, y de las FARC-EP, Iván Márquez.

El paso siguiente previsto por las dos partes, una vez entrado en vigencia el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, debe ser la firma del Acuerdo Final por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y por mí, como Comandante en Jefe de las FARC-EP.

También es de público conocimiento que está definida la fecha del 26 de septiembre para la celebración de este histórico acto en la ciudad de Cartagena de Indias. Conocedor el gobierno nacional de la previsión del Pleno de Estado Mayor Central de marzo de 2015, ha convenido en rodear de completas garantías la celebración de esta Conferencia Nacional, a objeto de dar la oportunidad a nuestra máxima instancia democrática, de comprometer la palabra de todas las FARC-EP con este Acuerdo Final.

Así que esta Conferencia se convoca con dos propósitos específicos que quedan a su entera discusión y definición. En primer lugar el análisis y refrendación del Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que adquiera carácter vinculante, es decir que sea de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla. Y en segundo lugar, producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política.

De todo corazón esperamos que esta histórica Décima Conferencia Nacional, se caracterice como todos nuestros eventos por la más amplia democracia, la altura de los debates, y el apego fiel a la línea político militar trazada por nuestros fundadores Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. No me queda más que invitarlos a inspirarse en el conjunto de los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP que desde cada uno de los bloques, frentes y diversas unidades, esperan que ustedes transmitan fielmente el sentir de las asambleas generales que los mandataron.

Hay todo un pueblo que lleva 52 años a la espera de la Paz, y que ha batallado incansablemente por ella. Muchísimos de sus hijos e hijas quedaron camino a ese objetivo, y otros muchos permanecen entre rejas en las cárceles del país o el extranjero. Nuestro compromiso indeclinable con ese pueblo debe ser ratificado en este evento de manera terminante. Nuestra preocupación principal ha de ser cómo conseguir que la Paz se convierta en una realidad en nuestro país, sobre la base de la justicia social y la democracia.

Eso implica la vinculación de las grandes mayorías inconformes a la vida política activa de nuestra nación, la necesidad de un mensaje nuevo, fresco y esperanzador por los cambios, la imprescindible tarea de la unidad sin la cual todo esfuerzo se desperdiga y pierde, la presencia en el escenario de una forma distinta, sana y transparente de hacer la política. Nos hallamos frente a la trascendental oportunidad de abordar estas tareas esenciales. Nuestra responsabilidad ética e histórica es hoy mayor que nunca. Que las niñas y los niños de Colombia tengan la real posibilidad de crecer y ser felices en un país en Paz. Invito a que ese sea el marco de referencia de sus valiosas intervenciones.

Declaro oficialmente instalada la Décima Conferencia Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo. En sus manos se encuentra el destino de Colombia 1684.

Tesis para la Discusión

Indice:

Presentación La solución política como parte de nuestra historia

Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política

Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política

II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana

Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo

Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto

Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada.

III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana

Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica

Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política

Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado

Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la Paz

Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral

Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas

Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto

Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz

Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”

Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil

Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas

Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación

Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación

Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos

Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente

Tesis 21: Sobre la refrendación del Acuerdo final

Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural

IV. La perspectiva política inmediata

Tesis 23: La importancia del plebiscito

Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación

V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización política legal

Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal

Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final

Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural

Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular

Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto

Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia

Introducción

Llegamos a esta X Conferencia de las FARC-EP con un parte de victoria para el pueblo colombiano y para nuestra guerrilla. Se ha suscrito el pasado 24 de agosto el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”. Hoy le podemos decir a Manuel, a Jacobo, a Alfonso, al Mono, a Raúl, a Iván, a miles de nuestros mártires, hombres y mujeres y a nuestra guerrillerada, que hemos cumplido.

Hemos puesto en manos de las gentes del común, de los humildes y desposeídos, hombres y mujeres, un acuerdo que visto de conjunto sienta las bases para avanzar hacia las transformaciones que siempre hemos deseado a fin de garantizar el bienestar y el buen vivir. Con base en el reconocimiento por parte del régimen que hemos combatido, de nuestro alzamiento armado, de nuestra condición de organización político-militar y del derecho a la rebelión que le asiste a los pueblos, se ha alcanzado un cierre digno de nuestra experiencia de rebelión armada, que inaugura una nueva etapa histórica para la sociedad colombiana y para nosotros, a fin de dar continuidad a nuestra lucha y a nuestras aspiraciones por la vía exclusivamente política, en el contexto del inicio del difícil proceso de construcción conflictiva de una Paz estable y duradera.

Construir el Acuerdo Final no ha sido una tarea fácil. Ello ha sido posible gracias a la fuerza que nos han dado las armas, a nuestra cohesión, unidad e identidad, al incansable y paciente trabajo de nuestra Delegación en La Habana, a la acertada conducción de nuestro Estado Mayor Central y de nuestro Secretariado. Todo ello permitió sortear condiciones y momentos difíciles, antes del inicio de las negociaciones y durante ellas. Ha sido posible gracias a nuestro pueblo, a las más diversas organizaciones sociales y populares, políticas, sociales y culturales, obreras, campesinas, indígenas y afro descendientes, estudiantiles y de mujeres, de intelectuales y sectores de las capas medias, de la población LGTBI, de artistas y trabajadores del arte y la cultura, de mujeres y hombres, todas ellas y ellos, que supieron comprender el momento histórico y el significado de un acuerdo de Paz en las circunstancias actuales.

Ello ha sido posible gracias al muy importante acompañamiento internacional de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, y de un sinnúmero de gobiernos e instituciones y pueblos del mundo entero, que vieron con simpatía y creyeron con firmeza en la posibilidad de un acuerdo de Paz en Colombia.

Ello ha sido posible también, debemos reconocerlo, por la voluntad y decisión política del Gobierno de Juan Manuel Santos de buscar una salida política, en medio de nuestras profundas e insuperables diferencias, y así los propósitos que nos guíen sean opuestos. Asimismo, por la disposición de sectores del empresariado y de los poderes económicos y políticos que han gobernado el país a lo largo de su vida republicana. Y desde luego, por el rol de Estados Unidos, partícipe directo a lo largo de la historia del conflicto.

Esta X Conferencia se reúne con dos objetivos fundamentales:

1.- Analizar y refrendar el Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que éste adquiera carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla;

2.- Producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política.

I. La solución política como parte de nuestra historia

Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política. El Acuerdo Final que hemos suscrito con el Gobierno Nacional se inscribe dentro de nuestros propósitos históricos de lograr una Paz dialogada que siente las bases para emprender los cambios que reclaman las grandes mayorías. Contra nosotros se emprendieron seis guerras que no lograron destruirnos: una a partir de 1948; otra a partir de 1954; otra a partir de 1962; otra a partir del 18 de mayo de 1964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990 cuando se inició la operación de exterminio contra el Secretariado en Casa Verde y se emprendió la “guerra integral” bajo el gobierno de Gaviria; y la más reciente, iniciada en 2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia” durante los gobiernos de Pastrana y Uribe. La guerra no fue para nosotros un fin en sí mismo. Al tiempo que fue una guerra de resistencia social y popular, también asumió los rasgos de una guerra ofensiva basada en planes político-militares para la toma del poder a fin de propiciar las condiciones para las transformaciones que a nuestro juicio demanda la sociedad colombiana. Siempre estuvimos empeñados en diferentes momentos de nuestra historia en la búsqueda de una solución política. Por eso iniciamos procesos de diálogos en La Uribe en 1984; luego en Tlaxcala en 1992; posteriormente en El Caguán a partir de enero de 1999; y, más recientemente, en La Habana desde noviembre de 2012, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera” el 26 de agosto de ese mismo año. Con la suscripción del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto se cierra para nosotros de manera exitosa un largo ciclo de guerra que no deseamos.

Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política. Si la guerra se prolongó hasta convertirse en la más larga del hemisferio occidental no fue por decisión unilateral nuestra. En las clases dominantes siempre estuvo presente la pretensión de obtener una victoria militar para lograr nuestro sometimiento y rendición. También de nuestra parte, valoramos la posibilidad de lograr nuestros objetivos por la vía del alzamiento armado. No obstante, el desenvolvimiento de la confrontación armada, la configuración específica del balance político-militar de la guerra, así como la consideración del contexto político y económico nacional e internacional, llevaron al gobierno actual y a nosotros mismos al convencimiento de que darle continuidad a la confrontación llevaría a una prolongación indefinida del conflicto, extendiendo de manera innecesaria el dolor y la victimización que es propia del accionar bélico, sin que se avizorara una definición definitiva a favor de alguna de las partes. Sobre la aceptación de esa realidad, pero también con fundamento en la voluntad y la decisión política, se abrió paso la posibilidad de avanzar hacia la búsqueda de una solución que -basada en el reconocimiento mutuo de las partes- propiciara las condiciones de una salida política dialogada. De esa manera, se entró en el campo de la transacción, el cual tiene como supuesto, si se pretende llegar a un acuerdo, la disposición mutua de conceder. Una primera expresión de ello, fue la definición de la Agenda La Habana. Y, más recientemente, el Acuerdo Final, objeto de análisis y refrendación por parte de esta Conferencia.

II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana

Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo. Luego de intensos intercambios, no exentos de dificultades, y como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012, convinimos con el Gobierno de Juan Manuel Santos el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”, en el que se definió la Agenda de diálogos y discusiones, y se estableció que, tras la instalación pública en Oslo, Noruega, la Mesa de conversaciones directas e ininterrumpidas se adelantaría en La Habana. Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de intervención en la vida nacional.

Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto. La Agenda de conversaciones contenía cuatro puntos que a nuestro juicio estaban orientados a generar condiciones para la superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto social y armado y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto. De su lectura, se infiere una línea de continuidad respecto de lo señalado en el “Programa agrario de los guerrilleros”, proclamado el 20 de julio de 1964, luego corregido y ampliado por la Octava Conferencia de abril de 1992, y desarrollado a través de múltiples documentos de nuestras conferencias guerrilleras. En efecto, teniendo en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas en la formación económico social capitalista que impera en el país, en la Agenda de conversaciones quedó consignada la necesidad de acordar un conjunto de reformas orientadas a:

a) La solución integral de la problemática agraria (en cuyo eje se encuentra la irresuelta cuestión de la tierra y el territorio) en favor del campesinado y las comunidades campesinas y considerando los intereses de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes.

b) La superación del régimen antidemocrático y excluyente que ha impedido el libre ejercicio de la acción política por parte de los débiles y desposeídos;

c) El tratamiento integral y diferenciado al problema de las drogas ilícitas, con énfasis en los cultivos de uso ilícito y un enfoque de salud pública del consumo.

d) Al reconocimiento y la materialización integral de los derechos de las víctimas del conflicto, fundamentalmente de pobladores humildes a lo largo y ancho del territorio nacional.

Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada. Junto con lo anterior, la Agenda de conversaciones comprendió las condiciones específicas para una terminación de la confrontación armada basada en el reconocimiento y el compromiso mutuo y la dignidad para las partes involucradas de manera directa en la contienda militar. En ese sentido, se contempló convenir:

a) El cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades;

b) Las propiedades del proceso de dejación de armas, y de la normalización guerrillera en lo político, lo económico y lo social, de acuerdo con nuestros intereses;

c) El desmonte de estructuras y modalidades de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, incluida la lucha contra la corrupción;

d) Las garantías de seguridad integral para nuestro tránsito hacia organización política legal.

La Agenda de Conversaciones consideró, además, convenir los mecanismos, medidas y acciones necesarias para la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos, en el entendido de que con la firma de un Acuerdo final se daría inicio a lo más complejo de toda negociación: el cumplimiento de lo pactado, es decir, la garantía efectiva, real y material, para el desistimiento del alzamiento armado.

III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana

Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica. El análisis de conjunto del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera” permite afirmar que se está frente al hecho político más importante de la historia de las últimas décadas de nuestro país, básicamente por las siguientes razones: Primera, porque representa la derrota de los sectores de las clases dominantes y de intereses foráneos interesados en la solución militar y prolongación indefinida de la guerra, en cuanto hicieron de ella un instrumento esencial para preservar su dominación política y sociocultural y obtener jugosos y lucrativos dividendos; Segunda, porque crea las condiciones para dar por terminados el sufrimiento y la victimización que ocasiona la guerra, lo cual ha afectado de manera principal a las gentes del común, a millones de colombianos y colombianas humildes, especialmente en el campo; Tercera, porque establece un conjunto de posibilidades reales para emprender un ciclo de reformas tendientes a la democratización política, económica, social y cultural del país, en la medida en que se logre desatar la potencia transformadora contenida en los acuerdos. En ese sentido, es el más significativo aporte para transformar la vida de la generación presente y sobre todo de las generaciones futuras de nuestro país; Cuarta, porque contribuye a los propósitos declarados de los pueblos de Nuestra América de hacer de nuestra Región una zona de Paz, en la cual desaparezca por siempre toda amenaza de intervención militar imperialista.

Tras semejante hecho político se encuentra algo aún más hondo: la posibilidad real de una inflexión política para inaugurar una nueva etapa histórica: la construcción conflictiva de una Paz estable y duradera. Y con ello, la producción colectiva de una gran transformación cultural en la sociedad colombiana, sobre presupuestos de democracia real y avanzada.

Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política. El Acuerdo Final es una expresión de la correlación social de fuerzas y del propio balance político-militar e histórico concreto de la guerra; es un acuerdo de solución política que implica el reconocimiento de las partes comprometidas directamente en la contienda militar de que las armas y el poder de fuego de ninguna de ellas logró vencer a su adversario o enemigo declarado. En ese sentido, es el reconocimiento de la continuidad de lucha a través de medios exclusivamente políticos. No representa la materialización de nuestras aspiraciones estratégicas como fuerza revolucionaria; tampoco es la claudicación de nuestra fuerza político-militar guerrillera. No es ni la revolución por decreto, ni tampoco la rendición. Con el Acuerdo Final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases, y a la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de las FARC-EP, que con el tránsito a organización política legal proseguirán su brega por las transformaciones estructurales hacia un nuevo orden social de democracia verdadera y justicia social.

Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado. El Acuerdo Final es una demostración de la validez de nuestro alzamiento armado por 52 años. Gracias a él ha sido posible dejar sentadas las bases para abrir un campo de reformas que en otras condiciones difícilmente se hubiera podido alcanzar, dadas las características de la organización del poder y la dominación en nuestro país. En ese sentido, el Acuerdo Final es nuestro aporte a las múltiples luchas sociales y populares en campos y ciudades, que en medio de las más difíciles condiciones han enfrentado y continúan enfrentando las políticas estatales concebidas e implementadas para favorecer a los poderosos.

Somos conscientes de que de la misma forma como el Acuerdo Final contiene una indiscutible potencia transformada para adelantar cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías, también representa una opción de remozamiento del régimen de dominación de clase y una posibilidad de absorción sistémica de la rebelión, si los cambios no se logran sacar adelante.

Así es que el Acuerdo Final y sobre todo su implementación representan un campo abierto de lucha que contiene la opción del cambio y la transformación, pero también la posibilidad de la preservación renovada del Establecimiento. La tarea histórica que se nos viene encima es hacer germinar la semilla del Acuerdo Final para continuar avanzando hacia el logro de nuestras mayores aspiraciones estratégicas.

Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la Paz. En el componente del Acuerdo Final que corresponde a la “Participación política: apertura democrática Paz la Paz” se convino un conjunto de políticas, medidas y acciones orientadas a romper las configuraciones excluyentes, corruptas y antidemocráticas del régimen político y, en particular, del sistema político y de representación. Algunas de ellas previstas en la Constitución de 1991, pero no desarrolladas ni implementadas por la persistencia de estructuras de dominación política y cultural que han logrado imponer y reproducir un régimen de “democracia gobernable” con fachada electoral, pero sin garantías reales para el ejercicio de la oposición política y social, la movilización y la protesta social, y la participación social y ciudadana. El Acuerdo Final sienta las bases para emprender un proceso de democratización política sobre dos presupuestos básicos: a) un entendimiento amplio de la política y de la contienda política y b) la fijación de nuevas reglas y procedimientos para la participación política, considerando de manera particular el proceso electoral.

En efecto, se convino un amplio régimen de garantías para el ejercicio de la oposición política que comprende el estatuto de la oposición política y garantías integrales de seguridad para el ejercicio de la política. Asimismo, la ampliación del concepto de la participación ciudadana abarcando garantías para los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta social, la reconciliación y la convivencia, el acceso a medios de comunicación, el control y la veeduría ciudadana, el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, entre otros. Por otra parte, las reformas acordadas en materia de participación política, además de promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, apuntan a estimular la participación y la transparencia electoral y tienen como supuesto la transformación estructural del régimen y la organización electoral, así como la promoción de una cultura política democrática y participativa. Y de manera particular, la promoción de la representación política y ciudadana de la mujer, y de los territorios afectados por el conflicto y el abandono estatal, como se expresa en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz acordadas.

Con el acuerdo sobre participación política se reconoce que la contienda política se extiende a otros campos de la vida social, distintos a aquellos que la limitan a la competencia electoral; se fortalecen las bases de una contienda política efectivamente democrática, con garantías para quienes intervienen en ella; y se dejan mojones para trascender la organización democrático liberal.

Con este componente del Acuerdo Final queda trazado un marco jurídico-político de compromiso para transitar hacia la democracia verdadera y avanzada en nuestro país. Con ello, las FARC-EP aportamos a los esfuerzos de partidos y fuerzas políticas, así como de movimientos políticos y sociales progresistas, democráticos y de izquierda, movidos por ese propósito.

Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral. Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios, se convino la realización de un catastro rural durante los próximos siete años, que será una herramienta de suma importancia no sólo para aclarar las relaciones de propiedad ensombrecidas por la guerra y el despojo violento, sino para una más precisa definición de los usos de la tierra, para el castigo al uso improductivo con impuestos, especialmente al latifundio ganadero, y para el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, se dio un paso importante para el fortalecimiento de la propiedad campesina a través de dos vías, que comprometen en un inicio 10 millones de hectáreas con la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con insuficiente tierra y la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad y de Zonas de Reserva Campesina. Sobre esa nueva relación de propiedad, se edifican propósitos mayores en dirección a un nuevo ordenamiento territorial, hacia el fortalecimiento de la producción de alimentos y la superación de la pobreza y la desigualdad, aspectos de nuestro máximo interés político. En efecto, el Acuerdo Final contempla la elaboración e implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) con una amplia participación de las comunidades en zonas priorizadas del territorio nacional, así como de planes nacionales para la reforma rural integral. De esa manera, se logró trascender un enfoque exclusivo de propiedad sobre la tierra, para agregar a éste una visión integral que además de incorporar una concepción del territorio a construir y fortalecer “desde abajo”, contempla medidas y acciones sobre financiación y crédito, subsidios, vías, riego, infraestructura eléctrica y de conectividad, mercadeo, así como componentes sociales referidos a educación, salud, educación rural, vivienda y agua potable, formalización laboral y protección social y al derecho a la alimentación. Con el acuerdo agrario, quedan en manos de los campesinos y de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y de nuestros afrodescendientes, que siempre hicieron parte de nuestras preocupaciones durante las conversaciones, invaluables herramientas para su bienestar y buen vivir. La vida en el campo será otra. No sólo por la terminación de la confrontación armada, sino por el marco y los referentes de reformas de obligada implementación, que se agregan a las aspiraciones y plataformas del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente. Queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático, participativo y sostenible socio- ambientalmente del territorio. A ello se opondrá, desde luego la dimensión estructural vigente de la relación de propiedad basada en la concentración y el modelo económico de extracción minero-energética y de agro negocios. No habrá fin del conflicto agrario. A los conflictos socio-territoriales ya existentes, se le agregarán las luchas por la implementación de lo acordado en esta materia.

Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas. Un logro significativo del Acuerdo Final consiste en haber superado la visión punitiva y penalista que ha imperado en las políticas estatales frente al problema de las drogas ilícitas en el contexto de la mal llamada guerra contra las drogas, y que se ha concentrado en los eslabones más débiles de ese negocio corporativo transnacional: los cultivadores de coca, amapola y marihuana y los consumidores urbanos. En su lugar, se logró imponer un entendimiento del problema desde su naturaleza esencialmente social y de pobreza, en cuanto a los cultivadores se refiere; y de salud pública, cuando de los consumidores se trata. En el Acuerdo Final se convino la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante la elaboración e implementación de planes integrales de desarrollo concertados con las comunidades y con garantía de participación directa por parte de ellas, articulados en bajo un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es concebido como parte de la Reforma Rural Integral. Los planes integrales de desarrollo apuntan a enfrentar la problemática económica y social de las comunidades de cultivadores, a propiciar garantías para su bienestar y buen vivir, incluida la sostenibilidad y la recuperación ambiental, así como a reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo imperialista. El Acuerdo Final introdujo, por otra parte, un concepto de prevención del consumo y de salud pública en la atención a los consumidores de drogas, distanciándose de los enfoques de mera penalización.

Con base en el reconocimiento de que la producción y comercialización de narcóticos es un fenómeno transnacional, se convinieron múltiples compromisos para combatirlas, que evidencian que los eslabones de las ganancias espectaculares en esa cadena de valor no son precisamente los de los cultivadores, sino que se encuentran en los proveedores industriales de insumos, los grandes comercializadores y distribuidores, el lavado de activos y, en consecuencia, en los circuitos legales de la economía, principalmente en el negocio financiero. El Acuerdo Final puso de presente la falacia acerca de las FARC-EP como un cartel del narcotráfico y evidenció que las intervenciones regulatorias puntuales de nuestra parte en esa cadena de valor, especialmente a través de la tributación, lo han sido para la financiación de la rebelión y no para desarrollar una industria criminal con fines de enriquecimiento de sus integrantes.

Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto. El capítulo del Acuerdo Final sobre “Víctimas del conflicto” se sustenta en el diseño y formulación del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, con el cual -de manera novedosa respecto de otras experiencias nacionales e internacionales- se ponen en el centro de las preocupaciones la víctimas del conflicto y los procesos de victimización ocurridos a lo largo de décadas de confrontación armada, sobre la base del reconocimiento de múltiples responsabilidades, contemplando las inherentes al orden social vigente y las imputables al Estado y sus agentes, a las estructuras de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, promovidas por éstos y por organizaciones civiles y por poderes económicos y gobiernos extranjeros, así como las que le corresponden a nuestro ejército guerrillero en ejercicio del derecho a la rebelión. Todo ello, con estricta atención a las normas y los estándares vigentes del Derecho Internacional de los derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Particular atención merece en ese contexto, el aporte del Acuerdo Final al esclarecimiento de la verdad histórica con el “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” y con el mandato de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.

De esa forma, la historia del conflicto tendrá la garantía de no ser una historia oficial, sino de ofrecer una visión integral y plural, a la que se suman las numerosas investigaciones académicas y de organizaciones y movimientos políticos y sociales. Sobre el entendido que la principal exigencia de las víctimas del conflicto es la de la verdad (incluida la situación de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto), el Sistema integral acordado descansa, primero, sobre un concepto de integralidad de la reparación, en el que junto con las reparaciones individuales se hace énfasis en las reparaciones colectivas, superando disposiciones legales vigentes; segundo, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia para enfrentar la impunidad, denominado Jurisdicción especial para la Paz; y tercero, en un conjunto de políticas, medidas y acciones para la no repetición, dentro de las cuales se encuentra la propia implementación y el cumplimiento de todo lo acordado. Uniéndose a todo ello, el compromiso de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, definidos en su integralidad e inescindibilidad. El Acuerdo Final demuestra el indeclinable compromiso de las FARC-EP con las víctimas del conflicto y constituye una herramienta del mayor significado para el movimiento de víctimas en el largo trasegar por el reconocimiento de sus derechos. El Acuerdo es demostrativo además de nuestra determinación de asumir las responsabilidades que nos corresponden.

Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El componente del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz representa el diseño y la puesta en marcha de un sistema de justicia que atendiendo de manera estricta estándares internacionales está concebido para “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una Paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que supongan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos” (AF, p. 130). En ese sentido, la JEP no es un acuerdo de impunidad; tampoco un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC-EP o de nuestra comandancia. No es un sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente en la que ha primado el enfoque del derecho penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en un acuerdo de Paz. Sobre la base del acuerdo del indulto y la más amplia amnistía posible como está previsto en la normatividad internacional, nos hemos comprometido a acudir a la JEP a ofrecer nuestra verdad sobre los hechos del conflicto de los que ella se ocupa, a asumir las responsabilidades en lo que nos corresponda, y a aceptar las sanciones que ella imponga, si a ello hubiere lugar. De la misma manera, esperamos que acudan y se pongan a disposición de la JEP todos quienes, de manera directa o indirecta, sean civiles o militares, han intervenido en el conflicto.

Sólo así será posible superar la impunidad, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y garantizar un genuino ejercicio de justicia. Con la JEP convenida en el Acuerdo Final queda en manos de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana en general un instrumento fundamental para la construcción de una Paz estable y duradera.

Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”. El capítulo sobre el “Fin del Conflicto” fue concebido bajo la premisa de que se trata de un proceso integral y simultáneo, contentivo de condiciones de aprestamiento y de contexto, así como de condiciones específicas para garantizar el tránsito a la vida civil.

En cuanto a las primeras, nuestra decisión unilateral de cese indefinido de fuegos fue fundamental para mostrar la inutilidad del enfoque impuesto por el Gobierno de negociar en medio del conflicto, presionar el des escalamiento de la confrontación militar y, junto con otras medidas y acciones bilaterales, preparar el terreno para el acuerdo de cese bilateral definitivo de fuegos y hostilidades, suscrito el 23 de junio de este año. Y sobre esa base, pero en conexión con otros aspectos de lo acordado, convenir la dejación de armas como un proceso con componentes políticos y técnico-militares, diseñados de manera en extremo cuidadosa. En igual sentido, debe considerarse el acuerdo sobre el combate y desmonte a estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. No hay posibilidad de Paz estable y duradera si persiste y continúa reproduciendo el paramilitarismo, así éste se encubra con nuevas denominaciones.

Por ello, debe destacarse que el Acuerdo final en esta materia se sustenta en la promoción de un pacto político nacional para la superación de la utilización de las armas en la política y para que no se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. En particular existe el compromiso del Gobierno de incorporar en la Constitución “la prohibición de la promoción, organización financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias.

Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia” (AF, p. 72). En este aspecto, el Acuerdo Final abunda en múltiples previsiones, políticas, acciones y medidas y diseños institucionales, que nos permiten afirmar que quedan sentadas las bases para hacer posible superación definitiva de la doctrina y las prácticas de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar, así el Gobierno se haya rehusado a una modificación explícita de la política de “seguridad nacional” y se haya resistido al reconocimiento de la persistencia del paramilitarismo. Con la terminación del conflicto armado con las FARC-EP no queda justificación ética y política alguna para darle continuidad a una política que sólo ha producido sangre y victimización de los humildes del país. De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las conversaciones. A lo anterior, se agregan los compromisos de garantías de seguridad para nuestro partido o movimiento político, sus integrantes y sus familias, mediante un sistema de protección integral, una vez se haya producido nuestro tránsito a la vida civil. En dicho programa, por cierto, participará un contingente importante de nuestros integrantes. Por otra parte, las condiciones específicas para el “Fin del conflicto” se refieren al acuerdo sobre el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Hemos hecho valer la letra de la Agenda cuando estableció que la reincorporación a la vida civil en lo político, lo económico y lo social, es de acuerdo con nuestros intereses. El Acuerdo Final en esta materia se distingue de los procesos de reinserción guerrillera del pasado y de la estrategia contrainsurgente de la desmovilización, desarme y reinserción, conocida como DDR, que responde a una concepción de sometimiento. Por esa misma razón, la institucionalidad de la reincorporación no nos vincula con ninguna agencia estatal; será bipartita y por cuenta del Consejo Nacional de la Reincorporación.

El proceso de reincorporación tiene como fundamento, nuestra voluntad y decisión política de darle continuidad a la lucha por nuestras aspiraciones históricas bajo las condiciones generadas por el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, particularmente en lo referido a las reformas para la apertura democrática, al desmonte del paramilitarismo y a las garantías de seguridad, más también las convenidas de manera específica para nuestra organización y sus integrantes. Hemos convenido en ese aspecto, que nuestra reincorporación es la de una comunidad de alzados en armas, hombres y mujeres, y a la vez de individuos, con sus propias aspiraciones. Por tal razón, el proceso de reincorporación contempla, por una parte, nuestro tránsito a partido o movimiento político legal, bajo normas y reglas excepcionales, y la conformación de una organización de economía social que hemos denominado de Economías sociales del común – ECOMÚN. Y por la otra, un sistema de prestaciones económicas y sociales individuales, concebidas como mínimos para la vida digna de nuestros combatientes tras su tránsito a la vida civil.

Tenemos la aspiración de preservar nuestra comunidad bajo las nuevas circunstancias, pues ella constituye el núcleo básico que habrá de expandirse hacia todo el campo popular para avanzar en nuestros propósitos de construcción de un nuevo poder social “desde abajo” y de toma de posiciones de poder político y de gobierno para los cambios que reclaman las mayorías. Consideramos que hemos convenido condiciones aceptables de excepcionalidad para nuestro partido o movimiento político legal referidas a personería jurídica, financiación, acceso a medios, participación y representación política y vocerías en corporaciones públicas. De la misma forma valoramos la posibilidad de construir una economía propia a través de ECOMÚN y en asociación con las comunidades con las que nos hemos relacionado históricamente. Apreciamos igualmente que hemos respondido con entereza, en el contexto de lo acordado, a las preocupaciones que tienen actualmente nuestros combatientes, hombres y mujeres, respecto de su inmediato futuro.

Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas. La dejación colectiva e individual de las armas representa probablemente el momento más difícil para quienes hemos ejercido el derecho a la rebelión. Las armas nos han dado el poder de la resistencia, del honor y de la dignidad; han sido nuestra compañía inseparable por décadas de lucha y gracias a ellas ha sido posible el Acuerdo Final de solución política.

Tenemos la satisfacción de que en medio de las condiciones de mayúscula asimetría tecnológica y de recursos militares, del apoyo de potencias extranjeras, especialmente del gobierno de Estados Unidos, de dispositivos culturales y de comunicaciones, así como de un gigantesco esfuerzo fiscal del Estado, nuestras armas no pudieron ser vencidas. Pudieron más la convicción y el heroísmo de nuestros miles de hombres y mujeres para resistir y persistir en los propósitos nobles de nuestra rebelión armada. Por ello es que el Acuerdo Final no es un acuerdo de desmovilización y de entrega de armas a quien ha sido nuestro adversario y enemigo declarado. En su lugar, hemos convenido un proceso de dejación “mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos” (AF, p. 59), uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en el lugar del territorio nacional que nosotros definamos. Con esta decisión le hemos concedido espacio y significación a nuestro propósito ético y político mayor: simbolizar ante el mundo nuestra determinación de construir una Paz estable y duradera para nuestro pueblo, manifestar nuestro agradecimiento perenne al pueblo de Cuba por su irrestricto compromiso con la Paz de Colombia y sembrar en tierra colombiana la memoria de nuestro alzamiento y la gloria a nuestras víctimas.

Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación. Con lo acordado acerca de la implementación, se buscó propiciar las condiciones para que lo contenido en el Acuerdo Final logre materializarse. Las experiencias internacionales demuestran que existe una marcada tendencia hacia un bajo nivel de cumplimiento de lo pactado en acuerdos Paz. Considerando ello, se convino un sistema robusto de implementación que conjuga institucionalidad, planes, desarrollos normativos, prioridades y una amplia participación social y ciudadana. Se acordó la conformación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz (CSVR), de carácter bipartito, con un primer período de funcionamiento hasta enero de 2019, prorrogable hasta diez años, que corresponden al lapso definido para el proceso de implementación. Asimismo, se definió un Plan Marco de Implementación (PMI) de diez años, que se desagregará en Planes Cuatrienales de Implementación (PCI), con los que lo acordado tendrá que incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los respectivos gobiernos, garantizando de esa manera las inversiones necesarias, así como la asignación correspondiente de recursos del presupuesto nacional y de recursos provenientes de los entes territoriales. Para proveer el marco normativo y los soportes institucionales que le den a la implementación un carácter vinculante específico, se convino la expedición de un CONPES del PMI en los términos que apruebe la CSVR, así como el trámite de las reformas constitucionales y legales de incorporación del PCI al PND. Por otra parte, se definió una agenda legislativa a través del procedimiento previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016, cuya materia corresponde a los aspectos fundamentales de los desarrollos normativos constitucionales y legales que demanda la implementación del Acuerdo final, y se estableció que los contenidos de tales desarrollos tendrán que ser constatados por la CSVR, previa presentación o expedición por el Presidente de la República. Junto con lo anterior, se definieron mecanismos de participación de la sociedad, un sistema integrado de información y medidas de transparencia para la implementación, así como medidas y acciones de implementación prioritaria. De esa forma consideramos que quedaron sentadas las bases para un proceso de exitoso de implementación, cuya premisa es a nuestro juicio la apropiación social del Acuerdo Final y el más amplio respaldo y compromiso social y popular.

Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación. El Acuerdo Final convino un mecanismo de verificación internacional concebido como parte del mecanismo de implementación de los acuerdos que “tendrá como propósito comprobar el estado de avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación” (AF, p. 184).

Dos notables, uno elegido por nosotros y otro por el Gobierno Nacional, y el componente internacional conformado por un representante de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, respectivamente, constituyen en primera instancia la verificación internacional, que además contará con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en los términos que le señale la CSVR. El mecanismo internacional de verificación presentará informes periódicos sobre la implementación, a los que muy seguramente se unirán aquellos que produzcan las organizaciones sociales y populares y nuestro Centro de pensamiento y formación política. A lo anterior se suma la solicitud de las Partes a través de la Asamblea General de Naciones Unidas de “una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de las medidas de protección y seguridad colectiva” (AF, p.186), asegurando un funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables. Por otra parte, se convino la renovación del actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU Derechos Humanos) por un periodo de tres (3) años renovables, en cuyo informe anual se solicitará sea incluido un capítulo de implementación de los derechos humanos. Habrá además un acompañamiento internacional a la implementación del Acuerdo final en cada uno de sus puntos con instituciones internacionales especializadas, que deberán elaborar informes periódicos a la CSVR. Como se aprecia, el Acuerdo final cuenta igualmente con un sistema de verificación que ofrece garantías en múltiples sentidos para el proceso de implementación.

Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos. Todo el Acuerdo final posee un enfoque diferencial y de género, con énfasis en los derechos de las mujeres. Ello obedece a nuestra firme convicción acerca de la necesidad de reconocer las particularidades de grupos sociales diferenciados, comúnmente excluidos y sometidos a la continua discriminación. Y en el caso de las mujeres, se trata además de las circunstancias propias de la dominación patriarcal que apuntala aún más la propia dominación capitalista, acentuando su condición de víctimas principales del conflicto. La lectura transversal del Acuerdo Final permite afirmar que se está en presencia de una posibilidad para el mayor reconocimiento de sus derechos y de su papel activo como sujetos políticos de la construcción de una Paz estable y duradera. El Acuerdo Final, por otra parte, se fundamenta en una consideración y respeto de los derechos de los pueblos étnicos y está concebido en todos sus componentes para contribuir a expandirlos, tal y como se demuestra en el capítulo étnico. No habrá Paz verdadera, estable y duradera, sin la materialización de los derechos de las mujeres y de los pueblos étnicos.

Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente. El Acuerdo Final además de ser un acuerdo de transacción política para la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de nuestra guerrilla, impuso la necesidad de una solución jurídica con base en el presupuesto del origen político del derecho. En las condiciones actuales, acuerdos políticos sin definiciones jurídicas resultan insuficientes, si se considera que lo convenido debe tener fuerza vinculante para las Partes, dotándolas así de la necesaria seguridad jurídica. Se sobreentiende además que la solución jurídica en sí misma no es una garantía de que lo acordado efectivamente sea objeto de cumplimiento, pero sí prefigura un marco normativo de compromiso de las Partes, que establece pautas y parámetros para la acción política en demanda del cumplimiento y la implementación. Se convino que el Acuerdo Final es un Acuerdo Especial de los previstos en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Igualmente, que por medio del procedimiento expedito del Acto Legislativo 01 de 2016 habrá una ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y un Acto Legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, es decir, habrá un proceso de constitucionalización del Acuerdo Final, que se acompañará de los desarrollos legales requeridos para su implementación. En ese sentido, bien puede afirmarse que la Mesa de La Habana ha desempeñado una función constituyente y ha transformado para bien del pueblo colombiano el orden constitucional vigente, poniendo de paso en evidencia los límites de dicho orden para perfeccionar el acuerdo de solución política. Dicha situación constitucional nueva, no niega nuestros propósitos de persistir en impulsar un proceso constituyente abierto, una de cuyas estaciones necesarias tendrá que ser una Asamblea Nacional Constituyente, no sólo para abordar las salvedades a los acuerdos logrados, sino para acompasar el marco jurídico institucional a la construcción de una Paz estable y duradera y generar las debidas respuestas constitucionales a otros problemas estructurales sensibles de la formación económica y social.

Sin que se haya convenido explícitamente en el Acuerdo Final la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, sí ha quedado el compromiso de promover un gran acuerdo político nacional que por su contenido debe interpretarse como un paso en esa dirección.

Para que se consolide la perspectiva de un proceso constituyente, será necesario que desate un amplio movimiento político y social que se trace ese propósito. Las múltiples dinámicas constituyentes del campo popular experimentadas durante los últimos años, así como el proceso de La Habana representan un importante acumulado para el logro de ese objetivo.

Tesis 21: Sobre refrendación del Acuerdo Final. Los actos de refrendación del Acuerdo Final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor y para que se pueda surtir el trámite y la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y de Tratamientos Penales Especiales, a fin de que se dé inicio al proceso de localización de nuestra fuerza guerrillera en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y con ello al proceso de dejación de armas y de nuestra reincorporación a la vida civil. En igual sentido, a la implementación de todo lo acordado. Durante las conversaciones nos allanamos a la refrendación popular a través del plebiscito, primero porque discutir, acordar y formalizar jurídicamente otro mecanismo hubiera prologado de manera innecesaria las conversaciones por al menos un año, situando el proceso de La Habana en medio de la campaña presidencial hacia el 2018, en un contexto político complejo de creciente oposición llena de falacias de la ultraderecha y el militarismo. Y segundo, por cuanto consideramos que la forma plebiscitaria produciría una clara delimitación entre la construcción de la Paz y la continuidad de la guerra, generando la posibilidad de infligir una derrota a la segunda, bajo el supuesto en todo caso de que la opción de la Paz demanda procesos de diferenciación entre los entendimientos y aspiraciones del campo popular de Paz con democracia verdadera y justicia social y aquellos de sectores de las clases dominantes de Paz como silencio de los fusiles y de oportunidad para nuevos negocios. Tenemos el convencimiento de un potente acto de legitimación política del Acuerdo Final por parte del pueblo colombiano. De esa manera, lo acordado en La Habana tendrá un mayor blindaje para su implementación. Por otra parte, la refrendación guerrillera del Acuerdo Final en esta nuestra X Conferencia, además de representar un voto de respaldo y confianza frente a lo actuado por nuestra Delegación en La Habana y por las decisiones que en distintos momentos tomaron el Estado Mayor Central y el Secretariado, es un claro mensaje al pueblo colombiano de nuestra indeclinable decisión de reafirmar el fin de nuestro alzamiento armado y de nuestro compromiso irrestricto con la implementación de todo lo acordado.

Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural. De la misma forma como el Acuerdo Final se sustenta en acuerdos ciertos que han de implementarse, también debe afirmarse que él posee unos intangibles cuyos alcances sólo podrán ser definidos por la historia. Pero desde ahora puede anticiparse que probablemente uno de esos intangibles consiste en la inauguración de una gran transformación cultural: la que habrá de conducir a la superación definitiva de estructuras de pensamiento en las que se ha entronizado incluso en la vida cotidiana el uso de la violencia, la pretensión de exterminio del enemigo y una especie de fascismo social como formas de ejercicio del poder y la dominación y de solución de los conflictos, para darle una nueva oportunidad a la política y a la coexistencia pacífica en medio de la conflictividad que le es inherente al orden social vigente hasta su necesaria superación a través de una nueva calidad social.

IV. La perspectiva política inmediata

Tesis 23: La importancia del plebiscito. A la firma del Acuerdo Final le sigue en lo inmediato el acto de refrendación popular a través del plebiscito. Más allá de representar un acto de legitimación política de lo convenido en La Habana, con indiscutibles consecuencias para la implementación del Acuerdo Final, consideramos que se está frente a una decisión no solo con efectos presentes, sino sobre todo futuros de cara a las próximas generaciones. Aunque por esa vía se aprobará o improbará popularmente el Acuerdo Final, en sentido estricto la que se está definiendo es algo de más profundo calado: la continuidad o no de la guerra; la perspectiva de construcción o no de una Paz estaba y duradera. Frente a una determinación con semejantes implicaciones, tenemos la confianza en una respuesta masiva y contundente del pueblo colombiano a favor del sí. El Sí mayúsculo debe contribuir a despejar el campo político, conflictivo por naturaleza, pero oscurecido por la presencia de instigadores de la guerra que, haciendo uso de la confusión y la mendacidad, no sólo añoran con su prolongación por los rendimientos que ella le produce, sino que desde ahora -previendo su derrota- anuncian que se constituirán en obstáculo de los esfuerzos de Paz, recurriendo con a todos los medios que en el pasado les han sido útiles. Debemos decirlo con claridad:

¡Es el momento de superar de manera definitiva la página de la violencia y la guerra!

Necesitamos tener la estatura histórica colectiva para ello. No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro posible; como no lo fue en el pasado.

Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación. Con la firma del Acuerdo Final, las prioridades se trasladan a una fase mucho más compleja y difícil: el inicio de la implementación de lo acordado. Nuestra agenda inmediata está claramente definida: Con la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y tratamientos penales especiales, nos localizaremos en las ZVTN, iniciaremos la dejación de armas que durará 180 días, se producirán los alistamientos para nuestra reincorporación a la vida civil y se surtirá el proceso de conversión de nuestra guerrilla en partido o movimiento político legal. En el transcurso del mes de abril de 2017, deberemos estar listos para el inicio formal de nuestra actividad política legal. En correspondencia, en ese mismo período el Gobierno deberá haber cumplido con lo establecido en el Plan Marco de Implementación y particularmente con los compromisos de los desarrollos normativos allí establecidos, empezando por la Ley de Amnistía, Indulto y tratamientos penales especiales, la Ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y el Acto Legislativo para la incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento constitucional, entre otros. En ese sentido, parte significativa del énfasis de nuestro trabajo se trasladará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) y al Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR). Durante estos primeros seis meses no debe descartarse una contraofensiva de la ultraderecha y el militarismo a través de múltiples acciones y provocaciones, orientadas a hacer fracasar la implementación de lo acordado. Por tal razón, la verificación internacional del Acuerdo Final, así como el acompañamiento del movimiento social y popular en protección y demanda de cumplimiento de lo acordado jugarán un papel central, que deberá permanecer a lo largo de todo este proceso.

V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización una política legal

Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal. El Acuerdo Final conlleva la continuidad de nuestra lucha a través de la acción política legal, con fundamento en las condiciones de contexto y las reglas del juego que emanan del conjunto de lo acordado. El ejercicio de la política no es para nosotros una novedad. Las motivaciones de nuestro alzamiento armado siempre fueron políticas. El accionar político-militar de nuestra guerrilla y de nuestras milicias, el trabajo clandestino de nuestro Partido y de nuestro Movimiento Boliviano siempre estuvieron guiados por propósitos políticos, a fin de organizar a nuestro pueblo para alcanzar los cambios y las transformaciones estructurales que reclaman las grandes mayorías. Con el acuerdo de solución política consideramos que se dan las condiciones mínimas requeridas para producir nuestro tránsito a la vida política legal y proseguir la brega por nuestras aspiraciones estratégicas de superación del orden social capitalista vigente en el país. El Acuerdo Final representa una ruptura en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización; se trata de más bien de un acontecimiento que nos encauza hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político, entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva de persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido o movimiento político. Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y, en general, en las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos.

Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final. Además de las tareas propias de la organización del nuevo partido o movimiento, que deberán ser mandatadas por esta X Conferencia, y que nos habrán de llevar a su Congreso Constitutivo, somos conscientes de que se avecinan nuevas batallas. La primera de ellas, la que corresponde a la implementación de los acuerdos que son para beneficio de la sociedad colombiana y del pueblo en su conjunto. Si la potencia transformadora contenida en ellos se logra desatar y sale adelante en forma victoriosa, estaremos frente a la más importante posibilidad reciente de democratización política, económica, social y cultural de la Nación. Se avecina un ciclo reformista que, en las condiciones del régimen de dominación de clase existente en el país, debe ser catalogado como revolucionario. Pero la posibilidad de materialización de ese ciclo, demanda la existencia de un poder y una fuerza social con capacidad de hacerlo efectivo, que estamos obligados a contribuir a construir.

Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural. La segunda batalla se refiere al necesario quiebre de la hegemonía política y cultural para llegar a lo profundo de los corazones del pueblo colombiano y lograr su más amplio respaldo, principalmente en los centros urbanos. Tras décadas de estigmatización y continuo falseamiento de nuestra historia y de nuestro accionar, tendremos la posibilidad de establecer otro tipo de relacionamiento y de interlocución con las grandes mayorías, distinto al de la guerra, y así ofrecer y compartir nuestra visión y propuesta de país. Se acerca lo que bien podríamos llamar una “batalla de ideas” y tenemos la esperanza de que ella se pueda adelantar libremente y sin ejercicio de violencia alguna. Ha llegado el tiempo de la verdad histórica. Ha llegado el tiempo de desnudar el régimen de dominación de clase existente, sin los ropajes y disculpas de la confrontación armada y de la guerrilla como causante de los males y problemas que campean a lo largo y ancho del país.

Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular. La tercera batalla es la concerniente a la unidad del campo popular, de los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios. Sin un amplio proceso de unidad no hay posibilidad de avanzar hacia el cambio político y las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana.

Estamos dispuestos y abiertos a abordar las discusiones para construir los consensos necesarios, siempre privilegiando las definiciones y los acuerdos programáticos, sobre las decisiones pragmáticas. Si pretendemos resignificar y reivindicar la política e introducir nuevas formas de acción política, tenemos la obligación de regresar a la discusión programática, a los debates sobre la táctica y la estrategia, a la construcción colectiva del programa o la plataforma política y del instrumento político, trascendiendo el concepto de oposición o de frente electoral para demostrar vocación de poder y deseo de ser gobierno. Si se contempla que el Acuerdo Final puede abrir el camino de una transición política debe considerarse la posibilidad de unir esfuerzos hacia un “Gobierno de construcción de Paz y reconciliación nacional”. No hay perspectiva política como opción de poder si los esfuerzos de unidad se limitan a las valiosas expresiones organizativas y procesos existentes, incluidas nuestras fuerzas. El campo de acción e influencia ha demostrado ser limitado, pues no hemos logrado llegar a las grandes mayorías no organizadas, particularmente en los principales centros urbanos. Debemos reconocer nuestras carencias colectivas para identificar las aspiraciones de las nuevas generaciones de clase trabajadora producidas por las transformaciones capitalistas durante las últimas décadas, y traducirlas a nueva gramática de la política.

Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto. Nuestra experiencia de décadas de lucha nos ha enseñado que al tiempo que se lucha por el poder, es necesaria una construcción social del poder “desde abajo”. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos promovido e impulsado procesos organizativos territoriales basados en la democracia directa, autogestionaria y comunitaria. Eso mismo reconocemos en importantes procesos campesinos, indígenas y afrodescendientes, en diferentes movimientos urbanos estudiantiles, de mujeres, de víctimas del conflicto y de trabajadores en general en defensa de bienes comunes de la sociedad, enfrentando en diferentes momentos y con intensidad diferenciada las tendencias de mercantilización capitalista extrema de la sociedad. En todos esos casos reconocemos la existencia de dinámicas constituyentes, dentro de las cuales inscribimos los alcances del Acuerdo Final, que bien pueden confluir hacia un proceso constituyente abierto, en el cual se vayan edificando las bases de un nuevo poder social. En la conjunción de la construcción de nuevo poder social y la conquista de posiciones en el poder establecido, incluida la perspectiva de ser gobierno, es que concebimos nuestro tránsito hacia la vida política legal en condición de nuevo partido o movimiento político.

Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia. Frente a todas estas preocupaciones, aunque tenemos visiones preliminares, no poseemos aún elaboraciones definitivas. Por ello consideramos que esta X Conferencia, además de avanzar en la identificación de lineamientos para nuestra acción política inmediata, debe producir el mandato para abrir la más amplia discusión interna que conduzca a las definiciones programáticas que demanda el nuevo momento político inaugurado por el Acuerdo Final. Deberá ser sometido al Congreso constitutivo de nuestro partido o movimiento político legal el programa político de orden estratégico, la propuesta de plataforma política para la confluencia en un bloque popular alternativo o en un movimiento de movimientos y la propuesta de programa para un “Gobierno de construcción de Paz y reconciliación nacional”, de amplia convergencia. Se nos avecina en ese aspecto una tarea de máximo compromiso, responsabilidad y construcción colectiva 1685.

Declaración Política de la X Conferencia de las FARC

Las FARC Dicen Sí al Acuerdo de Paz

Secretariado FARC-EP:

El Acuerdo Final celebrado en La Habana, Cuba, contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía política a nuestras aspiraciones históricas por la transformación del orden social vigente. Por tal razón, hemos decidido surtir todos los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar hacia un nuevo partido político cuyo congreso fundacional se llevará a cabo a más tardar en mayo de 2017, si se implementan los Acuerdos, tal y como está convenido”.

Declaración Política de la X Conferencia Nacional Guerrillera: Comandante Manuel Marulanda Vélez, 23 de septiembre del 2016.

¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la Paz!

Los guerrilleros y guerrilleras delegados de todas las estructuras de las FARC-EP a lo largo y ancho del territorio nacional y venidos desde la Colombia profunda, reunidos en la X Conferencia que se llevó a cabo desde el 17 hasta el 23 de septiembre del presente año en Brisas del Diamante en las sabanas del Yarí, enviamos al pueblo colombiano y a la sociedad en general nuestro más fraterno y caluroso saludo de compatriotas. Al mismo tiempo declaramos que:

Hemos realizado una hermosa y trascendental Conferencia en medio de la más amplia participación democrática y camaradería, en la que se ha reafirmado la coherencia y unidad interna de nuestra organización. Destacamos la nutrida y activa participación de nuestras guerrilleras y cuadros políticos jóvenes.

Luego de una muy juiciosa discusión sobre los Acuerdos de La Habana, Cuba, Territorio de Paz, celebrado entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, la Conferencia, nuestra máxima instancia de decisión, ha determinado aprobarlo en su totalidad e instruir a todas las estructuras de bloques y de frentes, a nuestros mandos, guerrillerada, milicianos y a toda nuestra militancia fariana, que éste sea acogido y respetado. Hemos refrendado así nuestro compromiso irrestricto con el cumplimiento de todo lo que se ha convenido. Asimismo, esperamos que el Gobierno actúe con la debida correspondencia.

Tenemos el convencimiento de que el Acuerdo Final contiene un gran potencial para la apertura de una transición política hacia la transformación de la sociedad colombiana, por su real democratización y la materialización de sus derechos, y especialmente para el buen vivir y el bienestar de las mujeres y los hombres humildes en campos y ciudades, de la clase trabajadora, de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, de la población LGTBI, y sobre todo para los jóvenes y nuestras futuras generaciones. A ellas y ellos los llamamos a abrazar y proteger los Acuerdos, a hacerlos suyos, a acompañar y exigir su implementación. Juntando esfuerzos lograremos los propósitos comunes de consolidar la perspectiva de una Paz con justicia social, la reconciliación nacional yla democracia avanzada para la nueva Colombia.

El Acuerdo Final celebrado en La Habana, Cuba, contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía política a nuestras aspiraciones históricas por la transformación del orden social vigente. Por tal razón, hemos decidido surtir todos los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar hacia un nuevo partido político cuyo congreso fundacional se llevará a cabo a más tardar en mayo de 2017, si se implementan los Acuerdos, tal y como está convenido. Será función del Partido dar continuidad a nuestros propósitos políticos de carácter estratégico por la construcción social de poder para el pueblo. La Conferencia faculta a la dirección Nacional de las FARC-EP para que convoque a un pleno del Estado Mayor Central y defina la ampliación de la nueva dirección que tendrá a cargo la preparación del congreso, del programa político, del estatuto y de la línea política, así como de las condiciones organizativas y de funcionamiento.

Nos comprometemos a ofrecer toda nuestra fuerza y energía por la unidad de los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios del país, de los movimientos políticos y sociales, de las múltiples organizaciones sectoriales y reivindicativas en el nivel nacional, regional y local. Queremos hacer parte de una Gran Convergencia nacional, que abarque el espectro de las luchas sociales y populares, propugne por la real democratización política, económica, social y cultural del país, y cuya plataforma, fundamentos organizativos y de coordinación deberán ser el resultado de una elaboración colectiva. La Gran Convergencia deberá tener la capacidad de construir poder social, político y popular desde abajo, y al mismo tiempo de disputar el poder del Estado en los espacios institucionales de elección y representación.

Trabajaremos por un nuevo Gobierno de construcción de Paz y reconciliación nacional a partir de la definición de un programa mínimo, que además de comprometerse con la implementación del Acuerdo Final, recoja las aspiraciones sociales más sentidas en lo inmediato por la población.

Convocamos a hacer realidad el llamado “a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la Paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”, tal y como se estableció en el Acuerdo Final. Las condiciones propicias para ese propósito se encuentran en el impulso a un proceso constituyente abierto que conduzca a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

Director de Humans Right Watch Decide no Asistir a la Firma del Acuerdo de Paz

José Miguel Vivanco Director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, envió una carta al Presidente Santos, en la que expuso:

Serias reservas sobre el componente de justicia de este proceso de Paz. Lamento profundamente no poder asistir a dicho evento. (...) Como S.E. sabe, la organización a la que pertenezco y quien le escribe hemos tenido, y seguimos teniendo, serias reservas sobre el componente de justicia de este proceso de paz, así como de la extensión de los beneficios acordados en La Habana a agentes del Estado responsables de atrocidades”.

Vivanco le agradeció al Presidente Santos la invitación a la ceremonia de la firma del Acuerdo de Paz, en la ciudad de Cartagena, pero le comunicó que no asistiría debido a sus reservas respecto del contenido del Pacto.

Quisiera aprovechar esta misiva para instar a S.E. a que la legislación de implementación que se presentará en el Congreso, luego de la aprobación del plebiscito del 2 de octubre del 2016, busque limitar los defectos del Acuerdo de justicia alcanzado el 15 de diciembre del 2015”.

También esperamos que la Corte Constitucional, que ha cumplido un rol central en la salvaguarda de derechos y libertades, corrija los principales defectos del Acuerdo de justicia”.

“… la legislación de implementación” debe establecer “de forma clara que criminales de guerra y de lesa humanidad no podrán participar en política o ejercer cargos públicos, por lo menos, hasta que hayan cumplido las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz”.

En relación con el contenido del Acuerdo Especial del 19 de agosto del 2016, para adoptar la “Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales”:

Consideramos que dicho proyecto de Ley contiene serias inconsistencias que podrían utilizarse para limitar indebidamente la rendición de cuentas de responsables de graves abusos”.

Sr. Presidente, nuestras críticas reflejan un profundo interés porque el país logre una Paz genuina, fundada en los derechos de las víctimas, un anhelo que une a Colombia y a la comunidad internacional” 1686.

Discurso del Presidente Santos a la Firma del Acuerdo de Paz

Colombianos:

Hoy me dirijo a ustedes con una profunda emoción. Con gran alegría.

Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra.

Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad.

Hemos alcanzado un Acuerdo Final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC.

Desde el mismo inicio del proceso de Paz les dije que el proceso estaba regido por un principio: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Pues bien: el día ha llegado.

Hoy podemos decir -por fin- que todo está Acordado.

Gracias a un esfuerzo titánico de las delegaciones en la Mesa de Conversaciones, se acordaron los últimos temas pendientes, se cerraron las negociaciones y tenemos un texto definitivo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.

Repito: ya se cerraron las negociaciones y tenemos el texto definitivo del Acuerdo Final. Este texto es inmodificable.

¿Y en qué consiste este Acuerdo Final?

Es un conjunto de compromisos articulados entre sí para terminar el conflicto armado y darnos la oportunidad de construir juntos una Paz estable y duradera para todos los colombianos.

Son Cinco Puntos fundamentales.

El Primero es poner fin efectivo a la violencia.

Esto es, un cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, lo que implica que se acaban todos los ataques y amenazas a la población.

Las FARC entregarán sus armas a las Naciones Unidas -mediante un cronograma ya anunciado- en un plazo de seis meses.

Todo esto -como es bien sabido- será verificado y monitoreado por una comisión de las Naciones Unidas.

Lo anterior significa que las FARC dejan de existir y se convertirán en un movimiento político sin armas.

Segundo: nuestro deber principal para construir la Paz es proteger los derechos de las víctimas. Sus derechos a la Justicia, a la Verdad, a la Reparación y a que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron.

Creamos una Justicia Especial para la Paz -con un Tribunal conformado por magistrados independientes de las más altas calidades-, que será aplicada también, en forma diferenciada, a los miembros de nuestra fuerza pública y a civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto.

Esta justicia transicional garantiza que no habrá impunidad -¡no habrá impunidad!- para los responsables de los delitos más graves.

Ellos serán investigados, juzgados y sancionados con varios años de restricción efectiva de su libertad. Además, tendrán que decir la Verdad -¡toda la Verdad!- y contribuir a reparar a las víctimas.

Si no lo hacen, irán a la cárcel hasta por veinte años.

Las víctimas han estado en el centro de este proceso, y serán sus principales beneficiarias.

Pero también lo será todo el país: ¡por todo lo que significa vivir en Paz y porque no habrá más víctimas!

Tercero: para desterrar la violencia, debemos llevar oportunidades y progreso a nuestros campos.

Por eso acordamos un plan de inversión para el campo y para los campesinos de Colombia, que nos ayude a superar la pobreza, la desigualdad y la violencia que tanto los han afectado. Los desplazados podrán por fin volver a sus hogares con tranquilidad.

Habrá programas de desarrollo para las zonas más golpeadas por el conflicto; un plan masivo de formalización de la tierra, y se creará un Fondo de Tierras para distribuirlas de forma justa a quienes la guerra les quitó todo.

Eso sí: sin afectar de ninguna manera la propiedad privada ni los derechos de los propietarios y poseedores de buena fe 1687.

Cuarto: para que la Paz sea duradera, debemos garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal de nuestro país.

Colombia tiene la experiencia y la capacidad para lograrlo. Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos mejor ahora.

Los antiguos miembros de las FARC -ya sin armas- podrán acceder a la vida política del país, en democracia. Deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos.

Tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los Acuerdos hasta el 2018.

A partir de ese momento participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos periodos, si no logran el umbral.

Vamos a ampliar y fortalecer nuestro sistema democrático y electoral; vamos a dar mayores garantías a la oposición, y vamos a permitir que regiones que no han tenido representación política adecuada por causa del conflicto elijan de manera transitoria voceros en la Cámara de Representantes.

Quinto: el Acuerdo nos permitirá atacar de manera más eficaz el narcotráfico, que ha alimentado el conflicto durante tantos años.

Aquí hay algo muy importante: las FARC se comprometen a romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico y a colaborar -con acciones concretas- en la solución de este problema.

Se pondrá en marcha un Programa Nacional Integral de Substitución de Cultivos -que se construirá con las comunidades-, y se fortalecerán la lucha contra las finanzas ilícitas, así como los programas de salud pública para enfrentar el consumo. También se incrementarán las acciones contra el microtráfico.

Además, se llevarán a cabo programas conjuntos de desminado y limpieza de nuestro suelo, para que ya nadie -¡ningún campesino, ningún niño!-, tenga miedo de pisar nuestra tierra.

Ese es el Acuerdo que se ha concluido hoy.

Es un Acuerdo que beneficia, protege y fortalece los derechos de todos los colombianos.

Es un Acuerdo que responde a todas las dimensiones del conflicto y, por eso -precisamente por eso-, nos permite cerrar el capítulo de la guerra con las FARC y empezar a escribir el nuevo capítulo de la Paz.

¡Gracias a ustedes, colombianos!

Gracias a ustedes que entendieron; que tuvieron tanto aguante y tanta paciencia frente a las muchas -¡muchísimas!- dificultades que se presentaron en esta negociación tan importante.

Gracias a ustedes por su perseverancia.

¡Gracias a ustedes, hoy podemos decir que se acabó la guerra y hacer este anuncio histórico!

Esta Paz pertenece también a mis antecesores: a Belisario Betancur, a Virgilio Barco, a César Gaviria, a Ernesto Samper, a Andrés Pastrana y a Alvaro Uribe. Todos la buscaron y abonaron el terreno para este gran logro.

Y quiero agradecer a un grupo de colombianos excepcionales, que entregaron lo mejor de si mismos, con enorme sacrificio y dedicación, con vocación de patria, para lograr este Acuerdo 1688.

Discurso de Timochenco a la Firma del Acuerdo de Paz

Mis primeras palabras, tras la firma de este Acuerdo Final, van dirigidas al pueblo de Colombia, pueblo bondadoso que siempre soñó con este día, pueblo bendito que nunca abandonó la esperanza de poder construir la patria del futuro, donde las nuevas generaciones, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos, nuestras mujeres y hombres, puedan vivir en Paz, democracia y dignidad, por los siglos de los siglos.

Pienso también en los marginados que pueblan los cinturones de miseria de esta Cartagena, la Ciudad Heroica, que deseando estar aquí en esta celebración, no pudieron hacerlo. A ellos y ellas les extiendo mi mano de hermano y los abrazo con el corazón. Ustedes, junto al resto de la sociedad colombiana, también serán artífices de la siembra de la Paz que apenas empieza.

Se dice que esta legendaria ciudad de mar, de playas preciosas, de brisa, de murallas antiguas, de historia valerosa y gente extraordinaria, logró enamorar a nuestro nobel Gabriel García Márquez, quien llegó a decir: “me bastó con dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las seis de la tarde, y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer”. Pues así estamos hoy seguramente quienes asistimos a este ocaso del día en que renacemos para echar a andar una nueva era de reconciliación y de construcción de Paz.

Compatriotas: esta lucha por la Paz, que hoy empieza a dar sus frutos, viene desde Marquetalia impulsada por el sueño de concordia y de justicia de nuestros padres fundadores, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, y más recientemente por la perseverancia del inolvidable comandante Alfonso Cano. A ellos, y a todos caídos en esta gesta por la Paz, nuestro eterno reconocimiento.

Como ustedes saben, la X Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC-EP ha refrendado de manera unánime los Acuerdos de la Habana y ha mandatado la creación del nuevo partido o movimiento político, lo cual configura el paso definitivo de la forma de lucha clandestina y alzamiento armado, a la forma de lucha abierta, legal, hacia la expansión de la democracia.

Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones.

En adelante, la clave está en la implementación de los Acuerdos, de tal manera que lo escrito en el papel cobre vida en la realidad. Y para que ello sea posible, además de la verificación internacional, el pueblo colombiano deberá convertirse en el principal garante de la materialización de todo lo pactado.

Nosotros vamos a cumplir, y esperamos que el Gobierno cumpla.

Nuestra satisfacción es enorme al constatar que el proceso de Paz de Colombia es ya un referente para la solución de conflictos en el mundo.

Cuánto deseamos que la autoridad palestina e Israel encuentren la senda de la reconciliación. Cómo anhelamos de corazón que en Siria se silencien las bombas y el horror de una guerra que victimiza a un pueblo, que lo destierra y lo obliga a lanzarse al mar en barcazas inseguras para buscar refugio en países que también los rechazan, y los reprimen, sin ningún sentimiento de humanidad. ¡Paz negociada para Siria, pedimos desde ultramar, desde Cartagena de Indias!

Paz para el mundo entero; no más conflictos bélicos con sus terribles dramas humanos, en los que mujeres, niñas y niños conmueven con sus lágrimas y tristezas.

Con el Acuerdo que hoy suscribimos, aspiramos poner punto final en Colombia a la larga historia de luchas y enfrentamientos continuos que han desangrado nuestra patria, como destino cruel y fatal desde tempranas épocas. Sólo un pueblo que ha vivido entre el espanto y los padecimientos de una y otra guerra, durante tantas décadas, podía tejer pacientemente los sueños de Paz y justicia social, sin perder nunca la esperanza de verlas coronadas por sendas distintas a la confrontación armada, mediante la reconciliación y el perdón. Un pueblo que anhela que la persecución, la represión y la muerte y el accionar paramilitar, que aún persisten, así como múltiples causas del conflicto y la confrontación, puedan ser superadas en forma definitiva.

La más reciente cumbre de la CELAC determinó, con el consenso de todos los países de la América Latina y el Caribe, que esta parte del mundo debe ser un territorio de Paz. El Acuerdo Final de La Habana llega a ratificar ese propósito poniendo fin al más largo conflicto del continente. La Tierra entera debería ser declarada territorio de Paz, sin cabida alguna a las guerras, para que todos los hombres y mujeres del orbe podamos llamarnos y actuar como efectivamente somos, hermanos y hermanas bajo la luz del sol y la luna, dejando atrás cualquier destello de miseria y desigualdad.

El tratado de Paz que suscribimos hoy en Cartagena, no sólo pone fin a un conflicto nacido en Marquetalia en el año de 1964, sino que aspira a sellar para siempre la vía de las armas, tan largamente transitada en nuestra patria. Quién sabe qué vandálico sino tomó puesto en amplios sectores de la clase dirigente colombiana, desde el mismo grito de la independencia de España, pues las incontables guerras civiles del siglo XIX proporcionan el lúcido testimonio de la odiosa manía de pretender solucionar todas las diferencias a tiros, eliminando físicamente al contradictor político y no derrotando sus ideas con apoyo popular; encubriendo de esa forma, propósitos oscuros para la preservación y prolongación de un régimen de privilegios y de enriquecimiento en beneficio propio.

En nuestro parecer, toda forma de violencia es en sentido filosófico y moral un atentado contra la humanidad entera, pero dolorosamente constituye a la vez un dramático testimonio de la historia humana.

Si alguna cosa ha demostrado la historia, es que no hay pueblo que soporte indefinidamente la brutalidad del poder, aunque después lo llamen con los apelativos que quieran. Del mismo modo, los pueblos, víctimas iniciales y finales de todas las violencias, son a la vez los primeros en soñar y desear la Paz y la convivencia arrebatadas. Todo pueblo ama sus niños y niñas y sueña con esperanza un futuro feliz para ellos. Esa ha sido nuestra incesante búsqueda.

Convinimos en La Habana la realización de rigurosas investigaciones sobre el esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto colombiano. Dejemos por tanto a ellas las conclusiones finales. Pero que se reconozca que las FARC-EP siempre intentamos, por todos los medios, evitarle a Colombia las desgracias de un prolongado enfrentamiento interno. Otros intereses, demasiado poderosos en el plano internacional y en los centros urbanos y los campos del país, se encargarían de inclinar la balanza en el sentido contrario a través de múltiples medios y de una intensa acción comunicativa en la que la manipulación mediática y la mentira han formado parte del pan de cada día.

No obstante, jamás podrá borrarse de la historia que, durante más de treinta años, cada proceso de Paz significó un logro de la insurgencia y los sectores populares que lo exigían. Y que por tanto tenemos pleno derecho a declarar como una victoria de éstos la suscripción de este Acuerdo Final por el Presidente Juan Manuel Santos y la Comandancia de las FARC-EP. Siendo igualmente justos, hay que decir que este tratado de Paz es también una victoria de la sociedad colombiana en su conjunto y de la comunidad internacional.

Sin ese amplio respaldo social y popular que fue creciendo a lo largo y ancho de la patria durante estos últimos años, no estaríamos frente a este magnífico acontecimiento de la historia política del país. Hoy debemos agradecer por su contribución en el logro de este propósito colectivo, a las mujeres y hombres de esta bella tierra colombiana, a los campesinos, indígenas y afrodescendientes, a los jóvenes, a la clase trabajadora en general, a los artistas y trabajadores el arte y la cultura, a los ambientalistas, a la comunidad LGBI, a los partidos políticos y los movimientos sociales, a las diferentes comunidades religiosas, a importantes sectores empresariales, y sobre todo, a las víctimas del conflicto. Nuestros niños y niñas, los más beneficiados, pues ellos son la semilla de las generaciones futuras, nos han conmovido con sus grandiosas expresiones de dulzura y esperanza.

Debemos admitir que nuestro propósito de búsqueda de una salida política al desangre fratricida de la Nación, encontró en el Presidente Juan Manuel Santos, un valeroso interlocutor, capaz de sortear con entereza las presiones y provocaciones de los sectores belicistas. A él le reconocemos su probada voluntad por construir el Acuerdo que hoy se firma en nuestra Cartagena heroica.

Por primera vez en más de un siglo, se lograron por fin aunar suficientes voluntades para decir no a los amigos de la guerra, que durante tanto tiempo se apoderaron del acontecer nacional para sumirlo en un caos interminable y doloroso.

Toda esta construcción social y colectiva pudo rendir frutos gracias al incansable apoyo de los países garantes. Nuestro agradecimiento a Cuba, al Comandante de esa gloriosa Revolución, Fidel Castro Ruz, al General de Ejércitos y Presidente Raúl Castro Ruz y al pueblo cubano en general. Igualmente al Reino de Noruega y a todo el pueblo noruego por su decidido apoyo al proceso.

Reconocimiento especial, merece el Comandante Hugo Chávez, sin cuyos trabajos, pacientes como discretos, este final feliz no hubiera tenido comienzo. A Nicolás Maduro, continuador de ese generoso esfuerzo de paz, en su condición de Presidente de la República Bolivariana Venezuela, país acompañante, y desde luego al pueblo de la hermana república. Nuestro agradecimiento a Chile, en su calidad de país acompañante, a su pueblo, a su Presidenta Michelle Bachellet. También a la Organización de Naciones Unidas. La Paz de Colombia es la Paz de Nuestra América y de todos los pueblos del mundo.

Con el Acuerdo Final se ha dado un trascendental paso adelante en la búsqueda de un país diferente, comprometiéndose a una Reforma Rural Integral, para contribuir a la transformación estructural del campo. Promoverá una Participación política denominada apertura democrática para construir la Paz, con la que se busca ampliar y profundizar la democracia. Las FARC-EP dejamos las armas al tiempo que el Estado se compromete a proscribir la violencia como método de acción política. Esto es, a poner fin definitivo a la persecución y el crimen contra el opositor político, a dotarlo de plenas garantías para su actividad legal y pacífica. Junto con el Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas, con los cuales termina para siempre la confrontación militar, fue pactada la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con nuestros intereses, y se subscribió el Acuerdo sobre Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones criminales o paramilitares que desangran y amenazan a Colombia.

Especial atención merece la previsión del Pacto Político Nacional, por medio del cual el Gobierno y el nuevo movimiento político surgido de nuestro tránsito a la actividad legal, promoveremos un gran acuerdo nacional y desde las regiones con todas las fuerzas vivas de la Nación, a fin de hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y colombianas, para que nunca más sean utilizadas las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. De materializarse este propósito común, Colombia habrá logrado dar un gigantesco paso adelante en el camino de la civilización y el humanismo.

De algo estamos bien seguros, si este Acuerdo Final no deja satisfechos a sectores de las clases pudientes del país, en cambio representa una bocanada de aire fresco para los más pobres de Colombia, invisibles durante siglos, y para los y las jóvenes en cuyas manos se encuentra el futuro de la patria, los cuales serán la primera generación de nacionales que crece en medio de la Paz.

Son casi tres centenares de páginas las contentivas del Acuerdo Final que suscribimos aquí, difíciles de resumir en tan breve espacio. Su firma no significa que capitalismo y socialismo comenzaron a sollozar reconciliados en brazos el uno del otro. Aquí nadie ha renunciado a sus ideas, ni arreado sus banderas derrotadas. Hemos acordado que seguiremos confrontándolas abiertamente en la arena política, sin violencia, en un apoteósico esfuerzo por la reconciliación y el perdón; por la convivencia pacífica, el respeto y la tolerancia; y sobre todo por la Paz con justicia social y democracia verdadera.

Recordando a San Francisco de Asís, debemos repetirnos que cuando se nos llene la boca hablando de Paz, debemos cuidar primero de tener nuestros corazones llenos de ella.

En todos los escenarios posibles continuará retumbando nuestra voz contra las injusticias inherentes al capitalismo, denunciando la guerra como el instrumento favorito de los poderosos para imponer su voluntad a los débiles por medio de la fuerza y el miedo, clamando por la salvación y la conservación de la vida y la naturaleza, exigiendo el fin de cualquier forma de patriarcado y discriminación, proponiendo salidas verdaderamente humanas y democráticas a todos los conflictos, seguros de que la inmensa mayoría de los pueblos prefieren la Paz y la hermandad sobre los odios, y merecen por tanto ocupar un lugar de privilegio en la adopción de las decisiones que envuelven el futuro de todos.

Colombia requiere de transformaciones profundas para hacer realmente verdaderos los sueños de la justicia social y el progreso. La Paz es sin duda alguna el elemento esencial para los grandes destinos que nos esperan como nación, que deberán caracterizarse más por sus luces que por su poderío, como diría el Libertador.

Para hacerlo posible, nuestra patria requiere, además de un renacimiento ético, de la restauración moral que predicaba Jorge Eliécer Gaitán antes de ser asesinado aquel fatídico 9 de abril de 1948. El enriquecimiento fácil y el descarado engaño, la cizaña sembrada en las mentes de los ciudadanos por la mentira mediática habitual, la farsa de la educación fundada en el ánimo de lucro de empresarios sin principios, la enajenación cotidiana sembrada por la publicidad mercantil, entre otros graves males, exigen, para superarlos, lo mejor de los valores humanos de nuestros compatriotas.

La sociedad colombiana tiene que ser claramente inclusiva en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. El Estado colombiano, tras la firma de este Acuerdo, no puede seguir siendo el mismo en que se permite que la salud sea un negocio. Los tristemente famosos paseos de la muerte y las agonías a las puertas de los hospitales tienen que desaparecer para siempre. No más familias condenadas a la calle y la miseria, por cuenta de las usurarias deudas con el sistema financiero o las bandas del gota a gota. La seguridad con la que tanto sueñan los colombianos y las colombianas, no debe depender tanto del tamaño de las fuerzas de seguridad del Estado, como del combate a la pobreza y la desigualdad y a la falta de oportunidades que padecen millones de compatriotas, fuente real de las formas más sentidas de la delincuencia. Los servicios públicos deben llegar a todos y a todas. Es a esa tarea a la que nos proponemos sumarnos desde ahora, sin arma distinta que nuestra palabra. Y es eso lo que el Estado colombiano ha prometido solemnemente respetar y proteger.

Al contrario de quienes predican que nuestro ingreso a la política abierta en Colombia constituye una amenaza, sentimos que millones de colombianos y colombianas nos extienden sus brazos generosos, y felicitan a su gobierno por haber alcanzado al menos la terminación del conflicto armado, entre sus disímiles propósitos. De todas partes del mundo recibimos emocionados saludos de aplauso por lo conseguido. La Paz de Colombia es la Paz de Nuestra América, vuelven a repetirnos todos los Gobiernos del continente.

Ante ellos sellamos nuestro compromiso de Paz y reconciliación. Donde quiera que en adelante plante sus pies un antiguo combatiente de las FARC-EP, pueden tener la seguridad de encontrar a una persona decente, serena y sensata, inclinada al diálogo y la persuasión, a una persona dispuesta a perdonar, sencilla, desprendida y solidaria. Una persona amiga de los niños, de los humildes y ansiosa de trabajar por un nuevo país de modo pacífico.

Casi cinco años atrás, en una nota destinada a ser leída por el Presidente Santos, a pocos días de producida la muerte de nuestro Comandante Alfonso Cano, terminaba diciéndole “así no es, Santos, así no es”. Con la convicción de que Colombia se merecía un Acuerdo mucho mejor y que quizás con un poco más de voluntad lo hubiéramos logrado, debo reconocer que lo firmado hoy constituye una luz de esperanza, preñada de anhelos de Paz, justicia social y democracia verdadera, un documento de descomunal trascendencia para el futuro de nuestros hijos e hijas y de la patria entera.

Los más de diez mil millones de dólares invertidos en la guerra por el Plan Colombia y el gigantesco gasto para la financiación de la guerra, hubieran servido para solucionar buena parte de los males del pueblo colombiano. Pero, como diría nuestro comandante Jorge Briceño, ya no es tiempo de llorar, sino de echar para adelante. Después de centenares de miles de muertos y millones de víctimas, al suscribir juntos este documento, le digo, Presidente, con emoción patriótica, que este sí era el camino indicado, así sí era.

Los soldados y policías de Colombia han de tener claro que dejaron de ser nuestros adversarios, que para nosotros está definido que el camino correcto es reconciliación de la familia colombiana. Esperamos de ellos, como lo aseguraron varios de sus más destacados mandos, que jugaron importante papel en la Mesa de La Habana, una mirada distinta a la que siempre nos reservaron. Todos somos hijos del mismo pueblo colombiano, nos afectan por igual sus grandes problemas.

A nuestras guerrilleras y guerrilleros, a nuestros prisioneros y prisioneras de guerra, a sus familias, a nuestros licenciados de filas y lisiados, queremos enviarles un mensaje de aliento, ustedes vivieron y lucharon como héroes, abrieron con sus sueños la senda de la Paz para Colombia. Los tres monumentos que se construirán con sus armas, darán testimonio eterno de lo que representó la lucha de las y los combatientes de las FARC-EP, y del pueblo humilde y valiente de esta patria.

Colombia espera ahora que, gracias a la necesaria disminución del porcentaje del gasto público destinado a la guerra que deberá traer el fin de la confrontación y el consecuente aumento de la inversión social, nunca jamás, ni en la Guajira, ni en el Chocó, ni en ningún otro espacio del territorio nacional, tengan por qué seguir muriendo niños y niñas de hambre, desnutrición o enfermedades curables.

Hemos coronado, por vía del diálogo, el fin del más largo conflicto del hemisferio occidental. Somos los colombianos y colombianas por tanto, un ejemplo para el mundo: que en adelante seamos dignos de llevar un honor semejante. Reconozcamos que cada una y uno de nosotros tenemos a quienes llorar. Perdimos a hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres y madres, amigos y amigas.

¡Gloria a todos los caídos y víctimas de esta larga conflagración que hoy termina!

En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que hayamos podido ocasionar en esta guerra.

Qué Dios bendiga a Colombia. Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la Paz. El amor de Mauricio Babilonia por la Meme, podrá ser ahora eterno y las mariposas que volaban libres tras él, simbolizando su infinito amor, podrán ahora multiplicarse por los siglos cubriendo la patria de esperanza 1689.

FARC Procederán a Declarar Economía de Guerra

El día del plebiscito para buscar la aprobación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, las FARC hicieron una declaración sobre los “recursos” financieros con los que cuentan, frente a las diversas acusaciones desde diversos sectores sobre los montos millonarios que la guerrilla manejaba.

Nos permitimos informar a la opinión pública nacional que de manera totalmente libre, acogiéndonos al principio de la buena fe y con la intención de cumplir lo que acá manifestamos, en desarrollo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una Paz estable y duradera firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias ante los ojos del país y prestantes testigos de la comunidad internacional, procederemos a declarar ante el Gobierno los recursos monetarios y no monetarios que han venido conformando nuestra economía de guerra.

Tal y como se ha establecido en el Acuerdo Final, la declaración aludida se efectuará dentro del proceso de cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, cuyo seguimiento y verificación estará a cargo de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación, en cumplimiento de lo acordado en el Punto 5, Reparación a las Victimas y en el Punto 3, Fin del Conflicto y Reincorporación.

Durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, representantes autorizados de esta organización acordarían con representantes del Gobierno los procedimientos y protocolos para inventariar los bienes incluidos en lo que hemos venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos, todo ello conforme a lo establecido en el Punto 3.1.1.3 “Suministro de Información”, del Acuerdo Cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas .

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, procederemos a la reparación material de las víctimas en el marco de las medidas de reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra.

Las FARC-EP manifiestan que los recursos por inventariar, integran su economía de guerra y que por razones de ética política nunca formaron ni forman parte de patrimonios individuales.

Las FARC-EP declaran desde ahora mismo, que no cuentan con recursos monetarios ni no monetarios adicionales a los que van a ser declarados durante el proceso de dejación de armas 1690.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


1666 Ver Anexo IV.

1667 Abecé del protocolo para la dejación de armas y cese al fuego bilateral, Diario El Espectador, Bogotá, 5-8-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/abece-del-protocolo-dejacion-de-armas-y-cese-al-fuego-b-articulo-647500.

1668 Protocolos para avanzar hacia el Acuerdo Final, en PazFARC-EP.org, 5-8-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosfarccuba/item/3507-protocolos-para-avanzar-hacia-el-acuerdo-final.html.

1669 Colombia. Ejército de Liberación Nacional: Por La Paz, La Resistencia Continúa, en ELN, Voces de Colombia, 5-8-2016, http://kaosenlared.net/colombia-ejercito-de-liberacion-nacional-por-la-paz-la-resistencia-continua/.

1670 Corte Condiciona Plebiscito a que FARC “Depongan Armas”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 13-8-2016, http://anncol.eu/colombia/cultura-sociedad/item/4925-corte-condiciona-plebiscito-a-que-farc-depongan-las-armas.

1671 Para el texto completo del Acuerdo ver Anexo V.

1672 Comunicado Conjunto # 93, Anuncio de Acuerdo Final, Integral y Definitivo, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 24-8-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5033-comunicado-conjunto-93-anuncio-de-acuerdo-final-integral-y-definitivo. También, http://pazfarc-ep.org/comunicadosconjuntosfarcsantoscuba/item/3528-comunicado-conjunto-93-anuncio-de-acuerdo-final-integral-y-definitivo.html.

1673 Comunicado conjunto # 94, en PazFARC-EP.org, 28-8-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosconjuntosfarcsantoscuba/item/3533-comunicado-conjunto-94-28-de-agosto-de-2016.html.

1674 Colombia. Ejército de Liberación Nacional (ELN): Carta Abierta A Las FARC, en Kaosenlared.net, 4-9-2016, http://kaosenlared.net/colombia-ejercito-de-liberacion-nacional-eln-carta-abierta-a-las-farc/.

1675 Así será la participación política de las FARC y su reincorporación a la vida civil, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-8-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/asi-sera-participacion-politica-de-farc-y-su-reincorpor-articulo-650976.

1676 Santos declaró el cese del fuego definitivo con las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-8-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/onu-estudia-llamado-de-gobierno-y-farc-escoger-magistra-articulo-648797.

1677 Acuerdos de Paz no tienen impunidad: Corte Penal Internacional, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 2-9-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5116-rcn-radio.

1678 FARC deben salir de lista de terroristas cuando se firme la Paz: General (r) Naranjo, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-9-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-deben-salir-de-lista-de-terroristas-cuando-se-firm-articulo-653053.

1679 ELN dice que respetará zonas de concentración de FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-9-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-dice-respetara-zonas-de-concentracion-de-farc-articulo-652391.

1680 Comunicado Conjunto # 98, en PazFARC-EP.org, 7-9-2016, http://PazFARC-ep.org/comunicadosconjuntosFARCsantoscuba/item/3545-comunicado-conjunto-98-instalacion-de-la-comision-de-implementacion-seguimiento-verificacion-del-Acuerdo-Final-de-Paz.html. También, Gobierno y FARC instalan comisión de verificación del Acuerdo Final de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-9-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/gobierno-y-farc-instalan-comision-de-verificacion-del-a-articulo-653468.

1681 Movimiento por la Constituyente Popular, Colombia. Paz con justicia social y libertad no llegará sin cambios de fondo, en Kaosenlared.net, 10-9-2016, http://kaosenlared.net/paz-con-justicia-social-y-libertad-no-llegara-sin-cambios-de-fondo/.

1682 Colombia: Santos reconoce la responsabilidad del Estado en el "exterminio" de la Unión Patriótica BBC Mundo en Español, 16-9-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37381538.

1683 Editorial: La Moneda De La Paz, en ELN, Voces de Colombia, 19-9-2016, enhttp://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/comando-central/editorial/789-la-moneda-de-la-paz.

1684 La Conferencia Define las Disposiciones Políticas y Organizativas para Iniciar el Tránsito de FARC hacia un “Partido o Movimiento Político”: Timoleón Jimenez, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 17-9-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5223-la-conferencia-define-las-disposiciones-politicas-y-organizativas-para-inciar-el-transito-de-FARC-hacia-un-partido-o-movimiento-politico-timoleon-jimenez. También, http://PazFARC-ep.org/comunicadosestadomayorFARC/item/3554-palabras-de-instalacion-del-comandante-timoleon-jimenez-en-la-x-conferencia-nacional-guerrillera.html.

1685 Documento completo con las Tesis de Discusión de la X Conferencia de la FARC-EP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 21-9-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5249-anncol.

1686 Director de HRW declina asistir a la firma del Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-9-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/director-de-hrw-declina-asistir-firma-del-acuerdo-de-pa-articulo-656784.

1687 El temor de muchos es que las tierras sigan quedando en manos de quienes las han utilizado y quienes las reclaman se vean obligados a acordar un mantenimiento del statu quo.

1688 El discurso íntegro de Juan Manuel Santos tras la firma del Acuerdo de Paz, en Bolsamanía Web Financial Group, 25-9-2016, http://www.bolsamania.com/colombia/noticias/politica/el-discurso-integro-de-juan-manuel-santos-tras-la-firma-del-acuerdo-de-paz--1680728.html.

1689 Discurso Completo (sin Tejiversaciones Mediáticas) del Comandante “Timo” en Cartagena 26-9-2016, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 27-9-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5283-farc-ep.

1690 FARC-EP procederá a declarar economía de guerra, en Anncol, Agencias Noticias Nueva Colombia, 2-10-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3565-farc-ep-procedera-a-declarar-economia-de-guerra.html. También, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/5307-farc-ep-co.