Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XL

La Reinserción: un Problema Central en el Proceso de Paz

La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), llevó a cabo un encuentro internacional en la localidad de Pereira, capital del Departamento de Risaralda, para intercambiar experiencias sobre el proceso de reinserción en el mundo.

El Director de la Agencia, Jhosua Mitrotti, hizo referencia a la experiencia de la Agencia en varios países, como el Congo, Filipinas, Haití, México y Brasil, dando a conocer lo que ellos han hecho para aprender de sus errores y aciertos.

La Agencia desmovilizó en Colombia desde el 2003, cincuenta y siete mil personas; treinta y dos mil de forma colectiva, producto de los Acuerdos de Paz en Santafé de Ralito, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por otro parte, hay unas veintiún mil personas provenientes de las FARC y el ELN, y cuatro mil que, de forma individual, se desmovilizaron de las AUC. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa entre 2014 y 2015, de las cincuenta y siete mil personas, por año han entrado al Programa unas mil a mil doscientas.

Para Jhosua Mitrotti, el proceso de desmovilización con los paramilitares permitió un gran aprendizaje. Desde el punto de vista militar, le quitó a la guerra en Colombia dieciséis mil armas, una cifra mucho más alta que el promedio internacional. Eso implica que los desmovilizados de las autodefensas entregaron un arma por cada dos hombres, mientras que en el promedio internacional va en un rango de un arma por cada tres y medio a cinco hombres.

Los desmovilizados han contribuido con información sobre fosas comunes, crímenes y temas de parapolítica. Ha sido un proceso que le permitió al Estado ir desafiando, construyendo y generando capacidad institucional y capital humano de amplias instituciones, como la Unidad de Víctimas, la Unidad de Memoria Histórica, restitución, salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), donde se ha aprendido a atender a esta población. Hoy el Estado tiene cierta experiencia.

Hay dos elementos que se deben considerar para pensar en términos de logro y éxito en el largo plazo de los procesos de reintegración:

i. la estabilidad jurídica; y

ii. la seguridad individual y colectiva.

Cuando estos dos factores no son garantizados por parte del Estado, normalmente hay una alta tasa de reincidencia y de fracaso en los procesos. Es la población de Colombia la que tiene que lograr que el Estado no incumpla. Si el Estado no cumple, todos pueden actuar en consecuencia.

Mientras dura el proceso de negociación en La Habana, y se toman decisiones sobre la futura reintegración de miembros de las FARC y el ELN, la Agencia Colombiana de Reintegración mantiene aún treinta y dos mil personas, que tienen que culminar el proceso de reinserción. A ellos les quedan cuatro o cinco años, y hay que terminar sus procesos para que puedan ejercer la ciudadanía lejos de la vulnerabilidad, particularmente derivada de contextos de violencia.

El setenta y seis porciento de los desmovilizados, están comprometidos con la legalidad. Solo el veinticuatro porciento ha reincidido o está en riesgo de hacerlo. Se debe trabajar en el largo plazo para ayudar a que el desmovilizado pase de su pasado violento a una vida en comunidad. Esto requiere, no sólo de un compromiso por parte del desmovilizado, sino y fundamentalmente por parte del Estado -los Gobiernos de turno- y la comunidad en la que el desmovilizado se reinserte 1549.

La ONG holandesa Pax Christi, ha hecho un diagnóstico sobre la falta de éxito en el proceso de desmovilización y reinserción en Colombia de los paramilitares, durante el Gobierno de Uribe Vélez. Entre los diferentes problemas que identificó, están:

i. no se han resuelto las raíces del conflicto;

ii. el proceso no ha sido suficientemente transparente;

iii. faltaron recursos;

iv. hay impunidad;

v. los procesos de reinserción son demasiado cortos.

El Gobierno de Uribe Vélez, no solucionó los problemas de fondo que han alimentado la guerra: narcotráfico, desigualdades socioeconómicas, dificultad de acceso a la justicia, entre otros.

Hubo falta de transparencia de la negociación entre el Gobierno y las AUC y no se involucró a la sociedad colombiana, que hubiera tenido que ser uno de los actores principales, para que funcionara la desmovilización y la reinserción. Esto ha hecho que tuvieran un impacto negativo en el éxito del proceso. La sociedad ha manifestado tener poca confianza en el proceso, a la vez que las comunidades no estaban listas para recibir a ex-paramilitares. Según el análisis de Pax Christi, uno de los problemas fue que el Gobierno de Uribe:

Consideraba el desarme, la desmovilización y la reinserción como un asunto de seguridad técnica apto solamente para él y unos pocos especialistas en seguridad”.

Aunque el Gobierno trató de avanzar en la dirección de reducir los niveles de impunidad, ya que rompió con una tradición de amnistías generales, aún hay problemas:

i. Justicia y Paz no incluyó agentes del Estado, “lo que dejó intacta la impunidad en nombre del Estado” y puede ser “percibido como una legitimización de la violencia”.

ii. Justicia y Paz no ha tenido suficientes recursos y personal para poder avanzar más rápido. “Los procesamientos en Colombia generalmente no sirven para exponer las cadenas de mando y las estructuras criminales; se concentran, más bien, en victimarios directos y generalmente fracasan en apuntar a los mayores responsables de crímenes cometidos como parte de un aparato criminal particular o de una práctica estatal”.

iii. Uno de las fallas más graves del proceso de reinserción en Colombia ha sido que la asistencia gubernamental sólo duró entre tres y doce meses. Para Pax Christi debía ser como mínimo de un año, pues la mayoría de desmovilizados pasaron muchos en años en la guerra. Por estar tan poco tiempo a cargo del Gobierno, no se ha logrado un trabajo de la sociedad con los desmovilizados: “Sin un compromiso a largo plazo, resulta muy difícil comprometer constructivamente a la población local en la reconciliación con los antiguos combatientes. Los programas de reinserción comunitaria son un buen ejemplo de esto, ya que su duración está limitada de tres a doce meses. Esta duración es percibida, tanto por los miembros de la comunidad como por los antiguos combatientes, como inadecuada después de varias décadas de conflicto. Un período que dure menos de doce meses no proporciona el tiempo necesario para construir confianza o un contenido significativo del programa y no deja margen para superar los problemas iniciales durante la implementación.”

iv. Se diseñó una política de desarme y reintegración de manera centralizada, poco flexible, cuando Colombia es un país de regiones, donde cada una de ellas tiene particularidades que son difíciles de entender desde las capitales.

La reinserción, no consta sólo de quitar un arma y un uniforme al que se desmoviliza; hay que devolverle la identidad civil, generarle confianza psicológica para que pueda aprender a vivir sin un arma y en condiciones de constante vigilia por su vida; trabajar los futuros problemas de Derechos Humanos que se presentarán en el medio de quienes se reinsertan ya que, en gran cantidad de casos, continuarán las desconfianzas y enemistades entre quienes forman parte del medio social y quienes se reinsertan -o intentan reinsertarse-, social, política y laboralmente.

Mi experiencia como observador internacional de la CIAV-OEA en el caso Nicaragua (1990), coincide con lo que muchos desmovilizados en diferentes partes del mundo comentan, cuando hacen referencia a la sensación psicológica y material que se vive en el proceso de reinserción o una vez reinsertados. El hecho de entregar el arma, les genera una gran inseguridad, ya que han vivido con una durante mucho tiempo. También las situaciones en las que el medio social que los recibe no es totalmente amistoso, ya que existen quienes tienen diferencias o ven con malos ojos los antecedentes guerrilleros de los reinsertados, sea porque ideológicamente no coinciden o por considerar que sólo están dispuestos a operar con la fuerza. Muchos desmovilizados, cuando se les pregunta por el motivo por el que se alistaron en el grupo guerrillero, tienen una respuesta estructurada, resultado del adoctrinamiento que recibieron. Muchos, particularmente en los sectores rasos, no tienen una respuesta racional, sino sólo una serie de frases hechas y dictadas por quienes los reclutan -sean estos de la derecha, como fue el caso de la “contra” entrenada y financiada por el Gobierno norteamericano de Ronald Reagan con apoyo logístico de miembros de las fuerzas armadas argentinas, para desestabilizar al Gobierno “sandinista” de Daniel Ortega; o de izquierda, como muchos grupos en diferentes países latinoamericanos-. Algunos “contra” hablaban de defender la “democracia” pero no podían definir su significado, a la vez que llevaban alias como “Lenin” o “Marx” en la lucha contra el comunismo 1550. Muchos guerrilleros de izquierda ignoran quién era Marx o Lenin, pero operan en su lucha, contra lo que consideran la ausencia del Estado, la injusticia social y la explotación 1551.

Entender todo este proceso, especialmente cuando se trata de reinsertar a guerrilleros, resulta muy complejo y no sólo basta con firmar un Tratado en el que se decidan tiempos y formas de desarme y desmovilización y reinserción. Se trata de personas -hombres y mujeres- que deben reinsertarse plenamente en la sociedad, en lo psicológico, lo político-ideológico, lo laboral y esto requiere de una presencia activa y cuidadosa por parte del Estado -el/los Gobierno/s de turno-.

Un tema tan importante como la reinserción de los desmovilizados, es la entrega de armamento en el proceso de desmovilización. El comando de la guerrilla busca un proceso escalonado de desmovilización, para no verse en situación de debilitamiento. En muchos casos, conserva las armas más importantes para el final del proceso y muchas veces -esto es algo que no se conoce oficialmente en las formas, el tipo ni en la cantidad- entierran armas por si se presentan situaciones en el futuro y mandan al guerrillero raso a desmovilizarse con alguna arma vieja 1552.

Igualmente el desarme y qué hacer con las armas producto del mismo. En algunos casos, simbólicamente se funden las armas, para que nunca más sean utilizadas. No obstante, debe entenderse que “conflicto” y “armamento” no necesariamente están relacionados. La conflictividad existe, no porque hay armas, sino porque hay situaciones de desequilibrio social, de inequidad, de opresión, marginalidad, etc. Que se usen o no armas para dirimir el conflicto, es otro tema. Muchas veces se procede al desarme, pensando en la finalización del conflicto, cuando en los hechos, este queda “latente”, ya que las demandas no son satisfactoriamente cubiertas.

El Gobierno de Colombia tiene un plan, aunque no es seguro de que esté orientado al fin del conflicto y a la “Paz”. El desarme es uno de los temas, de interés para el Gobierno, pero otro, de interés para las guerrillas, es el de su futuro judicial, como resultante del proceso de reinserción. En este tema, el Gobierno ha generado, de manera unilateral, una “Justicia Transicional” no aceptada por las FARC o el ELN, ya que se contempla la cárcel para ellos, pero no para los responsables de las fuerzas militares o policiales y también del/os Gobierno/s 1553.

Gobierno Colombiano Plantea Principios para la Paz

Mientras el líder de las FARC, Timoleón Jiménez alias “Timochenko”, en una carta abierta señalaba que “por primera vez en muchos años Colombia se acerca al fin del conflicto armado gracias a un proceso de Paz que se realiza con éxito en La Habana”; el Jefe de la Delegación del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto De La Calle, publicó quince principios para la Paz:

1. Es posible ponerle fin al conflicto mediante la solución política.

2. Una solución solamente militar es larga y dolorosa.

3. Las víctimas son la justificación ética del diálogo. Las víctimas están en el centro. Pero también las víctimas futuras. Aquellas que podemos evitar.

4. La solución jurídica debe cobijar a los distintos actores. Cada uno de ellos debe asumir su responsabilidad. La definición de justicia no se limita al castigo. Hay formas de justicia restaurativa que contribuyen a una más amplia satisfacción de los derechos de las víctimas. La justicia ciega no puede obstaculizar el logro de la Paz.

5. La reparación es esencial. Simbólica, espiritual y también material.

6. La Verdad es el punto de partida de la reconstrucción del tejido social.

7. El perdón es decisión personal, pero la sociedad no puede estancarse en el rencor. No para la condescendencia pero sí para la reconciliación.

8. Olvidar el campo es un error económico y una invitación a perpetuar una fuente de inequidad que ejerce influencia nociva también sobre la vida urbana.

9. Participación política. Los avances logrados para fortalecer nuestra democracia no son argumento para frenar la ampliación del horizonte de la política.

10. El fin del conflicto es crucial para superar el problema de las drogas.

11. La reinserción debe hacerse en un marco de dignidad.

12. Con cincuenta años de duración y más de seis millones de víctimas, la excusa del “tú también eres responsable” y la disculpa de “tú empezaste” son argumentos irrelevantes al momento de terminar este doloroso conflicto.

13. La Paz va más allá del silencio de los fusiles. El fin del conflicto es una oportunidad para realizar cambios profundos.

14. La financiación de los Acuerdos exige el aporte de todos, el que a su vez es un incentivo para la cooperación internacional.

15. El fin del conflicto y la puesta en marcha de una Paz firme deben ser un propósito que incluya a todos los colombianos 1554.

En La Habana se Negocia el Fin del Conflicto Armado no del Social

En Colombia existen constantes movilizaciones sociales, generadas por diferentes sectores y por las más variadas razones y demandas, que no han sido atendidas históricamente ni en la actualidad, lo que muestra que el Gobierno sólo está interesado en el fin del conflicto desde el punto de vista militar, pero no en eliminar la causas estructurales que lo han generado y alimentado.

Paradójicamente o de manera cómplice, no se hace nada para frenar la renovada actividad de los grupos paramilitares, que han sido desmovilizados durante el Gobierno de Alvaro Uribe, pero que vuelven a operar 1555 en contra de esas luchas y reivindicaciones, generando nuevos desplazamientos internos y hacia el exterior. Lo que busca la persecución en Colombia es que los defensores de los Derechos Humanos, los sindicalistas, los luchadores sociales, abandonen sus causas.

Quienes son o han sido desplazados, carecen de voz en el proceso de pacificación encarado por el Gobierno con las guerrillas, por lo que temas importantes que tienen que ver con el bienestar y las demandas de los diferentes sectores de la sociedad, están totalmente ausentes en este proceso.

En Colombia hay aproximadamente seis millones y medio de desplazados internos a consecuencia de usurpaciones de tierras, amenazas, presiones y coacciones de diverso tipo. Los datos de la Fiscalía, hablan de un mínimo de cincuenta mil detenidos desaparecidos, el doble del número que arrojan los informes más extensos sobre desaparecidos durante la dictadura argentina. En el exterior hay aproximadamente entre cuatrocientos a cuatrocientos cincuenta mil exiliados. Las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército desde el 2002 hasta el 2015, son más de cinco mil quinientos casos; es lo que se conoce como “falsos positivos”, una de las tipologías de desaparición forzosa. El nivel de persecución es muy significativo.

Respecto de las mujeres en su condición de género, en cualquier conflicto o guerra, son doblemente víctimas, debido a la estructura patriarcal y machista que no acepta que tenga acceso a la transformación social. Además o precisamente por ello, son parte del botín de guerra. Existe una gran violencia sexual, que afecta especialmente a quienes trabajan en barrios marginales. El Gobierno nacional discrimina a la mujer a la hora de proporcionarles protección. Existen gran cantidad de denuncias no atendidas en la Fiscalía por amenazas que sufrieron.

Las mujeres juegan un papel muy importante en la estructura social. En los conflictos armados lo primero que se recluta son los hombres, y eso deja en la sociedad un hueco que ocupan las mujeres, muchas de las cuales asumen un liderazgo social, un papel directivo. Eso hace que, en la guerra sucia que hay contra los sectores populares de Colombia, las mujeres sean un objetivo primario.

En este proceso de negociación encarado por el Gobierno de Santos, se está en un punto de inflexión. La situación es diferente a la de otros momentos. La guerrilla colombiana ha tenido cinco intentos de tregua unilateral, que fracasaron, pero en este proceso, por primera vez luego de tres años de negociaciones, se puede comenzar a hablar de bilateralidad. El Gobierno está cediendo en lo que respecta a su papel en el cese el fuego y los bombardeos, tal vez porque también por primera vez, la comunidad internacional se está involucrando. Felipe González estuvo en el país. Hay una presión directa de la Unión Europea para que el Acuerdo de Paz se firme, porque ya no conviene que un Gobierno aliado continúe con un conflicto armado de más de cincuenta años. De todas formas, debe tenerse en claro que la firma de un Acuerdo de Paz no quiere decir que automáticamente se atiendan las demandas sociales o que el sistema político se transforme en potable para aquellos que buscan o demandan reformas profundas; ni siquiera que se alcance a tener un Estado de Derecho. El Acuerdo es simplemente el primer escalón. Cuando se habla con la gente del común, se toma conciencia de que se ha vendido mucho la idea de la Paz, en la que luego de la firma de un Acuerdo todo pasa a ser perfecto. El tema de la reparación de las víctimas, del reparto de tierras y otros importantes, seguirán existiendo, y sólo se irán solucionando con el tiempo y si se lucha por ello.

Los movimientos sociales colombianos han buscado históricamente solucionar el conflicto interno políticamente; no solamente detener el conflicto armado sino poner remedio a las causas estructurales del conflicto. Los diálogos son el primer paso de la sociedad colombiana para avanzar en ese debate y para generar propuestas para el país, y una diferencia con anteriores intentos de proceso de Paz es que esta vez no existen diálogos con una sola de las insurgencias, como en anteriores oportunidades, lo que generaba una insuficiencia en la posibilidad de llegar a auténticas soluciones, y no sólo se sentía en la Mesa de negociación sino también en la población; aunque falta la alternativa de participación activa por parte de los diferentes sectores de la sociedad civil. No basta abrir diálogos con las FARC, sino que también con el ELN y el EPL, y también con organizaciones de la sociedad civil, entre las que tienen que estar en primer lugar los movimientos de desplazados internos e internacionales, así como las Víctimas para construir una Paz duradera cuyos Acuerdos tengan una aplicación total tanto municipal, como regional y federal.

La mayoría cree que en La Habana se está negociando el fin del conflicto armado, no el del conflicto social. Con las conversaciones lo que se trata es exclusivamente algo tan simple como establecer un marco de mínimas garantías democrática que permitan que, como en cualquier Estado de Derecho, la confrontación de ideas pueda llevarse adelante en Colombia por medios políticos y pacíficos, algo que históricamente no ha ocurrido por muchas razones, desde el exterminio sistemático de la oposición política hasta el ataque sistemático a un sector muy amplio de la población civil, como los sectores campesinos cuyas tierras y riquezas naturales son usurpadas. Lo positivo es que hay un avance hacia el fin del conflicto armado y se está incorporando al ELN en el proceso. Más allá de eso, si algo ha sido una de las fallas o deficiencias de estos años de proceso de Paz de La Habana es la falta de canales para que la sociedad colombiana pueda participar y expresarse de manera activa. Con el inicio de conversaciones con el ELN el Gobierno ha hecho algunos cambios en ese aspecto.

El primer proceso de Paz que hubo entre las FARC y el Gobierno colombiano a fines de los ochenta, estuvo a punto de llegar a un buen término y de hecho se constituyó una fuerza política, la Unión Patriótica, que luego fue exterminada. Luego de las elecciones, todos los Alcaldes, Concejales, Diputados, etc. y más de cinco mil militantes fueron exterminados, y esos hechos están en total impunidad. Esa masacre, ese exterminio, no puede volver a ocurrir. Tanto la oligarquía colombiana como los sectores más vinculados a la lucha guerrillera saben que la guerra no la va a ganar nadie. Son cincuenta años de confrontación militar y el propio Presidente Santos dijo que el problema de que fracasen estas negociaciones significará otros veinte años de confrontación, que tampoco ganará nadie, hasta que se pueda volver a la Mesa de negociaciones. Con el convencimiento de que nadie va a ganar la guerra, todas las partes han reflexionado y buscan una solución política que permita afrontar ese conflicto social que va a quedar pendiente y latente por medios exclusivamente políticos 1556.

No existe un consenso entre diferentes sectores, sea al interior de Colombia como desplazados fuera de ella, sobre todo en la forma de hacer la justicia social, la Paz y la construcción de la Democracia que vaya más allá de la mera participación electoral. La lucha social en Latinoamérica siempre ha tenido varias posiciones, visiones, construcciones, etc., pero nunca ha alcanzado sus objetivos de manera estable. No existen convergencias positivas y constructivas entre las izquierdas, sea en Colombia como en la región; predomina lo ideológico y doctrinario por sobre lo real. Esto debilita las posibilidades de logro de sus objetivos de muchos movimientos sociales, que avanzan en sus demandas a través del discurso, pero en los hechos se mantienen débiles y fragmentados.

Hay un consenso generalizado en que es necesaria una transformación, en que la sociedad ya no quiere las clásicas fuerzas políticas dirigentes. Esto debería transformarse en un salto evolutivo hacia nuevas formas de construir poder y de confrontar ideas, con convergencias en el interior de los países que pueden acabar siendo convergencias entre los países de la región, que contribuyan a construir una Latinoamérica con niveles de desarrollo y bienestar social razonables. Pero todo requiere de mayor conciencia, voluntad y participación social; de convergencia en las diferencias por parte de los distintos sectores políticos; de una mejor y más clara visión de lo que pasa en el mundo y las posibilidades que tiene Colombia y la región en el mediano-largo plazo; y de un papel activo de los sectores académicos, que contribuya a diseñar y construir todo esto. Pareciera que el “cerebro” de América Latina está dormido y sólo queda la alternativa de recurrir a pensamiento externo.

Los problemas que vive la región se deben fundamentalmente al total estado de desarticulación social; la falta de participación; la falta de conciencia; la total dependencia de líderes que tienen discursos con una gran retórica pero sin respuestas reales; a la inexistencia o debilidad de sectores intelectuales que sean críticos creativos de nuevos diseños de cambio e inserción de los países en un mundo que sigue su curso y que ha superado la barrera de lo estatal hace décadas para transnacionalizarse y manejarse en función del poder e intereses sectoriales. No ver esta realidad y no prepararse para vivir en ella 1557, genera frustración social, malestar y cimenta mayores debilidades a partir de dirigencias que, o se ocupan de los intereses y beneficios sectoriales, o se transforman en líderes sociales, con discursos llenos de una retórica anti-imperialista y anti-capitalista, sin otra salida ni formulas que las de generar falsas esperanzas y una gran dependencia en una sociedad que termina viviendo y acostumbrándose a la dádiva 1558. Derecha e izquierda en América Latina terminan siendo cómplices, por diferentes vías, de la debilidad y dependencia de una región, cuya riqueza en recursos minerales y alimentarios -además del agua potable-, estratégicos y no estratégicos, de la tierra y del mar, resulta insuperable por cualquier otra región del planeta.

La Refrendación del Acuerdo Final

Como ya se ha visto en el largo historial de discusión o de diálogo de sordos en relación con la refrendación del Acuerdo Final, las partes coincidieron en que debía ser hecha por todos los colombianos, pero difirieron en cuanto al mecanismo. Las FARC insistieron en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para garantizar el cumplimiento de lo que se firme, mientras que el Gobierno se opuso vehementemente, planteando la celebración de un referéndum.

Para los miembros de la guerrilla y el Gobierno, está claro que el fin del conflicto llevaría a la participación de las FARC en política, aunque en primer lugar debía finiquitarse el Acuerdo parcial al que habían llegado en la Mesa de La Habana. Por el lado de la guerrilla, continuó la inquietud de la falta de garantías y seguridad que les otorgue el Gobierno -habría que decir, los Gobiernos, ya que es un tema/problema con historia-, mientras que éste ha sostenido la visión de que como están dadas las condiciones de acceso y participación, difícilmente consigan llegar a niveles importantes de participación que permitan lograr -políticamente- los cambios que pretenden y, los colombianos en general, según encuestas, más del setenta porciento, ha expresado oposición a que las guerrillas participen en la política 1559.

Tal vez, tanto o más importante que esto, es el trato que el Acuerdo de Paz reciba en los diferentes sectores de poder en Colombia. Hay sectores de las fuerzas armadas en ejercicio o retirados, así como los “uribistas”, que se han manifestado en contra del proceso de Paz, mientras que ciertos sectores de la sociedad civil, como campesinos, afrocolombianos, indígenas, pequeños mineros, se sienten excluidos del proceso y no representados por el Gobierno o la guerrilla. Es cierto que el Acuerdo Final requiere del requisito de pasar por un referéndum aprobatorio; pero una cosa es su aprobación mayoritaria y otra es la vida en Colombia en el postconflicto.

El Procurador General Alejandro Ordóñez, le hizo un planteo de este tenor al Presidente Santos y al equipo negociador del Gobierno en La Habana, considerando que tan importante es la iniciativa del Gobierno de Santos por la Paz, como las posiciones que ostenta el ex-Presidente y Senador nacional Alvaro Uribe Vélez al pensar en la realización de un “Pacto por la Paz”.

Uno de los aspectos sobre el que ha hecho hincapié fue el de “Paz sin impunidad”, que para el Procurador implica penas de cárcel efectivas para responsables de crímenes atroces. No obstante, estos responsables deben ser todos, incluyendo además de los miembros de las guerrillas, a los de las fuerzas armadas y funcionarios de los distintos Gobiernos, cuya responsabilidad ha sido directa o indirecta; aunque el pedido del procurador, evidentemente se orientó hacia las guerrillas de manera exclusiva y excluyente.

Pidió la “dejación de armas”, en términos de “desarme total y absoluto” de las FARC; su desarticulación como aparato criminal; su “reincorporación plena, leal y transparente y sin armas”, orientada a evitar que institucionalice el modelo de control y dominación por miedo que implementan las FARC en ciertos territorios. El “reconocimiento como victimarios”, y que la guerrilla diga la Verdad, que su cúpula acepte, confiese los crímenes atroces. La guerrilla debe reconocer que han ejecutado de manera consciente el secuestro, la desaparición forzada, el homicidio, el reclutamiento de niños como una política sistemática y a gran escala 1560.

El Presidente Juan Manuel Santos durante su intervención en la clausura del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena el 27 de marzo del 2015, donde pidió la colaboración de los intendentes para que hagan “pedagogía a la Paz”, cuestionó duramente las declaraciones del Procurador General Alejandro Ordóñez, pidiéndole expresamente que deje de hacer política y deje de meterse en el proceso de Paz, ya que esa es responsabilidad del Poder Ejecutivo. En un claro enfrentamiento de posiciones, el Procurador General le respondió al Presidente que se seguirá “metiendo en el Proceso de Paz” y haciendo observaciones y preguntas frente a los Acuerdos que se firmen en la Mesa de negociación de La Habana. “La Procuraduría tiene la obligación de preguntar para ejercer el control sobre el Gobierno, y Usted, como cualquier otro servidor público tiene la obligación Constitucional y legal de responder” 1561.

Gobierno de Santos Propone un Plebiscito

Mientras las FARC seguían insistiendo en que el mecanismo para refrendar los Acuerdos debía ser una Constituyente, el Gobierno de Santos propuso la realización de un Plebiscito por la Paz, sujeto a un umbral de aprobación del trece porciento, lo que significa que para que sea aprobado el Acuerdo final de Paz deberían votar a favor un mínimo de cuatro millones y medio de colombianos y este resultado tendría que ser superior a los votos en contra.

El representante de las FARC Carlos Antonio Lozada, manifestó al respecto:

La refrendación a que alude el Punto Seis (6) de la Agenda de La Habana, requiere ser abordada en la Mesa de manera juiciosa y madura. Lo que está por definirse es la puesta en marcha y la seguridad jurídica de lo que se logre acordar, y más aún, la seguridad jurídica personal de todos y cada uno de los actores del prolongado conflicto, combatientes y no combatientes, y de agentes del Estado y servidores públicos de muy diversas instancias, que no fueron ajenos a tantos episodios horrendos de la confrontación” 1562.

Importancia y Significado de la Refrendación de un Acuerdo Final

Más allá del trasfondo político del proceso en La Habana para poner fin al conflicto, desde el punto de vista de la responsabilidad ética de contribuir al desenlace exitoso del proceso de Paz, resulta importante considerar cómo, bajo qué condiciones, y en qué momento se podría alcanzar el Acuerdo Final de una manera realista.

Las partes que recíprocamente se han reconocido como interlocutores: el Presidente de la República que en nombre del Estado nombró una Comisión Negociadora y las FARC, se orientan en la dirección de la búsqueda de consensos sobre todos y cada uno de los Puntos de la Agenda o Acuerdo General que dio lugar al inicio de las conversaciones.

El Gobierno ha llegado incluso a señalar un fecha perentoria para subscribir el Acuerdo final cuyas características, en los hechos, muestran que se orienta más en la dirección de una “pacificación” con contenidos comunes en áreas como la agrícola y territorial, la lucha contra el narcotráfico y las drogas ilícitas, la participación política de la guerrilla una vez desmovilizada y el tema Víctimas, que en la dirección de una “Paz” con justicia social, como lo plantean los grupos guerrilleros, lo que implicaría cambios necesarios en el modelo económico y el proyecto político, totalmente negados por parte del Gobierno de Santos desde un inicio.

Más allá de estos hechos, que serán visibles y tangibles mucho más adelante, cuando las realidades toquen la vida cotidiana, se han generado grandes expectativas en la sociedad colombiana, en los diferentes niveles y estamentos, particularmente sobre la necesidad de que, luego de muchos fracasos y años de conflicto armado se llegue, por fin, a la firma de un Acuerdo de Paz.

Detrás de todo hay algo más complejo que un documento suscripto por las partes. Si se hace una exégesis del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 1563, conocido como la Agenda, la mención al “Acuerdo final” se encuentra en dos Puntos:

1) El Punto Tres (3) que se refiere al “fin del conflicto” como un proceso “integral y simultáneo” que comprende muchas dimensiones. Ese proceso que deberá desarrollarse en un “tiempo prudencial acordado por las partes” se ha de iniciar, según la Agenda, con la firma del Acuerdo Final. El fin del conflicto comienza con el Acuerdo Final.

2) En el Punto Seis (6) sobre “implementación, verificación y refrendación” que comprende también múltiples actividades, se advierte que esa implementación también se inicia con el Acuerdo Final. Una vez más aparece la idea de un proceso -que de alguna manera coincidirá en el tiempo con el “fin del conflicto”-, cuyo punto de partida es el Acuerdo Final.

El Acuerdo Final es un punto clave que da apertura a dos procesos:

i. el fin del conflicto; y

ii. la implementación, verificación y refrendación.

Esa es la arquitectura del conjunto diseñado por la Agenda. Ese Acuerdo Final debe incluir todo lo acordado en los Puntos Uno (1) Política de desarrollo agrario integral, Dos (2) Participación política, Cuatro (4) Solución al problema de las drogas ilícitas y Cinco (5) Víctimas, y a la vez lo acordado sobre el contenido concreto y preciso de las actividades propias del fin del conflicto, y de la Implementación, Verificación y Refrendación.

El Acuerdo Final depende de que se logre consenso en los temas de los Puntos Uno (1), Dos (2), Cuatro (4) y Cinco (5), toda vez que sólo se alcanzaron Acuerdos Parciales, a la vez que el Gobierno no ha concretado, en los hechos, los temas del Punto Tres (3) Fin del conflicto, aunque generó obligaciones previas en la guerrilla:

El Punto Tres (3) implica un proceso integral y simultáneo en:

i. Cese el fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.

ii. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo a sus intereses.

iii. El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC.

iv. En forma paralela el Gobierno nacional intensificará el combate para acabar la organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

v. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la Paz.

Y establecer las garantías de seguridad que comprenden:

vi. En el marco de lo establecido en el Punto Cinco (5) Víctimas de este Acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.

vii. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, que debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

Quedando además pendiente el Acuerdo sobre las actividades del Punto Seis (6) Implementación, Verificación y Refrendación que comprenden:

i. Mecanismos de implementación y verificación:

a. Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones.

b. Comisiones de seguimiento y verificación.

c. Mecanismos de resolución de diferencias.

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso.

ii. Acompañamiento internacional.

iii. Cronograma.

iv. Presupuesto.

v. Herramienta de difusión y comunicación.

vi. Mecanismo de refrendación de los Acuerdos.

Lo que es más importante es precisar que ese Acuerdo Final no puede ser un documento declarativo sobre las materias respecto de las que se ha llegado a un Acuerdo, sino que tienen que tener un valor jurídico-normativo incontrastable, que necesariamente comporta modificaciones esenciales de orden constitucional y legal.

Lo que se ha acordado y lo que falta por acordar tiene que tener el valor suficiente como componente o integrante del orden jurídico interno. El Acuerdo Final no puede llegar a ser suscripto sin que todas las materias que lo conforman tengan pleno y suficiente valor normativo. De no ser así, no garantiza a las partes que lo firman ninguna certeza ni seguridad de que lo acordado va a cumplirse efectivamente, y si se llegara a firmar significaría un fracaso de la negociación llevada a cabo.

La fuerza normativa de lo acordado tiene que ser previa a la implementación así entendida y, en general, anterior a todas las actividades de los Puntos Tres (3) y Seis (6) a que se ha hecho referencia.

El contenido del Acuerdo Final debe pasar por la formalización normativa, con valor constitucional y legal, según sea el caso. Para esto se requiere que las partes en la Mesa de Diálogo acuerden también cómo se puede llegar a ese estadio de valor normativo, indispensable para la suscripción del Acuerdo Final. No son viables las fórmulas que hoy ofrece el sistema jurídico vigente, ni las que se concibieron en el llamado “Marco Jurídico para la Paz”, ni tampoco las que se están fraguando, como el plebiscito o la Comisión Legislativa Especial, pues ninguna de ellas ha surgido del Acuerdo de las partes.

Como la eficacia plena del Acuerdo Final implica que se hayan adoptado todas las reformas constitucionales y legales conforme al mecanismo o fórmula excepcional que llegue a acordarse y a adoptarse, mientras ello ocurre, el Acuerdo Final debe quedar condicionado en su vigencia plena a que ese proceso se haya cumplido, en los términos y condiciones que se definan al momento de suscribirlo.

Una eventual firma del Acuerdo Final en la forma ante dicha, exige focalizar los esfuerzos de consenso acerca de la fórmula que pueda materializar y dar vida jurídica constitucional y legal a lo acordado.

Algunas ideas preliminares sobre la naturaleza de esa fórmula podrían ser:

a) La solución que llegue a concertarse debe permitir que los Acuerdos alcanzados y sus traducciones normativas puedan ser adoptados en su integridad, sin alteraciones ni modificaciones.

b) En desarrollo de ella, no podrían introducirse otras reformas constitucionales y legales distintas a las acordadas por la Mesa de Negociación.

c) Podría utilizarse el mecanismo plebiscitario previsto en la Constitución Política (Art. 103), pero variando de manera substancial las condiciones y limitaciones que tiene en la ley estatutaria vigente (Ley 134/1994), de tal manera que en forma integral incorporara al orden jurídico las reformas constitucionales y legales que materializan los Acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo. Para ello la Mesa de Negociación tendría que definir y aprobar con precisión el contenido normativo de todas y cada una de las reformas constitucionales y legales que forman parte del Acuerdo.

d) Un mecanismo diferente podría ser construir una alternativa de refrendación especial mediante reforma constitucional, diferente en su forma y reglas a los sistemas de participación vigentes regulados por la Ley 134/1994, que permitiera igualmente incorporar, como parte del sistema jurídico, la totalidad de las reformas constitucionales y legales que formalizan los Acuerdos.

e) Una tercera fórmula podría ser la conformación de un Cuerpo Constituyente especial, cuya sola integración representara por sí misma la refrendación popular de los Acuerdos alcanzados en desarrollo de las Mesas de conversaciones de Paz -Gobiernos-FARC/Gobierno-ELN-, con el mismo efecto de incorporación de las normas al sistema jurídico, pero que tuviera la competencia para adoptar reformas constitucionales adicionales o complementarias a aquellas acordadas en desarrollo de las conversaciones de Paz, sin alterarlas ni modificarlas.

Como cualquiera de las alternativas remiten a cambios en el orden constitucional, la posible objeción sobre que ellos estarían comprometiendo los supuestos esenciales de la Carta Política, en términos de una “substitución del Estado”, sería preciso señalar que ese fenómeno no se configura, pues las reformas serían de naturaleza temporal, especial y transitoria, diseñadas exclusivamente para los fines de la terminación del conflicto armado, de tal manera que una vez cumplido su cometido ya no formarán parte de la Constitución Política.

Los rasgos peculiares de las reformas de excepcionalidad, especialidad y transitoriedad, no permiten aseverar que configuran una substitución del Estado. Por el contrario, podría decirse que su finalidad es precisamente mantener y preservar la organización del Estado en función de la necesidad suprema de la Paz 1564.

El Plebiscito va en Dirección Contraria del Acuerdo Final

La Delegación de Paz de las FARC en La Habana, se refirió a los alcances contraproducentes de la propuesta de plebiscito para el Acuerdo final de Paz, en una carta abierta al Gobierno Nacional.

No es el plebiscito un mecanismo apto para producir normas, o para modificarlas, refrendarlas o derogarlas. Mucho menos constituye tal instrumento, camino alguno para reformar la Carta. En nuestra opinión el plebiscito refrendatorio desconoce el Acuerdo General, la Constitución, el Estado de Derecho y las normas de funcionamiento del Estado colombiano. Dejemos de lado lo que no haya surgido de los textos del Acuerdo General y busquemos conjuntamente vías jurídicas que permitan la inmediata implementación de todo lo acordado en La Habana una vez se firme el Acuerdo Final” 1565.

Para Iván Márquez, según lo establecido en la Constitución, el Plebiscito es el pronunciamiento del pueblo mediante el que se aprueba o rechaza una decisión del Ejecutivo, por lo que no es válido para los Acuerdos de Paz, fruto de un “proceso bilateral de conversaciones entre las FARC y el Estado colombiano”.

El temor del Gobierno es que una Asamblea Nacional Constituyente incluya temas como el “modelo económico y el proyecto político” que son temas que desde un inicio dijo que “no estaban en discusión”.

El Presidente Santos, respondió a la carta abierta de las FARC:

Lo que se firme en La Habana lo someteré a plebiscito, les guste o no a las FARC”. La Asamblea Constituyente no es un mecanismo de refrendación, es una apertura de nuevos temas, una prolongación de la discusión 1566.

FARC Acusan a Santos de Tomar Decisiones Unilaterales

Las FARC cuestionaron desde La Habana, las decisiones unilaterales tomadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos en el desarrollo de los diálogos de Paz en Colombia, y destacaron que deben ser consensuadas entre las partes antes de ser difundidas públicamente.

El líder de las FARC Pastor Alape, dijo:

Anuncios no consensuados, como la iniciativa del plebiscito, la convocatoria al Congreso a reglamentar unas supuestas zonas de concentración, o la conformación de una Comisión Legislativa Especial, forman parte de una actitud que hace invisible al interlocutor en la Mesa y adelanta resultados pendientes aún de tratarse”.

Aún existen varios temas pendientes de la Agenda por abordar, pese a que el propio Presidente Santos pidió “meter el acelerador” a las negociaciones para lograr el armisticio en la fecha acordada.

Nos aprestamos a abordar plenamente el Punto del Fin del Conflicto, y nos aguarda la discusión en torno a Implementación, Verificación y Refrendación. También están pendientes de dirimir las cuarenta y dos salvedades existentes” 1567.

Que la Paz no Quede en Manos de la Ciudadanía

Sobre el tema de la realización de un plebiscito para que la población se expida en relación con el Acuerdo Final de Paz, el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett, indicó:

Las facultades del Presidente de la República para alcanzar la Paz no deben estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía. El Gobierno Nacional tiene la obligación constitucional de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a la Paz (…), si bien la participación popular es un elemento valioso en una democracia, esto no puede implicar que las facultades del Presidente de la República para alcanzar la Paz tengan que estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía. El desarrollo constitucional y legal del Acuerdo final para la terminación del conflicto, no puede estar sometido a un resultado electoral. Debe desarrollarse en el marco de las facultades constitucionales del Gobierno, el Congreso, la Rama Judicial, los organismos de control y las entidades públicas para lograr la Paz. En el evento, de ganar el No, se limitarían las facultades constitucionales del poder público para alcanzar e implementar la Paz, lo que sería contrario a la Constitución. En el articulado del proyecto de Ley Estatutaria se establece que la decisión adoptada a través del plebiscito tendrá carácter vinculante para efectos del desarrollo del Acuerdo y a que se dispone la obligación de acatar el resultado de la votación. (…) El proyecto de Ley parte de un supuesto erróneo, según el cual, adelantar y culminar un proceso de Paz en Colombia requiere refrendación. Este proyecto de Ley implica una reforma constitucional de facto, porque modifica las competencias de las distintas Ramas del Poder Público frente al derecho a la Paz (…), en conclusión: el plebiscito no puede ser vinculante para la aprobación del Acuerdo final. El Presidente, tiene plenas facultades constitucionales para realizar y llevar a buen término un proceso de Paz” 1568.

De la misma manera que el Fiscal General, el Contralor General de la República Edgardo Maya, consideró que el Presidente Santos estaba facultado para concretar el Acuerdo final con las FARC, sin que los colombianos tengan injerencia sobre el mismo.

El mandatario “no puede desprenderse de estas atribuciones y simplemente dejarlas en manos de lo que decidan las mayorías del pueblo colombiano, por lo que no es necesario que se convoque a un plebiscito que refrende los Acuerdos de Paz”.

La aprobación de los Acuerdos de la Habana, contrario a lo propuesto por el Gobierno nacional, no requieren ser sometidos a votación popular porque el Artículo 22 de la Constitución establece:

La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.”

Por ello resulta “extraño” que un Acuerdo “de por sí complejo” sea puesto a consideración del pueblo para decir simplemente Si o No.

En el trámite que haga en el Congreso Nacional del Acuerdo, se garantizará una mayor participación democrática, porque es allí donde se deben producir los debates necesarios para refrendarlo, puesto que es el órgano por excelencia de la democracia representativa.

El Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso, es otra herramienta constitucional para el fin del conflicto, “lo que también descarta la necesidad de un plebiscito” 1569.

Razones de las FARC Contra el Plebiscito

Las FARC plantearon tres razones por las cuales se manifestaron opuestas al Plebiscito:

1. Por cuanto somete un fin mismo de la nación y derecho fundamental, al escrutinio de las urnas, yendo en contravía de la misma Constitución, porque es que la Paz no es algo que se deba plebiscitar.

2. Por su improcedencia legal, ya que otorga al plebiscito potestades aprobatorias sobre materias que no son resorte del Ejecutivo, como el cúmulo de reformas constitucionales y legales derivadas de los Acuerdos.

3. Por cuanto ha sido una propuesta no definida por la Mesa, que entraría en contradicción con la ya aprobada categoría del Acuerdo Especial 1570.

Una vez más “los Buenos y los Malos”

Aclaraciones de las FARC al General Rangel

Coincidente con el criterio del Gobierno de Santos de que el proceso de Paz -pacificación- en Colombia, no implique cambios estructurales ni reforma a la Constitución, el Gral. (r) Mora Rangel, integrante del equipo negociador en La Habana, comentó sobre las Propuestas Mínimas de las FARC para alcanzar el Fin del Conflicto:

Las FARC deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos llevando a cabo no incluye reconvenciones, ni redefiniciones a la misión y presupuestos, al tamaño de las fuerzas, tampoco a su organización. Como equipo no lo vamos a hacer y las instrucciones que hemos recibido del Señor Presidente de la República han sido claras y precisas. Por lo tanto, los extensos y diarios comunicados de los últimos días cargados de temas, propuestas y mensajes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y policía nacional, simplemente reflejan aspiraciones de las FARC que no tienen futuro. (…) No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables. (…) Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada, no forma parte de nuestro imaginario. Los famosos TERREPAZ forman parte únicamente del imaginario de las FARC” 1571.

En un comunicado al cierre del ciclo de trabajo en la Mesa de La Habana a principios de diciembre del 2015, las FARC se refirieron a algunos aspectos de la declaración, que hizo el Gral. (r) Jorge Enrique Mora Rangel a nombre del Gobierno.

Indican que no se puede olvidar que el Acuerdo de La Habana del 26 de agosto del 2012, surgió como reconocimiento al hecho de que tras sesenta o más años de conflicto no se dio nunca un vencedor ni un vencido, y que frente al Acuerdo de Agenda suscripto, las partes tienen derechos y asumen obligaciones. Jamás se pretendió que una parte se sometiera a la otra, sino que se consideró que para alcanzar la reconciliación nacional se tendría que pasar por el diálogo civilizado y por un listado de negociaciones como tamiz para concluir en un Acuerdo de reconciliación.

Quieren algunos vernos concentrados en una especie de corralejas para humanos; en unos encierros, propios de su “imaginario”. Está lejos esta idea de lo que debe acontecer, en la medida en que buscamos una Paz entre iguales, y no una claudicación. Por algo reza el Punto 3.2 del Fin del conflicto:

“… Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses”.

Nos vamos a reincorporar a la vida social y a todos los aspectos que la misma conlleva, en esos términos, porque es de nuestro interés vivir con nuestras familias, y no en corrales, sino en territorios en los que reine la Paz.

En ninguna de nuestras propuestas hemos hablado de “zonas de despeje”. Nuestro interés es vivir en comunidad y con las comunidades. A muchas de ellas nos debemos y para allá vamos, a hacer política, a trabajar el campo, a producir, a generar progreso para todos, a sentar las bases de la verdadera convivencia, a velar por un mejor estar, y a aspirar a que el futuro nuestro, el de nuestros descendientes y el de la comunidad en general, sea justo, próspero y digno.

Si el Señor General y sus compañeros no entienden todavía qué significa el concepto Territorio Franco de Convivencia, es porque no han hecho el ejercicio de escuchar con serenidad todo lo que el concepto encierra, y porque al haber optado como profesión la defensa del statu quo, todo lo innovador les produce desconfianza, les crea incertidumbres, los asusta.

En contraste, a nosotros no nos preocupa que en los territorios de convivencia tengan presencia ex-paramilitares, o personal retirado de la fuerza pública, cualquiera que haya sido su jerarquía o nivel. Sabemos que debemos entendernos y trabajar con ellos, con la gente del común, con los gremios, el movimiento social, las iglesias, las autoridades, porque la Paz es con todos y para todos.

Obviamente, tendrá que prevalecer en tales territorios, por necesaria, la función de policía. Los susodichos territorios servirán igualmente como campo para el cumplimiento de sanciones restaurativas que se deriven de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Lo que proponemos son escenarios de reconstrucción del tejido social en los que prevalezcan Acuerdos de Convivencia, pensando no solo en hoy, sino en lo que significa el compromiso común con la justicia prospectiva. Queremos la Paz, pero no solo por la Paz en sí misma, sino porque de ella se deriva la salvaguardia de muchos otros derechos, entre ellos los derechos de los que están por nacer.

Nos corresponde construir un futuro mejor, pero jamás con culturas de acuartelamiento como telón de fondo. Esa visión restrictiva de la reincorporación no es la nuestra y de ninguna manera la vamos ni siquiera a considerar. No hemos sido rebeldes sin causa; hemos sido un ejército que ha mirado más allá del cercano horizonte. Venimos volando alto para ver lejos.

En la propuesta de Territorios Francos de Convivencia se concibe que hay espacios y programas de trabajo conjunto con el sector privado. En nuestro proyecto de reincorporación (…), a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a nuestros intereses, están, como componente fundamental, los intereses de quienes busquen justicia, igualdad y bien general. Queremos que Colombia entera se convenza que “nuestros intereses” se identifican con el interés común.

A los, en otras horas, Comandantes infatigables de la guerra, les pedimos dejar atrás esa visión militar de la convivencia; que escuchen razones; que con la serenidad de hombres que quieren Paz para la patria examinen nuestra propuesta que es mucho más completa y rica que lo ya expuesto en estas pocas líneas. Que sin olvidar la razón de los cuarteles que ha trazado su rol vital, vuelquen su experiencia hacia los Territorios Francos de Convivencia.

Permítanos, Señor General Mora, aclarar sus ideas con respecto a esto, con sus propias palabras:

No estamos en este proceso para dividir el país ni para hacer entrega de territorios ingobernables (…). Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada, no forma parte de nuestro imaginario”.

Todo lo contrario: La Paz es unidad; es convergencia; es la patria entera reconciliada. Queremos reafirmar nuestra posición frente al mal llamado Plebiscito para la Paz. Ese instrumento de participación popular, carece de capacidad vinculante; se resbala ante los Acuerdos de La Habana. Nunca se consideró dicho tema en la Mesa de conversaciones. Es ajeno a la Agenda. No produce seguridad jurídica ni nos compromete. Desorienta. Al tal instrumento no se puede atar la suerte del Acuerdo final de Paz. Hacerlo sería un descalabro. Dejamos constancia 1572.

Sigue la Visión de “los Buenos y los Malos”

Acordado entre Gobierno y ELN el inicio del proceso de negociaciones, surgieron nuevamente los “inamovibles”, que muestran que la idea es llegar a la “pacificación” y continuar con el modelo político y económico tal como se encuentran, sostenidos en la etapa postconflicto con un sistema de seguridad que garantice su continuidad; que las guerrillas, una vez desmovilizadas, sean lo menos molestas posibles y esto no quedará librado al azar, sino totalmente controlado haciendo uso de la represión.

Esto queda una vez más explicitado con los comentarios hechos por el ex-Embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Carlos Villegas nombrado por el Presidente Santos como Ministro de Defensa, durante la 46ta. Conferencia de las Américas en el Departamento de Estado, celebrada con el apoyo del Council of the Americas, en Washington, al reiterar que el Gobierno no va a debilitar a las fuerzas armadas una vez que se firme la Paz con las guerrillas.

Va a ser mucho más difícil negociar con el ELN que con las FARC”. El ego de ese grupo insurgente dejará muy poco espacio para el diálogo. “Ellos se creen más listos que nadie en Colombia. El ELN es más radical -que las FARC-, tiene un Comando menos unificado, se creen que la Unión Soviética no se hubiera caído si ellos hubieran estado allí”. Es tiempo de que el ELN entienda que “la lucha armada se ha acabado en América. Este Continente no tiene más espacio para la lucha armada”.

El Gobierno evitará el “error” de “debilitar” a las fuerzas armadas una vez firmada la Paz con las guerrillas; por el contrario, el trabajo que desempeñarán en la etapa de post-Acuerdo será clave para la consolidación de la Paz. “Tenemos que aprender de la historia (...). Una vez que en Centroamérica se firmaron los Acuerdos de Paz, se pensó: ¿por qué deberíamos tener un ejército, por qué una Policía? Y se decidió debilitar esas instituciones con el apoyo de la ONU. Eso fue un error, y no puede pasar en Colombia. Una vez que firmemos, tenemos que tener las fuerzas armadas más poderosas de nuestra historia. Si no, no tendremos Paz 1573.

Descontento de Alvaro Uribe Vélez

Queda totalmente en claro que la idea de Uribe ha sido y sigue siendo, que el proceso de negociación es un proceso de “pacificación”.

El ex-Presidente y Senador Alvaro Uribe Vélez, mediante una extensa carta dirigida al Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, expresó sus reparos al proceso de Paz, e insistió en que las FARC sean concentradas en un mismo sitio, supervisadas por organismos internacionales, para que el cese el fuego unilateral sea verificable.

Mientras estén allí concentrados y vigilados podrían mantener las armas cuya entrega definitiva sería al momento de firmar los Acuerdos. Podría considerarse que el tiempo de ubicación en un sitio se cuantifique para descontarlo del período carcelario.”

El cese el fuego unilateral anunciado por la guerrilla es una burla, ya que la guerrilla sigue delinquiendo y se observa en “la participación violenta del terrorismo, en la incitación de invasiones de tierras en el Cauca, el crecimiento de los cultivos de droga en el Catatumbo, el control territorial de áreas, la amenaza al Centro Democrático, como ocurrió con la candidatura del Dr. Oscar Iván Zuluaga, el asesinato y la extorsión”.

Desde el inicio de este Gobierno hemos presentado nuestras preocupaciones por el deterioro de la seguridad, que tiene entre sus causas el abandono del compromiso presidencial, la desmotivación de las fuerzas armadas y la desconfianza de la ciudadanía”.

Rechazó poner en pie de igualdad a las fuerzas armadas con el terrorismo y ubicar a ambos en la categoría de actores del conflicto. Apuntó que los diálogos de Paz debían ser alargados el tiempo que sea necesario para evitar que, por buscar un fin del conflicto armado, se firmen “Acuerdos dañinos a nuestra democracia”.

El Centro Democrático acepta que la “base humana de los grupos terroristas”, una vez reinsertada, no vaya a la cárcel y se le reconozca el derecho de elegibilidad política. “Reiteramos que los cabecillas, responsables de atrocidades, deben ir a la cárcel, así las sentencias sean reducidas, y no deben gozar de elegibilidad política”.

Este grupo guerrillero “ha despreciado múltiples oportunidades generosas de diferentes Gobiernos aprovechadas para rearmarse”. Por ejemplo, el Gobierno del Presidente Belisario Betancur, “les perdonó a integrantes como Iván Márquez y Braulio Herrera” que aunque “estuvieron en el Congreso regresaron al terrorismo”.

No entiendo por qué el Gobierno niega un cese el fuego bilateral, pero luego anuncia una parálisis a los bombardeos a campamentos de las FARC.

El Centro Democrático seguirá exponiendo sus preocupaciones al Director del Ministerio Público, a Kofy Annan, a Naciones Unidas y a la comunidad internacional. También las pondremos en conocimiento del ex-Presidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Alvaro Leiva y Antonio Navarro 1574.

¿Alianza no Escrita Uribe-Santos por la “Pacificación” en Colombia?

Más allá de las diferentes escenografías desarrolladas durante los años de Gobierno de Uribe Vélez y los de Juan, Manuel Santos, respecto de sus puntos de convergencia y de divergencia en lo que hace al futuro de Colombia ambos, líderes de importantes sectores corporativos en el país, convergen en que Colombia debe continuar yendo en la dirección establecida y no sufrir variaciones ni cambios que puedan afectar a sus intereses sectoriales.

Esto no constituye ninguna excepción, por el contrario, siguen las tendencias que se dan en el mundo de que los Estados son crecientemente cooptados y conducidos por los sectores corporativos y las “Naciones”, sólo están para legitimar con su voto las políticas de Gobierno, pero no para regir los destinos del país 1575.

Alvaro Uribe, ha sido el símbolo de la facción terrateniente y feudal, con las características de una ultraderecha provinciana y autoritaria. Juan Manuel Santos, el emblema del ala financiera y bancaria de la elite bogotana globalizada, un Jefe con buenos modales y aires reformistas de derecha, promotor de la Tercera Vía y de una revolución pasiva cuyos objetivos apuntan a relegitimar el régimen plutocrático 1576 diezmado en su dominación hegemónica, seriamente afectada por el arbitrario período gubernamental de la Seguridad democrática “uribista” (2002-2010).

El nuevo reencuentro converge en ciertas coincidencias fundamentales, como la defensa de las fuerzas armadas y el ejército 1577.

No obstante, Alvaro Uribe, respecto del proceso de Paz, continúa con su perspectiva, y quedó de manifiesto en su visita al Departamento de Estado de Estados Unidos, donde dijo:

El país se ha dejado deteriorar en las condiciones para lograr la Paz con un evidente incremento de la inseguridad. “Las condiciones hoy no están tan favorables como hace cinco años. Lo primero que hay que hacer es reconstruir las condiciones para la Paz a fin de que los ciudadanos crean en el proceso de La Habana”. Los Acuerdos de Paz, si bien tienen que respetar la dignidad de la contraparte, no pueden ser Acuerdos para afectar a las fuerzas armadas de Colombia. “Nuestros soldados y policías han constituido no una fuerza armada al servicio de dictaduras, sino una respetable fuerza armada de la democracia”.

Los Acuerdos de Paz tampoco pueden ser límites y dificultades contra el sector privado:

Nosotros no podemos permitir que por un Acuerdo de Paz se lleve a la economía colombiana a equipararla con una economía venezolana, que poco a poco está llegando allá con un exceso de cargas a la empresa privada, porque la función de ellas es social y hay que dejarla crecer, y los Acuerdos de Paz se están volviendo una limitante” 1578.

Uribización” de la Política de Santos

De acuerdo con cifras oficiales, en diez días de ofensiva gubernamental llevada a cabo por el ejército, la fuerza aérea y la policía en el mes de mayo del 2015, sin que se registraran bajas entre sus tropas, fueron muertos un negociador de Paz y otros treinta y seis guerrilleros; dos campesinos asesinados y otros tres heridos, entre ellos un menor; cuatrocientos treinta y seis personas desplazadas; dos líderes sociales amenazados de muerte por supuesta afinidad con las guerrillas. Estos datos implican un punto de inflexión para un conflicto armado que, durante dos años de negociaciones, se había reducido en más de un ochenta porciento.

Los hechos militares en los que caen muertos guerrilleros se siguen sucediendo en diferentes regiones, acompañado de desplazamientos de los habitantes de esas zonas. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, denunció hostigamientos e intimidaciones del grupo paramilitar “Aguilas Negras” a integrantes de su colectividad.

Ariel Avila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, dio cifras de lo que ha implicado la ofensiva gubernamental, en términos de revertir el proceso de desescalamiento del conflicto que se venía operando desde el inicio de las negociaciones de Paz:

Antes de iniciar las negociaciones en el año 2011, las FARC ejecutaban, en promedio, ciento setenta y nueve acciones armadas al mes. Durante los cinco meses de tregua hubo noventa y una de las cuales solo doce fueron ofensivas”. En los últimos años la intensidad del conflicto se redujo considerablemente: “Comparando los cinco primeros meses del 2011 antes de las negociaciones y los cinco primeros meses del 2015, la reducción en las acciones ha sido del ochenta y nueve porciento”.

El balance entregado por Paz y Reconciliación, calificó como positivos los resultados del cese unilateral del fuego:

En el 2015 hubo seiscientos militares heridos en acciones armadas, mientras que en el 2014, fueron setecientos ochenta y seis, lo que significa una reducción de cien miembros”.

La intensidad de la ofensiva desatada se asemeja a los reclamos del ex-Presidente Alvaro Uribe, contrario al proceso Paz. Las FARC decidieron no suspender las negociaciones a pesar de los duros golpes recibidos, pero eso no implica desconocer la gravedad del daño que se les ha ocasionado y a las comunidades cercanas a los lugares donde la guerrilla opera.

La voluntad del Gobierno es cada vez más explícita en cuanto a pacificar a partir del sometimiento de su contraparte. Esta estrategia tiene ciertas dificultades:

- La capacidad de resistencia de las FARC, que en su historia reciente demostró haber superado ofensivas aún más mortales.

- La negociación aún pendiente de ser oficializada con el ELN, que resulta de difícil concreción, y que resultaría más compleja en un marco de recrudecimiento del conflicto.

- El punto de inflexión que le está imponiendo al proceso de Paz el Presidente Santos, tiene como víctima a la gran mayoría social que se viene manifestando, en reiteradas ocasiones, favorable a que el conflicto armado encuentre un cause político y negociado, más allá de no ser partícipe del pensamiento de la guerrilla ni sentirse representada por el Gobierno 1579.

El ELN No Entró en la Negociación

El Gobierno de Juan Manuel Santos, reservó el tratamiento del ELN, según los parámetros obtenidos en los diálogos con las FARC, ya que no inició negociaciones de manera conjunta, ni lo ha hecho de manera separada, manteniendo en reserva el armado de la Agenda y la fecha del inicio de las negociaciones 1580.

Hacia fines de enero del 2015, el Presidente Santos, anunció que “instalará” pero “no instalará” la Mesa de Diálogos con el ELN. La noticia del inicio de las negociaciones, era esperada desde el mes de junio del 2014, cuando el ELN le envió al Gobierno, por intermedio de la ex-Senadora Piedad Córdoba Ruiz, una carta y un video en el que se comprometían a iniciar los Diálogos de Paz. La ex-Senadora dijo en esa ocasión:

Esta es una muy buena noticia para el país, comienza una ronda de contactos y de conversaciones para dar inicio a la construcción de una Agenda que dé lugar a un proceso de Paz con el ELN. Esta Agenda que comienza en el Punto de Víctimas tiene un gran énfasis en la participación de la sociedad colombiana”.

De manera reservada con el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se han sostenido diálogos informales. Incluso, la ratificación de éstos se hizo a pocos días de las elecciones en las que el mandatario fue reelegido, generando expectativa de la oficialización de la negociación que parecía ir por buen camino, de acuerdo con declaraciones del máximo líder del ELN Nicolás Rodríguez, alias “Gabino”, en las que señaló que estaban dispuestos a dejar las armas y a formalizar el Diálogo.

No obstante, el Presidente Juan Manuel Santos aseguró inmediatamente, que no era cierto que su Gobierno vaya a anunciar en los próximos días el inicio formal de los diálogos de Paz con el ELN. Durante el primer Consejo Regional de Ministros del 2015, que se realizó en Guapi, el mandatario desmintió las versiones de inicio formal de las negociaciones de Paz:

Una vez se llegue a un Acuerdo sobre la Agenda de las eventuales negociaciones de Paz con esa guerrilla, “el país y el mundo lo sabrán. Nos falta un camino por recorrer, -y ojalá sea lo más pronto posible- pero no quiero tampoco generar expectativas, o permitir que se generen expectativas falsas” 1581.

¿Acuerdos de Paz por Separado?

Debería decirse “Acuerdo de desmovilización por separado”, ya que el Gobierno no se ha orientado hacia la “Paz”, sino la pacificación y busca fragmentar, no sólo a las guerrillas, sino a todos los sectores reclamantes, aún aquellos que no coinciden con la perspectiva de las guerrillas ni del Gobierno, y que no han sido invitados al proceso de negociación -indígenas, afro-colombianos, pequeños agricultores, pequeños mineros, desplazados internos y fuera de Colombia, familiares de las Víctimas, etc.-, salvo por la página en internet 1582 en la que se reciben propuestas que, según el Gobierno, serían consideradas en la Mesa de La Habana.

El Presidente Juan Manuel Santos, autorizó un encuentro entre los dirigentes de las FARC y el ELN en La Habana, con el fin de “lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto armado”.

El líder supremo de las FARC Timoleón Jiménez, después de haber recibido a su homólogo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino”, convocó a esa organización a seguir su ejemplo:

Nos resulta urgente y necesario que el Ejército de Liberación Nacional se vincule a los diálogos de Paz”.

El líder del ELN planteó que no quiere sumarse a la Mesa de negociaciones que integran las FARC, porque estiman que su proceso va demasiado rápido y no “tiene suficientemente en cuenta los cambios estructurales”.

El Jefe negociador del Gobierno con las FARC, Humberto De La Calle, descartó iniciar diálogos paralelos con el ELN si la dejación de las armas “no está clara” en la Agenda.

Mientras el Gobierno planteaba sus escenarios en términos de calendario electoral, para llevar adelante el proceso de negociaciones, el ELN lo hacía en términos de cambios sociales 1583.

ELN Exige un Cese el Fuego Bilateral para Comenzar los diálogos

A través de un mensaje difundido por la Iglesia católica en Cali, el Jefe del Ejército Nacional de Liberación, Nicolás Rodríguez Bautista, ofreció abrir una tregua bilateral con el Gobierno de Juan Manuel Santos para iniciar un proceso de diálogos de Paz, tal como el que se inició con las FARC.

El obispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, dijo que recibió una carta del líder del ELN, en la cual afirma que un alto el fuego bilateral creará las condiciones necesarias para abrir la negociación entre las partes tras varios meses de acercamiento.

Pero el Presidente Santos ordenó a las fuerzas armadas intensificar la persecución contra el ELN, debido a recientes ataques, y condicionó el inicio del proceso de Paz a la liberación de personas que están secuestradas 1584.

El ELN, insistió en un cese bilateral del fuego para generar un “clima favorable”. “Todos los territorios donde tenemos presencia, hoy resisten el embate de intensas operaciones punitivas de las fuerzas armadas del Gobierno”.

El Presidente Juan Manuel Santos declaró que el ejército iba a actuar con “contundencia” y con “la ley” contra la guerrilla. “No vamos a bajar la guardia. Todo lo contrario: vamos a redoblarla”. Pidió la liberación del soldado del ejército Jesús Villar Ortiz, capturado recientemente y del abogado Ramón José Cabrales, en poder del ELN desde el 2014 1585.

Inicio del Proceso de Negociaciones ELN-Gobierno

A fines del mes de marzo del 2016, finalizaron los diálogos exploratorios que se llevaron a cabo desde enero del 2014 en la República de Ecuador, actuando como garantes la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, junto con el Gobierno de Noruega, oficiando como acompañantes los Gobiernos de la República de Cuba y la República de Chile. El Gobierno de Santos llegó a un acuerdo sobre la Agenda de negociaciones con el ELN y decidieron iniciar el proceso con base en Ecuador 1586. Los Jefes Negociadores designados fueron, por parte del Gobierno, el ex-Comisionado de Paz Frank Pearl, y por el ELN Antonio García.

Mediante una declaración, hicieron público un proceso, cuyas características muestran que se lleva a cabo por separado al iniciado con las FARC, con negociadores distintos y una Agenda similar, en un territorio diferente, con base en Ecuador, pero en ambos casos, fuera del territorio colombiano, por lo que se dejó de lado el concepto de zona de despeje, como se hizo en el Cagüán. Junto a Frank Pearl operó el también ex-Comisionado de Paz José Noé Ríos, quien había acompañado a las Administraciones de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y parte de Alvaro Uribe, en los intentos por alcanzar la terminación del conflicto con el ELN.

En el Preámbulo de la Agenda subscripta, se reconoce que:

La Paz es un bien supremo de toda democracia, y que se tiene como objetivo ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la política; ubicando en el centro el tratamiento a la situación de las Víctimas; y avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la Paz estable y duradera.

¿El objetivo es poner fin al conflicto bélico y no llevar a cabo cambios estructurales para eliminar los factores profundos generadores de conflicto social en Colombia? Debería considerarse que un Estado fallido, como lo es Colombia 1587, más allá de que sea “pacificado” -”Pax”-, si no se llevan a cabo cambios estructurales, continuará siendo fallido.

Se continúa diciendo en el Preámbulo de la Agenda subscripta, que se trata de acordar transformaciones en la búsqueda de una Colombia en Paz con equidad. Llama la atención que se incluya el término “transformaciones” y también que se hable de “equidad”, cuando el Gobierno, al menos de manera explícita en el proceso iniciado con las FARC, dejó en claro que quedaba fuera de toda discusión en la Agenda “el sistema político y el modelo económico, el régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar, o la fuerza pública” 1588, por lo que resulta difícil imaginarse transformaciones para llegar a una Colombia en Paz con equidad, sin tocar aquellos aspectos que son centrales.

Plantearon como objetivo del proceso, erradicar la violencia de la política; ubicar en el centro el tratamiento a la situación de las Víctimas; avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la Paz estable y duradera. Que se haga referencia a la participación activa de la sociedad, también resulta llamativo, ya que en el proceso encarado con las FARC en La Habana, la sociedad sólo fue partícipe de manera indirecta, expresando sus aspiraciones, demandas y necesidades a través de una página web 1589, que sería tenida en cuenta por las partes negociadoras; pero nunca de manera directa y activa.

Desde La Habana el Jefe negociador de las FARC Iván Márquez expresó su apoyo, indicando que son dos Mesas pero un sólo proceso de Paz, resaltando que esta nueva etapa para las terminación de ambos conflictos será con la presencia del “pueblo”.

El Presidente Juan Manuel Santos también coincidió y destacó que cada guerrilla era diferente. La negociación con el ELN tendrá un elemento que marcará una diferencia frente a cómo inició la de las FARC: la participación de la sociedad en la construcción de la Paz.

El proceso se divide en una “fase pública”, que definirá:

Cómo los ciudadanos podrán participar en el proceso de conversaciones directas entre el Gobierno y el ELN, para que sus iniciativas y propuestas sean tenidas en cuenta de una manera organizada, pluralista y eficaz”.

Luego se dará paso al punto de democracia para la Paz:

Para escuchar propuestas de los ciudadanos sobre cómo resolver mejor los conflictos sociales, cómo construir ciudadanía, cómo mejorar la convivencia en cada rincón de nuestro país”.

Alcanzado ese objetivo, las dos Mesas podrán converger en la discusión, e incluir temas coincidentes en sus Acuerdos finales 1590.

ELN Sabe que no Tiene Ninguna Posibilidad de Tomar el Poder por las Armas

El equipo del Gobierno en las negociaciones con el ELN aclaró algunos detalles del inicio de la fase pública de las conversaciones y explicó la forma en la que funcionaría la Mesa de diálogos.

Pearl dijo que se trataba de un momento histórico ya que:

El ELN ha ido madurando su decisión de ponerle fin al conflicto. Saben que no tienen ninguna posibilidad de tomarse el poder por las armas.

Las razones por las cuales se decidió iniciar la fase pública de las negociaciones sin un cese el fuego previo, se deben a que una de las primeras reglas del juego establecidas fue que el proceso se realizaría en medio del conflicto pues el Gobierno tiene la ventaja:

Lo acordamos así porque somos el Estado y vamos ganando, eso es una ventaja. Hasta que no lleguemos a la firma del Acuerdo final estamos en conflicto, y la fuerza pública seguirá combatiendo el crimen, la ilegalidad y protegiendo la vida de los colombianos”.

Más allá del espíritu de “pacificación” más que de “Paz” mostrado, Frank Pearl, incurre en algunas imprecisiones importantes: “somos el Estado”, no es lo mismo que decir Gobierno. El Estado está conformado por “todos”, el Gobierno es el administrador temporal de los asuntos de Estado. Hablar de combatir la “ilegalidad”, es toda una definición y posición, toda vez que debería debatirse a fondo y aún así no llegar a conclusiones definitivas ni definitorias respecto del “derecho a la rebelión” 1591. Por otra parte, si hay algo que no están combatiendo ni, por lo visto, piensan hacerlo, son las causas estructurales que han venido sosteniendo y profundizando el estado de conflictividad que ha estado -y seguirá estando- viviendo Colombia.

La determinación de llevar a cabo las conversaciones en cinco países, según el ex-Comisionado de Paz José Noé Ríos, pasa por la necesidad de recoger las experiencias de lo que se desarrolló en la fase privada de los diálogos y en la que estos países jugaron un papel determinante, por eso se consideró conveniente que las reuniones pudieran celebrarse allí dado que el apoyo fue manifiesto.

En el proceso de negociaciones, el Gobierno colombiano utilizó el mismo procedimiento del proceso con las FARC: brindar todas las garantías para que puedan participar, aunque la suspensión de ordenes de captura no significa que puedan hacer proselitismo con armas 1592.

Lo Principal es la Participación Ciudadana

Para la instalación de la Mesa de diálogos en Ecuador, se deben resolver dos puntos:

i. Los aspectos procedimentales; y

ii. El fin del secuestro.

La idea, desde la perspectiva del Gobierno -al igual que en el caso de las FARC-, es que la guerrilla muestre “gestos de Paz”.

Muchos sectores exigen que para iniciar las conversaciones se empiece por el cese el fuego o el desescalamiento del conflicto, pero al igual que en el proceso llevado a cabo con las FARC, la decisión del Presidente Sanos ha sido la de negociar en medio del conflicto. Mientras no haya un Acuerdo final de Paz, la confrontación armada continua vigente.

El Gobierno le ha dado prioridad, en el caso de las negociaciones con el ELN, a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales para pronunciarse sobre los temas de la Agenda, que posteriormente serán discutidos de manera directa en la Mesa de conversaciones. Esos temas son plasmados en el apartado de transformaciones; allí se incluirán las iniciativas de las organizaciones sociales, con un enfoque territorial, para encontrar soluciones que permitan sentar las bases de una Paz estable y duradera. La participación de la sociedad y de las organizaciones sociales es una de las novedades del proceso. Lo más importante del proceso de Paz no va a ocurrir en la Mesa de diálogos sino en Colombia. La Mesa opera como un filtro de la voz de las comunidades. La manera como se vea incluida la voz ciudadana será definida por las partes en la fase pública.

Se definirá el cómo y el cuándo convergerán las Mesas de Diálogo del Gobierno-ELN con la del Gobierno-FARC, buscando coordinación y sincronización, teniendo a los temas Víctimas, Justicia y Fin del Conflicto, bajo un mismo y único marco jurídico e institucional.

El Gobierno puso énfasis en que en el proceso, no se negocia ni el sistema político ni el modelo económico; y más allá de que la Agenda contempla un apartado en el que se habla de la creación de planes de desarrollo regional, que se encuentra en el Punto Transformaciones para la Paz, se aclara que será por medio de planes y programas, no de políticas. Esos programas se ejecutarán dentro de las políticas vigentes 1593.

El Tiempo de la Paz tiene que ver con Soluciones a los Problemas de la Sociedad

Según la dirigencia del ELN, nunca antes Colombia se había acercado tanto a conseguir la solución política del conflicto armado entre insurgencias y Gobierno. El anuncio de la nueva Mesa de conversaciones Gobierno-ELN, alimentó la esperanza para construir caminos hacia la Paz. Las particularidades de la Agenda, de los tiempos de la negociación, de las coincidencias con el proceso de La Habana y el papel de la sociedad en esta Mesa de conversaciones.

En el Acuerdo se habla de varias formas en las que podría participar la sociedad civil. Si se requiere que se avance en la solución política del conflicto, lo fundamental es que haya tiempo para que la gente pueda formular interrogantes a los problemas que históricamente no se han resuelto.

El tiempo de la Paz necesariamente tiene que ver con trabajar soluciones a los problemas que la sociedad necesita. No es un tiempo cronológico o simplemente de números, de años o de meses, sino la búsqueda de soluciones. En la medida en que la sociedad pueda estructurar soluciones, que pueda discutir los problemas, que pueda crear un nuevo consenso en la búsqueda de soluciones que interpreten a la diversidad de Colombia, no solamente a una parte.

Ambas partes tienen más conciencia de lo que es posible y de lo que no es posible. Veinticinco años de intentos de procesos de solución política dejaron muchas enseñanzas. El tiempo de la Paz tiene que estar ligado con el tiempo de las soluciones, de la implementación de los Acuerdos. El Acuerdo de la solución política no es la Paz. Hay que ir a la realidad para ver si esos Acuerdos se pueden implementar, que puedan incidir sobre la realidad y cambiar las circunstancias del conflicto. El tiempo de la Paz llegará cuando haya una sincronía con la ejecución de los Acuerdos.

No se trata solamente de la voluntad que se expresa en firmar el Acuerdo sino que ese documento tenga la fuerza, la capacidad, la audiencia, el consenso en la sociedad colombiana para cambiar el país. Una de las experiencias que se extraen de procesos anteriores, es que hay que empoderar a la sociedad como sujeto protagónico e independiente de las partes que están en la Mesa. Poner eso como una meta, como un requisito, justifica que se haya determinado como primer Punto de la Agenda, su participación.

¿Cómo lograr eso? El diseño no lo va a hacer el ELN ni el Gobierno, lo tiene que hacer la misma sociedad. ¿Cuál es punto de partida? El conjunto de la sociedad colombiana que se está movilizando por la Paz. De ahí se parte para trascender más allá hacia los sectores que no están ni organizados, ni movilizados ni interesados en estos procesos.

Una solución política es el reconocimiento de que la sociedad vive un conflicto, y que no ha tenido la capacidad de tramitar correctamente los conflictos. Es un conflicto producto de que la democracia no funciona bien. Se requiere de una gran reflexión: es la diferencia entre un pliego de peticiones y el reconocimiento de la incapacidad del Estado para tramitar los conflictos, cuyo origen deben buscarse en las luchas del movimiento social y político, de los pueblos originarios, los afrocolombianos, las mujeres.

Se requiere asumir que en Colombia no hay democracia, reconocer hay pobres, marginados, trabajadores, desplazados, víctimas. Es de ese reconocimiento y de esa diversidad de donde nace un nuevo consenso. La solución política abre la posibilidad de generar un proceso democratizador.

En 1991 se hizo una nueva Constitución, un Pacto que lleva más de treinta ajustes para favorecer los intereses de las empresas transnacionales. Eso da una muestra de la voluntad política, porque las constituciones son tratados de Paz. Si ésta nueva oportunidad tiene éxito, lo va a dar el empoderamiento de la sociedad, porque si estos procesos se quedan solamente en la Mesa, no pasan de ser uno más. Pero si la gente lo retoma, será un proceso democratizador y por supuesto se abre una vía muy importante para lograr cambios.

No es que en Colombia falte una Constitución o una Constituyente. Muchas de las normas y derechos que están en la Constitución, si se aplicaran, evitarían tantos problemas. Hay que ver por qué mucha de la letra no se cumple; por qué hay una Constitución formal y una real. Tiene que ver con la manera de ver la política, las instituciones, cómo se orienta el tratamiento de los problemas de la sociedad.

En Colombia no hay ciudadanía. No todos tenemos los mismos derechos ni las mismas condiciones para acceder a ellos. No es un Estado ni de derecho ni garantista. Entonces, ¿para qué una Constitución si se está fallando en lo básico? El paramilitarismo para el ELN es una lógica creada por el Estado y enmarcada en una política internacional del Pentágono. Es la participación del Estado en el control sobre quien disienta de las políticas de Gobierno. Para eso, se desarrollan estructuras que encubren, que protegen al Estado -los Gobiernos de turno- y que, aparentemente, funcionan paralelamente a la institucionalidad pero responden a las directrices del Estado -los Gobiernos de turno-. En Colombia eso se ligó tanto, que llegó un punto en el que no se pudo diferenciar.

El ELN, en el campo de la confrontación militar, cuando atacaba a los paramilitares, en realidad resultaba combatiendo con compañías o batallones del ejército. Los paramilitares se movían en una lógica de complementariedad en la confrontación militar con el Estado. El paramilitarismo se trasladó hacia adentro de las instituciones, lo que permitió posteriormente los falsos positivos. Ese es un reflejo de que el paramilitarismo está adentro. Es una manera de escaparse a la justicia para obedecer las disposiciones políticas.

Para eso se requiere que la sociedad participe, que identifique dónde está el tema del paramilitarismo porque hubo un momento en el que se dijo “esta guerra la ganó” pero, ¿dónde están los perdedores? Seis millones de desplazados, ahí está el registro de la guerra: ¿son ricos, son hacendados, son los grandes empresarios? No, la mayoría son pobres, huérfanos, mujeres. Una guerra orientada hacia un sector de la sociedad. Los paramilitares están aliados con los sectores de ultraderecha que no quieren los procesos de Paz. Sin embargo, el Gobierno niega la existencia de estos grupos, dice que ya no existe el paramilitarismo, que son bandas. La realidad demuestra que sí existen, que tienen relaciones con el Estado, pero insisten en que solo son “manzanas podridas”. Aseguran que no es una decisión del Estado la guerra sucia, que se trata de casos aislados de personajes que se extralimitaron en sus funciones. Si los que desataron al guerra sucia no reconocen que son los responsables, ¿el futuro cuál es?

La discusión sobre justicia tiene que ver con eso, con asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido, por lo que está ocurriendo. El ELN, como guerrilla, la vamos a asumir pero lo que vemos del Gobierno es que no, que ellos individualizan los casos pero como Estado, como régimen, no lo quieren asumir.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, adoptada en La Habana, el ELN considera que son Acuerdos que se han hecho allá. Por supuesto, que si el Gobierno quiere llevar los conceptos o el modelo que se ha trabajado allá a esta negociación, el ELN no tiene problema. No obstante, creemos que es imposible que haya justicia si no hay verdad. ¿Las clases dominantes tienen disposición de reconocer la verdad del conflicto o va a ser solo el cuento de las “manzanas podridas”? Sin Verdad, no hay Reparación ni Garantías de No Repetición. Esa es la discusión cuando en el punto de Víctimas se habló del tema de No Olvido. Hay que hacer memoria, estos pueblos necesitan memoria colectiva e historias comunes. Ese es un punto que el ELN va a tocar en el diálogo sobre Víctimas, acá debe haber verdad histórica, no es un asunto solo de académicos.

¿Somos capaces los colombianos de tener una historia común del conflicto o cada uno va a hacer su historia aparte? Una cosa es el tema de las Víctimas y otra, muy diferente, la situación jurídica de los integrantes del ELN. Porque a veces se quiere relacionar la justicia como si la insurgencia fuera una “fábrica de victimarios” y nosotros no estamos acá para negociar eso. El ELN tiene la condición de ser un movimiento alzado en armas y va a negociar con el Gobierno colombiano cómo va a ser la nueva situación jurídica del ELN y sus integrantes para hacer la política legal. El tema de justicia será abordado por la comunidad de Víctimas. Eso no es con el ELN. Vamos a contribuir para que ese tema sea tratado por los afectados, ¿cómo va a ser el mismo Estado que estuvo ausente para proteger a la sociedad el que aplique la justicia que el propio Estado violó?

Se trata de reconstruir los hechos, que es la verdad histórica, lo que nos debe llevar a la verdad jurídica. El país espera conocer cómo será el desarrollo concreto de los ciclos de diálogo pero, sobre todo, cuáles serán los caminos para que la sociedad pueda participar de las transformaciones necesarias para llegar a lo que los negociadores entrevistados llamaron “un nuevo consenso nacional” 1594.

Principales Trabas en el Proceso de Negociación Gobierno-ELN

Para el ELN, hay ciertos temas que hacen muy difícil la negociación, por lo que se requiere pensar y superar los retos que implican.

Primera dificultad: Las formulaciones con las que las dos partes inician la negociación. De parte del ELN, hay compromiso e interés en la solución negociada, pero de manera simultánea no ha desistido de su proyecto estratégico de “resistencia armada”. Las razones -luego que desistieron de su proyecto estratégico de poder armado, decisión tomada luego de su debilitamiento entre 1994-2002- son múltiples: convicción ideológica, desconfianza profunda con el compromiso de cumplimiento de lo pactado y, por supuesto, sectores y personas que se sienten cómodas y se lucran en “la resistencia armada”, este conjunto de razones, son las que hay que superar en un proceso de negociaciones.

De parte del Gobierno, la pregunta es si tiene una propuesta para llevar a cabo una negociación con el ELN. Este es un tema que no se conoce. Se requiere una propuesta desde el lado del Gobierno.

Segunda dificultad: La cantidad y calidad de la participación. El ELN ha insistido en su tesis de participación social, para promover los diálogos y negociaciones. La dificultad es involucrar actores con poder y con protagonismo, que vayan más allá del “pequeño” mundo social y político. Ese mundo con mucha tradición, es insuficiente para llevar a cabo unas negociaciones. Esos actores, como la izquierda, el movimiento por la Paz, con otros actores como los gremios económicos, sociales y políticos, solo van a participar si se les invita y explica el por qué de la importancia de que se involucren en este proceso. La pregunta es si el Gobierno tiene interés en ello.

La tercera gran dificultad, es que hay un planteamiento de “transformaciones para la Paz”, que implica concretarlas. El ELN quiere muchas transformaciones y el Gobierno pocas. Entre estas lógicas e intereses hay que construir un “campo común”, y no es fácil.

Cuarta dificultad: El tiempo. Aquí chocan las lógicas entre las partes. Para el ELN, el tema es pactar con las “élites oligárquicas”, y desde ese planteamiento no tiene mayor preocupación por el factor tiempo y en la larga fase exploratoria quedó claro que no tiene interés en “correr”. Del otro lado, el Presidente Santos tiene un tiempo finito para llevar a cabo la negociación: dieciocho meses. Es un tiempo limitado para concretar la negociación. Esto pone una tensión adicional y coloca esta negociación en el debate presidencial del 2018 y sus posibilidades de continuidad, supeditadas a lo avanzado y a las valoraciones que tenga el Presidente que sea elegido.

Quinta dificultad: Negociaciones en un ambiente distendido o en la continuidad del conflicto, sobre todo luego de que se alcanzó el cese bilateral con las FARC y el cierre de esas negociaciones. Para alcanzar rápidamente una distensión entre el Gobierno y el ELN, éste debe suspender el secuestro y liberar retenidos y el Gobierno acceder a pactar un cese bilateral de fuegos, con todo lo que ello implica 1595.

ELN Considera que el Gobierno de Santos Pone Impedimentos a la Paz

La condición que el Presidente Santos interpuso al proceso de diálogos con el ELN, se ha convertido en un impedimento para la Paz. Ha dicho que debemos cesar la práctica de las retenciones, porque de lo contrario, no se dará libre curso a la ya anunciada fase pública de negociaciones. Esta declaración presidencial pretende ser una imposición, por cuanto es sólo una Parte la que debe cumplirle a la otra, al margen del Acuerdo de Agenda, hecho público el 30 de marzo del 2016, con la comunidad internacional como testigo. La pretensión de hacer imposiciones a la otra Parte, evidencia que el Gobierno no tiene la intención de cumplir los Pactos.

Una negociación implica la seriedad y el compromiso mutuo en el que las dos Partes ceden. Cuando eso ocurre, las Partes se esfuerzan en respetar lo acordado por encima de las diferencias. Lo acordado en la Mesa, es que en el Quinto Punto de la Agenda, dedicado al “Fin del Conflicto”, se debe discutir y resolver en forma conjunta. Plantearse, en la actualidad, modificaciones substanciales, como la exigencia del Presidente, es incumplir definiciones y obstruir el proceso de Paz.

Las afirmaciones del Presidente, condicionando el inicio de la “fase pública”, desató una ofensiva mediática que está desgastando la confianza generada por el anuncio del Acuerdo de Agenda y ha provocado confusiones en la opinión pública con falsas acusaciones, como la que dice que el ELN ha faltado a los Acuerdos, porque está actuando en asuntos a los que se ha comprometido no hacer, cuando la realidad demuestra, que ha sido el Presidente Santos, quien impuso como condición, que el diálogo se desarrolle en medio del conflicto.

Contrario a tal definición el ELN ha reiterado la urgencia de un cese bilateral del fuego y las hostilidades. Toda actividad carente de verdad, lesiona la seriedad del proceso de diálogos y le hace mucho daño a la Paz de Colombia 1596.

Demora en Instalar Mesa de Negociación en Ecuador es Responsabilidad del Gobierno de Santos

El Presidente Juan Manuel Santos, dijo al ELN que el secuestro “no es aceptado en ningún tipo de guerra”, en respuesta a la negativa de esa guerrilla a liberar a los civiles que tiene en su poder como condición para abrir oficialmente un proceso de Paz.

Santos reconoció que ha pedido que esas negociaciones se desarrollen en medio del conflicto, como ocurre en los diálogos con las FARC, pero advirtió que ello no implica que el secuestro por parte del ELN pueda mantenerse. “Las guerras tienen sus reglas. Hay cosas que se aceptan y cosas que no se aceptan. Para eso se creó el Derecho Internacional Humanitario y dentro de esas reglas, está clarísimamente estipulado que el secuestro no forma parte de las reglas, el secuestro no es aceptado en ninguna 1597.

El ELN negó que exista un compromiso vigente con el Gobierno de liberar a los secuestrados para dar inicio a la etapa pública de los diálogos de Paz. Según Pablo Beltrán, la Mesa de negociación está en crisis, al explicar que el Gobierno hace nuevas exigencias que, a su juicio, nunca fueron pactados dentro de la Agenda:

Han colocado unas exigencias, como digo de última hora, que colocan en crisis la Mesa y ya llevamos cuarenta días, desde que se anunció el Acuerdo, sin que podamos resolver este impase. La demora en el inicio de las conversaciones corre por cuenta del Gobierno”.

Para el ELN la exigencia del Gobierno se convierte en una presión extra a la Mesa, que pone en entredicho lo ya avanzado entre las partes.

El ELN no falta a la palabra. Lo que se acordó con el Gobierno está claramente expresado en el documento del 30 de marzo. El mundo entero conoció el documento del Acuerdo. No hay ningún compromiso sobre ese tema, ni se tocó”.

La delegación del ELN está lista para viajar a Ecuador, sentarse a la Mesa y persistir en la negociación y el diálogo, según lo pactado 1598.

ELN Critica al Gobierno por Congelar los Diálogos

El máximo Jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, envió una carta de respuesta a la periodista María Jimena Duzán, respondiendo por lo sucedido en el secuestro de Salud Hernández y aprovechó para reclamar al Presidente Santos por la decisión de congelar “de manera intempestiva y unilateral” los diálogos.

En realidad se trata de una maniobra por parte del ELN, de buscar presionar al Gobierno para que declare un “cese el fuego bilateral”, a cambio de no continuar con la práctica del secuestro.

El ELN señala que el secuestro es un tema acordado en la Agenda de negociación que debería discutirse con mayor profundidad.

En el Punto quinto, deben ventilarse y buscar soluciones a situaciones de tipo humanitario… Todos tenemos dolores, fruto del conflicto que queremos superar”.

Frente al debate que se generó porque el ELN continuó secuestrando, ratifica que no es una práctica eliminada:

Nunca hemos negado que por diversas razones, hemos privado de la libertad a algunas personas, con pleno conocimiento de eso, construimos con el Gobierno, la Agenda conocida por la opinión pública, sin que hubiese sido una imposibilidad para acordarla. Somos conscientes que las retenciones de cualquier tipo, afectan de manera sensible a quien las vive y a su entorno familiar y social, por lo que siempre hemos tenido claro que debemos reducirlas al mínimo, en lo posible, que nunca más ocurran, reflexión que nos ha llevado a reducirlo de forma significativa”.

Sobre el secuestro de la periodista Salud Hernández ratificamos que se trató de una retención que no tuvo que ver con que ella “tome partido en favor de la extrema derecha y el paramilitarismo”; fue retenida para descartar riesgos de seguridad; la entrega se demoró por la operación militar para intentar rescatarla.

El ELN reitera su petición especial: “cese el fuego bilateral”, un Punto en el que el Gobierno parece no estar dispuesto a ceder 1599.

ELN Condicionó Inicio de Diálogos a Participación de la Sociedad Civil

En una entrevista con motivo del cincuenta y dos aniversario de la fundación del ELN, su Comandante alias “Gabino” aseguró que respetaba el proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC, pero pidió tener uno “diferente”. “Decimos que la sociedad debe ser protagonista en los Acuerdos, se requiere la participación de la gente, si no, no sirve, no hay proceso sin la sociedad, si las víctimas no son tenidas en cuenta”.

Dijo que su lucha sigue siendo “para combatir a la clase dominante” y contra el paramilitarismo. “Así algunos digan que no existe, están muy presentes en varias regiones, hay que luchar contra el sistema electoral diseñado como dicen con la ley del embudo”.

No se puede decir que se acaba la guerra con un proceso de Paz. Los movimientos sociales no van a permitir que los diálogos se lleven a cabo sin la intervención directa de la sociedad. La lucha armada sigue siendo válida. La consigna del sacerdote Camilo Torres Restrepo sobre que las vías democráticas para que el pueblo ascendiera al poder estaban cerradas, sigue vigente.

Las condiciones que vive el país siguen siendo las mismas que motivaron la lucha armada por las cuales se conformó el Ejército de Liberación Nacional. Hay tres ejemplos claros que validan la continuación del enfrentamiento armado:

1) La represión contra las luchas populares y la falta de cumplimiento del Gobierno a las promesas realizadas en las negociaciones con los distintos sectores.

2) El paramilitarismo. Así el Estado niegue la existencia de estos grupos, la realidad es otra. Existen en plenitud y son un factor de riesgo para las tropas del ELN y las FARC y para una posible oposición política.

3) El sistema electoral colombiano. Tal como funciona hoy, es desventajoso contra la izquierda porque el funcionamiento es “amarrado y clientelista”.

La intención del ELN es sacar a la violencia de la política para poder participar en las decisiones que orientan el rumbo del país. Aún no habiendo conflicto armado, van a permanecer las diferencias sociales que se intentará resolver de forma no violenta. El Gobierno no tiene voluntad para empezar la fase pública de los diálogos de Paz, y no hace nada por detener los asesinatos y persecuciones a líderes sociales, de Derechos Humanos y ambientalistas.

A diferencia del proceso llevado a cabo con las FARC, la sociedad excluida debe ser parte fundamental en la elaboración de los Acuerdos. De no ser así “para nosotros el proceso de Paz no llega a ninguna parte”. El proceso no se queda solo en la firma de lo pactado, sino en los hechos, cambios y transformaciones que tenga el país luego de finalizar los diálogos. “Los meros papeles firmados no van a resolver el problema … si (el Gobierno) no cumple, el pueblo otra vez va a hacer una resistencia armada” 1600.

Un Conflicto no Termina hasta que no se Solucionan las Causas

La sociedad civil apoya el proceso de Paz, pero sin estar de acuerdo con los métodos de la guerrilla, tiene demandas para el Gobierno. Si no se va a la raíz del conflicto, este continuará. Los dirigentes de diferentes organizaciones de la sociedad civil plantean que “el pueblo tiene su Agenda y los líderes tienen otra”.

El sociólogo estadounidense Profesor de la Universidad de Pensilvania Sam Richards, y su esposa la socióloga Laurie Mulvey, que dirigen el programa “World in Conversation”, en una conferencia a los estudiantes de la Universidad privada Ecci de Bogotá, plantearon que:

Transformar un conflicto necesita personas comprometidas. Cuando unos grupos han sido ofendidos, victimizados o heridos, su primera reacción es separarse. Lo necesario es exactamente lo contrario. Lo que se necesita es un compromiso real. En un proceso de Paz, todo el mundo está incómodo: cada uno debe renunciar a algo para llegar a la Paz. La Paz es tan complicada como la guerra. La gente tiene que ver la humanidad del otro y no lo pueden hacer sin conocerlo realmente. Tampoco pueden estar forzados a ser amigos ni a dejar de ser enemigos. Deben pasar por un proceso, lo que requiere siempre un liderazgo que lo empuje hacia adelante”.

La continuidad del conflicto en Colombia es realmente una cuestión de falta de comunicación, no de simpatía, pero “que la gente pueda contar su historia es la base de la reconciliación” 1601.

La Sociedad Civil Quiere una Paz con Cambios en el Modelo Económico

El movimiento social articulado en la Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular y muchos otros sectores de la sociedad, prepararon una nueva jornada de paro, invitando a construir Paz con justicia social y a cambiar el modelo económico. Las razones para movilizarse: Un contexto ajeno a los anhelos de Paz con justicia social.

Jimmy Moreno, Vocero Nacional del Congreso de los Pueblos, planteó que el contexto político vigente había que reflexionarlo en dos ámbitos:

1) El latinoamericano; y

2) El nacional, donde Colombia se juega un proceso de Paz y movilización.

No es posible entender el panorama de Colombia, sin analizar los intereses de Estados Unidos, que hoy sostiene de una manera más agresiva, una estrategia para recuperar el control de América Latina, y para ello aplica un diseño que destruye a los Gobiernos democráticos, alternativos y al conjunto del movimiento popular:

En esa reflexión vemos la importancia de que los movimientos sociales y populares logremos unificarnos en torno a una acción continental que defienda estos procesos alternativos y democráticos… pero que tenga una perspectiva estratégica para sostener los avances alcanzados. Esta debe ser la hora de los pueblos para asumir un protagonismo mayor en los procesos de cambio y la defensa de lo alcanzado, porque la política del capitalismo nos afecta a todos”.

Colombia se encuentra rezagada en el contexto de cambios de la región, ya que aún no se ha podido construir un Gobierno alternativo y democrático, y el contexto resulta más complejo, pues el país enfrenta una crisis económica profunda que refleja cómo el capitalismo, a través del modelo neoliberal, viene en un proceso de degradación de la vida, de los territorios, del planeta, pero es capaz de imponerse ante las crisis y usar estrategias de reacomodo de sus intereses intensificando el modelo en los territorios.

También está el tema de la Paz, pues si bien es cierto que hay unos procesos de negociación con la insurgencia, que es respaldado por la Cumbre Agraria, esta señala que el Gobierno Nacional impulsa un modelo de Paz contrario a los intereses de las grandes mayorías.

El Estado, en medio de la negociación, viene profundizando la política minero energética y la crisis económica; el Plan Nacional de Desarrollo está bajo los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y eso tiene que ver con imponernos reformas tributarias, más impuestos, más despojo de nuestros territorios, más privatizaciones, entre otras cosas”.

El contexto es de profunda vulneración de los Derechos Humanos y falta de garantías para la lucha social y política, que se profundiza con el avance de la Ley de seguridad ciudadana, que se discute en el Congreso de la República, y el nuevo código de policía que les da facultades para violar los derechos civiles y políticos. Por otro lado, el paro que hicieron los paramilitares el 1° de abril, fue parte de una estrategia política y militar, que no solo demuestra su reactivación sino el control sobre unos territorios y la recuperación de otros.

Para Luís Acosta, Coordinador Nacional de la Guardia Indígena y miembro de la Dirección de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el contexto en el que se desarrollará la Minga Nacional Agraria Campesina Etnica y Popular, que es el nombre que ha tomado la jornada de paro, es peligroso:

El momento político es de alto riesgo porque aunque aparentemente la guerra se ha disminuido en nuestros territorios, es una guerra silenciosa, de penetración de los proyectos económicos de las transnacionales y de repoblamiento de los grupos paramilitares. Es un momento de cambio de estrategia en donde los medios juegan un papel fundamental de confusión de la gente, aquí uno no sabe cuál es el enemigo, porque nos quieren mostrar que ellos, los de la burguesía, se pelean entre sí, pero seguramente es una mentira. También es un momento interesante de mucha esperanza”.

La jornada del 30 de mayo del 2016 es una oportunidad para levantar un grito de resistencia:

Es un campanazo de alerta, un momento para decirles: aquí estamos unidos los pueblos, y es un momento para desenmascarar esa guerra silenciosa y hacerle frente a las políticas del régimen, que son de guerra y violencia en los territorios. El sistema está entero, no es cierto que va a haber Paz, hay una situación de desigualdad y esa brecha entre ricos y pobres se distancia cada vez más. Es un momento para la pedagogía, para que la gente entienda que el modelo económico es el causante de las desigualdades, y que la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, los servicios públicos, etc., se han convertido en un negocio. Es un momento para abrazarnos y compartir con nuestros hermanos afros e indígenas en la lucha. Movilizarse por la defensa de la vida es el mejor ejemplo de construir Paz”.

Esa realidad de país expuesta por los líderes de la Cumbre Agraria, es compartida por otras organizaciones sociales y políticas, por los camioneros, víctimas, mujeres y sectores sindicales. Por eso vienen impulsando la realización de una nueva jornada de movilización de carácter indefinido a partir del 30 de mayo del 2016. Esa jornada tiene como propósito central confrontar el modelo neoliberal, que como lo expresaron los líderes sociales, es un modelo de saqueo, de despojo de los territorios, de empobrecimiento de las comunidades. El paro también permite generar escenarios de articulación para mejorar las condiciones de la lucha social y popular. En ese sentido el Paro, o la Minga como también se ha llamado, adquieren un carácter político porque confronta políticas nacionales del Gobierno, y un carácter reivindicativo, porque busca alcanzar unos Acuerdos mínimos para avanzar hacia propuestas de cambios y transformaciones a favor de las comunidades.

Según lo expresa Miguel Angel Cassiani Chico, dirigente Nacional de ANAFRO y del Proceso de Comunidades Negras (PCN):

El Paro Indefinido o Minga busca presionar al Gobierno Nacional para que cumpla los Acuerdos que se han hecho con la Cumbre. De estos, escasamente han cumplido con algunos proyectos económicos para la reactivación del campo en favor de las comunidades negras, campesinas e indígenas, y eso no se ha cumplido a cabalidad, teniendo en cuenta que está plasmado en un documento firmado con el Ministerio de Agricultura desde hace casi dos años, y esa falta de cumplimiento es la que nos da pie para volver a movilizarnos para exigir el cumplimiento de los Acuerdos”.

Los indígenas tienen, además, propósitos adicionales, uno de ellos es el fortalecimiento de la Guardia Indígena. Su coordinador explica:

La Guardia es una iniciativa que retomaron nuestros pueblos de la resistencia milenaria; es una realidad que busca mantener la defensa del territorio y el equilibrio y la sana convivencia de nuestro pueblo. No utilizamos armas, pero sí autoridad. Somos miles y por esto requerimos recursos, financiación para profesionalizar y especializar a la guardia, su funcionamiento, su formación técnica, física y académica, todo lo que esta requiera para desarrollar su labor de defensa del territorio, el agua, la comida y el buen vivir de las comunidades, dentro de la Ley y la Constitución que contempla la Jurisdicción Especial Indígena; la Guardia Indígena es una verdadera realidad de Paz y sería de gran apoyo en los territorios en estos momentos que se van a firmar los Acuerdos de Paz. El guardia presta seguridad desde la vida, desde lo humano y no desde lo militar armado”.

Según Juvenal, consejero de la ONIC, el pueblo indígena tiene veintiocho Mesas de negociación con el Gobierno y mil cuatrocientos dos Acuerdos incumplidos. Por eso ellos han recorrido cada palmo de su territorio, a nivel nacional, para impulsar la participación de los diferentes pueblos indígenas en la preparación y ejecución de esta jornada. Para ellos, es fundamental que sus pueblos conozcan las razones de su lucha y lo hagan con el espíritu, el cuerpo y el corazón.

Las diferentes voces del Movimiento Social manifiestan que uno de sus propósitos es convocar al conjunto de la sociedad, a los millones de colombianos y colombianas que están cansados de soportar las injusticias de un modelo económico y político que los hunde cada vez más en la miseria y la exclusión.

Para Sandra Solano, Vocera Nacional de Confluencia de Mujeres para la Acción Pública:

El espacio de la Cumbre es un espacio de unidad que hay que seguir fortaleciendo desde las diversas organizaciones y desde el movimiento social en general. La tarea es salir a enamorar a la gente de este escenario y de la movilización; en esa actitud estamos todos los sectores que aquí confluimos, pero sobre todo para hacer una convocatoria muy amplia que recoja las luchas territoriales, que recoja las luchas de sectores y organizaciones que no forman parte de este proceso, y esa es la gran tarea desde los territorios y desde los sectores también”.

El dirigente nacional de ANAFRO señaló que:

Venimos haciendo muchas reuniones sectoriales dándole a conocer a los procesos que no están vinculados en la Cumbre Agraria, de la importancia, no solo de este espacio, sino de que nos movilicemos todos los sectores, incluso procesos independientes que han estado más solos y mucha gente que está suelta. Queremos que se involucren en este gran proceso nacional porque la Cumbre es un proceso para que Colombia entera tenga las garantías que el Gobierno nos debe brindar”.

Al igual que jornadas de movilización anteriores, este nuevo momento también busca abrirle caminos a la construcción de la Paz con Justicia Social y como una tarea que corresponde al conjunto de la sociedad.

En palabras de Jimmy Moreno:

Un objetivo central es la participación en clave de Paz, el Gobierno tiene la oportunidad de sentarse con las comunidades a negociar el conflicto social que tenemos y en esa perspectiva, en la Cumbre hemos dialogado sobre la importancia de poner sobre la Agenda la participación vinculante de las comunidades. En esa línea venimos unificando el pliego y diseños de movilización, en la perspectiva de la confrontación al modelo y la construcción de Paz desde las apuestas populares”.

Para Cassiani:

Una de las exigencias es que nosotros como etnias negras, indígenas y campesinos, tengamos una representación propia en las Mesas de negociación, ya que allí se está hablando del campo que es donde nosotros estamos, y lo que vemos es una afectación desde ya en un escenario de ‘postconflicto’ por el modelo que existe. Eso es lo que nos tiene preocupados y por eso exigimos la representación en esos escenarios de dialogo”.

Luis Acosta sostiene que:

El Paro, la movilización, por sí sola es un acto de Paz, “son los ejercicios legítimos de proteger la vida; para los pueblos indígenas la Paz es la vida misma de la gente, no se puede entender como una coyuntura. La Paz es que haya agua, alimentos. El paro es para defender el agua y confrontar a los que quieren acabar la vida de la naturaleza, y como el modelo la quiere acabar hay que derrotar el modelo”.

Para Sandra Solano:

Esta movilización nos va permitir mirar nuestra correlación de fuerzas y ampliarla también. En ese sentido la acción de movilización busca generar presión al Gobierno colombiano para que se siente a negociar con el pueblo; aunque ya con la Cumbre se ha sentado, hay un montón de Acuerdos incumplidos por parte del Gobierno Nacional, y es importante que la movilización sea un elemento de presión pero también de cómo vamos cualificando fuerzas y llamando al conjunto de la sociedad colombiana”.

Esta nueva jornada hay que entenderla como un respaldo a los procesos de Paz que buscan una solución política negociada al conflicto armado, económico, social y político. Es una jornada que quiere derrotar el modelo económico -que el Gobierno de Santos ha considerado como uno de sus inamovibles-, que busca que las decisiones sobre el manejo del país no las tome solo el Gobierno Nacional sino el conjunto de la sociedad, como corresponde a una democracia.

Esta Minga, según los líderes sociales, se debe aprovechar para difundir esa perspectiva de Paz con justicia social y ambiental, una Paz con cambios y transformaciones. Una Paz construida con participación activa de las comunidades, que presione al Gobierno Nacional a sentarse a negociar los conflictos sociales que golpean a la Nación 1602.

Paro Nacional

El 30 de mayo del 2016 inició la Minga Nacional Agraria, Campesina, Etnica y Popular en diferentes puntos del país. Las comunidades campesinas y urbanas salieron a las calles con el propósito de defender la Paz y señalar las políticas de Santos que desmienten que el fin del conflicto esté cerca.

Robert Daza, vocero del Coordinador Nacional Agrario señaló:

Serán más de cien puntos de concentración en veintisiete Departamentos. Cerca de cien mil personas saldrán a movilizarse”.

El anuncio, hecho por los voceros de la Cumbre Agraria, estuvo acompañado del rechazo a las declaraciones del Gobernador de Norte de Santander que señalan la jornada de protesta y ponen en riesgo, según el Consejero Mayor de la ONIC Luis Fernando Arias, a las comunidades del Catatumbo que se unirán al Paro:

Las organizaciones que integramos la Cumbre Agraria, respaldamos los procesos de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y queremos que la Paz no sea despejar el camino para las multinacionales”.

Robert Daza insistió en que el Gobierno Nacional no ha cumplido los Acuerdos con la Cumbre

Las políticas que se están aplicando en este país apuntan a que, en muy pocos años, ya no existirán los campesinos y campesinas. No entendemos como en estos tiempos de Paz, el Gobierno nacional en un Acuerdo con las transnacionales y los ricos de este país, aprueban leyes que nos despojan del patrimonio que tenemos como campesinos y campesinas, por ejemplo como la Ley ZIDRES.

Estamos exigiendo al Gobierno que cumpla con todo lo que se ha comprometido en los paros del 2013, 2014 y en las reuniones del 2015:

Llevamos ya dos años de reuniones con Ministros, Viceministros y técnicos del Gobierno nacional y sobre los seis puntos del pliego no hay absolutamente ningún Acuerdo”.

Se ha avanzado parcialmente en unas inversiones que el Gobierno se comprometió, en algunos proyectos productivos. En todo esto no se han cumplido ni el treinta porciento. En el 2013 Colombia asistió a la movilización campesina más importante del siglo. Los habitantes del campo, cansados de los Tratados de Libre Comercio, el alto costo de los insumos para la agricultura, la nociva legislación aprobada por el Gobierno (Código Minero y Ley de semillas), colmaron la paciencia del sector agrario.

En las movilizaciones de entonces se gestó la Cumbre Agraria, el principal escenario de convergencia de organizaciones sociales y populares del país que convocó en el 2014 un paro que logró el establecimiento de una Mesa de negociación con el Gobierno Nacional. Desde la instalación del escenario de interlocución, los voceros de la Cumbre afirmaron que el avance en los puntos estructurales del Pliego de Peticiones eran pocos.

Si bien los encuentros se han mantenido, las discusiones profundas sobre el modelo económico no se han desarrollado.

Queremos que la Paz se construya desde nuestras voces, que genere cambios reales en las condiciones de vida de todos los colombianos y colombianas. Queremos recuperar el patrimonio de nuestra nación para lograr garantías reales en salud, vivienda, trabajo y educación; que los impuestos sean para nuestro bienestar” 1603.

    La Paz Sigue Siendo un Campo en Disputa

    El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Norte de Santander, reunido en su instancia de decisión periódica con delegados/das de todos los sectores que le componen en el Departamento, los días 5-6 de junio del 2016 en su respectiva sede en la ciudad de Cúcuta, ha deliberado sobre sus objetivos estratégicos y la planeación del Plan de Trabajo trimestral para prepararse ante la convulsionada dinámica política nacional y territorial, y hacen una Declaración Política:

    La inminente firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre las FARC y el Gobierno Nacional, junto al próximo inicio de la “fase pública” del proceso de diálogos con el ELN, son el paso previo al fin de la horrible noche de guerra que se ha desarrollado en campos y ciudades en Colombia, que es la derrota sobre el militarismo salvaje impuesto donde han vertido la sangre de los más pobres.

    El desarrollo de las dinámicas de movilización y paro de la Minga Nacional campesina, étnica y popular en los campos, carreteras y ciudades colombianas, que demandan el serio y oportuno cumplimiento por parte del Gobierno Nacional, con el pliego de peticiones hecho en el marco de la Cumbre Agraria y otras más que buscan la creación de condiciones de vida digna para el buen vivir de las comunidades en todo el país, ha demostrado que, aunque el desarrollo de los diálogos entre el Gobierno y las insurgencias, abre una brecha importante para disputarse el país desde los territorios, no implica el pleno desarrollo de la justicia social como garantía de Paz.

    El ejercicio de la protesta y la movilización, que debe garantizarse y respetarse como derecho primordial del ejercicio ciudadano, es el mecanismo para materializar en las calles el descontento que mantiene la población y sirve como mecanismo de presión para que sean implementados efectivamente los Acuerdos pactados en la Mesa de conversaciones con las guerrillas. La Paz seguirá siendo un campo en disputa, donde el Estado debe comprometerse a desmontar los distintos aparatos de manipulación mediática y represión, como el ESMAD que mediante la brutalidad y exceso abusivo de la fuerza han segado la vida de decenas de ciudadanos inconformes ante la cruda realidad que padecen a diario junto con sus familias.

    El desmonte total de los diferentes medios de comunicación al servicio de las diferentes estructuras parapolíticas, donde se pretende condenar a la guerra al país, así como también debe comprometer todos sus esfuerzos al desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que acechan el movimiento social y popular colombiano, para lograr desarticularlo con la política del terror establecida por personas que han raptado el poder para ponerlo a disposición de sus deseos.

    La Marcha Patriótica ratifica su compromiso con la Paz de Colombia y la justicia social para el pueblo, y es así como despliega todos sus esfuerzos humanos, materiales e intelectuales para los ejercicios de pedagogía para la Paz en todas las comunidades, y convoca a toda la población norte-santandereana a movilizarse, respaldando el cese bilateral del fuego, que logra ser un hito trascendental en la confrontación armada que ha padecido el país.

    Ya no habrá pretextos para que los entes territoriales y los organismos de planeación del Estado expresen la falta de recursos para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades por el desarrollo de la guerra. La Marcha Patriótica convoca a todas las organizaciones que anhelan la Paz, a sumar mayorías para defender y rodear los Acuerdos, y la implementación de los mismos que benefician ampliamente las gentes del Departamento, convocamos a nutrir el movimiento amplio por la Paz y a sus dinámicas. Es hora de construir el gran bloque de la Paz y en contra de la guerra 1604.

    Cumbre Agraria, Campesina Avanza como Propuesta de País

    El 12 de junio de 2016, en la ciudad de Santander de Quilichao, se firmaron diez Actas específicas y una general, entre la Cumbre Agraria Campesina, Etnica y Popular y el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien en voz de los Ministros del Interior Juan Fernando Cristo, de Agricultura, Aurelio Iragorri, de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, como otros altos funcionarios del Ejecutivo, el Viceministro del Interior Guillermo Rivera, el Viceministro de Energía Carlos Fernando Erazo, la Presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Silvana Habib Daza, el Director de la Unidad para Reparación Integral de las Víctimas Alan Jara, el Viceministro de Desarrollo Rural Juan Pablo Díaz-Granados, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, acordaron:

    Garantías para la Movilización. Un marco general que compromete al Gobierno a “brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país”, donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de Protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes.

    En el marco de este Acuerdo se establece que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades (…) movilizadas en el territorio nacional”.

    Dentro del Acta 002 se señala además, que “el Gobierno nacional se compromete a la creación de una Comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”.

    Avances para el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCA). En la Comisión de Territorialidad Campesina, en el eje de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el Acta 005 señala que el Gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la Ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. Del mismo modo, esta Acta señala que el Gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas (…) con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”.

    Esta Acta señala que “el Ministerio de Agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional”, lo que significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano.

    Construcción de apuestas de Paz y autonomías de control social-territorial. En materia de Paz, el Gobierno se ha comprometido:

    1) a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas;

    2) se ha acordado construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de Paz;

    3) se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo el reconocimiento similar a las guardias cimarrona y campesina; también se acordó iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la Paz entre la Cumbre y el Gobierno nacional.

    En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, se acordó una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social.

    Se avanza en la construcción de una política pública minero-energética. En materia minero-energética, un muy importante Acuerdo es “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética” para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria; por otro lado, se ha acordado la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia; se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.

    Una novedad y avance en esta jornada de Acuerdos, es la ruta acordada para abordar el tema de la relación campo-ciudad, que se iniciará el 17 de junio del 2016 en reunión entre la Cumbre Agraria y los Jefes de Cartera del Interior, y funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Vivienda y de Planeación Nacional. Estas Actas dan cuenta de una extensa Agenda de reuniones de seguimiento y monitoreo a los Acuerdos incumplidos desde el 2014 y a los nuevos Acuerdos de esta jornada de Paro.

    Siendo quizá la más importante la reunión del 22 de junio del 2016 en la ciudad de Bogotá entre la Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular, con el Presidente Juan Manuel Santos, donde se abordará, entre otros temas, el seguimiento a estos Acuerdos 1605.

    Principales Puntos de lo Acordado entre el Gobierno y las Comunidades:

    Campo de garantías. El Gobierno reconoce la protesta social como un derecho, y se compromete a hacer un llamado a la no estigmatización y vinculación de la Cumbre y la Minga con grupos armados al margen de la ley. El compromiso consiste en brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país, y a acordar elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos civilistas para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes. Se establece que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades movilizadas en el territorio nacional.

    Campo de Paz, participación y Derechos Humanos. El Gobierno se compromete a combatir, investigar y judicializar las estructuras paramilitares actuantes en los territorios, y a ofrecer garantías de protección a los líderes de organizaciones sociales que son acribillados con la complicidad de los cuerpos policiales y militares. El Gobierno nacional se compromete a crear una Comisión de alto nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria. Se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social. Las partes concertarán la creación de un mecanismo de participación efectiva e interlocución directa cuyo diseño y desarrollo se realizará en un plazo de tres meses.

    Campo de Tierras. El Gobierno se compromete a explorar la viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas no incluidas en la Ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. El plazo máximo será de treinta días calendario para conformar el equipo y otros treinta para la formulación del instrumento jurídico, incluyendo la financiación de la ruta respectiva.

    Reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios. Efectuar la identificación física y jurídica de las tierras productivas con el objetivo de restituirlas. Realizar una identificación física y jurídica de las tierras productivas con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra. Reconocimiento político del campesinado por parte del Estado. El Ministerio de Agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional. Derogar la Ley ZIDRES.

    Campo minero energético. Se conformará una Comisión conjunta entre la Cumbre Agraria y el Gobierno para revisar los títulos minero energético, contratos de concesión y asociación y otras autorizaciones ambientales relacionadas, otorgados en territorios indígenas, afrocolombianos, campesinos y de comunidades urbanas, para verificar que cumplan con los requisitos legales vigentes. Revocar títulos y autorizaciones ambientales que no cumplan con los requisitos legales y constitucionales. Llevar a cabo de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, liderado por la Cumbre Agraria y apoyado por el Gobierno, que produzca insumos para una política pública en la materia; también se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.

    El 17 de junio del 2016 se realizará una reunión entre los voceros de la Cumbre Agraria y los Jefes de Cartera del Interior, y funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Vivienda y de Planeación Nacional para abordar el tema de la relación campo-ciudad. Compartimos adicionalmente el siguiente planteamiento de S. Leukos, para quien “el paro y la movilización de la Minga, es sin duda un reto para el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante el histórico ordenamiento territorial que proponen las comunidades como modelo económico y de desarrollo. Esta propuesta de las comunidades en su pliego implica, necesariamente la inclusión de los planes de vida de las comunidades indígenas, campesinas, afros ante los organismos del Estado. El Gobierno de Juan Manuel Santos debe realizar acciones de política pública y efectividad presupuestal para validar el pleno goce de los derechos de las comunidades como sujetos de derechos”. Adicionalmente, llama la atención sobre que “actualmente, los territorios multi-escalares de movilización de la Minga nacional son el gran nudo central para el Gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, ante los reclamos de las comunidades. Los seis Puntos referidos en el pliego ante el Gobierno, permiten abordar dos elementos esenciales que toman un cauce territorial de resistencia: de un lado, el Gobierno no ha cumplido lo pactado en territorios regionales y de otro, la impositiva implementación de un Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 de corte neoliberal, ineficaz y totalmente ajeno al curso territorial de las comunidades, el cual se impone bajo una línea para impedir los pliegos comunitarios e involucrarlos en un proceso de Paz”.

    En Colombia, “no hay una política pública consultiva sobre los Planes de vida de las comunidades y los territorios diferenciados e inter-étnicos. Las instituciones ministeriales, ni la legislación del Congreso jamás han propugnado por un diseño participativo local, regional para implementar una política pública nacional de las comunidades étnicas. En algunas ocasiones se ha realizado, pero bajo una labor técnica, pero ello no es consulta, ni participación; vivo ejemplo, los llamados mapas sociales realizados desde las instituciones gubernamentales municipales. Ello es un exabrupto y una falta de respeto para los derechos de las comunidades, pues estas no saben que se hace con esto, ni para que les va a servir de manera actuante o práctica. Los tecnócratas están equivocados con los territorios. Un territorio es más que una delimitación, es todo un contenido “desde dentro”, es una población y el corazón de un pueblo que piensa políticamente, camina bajo signos culturales y se construye fractalmente en espacios geográficos. No hay que enredarse.

    No existe aún en Colombia un modelo participativo gradual hacia la modelización de los territorios con democracia. Es necesario, en el escenario del 17 de junio del 2016, en las instalaciones del Ministerio del Interior en Bogotá con los Ministros o Viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda, así como el tema para abordar sobre la efectividad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), evaluar las peticiones de las comunidades y avanzar hacia la construcción de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de lo pactado. Estas interlocuciones con el Gobierno, plantea Leukos, no deben quedar en deseos, ni en formas diletantes, si no que sean efectivas para el encuentro del 22 de junio con el Presidente Juan Manuel Santos y este viabilice el camino de participación de manera política la Agenda de lo pactado sobre los hechos no atendidos y omitidos por el Estado.

    El reto es grande políticamente, para que la inclusión sea verificable de los campesinos, indígenas y afros como sujetos de derecho. Los pueblos han sido víctimas del abandono del Estado. El derecho de las víctimas del país, debe trazarse como una gran línea territorial, incluyente y de acción por reconocer los derechos de manera activa y efectiva de las comunidades” 1606.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


1549 En base a información del Artículo de Zuluaga, Camila, El verdadero proceso de Paz: la reinserción, en Diario El Espectador, Bogotá, 27-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/el-verdadero-proceso-de-Paz-reinsercion-articulo-557402.

1550 En base a mi experiencia personal, como Miembro Observador Internacional de la CIAV/OEA, en el proceso de desmovilización de la guerrilla “contra” en Nicaragua en 1990. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, Caps. XXVIII y XXIX.

1551 Ver por ejemplo, Nuñez, Oscar, Historia de dos reinsertados, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, http://www.usergioarboleda.edu.co/altus/articulo_reinsercion.htm.

1552 Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y … op. cit., Caps. XXVIII y XXIX.

1553 Ver por ejemplo, López Ballesteros, Frank, Colombia ensaya modelos de reinserción para las FARC, en Diario El Universal, 26-8-2014, Ihttp://www.eluniversal.com/internacional/140826/colombia-ensaya-modelos-de-reinsercion-para-las-FARC.

1554 Gobierno da a conocer los principios para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 29-11-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/gobierno-da-conocer-los-principios-Paz-articulo-602367.

1555 Ver más arriba sobre el tema, bajo el Título: “Desmovilizados Vuelven a Generar Grupos Paramilitares”.

1556 Elaboración en base al Artículo hecho a partir de entrevistas a desplazados colombianos en el exterior por Batalla Cueto, Pablo, “En La Habana se esta Negociando el Fin del Conflicto Armado Colombiano, no el del Social” Enrique Santiago, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 15-1-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/2980-en-la-habana-se-esta-negociando-el-fin-del-conflicto-armado-colombiano-no-el-del-social-enrique-santiago.

1557 Vuelvo a apelar e insistir en las características destacadas en el trabajo de Sigmund Freud, “El Malestar en la Cultura”, El Malestar en la Cultura”, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988), Volumen XXI, trabajado más arriba, cuyas características sobresalen en estas épocas.

1558 Como el propio Galbraith, John Kenneth, describe en La Cultura de la …, op. cit., para unos u otros.

1559 En base a información del Artículo “Temas Algidos entre Gobierno y FARC en Proceso de Paz”, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-12-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/temas-algidos-entre-gobierno-y-FARC-proceso-de-Paz-articulo-532462.

1560 Las preocupaciones que le planteó el Procurador General al Presidente Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-3-2015, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/preocupaciones-le-planteo-el-procurador-general-al-pres-articulo-549227.

1561 El ‘Pacto por la Paz’ que impulsa el Procurador Alejandro Ordóñez, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/el-pacto-Paz-impulsa-el-procurador-alejandro-ordonez-articulo-553257.

1562 FARC rechazan el umbral del 13% para la aprobación del plebiscito por la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-12-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/FARC-rechazan-el-umbral-del-13-aprobacion-del-plebiscit-articulo-604656.

1563 Ver Anexo I.

1564 En base al Artículo de Moncayo, Victor Manuel, (ex-Rector y Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia), ¿Qué Significa el Acuerdo Final de Paz?, en PazFARC-EP.org, 10-12-2015, http://www.pazFARC-ep.org/articulos/recomendados/3236-que-significa-el-acuerdo-final-de-paz.

1565 FARC: El Plebiscito va en Dirección Contraria al Acuerdo Final, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 9-2-2016, http://kaosenlared.net/jaime-rafael-nieto/. También, http://www.pazFARC-ep.org/noticias-comunicados-documentos-FARC-ep/boletin-prensa/3328-el-plebiscito-va-en-dirección-contraria-al-acuerdo-final.

1566 El Acuerdo de Paz lo someteré a Plebiscito, les guste o no a las FARC, dice Santos, en Diario El Espectador, Bogotá 8-2-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-acuerdo-de-paz-sometere-plebiscito-les-guste-o-no-fa-articulo-615408.

1567 FARC Cuestionan Decisiones Unilaterales del Gobierno Durante el Proceso de Paz en Colombia, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 14-1-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/2976-FARC-cuestionan-decisiones-unilaterales-del-gobierno-durante-el-proceso-de-paz-en-colombia.

1568 Fiscal General pide a la Corte Constitucional tumbar plebiscito por la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-3-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/fiscal-general-pide-corte-constitucional-tumbar-plebisc-articulo-621528.

1569 Plebiscito no es necesario para refrendar Acuerdo de Paz: Contralor, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-3-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/plebiscito-no-necesario-refrendar-acuerdo-de-paz-contra-articulo-621555.

1570 Tres Razones por las Cuales las FARC-EP se Oponen al Plebiscito, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 19-6-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/4440-tres-razones-por-las-cuales-las-farc-ep-se-oponen-al-plebiscito.

1571 No vamos a entregar el país: General (r) Mora Rangel, en Semana, http://www.semana.com/nacion/articulo/jorge-enrique-mora-rangel-no-vamos-entregar-el-pais/451787-3.

1572 Aclaración Necesaria, en PazFARC-EP.org, 3-12-2015, http://www.pazFARC-ep.org/noticias-comunicados-documentos-FARC-ep/delegacion-de-paz-FARC-ep/3215-aclaracion-necesaria.

1573 Será difícil negociar con el ELN por que se “cree más listo que nadie”: Mindefensa, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/sera-dificil-negociar-el-eln-se-cree-mas-listo-nadie-mi-articulo-630533.

1574 Sugerimos Prolongar Diálogos de Paz para Evitar Acuerdos Dañinos: Uribe al Procurador, en Diario El Espectador, Bogotá, 15-3-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/sugerimos-prolongar-dialogos-de-Paz-evitar-acuerdos-dan-articulo-549519.

1575 Este es un tema que ya lo he abordado en este trabajo y lo he tratado en profundidad en otros anteriormente. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2003), ISBN: 987-43-2776-6, Capítulos II y III. También, Dallanegra Pedraza, Luis, Reformulación del Orden Mundial: el Fin de una “Macro-Etapa”, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2003), ISBN: 987-43-6266-9, especialmente Capítulo XII.

1576 Plutocracia: cuando las clases altas se encuentran a cargo de la dirección del Estado.

1577 En base a información del Artículo: Se Acabó la Pelea de Comadres entre Santos y Uribe, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 29-4-2015, http://anncol.eu/index.php/opinion/item/327-horacio-duque.

1578 Uribe le dijo al Departamento de Estado que “no hay condiciones para continuar” el proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 14-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-le-dijo-al-departamento-de-estado-no-hay-condicio-articulo-560548.

1579 En base al Artículo: Colombia: “Uribización” de la Paz de Santos: números de los últimos días de ofensiva militar, en Kaosenlard.net, 30-5-2015, http://kaosenlared.net/colombia-uribizacion-de-la-Paz-de-santos-numeros-de-los-ultimos-dias-de-ofensiva-militar/. También http://www.colombiainforma.info/politica/ddhh-conflicto-y-Paz/2394-uribizacion-de-la-Paz-de-santos-numeros-de-los-ultimos-dias-de-ofensiva-militar.

1580 El tema del proyecto de armado de Agenda para negociar entre el Gobierno y el ELN y sus dificultades, lo traté en el Capítulo XXXIV.

1581 Ver Gobierno y ELN anunciarán instalación de mesas de diálogo, en Diario El Espectador, Bogotá, 31-1-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/gobierno-y-eln-anunciaran-instalacion-de-mesas-de-dialo-articulo-541201. También, Santos dice que no habrá anuncio de mesa de diálogo con el ELN, en Diario El Espectador, Bogotá, 31-1-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/santos-dice-no-habra-anuncio-de-mesa-de-dialogo-el-eln-articulo-541295.

1582 Ver http://www.mesadeconversaciones.com.co.

1583 En base a información de: Colombia: ¿un Acuerdo de Paz con todas las guerrillas o nada?, en Diario El Espectador, Bogotá, 14-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/colombia-un-acuerdo-de-Paz-todas-guerrillas-o-nada-articulo-560585.

1584 Colombia: El ELN propone un cese del fuego para empezar a dialogar, en kaosenlared.net, 12-2-2016, http://kaosenlared.net/colombia-el-eln-propone-un-cese-del-fuego-para-empezar-a-dialogar/.

1585 ELN insiste en cese bilateral del fuego para crear “clima favorable”, en Diario El Espectador, Bogotá, 8-2-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-insiste-cese-bilateral-del-fuego-crear-clima-favora-articulo-615283.

1586 Ver Anexo II, Agenda de Negociación ELN-Gobierno.

1587 Ver más arriba, Parte IV, Capítulo XXXII, Título: “Discusiones Actuales”, Subtítulo: “Colombia: ‘Estado Fallido’”.

1588 Colombia. Fantasmas de carne y hueso, para amedrentar y hacer realidad expolio y despojo, en marco de diálogos de Paz, en Kaosenlared.net, 8-4-2016, http://kaosenlared.net/colombia-fantasmas-de-carne-y-hueso-para-amedrentar-y-hacer-realidad-expolio-y-despojo-en-marco-de-dialogos-de-paz/.

1589 Página oficial para la participación ciudadana: https://www.mesadeconversaciones.com.co.

1590 Acuerdo de Diálogos de Paz para Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, en Kaosenlared.net, 31-3-2016, http://kaosenlared.net/acuerdo-de-dialogos-de-paz-para-colombia-entre-el-gobierno-nacional-y-el-ejercito-de-liberacion-nacional/.

1591 Este último tema lo he tratado a través de la “Doctrina” al principio del libro.

1592 ELN entendió que no puede tomarse el poder por las armas: Frank Pearl, en Diario El Espectador, Bogotá, 31-3-2016 http://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-entendio-no-puede-tomarse-el-poder-armas-frank-pear-articulo-624691.

1593 En base al Artículo de García Segura, Hugo, Molano Jimeno, Alfredo, “La prioridad es la participación ciudadana”: Frank Pearl, en Diario El Espectador, Bogotá, 31-3-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/prioridad-participacion-ciudadana-frank-pearl-articulo-624793.

1594 Delegación de Paz del ELN: “El tiempo de la Paz tiene que ver con soluciones a los problemas de la sociedad”, en Kaosenlared.net, 16-4-2016, http://kaosenlared.net/delegacion-de-paz-del-eln-el-tiempo-de-la-paz-tiene-que-ver-con-soluciones-a-los-problemas-de-la-sociedad/.

1595 Celis, Luis Eduardo, Las cinco dificultades a superar en el proceso gobierno ELN, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-4-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/cinco-dificultades-superar-el-proceso-gobierno-eln-articulo-628668.

1596 Cumplir Lo Acordado, Abre Caminos De Paz, en ELN, Voces de Colombia, 9-5-2016, http://www.ELN-voces.com/index.php/voces-del-ELN/comando-central/editorial/651-cumplir-lo-acordado-abre-caminos-de-Paz. También, ELN dice que condición de cese de secuestros es "impedimento para la Paz", en Diario El Espectador, Bogotá 9-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/ELN-dice-condicion-de-cese-de-secuestros-impedimento-pa-articulo-631319.

1597 ELN niega compromiso de liberar secuestrados para iniciar diálogo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá 13-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-niega-compromiso-de-liberar-secuestrados-iniciar-di-articulo-632171.

1598 ELN niega compromiso de liberar secuestrados para iniciar diálogo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá 13-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-niega-compromiso-de-liberar-secuestrados-iniciar-di-articulo-632171.

1599 ELN Critica a Santos por Congelar los Diálogos, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 13-6-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/4371-eln-critica-a-santos-por-congelar-los-dialogos.

1600 ELN condicionó inicio de diálogos de Paz a la participación de la sociedad civil, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-7-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/eln-condiciono-inicio-de-dialogos-de-Paz-participacion-articulo-643992. También, En conmemoración de sus 52 años, el Comando Central del ELN habló sobre el proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-7-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/conmemoracion-de-sus-52-anos-el-comando-central-del-eln-articulo-643904.

1601 Académicos como el sociólogo Sam Richards opinan de esta forma. “Un conflicto no termina hasta que sus causas no estén solucionadas”: sociólogo Sam Richards, en Diario El Espectador, Bogotá 18-5-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/un-conflicto-no-termina-hasta-sus-causas-no-esten-soluc-articulo-632904.

1602 Colombia. Llegó la hora de los pueblos: Es un Paro por la Paz y contra el modelo económico, en Kaosenlared.net, 27-5-2016, http://kaosenlared.net/colombia-llego-la-hora-de-los-pueblos-es-un-paro-por-la-paz-y-contra-el-modelo-economico/.

1603 Colombia. Ratifican Paro Nacional desde el 30 de mayo, en Kaosenlared.net, 30-5-2016, http://kaosenlared.net/colombia-ratifican-paro-nacional-desde-el-30-de-mayo-videos/. También, http://colombiainforma.info/.

1604 Marcha Patriótica: La Paz seguirá siendo un campo en disputa, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 8-6-2016, http://anncol.eu/colombia/cultura-sociedad/item/4325-la-paz-seguira-siendo-un-campo-en-disputa.

1605 Colombia. La Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular avanza como propuesta de país, en Kaosenlared.net, 15-6-2016, http://kaosenlared.net/colombia-la-cumbre-agraria-campesina-etnica-y-popular-avanza-como-propuesta-de-pais/.

1606 Duque, Horacio, Colombia: Pacto con la Minga agraria: ¿lo cumplirá el Gobierno?, en Kaosenlared.net, 15-6-2016, http://kaosenlared.net/colombia-pacto-con-la-minga-agraria-lo-cumplira-el-gobierno/.