Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XXXIII

Democracia y Estado-Nación

Para hablar de la problemática del Estado y la sociedad en América Latina y, particularmente, Colombia, es necesario analizar el rol del Estado y del sistema político, en lo que hace a evitar o favorecer la conflictividad.

El Estado comprende a todos los sectores y los Gobiernos deben cumplir con el rol de “árbitros”, de que el equilibrio entre los diferentes sectores, se mantenga y que ninguno saque ventajas sobre el resto, en términos de justicia equitativa 1118.

Conceptualización de la Idea de Democracia

Existe una conceptualización superficial y deformada de lo que es democracia, ya que se la vincula, casi exclusivamente, con la idea de elecciones y, en algunos casos, bajo la concepción difundida por Gobiernos de Estados Unidos, de multipartidismo o pluralismo partidista. Más allá de estos dos requisitos establecidos, casi como garantía de democracia, no se podría decir que los Gobiernos resultantes, generan total satisfacción en los pueblos, ya que resultan requisitos más formales que reales. Multipartidismo -o pluripartidismo-, no necesariamente es símbolo de alternativas en cuanto a proyectos de país; de la misma manera, que mayoría electoral, no necesariamente es garantía de conformidad con las actuaciones de los gobernantes que, en general, hacen campañas basándose en promesas que luego no cumplen -la “retórica” es uno de los instrumentos más utilizados en la política, para establecer el “régimen de la verdad” y desestimar o desautorizar cualquier posición en contrario- 1119 o, en muchos casos -más de los que se desearía-, hacen exactamente lo opuesto, sin que existan formas reales y eficientes de seguimiento y control del cumplimiento de promesas electorales; particularmente no existe un control por parte de los ciudadanos, cuya participación es sólo a través del voto y luego mediante comentarios, manifiestan apoyo u oposición, pero no existe un espíritu participativo además de carecer de mecanismos que permitan o alienten la participación. Sólo en los casos de la Constitución de Venezuela, la de Bolivia y en la del Municipio de Lima, Perú, existe la fórmula de la “revocatoria”, más allá de que ésta pueda efectivamente ponerse en ejercicio 1120.

Hay casos, como Argentina, en que el voto es obligatorio, de manera tal que, prácticamente todo el pueblo en edad de votar 1121 lo hace; mientras que en otros, como Estados Unidos, Chile o Colombia, donde el voto no es obligatorio, en muchos casos no llega al cincuenta porciento la cantidad de votantes en edad electoral que participan, a lo que habría que agregar que, en Estados Unidos, el voto es indirecto, ya que no se elige al Presidente, sino a los electores que lo designarán.

El concepto de democracia para Aristóteles se vincula a la “politeia” 1122, un régimen político en el que el pueblo es quien tiene el poder sobre todos los poderes públicos y en el que la discusión y la votación popular son los fundamentos de ésta, ya que de ahí se toman las decisiones que regirán el sistema. De esta forma el pueblo se convierte en el administrador de los asuntos públicos.

Para Platón, la democracia es el Gobierno de las “multitudes”. Desarrolla una gran crítica a la democracia, fundándose, en lo esencial, en los siguientes argumentos:

1) La multitud es asimilable por naturaleza a un animal, esclavo de sus pasiones y sus intereses pasajeros, sensible a la adulación, sin constancia en sus amores y odios; confiarle el poder es aceptar la tiranía de un ser incapaz de la menor reflexión y rigor.

2) Cuando la multitud designa sus magistrados, lo hace en función de unas competencias que cree haber observado, en particular, cualidades oratorias e infiere de ello la capacidad política.

3) En cuanto a las pretendidas discusiones en la Asamblea, no son más que disputas que oponen opiniones subjetivas inconsistentes, cuyas contradicciones y lagunas traducen su insuficiencia.

Por ello, la democracia resulta ingobernable. Su desorden conduce a la tiranía y fomenta la inmoralidad de cada uno 1123.

La democracia directa, que es cuando la decisión es adoptada directamente por el pueblo, no se ha dado en ninguna circunstancia. La democracia indirecta o representativa, que es cuando la decisión es adoptada por personas elegidas por el pueblo como sus representantes -mandatarios-, es la que típicamente se da; aunque lo que está en tela de juicio desde hace mucho tiempo, es el nivel de legitimidad y representatividad de esos que son elegidos para una finalidad que generalmente no cumplen. Por último, la democracia participativa, que es cuando los ciudadanos ejercen su capacidad, asociándose y organizándose de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas 1124, o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios.

En general los plebiscitos se hacen lo suficientemente cerrados como para preestablecer las respuestas, quitando posibilidad de decisión y presión al participante y, si se trata de temas cruciales, se lo plantea de manera “no vinculante” o estos temas no se llevan a plebiscito directamente. Al menos en América Latina no existe verdadera democracia participativa. La participación en temas importantes, como Derechos Humanos, medio ambiente, la mujer, etc., ha sido resultado de largas y complejas luchas desde abajo obligando a reconocer a los Gobernantes y a institucionalizar los resultados; quienes, en muchos casos, se montan en esa institucionalización, para apuntalarse en el poder. Hay casos, como el de los derechos sociales y laborales, largamente peleados por los grupos sociales y sindicales que, como resultado de la globalización, se han ido “flexibilizando” y redefiniendo acorde con los intereses corporativos empresariales dejando al descubierto, incluso desde el lado de los “representantes”, al pueblo y trabajadores.

En la bibliografía, se define a la democracia:

a) En términos de régimen político.

b) Un tipo de régimen político, caracterizado por la presencia de reglas para la adopción de decisiones y sometido a la ley sin establecer qué se debe decidir.

c) Reglas de procedimiento para acceder, permanecer y dejar el Gobierno.

En la medida en que se ha vuelto más complejo el concepto, se ha alejado más de la posibilidad de participación directa; ha alimentado el proceso de “representación” -que, en general, es hacia los intereses de partido y corporativos y no del pueblo o el elector-, más que el de “participación”.

Aunque estrictamente el término “democracia” sólo se refiere a un sistema de Gobierno en que el pueblo -teóricamente- ostenta la soberanía, el concepto de “democracia liberal” supone un sistema con características procedimentales que permiten una mayor regulación de esa “soberanía popular”.

La “Constitución” es la norma madre que establece las reglas. De todas formas, esa Constitución, ha sido alcanzada, no como efecto del acuerdo reflexivo de grupos esclarecidos en representación del pueblo, sino como resultante del triunfo -en la gran mayoría de los casos, militar 1125- de una facción sobre otra. Esto hace que el sistema político, en lo substantivo y lo formal, siga determinados criterios, en los que el pueblo será más sujeto pasivo que participativo. Esta Constitución, limitará los poderes, controlando el funcionamiento formal del Gobierno, constituyendo de esta manera un Estado de Derecho. Claro está que, en América Latina, la división de poderes es formal ya que, en los hechos, el régimen es presidencialista -sin República real-, independientemente de la ideología dominante. En lo formal, la democracia liberal establece el “sufragio universal”, lo que no necesariamente garantiza la verdadera “representación” en la delegación; la protección del derecho de propiedad y existencia de importantes grupos de poder privados, en la actividad económica. Se agrega el multipartidismo, que no necesariamente resulta en diversidad en la representación y en el proyecto político; la libertad de expresión, en la medida en que esté dentro de los parámetros del sistema establecido en la Constitución 1126, ya que, en América Latina las posibilidades de libertad de expresión, se han ido, no sólo reprimiendo, sino “criminalizando”. La libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativa a las propias del Gobierno que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos; otra de las libertades formales, ya que se puede hablar más de “libertad de empresa informativa” que de “libertad de prensa”, a la vez que los Gobiernos tienden a establecer su propio sistema informativo que conjure toda crítica que los sistemas corporativos de prensa puedan hacerle. La prensa, en la actualidad, opera como mecanismo de información de los temas de interés de los grupos políticos en el poder en pugna o en coincidencia con los grupos corporativos dominantes, más allá de que gran parte de los grupos que manejan la prensa son corporaciones. El pueblo es sujeto pasivo más que participativo de la información. En general se utiliza más como mecanismo de “desinformación” y de “propaganda” 1127. La libertad de asociación; la vigencia de los Derechos Humanos, que incluya un marco institucional de protección a las minorías. Esto último ha sido más resultado de la lucha de los diferentes grupos interesados, que de garantías del régimen democrático que, en última instancia y no como iniciativa propia, ha terminado institucionalizando los resultados de la lucha 1128.

La Democracia sostiene principios, pero estos principios necesitan “vectores” que los impulsen y los sostengan. ¿Qué vectores utilizar para lograr objetivos; qué organización establecer para administrarlos?

En el caso del Estado-Nación, es la Nación la que sostiene mediante el voto mayoritario al sistema, y su poder está dado por la mayoría porque le da representatividad; pero ante la decadencia, debilitamiento y desarticulación del Estado-Nación y su progresivo reemplazo por el “Estado-Corporación” 1129, el “vector” lo controlan las corporaciones en general, ya no la Nación, aunque tenga el voto mayoritario. Esta, sólo legitima las decisiones, pero no las genera.

Neo-Despotismo Ilustrado

Cuando la política se hace sin el pueblo, se hace contra el pueblo. La política, tal como se ve reflejada en la actualidad, muestra la forma en que los valores y las normas reflejan los intereses y la cultura del dominante.

En el despotismo ilustrado, el soberano anteponía su bien particular al de la sociedad que esclavizaba; en la actualidad, estamos transitando hacia un nuevo tipo de despotismo, el corporativo, ya que el Gobierno antepone la ideología de “los poderosos” o que “beneficia a los poderosos” por sobre el bien de la sociedad. No sólo se da en los sectores de derecha, ya que los “populistas” de la izquierda dogmática operan “como corporaciones” en sí mismas, al poner todo en términos de “estas conmigo o estás contra mi”. Se presume que en una democracia verdadera, el “soberano” es el pueblo, aunque en este caso, el soberano termina siendo la corporación que saca ventajas del sistema político al estilo de la “ameba”.

Se trata de democracias formales o falsas democracias, ya que hay un simulacro de respeto por lo social, cuando en realidad se avasallan los derechos elementales de las poblaciones, en beneficio de los grupos que buscan el enriquecimiento y la rentabilidad. Se habla de Derechos Humanos, juzgando a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, otorgándole al régimen un margen importante de confianza en su propósito, mientras se desdibuja o dejan de lado los Derechos Humanos de los trabajadores, los desempleados, los docentes, los jubilados, etc.

Participación más allá del “Electoralismo”

Las constantes movilizaciones sociales que se observan en diferentes países en los últimos años, muestran que la democracia está comenzando a “reconstruirse” desde abajo, tratando de cambiar el concepto de “democracia electorera” desde arriba.

Las democracias, en términos electorales, prevalecen, pero más volátiles que nunca 1130. Pese a las denominadas “democracias mayoritarias”, se están produciendo, crecientemente, revueltas populares callejeras en diferentes países 1131. Los Gobiernos contra los que se protesta fueron elegidos; ¿si las urnas están disponibles, por qué el pueblo recurre a la manifestación en las calles? El proceso de globalización y las transformaciones resultantes, han favorecido:

1) El ascenso de “democracias mayoritaristas intolerantes”. Se observa que, en muchos casos, Gobiernos que fueron elegidos democráticamente -por el hecho electoral-, pero que interpretaron su triunfo numérico, como un mandato para decidir libremente cuando asumen -un “cheque en blanco”-, incluyendo ignorar a la oposición, ahogar a los medios de prensa, actuar con soberbia y corromperse, como si la democracia fuese sólo sobre el derecho a votar y no sobre los derechos en general 1132. Los manifestantes, en su mayoría, expresan que se sienten “estafados”; que quienes fueron elegidos les están robando la voz y el derecho a participar del Gobierno.

Los Gobiernos están desconectados de los deseos, necesidades -salvo a través de subsidios, con fines más electorales que reales, y de construcción de poder por parte de, y para la élite de Gobierno-, problemas y voluntad popular.

2) Un “Estado benefactor” en retroceso con un mercado laboral -global- creciente en demanda y decreciente en oferta, sin que los Gobiernos ni las instituciones académicas -que se presume que son el “cerebro” de la sociedad- estén buscando soluciones y alternativas a este fenómeno estructural mundial. La gran revolución en la robótica, está generando mayor bienestar y comodidad, pero también mayor posibilidad de desempleo, toda vez que los trabajos tradicionales van siendo reemplazados y el crecimiento vegetativo supera en mucho la posibilidad de capacitación y especialización en nuevas áreas. En América Latina, se está muy por detrás, no sólo en avances tecnológicos que, en general se importan, sino también en formación y capacitación -independientemente de que este es un fenómeno que también afecta al mundo industrializado-, que derive en nuevos tipos de empleos. Por otra parte, el crecimiento de los llamados “ni-ni” (ni estudia ni trabaja), está generando estragos en generaciones que en pocos años estarán en edad de responsabilidad y también de toma de decisiones, lo que repercutirá en las posibilidades que tengan los países de la región de insertarse y operar en un mundo globalizado capitalista y crecientemente tecnologizado.

Los grandes triunfos laborales alcanzados durante gran parte del Siglo XX asentados en Resoluciones en la OIT y leyes nacionales, han quedado atrás, particularmente por los grandes cambios tecnológicos y también económico-políticos y geopolíticos que se han operado en el mundo. La mayoría de los partidos políticos son meros vehículos, para que diferentes coaliciones de intereses se defiendan contra el cambio, en vez de liderar a la sociedad en el proceso de adaptación. Además, los partidos de oposición, en vez de plantear alternativas, resultan inoperantes, ya que están esperando el turno para gobernar, no para llevar adelante políticas de Estado; lo que hace que la gente vaya a la calle a manifestar por sus propios derechos, creando su propia oposición.

Por otra parte, los sindicatos, siguen operando con sus posturas tradicionales históricas, en vez de hacer una lectura de las tendencias mundiales y observar que el “desempleo” es una variable creciente a considerar, debido al desarrollo acelerado de la tecnología y la robótica entre otras razones, y tratar de encontrar -dentro de su propio marco y en negociación con empresas y Gobiernos- mecanismos de capacitación para poder ir resolviendo estas situaciones, más allá de la demanda. No obstante, están más preocupados en la acumulación y mantenimiento de poder, incluso personal -ya que muchos dirigentes sindicales son tanto o más ricos que muchos gerentes corporativos-, que en el bienestar real de sus afiliados y los trabajadores en general.

3) El surgimiento y proliferación de las redes sociales, favorece, cada vez más, la comunicación transversal entre los ciudadanos, que se encuentran con que sus líderes usan esos canales como método de propaganda de su accionar y pensar, pero no para receptar las demandas del pueblo. Por ello, esta interconexión horizontal, no sólo favorece la organización de la protesta, sino también la “construcción de una democracia participativa desde abajo” frente al “electoralismo autocrático” -de derecha o de izquierda-. No obstante ello, los que protestan, tienen capacidad de organización para las demandas y las aspiraciones de cambio político, pero no para generar un plan alternativo; son incapaces de transformar esas aspiraciones en organizaciones sustentables. Comunican lo que piensan pero no encuentran la manera de organizarse dentro del propio proceso político, más allá de convocar a la protesta. La ausencia de un proyecto político bien articulado, implica que se desvanezca al igual que otras manifestaciones en diferentes países del mundo, porque tienen más en claro lo que no quieren que lo que quieren y cómo alcanzarlo. La intelectualidad, parece estar más conectada con la descripción de estos fenómenos, que con la generación creativa de alternativas para solucionar las problemáticas crecientemente acuciantes.

¿Contradicciones Constitucionales?

La mayoría de las Constituciones de la región, siguen alentando un poder concentrado que resta participación a las mayorías en la toma de decisiones.

En las últimas décadas, América Latina fue atravesada por una nueva oleada de reformas constitucionales de gran importancia para la región. Argentina modificó su Constitución en 1994 -pero sin tocar la parte esencial, que es el modelo liberal-, como lo había hecho Colombia en 1991 y como lo hicieron, poco después, Venezuela en 1999, Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2009.

A partir de estos cambios, muchos comenzaron a hablar, entusiastas, de la llegada de un “nuevo constitucionalismo latinoamericano”. Se sugería así el arribo de algo diferente, autóctono, interesante. Pese a las razones que existen para valorar el constitucionalismo regional, este “nuevo constitucionalismo” no cambia mucho lo que había, sino que, por el contrario, reproduce y/o expande algunas de las virtudes, pero, sobre todo, algunos de los vicios propios del “viejo constitucionalismo regional”. Se sigue teniendo constituciones que organizan un poder concentrado, que tiende a bloquear la realización de muchos derechos que las Constituciones se comprometen a asegurar.

Para comprender lo dicho, conviene comenzar por lo más básico. En América latina -como en todo el mundo-, la gran mayoría de las Constituciones se componen de dos partes: una organiza el poder -funcionamiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial-, teóricamente en un sistema Republicano, y la otra define los derechos que tenemos -libertades individuales, libertad de expresión, etc.-. Ambas partes deberían ser consistentes una con la otra, de manera tal que cada una trabaje en favor de la otra. Sin embargo, en América latina esas dos partes de la Constitución responden a momentos, impulsos y criterios -teóricos, ideológicos- diferentes, que han llevado a que esas dos partes terminen por obstruirse mutuamente, más que ayudarse.

La sección en que las Constituciones latinoamericanas organizan el poder, fue moldeada en el siglo XIX, al calor de un Pacto liberal-conservador temeroso todavía de la participación política de las mayorías, a la vez que tomada de modelos externos, tanto geográfica como culturalmente y ajenos a la identidad de la región, como son Europa y Estados Unidos. En cambio, la sección que organiza los derechos terminó de ser moldeada en el siglo XX, bajo ideas muy diferentes, animadas por el nacimiento del Estado de Bienestar y preocupadas por una “cuestión social” que había sido postergada en el siglo anterior y que fue moldeada por las improntas culturales y problemáticas sociales locales. Se podría decir que las constituciones latinoamericanas tienen “dos almas” opuestas: una liberal-conservadora, desconfiada frente a la democracia, y otra socialdemócrata, de avanzada, favorable a la participación popular.

La organización de poderes, en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, sigue repitiendo lo que proponía dos siglos atrás, en momentos de democracias limitadas y participación política restringida: un poder político concentrado en el Poder Ejecutivo y centralizado territorialmente 1133. Se sigue con un diseño del Poder Judicial elitista y sosteniendo una organización legislativa basada más en una visión “juridicista” que “realista” 1134, y de mayor conexión con los intereses del partido gobernante -o de oposición- que con la idea de “representación”, generando una gran distancia entre elegidos y electores y de sus intereses populares y sectoriales. Luego de más de doscientos años, el “híper-presidencialismo” latinoamericano se ha afirmado, consolidando algunos de los rasgos menos atractivos del “sistema de frenos y contrapesos” regional -falta de República-.

Hay un sistema de relaciones entre los poderes, que no asegura el equilibrio que proclamaba en sus inicios, sino que aparece desequilibrado hacia el Poder Ejecutivo, con consecuencias tanto previsibles como temibles: todo el sistema institucional ha quedado ladeado hacia el Ejecutivo. Resulta frecuente que los aparatos judiciales, sistemáticamente -al menos algunos sectores que eligen no mantenerse independientes- se inclinen a favorecer al poder presidencial de turno -que goza de una influencia especial en el nombramiento de los Jueces y que disfruta de poderes de presión particulares sobre éstos-, como resulta habitual que las legislaturas se conviertan en órganos opacos, dependientes de la iniciativa presidencial y sometidos a la autoridad del Ejecutivo. Se pasa entonces del sistema de equilibrios y balances deseado en una auténtica República, a uno diferente, caracterizado por el sometimiento o, eventualmente, la confrontación entre poderes.

Resultó diferente la suerte que corrió la otra parte de las constituciones, en lo que respecta a la sección relacionada con las declaraciones de derechos. Esta sección, fue substantivamente reformada en toda América latina en el siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana y la Constitución de México de 1917: desde aquellos años, todas las constituciones han adoptado declaraciones de derechos comprometidas con lo social, recuperando preocupaciones que los padres fundadores del constitucionalismo latinoamericano -incluyendo a figuras como Alberdi o Sarmiento de Argentina- habían dejado de lado. Las constituciones comenzaron a hacer referencia a los derechos de los trabajadores, de los sindicatos, de las familias, de los menores de edad; a hablar del salario mínimo, vital y móvil; del derecho a una vivienda digna; del derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Si las Constituciones de la primera mitad del siglo XX reflejaron, en su estructura de derechos, la llegada de la clase trabajadora a la Constitución -expresada en la adopción de amplios derechos sindicales y laborales-, las Constituciones escritas en la década de 1990-2000 expandieron esos compromisos y se mostraron más receptivas en relación, por ejemplo, con derechos indígenas y multiculturales que hasta entonces aparecían marginados 1135; pero también debe reconocerse que reflejaron, al menos en lo real, si bien no en lo formal, la influencia de la “globalización” en lo económico-financiero y laboral, dejando a la población en una condición de fragilidad.

Estas “Constituciones con dos almas” muestran declaraciones de derechos crecientemente amplias, generosas y comprometidas en materia social, particularmente en los temas étnicos -”estilo siglo XXI”-, aunque no en lo laboral merced a la “globalización”, a la vez que una organización del poder tan cerrada y verticalista como lo fue en sus comienzos -”estilo siglo XIX”-; sin contar con que el siglo XXI, con su globalización, ha generado reglas globales, que asfixian los “derechos y garantías” sociales que se encuentran formalmente en las constituciones, pero que no operan en la realidad 1136. Se podría decir, con relación a estas Constituciones bifrontes, que se ha avanzado mucho, desde la independencia hasta hoy, ya que se cuenta en la actualidad con declaraciones de derechos modernas, poderosas, y sólo falta terminar de modernizar la organización del poder de modo acorde. De todas formas, las dos partes de la Constitución no son autónomas, no pueden vivir independientemente la una de la otra: se necesitan e influyen recíprocamente. Además, las Constituciones deben reflejar la realidad global, cuyos cambios han sido substantivos, al punto de que el “deber ser” -particularmente los derechos y garantías- debe encontrar nuevos puntos de apoyo para alcanzarse en los hechos y no quedar sólo en la letra formal.

Cuando la ciudadanía ha querido poner en marcha algunos de los derechos, reconocidos en las nuevas Constituciones, se ha encontrado con que, desde el centro del poder político, se ponían obstáculos para su implementación. Ha ocurrido en Colombia, cuando las comunidades locales demandaron un efectivo “derecho a la consulta” frente a amenazantes proyectos mineros. En Argentina, cuando los grupos indígenas exigieron ser tomados en cuenta frente a proyectos legislativos que ponían en riesgo sus derechos; o en áreas como la laboral, frente a legislaciones que, más allá de los derechos y garantías constitucionales -particularmente el Artículo 14 bis mencionado-, planteaban la “flexibilización” -hay quienes prefirieron llamarlo “precarización”- laboral. En Ecuador, cuando los ciudadanos han querido hacer efectivo su derecho constitucional a decidir directamente sobre los asuntos públicos que más les interesaban. En Bolivia, cuando se requirió un respeto genuino al derecho a participar en la elección de los propios Jueces.

Presidentes con una gran retórica 1137, pero temerosos de la participación directa y autónoma de la ciudadanía, han usado el poder concentrado que la Constitución les asegura, para bloquear los vigorosos derechos que esas mismas Constituciones prometían. Por otra parte, como hacía referencia en párrafos anteriores, las tendencias del sistema mundial con su globalización, operan como mecanismo retardatario, o más aún, impiden que los derechos y garantías -el “deber ser”- logren implementarse tal como formalmente lo dictan las Constituciones. Frente a estas tendencias globales, no existe una reacción por parte de los sectores políticos en lo que hace a las instituciones y sus adaptaciones; y los sectores intelectuales, operan más como comentaristas de las tendencias de la realidad, que como proveedores de líneas alternativas para la toma de decisiones.

La dirigencia debería tomar conciencia frente a estas tendencias, ya que sostener principios sin tener el poder suficiente como para implementarlos y mantenerlos, traerá como consecuencia fracasos constantes; por otra parte, si el sistema global sufre cambios, los “miembros” del sistema -para este caso los Estados- recibirán las consecuencias -positivas y/o negativas- indefectiblemente, salvo que se trate de los “direccionadores” del sistema, que son algunos pocos, toda vez que más de los dos tercios de los Estados del sistema mundial, carece de capacidad para direccionar y, en su gran mayoría, ni siquiera para evitar las consecuencias de los cambios, menos aún para modificarlas.

La guerrilla, como muchos sectores de la sociedad civil en Colombia -como en el resto de América Latina-, habla de democracia con justicia social, pero no define “cómo se logra la justicia social” en el siglo XXI, bajo condiciones como las que se viven desde el fin del sistema bipolar y la emergencia de la “globalización” capitalista y un mundo cada vez más tecnificado y robotizado, que afecta, especialmente, en lo laboral. Para alcanzar una Paz auténtica y duradera, será necesario ir más allá del discurso y las demandas, y que adopten o generen una teoría que contemple las realidades vigentes dentro de las que se busca resolver la problemática social y las aspiraciones soberanas que plantean. Además, sería conveniente que esta Paz proyectada, se transforme en una política de Estado, no el cese el fuego y la desmovilización, sino las transformación que requiere Colombia para evitar que en el futuro, el conflicto vuelva a repetirse. Esto implica una reorientación y un acercamiento por parte de la guerrilla a los intereses y planteos hechos por otros sectores de la sociedad colombiana, a la vez que de parte de estos -incluyendo a los partidos políticos dominantes- hacia las propuestas hechas por la guerrilla; y todos, tratando de entender que los grandes cambios y tendencia mundiales, son una variable muy poderosa, que debe tenerse en cuenta en sus proyectos, si no quieren que todo fracase.

Democracia en América Latina

El sistema político latinoamericano ha tenido, históricamente, como característica constante, la impredictibilidad e inestabilidad, marcando el cambio permanente más que la continuidad de las políticas. La inestabilidad atenta contra la continuidad y la posibilidad, no sólo de alcanzar desarrollo interno en lo económico-social, sino de ser competitivos en el plano mundial global.

Sea por golpes de Estado o debido a la transición gubernamental por la vía electoral, los nuevos decisores se encargan de desdecir y deshacer lo alcanzado por los anteriores 1138. Lo predecible en el sistema político latinoamericano, es la inestabilidad generada por constantes perturbaciones políticas desde la izquierda como la derecha, cada una por sus motivos y objetivos sectoriales 1139.

Los resultados de las elecciones en la región, son tentativos en tanto no se conozcan las reacciones de los dem contendientes por el poder, sean éstos partidos políticos o sectores corporativos internos o externos. Esto se observa en la forma en que los diferentes sectores corporativos se comportan frente a los resultados electorales, sea avalándolos o desalentándolos, con inversiones o mediante fuga de capitales, mantenimiento de empresas o desinversión y traslado, etc. 1140.

Legitimación Interna-Control Externo

Los sistemas políticos latinoamericanos, siempre estuvieron controlados por una élite de poder interna, respaldada por su manejo de la propiedad de la tierra, los factores de la producción y el capital, a la vez que por las fuerzas armadas 1141 en la medida de la necesidad de impedir cualquier alternativa político-económica que las limitara o perjudicara, y por factores externos, particularmente, en el siglo XIX por sus vínculos con Gran Bretaña 1142 y luego de la segunda guerra mundial por Estados Unidos.

Después de la segunda guerra mundial, en América Latina había algunos Gobiernos de corte progresista, en Guatemala, Argentina y Chile especialmente. Con el inicio de la guerra fría en 1947 y la guerra de Corea en 1950, el Gobierno de Estados Unidos, buscando la total hegemonía mundial, comenzó a establecer esferas rígidas de influencia, dentro de las que comenzó a apoyar dictaduras de “libre mercado”, como Manuel Odría en Perú, Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Mariano Ospina Pérez en Colombia, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, François Duvalier en Haití, Anastasio Somoza en Nicaragua, Castillo Armas en Guatemala, Fulgencio Batista en Cuba. Los Gobiernos de corte progresista y socialdemócratas fueron expulsados del poder, debiendo exiliarse.

En la década de los ‘60 hubo una nueva ola de Gobiernos de corte progresista y/o revolucionario, que exigió del Gobierno de Estados Unidos nuevas iniciativas estratégicas, como “La Alianza para el Progreso”, para dividir y separar a los reformistas de los revolucionarios. Esta Alianza les prometía a los regímenes reformistas de clase media, ayuda económica y social, de manera tal de ir desarticulando cualquier fórmula que pudiera ser peligrosa para los intereses económicos y/o de seguridad de Estados Unidos o sus ciudadanos o empresas localizados en la región; creándose, asimismo, programas de contra-insurgencia a partir del concepto de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.

Para el caso de Colombia, la oligarquía siguió en el poder, bloqueando el surgimiento de una alternativa reformista-democrática y dependiendo completamente de una estrategia de militarización total y de polarización política entre revolución y reacción. En Colombia, el Gobierno de Estados Unidos no tuvo que elegir entre un régimen reformista de clase media y un movimiento revolucionario, porque el sistema oligárquico bipartidista dominaba la arena electoral. Concentró todos sus esfuerzos en fortalecer el poder militar de la oligarquía dominante. La clase gobernante de Colombia descartó cualquier tipo de “reforma agraria” a diferencia de Chile, Perú y Ecuador, por la razón de que ellos eran la élite terrateniente. La oligarquía colombiana no tuvo ninguna presión del nacionalismo militar para nacionalizar las industrias estratégicas, como en Bolivia (estaño y gas) y Perú (petróleo y cobre) porque los militares estaban bajo la influencia directa de Estados Unidos. Hacia fines de los ‘60, Colombia se convirtió en el “modelo” de la política de Estados Unidos para América Latina. La región pasó del reformismo al nacionalismo radical y al socialismo democrático a principios de los ‘70, especialmente los países andinos y el Caribe. Colombia era la anomalía dentro de la región andina, gobernada por nacionalistas como Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador, Juan Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia y socialistas democráticos como Salvador Allende en Chile.

La clase gobernante colombiana funcionaba como el “contrapunto” de Estados Unidos, en el lanzamiento de su segunda ofensiva contrarrevolucionaria que comenzó con el golpe de Estado de 1964 en Brasil. A continuación Estados Unidos invadió y ocupó la República Dominicana en 1965/66, mientras en Argentina se daba el golpe de Estado militar de Juan Carlos Onganía, formado en West Point; apoyó el derrocamiento de Salvador Allende en Chile (1973), Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador (1976), Juan José Torres en Bolivia (1971), Juan Velasco Alvarado en Perú (1975). También apoyaría golpes militares en Argentina (1976) con Jorge Rafael Videla y en Uruguay (1972). Organizó desde Honduras un ejército mercenario (los “contra”) para desmantelar la revolución Sandinista en Nicaragua.

La segunda ola de dictaduras y “libre mercado” (1970-1980) -incluyendo Augusto Pinochet (Chile), Jorge Rafael Videla (Argentina) y Gregorio Alvarez (Uruguay)-, llegaron a tener presión popular y a enfrentar crisis irresolubles causadas por la deuda externa -resultante de los petrodólares y eurodólares excedentes, generados por la crisis del petróleo provocada por la OPEP a partir de 1973- a principios de la década de los ‘80. El Gobierno de Estados Unidos enfrentaba un desafío y una disyuntiva: continuar con los dictadores y la crisis financiera aguda, o instrumentar una “transición democrática” que permitiera preservar el Estado y una economía neoliberal.

La década de los ‘90 fue testigo del mayor saqueo -interno y externo- de las economías latinoamericanas, desde la época de la colonización europea, acompañado y ayudado por la “globalización” capitalista, resultante del fin de la guerra fría y el sistema bipolar. Los Presidentes -resultantes de elecciones libres, lo que no quiere decir “democráticos” 1143- Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en México, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia -un Presidente que tenía un pronunciado acento norteamericano en su español- y Alberto Fujimori en Perú, privatizaron, desnacionalizaron y desindustrializaron, más de cinco mil empresas, minas, recursos energéticos, bancos y redes de telecomunicación pertenecientes al Estado valuados en miles de millones de dólares. En la década de los ‘90, más de novecientos mil millones de dólares salieron de América Latina en forma de ganancias, royalties y pagos de intereses a corporaciones transnacionales, bancos y especuladores. Estados Unidos -Consenso de Washington de 1989 de por medio- consideraba al neoliberalismo latinoamericano de los ‘90 como el “modelo” de expansión a escala mundial, lo que el proceso de globalización hizo efectivo, especialmente a nivel transnacional.

En Colombia, el narcotráfico se convirtió en la principal fuente de ganancias. Se lavaron miles de millones de dólares en los principales bancos de Estados Unidos en Miami, Wall Street y Los Angeles. Durante la transición de dictaduras militares a sistemas neoliberales autoritarios elegidos por voto en América Latina, en Colombia se dio la transición de un Estado oligárquico a un narco-Estado. Los escuadrones de la muerte, paramilitares y los militares, saquearon a millones de campesinos y enfrentaron a la insurgencia armada. No hubo ninguna “transición democrática”, la oposición democrática fue asesinada. Entre 1984 y 1990 fueron asesinados más de cinco mil miembros de la Unión Patriótica.

Colombia cumple con un rol geopolítico y estratégico, en la militarización que Estados Unidos lleva a cabo en la región. En el Medio Oriente, Sur de Asia y Norte de Africa, Estados Unidos ha usado el pretexto de la “guerra contra el terrorismo” para invadir y establecer bases militares en alianza con Israel y la OTAN. En América Latina, en alianza con Colombia y México con el pretexto de la “guerra contra las drogas”, ha instalado bases militares en América Central, el Caribe y de manera creciente en el resto de la región. Actualmente, tiene bases militares en Colombia (9), Aruba, Costa Rica, Guantánamo (Cuba), Curaçao, El Salvador, Honduras (3), Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Puerto Rico.

La creciente dependencia de la economía colombiana de la de Estados Unidos a través del TLC, significa el sacrificio de un amplio sector de productores agrícolas y manufactureros, e incrementa las oportunidades para los grupos corporativos internos y los inversores extranjeros en minería, petróleo y finanzas. El TLC aumentará las oportunidades de la burguesía narco-financiera, que lava más de veinte mil millones de dólares anuales en ganancias de las drogas a través de los principales bancos de Estados Unidos y la Unión Europea. El régimen de Santos depende cada vez más del flujo a gran escala del capital extranjero, orientado hacia la producción destinada a los mercados externos.

La represión del disenso, los impuestos regresivos, la depresión de los estándares de vida, los millones de desposeídos rurales, han conducido a un vasto crecimiento de las desigualdades, a la demanda masiva reprimida y a una creciente presión popular. Los compromisos militares con Estados Unidos, imponen un pesado costo sin compensación económica. El costo del militarismo fomentado por Estados Unidos, perjudica los esfuerzos comerciales colombianos para expandirse en los mercados regionales 1144.

Sistemas Políticos

El hecho de ser dependientes, desde el momento en que las economías de la región, giran alrededor de la venta de commodities, con un desarrollo industrial bajo -en muchos casos armadurías- y con un alto índice de importación de manufacturas y tecnología de punta, encontrándose con una gran asimetría en sus términos de intercambio, hace a los países latinoamericanos incapaces de establecer reglas de orden mundial y en la gran mayoría de los casos, ni siquiera de modificarlas; lo que muestra una dependencia estructural con bajo, casi nulo, índice para poder despegar, al menos en el corto o mediano plazo, menos aún en estas condiciones en que los Gobiernos se turnan para llevar a cabo sus propios modelos, los que ellos consideran -o quienes detentan el poder y los cooptan- más adecuados para los sectores que arrastran al país y derraman sobre el resto de la sociedad en los modelos neoliberales o, por otra parte, los que llevan a cabo modelos populistas, en los que siempre hay incluidos -el clientelismo social- y excluidos -el capitalismo empresarial y financiero, salvo los grupos cooptados-.

Los Gobiernos de corte populista, tienen el discurso que interpreta las necesidades de los trabajadores urbanos y crean un movimiento que responda a sus expectativas; usan el carisma para imponer su “discurso de la verdad” 1145, transformándose en “dueños de la verdad”, obteniendo de esta manera el poder para mantenerse, no necesariamente poder para el Estado. Su poder necesita que estén con ellos, buscando marginar al oponente -sean políticos de la oposición o medios de comunicación, etc.- que lo debilita; llevan a cabo las críticas de los males y la lista de temas que satisfarán las demandas del pueblo oprimido y/o necesitado; pero no tienen una teoría política para poder alcanzar todo eso, construir poder para el país dentro del contexto mundial y, especialmente, de manera “no confrontativa” respecto de las grandes potencias, grupos empresariales y banca. El populismo está organizado en una estructura jerárquica, cuya cabeza es el/la líder. El partido único o hegemónico o el “movimiento político”, dan cuenta de ello. Se le da una gran importancia al liderazgo carismático de la misma manera en que se ignora o margina el “liderazgo racional”. Se basa en una política de nacionalización de las empresas y de impulso a la industria substitutiva. Se busca, no sólo la emancipación económica, sino convertir al país en una “potencia económica mundial”. El impulso a la industria se hace a costa de la marginación del campo y de todos los sectores que no se subordinen al modelo. Los liderazgos de Hugo Chávez, Rafael Correa o Evo Morales no han impulsado proyectos industriales, sino de distribución de renta y bienestar social; aunque cuando la renta se agota, no está contemplada la forma de acumulación de capital. En el caso de Venezuela se hace a costa de los ingresos petroleros, sin inversión suficiente en áreas críticas, como el agro para los alimentos, educación, ciencia y técnica. La baja en los precios mundiales ha llevado al país a una situación de crisis y agotamiento. En el caso de la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, se han intentado “armadurías” en la zona sur del país, que no han significado, en ningún caso, substitución de importaciones, ni favorecido la industrialización.

Su poder radica en dar carta de ciudadanía a la creciente masa urbana trabajadora. Variedad de leyes referentes a bienestar social, a bienestar laboral, en favor de los derechos humanos, derechos civiles y políticos de la mujer, etc., en muchos casos, usado como instrumento para sumar poder político, cooptando a los sectores beneficiados, sin por ello favorecer y consolidar derechos; por el contrario, la técnica es “dar o quitar” esos derechos como forma de “premio y/o castigo” -el garrote y la zanahoria- por los apoyos o la oposición manifestada. Las reformas en favor del bienestar social se hacen, incluso, a riesgo de la estabilidad económica del Estado y a costa de sectores empresariales o inversores e incluso de los contribuyentes.

La industria crece, pero no se cualifica, a la vez que no se conecta con un sector científico-tecnológico proactivo. Los sectores científicos son marginados. Todo se basa en planes y doctrina y no en proyectos basados en una visión clara de como funciona la realidad -mundial, regional y local- de manera pragmática y dinámica. La Argentina de las últimas décadas, entra dentro de esas características.

La diferencia entre los liderazgos populistas, que han predominado en América Latina, con los liderazgos de corte racional al estilo de Mahatma Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela, es que, mientras aquéllos mantienen un discurso “anti” 1146, mostrando como luchan contra el “enemigo”, sea global o al interior del país y le dicen al pueblo lo que le van a dar; éstos no le dicen al pueblo qué es lo que va a recibir, sino lo que el pueblo puede hacer para construir su propio poder y destino.

Elecciones

Las elecciones en América Latina son una medida de poder y no un medio para determinar quién Gobierna, dada la diversidad de contendientes que existe en el sistema político, muchos de los cuales participan sin necesidad de apoyo popular o cualquier otro tipo de apoyo. En consecuencia, los resultados electorales son tentativos, en tanto no se conozcan las reacciones de los demás contendientes por el poder. De acuerdo con las reglas anteriores, un partido que sea considerado por otros contendientes por el poder como amenaza para su posición dentro del sistema político, puede ser “suprimido”, aún en forma regular, aunque triunfe constantemente en elecciones.

Asimismo, los partidos, cada vez más, están fuera de la realidad política. Los políticos luchan por el poder y por mantenerse en el Gobierno, especialmente luego de la caída el Muro de Berlín (1989), en que los militares ya no son más importantes para que el sector neoliberal acceda al poder y para que Estados Unidos tenga en la región Gobiernos confiables y funcionales a sus intereses de seguridad y económicos.

Los partidos políticos se han transformado en los árbitros de la “democracia” -más electoral que real- 1147 y garantes de que los sectores liberales -en el sentido de conservadores o librecambistas- obtendrán sus objetivos. Por ende, su grado de representación es cada vez menor. La gente tiene más posibilidades de obtener respuesta a sus demandas a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) o las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que de los partidos políticos o su propio Estado, especialmente en temas vinculados a Derechos Humanos, desempleo, pobreza, problemática de la mujer, etc. 1148. De todas formas, los grupos sociales movilizados, que tienen demandas y motivaciones, pero que no están organizados y carecen de una teoría para lograr sus objetivos, actúan como un factor que presiona, pero aún no constituyen un nuevo “sujeto político”, más allá de que existe una movilización social creciente en el mundo. Resulta importante destacar que, antes las movilizaciones eran dirigidas por líderes carismáticos o por los partidos políticos o absorbidas por éstos, mientras que ahora son ajenas a ellos.

Hay un “divorcio” entre los partidos políticos y los movimientos sociales, sea cual fuere su expresión 1149. Las respuestas de los políticos a los reclamos sociales siempre buscan mantener intacto al “modelo”, tratando de bajar las presiones a través del discurso: “estamos trabajando sobre el tema” en el mejor de los casos, cuando no lo banalizan o lo consideran actitudes de “un pequeño grupo de subversivos”. Toman medidas paliativas, pero no modifican las políticas o el rumbo. Las demandas crecen, pero no la organización de los demandantes. Los Gobiernos reprimen evitando la posibilidad del cambio planteado; mientras que los intelectuales -salvo excepciones- están más propensos a mantener su posición dentro del modelo, para lograr puestos y financiación, que arriesgarse a la crítica.

Democracia “Electorera”

En el caso de las “fallas” en países como Colombia -de la que no están exentos, en diferentes medidas, otros países latinoamericanos-, se observan problemas endémicos, como la inequidad social y complicaciones respecto del acceso, continuidad y control del Gobierno.

Lo que se da en llamar “democracia” en América Latina, en realidad responde a la idea de “sistemas electorales” que se turnan legitimados por el voto -en algunos casos obligatorio como en Argentina en otros no, como lo es en Colombia o en Chile-, pero con gravísimos problemas de representatividad. La legitimidad está dada más por el poder que por la representación y la satisfacción de las necesidades y demandas de la Nación.

Con la globalización y el predominio del paradigma de la rentabilidad por sobre el de la seguridad 1150, que predominó durante la etapa de la guerra fría, las democracias son controladas principalmente por los mercados, más que por las Naciones.

¿Por qué fracasan las Naciones? Se considera que, a largo plazo, hay una correlación entre la libertad política y el éxito económico. Si es así, entonces en América Latina existe una tendencia a la desvinculación de esos dos componentes, toda vez que el neoliberalismo, privilegia lo económico subordinando lo político a su éxito; mientras que el populismo hace lo contrario, marginando y, en muchos casos, atacando a los sectores que son los responsables de generar acumulación de capital que, luego podría utilizarse -redistribuyéndolo- en lo social, desde lo político.

Si la disfuncionalidad de los sistemas políticos en la región, se vincula al modelo económico o a los designios establecidos por la globalización, en realidad las Naciones están fracasando en su posibilidad de ser. De esta manera, terminan siendo disfuncionales a sus necesidades y posibilidades.

Las Naciones fallan porque sus instituciones son débiles y “extractivas”, es decir, son excluyentes: privilegian a unos grupos de la sociedad por encima de otros y concentran el poder en una élite que actúa para su propio beneficio; contradicen el rol que deben cumplir de “arbitro” dentro del Estado, y se transforman en generadoras de “malestar en la cultura” 1151. La importancia de las instituciones políticas, radica en que de ellas depende la capacidad de los ciudadanos para controlar e influir y sacar provecho propio. Si son fuertes e incluyentes, impiden que haya personas que abusen del poder para amasar sus propias fortunas y llevar a cabo sus propias agendas, en perjuicio del resto de la sociedad. En el caso de Colombia, parecen estar más interesadas en estimular la explotación minero-energética que en invertir en educación, tecnología e innovación 1152.

Los temas de inequidad social en América Latina -salvo el caso de Brasil donde, pese a existir, se están buscando salidas concretas- no han encontrado una alternativa realista y equilibrada. Por un lado, están los sectores conservadores o neoliberales que dejan en manos del mercado la respuesta a todo y consideran que el motor está en la empresa y la banca, por lo que lo social es variable dependiente de esto; por el otro, los populistas, que consideran que el capitalismo y la empresa y la banca, que escapen al control del Estado -léase Gobiernos de turno- es la causa de la inequidad, por lo que hay que frenar su poder expansivo, e incluso quitarle para darle a los sectores sociales más desprotegidos que, en última instancia, se transforman en clientelistas del Gobierno, fortaleciéndolo en su condición de tal, pero no un proyecto que favorezca el verdadero desarrollo del país de manera integral.

La estabilidad institucional en América Latina -se habla de los años de “estabilidad democrática” como un éxito, cuando en realidad se trata de años de “continuidad electoral”-, no es un indicador cierto de que la “democracia” avanza, sino que los sistemas electorales están suficientemente aceitados como para dar continuidad a las políticas de los grupos que detentan el poder, aunque no sean representativos en su accionar, independientemente del “discurso recolector de votos”.

En América Latina continúan dándose “caudillismos” tanto de derecha 1153 como de izquierda 1154, además de Gobiernos con discursos de representatividad pero con acciones sectoriales y corporativas 1155. Se puede decir que no existe un dominio permanente de jefes políticos y caudillos, pero sí que la renovación tiene que ver con los “turnos” que se cambian para que transiten los mismos -aunque tengan diferente nombre en algunos casos-, que con cambios substantivos en la representatividad.

Ley de Hierro de las Oligarquías

A más de un siglo de la publicación del ensayo de Robert Michels sobre “Los Partidos Políticos” 1156, aún sigue siendo de actualidad, pensando en nuestras “sociedades democráticas”, más orientadas hacia una “derivación oligárquica”, que a la construcción de desarrollo y bienestar.

Robert Michels descarta la hipótesis de un Gobierno directo del pueblo, y todo proyecto basado en las capacidades de movilización espontánea de las masas. En los países modernos, el pueblo participa en la vida pública a través de instituciones representativas, por lo que para defender sus intereses, debe organizarse, en términos generales en partidos, y en términos particulares o sectoriales, si se trata de trabajadores, en sindicatos.

La paradoja es que, si bien la organización es una necesidad, divide a “todo partido o sindicato gremial en una minoría dirigente y una mayoría dirigida”. De esta forma la “organización” favorece la “oligarquía”, pensando en términos de Michels.

Michels no ignora que el funcionamiento cuasi militar de las organizaciones obreras, es resultante de la necesidad de conformar estructuras de lucha capaces de enfrentar la represión de la burguesía. Pero, cuando éstas organizaciones se desarrollan e insertan en la sociedad, los métodos autoritarios que atacan, no desaparecen, sino que son adoptados por las organizaciones con propósitos sectoriales.

Según Michels, cuanto más se extiende la organización, más se complejiza su administración, y menos posibilidades tiene de ejercerse verdaderamente el control democrático.

Michels llena su análisis de consideraciones psicológicas, acerca de la necesidad de las masas de ser guiadas por líderes, y de la propensión de los representantes a considerar sus mandatos como cargos vitalicios; mientras que el substrato sociológico de sus análisis, remite a que las concepciones y los gustos políticos de los individuos, están determinados por sus orígenes sociales y sus condiciones de vida.

Para la dirigencia burócrata -sea de izquierda o de derecha-, el partido deja de ser un medio, para convertirse en un fin en sí mismo. Toda la estrategia queda supeditada a la conquista de trofeos electorales y puestos de poder en el seno de las instituciones establecidas.

Michels, influenciado por autores conservadores como Gaetano Mosca 1157 que consideraba que “la democracia es útil como método de selección de élites”, enuncia una “ley de hierro de la oligarquía”, que hace inevitable el dominio de los elegidos sobre los electores, de los delegados sobre los mandantes, de la élite sobre la masa. “El Gobierno, o si se prefiere el Estado, no puede ser más que la organización de una minoría”, que impone al resto de la sociedad un orden que corresponde a sus intereses. Mientras los grupos dirigentes se enfrentan entre sí por el ejercicio de la autoridad, las clases populares permanecen como espectadoras de ese enfrentamiento, sólo llamadas a resolver circunstancialmente, en las urnas o en la calle, la lucha por el acceso al poder de los que, supuestamente, las representan.

La respuesta para esto, según Michels, está en la educación política, que permite “fortalecer en el individuo la aptitud intelectual para la crítica y el control” 1158. Sin embargo, la dirigencia política, necesita y busca fundamentalmente “militantes” 1159, más que ciudadanos responsables con una actitud atenta y crítica.

¿Qué diría Michels de las organizaciones de la sociedad civil que han surgido y proliferado a partir de medidos del siglo XX, que operan transversal y transnacionalmente, como las de derechos humanos, del medio ambiente, de la mujer en su condición de género, etc.? Este tipo de organizaciones, que busca romper con el verticalismo y también con la falsa representatividad de los partidos políticos, e incluso de los sindicatos, son una forma de participación activa de la sociedad en la búsqueda de resolución de sus propias problemáticas, sin delegación en representantes y de ejercer presión efectiva sobre la toma de decisiones que afectan su vida.

Malestar en la Democracia

La democracia, a nivel mundial, sufre un decaimiento prolongado con respecto a ciertos valores centrales. Ha perdido capacidad para respaldar una legitimidad de resultados, en términos de la aptitud de un régimen, de impulsar el crecimiento económico, el pleno empleo y la movilidad social, para obtener sólidos resultados fiscales y, con todo eso, garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Esta forma de declinación, vinculada también a la esclerosis demográfica, es ostensible en muchos países europeos, que no pueden superar un estancamiento económico que ya lleva más de un lustro de duración y que, por otra parte, pone en tela de juicio el gran proyecto civilizatorio de la Unión Europea.

Con la globalización, la arremetida de la economía contra las instituciones políticas, está provocando una crisis de representación que conlleva levantamientos sociales, frente a la incapacidad e indiferencia con que operan las instituciones supranacionales y las instituciones de los Estados nacionales en relación con las demandas concretas de la ciudadanía.

Crecen los escándalos de corrupción, generando descreimiento, a la vez que adhesión a los cantos de sirena de los nuevos populismos.

Se generan dudas e incertidumbres respecto a la representación política y a los partidos que deberían mediar entre el Estado y la ciudadanía, erosionando las bases de un consenso que, con mucho esfuerzo, se fue estableciendo, permitiendo que se pactaran políticas orientadas a generar estabilidad y avance 1160.

Frente a la inoperancia de las instituciones republicanas de llevar a cabo su objetivo de justicia y equidad a la Nación, y la incapacidad de los partidos políticos para operar como auténticos representantes, la sociedad civil ha venido creando organizaciones, de manera creciente y persistente, que les permita, por un lado, ser visibles en sus demandas, participar de manera directa en el proceso y presionar sobre los decisores para que tengan en cuenta sus necesidades, intereses y aspiraciones. Probablemente, éste sea un paso intermedio, hacia una reforma y transformación profunda del sistema republicano y democrático, orientado a incorporar a los sectores más débiles y menos representados de la sociedad, dándoles el peso que no tienen en la actualidad, frente a la capacidad corporativa de cooptar las decisiones gubernamentales. Lo cierto es que, sin participación activa de la sociedad en la construcción de su propio destino, difícilmente haya solución a sus demandas y aspiraciones.

¿Existen Alternativas para el Cambio?

El coautor de “¿Por qué Fracasan las Naciones?”, James A. Robinson, plantea una vía controvertida para el postconflicto en Colombia:

En lugar de tratar de solucionar el problema de la tierra, sería más realista hacerlo con la educación y las oportunidades.

Colombia es una sociedad dual:

i. La de los campesinos y activistas en Apartadó;

ii. La de las élites. Jóvenes educados, creativos, emocionados con sus computadoras, en competencia en Cartagena por el diseño de una aplicación (app) para la Paz; jóvenes procedentes de ciudades como Manizales, que tienen más en común con jóvenes de Estados Unidos que con cualquier persona en Apartadó.

¿Cómo es que Colombia se va a modernizar? Para Robinson:

Estos jóvenes ya son modernos. Lo que se requiere es que puedan transformar a la sociedad colombiana. Max Planck -físico alemán-, decía que “la ciencia avanza con cada funeral”; quizá lo mismo sea cierto para las sociedades. ¿Cómo sería esa transformación posible? No luchando por la tierra o institucionalizando la pobreza en la periferia con la distribución de “cuarenta acres y una mula”. El Gobierno colombiano está todavía promoviendo la noción de que la solución del problema agrario pasa por la restitución de tierras y la redistribución de baldíos y de tierras mal habidas. Crecen las esperanzas de la gente, cuando todos saben que esto es imposible de conseguir, y se aplaza la posibilidad de que la gente tome la decisión de rendirse y hacer algo distinto. La redistribución de la tierra no puede ser la forma de resolver los conflictos en Colombia, porque por su naturaleza, la reforma agraria es de suma-cero: si la tengo yo tú no, o al contrario. Nada es más propenso al conflicto. Colombia será moderna si esos “jóvenes nerds” superan al campesinado y hacen a la élite tradicional tan innecesaria y anacrónica como llegó a serlo la aristocracia británica.

¿Cómo se hace para que un país que se ha sustentado históricamente en lo agrícola, cambie radicalmente a una población campesina, al punto de “modernizar” a la sociedad colombiana? La alternativa de apostar a la educación y generar oportunidades, aparece como realista y posible, si se piensa en el mediano-largo plazo; pero cuando Robinson pretende hacer que la sociedad colombiana siga los pasos de los “jóvenes nerds”, no muestra una perspectiva realista en su pensamiento y en la posibilidad de real transformación y solución de los problemas.

Robinson plantea que existen muchas “sociedades exitosas” (?), que resolvieron su problema rural:

Inglaterra hizo lo propio, en el siglo XVIII, al experimentar los cercamientos rurales y un gran desplazamiento de gente desde el campo, que obtenía su sustento del suelo que pisaba. La gente se mudaba a las ciudades y pueblos y durante ese siglo se vieron significativos incrementos en la concentración de la tierra. ¿Por qué no hubo una acción política hacia una reforma agraria o la redistribución de las tierras? Porque el futuro estaba en otra parte. Estados Unidos nunca resolvió el problema agrario en el sur, que finalmente comenzó a equipararse con el resto del país cuando la mayoría de los afroamericanos comenzaron a emigrar en los años ‘40 del siglo XX.

El problema de esta ejemplificación, es que el autor, escoge lo que se ajusta a lo que se está afirmando y desecha lo que podría interpretarse como evidencia contraria.

La pregunta para la situación de Colombia es: ¿Por qué quienes fueron brutalmente aterrorizados y desposeídos, como los pobladores de El Salado, quieren retornar y reconstruir sus comunidades, aun cuando su tierra ha sido robada? ¿Por qué ven un futuro en “cortar caña”? ¿Quién va a cortar los racimos de plátano en Apartadó y a trabajar en el baldío adquirido de forma dudosa en Vichada? Esto es parte de la historia de la eterna promesa de la reforma agraria: prometerla hasta el cansancio pero nunca hacerla realidad y así la élite obtiene lo mejor de los dos mundos: nunca en realidad va a sacrificar la tierra, pero se mantiene la fuerza de trabajo en el lugar con la esperanza de que la reforma suceda en algún momento.

Una vía alternativa es la educación, ya que es un juego de suma positiva. El proceso educativo de uno, no impide el de los demás y la educación no amenaza los intereses directos de nadie. ¿Por qué no hay una discusión sobre educación en La Habana?

No deben subestimarse los problemas de la zonas urbanas en Colombia, que no son un paraíso. Sin embargo, la pobreza es menor, los servicios públicos y escuelas son mejores, la política es más progresiva y hay muchas más oportunidades. Esa es la real discusión sobre una Colombia moderna.

Hay modelos alternativos. El Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, cuando habla de la “Paz territorial”, plantea que habría un rebalanceo del poder político hacia la periferia y un proceso de movilidad social que obligaría a las instituciones del Estado a funcionar de una mejor forma: logrando que rinda cuentas y que cumpla con la reforma agraria y la provisión de bienes públicos y, finalmente, terminando los conflictos y el vacío de autoridad que ha creado tantos estragos en los últimos 50 años. La gente se pueda movilizar. Pero ¿pueden escapar de la sombra del clientelismo y la violencia? Sólo si el Gobierno realmente tiene la capacidad y el deseo de ayudarlos: ¿lo tiene?

En la década de los ‘60, la movilización de campesinos por una reforma agraria, logró la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), pero fracasó en su objetivo, porque asustó a la élite política colombiana y no tuvo una forma efectiva de interactuar con el Estado para hacerlo funcionar de una mejor forma.

Según Robinson, la lección de la historia de Inglaterra, es que si bien el poder de las élites no puede ser negado, estas sí pueden ser domesticadas y sus energías canalizadas en direcciones socialmente útiles. Esto puede crear un tipo de Paz territorial diferente, no tan deseable como la que concibe el Comisionado Jaramillo, pero posiblemente más realista. Si el Gobierno quiere que este plan sea real, necesita comprender mejor los obstáculos que enfrenta e imaginar una reorientación dramática en la relación entre la Colombia central y la periférica 1161.

¿Quiere esto el Gobierno? Desde mi punto de vista, la alternativa es la toma de conciencia de la sociedad civil en su conjunto -todos los diferentes sectores- de que su destino está en sus manos. Esto no significa hacer ninguna movilización violenta, sino participar activamente y no ser dependiente del “líder” y sus dádivas. ¿En qué medida pueden modificar el poder y las aspiraciones de sectores de la élite como el “uribismo”? Lo que la sociedad busque, ¿en qué medida logrará frenar las aspiraciones sectoriales de grupos de élite con gran poder como el “uribismo”?

¿Será que -según dice Robinson-, la reforma agraria es una especie de complot de las élites colombianas para tener a la mano fuerza de trabajo barata? Para Robinson, el problema no es llevarles la contraria a las élites; siempre va a haber alguna que esté contenta con lo que se esté haciendo o diciendo. No se trata de apoyar, inconscientemente o no, a las élites -en Colombia son muchas, y muy diferentes entre sí-, sino con cuál élite habría que alinearse 1162.

Una Visión Realista

Dar fórmulas según la ideología que se ostenta, sin pensar en cómo funciona la realidad, sin tener en cuenta las posibilidades y, fundamentalmente, en las necesidades de la gente, de poco sirve. Lo primero que debe hacerse, si uno quiere cambiar un sistema -político, económico, social, financiero, etc.,- es conocer cómo funciona ese sistema. Imposible cambiar algo, cuyas características y funcionamiento se desconoce.

Tucídides en el “Diálogo de Melos” 1163, dice: “los poderosos hacen lo que pueden los débiles sufren lo que deben” Muchos creen que este dicho significa el “sometimiento” del más débil al más fuerte liso y llano.

Cuando Tucídides habla de “sufrir lo que se debe”, no está hablando de un mandato, sino de la falta de prudencia del débil, de su ingenuidad ante la idea de esperanza de que algo va a ocurrir que volcará las cosas a su favor. En este sentido, se trata de una ilusión, de una falta de realismo. El idealismo como cosmovisión -al contrario del realismo- se plantea alternativas que están más vinculadas al deber ser, basado en principios que se sostendrían solos, por el hecho de ser justos, en vez de basarse en el poder -perspectiva del realismo- por ello cae en este tipo de conceptualizaciones erróneas.

Pero también, en términos de Hobbes 1164, tiene que ver con la ignorancia, la incapacidad o la falta de astucia -como alternativa a la falta de poder material- para realizar acciones que permitan modificar el statu quo del que se encuentra en situación de inferioridad o de subordinación.

Sufren lo que deben, los que son incapaces de pensar por sí mismos y permiten que otros piensen y decidan por ellos -en el terreno cultural e intelectual, la desnacionalización y la adopción de criterios externos, en vez de “adaptarlos” para buscar el beneficio propio, como ha hecho, por ejemplo, Japón a partir de la post segunda guerra mundial-. Ese es el objeto de la acción externa y de la política exterior sino, se sufren las consecuencias. Sun Tsu muestra este tipo de pensamiento, al hablar de que “la mejor victoria es vencer sin combatir y ésa es la distinción entre el prudente y el ignorante 1165.

Para lo que hay que prepararse es para alcanzar la autonomía en condiciones adversas, no para depender del hegemón, ya que esta condición es la dada. Al hegemón no hay que otorgarle lo que desea, sino hacerle creer que se acepta la subordinación mientras, subrepticia o solapadamente, se buscan caminos estratégicos para la autonomía. La capacidad para lograr la autonomía se desarrolla aprendiendo a enfrentar las dificultades, acumulando experiencia suficiente como para operar con astucia -en términos de Thomas Hobbes-. Las ideas, son fuerzas. Recostarse en la idea de dependencia, alimenta la debilidad 1166, no obstante, no por ello se debe ir ciegamente sobre la búsqueda de la autonomía.

La gran mayoría de los países periféricos “sufren lo que deben” porque sus poblaciones, su élite pensante y dirigente -que no sólo son emergentes de esas poblaciones sino que, a su vez, tienen incidencia sobre el destino de ellas-, están pendientes de los valores y pensamiento externo, desvalorizando y desechando el pensamiento, las potencialidades y las capacidades internos o la posibilidad de su desarrollo autónomamente o tomando como modelo lo externo, pero “adoptándolo” como frecuentemente se hace, en vez de “adaptarlo” a las circunstancias que se vive y a las posibilidades, en beneficio propio. Esta actitud de las élites, no ocurre debido a su mala fe, sino a que tenemos incorporada en nuestra identidad, la identidad del dominante: la “glotofagia” a la que hacía referencia más arriba.

Sufren lo que deben” quienes son incapaces de pensar o suprimen la posibilidad de alternativas a la situación de subordinación y dependencia en la que se encuentran; quienes confunden la condicionalidad de la dependencia con la condicionalidad de la prudencia; quienes dejan en manos de otros su propio destino, sin ejercer controles o buscar alternativas propias -como los “militantes” a los que hacía referencia-; los que confunden destino con fatalidad -contra lo que está Tucídides, cuando dice que no son los dioses sino las leyes naturales las que controlan el devenir histórico-, en vez de considerarlo como una construcción de futuro. Los pueblos pueden tener conductas dependientes, porque dejan en manos de sus dirigentes su destino -militancia o indiferencia-, pero éstos y los grupos pensantes, no pueden tener conductas ni pensamientos dependientes; su función es llevar adelante al país -no a los sectores de la sociedad o grupos corporativos adeptos- hacia un mejor destino 1167.

Sufren lo que deben”, los pueblos que desprecian o descuidan el desarrollo científico; no sólo desde el punto de vista de la inversión, sino también del apoyo y la utilización del conocimiento; los que no piensan porque el poderoso lo ha hecho por ellos y lo consideran, a ciegas, como la mejor alternativa 1168; los que dejan que los corruptos los gobiernen, sin controlarlos -bajo el criterio de que “roban pero hacen por el pueblo”-, particularmente porque los corruptos no son seres extraños que arribaron inadvertidamente, sino que son emergentes de una sociedad transgresora y sin parámetros de convivencia. La falta de ética es factor de subdesarrollo.

Sufren lo que deben”, los pueblos que esperan que llegue el líder, el caudillo para que los salve, sin hacer nada por sí mismos; los que tienen espíritu dependiente y débil; las sociedades que carecen de dirección y proyecto propio y dejan en manos de otros, su destino.

Para Albert Einstein, pensando en la necesidad de un Estado judío -que en esos momentos no existía- y en el conflicto con los árabes, la incapacidad de coexistencia entre ambos pueblos significaba no haber aprendido nada durante los dos mil años de sufrimiento y por lo tanto, los judíos, “merecían” todo lo que les sucediera:

Si nosotros nos revelamos incapaces de alcanzar una cohabitación y Acuerdos con los árabes, entonces no habremos aprendido estrictamente nada durante nuestros dos mil años de sufrimientos y mereceremos todo lo que llegue a sucedernos” 1169.

¿Deben los Palestinos someterse, por el hecho de ser débiles, más allá de la justicia de su reclamo? ¿Su reclamo deja de ser justo porque es hecho a través de actores como Hamas? ¿Si no fuera Hamas el actor reclamante, los Palestinos alcanzarían el objetivo de su propio Estado? Durante la etapa de Yasser Arafat, no lo lograron.

Los que sufren lo que deben no son predestinados; hay ciertas condiciones que se dan, que tienen que ver con lo cultural e incluso lo religioso, y también con las características de la élite dirigente y pensante.

La posibilidad de que un grupo social “sufra lo que debe” o se oriente en la dirección de salir de la situación de dependencia y lograr una mayor autonomía, está íntimamente relacionado, en términos de Hans Morgenthau, con el “carácter nacional” o la predisposición de una Nación, -no de un Gobierno en particular- a reaccionar de una manera determinada u orientarse en una dirección que la beneficie o no 1170. Esto mismo es visto desde otra perspectiva por Raymond Aron, cuando habla de la “naturaleza de las comunidades”, para mostrar cómo una sociedad tiene capacidad para actuar o no en un contexto mundial complejo y hostil. Dependiendo de la naturaleza social, Raymond Aron considera que se adoptarán conductas de subordinación o de expansión 1171. Herbert Kelman hace referencia a esto desde la perspectiva de las “características societales”, para mostrar la predisposición de una sociedad a reaccionar de una manea determinada 1172. Autores como Alfred Fouillée también han trabajado la predisposición de los grupos sociales, según su cultura y características civilizatorias a orientarse en la dirección del sometimiento y el no hacer nada, dejando en manos del destino todo o, contrariamente, reaccionar en busca de la libertad 1173.

La construcción de poder -con prudencia, astucia y de manera subrepticia-, implica salvar todas estas situaciones, lo que es una tarea mayúscula, sumamente difícil de encarar y de largo plazo. Esta es una de las grandes tareas en Colombia, que no es encarada ni debatida. Sólo se está planteando el tema de las reparaciones, las sanciones y las participaciones en la vida política, pero no de la construcción social y mucho menos la construcción de poder, para que Colombia “sea”, en los términos de “derecho a la existencia” hasta llegar a ser Estado, con su propia identidad, con su cultura; respeto a su territorio, como lo plantea Nietzsche 1174.

Procesos Reales en los Sistemas “Denominados” Democráticos

Democracias Fallidas”

Hay diferentes formas de democracias falsas o pseudo democracias, tanto de izquierda como de derecha en América Latina.

Los Gobiernos populistas se manejan con el criterio de que los que están con ellos merecen todo y los que no, son el enemigo. La “masa” clientelista que los sigue recibe ventajas, no importa la clase a la que pertenezcan, ya que hay empresarios que forman parte del entorno del poder a cambio de ventajas. El resto, debe rendirse o quedar fuera del sistema. El “Estado” es utilizado por los Gobiernos populistas como el instrumento para sus políticas.

Por otra parte, están los sectores neoliberales, cuya democracia se basa en la legitimación del voto popular, pero gobiernan para los sectores corporativos -empresariales e inversionistas- nacionales y/o extranjeros, llevando a cabo políticas verdaderamente transnacionales.

Ambos son excluyentes aunque de sectores diferentes. Tienen proyectos sectoriales, pero no nacionales. El Estado es “rehén”. O toman al Estado como instrumento de sus políticas sectoriales legitimados por el voto popular mayoritariamente, utilizándolo para consolidarse, impidiendo que sectores que no son afines puedan fortalecerse u operar; o tratan de minimizarlo para que los sectores corporativos tengan la “libertad” de operar, utilizando también la legitimación del voto, pero privilegiando al mercado. En ningún caso, construyen poder en beneficio de un proyecto nacional, sino para los sectores.

No hay Gobiernos “integradores” de los sectores sociales y los empresarios e inversores salvo, en cierta medida en los últimos años en el caso de Brasil, primero con Lula Da Silva y luego con Dilma Rousseff.

Los sistemas políticos latinoamericanos -aunque se podrían considerar casos de otras regiones-, responden, en lo formal, al concepto de democracia pero, en lo substantivo, son “democracias fallidas”. Esto se observa en la manera en que operan respecto del “mandante”, que es el elector, el “soberano”. Se utilizan mecanismos de marketing político para obtener el voto con una retórica que, en muchos casos, ni siquiera comprende un proyecto de país, sino una serie de medidas que tienen que ver con la coyuntura -como el tratamiento de la situación de endeudamiento, la inflación, el tipo de cambio y las inversiones extranjeras, el tema de la inseguridad, educación, salud u otros tantos que deben resolverse y que se van haciendo crónicos y estructurales-, sin que constituyan políticas de Estado, sino del/los Gobierno/s de turno. Una vez en el Gobierno, miden el poder en términos de porcentaje de votos, lo que es tomado como un “cheque en blanco”, toda vez que, cuando hay demandas de diversos sectores de la sociedad o críticas de grupos opositores, se esgrime el porcentaje de votos para darle peso a las medidas que se toman, así como para frenar todo impulso de cambio, bajo el lema de que el que esté disconforme que espere a la próxima elección para buscarlos. La queja o la demanda no es aceptada e incluso es criminalizada. Se invierte más en represión que en educación 1175, o salud.

Salvo excepciones -en principio-, como la de Brasil, que tiene un proyecto de país buscando insertarlo en el contexto global, en general, no hay políticas de Estado, sino de partido; el que está de turno hace lo suyo y critica y deshace lo del anterior.

Hay representación formal pero no real. La representatividad es falsa. Los que tienen problemas y/o demandas concretas, en general no obtienen respuestas del Gobierno ni de los supuestos representantes en el Congreso o Parlamento. En general, las respuestas a las demandas o carencias son dadas por la misma sociedad civil, en la medida en que alcanza a organizarse, como los casos de Derechos Humanos, en los que se observa una lucha constante, que gana adeptos, en la medida del éxito, como ha sido la actividad desarrollada por las “Madres de la Plaza de Mayo”, en Argentina, que en las primeras épocas, aun bajo la dictadura militar, eran conceptuadas como las “locas de Plaza de Mayo”. Su esfuerzo, sacrificio y constancia a lo largo de años, dieron como resultado, a posteriori, el juicio a las Juntas por crímenes de lesa humanidad y la modificación de políticas de Gobierno e incluso de la legislación sobre el tema; hecho que no hubiera ocurrido por iniciativa de Gobierno. También se observan cambios desde la organización de la sociedad civil, no de los representantes en el Gobierno o la oposición, en temas como medio ambiente, la condición de la mujer en su rol de género, la situación de comunidades como la LGTBI 1176, que ha alcanzado cambios significativos en las legislaciones en muchos países del mundo, logrando más que los docentes, los científicos o los jubilados, cuya capacidad de presión es escasa o nula.

No existe división real de poderes que permita el funcionamiento real de la “República”, ya que los regímenes son presidencialistas y los supuestos representantes del pueblo -Diputados o Representantes, depende de la denominación en cada país- y de los estados o provincias -Senadores- votan por las iniciativas del partido, sea este de Gobierno o de oposición, obedeciendo más a intereses corporativos que al pueblo, que sólo “legitima” con su voto, las medidas que se toman.

Los Estados resultan fallidos porque hay “democracias fallidas”. Colombia es una democracia fallida. El “Frente Nacional” fue un sistema en el que los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador, podían llegar a obtener los cargos del Estado por la vía de la alternancia y de la paridad política. Quedaban excluidos, por ley, todos aquellos grupos distintos al liberal y al conservador. La alternancia del “Frente Nacional” mantuvo la estabilidad partidista, pero no contribuyó a la democracia participativa ni a la satisfacción de las necesidades y demandas sociales.

Debilidad de la Sociedad Civil

La política, organizada en torno a la intervención y regulación del Estado, resultó molesta para el sector privado, pero también su paternalismo impidió la participación política plena y ello se produjo, entre otras razones, por la debilidad o inexistencia de la sociedad civil como actor político. Recién, a partir de los ‘70, la sociedad civil adoptó un rol político activo en la vida política de la región, aunque débil al lado del que ocupa el sector privado, interno y transnacional y la influencia de otros Estados, como Estados Unidos o los de la UE o algunos asiáticos.

El intervencionismo estatal en aras de incorporar a la sociedad civil a la vida política activa, ha sido más bien de carácter “caudillesco” y para asegurarse su propio poder con su apoyo. El “peronismo” en Argentina, el “varguismo” en Brasil, fueron históricamente modelos y, a principios del siglo XXI, aunque siguiendo una mezcla de rasgos de los líderes mencionados anteriormente junto con el “castrismo”, Hugo Chávez. Siempre estuvo presente el “paternalismo verticalista” y no la educación de las “masas” para la vida política independiente y en “democracia participativa” -aunque Hugo Chávez ha sido un adalid de este tema, al menos en su discurso y las reformas constitucionales-. Esto significaría perder el poder del liderazgo. La “derecha neoliberal” sigue criterios similares. El Estado debe minimizarse y el pueblo sólo es útil como “legitimador” a través del voto y como mano de obra barata y consumidor en los proyectos económicos.

La participación de la sociedad civil, se da fundamentalmente a través de actividades sectoriales que producen ciertos cambios importantes, como los grupos de Derechos Humanos, al estilo de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina; Colombianos y Colombianas por la Paz en Colombia y grupos similares en otros países de la región; las organizaciones indígenas en ese país o en Guatemala, México, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile; las diversas manifestaciones populares frente a medidas gubernamentales, problemáticas de seguridad, de la mujer, del desempleo, la pobreza, el desplazamiento de las tierras, etc.; pero cuyo peso aún no es significativo ni está suficientemente organizado e interrelacionado, como para re-direccionar a los sistemas políticos y generar una base sólida de participación social. Las organizaciones de la sociedad civil, tienen la representación real de los intereses, necesidades y aspiraciones de la gente, pero carecen de representación formal que permanece en los partidos políticos, que priorizan -operando como “gestores”- los intereses de los sectores de poder y no los de los electores. Los ciudadanos o pobladores comunes no son “estrategas”. Hay que considerar que hay organizaciones de la sociedad civil disfrazadas de tales, cuando en los hechos operan como receptoras de fondos que el Estado les transfiere para presuntos fines sociales y reclutar supuestos beneficiarios de esa ayuda, con la finalidad de generar un clientelismo atado a la finalidad política del líder dominante. Que el Estado, a través de sus funcionarios, “tercerice” las funciones sociales, genera la sensación de adoptar mecanismos corruptos para desviar fondos que el propio Estado debe manejar y administrar de manera transparente.

Como apuntaba más arriba, en el marco conceptual, la inercia social, que genera un statu quo perverso, está dada por una “cultura del satisfecho” 1177, que se trata de dos caras de una misma moneda:

1) una de ellas muestra el egoísmo miope de quienes viven satisfechos de su prosperidad y/o status económico-financiero, e ignoran a quienes han quedado marginados y privados de ayuda para cambiar su suerte;

2) la otra cara está dada por una gran mayoría de necesitados, que se acomodan de manera conformista, debajo del beneficio que reciben de los Gobiernos -de manera clientelar- que otorgan ayuda social, viviendas económicas, servicios médicos básicos, paquetes alimentarios, etc.

La Sociedad Civil no sólo es Débil Además está Fragmentada

La inconformidad popular expresada en múltiples y variadas movilizaciones sociales -en tanto no sean manipuladas por dirigentes con segundas intenciones-, en general, no alcanza a convertirse en una acción política electoral orientada a modificar el statu quo.

Uno hace referencia a la “sociedad civil” como si constituyera un “actor racional” 1178, cuando en realidad, es una multitud de individuos y sectores, con visiones que no necesariamente convergen y, en muchos casos, son cooptadas por las políticas “clientelares”, favoreciendo la fragmentación y también la confrontación.

La causa generalizada pasa por la falta de coordinación y de unidad, en cuanto a la conformación de una agrupación política coherente y capaz de ser partícipe dentro del sistema. Uno de los factores de este hecho se corresponde con la diversidad de fuerzas políticas que están detrás de los “movilizados”, con el objeto de cooptarlos con fines que hacen más a sus intereses sectoriales que a los intereses de los que se movilizan. Se entrecruzan intereses políticos electorales con otros intereses sectoriales e influencias externas que favorecen la división.

En vez de priorizar una plataforma de lucha conjunta y una forma de coordinación y organización -aún desde diferentes intereses sectoriales-, las diversas expresiones de los movilizados, son convencidos de que es más sencillo actuar desde adentro de los grupos formados. De esta manera terminan disolviéndose, a la vez que los Gobiernos tienden a acordar con cada sector y región por separado, para evitar que se organicen. Un buen ejemplo está dado por las “Asambleas Populares” en Argentina, bajo el lema “que se vayan todos”, durante la crisis del 2001, que dio lugar a la renuncia del Gobierno de Fernando De La Rua; que fueron cooptadas por los diferentes partidos políticos, temerosos de que se les terminara el negocio de la política, al punto de que, al año, terminaron desapareciendo. Igual destino pueden tener las diferentes agrupaciones sociales en Colombia, que surgieron a partir del proceso de negociación o paralelamente a éste.

Entender el Significado y el Concepto de “Pueblo” en la Realidad

Pueblo es un término utilizado de manera genérica, para hacer referencia a los habitantes de un lugar o emplearse como sinónimo de un país o nación, como el pueblo mexicano, el pueblo colombiano, el pueblo argentino, etc. Más allá de definiciones y tecnicismos sobre el término, que no está mal tener en consideración, es importante analizarlo en los hechos, tal como opera según el imaginario que las diferentes sociedades estatales le dan.

Originariamente pueblo proviene del término latino populus, que hace referencia a tres conceptos distintos:

i. a los habitantes de una región;

ii. a la cantidad de población de menor tamaño que una ciudad o a comunidades pequeñas;

iii. a la clase baja de una sociedad.

Pensando en términos de la evolución del concepto y de actualidad, habría que agregar un cuarto concepto:

iv. el uso popular y cultural del término “pueblo”.

i. Hablar de habitantes de una región en la actualidad, termina siendo un concepto demasiado amplio y genérico, ya que dentro de esa región, puede haber gente que tenga nacionalidades distintas o profese religiones distintas, etc. Pueblo puede tener que ver con el factor étnico, cuando se hace referencia, por ejemplo, a los “pueblos indígenas”, o el “afrocolombiano”, que pertenecen al misma país, pero provienen de etnias diferentes aunque estén “sumergidas” en una cultura similar, en este caso la colombiana. Independientemente de pertenecer al mismo país, existen raíces culturales que los diferencian y hacen que se comporten y perciban la realidad de manera distinta, tal el caso de los pueblos indígenas en relación con lo que llaman la “madre tierra”, en cuanto no coinciden con la manera en que la manejan miembros del mismo país, aunque con culturas diferentes.

ii. Respecto de la segunda acepción, el concepto de pueblo está vinculado a las áreas geográficas del país, particularmente rurales. En países como Colombia, los sectores rurales que viven de la actividad agrícola, son significativos a la vez que se sienten desplazados o marginados de las decisiones que toman los diferentes Gobiernos, no sólo en el nivel nacional, sino también estadual -provincial-, e incluso municipal. En general, los habitantes de estos pueblos desde esta perspectiva, tienen muy poco peso en la vida política de los países, aunque contribuyan con sus productos de una manera significativa.

iii. En su tercera acepción se hace referencia a una clase social. En la antigua Grecia, el demos (δῆμος) o pueblo, era el sujeto de la soberanía en el sistema democrático. No obstante, no formaban parte del demos las mujeres, los niños, los esclavos o los extranjeros. Para el Derecho romano, el pueblo encarnaba el concepto humano del Estado, en el que cada uno de sus integrantes era titular de derechos y obligaciones civiles y políticas. En Roma había dos cuerpos sociales y políticos diferenciados que, juntos, constituían la República romana: el Senatus (Senado) y el populus (pueblo); en otros términos los patricios y los plebeyos.

iv. En la actualidad se vincula al concepto de masas cuya identidad está dada por la corriente que las arrastra o el líder que las conduce; o el pueblo trabajador en términos sumamente amplios e imprecisos.

De acuerdo con el momento histórico, el término pueblo se usó de diferentes modos; sin embargo, algo que es común desde siempre es que se llama así a un conjunto de personas que se mueven con un mismo objetivo de vida o que comparten los límites de un territorio. A partir del desarrollo del Derecho Constitucional, pueblo se denomina al conjunto de personas que integran el Estado, donde -teóricamente- no existen privilegios de raza, sexo, religión o status económico o social. El pueblo está formado por todos los individuos y, bajo la ley, están -teóricamente- en igualdad de condiciones. En los sistemas democráticos modernos el término pueblo se utiliza para mencionar a aquellas personas que pueden votar y ser elegidas; esto significa que, según la Constitución, los menores de dieciocho (18) 1179, los extranjeros sin carta de ciudadanía, miembros de las fuerzas armadas, sacerdotes y monjas, entre otros, no formarían parte del pueblo.

Para el caso específico de Colombia, si se hace referencia al Artículo Tres (3) de la Constitución y a su Preámbulo, el “pueblo” es el “soberano”, aunque en los hechos, se trata de una “diversidad difusa”, carente de poder suficiente y opera como simple elector en los procesos de votación, legitimando las decisiones de quienes gobiernan, más allá de su voluntad, necesidades e intereses.

Es importante diferenciar pueblo de masa. Se dice que el verdadero pueblo está compuesto por ciudadanos que son conscientes de su responsabilidad, sus deberes y sus derechos. Consideran que su libertad tiene los límites establecidos por donde comienzan la libertad y dignidad de los demás y que la desigualdad no debe ser arbitraria, sino diferentes franjas dentro de la idea de “igualdad de oportunidades”.

La masa se encuentra formada por individuos carentes de identidad propia, que no sabe o no intenta construir sus oportunidades, dejándolas en manos de otros, que no tienen ideales ni sienten responsabilidad alguna en relación con su entorno -el militante-. El hombre/mujer-masa es aquél que no se distingue del resto, a quien no le interesa labrarse un porvenir sino tomar aquello que le viene dado merced al liderazgo de quienes conducen los destinos de la sociedad. No tiene aspiraciones intelectuales ni espirituales y lo único que espera de la vida es que lo guíen, que le den el “producto terminado”. Este sector de la sociedad es enemigo de la democracia -no en términos electorales sino de participación responsable- y de todo tipo de Gobierno donde el pueblo deba participar activamente y con compromiso. Para ellos, la idea de “libertad” está dada por lo que el/la líder les da y el “compromiso” es con quienes los lideran y su “causa”. Lo “normal” es manejarse en forma multitudinaria bajo la conducción del/la líder, en torno a una idea/ideología sin cuestionamientos, salvo para quienes no acompañen esta conducción, utilizando consignas típicas de masas al estilo de: “si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”, generando un imaginario en el que quienes no están con ellos, no merecen ser considerados, o deben ser rechazados.

Dentro de este concepto es que entran términos como “pueblo peronista”, “pueblo kirchnerista” o “la cámpora” en Argentina o “pueblo chavista” en Venezuela, -y muchas otras denominaciones de ese estilo, históricas y actuales en diversas geografías-, quedando fuera de la idea de “pueblo” los que no tienen pertenencia -a un partido, movimiento, agrupación, etc.-, pasando a ser “la oligarquía” o “los gorilas” que serían el “antipueblo”.

Para los líderes carismáticos al estilo de Juan Perón, Fidel Castro, Hugo Chávez, que son vistos por sus seguidores como “el General” o “el Comandante”, ya que tienen una mentalidad por sobre todo militar, por lo que el “verticalismo” y el “orden” son esenciales, el poder es del pueblo pero no lo maneja el pueblo -ni dejan que lo haga-, ellos son los “administradores” porque son los que conducen y deciden cuál debe ser la dirección de todos los asuntos de Estado.

Estos grupos o agrupaciones lideradas por “punteros” -algunos de ellos, manejan organizaciones de la sociedad civil que operan como vínculo entre el/la líder como conductores políticos del Estado en el orden municipal, provincial o federal y la gente que se acerca o es cooptada a través de sus carencias o necesidades-, quienes obtienen poder por la cantidad de seguidores que logran para el/la líder, son quienes van generando el imaginario de lo que es “verdadero pueblo” y de lo que es el “antipueblo” o el/los enemigo/s del pueblo.

Lo cierto es que no necesariamente hay que pertenecer a una élite, para quedar fuera de lo que es considerado “pueblo”. Cuando los sindicalistas o agrupaciones que pertenecen a movimientos políticos hablan de “pueblo”, adjetivándolo como “pueblo trabajador”, quedan fuera del concepto de “pueblo” los trabajadores que no están comprendidos por estos grupos sindicales o políticos, como los “docentes” -entre otros- que tienen sindicatos débiles y que, en muchos casos, no entran dentro del ideario de “trabajador” 1180, aunque lo sean; de la misma manera que los “investigadores científicos” que son vistos como una élite especial, pero no como trabajadores, por mencionar algunos ejemplos.

Si vemos que en América Latina se habla de “pueblos indígenas”, “pueblo afrocolombiano”, “pueblo trabajador”, “pueblo peronista o chavista”, etc., y cada uno se considera el dueño de la verdadera ciudadanía mientras que el resto son el contrario, el enemigo, la antipatria, los gorilas o, simplemente “los otros”, entonces resulta muy complejo hacer referencia a la idea de pueblo en forma tan genérica, porque dentro del pueblo de una Nación pareciera que hay muchos pueblos que no tienen vínculos, sino distanciamientos o competencias o pugnas. Esto, a muchos gobernantes o candidatos les viene muy bien, ya que a río revuelto ganancia de pescadores o divide et impera. La idea central pareciera ser tener poder, no generar desarrollo y bienestar para el país.

Esto, además, debería verse a la luz de otro concepto importante al que he hecho referencia más arriba: “la cultura de la satisfacción” provocada, en parte, por la incapacidad de generar un “movimiento ascendente” por parte de las “subclases” insatisfechas, lo que hace que se genere resentimiento y violencia. Con el proceso de globalización particularmente, se ha paralizado la movilidad social, generando callejones sociales y laborales sin salida. El cambio se torna “difuso” mientras que el “statu quo” es lo conveniente para el satisfecho 1181.

No necesariamente el “satisfecho de su prosperidad” es el “antipueblo”, ya que puede tratarse de muchos que con su esfuerzo personal han ido creciendo y alcanzando objetivos, concentrándose en seguir avanzando; de la misma manera que aquellos que se conforman con los beneficios que reciben del/la líder o el Gobierno no son necesariamente “pueblo”. Sí queda claro que el “tejido social” que debería estar funcionando como coaligante, no existe o está roto, por lo que, si por “abajo” no hay toma de conciencia para modificar esto, porque cada uno -individuo o grupo de identidad- está concentrado en lo que alcanza con su esfuerzo o consigue como favor por formar parte de un grupo determinado, por “arriba” debería darse una conducción de los asuntos públicos que tienda a resolver esto, en vez de profundizarlo para manejar dividiendo. Ante la ausencia de ambas alternativas, la sociedad irá en la dirección de quién/es detente/n el “poder inteligente”, sea un actor interno o externo, público o privado.

En América Latina, particularmente ciertos sectores políticos, sindicales o sociales, hablan de “pueblo” en forma devota y como si fuera el que debe recibir lo mejor, pero éste está compuesto por una diversidad desconectada, que genera demandas, pero que no opera activamente. Es excesivamente pasivo, pretencioso, critica lo que no recibe aunque nada haya hecho por obtenerlo o merecerlo y se comporta, no como “pueblo” en términos de “tejido social” sino como “individuo” -individual o grupal- dentro de un pueblo que le debe todo pero al que no le interesa ni cree que merezca darle nada a cambio.

No existen convergencias entre “diferentes pueblos” dentro de un país o de una región, y no hay quien busque integrarlos; muy por el contrario, privilegia a los que pueden darle poder y margina a quienes no. De esta manera, los “pueblos indígenas” -salvo recientemente y sólo en Bolivia y con un líder que busca eternizarse en el poder siguiendo las pautas culturales caudillescas latinoamericanas-, tienen alguna participación activa en la construcción de su destino -con muchos vaivenes y problemáticas internas- pero en general, en los países latinoamericanos, es sólo algo formal. Pueden quejarse, acampar durante días y meses tratando de hacer ver sus demandas frente a los edificios gubernamentales o en los territorios reclamados, que serán ignorados o, en ciertos casos, criminalizada su demanda.

Se ha generado en América Latina una cultura de individualidad perniciosa. Los individuos viven “agazapados”, sin participar activamente de las actividades económicas-sociales-políticas-culturales como partes de un pueblo, esperando caerle encima a quien tome decisiones y no haga algo acorde con sus intereses y, por sobre todo, espera que el/la líder resuelva a su favor, si es posible, con costos para los “pudientes”. Están más atentos en ver qué puede hacer el “país” por ellos, que ellos por que el país avance y evolucione.

Además de los factores culturales propios de cada “pueblo” al interior de un país, que constituyen un elemento central en lo que hace a su “identidad”, está la construcción de la identidad del conjunto en la que deberían converger los diferentes elementos culturales. Hay que considerar a la identidad como una asimilación de valores y pautas de acción que se adoptan y asumen como propios, no como resultado de una denominación de origen, sino como conciencia de pertenencia a la comunidad aunque diversa. La identidad de un pueblo no se puede definir como esencia, sino como proceso, algo que está siempre en construcción y evolución; caso contrario, todos los habitantes originarios de América Latina tendrían identidad regional, pero los inmigrantes o hijos de inmigrantes, muchos de los cuales han venido de diferentes países europeos, podrían tener la nacionalidad, pero carecerían de esa identidad regional. Países como México, Perú, Guatemala o Bolivia, son Estados multiculturales y plurinacionales y países como Argentina, son Estados formados básicamente a partir de la recepción de una gran masa inmigratoria diversa.

La identidad es un factor coaligante de los diferentes “pueblos” -que a su vez tienen su identidad- dentro de un país o de una región más amplia -¿América Latina?-, para generar una direccionalidad hacia el desarrollo, el bienestar conjunto. Gran parte de los problemas que la región tiene históricamente y en la actualidad, están ligados a su alto grado de fragmentación y fundamentalmente “auto-fragmentación”, generada por luchas y pugnas internas, carentes de objetivos comunes, sino más bien espurios. No resolver ni tener en consideración estos factores, redundará en una continuidad de subdesarrollo, dependencia y falta de direccionalidad e inserción en un mundo con una creciente dinámica.

También es cierto que una de las raíces de esta identidad difusa y desorientación político-social en América Latina -como en otras regiones que fueron sometidas a la colonización-, está íntimamente vinculada a la imposición de la lengua del dominante, su cultura, sus ideas e instituciones políticas y valores centrales, eliminando o marginando de manera subordinada los propios y originales de la región. Las sociedades latinoamericanas han sufrido un proceso de “glotofagia” 1182, que las ha dejado carentes de identidad y objetivos propios, por lo que van en la dirección de lo que se les plantea como adecuado y necesario y no de sus aspiraciones y objetivos. Esto ha traído como consecuencia, el que la élite dirigente en estos países -y muchos sectores o grupos de la sociedad que no necesariamente constituyen élite o forman parte de la dirigencia-, no consideren positivo o relevante el pensamiento de la gente indígena u originaria, que está vinculado con la idea de atraso. Son sociedades incapaces de construir un destino propio, porque piensan con una identidad impuesta por los colonizadores y neocolonizadores. La dirigencia -política, económica, intelectual- esta más vinculada al pensamiento del neocolonizador que al de su propia sociedad.

Adicionalmente, esta grieta generada entre la identidad impuesta por el colonizador y la de las sociedades subordinadas, se repite al interior de los países y de la región misma, toda vez que existen odios, inquinas, divisiones y diferencias que impiden buscar caminos en común y construcción de una identidad comprehensiva e integradora.

Legalidad y Legitimidad en la Democracia

Los Gobiernos hacen uso de la “legalidad”, como forma de ir imponiendo sus pautas, y/o las de los grupos de poder sectoriales que los apoyan y financian.

Como América Latina tiene sistemas “presidencialistas”, donde los Congresos o Parlamentos están prácticamente subordinados, logran con relativa facilidad las leyes que necesitan 1183, ya que no existe oposición real, sólo están los que “no Gobiernan” en ese turno o en ninguno, porque nunca alcanzan la mayoría y por lo tanto no son significativos como oposición. Los que pueden Gobernar en algún momento, se comportarán de manera similar.

El pueblo carece de representación real, ya que los Diputados no son sus representantes en términos reales, al votar verticalmente los mandatos del partido de Gobierno o del que no está en el Gobierno, y actúan con una aparente oposición, o real, pero carente de capacidad para generar cambios.

De esta forma, el pueblo tiene que ajustarse a la “legalidad” y si no lo hace, entonces puede ser, incluso, criminalizado si actúa en demanda, poniendo en peligro los intereses y la seguridad de quienes Gobiernan y quienes apoyan con su poder a los que Gobiernan. Ejemplos de “criminalización” de la demanda social están presentes en todo el mundo; basta con leer los diarios y en el caso de Colombia, se observa con mucha frecuencia, especialmente frente a la demandas de los grupos campesinos, los indígenas y los afrodescendientes.

La Criminalización de la Desobediencia

La creciente tendencia mundial de tratar como criminales, a las personas que ejercen un derecho democrático fundamental, como es el derecho a la protesta, muestra la incapacidad de los Estados -los Gobiernos que los conducen- tanto para leer y satisfacer las demandas sociales como para hacer frente a la emergencia de nuevos conflictos. En gran parte de los casos, no se trata de una “incapacidad” de los Estados, sino de una orientación ideológica de los Gobiernos que, crecientemente responden a intereses sectoriales y corporativos en la medida en que disminuyen las posibilidades reales de funcionamiento del sistema Republicano.

Las protestas masivas que estallaron en diferentes partes del planeta en los últimos años, marcan el comienzo de una nueva época:

    Canadá: de los estudiantes por la ley educativa; una extensión de la protesta de los “indignados” estadounidenses del movimiento “Occupy Wall Street” y los efectos de la crisis económica, extendida a Canadá;

    Ucrania: contra el Gobierno, y contra su decisión de frenar la integración con la Unión Europea y acercarse a Rusia;

    Portugal: contra los planes de ajuste del Gobierno;

    Brasil: por el gasto en el mundial de fútbol que mostró un empeño por parte del Gobierno, no reflejado en el gasto social; además de situaciones de corrupción visibles en las esferas gubernamentales y empresariales;

    Egipto: por la opresión contra las mujeres; contra el poder islámico; contra la reactivación de la Ley de emergencias por el Gobierno; enfrentamientos entre partidarios del depuesto Presidente Mohamed Morsi y fuerzas del Gobierno;

    Grecia: por las leyes sobre educación; por los planes de austeridad del Gobierno frente a la crisis de la deuda;

    Argentina: desde principios del siglo XX hasta después de la segunda guerra mundial, ha habido importantes protestas, especialmente obreras. En la década de los ‘60, conjuntamente con algunos de los sectores obreros -ciertos sectores sindicales se plegaron al golpe de Estado hecho por Onganía, junto con la iglesia católica-, comenzaron a participar activamente los grupos estudiantiles, además de diversos sectores de la sociedad civil, particularmente durante y frente a las dictaduras militares de Juan Carlos Onganía a Agustín Lanusse (1966-1972), y de Jorge Rafael Videla a Reynaldo Vignone (1976-1982). En esta última etapa dictatorial, las Madres de Plaza de Mayo tuvieron un rol importante en sus reclamos por los derechos humanos. A principios del siglo XXI, cambió el tono de la protesta, y se dieron movilizaciones a partir del 2001, inaugurando un tipo diferente de participación social, que va más allá del ámbito electoral, y que establece una forma particular de ampliar los límites democráticos, expresándose contra ciertas políticas y formas de Gobierno calificadas formalmente de democráticas, pero en los hechos antipopulares 1184. Las manifestaciones que estallaron, respondieron a litigios por la tierra, en una economía de conflictos que va de las tomas urbanas, a los desalojos rurales vinculados al neo-extractivismo minero. Nuevas formas de violencia emergieron, relacionadas con lo que los medios de comunicación categorizaron como “guerra contra el narcotráfico” y que ubicaron al país frente a una encrucijada 1185.

La explosión popular cuestiona a los Gobiernos -o a algunas de sus medidas- y exige reformas vinculadas a los servicios sociales: empleo -por desempleo y por “primer” empleo-, transporte, educación, salud, vivienda, etc., al tiempo que emergen nuevos conflictos que obligan a ampliar y complejizar la noción de “protesta social” ya que excede la simple forma de manifestación o de Asamblea.

El movimiento por los Derechos Humanos en este contexto, se encuentra en pleno proceso de reconfiguración mundial, a la vez que es desafiado por los nuevos conflictos que ponen a prueba su capacidad de respuesta y relanzamiento como herramienta discursiva, política y jurídica. Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, constituyen la bisagra que muestra el cambio hacia la declinación de un tipo de liderazgo ético de organizaciones de Derechos Humanos con base en Estados Unidos; sobre todo, es el momento que marca un punto de inflexión en el accionar de algunos Gobiernos frente al conflicto por la aprobación de “leyes antiterroristas”. Desde entonces se produjo un cambio fundamental: las estrategias de represión clandestina que marcaron las épocas dictatoriales buscan dejar de ser ilegales para legalizarse, como es el caso de los drones, las ejecuciones selectivas, las requisas e interrogatorios, la desaparición forzada de personas y el espionaje a escala de masas. Estas prácticas desdibujaron las tareas de los organismos internacionales, ya que perdieron progresivamente fuerza y eficacia.

Este nuevo paradigma, que termina criminalizando las demandas sociales por parte del Estado -los Gobiernos de turno-, obliga a las organizaciones de derechos humanos a buscar nuevas estrategias.

La hegemonía rentística de los actuales negocios en el mundo, estaría en la base de una conflictividad que cambia su naturaleza, generando nuevas reglas inalcanzables para el Estado y la forma de Gobierno tradicionales. Esta nueva generación de reglas es, principalmente de carácter transnacional, en algunos casos siguiendo tendencias normales dentro de la globalización, en otros y crecientemente, de origen espurio, como es el narcotráfico por ejemplo. Unos, buscan formas de obligar a los Gobiernos a que se respeten sus inversiones e intereses a través de “acuerdos de protección del inversor”, que desde la década de los ‘90 han proliferado; otros, utilizan sus propios sistemas de seguridad para proteger sus intereses. El accionar de esas corporaciones armadas tiene por finalidad proteger la propiedad, el comercio ilegal. Se constituyen en un “segundo Estado”, con sus leyes, fuerzas de seguridad y organización propia.

El ciclo de las protestas globales, pone de relieve nuevos desafíos. Surge la necesidad de una perspectiva que contemple tanto la discontinuidad y variedad de las protestas, como los elementos comunes vinculados a las exigencias democráticas que provienen, como la fuerza y el ímpetu de innovación, desde fuera de los ámbitos institucionales. Pensar una teoría política nueva, en torno a estas formas diferentes de hacer, reclamar y organizarse respecto a los movimientos revolucionarios de otras épocas. La cuestión reside en repensar y redefinir algunas categorías clásicas como las del derecho, la ciudadanía, la inclusión, etc.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil Reclaman al Gobierno por su Falta de Atención

A principios de marzo del 2016, representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil: CUT, CGT, CTC, CPC, Cumbre Agraria, Movimiento E24, Dignidad Agropecuaria, Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, enviaron una carta al Presidente de Colombia por su incumplimiento y negligencia para atender las demandas del pueblo Colombiano.

En ella expresaron que el movimiento social, centrales obreras, camioneros, taxistas y demás iniciativas ciudadanas, preocupados por la situación económica, política y social del país, impulsaban un gran paro Cívico Nacional.

Si el Presidente Santos había establecido como parámetro inamovible en el proceso de negociación con las FARC -trasladado también al proceso con el ELN-, que no se podía tocar “el sistema político y el modelo económico”, las organizaciones de la sociedad civil le plantean lo opuesto como uno de los requisitos para que la Paz sea efectiva y alcance a todo el pueblo y que no sea algo sólo entre Gobierno y las guerrillas.

Las organizaciones expresaron su respaldo al proceso de Paz, mientras dejaban clara su oposición a la política económica del Gobierno que no garantiza una Paz estable y duradera 1186.

Más que una protesta la plantearon como un llamado para que el Gobierno entienda que la crisis social del país, y los problemas como el paramilitarismo y la corrupción, van en contra de los contenidos que se negocian en Cuba.

La ex-Senadora y líder de Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba dijo:

Aquí todos apoyamos la Paz, pero es que hay muchos problemas que nos hacen pensar que se va acabar el conflicto pero que el país va a seguir en las mismas en temas de Derechos Humanos y políticas sociales... Nos preocupa el paramilitarismo, siguen asesinando a líderes de izquierda y por eso salimos a protestar contra un Gobierno que quiere acabar la guerra con las FARC pero que no escucha las necesidades de la gente”.

Sin dudas, lo único que busca el Gobierno de Santos con los diálogos de la Habana es “desarmar y desmovilizar la insurgencia para que todo siga igual” 1187.

Los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales y laborales expresaron que actuaban movidos por el fracaso en las negociaciones del Salario Mínimo Legal, la absurda y arbitraria venta de ISAGEN, el escándalo de REFICAR, el anuncio de la Reforma Tributaria lesiva para los sectores populares, la liquidación de CAPRECOM y de SALUDCOOP, el incumplimiento para con los pensionados y los trabajadores sobre un Acuerdo suscripto con el Presidente Santos para reducir los aportes en salud del doce al cuatro porciento y el restablecimiento del valor del recargo nocturno y los dominicales y festivos, por la constatación de los incumplimientos a los Acuerdos suscriptos con Dignidad Agropecuaria, Cumbre Agraria, así como con la cruzada camionera, taxistas y otros sectores; sumando a lo anterior, la nociva agenda legislativa, el alto grado de empobrecimiento de los campesinos y la mayoría de la población, el alto costo de la canasta familiar y el transporte público, el desempleo, la informalidad, la impagable deuda externa, todo ello producto de un modelo económico neoliberal regresivo.

Conoce usted, señor Presidente, la tragedia que vive nuestra niñez en muchos lugares de Colombia donde, en una macabra danza de la muerte miles de niños fallecen de hambre, sed y toda clase de enfermedades, por el abandono de su Gobierno y de una clase dirigente arrogante y mezquina. El paramilitarismo lejos de desmontarse, sigue rampante en el territorio nacional sembrando muerte y terror, constituyéndose en un obstáculo y una amenaza para las garantías que deben gozar las ciudadanías para el pleno ejercicio de sus derechos y pervivencia en el territorio.

Las organizaciones firmantes apoyamos las negociaciones del Gobierno nacional con las guerrillas para poner fin al conflicto interno, impulsaremos el mecanismo de refrendación que acuerden las partes y pedimos total compromiso en el cumplimiento de lo acordado. El momento exige el máximo de responsabilidad para evitar más frustraciones para nuestro pueblo y poder concretar el anhelado Acuerdo de Paz. Pedimos al Gobierno nacional que de la misma manera que se negocia en La Habana, se atiendan los reclamos y la participación de los sectores gremiales y sociales, y se respete la protesta ciudadana. En este orden de ideas nos permitimos plantear, el Comando Nacional Unitario y la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas, las principales exigencias que requieren de una respuesta urgente de parte de su Gobierno:

1. Desarrollar un programa estructural con medidas de emergencia para el pueblo guajiro y otros más donde la hambruna y la muerte de la niñez, es una vergüenza para Colombia.

2. Cumplimiento de los Acuerdos firmados entre el Gobierno y las diferentes organizaciones representativas de los trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, indígenas, transportadores y empresarios agrarios.

3. Frente a la carestía de la vida, demandamos alza general de salarios y del subsidio de transporte, con equidad salarial para las mujeres y reducción de las tarifas de los servicios públicos y el transporte. Disminución del costo de la canasta familiar y el establecimiento de mínimos vitales.

4. Defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol (construcción del PMRB, no a la venta de las filiales ni al cierre de campos petroleros) y las empresas públicas territoriales, entre otras: Aseo, ETB, EAAB, EEB, EMCALI y la participación del Estado territorial en ISA, ISAGEN.

5. Evaluación y revisión de los Tratados de Libre Comercio. Defensa de la producción nacional, tanto agropecuaria como industrial, mediante mecanismos arancelarios, tributarios, financieros, (condonación parcial de deudas y rebaja de intereses para los afectados por el verano), entre otros. Rechazo a la importación de alimentos con arancel cero y el desmonte de las licoreras.

6. No a la privatización de la salud y la educación a cargo del Estado y demandamos incremento presupuestal para estos sectores. Dignificación de la salud de los y las docentes y pago de deudas laborales. Reforma universitaria democrática y concertada y la condonación de deudas de estudiantes con el ICETEX y fortalecimiento presupuestal del SENA.

7. Promoción del empleo en condiciones de trabajo digno y decente, política de formalización laboral y ampliación de las plantas de personal en el sector público y privado, con quienes cumplan funciones permanentes y misionales, así como protección del derecho al trabajo y acceso al espacio público para los informales.

8. Promover un ordenamiento territorial con base a la protección del medio ambiente, el agua como un derecho humano fundamental y los ecosistemas estratégicos esenciales para la vida. Exigimos la moratoria minera, los acatamientos a los fallos de la Corte Constitucional, la consulta previa vinculante y decisoria para los proyectos minero-energéticos y prohibirlos en los cascos urbanos.

9. Reducción de los precios de los combustibles y congelamiento de peajes, así como también, impedir la cesión de corredores viales.

10. La reforma tributaria no puede ser de carácter regresivo, por consiguiente, se elimine las exenciones tributarias a las multinacionales y no se aumente el IVA, ni se amplíe su base gravable, ni se impongan cargas tributarias a la clase trabajadora y pensionados y se elimine el cuatro por mil.

11. Defensa de la tierra y los territorios para la producción agropecuaria del campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Fortalecimiento de la economía propia. Substitución concertada y gradual para los pequeños productores de cultivos de uso ilícito.

12. Garantía plena de los derechos humanos, libertades sindicales y no criminalización ni judicialización de la protesta social y reparación colectiva. Desmonte del ESMAD.

13. Fortalecimiento del régimen de Prima Media (COLPENSIONES) y no realizar modificaciones regresivas al régimen pensional. Pleno reconocimiento de los derechos prestacionales de militares y policías en retiro.

14. Disminución de las tasas de interés acabando la especulación financiera, protegiendo al sector de la economía solidaria (cooperativas, cajas de compensación).

15. Definir una política pública concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad, que tenga en cuenta el fortalecimiento de los órganos de control y la justicia 1188.

Si bien queda evidenciado que el pueblo colombiano no participa del mismo concepto de Paz -”Pax”, pacificación- que plantea el Gobierno de Santos -que no difiere del concepto de anteriores Gobiernos-, a la vez que no necesariamente está de acuerdo con las metodologías de las guerrillas, también quedan en claro una serie de aspectos que tienen que ver con la imagen del funcionamiento del Estado y la idea que se tiene de democracia.

Desde el punto de vista institucional, la condición de “soberano” del pueblo colombiano, establecida en el Artículo 3 de la Constitución de Colombia de 1991 y su Preámbulo, es sólo una mención formal que, en la práctica, en nada se efectiviza. El pueblo pareciera que sólo habla en las urnas para legitimar un candidato a Gobernar, que la élite partidista y de los sectores del establishment seleccionaron, que se transformará en quien tome las decisiones siguiendo los criterios de esos sectores del poder, y sólo responderá a las demandas de los “electores” en la medida en que eso “pacifica” y “calma” para mantener la gobernabilidad necesaria 1189.

Desde el punto de vista de la capacidad de acción de los diferentes referentes populares, sociales y laborales, su accionar no deriva en resultados significativos, sólo paliativos. En ningún caso la “voluntad popular”, sea cual fuere su expresión, modificará ni torcerá el rumbo establecido por el establishment, ya que carece del poder suficiente como para alcanzar cambios estructurales y de una teoría política para implementarlos. Ni siquiera aún después de más de sesenta años de guerra civil -no calificada así por parte de la élite de poder y gobernante interna e internacional-, se han logrado cambios estructurales, ya que el saldo final del proceso de negociación, que las propias organizaciones sociales, populares y laborales avalan, aunque no en sus resultados, llega a su fin con Acuerdos que significan ciertos cambios en áreas acordadas en la Agenda de trabajo, pero no se tocan “el sistema político y el modelo económico”, tal como el Gobierno y el establishment pretenden.

Lo destacable es que el Gobierno de Santos, desconoció totalmente las reivindicaciones y peticiones planteadas como plataforma de acción del paro cívico y la protesta popular. Esta actitud, ha sido vista por los diferentes sectores que participaron del paro, como una forma más de entorpecer la Paz con justicia social que se reclama, a la vez que la insuficiencia de lo que se firme en el Acuerdo final en la Mesa de diálogos de La Habana 1190.

Acceso y Control del Poder en el Estado

Del Golpe de Estado Militar al Golpe de Estado Constitucional

Los sectores corporativos, que antes utilizaban el golpe de Estado militar como instrumento para acceder al Gobierno 1191, desde el fin del sistema bipolar 1192, han cambiado su estrategia y la han ido perfeccionando, haciéndola cada vez más sutil, dándole visos de legitimidad y haciendo uso de la legalidad constitucional como el principal instrumento de sus “golpes”. De todas formas la “legalidad constitucional” de los Gobiernos de facto, ha sido garantizada por argucias de la Corte Suprema de Justicia 1193.

El “Golpe de Estado” sigue un “protocolo”, que siempre está acompañado de la apariencia de que se actúa porque no queda otra alternativa, y se lo hace en defensa de la Nación y de los ciudadanos y con el “apoyo” de éstos. En algunos casos son los militares los que hacen el golpe, en otros, son los civiles quienes actúan bajo la supuesta legalidad y autoría del Congreso Nacional.

La historia de América Latina, se ha caracterizado por permanentes luchas entre sectores de la burguesía, que han buscado mantener sus ventajas económicas-comerciales-financieras, en muchos casos obtenidas en la “construcción” del Estado nacional -algunos historiadores prefieren llamarle “formación” del Estado nacional-, mediante metodologías de expansión y ocupación territorial, que luego institucionalizaron en lo político, frente al resto de la población que ha debido subordinarse a las políticas seguidas y a las estructuras constitucionales establecidas. A estas luchas internas debe agregarse el interés de otros Estados y grupos económico-financieros, debido a la riqueza de la región, que han buscado sacar ventaja, en la mayoría de los casos, en alianza con los sectores corporativos internos, a la vez que establecer pautas económico-financieras y de seguridad según el modelo ideológico de su conveniencia. Resultante de esto, se han dado sistemas políticos que han estado sometidos a los vaivenes de inestabilidad, marcados por los sectores de poder.

En la construcción político-institucional de la región, han intervenido desde el siglo XIX, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, asegurándose de que sus intereses económico-comerciales-financieros y de seguridad quedaran salvos, en muchos casos, en alianza con las élites locales. No en vano, las Constituciones de los países de la región tienen un contenido liberal en lo económico -no en lo político-, siguiendo los principios planteados por Gran Bretaña, de necesidad de una apertura de las economías para obtener materias primas baratas a la vez que mercados consumidores de sus manufacturas 1194. Cuando hubo Gobiernos que intentaron modificar esto, llevando a cabo políticas disfuncionales a los intereses de las principales potencias y sus empresas y banca, a la vez que los de las élites corporativas locales, procedieron presiones de diversa índole, incluyendo la marginación e incluso, el golpe de Estado militar para restaurar las cosas a su “normalidad” 1195.

Hacia fines de los ‘80 en el siglo XX, los cambios sistémicos a nivel mundial 1196, generaron transformaciones en las estrategias de control sobre los sistemas políticos de la región, quedando desechadas las fuerzas armadas, como garantes del sistema y apoyándose a los particos políticos que fueran funcionales al sistema, que legitimaran a través del voto mayoritario, la continuidad de las políticas que dieran ventajas a los sectores corporativos internos y externos -democracia “cooptada”-. Carlos Menem en Argentina o Fujimori en Perú entre otros, utilizando la “democracia electorera”, llevaron a cabo Gobiernos “funcionales” a los intereses corporativos y al nuevo paradigma de la globalización, enmarcado por el Consenso de Washington de 1989. Los Gobiernos que no son funcionales, ya no caen por golpe de Estado militar, pero deben ser marginados o controlados o sacarlos con métodos limpios, que den imagen de legalidad. Lo formal es la legalización o legitimación, anteriormente mediante golpes de Estado anticomunistas y a partir de la Cumbre de Reykjavic de 1985, a través de elecciones que favorecieran el acceso de Gobiernos funcionales, caso contrario serán desplazados por juicios; lo substantivo es el objetivo que tiene el poder corporativo para llevar a cabo este tipo de acciones. Basta pensar que América Latina, es la única región del planeta que tiene recursos naturales estratégicos y no estratégicos, minerales y alimentarios en la tierra y en el mar, que pueden satisfacer las aspiraciones de las corporaciones y otros Estados del planeta por centurias. En última instancia, la región pasa a ser un área estratégica reservorio de recursos, que debe ser controlada.

Desde hace algún tiempo, las corporaciones, en vez de operar como grupos de presión, ponen a su propia gente a gobernar, caso de Vicente Fox en México, Sebastián Piñera en Chile, Porfirio Lobo en Honduras, Federico Franco y Horacio Cartes en Paraguay, Alvaro Uribe o Juan Manuel Santos en Colombia; Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en Panamá; el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos períodos (2007-2011; 2011-2015), Mauricio Macri, Presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2015 por cuatro años, con un planteo de conectar a los sectores productivos con los sociales de manera tal de resolver los problemas de pobreza y subdesarrollo; entre otros.

No sólo crece la idea de que las corporaciones busquen ubicar a su propia gente en el Gobierno, sino también como funcionarios en los diferentes estamentos federal, provincial o estadual y municipal. Ejecutivos en actividad y ex directivos de grandes empresas extranjeras y nacionales, muchos de ellos de alto perfil, dejan su función en el sector privado para entrar en la gestión pública.

No califico el hecho como algo bueno o malo, sino como una tendencia global a la que deberá prestarse atención si se quiere entender la evolución y el funcionamiento del sistema mundial y su incidencia en el Estado, que ha dejado de ser “Nación” para operar como “corporación” 1197. Un buen ejemplo es la forma cómo estaban conformados las diferentes Secretarias y Subsecretarías durante el Gobierno de George W. Bush, para entender que estaba fundamentalmente orientado hacia las corporaciones farmacéuticas, petroleras y del complejo militar-industrial, más que a la “Nación”.

Cualquiera diría que esto es el avance del “capitalismo” sobre el Estado, sin embargo cabría considerar el comportamiento “corporativo” de la estructura partidista en China, en la que el “pueblo” no tiene participación activa 1198. También se podría mencionar la estructura “corporativa” en el caso de Cuba cuyo líder durante años ha sido Fidel Castro como Primer Ministro (1959-1976), como Presidente (1976-2008), Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (1956-2008) y mantuvo el poder como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba desde 1965 hasta 2011. Sólo fue sucedido por su hermano Raúl. El pueblo cubano desde abajo, tiene participación pero sobre una estructura basada en el visto bueno de la cabeza del partido.

En países como Argentina, la ley establece que los funcionarios designados tienen que renunciar a los vínculos privados como condición para acceder al cargo y abstenerse de intervenir en cuestiones relacionadas con esos vínculos. El organismo de control en este caso es la Oficina Anticorrupción. Esto no es una garantía que se evitará el “tráfico de influencias” o que ciertos funcionarios operen en la actividad privada sin dejarlo sentado en un registro público para que se controlen los posibles conflictos de intereses que se pudieran generar. La publicidad de los actos de gobierno constituye un problema y resulta muy difícil de controlar; en muchos casos, se legisla de manera tal que se hace reserva de ciertos actos de manera tal de dificultar el control público 1199.

La preocupación por la existencia de cargos en el sector público de funcionarios de carrera o de gerentes de empresas que acceden a estos cargos, se relaciona con la idea de que el sector público está más influido -teóricamente- por el diálogo comunitario, la participación social y el respeto a valores constitucionales y democráticos, por lo que el funcionario debe ser un conocedor del funcionamiento del sistema político; mientras que el que proviene del sector privado, está más vinculado a elaborar soluciones técnicas, pero que carecen o están alejadas de lo social. Un país no es una empresa, donde el objetivo central es la rentabilidad, sino que debe comprender, además de las necesidades de inversión y crecimiento económico de los sectores empresariales, las demandas sociales, su bienestar, educación, salud, vivienda, etc.

Cambio de Metodología pero no de Objetivo

La nueva metodología de exclusión sin apariencia de golpe de Estado, se observa en diferentes países y va en incremento.

Honduras

El caso de Honduras, del 28 de junio del 2009, cuando Manuel Zelaya Rosales fue destituido por Decreto 141/2009:

El Congreso Nacional en aplicación de los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 40 numeral 4), 205 numeral 20) y 218 numeral 3), 242, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República acordó: 1) Improbar 1200 la conducta del Presidente de la República ciudadano José Manuel Zelaya Rosales por las reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales; y, 2) Separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente Constitucional de la República de Honduras. Promover constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheleti Bain actual Presidente del Congreso Nacional, al cargo de Presidente Constitucional de la República, por el tiempo que falte para terminar el período constitucional que culmina el 27 de Enero del 2010.

El trasfondo real del “golpe”, era que Zelaya fue siempre percibido a la izquierda del Partido Liberal, pero sus posturas se fueron acentuando con el transcurso de su mandato. Al radicalizarse, sus decisiones políticas comenzaron a causar fricciones con el Vicepresidente, su propio partido, el Congreso y el sector empresarial. Simbólicamente, el “giro hacia la izquierda” del Presidente comenzó en julio del 2007 con su participación, junto a la Presidenta del Partido Liberal, Patricia Rodas, en la celebración del 28° aniversario de la Revolución Sandinista en Managua. Desde un punto de vista político, los cambios se iniciaron a fines del 2007 luego de que fracasara el intento por sortear los controles de la oferta de petróleo que las multinacionales impusieran a Honduras. Entonces, con el fin de aliviar los costos de los crecientes precios del petróleo, Zelaya llevó a Honduras a unirse a PETROCARIBE liderada por el Presidente venezolano Hugo Chávez. En agosto del 2008, las relaciones del Presidente con la comunidad política -incluyendo su propio partido- empeoraron seriamente cuando aquél decidió unirse al ALBA 1201, también liderada por Chávez. Sin embargo, el Congreso acabó ratificando el convenio con el ALBA gracias a los votos del Partido Liberal y del pequeño partido Unificación Democrática. A partir de entonces, los medios opositores de comunicación comenzaron a mencionar cada vez con más frecuencia la influencia de Chávez en la política interna y la intención del Presidente Zelaya de perpetuarse en el poder generando el correspondiente malestar y sus consecuencias 1202.

Las elecciones dieron lugar al triunfo del empresario Porfirio Lobo, con el beneplácito del Gobierno de Estados Unidos.

Paraguay

Otro caso de corte similar, fue el “golpe de Estado Constitucional” 1203 realizado contra el Presidente Fernando Lugo en Paraguay el 22 de junio del 2012, siendo reemplazado por Federico Franco. Detrás de la controversia se esconde una polarización política, básicamente entre las élites, que buscan preservar sus privilegios y los sectores en mayor o menor medida marginados, que pretenden conseguir más poder y tener acceso a más bienes y recursos.

El Gobierno de Lugo, con una identidad reivindicativa y anti-elitista, puso en marcha reformas fiscales y educativas, que encontraron fuerte resistencia en los sectores empresariales y la iglesia católica. Intentó una reforma agraria moderada pero fuertemente resistida; trató, sin éxito, de aumentar los impuestos a los exportadores de la soja y carne de tres a cuatro por ciento -en Argentina, para la misma época, se paga el treinta por ciento-. El violento y poco claro enfrentamiento por tierras de una tradicional familia de terratenientes, que provocó el 15 de junio la muerte de seis oficiales y quince campesinos, se enmarca en esta tensión.

El caso de Lugo es particularmente expresivo del enfrentamiento entre élites y sectores populares en un país donde perduran estructuras de poder arcaicas.

El nuevo Presidente Federico Franco, luego de abolir las regalías de cuatro dólares que deben pagar los productores de soja por cada tonelada cosechada con la biotecnología de la Transnacional Monsanto, “Soja Roundup Ready RR1” e “Intenta RR2 Pro”, otorgó nuevas facilidades a la Monsanto para el uso de las semillas transgénicas de algodón, maíz y soja.

Federico Franco aprobó nuevas leyes de educación que han marginado aún más a los pobres, y se acabó con la asistencia social para los campesinos. Decidió eliminar a las organizaciones sindicales. Inició una ola de persecución política, represión social y despidos masivos.

El setenta por ciento de los productores de soja y carne en Paraguay son extranjeros y el accionista principal de una de estas corporaciones, Pampas Húmedas y su subsidiaria ADECOAGRO es George Soros 1204.

En elecciones realizadas en abril del 2013, ganó el candidato de la Acción Nacional Republicana (ANR), partido colorado, Horacio Cartes, un millonario hombre de negocios, quien obtuvo la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados.

Alcaldía de Bogotá en Colombia

Una modalidad de “golpe” en el orden interno, haciendo uso de recursos constitucionales, que marcan la “legalidad” de disposiciones, que resultan arbitrarias y desproporcionadas, estuvo dada, en los hechos, por la destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro el 9 de diciembre del 2013, por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez 1205, con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por quince años.

La elección de Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá, fue mostrada por el establishment colombiano, como la constatación de que, en Colombia, es posible realizar actividad política de izquierda, sin recurrir a las armas 1206. No obstante, los hechos muestran que no es posible; por lo contrario, resulta una elocuente advertencia a todo insurrecto que quiera abandonar las armas para hacer política; al menos en los términos en que los sectores de la élite corporativa consideran que debe ser hecha, en lo político, económico y de seguridad.

De acuerdo con el fallo del Procurador General, el Alcalde de Bogotá cometió tres faltas graves:

1) La decisión “libre, consciente y voluntaria” de “asignarles la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad: la Empresa de Acueducto de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá”. La Procuraduría encontró que el 4 de diciembre del 2012, a menos de dos semanas de que terminaran los contratos con los operadores privados, la Empresa de Acueducto firmó un convenio con Aguas de Bogotá que le entregó a esta última empresa la responsabilidad de manejar las seis mil quinientas toneladas de desechos no reciclables que produce a diario la ciudad. La empresa Acueducto terminó habilitada para prestar un servicio que nunca estuvo en su portafolio y que subcontrató en su totalidad. Como resultado de su falta de capacidad se improvisó “en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados con evidentes detrimentos al patrimonio público”, a lo que se agregó que “el Distrito volvió a contratar a los operadores privados” a los que pretendió reemplazar.

2) El Alcalde Petro, “de manera libre, consciente y voluntaria”, expidió un Decreto que “vulneraba los principios constitucionales de libre empresa y competencia e impuso una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a las del Distrito, prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre del 2012”.

La Procuraduría probó que la realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor Alcalde de manera consciente y voluntaria, en la medida en que él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna varias entidades nacionales y distritales, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Contraloría Distrital y el Ministerio de Ambiente”.

3) Decenas de volquetas que fueron usadas en Bogotá para recoger las basuras, violaron normas como la obligación de cubrir la carga contaminante, impedir la fuga de fluidos derivados de las basuras y tener diseños seguros para los operarios. El uso de volquetas, “se convirtió en una de las causas por las cuales durante los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012 se dejaron de recoger entre seis mil y nueve mil toneladas de basuras en la ciudad” 1207.

La Procuraduría demostró que la determinación del señor Alcalde Mayor provocó la crisis y caos en el mes de diciembre del 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por la utilización de volquetas hasta el mes de julio del 2013 y el riesgo actual de que los vehículos compactadores nuevos que adquirió la ciudad estén a punto de perderse, todo ello atribuible a la manifiesta incapacidad de Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá. Así mismo, se probó que las decisiones del Señor Alcalde vulneraron el principio de libertad de empresa y pusieron en riesgo el medioambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá” 1208.

El trasfondo real de la destitución -que tiene el agravante de una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y como única instancia, recurrir ante el mismo Procurador General-, tiene que ver con la lucha de lo privado contra lo público y de la derecha contra la izquierda, que juega un papel importante en los manejos de propiedad de tierras e inversiones en el país. Mientras que Gustavo Petro intentaba establecer un modelo en el que se privilegiara la participación del Estado, el Procurador lo sanciona (punto 2 de su fallo), por vulnerar los principios de la libre empresa y competencia. En ningún caso esgrimió causa penal, como lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 1209.

Corolarios y Dudas

Independientemente de las funciones establecidas en los Art. 277 y 278 de la Constitución de 1991, el Procurador destituye en forma arbitraria, decidiendo por él mismo la pena a aplicar, no existiendo segunda instancia superior a la que recurrir, salvo frente al mismo Procurador.

Destituye sin causa penal a funcionarios que han sido electos, contradiciendo a la CIDH, que establece que para inhabilitar a un ciudadano para que ejerza sus derechos políticos, debe haber antes una “condena por Juez competente, en proceso penal” 1210.

Contrariamente, destituir al Procurador es mucho más complejo, ya que según el Art. 178 Num. 3 de la Constitución de 1991, debe ser acusado, cuando hubiere causas constitucionales, por la Cámara de Representantes ante el Senado o por las denuncias y quejas presentadas por el Fiscal General de la Nación a la Cámara de Representantes Num. 4. Este beneficio de legalidad equitativa, no se les otorga a funcionarios electos popularmente. A su vez, el Procurador, puede ser juzgado, según el Art. 235. Num. 4, por la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala Penal en primera instancia, previa acusación del Fiscal General de la Nación.

La destitución que hace el Procurador, además de arbitraria, resulta desproporcionada, en particular, porque si no se trata de una situación evidentemente penal -lo que debe ser remitido al juzgado correspondiente-, lo que se hace es calificar la implementación de políticas públicas por funcionarios, en este caso electos, y sancionarlos con inhabilitación por la misma calificación. Resulta desproporcionado calificar a título de dolo y destituir a un gobernante, por la implementación supuestamente errónea de una política pública.

Si bien el Art. 277 de la Constitución de 1991 ordena al ente de control ejercer vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, incluso de aquellos que han sido elegidos por voto, no está claro ni precisado legalmente, que este control y vigilancia implique sancionarlos, y aun destituirlos con largas inhabilitaciones. Dejar en manos de una sola persona tamaña decisión y responsabilidad, además de un absurdo legal, ya que viola el principio de equidad, termina siendo autoritario y negador de lo que es, en una democracia, el “Estado de Derecho”.

Es cierto que la Procuraduría tiene la obligación de recabar y valorar pruebas, pero no puede convertirse en un ente inquisidor, y mucho menos cuando la segunda instancia, para el sancionado, se hace ante el propio Jefe del Ministerio Público. Esto no garantiza el debido proceso, ya que se pueden mezclar las ideologías políticas con el derecho.

La Procuraduría se ha convertido en un poder público que no reconoce limitaciones. Con una discrecionalidad que no rinde explicaciones, está en condiciones de eliminar adversarios ideológicos y políticos del juego democrático. Hubo casos en que la medida del Procurador se manifestó arbitraria, al solamente suspender por unos meses sin inhabilitación al Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas -nieto del ex-Dictador Gustavo Rojas Pinilla-, en mayo del 2011, pese a las acusaciones sostenidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por el delito de cohecho por su presunta participación en el “carrusel (cartel) de la contratación”, caso de corrupción en los contratos.

Lo llamativo y paradójico, es que cuando el M-19 decidió abandonar la lucha armada y someterse a la legalidad, selló para bien o para mal el destino de los excombatientes, ya que los ex miembros del M-19 ayudaron a darle cuerpo a la normatividad al formar parte de la Constituyente de 1991 1211.

La destitución arbitraria, puede servir también para promover un candidato funcional en su reemplazo, que permita que las políticas y decisiones sean favorables e ir controlando puestos clave, sumando poder 1212. Sanciones que inhabilitan políticamente hasta por veinte años a cargos de elección popular, sin derecho a revisión en instancias superiores, constituyen arbitrariedades que contradicen el espíritu de la democracia, la equidad y, por sobre todo, la justicia, basándose en el criterio de “respeto a la ley”.

Debe quedar en claro que la ley no constituye la “justicia”, sino que es sólo un componente de ella 1213. De todas formas, hay discusiones respecto de qué debe prevalecer, al presentarse antinomias, en el caso de la justicia y la ley. Autores como Norberto Bobbio 1214, consideran que si la norma es injusta, en un Estado de Derecho, ésta debe modificarse por las vías institucionales, por lo que debe prevalecer la ley sobre la justicia. Bobbio sostiene que la validez de una norma no puede inferirse por ser justa o injusta por repudiable que sea la ley; es válida si fue dictada por el órgano competente y no ha sido derogada. Esto implicaría que habría que hacer reformas, para que la justicia quede satisfecha. Que no se hagan las reformas correspondientes y se sostenga el “cumplimiento de la ley”, implica que se está interesado en el mantenimiento del statu quo y, por ninguna causa, en la justicia, salvo la que se está administrando a través del Marco Jurídico vigente. Las arbitrariedades del Procurador General de la Nación que, llamativamente, tiene un poder inédito en sus manos, sin que haya controles o instancias superiores, muestran que es el propio Gobierno quien no respeta las instituciones, escudándose en el principio de legalidad.

Adicionalmente, el Procurador, con la orden de destitución, reitera su posición contra el Proceso de Paz entre el Gobierno y la insurgencia, por cuanto plantea un precedente frente a la participación política, dejando en claro que se permitirá el acceso a cargos públicos de elección popular, pero el Estado -Gobierno de turno- podrá destituir, apresar, condenar al ostracismo político, si las propuestas gestionadas contradicen o entorpecen el proyecto dominante.

Con las facultades otorgadas constitucionalmente al Procurador, la autonomía de los Alcaldes queda en entredicho, a la vez que funcionarios electos como Representantes y Senadores, corren riesgo de ser arbitrariamente eliminados del juego político, en condiciones antidemocráticas y carentes de la juridicidad de un Estado de Derecho, siendo que, para acusar al Procurador o sacarlo de su cargo, la Cámara de Representantes debe hacerlo ante la de Senadores y éstos tomar la decisión.

En América Latina los extremos pasan desde la inmunidad en la función gubernamental -Argentina y Chile son un ejemplo de este modelo-, utilizada como “impunidad”, aún en casos en que existen evidencias de delito; a la total carencia de inmunidad en la función pública para los actos de Gobierno, como es el caso de Colombia, en que un funcionario electo es destituido e inhabilitado por quince años, sin causa penal de por medio.

Defensa de Gustavo Petro

La defensa de Gustavo Petro, presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que hubo violación del debido proceso, quebrantándose la presunción de inocencia y el principio de imparcialidad:

No se ha probado en el proceso la violación de ninguno de sus deberes funcionales esenciales, ni la ilicitud substancial, ni la culpa grave, ni el dolo endilgado en los pliegos de cargos ni en la sanción proferida por la Procuraduría.

Hubo “violación de los derechos políticos de mi representado, a partir del quebranto del bloque de constitucionalidad, ante la falta de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Basándose en pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Contralor General de Venezuela, Leopoldo López, que le impidieron presentarse como candidato para la Alcaldía de Caracas, la defensa argumentó que este tipo de suspensiones del ejercicio de los derechos políticos sólo es posible realizarlas si ellas son establecidas por una sentencia judicial ejecutoriada en un proceso penal. En consecuencia la defensa considera que el Procurador es incompetente para decidir la suerte del Alcalde Petro 1215.

Ante el despacho del Vicefiscal General, el abogado Isnardo Gómez le pidió que llame a imputación de cargos al destituido Alcalde de Bogotá, al considerar que existen pruebas suficientes para vincularlo formalmente a un proceso penal por las fallas en la ejecución del denominado programa “Basuras Cero”.

El 20 de febrero del 2014, el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro rindió la ampliación de su interrogatorio ante el Vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo y un grupo de investigadores en el marco de la investigación por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República que entró a operar en diciembre del 2012. Petro aseguró que no hubo fallas en la celebración de contratos para la recolección de basuras, que le fue entregado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá, así como el alquiler y compra de nuevos vehículos compactadores para cumplir con la demanda. Dio detalles sobre el sabotaje que sufrió el nuevo modelo por parte de los operadores privados de aseo, por lo que se tuvo que implementar un plan B como lo fue la adquisición de volquetas para que recolectaran basura en puntos críticos de la ciudad y así evitar una catástrofe ambiental 1216.

Incidencia de la CIDH

En la sentencia T-558 del 2003, la Corte Constitucional hizo un estudio sobre la incertidumbre y ambigüedad que existe sobre el alcance de los actos jurídicos que toman los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y determinó que tienen un efecto vinculante en Colombia y deben ser asumidas de manera inmediata.

Hizo una diferencia sobre las resoluciones, recomendaciones, decisiones, opiniones, consultas, medidas provisionales, medidas cautelares o incluso sentencias que emita la CIDH. Establece que las recomendaciones hechas no tienen un carácter vinculante mientras que las medidas que se emitan si lo tienen:

Las medidas cautelares o providencias cautelares o precautorias son indispensables no sólo en los procesos propiamente dichos, sino inclusive en los procedimientos en los cuales se discuten los derechos o intereses legítimos de las personas, ya que es necesario preservar la situación que debe prevalecer durante el trámite para evitar que se consumen de manera irreparable las violaciones a dichos derechos e intereses, o bien que pueda quedar sin materia la sentencia o resolución que se pronuncien en cuanto al fondo”.

Hace un análisis jurídico sobre los alcances de las medidas cautelares en el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, ya que cumple un papel fundamental para evitar la consumación de un daño irreparable del accionante. En Colombia se aplican estas mismas reglas generales. Las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno.

Para la Corte Constitucional, existe un vacío sobre qué órgano del Estado debe ejecutar estas medidas cautelares, por lo que es el organismo interno el que debe establecer el mecanismo para ejecutarla de la mejor manera, por cuanto la eficacia real de las decisiones adoptadas por la CIDH no depende únicamente de la naturaleza jurídica de éstas sino de su correcta implementación en el orden interno de los Estados.

En la sentencia, la Corte Constitucional presenta el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, la Fiscalía General y la Procuraduría General para el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIDH. En el caso del ente investigador se establece que tiene la obligación de investigar penalmente los hechos denunciados por quién solicitó el Decreto de las mismas:

La Fiscalía General es responsable de la ejecución de las medidas cautelares decretadas por la CIDH ya que cuente con un programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso”. La Procuraduría General tiene una “instancia ejecutora interna de las medidas cautelares decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo referente a prevención de violaciones de derechos fundamentales”.

La Procuraduría General como órgano de control de la actividad de la Administración Pública, defensor de los Derechos Humanos y por supuesto, en su calidad de investigador en materia disciplinaria, está llamada a ejecutar en el orden interno las medidas cautelares decretadas por la CIDH, en lo que se refiere a la prevención de las violaciones de los derechos fundamentales y adelanta la correspondiente investigación de los hechos que constituyan violaciones graves a los mismos y al DIH” 1217.

Decisión de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el 18 de marzo del 2014 a Colombia, que suspenda “inmediatamente” la destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos políticos”.

La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien informar, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha de la siguiente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”.

Según el organismo:

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho” presentadas por los defensores del Alcalde en diciembre del 2013, la Comisión considera que “los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia”.

Por su parte, el Consejo de Estado de Colombia, poco antes de la comunicación de la CIDH, había desestimado las acciones de tutela (recursos de amparo) interpuestas por el Alcalde para suspender su destitución e inhabilitación por quince años. La vulneración de los derechos de los electores también fue, de hecho, el principal argumento de los recursos de tutelas, que en su momento impidieron que se ejecutara la sanción de la Procuraduría, un total de veintitrés interpuestas por diferentes ciudadanos. Pero el Consejo de Estado determinó que terceras personas no estaban habilitadas para recurrir en contra de un fallo disciplinario como el de la Procuraduría, además de concluir que la tutela tampoco era el recurso legal adecuado. Según el Tribunal, el Alcalde debería haber recurrido en contra de la sanción de la Procuraduría haciendo uso de otra figura legal: una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero los asesores de Petro descartaron esa posibilidad, por considerar que los plazos propios de ese tipo de procesos no lograrían impedir la salida del Alcalde del cargo, por lo que sus derechos quedarían irremediablemente vulnerados 1218.

Presidente Santos Actúa Contrariamente al Pedido de la CIDH

El Presidente Juan Manuel Santos, no acogió las recomendaciones sobre adoptar medidas cautelares que expidió la CIDH, ejecutando el fallo que emitió el Procurador General, Alejandro Ordóñez, firmando la destitución del Alcalde Gustavo Petro, designando al Ministro de Trabajo Rafael Pardo, como Alcalde de Bogotá.

La Canciller de Colombia, María Angela Holguín, informó que será enviada a la CIDH una nota, informando de la decisión de destituir a Gustavo Petro. “Las medidas cautelares no son un mandato que los Estados le hubieran dado a la Convención, por lo que no son obligatorias”. La Corte Constitucional, en los pronunciamientos que ha hecho al respecto, ha emitido conceptos sobre casos específicos.

El argumento del Gobierno colombiano es que las medidas cautelares que se habían emitido estaban relacionadas con la protección a la vida de Gustavo Petro, sin embargo, esta no peligraba y se le habían respetado sus derechos políticos 1219.

En una alocución al país, el Presidente Santos afirmó que la justicia colombiana “había actuado de manera transparente, eficaz y oportuna” a la hora de evaluar la sanción en contra de Petro, por lo que no cabía la intervención de un tribunal internacional:

El Gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno”.

Se presume que la “falla en el sistema interno” estuvo dada porque el Procurador General, sin mediar sentencia penal, destituyó e inhabilitó políticamente por quince años al Alcalde Gustavo Petro.

La representación de las FARC en La Habana, aseguró que la destitución afectaba negativamente el proceso de Paz con el Gobierno:

Petro es un ex-guerrillero desmovilizado que fue electo por voto popular. Mientras que el funcionario que lo destituyó -el Procurador Alejandro Ordoñez- un funcionario no electo que se identifica con los sectores más de derecha del país”.

¿Qué futuro pueden tener miembros de las guerrillas que se desmovilicen, para operar en cargos públicos, con estas perspectivas?

Gustavo Petro afirmó que su caso confirma que, cuando de la izquierda se trata, el voto en Colombia no parece tener validez. “El hecho de que Juan Manuel Santos desconociera el voto popular, demuestra la incapacidad del mandatario para hacer la Paz” 1220.

La Marcha Patriótica consideró que el anuncio del Presidente Santos, era fundamentalmente uno de los más visibles mensajes contra la democracia y la Paz en Colombia, reafirmando con exclusión y arbitrariedad, que la izquierda no tiene espacios dentro del sistema político y los diseños institucionales que permiten que se destituya por mecanismos de arbitrariedad, las decisiones tomadas en democracia, al igual que lo sucedido con la Senadora del pueblo, Piedad Córdoba Ruiz. Reafirmamos en ese mismo sentido nuestra profunda convicción de que la fuerza del pueblo empuje una Asamblea Nacional Constituyente para La Paz y la democracia, como forma de impulsar un renacer para nuestra sociedad 1221.

El Ministerio de Justicia Avala al Presidente

El Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, manifestó que el Presidente Juan Manuel Santos, con su decisión de no acatar las medidas cautelares que le otorgó la CIDH a Gustavo Petro:

Hizo respetar las decisiones de la institucionalidad colombiana. El Presidente hizo respetar las decisiones de nuestros jueces al más alto nivel, ya que en el caso había intervenido el Tribunal de Cundinamarca, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Nosotros no entramos nunca como Gobierno a decir si el Procurador tenía o no tenía razón. Es el Procurador el que toma esa decisión y el Presidente lo que le corresponde como Jefe de Estado es ejecutarla. Nos sorprendió un poco la nocturnidad de la decisión de la CIDH, así como el hecho de que a nosotros nos hubieran convocado a una audiencia para el 24 de marzo del 2014 para oír al Estado y hubieran tomado la decisión antes. Eso es como si un Juez convoca a una audiencia para tomar una medida de aseguramiento y la dicta antes de la fecha de la audiencia que fijó” 1222.

Aspectos Jurídicos en pro y en contra de la Decisión del Presidente y de la CIDH

El Profesor Alejandro Ramelli, analizando la complejidad del caso Petro y las contradicciones entre el ordenamiento jurídico colombiano y el ordenamiento internacional, advirtió que podría haber una sentencia en contra de la Nación. “Hay cuatro sentencias de tutelas de la Corte Constitucional según las cuales, las medidas cautelares ordenadas por la CIDH son obligatorias”.

Hay quienes consideran que no son obligatorias. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, en un caso que asumió, que no tienen carácter jurisdiccional obligatorio. Por el otro lado, la Corte Constitucional colombiana tiene cuatro sentencias de tutelas según las cuales, las medidas cautelares ordenadas por la CIDH son obligatorias. El contraargumento es que ninguna de esas tutelas examinó la contradicción de las medidas cautelares con la Constitución, como en el caso Petro, referido a derechos políticos, porque se relacionaban con personas cuya vida estaba amenazada y esa protección sí está contemplada en la Carta.

Debería reformarse la Constitución, armonizándola con lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Significa que deberían eliminarse las facultades sancionatorias disciplinarias de los organismos mencionados porque, según el precedente actual, todos los que hayan recibido castigo disciplinario, fiscal o de pérdida de investidura podrían apelar, teóricamente, al argumento de que se les violaron los derechos políticos. Tendrían soporte en el Artículo 23, Punto 2 de la Convención, que dice:

Todos los ciudadanos deben gozar... del derecho de votar y ser elegidos... (y que) la ley puede reglamentar el ejercicio de esos derechos … exclusivamente por... condena de Juez competente en proceso penal”.

Colombia podría denunciar el Artículo 23 de la Convención y no plantear que se retira del Tratado, como lo están proponiendo Venezuela y Ecuador; y formular una reserva frente al Artículo en cuestión por la contradicción comentada. Frente a contradicciones con su Constitución, algunos países, como Chile, decidieron modificarla cuando el cambio era menor, por ejemplo en casos de censura de la libertad de expresión. Pero en Colombia los artículos que habría que revisar son muchos y de hondo contenido.

Hay que armonizar lo que ordenan los Tratados con la normatividad interna, pero los casos no siempre son tan sencillos: es cierto que existe el Artículo 23, pero también se encuentran otros Tratados sobre la lucha contra la corrupción, también firmados por Colombia, que facultan a los Estados a imponer determinadas sanciones por fuera de un proceso penal. Las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento para el Estado, pero existe una abierta contradicción con la Constitución que el Presidente juró cumplir. Pedirle al Jefe de Estado que viole la Carta de Colombia es muy complicado. Entonces debe asumir el costo de la responsabilidad internacional del Estado por el caso particular de que se trate. Debe quedar claro que existe una antinomia muy fuerte entre la medida cautelar y varios artículos constitucionales y eso explica las razones del Gobierno para incumplirla.

La CIDH sólo se centró en la posible amenaza a los derechos fundamentales del ex-Alcalde y no analizó el fondo del asunto ni la posible existencia de una contradicción entre su decisión y el ordenamiento jurídico colombiano.

El caso Petro, podría terminar en una sanción internacional para Colombia y seguramente el Estado será condenado, pero eso no elimina el problema de la violación a la Constitución tal como está redactada hoy. El caso Petro es distinto a los precedentes constitucionales en que la Corte Constitucional ha dicho que deben aplicarse las medidas cautelares para personas amenazadas de muerte.

Agotado el trámite ante la CIDH, y si el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se podría contar con una sentencia que, eventualmente, podría dejar sin efecto la sanción disciplinaria y asimismo podría ordenar una reparación integral, volviendo las cosas al estado anterior; pero como el período del Alcalde Petro ya se cumplió, habría que indemnizarlo económicamente y la inhabilidad política impuesta quedaría sin efecto 1223.

Presidente Santos Restituye a Petro como Alcalde

La tutela, presentada por un ciudadano, que originó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, argumentó que se le vulneró el derecho al debido proceso a Petro, puesto que el Gobierno no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando la necesidad de proteger los derechos políticos del ex-Alcalde, tienen carácter vinculante. El Presidente, no había querido admitirlas, por lo que se le otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas para volver a restituir a Petro en el puesto de Alcalde.

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara al Presidente Juan Manuel Santos restituir a Gustavo Petro como Alcalde de la capital, el Jefe de Estado se pronunció señalando que firmó el Decreto correspondiente para que se restituya en el cargo 1224.

La decisión del tribunal Superior de Bogotá puede ser impugnada por la misma Procuraduría. El Consejo de Estado, todavía tiene que fallar sobre el fondo del asunto; una vez que lo haga las medidas cautelares de la CIDH podrían perder su vigencia. Aunque el Consejo de Estado falle a favor del ex-Alcalde, éste todavía tendría que someter su continuidad en el cargo al veredicto de las urnas, pues antes de su destitución ya se había aprobado la celebración de un referendo revocatorio convocado por los opositores a éste 1225.

En Colombia se utilizan muchos argumentos jurídicos, para manejar los intereses políticos de los grupos de poder, dándole a todo un tono de justicia, donde evidentemente no la hay. Por supuesto, no queda otra alternativa que “cumplir con la ley vigente”, hasta que otros grupos, o la sociedad, tengan poder y representación suficiente, como para hacer modificaciones 1226.

Con la instalación del nuevo Congreso en julio del 2014, el Presidente Juan Manuel Santos en su discurso inaugural, expresó la intención de llevar a cabo varias reformas constitucionales que acompañen al proceso de Paz que se lleva a cabo, entre ellas, está el proyecto que busca reducir las facultades del Procurador respecto a la privación de los derechos políticos de funcionarios elegidos mediante elección popular, en el que se manifiesta que cualquier sanción o limitación de esos derechos solo podrá hacerse mediante el fallo de un Juez dentro de un proceso penal 1227.

Discrecionalidad del Procurador Depende de los Casos

El Senador Iván Cepeda inició un debate en el Congreso, imputando cargos contra Alvaro Uribe. A pesar de ochenta y cuatro acusaciones ante la Comisión de Investigación de la Cámara, de siete ante la Fiscalía, de una ante la Corte Suprema de Justicia en Colombia y de una querella ante un Juzgado de Madrid, España, no ha sido posible que ninguna institución abra indagación, siquiera preliminar, contra Alvaro Uribe por sus nexos con el paramilitarismo. Tampoco lo ha sido, a pesar de las veinticuatro declaraciones dadas contra Uribe, por paramilitares y de ocho sentencias judiciales con elementos que comprometen responsabilidad judicial del ex-Presidente 1228

Por otro lado, los Alcaldes de algunos de los municipios donde se han presentado votaciones contra la minería, son investigados por la Procuraduría, supuestamente, por faltar a la ley. Mientras tanto, la “locomotora minera” sigue andando, generando perjuicios al medio ambiente 1229.

¿Qué es Gobierno y qué no es Gobierno en Colombia?

Si uno se atiene a la terminología, hay confusión sobre qué es “Gobierno” en Colombia, ya que se ha generado un debate, debido a los viajes que algunos congresistas han hecho a La Habana, presuntamente “sin autorización del Gobierno” 1230.

De acuerdo con la Constitución de Colombia, le llaman “Gobierno” a lo que en otras Constituciones consideran “Poder Ejecutivo”. En general, “Gobierno”, en un sistema Republicano, corresponde a la totalidad de los poderes: el Ejecutivo, el Legislativo -Congreso de la Nación o Parlamento- y el Judicial. En otras Constituciones de países latinoamericanos, se hace referencia a “Gobierno Federal” y luego se especifica la división de poderes.

Más allá de la terminología, en el texto constitucional colombiano, se observa -en lo formal- una clara división de poderes con las funciones y limitaciones que cada rama tiene, considerando en su Artículo 3 que:

La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes…” 1231.

Esto significaría que, en el proceso de Paz llevado a cabo en La Habana, entre el Gobierno (Poder Ejecutivo) de Colombia y las FARC, no existirían limitaciones para que diferentes sectores de la sociedad 1232, e incluso otras ramas del Gobierno Nacional, como el Legislativo y Judicial, intervengan haciendo propuestas vinculadas a temáticas y problemáticas de sus respectivos sectores -sin que ello signifique que se llegue a la realización de Acuerdos por fuera del proceso de negociación-, más allá de la conveniencia y consideraciones estratégicas sobre cómo se conduzca el proceso de negociación liderado por el Ejecutivo. Sin embargo, desde el 25 de noviembre del 2013, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para saber qué están haciendo funcionarios en La Habana 1233.

El Artículo 10 de la Ley 418 de 1997 (modificado por el Artículo 4 de la Ley 782 del 2002) se refiere a que:

La dirección de todo proceso de Paz corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los diálogos y Acuerdos de Paz, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta. El Presidente de la República podrá autorizar la participación de representantes de diversos sectores de la sociedad civil en las conversaciones, diálogos y negociaciones a que hace referencia este Capítulo, cuando a su juicio puedan colaborar en el desarrollo del proceso de Paz”.

Ahora, los integrantes del Poder Legislativo no son miembros de la sociedad civil, sino del Gobierno, por lo que -salvo por cuestiones de estrategia- no necesariamente requerirían de autorización del Poder Ejecutivo. Por otra parte, el Poder Legislativo o Congreso o Parlamento, comprende a los Representantes del partido de Gobierno, como de la oposición, por lo que, impedir que tomen conocimiento o hagan sus propuestas y planteos, sería anti-democrático y contra la idea de República -reitero, salvo por motivos estratégicos en el proceso de negociación-. En el apartado IV del texto del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, suscripto entre representantes del Gobierno y las FARC, que establece las reglas de funcionamiento, prevé que con el fin de contribuir al desarrollo del proceso se podrán realizar consultas a expertos sobre los temas de la Agenda. Se ha indicado que en materia del Punto Dos (2) de la Agenda, sobre participación política, está previsto que se consulte, en calidad de expertos o asesores a miembros del Congreso 1234.

La manera en que se ha planteado la disputa sobre si pueden o no viajar congresistas a La Habana a hablar con miembros de las FARC, muestra el sistema “presidencialista” imperante en Colombia, que no dista del resto de los países latinoamericanos, aunque se autodenominen “sistemas Republicanos”.

El proceso colombiano está lejos de métodos de negociación de “vías múltiples” 1235, como se ha practicado en otros casos en el mundo; independientemente de que diversos sectores del país han hecho encuentros para debatir, y presentaciones con propuestas concretas. La “vía uno” corresponde al Gobierno; la “vía dos” es no gubernamental y reconoce, además, la influencia de otras vías: empresas, grupos sociales urbanos y rurales representativos de sus áreas de interés o problemática, representantes de la víctimas, áreas de investigación y educación, activistas, iglesias, medios de información. Cuando se utiliza un enfoque de “vías múltiples”, no sólo se brinda apoyo a los esfuerzos que se llevan a cabo en la vía uno, sino que se contribuye a tratar las problemáticas en sus aspectos más profundos y estructurales. Los proyectos que incluyen a diferentes sectores de la sociedad, estimulan el potencial de Paz “de abajo hacia arriba”.

Poder Constitucionalmente Concentrado

Dentro de la confusión que genera el concepto de “Gobierno”, también está la dificultad provocada por el rol que desempeña el Procurador General de la Nación como Jefe del Ministerio Público, por una lado, sancionando funcionarios, en la mayoría de los casos, electos por el voto popular, en otros, interpretando el significado de las normas 1236.

Para el caso de las sanciones aplicadas por el Procurador General de la Nación a Alcaldes, con inhabilitación de cargo, los Arts. 314 y 323 de la Constitución de 1991 establecen que será el Presidente y los Gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, los que suspenderán o destituirán a los Alcaldes. Esto genera confusión, al menos en los aspectos legales constitucionales, respecto del verdadero rol del Procurador General, especialmente cuando aplica inhabilitaciones que eliminan de por vida para la actividad política a determinadas personas y el Presidente Santos, en vez de tomar medidas, declara que “respeta la legalidad”.

Más confusión genera la iniciativa del Procurador General, al reunirse personalmente con la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda y con la Vicepresidenta de ese tribunal, la Jueza Sanji Monageng, bajo el criterio de que la CPI debería intervenir si hay impunidad en el proceso de Paz con las FARC. Frente a esto, el Presidente Santos, dijo que el único que representa la posición de Colombia ante otros Estados o ante Organismos o Cortes internacionales, es él como Jefe del Estado:

Así como mi obligación constitucional como Presidente es buscar la Paz, también es cierto que nuestra Carta Política establece que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado... dirigir las relaciones internacionales… la Constitución fue tajante al respecto y no establece ninguna excepción a este principio fundamental cuyo respeto es esencial para defender los intereses vitales de nuestro país, por ejemplo en materia de Paz, por ejemplo en materia de valoración del funcionamiento de nuestra administración de justicia. Ni siquiera las cabezas de las otras ramas del poder público, de los entes de control y fiscalización, o de los demás órganos constitucionales -a quienes respeto profundamente- representan la posición de Colombia ante otros Estados o ante organismos o cortes internacionales. Es bueno que así quede claro, para evitar distorsiones en el mensaje de nuestro país frente a la comunidad global y sus instituciones”.

Debilidades del Sistema Político

El sistema de pesos y contrapesos, característico de una República, que procura garantizar el equilibrio e independencia de las ramas del poder público y el ejercicio de controles mutuos, para limitar el abuso de poder y la extralimitación de funciones, es borroso y, constitucionalmente, se favorece la concentración de mucho poder en una sola mano, la del Procurador General de la Nación, en vez de operar como revisor y contralor y dejar en manos de entes colegiados, como las Cámaras del Congreso la decisión de destitución e inhabilitación.

En un sistema con partidos políticos altamente “clientelizados” como el colombiano -entre otros latinoamericanos-, con poca solidez y tenues diferencias programáticas entre ellos, con una fuerte inclinación a los personalismos -algo típico de América Latina históricamente y en la actualidad-, las decisiones públicas, con frecuencia responden más a conveniencias personales que al interés colectivo.

En el ordenamiento jurídico colombiano, persisten vacíos sobre los alcances de la facultades de los órganos de investigación y control. En el caso de la Procuraduría, no hay consenso sobre las causales para inhabilitar de cargos públicos a un funcionario por períodos que en la práctica implican su muerte política; tampoco hay claridad sobre la relación entre los hechos investigados y la proporcionalidad de las sanciones. Sus actuaciones se enmarcan en un margen de discrecionalidad tan amplio y ajustable que genera inseguridad jurídica e incertidumbre sobre la legitimidad de sus decisiones.

Al determinar la Constitución que los fallos del Procurador solo pueden ser apelados ante él, se vulneran derechos políticos y civiles consagrados en los tratados internacionales además de la Constitución. Por otra parte, se rompe el principio del control vertical entre diferentes instancias del Estado 1237.

Este esquema de Gobierno y de decisiones y controles, le quita la condición de “soberano” al pueblo colombiano, más allá de lo que diga la letra del Artículo 3 de la Constitución de Colombia de 1991 y su Preámbulo.

Hacia el Futuro

El marco institucional vigente, más las adendas que van haciendo los Gobiernos para fortalecer sus políticas y posiciones, es el freno para todo tipo de demanda y búsqueda de cambio.

Cualquier actividad que vaya contra este marco institucional, es frenada con total legalidad, reprimida y castigada.

¿Cómo modificar un marco institucional que es el sustento del Estado en lo interno y el elemento central de configuración en el contexto mundial?

Los ciudadanos reivindican crecientemente su derecho a opinar y a ser consultados en forma permanente, pero chocan contra el muro formal de un sistema que sigue siendo controlado por los sectores corporativos más fuertes, que hacen uso de la “legalidad” como instrumento de control.

La democracia -en los términos en que está planteada- está en crisis. El pueblo es la fuente legitimadora del poder democrático, pero la elección no garantiza que un Gobierno esté al servicio del interés general ni que vaya a estarlo. El veredicto de las urnas, no puede ser el único patrón de la legitimidad. Los ciudadanos tienen cada vez más una mayor conciencia de esto 1238. En un mundo como el actual, globalizado y en cambio dinámico, permanentemente se debería estar llevando a consulta, las decisiones substantivas que se adopten y que tengan incidencia en temas vinculados a los derechos y garantías del pueblo: educación, salud, empleo, vivienda, libertad de expresión, endeudamiento, etc. Después de todo ¿quiénes pagan los impuestos?

Democracia Decadente

El sometimiento de los dirigentes políticos “de derecha” o “de izquierda”, a los mandatos del poder financiero internacional, ha desnaturalizado gravemente el sistema democrático, que cada vez más se limita a mantener sus mecanismos formales y a negar las aspiraciones de equidad y justicia social. El fisco tolera a los contribuyentes más ricos y presiona a los trabajadores. La libre circulación del capital permite que el dinero de la corrupción, se resguarde en paraísos fiscales.

El descubrimiento de las transgresiones individuales -además de sancionar a los transgresores- debería conducir a cuestionar el sistema que las ha engendrado.

Es importante, en principio, hacer un balance de las tres grandes tendencias que se han venido acentuando 1239:

1) la expansión de las desigualdades sociales;

2) la descomposición de la democracia política; y

3) la contracción de la soberanía nacional.

Al depender prioritariamente del arbitrio de una minoría privilegiada: la que invierte, especula, despide, presta; los Gobiernos consienten la desviación oligárquica de los sistemas políticos. Cuando se rebelan frente a esta negación del mandato que el pueblo les ha confiado, la presión internacional del dinero organizado intenta hacerlos caer.

La desigualdad, en sí misma, no ha sido un grave problema en la cultura política estadounidense, que insiste sobre la igualdad de oportunidades más que sobre los resultados. Pero el sistema sólo continúa siendo legítimo si las personas siguen creyendo que, trabajando duro y dando lo mejor de sí, ellos mismos y sus hijos tienen grandes oportunidades de progresar y si tienen buenas razones para pensar que los ricos se hicieron ricos respetando las reglas del juego 1240. Esta fe secular, tranquilizadora o anestesiante, se disipa en el mundo entero.

El mito de la movilidad social, cede el paso al temor de perder el lugar en la clase social que habíamos alcanzado con sacrificios. Un obrero tiene pocas oportunidades de convertirse en patrón, periodista, banquero, profesor universitario, dirigente político. Las grandes instituciones educativas están todavía más cerradas a las categorías populares. Lo mismo sucede con las mejores universidades del mundo, cuyos gastos de escolaridad crecen geométricamente. Véanse los casos de los estudiantes universitarios en Chile o en Colombia por ejemplo. La dominación de la política por los ricos y por el mundo de los negocios sin presencia del Estado, frena la movilidad social. Los ciudadanos más prósperos tienen prioridades muy distintas a las de la mayoría de sus conciudadanos. Pero ellos disponen de medios fuera de lo común para lograr sus aspiraciones 1241.

La desigualdad de los ingresos pone de manifiesto la patología social.

Dejando de lado toda consideración moral, ¿cómo asegurar el desarrollo de un país cuyo crecimiento beneficia cada vez más a un grupo reducido, que invierte poco o nada y que atesora o especula, alimentando una economía financiera ya parasitaria?

Los ricos usan su fortuna para acrecentar su influencia y a ésta para acrecentar su fortuna. Las elites están en condiciones de proteger sus posiciones manipulando el sistema político, colocando su dinero en el extranjero para evitar la carga impositiva, transmitiendo estas ventajas a sus hijos gracias al acceso privilegiado a las instituciones elitistas 1242. Una respuesta a esto, requeriría mucho más que reformas constitucionales.

Una economía globalizada en la que “el ganador se lleva todo”; sindicatos nacionales debilitados -aunque, a veces con sindicalistas enriquecidos y transformados en empresarios 1243-; una fiscalidad liviana para los ingresos más pesados: la máquina desigualitaria da nueva forma al mundo 1244.

No obstante, las políticas económicas que dieron satisfacción a una minoría, no transgredieron casi nunca las formas democráticas de Gobierno de la mayoría. La verdadera democracia no se resume por lo tanto en el respeto de las formas -elección plural, cuarto oscuro, urna-; implica algo más que la participación resignada en un escrutinio que no cambiará nada: una educación popular, una cultura política, el derecho de reclamar rendición de cuentas, de revocar a los representantes que traicionan su mandato.

En un informe publicado por la Comisión Trilateral, se planteaba que “la operación eficaz de un sistema democrático requiere, en general, de un nivel de apatía y de no participación por parte de ciertos individuos y grupos1245. La Comisión Trilateral ha puesto hombres propios a Gobernar y solucionar la crisis financiera en Italia y Grecia -Mario Monti y Lucas Papademos respectivamente-, pensando en la banca, más que en el pueblo. De todas formas, el pueblo italiano, en alguna medida, intentó reaccionar y cuando Monti intentó transformar el nombramiento que le dio la troika: FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo, en un sufragio universal, sufrió un fracaso 1246.

El pueblo, en tiempos de crisis elige, si no a los más malos, por lo menos a los que le ocultan más hábilmente y más ampliamente la verdad. Las izquierdas, frente a esto, eligen oponerse a través de discursos donde satanizan a los dirigentes neoliberales y en los casos más extremos, se transforman en guerrilla, pero en ningún caso, generan teorías alternativas de “construcción” de poder para cambiar la situación en términos reales y de un mundo real. Están más cerca de la doctrina y el dogmatismo, que de conocer cómo funciona el mundo real, para hacerle frente con realismo.

Mandatarios que no Gobiernan

En la puesta en práctica de medidas que consolidan el poder restringido del capital y de la renta, los Gobiernos siempre recurren a la presión de quienes deciden desde afuera del sistema electoral, a los que les alcanza con invocar la irresistible potencia: FMI, BID, calificadoras de riesgo país, los mercados financieros, etc. Una vez concluido el ceremonial electoral nacional, el FMI y otras instituciones financieras globales o regionales, envían su “hoja de ruta” a los nuevos dirigentes con el fin de que estos abjuren de ciertas promesas de campaña -aunque odioso, éste es el funcionamiento de la estructura del sistema mundial 1247-. En el caso de la crisis europea, los franceses, españoles, irlandeses, holandeses, portugueses, griegos, eslovenos, eslovacos y chipriotas votaron de una manera u otra contra el modelo económico de la zona euro. Sin embargo, las políticas económicas no se han modificado después de estas derrotas electorales. Como ejemplo de lo anterior, en enero del 2012, la Comisión de Bruselas conminó al Gobierno griego a recortar en aproximadamente dos mil millones de euros del gasto público del país, en los cinco días siguientes y bajo pena de multa. De todas formas, ninguna sanción amenaza al Presidente de Azerbaiyán, al ex-Ministro de Economía de Mongolia, al Primer Ministro de Georgia, a la esposa del Viceprimer Ministro ruso o al hijo del ex-Presidente colombiano Alvaro Uribe, aunque todos registraron parte de su fortuna -mal adquirida o directamente robada- en paraísos fiscales 1248.

Todo Gobierno cesa de ser legítimo cuando deja que se profundicen las desigualdades sociales, ratifica el hundimiento de la democracia política, acepta la puesta bajo tutela de otros la soberanía nacional 1249.

¿Cómo lograr cambios en la sociedad civil, en los, supuestamente, verdaderos mandantes? ¿Cómo lograr que participen activamente de manera tal de ejercer controles auténticos sobre las decisiones, cada vez más alejadas de sus necesidades y aspiraciones? Esta es una respuesta que el propio pueblo debe darse.

El hecho real es que, los grupos neoliberales tienen su propia concepción y visión de la realidad que les resulta conveniente y no están dispuestos a ceder; la izquierda tiene un discurso en el que habla de los males que provocan los sectores neoliberales y el capitalismo, profetizando constantemente su caída, aunque ésta no llega 1250 ya que, el capitalismo, en vez de decaer, experimenta una mutación constante.

El pueblo continúa en la ausencia de sí mismo, de sus necesidades y de la realidad, en la expectativa de que para eso está el Gobierno, que debe hacerse cargo y solucionar sus problemas. Esta fórmula mantiene al sistema en un estado de latencia “darwinista”, en el que los vencedores son siempre los que tienen capacidad de direccionar y cooptar la realidad -insisto sobre los dicho anteriormente acerca de las características del funcionamiento de la estructura del sistema-, favoreciendo el “apartheid” social. Los “demandantes” tratan de empujar en la dirección de lo “cultural”, buscando que el “deber ser” que debe operar siguiendo los criterios del “Pacto Social”, resuelva las situaciones de inequidad; mientras que los “poderosos” operan en la dirección de lo “natural”, donde el “Pacto” no funciona, sino la capacidad de supervivencia y las reglas que impone el más apto.

Claro está que, las grandes transformaciones que viene sufriendo el Estado-Nación, particularmente desde mediados del Siglo XX 1251 muestran que la correlación Estados altamente industrializados-corporaciones industriales y financieras, que históricamente ha sido manejada desde los Estados, se ha ido desplazando hacia el control por parte de las corporaciones. Durante gran parte del Siglo XX, hubo una “alianza estratégica” en el mundo industrializado entre los Estados y el sector privado, que progresivamente se ha ido transnacionalizando, pero que la relación de la alianza siempre ha sido dirigida desde el Estado -los Gobiernos-; sin embargo, la crisis financiera global detonada en el 2007, muestra que el componente relacional de la alianza estratégica, se ha invertido y ahora son las corporaciones las que la dirigen por sobre los Estados. Estamos yendo hacia un Estado-Corporación y un mundo en el que las Naciones son desplazadas por las Corporaciones.

Esta información debería ser tenida en cuenta por las izquierdas, que tienen una visión basada en un “espejismo” del funcionamiento del sistema, respecto de sus características y estructura.

Colombia: “Democracia Fallida”

En los términos de la teoría política, la democracia es un sistema de Gobierno que reúne tres condiciones esenciales 1252:

a) Competencia significativa y extensiva entre individuos y grupos, para todas las posiciones de poder del Gobierno.

b) Un nivel altamente inclusivo de participación política en la selección de líderes y políticas, a través de elecciones libres e imparciales.

c) Un nivel de libertades civiles y políticas suficiente para asegurar la integridad de la competencia política y la participación -libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de organización-.

En el caso colombiano -como en la mayoría de los países latinoamericanos-, el sistema de competencia entre partidos, es restringido y no se permite o se establecen reglas muy restrictivas para el surgimiento de otros, de manera tal que, desde esta perspectiva, no se dan los requisitos para hablar de una auténtica democracia. Adicionalmente, el “Frente Nacional” fue un sistema en el que, mediante la vía de la alternancia, mantuvieron la estabilidad partidista, pero esto no contribuyó a la democracia participativa ni a la satisfacción de las necesidades y demandas sociales.

También -como en el resto de países latinoamericanos-, el sistema “delegativo” 1253 refleja la naturaleza frágil del Presidencialismo. El que gana una elección presidencial aparece autorizado, por la delegación electoral, para Gobernar el país como le parezca conveniente. Los Presidentes se presentan “por encima” de los partidos, se aíslan del resto de las instituciones políticas y se convierten en los únicos responsables de “sus” políticas -queda en claro que “sus”, implica que no existen las “políticas de Estado”-. Además de “delegativas”, son “democracias de baja intensidad” 1254 o, en términos vulgares, “democracias poco democráticas”.

El sistema político colombiano entra dentro del concepto de “democracia fallida”, como resultado de décadas de políticas nacionales injustas y externas sin sentido de país; por darle más importancia a los intereses, necesidades y demandas del inversor que del pueblo; por la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones; una corrupción generalizada en la administración pública, con un alto índice de juicios en curso y acusaciones interpartidarias; un elevado porcentaje de refugiados y desplazados; degradación económica y desarrollo desigual de la población; problemas constantes de Derechos Humanos; un alto índice de intervención extranjera en lo económico-financiero-comercial y en lo militar, con bases militares con autonomía extranjera, como las “acordadas” con Estados Unidos -una regla básica del “realismo” es que no hay alianza entre desiguales; hay uno que establece las reglas y otro que las acata-; existencia de grupos paramilitares que substituyen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que, pese a la desmovilización, se vuelven a regenerar, por el predominio de “caudillismos”. El Gobierno en diferentes Municipios y Regiones, se alía con esos actores ilegales, deslegitimándose.

La gestión de los recursos naturales y los modelos de producción, están lejos de un desarrollo sostenible, habida cuenta de que su legislación al respecto, adolece de profundos fallos o de controles efectivos para que se cumpla. Estados donde la educación, la sanidad o el acceso al agua potable son una quimera, el medio ambiente no es sino una ilusión.

El Estado colombiano, está caracterizado por el clientelismo, la corrupción y, en general, por la debilidad institucional -no muy lejos de la mayoría de Estados de la región-. En Colombia hay instituciones que funcionan más o menos bien, sobre todo en las grandes ciudades, pero en el resto del país, la mafia parasita las instituciones. Colombia siempre ha tenido un Estado débil -quienes lo Gobiernan lo han mantenido así- que no ha logrado llegar a las regiones. Ha delegado poder en “caciques” y a través de esa delegación ha mantenido su presencia. Esa debilidad y esa delegación generaron prácticas clientelistas. Hay grandes intermediarios que manejan el Estado a su servicio y se usufructúan de él. Pero eso no es nuevo, es histórico 1255.

El Gobierno es un sistema hegemónico de dominación de la política y la vida en general. Además de haber una “democracia electorera”, no existe “República”, ya que la división de poderes es formal, pero no real, bajo un régimen presidencialista de corte caudillesco.

La de Colombia, es una “democracia militarizada” 1256. No se trata de una dictadura militar tradicional; incluye entre otras acciones, asesinatos selectivos de: sindicalistas, representantes de Derechos Humanos, candidatos de partidos políticos de la izquierda. La burguesía colombiana ha demostrado, con creces, que no está interesada en ceder en lo más mínimo en materia de participación política, que no sea aquello que esté estrictamente bajo su control. Para lograr su objetivo ha acudido no sólo a artilugios retóricos en el campo jurídico sino a una aceitada, sostenida y elaborada estrategia de boicot, silenciamiento y exterminio de la oposición política, propia del modelo de Terrorismo de Estado.

Instrumentos de Poder del Gobierno

Como hacía referencia más arriba, el Gobierno cuenta, constitucionalmente, con el monopolio legítimo del ejercicio de la coerción lo que, en principio, le da la exclusividad en esta materia, aunque este ejercicio muchas veces se ha transformado en un abuso para llevar a cabo políticas que, de otra forma, carecerían de consenso social generalizado. Basta revisar la historia política latinoamericana, para observar la manera en que se han llevado a cabo golpes de Estado -militares y civiles-, mediante los que los sectores económicos corporativos nacionales y extranjeros han implementado sus modelos económicos que, en condiciones electorales normales no hubieran tenido éxito. La represión y criminalización de la demanda, aún con Gobiernos civiles llamados “democráticos” porque surgen de elecciones, es otra de las formas de abuso.

La legalidad y el respaldo constitucional, terminan siendo la máscara detrás de la que funcionan los Gobiernos, disfrazados de democracias debido al resultado electoral, que utilizan como “cheque en blanco” para legitimar todas sus políticas y decisiones. La República es una ficción. Se trata de sistemas, denominados en la jerga académica, “presidencialistas”, ya que más allá de la división formal de poderes, carecen de un verdadero sistema de controles. Los Parlamentos que obtienen una mayoría oficialista, terminan votando de manera verticalista todas las iniciativas presidenciales, independientemente de que los miembros del parlamento, denominados Diputados o Representantes -según los diferentes países-, en realidad “no” representan al pueblo, que les ha “delegado” mediante su voto el poder de tomar decisiones, sino al partido de Gobierno y los de la oposición, al partido opositor -y sus vínculos respectivos-, aunque se manifiesten, en su retórica, como defensores de los derechos del pueblo; de la misma manera que los Senadores, que representan los intereses corporativos dentro del estado (provincia) y no los de éste. Y el Poder Judicial opera con parcialidad. Mediante esta legalidad, los Gobiernos pueden disfrazar sus políticas e intenciones a través de leyes de aparente justicia, dada por la norma en sí y no por el reparto equitativo y la satisfacción de las demandas.

En casos como las denominadas “locomotoras del desarrollo” -locomotora minero-energética- 1257, se plantea la ausencia de participación social en las decisiones que afectan bienes comunes y los riesgos que implica, que amenazan con cambiar la vocación productiva, cultura y dinámicas sociales de comunidades locales, queda en claro que hay un divorcio entre “representatividad” del pueblo por parte de los “representantes” -o diputados- y el pueblo que los votó, aunque el voto no es más que una forma de acceso al cargo y al poder que éste implica, no una manera de instalar al pueblo en la toma de decisiones.

Más allá de los votos recibidos, si actúan de manera “funcional” a los intereses de poder económicos y de seguridad de Estados con capacidad hegemónica o de las corporaciones, son vistos como legítimos por la comunidad internacional y por las corporaciones con base en Colombia -o de cualquier otro país latinoamericano en su caso- y los inversores.

La capacidad y el poder de establecer que la desmovilización debe hacerse con la legislación vigente y no tras cambios en la misma o en la Constitución de 1991 o en el modelo económico. La posición del Gobierno respecto del futuro de una Colombia postconflicto es que con las FARC no se va a transar el modelo del Estado colombiano -el “modelo” satisface a los grupos corporativos en el poder, por lo que no hay necesidad de hacerle cambios, mientras el poder continúe-; nada de lo fundamental, como la propiedad privada y el modelo de desarrollo de Colombia; lo que está en juego es la forma como se va a transferir, a cambiar las balas por los votos 1258.

La gran falla en los sistemas políticos latinoamericanos son los medios de control, ya que prácticamente están cooptados por los que ocupan en cada turno el Gobierno y, el pueblo, el votante, delega sin más posibilidades.

Carencia de Instrumentos de Poder de las Guerrillas

Una de las primeras debilidades de las FARC, es que carecen de predicamento y reconocimiento internacional, salvo por algunos muy escasos Estados que, en realidad, como es el caso, por ejemplo de Venezuela, están a la espera de que el proceso de Paz logre su objetivo. El resto de la comunidad internacional, ve la idea de Paz como de fin del conflicto y continuidad del proceso político en su cauce normal y, en el mejor de los casos, como posibilidad de encontrar una situación estable para sus inversiones.

Las guerrillas, permanentemente hacen denuncias sobre cómo el Estado ha sido tomado como rehén de algunos grupos oligárquicos, pero independientemente de las denuncias, no tienen una teoría política para tomar el poder, modificar la situación, más allá del terreno de las armas -se basan, como la mayoría de las izquierdas, en la doctrina y su visión dogmática-; por otra parte, carecen del respaldo real y el reconocimiento de los diferentes sectores de la sociedad, que tienen problemas y demandas contra el Gobierno, lo que no significa que avalen a las guerrillas con ello.

Que la guerrilla haya luchado durante, prácticamente, medio siglo contra Gobiernos y políticas que considera injustos y anti patrióticos o vende patria, para plantear que, si toma el poder, instalará una forma de “Socialismo del Siglo XXI”, demuestra que carece de una idea clara de las características y el funcionamiento del sistema político, sea nacional como internacional.

Indiscutiblemente, autores como Tucídides, Thomas Hobbes o Nicolás Maquiavelo que manejan conceptos como “astucia” y “prudencia”, los tomarían como ejemplo de lo que “no debe hacerse” en política. Dejemos de lado la [buena] intencionalidad de darle o devolverle al pueblo lo que la oligarquía le quita, y defender los intereses soberanos, que forman parte de la retórica discursiva de las izquierdas, particularmente en América Latina. En el siglo XXI -y aún en el siglo XX-, mantener una retórica de confrontación, sin tener el poder suficiente para lograr los objetivos, es el equivalente a apostar al fracaso de lo que se intenta lograr. Del mismo modo que la derecha neoliberal es excluyente, las izquierdas lo son y ni una ni las otras son lo más conveniente para Gobernar en América Latina y conseguir objetivos de soberanía y desarrollo. Llevar a cabo políticas que sean más integradoras de los objetivos y aspiraciones de todos los sectores de la sociedad y que estén revestidas de la prudencia necesaria y la astucia para manejarse en un mundo donde la estructura de poder es la que dicta las reglas, debería ser la metodología a encarar.

Políticamente, es un error, manejarse con el criterio de “los buenos y los malos” -estas conmigo, eres amigo, no estás conmigo, eres enemigo y te tengo que destruir-, ya que genera formas desintegradoras de ejercer la política. Por otra parte, hablar de “buenos y malos” tiene que ver con conceptos de moral social, pero no política, donde lo que importa es el “poder”; el que lo tiene, genera las reglas y el que no, las obedece; por eso se habla de negociación en vez de exclusión. La negociación, es el elemento integrador de construcción del Estado. De otra forma, la “Paz” -en este caso a Colombia- nunca llegará, ya que sólo se cambiarán derechas por izquierdas, pero siempre habrá rehenes. Estos temas, lamentablemente, no se están debatiendo en La Habana, y tampoco en Colombia.

Se trata de un círculo cerrado y vicioso de: posición neoliberal, presunta defensora de la “libertad”, desde ya de mercado, no de los intereses y necesidades de la gente, versus posición anti-neoliberal, anti-oligárquica y pro socialista, en la que se pretende defender los intereses y necesidades de la gente, aunque ambas excluyen al contrario haciendo complejo el encontrar puntos de equilibrio. En ambos casos se generan tensiones, de manera tal que siempre se deriva en conflicto.

Situaciones como esta, siempre desembocan en el corto o mediano plazo en inestabilidad del sistema, proceso en el que el poder es el elemento articulador de las conductas contradictorias. El resultado siempre es un “corsi e ricorsi” de procesos que pendulan en un sentido y el otro, sin establecer bases ciertas de desarrollo estable.

Cómo Construir Poder

La palabra poder deriva del latín “potere”, que significa “ser capaz”.

La construcción de poder por parte de los sectores sociales en el ámbito interno del Estado, es sumamente compleja cuando los grupos de poder corporativos están tan firmes y manejan el sistema político, impidiendo que lo formal se pueda modificar utilizando todos los mecanismos legales y legitimadores.

Formas internacionales de construcción de poder: la integración europea -en términos de “alianza estratégica” y no de mero “libre comercio”, como se ha venido dando en América Latina-, en la post segunda guerra mundial, al dar pasos progresivos por la vía conjunta hacia la “construcción de poder” frente al superpoder de Estados Unidos, bajo un criterio sencillo: “la unión hace la fuerza”, ya que la superpotencia les impedía participar activamente en las decisiones del mundo occidental y frente al peligro soviético.

El “impacto” global en lo económico-comercial y financiero producido por los miembros de la OPEP en 1973, procurando dar vuelta una situación de dependencia, en la que se encontraban frente a las grandes empresas explotadoras y comercializadoras de petróleo y países altamente industrializados. La contracara de este acto de rebeldía, fue la canalización de la renta petrolera hacia la banca del primer mundo y otras instancias financieras conformando un poderoso mercado que re-prestó fondos generando un endeudamiento estructural. Países como Argentina o Chile, obtuvieron recursos financieros de la banca y mercados financieros privados que se potenciaron a partir de los petrodólares y eurodólares, con un alto endeudamiento que hoy continúa. Esto también contribuyó al predominio del capitalismo financiero por sobre el productivo. Los países miembros de la OPEP, en vez de reinvertir sus altísimos ingresos en educación, desarrollo científico-tecnológico, industrialización, etc., lo gastaron en lujo y corrupción, quedando en la misma situación de dependencia casi como la original. Véase como un solo ejemplo, el caso de Venezuela, que debe comprar alimentos con los ingresos petroleros, y en la actualidad su economía está en crisis por la baja del precio petrolero.

La manera en que Japón, de la rendición incondicional al finalizar la segunda guerra mundial, fue construyendo un proceso de desarrollo en el área de la tecnología microelectrónica, transformándose, al cabo de un par de décadas, en una potencia económica-tecnológica internacional de primer orden y en poco tiempo más, en la segunda economía global.

En el ámbito estatal, resulta más complejo aunque no necesariamente imposible la construcción de poder. Lo importante en este caso, es tener no sólo convicciones, principios e ideología, sino fundamentalmente, una teoría 1259 para llevar a cabo el objetivo concreto. Hay una buena cantidad de casos en los que se ha construido poder desde “abajo” en el ámbito estatal, en muchos casos, no teniendo al Estado como eje, sino operando de manera transnacionalizada, en otros casos no: los sectores laborales generando gremios y sindicatos desde fines del siglo XIX; los grupos de Derechos Humanos; los vinculados al medio ambiente; la mujer en su condición de género; los grupos LGBTI; otros ejemplos, como los de Gandhi en la India, Mandela en Sudáfrica, Martin Luther King en Estados Unidos; etc., por dar algunos ejemplos significativos.

Una política racional, trata de llevar al mínimo los riesgos y maximizar los beneficios para los objetivos que se están planteando. Esto requiere de la “prudencia” política, o la consideración de las consecuencias políticas de una acción aparentemente moral -en términos políticos 1260- o excesivamente teñida de la ideología que se ostenta. La ética política considera actuar acorde con la limitación y la necesidad. Consiste por lo tanto en saber medir los obstáculos, las dificultades, los peligros; en conocer las causas de los hechos, procesos o fenómenos y actuar, teniéndolas en consideración. Lo opuesto a prudencia, sería “ingenuidad” o “puerilidad política”; esa incapacidad para ver la realidad en su dimensión 1261.

En el fondo de cualquier sociedad, relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social, y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso 1262.

Si admitimos que el poder está presente en todas las acciones, bajo diferentes formas y dinámicas, ¿qué sucede cuando encontramos una constelación de fuerzas contradictorias? La conclusión sería que el conflicto es lo permanente, dependiendo de su extensión e intensidad y la importancia que cobrará dentro del conjunto social. ¿Puede sustentarse una relación de poder, alejada de la situación que le diera origen? En caso de respuesta positiva, ¿cuánto más puede sostenerse por una suerte de inercia histórica? No hay ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los discursos de la verdad que funcionen en, y a partir de esta pareja 1263. Se crea un discurso que presenta al poder y el discurso dominante como un hecho “natural” y procura bloquear las posibilidades de aparición de otros discursos que tengan capacidad cuestionadora.

Es importante contar con un discurso de “respaldo”, la correspondencia con una determinada forma de verdad, lleva necesariamente a establecer una relación entre poder y saber. Poder como se ejerce y saber, que respalda ese ejercicio del poder a partir de mostrar los hechos como necesarios e inevitables. ¿Cómo contradecir esto? No se puede hacer sólo con la demanda, el rechazo o la denuncia; se necesita otro discurso respaldado por el “saber”. El “saber” es esa construcción teórica que se hace de la realidad como se ve o como debe ser vista por la estructura de poder dominante, para que el sistema se dirija en ese sentido. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su “política general” de la verdad: los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo como se sancionan unos y otros; las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero -y como falso- 1264.

Para Foucault, el poder es la capacidad que tiene un determinado sujeto de imponer su verdad, de manera tal que el otro la toma como tal, sofocando otras verdades posibles. El poder crea la verdad y su propia legitimidad, lo que existe es la verdad que el poder puede repetir hasta que un sujeto lo cree como su verdad. Tiene el poder de imponerla y sofocar otras verdades posibles. Utiliza todo lo que pueda encontrar, para penetrar en la conciencia de los sujetos y cooptarlos. Es precisamente ésta, la meta del poder: controlar la subjetividad del sujeto 1265. La verdad no está en un supuesto momento anterior, sino en la historia y en su continuo fluir. Se hace y deshace en ella. Entran en juego luchas, poderes, dominaciones.

Según Foucault se escapa de la dominación de la verdad, no jugando un juego completamente ajeno al juego de la verdad, sino jugándolo de otra forma o jugando otro juego, otro conjunto, otras “cartas ganadoras” en el juego de la verdad.

Hay una gran diferencia entre el poder que el Estado soberano ejerce sobre los individuos 1266, ya que éstos han cedido su poder individual en el acto de creación del Estado, con el poder entre grupos, donde no hay voluntad de ceder sino de competir para imponer su discurso de verdad.

La teoría sobre el poder de Foucault, supone que el poder es dinámico y atraviesa al conjunto social, motivo por el que no alcanza con la “toma del Estado”, con la “ocupación” de tal o cuál institución, ya que el poder del capital se va desplazando en la búsqueda de no ser “encontrado” por un accionar político que parta de las clases subalternas. Así es que, la disputa contra el poder del capital, debe ser también comprendida en términos dinámicos.

Para Foucault, el poder soberano, se erige como el antecedente más influyente de lo que posteriormente será el “biopoder”. La lógica del poder soberano, legitima la autoridad del Gobernante, cuya finalidad es la de posibilitar el bienestar y la seguridad de la población. Pero hay que distinguir entre un know-how de conducción y otro de equilibrio global. El primero, “verticalmente” se impone, el segundo trata de “integrar” a la sociedad 1267.

La “Biopolítica” del Poder

La Biopolítica es una forma especifica de Gobierno, que se encarga de la gestión y racionalización de los procesos biológicos de la población 1268. El concepto de “biopolítica”, comprende a la vida social, a las luchas de ideas e intereses entre grupos y clases que transcurren en la sociedad 1269. Es efecto de una preocupación anterior del poder político: el Biopoder, constituido por un conjunto de estrategias de saber y relaciones de poder, que se articulaban en el siglo XVII sobre lo viviente en el mundo. El surgimiento del Biopoder absorbe el antiguo derecho de vida y muerte que el “soberano” detentaba sobre sus súbditos. En función de esto se idearon herramientas o técnicas de biopoder:

a) La “anatomopolítica”, caracterizada por producir individuos dóciles y fragmentados, mediante la vigilancia, el control, intensificación del rendimiento, multiplicación de capacidades, el emplazamiento, la utilidad, etc.

b) La “biopolítica”, orientada hacia las poblaciones humanas, como grupos de seres vivos regidos por procesos y leyes biológicas. Ha utilizado -y utiliza- como técnicas de control, la demografía, la natalidad, mortalidad, morbilidad, movilidad en los territorios, etc., que pueden usarse para controlarla en la dirección que se desee.

La biopolítica de la “construcción de poder” plantea las prácticas, no a partir de una teoría de la obediencia y sus formas de legitimación, sino a partir de la “libertad” y de la “capacidad de transformación” que el “ejercicio del poder” implica de una manera interactiva.

La distinción entre la vida y la política que los griegos hacían, la denominaban: “zoé” vida natural y “bios” vida política. La primera tenía lugar de expresión en la casa, mientras que como sujeto político, tenía su lugar de expresión en la polis. La introducción de la “zoé” en la esfera de la polis constituyó el acontecimiento decisivo de la modernidad, que marcó una transformación radical de las categorías políticas y filosóficas. La biopolítica es la forma de Gobierno de una nueva dinámica de las fuerzas que expresan entre ellas relaciones de poder, que introducen en el sujeto político las capacidades de su vida como “ser natural”.

Que el hombre al vivir en sociedad, delegue y renuncie al poder de imponerse individualmente, no lo priva ni queda inhibido de la defensa de sus derechos como individuo. Esto es lo que genera la interacción y busca romper el discurso de dominación y disciplina.

La biopolítica nos lleva a la reflexión sobre la mejor manera posible de Gobernar, lo que deriva en:

a) Gobernar como forma de dominación y disciplina; o

b) Gobernar como mejor forma de satisfacción de las necesidades del pueblo y alcanzar su desarrollo.

De acuerdo con Foucault, el capitalismo se expandió al crear los instrumentos para la inserción controlada de los individuos en el aparato de producción, y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos, que generó una expansión extraordinaria de la acumulación de capital.

El neoliberalismo, como técnica de Gobierno, actúa, no solo a través de la violencia o de la ideología, unas veces reprimiendo, otras engañando o haciendo creer, haciendo uso de la propaganda 1270. El neoliberalismo es entendido como una racionalidad de Gobierno, como una reorganización política que abarca no solo el Gobierno de la vida económica, sino también el Gobierno de la vida social e individual, sometida a la dinámica de la competencia, en términos de empresa.

Frente a este modelo ideológico, debe construirse otro modelo de “biopolítica del poder”, en el que todos los sectores que constituyen el país, puedan converger en algún punto en el que alcancen satisfacción, sin que ello implique desmedro del resto ni confrontación. Esto requiere de una sociedad -en términos de “Pacto Social”- y una nueva teoría política, en la que el modelo de los lobbies, los grupos de presión, pueda ser superado por la participación activa. El cuerpo social es crecientemente dinámico y tiende a aumentar su interacción, de manera tal de encontrar formas de que sus demandas sean satisfechas, aunque esta no sea una manera sistemática de construcción de poder, pero sí de manifestación que genera presión desde “abajo”.

La idea es pasar del concepto que se ha instalado de “gobernar es disciplinar” -típico en los líderes populistas que requieren de un orden trazado verticalmente-, que se ha alejado totalmente de la democracia, aunque conserve sus mecanismos formales, al de que el poder es ejercido por cada fuerza de la sociedad, que delega la administración de sus asuntos, pero no el cercenamiento de las libertades y derechos. Lo central es evitar que las relaciones se resuelvan siempre en términos de dominación o en fenómenos de resistencia.

La nueva teoría política debería contemplar a las relaciones de poder como “juegos estratégicos entre libertades”, en las que “Gobierno” no significa “dominación” y gobernado no significa “subordinación disciplinada”. Esto implica que las relaciones de poder no pueden ser consideradas en términos de “Gobierno” como sujeto activo y “gobernado” como sujeto pasivo -esto rompe el concepto arraigado en América Latina de “democracia electorera” y voto mayoritario como “cheque en blanco”-. Esta conceptualización no es un “deber ser”, sino la resultante de la construcción y participación activa del gobernado de su espacio a ser respetado. Se ha instalado una cultura y se ha hecho dominante, de que la sociedad es sujeto pasivo, expectante de que quién la Gobierna, debe otorgarle los beneficios que requiere, sin objetar los modos y los tiempos e incluso las carencias, ya que este hecho termina siendo visto como algo antisistémico y perjudicial, si se sale de los parámetros establecidos por el “régimen de verdad” vigente.

Si bien siempre las relaciones de poder van a ser asimétricas, la administración de esas relaciones -en términos de Gobierno- no deben serlo. Para ello, la biopolítica debe ir más allá del proceso electoral, para construir métodos de participación constante, de forma tal que la “resistencia” se vaya transformando en métodos creativos de participación 1271.

No sólo se trata de defenderse y resistir, sino de crear nuevas formas de relacionamiento, de afirmarse en tanto identidad en términos de diferenciación y fuerza creadora.

La Izquierda y la Realidad de Poder

La izquierda tiene una posición tomada, pero no tiene como lograrla, carece de una perspectiva teórica y de una propuesta concreta de transformación, a diferencia de la derecha que tiene una teoría y un proyecto claro de cómo alcanzar su objetivo y como excluir o eliminar todo lo que lo entorpezca.

El Estado está manejado por los Gobiernos que se corresponden con los grupos de poder, más allá de que se hacen legitimar por el voto mayoritario. Estos grupos de poder hoy están representados por las corporaciones 1272 de las cuales, la sociedad civil -como grupo organizado de manera corporativa, institucionalizada (o no) a través de organizaciones de la sociedad civil (ONG’s, OSC’s)- es el eslabón más débil.

La izquierda critica al neoliberalismo y al capitalismo por explotador y clasista, pero no tiene una forma de atracción de los miembros de la sociedad para que giren alrededor de sus propuestas, salvo que sean carentes y estén expectantes de que les resuelvan sus problemas. Hace hincapié en el “qué” ocurre que nos hace mal, pero no considera el “cómo” lograr revertir la situación o alcanzar el objetivo y mantenerlo en el mediano-largo plazo. No tiene en cuenta cómo establecer pautas para alcanzar un equilibrio entre distintos sectores, que tienen intereses diferentes -el mismo modelo del neoliberalismo, con la diferencia de que las izquierdas, excluyen al oponente, mientras que el neoliberalismo considera que el más capaz es el que sobrevive (“darwinismo”) y para ello, está el mercado-. En realidad, parte de la “exclusión” de los que consideran nocivos, sin pensar que esos construirán poder o harán uso del que tienen oportunamente, para restaurar su propio statu quo. No procuran establecer políticas “de Estado”, negociando y tratando de que los adversarios y/u oponentes ingresen dentro del compromiso, sino que desarrollan políticas “desde el Estado”, en las que consideran los que serán beneficiados y los que quedarán fuera o serán rechazados -los “buenos” y los “malos”; los “amigos” y los “enemigos”-. Esto incuba el germen de su futuro debilitamiento, además de la conflictividad.

Los cambios deben ser estructurales, pero deben contemplar el entorno global dentro del que opera el Estado, mucho más en un mundo globalizado donde no se puede operar como una “isla” sin atender a las consecuencias -la “ética política” a la que hacía referencia más arriba-.

El mundo -desde el punto de vista político-, no se divide entre “buenos y malos”, sino entre “poderosos y débiles”: los poderosos son los que establecen las reglas y los débiles, se quejan, demandan, se indignan, se movilizan, pero deben subordinarse y cumplir con las reglas o atenerse a las consecuencias; salvo que construyan poder suficiente para revertir o, al menos, modificar el statu quo; tarea de mediano-largo plazo.

No se trata simplemente del acceso al poder y/o las elecciones, sino mantenerse y no aislarse. Por otro lado hay que garantizar la participación de todos los sectores y habilitar mecanismos de control eficientes para la toma de decisiones y el proyecto de país a llevarse a cabo en el contexto mundial globalizado. La idea de que participen todos los sectores, no pasa por una visión benevolente, sino porque los disconformes, en algún momento, no sólo manifestarán su disconformidad, sino que construirán mecanismos para erosionar el statu quo vigente en su propio beneficio, generando constantes situaciones de inestabilidad del sistema.

¿Cómo se hace para acercar ideologías opuestas que se escudan en visiones dogmáticas tanto en la izquierda como en la derecha? Este es un ejercicio que está lejos de llevarse a cabo, sea por parte del/os Gobierno/s, como por las guerrillas e, incluso, los diferentes sectores de la izquierda -y la derecha- en Colombia -y en el resto de América Latina-; baste con observar la realidad histórica y actual. La “negociación” no sólo debe estar presente en el proceso de Paz o pacificación, sino en las relaciones cotidianas, si se quiere romper con los dogmatismo -de derecha o izquierda- y alcanzar niveles razonables de convivencia y desarrollo satisfactorio.

Construir un “Régimen de Verdad” Nuevo

Esto forma parte de la construcción de una nueva biopolítica del poder.

La construcción de nuevos referentes discursivos y universos simbólicos, que se incorporen al imaginario social, debe pasar, en primer lugar, por la desarticulación y deconstrucción del régimen de verdad vigente, de los viejos referentes políticos.

No se trata solo del rechazo al neoliberalismo, el militarismo, el clientelismo, la búsqueda de la justicia social, la lucha contra la corrupción, la reforma agraria, la nacionalización, la no discriminación, las autonomías; sino de la construcción de un “régimen de verdad” basado en una nueva pedagogía social con capacidad transformadora y ampliamente creíble. Para comenzar, habría que replantearse el concepto de “democracia”, en los términos tradicionales.

Los elementos ideológico-discursivos centrales, articulados en el régimen de verdad, deben partir desde todos los sectores, y generar una gran respuesta social colectiva, apoyando el proceso transformador.

Todo esto requiere de una maduración social, y de mucho tiempo de convergencia de los diferentes sectores en un proyecto de país, pensado y debatido en un contexto mundial globalizado y en cambio dinámico. Los sectores académicos, deben cumplir con un rol activo y fundamental en esto.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


1118 En los términos planteados por Freud, Sigmund, El Malestar en la Cultura, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988), Volumen XXI.

1119 Ver Foucault, Michel, Un Diálogo Sobre el Poder, (Buenos Aires, Alianza, 1981), pág. 145.

1120 Ver el caso de Venezuela, por ejemplo, en el que se ha adoptado por parte del Parlamento -con mayoría opositora- una Revocatoria al Presidente Maduro, pero que el Tribunal de Justicia -pro Gobierno- la ha suspendido.

1121 También ocurre que varía la edad para votar, según la conveniencia de los Gobiernos y partidos políticos, sin considerar, desde ya, el grado de conciencia y capacidad para ejercer el voto y tener en claro, qué y quién se elige y para qué. En Argentina se ha bajado la edad para votar, de dieciocho años a dieciséis durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

1122 La palabra politeia no tiene una traducción clara al castellano. En términos de Aristóteles se la podría definir como el régimen en el que gobierna la mayoría, sin perjudicar a la minoría.

1123 Platón, La República, (Buenos Aires, EUDEBA, 1963), Libro VIII.

1124 El surgimiento de las ONG’s desde medidos del Siglo XX en temas como: Derechos Humanos, medio ambiente, derechos de la mujer, etc., muestra estas formas de organización y capacidad de presión sobre las decisiones. El problema con las ONG’s, es que, en muchos casos, son cooptadas por los partidos políticos o el Gobierno de turno; perdiendo la esencia para la que nacieron teóricamente.

1125 Por dar un solo ejemplo, la Constitución Nacional Argentina de 1853 fue el resultado del triunfo militar en las batallas de Caseros, la de Pavón, y Buenos Aires entra tras la reforma de la Constitución, luego del triunfo en la batalla de Cepeda en 1860. Estos triunfos militares de unas facciones sobre otras, han definido que la Constitución sea “liberal” (en Argentina se vincula al concepto de “conservadores” a diferencia de liberal en países como Estados Unidos o Colombia) en lo económico o “librecambista”.

1126 Todo esto está contemplado en la “Carta Democrática Interamericana” aprobada el 11 de septiembre del 2011 http://luisdallanegra.bravehost.com/Tratados/cardemes.htm; Carta en la que no se consideró la “Democracia Participativa” ya que, seguramente al Gobierno de Estados Unidos le conviene que haya una “democracia cooptada” con Gobiernos “funcionales” a sus intereses económicos y de seguridad.

1127 Quien ha estudiado muy bien esta temática es Habermas, Jürgen, La Acción Comunicativa, (Madrid, Editorial Taurus, 1987), Tomo I.

1128 Por ejemplo, los Derechos Humanos en la Argentina, son resultado de la lucha, por años, de las Madres de Plaza de Mayo, luego acompañadas por otros sectores de la sociedad y reconocidas internacionalmente, que ha sido reflejada en el marco institucional, más como resultado de la imposibilidad de evadir este tema de Agenda a esta altura de los acontecimientos, que como iniciativa o convicción gubernamental. También hay que agregar que Gobiernos como los de Néstor Kirchner (2003-2007) y el de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), han buscado cooptar a estos sectores, lográndolo en cierta medida -algunos sectores de Derechos Humanos no se han plegado ni prestado-, en beneficio de la construcción y fortalecimiento de su propio poder, más que en beneficio de los Derechos Humanos del pueblo en general, que van mucho más allá de hacerle juicio a las fuerzas armadas.

1129 La decadencia y transformación del Estado-Nación, la he trabajado en profundidad en Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Bs. As., Edic. del Autor, 2001), ISBN: 987-43-2776-6, Caps. II y III. Hay muchos autores que han trabajado la temática: Zaki Laidi, Investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) de París y Profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la Universidad Johns Hopkins de Bologna, en su libro “El Orden Mundial Distendido: Sentido y Potencia tras la Guerra Fría”. Reportaje de Andrea Desormeaux, en el Diario “El Mercurio”, Chile, 12 de Febrero de 1994. También, Peter Drucker “La Sociedad Postcapitalista”, (Bs. As., Sudamericana, 1993), pág. 99 y ss. Igualmente, Kenichi Ohmae, “El Fin del Estado-Nación”, (Sgo. de Chile, Andrés Bello, 1997). Asimismo, Castells, Manuel, La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura, Fin del Milenio, (México DF, Editorial Siglo XXI, 1997), Volumen III. Traducción de Carmen Martínez Gimeno. Original en Inglés año 1997. También, Borja, Jordi, “Estrategias para el Desarrollo e Internacionalización de las Ciudades Europeas: las Redes de Ciudades”, Informe a la CEE, (Barcelona, Consultores Europeos Asociados, 1992). Asimismo, Orstrom Moller, J, “The Future European Model: Economic Internationalization and Cultural Decentralization”, (Wesport (Conn.), Praeger, 1995). Además, Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, (New York, Columbia University Press, 1977), Chapter 10, pages 254 255. También, Minc, Alain, “Le nouveau Moyen Age”, (París, Gallimard, 1993). De la misma manera, Cooper, Robert, The Post-Modern State and the World Order, 1996, citado en Zaldivar, Carlos Alonso, “En un Mundo Roto”, Diario “El País”, Madrid del 10-Nov-98.

1130 Ver Friedman, Thomas L., Takin’ It to the Streets, The New York Times, June 29, 2013, reproducido en Diario La Nación, “Las democracias prevalecen, pero más volátiles que nunca”, Buenos Aires, 1-7-2013, http://www.lanacion.com.ar/1596994-las-democracias-prevalecen-pero-mas-volatiles-que-nunca?utm_source=n_tip_nota1&utm_medium=titularP&utm_campaign=NLExt.

1131 Por ejemplo, España, Grecia, Turquía, Brasil, Egipto, Israel, Rusia, Chile -especialmente en el período de Sebastián Piñera-, incluso en Estados Unidos con Occupy Wall Street y otros movimientos. Más allá de las revueltas que se producen en los sectores urbanos, también los sectores rurales tratan de ser escuchados y atendidos. El caso de la región rural de Córdoba y el Cauca en Colombia; los grupos indígenas en Chile, Ecuador, Perú. No sólo contra las medidas tomadas por la derecha neoliberal, también contra la izquierda dogmática populista, como en la Argentina, manifestando contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; en Venezuela, pese a la gran represión, contra el Gobierno de Nicolás Maduro; son algunos ejemplos.

1132 Por ejemplo, Rusia, Turquía, Egipto. En Argentina durante el Gobierno de De La Rua, especialmente en el 2001, como de Cristina Kirchner, particularmente en el 2012-2013 han habido manifestaciones de este tipo, así como durante su segundo período, con mayor asiduidad aún.

1133 Los países latinoamericanos, en lo político, como en lo económico, giran alrededor de grandes megalópolis, que monopolizan todo; con un agravante más, todos -con la excepción de Brasil- viven de “espaldas” al mar y de sus recursos vivos y minerales. Ver, ara el caso, Dallanegra Pedraza, Luis, Talasopolítica: El Aislamiento Marítimo de América Latina, http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/Talasola.pdf. También, https://youtu.be/dO_fAJjryw4.

1134 Como si el mundo, la política y la realidad, carecieran de vida y leyes propias, y estuvieran encerrados en un “código”, que debería cumplirse per se y en el que sólo importa la realización del “deber ser”, independientemente de la evolución del sistema y cómo afecta ésta sobre esa realización. Dallanegra Pedraza, Luis, Realismo-Sistémico-Estructural: Política Exterior como Construcción de Poder, (Córdoba, Edic. del Autor, 2009), ISBN: 978-987-05-6072-2.

1135 En base al trabajo de Gargarella, Roberto, Sólo en la letra: Los derechos relegados de la Constitución, en Diario La Nación, Buenos Aires, 5-8-2014, http://www.lanacion.com.ar/1715760-los-derechos-relegados-de-la-constitucion.

1136 Un ejemplo palpable está en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, que se refiere a los derechos y garantías laborales y a la seguridad social, pero que en los hechos carecen de vigencia, particularmente luego de la década de los ’90 en que surgió la “globalización”.

1137 El “régimen de la verdad” -en los términos planteados por Foucault, Michel- está más cerca de ser establecido por la retórica gubernamental, que por la normativa constitucional.

1138 Anderson, Charles W., Cambio Político y Económico en la América Latina, (México, FCE, 1974), pág. 103 y ss.

1139 Kalman, Silvert H., The Conflict Society, (New Orleans, Hauser Press, 1966), pág. 20.

1140 Anderson, Charles W., Cambio Político y Económico en la América Latina, (México, FCE, 1974), págs. 110-115.

1141 Especialmente en el período de la post-segunda guerra mundial hasta la Cumbre de Reykjavik en 1985, en que cambio el “paradigma de relacionamiento hemisférico”. Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista “Reflexión Política”, Vol. 5, No 10, Dic. 2003, ISSN 0124-0781, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, págs. 6-31.

1142 Especialmente Sudamérica, ya que Centroamérica y el Caribe español, siempre estuvieron bajo la esfera de influencia de Estados Unidos.

1143 Dallanegra Pedraza, Luis, Sistema Político Latinoamericano, en Revista “Reflexión Política”, Vol. 5, No 10, Dic. 2003, ISSN 0124-0781, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, págs. 6-31. También, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista Espiral, Vol. XV, No. 43, Sep./ Dic. 2008, ISSN: 1665-0565, págs. 79-122. Igualmente, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Llambías Wolff, Jaime (Edit. y Comp.), “América Latina: Interrogantes y Perspectivas, (Canadá, York University, 2013), ISBN: 978-1-55014-583-0, págs. 59-80.

1144 En base al trabajo de Petras, James, Imperialismo y violencia en Colombia, en Kaosenlared.net, 16-6-2012, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/21826-imperialismo-y-violencia-en-colombia.html. Ver también, Rebelión, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151269.

1145 En los términos planteados por Foucault, Michel, Un Diálogo Sobre el Poder, (Buenos Aires, Alianza, 1981).

1146 Anti capitalista, anti imperialista, etc.

1147 Peter Druker la llama “Democracia electorera”. Druker, Peter, La Sociedad Postcapitalista, (Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1993).

1148 Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista “Reflexión Política”, Vol. 5, No 10, Dic. 2003, ISSN 0124-0781, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, págs. 6-31. También, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista Espiral, Vol. XV, No. 43, Sep./ Dic. 2008, ISSN: 1665-0565, págs. 79-122. Igualmente, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Llambías Wolff, Jaime (Edit. y Comp.), “América Latina: Interrogantes y Perspectivas, (Canadá, York University, 2013), ISBN: 978-1-55014-583-0, págs. 59-80.

1149 Conceptos de Paulo Henrique Martins, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, en Lissardy, Gerardo, ¿Por qué crecen cada vez más las protestas en Brasil?, BBC Mundo Brasil, 20-6-2013, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130620_brasil_protestas_crecen_por_que_cch.shtml.

1150 Durante el período de la guerra fría, los Gobiernos de Estados Unidos mantenían el paradigma de relacionamiento hemisférico “seguridad-desarrollo”. Luego de la Cumbre de Reykjavik entre Ronald Reagan y Mikjail Gorbachov (1985), el paradigma cambió a “democracia-desarrollo”. La caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la URSS (1991) que derivó en la “globalización”, modificó el paradigma global de “seguridad” a “rentabilidad”. La temática vinculada al cambio de paradigma en lo regional la traté en Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Universidad Autónoma de Guadalajara, Guadalajara, México, Vol. XV, Núm. 43, Septiembre-Diciembre del 2008, ISSN: 1665-0565, págs. 79-121. La temática vinculada al cambio de paradigma global la traté en Dallanegra Pedraza, Luis, El Orden Mundial del Siglo XXI, (Bs. As., Ediciones de la Universidad, 1998), Cap. IX.

1151 En los términos de Freud, Sigmund, El Malestar en la Cultura, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988), Volumen XXI.

1152 Acemoglu, Daron, Robinson, James, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, (New York, Crown Publishing Group, 2012), ISBN: 978-0-307-71921-8.

1153 Buenos ejemplos han sido Carlos Saul Menem en Argentina o Alberto Fujimori en Perú.

1154 Caso de Hugo Chávez en Venezuela es paradigmático.

1155 Caso de Sebastián Piñera en Chile, Alvaro Uribe o Juan Manuel Santos en Colombia, Ernesto Zedillo, Vicente Fox o Felipe Calderón en México.

1156 Robert Michels, Los Partidos Políticos, Estudio Sociológico de las Tendencias Oligárquicas de la Democracia Moderna, (Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2008), 2 Tomos.

1157 Mosca, Gaetano, Elementi di Scienza Política, (Turín, Nueva Edición, 1923).

1158 Tuve en consideración los análisis vertidos en el trabajo de Schwartz, Antoine, Los Partidos Políticos y las Clases Populares, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro 187, Enero del 2015, Traducción: Patricia Minarrieta.

1159 Si se observa a los partidarios de Gobiernos de corte populista en América Latina, históricos y actuales, se verá que se trata de militantes que recitan sin cerciorarse lo que el/la líder dice, más que pensar y actuar críticamente en su accionar ciudadano.

1160 Siguiendo las pautas de pensamiento expresadas por Botana, Natalio, El Malestar en la Democracia, en Diario La Nación, Buenos Aires, 28-11-2014, http://www.lanacion.com.ar/1747537-el-malestar-en-la-democracia?utm_source=n_tip_nota1&utm_medium=titularP&utm_campaign=opinion.

1161 En base a Robinson, James A., ¿Cómo modernizar a Colombia?, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-12-2014, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/modernizar-colombia-articulo-532967.

1162 Teniendo en cuenta los comentarios de Gutiérrez Sanín, Francisco, ¿Cuál modernización?, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-12-2014, http://www.elespectador.com/opinion/cual-modernizacion-columna-534012.

1163 Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, (Madrid, Akal, 1989), Diálogo de Melos, Libro V (Capítulos 84-116). Historia de la invasión de la isla de Milo por Atenas en el 416 antes de Cristo.

1164 Hobbes, Thomas, Leviatán, (Madrid, Editora Nacional, 1979), ISBN 84-276-0482-3.

1165 Sun Tsu, “El Arte de la Guerra”, (Madrid, Editorial Trotta, 2007), ISBN 84-8164-492-7. Introducción.

1166 Fouillée, Alfred, Libertad y Determinismo, (Buenos Aires, Atalaya, 1947), Cap. I.

1167 Aristóteles planteando la relación entre potencia y acto, muestra la diferencia conceptual entre libertad y determinismo. Aristóteles, Física, (Madrid, Gredos, 1995), Libro Tercero, Cap. I. Traducción: Guillermo R. de Echandía. También ver, Fouillée, Alfred, Libertad y Determinismo, (Buenos Aires, Atalaya, 1947), Cap. II.

1168 Pensar como el otro o a partir de las ideas de otro, es un fenómeno típico de la dependencia. En la etapa del colonialismo, se dio como proceso, denominado por autores como Calvet, “glotofagia”. Calvet, L.J., Lingüística y Colonialismo: Breve Tratado de Glotofagia, (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005). Es la legitimación de modelos colonialistas de dominación, a partir de la imposición de una lengua, en detrimento de la lengua local, para generar un camino de opresión y subordinación a nivel étnico, cultural, intelectual y, principalmente, político. Un estudio en profundidad sobre esta temática se encuentra en la Tesis presentada ante la Faculta de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, por De Mauro, Sofía y Domínguez, Luisa, “Lingüística y lenguas indígenas del siglo XIX en Argentina: Ocultamientos, insistencias, disrupciones y continuidades”, junio del 2012, con la Dirección de la Dra. Beatriz Bixio, investigadora del CONICET.

1169 Carta de Albert Einstein a Chaim Weismann, Presidente de la Organización Sionista Mundial, el 25 de Noviembre de 1929, debido a las dudas mostradas por los judíos después del mandato emitido por la Sociedad de Naciones a favor de la creación de un Hogar Nacional judío en Palestina.

1170 Morgenthau, Hans, Política de Poder entre las Naciones: La Lucha por el Poder y por la Paz, (Buenos Aires, Sudamericana, 1960), págs. 173-179.

1171 Aron, Raymond, Paz y Guerra entre las Naciones (Madrid, Revista de Occidente, 1968), pág. 31.

1172 Kelman, Herbert, Societal, Attitudinal and Structural Factors in International Relations, Journal of Social Issues, Vol. XI, Nº 1, 1955, págs. 42-56.

1173 Fouillée, Alfred, Libertad y Determinismo, (Buenos Aires, Atalaya, 1947).

1174 El “derecho a la existencia” -no sólo formal, sino real- es uno de los derechos básicos. Friedrich Nietzsche lo ha estudiado bajo el concepto de “poder de ser”. Nietzsche, Friedrich, Así Habló Zaratustra, (Madrid, Alianza Editorial, 1972). También, Nietzsche, Friedrich, “Voluntad de Poder”, en Barrios Casares, M., La voluntad de poder como amor, (Barcelona, Ediciones del Serbal, 1990).

1175 Caso de las demandas de los estudiantes universitarios en Chile, frente a la reticencia del Presidente Sebastián Piñera de invertir más en educación, gastando del mismo presupuesto en “represión”. Colombia sigue criterios similares.

1176 Lesbianas, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual.

1177 Kenneth Galbraith, John, La Cultura de la… op. cit., pág. 113.

1178 Quien ha trabajado el tema de los diferentes paradigmas, entre los que está el del “actor racional”, es Allison, Graham T., Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, (Boston, Harvard University Press, 1971). Hay versión en español: Allison, Graham, La Esencia de la Decisión, (Buenos Aires, GEL, 1988).

1179 Argentina durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció el derecho opcional de que los jóvenes mayores de dieciséis (16) años pueden votar -bajar la edad a dieciséis fue una buena estrategia para ampliar el número de electores a su favor-; a partir de los dieciocho (18) según la legislación del país el voto es obligatorio.

1180 Cristina Fernández de Kirchner, en una de sus tantas “cadenas televisivas” como Presidenta en las que se dedicaba a instruir a la masa -militancia- kirchnerista más que dirigirse a la Nación, calificó a los docentes como aquellos que sólo trabajan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones por año, minimizando su preparación y actualización con esfuerzos y fondos propios ya que la escuela no se los provee, el trabajo fuera de las aulas y desconsiderando el trabajo en los meses de vacaciones para los alumnos que los docentes hacen fuera del aula pero dentro de las escuelas. Lo que dijo la ex-Presidenta no es privativo de ella, sino que forma parte del “imaginario” generalizado.

1181 Galbraith, John Kenneth, La Cultura de la…, op. cit., págs. 31 y 47-49.

1182 Más arriba he hecho mención a esta temática.

1183 En muchos casos usan el método de “Decretos de Necesidad y Urgencia” DNU) -caso de la Argentina- en la medida en que el apoyo parlamentario no alcanza.

1184 Gago, Verónica, “La Criminalización de la Desobediencia”, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 175, Enero del 2014.

1185 Véase el Dossier: “El Desafío Narco”, Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, Buenos Aires, Diciembre del 2013.

1186 Masivas Movilizaciones Exigen un Modelo Económico Coherente con la Paz, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 18-3-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/3563-masivas-movilizaciones-exigen-un-modelo-economico-coherente-con-la-paz.

1187 El Paro al Gobierno no es un Paro a la Paz, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 18-3-2016, http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/3565-el-paro-al-gobierno-no-es-un-paro-a-la-paz.

1188 Carta al Presidente de Colombia, este 17 de marzo calentamos motores al Paro Cívico, en Kaosenlared.net, 9-3-2016, http://kaosenlared.net/carta-al-Presidente-de-colombia-este-17-de-marzo-calentamos-motores-al-paro-civico/. También, http://elsalmonurbano.blogspot.com.ar/2016/03/carta-al-Presidente-de-colombia-este-17.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Elsalmon-Revista+%28ELSALMON+-+Revista+Cultural%29.

1189 Esta mecánica del funcionamiento del sistema político la he estudiado a fondo en, Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, páginas 6-32. También en, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Universidad Autónoma de Guadalajara, Guadalajara, México, Vol. XV, Núm. 43, Septiembre-Diciembre del 2008, ISSN: 1665-0565, págs. 79-121. Igualmente, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Llambías Wolff, Jaime (Edit. y Comp.), “América Latina: Interrogantes y Perspectivas, (Canada, York University, 2013), ISBN: 978-1-55014-583-0, págs. 59-80.

1190 JM. Santos Desconoce el Pliego de Peticiones del Paro Cívico del 17M/16, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 19-3-2016, http://anncol.eu/opinion/item/3576-horacio-duque.

1191 Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, páginas 6-32. También en, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Universidad Autónoma de Guadalajara, Guadalajara, México, Vol. XV, Núm. 43, Septiembre-Diciembre del 2008, ISSN: 1665-0565, págs. 79-121. Igualmente, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Llambías Wolff, Jaime (Edit. y Comp.), “América Latina: Interrogantes y Perspectivas, (Canada, York University, 2013), ISBN: 978-1-55014-583-0, págs. 59-80.

1192 Más precisamente, desde la Cumbre de Reykjavik entre Ronald Reagan y Mikjail Gorbachov en 1985, hito del fin de la “segunda guerra fría”, que dio lugar a un cambio de paradigma en las relaciones Estados Unidos-América Latina de Seguridad y Desarrollo a Democracia (cooptada) y Desarrollo.

1193 Pese a que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia en decisiones de carácter político -que, según el art. 116 de la Constitución Nacional Argentina quedan reservadas a los poderes Ejecutivo y Legislativo-, el 10-9-1930, emitió la Acordada, documento que dio origen a la Doctrina de los Gobiernos de facto que sería utilizada para legalizar a todos los golpes militares del siglo XX. Esta Doctrina establecía que los Gobiernos de facto se encontraban en posesión de las fuerzas militares y policiales “necesarias para asegurar la Paz y el orden de la nación”; adoptando “válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él”; los habitantes no pueden impugnar a un Gobierno impuesto por la fuerza en razón de “orden y seguridad social”. Esto habilitaba a que los actos jurídicos de los Gobiernos de facto tuvieran la misma validez que los de un Gobierno de derecho. En 1994 se reformó la Constitución, anulando la Doctrina de los Gobiernos de facto, mediante la inclusión del Artículo 36 de defensa del orden constitucional: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos [...]”. Ver Gabrielli, Adolfo R., La Corte Suprema de Justicia y la Opinión Pública (1976-1983), (Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1986), pág. 25.

1194 Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, especialmente los primeros Capítulos.

1195 Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, páginas 6-32.

1196 Cumbre de Reykjavik de 1985 entre Ronald Reagan y Mikjail Gorbachov que marcó el fin de la “segunda guerra fría”, caída del Muro de Berlín en 1989, desintegración de la URSS en 1991; inicio del proceso de “globalización” capitalista. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, páginas 6-32.

1197 Las diferentes hipótesis de trabajo sobre la transformación del Estado-Nación las he analizado en Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Bs. As., Edic. del Autor, 2001), ISBN: 987-43-2776-6, Caps. II y III.

1198 Ver por ejemplo, Rodríguez Aranda, Isabel, Continuidad Política y Cambio Económico en la China del Siglo XXI, (Sgo. de Chile, RIL Editores, 2010), ISBN: 978-956-284-733-9, pág. 135.

1199 Para el caso argentino, en base a información del artículo de Brea, José Luis, Promesa de transparencia total, la defensa del “Gobierno de los CEO”, en Diario La Nación, Buenos Aires, 21-1-2016, http://www.lanacion.com.ar/1862671-promesa-de-transparencia-total-la-defensa-del-gobierno-de-los-ceo.

1200 “Reprobar”, “desautorizar”, “descalificar” o “censurar”.

1201 Alternativa Bolivariana para las Américas creada por iniciativa de Hugo Chávez y liderada por él.

1202 Llanos, Mariana, Marsteintredet, Leiv, Ruptura y Continuidad: La Caída de “Mel” Zelaya en Perspectiva Comparada, en América Latina Hoy, Vol. 55, Agosto, 2010, Universidad de Salamanca, España, ISSN: 1130-2887, págs. 173-197.

1203 El Dr. Arbuet Vignali, especialista uruguayo en Derecho Internacional, analiza en profundidad la legalidad de la decisión, aunque deja de lado en su análisis el trasfondo político. Arbuet Vignali, Heber, Crisis en Paraguay ¿O en los Conceptos Políticos y Jurídicos de su Región?, Estudios del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), Montevideo, Uruguay, Estudio Nro. 04/12, 11 de julio del 2012.

1204 Peláez, Vicky, Paraguay: la narco-democracia y las elecciones presidenciales, Artículos de RIA-Novosti editados en Rebanadas de Realidad - RIA-Novosti, 19-04-13, http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20130419/156895903.html.

1205 Elegido por el Senado de Colombia en el 2008 como Procurador General de la Nación para el período en el cargo 2009-2013 y fue reelegido para el período 2013-2017. Desde que fue elegido Procurador, Alejandro Ordóñez ha destituido a casi ochocientos Alcaldes, veintitrés gobernadores y a veintidós Congresistas y ex-Congresistas.

1206 Incluso en pleno proceso de negociación de Paz en La Habana con las FARC, en marzo del 2015. Ver por ejemplo, Santos insta a FARC seguir ejemplo del M-19, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-3-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/santos-insta-FARC-seguir-ejemplo-del-m-19-articulo-548389.

1207 Emilio Tapia, testigo principal en el juicio por el “carrusel (cartel) de la contratación”, reveló que el caos de las basuras, fue planeado por los operadores privados para provocar la destitución del Alcalde. De la Torre, Cristina, Ordoñez: ¿El tiro por la Culata?, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-12-2013, http://www.elespectador.com/opinion/ordonez-el-tiro-culata-columna-464558.

1208 Tres faltas sacaron al Alcalde de Bogotá de su cargo, en Diario El Tiempo, Bogotá, 10-12-2013, http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13271079.html.

1209 Competencia de la CIDH, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos 1969: Arts. 8.1 y 8.2.b), c), d) y f) (Garantías Judiciales), 23.1.c (Derechos Políticos) y 25.1 (Protección Judicial), y Art. 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos).

1210 Convención Americana de Derechos Humanos 1969 Art. 8, Num. 5 y Art. 9.

1211 Colombia. Gustavo Petro víctima de su propio invento, en Kaosenlared.net, 11-12-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/75965-colombia-gustavo-petro-v%C3%ADctima-de-su-propio-invento.html.

1212 Muchos sectores en Colombia argumentaron en este sentido. La Decisión de la Procuraduría Devela Modelos Diferentes de Ciudad, Democracia y Paz, en ELN, Voces de Colombia, 12-12-2013 https://www.eln-voces.com/index.php/es/otras-voces/voces-del-pueblo/739-la-decision-de-la-procuraduria-devela-modelos-diferentes-de-ciudad-democracia-y-Paz. También, en Kaosenlared.net, 12-12-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/75956-la-decisión-de-la-procuradur%C3%ADa-devela-modelos-diferentes-de-ciudad-democracia-y-Paz.html.

1213 Ver sobre el tema de “ley” y “justicia” a Goldschmidt, Werner, Introducción al Derecho: La Teoría Trialista del Mundo Jurídico y sus Horizontes, (Buenos Aires, Depalma, 1968).

1214 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, (Madrid, Editorial Debate, 1991).

1215 Presentan tutela para tumbar destitución de Alcalde Petro, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-12-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/presentan-tutela-tumbar-destitucion-de-Alcalde-petro-articulo-463707.

1216 Destitución de Petro: ¿En qué va la investigación penal contra Gustavo Petro?, Diario El Espectador, Bogotá, 20-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/va-investigacion-penal-contra-gustavo-petro-articulo-481938.

1217 Medidas cautelares emitidas por la CIDH tienen efecto vinculante, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/medidas-cautelares-emitidas-cidh-tienen-efecto-vinculan-articulo-481725.

1218 La destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entra en su último capítulo, en BBC Mundo en Español, 19-3-2014, http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/03/140318_ultnot_colombia_petro_az.shtml.

1219 Presidente colombiano firmó destitución de Gustavo Petro en Alcaldía de Bogotá, en Kaosenlared.net, 20-3-2014, Fuentes: Semana, teleSUR, El Tiempo, GP, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83530-presidente-colombiano-firmó-destitución-de-gustavo-petro-en-alcald%C3%ADa-de-bogotá.html.

1220 Santos confirma destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en BBC Mundo en Español, 20-3-2014, http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/03/140319_ultnot_gustavo_petro_destitucion.shtml.

1221 La Marcha Patriótica llama al pueblo de tomar las calles para defender la democracia y la Paz contra el nuevo Golpe de Estado “suave” en Colombia, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 20-3-2014, http://anncol.eu/index.php/noticias/noticias-2014/6373-la-marcha-patriotica-llama-al-pueblo-de-tomar-las-calles-a-defender-la-democracia-y-la-Paz-al-frente-el-nuevo-golpe-de-estado-suave-en-colombia-del-poder-factico.

1222 Destitución de Gustavo Petro: “El Presidente tomó la decisión correcta” en el caso Petro: Minjusticia, en Diario El Espectador, Bogotá, 20-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-presidente-tomo-decision-correcta-el-caso-petro-minj-articulo-481932.

1223 Orozco Tascón, Cecilia, ‘El Presidente quedó entre la espada y la pared’, entrevista al Profesor Alejandro Ramanelli, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-presidente-quedo-entre-espada-y-pared-articulo-482444.

1224 Santos restituye a Petro como Alcalde de Bogotá, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-4-2014, http://www.elespectador.com/noticias/bogota/santos-restituye-petro-alcalde-de-bogota-articulo-488334.

1225 Wallace, Arturo, Gustavo Petro vuelve a ser Alcalde de Bogotá, en BBC Mundo en Español, 23-4-2014, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/04/140422_socios_petro_restitucion.shtml.

1226 En julio del 2014, el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, fue acusado de corrupción administrativa por otorgar puestos a familiares y la generalización de la micro-corrupción mediante la contratación directa evadiendo los sistemas licitatorios. Una vez más, estos temas deben ser tratados por la justicia y generar sentencia firme mientas el Alcalde continúa en su cargo, o que éste se separe del cargo para facilitar al sistema judicial su labor y una vez establecido el fallo, dependiendo de este, restituirse a su cargo o cumplir con la sentencia.

1227 Nuevo Congreso de la República: Eliminar la reelección y quitar facultades al Procurador, primeros proyectos polémicos en nuevo Congreso, en Diario El Espectador, Bogotá, 21-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/eliminar-reeleccion-y-quitar-facultades-al-procurador-p-articulo-505615.

1228 Pazífico Noticias TV, Colombia: Debate de Iván Cepeda aumentó cargos contra Alvaro Uribe, en Kaosenlared.net, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/96289-colombia-debate-de-iván-cepeda-aumentó-cargos-contra-álvaro-uribe.

1229 Jiménez Herrera, Juan Sebastián, El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 943 del 2013: La locomotora minera echa humo, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-9-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/locomotora-minera-echa-humo-articulo-517833.

1230 Molano Jimeno, Alfredo, El Ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, habló de la recta final del Gobierno Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-10-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/delito-hacer-acuerdos-fuera-de-mesa-de-dialogos-mininte-articulo-450356. También, No es delito reunirse con las FARC sin permiso: Roy Barreras, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-10-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/no-delito-reunirse-FARC-sin-permiso-roy-barreras-articulo-450370.

1231 Constitución Política de la República de Colombia de 1991 y las reformas de 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

1232 Representantes de las víctimas, pequeños campesinos, minorías como los negros, los indios, sectores empresariales, etc.

1233 Ver Quevedo Hernández, Norbey, En busca de los viajeros a Cuba, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-10-2013, http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/busca-de-los-viajeros-cuba-articulo-450636.

1234 Reunión de FARC y Congreso cuenta con sustento legal: Presidente del Senado, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-10-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/reunion-de-FARC-y-congreso-cuenta-sustento-legal-presid-articulo-450958.

1235 John McDonald y Louise Diamond, del Instituto para la Diplomacia de Vías Múltiples de Washington (IMTD) acuñaron la frase “diplomacia de vías múltiples”, que abarca nueve “vías” diferentes y en conjunto forman un sistema para establecer la Paz a nivel internacional. La Fundación James Carter para la Paz, sigue este criterio. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), Cap. XIII.

1236 Art. 277, especialmente Num. 1 y 6 de la Constitución de 1991.

1237 Sobre el tema ver análisis de Ungar Bleier, Elisabeth, La destitución de Petro y las debilidades del sistema político, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-12-2013, http://www.elespectador.com/opinion/destitucion-de-petro-y-debilidades-del-sistema-politico-columna-463622.

1238 De Rosanvallon, Pierre, “La Legitimidad Democrática”, (Barcelona, Editorial Paidós Ibérica, 2010), ISBN: 9788449323621.

1239 Halimi, Serge, Una Democracia Degenerada, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 167, Mayo del 2013, Traducción: Florencia Giménez Zapiola.

1240 Fukuyama, Francis, Le Début de l’histoire. Des origines de la politique à nos jours, (París, Saint-Simon, 2012). Citado por Halimi, Serge, Una Democracia Degenerada, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 167, Mayo del 2013, Traducción: Florencia Giménez Zapiola.

1241 Halimi, Serge, Una Democracia Degenerada, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 167, Mayo del 2013, Traducción: Florencia Giménez Zapiola.

1242 Fukuyama, Francis, Le Début de l’histoire. Des origines de la politique à nos jours, (París, Saint-Simon, 2012). Citado por Halimi, Serge, Una Democracia Degenerada, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 167, Mayo del 2013, Traducción: Florencia Giménez Zapiola.

1243 En ciertos países, como Argentina por ejemplo, los sindicatos administran obras sociales que se han transformado en empresas de salud que siguen las reglas capitalistas del mercado; otros son dueños de empresas de recolección de residuos, compañías de seguro, de e-comerce, de hoteles de turismo, etc. Por otra parte, en muchos sindicatos, existe un “régimen dinástico”, en los que los dirigentes se perpetúan en el poder.

1244 Halimi, Serge, Una Democracia Degenerada, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 167, Mayo del 2013, Traducción: Florencia Giménez Zapiola.

1245 Huntington, Samuel, Crozier, Michel J., Watanuki, Joji, The Crisis of Democracy, Report of the Gobernability of Democracies to the Trilateral Commission, (New York, New York University Press, 1975), Cap. III, http://www.trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf.

1246 Halimi, Serge, Una Democracia Degenerada, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 167, Mayo del 2013, Traducción: Florencia Giménez Zapiola.

1247 Para un análisis sobre cómo funciona el sistema internacional y su estructura: Dallanegra Pedraza, Luis, El Orden Mundial del Siglo XXI, (Bs. As., Ediciones de la Universidad, 1998), Cap. X.

1248 Halimi, Serge, Una Democracia Degenerada, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Edición Nro. 167, Mayo del 2013, Traducción: Florencia Giménez Zapiola.

1249 Pensando en los términos de Freud, Sigmund, El Malestar en la Cultura, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988), Volumen XXI. También pensando como Jean Bodin, Touchard, Jean, Historia de las Ideas Políticas, (Madrid, Tecnos, 1969), Traducción de J. Pradera, Tercera Edición, págs. 227-232.

1250 Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Capitalismo en el Sistema Mundial, en Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga (IEP-UNAB), Colombia, Vol. 13, No 26, Diciembre del 2011, ISSN: 0124-0781, págs. 7-26.

1251 Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Bs. As., Edic. del Autor, 2001), ISBN: 987-43-2776-6, Caps. II y III.

1252 Diamond, Larry, Linz, Juan, and Lipset, Seymour Martin, (Edit.), Democracy in Developing Countries: Latin America, Vol. IV, (Boulder, Colorado, Lynne Rienner and London, Adamantine Press, 1989).

1253 O’Donnel, Guillermo, “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, The Johns Hopkins University Press, Vol. 5, No. 1, January 1994, págs. 55-69.

1254 O’Donnell, Guillermo; “Estado, Democratización y Ciudadanía”, en Revista Nueva Sociedad “Gobernabilidad ¿Sueño o Democracia?”, Nro 128, Caracas, Venezuela, noviembre/diciembre 1993.

1255 Revelo Rebolledo, Javier Eduardo, García Villegas, Mauricio, Espinosa, José Rafael, Rodríguez, Juan Carlos y García Sánchez, Miguel, Los Estados del País: Instituciones Municipales y Realidades Locales, (Bogotá, DeJusticia, 2011), ISBN 978-958-99142-6-7.

1256 Guerrero, Modesto Emilio, Colombia, todo puede ser menos la Paz, en Kaosenlared.net, 5-8-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/64813-colombia-todo-puede-ser-menos-la-Paz.html.

1257 Ver por ejemplo, Rodríguez López, Diana, (Abogada, Investigadora del Observatorio Petrolero Sur), Argentina y Colombia: Ante la duda… ¿el fracking?, en Kaosenlared.net, 14-8-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/93919-argentina-y-colombia-ante-la-duda…-¿el-fracking, donde se hace hincapié en la necesidad de participación popular en la toma de decisiones tan importantes.

1258 Arrázola, María del Rosario, Proceso de Paz, en ojos del mundo, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-420152-proceso-de-Paz-ojos-delmundo.

1259 Cuando hablo de “teoría” no me refiero a abstracción, sino a concepción.

1260 La “ética política”, a diferencia de la ética como moral, no se plantea los hechos como éticamente buenos o malos, sino que mide las consecuencias -positivas o negativas- derivadas de las decisiones que se toman para los intereses y el statu quo del actor o para el grupo representado, más que el bien común de la totalidad. Este es un tema muy discutido y bastante complejo. Sobre el particular sigo el criterio de Morgenthau, Hans, Política de Poder entre las Naciones: La Lucha por el Poder y por la Paz, (Buenos Aires, Sudamericana, 1963), págs. 23-24 y 305-347. También ver Carr, E.H., The Twenty Years’ Crisis, (Londres, MacMillan and Co), Cap. 9. Además, Wolfers, Arnold, Politics and Moral Decision, World Politics, Vol. I, N° 2, (January 1949), págs. 175-195.

1261 Dallanegra Pedraza, Luis, Toma de Decisiones y Construcción de Poder desde el Realismo-Sistémico-Estructural, en Revista Relaciones Internacionales de la UNAM, México, Nro. 104, Mayo-Agosto 2009, págs. 11-51.

1262 Foucault, Michel, Microfísica del Poder, (España, Ediciones de La Piqueta, 1991), 3ra Edición, págs. 139-140.

1263 Ibidem, pág. 140.

1264 Foucault, Michel, Un Diálogo sobre el Poder y otras Conversaciones, (Madrid, Alianza Editorial, 2000), pág. 11.

1265 Foucault, Michel, Saber y Verdad, (Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1991).

1266 No debe confundirse “Estado” con “Gobiernos”. El Estado es el árbitro global que evita que algún miembro o grupo obtenga ventajas en desmedro del resto -en los términos de Freud, Sigmund, en “El Malestar en la Cultura”-; el Gobierno es el administrador de los asuntos de Estado elegido por los ciudadanos.

1267 Foucault, Michel, Defender la Sociedad, (Bs. As., FCE, 2000), pág. 223.

1268 Foucault, Michel, Estrategias de Poder, (Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1999), Obras esenciales, Volumen II, Traducción al español de Julia Varela y Fernando Alvarez Uría.

1269 Castro, Edgardo: Biopolítica: Orígenes y Derivas de un Concepto, en Cuaderno de Trabajo Nro. 1, Biopolítica, “Gubernamentalidad”, Educación, Seguridad, IIIer. Coloquio Latinoamericano de Biopolítica, Sep. 2011, UNIPE, Buenos Aires.

1270 Deleuze, Gilles, Foucault, (Barcelona, Paidós, 2003).

1271 En el razonamiento, sigo los criterios de Foucault, Michel, Dichos y Escritos, (Madrid, Edit. Nacional, 1984), Tomo IV.

1272 Especialmente aquellas con fines de lucro. Un capítulo especial habría que dedicarle a las corporaciones con fines de lucro de carácter espurio -v.gr.; narcotráfico, tráfico humano, venta de armamentos, etc.-, más allá de la lucha para eliminarlas, así como sus consecuencias, ya que tienen una creciente incidencia en el funcionamiento de los Estados y también en el flujo financiero, la economía global y la estructura de poder.