Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo IV

Metodología “colombiana” de Solución de Conflictos

¿Con qué situaciones alternativas nos podemos encontrar en la búsqueda de resolución de un conflicto de carácter intraestatal como el colombiano?

1) La militarización y policialización de la resolución del conflicto: los “buenos” contra los “malos”, de forma tal que la alternativa escogida es aplastar a los grupos anti-sistémicos o, por el otro lado, a los enemigos del país, para el caso de considerar a la élite de Gobierno como la causa de los males que se quieren eliminar [115].

Se trata de una lucha, haciendo uso del poder, entre posiciones irreconciliables. El “bueno” será el que tenga más poder, no sólo material, sino el que logre mayor cantidad de alianzas, apoyos -y votos- y se promocione adecuadamente. El “malo” no sólo será el que tenga menos poder, sino también el que no logre suficientes aliados y apoyos y no pueda venderse adecuadamente, de manera tal de ir quedándose aislado [116].

Los distintos Gobiernos en Colombia, han venido jugando este rol en diferentes momentos y bajo variadas facetas. El Gobierno de Juan Manuel Santos muestra a las fuerzas militares, como los “luchadores por la Paz” y a las guerrillas como el mal que se necesita extirpar [117].

2) La búsqueda de la solución de la problemática de fondo, además de resolver el conflicto emergente y los subyacentes. El hecho de que desaparezcan guerrilla y narcotráfico, no necesariamente hará desaparecer el descontento social (subyacente) debido a las demandas insatisfechas, o la situación estructural colombiana: pobreza, desempleo, subdesarrollo, dependencia, etc.

Pareciera no considerarse lo que está en el trasfondo real del conflicto, que escapa al proceso visible de la negociación y del intercambio de críticas entre las partes. Es necesario encontrar un consenso político sobre lo que es negociable y lo que no, en un proceso de Paz. Una negociación exitosa con las FARC y el ELN requiere ponerle punto final a la violencia en general, no solo parcial. El reto es encontrar un balance que permita que se avance en la negociación con los alzados en armas, pero al mismo tiempo se logre equilibrio con las demandas de la sociedad en cuanto a Verdad, Justicia y Reparación, así como en las diferentes demandas sectoriales. Si no se negocia adecuadamente se puede estar sembrando el siguiente ciclo de violencia.

El Gobierno de Juan Manuel Santos se orienta más por la primera alternativa que por la segunda [118]. Desde su perspectiva, la negociación debe ser “bajo el fuego” y el alto el fuego debe ser unilateral de parte de la guerrilla [119] lo que significa un cambio de las reglas de la negociación en pleno proceso en La Habana. Por otra parte, pensando como Santos -o Uribe-, los problemas que vive Colombia, se deben a la situación de conflictividad generada por la guerrilla, no al modelo político-económico-social-territorial vigente desde hace décadas. Adicionalmente, la propuesta hecha por el Gobierno es: negociar la desmovilización de la guerrilla, con algunas alternativas marcadas en la Agenda de Paz de La Habana, que no contempla la modificación del marco político-económico, ni aceptará una Constituyente. En este proceso, no ha sido invitado a participar activamente ningún otro sector de la sociedad colombiana [120], por lo que la negociación se ha cerrado de manera exclusiva y prácticamente excluyente a los temas de la Agenda de Negociación de La Habana. Hay diversos sectores que han manifestado no sentirse representados ni por el Gobierno ni por la guerrilla. Estos sectores difícilmente queden satisfechos con el resultado final de la negociación, aunque la guerra termine.

Lo “subyacente” [121] va siendo revelado a partir de las demandas que diversos sectores de la sociedad colombiana han venido haciendo, expresando que el proceso de negociación es importante, pero que no alcanza, ni en cuanto a la representación -no se sienten representados por Gobierno o por guerrilla- ni en cuanto al tratamiento de las temáticas -hay problemáticas y demandas que van más allá de la Agenda de Negociación de La Habana-. Además, está el pedido de la guerrilla, sobre el esclarecimiento del origen y la verdad histórica del conflicto [122], elemento central para definir con verdadera precisión si se trata de meras bandas criminales, como aduce el Gobierno, o si se trata de una situación que, más allá de haberse desviado, es causada por esos temas-problemas subyacentes planteados por diversos sectores de la sociedad, que se encuentran históricamente insatisfechos.

Dado las posiciones extremas presentadas por las partes que están negociando, cabe preguntarse:

-        ¿Es posible hacer la justicia social, siendo excluyentes de los sectores capitalistas o de la oligarquía como plantea la guerrilla?

-        ¿La Paz llegará y se mantendrá, con un posible Gobierno de corte socialista, excluyente de sectores de la oligarquía, o dejará subyacente una nueva forma de conflicto [123]?

-        ¿Se pueden compatibilizar las necesidades, aspiraciones y demandas de uno y otro sector? ¿Al menos encontrar puntos de convergencia?

En ningún caso de negociación convocada por los diferentes Gobiernos colombianos, la negociación por la Paz se ha planteado buscando el resultado de la propuesta de construcción, a partir de una mejor educación e investigación científica y tecnológica, que cimente el desarrollo de una Colombia mejor inserta mundialmente; mejor salud, resolución de las problemáticas sociales, etc.; sino del fortalecimiento de las fuerzas militares -mejor armadas y con más presupuesto- que se encargarán de mantener la Paz -¿“Pax”?- en el post-conflicto.

La Paz como un Proceso

Tal como se planteó en el caso del conflicto en Nicaragua y El Salvador por el Grupo de Contadora, la Paz es un proceso y no el simple resultado de un cese el fuego o de la firma de Acuerdos para acallar las armas, sino una serie de compromisos que permitan un cambio total del escenario [124].

El proceso de Paz debe responder a una dualidad:

i) la resolución de la problemática y causalidad conflictiva interna, de manera tal de satisfacer los móviles estructurales; así como

ii) encontrar una manera de mejor insertar al país en el contexto internacional buscando la forma de obtener progresivamente mayores ventajas y menores costos.

El gran fracaso de muchas iniciativas de Paz en conflictos intraestatales, radica en la carencia de esta perspectiva dialéctica, por no entenderse las dimensiones de la crisis. Por el lado de la derecha, pueden conseguirse inversiones y créditos internacionales, y aún continuar el conflicto latente interno, de la misma manera que, por el lado de la izquierda, puede generarse un sistema redistributivo que satisfaga a sectores menos pudientes internamente, pero aislarse en lo internacional, a la vez que generar nueva conflictividad por parte de sectores de la élite desplazados [125].

El esquema de acción para resolver la problemática estructural -siguiendo el criterio de Contadora-, comprende una trilogía: Paz-Democracia-Desarrollo, lo que implica la “construcción” de la Paz como un proceso dinámico [126]. La construcción de la Paz es un proceso incluyente; esta inclusión debe provenir desde el interior del Gobierno, desde el interior de las guerrillas y desde el interior de las comunidades afectadas [127].

Cuando se trataron los conflictos en la región Centroamericana, su resolución estaba muy vinculada a los intereses de las superpotencias dentro el sistema bipolar [128]. Para los países carentes de poder, en un contexto mundial tan cerrado como el sistema bipolar, funcionando a través de la guerra fría, resultaba muy complejo y poco probable que pudieran llevar a cabo modelos económico-sociales y políticos de manera independiente, sin que los efectos para los intereses económicos y de seguridad de las superpotencias -para el caso de Centroamérica, de Estados Unidos sus aliados y ciudadanos y empresas localizados- operaran como un factor “homeostático” tendiente a “corregir” cualquier causa que pudiera poner en entredicho o afectar el equilibrio hegemónico de la potencia polar. La resolución del conflicto Centroamericano, llegó después de la Cumbre de Reykjavic entre Ronald Reagan y Mijail Gorbachov en 1985 [129] que flexibilizó en gran medida la pugna interpolar en las regiones periféricas [130].

Con el fin de la guerra fría y del sistema bipolar, los intereses se vincularon con la inversión globalizada y la expansión e intereses de empresas transnacionales y banca y, desde ya, con los intereses de ciertos Estados, como Estados Unidos, los europeos y varios asiáticos en un proceso de ascenso mundial, que buscaron mantener su posición, especialmente a través de la generación de un nuevo sistema de “bloques”, esta vez no de carácter ideológico, como durante la guerra fría, sino de carácter económico-comercial-financiero, siguiendo el sistema de Tratados de Libre Comercio (TLC’s) incluyendo cláusulas de “protección de la inversión” -entre otras cláusulas- [131], en un mundo globalizado y que se iba multipolarizando, no sólo estatalmente, sino también -esto es novedoso-, de manera transnacional, dado la creciente heterogeneidad del sistema [132].

En nombre de la protección de las inversiones, los Gobiernos son conminados a garantizar tres grandes principios:

i) la igualdad de tratamiento de las empresas extranjeras y las nacionales (que hace imposible, por ejemplo, una preferencia nacional a favor del empleo);

ii) la seguridad de la inversión (los poderes públicos no pueden cambiar las condiciones de explotación, expropiar sin compensación, ni proceder a una “expropiación indirecta”);

iii) la libertad, para la empresa, de transferir su capital (¡una empresa puede decidir irse a otro lado, más allá de las fronteras, con instrumentos y equipos, pero un Estado no puede pedirle que se vaya!) [133].

No caben dudas, que muchos estarán en contra de estas situaciones, pero no se pueden resolver con discursos “anti” -los sectores de la izquierda abundan en denuncias de este tipo, logrando apoyo social pero sin resultados concretos-, ni con la mera oposición a estos procesos, particularmente si se carece del poder suficiente como para contrarrestarlos y generar alternativas diferentes. La “direccionalidad” del sistema está dada por la estructura de poder [134]; sin capacidad para modificar esa “estructura”, resulta imposible la “redirección” del sistema.

En el caso de América Latina, el Gobierno de Estados Unidos intentó generar un proceso globalizador buscando crear el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) pero, frente al rechazo de la mayoría de Gobiernos latinoamericanos [135], continuando con la estrategia utilizada por el Presidente Harry Truman [136], decidió generar TLC’s bilaterales con diferentes países y/o regiones -uno de los más importantes es el NAFTA/TLCAN en los ‘90 con Canadá y México-, de manera tal de ir armando progresivamente una gran área de libre comercio bajo su control. En el mejor de los casos, estos TLC’s contribuyen a que los países latinoamericanos se transformen en “zonas francas” industriales o “maquiladoras”, donde operan, sin ningún tipo de traba legal, las subsidiarias de empresas transnacionales con casa matriz en territorio norteamericano; pero en ningún caso han favorecido o incentivado la industrialización de los países de la región. América Latina ha carecido y carece de la capacidad para generar contra-estrategias o estrategias alternativas, salvo en muy escasas oportunidades que han durado el tiempo en que otros actores -particularmente Estados Unidos-, han logrado desarticular esas contra-estrategias con nuevas medidas propias [137].

Con la firma de TLC’s en América Latina, además de un intercambio comercial asimétrico, llegaron las grandes inversiones transnacionales en el sector agrícola y en minería extractiva. Los territorios en los países de la región -Argentina, Colombia, México, América Central- ya no dependen tanto del Estado central como de los Gobiernos locales y las relaciones que establecen con las transnacionales. En el caso colombiano, hay territorios en los que se han fortalecido las “zonas francas”, con una legislación ambiental y laboral específica favorable a las multinacionales, gracias a los acuerdos de protección de la seguridad jurídica de las empresas [138] y el tratamiento nacional, con lo que se liberan en gran medida del pago de impuestos [139]. En Colombia el TLC implica, además, la “reprimarización” de la economía -como en los siglos XVII, XVIII y XIX-, al situar en el centro los proyectos minero-energéticos para la exportación, en los que se ha especializado el país. Este orden de prioridades deja de lado el desarrollo interno [140].

¿Cómo Llevar Adelante el Proceso de Paz en Colombia?

El tema no es, solamente, que las partes en conflicto dejen de pugnar sino, y fundamentalmente, que la causa del conflicto desaparezca totalmente.

-      ¿La causa del conflicto son los grupos insurgentes, o tiene sus orígenes en el subdesarrollo; la dependencia; el desempleo; la falta de inversión o la desinversión; el endeudamiento; la pobreza; la miseria; mediocridad de la élite dirigente; malos manejos o corrupción de los Gobiernos; intereses privilegiados de los grupos de poder; injerencias de actores externos; la malformación del Estado o el Estado fallido; etc.?

-      ¿La eliminación de los grupos insurgentes, eliminará el conflicto; es más, eliminará las “causas” del conflicto?

-      ¿El conflicto es entre el Estado -Gobierno- y los grupos insurgentes, o incluye al resto de los miembros de la sociedad, en sus diferentes estamentos y sectores con sus problemáticas?

-      ¿Qué pasa con aquellos que no se ven representados ni protegidos por el Gobierno, pero tampoco por las guerrillas y no están incluidos en ningún proceso de negociación de manera directa?

El Gobierno colombiano -e incluso el de Estados Unidos-, ve a estas negociaciones como una competencia en la que una parte debe ganar a la otra. Los insurgentes, necesariamente deben subordinarse a la Constitución, abandonar las armas -desmovilización- y dejar que sea el Gobierno -encargado constitucionalmente de los asuntos del Estado- o el mercado en un contexto globalizado -dependiendo de la ideología dominante-, quien lleve a cabo la tarea de resolver los problemas existentes, incluyendo los sociales.

Las negociaciones no son necesariamente una competencia. Indudablemente tienen elementos de competencia en su proceso, pero es mucho más que una guerra entre partes. Por otro lado, más allá de que el Gobierno negocie la “desmovilización”, otorgando algunas concesiones a las demandas hechas por las guerrillas; no necesariamente se están abordando los temas de fondo, que tienen que ver con las demandas estructurales planteadas por los diferentes sectores de la sociedad colombiana.

Se debe considerar si el proyecto de negociación planteado, se introduce en las causas del conflicto o sólo nos ofrece “métodos de resolución de ellos” a partir de constantes, como lo hacen corrientes como la de la Escuela de Harvard [141].

El diseño de una Agenda de negociación, que comience a transitar por el camino de las alternativas a la vía militar, requiere de un verdadero “facilitador”, que no sólo contemple los intereses y posiciones de Gobierno y guerrillas, sino también los intereses, necesidades, aspiraciones, de todos los sectores de la sociedad, que permita poner en común, ciertos elementos básicos, en un modelo de “diplomacia de vías múltiples” [142]. Este rol de “facilitador” no se ha dado en los hechos.

Establecer un “modelo de interpretación de la realidad” en el caso colombiano, es muy complejo, dado que los problemas subyacentes, están tapados por la perspectiva de conflictividad de un Gobierno que dice estar luchando contra “bandas criminales” y en la actualidad, buscando negociar la Paz a partir de una Agenda acordada entre las “partes”, pero ante la ausencia -independientemente de que se reciban sugerencias o pedidos de diferentes sectores en una página web al efecto, que puede quedarse en eso, dado el tono de tratamiento por el Gobierno: demanden y nosotros veremos qué hacemos con eso- de los diferentes sectores de la sociedad colombiana que han sufrido el conflicto y también -adicionalmente o paralelamente- sistemas gubernamentales legitimados por la elección, pero que no responden a los intereses y necesidades de la gran mayoría de la sociedad.

Temas de la Agenda de Paz en Colombia

Problemas que hay que Resolver

Llevar a cabo un proceso negociado de resolución de conflictos, implica considerar, no sólo a los actores que participan, sus posiciones, aspiraciones, demandas y capacidades, sino también aquellos elementos que formarían parte de una Agenda o los que quedarían, por diferentes motivos, fuera de ella.

En el caso de Colombia, habría que considerar, no sólo los temas directamente relacionados al conflicto manifiesto, sino también aquellos que constituyen el trasfondo de la problemática y que si no son resueltos, mantendrán al conflicto en estado latente, bajo un manto de aparente orden y estabilidad.

En un proceso de resolución pacífica de conflictos, hay que distinguir entre los líderes de tipo transaccional y los de tipo transformacional [143].

Un proceso de Paz es transaccional si consta principalmente de avenencias o arreglos mutuos entre las partes, sin buscar cambiar el orden institucional o transformar el sistema. Estos procesos pueden conllevar cambios importantes, pero son esencialmente inclusivos o redistributivos. Se limitan por lo general a la reintegración del actor armado ilegal en el sistema político y socioeconómico.

En Colombia, el proceso de Paz con los paramilitares fue básicamente transaccional; se trató primordialmente de transacciones o regateos entre las partes. La propuesta hecho por Juan Manuel Santos para con las FARC y el ELN es del mismo orden, más allá de que los grupos guerrilleros pretenden que el proceso sea transformacional.

Los procesos transformacionales, por lo contrario, no se reducen a intercambios de poder por beneficios económicos o espacios políticos. Intentan abordar los problemas de fondo derivados de las causas del conflicto, buscan transformar las estructuras del sistema e implican un cambio de sus “reglas del juego” para alcanzar la Paz.

Sobre el papel, estas dos lógicas tienen implicaciones importantes en la Agenda, la forma de negociar, la naturaleza de los Acuerdos y, sobre todo, en los objetivos de los procesos. No es lo mismo negociar una “simple” redistribución de las riquezas -tierra, recursos energéticos, recursos mineros, etc.-, que reivindicar una transformación del acceso a esas riquezas. No es lo mismo luchar por una porción del poder local o regional para compartir o apoderarse de los recursos del Estado, que tratar de acceder al poder para buscar cambios estructurales profundos en el país. Más allá de todo, estos son procesos que no se negocian, más bien se alcanzan modificando la relación de poder, “construyendo poder subrepticiamente”, ya que ni Gobierno ni sectores de la élite dominante, estarán predispuestos a ceder más allá de sus conveniencias y ventajas [144].

Durante los últimos años, las FARC y el ELN reiteraron que querían ser un instrumento de cambio. Manifiestan interés en un proceso distinto al de las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) [145]. Las tentativas de Paz llevadas a cabo por los diferentes Gobiernos con las guerrillas, fracasaron porque las partes tenían visiones de Paz distintas y no había consenso sobre los propósitos de la negociación. Los Gobiernos han insistido en procesos exclusivamente transaccionales, mientras que las guerrillas reivindicaban uno más transformacional.

Propuestas Encontradas sobre Criterios para Negociar

La mayoría de los autores sobre procesos de negociación pacífica de conflictos, coinciden en que lo que se busca no es un Acuerdo en sí, sino unas soluciones que tengan la posibilidad de afrontar verdaderamente los conflictos y sus raíces. Resulta necesario centrar la negociación en otros temas de la Agenda, para los que la participación de la sociedad civil -que no sea sólo el tema de condición de víctimas y el tratamiento de Verdad, Justicia y No Repetición-, además de las partes enfrentadas, es básica. Es la sociedad colombiana la que define hasta dónde está dispuesta a ceder en cada uno de los temas de discusión. Dentro de lo posible, los temas de la Agenda se pueden plantear como una reelaboración de un nuevo Pacto Social que tenga expresión normativa en una nueva Constitución Política, o como desarrollos legales de la Constitución de 1991.

En el caso de las organizaciones guerrilleras FARC, ELN, EPL, no es creíble que cambien cincuenta años de lucha, por la posibilidad de unos fórums de discusión con diversos sectores sociales. La situación es mucho más compleja. Por ello, una negociación política del conflicto armado debe tener una Agenda que toque temas como: el problema agrario colombiano y de posesión de la tierra, las políticas para la gestión de los recursos energéticos, el problema de la representación política del ámbito social, la política social del Estado, el problema de los poderes regionales y su relación con el desarrollo regional, el papel de la fuerza pública y de las políticas de seguridad ciudadana en una sociedad postconflicto. No se trata simplemente de ejercicios académicos en relación con los puntos considerados, sino de llegar a Acuerdos específicos, viables y verificables. Lo necesario y complejo, es romper con la tradición de los Gobiernos colombianos de considerar el diálogo y la negociación como mecanismos para desmovilizar movimientos sociales y pasar a verlos como un instrumento para resolver problemáticas nulas.

Debe quedar claro que se trata de resolver un problema político y no uno delincuencial, según lo plantean los diferentes Gobiernos. Se trata de hacer que el conflicto social se continúe expresando en los ámbitos propios, que no se recurra a la confrontación militar como respuesta a la criminalización permanente desde el Estado. Es por eso, que todos deben tener representación en la Mesa de negociación: indígenas, afrocolombianos, obreros, campesinos, pobladores de las regiones, familiares de las victimas de ambos lados, etc., además de las guerrillas, porque en última instancia, es con ellos con quienes se han de dar los Acuerdos substanciales.

La idea de desarrollar la negociación en medio de un escenario similar al de una Asamblea Constituyente, conformada con participación popular mediante importantes procesos regionales de consulta a la sociedad colombiana, el Gobierno y la insurgencia, con capacidad autónoma para decidir, debe ser considerada como una opción probable. Esto eventualmente se acercaría a lo que el ELN llama “Convenio Nacional” de los colombianos, para encontrar salida a los problemas nacionales.

La propuesta del Consejo Nacional de Paz es una iniciativa de sectores relevantes de la sociedad colombiana y del Estado [146]. El Consejo Nacional de Paz podría garantizar que la política pública de Paz, sea producto de un consenso entre sociedad y poderes estatales y no sólo una tarea de Gobierno, de forma que responda a grandes acuerdos nacionales y asegure la continuidad que el tema requiere. Los avatares propios del conflicto, no pueden ser argumentos para suspender la negociación, como demuestra la experiencia del pasado. Es por eso que el Consejo Nacional de Paz ofrece a las organizaciones guerrilleras un interlocutor serio y representativo, no sólo del Estado sino de la sociedad colombiana, que pueda negociar y pactar con la certeza de que está representando el sentimiento mayoritario.

La prioridad principal de las negociaciones debe ir en la dirección de apartar a la sociedad civil del conflicto, aunque el objetivo final sea acabar con él. Pero mientras esto no ocurra, es necesario disminuir los efectos perversos que la guerra tiene sobre la población no combatiente. También son necesarios los eventuales diálogos regionales, que pueden ser útiles a la hora de analizar particularidades regionales del conflicto, y necesarios para precisar alternativas de solución.

La importante proporción de recursos nacionales que se destinan a la guerra podrían, bajo circunstancias diferentes, destinarse al desarrollo de las regiones. Pero el desarrollo de las regiones no es sólo tarea del Estado, sino también una responsabilidad colectiva de los diferentes sectores de la sociedad regional.

Es necesario pensar de forma creativa y realista, un Estado en el que convivan poderes regionales y locales diversos, con alternativas de desarrollo construidas de forma consensuada, con autonomía para la toma de decisiones y que sean el reflejo de las diversas relaciones de poder existentes. Desarrollo regional y Paz van juntos.

La negociación pacífica del conflicto, debe ser la manera de repensar colectivamente al país y su futuro como Nación; la creación dentro del Estado de los mecanismos que posibiliten a todos los actores sociales expresar sus demandas, necesidades y problemas y encontrar soluciones, producto de Acuerdos. El reto es cómo hacerlo para que la salida al conflicto armado se articule en la construcción de una Colombia estable [147] y comprehensiva de todos los sectores y estamentos.

Dos Modelos de Solución del Conflicto

Es cierto que la realidad del conflicto colombiano es una sola, como lo dijo el Presidente Santos, y asimismo, la ruta para superarlo debe tener rasgos principales únicos. El problema aparece, porque desde el lado del régimen, caracterizan al conflicto de forma distinta, a como lo perciben las fuerzas populares. Lo que da lugar a inventar modelos distintos para superarlo.

El esfuerzo para sintetizar elementos comunes de visión sobre el conflicto, es un requisito indispensable para poder formular un modelo conjunto para resolverlo. Mientras no se logre esta concurrencia de diagnósticos y de soluciones, los procesos de diálogo y negociación para llegar al fin del conflicto, estarán condenados al fracaso. En las últimas décadas se ha intentado en vano desarrollar procesos de salida política al conflicto, teniendo como concepto, por parte del régimen, que éste es “un estallido terrorista”, mientras que para la insurgencia se trata de un conflicto por el poder entre una elite dominante y las fuerzas populares que se oponen, lo que define su naturaleza política.

La exclusión y la represión como medios preferidos por el régimen, para imponer sus intereses al pueblo, son la causa de los levantamientos y de la rebelión, en consecuencia la disposición de la insurgencia para explorar una solución política del conflicto, busca proseguir la lucha por el poder de otra forma, y espera que desde el lado contrario se asuma una conducta parecida. Debería darse una convergencia en un solo modelo, para dar fin al conflicto [148].

Perspectiva del ELN sobre el Consejo Nacional de Paz

Es válida la participación de organizaciones y de procesos político-sociales, si se les convoca al Consejo Nacional de Paz, en tanto ello ayude a su reconocimiento y a su respeto por parte del Estado y les de oportunidad de actuar en un espacio, que actúa en torno a la Paz, aunque sus alcances sean limitados.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que el Consejo Nacional de Paz, es el instrumento idóneo para la participación de la sociedad en el proceso de Paz y la construcción de los Acuerdos que lleven a una Paz con justicia y equidad. El Consejo Nacional de Paz es un órgano estatal, limitado en sus alcances y en cuya composición, aunque se le hagan ajustes, van a primar las instituciones del Estado y la voz y decisiones de los gobernantes, del poder económico y de los medios de comunicación dominantes.

Por disposición de la Ley que lo creó, este Consejo es sólo un “órgano asesor y consultivo del Gobierno nacional”. Lo convoca el Presidente y no sus integrantes. Por eso hace varios años no tiene vida. No lo había convocado el Presidente Santos ni sus antecesores. No les interesó o no lo necesitaron.

Este órgano asesor, está diseñado para ser un consultor del Gobierno, no para ser un instrumento para viabilizar la participación de la sociedad en la construcción de Acuerdos, para la solución política y la Paz. Menos para facilitar la participación efectiva de los de “abajo”.

En su composición están las entidades oficiales, en una significativa proporción: varios Ministerios, órganos de control del Estado, delegados de los Parlamentarios, de los Gobernadores, de los Alcaldes, de los Consejos Municipales y Distritales, etc. También tienen mucha importancia, la iglesia, los gremios económicos patronales y, en general, las representaciones de los de “arriba”. El porcentaje más pequeño, es el que se le asigna, a las mayorías del país, a las organizaciones populares, a los de “abajo”.

Aunque se lograse ampliar la participación, hay que ser conscientes de sus limitaciones. Los ajustes pueden ser beneficiosos, pero no cambian su esencia, ni sus diseños básicos. Para conseguir la participación de la sociedad y, en especial la de las mayorías, la de la Nación, la de aquellos que no forman parte de las elites dominantes, hay que generar espacios del movimiento social, espacios autónomos, que garanticen o faciliten la democracia y la participación. Lograr que sean reconocidos por el Gobierno, que los tenga en cuenta y considere sus propuestas y sus decisiones. Esas son cuestiones de primer orden a tener en cuenta. Esto determina prioridades, indica dónde y en qué centrar las fuerzas, para viabilizar la participación de la sociedad y para ayudar al empoderamiento del pueblo [149], para que éste sea actor real en la construcción de los Acuerdos para la Paz, en su proceso y en la Paz misma.

Los esfuerzos mayores tendrán que darse en el empoderamiento del sector popular como sujeto, en la conquista del diálogo nacional y social. Los paros agrarios, mostraron cómo, mediante la movilización y el respaldo social, se ha logrado que el Gobierno tenga que dialogar o que al menos haya hecho la promesa de dialogar con los pobres del campo, sobre cuestiones de fondo de la problemática agraria del país, contempladas en los puntos del pliego de la Cumbre Agraria.

Esto forma parte de la construcción y fortalecimiento del movimiento social por la Paz [150].

Propuestas de Paz para Colombia

En general, los modelos de negociación en el mundo, han tenido como resultado, en casi todos -con excepciones mínimas, como lo fue el caso sudafricano-, la adaptación política, y en algunos casos, la capitulación completa por parte de los grupos subversivos, a las normas del sistema que antes combatían.

En cierto casos, como Guatemala a mediados de los ‘90, el resultado final fue que el Gobierno logró sacarse de encima la situación conflictiva manifiesta, obteniendo como ventaja que los organismos internacionales de créditos y otros actores, financiaran proyectos, pero los problemas estructurales en la sociedad y el Estado, se mantuvieron igual. Se pacificó, pero no se resolvió el conflicto.

En Colombia, tanto los movimientos guerrilleros, como diferentes sectores de la sociedad, han buscado, en diferentes épocas, espacios de participación política para vincularse a las instituciones. El M-19 lo logró con el alto precio de haber sido cooptado, por el mismo Estado, cuyas características combatieron con las armas. Otros procesos de negociación y varios acuerdos suscriptos demuestran esa inclinación por encontrar formas no violentas de resolución de las problemáticas, frente a la respuesta “criminalizadora” de los diferentes Gobiernos. Uno de los procesos fue el Pacto de La Uribe en 1984. La formación de la coalición electoral llamada Unión Patriótica (UP), a mediados de la década de los ‘80 fue producto de esa búsqueda. El resultado fue el asesinato de más de tres mil cuadros de la UP y el ELN en pocas semanas. Buena parte de ellos eran candidatos electorales a alguna institución [151]. Otro de los procesos se llevó adelante en San Vicente del Cagüán en 1998-2001, cuyo resultado final fue el Plan Colombia y el retorno a la militarización del conflicto.

Los procesos de negociación siempre se han encarado, de parte del Gobierno, como formas de terminar con grupos anti-sistémicos, que impiden el normal desarrollo de lo gobernabilidad, llevando a cabo iniciativas sólo con los grupos subversivos, dejando afuera del proceso los intereses, aspiraciones, demandas o necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, víctimas, no sólo de los grupos subversivos, sino también de las políticas gubernamentales. Esto ocurre, porque, en general, en toda América Latina, se le llama “democracia” a los procesos electorales aunque estén vacíos de participación ciudadana más allá de las urnas, y las demandas, en vez de ser escuchadas para llevar a cabo políticas reparadoras, son “criminalizadas” como forma de impedir que se puedan modificar los objetivos de los sectores dominantes.

Independientemente de los diferentes procesos de negociación pacífica [152] llevados a cabo en la historia de Colombia, diferentes sectores de la sociedad civil, independientes de los grupos subversivos, que no se sienten representados por estos ni por el Gobierno, han hecho propuestas orientadas a solucionar, no sólo el conflicto en los aspectos militares, sino, y fundamentalmente, las causas estructurales del conflicto.

Propuesta Base de la Cumbre Mundial de Paz

Tomo el caso de la Cumbre Mundial por la Paz celebrada en Bogotá, porque me parece representativo de lo que los diferentes sectores de la sociedad colombiana, además de las guerrillas, han manifestado en diferentes oportunidades, sobre cual es su idea de la Paz y también del tipo de Estado y sociedad en la que quieren vivir.

En octubre del 2009, se reunieron en Bogotá, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, organismos internacionales, líderes ciudadanos y políticos, adoptándose un documento de trabajo, con propuestas mínimas para las negociaciones de Paz del conflicto en Colombia [153].

Uno de los planteos fundamentales del documento apunta que, para que la construcción de la Paz sea de largo alcance, debe contar con:

i) la participación de la sociedad civil colombiana organizada;

ii) la existencia de un Estado que haya pasado por procesos fuertes de legitimación; y

iii) la voluntad política de las partes en conflicto para llegar a Acuerdos.

Se consideraron tres aspectos imprescindibles en el proceso de participación de la ciudadanía:

1) El proceso debe tener como horizonte, no solo la construcción colectiva de una Agenda de cambio social de largo plazo, o de postconflicto, sino la configuración de espacios políticos con un poder renovado, que permita que la Agenda se cumpla. Para ello, la participación debe consolidar nuevas formas de hacer la política y nuevos movimientos que rompan la estructura política vigente y hagan realidad la democracia. El escenario de un cambio político real, es de una alta complejidad y las soluciones son de largo plazo. Es importante reconocer la urgencia de mejorar la capacidad política de la ciudadanía a través de una estrategia de pedagogía que revalorice el papel de la política en la construcción o creación de la sociedad. Una estrategia que, desde lo local, nutra de nuevos sentidos un proyecto nacional de cambio.

2) La vinculación de la ciudadanía en la solución del conflicto armado, debería entenderse, no como una mediación, sino como un liderazgo nuevo por encima de los intereses de los grupos en conflicto.

a) No parece existir una claridad nacional sobre qué es lo que se quiere lograr. La sociedad colombiana, requiere de una información no distorsionada que le facilite la comprensión del conflicto, y cualifique la opinión que ella tiene, no solo de la guerra sino también de la urgencia de unas reformas radicales.

b) El Gobierno debe reconocer a la sociedad civil como un poder [154], que surgiendo del seno de la sociedad, tiene no solo la virtud de ser legítimo sino también la posibilidad de proponer, liderar y llevar a cabo las transformaciones que el país necesita [155].

c) El proceso de negociación con los grupos armados, requiere de un marco general que sea comprensible para todos los ciudadanos, participen o no directamente en tal proceso. Este marco o esquema de acción podría identificar con claridad: qué se negocia, quiénes negocian y como será el proceso.

d) Es indispensable que se den procesos que legitimen al Estado. Estos pasan por un acercamiento decidido del Gobierno con la sociedad civil [156]. Es posible que el punto de acercamiento estratégico sea la elaboración conjunta de un plan decenal de desarrollo que, a manera de pacto social, conduzca al país a la convivencia duradera. Existen los espacios y mecanismos para que esto se produzca, es fundamental tener la voluntad política para hacerlo [157].

e) Los grupos armados tendrían que reconocer el papel y el poder de la ciudadanía en los procesos de negociación [158]. No se podría entender esa participación como un acompañamiento, sino el reconocimiento como una tercera y potente fuerza legítima que es afectada por la guerra. Las marchas no son suficientes y la presión que sobre los actores del conflicto ejercen éstas, son mínimos o simplemente no existen [159]. La ciudadanía tiene que ser reconocida como fuente de transformaciones y sus propuestas no deberían formar parte de los debates que los políticos tradicionales promueven en el Congreso, quienes terminan cambiando su acción y efecto.

f) El liderazgo de la sociedad civil, debe ser lo suficientemente generoso, como para dejar de lado protagonismo individual [160].

g) Debe producirse una condena radical a cualquier acto de terror y no puede haber ningún tipo de condescendencia con ese tipo de violencia. Ni con el uso de las armas, sean legales o ilegales para dilucidar los conflictos o encontrar soluciones. El logro de una Paz sostenible, está condicionado a la organización de la sociedad civil, a su participación activa en todo el proceso y a una transformación radical del Estado [161]. También de la cultura política de la confrontación inútil, electoral y clientelista que domina aun hoy el panorama político del país [162].

Construir la Paz debe entenderse, no sólo como un Acuerdo, entre los que, por múltiples razones, están y animan el conflicto, sino como un proceso de largo plazo, donde valores fundamentales, deben nutrir el camino. Podríamos afirmar, que llegar a la Paz esta relacionado de manera directa y concreta con la posibilidad de recuperar valores o principios de acción; reconocer la necesidad de aceptar unos mínimos para llevar a cabo la negociación, unos puntos mínimos para los Acuerdos y otros para la definición de la Agenda postconflicto. El proceso se entendería como una serie de etapas en las cuales todos deben estar comprometidos.

Valores o Principios Mínimos para Acceder a un Proceso:

-       La disposición a perdonar [163];

-       La creación y sostenibilidad de la confianza;

-       El privilegio de la razón e interés nacional, como expresión de la voluntad colectiva [164];

-       La verdad como clave de los Acuerdos;

-       Respeto incuestionable del Derecho a la Vida;

-       Visibilidad del Proceso;

Son protagonistas del mismo, los medios masivos de comunicación, no solo como divulgadores de resultados, sino como parte activa. Es fundamental la participación de los medios, no solamente como periodistas aislados del proceso, sino como uno de los poderes que han tenido y tendrán incidencia en la convivencia nacional.

-       Mínimos para la Definición de una Agenda de Paz.

Con relación a la Agenda, deberían asumirse e incorporarse en los distintos actores y discursos, otros mínimos que podrían ser que se entiendan como:

-       Un proceso pedagógico [165];

-       Una movilización ciudadana;

-       Proceso de construcción colectiva;

-       Perspectiva de largo plazo;

-       Participación activa de la sociedad civil en la negociación;

-       Observadores internacionales, con alta capacidad de compromiso para el apoyo a la Agenda post-conflicto.

Es fundamental que el apoyo de la comunidad internacional se concrete en un compromiso económico, que permita que la Agenda post-conflicto disponga de los recursos necesarios.

Participación especial de los familiares de las víctimas -de ambas partes-. La violencia en Colombia deja un saldo altísimo de población afectada por la muerte. Esta población tiene que vincularse de forma especial al gran proceso pedagógico nacional hacia la Paz.

Acuerdos Mínimos:

-       Cese de cualquier tipo de violencia armada [166];

-       Sobre los derechos fundamentales y su garantía y caminos, compromisos para lograrlos: políticos, económicos, sociales y culturales;

-       Sobre el Ordenamiento Territorial: Racionalización del papel del Estado en la ordenación del territorio. Es necesario reconocer que la guerra rural y sus consecuencias han dejado un territorio, en no muy pocos casos, en poder de dueños ilegales. La tierra vuelve a ser un problema de relegitimación;

-       Sobre el Derecho Internacional Humanitario;

-       Sobre los caminos concretos para la eliminación de la corrupción, la impunidad;

-       Sobre la garantía total del nuevo papel del niño en la sociedad colombiana;

-       Sobre la soberanía nacional;

-       Sobre el rol de las fuerzas armadas [167];

-       Sobre el cambio en las prácticas políticas y las estructuras de poder local;

-       Sobre los mecanismos jurídicos para el postconflicto y la vinculación de los grupos armados a la nueva situación [168];

-       Sobre la creación y compromisos concretos de los desplazados y las víctimas de la guerra.

Mínimos para el Postconflicto:

-       Reorientación presupuestal para el cumplimiento de los derechos fundamentales;

-       Especial atención a la planeación descentralizada de los recursos, hacia un proyecto Nacional que, en principio, lo vemos como un compromiso de por lo menos una década, que podría estar acordado a través de un plan decenal de desarrollo, que a manera de Pacto Social se construya colectivamente;

-       Reconocimiento de la heterogeneidad de las formas de convivencia;

-       Vinculación de todos los niños y niñas a un nuevo proyecto civilizatorio;

-       Medios comprometidos con la idea de una sociedad no-violenta;

-       Establecimiento de la meritocracia en las Instituciones del Estado.

Cuestiones Pendientes sobre el Proceso de Paz y el Post-Conflicto según James Petras [169]

El proceso de Paz, se da bajo dos componentes:

1) un conflicto social; y

2) un conflicto armado.

El conflicto armado está expresado por la insurgencia y además por el paramilitarismo en diferentes versiones. ¿Se puede viabilizar un proceso de Paz con los movimientos insurgentes, mientras no hay un desmonte institucional del paramilitarismo, cuándo existe una relación de poder y una relación de la propiedad privada en el país?

Para James Petras, el problema está en que el Poder no está en manos del Estado. El hecho que controle la propiedad no significa, que todos los recursos que pueden calcular como elementos de poder, sea decisivo. El proyecto de Santos, es desarrollar el sector minero, pero no se puede llevar a cabo mientras los insurgentes controlan territorios, donde están ubicados los metales, las energías, etc. Necesariamente para cumplir esta tarea de abrir nuevas fuentes de exportación, necesita conseguir la Paz [170]. Ningún inversionista va a canalizar millones cuando todos los días están en peligro sus inversiones, por lo tanto, no se puede considerar que sea una negociación totalmente asimétrica.

Los insurgentes coinciden mucho con los programas de los movimientos populares, la Marcha Patriótica y varias otras organizaciones, por lo que hay un grado de proporción en las negociaciones. El Gobierno, no puede imponer un contrato unilateralmente, eso simplemente lo llevaría a un fracaso.

Todo proceso de Paz, de negociaciones por parte del Gobierno, depende de dos cosas:

1) de la capacidad de controlar el conjunto de fuerzas, y

2) que hay fuerzas aglutinadas con el Gobierno, y otras que tienen conceptos diferentes de cómo conseguir la Paz, incluyendo una guerra permanente y más violenta [171].

El Gobierno depende de todas las fuerzas para sostener una posición fuerte de negociación. El problema es que Santos trata de hacer un doble juego al mismo tiempo:

a) poner una cara negociadora, conciliadora; y

b) tiene una cuerda floja tratando con sus aliados militaristas y para-militaristas.

El gran problema, si se acuerdan los cincos puntos de la Agenda de negociación, y se firma un documento, es que no hay ninguna garantía y forma independiente de verificar que el Gobierno cumplirá. Esto ocurrió con el caso de la Unión Patriótica (UP-1985), que firmaron documentos, lanzaron una campaña y después, fueron liquidados activistas, líderes y candidatos.

Por otra parte, está el Gobierno de Estado Unidos, que quiere lograr arreglos al estilo Centroamericano en los ‘90, donde el Farabundo Martí (FMLN) y otros grupos, firmaron Acuerdos que sacrificaron las luchas populares, para conseguir puestos en el Parlamento y tener acceso a un proceso electoral y algún grado de seguridad.

Desmilitarizar, es una condición prioritaria para permitir el libre juego de la democracia. Los negociadores gubernamentales con la insurgencia, entienden que a partir del Pacto, no llevarán a cabo una economía socializante y menos aún socialista, pero sí se deben dar condiciones para el desarrollo de movimientos populares y para avanzar hacia un Estado de bienestar más justo. Si esas condiciones no existen, todo puede terminar en un fracaso.

Las negociaciones no van a acabar con la corrupción, en las diferentes áreas. Sí se puede conseguir el derecho de organizar y luchar contra la corrupción, una vez el marco político esté establecido [172]. Las multinacionales no van a desaparecer a partir de las negociaciones, pero sí los sindicatos y los movimientos nacionales, tienen la capacidad de organizar y presionar por nuevas legislaciones, nuevas condiciones para tratar con las multinacionales [173]. El problema clave, es que los derechos colectivos, los derechos democráticos y sociales, deben estar garantizados para que en el período post-negociación [174], todas las fuerzas populares estén en condiciones de cambiar y limpiar el país de la corrupción y defender la soberanía [175].

La cuestión de las drogas en Colombia es un problema bastante acentuado. Hay que buscar de dónde salen las ganancias del tráfico de drogas. El noventa por ciento de lo que ganan los involucrados en la droga, va a los bancos.

1) Para intervenir sobre el problema de las drogas, lo primero es intervenir los bancos a partir de audiencias y castigos, no simples multas [176], porque siempre plantean multas de millones, pero vuelven a repetir.

2) Los insurgentes han planteado una forma de terminar con la producción a partir de una agricultura alternativa. El Gobierno de Santos está pactando con Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio (TLC) que va a facilitar la entrada de alimentos, subvencionados por el Gobierno norteamericano, destruyendo cualquier producto hecho en Colombia. Para desarrollar siembras alternativas, como arroz, maíz y otros cultivos tradicionales, hay que proteger el mercado interno, para que los pequeños productores tengan capacidad de sembrar, cosechar y mercantilizar. Pero, si el Gobierno, por un lado, dice que va a fomentar el desarrollo de cosechas alternativas y al mismo tiempo permite, la entrada a gran escala de importaciones alimentarias norteamericanas, no hay ninguna salida. Santos habla de producción alternativa, mientras tanto está perjudicando las condiciones económicas que permiten esta propuesta.

En ciertas zonas, existe paramilitarismo que está controlando localidades. Hay en Colombia sesenta y un parlamentarios, condenados por paramilitarismo y otros sesenta y siete fueron objeto de investigación judicial. Este régimen político, tiene un Congreso muy desprestigiado por los nexos con los paramilitares. Hay un debilitamiento de orden ético, y en este contexto, hay una pequeña minoría de progresistas que buscan alcanzar una representatividad en el Congreso, dificultándose la posibilidad de cambios reales.

El fin del militarismo y el paramilitarismo, es la precondición para el avance democrático, y que haya un proceso de transformación social. Hay un balance de poder que todavía está evolucionando. No hay garantías de que llegue a consolidarse.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


[115] Las izquierdas en América Latina consideran como causa de atraso en los países, el que haya élites que favorezcan al imperialismo, el capitalismo salvaje, de espaldas al pueblo. De un lado y del otro, hay una tendencia generalizada a “eliminar” la causa posible, en vez de “construir poder” para generar cambios o re-direccionar al sistema.

[116] La temática de “los buenos contra los malos” en vez de “poderosos y débiles” la he tratado en Dallanegra Pedraza, Luis, Realismo-Sistémico-Estructural: Política Exterior como Construcción de Poder, (Córdoba, Edic. del Autor, 2009), ISBN: 978-987-05-6072-2, págs. 104-105. La idea generalizada es que: los buenos son los que gobiernan y dirigen y los malos los que se oponen a ellos.

[117] En el discurso a las fuerzas armadas en el Fuerte Militar de Tolemaia dijo, respecto de la Paz que se está negociando con las FARC en La Habana: No es cierto que el futuro de la fuerza pública se discuta con las FARC en La Habana. Ese tema está “vedado”. “En esa Paz ustedes están ahí, a la vanguardia, porque ustedes han sido los responsables del proceso de Paz. Ustedes serán protegidos en forma permanente, antes, durante y después” del proceso. Ver Santos exhorta a los militares a no bajar la guardia ante las FARC y el ELN, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-exhorta-los-militares-no-bajar-guardia-FARC-y-el-articulo-502584.

[118] Queda descontado que el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, se ha manejado con la primera alternativa. Para él, Paz ha sido -y sigue siendo- equivalente a derrota militar de la guerrilla, no resolución de las problemáticas sociales estructurales vigentes e históricas, independientemente de la existencia de guerrillas.

[119] Esta posición ha sido sustentada por Oscar Ivan Zuluaga, candidato a Presidente por el partido Centro Democrático de Alvaro Uribe en las elecciones de mayo del 2014.

[120] Los sectores de la sociedad colombiana deberían estar presentes sin exclusiones, sean los grupos indígenas, afro, familiares de las víctimas, etc., así como la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), entre otros.

[121] Inferior yacente, oculto, profundo, hondo, subterráneo, latente, disfrazado, encubierto, escondido, implícito, recóndito, secreto, velado. Que subyace o se encuentra debajo de algo; por ejemplo: diferente visión del modelo económico-social a seguir. Tratamiento del tema territorial. Tipo de Estado que se quiere, etc.

[122] Colombia: Una vez más, FARC piden Comisión de la Verdad, en Kaosenlared.net, 20-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83800-colombia-una-vez-más-FARC-piden-comisión-de-la-verdad.html.

[123] El caso Venezuela con el Presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, es interesante de analizar a la luz de esta perspectiva. No cabe duda que Maduro juega bajo el modelo de “los buenos y los malos”.

[124] Murillo Zamora, Carlos, Paz en Centroamérica: de Nassau a Esquípulas, (San José, Costa Rica, Edit. de la Universidad de Costa Rica-Fundación Arias para la Paz, 1999), ISBN: 9977-67-577-5, págs. xix-xx.

[125] Vuelvo a insistir en el modelo de Venezuela bajo Nicolás Maduro; aunque podría incluir otros Gobiernos latinoamericanos en diferentes épocas de la historia, que proceden con este tipo de percepción.

[126] Murillo Zamora, Carlos, Paz en Centroamérica: de Nassau a Esquípulas, (San José, Costa Rica, Edit. de la Universidad de Costa Rica-Fundación Arias para la Paz, 1999), ISBN: 9977-67-577-5, pág. xxii.

[127] Gbowee, Leymah (Activista que lideró el movimiento de mujeres por la Paz, que puso fin a la segunda guerra civil de Liberia en el año 2003), “El diálogo es la vía para resolver los conflictos”, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-3-2012, http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-332193-el-dialogo-via-resolver-los-conflictos.

[128] Una etapa del sistema internacional diferente a la actual.

[129] Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2. También, Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista “Reflexión Política”, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. 5, Nro. 10, Dic. 2003, ISSN 0124-0781, págs. 6-32. Asimismo, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una teoría política realista-sistémica- estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Vol. XV, No. 43, Septiembre-Diciembre del 2008, págs. 96-111.

[130] Esto se dio en todos los ámbitos regionales en los que Estados Unidos y la URSS tuvieran intereses hegemónicos en pugna.

[131] Si se observa el contenido de estos tratados, se concluye que están lejos de ser de libre comercio; son altamente proteccionistas y mucho de lo acordado no tiene nada que ver con comercio, sino sobre derechos de inversión.

[132] Dallanegra Pedraza, Luis, Reformulación del Orden Mundial: el Fin de una “Macro-Etapa”, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2003), ISBN: 987-43-6266-9.

[133] Bréville, Benoît, y Bulard, Martine, Las Multinacionales Mandan, los Estados Obedecen: Al final, los Pueblos siempre Pierden, en Le Monde Diplomastique, El Dipló, Edición Nro. 180, Junio del 2014, http://www.eldiplo.org/180-la-politica-del-futbol/al-final-los-pueblos-siempre-pierden/. También, Halimi, Serge, Los Poderosos Redefinen el Mundo, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 180, Junio del 2014, http://www.eldiplo.org/180-la-politica-del-futbol/los-poderosos-redefinen-el-mundo/.

[134] Ver sobre este particular, Dallanegra Pedraza, Luis, El Orden Mundial del Siglo XXI, (Buenos Aires, Ediciones de la Universidad, 1998), ISBN: 987-96035-0-8.

[135] En la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Argentina en la ciudad de Mar del Plata en el 2005, en la que el Presidente Argentino, Néstor Kirchner y el venezolano Hugo Chávez, ostentaron su capacidad de liderar el “no” regional al ALCA, frente al Presidente de Estados Unidos George W. Bush. Las izquierdas, y particularmente los diferentes pueblos latinoamericanos, quedaron muy felices con el accionar de sus líderes, aunque esto no significó, en los hechos, nada, ya que los TLC’s continúan proliferando.

[136] Con la finalización de la segunda guerra mundial y el inicio de la guerra fría, Harry Truman buscó crear un ejército único Americano mediante un “Plan de Cooperación Militar de Repúblicas Americanas” en 1946; pero ante el rechazo de muchos Gobiernos de la región, que adujeron los principios constitucionales, firmó acuerdos militares bilaterales, armando de esta manera el gran rompecabezas militar de apoyo logístico a su lucha en el conflicto Este-Oeste. Desde aquella época, los ejércitos latinoamericanos, más que a la defensa nacional comenzaron a dedicarse al apoyo logístico en defensa del bloque. Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, págs. 61-62.

[137] Por ejemplo -entre otros tantos- el “Consenso de Viña del Mar” de 1969 frente a las políticas de comercio de Estados Unidos, que duró hasta 1971 cuando Richard Nixon adoptó nuevas medias que desarticularon el Consenso, sin que la región volviera a reaccionar; o el “Consenso de Cartagena” de 1985, para negociar la forma de pago de la deuda externa, que también fue anulado por contramedidas por parte del Gobierno de Estados Unidos -v.gr.: Plan Baker y Plan Brady, entre otras-, además de la desarticulación de la estrategias regionales. Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, págs. 82 y 124.

[138] Este es el caso, también, del conflicto entre Argentina y Uruguay, por las empresas “pasteras” localizadas en territorio fronterizo uruguayo y cuya raíz oculta es el Acurdo entre Uruguay y las empresas pastera de protección del inversor, por lo que nada puede hacerse, salvo establecer parámetros razonables de protección del medio ambiente, pero no ir contra las empresas.

[139] En la mayoría de los casos, las empresas terminan llevándose más dinero al exterior del que invierten.

[140] Llopis, Enric, El Impacto de los TLC y el Poder de las Transnacionales en Colombia, en Kaosenlared.net, 3-6-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/89094-el-impacto-de-los-tlc-y-el-poder-de-las-transnacionales-en-colombia.html.

[141] Schilling, Mario Tomás, Teoría Sistémica de Negociación, en http://www.inter-mediacion.com/new/teoria_sistemica.htm.

[142] John McDonald y Louise Diamond, del Instituto para la Diplomacia de Vías Múltiples de Washington (IMTD) acuñaron la frase “diplomacia de vías múltiples”, que abarca nueve “vías” diferentes y en conjunto forman un sistema para establecer la Paz a nivel internacional. La Fundación James Carter para la Paz, sigue este criterio. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), Cap. XIII.

[143] Tratan esta temática: Popper, Michael & Zakkai, E., Transactional, Charismatic and Transformational Leadership: Conditions Conductive to their Predominance. An Analysis from an Organizational Psychology Perspective, en Leadership and Organizational Development Journal, 1994, Vol. 15, Nro. 6, págs. 3-7. También Bass, Bernard M., Is the Model of Transformational and Transactional Leadership Universal?, en Report Series of Center for Leadership Studies, (Binghamtom, NY, State University of New York, 1991).

[144] Dallanegra Pedraza, Luis, Realismo-Sistémico-Estructural: Política Exterior como Construcción de Poder, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2009), ISBN: 978-987-05-6072-2.

[145] Grupo paramilitar.

[146] El Consejo Nacional de Paz fue creado en la Presidencia de Ernesto Samper, el 3 de Febrero de 1998, mediante la Ley 434. Su misión, dice el Artículo 3, será “propender por el logro y mantenimiento de la Paz”. Se trata de una instancia consultiva y asesora del Gobierno Nacional, del que forman parte organismos de control, sector privado, iglesia, organizaciones de la sociedad civil, cuyo propósito es propender al logro y mantenimiento de la Paz, dando prioridad a la negociación política. Sólo ha sesionado formalmente, tres de las treinta y nueve veces que debía haber sido convocado, según lo establece la Ley.

[147] Mancera, Jorge, Barinas, Jorge, Dussán, Juan, (Estudiantes de la Fundación Escuela Superior Profesional INPAHU), Posibilidades de Negociación del Conflicto en Colombia, http://conflictoarmado.galeon.com/aficiones1715973.html.

[148] En base a: Un Solo Conflicto y Dos Modelos de Solución, en ELN, Voces de Colombia, 23-6-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comando-central/939-un-solo-conflicto-y-dos-modelos-de-solucion.

[149] Desde mi punto de vista, la participación y el empoderamiento del pueblo, no es una tarea desde “arriba”, sino que debe gestarse y construirse desde “abajo”, si se piensa en términos realistas.

[150] Kuna K., El Consejo Nacional de Paz y la Participación de la Sociedad, en ELN, Voces de Colombia, 23-6-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/militancia/937-el-consejo-nacional-de-Paz-y-la-participacion-de-la-sociedad.

[151] Guerrero, Modesto Emilio, Colombia, todo puede ser menos la Paz, en Kaosenlared.net, 5-8-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/64813-colombia-todo-puede-ser-menos-la-Paz.html.

[152] Ver el capítulo dedicado a los “Modelos Históricos de Resolución de Conflictos en Colombia”.

[153] El texto base de esta propuesta surgió de la Misión Rural, proceso amplio que propuso políticas para la sociedad rural colombiana en 1998. La Búsqueda de unos Mínimos, Cumbre Mundial de Paz, Bogotá, Colombia, 3-10-2009, http://www.cumbremundialdePaz2009.org/logros/busquedaminimos.html.

[154] Desde mi punto de vista, la sociedad civil, debe “construir” ese poder, ya que ningún Gobierno, per sé, le va a otorgar mayores reconocimientos que los que su conveniencia político-partidista esté dispuesto a dar. Esta es una clave, que resulta muy difícil de lograr, toda vez que las sociedades, especialmente las latinoamericanas, tienen una cultura muy arraigada de pasividad y subordinación al liderazgo. Incluso, en los casos en que se da una “militancia”, ésta está más supeditada a los lineamientos establecidos por el líder de manera vertical, que a una conducta independiente y creativa.

[155] Para mi, queda en claro, que las transformaciones no se han dado -ni se darán-, porque la sociedad civil no ha operado como tal. No ha creado poder ni sido partícipe de su destino. Sería importante ir más allá de las expresiones de deseo. Esto no es algo que se debe resolver en el terreno diplomático, por lo que se espera “reconocimiento”. Acá el reconocimiento se da, si existe poder suficiente para hacer “visible” a la sociedad civil; de otra manera, todo continuará igual.

[156] ¡Qué paradoja! Esperar un “acercamiento” del Gobierno con la sociedad civil, como si fueran entidades diferentes y ajenas. Teóricamente el Gobierno es resultante de un proceso en el que es elegido para “representar y administrar” los intereses y aspiraciones de la sociedad civil. Esto, desde ya, ocurre si la sociedad civil no delega gratuitamente, sino se hace partícipe activa de su destino, no sólo poniendo su voto -o absteniéndose de hacerlo-, sino siendo ciudadana activa y controladora de lo que “sus representantes” hacen o dejan de hacer.

[157] Ninguno de los Gobiernos ha manifestado voluntad política en este sentido. Es más, resulta paradójico buscar que el “Gobierno se acerque a la sociedad civil”, como si se tratara de un “soberano de la realeza” que debería tener un mayor conocimiento de sus vasallos. Se presume que en la “democracia”, el Gobierno es la resultante de la expresión de la voluntad del pueblo, para decidir quién se hará cargo de administrar sus asuntos; si el Gobierno no está “cerca”, ¿cuál es su grado de representación y legitimidad, entonces?

[158] Los grupos armados han reconocido esto -asumiendo un supuesto rol de actuar en nombre de la ciudadanía en su actuar subversivo y en el proceso de negociación-, pero la ciudadanía -en su gran mayoría- no considera a los grupos armados como representantes suyos, a la vez que tampoco se sienten representados por el Gobierno. Esto, sumado a la incapacidad de organización e institucionalización de la ciudadanía, impide que se avance en la verdadera solución de los problemas y en una reforma del Estado.

[159] Esto desdibuja totalmente la representatividad del Gobierno como actor legítimo de la sociedad civil, a la vez que a las guerrillas como legítimos luchadores -derecho a la rebelión- por los intereses, necesidades y aspiraciones del pueblo. Pareciera existir una zona obscura en la que resulta imposible observar, en qué medida, la sociedad civil se siente incomprendida o no interpretada en sus demandas por el Gobierno -elegido supuestamente de manera democrática-, a la vez que, se siente demandante y carente de un sinnúmero de necesidades, pero la metodología rebelde no está en sus métodos. De esta forma, bien habrían tres actores: el Gobierno -que parece nada tener con el pueblo, salvo que fue elegido a través de las urnas-; el pueblo, que se siente una isla incomprendida; y las guerrillas, que consideran que actúan en nombre de los intereses y necesidades del pueblo contra un Gobierno que traiciona los intereses del Estado.

[160] Eso requiere que una sociedad tenga un fuerte “tejido social” como para actuar “comunitariamente”. Caso contrario, como es muy frecuente, especialmente en las megalópolis de América Latina, el individualismo y el interés particular es el que predomina. América Latina se caracteriza por “individualidades”, no por grupos comunitarios o equipos.

[161] Eso implica ir más allá de lo que el Gobierno está dispuesto, quien en el Acuerdo de Negociación, indicó que quedaba totalmente fuera de discusión el modelo de Estado y el desarrollo económico-social.

[162] Y de muchos países latinoamericanos.

[163] ¿Modelo Sudáfrica con Mandela?

[164] En el mundo globalizado que vivimos con Gobiernos predominantemente neoliberales, como en Colombia, el “privilegio del interés nacional” parece algo poco posible. Esto es más bien una construcción resultante de un gran esfuerzo.

[165] La pedagogía para la Paz es algo muy importante para el éxito del proceso, y no hay que dejarla en manos del Gobierno solamente y sus medios de comunicación e información y/o de las guerrillas. Los diferentes sectores de la sociedad civi deben ser partícipes activos, no solo receptores de esta pedagogía para la Paz.

[166] El Gobierno de Juan Manuel Santos, no ha estado predispuesto a esto, salvo a un cese unilateral del fuego, pero con continuidad por parte del Estado como forma de garantizar el orden.

[167] El Presidente Juan Manuel Santos ya ha hecho definiciones y dado garantías a las fuerzas armadas, de manera tal que no habrá Acuerdo al respecto, más allá de las garantías previamente dadas.

[168] Este es un tema, per se, altamente complejo, que debe considerarse desde diferentes perspectivas: jurídica, política, económica, laboral, psicológica, sociológica, desde los Derechos Humanos, etc.

[169] Sociólogo estadounidense, conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Ha sido Profesor de la Binghamton University de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, y Profesor adjunto en Saint Mary’s University, Halifax (Canadá). Entrevista de Leukos, Sara, Diálogo con el Profesor James Petras, sobre el Proceso de Paz en Colombia, en Voz: La Verdad del Pueblo, 7-3-2014, https://www.semanariovoz.com/2014/03/07/dialogo-con-james-petras-sobre-el-proceso-de-paz-en-colombia/.

[170] En los términos en que está expresado, se está hablando de “pacificación”, toda vez que lo que importa es el interés del inversor, no el desarrollo o el bienestar de la Nación.

[171] Este es el caso del uribismo.

[172] El tema de la corrupción es muy complejo y constituye una problemática global, no solo colombiana. Resulta muy difícil luchar contra ella con mecanismos institucionales desde dentro del Gobierno. Deben darse formas de control extra-gubernamentales en todos los niveles y que no estén sujetos a los vaivenes políticos.

[173] Me parece que en la etapa de la globalización capitalista y en la que actores como China intervienen en el mercado mundial; a lo que habría que agregar el crecimiento de la robotización en los procesos productivos, los sindicatos tienen pocas posibilidades de lograr sus objetivos; al menos en los términos en que lo hacían en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, las multinacionales operan en los países periféricos, siguiendo la pautas de acuerdo de protección al inversor, por lo que no resulta muy fácil de controlarlas.

[174] Estos derechos no los va a garantizar el Gobierno, ni ningún otro Gobierno futuro. Son la resultante de la participación activa de la sociedad, no sólo en el momento eleccionario, sino durante todo el proceso de toma de decisiones del Gobierno.

[175] El tema de la soberanía es otro, que excede todo discurso. Para que los países periféricos (que son la gran mayoría en el planeta), puedan tener un manejo soberano, deben primero resolver el tema de la “construcción de poder” y ser actores partícipes del sistema y el régimen internacional. Caso contrario, la soberanía es sólo un término que forma parte de los discursos, pero no de los hechos.

[176] No sólo deben ser controlados los bancos, sino encontrarse las cuentas de los narcotraficantes, de manea tal de, no sólo decomisar la droga, sino y fundamentalmente, quitarles el dinero, que es lo que verdaderamente los debilita.