Tapa Conflicto en Colombia

 

Home







Capítulo XXXVI

Participación Política

La participación política está en el Segundo Punto de la Agenda de Negociación de Paz Gobierno-FARC. En él se detallan:

1) Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

2) Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.

3) Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

En el pasado reciente, durante dieciséis años, por norma constitucional, los dos grandes partidos (liberal y conservador) pactaron alternarse en la presidencia y repartirse toda la burocracia estatal. Fue el período del Frente Nacional. Esto logró mantener la estabilidad -interpartidaria- y también el control de los dos partidos sobre el sistema político colombiano, no la participación ni la satisfacción de las demandas y necesidades de los electores.

Desde 1991, con la nueva Constitución y la integración a la legalidad de diversos grupos guerrilleros, hay una apariencia de mayor amplitud democrática. Surgieron más partidos, todos ellos disidencias, rompimientos o reagrupamientos de los mismos liberales y conservadores.

En diversas ocasiones, entre sus fisuras, se han filtrado expresiones políticas de otras características que intentan representar a sectores de la pequeña burguesía urbana o que han ganado fuerza entre franjas de trabajadores -Polo Democrático Alternativo, Progresistas, Partido Verde, etc.-. De todas formas, esto no significa que haya mayor participación, diversidad política y reparto de poder en el juego político.

En realidad, la política, de la manera en que está dada, se orienta en la dirección de hacer posible la participación, dentro de los parámetros vigentes, mediante concesiones limitadas. Entretanto, el verdadero objetivo, es poner fin a la guerra, ya que su continuidad perjudica las inversiones y los planes gubernamentales.

Planteo de las FARC para el Segundo Punto de la Agenda

Para la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, un tema central es incorporar al debate las garantías a la guerrilla, en el eventual caso de una participación en política. Siguiendo la experiencia histórica, cualquier ofrecimiento para que la guerrilla participe en política, si no está acompañado de un cambio general, significa que a esos líderes, a esos Comandantes que salgan a hacer política, los van a asesinar -basados en la experiencia sufrida por la “Unión Patriótica” en el período posterior a la firma del Acuerdo de Paz con el Presidente Belisario Betancur en 1985-.

Las FARC plantean que siempre han proyectado el ensanchamiento de los espacios políticos para las fuerzas que se mueven en la oposición; han luchado por una apertura democrática y han confrontado el restringido sistema bipartidista que hay en Colombia. Si en el tema agrario -Primer Punto de la Agenda-, se abordaron las razones económicas de la confrontación armada en Colombia; en el Segundo Punto, las FARC insisten en que el sistema político antidemocrático, también es una de las razones de este conflicto, y llegar a una solución política implica abrir los horizontes de la democracia para todos los colombianos. Hablan de participación en política no para la guerrilla, sino para todos.

Colombia marcha nuevamente hacia el bipartidismo. Las reformas introducidas a la Constitución después de 1991 favorecen a los grandes bloques de partidos y perpetuán el bipartidismo. Una de las últimas medidas en esa dirección es el llamado umbral, que obliga a los partidos a sacar más de cuatrocientos cincuenta mil votos. Eso ha hecho que, paulatinamente desaparezcan pequeños movimientos y el régimen colombiano vuelve a caracterizarse por el monopolio de los dos partidos, metamorfoseados en distintas corrientes. No son garantías para la insurgencia sino reestructuración, reforma, remodelación del aparato institucional en lo que tiene que ver con el régimen de partidos; estatuto de la oposición. Plantean una reforma estructural que dé garantías para la presencia de fuerzas políticas que puedan salir de la insurgencia. Hoy no hay espacio para que exista el contrapeso que debe haber en toda democracia. Esto requiere un proceso Constituyente y de reforma 1360.

De todas formas, hay obstáculos para la posible participación de los miembros de las guerrillas en la política: el tema judicial. La eventual participación en política de ex-guerrilleros -sean Jefes o no- ya no implica la antigua fórmula de indulto por entrega de armas, pues hay exigencias del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional que comprometen a Colombia como Estado y que, ante todo, exigen unos mínimos de Verdad, Justicia y Reparación 1361.

Propuestas de las FARC sobre Participación Política en Colombia

Pese a la negativa explícita del Gobierno de Juan Manuel Santos, de que las negociaciones de Paz contemplen cambios a la estructura político-institucional y económica de Colombia, las FARC proponen modificaciones para una “nueva institucionalidad estatal democrática y participativa”, que requieren de un Parlamento en el que haya verdadera representación y posibilidad de participación de todos los sectores y control al Poder Ejecutivo. Caso contrario, se volverá al esquema tradicional en América Latina y en Colombia pese a las reformas de la Constitución en 1991 después de la desmovilización del M-19.

Reforma del Estado e institucionalidad democrática y participativa 1362:

1. Reforma y reestructuración del Estado.

Las políticas y medidas formuladas, sólo serán posibles si se emprende un proceso de reforma y reestructuración del Estado que garantice contenidos y diseños de política pública en función de los intereses de la sociedad en general, y de la población del campo en particular. Ello implica, des-neoliberalizar y desprivatizar el Estado para ponerlo al servicio de la soberanía nacional y de la transformación democrática y del desarrollo del campo; recuperar su capacidad de liderazgo y promover su acción planificada. Además de su función productiva y de provisión de infraestructura, se requiere un Estado profundamente comprometido con la superación de la desigualdad y la pobreza y el buen vivir de la población.

2. Institucionalidad para la transformación democrática del campo.

Se requiere la conformación y el fortalecimiento de una nueva institucionalidad estatal democrática y participativa, en capacidad de dar respuesta a los requerimientos de la política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la Paz con justicia social. Tal institucionalidad, además de posibilitar la participación activa de las comunidades rurales y de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en el diseño y la ejecución de la política pública para el campo, debe reconocer la capacidad de autogobierno y autogestión de estas comunidades y organizaciones, lo que implica un nuevo tipo de relacionamiento entre el Estado y la comunidad organizada.

3. Nueva institucionalidad fiscal.

En atención a que las transformaciones propuestas, demandan la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto durante un período de al menos diez años, mientras se generan y consolidan las condiciones para una Paz estable y duradera y que existe actualmente una institucionalidad fiscal de nivel constitucional, que impone la sostenibilidad fiscal y de nivel legal, que obliga a la regla fiscal, se hace necesario realizar las reformas que garanticen tal disposición de recursos, sin menoscabo de las condiciones de una macroeconomía razonable.

4. Asamblea Nacional Constituyente.

Considerando que el conjunto de políticas y acciones propuestas requieren un Marco Jurídico Institucional adecuado, que las más importantes de ellas superan los diseños constitucionales actuales y que una Paz estable y duradera sólo es posible con la más amplia participación social y popular, se hace imperiosa la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo de refrendación y diseño definitivo de la nueva política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la Paz con justicia social.

Perspectiva desde el Gobierno

De parte del Gobierno en el proceso de negociación de Paz en La Habana, existe la idea de mejorar la Constitución de 1991 a través de un “Estatuto” para la participación popular y para la oposición política.

Humberto De La Calle, Jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, se refirió acerca del foro que se abrió sobre la participación en política de los eventuales desmovilizados. Destacó que desde la Constitución de 1991, en Colombia se viene abriendo paso a una “mayor participación ciudadana”. Admitió la necesidad de explorar caminos para que exista desde el Estado un derecho a la oposición con un Estatuto concreto:

En el compromiso de brindar garantías, es útil que el Estado amplíe el marco de la participación y consolide en un Estatuto, las garantías y derecho de la oposición. Esto forma parte del ímpetu reformista que comenzó en 1991 y que es necesario preservar”.

Frente a la elegibilidad de los posibles futuros desmovilizados:

En cada caso para ser elegido, corresponde al punto donde se aborden los temas de justicia, más adelante. Este es un asunto que debe ser tratado luego en el escenario de Justicia Transicional en el que no sólo cuenta la voluntad del Gobierno. Hay decisiones de otras ramas del poder y hay compromisos internacionales de Colombia que deben ser respetados. Es posible revisar, con carácter general, los mecanismos y formas de participación para continuar ampliando y modernizando nuestra democracia. En el presente contexto es pertinente profundizar los mecanismos orientados hacia las comunidades locales pues allí debe tomar nuevo impulso la participación ciudadana, la que se expresa en el qué hacer diario y no sólo en las grandes decisiones nacionales1363.

Participación en Política a “Desmovilizados”

En una Ponencia presentada por el Magistrado Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional, solicita que se declare inconstitucional el Artículo 3 del Acto Legislativo 01 del 2012, conocido como el Marco Jurídico para la Paz, que le pone freno a la participación en política y al acceso de cargos de elección popular a los miembros de grupos armados ilegales que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

La base del documento hace referencia a los artículos de la Constitución Política de Colombia, en los que se reconoce a los interlocutores políticos validos “a antiguos sectores del conflicto” con el fin de “restablecer y consolidar la democracia de una sociedad”. En este punto se indica que se le deben abrir las puertas de esta participación a los miembros de estos grupos, sin importar su nombre o corriente, así como agentes del Estado que hayan incurrido en las conductas mencionadas.

En la ponencia se plantea que la Carta Magna:

No puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en democracia de los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte del conflicto armado interno, ni de los agentes del Estado”.

Sin embargo, se indica que es menester establecer ciertas condiciones para abrir esta puerta.

Entre las condiciones, se encuentran la firma de una serie de compromisos por parte de los miembros de los grupos armados ilegales entre los que están: la dejación de armas, la contribución a la verdad, la liberación de los secuestrados, el reintegro de los menores de edad reclutados a la sociedad y el reconocimiento de responsabilidades. Tendrán que someterse a una pena alternativa antes de reintegrarse a la vida política, y ampararse bajo los beneficios establecidos en el Marco Jurídico para la Paz.

Deberán dar reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, atendiendo a los principios de verdad, justicia y reparación.

El Congreso de la República deberá regular con una Ley estatutaria, la posibilidad de la participación en política de los miembros de los grupos armados ilegales que han protagonizado el conflicto armado en Colombia 1364.

Nueve Puntos de las FARC sobre Participación Política

A la Mesa de negociaciones, las FARC entregaron lo que denominaron nueve propuestas mínimas para la garantía de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos.

1. Ampliación de la participación política y social a los sectores excluidos, discriminados y segregados.

La construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, se fundamenta en la ampliación de las garantías de participación política y social a los sectores excluidos, discriminados y segregados históricamente. Se trata principalmente de los trabajadores asalariados e informales, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, de las mujeres, de los jóvenes, de la comunidad LGTBI, de los pensionados, entre otros. Deben buscarse los diseños institucionales para que, además de la participación efectiva, real y material, en el sistema político y de representación por la vía electoral, se garanticen y reconozcan constitucionalmente mecanismos, iniciativas, formas de organización social y popular que promuevan de manera real la organización democrática del Estado y la sociedad.

2. Garantías a la iniciativa social y popular de participación política y derecho a la consulta previa.

Sin perjuicio de los diseños existentes, se incorporará en el ordenamiento constitucional la garantía de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa social y popular. De igual manera, se proveerán los mecanismos institucionales del nivel constitucional para reconocer y garantizar de manera efectiva, real y material, la iniciativa social y popular en los procesos de la política pública, de la planeación y del presupuesto. Con miras a ampliar la participación social, se extenderá el derecho a la consulta previa, libre e informada, a las comunidades campesinas, así como a las comunidades indígenas y afrodescendientes y se les propiciarán las condiciones para su disfrute efectivo, real y material. Cualquier desarrollo legal o reglamentario de este derecho, no podrá limitarlo o ir en su desmedro. Se ampliará el alcance del derecho a la consulta previa sobre otras definiciones de política pública que puedan afectar los territorios de estas comunidades, así como su integridad cultural, social y económica, tales como los tratados de libre comercio y las políticas de inversión extranjera. Se garantizará el derecho a la consulta previa a comunidades urbanas organizadas, cuando planes de ordenamiento territorial o proyectos de inversión puedan afectar o transformar de manera substantiva sus condiciones de vida y de trabajo.

3. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos.

En consideración al papel central desempeñado en la historia de Colombia, así como a la deuda política, económica, social, ambiental y cultural contraída fruto del ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar; en atención a la capacidad de resistencia, movilización, organización y lucha en defensa de sus reivindicaciones y derechos a lo largo de toda la historia republicana, se dignificará y reconocerá política y culturalmente al campesinado, así como su condición de sujeto de derechos en los términos establecidos en la “Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos de la ONU”, que será incorporada de manera inmediata al ordenamiento constitucional. Las mujeres campesinas merecerán especial atención y trato. Dada las condiciones de precariedad y pobreza de los trabajadores y proletarios agrícolas, se adoptará en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se crearán las condiciones institucionales para hacerlo eficaz. En concertación con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y de los consejos comunitarios, se diseñarán los mecanismos para garantizar la participación política y social de los campesinos que vivan en sus territorios. En el caso de los territorios interétnicos e interculturales, se diseñarán instancias y mecanismos de participación interétnica e intercultural.

4. Reconocimiento y garantías de la participación política y social a las comunidades campesinas.

Con el propósito de garantizar la participación política y social del campesinado y de las comunidades campesinas, además del reconocimiento de los territorios campesinos en el nivel constitucional, se creará la jurisdicción electoral especial campesina para Senado y Cámara Territorial. Para Senado se reconocerán tres (3) curules. Para Cámara, se reconocerán cinco (5) curules. La participación electoral de las comunidades campesinas gozará de garantías plenas, incluyendo las de seguridad y financiación estatal. Las comunidades campesinas tendrán representación en las instancias y organismos de participación tales como el Consejo de la Participación Territorial, Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa, en el Consejo Nacional de Política y Económicas y Social, en el Consejo Superior de Política Fiscal, en la Comisión de seguimiento de decisiones de política monetaria y cambiaria. Todo ello, sin perjuicio de instancias de participación ya existentes.

5. Ampliación de la participación política y social de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Se incrementará a tres (3), en cada caso, el número de curules en la jurisdicción electoral para Senado. En jurisdicción especial para Cámara Territorial, el número de curules será de cinco (5) respectivamente. Las comunidades indígenas y afrodescendientes tendrán representación en las instancias y organismos de participación tales como el Consejo de la Participación Territorial, Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa, en el Consejo Nacional de Política y Económicas y Social, en el Consejo Superior de Política Fiscal, en la Comisión de seguimiento de decisiones de política monetaria y cambiaria. Todo ello, sin perjuicio de instancias de participación ya existentes.

6. Campaña de cedulación masiva, depuración del censo electoral e inscripción en el Registro civil de nacimiento.

Se llevará a cabo una campaña nacional de cedulación masiva, con prioridad en las zonas marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales. Se procederá a la depuración del Censo electoral, para lo cual se diseñará un programa especial. Se conformará una Veeduría política y social a la depuración del censo, con participación de representantes de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales. Adicionalmente, con el propósito de contribuir a generar condiciones para el acceso y exigibilidad de los derechos definidos constitucionalmente, especialmente de los derechos de los niños y niñas, sin perjuicio de políticas existentes, se emprenderá una campaña de inscripción masiva en el Registro Civil de nacimientos, con prioridad en las zonas urbanas marginadas y en las zonas rurales. El Estado deberá proveer las condiciones materiales para la efectividad de la campaña.

7. Reconocimiento y estímulo a formas autónomas de participación política y social.

Se garantizará constitucionalmente la democracia directa, autogestionaria y comunitaria, así como sus variadas expresiones organizativas sectoriales, urbanas o rurales, en la forma de Asambleas ciudadanas y Cabildos, Juntas y Consejos comunales o comunitarios, Consejos interétnicos e interculturales, Constituyentes o Congresos. Sin perjuicio de su autonomía, se definirán los relacionamientos con la organización política y administrativa del Estado. Sus mandatos tendrán carácter vinculante y deberán contar con el apoyo estatal para su implementación, incluida la financiación. La democracia directa, autogestionaria y comunitaria conlleva el reconocimiento de funciones básicas en la organización y la gestión del territorio, en asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales, de producción de derecho propio, de pluralismo jurídico y de regulación de conflictos. Los planes de desarrollo alternativo de las comunidades campesinas, los planes de vida de las comunidades indígenas, los planes de las comunidades afrodescendientes, así como los planes de manejo socio ambiental elaborados por éstas.

8. Estímulo a la participación política y social de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGTBI.

Se debe garantizar el reconocimiento efectivo, real y material, de la Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De manera particular se trata de propiciar y apoyar todas las formas de organización política y social concebidas autónomamente por las mujeres, incluida la financiación estatal; de propiciar su participación en las instancias y organismos de decisión del Estado, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y del naciente Poder Popular, considerando el sistema de cuotas; en especial en los asuntos relacionados con los procesos de la política pública, de planeación y del presupuesto, en los cuales se debe garantizar un enfoque de género y de mujeres. En los mismos términos, se promoverá la participación política y social de los jóvenes trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como de la comunidad LGTBI.

9. Reconocimiento y constitucionalización del Poder Popular.

Las formas autónomas de organización y participación política y social, promovidas por los sectores sociales y populares, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las mujeres, los jóvenes, las comunidades LGTBI, los trabajadores asalariados e informales, los pensionados y demás sectores populares organizados, constituirán un cuarto poder, el Poder Popular. Es un poder basado en los principios de la autonomía y la soberanía popular; se funda en la aspiración de ejercicio de la democracia real, directa, autogestionaria y comunitaria; en el reconocimiento de la capacidad del pueblo soberano, no sólo para atender asuntos prácticos y puntuales, sino para incidir sobre definiciones políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales, incluido el ordenamiento territorial, en los niveles nacional, regional, departamental o municipal, e incluso internacional, según el caso. El Poder Popular se fundamenta de igual manera en el estímulo y el apoyo a formas de economía social y popular, alternativa, organizadas en redes o circuitos, bajo los principios de la solidaridad, la cooperación y el intercambio equitativo, así como en la participación activa en la ejecución de los planes de desarrollo y presupuestos públicos. El diseño constitucional del Poder Popular implica su organización institucional; la definición de funciones y de relaciones con los poderes públicos, incluida la obligación de éstos a promover, apoyar y acompañar las iniciativas populares; el reconocimiento y transferencia de competencias 1365.

Sobre el Punto 2. de las FARC y la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

El Gobierno colombiano, a través del Jefe de la Delegación negociadora en La Habana, Dr. Humberto De La Calle, planteó que llevar a cabo una Constituyente, más que un mecanismo de refrendación, era un escenario de nueva deliberación. No era el punto final del diálogo, por el contrario un nuevo comienzo. En vez de aprobar lo convenido, abre las puertas a la revisión y hasta a la negación de lo pactado.

Según el Presidente Santos:

Lo que puede hacer una Constituyente es borrar todo lo que hemos hecho en La Habana para volver a comenzar de cero”. Este tipo de propuestas “no forma parte de las reglas del juego… La reforma al Estado que proponen la pueden presentar, pero solo en los escenarios democráticos, porque será el pueblo el que decida si eso se puede. Si quieren reformas del Estado, pues que las persigan, que las propongan en los canales normales de la democracia, en las plazas públicas. Y si ganan las elecciones, aprueben esas reformas. Pero por ningún motivo, se lo dijimos desde el primer día, vamos a hacer la revolución por decreto en la Mesa de negociación en La Habana” 1366.

Que el pueblo vote por Sí o por No en un referéndum, o participe de elecciones, no tiene nada que ver con la “toma de decisiones”. La verdadera idea de una Constituyente, es que se tomen decisiones, desde todos los sectores de la sociedad, sin excepciones, sobre qué clase de país quieren, y no este mecanismo que se lleva a cabo en La Habana, que es entre el Gobierno vigente y uno de los grupos guerrilleros, pero de “espaldas” al pueblo, toda vez que, la “representación” es formal, pero no real.

Según las FARC, el pueblo no puede ser un convidado de piedra, que llega a última hora solamente a refrendar lo que otros acordaron. La revisión no es negación.

La Constitución de 1991, carece de vigor político, pues su espíritu descentralizador, la pluralidad partidista de entonces y la fuerza administrativa y política para los municipios, han sido aniquilados por la forma neoliberal de su ejecución. La manipularon para imponer la reelección presidencial -la gran mayoría de las Constituciones latinoamericanas han sido manipuladas con este propósito, prácticamente exclusivo y excluyente-; exacerbaron el presidencialismo; transfiguraron el valioso enunciado de que la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en una fórmula vacía; subordinaron todas las ramas del poder y hasta los organismos de control a los intereses del Ejecutivo; desatendieron el mandato de hacer en breve tiempo la formulación de un ordenamiento territorial que respondiera a los intereses de las comunidades.

Todos están molestos con la corrupción en la justicia, con la centralización administrativa que desconoce las regiones y con la manera como se explotan los recursos naturales no renovables a expensas del pueblo y de lo ambiental. Ya nadie confía en el sistema electoral corrupto y fraudulento y el ejercicio de la política no cuenta siquiera con un Estatuto de la Oposición, pero sí con el terrorismo de un régimen que criminaliza la protesta social y extermina a los contradictores.

No puede haber Paz si no hay un aparato jurisdiccional que la garantice. Se debe depurar y regresar a la rama judicial su independencia orgánica. Los partidos políticos, organizaciones sociales, gremios y movimientos, etc., deben formar parte de la Constituyente, e ir preparando sus proyectos de reforma a la justicia para ser debatidos democráticamente.

La semilla de la participación política está en la construcción de la democracia y de la transformación estructural del Estado. Si se convocó un Foro que reunió fuerzas vivas para revisar esto -Foro convocado por la Universidad Nacional de Colombia y y la Representación de Naciones Unidas en Colombia-, es porque no todo está dicho.

La construcción de la Paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción. Las FARC no han llegado a La Habana a realizar conciliábulos. No estamos hablando de una Constituyente para después de la dejación de las armas, sino de una Constituyente como Tratado de Paz y nuevo Contrato Social. La Constituyente es más que un escenario de refrendación, es el espacio que define la Paz”. Está llamada a discutir sobre el eventual Acuerdo de La Habana y a superar las salvedades y disensos que van quedando sin resolver. En consecuencia, no puede ser el colofón de la dejación de las armas en que tanto insiste el Gobierno 1367.

La participación ciudadana debe llevarse a cabo, mediante la creación del “Poder Popular”, que cumplirá con funciones de observador y control sobre las diferentes actuaciones del Gobierno 1368.

Es preciso decir que nadie puede pretender limitar la condición de soberano del pueblo -en la Constitución de Colombia de 1991 se considera “soberano” al pueblo, en el Preámbulo y en el Artículo 3-. No es comprensible que respecto de la discusión sobre Participación Ciudadana, desde la Delegación de Paz del Gobierno se le ponga obstáculos a una propuesta fundamental de las organizaciones sociales y políticas, expuesta en el Foro de finales de abril del 2013. En ninguna parte del Acuerdo especial de La Habana aparece definida la forma de refrendación que tendrá lo que se acuerde. Tampoco se ha firmado el No a la Constituyente. Que se nos diga dónde se prohíbe hablar de este importante asunto, cuando por el contrario, el espíritu del Preámbulo y la Agenda para la Paz, lo que manifiesta es que la Paz es un asunto de todos los colombianos. Tenemos que recordarle al Dr. Humberto De La Calle, que el Artículo 376 fue incluido en la Carta de 1991 por iniciativa del Gobierno de César Gaviria, del cual él formaba parte. No hay que tenerle miedo a un texto que a letra dice: Mediante Ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Nacional Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma Ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte del censo electoral.

Artículo 376 de la Constitución de 1991: Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

Es una paradoja que precisamente en el Punto de Participación Política a la gente le coloquen un bozal, impidiendo la opinión, desde ya, de congresistas, partidos, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios, etc. Por el bien supremo de la Paz, que es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, hay que hacer hasta lo imposible 1369.

Rodrigo Granda, integrante de la Delegación de Paz de las FARC, dijo que “no queremos cambios cosméticos, sino reformas estructurales que el pueblo deberá refrendar asumiendo de manera plena su poder creador y su condición de soberano”. El proceso de conversaciones debe concluir en una Asamblea Nacional Constituyente, en el entendido de que “la generación de condiciones para transitar hacia la Paz con justicia social exige la mayor legitimidad. La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de Paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana”.

Para ello, presentan doce propuestas mínimas para una Asamblea Nacional Constituyente para la Paz:

1. Proceso de Paz y Poder Constituyente: Un Acuerdo final que permita avanzar hacia la construcción del noble propósito de la Paz con justicia social, la democratización real y la reconciliación nacional; dejar a un lado las fuerzas militaristas y de ultraderecha empecinadas en una prolongación indefinida de la confrontación armada; dotar dicho Acuerdo con la mayor participación social y popular y legitimidad posible, se apelará a la voluntad del pueblo soberano, al poder intrínseco del constituyente primario y soberano, en consonancia con lo señalado en el Preámbulo del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado por las FARC y el Gobierno nacional”, 26-8-2012, cuando estipula que “la construcción de la Paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos (...)”.

2. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para la Paz: Se convocará la Asamblea Nacional Constituyente como máxima expresión del constituyente primario y soberano.

3. Gran Acuerdo Político Nacional para una Asamblea Nacional Constituyente: El propósito del Acuerdo consiste en darle viabilidad jurídica y política a la iniciativa; establecer los criterios para el logro de la más amplia movilización y participación social y popular; concertar propósitos y principios, naturaleza, composición, materia y alcances legislativos de la Asamblea, sin perjuicio de las definiciones propias del constituyente soberano. El “Gran Acuerdo Político Nacional” se comprende como una expresión elevada de la participación social en la construcción del Acuerdo final.

4. Movilización social por una Asamblea Nacional Constituyente: Se estimulará la participación de los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, comprendidas las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

5. Poderes públicos y Asamblea Nacional Constituyente: El alzamiento armado no ha sido contra algún Gobierno en particular, sino contra el Estado en su conjunto, el “Gran Acuerdo Político Nacional” debe comprometer a todos los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y funciones que les han sido conferidos. La convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente han de ser expresivas de una voluntad de Estado en la búsqueda de un bien común mayor: la Paz con justicia social, estable y duradera.

6. Diseños normativos: Serán parte del “Gran Acuerdo Político Nacional” los diseños normativos, incluidos las reformas, el procedimiento y los tiempos a que hubiere lugar, para darle una viabilidad jurídica y política a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

7. Propósito y principios:

a. Definir los fundamentos normativos para la reconciliación nacional y una Paz con justicia social, estable y duradera.

b. Preservar y reafirmar el compromiso con el catálogo de derechos de la Constitución de 1991, incluido el reconocimiento de los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

c. Sentar las bases normativas para una profundización real de la democracia política, económica, social y cultural.

d. Reafirmar los principios universales de soberanía y autodeterminación en lo concerniente a la búsqueda de alternativas entre el bien común de la Paz y la denominada Justicia Transicional. ... La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de Paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana.

8. Naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente: Posee un doble carácter:

a) Es una Asamblea de refrendación de Acuerdos, en la medida en que éstos comprometan el orden constitucional vigente o de Acuerdos no logrados en la Mesa de Diálogos, frente a lo cual se atenderá la voluntad del constituyente primario y soberano.

b) Es también de proyección y expansión democrática real de asuntos propuestos por el constituyente primario y soberano. Al momento de refrendación de la Ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente también se someterán a consideración los temas que hayan sido Acordados entre el Gobierno y las FARC. Dichos temas no serán objeto de estudio por parte de la Asamblea.

9. Composición: Las Asamblea Nacional Constituyente será conformada con ciento cuarenta y un (141) integrantes; combina un carácter estamental, asignando cuotas de participación, con uno de elección general. Con miras a garantizar la más amplia participación social y popular y la mayor representatividad y legitimidad posibles, la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado, en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final; por representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, por representantes de los trabajadores organizados; de las víctimas del conflicto; de las mujeres organizadas; de los estudiantes organizados; de las comunidades LGTBI; de los militares retirados; de los nacionales residentes, refugiados, o exiliados en el exterior; y el resto, por representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación.

10. Designación y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente: Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente serán escogidos por designación directa o mediante elección popular, según el caso. Los miembros designados de manera directa corresponden a las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado. La designación directa se ejerce en representación de la totalidad de los combatientes, como reconocimiento y parte del tránsito al ejercicio pleno de la política, y en atención a las previsibles condiciones de asimetría en la competencia política. Los miembros escogidos mediante elección popular serán de dos tipos:

a) Los electos en circunscripciones especiales, que serán creadas en reconocimiento de una historia de exclusión, segregación y abandono estatal, y de la asimetría en la competencia electoral. Las circunscripciones especiales se les concederán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a los trabajadores organizados, a las víctimas del conflicto, a las mujeres organizadas, a los estudiantes organizados, a la comunidad LGTBI, a los nacionales residentes, refugiados o exiliados en el exterior. Asimismo, a los militares retirados.

b) Los demás miembros de la Asamblea serán escogidos a través de elección general y directa.

11. Materia de la Asamblea Nacional Constituyente: Sin perjuicio de las definiciones propias de la Asamblea Nacional Constituyente, la materia de la Asamblea será concertada en el marco del “Gran Acuerdo Político Nacional”. Se trata de perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales y de reconocimiento de derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. La Asamblea se ocupará de igual manera de los temas que no hayan sido objeto de Acuerdo en la Mesa de Conversaciones.

12. Alcances legislativos: Los eventuales alcances legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de leyes orgánicas, de leyes marco, o de leyes estatutarias, según el caso, en aquellas materias que contribuyan a la consolidación de un verdadero Estado social y democrático de derecho y propicien una mayor democratización política, económica, social y cultural de la Nación, serán definidos por la propia Asamblea en sus deliberaciones, atendiendo los propósitos y principios del “Gran Acuerdo Político Nacional”. Si a ello se llegare, se conformará por un período preciso un cuerpo legislativo especial, cuya composición será determinada por la propia Asamblea 1370.

La idea de Constituyente no es exclusiva de las FARC. Se trata también de una de las principales propuestas de la sociedad civil, surgida del foro político que organizaron la Universidad Nacional y Naciones Unidas. Allí se habló de un “Gran Pacto Nacional” que incluiría a todos los partidos y fuerzas políticas del país.

El ex-candidato presidencial y ex-Magistrado Carlos Gaviria cree que lo único que de verdad podría garantizar la reinserción efectiva de los guerrilleros a la vida civil y política de la Nación es un Estatuto de la Oposición, sobre el que nunca ha habido voluntad política para su creación. También se podrían garantizar unas curules en el Congreso a las FARC para que expresen su idea de país -que tendrían que sostener en el tiempo con respaldo popular-, así como impulsar un verdadero Estatuto de Ordenamiento Territorial que corresponda a las necesidades regionales.

El ex-Presidente Ernesto Samper dijo:

Las más perjudicadas por una Constituyente serían las FARC, porque teniendo que esta Asamblea debe ser elegida como lo ordena la Constitución, es decir, por voto popular, es muy difícil pensar que ellos alcancen a lograr una mayoría, con lo cual pudiéramos quedar en el peor de los mundos y es que el mecanismo para la ratificación de los Acuerdos que se llegaran a alcanzar en La Habana, sea el que sirva para hundirlos… sin duda las opciones electorales que tienen hoy los colombianos son la Paz o la guerra…. No hay nada más importante para este país que escoger entre la guerra y la Paz” 1371.

Los miembros del Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), en el XIV Congreso, consideraron necesario que haya una Constituyente, porque, aunque los indígenas están de acuerdo y han saludado el proceso de Paz en La Habana, creen que allá no se está negociando la Paz de Colombia. El que debe hacerlo finalmente es el propio pueblo colombiano 1372.

Constituyente y Democracia Directa

Crisis del Sistema de Representatividad

Los sectores de izquierda consideran que la democracia representativa en Colombia se agotó. La institucionalidad colombiana ha caducado, aunque política y formalmente se sostenga por la falta de claridad y unidad de los sectores populares.

En el ámbito judicial, está la arbitrariedad del Procurador elegido y sostenido por todos los partidos políticos dominantes y un poder judicial con diferentes niveles, como el Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Contraloría, Altas Cortes, etc., que no contribuyen a la claridad ni concurren a una verdadera justicia.

En el terreno legislativo, la crisis se observa en la elección -marzo del 2014- de un gran número de “para-políticos” -no en términos de actores “paralelos a” o “más allá de” la política (v.gr: FMI; calificadoras de riesgo país; Holdouts; etc.), sino de políticos vinculados a los paramilitares-; la compra de electores a través de ventajas y beneficios; la evidencia de que la mayoría de los parlamentarios representan los intereses de la burguesía transnacional y se orientará a aprobar más normas a su favor, de espaldas con el elector real.

En el campo presidencial, la entrega de recursos del Estado al grueso de políticos de la “unidad nacional”, que sólo sirvió para obtener precarias mayorías electorales. Los partidos políticos son degradados por la acción corruptora del Poder Ejecutivo, que se ha reducido a ser el gerente de los intereses de los verdaderos patrones del país: los grupos corporativos internos y empresarios transnacionales.

La crisis de legitimidad de la democracia representativa, también arrastra a las fuerzas de la izquierda tradicional. El sector de la izquierda, todavía se esfuerza por demostrar que la “burguesía nacional” -medianos empresarios-, es revolucionaria y anti-imperialista, pero no logró convencer a ningún empresario de ser la llave para su candidata presidencial. En general, el pueblo no ve en la izquierda tradicional, ninguna alternativa de cambio.

El otro sector de los “progresistas”, disfrazado de “verde”, pareciera entrar en la dinámica de alinearse en las filas del Gobierno, para ayudarlo a implementar su “nueva apertura democrática” al calor del proceso de Paz, impulsando pequeñas y mediocres reformas a su sistema representativo, reviviendo sus mejores épocas cuando, una vez reinsertados del M-19, se pusieron al servicio, consciente o inconscientemente, de los proyectos aperturistas y neoliberales de César Gaviria.

Otros sectores de la izquierda, como el Partido Comunista de Colombia, la Unión Patriótica, presentan la unidad Polo-UP como histórica y se apegan a las instituciones “democráticas” vigentes, sin reflexionar sobre el principal hecho recientemente sucedido: todo un año de fuerte movilización popular contra el régimen neoliberal y la negativa de las mayorías populares a sumarse a la farsa electoral degradada, corrupta y descompuesta.

El conjunto de la izquierda tradicional sigue en la dinámica de tratar de canalizar las luchas directas de las masas hacia el campo electoral. Se coloca al parlamentarismo en el centro de la actividad política y se debilita a la organización popular. Se generan ilusiones en el papel de los representantes de izquierda en el Congreso, cayendo en la ingenuidad parlamentaria que asume dos formas clásicas: la conciliación total y el “oposicionismo legitimante”. “Vamos a legislar por la Paz” dicen “verdes” y “progresistas”; “vamos a ser la única oposición” refuta el Polo.

Mientras tanto el grueso del pueblo colombiano no cree en la democracia representativa. Ni siquiera los que votan por los partidos de la oligarquía creen en sus promesas. Su pragmatismo clientelista es consecuencia de que saben a qué se enfrentan, pero prefieren cobrar canonjías por adelantado y se desentienden del asunto. No existen alternativas dicen, y en cierto sentido tienen razón; es la imagen de la “sin salida”.

En el seno de las organizaciones populares se mantiene la idea de la acción directa y la movilización. En el movimiento popular, en sus organizaciones de base, en los cabildos y organizaciones indígenas, en los consejos comunitarios afrocolombianos, en las asociaciones regionales campesinas, de paperos, cafeteros, arroceros, etc., surge una forma de democracia que demanda que se la oriente y consolide: la Democracia Directa.

Lo que queremos es la democracia directa, aquella donde el pueblo manda, el pueblo decide, el pueblo ejerce control sobre los tres poderes de la democracia burguesa: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y que, además, garantice la equidad en el aspecto económico; donde el pueblo ejerce mandato directo sobre y en control, de quienes han de representarlo. Todo esto exige trabajar en el cambio de una cultura que despierte en el pueblo voluntad para regir directamente sus destinos y exige un nuevo Pacto, para disponer de una Constitución acorde con la necesidad de un mandato popular directo sobre los destinos de la patria, que elimine los filtros que la democracia burguesa establece y defiende 1373.

La constatación de la falta de claridad política al interior del movimiento popular colombiano, causa principal de que la correlación de fuerzas esté a favor de los sectores de la oligarquía, obliga a diferenciar entre lo que es un Proceso Constituyente por la Democracia Directa y la simple convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

En esta circunstancia de la vida política colombiana, convocar a una Asamblea Constituyente, es poner en bandeja la oportunidad a la oligarquía de volver a “adelantarse”, como lo hizo en 1991, para retocar su falsa democracia, engañar con una “nueva apertura democrática”, ceder en aspectos no substanciales algunas zonas y recursos a sectores de la población campesina y colonizadora de regiones marginales, y teñir de “reformista” -a esto se llama “ampliación de los límites del sistema”, con el objeto de continuar sobreviviendo. En la mayoría de los casos, se trata de un “gatopardismo”- 1374, a un régimen que impulsa la segunda fase de neoliberalismo más violenta y despótica, con más despojo, más explotación, grave arrasamiento territorial y completa subordinación del interés nacional y popular al poder capitalista transnacional. Por ello, se deben impulsar formas de Poder Constituyente: Asambleas, Comités, Cabildos, Consejos, etc., en cada una de las localidades, que sean de tipo permanente, con características de Democracia Directa; cuya base sea la Asamblea Comunitaria, que los delegados sean elegidos y revocables, en donde se vaya discutiendo y construyendo “otra forma de democracia”. Todo debe ser discutido, revisado y aprobado 1375.

Pese a que las FARC venían planteando la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como método para refrendar los Acuerdos que se adopten en la Mesa de Negociaciones de La Habana, el proceso constituyente no encontraba un eco entre la opinión pública. El rechazo general a la insurgencia, los límites impuestos por el Gobierno a los diálogos, indicando que “no está en juego el modelo político y económico”, y la certeza de que una convocatoria a una ANC sería monopolizada por las fuerzas de derecha, hacían que la propuesta no se contemplara como viable y oportuna.

Sin embargo, la acumulación de luchas populares en los últimos años: contra los TLC’s; contra la entrega de recursos naturales al capital transnacional; contra el modelo minero-energético de despojo; al arrasamiento extractivista del medio ambiente; a la tercerización laboral; a la privatización de la educación y la salud; a la privatización de los servicios públicos; por una reforma agraria democrática, etc.; y la agudización de la crisis de la democracia representativa, cuyo colofón lo dio la propuesta de destitución del Alcalde Petro, empiezan a liberar las fuerzas reprimidas en el seno del pueblo y colocan en la escena política el Proceso Constituyente 1376.

Por otra parte, el fracaso de la izquierda en las elecciones de marzo del 2014, ha hecho pensar a los sectores corporativos de poder, que cuentan con espacio político para imponer sus propias ideas y proyectos. En estas condiciones, ¿por qué ceder a las pretensiones populares?

En este marco, debe llevarse a cabo un Proceso Constituyente. Está claro el malestar popular en los diferentes sectores de la sociedad colombiana y también el deseo de cambio. Lo que no está claro, es la capacidad para generar verdaderos cambios y poder superar las estrategias políticas “gatopardistas” de la dirigencia.

Esto debe tener en consideración el hecho de que los partidos políticos -y los grupos corporativos- verán peligrar su posición, e incluso su existencia, por lo que procurarán “penetrar” las Asambleas Populares para “cooptarlas” y, en la medida de lo posible, anularlas totalmente. Un buen ejemplo, está dado por las “Asambleas Populares” generadas en el 2001 en la Argentina, bajo el lema de “que se vayan todos” -los políticos-, pero que duraron pocos meses, ya que había mucha voluntad, pero poca organización y capacidad de acción 1377.

¿Cómo Lograr que una Constituyente sea Diferente a la de 1991?

El Gobierno y la dirigencia política-económica, no está dispuesta a un Proceso Constituyente. El Presidente Juan Manuel Santos dejó en claro, mediante un mensaje:

No está en juego el modelo político y económico”, no se aceptarán cambios más allá de una desmovilización de la guerrilla.

A lo sumo aceptan convocar un referendo para refrendar los Acuerdos que se alcancen con la insurgencia y aprobar en el Congreso algunas reformas constitucionales para reforzar su poder, aprobar algunos aspectos relacionados con la justicia y legitimar su “nueva apertura democrática”, como parte de la estrategia de cooptar y domesticar a una parte del movimiento campesino.

En el “Proceso Constituyente” de 1991, la oligarquía aprovechó la coyuntura de los Acuerdos de Paz con los movimientos guerrilleros M-19, Quintín Lame, PRT y EPL, para ofrecer la idea de una “apertura democrática” a la sombra de la que impulsaron todo el proyecto neoliberal, que tiene vigencia: apertura económica, privatizaciones, inversión liberada al capital transnacional de los recursos naturales, despojo y desplazamiento de la población del sector rural. Todo esto ha sido apuntalado mediante la intimidación paramilitar.

La burguesía transnacionalizada no necesita grandes reformas, sólo está interesada en retocar la Constitución para desmovilizar a un sector de los campesinos y para implementar la segunda fase de su neoliberalismo.

Está claro que la guerrilla en la Mesa de Paz de La Habana, no es representativa de los diferentes sectores y aspiraciones de la sociedad colombiana, a la vez que el Gobierno no está predispuesto a una Paz auténtica, al no convocar a un proceso de negociación mediante la “diplomacia de vías múltiples” 1378, en el que participen todos los sectores con algún interés y demandas insatisfechas, aunque fuera en diferentes escenarios de negociación.

Un nuevo Proceso Constituyente, debe ir más allá del simple cambio de letra de la Constitución. Se trata de ir al constituyente primario, para articular los diversos procesos de organización y convertirlo en “Fuente de Poder” mediante la Democracia Directa, no sólo para consultarlo sobre el contenido de la Carta Política, sino para que sea protagonista real del cambio en la correlación de fuerzas.

Eso, en alguna medida, se da de forma un poco inconsciente y espontáneamente, pero ya existen los gérmenes y simientes. El Congreso de los Pueblos, las Constituyentes por la Paz de Marcha Patriótica, la Consulta del Municipio de Las Piedras, los movimientos de Santurbán, Ituango, El Quimbo y La Colosa, los paros cafetero, agrario, minero, transportador, la Minga indígena, la lucha estudiantil y por la salud pública, los cacerolazos de solidaridad con el Paro Agrario y las movilizaciones juveniles que ha dinamizado el destituido e inhabilitado Alcalde Petro, son muestras del germen de ese proceso que es necesario generalizar, organizar y articular en todo el territorio nacional, para que se consolide y se mantenga.

Este germen Constituyente, ya desbordó los diálogos de La Habana, al mostrar la movilización popular agraria, especialmente durante el 2013, que su lucha va más allá de los Acuerdos entre la insurgencia y el Gobierno. La guerrilla ya hizo lo que tenía que hacer: aceptó las condiciones del Gobierno sobre que “no está en discusión el modelo”, y tal vez, sin proponérselo, puso el terreno de la disputa política en la movilización popular, en la lucha civil y civilista por la transformación estructural del país 1379.

Los campesinos pobres: indios, mestizos y afrocolombianos, son otros protagonistas de importancia. Han sido el motor de la lucha social en las últimas décadas, pero su dinámica de lucha, que consiste en elaborar y presentar pliegos de peticiones y exigencias para negociar pequeñas partidas y proyectos con el Gobierno, se ha ido agotando. La Cumbre Agraria desnudó esas falencias. Los campesinos exigen unidad. Ya no se contentan con falsas soluciones, negociaciones parciales.

Las clases medias, que van perdiendo su condición, también pueden jugar un importante papel, sobre todo en la lucha contra la politiquería y la corrupción. El problema es su falta de organización.

Las FARC siguen adelante con su proceso de negociación, pero no están acompañadas por los diferentes sectores de la sociedad colombiana, independientemente de que existe cierta coincidencia en cuanto a las problemáticas y demandas. No existe unidad entre los sectores y las guerrillas, respecto de las demandas y el proyecto de país deseado.

El gran ausente, es el sector “pensante”. Las Universidades, los institutos académicos de investigaciones, carecen de una mirada crítica y aún más de proyectos alternativos. Siendo el “cerebro” de toda sociedad, aun más en sociedades que están en crisis, en vez de “direccionar” con propuestas alternativas, están más atentos a encontrar fondos para proyectos y un lugar de prestigio y poder 1380. En el caso de Colombia, han contribuido, junto a Naciones Unidas, a la realización de un seguimiento del proceso de negociaciones para la Paz, y la realización de foros para el debate de las temáticas que constan en la Agenda.

Gobierno de Santos habla de “Referéndum” en vez de “Asamblea Constituyente”

En una segunda vuelta sobre el tema, el Presidente Santos planteó la convocatoria a los colombianos a las urnas, para que a través de un referendo decidieran si quieren el fin del conflicto o seguir en la guerra.

Para las FARC, el Gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. Intentó desviar las cartas en causa y efecto, ocultando cincuenta años de confrontación armada. Al crear un Acuerdo de Paz a través de un referendo, el pueblo solo es rebaño de votos y no protagonista. Santos es quien debe decidirse si él realmente quiere responder “Si” o “No” a la Paz 1381.

El Jefe de la Delegación de las FARC en La Habana, Iván Márquez declaró:

¿Se imagina el país y el mundo a un Presidente con poderes omnímodos derivados de un referendo, que con la excusa de los tiempos suplanta la Mesa que con tanto esfuerzo se ha establecido para buscar la Paz? ¿Se lo imaginan con un Marco Jurídico unilateral que lo convierte en Juez y parte?”

El Presidente Juan Manuel Santos dijo sobre el referendo:

Que nada está acordado hasta que todo esté acordado y que lo acordado, el pueblo colombiano lo va a refrendar. Si no les gusta, pues dicen que No, y seguimos tan tranquilos como venimos viviendo durante los últimos cincuenta años. Si al pueblo colombiano le gusta el paquete, pues entonces dirá que Si y tendremos la Paz”. Se va a perseverar en la búsqueda de la Paz sin ceder ni un milímetro en lo fundamental. “Por eso no hemos cedido a la pretensión de la guerrilla de un cese el fuego, porque la ofensiva militar continúa en todo el territorio. Ni un milímetro de territorio les hemos entregado. No hemos despejado nada… Si esto fracasa, pues no habremos perdido nada, ni ellos habrán ganado nada desde el punto de vista militar. Que eso quede claro y la gente se sienta tranquila”.

Los Diálogos de Paz buscan que un grupo al margen de la ley se incorpore al Estado, sin ceder el modelo de desarrollo, el sistema político y las políticas fundamentales 1382.

Gobierno no Quiere Reforma del Estado sino “Referéndum” para controlar Acuerdo de Paz

El referéndum de Santos se orienta a copar las decisiones finales de lo que se acuerde en La Habana, a la vez que evitar una Constituyente que reforme al actual Estado.

Las pretensiones de Santos con ese Referendo son que el país vote Si o No, a dotar de facultades extraordinarias al Presidente para expedir Decretos con fuerza de Ley encaminados a poner en vigencia los Acuerdos firmados en La Habana. Para lo cual el país debe votar Si o No a la conformación de un pequeño Congreso o cuerpo legislativo encargado de redactar los Decretos. Ese pequeño Congreso estaría conformado por voceros de todos los partidos políticos, y en él tendría cabida una pequeña representación de las FARC. Un Presidente con poderes omnímodos derivados de un referendo, que con la excusa de los tiempos, suplanta la Mesa que se ha establecido para buscar la Paz.

El Gobierno presiona por un Acuerdo cuanto antes, pero sus posiciones en la Mesa siguen siendo inamovibles en cuanto a no tocar un solo aspecto del orden establecido. Lo que pretende es la simple adhesión a sus políticas. Eso no sería un Acuerdo. Tampoco la Paz 1383.

Sobre la Conveniencia o no de una Asamblea Constituyente

La convocatoria a una Asamblea Constituyente, implica, en primer lugar, la existencia de un “Poder Constituyente”, que es la potestad que tiene un pueblo de constituir un Estado y de darse la organización jurídica y política que más le convenga. ¿En qué medida, el pueblo como tal, tiene ese poder y esa capacidad?

Si uno piensa en términos de “participación”, observa que el pueblo carece de capacidad de “constituir” y de darse una “organización”, toda vez que opera como sujeto pasivo a la expectativa de que el “líder” o “alguien” que esté a cargo de la toma de decisiones, se ocupe de esa organización y de la solución de sus problemas y necesidades. Por lo tanto, en los hechos, no existiría tal “Poder Constituyente” y éste es ejercido por quienes se arrogan representación de los diferentes sectores de la sociedad, actuando según su idea y creencia. Por otra parte, la falta de participación activa del pueblo, también tiene que ver con la carencia de una “pedagogía participativa” o “pedagogía ciudadana”, ya que expresarse, trae como consecuencia, en muchos casos, la criminalización de la expresión, sea de demanda, protesta o disidencia.

Independientemente de que el pueblo se “moviliza” de diferentes maneras, para expresar sus demandas y reclamar por sus necesidades, esto no implica participación ni organización. En general, la gente sabe qué es lo que no quiere, pero no cómo alcanzar lo que quiere y menos cómo organizar al Estado para que vaya en la dirección de sus expectativas y satisfacción de sus necesidades, en un mundo complejo y en cambio dinámico como el que vivimos.

Razones que justificarían la necesidad de una Constituyente en Colombia:

a) Haría posible que el pueblo tome la palabra y que los posibles Acuerdos entre Gobierno y guerrilla no se reduzcan a las élites que negocian en La Habana.

b) Podría permitir un verdadero Contrato Social entre los colombianos o, un Acuerdo más amplio que el que produjo la Constitución de 1991.

c) Ese Contrato Social proveería la legitimidad política y la seguridad jurídica necesaria para que en Colombia se pueda hacer política sin necesidad de recurrir a la violencia, para que la diferencia se pueda expresar participando.

d) Las negociaciones de Paz, se aunarían a las dinámicas de organización y movilización popular que se han venido dando, constituyendo una oportunidad política significativa.

Razones en contra.

i) Una Constituyente, expresa la correlación de fuerzas en una sociedad. Para que una Asamblea Constituyente fuese hegemonizada por un Poder Constituyente emancipatorio, sería necesario, primero construir ese Poder Constituyente, ese sujeto político. Si bien en los últimos años se ha asistido a la recomposición de los movimientos sociales y su capacidad de acción, aún se está lejos de conseguir el grado de organización y de conciencia, que permita afirmar que existe un sujeto político emancipatorio, capaz de devenir en Poder Constituyente. Incluso, si se considera que los movimientos sociales tienen suficiente fuerza para transformarse en Poder Constituyente, habría que tener en cuenta la brecha, el desencuentro que existe entre lo social y lo político-institucional.

ii) Si tal Asamblea se elige por votación popular, las fuerzas progresistas tendrían limitadas posibilidades de participación, pues la situación actual apunta a una cooptación electoral de la derecha y la centro derecha. En el campo progresista, opciones como el Polo Democrático Alternativo, parecen estar en declive y es incierto el éxito de movimientos que apuestan a lo electoral como “Pido la Palabra” o “Marcha Patriótica”. La izquierda busca unirse, para presentar un frente común, pero las posibilidades de que esa unión perdure y se consolide, son escasas -este problema de inestabilidad y fragilidad en las coaliciones, se observa, en general, en todo el mundo-.

No estaría mal agregar -para que quede en claro el grado de fragmentación y de tensiones dentro de la izquierda-, que los miembros de “Unión Patriótica” procuran dejar en claro que nada tienen que ver con “Marcha Patriótica”, algo que es más relevante para la derecha que ocupa espacios vacíos o débiles, que para la izquierda, que no alcanza a establecer alianzas estratégicas que la fortalezcan, al menos, electoralmente.

iii) Si la Asamblea decide conformarse con una participación proporcional de distintos sectores y entre quienes negocian en La Habana, las probabilidades muestran que las posiciones progresistas no serían hegemónicas. No existe un sujeto político popular, capaz de articular las distintas expresiones del campo popular y devenir en Poder Constituyente, aunque distintos sectores se abroguen la representación del pueblo.

iv) Es necesario, como un paso previo a un proceso como una Constituyente, fortalecer ese sujeto político que se ha venido construyendo desde distintas perspectivas. Una Asamblea Constituyente, en estas condiciones, difícilmente garantizaría un Contrato Social con equidad y menos la legitimidad política y la seguridad jurídica necesarias para hacer política y para el respeto de las diferencias. El problema no es participar o no participar en lo institucional, en este momento la correlación de fuerzas no conviene a los sectores progresistas. No existe un sujeto Constituyente emancipatorio, que tenga un proyecto claro sobre cómo construir el futuro de Colombia 1384.

Nueva Discusión

Las fuerzas políticas en Colombia, están divididas respecto de la posibilidad de que las negociaciones con las guerrillas desemboquen en una nueva Constitución.

El Senador Horacio Serpa, co-Director del Partido Liberal, sostuvo:

Hay que hacer una Constituyente, un nuevo constitucionalismo, una nueva hoja de ruta para los colombianos. Lo que propongo es que se haga cinco años después de refrendados los Acuerdos de La Habana mediante una consulta popular. En cinco años la guerrilla ya se habrá incorporado a la vida republicana, los partidos ya habrán asimilado los Acuerdos y el país estará más maduro. Ya se habrán tranquilizado las aguas”.

El ex-Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, pidió a los sectores afines al ex-Presidente Alvaro Uribe, participar activamente de las conversaciones de La Habana y profundizar en reformas estructurales que no se construyan con los actores ilegales, sino con la ciudadanía en general:

El gran Acuerdo de Paz se logra con los ciudadanos desarmados y con dirigentes capaces de liderar los cambios que necesita el país, abriendo así los cauces a una Paz duradera. Los Acuerdos a los que se lleguen con los grupos armados ilegales son accesorios a este Pacto nacional, que debe pasar por una Asamblea Constituyente”.

El Senador Alfredo Rangel, dijo que el Centro Democrático estaría de acuerdo con una Asamblea Constituyente siempre y cuando todos sus integrantes fueran designados por elección popular:

No debe pensarse en una nueva Constitución como una forma de refrendar lo que se Pacte con grupos ilegales, pues se trata, en esencia, de un Pacto con todos los sectores sociales. “Las FARC tendrían que haber entregado armas y desmovilizado para participar de ella, pero aspiramos a que no sean elegibles quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad. La Constituyente es un mecanismo válido para hacer ajustes en la institucionalidad. Pongo el caso de la justicia. Serviría para hacer un paquete de reformas que no se ha podido tramitar en el Congreso y que apuntaría, por ejemplo, a acabar la corrupción en las Altas Cortes”.

La Senadora por la Alianza Verde Claudia López, dijo:

Hasta ahora la constituyente es una especulación que han puesto a circular sólo dos sectores, los que quieren impunidad: el ‘uribismo’ y las guerrillas. No sería válida para refrendar lo que se Pacte en La Habana, pues Santos ha prometido, y espero que cumpla, que serán los ciudadanos con sus votos los encargados de refrendar los Acuerdos”.

Si bien es cierto que el Congreso no ha sido capaz de solucionar problemas estructurales de la justicia y del propio Parlamento, es necesario que una eventual Constituyente tenga reglas electorales distintas a las que rigen la elección de congresistas. “Si uno asegura que las reglas son distintas, la Constituyente podría ser útil para hacer cambios. De otra manera, sería electa la misma clase política que ha sido incapaz de hacer las reformas”.

No se puede pensar en un nuevo Pacto constitucional como punto de llegada de la Mesa de Negociaciones. “Celebré cuando el Gobierno consiguió una Agenda de negociación concreta, de cinco Puntos. Sería muy absurdo haber delimitado las conversaciones para luego reformar el Estado en su conjunto al final. A ningún grupo armado, ni al M-19 ni a los paramilitares, le dimos una Constituyente. Ahora no lo vamos a hacer porque son las FARC”.

El comentario de la Senadora es erróneo, ya que el resultado final del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el M-19 fue una Constituyente -una de las principales condiciones establecidas por el grupo insurgente- que dio como resultado la Constitución de 1991.

Para el Senador por el Polo Democrático Iván Cepeda, está claro que hay instituciones creadas por la Constitución de 1991 que, o están limitadas o contradicen los principios básicos de la misma Carta democrática:

Si vamos a tomar ese camino, hay que buscar los mecanismos para evitar que a través de una Constitución se desconozcan Acuerdos de Paz o se retroceda en cuanto al reconocimiento de los Derechos Humanos”.

Para el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, no está contemplada la posibilidad de una Constituyente como salida a las Negociaciones de La Habana:

El mecanismo de refrendación es uno de los Puntos que está pendiente en la Agenda y en su momento se abordará en la Mesa. Será muy importante escuchar a todos los sectores políticos en torno a cuál debe ser, pero el Gobierno por el momento no cree que sea la Constituyente”.

El único consenso para la clase política, es la necesidad de reformar las instituciones y el funcionamiento del Estado, más allá de los cambios que se puedan plantear desde el Congreso o el Ejecutivo. La Constituyente sería el camino, pero éste no puede ser construido únicamente sobre la amenaza de que persista el conflicto interno. En un mundo ideal, un Pacto Social nuevo se debe construir por iniciativa y participación de todas las fuerzas sociales, y la sociedad colombiana y su dirigencia aún no están maduras 1385.

Congresito” Contraviene Agenda de Negociaciones

Las FARC reiteraron la necesidad de un nuevo proceso Constituyente en Colombia para alcanzar un eventual Acuerdo de Paz, rechazando las iniciativas legislativas impulsadas por el Presidente Santos para la implementación del Acuerdo, por “contravenir” la Agenda de las negociaciones en La Habana.

Calificaron de “caprichoso” y “unilateral” que el Gobierno colombiano y algunos sectores políticos del Congreso, estuvieran llevando a cabo iniciativas sobre mecanismos legislativos para la implementación del Acuerdo de Paz. También rechazaron la idea de un “Tribunal Especial” para juzgar a la guerrilla. Recordaron que el mecanismo de justicia por las responsabilidades del conflicto que se diseña en la Mesa de negociación de La Habana:

No es un mecanismo penal, sino un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ante el que deberán comparecer todos los actores del conflicto -combatientes y no combatientes- sobre los cuales hubiera acusaciones. Ninguna de las iniciativas que se lleven a las Cámaras por el Gobierno de forma unilateral (...) es vinculante para las FARC si previamente no han sido consensuadas en la Mesa de Diálogos, tanto sus contenidos como el método de su tramitación legislativa”.

Respecto de la necesidad de un nuevo Proceso Constituyente en Colombia para implementar el Acuerdo de Paz, declararon que:

No se cerraban a “utilizar cualquier mecanismo de los actualmente existentes en la Constitución -incluida la adopción de un Acuerdo Especial tal y como se regulan en las convenciones de Ginebra, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad-, que permita darle rango constitucional a los Acuerdos adoptados por los plenipotenciarios en La Habana”.

El Presidente Santos, había defendido la idea de crear un órgano legislativo transitorio, conocido como “Congresito” -o “pequeño Congreso”-, que estaría conformado por legisladores y un grupo de delegados de las FARC, para que reglamentara los posibles Acuerdos de Paz. Ante esa propuesta, las FARC vieron con preocupación la idea, porque realizar ajustes institucionales sin acuerdo previo no respetaría “las reglas suscriptas” para el proceso de Paz 1386:

Pedimos que no se borre con el codo lo que se viene escribiendo con la mano. Estando la Paz tan cerca, ¿para qué la alejamos con actuaciones unilaterales?”.

Constituyente: ¿Para Aprobar el Acuerdo de Paz o para Reformular al Estado?

En la opinión de algunos expertos, la solución política al conflicto armado en Colombia no pasa necesariamente por una Constituyente, sino que ésta depende de la solución política al conflicto armado, como condición necesaria.

A pesar de los avances en la Mesa de negociación, que ha dejado salvedades pendientes correspondientes a los tres puntos iniciales de la Agenda, los puntos relacionados con participación política, territorios de Paz, paramilitarismo, dejación de armas y refrendación de los Acuerdos, muestran un grado importante de dificultad en su resolución. Se trata de puntos cuya aplicación son de corto plazo y deciden en buena medida la suerte futura de la llamada fase del postconflicto.

El último Punto: Implementación, Verificación y Refrendación se ha convertido en el principal escollo en la fase final de la negociación. Habría que distinguir dos debates políticos, interrelacionados, pero distintos:

i. La forma unilateral como el Gobierno Nacional ha pretendido definir el diseño de los mecanismos correspondientes a cada uno, a través de sus iniciativas legislativas que cursan en el Congreso.

Se trata de una iniciativa unilateral que, como lo han denunciado públicamente las FARC, transgredió los criterios de la Mesa en el sentido de que tales definiciones debían pasar previamente por el debate y el consenso; debían ser producto de un Acuerdo entre las partes. Con esta actitud, el Gobierno Nacional colocó a las FARC ante hechos cumplidos. De esta forma lo entendió la bancada del Polo Democrático en el Congreso y por ello no votaron tales iniciativas, puesto que no correspondían a un Acuerdo de la Mesa.

ii. El mecanismo jurídico-político concebido para la refrendación ciudadana de los Acuerdos pactados entre las partes.

La refrendación popular de lo pactado en la Mesa de la Habana, estaba incluida entre los Acuerdos preliminares establecidos entre las FARC y el Gobierno, y formaba parte de la Agenda General de negociación.

En un comienzo, el Gobierno tomó la iniciativa política y formuló la propuesta de un “referendo” como mecanismo para refrendar y aprobar los Acuerdos, iniciativa que abandonó, por su aparente complejidad jurídica y política, optando finalmente por el mecanismo del “plebiscito”, un instrumento político de participación ciudadana mucho más expedito consagrado por el Artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y reglamentado por la Ley 134 de 1994.

Las FARC plantearon desde un comienzo la fórmula de la Asamblea Nacional Constituyente, precedida de un Acuerdo político nacional y con integración plural de sus miembros. Adicionalmente, el Centro Democrático liderado por el ex-Presidente Alvaro Uribe Vélez, formuló la propuesta de un órgano legislativo transitorio “Congresito” con el fin de aprobar o desaprobar lo acordado en la Mesa de La Habana, la que abandonó a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente con integración y signo diferente a la de las FARC.

En el centro del debate, más que una cuestión de orden jurídico, estaba la de orden político, relacionada directamente con la necesidad de dotar de la mayor legitimidad ciudadana los Acuerdos de la Habana o el de inhabilitar a las FARC políticamente.

Entre las tres fórmulas de refrendación de lo acordado, se dio la paradoja de las coincidencias fundamentales entre la propuesta de las FARC y la del “uribismo”. Tal como estaban concebidas las dos pondrían, en principio, en entredicho lo que se Acuerde en la Mesa de negociación, ya que estaría sometido a lo eventual e impredecible de una instancia de representación popular (“Constituyente” o “Congresito”), que por su propio carácter, en el caso de la Constituyente (pluralista, soberana, investida de plena autonomía), podría aprobar o desaprobar lo acordado, puesto que una Constituyente así como puede sellar Acuerdos también los puede deshacer, tal como lo han subrayado muchos analistas.

Uribe fue mucho más explícito al referirse a un “órgano transitorio, de elección popular” (Constituyente o Congresito), como “un mecanismo para la discusión, aprobación, rechazo o modificación de los Acuerdos de La Habana”. Las dos fórmulas, aparentemente distintas, convergían en poner en entredicho la razón de ser de la misma Mesa de negociaciones.

¿Tenía sentido el esfuerzo político, institucional y de tiempo, invertidos en la obtención de unos Acuerdos, que más tarde podrían ser desvirtuados, modificados o negados, por otra instancia de naturaleza y composición política distinta?

Para Carlos Lozada, Delegado de las FARC en la Mesa de negociaciones, la respuesta era:

Un Acuerdo político con todos los sectores, sin ningún tipo de exclusión, que abra paso a su convocatoria y a la vez determine su composición, alcances y límites, es la salida a esos temores. La Constituyente (…) permite poner sobre los Acuerdos el sello indeleble de la voluntad soberana del pueblo, única garantía cierta para evitar que hacia el futuro, los devaneos de un gobernante de turno puedan desconocer lo pactado”.

¿Si “un Acuerdo político con todos los sectores” puede hacer posible la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por qué ese mismo “Acuerdo político” no puede hacer posible la refrendación de los Acuerdos, sin arriesgar la incertidumbre política que encierra toda Constituyente?

Si el temor de las FARC era por la utilización de un mecanismo jurídico-político que garantizara la fuerza vinculante de constitucionalidad a los Acuerdos, que impidiera que cualquier Gobernante de turno más tarde los pusiera en entredicho, ¿por qué creer que sólo una Constituyente podía disiparlos? ¿Por qué no negociar un plebiscito, con ese mismo poder vinculante de constitucionalidad que se esperaba sólo la Constituyente podía proveer?

Para el abogado Héctor Riveros:

La idea, incluso de las FARC, de que se acuerda una cosa en Cuba y después una Asamblea Constituyente vuelve a redactar todo como le parezca, es poco menos que absurda, porque le quita todo sentido a la actual negociación, si así fuese bastaría con que se acordaran las condiciones de convocatoria de la Asamblea, que lo demás se decide allá, no como la guerrilla y el Gobierno convenga, sino como la mayoría de ese cuerpo quiera”.

La convergencia entre las fórmulas del “uribismo” y las FARC sobre la refrendación de los Acuerdos de La Habana, se dio por motivos y razones diferentes. Mientras que en Uribe era clara una apuesta estratégica, por disputar en un escenario político distinto al de la negociación directa la hegemonía, en la conducción política del proceso según su versión estrecha de la Paz y de ahí catapultarse políticamente en el corto y mediano plazo, las FARC parecían motivadas por una actitud épica de la política acompañada de una sobreestimación de su fuerza y legitimidad políticas.

Para Carlos Lozada:

La Constituyente abre la posibilidad de adecuar la carta de navegación del país, a la nueva realidad surgida de los Acuerdos. No es cualquier acontecimiento, en la vida de una sociedad, la terminación de un conflicto tan prolongado y traumático como el que hemos padecido los colombianos. Así, la Asamblea Nacional Constituyente se nos presenta como una gran oportunidad para que todos los sectores que hoy conformamos la Colombia del Siglo XXI, nos sentemos a hacer lo que nunca hemos podido hacer, a causa de las sucesivas guerras que nos han enfrentado a lo largo de la historia: diseñar entre todos un Pacto Social que nos recoja y nos comprometa con el futuro de la Nación. Ese es el verdadero Tratado de Paz duradero que necesitamos”.

Es comprensible que las FARC pretendieran hacer de la refrendación de los Acuerdos con el Gobierno Nacional un “hecho histórico”. Pero llevados de ese espíritu mesiánico, las FARC no sólo estaban cercanas a incurrir en un elemental acto de candidez política sino, peor aún, de cometer un error estratégico. Lo que se requiere, una vez firmados los Acuerdos, es dotarlos de legitimidad popular y garantizar su realización durante la fase del “postconflicto”, fase que seguramente surgirá colmada de nuevas posibilidades y horizontes de futuro. Lo adecuado es consensuar un instrumento jurídico-político expedito de refrendación de los Acuerdos, que podría ser un referendo con pregunta cerrada o un plebiscito de igual característica con carácter vinculante. Ni el escenario del “Congresito” ni el de la Constituyente llenan ese requisito. El lugar y el tiempo de una Asamblea Constituyente no pueden ser el de la refrendación de los Acuerdos, sino el del “postconflicto”. Hay una relación estrecha entre Acuerdos y Constituyente, pero no en los términos en que lo planteaban las FARC:

Desde las FARC-EP, hemos venido sosteniendo la tesis de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, como un paso necesario en el camino de la solución política del conflicto”.

Tampoco se puede concebir una Asamblea Constituyente como resultado de “Acuerdos entre élites”, sino como el producto de una vasta y amplia movilización popular, cuyo cometido no puede circunscribirse a lo pactado entre esas élites, sino a lo que en equivalencia al Poder Constituyente, el pueblo, decida. La Constituyente según Toni Negri, es el tiempo de las masas, de la multitud, no de los poderes constituidos ni de las élites. La Constituyente es una exigencia democrática de primer orden, que va más allá de la Paz negativa pactada entre las guerrillas y el Gobierno. Su agitación como consigna programática de carácter democrático o transicional debe estar articulada estrechamente a la movilización nacional por una Paz positiva, duradera y estable, a la configuración de nuevos y vigorosos sujetos sociales y políticos, que instituya un nuevo orden social y político fundado en criterios de justicia social y democracia popular, que sólo el escenario del “postconflicto” puede hacer posible. El Poder Constituyente es siempre tiempo fuerte y futuro según Tony Negri. Tiempo y sujetos por construir, no por administrar. Con este panorama, no es posible condicionar el Acuerdo Final a la convocatoria de una Constituyente 1387.

Lo que no ha quedado claro es: ¿si la idea de una Asamblea Constituyente, debía estar orientada y entendida como una forma de refrendar y/o modificar lo negociado en la Mesa de diálogos de La Habana, o dejar la aprobación de lo acordado a un Plebiscito y la Asamblea Constituyente utilizarla para la “refundación” del Estado colombiano, a partir de lo acordado?

Si se tienen en cuenta las causas estructurales por las que en un país como Colombia hay conflicto, sin caer en el reduccionismo de “los buenos y los malos”, el “postconflicto” es sólo el punto de partida para repensar al Estado.

Por otra parte, pareciera que siempre el pueblo es un invitado de último momento, luego del proceso de negociación en el que no participó de manera directa. El pueblo ¿sólo está para aprobar/desaprobar un Acuerdo al que ni siquiera fue invitado a participar en su confección? ¿Se trata, entonces, sólo del desarme de la guerrilla, pero el país, en su estructura político-económica continuará como está?

Reforma Constitucional para la Paz

El Presidente Santos dio a conocer que el proyecto de Acto Legislativo causante de temor a las FARC, no estaba vinculado a la refrendación de los Acuerdos que se logren en La Habana:

No podemos simplemente esperar a que se firme el Acuerdo final para comenzar a pensar en las medidas que se deben adoptar”. La Reforma Constitucional busca reducir los tiempos necesarios para la implementación de los Acuerdos de Paz y esa iniciativa no tiene nada que ver con la refrendación de los mismos. “No podemos improvisar en el camino de la Paz (...) lo responsable ahora es crear los instrumentos jurídicos, los mecanismos, los procedimientos para impulsar las medidas requeridas en forma ágil una vez se firme y sea refrendado el Acuerdo final de Paz”.

El proyecto constaba de dos Artículos. El primero contemplaba la creación de una Comisión Legislativa, integrada por miembros del Congreso de la República, y el segundo otorgaba facultades al Presidente de la República para poder implementar los Acuerdos:

¿Por qué hacemos esto? Porque está comprobado en los estudios que hemos hecho en los muchos procesos de Paz, que no se puede dejar mucho tiempo entre el momento en que se firman los Acuerdos y el momento en que se comienza la implementación de los Acuerdos, porque la gente comienza a preguntar: Bueno, ¿cuándo es que van a comenzar a cumplirse esos Acuerdos?. La última palabra la tendrán los colombianos, ustedes los colombianos. Y voy a cumplir esa promesa, en ningún momento me he bajado de ese compromiso”.

Dado los resultados que tuvo el plebiscito para la aprobación del Acuerdo Final de Paz el 2 de octubre del 2016, que promovió el Presidente Santos y en el que ganó la opción por el “No” liderada por Alvaro Uribe, el compromiso de Santos quedó en “promesas”, toda vez que el Acuerdo Final que debía ser aprobado, debió ser revisado, esta vez por iniciativa y planteos hechos por el “uribismo”. El “pueblo”, ausente por segunda vez; en el primer caso, porque Santos impidió que participara del proceso de negociaciones, en el segundo, porque ha sido Uribe el que hizo los planteos y demandas que debían cumplirse en el Acuerdo Final 1388.

El Proyecto de Acto Legislativo, acotó el Presidente, recibió el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la República:

Con excepción, por un lado, del Polo Democrático y por el otro lado del Centro Democrático. Pero la inmensa mayoría del país, representada en los demás partidos políticos, está detrás de este proyecto de Acto Legislativo. El proyecto no tiene nada que ver con la refrendación de Acuerdos () Yo quiero que eso quede claro. Cuando iniciamos este proceso de Paz, yo le prometí al pueblo colombiano, en forma clara y tajante, que el pueblo tendría la última palabra”.

Obviamente, la última palabra, en cuanto a aprobar -o no- los Acuerdos, pero ninguna palabra durante el proceso de negociación en ninguno de los Puntos de la Agenda.

Respecto de los alcances:

Lo que sí hace este proyecto de Acto Legislativo (…) es que nada de lo que ese proyecto contiene se comenzará a aplicar sino hasta cuando se haya dado la refrendación. Eso es un seguro doble para el pueblo colombiano” 1389.

Procedimiento para Tramitar las Reformas Legales Derivadas de los Acuerdos de Paz

La plenaria de la Cámara aprobó el procedimiento especial para tramitar las reformas legales y constitucionales que se deriven de los Acuerdos de Paz. Una reforma constitucional que crea un procedimiento expedito para los ajustes institucionales que se requieran una vez firmado un Acuerdo final de Paz entre el Gobierno y las FARC, y posterior a la refrendación ciudadana.

La reforma constitucional consta de tres artículos:

i. El primero determina que habrá un procedimiento legislativo especial que funcionará por seis meses y podrá ser prorrogable por el mismo tiempo por una sola vez. También se determina que las reformas tramitadas mediante este mecanismo sólo servirán para implementar los Acuerdos de Paz. Para ello se crea una Comisión Legislativa Especial, integrada por sesenta miembros, que serán los Senadores y Representantes de las Comisiones Primeras de cada corporación mas doce congresistas elegidos por las mesas directivas. Esta Comisión Especial estará a cargo del primer debate de las iniciativas, que serán estrictamente formuladas por el Gobierno.

El segundo debate se realizará en las plenarias de cada una de las corporaciones. En el caso de las reformas constitucionales, una vez aprobadas serán promulgadas, mientras que los proyectos de ley tendrán revisión previa de la Corte Constitucional. El máximo tribunal tendrá la obligación de revisar que lo aprobado por el Congreso se ajusta al Acuerdo final de Paz y no tiene vicios de forma.

ii. El segundo artículo le otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República para que, por noventa días -con la posibilidad de prorrogarlos solo una vez- expida los Decretos con fuerza de Ley que requieran los Acuerdos de Paz. No podrá, en ningún caso, hacer reformas constitucionales, leyes estatutarias ni códigos de leyes. El mandatario tendrá la obligación de presentar un informe al Congreso de la República sobre sus actuaciones una vez que terminen sus facultades extraordinarias.

iii. Se crea un plan de inversiones para la Paz que deberá ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo por los próximos veinte años, que priorizará las zonas que han sufrido con mayores rigores los impactos del conflicto armado 1390.

Participación Política y Marco Jurídico para la Paz

La participación política de las FARC -y, en su caso, de los miembros del ELN- no sólo está sujeta al fin del conflicto o, al menos, de la desmovilización del grupo guerrillero; deben darse ciertos requisitos legales para su participación, que deben ser resueltos dentro del marco de la negociación, aunque el Gobierno -con opiniones divididas en su interior- tiende a manejarlo de manera autónoma, sin participación del sector guerrillero, mientras que los miembros de la FARC consideran que el tratamiento judicial debe ser aplicado para todas las partes por igual y no desde el Gobierno, unilateralmente, hacia la guerrilla.

Para el Fiscal General Eduardo Montealegre, la prisión no es el único destino para quienes han cometido delitos graves, y es viable conceder penas alternativas a cambio de verdad y reparación 1391 “en este momento no existe ninguna condena contra un miembro del Secretariado por delitos de lesa humanidad”.

La Constitución establece claramente que si hay condenas contra los máximos responsables por delitos de lesa humanidad, se prohíbe su participación en política… si como Fiscalía se encuentra y consolida una hipótesis de delitos de lesa humanidad contra el Secretariado y son condenados, no podrían bajo ninguna circunstancia intervenir en política. De acuerdo a los avances que tiene la Fiscalía en estas investigaciones veo cada vez más lejana la posibilidad de que el Secretariado y los dirigentes de las FARC, si eventualmente resultan condenados, puedan participar en política”. Sin embargo, Colombia debe darle una salida negociada al conflicto y una consecuencia es abrirle la participación en política pero “con límites”.

Es necesario que mediante la conformación de una Ley estatutaria, el Congreso de la República abra la puerta que permite la participación en política de los miembros de grupos armados ilegales que hayan sido juzgados y condenados por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios.

Es menester que se declare constitucional el aparte de la norma que le permite a los desmovilizados de la guerrilla participar en política una vez que dejen las armas:

Puedan participar democráticamente en política y fundar un partido”. Será el Congreso de la República el que determine cuáles serán los delitos conexos con el delito político. La participación de los desmovilizados en actividades políticas podría considerarse como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. “No estoy de acuerdo que quién haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad pierda de por vida sus derechos políticos, lo que hace esta norma que estoy solicitando su inconstitucionalidad es consagrar sanciones perpetuas”.

No permitirle a los desmovilizados que lleguen a ocupar cargos de elección popular o políticos, sería aplicarles una sanción perpetua por lo que deben quitarse estas limitaciones establecidas por la Constitución Política de Colombia.

La inserción en la vida política en nada implica impunidad, porque de lo que se trata es llevar por las vías democráticas, una situación que en el pasado fue canalizada por la vía armada” 1392.

Para el Procurador Alejandro Ordóñez, por el contrario, se estaba abriendo la puerta a la impunidad. La Paz no se puede hacer a cualquier precio y “asesinatos, torturas, secuestros que sean sistemáticos no pueden ser objeto de amnistías ni de indultos”. La Corte deberá fallar sobre esta temática, esperándose que aporte una interpretación y elementos de juicio de cara a impulsar normas en el Congreso para la Paz 1393.

De avalarse el Artículo tercero del Acto Legislativo 01 del 2012 se le estaría dando un mensaje de impunidad a las víctimas del conflicto armado, quienes verían a sus victimarios ocupar cargos públicos en los que estarían revestidos para crear leyes a su propio beneficio e imponer así su verdad. “¿No se revictimiza a la víctima cuando ve que su victimario ocupa un cargo de poder y diseña políticas públicas?”. Esto estaría creando un caldo de cultivo para generar nuevos victimarios quienes ya no creerían en la justicia y la aplicación de castigos para los autores contra crímenes contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. “Se les estaría diciendo que el crimen paga”. La misma Corte Constitucional ha establecido que se deben respetar los derechos de las víctimas y garantizarles la no repetición de estos actos. “De declararse inexequible este Artículo no se estaría creando un obstáculo para la Paz sino quitándole a los victimarios el manto de impunidad”.

Los tratados y protocolos internacionales firmados por Colombia establecen que las personas que incurran en este tipo de crímenes deben recibir una sanción penal “no pueden recibir una amnistía ya que se estaría presentando una problemática a la reconciliación nacional (…) Sería éticamente lamentable que los autores participen en política. No se pueden considerar espacios a sus autores para que dirijan los órganos políticos de la Nación (…) La Corte debe entender la negociación que clama la Paz, los victimarios el punto final para no seguir matando”. La Ley de Justicia y Paz -975 del 2005- estableció límites para la participación en política de los paramilitares desmovilizados. “El Estado tiene y siempre ha tenido la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sanciones penales para delitos severos y no la imposición de trabajo social, como lo manifestó el fiscal, eso es para los estudiantes de colegio”.

No se puede premiar a los victimarios con la creación de políticas públicas de reparación a su antojo, imponerles su verdad a las víctimas y no crear una acción restaurativa. “La Justicia Transicional hace referencia a la guerra y a la Paz no a la mera ausencia del conflicto. Investigación, justicia y sanción dependiendo de la gravedad de los delitos y acciones” 1394.

Laura Villa, una de las delegadas de la guerrilla en la Mesa de Negociaciones de La Habana, planteó el punto de vista de las FARC:

Para nosotros, la política no es simplemente una curul y no vamos a dejar años de lucha revolucionaria por un asiento parlamentario. En Colombia, la palabra democracia es una palabra vacía y sin contenido. Nuestro objetivo es que se den pasos para una participación en política plural y popular, encaminada a la construcción de un proyecto incluyente que coincida con las necesidades del pueblo”. Por otra parte, las FARC no están interesadas en la Ley de Justicia y Paz, que sirvió para la desmovilización de los paramilitares y en la actualidad la única norma vigente para su eventual desmovilización. Esa Ley establece penas alternativas de hasta ocho años, que la guerrilla no está dispuesta a aceptar 1395.

Perspectiva del Negociador del Gobierno sobre “Delito Político”

Humberto De La Calle, Jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, planteó la necesidad de redefinir el delito político:

Debemos discutir la línea jurisprudencial del delito político, que es una realidad hoy en el conflicto colombiano (...) se presentó un vaciamiento de la conexidad del delito político que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar. Es válido decir que se debería acabar, pero no es el caso de Colombia. Aquí todavía es necesario”.

En la Constitución de 1991, el término “delito político” aparece en el Artículo 35:

La extradición no procederá para delitos políticos”; en el Artículo 150, se dice que el Congreso puede “conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías e indultos por delitos políticos”; y en el Artículo 179, se deja expreso que no podrán ser Congresistas “quienes hayan sido privados de la libertad (...) excepto por delitos políticos”.

El Senador “uribista” del Centro Democrático Ernesto Macías, planteó:

Lo que se busca es premiar a los cabecillas de las FARC e incluir en la Justicia Transicional los crímenes de lesa humanidad, de guerra y narcotráfico. Modificar el alcance del delito político y conexos, como propone el Gobierno, es otro paso a la impunidad”.

El ex-Magistrado de la Corte Constitucional Sergio Araújo, habló de dos teorías en torno a los delitos políticos:

1) Son los cometidos contra el régimen constitucional del Estado, como rebelión, sedición y asonada; y

2) en un espectro más amplio, que implica la conexidad y que en el caso de las FARC, siendo su objetivo tomarse el poder por las armas, tiene que ver con cometer otros delitos, como por ejemplo el tráfico de armas o montar emisoras clandestinas para hacer propaganda subversiva.

El tema del narcotráfico es mucho más complejo:

Es un delito transnacional. Colombia puede hacer lo que se le dé la gana, pero si Estados Unidos o cualquier otro país no está de acuerdo, puede pedir la extradición o capturar a cualquier miembro de las FARC porque para ellos ese no es un delito político. La Convención de Viena y los Acuerdos internacionales están por encima de cualquier norma que se establezca en los países, y además genera sanciones”. En cambio el secuestro siendo un delito grave, podría ser visto como conexo, en el entendido de que “en otros países se hace casi a diario el intercambio de combatientes”.

Para el Senador Jimmy Chamorro, uno de los promotores de la implementación del Estatuto de Roma en Colombia, si bien podía ser necesaria esa redefinición del delito político -al que se le podría agregar, dado el caso, el tráfico ilegal de armas-, es claro que es imposible que el narcotráfico y el secuestro sean conexos, pues Colombia acoge convenciones internacionales que no lo permiten y que incluso van más allá de la extradición.

La Convención contra el Trafico de Drogas y Substancias Psicotrópicas de 1988, en sus Artículos 6º y 9º, dice claramente que el narcotráfico no podrá ser, bajo ninguna circunstancia, delito político o conexo. Y nosotros estamos obligados a cumplirlo, salvo que se denuncie dicha convención”. En cuanto al secuestro, el Estatuto de Roma no lo permite, y si el país llegara a considerar esa opción, “en ese momento estaría renunciando a su jurisdicción penal y estaría activando inmediatamente la justicia de la Corte Penal Internacional”.

José Gregorio Hernández, ex-Magistrado de la Corte Constitucional, consideró que las FARC han incurrido en crímenes de lesa humanidad y la Paz no se puede lograr sobre la base de perdonarlas, amnistiarlas o pasar por alto dichos crímenes, pues “una cosa es el delito político, otra el delito común y otra los crímenes de lesa humanidad”. Aun así, el narcotráfico -si se puede demostrar que en efecto hay una relación probada, establecida y clara como medio de financiación para incurrir en el delito de rebelión- podría ser visto como conexo.

La conexidad del delito político puede ser definida por un país de manera soberana. La pregunta es: ¿cuáles son los límites en el marco internacional?

Gustavo Salazar Arbeláez, profesor de la Universidad Javeriana, consideró que era conveniente definirlo en relación con la realidad del conflicto:

Con el narcotráfico y el secuestro, los parámetros tienen que ser del ámbito internacional. A la Corte Penal Internacional no le interesa, en principio, lo del narcotráfico. No hay una restricción en el mundo que impida que sea considerado delito político, eso es más una discusión política que jurídica”.

Salazar Arbeláez supuso que Estados Unidos estaría dispuesto a avalar esa postura, aunque el tema resulta muy complejo:

Lo de las FARC, en sus estadios iniciales, implicó la siembra, producción o cobro de impuestos o extorsiones a pequeños productores. Pero otra cosa es cuando se trata de sacar la droga hacia el exterior. En lo primero no habría problema, pero la discusión se vuelve complicada con lo segundo. Aun así, la mayor parte de las veces la exportación de la droga no la hacen las FARC, aunque se ha hablado de algunos frentes involucrados, pero no creo que eso se pueda generalizar a toda la comandancia”.

En cuanto al secuestro, es un delito que no existe en el ámbito internacional, donde se habla realmente de la toma de rehenes en el marco de un conflicto armado:

La limitación es que podría declararse conexo de manera excepcional, en la medida en que no constituya delito con el carácter de sistematicidad”.

El fondo del asunto pasa por encontrar una armonía entre las necesidades de justicia y la Paz. Humberto De La Calle planteó que los tribunales internacionales, deberían flexibilizar sus estándares para permitir que el conflicto colombiano pueda encontrar un final:

Cumpliremos los compromisos para el tratamiento de los crímenes internacionales, pero esperamos que se entiendan las particularidades de lo que estamos haciendo los colombianos” 1396.

Carta de las FARC por Propuesta de “Referendo” del Gobierno

Señores Magistrados y Magistradas, Corte Constitucional Colombiana, At.: Magistrada Ponente Doctora María Victoria Calle Correa, Ref.: Proyecto de Ley Estatutaria Nro. 63 del 2013/Senado-Nro. 73 del 2013/Cámara, “Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo final para la terminación del conflicto armado”.

Los Diálogos de Paz que se llevan a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, entre el Gobierno colombiano y las FARC, se circunscriben estrictamente al contenido del llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado por las partes el 26 de agosto del 2012.

Muy particularmente las FARC, representadas por su Delegación de Paz, han sido muy celosas del cumplimiento exacto de los términos recogidos en el documento. Este fue el compromiso adquirido por las partes desde que formalmente se iniciaron las conversaciones el día 18 de octubre del 2012. No obstante lo afirmado arriba, ciertos matices de interpretación por parte del Gobierno, dejaron entrever que éste llegaba a la Mesa de Diálogo con una visión restrictiva de lo plasmado en el texto suscripto.

Para sus representantes, solo los temas señalados en cada uno de los numerales de la Agenda habrían de ser objeto de referencia taxativa, estudio y decisión. Lo manifestado como conceptos, principios generales, o afirmaciones relativas al estado del país en el campo social, político y económico por fuera de lo limitado a la rigurosa numeración, no podía ser tenido en cuenta. Como que los conceptos y principios, si bien habían sido útiles para contextualizar los puntos por desarrollar, se mantendrían por fuera del alcance de las observaciones y análisis que cualquiera de las partes pretendiera hacer; se ha rechazado a priori por los plenipotenciarios del Gobierno y de forma absolutamente caprichosa, la posibilidad de aludir a ellos como basamento y referencia real de lo acordado.

Para las FARC, todo lo suscripto, aún lo incluido por fuera de los temas estrictamente enumerados, constituye, con lo demás, un solo texto; un texto ligado, integral, imposible de desmembrar. Tal como los considerandos o Preámbulos de los Acuerdos o tratados públicos tienen una unidad conceptual con el resto del contenido. Y como sucede con el Preámbulo de la Constitución colombiana de 1991.

La “precisión” exigida por el Gobierno hasta hoy ha conducido a la interpretación meramente exegética de los numerales de la Agenda suscripta, empobreciéndola torpemente, ya que ha dejado por fuera del temario realidades nacionales de a puño que a nadie escapan. Pero lo cierto es que lo escrito, escrito está, y que por tratarse del Acuerdo para la “construcción de una Paz estable y duradera”, refrendado para el caso por las fuerzas contendientes, es decir, por el “Gobierno de la República de Colombia”, con las firmas de su “plenipotenciario” Sergio Jaramillo y su “plenipotenciario” Frank Pearl; y por las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo” con las firmas del “plenipotenciario” Mauricio Jaramillo, el “plenipotenciario” Ricardo Téllez, el “plenipotenciario” Andrés París, la “plenipotenciaria” Sandra Ramírez, el “plenipotenciario” Marcos León Calarcá y el “plenipotenciario” Hermes Aguilar, se terminó construyendo y adoptando un Convenio Especial de los aludidos en el Artículo 3º común a los Acuerdos de Ginebra de 1949, para bien de Colombia en general, y la población civil no combatiente en particular.

La “persona humana” de cada colombiano, quedó envuelta y expectante por la decisión tomada en La Habana de manera libre y vinculante por las partes. Seguramente -las FARC quieren creerlo así-, al Gobierno lo acompañó la idea de aplicar los “usos establecidos entre naciones civilizadas”, los “principios de humanidad” y las “exigencias de la conciencia pública”, tras tanto crimen de Estado y después de haber desconocido la existencia de un conflicto interno y provocado una peligrosa confrontación armada, absolutamente asimétrica, con todas las consecuencias que esa realidad generó y sigue generando. No de otra forma cabría entender la búsqueda de la Paz en los términos pactados. Para bien de la nación colombiana prevaleció en los momentos del entendimiento -esperan las FARC que haya sido así-, el espíritu de la Cláusula Martens que encierra los conceptos transcriptos, vigentes desde 1899, y que fueran consignados con claridad en el Protocolo II (1977), de los tratados referidos. No sobra anotar que sirvieron de testigos de la suscripción del Acuerdo de La Habana dos Gobiernos extranjeros. Registraron su presencia mediante las firmas de sus agentes acreditados para aquel efecto, así: “Por el Gobierno de la República de Cuba”: Carlos Fernández de Cossío y Abel García. “Por el Gobierno de Noruega”: Dag Halvor Nylander y Vergar S. Brynildsen. Igualmente firmaron como testigos nacionales y a la vez “por el Gobierno de la República de Colombia”, Enrique Santos C., Alvaro Alejandro Eder, Jaime F. Avendaño, Lucía Jaramillo Ayerbe y Elena Ambrosi.

El detalle con que nos hemos permitido describir las formalidades del Acuerdo de La Habana -aún con excesivo entrecomillado-, tiene como explicación el querer destacar muy singularmente la naturaleza y contenido jurídico internacional que contiene su suscripción. Los Acuerdos de Ginebra de 1949 y sus Protocolos forman parte del llamado bloque de constitucionalidad al que debe someterse la Corte para la toma de sus decisiones. Lo asumimos y tomamos de esa manera; igual lo entienden expertos nacionales e internacionales. Los alcances de los Convenios Especiales surgidos de tal nivel normativo, en tanto tengan como objeto lograr la Paz, constituyen una categoría jurídica superior que engendra verdadero derecho substantivo supra-constitucional, que a su vez deriva derechos y obligaciones inseparables respecto a la esencia del mismo Derecho de Gentes. Por ello su tratamiento y desarrollo debe estar sujeto a la lealtad de las partes a su letra y espíritu, a la buena fe debida al pueblo nacional colombiano combatiente y no combatiente, a las víctimas de la contienda, y a la comunidad internacional.

Del texto mismo del Acuerdo, elevado a categoría supra normativa derivada de la naturaleza de su condición, se desprenden conductas imperativas, como también inexcusables exigencias, para ser atendidas por los signatarios del documento aludido; y más, cuando no cabe soslayar la inexistencia de salvedades o reservas que hubieran evitado alcanzar el principio de igualdad que hoy los rige y compromete cabalmente. No sobra anotar que lo que acá se viene exponiendo corresponde estrictamente a lo que internacionalistas afirman con plena autoridad sobre la materia. De la misma manera, lo que a continuación se indica. Valga acotar que copia del texto del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto del 26 de agosto del 2012 fue conocido oportunamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el que contribuyó efectivamente al traslado de los delegados insurgentes hasta La Habana, lo que da fe de que en sus manos se ha depositado el Acuerdo siguiendo lo insinuado para estos casos por los doctrinantes.

Las afirmaciones ya expuestas ponen de presente la necesidad de que los protagonistas de los diálogos -nosotros uno de ellos-, comprendamos que sentados en la misma Mesa con una Agenda que no supone, ni mucho menos reconoce vencedor alguno, los términos de la relación parte-parte deben corresponder a lo afirmado en el cuerpo del Acuerdo General en el sentido de que, mínimo, nos sujetemos a su espíritu y letra a fin de continuar construyendo la confianza necesaria para culminar de forma exitosa lo que nos hemos propuesto y nos obliga, toda vez que se busca construir la Paz con todo lo que ello implica. No cabe entonces derivar del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto competencia exclusiva para una sola parte que le permita arrogarse el derecho de definir inconsulta y unilateralmente la fórmula de refrendación de lo que eventualmente llegare a acordarse. Mucho menos fijar fechas y términos a fin de acomodar a su capricho un referendo jamás acordado.

Si bien es cierto que el Gobierno tiene la potestad de la iniciativa legislativa y de introducir al Congreso de la República propuestas de actos legislativos y Leyes Estatutarias, quede claro que el Proyecto de Ley Estatutaria Nro. 63 del 2013/Senado-Nro. 73 del 2013/Cámara, identificado con el título: “Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado”, hoy a consideración de la Corte Constitucional para definir su constitucionalidad, es completamente ajeno a la realidad de lo acontecido en la Mesa de La Habana. Quede sumamente claro -se manifiesta de manera respetuosa pero terminante-, que para una de las partes, en este caso para las FARC, la Ley Estatutaria a consideración de la Corte no es vinculante. Para nosotros es inane. Bien define esta palabra el diccionario de la Real Academia de la Lengua: Inane “1. Adj. Vano, fútil, inútil”. Las cuatro palabras sintetizan nuestro pensamiento.

No se trata de una necedad o capricho de nuestra parte. Téngase en cuenta que se desprende de las conversaciones y del desarrollo de la Agenda que en el Punto Seis (6) toca con la “implementación, verificación y refrendación” de lo que pudiera acordarse, no ha sido objeto de estudio aún. Basta revisar las actas o documentos que han surgido de las rondas efectuadas en la ciudad de La Habana para concluir que lo afirmado por nosotros es exacto. Agregando de nuestra parte además, que, tal como se desprende del Punto Diez (10) del Aparte VI del Acuerdo sobre las Reglas de su Funcionamiento, “las conversaciones se darán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

¿Cómo pudo entonces el Gobierno sorprender a su contraparte en los diálogos de La Habana y al país en general, con la iniciativa que hoy se encuentra a estudio de la Corte? Y nos preguntamos: Semejante iniciativa, ¿para refrendar qué?

De una visión restrictiva del Acuerdo que el Gobierno ha sostenido como la única viable para dialogar, se desbordó “a la loca” violando sus propios compromisos; y haciéndole creer a la nación entera que el proyecto de Ley Estatutaria que nos ocupa corresponde a un Acuerdo surgido de la Mesa de La Habana. Nada más inexacto por no corresponder a la verdad. Permítasenos señalar: en la Mesa de La Habana los plenipotenciarios del Gobierno habían advertido que ninguna de las partes sería sorprendida. Sí hubo en efecto una aproximación informal al tema del referendo, pero por fuera de la Mesa. Tuvo lugar como iniciativa de algunos plenipotenciarios del Gobierno. La respuesta de las FARC fue clara: Se adujo que en su momento oportuno se estudiarían las formas de refrendación; se agregó que los temas que el Gobierno pretendía llevar a dicho referendo no interpretaban las aspiraciones de su contraparte. Los Comisionados gubernamentales afirmaron entonces que el tema se dejaba como no tratado. Se nos manifestó que no se tomarían iniciativas relativas a los asuntos de Agenda sin que mediara un Acuerdo previo.

Cual nuestra sorpresa cuando el Gobierno, de manera unilateral, desconociendo su palabra y compromiso, sin que se hubiera tomado decisión alguna sobre dicho particular en la Mesa de La Habana, resuelve radicar el día 22 de julio del 2013 -se repite: de forma inadvertida e inconsultamente respecto de su homólogo en los diálogos-, un proyecto de Ley Estatutaria en el Senado de la República dirigido a obtener del Congreso la aprobación de reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado.

Habían pasado escasos días de haberse definido por las partes la requerida claridad y transparencia respecto del manejo que había que dársele al controversial tema. No obstante ello, el Gobierno resolvió dejar de lado la confianza que se venía creando entre las partes sorprendiendo, no solo a las FARC, sino al país entero.

Lo relatado llevó a las FARC a que el 23 de julio del 2013 tomaran la decisión de hacer una pausa en los Diálogos de Paz en Cuba. Finalmente se anunció a la opinión pública nacional e internacional que para nosotros la Ley Estatutaria no tendría efecto vinculante alguno. Hoy reiteramos dicha posición con más claridad, y con total consciencia respecto de lo que se pretende con el proceso de Paz que aún se lleva a cabo. Reiteramos que debemos procurar que los Diálogos de Paz iniciados en la República de Cuba lleguen a feliz término. Para lograr la meta es imperativo mantener vigente el principio de igualdad alcanzado y plasmado en el documento suscripto, así no se haya hecho referencia a ello explícitamente. Lo cierto es que de su lectura se infiere cabalmente esta realidad político-jurídica. El texto no señala ventajas para ninguno de los dos lados ni establece condiciones de tiempo para dialogar; registra, sí, el Acuerdo de “concluir el trabajo sobre los puntos de la Agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible”, pero sin fijar calendarios. Y no hace referencia a circunstancias de política partidista o de grupo o de eventuales hechos que pudieran surgir en el camino del diálogo como causal o causales justificativas de modificaciones del Acuerdo General, o a futuros motivos de los que se pudieran desprender limitaciones o beneficios para una sola de las partes.

Aceptada la igualdad de los interlocutores como uno de los elementos substanciales del Acuerdo, no es aconsejable afectar el proceso de Paz con circunstancias exógenas o elementos ajenos a la Agenda que puedan truncar o menospreciar dicha igualdad. Vincular las negociaciones a las estrategias y necesidades electorales del Gobierno significa desconocer la necesidad de que la Paz debe ser ajena a caprichos del momento.

Como igual, no es nada prudente, y más, se torna en un obstáculo para el éxito del proceso, adelantar conductas por iniciativa de una parte que puedan tomar por sorpresa a la otra, so pretexto de crearle hechos aparentemente irreversibles con el mero ánimo de servirse políticamente. Fácil era advertir que la iniciativa gubernamental provocaría severos rechazos.

Tanto es así como para que le hubiera correspondido a Timoleón Jiménez, Comandante en Jefe de las FARC, dar a conocer algunos de los pormenores de lo que estaba en juego. Tres días después de presentado el proyecto de Ley, es decir, el 25 de agosto, en comunicado especial el Comandante Timoleón se refirió al delicado tema. Se transcriben algunos de sus apartes:

La reciente presentación del proyecto que busca reformar la Ley para permitir que la realización de un referendo pueda coincidir con la fecha normal de otra convocatoria electoral pública, no es un hecho tan límpido como pretende presentarlo el Gobierno nacional. El Presidente Santos expone que busca generar las condiciones que posibiliten, ante un eventual Acuerdo en la Mesa de La Habana, que se pueda realizar de manera expedita el referendo aprobado en el Acuerdo Final, a fin de poder materializar el Pacto de Paz. Y como si buscara restarle importancia al tema, argumenta que si no se logra ningún Acuerdo en la Mesa, o si allí no se define que el procedimiento de refrendación de los Acuerdos sea un referendo, simplemente no va a pasar nada, la Ley aprobada no se aplicaría y punto. Reflexionemos un instante sobre eso. ¿Tiene alguna presentación, se ha visto en algún país del mundo, que un Gobierno proponga una Ley, presuponiendo algo que no se sabe si se va a dar, y afirmando que si no se da, no importa nada? ¿Puede un Gobierno poner en funcionamiento la máquina estatal entera, involucrar los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con carácter de urgencia, a fin de obtener una Ley que le permita ejecutar algo que él mismo admite que es probable que no se dé?(…). El propio Humberto De La Calle, reconoce que el tema forma parte del Punto Seis (6) de la Agenda, que ni siquiera se ha comenzado a discutir. Cuando se discuta, puede ser acordada una fórmula bien distinta, caso en el cual la Ley propuesta sería una simple medida de prevención por si acaso. “Eso no puede creerse, no se puede ser tan ingenuo. (…). Eso no sería un Acuerdo. (…)”.

Otras reacciones a la iniciativa del Gobierno no se hicieron esperar. Mientras el Presidente del Senado, Señor Juan Fernando Cristo anunciaba:

El Congreso tiene la obligación de tramitar, con mensaje de urgencia esa Ley, (…)”, con la esperanza de que en tres semanas estuviese lista para ser aprobada.

Desde La Habana la Delegación de Paz de las FARC dio a conocer su posición oficial. A continuación, apartes de lo manifestado por esta:

Un Acuerdo de Paz no es asunto que se pueda resolver o definir de manera unilateral, así como el mecanismo de refrendación no es aspecto que pueda ser resuelto solamente por el Gobierno. Tomarse esas atribuciones es flagrante violación del Acuerdo General firmado en La Habana. La circunstancia de presentar ante el Congreso un proyecto de Ley que prepara el terreno para imponer un mecanismo nodal para el proceso, sin discutirlo con la contraparte, expresa una situación de hecho que ni se comparte ni se acompaña. (…) Las FARC no piensan modificar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto de donde se desprenden claramente sus facultades de negociación (…). En conclusión: La iniciativa presentada ante el Congreso por el Gobierno como primer paso para refrendar en el futuro el eventual Acuerdo que se llegare a alcanzar en La Habana, no es vinculante. (…)”.

Se equivocó el Gobierno al menospreciar la lealtad debida al compromiso surgido para los interlocutores en el Acuerdo General firmado en La Habana con terceros Estados como testigos. El burdo aprovechamiento de los Diálogos de Paz que pretendió hacer el Gobierno para beneficio exclusivamente suyo, presentando la Ley Estatutaria hoy en manos de la Corte para su revisión, vulneró el principio de igualdad analizado antes, dificultando aún más la construcción de una política de Paz de Estado que congregue a su alrededor a toda la nación.

Como si no hubiere sido suficiente el trauma causado al proceso de La Habana por la no solo desdorosa, sino desleal conducta del Gobierno al haber procedido como procedió, el mismo título de la norma aprobada y su contenido vulneró en materia grave la salida final del proceso en que estamos. Reza así el título: “Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado”. Pretendieron el Gobierno y el Congreso con lo manifestado en el susodicho encabezamiento ponerle obstáculos a otros mecanismos de refrendación. Creyeron que con ello echarían por la borda una parte importante del Acuerdo General aprobado en La Habana. Como si esto fuera poco, se reitera la misma intención en los enunciados de los Artículos 1 y 2 de la norma que se revisa:

Artículo 1º.- Referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado.

Artículo 2º.- Fecha para la realización de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado.

Quede claro que nos oponemos rotundamente a que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscripto de buena fe por las FARC el día 26 de agosto del 2012 en La Habana, sea alterado en materia tan grave por el Gobierno nacional y sus plenipotenciarios en la Mesa de Diálogo y por órganos del Estado también asaltados en su buena fe. O, ¿es que en algún momento el Gobierno informó a las Comisiones de Senado y Cámara y a las plenarias de las corporaciones sobre la propuesta formulada a las FARC para ser incluida en el referendo? Sabemos que no.

De lo que sí tenemos certeza es que el Gobierno jugó con las instituciones a la “gallina ciega”. Mal antecedente para la República todo lo ocurrido con la iniciativa que hoy combatimos y rechazamos tajantemente. El camino escogido por el Gobierno ha sido perverso. Invitamos a que el país lo condene.

El Acuerdo General, tantas veces referido, es un marco de obligatorio cumplimiento para las partes. Contiene una categoría jurídico-política vinculante que debe ser admitida en los términos acordados y firmados; salvo que las mismas partes firmantes acuerden lo contrario o la modifiquen conjuntamente. Imposible que no importe a este alto Tribunal Constitucional la palabra empeñada del Estado. Proceder inadecuadamente y sin acertado tino, sería reconocerle al Acuerdo el valor equivalente al precio del papel que lo contiene. Desconocer el Acuerdo es igual a destruirlo. Desconocerlo es darle crédito cero a las palabras y las firmas de los Plenipotenciarios del Gobierno.

¿Qué pueden valer, después de darle un hachazo a lo convenido libremente en La Habana, la palabra y la firma de los mismos Plenipotenciarios gubernamentales en un Acuerdo definitivo de Paz? De haber aceptado las FARC el mecanismo de refrendación para las próximas elecciones de Congreso y Presidente de la República, no habría nada acordado aún para refrendar, pues “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Falta mucho aún por explorar, estudiar y acordar; todo lo cual implica que el instrumento de por sí sería inocuo. ¿Será que el espíritu que acompañó al Gobierno al presentar la iniciativa corresponde a su deseo de llevar a cabo un referendo en el año 2018? ¿El Gobierno, el Estado colombiano quiere la Paz? 1397.

Presidente Santos Sanciona Ley para Refrendar Acuerdos de Paz

El Presidente Juan Manuel Santos sancionó el 6 de enero del 2015, la Ley conocida como el “Referendo por la Paz”, cuyo objeto era que el día de las elecciones se realizara un referendo para decidir si se avalaba o no lo acordado en La Habana; para que así fuera, el documento en el que se plasmaban los Acuerdos a los que llegara el Gobierno con las FARC:

Deberá ser publicado y difundido para conocimiento de los ciudadanos con anterioridad a la votación. Cuando tales referendos coincidan con actos electorales, los jurados de votación deberán ofrecer a los electores la tarjeta correspondiente a los referendos junto con las demás tarjetas”.

Aunque no se había decidido la forma cómo se avalarían los Acuerdos de Paz, esta Ley establecía que se podrían realizar campañas como cuando el país afronta unas votaciones, solo que esta vez no serían por un candidato sino por el “SI”, el “NO” o la abstención.

Para que un referendo se apruebe, se necesitan al menos 7,5 millones de votos y la pregunta que se realice en el tarjetón debe ser aprobada por el Congreso.

La guerrilla reiteró que su voluntad era que se realizara una Asamblea Nacional Constituyente 1398.

Por otro lado, en el marco de la Mesa de negociaciones, planteó que si la Paz es asunto de toda la sociedad en su conjunto, no es a partir de un acto legislativo o de un plebiscito no consensuado que se va a alcanzar la refrendación y la implementación de los Acuerdos, mucho menos cuando ni siquiera se ha abordado en la Mesa el debate de esa temática. Para dar un cierre pleno a los asuntos que tocan con el Punto Fin del Conflicto, y en especial su Numeral cinco (5) referido a los cambios institucionales, para que este tema así como el conjunto de los aspectos más complejos que están en disenso sean resueltos, no hay otro camino de solución que el de una Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que sea el pueblo, desplegando todas sus potencialidades, quien otorgue seguridad jurídica al tratado de Paz duradero y no ocurra que Gobiernos sucesivos se aventuren a borrar con el codo lo que se construya con sacrificio y abnegación 1399.

Red de Gestores Populares de Paz

El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, impulsó la formación de organizaciones, bajo el lema de “meterle pueblo a la Paz”, orientadas a fortalecer la participación y el respaldo de los ciudadanos al proceso de Paz, desde lo local y territorial.

De acuerdo con lo pactado entre el Gobierno y las FARC, deberían ser los ciudadanos quienes refrenden o no los Acuerdos a los que se llegue en la Mesa de Negociación de La Habana. En Guatemala, donde en 1999 se realizó una consulta popular para refrendar las reformas constitucionales que derivaron del proceso de Paz con la guerrilla, ganó el NO 1400. El caso de Colombia puede ser similar, si se tiene en cuenta que la fuerza política opositora al proceso de Paz, cuenta con un elevado respaldo electoral en el país 1401.

Propuestas de Marcha Patriótica

En Colombia la ausencia de democracia real y de participación política ha sido la constante. La Marcha Patriótica considera que la democracia es inconcebible sin la participación directa del pueblo en los procesos políticos. La participación política supera el estrecho marco de los comicios electorales, atraviesa el conjunto de la vida social del país y pasa por el poder decisorio del constituyente primario.

La convocatoria directa al pueblo soberano es una necesidad durante el Proceso de Paz y único garante de su éxito. Los Acuerdos en los que avance la Mesa de Diálogo requieren de la refrendación popular; por el calado y profundidad de las temáticas de los Acuerdos y el necesario blindaje de éstos, la Asamblea Nacional Constituyente, se presenta como el desenlace lógico dentro del proceso de solución política.

Por ello, Marcha Patriótica presenta a la Mesa de Diálogos, nueve propuestas básicas para la Participación Política y las garantías democráticas del pueblo colombiano, de acuerdo a lo contemplado en el Punto Dos (2) de la Agenda entre el Gobierno nacional y las FARC:

1. Desmonte efectivo del paramilitarismo.

La finalización del conflicto solo será posible, si se logra una desactivación real de las bandas paramilitares que han germinado históricamente dentro de una política de Estado. Partiendo de reconocer la responsabilidad política del Estado colombiano y el derecho a la verdad, justicia y reparación de sus víctimas, se trata no solo de atacar el epifenómeno paramilitar armado sino sus raíces sociales, económicas y políticas. El desmonte efectivo del paramilitarismo incluye la desarticulación de las actuales redes que pretenden ser camufladas en eufemismos y nuevas denominaciones; la purga de sus auspiciadores dentro de las fuerzas militares; y la condena a sus financiadores y tribunos entre empresarios, prensa, partidos y Estado, todo ello con verificación internacional y de los movimientos sociales colombianos, prestando especial atención a ofrecer garantías especiales a nivel regional y rural para la democratización efectiva del poder local y la eliminación de las auténticas “republiquetas” gansteriles y clientelares construidas por el terror paramilitar.

2. Transformación del régimen político y reforma a las instituciones actuales.

Ante el desbarajuste institucional producido por las sucesivas reformas a la actual Constitución -treinta y ocho en veintidós años-, en especial el desbalance que introdujo la figura de la reelección presidencial y los mismos límites democráticos consagrados en 1991, se agudiza una revisión profunda del régimen institucional colombiano, repensándolo desde el principio rector de la participación democrática del pueblo. El equilibrio de contrapesos entre las ramas del poder público -hoy claramente favorables al ejecutivo-; la elegibilidad y veeduría popular sobre instituciones cardinales como la Junta Directiva del Banco de la República rompiendo con la autonomía tecnocrática neoliberal instituida por la Constitución de 1991; la participación de la rama judicial en la designación de magistrados de las Altas Cortes; así como la eliminación de corporaciones vetustas como la Procuraduría General de la Nación, son aspectos substanciales a ser tenidos en cuenta para la transformación orgánica del Estado colombiano, refundado en función de los principios de participación popular y democracia efectiva.

3. Nuevo sistema electoral participativo y con garantías, que logre atacar el clientelismo y los lastres que mellan el ejercicio democrático del voto.

Un sistema político azotado por más de cuarenta años de abstención mayoritaria, y donde el reducido ejercicio del voto es expresión predominante de alteraciones y anomalías, no puede considerarse democrático. Se requiere la construcción de un poder electoral independiente, con participación directa de todas las fuerzas vivas del país, que garantice equidad de condiciones en términos materiales y políticos de todas las opciones partidistas. Gran aporte para el saneamiento de este sistema electoral corrompido y ventajoso para la actual clase política, pasa por la modernización institucional y técnica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el CNE y el mismo sistema de identificación de la población y el censo electoral, que hoy paradójicamente incluye muertos que votan y excluye a campesinos sin cédula. La implementación del voto electrónico y la necesaria veeduría de UNASUR son herramientas a ser tenidas en cuenta en esta transformación. En aras de garantizar la equidad de las diversas fuerzas políticas se requiere de una clara reglamentación electoral que prohíba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y que garantice el apoyo estatal a todas los partidos políticos y el acceso proporcional a sus medios de información. De igual forma la eliminación de las múltiples cortapisas que como el umbral excluyen de facto la participación electoral de nuevos movimientos políticos y sectores minoritarios representativos de la diversidad propia del país nacional. A contrapartida se debe avanzar en una reglamentación que promueva la democracia interna de los partidos y otorgue cuotas claras a la presencia de mujeres y jóvenes en las listas y cargos de elección popular. El replanteamiento del ordenamiento territorial base del actual sistema electoral, es otro aspecto substancial. El reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina, autonomías indígenas y afrodescendientes, -no como circunscripción especial sino como entidades electorales y de Gobierno propias-, en el marco de la construcción de una representación política que exprese la diversidad y el pluralismo característico de la nación colombiana, es una necesidad de primer orden en una auténtica reforma política que transforme el ventajoso y centralista esquema de elección parlamentaria y de administración pública.

4. Un Estatuto de oposición para la inclusión y el buen Gobierno.

Habiendo superado efectivamente la persecución de hecho, legal y extra legal, la promoción y garantías institucionales para la oposición política y social deben estar consagradas por un estatuto de oposición que impida la persecución política y la estigmatización, brindando espacios mínimos para la veeduría y participación de los partidos y movimientos alternativos a la coalición de Gobierno. La exigencia del estatuto de oposición, -propio de cualquier democracia liberal madura-, no se trata de una mordaza que busque encorsetar el legítimo derecho de oposición a normatividades impuestas, o peor aun avalar de forma reduccionista solo determinados tipos y organizaciones de oposición. Por el contrario debe consagrar garantías para el conjunto de expresiones políticas y sociales divergentes y no solamente para aquellas que participan en el parlamento, reconociendo como oposición las fuerzas que registren contradicción ideológica y programática con el Gobierno, evitando que este legítimo derecho sea usurpado por las tensiones burocráticas o coyunturales de una coalición. El punto de partida de esta normatividad debe ser una clara y recia prescripción del macartismo y demás prácticas discriminatorias y hostigadoras contra el derecho a la oposición política y social, incluyendo sanciones administrativas y penales. De igual forma se deben consagrar espacios mínimos a los movimientos de oposición que garanticen su participación en todas las ternas, la adjudicación de cargos dentro de los organismos de control, asumiendo directamente el control fiscal de la República, y cuotas mínimas en altas cortes, Junta Directiva del Banco de la República y el CNE. Dentro de un estatuto de oposición para la Paz, el uso de los medios de información del Estado y la financiación estatal de partidos y movimientos políticos discrepantes con el Gobierno, serán garantes materiales y efectivos para no acallar el disenso necesario en una autentica democracia popular.

5. Desarrollo de las libertades civiles y las garantías democráticas.

Nuestro régimen político solo conserva formalidades democráticas en el papel. El terrorismo de Estado ha sido la práctica real que ha castrado la participación política y ha acicateado el actual conflicto social armado. Ante esta ausencia efectiva de democracia, se hace necesaria una transformación plena que parta de reconocer el derecho a la memoria histórica de nuestro pueblo y convierta el cambio de situación en su auténtica reparación. Se requiere garantizar derechos ciudadanos plenos a la totalidad de la nación colombiana -incluida en ella a los actuales combatientes en el conflicto-; desmontar las leyes liberticidas de Inteligencia y Seguridad Ciudadana, que constriñen las libertades democráticas de expresión, organización y movilización; otorgar efectivamente las garantías sindicales consagradas por las normatividades de la OIT; así como la excarcelación de todos los prisioneros políticos, procesados y condenados en el marco de una política penal de criminalización de la protesta social. Ante un Estado renuente incluso al cumplimiento de sus propias normas y de pericia histórica en negar sus crímenes y represión, se requiere un órgano permanente de veeduría popular e internacional, con la participación de la oposición política y social, de los movimientos sociales y populares, de juristas y defensores de derechos humanos y de la UNASUR, que fiscalice el ejercicio real de las garantías democráticas y las libertades civiles.

6. Construcción de la rama del Poder Popular, como columna vertebral de nuestra democracia.

La concreción de la democracia pasa por el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos efectivos de participación del pueblo soberano, que erijan el Poder Popular en una auténtica rama del poder público. La participación democrática real no se ciñe al mero ejercicio del sufragio sino a la constante acción vinculante de la ciudadanía en la cotidianidad de la política, que se expresa tanto en los grandes temas y estructuras, como en las decisiones que más directamente afectan la vida de cada uno. La apuesta de una democracia participativa que inspirase al constituyente de 1991, fue rápidamente lacerada por el espíritu tecnocrático que impregnó la reforma al Estado impuesta en la misma Carta Magna y por una reglamentación restrictiva que como la Ley de Participación Ciudadana -134 de 1994- asfixió los mecanismos de participación directa consagrados en la misma Constitución. Construir el Poder Popular como rama del poder público, -recuperando la idea del Libertador del poder moral-, significa morigerar el peligroso presidencialismo, mediante la habilitación y potenciación real de los diversos mecanismos de participación popular: referendo, plebiscito, consultas, cabildos abiertos, revocatorias de mandato, veedurías ciudadanas, iniciativas legislativas entre otras, haciéndolos accesibles para el pueblo soberano y convirtiéndolos en ejercicios constantes de nuestra vida política. El Poder Popular tendrá como escenario privilegiado los Cabildos Abiertos y vinculantes en los que el pueblo soberano podrá deliberar y decidir sobre sus planes de vida y desarrollo a nivel local y nacional. Se trata de romper con la autoritaria lógica tecnocrática que prima en la elaboración de las políticas públicas colombianas y separarse de ejercicios meramente cosméticos de consultas a las comunidades, para desarrollar auténticos procesos de construcción democrática de las políticas con participación oportuna y decisoria del constituyente primario, sin que esto melle las necesarias definiciones que exigen las problemáticas populares.

7. Reforma doctrinaria y organizacional de las fuerzas militares.

Un cuerpo castrense herramienta por décadas del terrorismo de Estado y de autonomía desbordada frente al poder civil no es garante para la participación política en nuestro país. La construcción de la Paz requiere una refundación de nuestras fuerzas militares, renunciando a su tradición doctrinaria del enemigo interno, impuesta en función de juegos geopolíticos ajenos a nuestros intereses como nación. La ideología militar debe recuperar la tradición patriótica del surgimiento de nuestras fuerzas militares, reorientando nuestras tropas a la salvaguarda de las fronteras y la soberanía nacional, haciendo un relevo de todos los altos mandos deformados en un credo antidemocrático por la Escuela de las Américas y demás academias imperiales, subordinando el poder militar a la civilidad democrática y al Poder Popular. Es necesaria la reducción progresiva de por lo menos el sesenta porciento del ingente actual pie de fuerza, proyectando la incorporación de nuestros actuales soldados a la vida productiva de la nación. De igual forma, la reasignación del hipertrofiado presupuesto militar, la supresión de unidades y cuerpos especializados que no corresponden a un país en Paz y la integración de combatientes insurgentes a las nuevas fuerzas armadas, revisando experiencias internacionales de Paz como las de El Salvador o Sudáfrica, son propuestas claves a ser tenidas en cuenta para otorgar plenas garantías a la participación política.

8. Democratización de los medios de información como garante del debate democrático contemporáneo y la participación política.

Partiendo de reconocer el derecho a la información como fundamental, el debate público democrático debe salvaguardar la comunicación oportuna, veraz e imparcial, como insumo fundamental en una democracia para el siglo XXI. Se requiere una normatividad que reglamente la responsabilidad de los medios de información -como lo fue la Ley Resorte en Venezuela- y que bajo la supervisión del Poder Popular adecúe los contenidos mediáticos al fin supremo de la Paz, la reconciliación nacional y el enriquecimiento cultural y educativo de la ciudadanía. Una democracia para la Paz y la participación política de todos, requiere de la democratización efectiva de los medios de comunicación. Proponemos una clara regulación antimonopólica para los denominados multimedios y para cada medio en particular -prensa escrita, radio y TV-, buscando revertir el actual proceso de concentración de éstos en grandes conglomerados. La normatividad debe consagrar límites a la participación de cada uno de los agentes privados sobre determinado medio, control a la propiedad cruzada e inversión extranjera en el sector y restricciones a la proporción del mercado publicitario concentrada por cada operador. De igual forma debe garantizarse la diversidad geográfica y social de la producción de contenidos, regulando cuotas de participación para medios regionales y locales, buscando salvaguardar la multiculturalidad propia de la nación colombiana. Garantizar efectivamente la pluralidad de opiniones, pasa por democratizar la propiedad de los medios de comunicación. Proponemos que para los medios de radio y televisión que usan el espectro electromagnético de la nación, se reglamente una asignación por tercios para la ocupación de estas frecuencias -como lo ha desarrollado la reciente Ley de medios argentina-, que permita que operadores del Estado, el capital privado y las organizaciones sociales no-estatales sin ánimo de lucro, accedan equitativamente a la utilización de estos medios. Los medios de radio y televisión bajo la administración del Estado colombiano deberán dar cuenta de la diversidad cultural y regional de éste, y garantizar el debate democrático asignando espacios claros para la libre expresión de la oposición política y social.

9. Asamblea Nacional Constituyente representativa, como necesario punto de llegada del proceso de democratización requerido para la Paz.

Como conclusión obvia de las transformaciones mínimas para la participación política orientada a lograr la Paz, los cambios de todo orden requieren de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que exprese y condense un nuevo pacto social para la reconciliación nacional, con la participación directa del pueblo soberano. Desde Marcha Patriótica vemos con escepticismo que el actual poder constituido, -que ha excluido sistemáticamente la participación popular- sea el mejor escenario para su propia transformación. Un Parlamento ilegítimo y tozudamente reaccionario no otorga garantías para que nuestro pueblo soberano, protagonista principal de la auténtica democracia, participe decididamente. Los mecanismos institucionales de un régimen nefando que ha engendrado la violencia, pueden poner en tela de juicio la conquista de los Acuerdos de Paz que todos esperamos con ansia. Por ello consideramos pertinente que mediante la invocación al Constituyente Primario, se eleven a categoría constitucional los Acuerdos para la Paz que se llevan a cabo en La Habana, convocando una Asamblea Nacional Constituyente -ANC- para su refrendación. No se trata obviamente de la propuesta constituyente de los propagadores del falaz “Estado de opinión”, que pretenden echar atrás la rueda de la historia. Planteamos una ANC que, partiendo de reconocer el rico componente de derechos y espíritu garantista consagrados en 1991 -hoy profundamente alterado por la plétora de regresivas reformas-, avance en construir un pacto social que responda al presente reto de culminación del conflicto social armado interno. Nuestra propuesta de ANC para la Paz, como desembocadura lógica del actual Proceso de Diálogo, no puede contemplarse circunscripta a las actuales reglas del juego electoral que precisamente consideramos fraudulentas. Una auténtica ANC para la Paz, que busque expresar la diversidad política y social de la nación, debe garantizar cuotas de participación para los movimientos insurgentes en el Proceso de Paz, los partidos políticos que se someten al actual sistema electoral, y al conjunto de la sociedad civil organizada -desde los gremios económicos hasta las víctimas-, pero muy especialmente al movimiento social y popular históricamente excluido de las decisiones trascendentes de nuestra vida política. Solo mediante esta efectiva inclusión del conjunto de las fuerzas vivas del país se podrá edificar una auténtica democracia popular para la Paz 1402.

El Acuerdo Político de La Habana

En noviembre del 2013, se firmó el Acuerdo Político, que contempla el tema de la democracia, la participación política, los derechos de la oposición y las garantías para los nuevos movimientos sociales 1403.

En este Acuerdo, se sugiere que en Colombia se avanza hacia la construcción de una democracia de nuevo tipo, que trasciende los viejos formatos de la representación liberal y elitista, que abandona la visión unilateral de la democracia asociada a la estabilidad institucional. La democracia colombiana será un “pluralismo agonístico democrático” -se llama comportamiento agonístico a la conducta social relacionada con la lucha-, que replantea la vieja democracia liberal para proteger las instituciones democráticas, abandonando la perspectiva racionalista que lleva al antagonismo y al uso permanente de la violencia ilegal, tendiendo más bien a desactivarlo, transformándolo en “agonismo”, es decir, en una manera de “convertir al enemigo a derrocar, en un adversario al que se debe tolerar”.

El proyecto democrático de la Paz, parte del reconocimiento de las contradicciones, en que el objetivo de la política, más que atacar los conflictos y mitigarlos, consistirá en movilizarlos, ponerlos en el centro del escenario de manera pacífica, visibilizarlos en el marco de la expresión del pluralismo. Las contradicciones que se generarán en la sociedad, lejos de llegar a representar un peligro para la democracia, serán su condición de existencia. La necesaria institucionalización de las mediaciones que permitirán ejercicios delegados del poder legítimo, inclusive promoverán la proliferación de minorías y de los disensos.

Se trata que en Colombia se experimente un modelo de democracia crítica radical, que ponga en cuestión las estructuras hegemónicas del sistema y enfatice en la necesidad de contar con estructuras organizativas democráticas conformadas de abajo hacia arriba. Se han sentado las bases de la “demodiversidad” en la que coexistirán distintas formas de democracia, con un desarrollo critico transcultural, democratizar los saberes, crear autoridad compartida, ubicar los movimientos y organizaciones sociales como protagonistas de la nueva democracia, en una gramática de organización de la sociedad y de la relación entre Estado y sociedad.

Se abre una nueva gramática histórica, porque queda establecida una condición de publicidad, capaz de generar una gramática social construida en los ámbitos de la esfera pública y no como una simple obra de ingeniería institucional, consideradas las incidencias del debate colectivo.

Acuerdo Parcial Gobierno-FARC-EP sobre Participación Política

El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el Punto 3 del Numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto del 2012, presentan este segundo Informe Conjunto sobre los avances y Acuerdos alcanzados entre el 11 de junio y el 6 de noviembre del 2013, sobre el Punto 2 de la Agenda “Participación Política”.

Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz

Como lo informamos públicamente el 6 de noviembre del 2013, hemos llegado a un Acuerdo sobre el Segundo Punto de la Agenda, “Participación Política”, consignado en un documento, Borrador Conjunto.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la Paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la Paz.

La construcción de la Paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la Paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la Paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo.

La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

Para cumplir con estos propósitos, se harán las revisiones y los ajustes institucionales acordados, que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la Paz.

*

Sobre derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, consideramos que el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del Gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales.

Y que en esa medida, la definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición.

Acordamos que para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas.

En cuanto al estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política acordamos que, tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a este escenario de discusión otras agrupaciones políticas representativas de oposición, según lo acuerden las Partes. La Comisión a través de un evento facilitará la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos.

Por otra parte, acordamos que el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales. ., el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

El Sistema Integral de Seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia.

Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición. Se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas.

El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política estará estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tiene como centro la persona, se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos, y que permite articular las medidas de seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar individuales y colectivas contempladas en el Acuerdo Final.

Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y neutralizar, con un enfoque multidimensional, cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejercen la política, y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo paramilitar.

El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política contará con los siguientes elementos:

1. Adecuación normativa e institucional, que incluye la creación de una instancia de alto nivel que ponga en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo. Esta instancia dependerá de la Presidencia de la República y establecerá mecanismos de interlocución permanente con los partidos y movimientos políticos, especialmente los que ejercen la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Los mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación;

2. Prevención, que incluye un sistema de alertas tempranas y un despliegue preventivo de seguridad con un sistema de coordinación incluyente y auditable;

3. Protección, que incluye tanto un programa de protección especializada para los miembros del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, como protección especializada para las siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional;

4. Evaluación y seguimiento, que incluye un sistema de planeación, información y monitoreo con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos políticos, con acompañamiento permanente de organizaciones humanitarias de tipo internacional, que permita realizar una evaluación de desempeño y de resultados; rendición de cuentas a través de informes públicos del Gobierno; una comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema Integral y de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, con representación de partidos y movimientos políticos; y un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política.

También acordamos establecer un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en situación de riesgo, que incluye adecuación normativa e institucional, prevención, protección y evaluación y seguimiento.

En lo que respecta a las garantías específicas para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, hemos acordado discutir este tema como parte del Punto 3 de la Agenda del Acuerdo General, “Fin del Conflicto”.

*

Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una Paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, acordamos que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social.

Con ese propósito, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes lineamientos, entre otros, que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos: garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la Constitución y la ley; reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional; realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una caracterización y registro de organizaciones sociales; apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales; por solicitud de las organizaciones y movimientos sociales, agilizar la sistematización e intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento de los mismos; fortalecer los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones sociales; promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos; acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones y movimientos sociales; en las instancias de participación ciudadana se ampliará y garantizará la representatividad de las organizaciones y los movimientos sociales; diseñar metodologías que contribuyan a la efectividad e incidencia de las instancias de participación e interlocución; poner en marcha instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las autoridades de las obligaciones, compromisos y garantías, en cuanto al establecimiento, funcionamiento y eficacia de los espacios de participación ciudadana; crear una herramienta que permita valorar, hacer visible e incentivar la gestión de las autoridades públicas, con respecto a la participación de las organizaciones y movimientos sociales; se garantizará el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades; promover la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores que se realicen a través de las organizaciones y movimientos sociales; las autoridades locales deberán atender de manera oportuna las peticiones y propuestas, y canalizarlas según su competencia, con el fin de que sean atendidas de manera pronta y eficaz.

Acordamos también que el Gobierno Nacional considerará y evaluará la viabilidad de propuestas de garantías adicionales que surjan en el marco de ese espacio de participación de carácter nacional, en una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por los organizadores. El mecanismo deberá ser participativo y garantizar una representación pluralista y equilibrada en la Comisión.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán los organizadores, criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio de participación de carácter nacional, con el fin de garantizar una representación pluralista y equilibrada.

Por otra parte, en el Acuerdo se reconoce que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica.

Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, acordamos que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios que abajo se enuncian, y los demás que se acuerden en el marco de una comisión especial, que contará con la participación de los voceros de la Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados. En el marco de la comisión especial se discutirán los insumos que provengan del espacio de participación nacional del que se trata en el punto de garantías para las organizaciones y movimientos sociales y los que propongan los otros sectores. Entre los criterios acordados se destacan: garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades; garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos; garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta; revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social; garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general; fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades; garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta y acompañamiento del Ministerio Público como garante del respeto de las libertades democráticas y el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana en la interlocución y construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la importancia de garantizar espacios para canalizar las demandas ciudadanas, se acordó promover la construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.

Respecto a la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, en lo acordado se reconoce que los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia.

Para avanzar en el logro de estos fines acordamos que el Gobierno Nacional: abrirá nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto y así promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible; promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general; financiará la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de Paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitarios.

En un escenario de fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.

Con este objetivo acordamos que el Gobierno creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el que estará integrado por representantes del Gobierno, el Ministerio Público, los que designen los partidos y movimientos políticos, incluido el que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, organizaciones y movimientos sociales, en particular de mujeres, campesinos, gremios, minorías étnicas, las iglesias, el sector educativo, entre otros.

El Consejo tendrá como función asesorar y acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyen: el diseño y ejecución de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización; la promoción del respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política; la promoción del respeto por la labor que realizan en pro de la construcción de la Paz y la reconciliación diferentes movimientos y organizaciones políticas y sociales, la promoción del respeto por la labor que realizan las organizaciones sociales y de derechos humanos; pedagogía y didáctica del Acuerdo Final y su difusión desde el sistema de educación pública y privada en todos sus niveles y dentro del Estado; la promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto; y la creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la Paz.

Acordamos también establecer Consejos para la Reconciliación y la Convivencia en los niveles territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades locales.

Adicionalmente y teniendo en cuenta que la participación, la veeduría y el control por parte de los ciudadanos son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública, el buen uso de los recursos, y para avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas, especialmente en un escenario de fin del conflicto y construcción de la Paz, en el que será necesario hacer grandes inversiones para cumplir con los objetivos del Acuerdo Final, acordamos una serie de medidas para promover y fortalecer el control por parte de los ciudadanos de la gestión pública.

Entre ellas se destacan: establecer un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en el control por parte de los ciudadanos en la implementación del Acuerdo Final, que se pondrá en marcha con el concurso de organizaciones especializadas e instituciones de educación superior, entre otros, que proveerán acompañamiento y asistencia técnica; apoyo al plan nacional de formación de veedores; la creación de mecanismos de información, con el fin de garantizar la publicidad y transparencia en la implementación; la creación de un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción, con énfasis en lo relacionado con la implementación del Acuerdo Final; la promoción de una masiva campaña institucional de divulgación de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y control de la administración pública por parte de los ciudadanos, y de los mecanismos administrativos y judiciales existentes para exigir su efectivo cumplimiento; el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas de todos los servidores públicos; y la vinculación de las universidades públicas a campañas masivas para la promoción de la participación ciudadana y del control por parte de los ciudadanos.

En cuanto a la participación ciudadana en temas de planeación, acordamos una serie de acciones para fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecución y evaluación de los procesos de planeación y presupuestación, y promover su incidencia en las decisiones administrativas: revisar las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación, con el fin de ampliar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y en el seguimiento a su ejecución y evaluación; fortalecer la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de los planes de desarrollo; promover la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación participativa; hacer los ajustes normativos necesarios para que los conceptos, pronunciamientos e informes de monitoreo, realizados por las instancias de planeación participativa, sean respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e interlocución.

Adicionalmente, acordamos hacer una revisión integral y participativa del sistema de participación en los procesos de planeación; fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como salud, educación, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura; y fortalecer la construcción de presupuestos participativos en el nivel local.

Con el objetivo de promover el pluralismo político, la igualdad de condiciones y la representatividad del sistema de partidos, y de consolidar la Paz en el marco del fin del conflicto, acordamos hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso, y en consecuencia redefinir los requisitos para su constitución; y diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional. Esto permitirá también facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos.

El sistema incorporará un régimen de transición, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político.

Como complemento de lo anterior, y con el fin de promover una distribución más equitativa de los recursos, acordamos que, por una parte, se incrementará el porcentaje que se distribuye por partes iguales entre los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso y se aumentará el fondo de financiación de partidos y movimientos políticos, y por otra, se ampliarán los espacios de divulgación del programa político de los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso.

Una apertura democrática para construir la Paz requiere también de la promoción de una mayor participación electoral. Para ello se acordaron medidas para remover obstáculos y facilitar el ejercicio del derecho al voto, con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables y en los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, que incluyen: promover campañas de información, capacitación, pedagogía y divulgación, que estimulen la participación electoral; realizar una campaña nacional de cedulación masiva; apoyar la gestión que la organización electoral adelante para estimular la participación electoral, en particular de las poblaciones más vulnerables y más apartadas, facilitando el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas.

Por otra parte, para fortalecer las garantías del sistema electoral en la fase de construcción de la Paz, se acordaron medidas para promover la transparencia en los procesos electorales que incluyen, entre otras: adelantar campañas de prevención de conductas que atenten contra la transparencia de los procesos electorales; habilitar mecanismos para facilitar las denuncias ciudadanas y crear un sistema para su seguimiento; realizar una auditoría técnica del censo electoral; conformar un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales seccionales, en las circunscripciones de mayor riesgo de fraude electoral; fortalecer la capacidad de investigación y sanción de los delitos, las faltas electorales y la infiltración criminal en la actividad política; adoptar medidas para garantizar mayor transparencia de la financiación de las campañas electorales; apoyar la implementación de medios electrónicos en los procesos electorales, con garantías de transparencia; promover la participación de movimientos y organizaciones sociales o cualquier otra organización ciudadana en la vigilancia y control de los procesos electorales; y promover procesos de formación, educación y comunicación política en asuntos públicos.

Como una medida adicional de transparencia y con el fin de que la pauta oficial no sea utilizada con fines electorales, partidistas, de promoción personal o de proyectos políticos, en especial en épocas electorales, acordamos también que el Gobierno promoverá los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo en cuenta también a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios.

Además de estas medidas de efecto inmediato, acordamos que se debe llevar a cabo una reforma del régimen y de la organización electoral, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia.

Para ello, acordamos que tras la firma del Acuerdo Final se creará una misión electoral especial. La misión estará conformada por expertos de alto nivel, que se seleccionarán según el mecanismo que acuerden las Partes, que en un plazo de hasta 6 meses presentará sus recomendaciones con base, entre otros, en las buenas prácticas nacionales e internacionales y en los insumos que reciba de los partidos y movimientos políticos y de las autoridades electorales. Sobre la base de esas recomendaciones, el Gobierno Nacional hará los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios.

Con el fin de promover una cultura política democrática y participativa, que fomente el tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia como método de acción política, acordamos que se pondrán en marcha las siguientes medidas: promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación; fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza; promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones sociales; y un programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.

Como parte de las medidas para promover el pluralismo en el marco del fin del conflicto, y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la Paz, acordamos la creación en esas zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un número por definir de Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal (están pendiente por definir las zonas, el número total de curules y el número de períodos electorales para estas Circunscripciones).

Estas Circunscripciones serán adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores.

Se acordó que los candidatos deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Estos candidatos podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones en el territorio de la Circunscripción, tales como organizaciones de campesinos, víctimas (incluyendo desplazados), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la Paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros.

Los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos. Los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos para estas Circunscripciones.

La organización electoral ejercerá una especial vigilancia sobre el censo electoral y la inscripción de candidatos, garantizando que se cumplan las reglas establecidas.

Como complemento de lo acordado sobre acceso a medios para organizaciones y movimientos sociales y para partidos y movimientos políticos, acordamos que se habilitará un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en el marco del respeto por las ideas y la diferencia. Ese canal también servirá para la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, la promoción de una cultura democrática de Paz y reconciliación, y la divulgación de los avances en la implementación de los planes y programas que se acuerden en el marco del Acuerdo Final.

Reconociendo el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la Paz, y la necesidad de promover y fortalecer su participación en la vida política, aún más en el marco del fin del conflicto, donde su liderazgo y participación en pie de igualdad en los procesos de toma de decisiones públicas, y en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas gubernamentales son necesarias y esenciales para alcanzar una Paz estable y duradera, acordamos que en la implementación de todo lo acordado en el Punto 2 se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer.

Según el criterio de cada delegación hay temas pendientes, que se discutirán más adelante en la Mesa, siempre teniendo en cuenta el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecen especialmente a los países garantes Cuba y Noruega por su apoyo decidido a este proceso, que ha permitido avanzar en la construcción de este acuerdo en un ambiente de confianza y seriedad. Así como a los países acompañantes Venezuela y Chile por su permanente apoyo.

Este informe no varía lo acordado. La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, 8 de diciembre del 2013 1404.

Acuerdo Conjunto Sobre Revisión de Puntos Pendientes en Materia de Participación Política

El Gobierno Nacional y las FARC-EP informan que han iniciado la revisión de los temas pendientes de los Acuerdos hasta ahora alcanzados. En este ciclo han concluido la revisión de los pendientes del Punto 2 “Participación Política: Nueva Apertura Democrática para la Paz”. Como resultado de esa revisión se eliminaron la mayoría de los pendientes, porque se abordaron en otros Puntos del Acuerdo o porque llegaron a Acuerdos sobre temas que aún no se habían definido.

1. En el Punto 2.1.1.1. “Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política”, Acuerdan que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del Estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a este escenario de discusión otras agrupaciones políticas representativas de oposición, según lo acuerden las Partes. La Comisión a través de un evento facilitará la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos”. En ese marco se acordó:

* Adelantar la solicitud de convocar a todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para que integren la Comisión para definir los lineamientos para el Estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición.

* Solicitar que se convoque adicionalmente para integrar dicha Comisión a las siguientes agrupaciones políticas representativas de oposición: Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como a dos expertos delegados por la Mesa.

* Solicitar a la Comisión abrir espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la discusión.

* Solicitar a la Comisión que entregue al Gobierno sus recomendaciones en el menor tiempo posible, tras la firma del Acuerdo Final.

2. En el Punto 2.2.1. se acordó que el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de Ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de una serie de lineamientos establecidos en el Acuerdo que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos. En ese marco se acordó:

* Solicitar al Consejo Nacional de Participación con el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que organice el espacio de participación de carácter nacional de que trata ese Punto.

* Solicitar a Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que elabore una propuesta para su discusión en la Mesa sobre los criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio, que garanticen una representación equilibrada y pluralista.

3. En el Punto 2.3.4. “Reforma del régimen y de la organización electoral” se acordó que “con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo el Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia, tras la firma del Acuerdo Final, se creará una Misión Electoral Especial”. Se acordó que esa Misión deberá entregar sus recomendaciones en un plazo de seis (6) meses con el fin de que el Gobierno haga los ajustes normativos e institucionales necesarios. En ese marco se acordó el siguiente mecanismo para la selección de los expertos de alto nivel que integrarán la misión electoral especial. La Misión estará conformada por siete (7) expertos de alto nivel, que en su mayoría deberán ser de nacionalidad colombiana, así: un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) y seis (6) expertos los cuales se seleccionarán por las siguientes organizaciones: el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

4. Una vez se concluya la revisión de los Acuerdos por parte de la Subcomisión de género se acordó que éstos se volverán a publicar incluyendo las modificaciones acordadas resultado de la revisión de los pendientes 1405.

La Paz desde lo Territorial

El Acuerdo de participación política que anunciaron las delegaciones del Gobierno de Santos y las FARC en La Habana, tiene un claro mensaje:

El escenario del postconflicto está centrado en las regiones, especialmente aquellas que han sido afectadas por el orden público. Es en esos territorios donde la guerrilla quiere participar en política, sin desatender compromisos y retos nacionales en el marco de un Estatuto de garantías para la oposición en pleno ejercicio.

Quedó acordada la revisión integral del sistema de planeación participativa, con énfasis en seguimiento a los planes de desarrollo. Un enfoque en favor de generar espacios regionales para el control ciudadano y la política. Consejos territoriales de planeación, Consejos para la reconciliación y la convivencia, y circunscripciones transitorias especiales de Paz para promover la integración territorial.

El laboratorio del postconflicto está en las zonas donde se protagoniza la guerra. El punto más específico del Acuerdo lo define:

Durante un período de transición estas poblaciones tendrán una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias”.

De concretarse el Acuerdo para el final del conflicto entre el Estado y las FARC, hay que pensar en que el país tiene que reordenar política y administrativamente sus enfoques. La meta será una nación reconciliada desde sus regiones. Si a estas evidencias se suman los contenidos del Acuerdo Agrario suscripto en La Habana el 26 de mayo del 2013, orientado a fortalecer las comunidades campesinas y desarrollar un modelo de restablecimiento pleno del potencial agrícola nacional, el desafío del futuro de Colombia, cobra otra dimensión.

Tras la firma de la Paz, la prioridad será la integración territorial, la priorización de la economía campesina y comunitaria y, como afirman las FARC: “el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, admitió esa necesidad inaplazable:

Si uno lo piensa bien, en Colombia no ha habido un verdadero proceso de Paz. Ha habido procesos que culminaron bien en el pasado con el M-19, el EPL o la Corriente de Renovación Socialista, pero no ha habido un proceso de Paz territorial, no ha habido un proceso que se instale en las regiones y logre el verdadero cierre del conflicto”.

El Representante a la Cámara Simón Gaviria, Director del Partido Liberal, calificó de:

Valioso que las curules de regiones apartadas las puedan obtener aquellos sectores que no han tenido representación política y que permanezcan los esquemas de Paz y pluralidad democrática”.

El Vicepresidente Angelino Garzón consideró que desde lo regional, la guerrilla “tiene que ganarse el corazón y el sentimiento de la población con hechos de Paz, más allá de los discursos”.

El Presidente del Senado, Juan Fernando Cristo explicó, como vocero de la Mesa de Unidad Nacional, que la circunscripción especial para Cámara de Representantes “no son curules que se asignarán a las FARC”, sino que se entregarán en “una competencia abierta” en las zonas de mayor intensidad del conflicto.

Para el ex-Presidente Ernesto Samper, el Acuerdo sobre el Punto de la Participación Política:

Reconoce el hecho latinoamericano de que los movimientos sociales son los nuevos protagonistas de la política y no los viejos partidos”.

También se dieron posturas como la del ex-Presidente Alvaro Uribe, quien cuestionó que:

Se negocie la institucionalidad democrática con las FARC, el cartel de drogas, secuestro y asesinato más grande del mundo”. Consideró “inaceptable” que se negocien con la guerrilla las normas que garantizarán el ejercicio de la oposición en el país. Queda claro que el pulso por el poder será desde lo local y lo regional, y que las elecciones futuras a Alcaldías, Concejos, Gobernaciones y Asambleas, serán el punto de partida para la consolidación de la Paz, si es que finalmente se firma un Acuerdo en La Habana.

Esa consolidación depende no sólo de reformas constitucionales, sino también del rediseño de políticas públicas, de nuevos desarrollos legales, de asignación de recursos, entre otros aspectos. Cambios institucionales que de una u otra manera implican el tránsito hacia un nuevo modelo de Estado, más federal y menos centralizado 1406.

La Perspectiva de la Representación Gubernamental

El Jefe de la Delegación del Gobierno, Humberto De La Calle, presentó precisiones sobre lo pactado con las FARC en el Segundo Punto de la Agenda: Participación Política:

Busca poner en marcha una nueva apertura democrática para la Paz. Un diseño estratégico de gran alcance: generar un proceso de profundización de la democracia ampliando sus linderos. Ya en la Constituyente de 1991 se avanzó notablemente. Ahora el Acuerdo es un nuevo impulso dirigido a recuperar el espíritu reformista. Silenciar los fusiles es un paso necesario, pero no suficiente. Para lograr una Paz sólida es preciso ampliar, modernizar y robustecer nuestra democracia para hacerla más fuerte, participativa, pluralista y transparente. La nueva apertura democrática abre el camino para arraigar definitivamente la Paz en la terminación del conflicto.

En las veinte páginas que contiene el Acuerdo se trataron, al menos, veintidós temas relevantes. Habrá un informe conjunto para comunicar con más detalles a la ciudadanía. En un ejercicio pedagógico se podrían agrupar esos temas en tres capítulos:

1) Se ocupa de garantías: Se establece un mecanismo para que los partidos políticos, luego de la firma del Acuerdo Final, convengan los lineamientos que permitan al Gobierno presentar el proyecto de Estatuto de la Oposición para su aprobación y se logre, por fin, convertir en realidad un viejo anhelo nacional. Se reconoce la irrupción de los movimientos sociales. Es un fenómeno mundial inédito hasta hace poco 1407. En esto Colombia sería innovadora sobre la manera de reconocer y regular el papel de estos movimientos, su interlocución con los gobernantes y la instauración de mecanismos que atiendan en forma oportuna las manifestaciones del derecho a la protesta pacífica. A los movimientos que logren una determinada envergadura y que deseen ingresar a la política, se les tendería un puente para facilitar ese tránsito. De igual modo, se establecen mecanismos para la discusión democrática con esos movimientos una vez firmado el Acuerdo Final.

La dignificación de la política y la seguridad de sus practicantes es algo esencial para una Colombia en Paz. Mediante la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, iríamos más allá de las esenciales labores de protección y vigilancia. No es sólo una herramienta administrativa. Es, sobre todo, un conjunto de nuevos valores en materia de seguridad cuyo eje es el respeto al opositor. La dignidad de la persona, la tolerancia y la visión pluralista serían la fibra de este sistema, el que debe prevenir, desarticular y neutralizar todas las fuentes de violencia contra quienes ejercen la política. Se generaría todo un proceso de reconciliación y se crearían los medios para ejecutarla.

2) Es el de la participación: Se revisaría todo el sistema, buscando que no se limite a un ejercicio retórico, sino que adquiera un mayor nivel de incidencia en la formulación de políticas públicas, al lado de la vigorización de la planeación participativa y el robustecimiento de las veedurías ciudadanas.

3) Contiene los cambios en el sistema político: Desligar el reconocimiento y la vigencia de la personería de los partidos, de la noción del umbral es un paso significativo. El umbral se deja intacto, pero su aplicación se limita al método de asignación de escaños. Se abriría un espacio enorme para partidos que, sin lograr esa representación, poseen una expresión política válida. Se crearía un esquema de reconocimiento escalonado de diversos derechos que incluirían financiación y acceso a medios de comunicación. La organización y el sistema electoral padecen fallas innegables. Se convocaría una comisión de expertos de alto nivel para que aconsejen sobre las líneas de revisión, que luego deben ser discutidas por todas las fuerzas políticas para impulsar una reforma tendiente a robustecer la autonomía y apertura de los organismos de dirección de la organización electoral, la claridad en la financiación de la política y la transparencia del voto. Adicionalmente, se buscaría que exista mayor equidad en el régimen de partidos. Por fin, se crearían las circunscripciones territoriales de Paz. Es una idea inédita, bien distinta a iniciativas anteriores. En efecto, no se trata de mecanismos para fomentar la representación del movimiento que surja de las FARC, sino de aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de Representantes de aquellos territorios que por razón del conflicto se han visto marginados del sistema representativo. Serán a la manera de círculos electorales dentro de los Departamentos para que se elijan representantes adicionales. Algunos dijeron que son circunscripciones para las FARC. Falso. Todos los habitantes pueden aspirar a ejercer esa representación en nombre de movimientos u organizaciones tales como víctimas, campesinos, mujeres y sectores sociales, eso sí, diferentes a los partidos ordinarios. Esta es una idea estratégica cuyo objetivo es la integración de territorios marginados y la reparación de ciudadanos excluidos por la fuerza del conflicto.

Todo lo acordado acoge integralmente las líneas esenciales del Estado democrático de derecho. Pero, como se ha señalado antes, nada estará acordado si no está acordado todo. Una condición esencial para la puesta en marcha de estas iniciativas, es la desmovilización de la guerrilla.

En este punto hablamos de democracia, de participación, de equidad, de seguridad y de transparencia del sistema político. Es una apertura democrática conveniente para el país. ¿Que se ha discutido con la guerrilla? Sí. Porque el propósito es terminar el conflicto. Porque, como señalé, el fin del conflicto debe desembocar en transformaciones que permitan arraigar firmemente una Paz duradera.

Cuando se conoció el Acuerdo sobre Participación Política al que llegaron el Gobierno y las FARC, el Presidente Juan Manuel Santos dio una alocución para explicar en sus palabras qué significa este paso que calificó de histórico para el país. Recalcó que “sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de Paz que ha tenido el país por cálculos políticos o cuestiones de tiempo, así como lo sería romper o hacer una pausa cuando se ven avances”. Reconoció, lo que las encuestas de opinión siguen mostrando, que aún el proceso de Paz con las FARC no cuenta con un respaldo mayoritario de los colombianos. “Ha sido un camino difícil y lo será aún más. Por eso necesito su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos en este esfuerzo. No tengamos más miedo, el miedo nos encadena al pasado. Esta debe ser la generación nacida en la Paz” 1408.

Perspectiva del ELN

El Acuerdo sobre Participación Política, logrado entre el Gobierno de Santos y las FARC-EP, anticipa el regalo navideño, que tradicionalmente los colombianos le pedimos al Niño Dios. La lluvia de regalos anunciados para que exista democracia, dice que de acuerdo al comportamiento, por fin va a haber un Estatuto para la Oposición, participación ciudadana democrática, garantías para la protesta y la movilización, medios de comunicación comunitarios, Consejos para la reconciliación y la convivencia, veeduría ciudadana y observatorios de transparencia, participación ciudadana en los planes de desarrollo, facilidades para la constitución de nuevos partidos, revisión de la organización y el régimen electoral, circunscripciones de Paz, protección para los líderes políticos y participación de las mujeres.

El único problema que tienen estos regalos, es que es una canasta navideña virtual, que requiere del toque de una varita mágica, para convertirla en algo real. Hasta ahora las clases dominantes no han tenido voluntad política para construir democracia en Colombia. Han tenido el poder y todo el tiempo del mundo para desarrollarla y no lo han hecho. El Gobierno de Santos ahora dice que quiere construir democracia en este país, y decía un líder conservador: “a la gente hay que creerle”. Nos quedan, sin embargo, dos preguntas:

¿El siguiente Gobierno, cualquiera que sea, cumpliría este Acuerdo, como una política de Estado?

El mismo Santos, ¿concretaría estas promesas de democracia, así no se firme un Acuerdo de Paz con la guerrilla? 1409.

Diversos sectores están en desacuerdo con la posible participación en política de las FARC o el ELN, como es el caso del partido conservador, el “uribismo” entre otros. No obstante, algunos sectores de la izquierda progresista, que no se consideran representados por las FARC o el ELN, consideran que no es significativa la incidencia de estos grupos en la política. El Senador electo por la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf mencionó que no representarían más del dos porciento del electorado 1410.

Alternativas Políticas según el ELN

Desde la perspectiva del ELN, Colombia vive una oportunidad histórica de avanzar en la construcción de un nuevo país, digno, soberano, justo y orientado a satisfacer las necesidades de su población. El ELN, comprometido históricamente con los cambios y transformaciones para avanzar en esa dirección, ha venido luchando para alcanzar esa oportunidad.

Parece resquebrajarse el proyecto oligárquico-imperialista neoliberal, que acribilló a centenares de miles de luchadores populares.

Desde el 2008 los movimientos sociales y populares, han comenzado a reagruparse y a fortalecerse, dando lugar a importantes jornadas de movilización, conocidas ampliamente en todo el territorio nacional.

Como insurgencia, hemos aprendido de nuestros errores y renovado las tácticas, que nos permiten continuar con vitalidad y tesón en la lucha, demostrando la impotencia del modelo contrainsurgente.

La disputa entre distintas facciones del régimen, encabezadas por Santos y Uribe, otrora aliados contra el pueblo, favorece el desencanto de la población colombiana respecto de la élite. Esta decepción abre el espacio para la aparición y el posicionamiento de actores políticos alternativos.

Nos encontramos ante un momento único, producto del empeño de un pueblo decidido. Nuestro llamado, unitario y amplio, es a que todos los sectores revolucionarios, demócratas, progresistas y, en general, a todas las personas que se guían por los valores de la decencia y la honestidad, que constituimos la inmensa mayoría del pueblo colombiano, nos encontremos alrededor de la defensa de la naturaleza, los derechos democráticos, los valores humanistas, y empujemos la creación de un gran movimiento por la Paz, la dignidad y la democracia.

Las grandes jornadas de movilización y lucha que desde el 2008 han ocurrido, muestran que ese movimiento ya ha venido tomando forma. Pero aun falta y son necesarios esfuerzos por parte de todos los que estamos comprometidos en ese camino.

La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, las movilizaciones estudiantiles impulsadas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), el surgimiento de actores como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos entre tantos otros, las movilizaciones en defensa del agua y el ambiente, las luchas por el respeto del voto popular han venido marcando el camino de la construcción de ese movimiento.

El año 2014, es de grandes retos y definiciones. La mejor forma para asumirlos, desde nuestra perspectiva, es bajo la consigna “Camilista” 1411 de la unidad, y el tratamiento creativo y constructivo de las diferencias.

Las jornadas de movilización agraria, urbana, étnica, indígena y popular, le darán continuidad al paro agrario y a la Minga desarrollada en el mes de octubre del 2013. Serán un salto de desarrollo las definiciones electorales de cara al Senado, Cámara de Representantes y Presidencia, y tal vez las de la Alcaldía de Bogotá; así como la continuación de las Mesas de Diálogo con la insurgencia y el respaldo que éstas han tenido por parte de la sociedad colombiana.

Los escenarios mencionados serán de lucha y de disputa contra el modelo impuesto por el régimen. No dudamos que, en caso de necesitarlo, las facciones en pugna, que Uribe y Santos encabezan, podrían deponer sus diferencias, si ven afectados sus intereses, porque comparten los objetivos de robar el trabajo y la riqueza de la inmensa mayoría del pueblo colombiano.

Es necesario lograr una confluencia social y política, que sobre la base de acuerdos generales y novedosos, se convierta en una opción para nuestro pueblo 1412.

El camino eficaz para los cambios está en “empoderar” al pueblo, para que lidere la democratización de Colombia. La lucha social, la construcción del movimiento por la Paz, los debates en el Parlamento y el proceso de solución política del conflicto son partes integrantes de este mismo camino 1413.

El Presidente Santos Define su Idea sobre Participación Política de las Guerrillas

A partir de declaraciones hechas por el Presidente Santos, puso en evidencia cuál era su idea, no sólo respecto del verdadero objeto de la negociación sino, y fundamentalmente, sobre los reclamos de las guerrillas respecto del tipo de sociedad y economía y sus proclamas políticas.

En política, lo que diferencia a los actores es la serie de objetivos que se proponen y las estrategias para alcanzarlos. En muchos casos, los discursos muestran objetivos similares pero las estrategias son diversas. Para el caso de la mayoría de los Gobiernos en Colombia, la estrategia ha pasado por dejar en manos de las fuerzas del mercado más que poner en manos del Estado, la resolución de problemáticas que tienen que ver con lo social, siguiendo criterios que no han nacido de un análisis profundo ni de la búsqueda de respuesta al interior de países como los latinoamericanos, que se asemejan más a naves que derivan a merced de políticas y modelos económicos establecidos en el sistema global por otros actores -Estados o corporaciones-, más que a partir de la búsqueda de las propias ventajas comparativas y competitivas que les permita insertarse de mejor manera en un contexto mundial global y lograr objetivos de desarrollo interno. Esto es histórico en América Latina y viene desde la época de su independencia.

Las guerrillas, para el caso colombiano, pero también muchos gobiernos autodenominados “progresistas” en América Latina, muestran que sus objetivos orientados a lo que consideran “justicia social” se enmarcan en estrategias que distan mucho de ser realistas y de conocimiento de cómo funciona el sistema interno e internacional -que desde hace bastante tiempo excede lo meramente interestatal-, manejando discursos que se parecen más a una reyerta entre “los buenos contra los malos”, que al establecimiento de planes de desarrollo y de inserción mundial de mediano-largo plazo, que permitan solucionar los verdaderos problemas estructurales que sufren las sociedades de la región.

El Presidente Santos, que está sumamente interesado en pasar a la historia como el “hacedor de la Paz” y, en lo más inmediato, que las guerrillas dejen las armas se inserten en la sociedad y que esto sea visto mundialmente como garantía de que se pueden hacer negocios en Colombia, se pueden llevar inversiones y obtener rentabilidad, ha dejado transparentar su pensamiento más íntimo, que “no sólo califica a las guerrillas”, sino que deja en claro que su política, en todas las áreas, es la adecuada y, salvo que se termine cuanto antes este proceso de “pacificación” que, para su criterio lleva demasiado tiempo, nada debe modificarse, al menos en lo substantivo en lo que respecta al modelo político y económico.

Los calificativos de Santos surgieron como resultante de un intento que hicieron las FARC de entrar en contacto directo con los colombianos, bajo la idea de realizar “pedagogía para la Paz”, lo que generó una inmediata reacción por parte del Gobierno, considerando al hecho como peligroso y calificándolo de pretender hacer “política armada”, atentando contra el Derecho Internacional Humanitario ya que miembros de la Mesa de Negociaciones en La Habana de las FARC ingresaron a pueblos a distribuir propaganda política, acompañados de guerrilleros armados 1414. La dirigencia de las FARC pidió al Gobierno que se buscaran mecanismos para que ellos pudieran hacer “pedagogía para la Paz” al pueblo colombiano, recibiendo como respuesta que se crearía una Comisión compuesta por el Jefe Negociador del Ejecutivo, Humberto De La Calle y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, para establecer un Protocolo para que las FARC puedan realizar labores de pedagogía 1415.

Santos comentó que uno de los costos del proceso de Paz, era permitir a la guerrilla que hiciera política. Señaló que aunque existiera descontento ante la posibilidad de que las FARC se consoliden en un partido político, “no les será fácil llegar al poder porque sus ideas son mamertas y obsoletas.

En una charla sobre los Diálogos de Paz hecha en la Universidad de los Andes, comentó que las FARC:

Tienen que modernizarse, mantienen aún un esquema muy atrasado, perdónenme la palabra muy 'mamerto' de la política y por eso no creo que vayan a tener una gran acogida. Les va a quedar muy difícil llegar al poder, por lo que les decía. Sus ideas no son modernas y son obsoletas (…) darles beneficios jurídico a unas personas que han cometido semejantes atrocidades no nos gusta, incluso permitirles llegar al Congreso tampoco nos gusta”, pero es un sacrificio por la Paz. “Ustedes son profesores de los Andes, eso no es cualquier profesión, eso es algo que da una gran credibilidad y legitimidad. Yo por eso me colé a esta reunión porque no hay una audiencia más legitimadora que ustedes. Ojalá ustedes, si están convencidos por supuesto, pueden no estarlo, pero si están convencidos de que este es el camino correcto, ayuden con sus alumnos y con todas las personas con las cuales ustedes tienen contacto, a hacer un poco de pedagogía sobre el beneficio para el país. Lo importante que es tener Paz aquí. Si algo necesitamos en el posconflicto, es tener buen material y buenas ideas, y unas ideas prácticas que realmente nos permitan implementar de la mejor forma posible esos Acuerdos” 1416.

En los comentarios de Santos hay dos elementos diferenciados:

i) hace referencia a la falta de ideas modernas que tiene la guerrilla, que han quedado obsoletas;

ii) juzga el proceder histórico de la guerrilla desde el punto de vista jurídico, diciendo que han cometido “atrocidades” y que esto genera temor para permitirles que formen parte de la vida política, incluso que lleguen al Congreso, aunque es un “sacrificio que hay que hacer por la Paz”.

Es Santos y no una Comisión de la Verdad quien emite este tipo de juicios que, además, la Comisión de la Verdad no está para emitir juicios sino para averiguar la Verdad histórica.

Desde el punto de vista político, Santos puede expedirse respecto de las ideas políticas de cualquier opositor, pero en un proceso de negociación por la Paz, lo que está haciendo indirectamente es desconsiderar al pueblo colombiano, que no ha podido ser partícipe directo en el proceso de negociación, y que debe ajustarse a los lineamientos que él ha establecido aún siendo “mandatario” electo. Sus comentarios muestran los excesos -típicos en América Latina- de “presidencialismo” en países en los que lo formal supera a lo real en lo que hace a la existencia de República.

Vía Libre para Pedagogía para la Paz por las FARC

La aparición en una zona rural de La Guajira del Jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, junto a guerrilleros armados en un mitin popular, provocó una crisis con el Gobierno de Santos.

La presencia de los Jefes de las FARC en el Corregimiento Conejo, perteneciente al Municipio de Fonseca, Departamento caribeño de La Guajira acompañados de guerrilleros armados en medio de la población civil, más allá de generar una tormenta política en el país, implicó un tropezón en la recta final de las negociaciones.

El Gobierno le advirtió a las FARC que no se permitirán eventos con la población civil ni presencia de medios de comunicación; estableció un nuevo protocolo, que firmaron las partes, en el que sólo permite pedagogía para la Paz en los campamentos guerrilleros. Además, por razones de seguridad no podrán ser revelados los sitios ni fechas en las que se realizará la jornada de pedagogía para la Paz 1417.

No se Permitirá “Mala Fe” en la Pedagogía para la Paz por parte de las FARC

El Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, dijo que la visita de los Jefes de las FARC a campamentos en el suroeste del país como parte de la pedagogía para la Paz ha transcurrido según las reglas acordadas, pero advirtió que la fuerza pública está lista y no aceptará “un abuso de mala fe. Se han cumplido hasta el momento las instrucciones dadas por el Gobierno Nacional”.

El Gobierno autorizó las visitas de carácter informativo a sus campamentos para explicarle a los guerrilleros los avances del proceso de Paz. El traslado de los guerrilleros a estas citas “tendrá acompañamiento” del Gobierno colombiano, de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de Paz, y del Comité Internacional de la Cruz Roja, “y durante la pedagogía habrá un sistema de comunicación permanente” con el Ejecutivo.

Villegas dijo que las tropas estarán dispuestas a brindar “toda la seguridad”, pero al mismo tiempo se exigirá el cumplimiento de los “procedimientos y Acuerdos para lograr que se entienda mejor el resultado del proceso de Paz. La Fuerza Pública está lista para actuar en caso de que se rompan las reglas. No vamos a aceptar nuevamente un abuso de mala fe o violación de esas reglas por parte de las FARC. La cúpula militar en el suroeste del país estará revisando “diariamente” las acciones en esa zona 1418.

Postconflicto: Movilización Política de las FARC

Entre los Puntos correspondientes al “Fin del Conflicto”, está el de la movilización política de las FARC en el postconflicto:

2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo con sus intereses”.

Este es uno de los pasos más trascendentales y también sensibles, para la terminación de la guerra y la construcción de la Paz. Esto significa que las FARC harán política sin las armas, aunque este compromiso no implica su renuncia -en términos de sus dirigentes- al programa político de transformación estructural de la sociedad colombiana, para lograr la democracia ampliada y la justicia social, mediante el reconocimiento efectivo de los derechos de las mayorías populares, planteado por la guerrilla.

Más bien, se dará un tránsito desde la guerra de guerrillas a la “guerra de posiciones” 1419.

Esto depende, en gran medida, del tipo y las característica de la sociedad donde se opere:

i. Aquellas con escaso desarrollo de la sociedad civil, carentes de un debate político abierto, de opinión pública, de sindicatos -o con sindicatos débiles- u otras organizaciones de nivel económico corporativo, de partidos políticos de oposición;

ii. Las que tienen un amplio debate público, con una sociedad civil desarrollada y participativa.

En el primer caso, existe la mayor probabilidad de que se den choques o estallidos sociales, ya que la presión ejercida desde el control del Estado no deja muchas alternativas, a la vez que por “abajo” no hay gran madurez, cohesión y direccionalidad para construir alternativas.

En el segundo caso, los niveles de participación permiten una mayor interacción y control entre la sociedad civil en general y los que conducen al Estado.

Se podría decir que Colombia fue durante buena parte del siglo XX, una sociedad del tipo “i.”, de escasa complejidad, con poco desarrollo de la sociedad civil, escasa participación de la opinión pública y, en la actualidad se manifiesta de manera más abierta y clara, aunque eso no signifique que haya alcanzado un nivel de madurez lo suficientemente amplio como para operar de la manera en que lo harían las sociedades del tipo “ii.”; a la vez que los Gobiernos continúan teniendo las mismas características que históricamente. No son más abiertos ni permeables ni permiten una mayor participación.

Esto haría pensar que, si las guerrillas dejan de operar como tales y se insertan como operadores políticos en la lucha ideológica-electoral por direccionar al sistema político, pasarían a la “guerra de posiciones” -particularmente en lo ideológico- aunque, visto el historial social de América Latina, las probabilidades de que logren volcar a la sociedad en la dirección de sus propuestas -más alá de la coincidencia en cuanto a los objetivos-, son muy bajas, dada la concepción ideológica bajo la que buscarían alcanzarlas. Tal como lo he esbozado más arriba 1420 tratando de mostrar el grado de correlación y correspondencia entre las aspiraciones de los grupos insurgentes y las características del sistema mundial y su forma de condicionar al Estado y a las posibilidades de su transformación. Esto es algo característico de “las izquierdas” en América Latina, más allá de sus discursos llenos de una retórica pro-pueblo y anti-imperialista, dado la carencia de realismo suficiente como para hacerlo con instrumentos ideológico-metodológicos eficientes. Pareciera que es el “discurso” -retórica o relato- el instrumento de transformación, más allá del fervor que se genera en el pueblo -el líder les dará lo que buscan y necesitan-, independientemente de los instrumentos que permitan salvar los escollos y vallas para alcanzar el objetivo.

La participación -en términos de influencia e intervención de la ciudadanía en las cuestiones públicas y en el sistema político- requiere de ciertas capacidades de acción y posicionamiento. El estudio del poder al interior de la sociedad civil es un tema central, más aun considerando el contexto actual -mundial y regional- de movilización social y fenómenos que establecen una nueva relación entre la sociedad civil y el Estado. La organización y coordinación de la sociedad civil en agrupaciones -en algunos casos institucionalizadas en otros no-, provee mayores capacidades de acción y capacidad de poder de la comunidad (crecimiento de la participación); a la vez que corre el peligro de que se pueda generar la “elitización y concentración del poder en un grupo dirigencial” -ley de hierro de las oligarquías 1421- que no represente la totalidad de los intereses de la comunidad (disminución de la participación), por ejemplo, los casos de muchos dirigentes sindicales que se eternizan en el poder y, en nombre de la lucha por los intereses de los trabajadores, se enriquecen e, incluso, se transforman en empresarios; o el caso de algunas organizaciones de la sociedad civil que son cooptadas por los Gobiernos y terminan operando de manera disfuncional a los intereses de aquellos sectores que creen estar representados.

Las relaciones que construye el ser humano en su condición de ser social pueden ser vistas, analizadas y estudiadas en su totalidad, como relaciones de poder 1422. De esta forma, las relaciones en general, laborales, organizacionales y los vínculos interhumanos, se encuentran condicionados por una fuerte dinámica de poder que determina factores como lazo, liderazgo, relación y dominación, entre otros. Las dinámicas políticas -desde las relaciones sociales hasta la construcción del Estado- no son ajenas al análisis del poder.

Para Antonio Gramsci, el Estado somete no sólo por la fuerza, sino también a través del establecimiento del consenso, utilizado como una de sus más importantes herramientas de dominación. De esta manera, el grupo hegemónico o dominante de la sociedad, construye consensos socialmente aceptados o realidades “naturales” que facilitan su control 1423. Este análisis es profundizado por Michel Foucault, que sostiene que el ejercicio del poder tiene una parte fundamental que es la construcción de verdades a través de discursos -régimen de la verdad 1424-, señalando que “estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder y no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la verdad”. Por lo tanto, se da una relación directa entre poder hegemónico, verdad y derecho, y todo grupo dominante debe realizar producciones ideológicas como la educación, un ideal democrático y ciertas verdades -consensos para Gramsci-, que sean aceptados por toda la sociedad.

Política, Participación y Poder

El poder es un elemento central en el análisis político. El único modo que poseen los diversos actores del sistema político para conseguir una decisión pública, es a través del poder influyendo en el sistema político. Se entiende por actores del sistema, a los ciudadanos, élites, empresas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, etc.

La política está relacionada con los procesos de toma de decisiones y la dirección de los asuntos públicos, tanto en el escenario de las antiguas polis griegas como en las actuales y complejas sociedades modernas. En la búsqueda por influir en la toma de decisiones, los diversos actores llevan a cabo “disputas” o “contiendas”, que generalmente se efectúan en un marco de institucionalidad, en el que se desarrolla una competencia regulada constitucionalmente y enmarcada en un orden legitimante. Con ello el sistema político regula la discusión, estableciendo el campo de las “ideas válidas” -en un sentido “gramsciano” como consenso- con lo que facilita la resolución de conflictos al interior del sistema, reduciendo las posibilidades de crisis estructurales, como la planteada en Colombia desde hace más de cincuenta años, en que, evidentemente, el sistema político-institucional, no ha podido generar suficiente “consenso” como para evitar los extremos.

Dados estos parámetros, se entiende que las acciones políticas pueden adoptar dos mecanismos de intervención: una vía sistémica, caracterizada por el desarrollo de acciones consensuadas o luchas reguladas de actores legítimos que realizan una competencia política; o una vía extra sistémica, en la que no es posible solucionar, absorber o regular los conflictos, radicalizándose la lucha política hacia un campo de violencia expresada a través de acciones y mecanismos de presión -manifestaciones, paros, tomas y huelgas- o con crisis estructurales del sistema político -golpes militares y guerras civiles- 1425.

1) Acciones Sistémicas:

a) Acciones consensuadas: No existen posiciones antagónicas, por lo tanto las acciones se realizan a través del acuerdo de los diversos actores.

b) Lucha regulada: Existen posiciones divergentes y/o antagónicas, pero el conflicto se resuelve al interior del sistema a través de la posición de una mayoría (política representante) que decide y una minoría que acepta la decisión.

2) Acciones Extra-Sistémicas:

a) Violencia controlada: Los actores aun reconocen al sistema como un mecanismo resolutorio de conflictos, sin embargo ejercen acciones extra sistémicas para presionar.

b) Crisis del Sistema: Algunos actores no reconocen al sistema como el mecanismo de resolución de conflictos y quiebran la institucionalidad, buscando transformarla.

El desarrollo de una de estas vías depende de tres factores que conforman la acción política de los actores:

a) el ideario de los actores -por sobre todo, su teoría política, más que su doctrina-, que determinará cuan distintas y divergentes son las ideas al interior del sistema;

b) la capacidad de adaptación del sistema, lo que permitirá regular y resolver conflictos de mejor o peor manera; y

c) el poder que posee cada actor del sistema político -distribución estructural-.

La conjugación de los tres elementos, facilitará el desarrollo de acciones sistémicas o extra-sistémicas. La capacidad de acción se transforma en variable dependiente del poder.

El concepto de poder posee una importancia central a la hora de analizar la acción de los actores en el sistema. El poder y su uso dependen, en muchas ocasiones, de diversos factores asociados. Según Robert Dahl, el poder “es una propiedad potencial”. Es importante señalar que esta capacidad de poder depende tanto de factores sociales y contextuales -pertenencia a una élite, recursos, capital social-, como de factores individuales, psicológicos y motivacionales. El vínculo de estos factores, condicionará tanto las capacidades del poder como su ejercicio efectivo. Dahl señala que existen un homo civicus, caracterizado por ciudadanos inactivos y conformistas y un homo politicus, conformado por ciudadanos participativos y activos 1426. Similar concepto plantea Kenneth Galbraith con la “cultura de la satisfacción” 1427: están los que, debido al egoísmo miope de quienes viven satisfechos de su prosperidad y/o status económico-financiero, ignoran a quienes han quedado marginados y privados de ayuda para cambiar su suerte; y aquellos que son una gran mayoría de necesitados, que se acomodan de manera conformista, debajo del beneficio que reciben de los Gobiernos -de manera clientelar- que otorgan ayuda social, viviendas baratas, servicios médicos, paquetes alimentarios, etc.

Siguiendo los criterios de Gramsci, la “guerra de posiciones”, requiere una concentración excepcional de hegemonía, necesita de la participación de las más amplias masas; no puede ser resuelta por el azar o el imperio de la voluntad, requiere un desarrollo largo, difícil, lleno de avances y retrocesos. Gramsci piensa en la transformación social, como algo que ya no está centrado en un determinado acontecimiento sino que es un proceso complejo y contradictorio, y que además requiere disputar el consenso, las voluntades, el sentido común, el modo de pensar, del conjunto de la población, de las más amplias masas.

¿Cómo construir una hegemonía popular a nivel nacional, una vez que se termine la guerra de guerrillas en Colombia? ¿Cómo lograr que quienes tienen el consenso de la población para desarrollar, reproducir y defender su poder lo pierdan, y lo hagan a favor de otra construcción social, de otro bloque o polo de poder? ¿Que grupos con nuevos esquemas de pensamiento, -en términos de Gramsci-, pueden reemplazar a los grupos con viejos o tradicionales esquemas de pensamiento? ¿Que las clases sociales que, hasta el momento, condujeron y organizaron la sociedad sean desplazadas por otras clases que puedan asumir la responsabilidad de reorganizar la sociedad?

Para alcanzar el objetivo de liderar a una sociedad por sobre otros grupos, la acción política de las FARC debería orientarse a la “construcción” más que a la “conquista”, de ideasfuerza y sentido común que defiendan y sostengan un proyecto de sociedad en el que se incluya la justicia social y el desarrollo equitativo y, por sobre todo, no deje excluidos de ningún tipo ni sector.

La movilización puede ser demostrativa, social o electoral, sin que ninguna de esas vías se excluya mutuamente. La hegemonía está dada, en esta “guerra de posiciones”, por la generación de sentidos compartidos, la capacidad de un actor político particular para encarnar el “universal” de una sociedad. Se puede decir que un actor es hegemónico cuando ha construido una “voluntad colectiva”, o un interés general que le permite presentar sus propuestas y proyecto político, como en beneficio de toda la comunidad política o de su inmensa mayoría. Acá debe estar presente el concepto de “integración”, en términos de que no haya exclusiones de ningún sector, sino se vuelve a caer el la conflictividad latente.

La posibilidad de pasar de la contra-hegemonía a la hegemonía, tiene que ver con la creación de una subjetividad propia, un “nosotros” enfrentado al statu quo, que pueda reclamar para sí la legitimidad de la representación de la sociedad, integrando a los grupos cuyas demandas han sido postergadas o frustradas, y a aquellos privados de horizonte de futuro, en una nueva coalición de poder que los recombine; que no los sume como partes a un todo en forma de alianza, sino que los cimente como un bloque social emergente con voluntad de poder.

Es el gran reto para los nuevos movimientos políticos que surjan en el postconflicto, sea el caso de las FARC, el ELN o cualquier otro sector de la izquierda 1428.

Reforma Política y Garantías de Participación

La Delegación de Paz de las FARC, presentó una ponencia a la Audiencia Pública: “Reforma Política y Garantías de Participación Política para la Construcción de la Paz en Colombia”, en la Cámara de Representantes, con la esperanza en la reconciliación.

Por el carácter restringido que durante décadas ha tenido la democracia en Colombia, cruzándose en su desenvolvimiento el horror de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, la Participación Política, es uno de los temas principales de la Agenda de La Habana. De su discusión surgió en noviembre del 2013 el Segundo Acuerdo que denominamos Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz.

Por la complejidad que reviste esta problemática que forma parte del conflicto armado de más de medio siglo, catorce asuntos fundamentales quedaron como salvedades, por lo cual el Acuerdo es parcial. El Acuerdo contempla medidas efectivas para la transformación del régimen político, como las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la participación social, las reformas para la promoción y protección al pluralismo político, la Misión Especial para la Reforma Electoral, o las Circunscripciones Territoriales de Paz.

Todas estas medidas democratizadoras, requieren de una pronta reglamentación e implementación, que solo puede hacerse con la más amplia participación de todos los sectores políticos, especialmente de aquellos que hemos estado sistemáticamente excluidos.

Los Acuerdos de La Habana no pueden correr la misma suerte de la Constitución de 1991, donde los ímpetus progresistas del constituyente primario y el principio universal del pacta sunt servanda fueron prontamente burlados por una legislación restrictiva elaborada a la medida de un Parlamento que mayoritariamente ha estado a espaldas a la apertura democrática.

Recordamos que en este mismo recinto, hace veintitrés años, el entonces Congresista, Manuel Cepeda Vargas, presentó un proyecto para hacer realidad el Estatuto de la Oposición ordenado por la Carta de 1991, pero su empeño fue rechazado por las mayorías parlamentarias. Poco después el Senador de la oposición fue vilmente asesinado por el régimen de la intolerancia que aún impera. Casi un cuarto de siglo después y tras once proyectos legislativos archivados, sigue sin cumplirse la disposición constitucional, cuya concreción, hoy más que nunca es un requisito urgente para la construcción de la verdadera democracia y la inclusión política. Por ello, el Acuerdo de Participación Política forjado en La Habana ha convocado a todos los Partidos y movimientos políticos a construir conjuntamente una propuesta de Estatuto reglamentario que otorgue plenas garantías para que las fuerzas políticas y sociales puedan oponerse democráticamente a los Gobiernos a nivel nacional y local, participen en equidad de condiciones en la justa política y les posibilite proyectarse como alternativa de poder.

Inevitablemente las diferentes propuestas que desde diversos espacios vienen construyéndose al respecto, están llamadas a integrarse prontamente en una nueva normatividad que acorde a esta etapa histórica de fin del conflicto de una vez por todas cumpla con el postergado compromiso de 1991.

Un Estatuto de Oposición para un país en Paz, no puede versar meramente sobre las reglas formales para procedimientos parlamentarios, debe reconocer al conjunto de expresiones sociales y políticas que desarrollen oposición, garantizar el acceso al espectro electromagnético propiedad de la nación, y ofrecer espacios reales de participación dentro del conjunto de los órganos del Estado. Todo ello partiendo, obviamente de asegurar el más elemental de los derechos para los opositores, la vida y la integridad personal, con un sólido y efectivo Sistema de Seguridad, ya que solo en el 2015 fueron seiscientos ochenta y dos los opositores agredidos. No se trata de dádivas misericordiosas, la oposición requiere de las simetrías de poder propias de una auténtico régimen democrático, donde los pesos y contrapesos no derivan solo de la estructura del Estado, sino del reconocimiento de las fuerzas que éste debe representar.

La esencia misma de una reglamentación de la oposición, no es eternizar a quienes la ejercen en este bando, sino brindar elementos de incidencia y de perfilamiento para un futuro ejercicio de Gobierno, abriendo las posibilidades de alternancia en el poder, como parte del juego democrático. Instancias como la Junta Directiva del Banco de la República, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el CONPES, el CONFIS y el CNE, deben contar con la participación de la oposición, si en verdad se aspira algún día a desarrollar políticas de Estado, y no instituciones de bolsillo de los Gobiernos de turno o inestables al vaivén de las coyunturas políticas. Nada fortalecería más a la democracia colombiana y a la transparencia, que consagrar en este mismo Estatuto, que el Contralor General de la Nación será elegido de terna presentada por los Partidos de oposición, y garantizar mecanismos efectivos de veeduría y control de ésta sobre el Ministerio Público, hoy deformado en poderes omnímodos.

Además del Estatuto, la posibilidad de dar un soporte político al esquema gobierno-oposición en Colombia que redunde en el afianzamiento de un régimen democrático, se basa en el fortalecimiento de un sistema de partidos de cara a la Paz. Ha llegado el momento de pasar la larga y vergonzosa página de la historia de cacicazgos bipartidistas, franquicias electorales, transfuguismos, parapolíticos, “lentejas” (forma de doblegar voluntades; dádiva interesada y amarrada) y “mermelada” (reparto de torta clientelista).

A las disposiciones ya definidas en el numeral 2.3.1 del Acuerdo parcial de Participación Política para promover el pluralismo, el acceso al sistema político y la igualdad de condiciones para la competencia electoral, que requieren una clara normatización e importantes cambios de la legislación vigente, es fundamental desarrollar una auténtica reforma política que democratice y cohesione a los mismos partidos, garantice la plena financiación estatal a éstos y elimine la política “prepago”, con la que mafias legales e ilegales han elegido gobernantes desde el fin del Frente Nacional. Disposiciones especiales deben contemplarse para la participación de las minorías políticas o expresiones políticas regionales, como parte del variado panorama de voces necesarias en un régimen democrático, así también como políticas para la participación protagónica de la mujer, la juventud, los pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente marginados dentro de la política tradicional.

Reformar la política, significa inevitablemente renovar a quienes hacen política. A este nuevo universo político propio de un país en Paz, es al que queremos entrar a aportar las FARC transformadas en un nuevo movimiento político y sumadas a la más amplia convergencia democrática que afiance el proceso de reconciliación nacional iniciado en los Acuerdos de La Habana.

Para realizar este tránsito de organización política en armas, a organización política legal, se requiere algo más que nuestra inquebrantable disposición de Paz. Además de las obvias garantías de seguridad para nuestro ejercicio político, si de lo que se trata es de cambiar nuestros instrumentos de lucha, de balas por votos, se requieren reformar las reglas de juego para hacer posible una equilibrada contienda electoral.

El vigente sistema electoral, gestado con la reforma del 2003, fue diseñado por un Parlamento del que el narco-paramilitar Salvatore Mancuso se vanagloriaba de controlar más de un tercio. El Congreso de los escándalos de la parapolítica fue el que determinó el voto preferente que favorece la corrupción, el excluyente umbral y otras normas hechas a la medida para que las mafias coparan el parlamento, mantengan ventajosos beneficios y se cercenen las alternativas políticas.

Para la Paz, y para la participación electoral, no solo de las FARC, sino de la inmensa mayoría de colombianos y colombianas que hoy no acude a las urnas, urgen pues medidas efectivas de inclusión, modernización y transparencia electoral. Señalemos lo mas simple e irrefutable. Todos sabemos que los principales escollos para la modernización de las técnicas electorales y la implementación del voto electrónico ya aprobado hace cinco años, son los emporios clientelares que han cabalgado históricamente sobre el fraude y los ingentes intereses económicos de los consorcios que se han lucrado con la contratación privada de los comicios y la adulteración de los resultados electorales.

Hemos propuesto al país una profunda reforma que incorpore la creación de un Poder Electoral como rama de poder público independiente, realice un proceso efectivo de identificación de la ciudadanía en medio de la veeduría de todos los sectores políticos nacionales y la verificación internacional, repiense el ordenamiento electoral, le abra camino a una Cámara Territorial otorgándole otro sentido a la representación de las comunidades de toda Colombia, al tiempo que se desarrollen todos los procedimientos propios del siglo XXI para otorgarle pulcritud y transparencia a los comicios.

Sabemos que quienes se han beneficiado del viciado sistema electoral que ha imperado durante el conflicto, difícilmente harán la reforma política que requiere la Paz. Pero con la misma esperanza con la que construimos acuerdos entre quienes hemos combatido en la guerra, estamos seguros que la firma del Acuerdo Final, activará una gran ola de transformaciones que con el concurso del poder constituyente del pueblo soberano, podrá contribuir a forjar un nuevo sistema político incluyente y democrático para la reconciliación nacional, que nos permita, por fin, llegar a dignificar el ejercicio de la política en Colombia 1429.

¿Continuar con el Mismo Estado o Cambiar Todo?

Sectores de la izquierda vinculada a las guerrillas, se preguntan se la transición post-conflicto, implicará cambios substantivos o sólo el tránsito del mismo sistema, de un estado de guerra civil a otro de desmovilización.

Los procesos de cambio social y político en el sur de Europa en los años ‘70, en América Latina con el fin de las dictaduras militares y en Europa del Este con la caída de la URSS, impulsaron el estudio de las transiciones políticas. Una “ola” inaugurada por la Revolución de los Claveles y la derrota del salazarismo en Portugal, el 25 de abril de 1974, conocida también como la “tercera ola” de la democratización.

Estos hechos fueron objeto de un proceso de sistematización teórica dando origen a los estudios sobre la democratización y contribuyendo a la consolidación de dos subdisciplinas: el estudio de la “transición” y el de la “consolidación”.

La transición es entendida desde un punto de vista estrictamente cronológico y secuencial, como “el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”. El pasado autoritario se erigió en una cuestión de orden ética y moral. Sin embargo, esta cuestión fue considerada secundaria por esta tradición teórica, más preocupada en entender cómo llevar a buen término el proceso de transición evitando así una regresión autoritaria.

De esta forma, primero en la ciencia política y luego en el derecho, surgió el concepto de justicia de transición o Justicia Transicional que puede ser definida como una concepción de justicia asociada a los períodos de cambio político. La segunda fase de la Justicia Transicional, se distinguió de la fase anterior, influenciada por el Tribunal de Núremberg, en que se priorizó el mecanismo de la Comisión de la Verdad frente a los tribunales internacionales y los juicios. Se buscó la justicia, pero también la Paz y, en general, se buscaron diferentes maneras de reconciliar una sociedad.

La nueva realidad internacional, sobre todo después del derrumbe del campo socialista, llevó a la generalización de la justicia de transición como paradigma. La “revolución democrática”, en el contexto de fin de la Guerra Fría y la consolidación de Estados Unidos como poder hegemónico, contribuyó a considerar las transiciones políticas como un todo homogéneo y a que éstas fueran leídas a partir de la Justicia Transicional.

¿Cómo ha venido abordando la discusión sobre la transición el Gobierno colombiano? Una aproximación preliminar puede ser encontrada en un texto del 2009 en el que participó, entre otros, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo 1430. Según los autores de este artículo, en Colombia no existiría actualmente una transición de un viejo régimen a uno nuevo, pues si concebimos las negociaciones de Paz de los años ‘80 como tentativas para superar los lastres del Frente Nacional, se podría decir que el proceso de transición política en Colombia culminó con la promulgación de la Constitución de 1991. Puesto que Colombia no es propiamente un caso de transición, lo que existiría sería la necesidad de fortalecer el actual orden constitucional o materializar la Constitución del 91; no se trata de crear un nuevo régimen o un nuevo orden político y sí de consolidar el orden constitucional ya existente.

En una conferencia de Sergio Jaramillo dictada en la Universidad Externado en mayo del 2013, el concepto de transición está mejor explicitado: es despojado de cualquier referencia al régimen político y usado para designar una fase en una secuencia cronológica, la Fase III del proceso de Paz con las FARC o Fase de construcción de Paz e implementación de los Acuerdos que comienza una vez firmado el Acuerdo Final.

En una conferencia, en el marco del XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, celebrado en la ciudad de Cartagena durante los días 13 y 14 de agosto del 2015, Jaramillo mencionó el tipo de transición aplicable al caso colombiano:

Las transiciones que ocurren del conflicto a Paz al interior o en democracias, categoría en la que están Colombia e Irlanda del Norte (…) la idea estratégica del Gobierno en este proceso ha sido terminar el conflicto y asegurar su no repetición sobre la base de un enfoque territorial”.

Otro ejemplo, más reciente, puede ser encontrado en la conferencia de Sergio Jaramillo en la Casa de América en Madrid, España, en abril del 2016. Habló de los conceptos rectores del proceso de Paz e hizo referencia a lo que significaría una verdadera y profunda transición en Colombia. Afirmó que la discusión conceptual en torno a la idea de transición era muy difícil por tratarse de un conflicto largo y porque en Colombia la democracia ya ha sido consolidada y tiene una Constitución moderna lo que dificultaría discutir la idea de transición, sin embargo, parece sugerir que se trata de un cambio de reglas: “no más armas en la política”.

Primero, las instituciones que se crearán en el post-Acuerdo sólo tendrán como objetivo fortalecer el actual orden político. No existe ninguna mirada crítica hacia esas instituciones.

Segundo, desconsidera el contexto histórico y político del actual proceso de Paz.

Tercero, al afirmar que el desenlace previsible de este proceso es el fortalecimiento de las instituciones, elimina el elemento que define los procesos de transición política: la incertidumbre.

Cuarto, usa una concepción minimalista y normativa de la democracia en la cual ésta es considerada como un conjunto de procedimientos a ser cumplidos.

Quinto, omite la relación entre la democratización político-institucional y la democratización social, así como la discusión sobre el tipo de régimen socio-político construido en Colombia en los últimos años, en particular después de la promulgación de la Constitución de 1991, y la discusión sobre la naturaleza del Estado.

El proceso de transición es en realidad, según el Gobierno, un proceso de consolidación democrática bastante avanzado. Unas preguntas que remiten a la historia contemporánea de Colombia: ¿Por qué el conflicto continuó después del proceso constituyente de 1991, qué factores permitieron un estado de excepción permanente en Colombia? ¿El régimen surgido después de la Constitución de 1991 se diferenció radicalmente del régimen del Frente Nacional?

La transición colombiana también estará caracterizada por la transformación de la insurgencia a movimiento político y por cómo éste logrará generar una amplia movilización social y popular, no sólo alrededor de la implementación de los Acuerdos, sino también alrededor de un nuevo proyecto político que finalmente transforme las viejas prácticas políticas autoritarias y antidemocráticas, en valores radicalmente diferentes.

¿Será esta movilización social la que caracterizará y definirá el alcance de la transición política en Colombia y permitirá, finalmente, el inicio de la consolidación democrática? 1431.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


1360 “Partimos de una reforma estructural que dé garantías”, en Diario El Espectador, Bogotá, 8-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-426693-partimos-de-una-reforma-estructural-de-garantias.

1361 Este tema lo trato en profundidad en la parte dedicada a la problemática de la justicia.

1362 Delegación de Paz de las FARC, FARC hacen públicas cuatro nuevas propuestas sobre la reforma del Estado y la institucionalidad democrática y participativa, en Kaosenlared.net, 24-4-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/54686-FARC-hacen-públicas-cuatro-nuevas-propuestas-sobre-la-reforma-del-estado-y-la-institucionalidad-democrática-y-participativa.html.

1363 “Estado debe consolidar estatuto de garantías y derecho a la oposición”, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-4-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-419028-estado-debe-consolidar-estatuto-de-garantias-y-derecho-oposicion.

1364 Ponencia avala participación en política a miembros de grupos armados ilegales, en Diario El Espectador, Bogotá, 8-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/ponencia-avala-participacion-politica-miembros-de-grupo-articulo-503043.

1365 Las FARC entregan nueva propuesta del Punto 7 de 10 propuestas mínimas de participación política, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 10-9-2013, https://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/comunicados-de-las-FARC/4176-sep-10-las-FARC-entregan-nueva-propuesta-del-punto-7-de-10-propuestas-minimas-de-participacion-politica.

1366 Presidente Santos le reiteró a las FARC que “no pidan cosas imposibles”, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-429526-presidente-santos-le-reitero-FARC-no-pidan-cosas-imposibles.

1367 Las FARC: “La Constituyente es más que un escenario de refrendación; es el espacio que define la Paz”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 18-6-2013, https://www.anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/comunicados-de-las-FARC/2993-junio-18-las-FARC-la-Constituyente-es-mas-que-un-escenario-de-refrendacion-es-el-espacio-que-define-la-Paz.

1368 FARC proponen crear un “cuarto poder”, el “poder popular”, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-7-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-431369-FARC-proponen-crear-un-cuarto-poder-el-poder-popular.

1369 FARC: “Es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente para consultar a todo el pueblo de Colombia”, en Kaosenlared.net, 13-6-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/60102-FARC-es-necesaria-una-Asamblea-nacional-Constituyente-para-consultar-a-todo-el-pueblo-de-colombia.html. También, http://PazFARC.blogspot.com/2013/06/comunicado-delegacion-de-Paz-FARC-le-tienen-miedo-al-debate-sobre-crisis-diplomatica.html.

1370 Delegación de Paz de las FARC, Colombia: FARC presentan sus 12 propuestas mínimas para constituyente, en Kaosenlared.net, 20-12-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/76593-colombia-FARC-presentan-sus-12-propuestas-m%C3%ADnimas-para-constituyente.html.

1371 “Las más perjudicadas con una Constituyente serían las FARC”: Samper, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-7-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-431957-mas-perjudicadas-una-Constituyente-serian-FARC-samper.

1372 Bolaños, Edinson Arley, Comisión indígena, a La Habana, en Diario El Espectador, Bogotá, 21-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-429415-comision-indigena-habana.

1373 Conceptos de Gloria Gaitán, hija del asesinado líder liberal, en 1948, Citado en Dorado, Fernando, Colombia: Proceso Constituyente por Democracia Directa, en Kaosenlared.net, 20-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83522-colombia-proceso-constituyente-por-democracia-directa.html.

1374 Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista “Reflexión Política”, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. 5, Nro 10, Dic. 2003, ISSN 0124-0781, págs. 15, 17, 19.

1375 Dorado, Fernando, Colombia: Proceso Constituyente por Democracia Directa, en Kaosenlared.net, 20-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83522-colombia-proceso-constituyente-por-democracia-directa.html.

1376 Dorado, Fernando, Se abrió Proceso Constituyente en Colombia, en Kaosenlared.net, 24-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83851-se-abrió-proceso-constituyente-en-colombia.html.

1377 Ver entre muchas otras noticias, El Estallido Social: Ruidosa Reacción Espontánea de la Clase Media, en Diario Clarín, Buenos Aires, 20-12-2001, http://www.clarin.com.ar/diario/img/comun/1x1.gif. También, Durán Barba, Jaime, El Problema es que la Gente ya no quiere ser Representada, en Diario Clarín, Buenos Aires, 7-7-2002, http://www.clarin.com/diario/2002/07/07/o-02615.htm. Igualmente, En la Meseta de la Impotencia, en Diario Clarín, Buenos Aires, 26-9-202, http://www.clarin.com/diario/2002/09/25/o-02301.htm.

1378 Ver en la parte relativa a métodos de negociación el significado y las características de la “diplomacia de vías múltiples”.

1379 Dorado, Fernando, Se abrió Proceso Constituyente en Colombia, en Kaosenlared.net, 24-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83851-se-abrió-proceso-constituyente-en-colombia.html.

1380 Este tema lo he analizado en profundidad en Dallanegra Pedraza, Luis, El Papel de la Universidad y los Científicos Latinoamericanos en Epocas de Crisis, Revista de Psicología Política, N° 22, Mayo del 2001, Valencia, España, págs. 34-58. También en Dallanegra Pedraza, Luis, La Investigación Científica en América Latina: El Caso de Argentina, en Revista “Signos Públicos”, Vol. 4, N° 8, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-4302, Escuela Superior de Administración Pública, Territorial Antioquia-Chocó, Universidad del Estado, Medellín, Colombia, págs. 25-46.

1381 El Gobierno colombiano suspende las negociaciones de Paz con las FARC por intentar imponer un referendo sin acuerdo mutuo, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 23-8-2013, http://anncol.eu/index.php/anncol/editorial-anncol/3802-ago-24-el-Gobierno-colombiano-suspende-las-negociaciones-de-Paz-con-las-FARC-por-intentar-imponer-un-referendo-sin-acuerdo-mutuo.

1382 “Si a los colombianos no les gusta el Acuerdo de Paz, pues dicen que No”, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-10-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/si-los-colombianos-no-les-gusta-el-acuerdo-de-Paz-pues-articulo-450368.

1383 Reflexiones elementales ante el proyecto de Santos, en FARC.co, 25-8-2013, http://FARC.co/?p=2538.

1384 En base al estudio hecho por el Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular (CILEP), Colombia: Pros y contras de una Asamblea Constituyente, en Kaosenlared.net, 21-3-2013, http://kaosenlared.net/america-latina/item/51044-colombia-pros-y-contras-de-una-Asamblea-Constituyente.html.

1385 Uribismo y liberalismo revivieron la discusión: Otra vez el debate de la constituyente, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-12-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/otra-vez-el-debate-de-constituyente-articulo-534980.

1386 Congresito contraviene la agenda de negociaciones: FARC, en Diario El Espectador, Bogotá 26-8-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/congresito-contraviene-agenda-de-negociaciones-FARC-articulo-581695. También, “La Paz no se puede improvisar”, dice el Secretariado de las FARC, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 26-8-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/1694-la-paz-no-se-puede-improvisar-dice-el-secretariado-de-las-FARC.

1387 En base a información del Artículo de Nieto, Jaime Rafael, Colombia. La Paz: ¿Plebiscito o Constituyente?, en Kaosenlared.net, 7-12-2015, http://kaosenlared.net/jaime-rafael-nieto/.

1388 Ver, más adelante, “Sin Plan ‘B’ para la Paz (‘Pacificación’)” y los demás Títulos abordados en ese Capítulo.

1389 Santos explica el alcance de la “reforma constitucional para la Paz”, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-9-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-explica-el-alcance-de-reforma-constitucional-paz-articulo-586554.

1390 Aprobado acto legislativo para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-11-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/aprobado-acto-legislativo-paz-articulo-604562.

1391 El Fiscal General se refiere a las guerrillas, pero también debería tenerse en consideración la situación de miembros de las fuerzas armadas y de los diferentes Gobiernos y las decisiones con consecuencias humanitarias respecto del conflicto. Esta es una temática aún reciente en América Latina y en el país que más se ha avanzado sobre Comisiones de la Verdad, Reparación y juicios por crímenes de lesa humanidad, es Argentina.

1392 Condenados por crímenes de lesa humanidad podrán participar en política: Fiscal, en Diario El Espectador, Bogotá, 27-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-crimenes-de-lesa-humanidad-podran-participar-articulo-494773.

1393 Fiscal reversó frente a llegada de Secretariado de las FARC al Congreso, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-7-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-432510-fiscal-reverso-frente-llegada-de-secretariado-de-FARC-al-congres.

1394 “Avalar participación en política de las FARC es enviar un mensaje de impunidad”: Procurador, en Diario El Espectador, Bogotá, 26-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/avalar-participacion-politica-de-FARC-enviar-un-mensaje-articulo-494761.

1395 Arrázola, María del Rosario, García Segura, Hugo, Constituyente, ¿un inamovible?, en Diario El Espectador, Bogotá, 8-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-426694-Constituyente-un-inamovible.

1396 Ecos de la polémica propuesta planteada por Humberto De La Calle: ¿Redefinir el delito político?, en Diario El Espectador, Bogotá, 15-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/redefinir-el-delito-politico-articulo-527824.

1397 Documento de FARC sobre Referendo: “Pensando en la Paz de Colombia”, en Kaosenlared.net, 30-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/84288-documento-de-FARC-sobre-referendo-”pensando-en-la-Paz-de-colombia”.html.

1398 Santos sanciona ley que permite a los colombianos refrendar Acuerdos de Paz en elecciones, en Diario El Espectador, Bogotá, 6-1-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-sanciona-ley-permite-los-colombianos-refrendar-a-articulo-536457.

1400 Para ver los Acuerdos de Paz en Guatemala: http://luisdallanegra.bravehost.com/apazguat.htm.

1401 Se consolida la Red de Gestores Populares por la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-12-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/se-consolida-red-de-gestores-populares-Paz-articulo-533955.

1402 Propuestas de la Marcha Patriótica para la participación política, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 29-4-2013, https://www.anncol.eu/index.php/colombia/movimientos-sociales-y-populares/marcha-patriotica-textos-aqui/234-marcha-patriotica-archivo/2554-abril-29-propuestas-de-la-marcha-patriotica-para-la-participacion-politica.

1403 Duque Giraldo, Horacio, Colombia: Paz, el Acuerdo político de La Habana, en Kaosenlared.net, 6-11-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/73091-colombia-Paz-el-acuerdo-pol%C3%ADtico-de-la-habana.html.

1404 Segundo Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, Sobre el Punto 2 de la Agenda del Acuerdo General de La Habana, “Participación Política”, en PazFARC-EP.org, 8-12-2013, http://pazFARC-ep.org/index.php/acuerdos/participacion-politica/1655-segundo-informe-conjunto.

1405 Comunicado Conjunto No. 80, en PazFARC-EP.org, 5-7-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosconjuntosfarcsantoscuba/item/3486-comunicado-conjunto-no-80.html. Para ver el Acuerdo Final sobre este Punto, ver Anexo V.

1406 El Gobierno cree que el proceso de Paz debe hacerse desde lo territorial para lograr el cierre del conflicto, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-11-2013, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/reconciliacion-regiones-articulo-457187.

1407 Si por “movimientos sociales” se está hablando de las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales se han institucionalizado en ONG’s, vinculadas a los derechos humanos, el medio ambiente, la mujer en su condición de género, etc., en realidad estamos hablando de un fenómenos no tan reciente, ya que comenzó a manifestarse hacia fines de la primera mitad del siglo XX y fue creciendo y consolidándose.

1408 El verdadero significado del Acuerdo, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-11-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-verdadero-significado-del-acuerdo-articulo-457463.

1409 Estamos de Acuerdo con la Participación Política, en ELN, Voces de Colombia, 11-11-2013, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comando-central/702-estamos-de-acuerdo-con-la-participacion-politica.

1410 Comentario hecho en el programa de NTN24, Zoom a la Noticia del 16 de junio del 2014.

1411 Por el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, uno de los líderes de la Teología de la Liberación y de orientación, en sus propios términos, “marxista-cristiana”.

1412 Ulises G., La Alternativa es de Centro Izquierda, en ELN, Voces de Colombia, 3-2-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/militancia/795-la-alternativa-es-de-centro-izquierda.

1413 Las Vías para ir más allá del Neoliberalismo, en ELN, Voces de Colombia, 28-7-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/militancia/968-las-vias-para-ir-mas-alla-del-neoliberalismo.

1414 Ocupación de las FARC en Colegio de La Guajira es una clara violación al DIH: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-2-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/ocupacion-de-FARC-colegio-de-guajira-una-clara-violacio-articulo-618824.

1415 Definirán nuevo Protocolo para que FARC hagan Pedagogía de la Paz sin armas, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-2-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/definiran-nuevo-protocolo-FARC-hagan-pedagogia-de-paz-s-articulo-618496.

1416 FARC no llegarán al poder por ideas 'mamertas' y obsoletas, dice Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-2-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/FARC-no-llegaran-al-poder-ideas-mamertas-y-obsoletas-di-articulo-618678.

1417 Vía libre a vista de Jefes de las FARC para hacer pedagogía para la Paz , en Diario El Espectador, Bogotá, 3-3-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/tribunal-de-Paz-no-estara-encima-de-altas-cortes-dice-s-articulo-619436.

1418 Gobierno no aceptará “abuso de mala fe” de FARC en pedagogía para la Paz , en Diario El Espectador, Bogotá, 5-3-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/gobierno-no-aceptara-abuso-de-mala-fe-de-FARC-pedagogia-articulo-620488.

1419 Siguiendo los criterios del Artículo de Duque, Horacio, Colombia: FARC: de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, en Kaosenlared.net, 24-5-2016, http://kaosenlared.net/colombia-farc-de-la-guerra-de-guerrillas-a-la-guerra-de-posiciones/.

1420 Capítulo II, Título: “Variaciones en las Características del Sistema Mundial Durante el Conflicto”.

1421 Ver el tratamiento de este tema, más arriba, bajo este título.

1422 Fundándose en una vasta bibliografía, opinan esto autores como Penaglia Vasquez, Francesco Emanuel, (Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP), Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile), La Paradoja del Poder: ¿Elitización o Empoderamiento Colectivo?, en “Polis”, Revista Latinoamericana, Nro. 32, 13-12-2012, http://polis.revues.org/6515.

1423 Penaglia Vasquez, Francesco Emanuel, La Paradoja del Poder… op. cit.

1424 Foucault, Michel, Un Diálogo Sobre el Poder, (Buenos Aires, Alianza, 1981), pág. 143.

1425 Penaglia Vasquez, Francesco Emanuel, La Paradoja del Poder… op. cit.

1426 Dahl, Robert, Poliarchy: Participation and Opposition, (New Haven, Yale U. Press, 1971).

1427 Galbraith, John Kenneth, La Cultura de la Satisfacción, (Bs. As., EMECE, 1992) ISBN: 950-04-1191-1. Ver más arriba en el Capítulo V, lo dicho sobre la temática.

1428 Con elementos del Artículo de Duque, Horacio, Colombia: FARC: de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, en Kaosenlared.net, 24-5-2016, http://kaosenlared.net/colombia-farc-de-la-guerra-de-guerrillas-a-la-guerra-de-posiciones/.

1429 Delegación de Paz de las FARC-EP, Reforma Política y Garantías de Participación Política para la Construcción de la Paz en Colombia, en PazFARC-EP.org, 26-5-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosfarccuba/item/3448-reforma-politica-y-garantias-de-participacion-politica-para-la-construccion-de-la-paz-en-colombia.html.

1430 Jaramillo, Sergio; Gina, Yaneth; Torres, Paula. Transitional Justice and DDR: The Case of Colombia. International Center for Transitional Justice, 2009. Disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Colombia-CaseStudy-2009-English.pdf.

1431 Morantes, Sofía, PCCC, Justicia en los Períodos de Transición, Pero ¿Cuál Transición?, en PazFARC-EP.org, 6-6-2016, http://pazfarc-ep.org/component/k2/item/3461-justicia-en-periodos-de-transicion-pero-cual-transicion.html.