Tapa Conflicto en Colombia

 

Home








Capítulo XLI

Rol de las Fuerzas Militares en el Postconflicto

En el marco del proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, sostuvo reuniones con asesores de El Salvador y Guatemala, para establecer el papel que tendrían la policía, el ejército y la armada nacional en un escenario de postconflicto.

El Ministro descartó la propuesta de eliminar a la policía para crear una policía civil, integrada por miembros de la guerrilla, tal como se presentó tras el fin del conflicto armado en ambos países. Por el contrario, el Gobierno ha hecho una apuesta al fortalecimiento de la policía para actuar en las ciudades con un trabajo coordinado con las fuerzas militares en temas como seguridad pública y la lucha contra nuevas amenazas tras la desmovilización, como narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando. Con tal propósito, el Ministerio de Defensa se propondría incrementar la presencia en las fronteras de las fuerzas militares para enfrentar eventuales amenazas externas y una redistribución de tropas de zonas selváticas.

Adicionalmente las fuerzas armadas tendrían un enfoque internacional con ejercicios de fuerzas comando, para elevar su estándar profesional y colaborarían como apoyo logístico para el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el mundo. Ya tienen identificadas zonas en Centroamérica y el Caribe donde serían enviadas tropas colombianas para ofrecer capacidades en operaciones de Paz.

Frente a los ex-guerrilleros, el Gobierno buscaría no repetir experiencias como la empleada, por ejemplo, en Nepal, donde los miembros de esos grupos armados pasaron, en un sesenta porciento, a formar parte de las filas de las fuerzas armadas.

El Ministerio de Defensa ha venido sosteniendo que, más allá de la firma de un Acuerdo de Paz, las fuerzas militares deben cumplir el deber constitucional de defender la seguridad de los colombianos 1607.

No obstante, la “seguridad de los colombianos” es papel de la policía, ya que a las fuerzas armadas les corresponde la defensa nacional, no la seguridad interior -salvo en situaciones excepcionales como es el caso del terrorismo- que, por otra parte, no pareciera ser un tema que esté en tela de juicio, sino el que las fuerzas armadas y de seguridad contemplen la integración de ex-miembros de las guerrillas que pueden aportar su experiencia en diversas áreas.

¿Rol “Adicional” de las Fuerzas Militares en el Postconflicto?

El Presidente Juan Manuel Santos, ratificó que combatir el crimen organizado era una prioridad para el Gobierno Nacional, e impartió instrucciones a la fuerza pública para arreciar la ofensiva contra este tipo de organizaciones delictivas; nada dijo respecto de la continuidad del paramilitarismo y la manera en que seguía operando, perjudicando, al menos desde la perspectiva de las guerrillas, al proceso de negociación de Paz, haciendo peligrar la firma de un Acuerdo Final y las posibilidades del postconflicto.

Señaló que tras la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla:

Las fuerzas militares tendrán que tomar posesión de las zonas que históricamente han estado bajo el dominio de las FARC, para recuperar la presencia del Estado y controlar cualquier intento de la delincuencia por tomar control de esas zonas.

Al término de la instalación del Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas Criminales insistió en el rol de las fuerzas militares en la seguridad interior 1608:

Cuando venga la Paz, cuando las FARC dejen estas zonas donde están protegiendo esas actividades delincuenciales, minería ilegal o narcotráfico, tenemos que copar inmediatamente ese espacio. Combatir (…) el crimen organizado es una prioridad. Hemos ratificado una prioridad que para este Gobierno es cada vez más importante, y es la lucha frontal contra el crimen organizado (…) Este Gobierno ha tenido el crimen organizado como una de sus prioridades”. El Gobierno Nacional va a “focalizar con mucha más eficacia todas las energías de la fuerza pública en contra del crimen organizado. Vamos a crear grupos especiales, fuerzas especiales, operaciones conjuntas, inteligencia conjunta. Ahora que estamos ad portas de firmar la Paz, tenemos que utilizar todas nuestras energías, que hemos concentrado en la guerra, en contra de las diferentes manifestaciones de delincuencia, y en contra del crimen organizado. Como le ganamos la guerra a los grandes carteles, como le hemos ganado la guerra a los grupos armados ilegales, a la guerrilla, vamos a ganarle la guerra al crimen organizado.

El mensaje del Presidente Santos era sumamente claro. En primer lugar, “ganaron la guerra a la guerrilla y a los grandes carteles del narcotráfico” y, además pondrán “todas las energías” en ganarle la guerra al crimen organizado. Lo que no ha mencionado -quizás porque “el sistema político y el modelo económico no se tocan”-, es poner la misma energía en resolver los gravísimos problemas estructurales que hay en los diferentes estamentos de la sociedad colombiana, de pobreza, subdesarrollo, exclusión, etc., que son un factor vigente y latente de nueva conflictividad.

La Seguridad y la Integración de los Desmovilizados en el Postconflicto

El problema del rechazo a la integración de ex-guerrilleros por determinados sectores sociales, así como los problemas de derechos humanos que se pueden presentar deben ser resueltos, y las fuerzas militares y la policía regulares, no están capacitadas para resolver esto.

Este ha sido un tema de preocupación para la dirigencia de las FARC. Por ello, reiteraron que el Acuerdo Especial era el recurso más eficaz en manos de la Mesa de negociaciones, para asegurar jurídicamente el eventual Acuerdo de Paz y el camino más corto para lograrlo. Desde su punto de vista, no tenía sentido convertir el tramo final, en un viacrucis innecesario cuando lo que se busca es salvaguardar la protección en todo sentido de quienes han padecido la guerra.

¿Qué tiene de malo que las FARC puedan exponer su punto de vista sobre el tema en la audiencia proyectada por la Corte Constitucional? ¿Cuál es el fundamento de quienes piden excluirnos -que no sea su intransigencia-, para pretender silenciar la voz de una guerrilla en evidente tránsito a movimiento político legal? Hace rato la reconciliación está exigiendo generosidad, sentido común, y mucho respeto por las creencias políticas.

Las claras definiciones y contenidos de normas internacionales universalmente aceptadas, no deben ser desatendidas con conceptualizaciones dubitativas, surgidas del qué dirá la derecha guerrerista. Si se quiere la Paz, no hay que vacilar. Hay que entender que los Acuerdos especiales forman parte de los textos que conforman el Derecho Internacional Humanitario, que no es una idea vaga, sino una realidad imperativa e insoslayable del Derecho Internacional público que ya forma parte del bloque de constitucionalidad colombiano. No necesitamos ser juristas expertos para conocer algo tan elemental.

La Mesa de La Habana no es una Constituyente. En nosotros no tendrá eco la invitación subjetiva a desconocer tratados internacionales ya aprobados por el Congreso, porque ello, no aporta seguridad jurídica, sino que la mina y la destruye anticipadamente. Las determinaciones jurídicas locales no pueden descalificar principios, decisiones mundiales y tratados que son imposibles de desconocer por su naturaleza y origen como el Derecho Internacional Humanitario. No hay estatutos nacionales que estén por encima de tales convenios. No podemos ir a contrapelo de lo que ya los textos e instancias internacionales han definido para bien de la humanidad.

No es que desde La Habana se quiera desconocer la Constitución. Todo lo contrario, en La Habana hemos venido acogiendo lo ya resuelto por ella. Los tratados que rigen hoy en esta materia, son extensión de la Carta Magna y prevalecen en el orden interno sin necesidad de nada más.

De otra parte, nadie ha afirmado que no se deba consultar al pueblo el resultado de la negociación. Pero queremos hacerlo bien; es decir, cuando los colombianos reciban la buena noticia de que el proceso ha culminado y las expectativas han sido atendidas. Algo que se puede alcanzar relativamente pronto. ¿Quién más que nosotros puede estar interesado en la seguridad jurídica como fundamento del proceso Paz, y en la seguridad personal y de las víctimas?

En lo que sí estamos de acuerdo es con la afirmación en cuanto a que “los Acuerdos se discuten en la Mesa”. Entonces pongámosle punto final a las iniciativas unilaterales surgidas por fuera de ella. Regresemos a la Agenda. No más confusión. No más controversia inane. La unilateralidad es mala consejera. Hay unas reglas del juego convenidas y aceptadas. Respetémoslas 1609.

No Habrá Cese el Fuego Bilateral Hasta que no Haya Concentración de la Guerrilla

El 28 de octubre del 2015, el Presidente Juan Manuel Santos, hizo un llamado a las FARC para que aceleren la discusión del Punto de la Agenda de negociación vinculado al “Fin del Conflicto” y se pueda fijar un cese el fuego bilateral.

Yo quisiera hacerle un llamado a las FARC para que hagamos un esfuerzo de terminar antes. El Comandante de las FARC inclusive mencionó por qué no darle un regalo, un buen regalo de Navidad o de Año Nuevo al país y como dicen yo le cojo la caña. Hagamos ese esfuerzo para que, de aquí al 31 de diciembre podamos, por ejemplo, terminar el Punto del fin del conflicto, y así poder decretar un cese el fuego bilateral y verificable internacionalmente a partir del 1ro. de enero (2016). Si hacemos ese esfuerzo para avanzar, como se ha venido avanzando en ese tema del fin del conflicto y tenemos la disposición, por lo menos de mi parte existe y esas son las instrucciones a los negociadores, podemos proceder en esa dirección” 1610.

El Presidente Juan Manuel Santos, se mostró de acuerdo con las FARC en acelerar el cese el fuego bilateral para el 16 de diciembre del 2015, y no para el 1ro. de enero del 2016 como había propuesto en un principio el Gobierno Nacional. Sin embargo, precisó que la fecha para poder decretar el cese bilateral, estará atada a la firma del Punto relacionado con el fin del conflicto, que contempla la concentración de la guerrilla con verificación internacional y la dejación de armas por parte de sus integrantes.

(…) Entre más pronto mejor porque más vidas nos vamos a ahorrar. Sin embargo, es muy importante que tengamos los elementos de ese Punto de la Agenda acordados para que realmente se pueda hacer. Por ejemplo, si no se concentran, pues no se puede administrar el cese el fuego con efectividad porque hay otros grupos de violencia que hay que combatir”.

La ONU sería el organismo internacional que apoye la verificación del cese bilateral del fuego y el cumplimiento de los Acuerdos por parte de la guerrilla 1611.

Mecanismo de Verificación del Cese el Fuego Bilateral y Dejación de Armas

Las partes en la Mesa de La Habana, difundieron un comunicado indicando que remitían a Naciones Unidas documentos de sugerencia sobre las características y alcances de la misión de monitoreo y verificación, a la luz de lo acordado entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

La solicitud elevada al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contempla la activación de un mecanismo tripartito: ONU, Gobierno de Colombia, FARC, encaminado hacia la terminación del conflicto. Una misión política especial compuesta por observadores internacionales no armados, presidirá y coordinará el mecanismo tripartito en todas sus instancias.

El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, reportará el cumplimiento del mandato y el fin de la misión al Consejo de Seguridad, e informará a los países de la CELAC con observadores, a través de su Presidente pro-témpore.

El ex-Director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza señalaba:

La Paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. No la Paz del silencio, de los hombres y mujeres silenciosos, silenciados. La Paz de la libertad -y por lo tanto de leyes justas-, de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los ciudadanos cuentan, conviven, comparten”.

La intención de este Acuerdo y la participación de la ONU, es generar un ambiente de confianza y de garantías para el cumplimiento de lo acordado entre el Gobierno y las FARC, con un “componente internacional, quien preside y coordina el mecanismo en todas sus instancias, dirime controversias, realiza recomendaciones y presenta informes, y que iniciará sus labores una vez se haya llegado a ese Acuerdo”.

Frente al Punto concreto de la dejación de las armas, tendrá la verificación de un componente internacional a través de una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la CELAC. Los observadores internacionales gozarán de plenas garantías de seguridad.

En un Comunicado conjunto del Gobierno y las FARC se dice:

Hemos decidido solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación desde ya de esa misión política con observadores no armados por un período de doce meses, prorrogables a petición del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y así como a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, su disponibilidad para contribuir en dicha misión que será conformada por Naciones Unidas”.

Las partes reiteraron su compromiso con las negociaciones para lograr un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluido un Acuerdo sobre el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Asimismo, reiteraron su compromiso con la implementación de todos los acuerdos contenidos en el Acuerdo Final y la puesta en marcha de mecanismos eficaces de monitoreo y verificación, con acompañamiento internacional, que garanticen el pleno cumplimiento de los compromisos adquiridos 1612.

¿Qué Significa el Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral?

La verificación de la ONU, hace casi obligatoria la concentración de las tropas de las FARC en sitios específicos, pequeños y claramente delimitados.

Para algunos analistas, más que una etapa de la misma negociación de Paz, se trata del punto final de la misma, pues al fin y al cabo el objetivo es que no haya más confrontación.

Teniendo en cuenta que, además de las FARC, hay otros actores armados ilegales en los territorios, como el ELN o las bandas criminales, ¿cómo hará la fuerza pública para distinguir el accionar de unos y otros?

De ahí la importancia de la verificación. Y para ello, se hace necesario que las FARC acepten la concentración de sus tropas en sitios específicos, pequeños y claramente delimitados, algo que no se aclara en el comunicado conjunto dado a conocer en La Habana.

Por otro lado, la Ley de Orden Público prohíbe las llamadas “zonas de distensión”. Por ello, el Presidente Juan Manuel Santos, llamó a sesiones extraordinarias al Congreso, para modificarla y permitir esa figura 1613.

Comunicado Conjunto para Llegar al Fin de las Conversaciones

1. Las Delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP reiteramos ante la opinión pública nacional e internacional nuestra voluntad y compromiso de concluir estas conversaciones, para lo cual hemos tomado unas decisiones que facilitan la creación de un escenario de cierre.

2. En primer lugar, acordamos conformar una Comisión Ejecutiva integrada por Plenipotenciarios de las delegaciones, a la cual podrán sumarse, además de los responsables de cada tema, los asesores que cada parte decida, con el fin de facilitar las aproximaciones en el nivel estratégico, tomar las decisiones a las que haya lugar para agilizar la redacción de Acuerdos y supervisar el trabajo de las delegaciones.

3. En segundo lugar, acordamos establecer un plan de trabajo con un cronograma que incluya tanto los temas restantes como los pendientes de los Acuerdos ya logrados, para que la Comisión Ejecutiva pueda organizar de una manera más eficaz todo el trabajo restante, supervisar su desarrollo y tomar las decisiones necesarias, incluida la creación de nuevas comisiones de trabajo para abordar los temas pendientes.

4. En tercer lugar, solicitamos a los responsables de las Subcomisiones que vienen trabajando intensamente por más de un semestre en temas del Punto Tres (3) “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General, que entreguen a la Comisión Ejecutiva las conclusiones de su trabajo a más tardar el sábado 23 de enero del 2016.

5. También solicitamos a la Subcomisión de género que concluya a la mayor brevedad el trabajo que viene haciendo de revisión con enfoque de género de los Acuerdos sobre los Puntos Uno (1), Dos (2) y Cuatro (4) de la Agenda del Acuerdo General.

6. Las anteriores decisiones suponen que las delegaciones trabajarán en adelante de manera continua, extendiendo los tiempos de permanencia de la delegación del Gobierno en La Habana, y que los días de reunión se podrán planificar de una manera que facilite el intercambio de propuestas concretas sobre los temas restantes, que están todos interrelacionados. Por ejemplo, las delegaciones podrán trabajar varios días por separado y reunir la Comisión Ejecutiva cada vez que sea necesario en el Palacio de Convenciones o en otro lugar.

7. Los países garantes y acompañantes serán informados periódicamente de los trabajos realizados por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de trabajo.

8. Acordamos solicitar a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, que organicen y coordinen todo lo necesario para realizar a la mayor brevedad un último foro, en esta ocasión sobre los Puntos Tres (3) “Fin del Conflicto” y Seis (6) “Implementación, Verificación y Refrendación” de la Agenda del Acuerdo General.

9. Se diseñará de manera conjunta una estrategia de comunicación y pedagogía dirigida hacia la sociedad colombiana para difundir los contenidos de los Acuerdos hasta ahora alcanzados.

10. Esperamos que estas primeras decisiones del año nos permitan concluir, sobre la base de los avances alcanzados gracias al Acuerdo “Agilizar en la Habana y Desescalar en Colombia” del 12 de julio del 2015, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 1614.

Limitaciones del Modelo “Desarme, Desmovilización, Reintegración”

Dentro del marco de las discusiones pendientes en La Habana, está el de la reincorporación de las FARC a la vida civil y política, en el contexto del debate del Punto 3 “Fin del Conflicto”, del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Se trata de entender lo que verdaderamente se está negociando y las principales discrepancias con el Gobierno en la Mesa de conversaciones.

El Gobierno colombiano todavía no ha aceptado que se está frente a un proceso de Paz que busca poner fin a una larga confrontación en la que no hubo un vencedor. La derrota militar de las FARC, así como la del ELN no ha sido posible. Por ello, un programa convencional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, como lo plantea el Gobierno, no es aplicable al conflicto social y armado colombiano.

Algunos centros de pensamiento como la “Fundación Ideas para la Paz”, se han mostrado de acuerdo con que dicho modelo puede no ser efectivo en el corto plazo, proponiendo pensar en Medidas de Estabilización Provisional o holding patterns, para garantizar las condiciones suficientes de seguridad en las primeras etapas del post-Acuerdo, es decir, en la fase correspondiente a la estabilización -los tres primeros años posteriores a la firma del Acuerdo final-, fase en la cual es más factible el surgimiento de nuevos ciclos de violencia.

Según este informe, las Medidas de Estabilización Provisional, son mecanismos que consisten en mantener temporalmente a los ex-combatientes en estructuras “militares” o “civiles” para evitar los vacíos de poder que se generan entre la fase posterior al Acuerdo final y la implementación de medidas de mediano y largo plazo. La estabilización provisional permitiría mantener la cohesión de la organización, aprovechando su estructura de mando y control, así como sus conocimientos y capacidades militares. Esto, es un primer reconocimiento de las limitaciones e insuficiencias del modelo de Desarme, Desmovilización y Reintegración propuesto por el Gobierno.

Se trata de reconocer que las FARC son también una organización política, que sus conocimientos prácticos no derivan solamente de aspectos militares, algo no reconocido por el Gobierno colombiano 1615.

Retiro de las FARC de la Lista de Organizaciones Terroristas

Bernard Aronson, enviado estadounidense para el proceso de Paz colombiano, dijo que Estados Unidos podía iniciar la revisión de la inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas, si el grupo guerrillero “se desarma completamente” y abandona totalmente las actividades ilegales.

Si las FARC se desarman completamente, se separan de toda actividad ilegal y avanzan en un proceso de separación de todas sus actividades criminales anteriores, entonces ese proceso podría llevarse a cabo”.

Según Aronson, una organización designada como terrorista por el Departamento de Estado, debe abandonar la violencia y “dejar de ser hostil hacia los ciudadanos y los intereses estadounidenses” antes de poder evaluar su retiro del listado. Cómo terminará ese proceso para las FARC “dependerá de las condiciones dentro de Colombia”.

Estados Unidos, que en 1997 designó al grupo como organización terrorista, acusó a las FARC de actividades de narcotráfico 1616.

Se Posterga la Firma del Acuerdo de Paz

Al aproximarse la fecha de la firma del Acuerdo de Paz planteada por el Gobierno para el día 23 de marzo del 2016 y adoptada, en principio por las FARC, el Presidente Juan Manuel Santos aseguró que:

Tanto el Gobierno como las FARC quieren finalizar las negociaciones de Paz “lo antes posible para poder empezar a implementar” los Acuerdos alcanzados, pero que está “casi descartada”. Por cumplir con la fecha “no vamos a hacer un mal Acuerdo”.

Los más de tres años de negociaciones en Cuba con las FARC “han sido muy difíciles, pero he aprendido mucho. Yo pensaba que las Víctimas iban a ser las más duras y me ha sorprendido que es al contrario, que son las que más han mostrado generosidad y disponibilidad a perdonar. Ha sido un proceso muy difícil, no entiendo cómo gente racional, bien informada, está en contra de la Paz, en contra de un proceso tan bien programado y ejecutado. He sentido que estoy haciendo lo correcto, aunque muchas veces se siente uno incomprendido. La Paz se va a lograr con o sin Uribe, pero prefiero mil veces que sea con él. Que sea una Paz de todos. No he hecho otra cosa diferente a invitarlo a este proceso, porque él quiso hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. No entiendo por qué antes era bueno y ahora es malo” 1617.

A la toma de conciencia por parte del Presidente Santos, de que era preferible esperar que firmar un mal Acuerdo, se sumó el paro que las diferentes organizaciones sociales y laborales le hicieron 1618, aclarando que expresaban su respaldo al proceso de Paz, pero dejaron en claro su oposición a la política económica del Gobierno que no garantiza una Paz estable y duradera. Contrariamente a la idea del Gobierno de que “el sistema político y el modelo económico no se tocan” le pidieron, como uno de los requisitos para que la Paz sea efectiva y alcance a todo el pueblo, que satisfaga las demandas de los diferentes sectores de la sociedad, y que el proceso de Paz no sea algo sólo entre Gobierno y las guerrillas.

El Presidente Santos no dio ninguna respuesta a la organizaciones que realizaron el paro, mostrando una vez más, que sólo está interesado en la desmovilización de la guerrilla para continuar con su modelo económico-político-social.

Por su parte, el Jefe de las FARC Timochenko, reveló que existen discrepancias con el Gobierno sobre las zonas de ubicación de los guerrilleros, que han frenado la posibilidad de que el 23 de marzo del 2016 se llegue a otro tipo de Acuerdos como un alto el fuego bilateral y definitivo o un Acuerdo en torno al paramilitarismo.

El cien por cien de las filas de la guerrilla apoya el camino de la Paz, al que debe llegarse desde la “concertación” y que abrirá una nueva etapa en Colombia en la que las armas salgan para siempre de la vida política.

Las FARC en tregua unilateral desde julio de 2015, están aprovechando este momento para preparar a sus tropas para el fin del conflicto. “Esta etapa la estamos aprovechando para eso, para decirles que en la Paz tiene cabida todo el mundo y que es mucho más hermoso hacer la Paz que la guerra”.

Timochenco aclaró que “ya habíamos hablado de que era imposible llegar al Acuerdo final el 23 de marzo, pero podíamos sacar algo y qué mejor que el cese el fuego bilateral y definitivo, donde le podíamos anunciar a Colombia: ha terminado la guerra.

Otro tema pendiente en las negociaciones es la fórmula sobre la dejación de armas por parte de la guerrilla, que deberá producirse sesenta días después de la firma del Acuerdo definitivo de Paz. Se trata “de sacar las armas de la actividad política. Perfecto y en nuestras manos no va a quedar ni un solo revólver. Pero por parte del Estado también deben tener el compromiso de que no se va a seguir asesinando a la gente por lo que piensa, por sus ideales o por su actividad política y social”.

Timochenco en vez de que se utilice el término “desmovilización” prefiere hablar de “movilización política”, en la que las FARC quieren actuar como “catalizadores de un gran movimiento popular que siente las bases para construir una Paz con justicia social. Hacer política no es nuevo para nosotros. La actividad militar respaldaba una acción política. Pero (con la Paz) será un escenario distinto. Es imprescindible, necesario y determinante” aunar a todas las fuerzas de la izquierda colombiana en una plataforma.

Para Timochenco, este proceso de Paz es el único en el mundo que ha colocado a las Víctimas en el centro y propuso al Gobierno la celebración en Colombia de “un encuentro nacional de contrición de todas las fuerzas políticas del país. Nosotros estaremos ahí en primera fila para decir nunca más el uso de la violencia en la política, nunca más el uso de las armas para resolver diferencias”. Las FARC han pedido perdón “en casos particulares y cuando ha correspondido. Lo que no queremos es hacer un espectáculo con el dolor” de las Víctimas 1619.

Por Qué se Postergó la Firma del Acuerdo de Paz

Humberto De La Calle, Jefe del equipo negociador gubernamental en La Habana, dijo que:

Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo.

El Jefe negociador de las FARC Iván Márquez, también reconoció que no se logró llegar al Acuerdo final, por la complejidad de la historia del conflicto que están tratando de terminar las partes. Esperan acordar con el Gobierno una hoja de ruta para resolver los Puntos restantes.

Entre los asuntos críticos a discutir, están el cese el fuego bilateral y la dejación de armas.

El Gobierno considera que, una vez firmado el Acuerdo final, las FARC deben dejar las armas antes de que se implementen elementos centrales ya acordados, como Justicia Transicional y participación política; mientras que las FARC no comparten esta postura.

Otro de los elementos con dificultades de definición, es el relativo a las zonas de concentración, los lugares donde se deberían ubicar los guerrilleros en una primera instancia, una vez firmados los Acuerdos. El Gobierno considera que deben ser pocas zonas, alejadas de regiones pobladas y de fronteras; mientras que las FARC insisten en un número más grande de ubicaciones y les preocupa que, al estar aislada de las poblaciones civiles, pierdan la capacidad de interactuar con las que consideran sus bases sociales de cara a un futuro en la participación política tradicional.

Tampoco hay consenso acerca de la forma de refrendar los Acuerdos. El Presidente Santos sigue insistiendo en la convocatoria a un plebiscito para que los colombianos decidan a través del voto si aceptan o no lo firmado en La Habana y las FARC continúan con la idea de una Asamblea Nacional Constituyente que incorpore los Acuerdos en la Constitución.

No obstante, tanto De La Calle como Márquez siguieron insistiendo en la intención de las partes de seguir avanzando hacia la Paz:

Vamos a agotar todos los esfuerzos posibles para lograr un Acuerdo final” 1620.

Hay que destacar que, al igual que anteriores procesos de negociación encarados por diferentes Gobiernos, existen “inamovibles”, no sólo frente a la guerrilla sino también a la sociedad colombiana, que pueden transformarse en la causa profunda del fracaso -uno más- en el proceso de Paz.

Por la arrogancia e imposiciones por parte del Gobierno de Colombia ante el movimiento insurgente, la Paz puede llegar nuevamente a un punto muerto en el que es más probable que se rompa el proceso de diálogos entre las partes, a que culmine exitosamente, donde no solo ganen las dos partes, sino toda Colombia; quedando irresueltos los diálogos del Gobierno Colombiano, con la sociedad civil, porque la problemática social, todavía quedó pendiente de tratamiento, por expresa disposición del Presidente Santos de que “el sistema político como el modelo económico no se tocan”, lo que deja latente un conflicto de inimaginables dimensiones.

Seguridad Jurídica de la Paz

Aunque no es la formula óptima, convertir un Pacto final de Paz entre el Gobierno y las FARC en un Acuerdo Humanitario Especial, es un paso de mucha importancia. No dan tregua los caracterizados enemigos de la Paz y de los diálogos para terminar el conflicto social y armado nacional. Recurren a cuanta artimaña sea necesaria para malograr los pasos dados en materia de reconciliación. Como la Paz es un valor central en la existencia de la nación y un derecho fundamental constitucional, se ha planteado la necesidad de blindar jurídicamente todos los Acuerdos -parciales y finales- que pongan fin a la guerra en la Mesa de diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC.

El objetivo es que sean lo más vinculantes posible para el ordenamiento interno y que haya la mayor seguridad jurídica. Todo este andamiaje parte del hecho de que el Gobierno reconoció oficialmente a las FARC como un actor beligerante, es decir, como parte genuina de un conflicto armado interno. La protección política de esta gigantesca obra deberá correr por cuenta de un complejo proceso de consulta y dialogo directo con los ciudadanos mediante la Pedagogía de la Paz, la recolección de firmas de apoyo a la Paz, el plebiscito, la consulta popular y la Asamblea constituyente de la Paz.

Sobre el amparo jurídico se ha proyectado una estrategia que tiene implicaciones globales. La pregunta que resulta obligatoria plantearse es: ¿cómo conseguir que se incorpore al ordenamiento jurídico colombiano, cada uno de los Acuerdos alcanzados en materia agraria, política, de cultivos de uso ilícito y de los derechos de las víctimas, y el Acuerdo final que inicie la construcción de la convivencia?

Para resolver tal interrogante se ha sugerido en la Mesa de La Habana, por los delegados plenipotenciarios y su cuerpo de asesores, que se firme el Acuerdo final bajo la fórmula del Acuerdo especial humanitario, una figura prevista en los artículos 3 y 6, de la I, III y IV Convenciones de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, que es lo mismo que busca una demanda del ex-Fiscal Eduardo Montealegre, admitida por la Corte Constitucional contra la Resolución 339 del 2012, por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una Mesa de dialogo, se designan Delegados del Gobierno nacional y se dictan otras disposiciones. Esta modalidad de Acuerdos está prevista para regular aspectos relacionados con la humanización del conflicto armado y con el respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario.

Un Acuerdo Especial es un Pacto entre partes beligerantes en situación de conflicto internacional o no internacional. Es un acto jurídico subjetivo, quiere decir que el irrespeto de alguna de las partes a sus compromisos, permite a la otra liberarse de sus obligaciones contractuales. Esto, en contraposición a las Convenciones (acto jurídico objetivo), que consagran derechos generales que se imponen independientemente de que haya o no violación de aquellos. Esto le da a la insurgencia una importante seguridad en el caso futuro de que se considere que el Gobierno no cumple.

El fin de un Acuerdo Especial es determinar las modalidades de tratamiento de los prisioneros, heridos, etc., o definir las condiciones del cese definitivo de hostilidades en el marco de un conflicto. La ventaja de los Acuerdos Especiales es que una vez firmados por las partes, son automáticamente efectivos y vigentes, sin necesidad de que exista ratificación alguna, al menos que existan modificaciones institucionales (constitucionales) en ellos, como parece ser en este caso.

La utilización de esta figura permitiría que, inmediatamente, los contenidos de ese Acuerdo, que refuerzan los derechos fundamentales, queden incorporados al bloque de constitucionalidad. Se propone que ese Convenio, firmado como Acuerdo Especial Humanitario, luego se tramite en el Parlamento para darle fuerza de Ley, utilizando la vía de Ley ordinaria o con el procedimiento de urgencia que podría llegar a aplicarse a la tramitación, lo cual haría que el Acuerdo final se alcance en un periodo máximo de dos meses. Hay que reiterar que la demanda de Montealegre pretende que la palabra “Acuerdo”, sea interpretada por la Corte como un tratado internacional o tratado de Paz que no solo tenga fuerza vinculante para todas las instituciones sino que haga que lo que se acuerde en La Habana no pueda ser modificado por otro Gobierno ni siquiera por una iniciativa popular -como un plebiscito o un referendo-.

Como se trata de un aspecto muy importante para la Paz, bien conviene recoger las tesis de Montealegre. Afirma Montealegre que el 28 de marzo del 2016, presentó, ante la Corte, una demanda contra la palabra “Acuerdo” que está contenida en el documento que firmaron el Gobierno y las FARC el 26 de agosto del 2012 en La Habana, para la terminación del conflicto y con el cual se dio inicio a la negociación. Le pidió a la Corte declarar que los “Acuerdos” suscriptos con las FARC, no son simples actos políticos sino que tienen una fuerza equivalente a la de un tratado internacional. Y en esa medida, que tienen soporte constitucional vinculante, como también en el Derecho Internacional, pues la expresión “Acuerdo” se refiere a una figura existente, precisamente, en el Derecho Internacional Humanitario: se denominan “Acuerdos Especiales” y se imponen a las partes en un conflicto armado no internacional.

Lo que se pretende es que la Corte Constitucional determine que la expresión “Acuerdo” tiene fuerza jurídica propia. Si prospera esta tesis, las consecuencias serán múltiples:

1) El control de los Acuerdos estará en cabeza de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado.

2) Ninguna Ley de la República podrá desconocerlos.

3) No tendrían que pasar por ningún tipo de convalidación jurídica, salvo por el control constitucional. Respecto de lo que pueda decidir la Corte constitucional la previsión jurídica indica que ella puede decidir que:

a. La palabra “Acuerdo” se refiere a un documento sin fuerza normativa.

b. Es un acto administrativo con fuerza normativa débil.

c. Es un documento con rango de Ley y con una fuerza normativa mayor, pero sometida a cambios que quiera hacerle el Congreso.

d. Es un desarrollo de normas de Derecho Internacional que tiene efectos vinculantes, equivalentes a los de un tratado.

Para el demandante Montealegre en su acción, sólo la última opción es constitucionalmente aceptable 1621.

El “Paramilitarismo” Continúa

Un panfleto repartido entre los habitantes de la región del Urabá, en el norte de Colombia, por el Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organización que dice ser un grupo político armado, decretaba un paro armado desde las 00:00 horas del 31 de marzo y las 00:00 horas del 1 de abril del 2016. Y agrega: “Somos una organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares continuadas a lo largo del tiempo”.

Un paro armado implica que nadie puede moverse, circular o salir de sus propiedades y quien lo hace corre el riesgo de perder la vida.

Arley Tuberquia, miembro del Consejo interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, comentó que este era el tercer paro armado que llevaban a cabo las AGC en Urabá. “Como todo el mundo ha obedecido es el indicativo más contundente de que ellos tienen capacidad de control”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó de la paralización absoluta en los Municipios de Lorica (Córdoba), Apartadó, Riosucio y Turbo (Antioquia) y en otros puntos del país. La entidad dijo que hubo obstrucción de vías, interrupción de clases en colegios y que se pintaron edificios y vehículos con las siglas de las AGC.

Para el Ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, el paro armado no tuvo un alcance mayor. Dijo que la situación estaba bajo control y que se evitó el bloqueo de vías.

El lenguaje del panfleto difundido por las AGC es militar, o como dicen muchos en las regiones del país afectadas por este tipo de grupos, paramilitar. Es un término que el Gobierno rechaza. Asegura que los paramilitares, que se desmovilizaron hace una década, ya no existen. Lo que hay son bandas criminales (bacrim).

Para las FARC, el paramilitarismo como expresión armada de la derecha colombiana no ha desaparecido. Han venido urgiendo al Gobierno que desbarate a estas organizaciones, que temen podrían atacar a sus miembros una vez firmada la Paz y dejadas la armas 1622.

Amenaza Paramilitar Impide Avance en Negociaciones

Las FARC, pidieron al Gobierno claridad sobre el fenómeno paramilitar y rechazaron el reciente paro armado decretado por el “Clan Usuga”.

El vocero de las FARC alias “Pablo Catatumbo”, reiteró que la amenaza paramilitar impide avances en la Mesa de negociación y conminó al Gobierno a firmar un Acuerdo para desmantelar este fenómeno que pone en riesgo la consolidación de la Paz.

No puede postergarse más en la Mesa de La Habana el Acuerdo sobre Paramilitarismo y Garantías de Seguridad. El mensaje ha de ser claro ante el país y el mundo. Con grupos paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror no puede materializarse la Paz. No se trata de tácticas dilatorias como aseguró el Ministro de Defensa, se trata de construir por fin un país distinto, democrático y justo”.

Catatumbo señaló que el paramilitarismo no es ningún fantasma invocado por la insurgencia. “Ni una elucubración dilatoria para postergar la Paz”. Las FARC piden estrategias para terminar con los grupos paramilitares, y esperan recibir garantías de que éstos no serán una amenaza, como ha ocurrido en otros períodos, cuando fueron asesinados activistas o políticos de izquierda por bandas de ultraderecha aliados con militares, quienes terminaron en la cárcel por esos vínculos.

El reciente “paro armado” decretado por el Clan Usuga en varios Departamentos “demostró una vez más la capacidad intimidatoria de esas fuerzas en amplias zonas del territorio nacional”.

Catatumbo denunció que trescientos cuarenta y seis colombianos, integrantes de organizaciones sociales y populares, han sido asesinados durante el Gobierno de Santos, contándose entre ellos ciento doce del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Citó el informe oficial “Basta Ya”, y dijo que entre el 2003 y el 2012, cuando supuestamente ya no existía este flagelo, dos millones setecientos mil colombianos fueron desplazados y expropiados de sus tierras 1623.

El Fenómeno del Paramilitarismo más allá de la Semántica

El problema de la autodefensa es simplemente semántico”: esta frase, pronunciada en 1987 por el ex-Presidente Virgilio Barco, caracterizaba el debate sobre el fenómeno paramilitar a finales de los años ‘80.

¿Cuál era el escenario político en ese entonces? Desmonte formal del Frente Nacional y primera elección popular de Alcaldes -marzo de 1988- como parte del proceso de apertura democrática. Los resultados de esa elección iban a determinar el equilibrio de fuerzas en la Comisión de Reajuste Institucional creada para reformar la Constitución, conocido como el Acuerdo de la Casa de Nariño. El Acuerdo no prosperó y el Gobierno se vio obligado a buscar otras fórmulas de reforma constitucional.

En el Gobierno de Cesar Gaviria, que siguió al de Barco, se apeló al pueblo como constituyente primario y se promulgó una nueva Constitución. Este proceso político estuvo marcado por la agudización de la guerra sucia, el genocidio de la Unión Patriótica, la ruptura de la tregua con las FARC y las negociaciones con el M-19.

Treinta años después, el debate semántico resurge en medio de un abanico mucho más amplio de siglas y nombre. Sin embargo, son los términos “neo-paramilitarismo” y “bandas criminales” los que protagonizan el debate, ante un escenario político similar: un proceso de Paz con las FARC e inicio de las negociaciones con el ELN en un contexto de persecución y exterminio de activistas políticos, defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y militantes de partidos políticos de izquierda.

El actual debate académico y político sobre el fenómeno -a raíz del más reciente paro paramilitar- se sitúa alrededor de dos grandes divisiones:

i. La división entre continuidad y ruptura: ¿Existe una continuidad entre el fenómeno paramilitar antes de la Ley 975/2005 y el fenómeno actual? Es una dicotomía que atraviesa toda la reflexión sobre el conflicto armado colombiano como puede ser evidenciado en los ensayos elaborados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Victimas (CHCV): ¿existe una continuidad entre la época de la Violencia o entre períodos anteriores y el conflicto armado actual? ¿Qué es lo que diferenciaría el fenómeno paramilitar “clásico” del actual? Todo parece indicar, para quienes establecen una ruptura, que es su vocación contrainsurgente. Las actuales organizaciones delincuenciales, como las consideran algunos, no tienen ningún proyecto político y no se caracterizan por combatir a la insurgencia, de hecho, en algunas regiones establecerían alianzas con ella.

ii. El grado de participación del Estado en la organización y sostenimiento de estos grupos. Eduardo Pizarro afirmó que, a diferencia de los “escuadrones de la muerte” de las dictaduras del Cono Sur o de las Autodefensas creadas para combatir a las guerrillas en Guatemala y Perú, los paramilitares en Colombia han tenido un mayor margen de autonomía, no han sido totalmente dependientes del Estado. ¿Qué elementos se pueden desprender de este debate?

a) Más allá del deseo de rigurosidad semántica, para poder debatir sobre un fenómeno social, político o económico, primero hay que nombrarlo, definirlo y describirlo. La discusión no es semántica, es política. La multiplicidad de términos no es fortuita y no debe llevarnos a pensar que se trata de un debate secundario.

b) Se trata de saber cuál es el grado de participación del Estado en el sostenimiento de estos grupos. Independientemente de un mayor o menor margen de autonomía por parte de los paramilitares, el fenómeno no puede ser reducido a un asunto militar y por consiguiente la solución no puede ser solamente militar. Si es posible identificar un hilo conductor entre los dos fenómenos y algún grado de connivencia -por acción o por omisión- por parte del Estado, sería difícil creer que dichas prácticas habrían desaparecido después de la desmovilización formal de los paramilitares y que sea una gran ofensiva militar la que pueda desmantelar el fenómeno.

El actual debate es importante, pues nutre la discusión del Punto 3, Fin del Conflicto, en particular la discusión en la Subcomisión de Garantías de Seguridad y Desmantelamiento del Paramilitarismo, cuya propuesta, además de reconocer las limitaciones y falencias de las medidas tomadas en administraciones anteriores, debería incluir la conformación de una Comisión de estudio que analice y esclarezca el fenómeno del paramilitarismo para así poder comenzar a llamar las cosas por su nombre.

En abril de 1989, cuando Virgilio Barco decidió finalmente “tomar el toro por los cuernos” y anunciar una serie de medidas concretas para combatir el paramilitarismo, se dijo que esa arremetida eliminaba el último argumento de la guerrilla para no “desmovilizarse”.

Hay que entender que toma tiempo ver el resultado de cualquier medida gubernamental y, en ese sentido, las FARC tuvieron razón en no dejar las armas, dichas medidas resultaron ser un fracaso. Habría que estudiar detenidamente las razones de dicho fracaso inscribiendo las medidas en sus respectivos contextos políticos, sólo así sabremos si las soluciones propuestas podrán contribuir a que la historia no se siga repitiendo como tragedia 1624.

Magnitud del Fenómenos Paramilitar

Uno de los motivos principales del congelamiento del proceso de negociación en la Mesa de La Habana, es que la guerrilla reclama que se le brinden garantías de seguridad y se reconozca la magnitud del fenómeno del paramilitarismo. Una petición que no es de poca monta, pues el crecimiento de estas organizaciones es innegable y hasta se han dado el lujo de decretar paros armados como muestra de su poderío y control territorial.

Aunque se habla de los Usuga, los Rastrojos y de Autodefensas Gaitanistas, en realidad hay identificados catorce bloques de reductos paramilitares que operan en diferentes zonas del país.

El último informe de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) sobre el rearme de los “paramilitares” en Colombia, plantea un panorama complejo: ciento cuarenta y nueve Municipios y veintidós Departamentos afectados. Son catorce las organizaciones criminales identificadas. Aunque no en todos, se puede hablar de control territorial o de fuertes arremetidas armadas. Se ha identificado su presencia y participación en economías ilegales como el narcotráfico, microtráfico, contrabando, minería ilegal, extorsión y captura de rentas públicas a través de vínculos con políticos, lo que en su momento se llamó la “parapolítica”.

En La Habana, las FARC sostienen que se trata de paramilitares, mientras que el Gobierno afirma que se trata de bandas criminales y que no se les puede dar ningún tipo de reconocimiento.

Para el coordinador de la Unidad Investigativa de INDEPAZ, Leonardo González:

El que ha sido paramilitar dejará de serlo el día que desmonte su estructura completa, no sólo la militar sino también la económica y la política. Hoy por hoy, siguen siendo funcionales a los intereses del capital privado, usurpan la democracia con sus agentes en instituciones públicas y actúan con el apoyo, en ocasiones, de las fuerzas militares y de Policía, características de los que se desmovilizaron”.

El cruce de mapas de presencia de estas organizaciones, coincide en gran medida con los lugares donde operaban las autodefensas desmovilizadas durante el Gobierno de Alvaro Uribe. Ocupan las mismas zonas, tienen las mismas relaciones económicas y políticas, y se dedican a los mismos negocios ilegales. Desde INDEPAZ ratifican que se trata del mismo fenómeno, más allá de que el Gobierno pretenda presentarlas como pequeñas organizaciones criminales que actúan de forma aislada.

En esta coyuntura, la principal preocupación es el proceso de Paz, no sólo por las dudas de las FARC, de que luego de firmado el Acuerdo con el Gobierno puedan ser víctimas de un exterminio sistemático, como ocurrió en su momento con la Unión Patriótica. Está también en juego la implementación de los Acuerdos en temas como sustitución de cultivos ilícitos, restitución de tierras y derechos de las víctimas. En este caso se reproduciría la espiral de violencia que ha tenido el país y la idea de acabar con cincuenta años de guerra sería una utopía.

Con base en ese panorama, la pregunta es: ¿qué se debe hacer con estas organizaciones ilegales? Para el Director de INDEPAZ, Camilo González, es necesario plantear una negociación:

Ya cuando se dio con los paramilitares en el Gobierno Uribe y quedó claro que no se les podía tratar como actor político. Así las cosas, se deben negociar garantías y beneficios penales para el sometimiento a la justicia. Puede sonar extraño que se plantee una negociación, pero esta es la única alternativa, si se quiere realmente el fin del conflicto. Está claro que la simple acción armada puede generar que caigan los objetivos de alto valor de estos paramilitares, pero siempre llega un sucesor. Hay que desarticularlos teniendo en cuenta su entramado, que va más allá de los ejércitos ilegales. Es necesario cortar sus vínculos con políticos y negocios criminales”.

Se trata de un tema que ha generado preocupación en el Gobierno. No obstante, no se han dado los pasos suficientes en procura de desarticular sus redes políticas y económicas, más allá de la caída en combate o la captura de algunos de sus máximos cabecillas 1625.

Importancia de un Acuerdo sobre Paramilitarismo

De los temas en discusión en la Mesa de La Habana, el más importante por su contenido y trascendencia es el relacionado con el paramilitarismo y las garantías de seguridad. En ese asunto reside la clave de la Paz y de la guerra en Colombia.

Las FARC lo han dicho de múltiples maneras, con paramilitarismo no hay Paz. Mientras que del lado del Gobierno, la posición asumida resulta sorprendente, no hay paramilitarismo, se trata de un fenómeno inexistente, un fantasma invocado.

Para la izquierda y los movimientos sociales, el paramilitarismo no sólo es una amenaza permanente, sino una realidad que crece. Los habitantes de las zonas rurales largamente influenciadas por las guerrillas, preguntan a diario a las comisiones con las que se encuentran, qué va a pasar con ellos cuando las FARC hagan la dejación de armas y los paramilitares entren a matarlos. ¿Quién va a salir en su defensa: el ejército, la policía? Si todos saben que los paramilitares siempre han contado con su apoyo. ¿Deben confiar que, porque las FARC firmen un Acuerdo de Paz con el Gobierno terminará la acción paramilitar?

La larga lista de Acuerdos y compromisos incumplidos por parte del Estado, tendrá que modificarse. De la Mesa debe salir la certeza absoluta de que el fenómeno paramilitar desaparecerá definitivamente de Colombia. Eso tiene que convertirse en una realidad inmodificable. La condena de esas prácticas debe ser generalizada y aplastante. Si se llegara a presentar uno solo de ellos, la reacción del Estado y la sociedad debe ser ejemplarizante. Los responsables deberán ser identificados y sometidos a la justicia sin importar su influencia económica o política -eso requiere de un sistema Republicano, que no existe en Colombia-. El Estado no tendría cómo esquivar su responsabilidad en esta materia.

Debe ser un compromiso con controles de la comunidad internacional, la CELAC, UNASUR, la ONU, Gobiernos como los de Estados Unidos y lo más representativo de la Unión Europea. Colombia, como nación, como Estado, deberá adquirir el compromiso insoslayable de blindar de garantías a la oposición política, a los movimientos populares sociales y políticos, a sus dirigentes y activistas. Con monitoreo y verificación internacional. En eso consistirá la Paz.

Por ello, el Acuerdo sobre Seguridad y Garantías que forma parte del Punto vinculado al Fin del Conflicto, ha tardado tanto en sellarse. Las preocupaciones de mucha gente son perfectamente válidas, se trata de recogerlas con seriedad en la Mesa de negociaciones.

Sólo así comenzará a producirse el respeto por las instituciones y las autoridades. Porque brindan realmente seguridad y garantías a todos. Su actual desprestigio obedece a que buscaron siempre imponer su credibilidad por la fuerza 1626.

Continúan Ataques de Fuerzas Militares a Campamentos Guerrilleros

El Estado Mayor del Bloque “Comandante Jorge Briceño”, envió una carta al Ministro de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares, por la continuidad de ataques a campamentos de las FARC.

Señor Ministro y señores Oficiales, qué amenaza vulnera los derechos de los colombianos en las proximidades de nuestros campamentos guerrilleros, que contra ellos se desarrollan operaciones ofensivas en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila.

Deben estar informados que nos encontramos concentrados, realizando labores pedagógicas que permitan a la guerrillerada prepararse para lo que sigue, luego de la trascendental firma del fin del conflicto, la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil, de acuerdo a nuestros intereses económicos, políticos y sociales. Proceso nada fácil, por todo lo que implica asumir lo que serán nuevos paradigmas orientadores hacia la construcción de una Paz estable y duradera. Es, además, una cuestión de compromiso y responsabilidad con el país y la comunidad internacional.

Los hechos más relevantes que denunciamos tienen que ver con la hostilidad de patrullas alrededor de nuestros campamentos en mediaciones de los ríos Duda, Guayabero y Leyva, Municipio de La Uribe, Meta, así como exploraciones a nuestros campamentos de los Frentes “55” y “40”; el bloqueo a la entrada de alimentos y avituallamientos.

Situación similar se está presentando contra los Frentes “51” y “53”, en la vereda Centro Duda, Municipio de La Uribe, presentándose allí cuatro combates defensivos en los últimos días del mes de abril y principio del mes de mayo. En la Vereda El Triunfo, Municipio de Lejanías, el ejército cortó un cable que permitía el cruce del Rio Guape y se ha dado una fuerte militarización de esa área perteneciente al páramo de Gramotales, extendiéndose hasta el Corregimiento de Nazaret, de La Zona 20 del Distrito Capital.

Por el Resguardo indígena, Ondas del Cafre, Municipio de Mesetas, se desarrollan operaciones contra el Frente “Urías Rondón” y, en este momento, hay operaciones contra los Frentes “25” y “17”, en el Departamento del Huila, donde se presentó un combate defensivo, en días recientes, con unidades del Frente “17”.

¿Qué peligro representa una guerrilla concentrada en zonas como Centro Duda, próximo a Casa Verde, Municipio de La Uribe, dedicadas a estudiar pormenores de la reconciliación nacional?

Al país se le debe demostrar con hechos tangibles que es posible la reconciliación y para ello, las partes en conflicto, hemos de dar muestras de sensatez atreviéndonos a tender puentes de entendimiento en vez de hacer sangrar más las heridas de la patria.

Que mejor, Señor Ministro y Señores oficiales, que generar confianza en vez de estimular hechos sangrientos, dolorosos y lamentables al borde del fin del conflicto. Tienen ustedes la palabra en cuanto al compromiso de contribuir de la mejor manera a la reconciliación nacional 1627.

Seguridad Jurídica y Política para la Paz

La Mesa de diálogos de Paz entre el Gobierno y las FARC, llegó a un “consenso suficiente” sobre la Seguridad Política y Jurídica del Acuerdo final que cierre el conflicto armado. No se trata de un tema puramente jurídico, pues este tiene un gran contenido político, como expresión de una correlación de fuerzas que aíslan a los promotores de la guerra y al viejo establishment feudal neoliberal.

El comunicado dado a conocer sobre la materia, traza una ruta para garantizar los compromisos del Gobierno y las FARC en la construcción de la Paz y su estabilidad, mediante su incorporación al andamiaje jurídico vigente. El modelo proyectado, que recoge experiencias recientes como la de Mali e Irlanda del Norte, incorpora elementos internos e internacionales complementarios que ligan la voluntad tanto del Estado como de las FARC:

I. Los elementos internos, que conllevan un reconocimiento de la Constitución y la ley vigentes, se orientan a incluir un nuevo artículo en el Acto Legislativo de Paz que cursa en el Congreso con un importante avance, cuyo contenido es el Pacto final del conflicto armado y como Acuerdo Especial del Artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949. Se establece, entonces, que el Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo del 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo Nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara:

Artículo XXX: La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio:

Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la Paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Igualmente el consenso confirma cambios en el trámite de los Actos legislativos y las leyes para que se garantice su celeridad en función de la implementación cierta y efectiva de los Acuerdos de Paz.

En tal sentido, el control constitucional relacionado con la aprobación de la Ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.

Artículo 4°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio:

Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la Paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final 1628.

II. En la perspectiva internacional, el consenso alcanzado dispone que el Gobierno Nacional y las FARC-EP, convienen que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado como Acuerdo Especial, se depositará, inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo substituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

De la misma manera, el Gobierno Nacional y las FARC-EP convienen que una vez aprobado el Acuerdo Final, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de Naciones Unidas, citando la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero del 2016, pidiendo al Secretario General que se dé la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad, que crea una Misión Política Especial para Colombia, generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a esa Resolución el texto completo del Acuerdo Final.

Una verdadera revolución política y jurídica. Este paso no ha descartado ni la refrendación de la Paz por un Plebiscito, ni la convocatoria y reunión de una Asamblea Constituyente “decolonial”.

Cada paso en este complejo proceso requiere de considerar muchas variables y vectores adversos, como el que representa el promotor de una repudiada resistencia civil a la Paz. La guerrilla ha dicho que no se opone a una consulta popular para reforzar la legitimidad de los consensos, pero siempre y cuando ocurra en los términos de la bilateralidad.

Una Asamblea Constituyente debe ocurrir en el mediano plazo, para que aborde otros temas de gran trascendencia como los que han sido registrados en las salvedades y asteriscos. Debe tratar asuntos como el de la reforma agraria integral, el del modelo neoliberal, los Tratados de Libre Comercio, la reforma a profundidad de las fuerzas armadas y de policía, la reforma a fondo del Estado, la democratización de mayor alcance del campo político, los cambios en el ordenamiento territorial para dar vía libre a nuevos ordenamientos espaciales como las regiones, las provincias y las aglomeraciones urbanas 1629.

¿Qué Paz es Buena para Uribe?

El ex-Presidente Alvaro Uribe instó a una movilización masiva de resistencia civil a los colombianos que estén en desacuerdo con el Pacto de Paz, que el Gobierno y las FARC firmen en La Habana para la terminación del conflicto armado interno.

Insistió en que el Acuerdo con esa guerrilla:

Es “un Acuerdo de impunidad total” porque “nivela a las Fuerzas Armadas con el terrorismo” y “no hay cárcel para (autores) de delitos atroces”.

Cuando se acepta el delito:

No hay nada equivalente a medida de aseguramiento ni a reclusión carcelaria, habla de una restricción de movilidad y es donde dicen las FARC que su movilidad será por todo el país”.

Cuestionó que los autores de delitos atroces puedan ser elegidos a cargos de elección popular. Calificó de “muy grave” que:

El Gobierno haya aceptado en el Preámbulo de los Acuerdos que nuestro modelo económico y social es revisable por las FARC. Se necesita un balance entre Paz y justicia y cuando no hay justicia, no hay Paz”.

Los opositores de ese Acuerdo no serán “adherentes de ese tratado de impunidad total que está haciendo con las FARC”.

Con respecto a la participación de Estados Unidos en el proceso, aseguró que:

El delegado de este país para el proceso de Paz, Bernard Aronson “le ha aceptado todo a las FARC”, y esto no ha sido de gran ayuda, debido a que el Congreso de Estados Unidos apoya los esfuerzos por la Paz “pero con las penas adecuadas, y la ratificación debe darse con la participación del pueblo colombiano” 1630.

Invitación de las FARC a Uribe sobre la Paz

Después de todas las tragedias sangrientas ocurridas en Colombia, tras sufrir en carne propia la muerte de propios y extraños, sentimos el derecho de pedir en nombre de la civilización, en nombre de las incontables víctimas, ¡ya no más muerte y horror para la patria! ¡No más guerra, en nombre de nuestros hijos y de los hijos de todos! ¡Ya nunca más violencia y miedo en nuestra tierra, Dr. Uribe Vélez!¡no más viudas y huérfanos adoloridos!

A todos aquellos que por diversas razones se sienten dejados a un lado por los diálogos de La Habana, a usted mismo, Dr. Uribe, los invitamos del modo más comedido a deponer prevenciones. No es justo concluir con tanto desparpajo que los Acuerdos alcanzados sin su presencia constituyen una traición a la patria, ni cabe continuar alimentando en la mente de parte importante de la población colombiana el rencor y los ánimos de venganza.

Los ocho años de su Gobierno, Dr. Uribe Vélez, hubieran podido ser de Paz, pero se fueron en la más intensa confrontación de la historia nacional. Cuánta muerte, desolación y miserias ocurrieron por cuenta de ella. No debe olvidarse que pese a eso no se nos pudo vencer. Y si no se nos derrotó en la guerra que enlutó a Colombia, emerge entonces la opción de la Paz, que no es otra cosa que la derrota de la injusticia, la desigualdad y la violencia política.

La Paz no apunta contra nadie, contra ningún partido o movimiento político, contra ningún trabajador colombiano, sea este de derecha o izquierda. Que arroje la primera piedra aquel que habiendo tenido responsabilidades de Estado en el pasado, pueda clamar que no tiene nada que ver con lo sucedido, o que las cosas ocurrieron sin que él se percatara.

Dr. Uribe, estamos dispuestos a conversar tranquilamente con usted sobre el futuro de nuestra nación. En La Habana, o en el lugar de Colombia que usted prefiera, contando desde luego con las garantías de seguridad suficientes para nuestro traslado y estadía en suelo patrio. Discutamos sobre su llamado a la resistencia nacional contra la Paz, producido sin haber escuchado a quienes tanto combatió por tierra, mar y aire sin vencerlos.

Nosotros provenimos de la resistencia a la violencia, a la injusticia y la impunidad. Precisemos entonces el significado del término. Cuánta sangre, cuántas lágrimas, cuánta desolación le han dejado a nuestro país, llamados semejantes a los que usted viene haciendo. Es cierto que siempre se sabe cómo comienzan las cosas, pero nadie es suficientemente sabio para saber cómo van a terminar. Es fácil azuzar la violencia desde cómodas habitaciones en los barrios altos de la ciudad, cuando los muertos caen en los campos y son hijos ajenos de gentes anónimas.

La resistencia iniciada por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y cuarenta y ocho campesinos en Marquetalia comienza a quedar atrás por quienes aceptamos convertirnos en constructores de Paz y reconciliación. Lo acordado hasta hoy en La Habana, más lo que se irá anunciado en plazos próximos, conseguirá por fin hacer sonreír a Colombia, sin olvidar su pasado y sus víctimas.

La calidad de Acuerdo Especial configura, ni más ni menos que el cimiento del Nunca Más. Lo queremos a usted sentado a la Mesa de la Reconstrucción y Reconciliación Nacional, no a la Mesa del capricho personal o las exigencias carentes de generosidad.

Continuemos la marcha a partir de lo alcanzado que ya aplauden las naciones de todos los continentes, que responde al Derecho de Gentes, a Tratados Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad de la República, que aplauden mandatarios de todo el mundo y hasta el Papa Francisco.

Proponemos al país entero un Acuerdo político para reordenar entre todos la Nación. Nadie quedaría por fuera, queremos que usted sea partícipe de él, Dr. Uribe, conversemos. Fue usted un formidable adversario que nunca nos dio cuartel, pero como ve, seguimos aquí, en la brega, trabajando incansables por la nueva Colombia. La Paz merece dejar atrás orgullos 1631.

La Paz no está en Discusión sino su Eficacia

Tras la carta emitida por el máximo Jefe de las FARC, Timochenko, al ex-Presidente y Senador Uribe, en la que lo invita a conversar sobre los diálogos de Paz y las disidencias que éste ha tenido en todo su proceso, el Jefe del Centro Democrático le respondió al líder guerrillero a través de un comunicado.

Refiriéndose a Timoleón Jiménez, alias Timochenko, como el “médico Rodrigo Londoño”, Uribe sostiene que desde el 2012 ha puesto de manifiesto sus preocupaciones sobre las “condiciones” en las que se han desarrollado los diálogos de La Habana.

En el texto Uribe no confirma si en efecto, se reuniría con el líder guerrillero, quien lo invitó a hablar sobre el proceso de Paz y las reacciones que se han producido tras el Acuerdo de fórmula jurídica que se llevó a cabo en Cuba. El ex-Mandatario hace un recuento de los personajes con quienes se ha reunido y a quienes les ha expresado sus preocupaciones, entre ellos Koffy Annan, ex-Secretario de Naciones Unidas, Alvaro Leyva y el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de Paz en Colombia, Bernard Aronson.

Nuestras preocupaciones y alternativas están por escrito, ninguna audiencia han tenido en el Gobierno ni en las mayorías parlamentarias. El Gobierno nos conmina a adherir a La Habana para lo cual no ahorra formas de intimidación (…) La Paz no está en discusión, están en discusión su eficacia, su sostenibilidad y el riesgo para nuestra democracia”.

Advierte que se han triplicado las hectáreas de cultivos ilícitos, así como el pie de fuerza de las FARC, sumado al fortalecimiento militar del ELN.

Haber llevado a cabo el diálogo sin cese de actividades crimínales, verificable a través de la concentración supervisada, ha contribuido al aumento de la criminalidad y a la desconfianza en el proceso, ya que, sin esa concentración, se negó a la ciudadanía el derecho de inferir que FARC, con buena fe en la Paz, era ajena a cualquier delito cometido. La exigencia seguramente habría demorado la iniciación del diálogo, pero este habría generado más credibilidad. Vale recordar que el Gobierno ha aceptado al narcotráfico como conexo con el delito político, por ende sin cárcel ni extradición pero con elegibilidad política. Y en cuanto a las conductas que se aceptarían como atrocidades, el Gobierno dice que no hay impunidad porque los responsables serían investigados, juzgados y les impondrían sentencia. Sin embargo, la aceptación temprana de responsabilidad evitaría la cárcel”.

En los anteriores términos -sumado al hecho de que los cabecillas no pagarían cárcel y gozarían de elegibilidad política-:

El Acuerdo genera “ejemplo para que haya más violencia y no garantiza estabilidad (…) la impunidad es partera de nuevas violencias y dificulta el perdón sincero. Que el Gobierno imponga los textos de La Habana, fuerce su incorporación a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico, valido de simulada juridicidad con notoria ilegalidad y desdén por la democracia, causa incertidumbre política y la posibilidad que cambios en el futuro los deroguen” 1632.

Uribe Intentó Negociar con las FARC y Ahora Entorpece el Proceso

El Presidente Juan Manuel Santos, dijo que le encantaría que el ex-Presidente Alvaro Uribe se sumara al proceso de Paz, especialmente porque su Ejecutivo está haciendo lo mismo que él intentó durante su mandato:

Inclusive él fue más allá (...) hizo ofertas que nosotros no hemos hecho”.

Santos aseguró que ha tratado “de todas las formas posibles” de “tender puentes” con el Senador Alvaro Uribe, que inició en Medellín una campaña de recolección de firmas contra los Acuerdos de Paz porque, a su juicio, conllevan impunidad para los guerrilleros.

Poseemos todas las cartas, todas las evidencias de que lo que estamos haciendo, es exactamente lo que quería hacer Uribe”.

Los “enemigos del proceso” han tratado de “desprestigiar” la negociación, cuando es la primera vez que un grupo guerrillero acuerda “un sistema de justicia y entregar las armas para someterse. Nada quedará impune, no habrá amnistía”.

Hacer la Paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación” 1633.

Viabilidad del Acuerdo Especial para Blindar el Acuerdo de Paz

Desde La Habana, Cuba, las personas que tienen en sus manos la negociación de la Paz en Colombia, divulgaron su más reciente iniciativa: introducir el Acuerdo final entre el Gobierno y las FARC a la Constitución de 1991. Sería un artículo transitorio que reconocería a ese Acuerdo final como un “Acuerdo Especial”, según los preceptos humanitarios que reconocen los Convenios de Ginebra.

El Jefe de la Delegación colombiana, Humberto De La Calle, explicó que aunque no es un tratado internacional -como lo son los propios convenios de Ginebra-, sí sería parte del bloque de constitucionalidad. El Acuerdo con la guerrilla sería considerado una regla del más alto nivel. Hacerlo así, le daría la “relevancia extraordinaria que implica la terminación de la guerra”.

La fórmula para lograrlo es agregar ese artículo transitorio en el acto legislativo 04 del 2015, que se presentó para modificar la Constitución de manera temporal y le da facultades especiales al Presidente Santos para expedir Decretos que tengan fuerza de Ley y faciliten la implementación del Acuerdo final.

¿Se puede agregar un artículo transitorio como éste relacionado con los diálogos de Paz? Eduardo Montealegre, en su último día como Fiscal, presentó ante la Corte Constitucional un documento de ochenta y nueve páginas, pidiendo al Congreso: que reconozca el Acuerdo final con las FARC como Acuerdo Especial, que no dependa de la aprobación a través de un plebiscito sino que se entienda como el Presidente ejerciendo su deber de buscar la Paz.

Humberto De La Calle, aseguró que entre las medidas que se estaban analizando para implementar el Acuerdo final con las FARC, sigue en pie la idea de la refrendación popular.

Constitucionalistas como Jaime Córdoba Triviño, ex-Magistrado de la Corte Constitucional, señalaron que ese camino, el de la “voz del pueblo”, era el más viable. Aseguró que después de un mecanismo popular, podrían buscarse otros para incorporar el Acuerdo final a la Constitución, pero que hacerlo de forma automática resultaba difícil.

Córdoba Triviño, el constitucionalista Rodolfo Arango y otros más consultados señalaron que el Acuerdo final que se firme en La Habana no puede ser considerado un Acuerdo Especial ajustado a los preceptos del Derecho Internacional Humanitario porque su contenido sobrepasa, precisamente, de lo humanitario. El ex-Magistrado Córdoba Triviño manifestó:

Los Acuerdos que autoriza el DIH son para la humanización del conflicto, no propiamente tienen como vocación el asentamiento de la Paz. No crean un Acuerdo jurídico. El Acuerdo (con las FARC) comprende varias elementos, como el cese de hostilidades”.

Rodolfo Arango dijo:

Creo que es una posición equivocada la del Gobierno y la del ex-Fiscal Montealegre. Se está confundiendo el contenido humanitario que puedan tener los Acuerdos de La Habana con el contenido completo del Acuerdo final. Incluye temas de tierras, participación política, asuntos que trascienden totalmente un Acuerdo humanitario. En mi criterio, no es posible darle trato de Acuerdo Especial a los Acuerdos de La Habana.

Otro ex-Magistrado de la Corte dijo:

Es imposible que se le siga dando a las FARC un tratamiento de organismo internacional. No lo es. Un Acuerdo de esa naturaleza para blindar el Acuerdo final tiene que ser entre naciones o entre una nación y un organismo internacional. Realmente estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes para poder lograr que las FARC atiendan los clamores de no seguir asesinando ni secuestrando, pero ya lo que está ocurriendo es excesivo”.

Otra duda que genera el anuncio, es si se puede o no introducir un Artículo Transitorio en el Acto Legislativo 04 del 2015. Cuando hay propuestas en el Congreso, sean proyectos de Ley o propuestas para modificar la Constitución, se supone que se tiene que mantener el “principio de consecutividad”. Es decir, que la iniciativa que discutan los congresistas sea la misma de principio a fin. Según Rodolfo Arango, introducir un nuevo artículo es descabellado:

Eso se cae. Introducir algo totalmente nuevo en el sexto debate estaría viciado de constitucionalidad. La Corte podría tumbarlo en el control de constitucionalidad, no tiene mucho sentido. Me sorprende que se les haya ocurrido, pero en este país de abogados todo es posible”.

Jaime Córdoba Triviño, sin embargo, pensó lo contrario:

No necesariamente incluir el artículo violaría el principio de consecutividad. Si se hace en medio del debate del acto legislativo es viable, así se incorpore en un último debate, siempre y cuando la materia tenga relación con lo que se debate en ese acto legislativo. Aún no hay un absoluto y se va a evaluar si lo que se va a incorporar tiene relación temática con lo que se está debatiendo” 1634.

El Procurador General y la Senadora Claudia López Opinan

La Senadora Claudia López y el Procurador General Alejandro Ordóñez, criticaron el anuncio de un nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. La Senadora se limitó a protestar porque el Gobierno hizo una concesión unilateral al aceptar la propuesta de las FARC de considerar al Acuerdo Final como un Acuerdo Especial de Derecho Internacional Humanitario. Rechazó que en La Habana le manden al Congreso la redacción de un parágrafo para que el Gobierno lo proponga en el Acto Legislativo para la Paz.

El Procurador Ordóñez, no estaba preocupado por la dignidad del Congreso, sino por el avance de las conversaciones hacia el fin del conflicto armado. Hizo un alegato para sumarse a la resistencia virulenta a todo el Pacto de Paz. Lanzó su proclama de guerra, amenazando al Presidente de la República con acusaciones por, supuestamente, romper el orden constitucional para entregarle el país a las FARC. Dijo que en La Habana se firmó un tratado internacional que se coloca por encima de la Constitución. El propio Presidente le habría dado un Golpe de Estado al ordenamiento jurídico y se habría convertido en tirano:

Buscan ustedes que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”.

Esto es falso. No hay nada automático en el mencionado Acuerdo. Por el contrario las FARC han aceptado que tiene que seguirse el procedimiento que ordena la Constitución, para aprobar lo convenido como parte de un Acto Legislativo que le da carácter de Acuerdo especial humanitario, y luego se incorpora al bloque de constitucionalidad con el trámite de una Ley ordinaria. En los debates y conciliaciones en el Congreso de la República las mayorías decidirán la suerte de ese tema. La Corte Constitucional hará el control del caso “único y automático”.

Para Ordóñez:

... La Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes Constituyentes”.

También es falso. Los Acuerdos que firme el Gobierno, están regulados por la Ley 418 de 1997 con la enmienda al Artículo 5to. aprobada por el Congreso en febrero del 2016. Nadie pretende que la sola firma transforme lo acordado en parte del bloque de constitucionalidad. Para que lleguen a ese rango tienen que seguir los tramites de rigor.

Para Ordóñez:

Pretenden que ni siquiera la voluntad popular pueda modificar tales Acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro”.

Resulta confuso. Con el texto aprobado, la Mesa de negociaciones pretende que el Acuerdo de Paz sea un compromiso de Estado y que la implementación sea una obligación de éste y los próximos Gobiernos. El darle rango constitucional al Acuerdo, y por tanto a la obligación de cumplirlo con el concurso de todas las instituciones, le da mayor estabilidad que si se queda solo como Pacto de Gobierno pero no lo hace inmodificable. Aun si se llegara a reconocer como Tratado Internacional, continúa el riesgo de que un Gobierno ultra derechista le dé por desconocerlo, no aplicarlo y dejar parte de lo pactado como letra muerta. Ya ha ocurrido y puede volver a pasar.

Para Ordóñez:

Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. Lo que ustedes anunciaron conlleva que el pueblo ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana. El Gobierno no tiene la facultad de atribuirse el poder Constituyente”.

Nada dice el Procurador sobre la novedosa ruta del Acuerdo de Paz en el escenario internacional. Definido como Acuerdo Especial de aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, el Gobierno lo remitirá al Secretario General de Naciones Unidas para que haga los oficios necesarios para que el Consejo de Seguridad lo incorpore como Anexo a la Resolución que aprobó el envío de una Misión de Verificación de la dejación de las armas y del cese el fuego definitivo y de las hostilidades. No se dice que con ese paso el Acuerdo adquiere automáticamente el carácter de Tratado Internacional pero una vez eso suceda y si fuera necesario, el Congreso de la República puede ratificarlo y elevarlo a compromiso ante la comunidad de naciones.

Lo que perturba al Procurador es que hay nuevos pasos hacia la firma del Acuerdo de Paz y que se acuda al Congreso para que con sus mayorías le de status de Pacto de Estado de obligatorio cumplimiento. Cuanto más se acerque el fin del conflicto armado y menos argumentos tengan para el llamado a la solución armada, mayor será la oposición 1635.

Validez del Acuerdo Final la darán el Pueblo, el Congreso y la Corte Constitucional

Santos señaló que:

Serán el pueblo, el Congreso y la Corte Constitucional quienes darán validez, vigencia y sostenibilidad en el tiempo a lo que se acuerde”.

El Acuerdo final será enviado a Naciones Unidas, para que se deje constancia expresa de su contenido ante el mundo entero:

Lo que hay que resaltar es que se ha aceptado el procedimiento que contempla nuestra Constitución, y que los Acuerdos quedarán blindados para que el día de mañana no se cambie lo pactado”.

Al Congreso de la República le corresponderá aprobar el proyecto de acto legislativo en curso, y la aprobación del Acuerdo final, para que quede incorporado en la normatividad interna. Para mayor garantía, lo que apruebe el Congreso, pasará a control de la Corte Constitucional, que “controlará que ese Acuerdo de Paz respete nuestra Constitución y garantice nuestros derechos” 1636.

Blindar No la Paz Sino al Gobierno de Santos

El ex-Magistrado Jaime Araujo Rentería, expresó su opinión sobre los alcances constitucionales e internacionales del Acuerdo Especial.

Se equivocan quienes creen que la existencia de cualquier Constitución hace a un Estado, “Estado Social de Derecho”. Hitler tenía una Constitución (la de Weimar) sin embargo, el Estado Nazi no era un Estado Social de Derecho, sino un Estado totalitario; Mussolini tenía Constitución (el estatuto Albertino) y el Estado fascista no era un Estado de Derecho; Pinochet tenía Constituciones y era una dictadura militar. Para que exista Estado de Derecho y verdadero constitucionalismo se necesita, en primer lugar, que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados, que el gobernante no pueda violarlos y que el poder político no esté concentrado, sino efectivamente dividido y limitado. El Estado de Derecho es, en pocas palabras, la limitación del poder del Gobernante para garantizar la libertad del individuo.

Esta distinción entre Estado de Derecho, y Constitución sin Estado de Derecho, tiene su origen en el Artículo 16 de la Declaración de Derechos de 1789 que hizo la Revolución Francesa:

Artículo 16. Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

Con el fin de alcanzar este propósito, la Constitución escrita se constituye en un instrumento, por medio del cual, se garantiza a las personas sus derechos individuales y al mismo tiempo el Gobernante, es puesto en posición de no poder violarlos; de modo que todo Gobierno constitucional, es por definición un Gobierno limitado.

La Constitución escrita, del Estado de Derecho consagra estos principios, reforzándolos con la independencia judicial, y establece además, un procedimiento especial para su reforma, mucho más difícil que el de la ley; y un guardián judicial que controla que ninguna autoridad o norma viole la Constitución.

Con esta premisa fundamental y estudiando el texto -no los comentarios que le hacen al mismo, los autores y amparadores-, ya que las normas siempre se independizan de sus presuntos creadores, podemos distinguir si se están “Blindando los Acuerdos” o una dictadura civil de Santos. El Acuerdo, tiene dos partes: una de Derecho Internacional y otra de Derecho Constitucional.

I. La primera parte no es más que un distractor de la segunda, ya que los Acuerdos Especiales no son, como han querido presentarlos, tratados de Derecho Internacional; pues tienen como fuente el Acuerdo de las partes en el conflicto interno y están limitados en cuanto a sus temas o materias por los cuatro convenios de Ginebra; pueden tener menos materia que ellos, pero no más materias.

El depósito de un Acuerdo Especial, ante el Gobierno suizo, dentro de los convenios de Ginebra, y mucho menos por fuera de ellos, no lo convierte, por ese mero depósito en un tratado internacional. Tampoco lo eleva a la categoría de tratado internacional, la declaración unilateral del Presidente Colombiano ante el Secretario General de la ONU; pues todo tratado implica la existencia de dos o más partes o lados y lo unilateral es, por esencia la negación de otra parte. El objeto de esta declaración es pedirle al Secretario General de la ONU, que le dé la bienvenida al Acuerdo final; ni esta petición unilateral de un Estado, ni la bienvenida que le de este funcionario, lo eleva a tratado internacional, ni lo hace obligatorio como tratado internacional.

Tampoco sirve para convertirlo en tratado o convenio internacional, la argucia jurídica de relacionarlo o anexarlo a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero del 2016, ya que como su nombre lo dice, es una Resolución y no un tratado; porque además esa Resolución se refiere al acompañamiento que hace la ONU, solo para verificar el cese bilateral del fuego y la entrega de las armas por parte de la guerrilla, sin que la ONU envíe tropas, ya que la Resolución deja claro, que la colaboración de la ONU es sin fuerzas armadas.

No pudiendo “Blindar” el Acuerdo como tratado internacional, si logran “Blindar una dictadura civil” la del Presidente de turno, y convierten la Constitución de Colombia en el disfraz de ella. Esta perversión de la Constitución, que pierde su normativa de defensa de los Derechos Humanos y de limitar al poder del Gobernante, para convertirse en una Constitución semántica, no es más que la formalización exterior, en términos constitucionales, de la configuración política existente en beneficio de los Gobernantes del momento.

Se formula una adhesión verbal a los principios del constitucionalismo, incluso del constitucionalismo democrático, pero el proceso del poder es congelado en interés de quienes lo detentan de hecho, independientemente de cómo lo hayan conseguido.

II. En la segunda parte, encubierta por la primera, el Acuerdo logra su objetivo: Blindar la dictadura civil de Santos y lo hace de distintas maneras:

Primero: Se arrogó el poder constituyente. Basta la voluntad del Presidente de la República, para que su voluntad se convierta en norma constitucional, no existe ninguna materia ni tiempo que lo limite y en consecuencia, puede convertir en norma constitucional todo lo que se le ocurra, pues no tiene ni siquiera los límites que tienen las facultades extraordinarias en cuanto al tiempo y la materia.

Segundo: incluye un Artículo Transitorio, que no define cual es el plazo de su vigencia, de modo que lo transitorio puede terminar siendo permanente y no faltan ejemplos de normas transitorias de la Constitución que el Gobierno ha querido utilizar permanentemente: con fundamento en una norma transitoria de la Constitución de 1991, 25 años después, el propio Santos, dictó un Decreto legislativo para tocar un tema de las comunidades indígenas. El propio Presidente Turbay, quiso en 1981, 13 años después de la reforma constitucional de 1968, dictar con fundamento en una norma transitoria, el Decreto 3050, que precisamente, aumentaba la mayoría, de simple a cualificada, para que la Corte Suprema pudiera declarar inconstitucional su reforma constitucional, mayoría cualificada que hacía casi imposible, como ahora, su inconstitucionalidad. Una norma similar podría dictarle Santos a la Corte Constitucional.

Tercero: Se convierte la Constitución colombiana de rígida a súper flexible. Las reformas constitucionales tenían mínimo ocho debates; ahora bastan tres debates, mientras las leyes, por regla general, tienen cuatro debates, de modo que las leyes ordinarias son más difíciles de modificar que la Constitución.

Cuarto: Se utiliza una técnica jurídica absurda, ya que se incorpora a la Constitución mediante un Artículo Transitorio, una remisión a un Acuerdo que jurídicamente no existe y que por lo mismo no tiene delimitados ninguno de los cuatro elementos o ámbitos de validez de la norma jurídica. Las normas jurídicas regulan la conducta humana, pero esta conducta no se produce en abstracto, sino que se realiza por una persona, en un lugar, en un tiempo, y respecto de una materia determinada. La norma jurídica tiene que regular la conducta en todos esos aspectos. La norma es válida en un ámbito espacial y tiene un ámbito temporal; hay normas válidas para todos los individuos o sólo para algunos de ellos (ámbito personal); cómo habrán de conducirse estos individuos o autoridades y qué actos deberán omitir o realizar, constituye la esfera material de validez de la norma jurídica (ámbito material). Se realiza una remisión al vacío, donde ese vacío puede llenarse con cualquier contenido, bajo el pretexto de la Paz, de un solo derecho, se pueden violar todos los otros derechos de los colombianos.

Quinto: A pesar de lo que dicen los epígonos del régimen, sobre el momento en que entra a formar parte de la Constitución (bloque de constitucionalidad en sentido estricto) el Acuerdo final, a la luz del texto solo se necesitan tres condiciones:

i. que se apruebe el Artículo transitorio;

ii. que se firme el Acuerdo final; y

iii. que éste entre en vigor. Para que entre en vigor solo se necesita la voluntad de Santos y de Timochenco, pues les basta con decir que rige a partir de su celebración o para guardar las formas, desde su publicación (que pueden hacer el mismo día de la firma).

Sexto: Si el procedimiento es falso, lo es más la forma de decidir que es doblemente falsa, porque a pesar de que no es un tratado, utiliza la técnica de los tratados. Aprobar o desaprobar, o sea que no es posible que el Congreso modifique nada, por lo que tienen razón quienes afirman que a los congresistas los degradan a condición de notarios; y en este caso de notarios antidemocráticos, que recuerda la dictadura de Napoleón Bonaparte quien también tenía en el Parlamento, parlamentarios y cámaras que no podían modificar los proyectos. Además porque la votación, para desaprobar el texto exige una mayoría cualificada, sin especificar cual mayoría si la mitad más uno de los miembros de la corporación (cincuenta y dos en el caso del Senado, de ciento dos miembros) o una mayoría cualificada superior de las dos terceras partes de los miembros (sesenta y ocho de ciento dos, como en el caso de las amnistías o indultos: Numeral 17 del Art. 150 de la Constitución). En el mismo ejemplo, del Senado bastaría que treinta y cinco Senadores respaldaran el Acuerdo, para que sesenta y siete no puedan impedirlo. Las minorías pueden derrotar a las mayorías, lo que es antidemocrático. Tampoco se prevé la hipótesis del empate, en el ejemplo que estamos examinando a cincuenta y un votos. Lo normal en el procedimiento legislativo es que el empate implique la no aprobación de la norma.

Séptimo: Como el Acuerdo es parámetro de interpretación, obliga también a la Corte Constitucional, lo que implica cortar sus competencias, pues ahora ella, solo puede aprobar o desaprobar el Acuerdo y todo lo que Santos quiera como desarrollo del mismo, no podrá dictar sus sentencias interpretativas y puede necesitar una mayoría cualificada (dos tercios) para declarar su inconstitucionalidad (lo que no logró Turbay, lo logra Santos). Como el control es único y automático, la Corte no podrá nunca volver sobre sus errores; como todo control automático, que se hace antes de que la norma se aplique, tiene el defecto de que la Corte no puede saber si la norma es buena o mala, pues nunca ha visto cómo funciona en la práctica.

Síntesis: El Acuerdo, no da nacimiento a ningún tratado internacional, pero si convierte a la Constitución en un disfraz de la dictadura civil de Santos, o de Vargas Lleras si tiene que sucederlo o de Uribe si retorna al poder y de paso, convierte en eunucos al Congreso y a la Corte Constitucional 1637.

Congreso Aprueba Blindaje Jurídico a Acuerdo Final de Paz

La Cámara de Representantes dio un paso histórico con la aprobación final de la reforma constitucional para la Paz. En la plenaria de la Cámara de Representantes se proporcionó la aprobación en último debate del Acto Legislativo para la Paz, la iniciativa más importante impulsada por el Ejecutivo en el Congreso.

En él se consagra el último gran Acuerdo conseguido en La Habana, que establece la ruta que deberán tomar las leyes y reformas que exija lo pactado en la Mesa de diálogos. La Ley de aprobación del Acuerdo Final, eleva a Acuerdo Especial el texto del fin del conflicto en el marco del Derecho Internacional Humanitario, de manera que se incorpore al ordenamiento jurídico del país.

El texto convenido en el Senado no contiene los elementos acordados en la Mesa de diálogos en lo que se denominó “blindaje jurídico de los Acuerdos de Paz”, por lo que lo más probable es que el texto aprobado sea la versión elegida. Los tiempos de este Acto Legislativo están en sincronía total con los ritmos del proceso de negociación. La única modificación que sufrió el informe de ponencia para su último debate fue la vigencia de la reforma, que entraría en vigor:

A partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, a través del mecanismo que el Gobierno Nacional ponga en marcha para tal efecto”.

Con esto, la Mesa de diálogos terminaría sus funciones y el proceso de Paz se trasladaría a Colombia, específicamente al Congreso de la República.

Una vez refrendado el Acuerdo, se inicia la fase de implementación. El primer paso está consignado en el Acto Legislativo. El artículo primero señala que, para implementar las normas, leyes y reformas que la Paz requiera, se implementará “un procedimiento especial” que regirá por seis meses, con posibilidad de prorrogarlo seis meses más.

Las iniciativas para poner en marcha lo pactado en La Habana tendrán un plazo de hasta un año que, contado a partir de la refrendación, se extenderá hasta finales del 2017, en el fin del Gobierno Santos.

El Acto Legislativo le pone límites al control de la Corte Constitucional, que normalmente puede tardar meses, y le da dos meses al Alto Tribunal para que emita sus conceptos, que sólo podrán ser de forma y tomando como referencia el Acuerdo Final.

Deja claro que el primer proyecto que el Congreso conocerá cuando se firme la Paz será una Ley aprobatoria del Acuerdo Especial, con la que el Legislativo incorporará al derecho interno lo acordado en La Habana en un trámite especial: como Ley ordinaria, con los requisitos del procedimiento especial y con una votación en la que los congresistas sólo podrán aprobar o desaprobar lo acordado 1638.

Se Abre Camino a la Constituyente Tras Decisión de la Corte Constitucional

Luego de la decisión de la Corte Constitucional de salvar la cuestionada Sala Administrativa de la Judicatura -instancia del Consejo Superior de la Judicatura eliminada por el Congreso en la Reforma de Equilibrio de Poderes aprobada en junio del 2015-, desde el poder legislativo no han ocultado su inconformismo y malestar. Aunque los legisladores se mostraron respetuosos de la decisión de desacoplar parcialmente algunos artículos de la reforma, hubo quienes, inmediatamente, consideraron abrir caminos hacia una Asamblea Nacional Constituyente para poner en marcha una profunda reforma a la justicia.

El Presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, dijo que “es muy delicado” que se diga que el Senado y la Cámara de Representantes no podían hacer una reforma porque estaban substituyendo la Constitución.

Esto nos lleva a pensar que este país debe prepararse para una Asamblea Nacional Constituyente que pueda revisar la administración de justicia, un tema fundamental para el país”.

De acuerdo a la mesa directiva del Senado, la decisión de la Corte era un golpe muy fuerte a la democracia representativa del país pues imperaba la tesis que había un “Gobierno de los Jueces”.

El Senador de la U Armando Benedetti, coordinador de la reforma en el trámite en el Senado, dijo:

La Corte pasó a legislar en causa propia y es necesario revisar el nuevo desequilibrio. Ya va siendo hora de pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, no para reparar los entuertos de la Paz sino porque es la única vía para organizar el Estado tras un fallo absurdo de los magistrados”.

La Senadora liberal y ex-Fiscal Viviane Morales Hoyos, dijo que esta decisión demuestra que:

Hoy en Colombia la Corte Constitucional no tiene límites, porque se atribuye nuevas competencias y no tiene control alguno pasando a ser un órgano antidemocrático. El único camino que abre la Corte, es el de una Asamblea Nacional Constituyente”.

La Senadora “verde” Claudia López Hernández, dijo:

Esta es una decisión de suma gravedad, porque la Corte prácticamente declaró a la rama judicial intocable y a sus Magistrados inmodificables. Esta decisión nos hace reflexionar sobre la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente”.

La Senadora Paloma Valencia Laserna “uribista”, consideró muy grave la decisión de la Corte porque:

Se trata de una limitación a los poderes de constituyente derivado que tiene el Congreso. Es muy grave que la actitud de la Corte sea que es imposible regular la rama judicial”.

Aunque el Congreso respetó la decisión de la Corte, no se ocultó el malestar y se anunció un debate sobre el tema 1639.

Procurador Opina que Presidente y Timochenko podrán Redactar la Constitución que Quieran

En una carta enviada a los Representantes a la Cámara, el Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado, cuestionó la aprobación del Acto Legislativo Nro. 157, al considerar que se presentaron vicios de trámite, puesto que se otorgaron facultades excepcionales en el marco del proceso de Paz.

Para el Jefe del Ministerio Público, con la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, se vinculó el Acuerdo Final que se firme en La Habana a un bloque de constitucionalidad aumentándole la categoría a un Acuerdo Especial, hecho por el cual el proceso de refrendación no es obligatorio y no se tendrá en cuenta.

Consideró que los Representantes no tenían la competencia para aprobar el Acto Legislativo, superando los límites impuestos por la Constitución Política.

Sumado a la inobservancia del principio de consecutividad en el trámite legislativo”.

La jurisprudencia establece límites cuando se habla de reformar la Carta Política. Este acto legislativo le otorgó “poder constituyente ilimitado a la Mesa de Conversaciones de La Habana para cambiar la Constitución”. Se podrán hacer modificaciones a la Carta Magna sin un control establecido, hecho que va en contra del ordenamiento jurídico.

Timochenko y el Presidente Santos podrán redactar la Constitución que quieran, al incluir en el bloque de constitucionalidad en sentido estricto el Acuerdo Final, que aún no existe”.

La función del Congreso de la República se redujo a una condición de notario frente a las reformas a la Constitución 1640.

Gobierno y FARC Firman Acuerdo de Cese el Fuego Bilateral y Zonas de Concentración

El Gobierno y las FARC-EP, firmaron un Acuerdo el 23 de junio del 2016 de cese el fuego bilateral y definitivo, sobre abandono de las armas por parte de las FARC, y también se acordó sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales -incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo- responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los Acuerdos y la construcción de la Paz y lucha contra las organizaciones criminales y, por último sobre la refrendación de los Acuerdos 1641.

El Punto sobre “Garantías de Seguridad”, seguramente estaba vinculado a los temores de las FARC de que se repitieran hechos como la matanza de cinco mil miembros del Partido Unión Patriótica (UP), luego de los Acuerdos alcanzados con el entonces Presidente de la República, Belisario Betancur en 1985. La Unión Patriótica empezó su marcha política con el fin de conseguir partidarios y votantes en gran parte del territorio nacional para las elecciones de 1986, en la que consiguieron un número importante de votos, logrando puestos en Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas. Durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), fueron asesinados la mayoría de los miembros de la UP en lo que se conoció como el “exterminio” 1642.

Los cuatro puntos acordados forman parte del Punto cinco (5) de la Agenda de las negociaciones, denominado “Fin del Conflicto”. El Punto más polémico es el de la refrendación del Acuerdo final. El Gobierno pretendía hacer un plebiscito, al tiempo que las FARC pedían una Convención Constituyente.

En la ceremonia de la firma del Acuerdo, en la que estuvo presente el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos junto al Jefe de las FARC-EP Timoleón Jiménez, acompañaron a las partes: por el Gobierno Nacional: Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional y por las FARC-EP: Iván Márquez, Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP, los Países Garantes: República de Cuba con la presencia de su Presidente Raúl Castro y el Canciller del Reino de Noruega; los Países Acompañantes: República Bolivariana de Venezuela con la presencia de su Presidente Nicolás Maduro y República de Chile con la presencia de su Presidenta Michelle Bachelet al igual que representantes de República Dominicana y El Salvador, y estuvo presente como invitado especial el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon. Concurrieron además enviados especiales para el proceso de Paz de Estados Unidos Bernard Aronson y de la Unión Europea.

Juan Manuel Santos expresó:

Un gran día! Trabajamos por una Colombia en Paz, un sueño comienza a ser realidad”.

Carlos Lozada, miembro del equipo negociador de las FARC dijo:

Para que cese la horrible noche y se abra el camino de la Paz y la esperanza. Jueves 23 de junio #ElUltimoDíaDeLaGuerra”.

Iván Cepeda, Senador del Polo Democrático Alternativo, dijo:

Es el más trascendental Acuerdo en la historia de la búsqueda de la Paz en nuestro país”.

Para Andrei Gómez Suárez, profesor de la Universidad de los Andes y miembro de la ONG “Rodeemos el Diálogo”:

El Acuerdo implica un avance en materia de crédito por parte de las FARC hacia el Gobierno: “Confían en que el Estado colombiano les puede ofrecer las garantías de seguridad suficientes para renunciar al uso de la violencia” 1643.

No obstante, no todos se expresaron a favor del proceso de Paz, ni recibieron la noticia del Acuerdo con optimismo. Samuel Hoyos Mejía, Representante a la Cámara por el Centro Democrático, partido del Senador y ex-Presidente Alvaro Uribe dijo:

Ojalá fuera el último día de la guerra, jugar con la ilusión de Paz de los colombianos es la manipulación de Santos y las FARC”.

Tal como ha sido expresado por las partes en el proceso de negociación hacia una Paz estable y duradera: “nada está acordado hasta que todo está acordado”. Se implementarán todos los Puntos pactados tras la firma del Acuerdo definitivo.

Más allá de este logro tan importante, aún faltaban dar algunos pasos para sellar definitivamente los Acuerdos con las FARC y restaba comenzar las negociaciones formales con el ELN.

Claves sobre el Acuerdo

Se establecieron veintitrés zonas de ubicación y ocho campamentos; la dejación de las armas será total ciento ochenta días después de la firma del Acuerdo final, y estas se destinarán a construir tres monumentos; y la Corte Constitucional será la que defina como se refrendan los Acuerdo de Paz

Se definió que el dispositivo de monitoreo del cese bilateral y definitivo del fuego y las hostilidades, sería coordinado por un mecanismo tripartito integrado por la fuerza pública y una misión especial designada por la ONU y las FARC. Este mecanismo sería el coordinador de la misión política no armada, integrada por los países que forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y que escoltará a las unidades guerrilleras en su traslado a las zonas de concentración.

Estas zonas estarán definidas por accidentes geográficos y en una dimensión razonable para su efectivo monitoreo. En ellas habrán varios campamentos y los guerrilleros podrán salir de ellas desarmados y de civil. En las zonas no podrán realizarse reuniones de carácter político. Las FARC designarán a un grupo de sesenta miembros que podrán desplazarse a nivel nacional; y un grupo de diez por cada zona que podrán moverse a nivel Municipal y Departamental.

El proceso de traslado de las unidades a esas zonas se iniciará cinco días después de la firma del Acuerdo final, y las zonas serán de carácter transitorio. Los civiles no podrán portar armas en estas zonas.

Las armas serán entregadas en su totalidad en tres fases:

i. Se entregará el treinta porciento de las armas, noventa días después de la firma del Acuerdo final;

ii. Treinta porciento se entregará ciento veinte días después de la firma; y

iii. Cuarenta porciento se entregarán ciento cincuenta días después de la firma del Acuerdo.

Las partes acordaron que el mecanismo de refrendación de los Acuerdos de Paz será el que la Corte Constitucional defina luego del estudio del acto legislativo que modificó los términos del plebiscito 1644.

Primer Día de la Victoria de las Fuerzas Militares

El Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, se encargó de dejar en claro el verdadero objeto del proceso de negociaciones encarado por el Gobierno de Santos.

El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó que el paso decisivo se debió al inmenso esfuerzo y sacrificio de los miembros de la fuerza pública y agregó que “mañana es el primer día de la victoria, gracias al inmenso sacrificio de nuestros soldados y policías”.

Después de la firma de la Paz se hace necesario mantener unas fuerzas armadas fuertes, modernas y poderosas, con capacidades acorde a las necesidades del país en un escenario de Paz. En el Ministerio de Defensa se han abierto todos los canales para mantener informados a los miembros de la fuerza pública sobre los avances de los diálogos:

Este anuncio de que ya hay un Acuerdo sobre el cese el fuego es algo que está plenamente coordinado con las fuerzas”.

El Ministro confirmó que serían unos seis mil cuatrocientos los guerrilleros desmovilizados de las FARC y que las zonas de concentración, antes de la entrega de armas, serían veintitrés 1645.

Durante la ceremonia de ascensos en la policía nacional, el Presidente Juan Manuel Santos destacó la labor de la fuerza pública en la búsqueda de la Paz. Gracias a su esfuerzo el país ahora puede hablar de Paz:

Quiero agradecerle a la Policía, a todos sus miembros, por la contribución a que sucediera lo que sucedió en jueves pasado. Gracias a la contundencia de la fuerza pública de nuestros soldados y policías se logró firmar este Punto del Fin del Conflicto, a través del cual las FARC se comprometen con fecha fija y con la verificación de la ONU a entregar a hasta la última arma”. El coraje y determinación de las fuerzas armadas convenció al adversario, las FARC, de que por la vía de las armas nunca iba a logra la victoria. “Todo soldado que va al campo de batalla va con un solo objetivo, el de lograr la Paz y quienes piensan que a los soldados y policías les gusta la guerra, están muy equivocados porque son ellos los que ponen los muertos. Esta Paz es su victoria, la de nuestras fuerzas armadas, son una Policía que admira el mundo entero” 1646.

Zonas de Concentración para las FARC

Serán veintitrés las zonas de concentración donde estarán ubicadas las tropas de las FARC. El Ministerio de Defensa dio a conocer las Veredas donde se concentrarán los miembros de esta guerrilla mientras se realiza la entrega de las armas y su reincorporación a la vida civil.

Las veredas en las que se dará la concentración serán: Cesar: La Paz; Norte de Santander: Tibú; Antioquia: Remedios, Ituango, Dabeiba; Tolima: Planadas, Villarica; Cauca: Buenos Aires, Caldono; Nariño: Policarpa, Tumaco; Putumayo: Puerto Asis; Caquetá: Montañita, Cartagena del Chairá; Arauca: Arauquita, Tame; Meta: Macarena, Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa; Vichada: Cumaribo; Guaviare: San José del Guaviare (este), San José del Guaviare (oeste).

Además, los ocho campamentos especiales que también fueron definidos por las partes en La Habana serán: Guajira: Fonseca; Antioquia: Vigía del Fuerte; Chocó: Riosucio; Córdoba: Tierra Alta; Cauca: Corinto; Caquetá: San Vicente; Meta: Losada, Macarena; Guainía: Puerto Colombia.

Señaló el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, que los criterios para escoger estas zonas fueron:

Que estuvieran “distantes de cascos urbanos o cabeceras Municipales; con una extensión razonable que garantice la verificabilidad que, en cabeza de la ONU, realizará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y la seguridad interna y externa; con condiciones que faciliten el suministro de la logística; distantes de áreas de frontera; y que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos y resguardos indígenas”.

Confirmados los sitios de concentración, será obligación de la fuerza pública brindar las condiciones de seguridad para el tránsito de los hombres de las FARC a estás zona, así como llevar a los miembros de esta guerrilla que se encuentran detenidos y que deseen incorporarse al proceso de desmovilización y acceder a los beneficios de reintegración y justicia especial para la Paz.

Estas zonas de concentración no tienen un tiempo de vigencia definido. Según acordaron en La Habana, desde el momento de la firma del Acuerdo final de Paz los guerrilleros estarán ubicados hasta por un periodo de ciento ochenta días (seis meses) mientras se realizan labores de capacitación y tránsito a la vida civil en los campamentos y se realiza la entrega total de las armas de las FARC para su fundición y construcción de tres monumentos que simbolizarán el fin del conflicto 1647.

Cronograma y Procedimientos de Entrega de Armas

El Gobierno y las FARC lograron un Acuerdo definitivo en la Mesa de negociaciones de Cuba para llegar a “proscribir” la utilización de las armas en el ejercicio de la política en Colombia. El objetivo central es que primen los “valores de la democracia, libre juego de las ideas y debate civilizado en el que no haya espacios a la intolerancia y la persecución por razones políticas”.

Las partes se comprometieron al cumplimiento de una “hoja de ruta” que contenga compromisos mutuos para que, a más tardar, a los ciento ochenta días después de la firma del Acuerdo Final, haya terminado el proceso de dejación de las armas por parte de la guerrilla. Este proceso de dejación de las armas contará con un componente internacional de verificación de la ONU con términos y garantías tanto para el Gobierno como para las FARC. Ese componente preside en todas las instancias y está encargado de dirimir “controversias, presentar recomendaciones y generar reportes”.

Durante la vigencia del Acuerdo sobre cese el fuego, las FARC designarán un grupo de sesenta de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Por cada una de las veintitrés Zonas Veredales transitorias y ocho campamentos que serán instalados para el proceso de dejación, las FARC designarán a un grupo de diez integrantes que pueden movilizarse a nivel Municipal y Departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.

Se acordó que la ONU recibirá la totalidad del armamento para destinarlo a la construcción de tres monumentos acordados entre el Gobierno y las FARC.

Cronograma: La dejación de las armas por parte de las FARC se desarrollará en dos tiempos.

i. Registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia; y

ii. Recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.

El procedimiento para la entrega de las armas incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial en las tres fases mencionadas más arriba.

Para garantizar el control efectivo del armamento en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC.

A más tardar ciento ochenta días de finalizar el proceso de recolección de las FARC se dará la extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados. Seis meses después de la firma definitiva se dará por terminado el funcionamiento de estas zonas 1648.

Las FARC Anuncian el Fin de la Ley 002 sobre Tributación

En el marco de las medidas de desescalamiento y generación de confianza hacia el fin de la guerra, y con el propósito de avanzar hacia la puesta en marcha del Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el Secretariado Nacional del Estado Mayor Central de las FARC-EP a partir del día 4 de julio del 2016, derogó y dejó sin efecto la Ley 002 sobre tributación. Esta orden es de inmediato cumplimiento para todas las estructuras de la organización.

Esta decisión debe conllevar al Gobierno Nacional a reorientar su política fiscal, finalizando cualquier impuesto destinado para la guerra, priorizando la inversión social y garantizando los recursos necesarios para afrontar los desafíos de la implementación de lo acordado en el proceso de Paz.

Nuestra determinación es compromiso de Paz. Secretariado Nacional del Estado Mayor Central de las FARC-EP 1649.

El Gobierno Plantea “cómo Controlar el Escenario” de la Paz

La preocupación del Gobierno de Santos, como desde un principio, se vincula con la seguridad, no con el desarrollo social. Mientras todas las medidas aprobadas, están relacionadas con desarme y desmovilización y, adicionalmente, fortalecimiento de la fuerza pública, no hay ninguna vinculada a resolver las demandas insatisfechas de los diferentes sectores de la sociedad, que desde antes del proceso de negociación y durante éste, han hecho pública su preocupación. Tampoco adoptó ninguna medida que disminuyera el riesgo de futuros conflictos, tratando de subsanar las causas estructurales por las que Colombia ha vivido prácticamente desde su independencia en un estado de violencia constante.

A cambio de ello, adoptó -entre otras medidas orientadas a fortalecer la seguridad interna- un Código de policía.

El Nuevo Código de policía, sitúa a la fuerza por encima de la autoridad civil y de los preceptos constitucionales, otorgándole facultades para limitar y coaccionar el comportamiento social en todas sus dimensiones. Contrariamente a lo establecido por la Constitución Nacional, la legislación internacional en Derechos Humanos y sentencias de la Corte constitucional, con esta reforma se rompió con el principio de gradualidad de las funciones de policía, so pretexto de mejorar la seguridad, convivencia y orden público. Se promueve la concentración de poder de la policía, delegando en el conjunto de este cuerpo, funciones judiciales y vulnerando abiertamente derechos fundamentales como el derecho a la protesta, entre otros.

En Colombia el derecho a la protesta está intrínsecamente relacionado con el Derecho a la libre expresión, garantizado por el Artículo 37 de la Constitución Nacional, en la que se otorga a la movilización el carácter de derecho fundamental, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo un mecanismo de participación política que debe ser protegido. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha reconocido que:

[…] El derecho de reunión, que se encuentra consagrado en el Artículo 37 de la Ley Suprema, según lo ha dicho esta Corporación, ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos. Esta libertad es la base de la acción política en las campañas electorales y también de los movimientos cívicos y otras manifestaciones legítimas de apoyo y protesta” (C 179/1994).

En esta misma sentencia, determina que ni siquiera en el marco de la declaratoria del estado de conmoción interior, el Gobierno puede tipificar como delito los actos legítimos de protesta social. La sentencia T-571 del 2008 estableció la relación íntima entre la realización de la democracia, el afianzamiento de la soberanía popular y el pluralismo con el Derecho a protestar y/o resistir y proclamó:

[…] Que bajo ciertas circunstancias aquellos constituyen medios idóneos para garantizar el disfrute de la dignidad humana y otros derechos fundamentales”.

Sin embargo en el Código de policía, la movilización social pierde su carácter de Derecho Fundamental, se desconoce la definición de Colombia como Estado Social de Derecho, Democrático y pluralista y se restringen derechos y principios fundamentales garantizados por la Constitución, como el derecho a la libertad de expresión (Artículo 20, Constitución Nacional) y el derecho a la libertad de asociación pacífica (Artículo 37, Constitución Nacional).

Al igual que en otras normas como la 1453 del 2011 y algunas contenidas en la legislación penal:

El Código de policía “criminaliza algunos de los actos propios del ejercicio de la movilización ciudadana” -como señala el Magistrado Iván Palacio (C-742/2012)- restringiendo una de las bases de la democracia actual: el Derecho a disentir.

El Código de policía establece la obligatoriedad del aviso previo y la potestad de los Alcaldes Distritales y Municipales de “autorizar” el uso temporal de vías en su jurisdicción para el ejercicio de reunión o movilización pública, dejando a una facultad discrecional de la autoridad administrativa y policial el permitir o impedir el ejercicio de un derecho fundamental limitando la democracia participativa.

Incluso en la polémica sentencia C-742 del 2012, que tuvo efectos antidemocráticos en relación con el Derecho a la protesta, se destaca que la finalidad del aviso previo, a la luz de la Constitución de 1991, no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida.

De igual forma, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2005, advierte que la notificación o aviso previo no constituye un “permiso” que deba ser otorgado por un funcionario, de ser así efectivamente vulnerará el derecho a la libertad de reunión y manifestación.

Bajo el argumento de la potestad de configuración legislativa en materia de política criminal, el Legislativo no puede restringir o vulnerar un Derecho Fundamental y menos aún la autoridad policial.

Otro mecanismo para restringir el Derecho a la protesta, es la exigibilidad de requisitos excesivos, “reglamentando” así el Derecho de forma tan meticulosa y vigilada, que hace casi imposible su ejercicio, so pena de ser judicializado o sancionado ante cualquier falta dentro del riguroso procedimiento establecido para manifestarse y protestar.

Un Derecho fundamental y de carácter superior en una democracia, como la protesta, no debería ser restringido por ninguna norma y menos aún por el Código de policía. Sin embargo la Doctrina de Seguridad que sigue teniendo como ejes la lucha contrainsurgente y el silenciamiento de la oposición, la reciente Ley de seguridad ciudadana, la existencia del ESMAD, la normatividad penal y este Código de policía son, en la práctica, los instrumentos de represión legal del establishment, sumados por supuesto a la represión paramilitar que sigue actuando en total impunidad y connivencia con la fuerza pública.

La limitación al derecho a la protesta, resulta contraria a la construcción de Paz y los avances en la democratización del país que se acuerdan con las insurgencias. Pese a que en el Acuerdo sobre Participación de La Habana se habla de garantías para el ejercicio político de los movimientos sociales y políticos, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y el Estatuto de la oposición, normas aprobadas por el Congreso de la República (como el Código de policía) presentadas por el Gobierno Nacional, son abiertamente contrarias a estos propósitos y cierran las puertas a un diálogo eficiente con el ELN cuya propuesta base para la negociación es la participación de la sociedad.

Participación social que, para que sea eficaz (como lo planteó el Presidente Santos) y vinculante (como lo reclama la sociedad), no puede estar limitada por normas que restringen la movilización y la protesta, derechos políticos fundamentales cuyo libre ejercicio es esencial para garantizarla.

El Código de policía resume una aspiración de control con enfoque fascista, queriendo convertir a la policía en el estandarte de la sociedad a través de la regulación del comportamiento y la convivencia, asumiendo el control de la vida ciudadana. Es un Código con visión punitiva y criminalista y no civilista.

Existen varios puntos polémicos en esta propuesta, pese a la insistencia en su carácter preventivo y promotor de la convivencia. Sin embargo es evidente la confusión -intencionada- entre convivencia, seguridad y orden público, prevaleciendo una concepción de seguridad basada en la estigmatización, criminalización y el castigo. Dentro de los aspectos más controvertidos por sus implicaciones en la garantía a Derechos Fundamentales encontramos:

1) Una de las reflexiones centrales, radica en el hecho de que en el marco de un proceso de Paz y el compromiso hasta ahora “formal” del Gobierno con la construcción de la Paz, se endurezcan las normas que restringen y reprimen derechos fundamentales de los ciudadanos. Actualmente y durante el período de post Acuerdos con certeza, observaremos el ascenso de las luchas y la movilización social, y contrario a un espíritu de Paz y reconciliación, lo que se evidencia es una voluntad del Gobierno por recrudecer el control, las sanciones y la criminalización de las expresiones sociales.

2) Se amplían los motivos que justifican la intervención de la fuerza policial, abarcando comportamientos sociales de todo tipo. Se extiende a todas las relaciones sociales el control de la institución policial. Estas intervenciones desconocen además, dinámicas de justicia comunitaria y ejercicios de convivencia locales.

3) Pese a que nominalmente se establece que las Asambleas Departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la Ley, el proyecto de Ley restringe no solamente la participación de las comunidades sino la de los entes territoriales supeditándolos a lo establecido en el Código.

4) Un punto a tener en cuenta, por la gravedad que reviste, es el contenido en el Artículo 16 del proyecto de reforma, que faculta a Gobiernos locales para expedir normas transitorias de policía, es decir, según el criterio arbitrario del Gobierno pueden establecerse medidas excepcionales sin que medie ningún control previo.

5) Otro principio que se vulnera, pese a estar nominalmente incluido en el Código, es el de proporcionalidad, razonabilidad y ultima ratio para el uso de la fuerza, así como el carácter de mínima intervención a través de normas y sanciones con carácter punitivo y restrictivo de la libertad.

6) El Código ataca la economía informal, sustentado en un concepto de espacio público privatista y restrictivo a las economías populares y al trabajo no formalizado.

7) Además de problemas de fondo, que seguramente serán declarados inconstitucionales por la Corte, como los referidos a las limitaciones al Derecho a reunión y movilización, el Código adolece de problemas de forma, es desorganizado, abarca multiplicidad de áreas y no es coherente.

8) El Código faculta a la policía para que haga retenciones temporales de ciudadanos, cuando estén en condición de alteración de la conciencia o que pongan en peligro la vida de terceros, atendiendo a criterios subjetivos. También permite a la policía a ingresar a los domicilios, sin orden de un Juez, en casos de “alteración de la conciencia por substancias alcohólicas o psicoactivas, que se presenten riñas, para preservar la seguridad, en persecución de una persona o cuando se altere la convivencia”. Según algunos parlamentarios como Benedetti, estas disposiciones “acaban con algunas de las libertades individuales porque no se puede pretender, por ejemplo, que la policía pueda entrar a su casa pensando que algo está pasando. Para los defensores del nuevo Código, estas disposiciones no son violatorias de Derechos y la policía está llamada a observar criterios de idoneidad y razonabilidad para realizar la intervención ordenada en el proyecto del Código. Sin embargo, es preocupante dejar al arbitrio de una autoridad la vulneración de un Derecho sin que medie una solicitud expresa de intervención por parte de la misma ciudadanía o una autoridad judicial, y en un Estado represor como el colombiano, estas medidas, seguramente serán usadas para abusar de la autoridad y realizar acciones con motivaciones políticas y de persecución.

9) Ambiente y Minería. El Código es proclive a la judicialización de actividades mineras especialmente minería artesanal, avanzando en la criminalización y militarización total de esta actividad y de los territorios y comunidades que la practican. En materia Ambiental, el Código de policía entra a regular y controlar el uso de bienes comunes por parte de las comunidades, pero no es claro en el control a las afectaciones causadas por las grandes empresas.

En conclusión, el carácter represivo y punitivo del nuevo Código de policía además de contradecir las promesas democráticas del proceso de Paz, impacta con mayor fuerza a las poblaciones excluidas social y culturalmente, representando un retroceso, no solo frente a los Acuerdos de la Habana y la exigencia de participación y garantías, acordada en la Mesa de negociación con el ELN, sino frente a las demandas democráticas de las comunidades y procesos sociales, que se manifestaron en la Minga Nacional 1650.

La Paz está Herida

El Senador Alvaro Uribe Vélez, principal opositor al proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC, se refirió al Acuerdo de cese el fuego bilateral firmado en La Habana.

Manifestó repetidamente que la “la Paz está herida”, una frase que utilizó para referirse a todos los Puntos que repudia de las negociaciones del fin del conflicto armado. Denunció que el Gobierno amenazó con guerra urbana y más impuestos para justificar su claudicación ante el terrorismo. Indicó:

La palabra Paz queda herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros bomba, reclutamiento de niños y violación de niñas, no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas”.

Otras críticas estuvieron dirigidas al manejo de las leyes de la Corte Penal Internacional sobre los delitos de lesa humanidad. Cuestionó el papel de las FARC como el cartel de cocaína más grande del mundo, alegando que a pesar su riqueza:

Su dinero no será exigido para reparar a las víctimas del conflicto armado. La palabra Paz queda herida por un Gobierno que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete a las instituciones en lugar de someterse a ellas”.

Criticó la participación política que tendrían las FARC con el Acuerdo, y comparó el proceso de Paz con la situación política que vive Venezuela. Cuestionó el Plebiscito por la Paz, argumentando que solamente tendrá una pregunta que, en el caso de no aprobarse, el mismo Gobierno amenaza con terrorismo urbano.

Denunció que la administración de Santos ha derrochado recursos publicitarios para apoyar el cese el fuego, y ha negado recursos para los que quieren promocionar el “No” en el Plebiscito.

En Colombia el Gobierno ha puesto en marcha la guerra a machete entre campesinos, ha aceptado negociar con el terrorismo el modelo democrático, las libertades económicas y las políticas sociales” 1651.

Para Uribe el Representante de Estados Unidos Aronson tiene Intereses Financieros en la Paz

El ex-Presidente y Senador en ejercicio Alvaro Uribe Vélez, criticó fuertemente a Bernie Aronson, enviado especial de Estados Unidos para el proceso de Paz. Sugirió que detrás del apoyo que ofrece a la Paz hay posibles intereses económicos.

¿Qué intereses comerciales ha tenido o tiene el señor Aronson en compañías que han sido concesionarias para explotar recursos naturales de Colombia en zonas que volvieron al dominio de las FARC, o vinculadas a la industria del café con socios cercanos al Presidente de la República?”. Bernard Aronson “le ha aceptado todo a las FARC”. El plebiscito para la Paz, al que le ha expresado su apoyo Aronson, tiene “trampas” para los colombianos. Se refiere al umbral que requiere el plebiscito para que sean refrendados los Acuerdos de Paz con las FARC, a que solo se le hará una pregunta a los colombianos, y a la sorpresiva afirmación del Presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que de no firmarse un Acuerdo final de Paz con la guerrilla, esta se encuentra preparada para recrudecer el conflicto armado en el país. “Ignora el señor Aronson las trampas del Plebiscito: bajaron el umbral electoral del cincuenta porciento al trece porciento; solamente permiten una pregunta ante temas tan diferentes como el apoyo a la Paz que muchos acompañarían con un rechazo a la impunidad total; el Gobierno amenaza con guerra de no aprobarse, y señala como amigos de la guerra a quienes voten en contra o se abstengan; no autorizaron publicidad con recursos oficiales para votar negativamente o abstenerse, pero el Gobierno se vuelca con todo el aparato y los recursos del Estado a hacerle publicidad al voto positivo; autoridades locales y regionales ven condicionados los recursos nacionales a que apoyen el Plebiscito; de manera abierta y sutil el Gobierno presiona a las fuerzas armadas a intervenir por el voto positivo, no obstante la regla democrática que las excluye de la deliberación política; etc.” 1652.

Acuerdo Sobre Garantías de Seguridad

En el Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o políticos, el Gobierno se comprometió a garantizar la implementación de las medidas necesarias para intensificar las acciones contra las organizaciones criminales, asegurar la protección de las comunidades en los territorios y a que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas. Las FARC asumieron la responsabilidad de contribuir “de manera efectiva a la construcción y consolidación de la Paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los Acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales”. Las medidas de seguridad y protección que define el Acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional:

1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.

2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral setenta y cuatro del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias.

4. En desarrollo de lo acordado en el Punto dos (2) “Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El Acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias:

El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este Acuerdo.

La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del Acuerdo.

Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas.

Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional 1653.

El Acuerdo sobre el Cese el Fuego no Trae la Paz Social

El 23 de junio del 2016, marcó una fecha histórica en Colombia. Se acordó, en el marco de los diálogos de Paz y la Mesa de negociación de La Habana, el cese el fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Este aún no es el fin de la guerra y aún queda un largo camino por recorrer en miras a conseguir cambios sociales reales beneficiosos para los trabajadores, los sectores sociales y los pueblos 1654. Cabe reconocer la trascendencia histórica de este Acuerdo para el país, pues es evidente que gran parte de la población no desea vivir más una guerra tan degradada y cruenta, lo que es motivo de celebración para muchas personas y comunidades.

Existen varios elementos positivos para reconocer en este Acuerdo, como la significación que tiene que la fuerza insurgente más antigua y duradera de América Latina abandone las armas sin ser derrotada y se culmine por medio de un Pacto el largo enfrentamiento bélico entre este grupo y el Estado, en lo que supone un avance para varias organizaciones políticas populares que buscan que las luchas sociales sean escuchadas en las más altas esferas del poder gubernamental. Aún quedan múltiples retos, reivindicaciones y luchas por desarrollar.

El Acuerdo que formalizó una tregua de hecho, que con algunos sobresaltos, regía entre estos actores armados desde el 2013, marca un salto de calidad en el camino hacia el fin de la confrontación armada. No obstante, aún se está lejos de completar el fin de la guerra, pues todavía quedan pendientes las negociaciones con otros grupos insurgentes más pequeños, pero de gran significancia, como el ELN y el EPL alzados en armas como las FARC desde hace medio siglo, con lo que el Gobierno nacional ha mostrado una pobre voluntad de diálogo. Más aún, el fin del conflicto armado no pone fin al conflicto social y político en el que recae su génesis histórica, marcado por factores como la extrema desigualdad social especialmente aguda en el campo, el despojo violento realizado por la burguesía rural y los terratenientes de los territorios campesinos y las políticas de terrorismo de Estado implementada contra los movimientos populares.

El 2016, se ha caracterizado por las olas de movilización de diversos sectores sociales, tanto urbanos como rurales, que han confluido en jornadas de indignación como las del 24 de enero del 2016, la huelga nacional del 17 de marzo y el tercer paro agrario nacional, luchas que a su vez han fortalecido la idea de convocar un contundente Paro Cívico Nacional que haga retroceder las políticas antipopulares del Gobierno. Sectores de los movimientos campesinos, indígenas y negros, junto con obreros, profesores, estudiantes universitarios y trabajadores informales, han manifestado su contundente rechazo a las políticas neoliberales de la segunda administración de Juan Manuel Santos, que acrecientan la desigualdad y precariedad social.

La mayoría de los sectores movilizados, han insistido en la necesidad de apoyar procesos de diálogo entre el Gobierno y las insurgencias, buscando la realización de una Paz con justicia social y viendo la firma de los Acuerdos como un medio para que las voces de los trabajadores y los pueblos históricamente excluidos, sean escuchadas. La mayoría de estos sectores han apoyado el hecho de que las FARC se conviertan en un partido político con garantías de seguridad y participación dentro de las reglas del juego de la actual democracia. Si bien esto podría generar la posibilidad de que se garantice el derecho a la oposición política en un país con un sistema institucional tan cerrado como el colombiano, una real apertura democrática aún está por verse.

Lo que está firmado en un papel no es garantía real para el cumplimiento de los Acuerdos pactados. Basta con recordar el incumplimiento sistemático que este mismo Gobierno ha hecho de los Acuerdos firmados luego del Paro Nacional Agrario de agosto y septiembre del 2013, incumplimientos que condujeron a los sectores campesinos, negros e indígenas, organizados en la Cumbre Nacional Agraria, a llevar a cabo una movilización.

Si bien bajo la insignia de la Paz se ha vendido la idea de un nuevo país, el Gobierno aún debe mostrar una voluntad concreta manifiesta en hechos que conduzcan a la desmilitarización de la sociedad, voluntad que no se ha evidenciado recientemente en las medidas de criminalización de la protesta de las clases y sectores oprimidos o el manteamiento de prisioneros políticos. Uno de los hechos que más pone en duda la voluntad de Paz del Gobierno es la aprobación del nuevo Código de Policía que agudiza la represión y atenta contra el ejercicio de varias libertades de la población civil.

Juega un peligroso rol la extrema derecha representada en el “uribismo”, en este nuevo panorama haciendo campaña por el “No” para el plebiscito, con el fin de hundir todo el proceso de Paz al que tanto le ha hecho oposición. En la orilla opuesta estaría la campaña por el “Sí”, representada principalmente por la Unidad Nacional (“santistas”) y en menor medida por la mayor parte del arco de la izquierda. Todo lo anterior, pone de relieve un ambiente de polarización en torno a los Acuerdos firmados en La Habana que tendría como principales contrincantes dos variantes de una derecha neoliberal y autoritaria: el “santismo” y el “uribismo”, este último considerado como la mayor fuerza de oposición política al Gobierno.

El papel de la izquierda y los movimientos populares en el plebiscito, aunque activo, ha sido limitado, lo que deja ver que la incidencia popular sigue siendo muy baja en este panorama. Tampoco hay que olvidar el incremento de la acción del paramilitarismo. Las mal llamadas Bandas Criminales (bacrim), que no son sino la nueva expresión del paramilitarismo, ejercen un dominio cotidiano de muchos territorios aliados a militares, caciques políticos y empresarios, como se vio en el “paro armado” decretado por estas fuerzas en la región del Urabá, a la vez que amenazan, persiguen y asesinan a la izquierda social y política. El paramilitarismo, apoyado en la estrategia de resistencia civil de la derecha “uribista”, representa una gran amenaza en este nuevo escenario, en el que aún es posible que se repitan genocidios políticos como los sufridos por la generación de luchadoras sociales de 1980 organizados en la Unión Patriótica (UP), A Luchar, el Frente Popular y los movimientos sindicales, campesinos e indígenas.

Aunque el fin de la lucha armada de un grupo guerrillero de las dimensiones de las FARC sea importante, no hay que olvidar que aún hay que lidiar con un Estado contrainsurgente que ejerce la violencia simbólica y material contra las clases y sectores subalternos, para mantener un orden social basado en la explotación, la desigualdad y la exclusión de las trabajadoras, los sectores sociales y los pueblos.

En este ambiente de pacificación parcial entre dos bandos, se debe apostar por construir una verdadera Paz para los trabajadores y los pueblos, formada desde la iniciativa local y comunitaria, desde aquellos lugares donde la desigualdad y la exclusión son el pan de cada día. No basta con que los de “arriba” abran la posibilidad de formar parte de la democracia burguesa, pues esta es sumamente limitada, funcional a su dominación y en ella no se concretarán las transformaciones radicales de las condiciones de opresión y dominación 1655.

La Táctica del Gobierno ha sido Dividir la Negociación con las Insurgencias

Los líderes del ELN comunicaron que respetan las decisiones de las FARC en el Acuerdo del 23 de junio del 2016 y les desean lo mejor. La decisión de cese el fuego bilateral, es un notable aporte a la solución política del conflicto, que marca un reto para los firmantes: el de demostrar la voluntad de cambio consignada en los Acuerdos.

La guerrilla firmante, en más de cuatro años de negociaciones ha demostrado un compromiso práctico, con el diálogo y la reconciliación; mientras el régimen no alcanza a demostrar con hechos una voluntad de privilegiar las soluciones políticas. Queda planteada una gran dificultad para su implementación, dado que continúa la confrontación en buena parte del país, con las otras guerrillas. La distancia existente entre los Acuerdos firmados y lo que sucede a diario en la realidad colombiana, indica la complejidad de la situación y las resistencias del régimen y la clase gobernante, para facilitar los cambios mínimos, que hagan posible avanzar hacia la Paz.

Un ejemplo concreto han sido los incumplimientos recurrentes a los Acuerdos firmados con el movimiento social. Resaltan las fracturas de las minorías dominantes, pues mientras una parte quiere una cosa, la otra la rechaza. Esta es una de las posibles causas para que, sólo una parte de los Acuerdos lleguen a convertirse en realidad, mientras la otra corre el riesgo de ir a parar “al congelador” del Gobierno; para que esto no suceda y se pueda lograr una Paz justa y duradera, es vital la calidad y fortaleza de la participación de la sociedad, esencia de la democratización que requiere Colombia.

La táctica de “firmar y congelar” la ha aplicado el Gobierno a las dos Mesas de negociaciones, a la de La Habana y a la del ELN. La táctica del Gobierno ha sido dividir la negociación con las insurgencias, para evitar una negociación conjunta. Al negociar por separado con cada guerrilla, primero avanza con una y dilata el proceso con la otra. Su propósito es dividir y a la vez aislar y presionar al ELN, con lo que se va pactando en La Habana.

En los contactos previos al establecimiento de la fase exploratoria con el ELN, el Gobierno dejó de concurrir a las citas por tiempos largos en dos ocasiones, primero durante siete meses y después por ocho. ¿Cómo explicar esto? La demora del proceso con el ELN, el desfase de tiempo entre los dos procesos, ha sido un manejo del Gobierno. A raíz del actual congelamiento, impuesto por el Gobierno a la instalación de la Mesa pública con el ELN, ha habido múltiples pronunciamientos desde diferentes sectores, exigiendo la continuidad de estos diálogos; entre ellos están los del Foro Internacional de Víctimas, y el de numerosas personalidades, partidos y fundaciones.

En particular, el ELN hace referencia a la carta de la Campaña por una Paz completa. El 30 de marzo del 2016 firmamos y dimos a conocer los Acuerdos logrados para iniciar un proceso formal y público de diálogo y negociación en la búsqueda del fin del conflicto. Suscriptos estos compromisos y habiendo pactadas unas reglas del juego, desde el Gobierno colocan condicionamientos, que no están dentro de lo pactado, en más de dos años de conversaciones confidenciales y exploratorias. Ello mina la confianza y la credibilidad y el proceso mismo, al habilitar así a las Partes, para que en cualquier momento, una u otra desconozcan lo que se firma.

El enfrentamiento armado de más de cincuenta años, ha estado acompañado de distintos dolores. De nuestra parte hemos manifestado nuestra disposición a hablar de todos y buscarles solución a todos. Eso está contemplado y acordado en la Agenda pactada. Hay diversos males que afectan a grandes sectores poblacionales, en los cuales han tenido responsabilidad los sucesivos Gobiernos; no obstante, no hemos colocado su solución o compromisos previos, como condición para iniciar el proceso, en tanto que sus salidas forman parte del mismo y han sido incorporados a una Agenda consensuada entre las dos Partes.

En la medida que vamos desarrollando la Agenda en el orden establecido, podemos paralelamente abordar y buscarle caminos y soluciones a los distintos aspectos humanitarios, incluyendo lógicamente las retenciones y las otras perturbaciones que sigue generando la guerra. Si ya se firmó un Acuerdo de cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las FARC, lo más sensato sería que se extendiera también con el ELN. Aliviaríamos así con más prontitud los distintos dolores, crearíamos un clima más favorable y un ambiente de mayor simpatía a las búsquedas de la solución política.

En nuestro caso es sincera esta disposición. Hay que recordar que desde años atrás, hemos planteado diversos Pactos de Humanización de la guerra. Nuestra delegación para el diálogo está lista, con la disposición de acudir de manera inmediata a la instalación de la Mesa pública en Quito, respetando los Acuerdos suscriptos y conocidos desde fines de marzo del 2016. Para que el Gobierno se coloque en la misma disposición y mantenga la palabra sobre lo acordado, se necesita más presión de la sociedad en su conjunto, más objetividad, más fuerza de quienes están por una solución política, más comprensión y mayor equilibrio de los medios de comunicación 1656.

Cese Bilateral del Fuego con las FARC, Arreciar el Fuego con el ELN

La trascendencia del Acuerdo bilateral de cese el fuego, es que se llega al fin de lo que por más de medio siglo, ha regido la historia: colombianos de diversas tendencias políticas y económicas se han enfrentado, dejando destrucción, desplazamiento y muerte, sin que mediara Acuerdo alguno. Pese, a existir procesos de Paz desmovilizaciones y entrega de armas de diversos grupos armados. La importancia de este Acuerdo se centra, en que nunca más se usaran las armas para defender ideas, o eliminar al adversario político o peor aún utilizar las armas del Estado para eliminar la diferencia o al contradictor político.

Esta garantía sin duda, la da la participación de la Comunidad Internacional, representada en los países garantes y acompañantes, respaldados por la ONU. Si bien, este proceso representa un gran salto para la existencia de la Paz en el país, es incompleto si se tiene en cuenta que la segunda guerrilla más antigua, el ELN, no ha pactado ningún Acuerdo con el Gobierno que implique un verdadero cese bilateral del fuego, esto representa la continuidad de los enfrentamientos armados en diversas regiones, lo que puede llevar a que el ejército argumente operaciones en contra del ELN, sin que se trate de esta guerrilla, o como ha ocurrido se culpe a una u otra guerrilla de hechos propios de la guerra, lo que puede llevar a poner en duda el cese bilateral y genere desconfianza al interior de la sociedad o el estancamiento de los diálogos.

Por otro lado, la existencia del paramilitarismo que opera en casi toda la geografía nacional, sin que desde el Estado se tomen medidas ciertas para acabar definitivamente con este fenómeno; que continúan con su accionar delictivo, y entre otras cosas se oponen a la restitución de tierras a sus verdaderos dueños, puede dar al traste con los Acuerdos pactados. Sin olvidar el papel que ha jugado la ultraderecha que además se ha beneficiado del despojo de tierras que utiliza los medios del Estado para instigar en contra de la restitución y de los Acuerdos en la Mesa de La Habana, esto puede significar un apoyo a la continuidad de la guerra.

Aunque los Acuerdos resultan excepcionales, la historia de Colombia ha demostrado lo contario, como lo fue el caso del partido político Unión Patriótica. Las nuevas leyes que se han aprobado desde el Congreso y que cuentan con el visto bueno del Gobierno; como el nuevo Código del policía, que cierra la participación en la plaza pública. Esto recuerda el estatuto de seguridad del Gobierno de Turbay que incentivó la guerra, con un saldo trágico de desapariciones forzadas. Para garantizar que no haya desobediencia está el ESMAD, por ello, el Gobierno anuncio su crecimiento, a pesar de ser denunciado por la violación a los Derechos Humanos, por el exceso de fuerza desplegada contra ciudadanos indefensos.

Es de entender, como lo ha anunciado la insurgencia; renuncian a las armas pero no a las reivindicaciones políticas y sociales, estas se deben defender en la plaza pública donde se convoque a la ciudadanía. La protesta se traslada del campo a la ciudad lo que implica, según el Gobierno, que debe haber más pie de fuerza en la ciudad, tal vez para sofocar brotes de inconformismo, o por incumplir lo pactado, como suele suceder en el país. ¿El último día de la guerra fue el 23 de junio del 2016 con la firma del Acuerdo de cese el fuego bilateral, siendo que el Gobierno anunció que arreciará contra el ELN, con toda la artillería? ¿Qué pasa con las poblaciones que son el teatro de operaciones? 1657.

Frente Primero de las FARC Anuncia que no se Desmovilizará

El Frente Primero “Armando Ríos” de las FARC que opera en el Departamento del Guaviare, en el suroriente del país, uno de los siete llamados “frentes madre” de las FARC, estructuras grandes, que reclutan y que mandan tropa a los demás frentes y generan ingresos a su economía, expresó dudas acerca del proceso de Paz y no se desmovilizaría.

La política del Estado colombiano y sus aliados sólo busca el desarme y la desmovilización de las guerrillas; no están pensando en los problemas sociales y económicos del país”. El Frente Primero está en desacuerdo con las líneas rojas trazadas por el Presidente Santos a lo largo de la negociación de no negociar el modelo económico, ni la doctrina militar.

Tampoco consideran aceptable que las FARC vayan a concentrarse en veintitrés zonas y ocho campamentos durante ciento ochenta días para dejar las armas y finalmente desmovilizarse. El comunicado aclara que respetan la decisión de quienes dejen la lucha armada y no los consideran enemigos; y termina invitando a otros guerrilleros en desacuerdo con lo pactado en La Habana a que se les unan en armas.

El personero del Frente Primero dijo que la orden de la Secretaria de que se dejaá de exigir el “impuesto” que la guerrilla cobraba a las poblaciones donde tienen presencia, ellos no la están ejecutando. Siguen realizando los mismos actos: cobro a los finqueros por cabezas de ganado, cobro por hectáreas, obligando a la gente a pagar impuestos 1658.

El Secretariado de las FARC Desconoce la Decisión del Frente Primero

El Comandante Pastor Alape informó que se enviaría una Comisión encargada de averiguar qué estaba pasando con el Frente Primero de las FARC que anunció que no se acogería a las determinaciones de dejar las armas como se viene planteando en los diálogos de Paz.

Señaló que lo importante era saber cuáles eran sus argumentos, para no tomar una decisión apresurada.

Tenemos que hablar con las personas aclarando realmente cuál es la situación que se presenta con el grupo que dicen que no se incluye en el proceso de Paz”.

Rechazó que haya surgido en las FARC una “disidencia política”, y afirmó que:

Es una estructura que forma parte de las FARC, queremos aclarar el tema y pues este hombre que es parte del Frente y que ha entrado en un proceso de descomposición… Lo que entendemos es que es un grupo de personas que dice yo no le jalo a esto y queremos que gente que está cerca vaya hasta allá y aclare qué es lo que está pasando, ellos son del Frente Primero de las FARC pero no representan al Frente Primero y mucho menos a las FARC”.

Comunicado:

Con relación al comunicado divulgado por los medios de comunicación, en el que algunos ex integrantes del Frente Primero expresan su decisión de marginarse del proceso de Paz que se lleva a cabo en La Habana, el Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Briceño de las FARC-EP informa a la opinión pública: Las FARC-EP somos una organización político-militar de carácter revolucionario, en la que cada escuadra o unidad básica es al mismo tiempo una célula política. Esta última es la instancia de los debates democráticos al interior de nuestra organización, complementada con las Asambleas Generales de Guerrilleros, los Balances y finalmente la Conferencia Nacional. La expresión libre de ideas e inquietudes es un derecho de todos los guerrilleros de las FARC, siempre que se realice dentro de los mecanismos estatutarios descriptos.

Las decisiones se adoptan por mayoría y son de obligatorio cumplimiento para todos. La forma democrática de solucionar las diferencias internas impide por tanto la conformación de disidencias de cualquier orden. El sector de mandos y combatientes del Primer Frente que decidió renegar de sus principios, apela a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto.

El conocimiento de lo acordado en la Mesa de La Habana fue negado y tergiversado a los guerrilleros de base por los mandos implicados. El Estado Mayor Central y su Secretariado son las máximas instancias de Dirección y Mando en las FARC-EP. Sus determinaciones, órdenes y orientaciones son de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes. Declararse al margen de la Dirección pone por tanto a quien lo hace por fuera de las FARC-EP, no puede usar su nombre, armas y bienes con ningún propósito.

Si los mandos y combatientes involucrados tienen el deseo de lanzarse a una aventura incierta, les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas estructuras de las FARC-EP. De ese modo dejarían de crear confusión en la opinión pública y de facilitar renovadas y calumniosas razones a los sectores de extrema interesados en la continuación de la guerra.

Obrando como proceden, esos antiguos mandos y combatientes de las FARC-EP no sólo adoptan un temerario comportamiento contrario las determinaciones de la Dirección Nacional de las FARC, sino que chocan frontalmente con los anhelos de Paz que anidan en el corazón del pueblo colombiano.

La Paz es y seguirá siendo una bandera de los verdaderos revolucionarios. El actual Comandante del Frente Primero de las FARC-EP, Armando Ríos, es el Comandante Gentil Duarte, quien hasta hace poco formó parte de la Delegación de Paz de las FARC-EP. El y su Estado Mayor se hallan en el área del Guaviare, en cumplimiento de las tareas trazadas por Dirección Nacional de las FARC-EP, de conformidad con lo pactado en la Mesa de La Habana 1659.

Que las FARC Desaparezcan Definitivamente Aunque no lo Hagan las Causas estructurales del Conflicto

La preocupación del Procurador General, está más centrada con el temor de que haya un rebrote guerrillero en el futuro -aunque este es un tema factible, ya que la guerrilla, dados los acontecimientos de la década de los ’80 de asesinato masivo de dirigentes de la UP, tiene motivos para desconfiar-, bajo el concepto de que hay que eliminar el “mal” y por lo tanto a los “malos”, que a las verdaderas causas estructurales por las que Colombia ha vivido en conflicto, en este último caso durante décadas, aunque la violencia no ha desaparecido nunca desde la declaración de independencia.

El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió que existían muchas dudas sobre la manera cómo se desarrollarán los Puntos presentados en el Acuerdo firmado el 23 de junio del 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC sobre el fin del conflicto, cese bilateral y entrega de armas en el marco del proceso de Paz.

Un Acuerdo de este tipo no se puede basar en la buena fe de las FARC y la ingenuidad del Gobierno”. Se deben corregir varios de los Puntos presentados, puesto que no existe una garantía para que las FARC se desarmen, se desmovilicen totalmente y no vuelvan a atacar a la población civil. “Para la Procuraduría el Acuerdo sobre dejación de armas y ‘zonas veredales transitorias de normalización’ para la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC, es incompleto, absolutamente insuficiente y no es garantía de que las FARC se desmovilizarán integralmente y de forma definitiva.

Tampoco ese Acuerdo es garantía de que nunca más podrán rearmarse”. Se puede inferir que no se les está obligando a las FARC, en ningún momento a entregar la totalidad de “sus aparatos violentos” ni a desmovilizarse. Puesto que en ningún Punto se hace referencia a las milicias bolivarianas o estructuras alternas de dicho grupo guerrillero. “Las milicias han sido en el último tiempo más relevantes en las hostilidades contra la fuerza pública que las unidades de guerrilla, son además instrumento de coerción sobre la población civil y de control del territorio a través de la amenaza y el uso de la fuerza”. Estas estructuras registran presencia en muchos Departamentos y podrían llevar a cabo acciones terroristas.

El Acuerdo firmado no garantiza la disolución definitiva de las FARC “como aparato violento”, puesto que no existe un control claro sobre la entrega de todo el armamento. “El mecanismo de monitoreo y verificación está restringido, limitado, reducido a lo que pacten las FARC y el Acuerdo. Es decir, la ONU no es autónoma para llevar a cabo todas las acciones que considere necesarias para asegurar que en efecto el desarme sea total”. El organismo internacional tiene un mandato de doce meses para la revisión del proceso de desarme “lo cual no le permitirá establecer si las FARC se quedaron con armas o si los integrantes de las milicias, que no se desmovilizará, quedarán con alguna reserva de armas (...) El monitoreo y la verificación se hará sobre las armas que las FARC voluntariamente quieran reconocer y entregar a la ONU.

El Acuerdo no señala los procedimientos que permitan establecer el número de armas que tiene ese grupo, tampoco si llegaren a existir armas que no se entregaron o si el grupo o fracciones del mismo escondieron armas o las vendieron a otras organizaciones al margen de la ley, como el ELN o bandas criminales.

De nada vale el desarme, si a las FARC se les permite conservar la riqueza ilícita con la cual se pueden rearmar en cualquier momento y atacar nuevamente a la población civil y a la fuerza pública. Los millones de dólares acumulados por el narcotráfico, la extorsión y la minería criminal y el hecho de que no se exija su entrega le permitirán mantener reservas financieras para volver a la violencia, si así lo decidieran”.

La Procuraduría solicita al Gobierno corrija los términos del Acuerdo presentado el 23 de junio del 2016, para asegurar que realmente las FARC desaparecerán como organización armada. No se puede admitir una falsa desmovilización y un falso desarme. El fin de las FARC debe ser para siempre 1660.

Debe Privilegiarse la Calidad de Información del Pueblo en la Toma de Decisiones

La victoria del Brexit en el referendo del 23 de junio del 2016, ha llevado a muchos en el Reino Unido a cuestionar los mecanismos de la democracia directa.

A preguntas estúpidas, respuestas estúpidas”, es una de las críticas más fuertes que ha recibido la idea de celebrar un referendo para decidir la permanencia o no de Reino Unido en la Unión Europea.

Los cuestionamientos a la lógica y mecanismos de la democracia directa se han multiplicado entre aquellos descontentos con el resultado. Dichos cuestionamientos han sido denunciados como antidemocráticos, pero se inscriben dentro de una tradición política que siempre ha visto con sospecha la realización de referendos y plebiscitos.

El Primer Ministro Clement Attlee le dijo a Winston Churchill en mayo de 1945:

No puedo consentir la introducción en nuestra vida nacional de un instrumento tan ajeno a todas nuestras tradiciones como el referendo, que demasiado a menudo ha sido el instrumento del nazismo y el fascismo”.

No todos en Colombia están de Acuerdo con la idea de celebrar un plebiscito para refrendar los Acuerdos entre Gobierno y FARC. ¿Puede aprender Colombia algo del proceso que parece haber hecho inevitable el Brexit?

Para el profesor emérito de la Universidad de Berna Jürg Steiner, uno de los riesgos con referendos y plebiscitos:

Es que la gente no conteste la pregunta que se le está haciendo, sino que use su voto para expresar frustraciones que van más allá”. “En alguna medida eso pasó con el Brexit, pues hubo gente que votó a favor de salir de la Unión Europea porque quería, por ejemplo, reducir la migración de musulmanes que no pertenecen a la UE”.

Algunos temen que en Colombia pueda ocurrir algo similar: que al dejar la aprobación final del Acuerdo a un pueblo que acumula más de cincuenta años de heridas y sufrimientos los rencores terminen imponiéndose y un voto negativo le aseste un golpe mortal a las posibilidades de Paz.

Críticas muy similares al mecanismo propuesto para refrendar los Acuerdos también han sido formuladas por aquellos que se oponen a lo negociado en La Habana o creen que el llamado “plebiscito por la Paz” -ya aprobado por el Congreso colombiano- le da una ventaja injusta al “Sí”.

La experta de la Universidad del Rosario Luisa Fernanda García dice que:

El plebiscito es un instrumento propio de democracias débiles y de Gobiernos autoritarios, en el que se apela a lo emocional, no a lo racional. En el caso colombiano, el plebiscito por la Paz un mecanismo ambiguo que busca inducir al pueblo colombiano a que diga que sí”.

El argumento de García es que resulta obvio que, si se lo coloca frente a una disyuntiva planteada en términos de Paz o guerra, “cualquier humano diría que quiere la Paz”.

Para Steiner el riesgo es que la gente no responda a la pregunta sino que utilice su voto para expresar otras frustraciones.

En el caso Colombiano eso puede ser difícil de implementar. Pero si el voto es ‘No’ se podría hacer una pregunta suplementaria con dos opciones: (a) se debe terminar el proceso de Paz, y (b) deben continuar las negociaciones de Paz”.

Sandra Borda, politóloga y Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cree que en el actual contexto político colombiano una victoria del “No” tendría que interpretarse como un mandato para regresar a la Mesa de trabajo:

Un voto por el ‘No’ no necesariamente implicaría que se pierde todo el esfuerzo anterior, pues incluso los ‘uribistas’ han empezado a promover el ‘No’ como un mandato para volver a la Mesa de negociación”. El conflicto no solo ha permeado la vida cotidiana de todos los colombianos, sino que lo ha hecho hasta el punto de que la refrendación popular del Acuerdo de Paz es la única forma de asegurar su legitimidad.

Luisa Fernanda García coincide en que Colombia no puede permitirse dar por bueno los Acuerdos sin participación ciudadana.

Un referendo sería, de hecho, una mejor opción que un plebiscito. Aunque el mecanismo idóneo sería una Asamblea Nacional Constituyente. “En ningún caso un plebiscito y mucho menos un plebiscito como el que se está proponiendo”.

Parta Steiner, preocupa más la calidad que la cantidad de la participación.

La dimensión clave si se le quiere dar más poder a la gente y tener democracias más inclusivas es la calidad del debate público que debe preceder la toma de decisiones, incluyendo aquellas que se toman a través de un plebiscito o un referendo. ¿Tienen los ciudadanos toda la información que necesitan para tomar una decisión? Hay que crear espacios de deliberación a nivel local por todo el país y asegurar las condiciones para que muestras representativas de la ciudadanía pueda encontrarse y sostener discusiones verdaderamente informadas sobre el proceso de Paz. Luego darle a representantes de esos grupos la oportunidad de compartir sus reflexiones y conclusiones con el resto de la población a través de los medios y otros espacios, de forma que en el debate nacional realmente se escuche la voz de los ciudadanos informados, y no sólo a los políticos o los expertos elegidos por los medios de comunicación. “Procesos deliberativos similares ya ocurren en diferentes partes, por ejemplo en Toscana, Italia”. Colombia debería tomarse “al menos seis meses, tal vez un año” organizando este tipo de discusiones “para garantizar que la gente realmente vota por la pregunta que se le está haciendo”.

Santos tiene tanta confianza en que el plebiscito será favorable a los Acuerdos de La Habana que asegura no tener un Plan B.

A pesar de que el Presidente Juan Manuel Santos dijo que acatará la voluntad del pueblo, sea cual sea el resultado del plebiscito, la realidad es que este no es vinculante”.

Las FARC han dado a entender que no retomarán las armas no importa lo que pase en el plebiscito. Carlos Antonio Lozada, un miembro del equipo negociador de las FARC en La Habana, aseguró que los rebeldes no creen que vayan a seguir con la guerra “incluso si el plebiscito resulta contrario a los Acuerdos” 1661.

Este tema tiene que ver con la “Pedagogía para la Paz”, tanto del lado del Gobierno como de la guerrilla. Sin embargo, por el lado del Gobierno, su Pedagogía es que las fuerzas armadas vencieron a la guerrilla que es narcotraficante y utiliza niños para ir al frente de batalla, y que no se modificarán el modelo económico ni el sistema político como parámetro inamovible, con la idea de que el fin del conflicto atraerá a los inversores; por otra parte, ha hecho oídos sordos a las demandas de los diferentes sectores de la sociedad civil e incluso ha criminalizado la demanda.

Por el lado de la guerrilla, su planteo es que el objetivo de la Paz es el de una democracia con justicia social, pero insiste con el socialismo del Siglo XXI, y la idea de que el capitalismo es el peor enemigo, por lo que, para lograr la justicia social, no deja muy en claro como acumulará capital para redistribuir y cómo hará para que los sectores empresariales y del capital que excluye, no busquen la manera de lograr un Gobierno que los incluya. Además, plantea la posibilidad de tener políticas excluyentes respecto de ciertos sectores empresariales y de inversiones que operen desde la perspectiva capitalista que considera nociva, por lo que alimenta conflictividad futura.

Pedagogía de La Paz con Inamovibles

La pedagogía para la Paz, que debería ser el eje e hilo conductor del proceso, particularmente en su etapa final, al menos la que está cerca del desarme, se vincula más con una “pedagogía del miedo” y con una sociedad civil débil, reclamante pero con muy poco poder por orientar el proceso en la dirección de una “Paz con justicia social”, al menos en el mediano-largo plazo, para Colombia.

Hay Oposición a la Paz Pactada

En una carta, el ex-Presidente Andrés Pastrana, invitó al Partido Conservador a decir NO en el plebiscito por la Paz y reiteró sus críticas a los diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Ante el golpe de Estado contra el orden constitucional y la legalidad que se pretende rematar con un plebiscito espurio he sostenido al margen de la dirección del partido, una posición de rechazo”.

El ex-Mandatario lamenta que el Gobierno envíe el mensaje a los colombianos de que si gana el “No”, gana la guerra. Sin embargo, reconoce la voluntad de las FARC de renegociar lo acordado en caso de que los colombianos decidan no apoyar el plebiscito.

El chantaje implícito en la disyuntiva de ‘Paz o guerra’ anunciada por el Presidente Santos, reiterado hace unos días, ha marcado el tono de su convocatoria a las urnas. Sin embargo, las FARC, sus socios electorales, se deslindaron del pronunciamiento manifestando que ganen o pierdan en las urnas no volverán a la guerra. Paradójicamente, la guerrilla abrió así una puerta a la Paz en torno a la necesidad de afinar los Acuerdos pacíficamente en la eventualidad de una victoria del ‘NO’. En la recta final, si se da el voto mayoritario por el ‘NO’, la refinación de temas tales como el de la conveniencia constitucional del umbral plebiscitario del trece porciento, los controles al Tribunal Especial o la adición a la Constitución de todos y cada uno de los Puntos de los Acuerdos es una oportunidad única para lograr una Paz sin cabos sueltos. ‘El diablo está en los detalles’, dicen los anglosajones” 1662.

Negociar es Reconstruir el País no Desarmar a la Guerrilla

El nuevo Presidente del Senado durante la instalación de un nuevo período de sesiones del Congreso, llamó a acabar la polarización, para abrirle paso al nuevo país y su convocatoria a que “se haga bien la Paz”. Los relojes de los políticos de los partidos tradicionales, apenas marcan tiempos de cuatro años, más allá de los cuales dejan de funcionar. Por esto, Santos se afana en meter en su período, toda la gestión de Gobierno, aunque quede mal ajustada.

Esto explica que acelere el Plebiscito, en el cual los colombianos deben pronunciarse sobre el proceso de Paz; cuando aún no se ha firmado un Acuerdo Final con las FARC y el Gobierno mantiene congelada la negociación con el ELN.

Con este Plebiscito exprés no queda bien hecha la Paz. Muchos dicen que el afán de Santos es ganarle el pulso al ex-Presidente Uribe, puja en la que el proceso de Paz apenas es un medio para lograr su objetivo. Riña que polariza a las elites gobernantes y detrás de ellas, imponen una polarización creciente al conjunto de la sociedad colombiana. De esta forma, quienes voten por el Sí en el Plebiscito serían asimilados como aliados de Santos, mientras que quienes voten por el No serán vistos como seguidores de Uribe. Estratagema que pinta todo de blanco y negro, cuando la realidad colombiana es mas compleja y muy distinta a la desfiguración, que pretenden imponernos.

El Plebiscito es otra artimaña publicitaria, que intenta ser presentado como sinónimo de la Paz. Se pretende polarizar a los colombianos a favor de una u otra fracción de la oligarquía. Lo preciso es que mediante el Plebiscito se refrendará sólo el desarme de las FARC, pero aún se está muy lejos de alcanzar la Paz, ya que se mantienen todas las causas que originaron el conflicto. La polarización mediática entre Santos y Uribe en torno al Plebiscito, se evapora, cuando se plantea que la Paz sólo será posible cuando se hagan las transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado.

Santos y Uribe tienen solidaridad de cuerpo como oligarquía, pues ninguno está dispuesto a ceder sus privilegios como bloque dominante, y se aferran al poder con toda la capacidad indiscriminada del uso de la violencia. Tal polarización lleva a que no quede bien hecha la Paz, a que el conflicto tenga un falso fin y rebrote, más temprano que tarde.

El ELN respeta el camino que han tomado los compañeros de las FARC, así no lo comparta, dado que los Acuerdos de La Habana marcan una ruta, que no interpreta la Agenda ni la metodología de negociación, que la dirigencia del ELN ha pactado con el Presidente Santos, y que se anunció conjuntamente en Caracas, el 30 de marzo del 2016. Podría pensarse que el congelamiento de la Mesa de negociaciones con el ELN, obedece a la táctica escogida por Santos de primero pactar con una guerrilla, para enseguida imponerle tales Acuerdos a la otra; a la vez que con el Plebiscito saca buenos réditos políticos, para luego si descongelar estos diálogos. Maniobra que cuestiona la voluntad de Paz del Gobierno. Vista así esta parte de la coyuntura colombiana, hay que decir que el Plebiscito convocado, se halla “entre dos aguas”, pues mientras Uribe trata de hundirlo, Santos busca sacarlo a flote.

En un drama, que merece llamarse de Paz incompleta, y por esta vía, nunca llegará a ser ni justa ni duradera 1663.

El Plebiscito va en Dirección Opuesta al Acuerdo de Paz

Para las FARC, la Paz de Colombia no puede ser puesta en peligro por ligerezas políticas.

No es el plebiscito un mecanismo apto para producir normas, o para modificarlas, refrendarlas o derogarlas. Mucho menos constituye tal instrumento, camino alguno para reformar la Carta”. No aceptamos la aplicación del llamado Plebiscito. “En nuestra opinión el plebiscito refrendatorio desconoce el Acuerdo General, la Constitución, el Estado de Derecho y las normas de funcionamiento del Estado colombiano. Dejemos de lado lo que no haya surgido de los textos del Acuerdo General y busquemos conjuntamente vías jurídicas que permitan la inmediata implementación de todo lo acordado en La Habana una vez se firme el Acuerdo Final. Manos a la obra. El país lo agradecerá” 1664.

Por otra parte, existe el peligro de que al ganar el “No”, se entraría a renegociar una nueva Agenda impuesta por sus promotores: la extrema derecha o el “uribismo”.

Santos Hace Llamado a Pedagogía y Socialización de la Paz

El Presidente aseguró que la firma de un Acuerdo con las FARC, era tan solo el primer paso para la construcción de la Paz y que no se podía esperar que los problemas del país se resuelvan de la noche a la mañana.

La Paz no es perfecta, nadie va a quedar cien porciento satisfecho, ni nos va a resolver todos los problemas al día siguiente de firmarla, pero definitivamente es mejor que la guerra”.

En este proceso, se necesita que los medios cumplan con el papel de buscar la verdad, ha habido mucha desinformación, mentiras y rumores que han generado mucha incertidumbre en la gente. Uno se pregunta por qué la gente no está a favor de terminar el conflicto y cuando uno investiga, se da cuenta de que la gente está con incertidumbres y no tiene la información clara”.

El fin del conflicto es una condición necesaria pero no suficiente para la construcción de la Paz, que empieza por cada uno de nosotros. Hay que deshacerse del odio, de la venganza, las víctima son un gran ejemplo de eso”.

En igual sentido se pronunció la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías, al señalar que la comunidad internacional confía en que el proceso de Paz llegue a buen término para que haya prosperidad en el país:

Para que esto sea posible hay que ponerle manos a La Paz. La Paz no es estática, hay una forma de hacerla día tras día, construyendo una visión de futuro compartido. La construcción de la Paz en Colombia es un esfuerzo conjunto pero también individual” 1665.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


1607 Las Fuerzas Militares en un escenario de postconflicto, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/fuerzas-militares-un-escenario-de-postconflicto-articulo-553707.

1608 Fuerzas Militares tendrán que tomar posesión de santuarios de FARC en postconflicto, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-2-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/fuerzas-militares-tendran-tomar-posesion-de-santuarios-articulo-614130.

1609 Delegación de Paz de las FARC-EP: Precisiones sobre el Acuerdo Especial, en PazFARC-EP.org, 6-5-2016, http://pazfarc-ep.org/index.php/comunicadosfarccuba/item/3425-precisiones-sobre-el-acuerdo-especial.

1610 Cese al fuego bilateral podría estar listo el 1 de enero de 2016: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-10-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/cese-al-fuego-bilateral-podria-estar-listo-el-1-de-ener-articulo-595703.

1611 Cese el fuego bilateral contará con la verificación de la ONU, en Diario El Espectador, Bogotá, 29-10-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/cese-al-fuego-bilateral-contara-verificacion-de-onu-articulo-595924.

1612 FARC-EP y Gobierno Crean Mecanismo para el Monitoreo del Cese el Fuego, en PazFARC-EP.org, 19-1-2016, http://www.PazFARC-ep.org/noticias-comunicados-documentos-FARC-ep/delegacion-de-Paz-FARC-ep/3293-FARC-ep-y-Gobierno-crean-mecanismo-para-el-monitoreo-del-cese-al-fuego. También, Gobierno y FARC sellan Acuerdo para establecer mecanismo de verificación de la ONU en dejación de armas, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-1-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/Gobierno-y-FARC-sellan-acuerdo-establecer-mecanismo-de-articulo-611481.

1613 ¿Qué es y qué significa un cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo?, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-3-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/y-significa-un-cese-del-fuego-y-de-hostilidades-bilater-articulo-611512.

1614 Comunicado Conjunto #66, en PazFARC-EP.org, 22-1-2016, http://www.pazFARC-ep.org/noticias-comunicados-documentos-FARC-ep/comunicado-conjunto/3301-comunicado-conjunto-66.

1615 En base al Artículo de Morantes, Sofia, La Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil: Las Limitaciones del Modelo DDR (Desarme, Desmovilización, Reintegración), en PazFARC-EP.org, 1-4-2016, http://kaosenlared.net/colombia-las-irregularidades-del-indulto-a-los-presos-de-las-FARC/.

1616 Retiro de FARC de lista de terroristas depende de desarme total, en Diario El Espectador, Bogotá, 2-2-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/fuerzas-militares-tendran-tomar-posesion-de-santuarios-articulo-614130.

1617 Santos dice que firma de paz el 23 de marzo está “casi descartada”, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-3-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-dice-firma-de-paz-el-23-de-marzo-esta-casi-desca-articulo-621861.

1618 Ver más arriba bajo el Título: “Las Organizaciones de la Sociedad Civil Reclaman al Gobierno su Falta de Atención”.

1619 Timochenko también descarta que la Paz se firme el 23 de marzo, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-3-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/timochenko-tambien-descarta-paz-se-firme-el-23-de-marzo-articulo-621905.

1620 Cosoy, Natalio, Por qué no se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC cuando estaba previsto, en BBC Mundo en Español, 24-3-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160324_colombia_gobierno_FARC_habana_no_firma_acuerdo_nc.

1621 Duque, Horacio, Colombia: La seguridad jurídica de la Paz, en Kaosenlared.net, 8-5-2016, http://kaosenlared.net/colombia-la-seguridad-juridica-de-la-paz/. También, http://anncol.eu/opinion/item/4037-la-seguridad-juridica-de-la-paz.

1622 Cosoy, Natalio, Fuerzas que se Autodefinen como Paramilitares Paralizan en Colombia una Región más Grande que Jamaica, en BBC Mundo en Español, 1-4-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160331_colombia_uraba_paro_armado_gaitanistas_usuga_nc.

1623 FARC dicen que amenaza paramilitar impide avances en La Habana, en Diario El Espectador, Bogotá, 6-4-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/FARC-dicen-amenaza-paramilitar-impide-avances-habana-articulo-625676.

1624 En base al Artículo de Morantes, Sofía, El Fenómeno del Paramilitarismo: más allá del Debate Semántico, en PazFARC-EP.org, 14-4-2016, http://pazFARC-ep.org/index.php/component/k2/item/3397-el-fenomeno-del-paramilitarismo-mas-alla-del-debate-semantico.

1625 La Magnitud del Fenómeno Paramilitar, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 22-4-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/3905-la-magnitud-del-fenomeno-paramilitar.

1626 Gabriel Angel, La importancia del Acuerdo sobre paramilitarismo, en PazFARC-EP.org, 26-4-2016, http://pazfarc-ep.org/index.php/component/k2/item/3416-la-importancia-del-acuerdo-sobre-paramilitarismo.

1627 Acciones ofensivas de fuerzas militares contra campamentos de FARC-EP, en PazFARC-EP.org, 4-5-2016, http://pazfarc-ep.org/index.php/component/k2/item/3426-acciones-ofensivas-de-ff-mm-contra-campamentos-de-farc-ep.

1628 Duque, Horacio, Colombia: El Articulo de la Paz, en Kaosenlared.net, 19-5-2016, http://kaosenlared.net/colombia-el-articulo-de-la-paz/.

1629 Duque, Horacio, Colombia: Seguridad jurídica y política para la Paz, en Kaosenlared.net, 16-5-2016, http://kaosenlared.net/colombia-seguridad-juridica-y-politica-para-la-paz/.

1630 Uribe convoca a resistencia civil contra Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá 9-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/uribe-convoca-resistencia-civil-contra-acuerdo-de-paz-articulo-631445.

1631 Timoleón Jiménez, Doctor Uribe, conversemos tranquilamente, en PazFARC-EP.org, 14-5-2016, http://pazfarc-ep.org/index.php/comunicadosestadomayorfarc/item/3436-doctor-uribe-conversemos-tranquilamente. También, Timochenco Invita a Uribe a Discutir “Sobre su Llamado a la Resistencia Nacional contra la Paz”, en Diario El Espectador, Bogotá, 14-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/timonchenko-invita-uribe-discutir-sobre-su-llamado-resi-articulo-632347.

1632 Uribe a Timochenko: “Nuestras preocupaciones y alternativas están por escrito”, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/uribe-timochenko-nuestras-preocupaciones-y-alternativas-articulo-632495.

1633 Uribe intentó negociar con las FARC con ofertas que nosotros no hemos hecho: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/uribe-intento-negociar-farc-ofertas-nosotros-no-hemos-h-articulo-636178.

1634 Es viable dar estatus de Acuerdo Especial Internacional al Pacto con las FARC, opinan expertos, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/viable-dar-estatus-de-acuerdo-especial-internacional-al-articulo-632024.

1635 Acuerdo de Blindaje Jurídico como Pacto de Estado. Las Quejas de Claudia López y el Procurador, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 13-5-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/4081-acuerdo-de-blindaje-juridico-como-pacto-de-estado-las-quejas-de-claudia-lopez-y-el-procurador.

1636 “Serán el pueblo, el Congreso y la Corte quienes darán validez a Acuerdo final”: Santos Diario El Espectador, Bogotá, 16-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/sera-el-pueblo-el-congreso-y-corte-quienes-daran-valide-articulo-632639.

1637 Araujo Rentería, Jaime (ex-Magistrado), Colombia - ¿blindando la dictadura civil de Santos?, en Kaosenlared.net, 23-5-2016, http://kaosenlared.net/colombia-blindando-la-dictadura-civil-de-santos/.

1638 Congreso aprueba en último debate blindaje jurídico a Acuerdo final de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-tiempos-legislativos-paz-articulo-635553-0.

1639 Se abre camino a Constituyente tras decisión de la Corte de salvar Sala Administrativa de la Judicatura, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/se-abre-camino-constituyente-tras-decision-de-corte-de-articulo-635576.

1640 Timochenko y el Presidente podrán redactar la Constitución que quieran: Procurador, en Diario El Espectador, 2-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/timochenko-y-el-presidente-podran-redactar-constitucion-articulo-635643.

1641 Ver Anexo III.

1642 Ver el tratamiento de este tema más arriba bajo el Título: “Unión Patriótica: Víctimas de ‘Masacre’”.

1643 Reitero lo dicho anteriormente en relación con lo ocurrido con los miembros del Partido Unión Patriótica (UP).

1644 Las tres claves del Acuerdo sobre el fin del conflicto, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/tres-claves-del-acuerdo-sobre-el-fin-del-conflicto-articulo-639495.

1645 Adiós a la Guerra: Mañana es el primer día de la victoria de las fuerzas militares: Mindefensa, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/manana-el-primer-dia-de-victoria-de-fuerzas-militares-m-articulo-639435.

1646 La Paz es la victoria de las fuerzas armadas: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/paz-victoria-de-fuerzas-armadas-santos-articulo-640331.

1647 Estas son las 23 zonas de concentración donde estarán las FARC, en PazFARC-EP.org, 24-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/estas-son-23-zonas-de-concentracion-donde-estaran-farc-articulo-639658.

1648 Así es el cronograma y procedimiento de dejación de armas de las FARC, en PazFARC-EP.org, 23-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/politica/asi-el-cronograma-y-procedimiento-de-dejacion-de-armas-articulo-639490.

1649 Comunicado sobre fin de las medidas de tributación de las FARC-EP, en PazFARC-EP.org, 6-7-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3488-comunicado-sobre-fin-de-las-medidas-de-tributacion-de-las-farc-ep.html.

1650 En base al artículo de Ramos Quintero, Pilar (Integrante de la Comisión de Paz de la organización social y política Congreso de los Pueblos), Colombia. [Análisis] Derecho a la protesta en el nuevo Código de policía: ¿en contravía de la Paz?, enKaosenlared.net, 9-7-2016, http://kaosenlared.net/colombia-analisis-derecho-a-la-protesta-en-el-nuevo-codigo-de-policia-en-contravia-de-la-paz/.

1651 La Paz está herida: Alvaro Uribe Vélez, en PazFARC-EP.org, 23-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/paz-esta-herida-alvaro-uribe-velez-articulo-639501.

1652 Uribe señala a Bernie Aronson de tener posibles intereses económicos detrás del apoyo a la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá 5-7-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/uribe-senala-bernie-aronson-de-tener-posibles-intereses-articulo-641500.

1653 Las claves del Acuerdo sobre garantías de seguridad, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/claves-del-acuerdo-sobre-garantias-de-seguridad-articulo-639483.

1654 También ver más arriba bajo el Título: “Un Conflicto no Termina hasta que no se Solucionan las Causas”.

1655 Grupo Libertario Vía Libre, Ante el Acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en Kaosenlared.net 27-6-2016, http://kaosenlared.net/ante-el-acuerdo-de-cese-al-fuego-bilateral-y-definitivo-entre-el-gobierno-colombiano-y-las-farc-ep/.

1656 Firmar y Congelar, una Táctica, en ELN, Voces de Colombia, 27-6-2016, http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/comando-central/editorial/699-firmar-y-congelar-una-tactica.

1657 Grupo Quimera, Cuando el Gobierno dice que va arreciar contra el ELN, es el último día de la guerra, en Kaosenlared.net, 6-7-2016, http://kaosenlared.net/el-fin-del-conflicto-armado-en-colombia/.

1658 Cosoy, Natalio, Colombia: cómo es y dónde opera el Frente Primero, el grupo de las FARC que no quiere dejar las armas, en BBC Mundo en Español, 7-7-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36738327.

1659 FARC desautoriza a Frente Primero para hablar de disidencias, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 8-7-2016, hhttp://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/4613-agencias. También, Comunicado sobre el Frente Primero Armando Ríos, en PazFARC-EP.org, 8-7-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3490-comunicado-sobre-el-frente-primero-armando-rios.html.

1660 No existe una garantía sobre el desarme y desmovilización de las FARC: Procurador General, en Diario El Espectador, Bogotá, 27-6-2016, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-existe-una-garantia-sobre-el-desarme-y-desmovilizaci-articulo-640112.

1661 Wallace, Arturo, Qué puede aprender Colombia y su plebiscito por la Paz del referendo en Reino Unido para abandonar la Unión Europea, en BBC Mundo en Español, 1-7-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36686903.

1662 Proceso de Paz: Pastrana invita al conservatismo a decir No en plebiscito por la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-7-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/pastrana-invita-al-conservatismo-decir-no-plebiscito-pa-articulo-645871.

1663 Un Plebiscito Entre Dos Aguas, en ELN, Voces de Colombia, 1-8-2016, http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/comando-central/editorial/738-un-plebiscito-entre-dos-aguas. También Más de Cuatro Años y Medio de Negociaciones Demuestran que no es un Proceso Exprés, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 1-8-2016, http://anncol.eu/colombia/cultura-sociedad/item/4838-2016-08-02-03-24-17.

1664 FARC-EP: El Plebiscito va en dirección contraria al Acuerdo final, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 2-8-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/4843-pazfarc-ep-org. También https://www.youtube.com/watch?v=T0ULtGfNPeg.

1665 Santos hizo un llamado a la pedagogía y socialización del proceso de Paz de La Habana para evitar que persista la desinformación sobre lo quesera acordado hasta el momento en el proceso, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia 3-8-2016, http://anncol.eu/colombia/cultura-sociedad/item/4845-la-paz-no-es-perfecta-pero-es-mejor-que-la-guerra-santos.