Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XXXI

Cultivos Ilícitos

Políticas de Gobierno sobre Substitución de Cultivos Ilícitos

Si para el Gobierno de Juan Manuel Santos, el tema de las “locomotoras” para el desarrollo, es el eje de sus políticas económicas; una de ellas, el desarrollo del agro, difícilmente acceda a las propuestas de substitución de cultivos planteadas por los pequeños campesinos.

Para el Gobierno de Colombia, como para el de Estados Unidos, cuya presencia en el país está vinculada al Plan Colombia y sus sucesores y complementarios, el tema prioritario es la lucha contra la el narcotráfico y, por ello, ha continuado con la política aplicada desde el Gobierno de Uribe de fumigación de cultivos 991. Cambiar esta política por una de subsidios y ayudas, para que los pequeños productores agrícolas encuentren un mínimo nivel de rentabilidad, no se condice con la concepción neoliberal del Gobierno.

Frente al proceso de negociación en La Habana, el Gobierno de Santos ha hecho saber a los negociadores de la guerrilla que, desde ningún punto de vista es negociable la extradición a Estados Unidos ni una eventual legalización de la droga, como han pretendido algunos sectores 992. Los Acuerdos a que lleguen Gobierno y FARC, están bajo la lupa del Gobierno de Estados Unidos.

Propuestas de los Campesinos del Cauca sobre Substitución de Cultivos Ilícitos

La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), ha hecho una serie de propuestas para la substitución de los cultivos de uso ilícito.

Señalaron, en un comunicado, que:

La coca es nuestro Ministerio de Educación, porque con lo que recibimos por ella mandamos a nuestros hijos a la escuela; es nuestro Ministerio de Salud, porque ella nos da para comprar las medicinas; en últimas, ella es nuestro Gobierno”.

Abandonar los ingresos que la coca genera, es una especie de salto al vacío que los campesinos están dispuestos a dar, bajo ciertas condiciones 993. De lo que hablan, más que una substitución de la coca por otro tipo de cultivos: cacao, café, yuca, plátano, etc., o por cualquier tipo de ganado, es una substitución de la fuente actual de sus ingresos, por otra que les permita elevar su remuneración actual, trabajar en condiciones de tranquilidad, sin la zozobra de que, en cualquier momento, los aviones militares fumiguen sus cultivos o el ejército llegue con su equipo de erradicadores manuales a arrancar, por la fuerza, sus cultivos.

Sus propuestas consideran:

1) Un cambio radical en la política pública dirigida al sector agropecuario, en términos de mejora de la inversión en aspectos productivos, sociales y de infraestructura, de eliminación de acuerdos comerciales gravosos para la producción nacional, como los TLC’s, de control de precios de los insumos agropecuarios, de mejoramiento de la infraestructura y los canales de comercialización, de manejo cuidadoso y patriótico de la biodiversidad y los recursos naturales.

2) Que el Gobierno cumpla con el compromiso solemne de reparar a las cuatrocientas familias, víctimas de la erradicación forzosa. Esta reparación debe acompañarse con la ejecución de los proyectos que, por ciento cuatro mil millones de pesos (u$s 57.142.857), figuran en el Programa de Desarrollo Social de la Zona de Reserva Campesina.

3) Lograr que la elaboración del programa de substitución y ejecución, sea concertado con las comunidades y con el conjunto de fuerzas sociales que operan en la región, dándole a ASCAMCAT el debido reconocimiento que, como organización de los campesinos cocaleros, se ha ganado en la conducción del movimiento social 994.

Las FARC Presentan sus Propuestas sobre Política Antidrogas

En noviembre del 2013, las FARC presentaron a la Mesa de Negociación de La Habana, nueve propuestas sobre “Política Antidrogas”.

La construcción de Acuerdos sobre el Cuarto Punto de la Agenda, Tercero en la discusión, demanda esfuerzos por superar caracterizaciones simplistas del problema, que pretendan reducirlo a un asunto de campesinos productores de “cultivos ilícitos”, frente a los que debe imponerse la política del Estado. Con miras a ello, la delegación de las FARC propuso algunos contornos necesarios para una discusión que vaya a la raíz del problema, y contribuya a la formulación de propuestas comprehensivas y ajustadas a la realidad de la problemática social que hay en el tras escena, en la búsqueda de un necesario Acuerdo político sobre la materia.

1) El problema de las llamadas drogas ilícitas, debe abordarse como algo consubstancial al modo de producción capitalista y, en especial, a sus formas criminales. Se trata de un negocio corporativo transnacional, cuya mayor expansión se origina en las demandas crecientes por nuevas fuentes de acumulación y rentabilidad, en el contexto de la crisis capitalista mundial de 1974-1975.

El negocio cubre todas las fases del proceso (producción, circulación, distribución y consumo), se encuentra estimulado por un creciente consumo por parte de los países del capitalismo central, en especial, Estados Unidos y Europa y, sobre todo, por su carácter ilegal que le confiere altísimas tasas de rentabilidad; se sustenta en una división internacional capitalista del trabajo, en la que los eslabones más fuertes y de mayores dividendos se encuentran en el lavado de dinero, sea a través de “alianzas estratégicas” con empresas capitalistas legales productivas y de prestación de servicios o de su incorporación en los circuitos financieros.

Las políticas neoliberales se han convertido en un importante estímulo al negocio transnacional, al haber reducido de manera significativa e incluso eliminado, los controles estatales a los flujos de capital. En atención a lo anterior, el narcotráfico debe considerarse esencialmente como una empresa capitalista transnacional de carácter criminal.

2) La llamada guerra contra las drogas es, en lo fundamental, el producto de un diseño geopolítico imperialista, que adquiere mayor sentido y contenido luego del derrumbe del “socialismo realmente existente” en la Unión Soviética y Europa Oriental. Como lo demuestran múltiples documentos de inteligencia estadounidense, tras la desaparición del “enemigo comunista”, se hizo necesaria la invención de un nuevo enemigo que justificara la persistencia de los elevados gastos en seguridad y defensa, y posibilitara nuevas formas de la injerencia y la intervención militar, así como de la dominación y control social. La invención del nuevo enemigo se acompañó, en nuestro país, de operaciones ideológicas de producción lingüística, dirigidas contra la guerrilla revolucionaria, orquestadas por los grandes conglomerados de las comunicaciones: primero se habló de narco-guerrilla, y luego -cuando se instaló el discurso terrorista- apareció el término de narcoterrorismo.

La “guerra contra las drogas” no ha combatido los componentes más lucrativos del negocio, sino que se ha erigido contra los más débiles. En el caso de la cocaína, se ha encauzado contra los cultivadores de la hoja de coca, los procesadores primarios de la pasta de coca, y los consumidores de cocaína, al tiempo que sus principales beneficiarios -grandes narcotraficantes, altos funcionarios del Estado, incluidas sus fuerzas militares y de policía, empresarios capitalistas y banqueros transnacionales- amasan gigantescas fortunas que son reinvertidas en el proceso de acumulación o destinadas al consumo extravagante.

3) Como lo demuestran numerosas investigaciones científicas, dentro de las que se destacan los trabajos del profesor Andrew Weil de la Universidad de Arizona, que reafirman y amplían los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades originarias, la coca no es la mata que mata. La hoja fresca o seca, alimenta como verdura, harina, infusión o mascándola; sirve como medicina para la diabetes, la obesidad, la gingivitis, inhibe células cancerígenas, atenúa la hipertensión, y se considera como fertilizante natural. Los cultivos de coca no son más que otra de las modalidades de la producción agrícola, con raíces ancestrales y culturales indiscutibles. Lo que los ha hecho ilícitos son los usos capitalistas que los terminaron convirtiendo, en la mayoría de los casos, en componentes esenciales de un proceso capitalista de producción de altísima rentabilidad: el de cocaína. De la hoja de coca, luego de un procesamiento primario, resulta la pasta de coca, que sometida a tratamientos químicos, arroja la cocaína, producto de alta demanda en los mercados internacionales.

4) Sectores del campesinado colombiano y de algunas comunidades indígenas, fueron empujados por la dinámica de la acumulación capitalista al cultivo de la hoja de coca. La imposibilidad de acceder a la tierra por la alta concentración de la propiedad latifundista y por el ejercicio secular de la violencia contra el campo, además de ser una de las causas del surgimiento de las guerrillas revolucionarias, propició procesos de colonización a lo largo y ancho del territorio nacional.

Decenas de miles de familias de labriegos desposeídos, expropiados y desplazados fueron obligados a ocupar tierras inhóspitas y a adecuarlas para producir el sustento diario, en condiciones, no sólo de total abandono estatal, sino sometidos incluso a su continua persecución.

Las tierras fértiles fueron reservadas para la agricultura capitalista de plantación, o para la ganadería extensiva del latifundio improductivo. La producción campesina emergida de los procesos de colonización, aunque logró garantizar la subsistencia, lo hizo en condiciones de precariedad, pobreza y miseria. Cuando se tuvo la capacidad de producir excedente, éste no pudo ser realizado en el mercado por las inexistentes condiciones de comercialización, incluida la falta de vías y de medios de transporte. En ese contexto, frente al creciente consumo de cocaína en Estados Unidos y Europa y el consecuente mayor estímulo a la producción de esa droga, la demanda por hoja de coca se incrementó igualmente de manera significativa. Entre tanto, la “guerra contra las drogas” en Bolivia y Perú, había generado, a lo largo de la década de 1980, un desplazamiento de los cultivos hacia el territorio colombiano. Los campesinos encontrarían en la hoja de coca un cultivo alternativo que, además de no perecedero gracias a un tratamiento básico, les brindaría la posibilidad de mejorar relativamente sus precarias condiciones de vida y de ingreso.

5) En muchos de los territorios campesinos en los que se han desarrollado los cultivos de hoja de coca, ha habido una presencia histórica de la guerrilla. En ellos avanzamos hacia la construcción de un nuevo poder y sentamos las bases de un Estado guerrillero en formación, en medio de la más intensa confrontación con las fuerzas militares del Estado.

Nuestro Comandante Timoleón Jiménez ha dicho con razón que: “no teníamos ni el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única alternativa de que se derivaba su pírrica subsistencia”. Nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones realizadas por los campesinos, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a abusos de intermediarios y narcotraficantes, sin desatender nuestro propósito político mayor: la toma del poder y la construcción de la Nueva Colombia.

6) Las clases dominantes y sus Gobiernos de las últimas décadas, en lugar de enfrentar las causas estructurales que dieron origen a los cultivos campesinos de hoja de coca usados con fines ilícitos, de poner en marcha la realización de una reforma agraria integral, se consagraron por completo a la estrategia imperialista estadounidense de la “guerra contra las drogas”.

Al tiempo que sectores de ellas se lucraban con sus altísimos rendimientos económicos, encontraron en esa guerra nuevos argumentos para dar continuidad a la estrategia contrainsurgente iniciada desde la heroica resistencia de Marquetalia, promovieron alianzas con el narcotráfico, contribuyeron directa e indirectamente a la creación de estructuras mafiosas, desarrollaron nuevas formas del terrorismo de Estado al participar activamente en la conformación de organizaciones narco-paramilitares, y activaron toda una maquinaria de destrucción, persecución, estigmatización y criminalización contra el campesinado, así como de depredación socio-ambiental a través de fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato, que han producido daños de difícil pero necesaria reparación sobre la vida humana, vegetal y animal. Todo ello, con el continuo apoyo y financiación del Gobierno de Estados Unidos. Expresión de ello ha sido el fracasado Plan Colombia, con todos sus relanzamientos y nuevas denominaciones.

7) Es indiscutible que se está frente a un incremento del consumo de drogas psicoactivas a nivel mundial, y de manera especial en los países del capitalismo central. Son múltiples las causas que lo explican; pero en lo esencial, más allá de situaciones particulares, éstas se encuentran en la naturaleza misma de la sociedad capitalista que no ofrece una perspectiva humana y humanista frente a la vida y el trabajo, especialmente para las nuevas generaciones.

La rentabilidad espectacular que produce el consumo, ha desatado múltiples fuerzas para estimularlo y ampliarlo a través de los más variados mecanismos, constituyendo organizaciones empresariales criminales orientadas a ese propósito. El prohibicionismo es una fiel representación de la doble moral promovida por la formación capitalista. Al tiempo que se estimula el consumo por los rendimientos que éste produce, se persigue, estigmatiza y criminaliza a los consumidores, convirtiéndolos en foco de las políticas de “seguridad ciudadana”; en sentido estricto, en objetos de políticas de dominación y control social. En lugar de tratos en términos de salud pública, la “guerra contra las drogas” resulta útil en este aspecto para promover el proceso de militarización de la vida social.

8) Tras décadas de “guerra contra las drogas”, sus beneficiarios saltan a la vista y no han sido precisamente los campesinos, ni los consumidores, ni las guerrillas revolucionarias. La presencia e intervención militar estadounidense se han intensificado, hasta poner a disposición gran parte del territorio nacional al servicio de sus intereses geopolíticos; la desocupación forzada de territorios ha generado desplazamientos internos y producido alistamientos para la explotación de la riqueza natural minero-energética por parte de empresas transnacionales, el desarrollo de megaproyectos infraestructurales y la promoción de cultivos de larga duración para la producción de agrocombustibles; el negocio financiero se ha visto incentivado por la incorporación de los capitales ilícitos en sus circuitos.

La vinculación obligada de sectores del campesinado en la empresa capitalista transnacional de las drogas ilícitas, no ha sido para su provecho. De ahí el interés por desarticularse de ella, como se ha visto a lo largo de la historia reciente en recurrentes movilizaciones campesinas, en las que se ha demandado la atención estatal frente a este problema social y se han formulado numerosas propuestas para un tratamiento alternativo.

9) Desde la Octava Conferencia Nacional realizada en 1993, hemos insistido en que este problema, de naturaleza social, no puede ser resuelto por la vía militar. Esta posición la reafirmamos en los diálogos de San Vicente del Cagüán, en los que nuestro Comandante Manuel Marulanda Vélez presentó los fundamentos de una propuesta de desarrollo alternativo, que continúa vigente en aspectos esenciales y sirve de referente para ser complementado y rediseñado en la Mesa de conversaciones, en La Habana.

La inclusión de este tema en la Agenda pactada por la partes, es un reconocimiento del fracaso de la política antidrogas y de la necesidad de encontrar, también en este campo, una salida que contribuya a poner fin a la profunda injusticia a la que han sido sometidas las comunidades campesinas. Las propuestas que presentamos, recogen no sólo las aspiraciones inmediatas del campesinado en esta materia, sino aquellas con las que nos hemos comprometido a lo largo de nuestra lucha. También expresan nuestra preocupación por considerar el consumo de drogas psicoactivas, desde la perspectiva de la salud pública.

Aspiramos a un país sin coca, a la que se le den usos ilícitos; aspiramos a un país con coca para usos alimenticios, medicinales e industriales, y de reconocimiento pleno y respeto a los usos culturales que nos enseñan nuestras comunidades indígenas ancestrales. Deseamos un país sin cocaína, aunque somos conscientes que ello depende más bien de regulaciones y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados, que de manera directa o indirecta se encuentran involucrados en la organización de esta empresa capitalista transnacional de carácter criminal.

Dado el reconocimiento en múltiples sectores de la opinión pública mundial, del fracaso de la “guerra contra las drogas” y de las políticas prohibicionistas, en la actualidad existen condiciones para abordajes de la solución al problema de las drogas ilícitas más ceñidos a la realidad, incluidos los enfoques de salud pública y las políticas contra el lavado de dinero 995.

Las FARC hacen Diez Propuestas Mínimas sobre Política Antidrogas

En desarrollo del Punto Cuatro de la Agenda de conversaciones, correspondiente a la “Solución al problema de las drogas ilícitas”, las FARC presentaron diez propuestas mínimas:

1. Política anti-drogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores.

2. Condiciones estructurales para la superación de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola.

3. Reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.

4. Substitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo.

5. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas.

6. Desmilitarización de la política anti-drogas, no intervencionismo imperialista y descriminalización de los pobres del campo.

7. Tratamiento del consumo de drogas psicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores.

8. Política anti-drogas centrada en el desmonte de estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado.

9. Política anti-drogas centrada en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico.

10. Responsabilidad de los Estados del capitalismo central, compromisos regionales y requerimientos para la implementación de una política antidrogas de carácter global.

Desarrollo del Punto 1 de 10 - Solución al problema de las drogas ilícitas: Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores:

a. Política antidrogas de carácter integral y diferenciada: Ello implica la superación de enfoques reduccionistas, que tienden a privilegiar políticas centradas en la interdicción y la criminalización de los eslabones más débiles del proceso de producción: los campesinos productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y los consumidores de drogas ilícitas. La situación de los campesinos productores será tratada como problemática social; la de los consumidores como problema de salud pública.

Considerando que los análisis de impacto económico, demuestran que las rentabilidades extraordinarias se encuentran en las fases de la circulación, la distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los circuitos legales de la economía a través del lavado de activos, la política antidrogas privilegiará acciones y medidas orientadas a su persecución y desarticulación. La política criminal del Estado se encauzará en esa exclusiva dirección.

b. Política antidrogas soberana: En atención al fracaso de la política antidrogas impuesta por el imperialismo de Estados Unidos, a sus negativos efectos sociales y ambientales, a su incidencia sobre la prolongación del conflicto social y armado, entre otros, se diseñará e implementará una políticas antidrogas que contemple los principios de soberanía y autodeterminación. Ello compromete diseños en consonancia con la especificidad y la naturaleza socioeconómica del problema, tal y como se presenta en el territorio nacional, incluido el reconocimiento de la capacidad de administración de justicia en la jurisdicción nacional.

c. Política antidrogas democrática y participativa: En la medida en que la política antidrogas impacta sobre el conjunto de la sociedad, su diseño e implementación debe ser democrático y participativo, e involucrar a representantes del conjunto de fuerzas políticas y sociales de la Nación que se ocupen de la problemática. De manera especial, debe incluir a representantes de productores de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a los consumidores organizados, así como a instituciones y organizaciones no gubernamentales especializadas. Se conformará una “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”.

d. Aportes de la comunidad académica, científica e internacional: El diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa, deberá apoyarse en los aportes de las comunidad académica y científica nacional e internacional. Para tal efecto, se conformará una “Misión de Expertos” encargada de producir lineamientos, propuestas y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta por la “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”. De manera especial, se invitará a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para que presente sus aportes y experiencias y asesore en el diseño de políticas contra el tráfico de drogas ilícitas y, en particular, contra el lavado de activos.

e. Protecciones especiales a los productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas: Teniendo en cuenta que los productores de hoja de coca y los consumidores de drogas ilícitas, antes que beneficiarios, son víctimas de la empresa capitalista transnacional del narcotráfico, la política antidrogas contemplará un capítulo de protecciones especiales. Las protecciones especiales se refieren al conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales, y jurídicas, así como a los diseños institucionales, que deben ser provistos por el Estado a fin de garantizar que productores y consumidores no sean estigmatizados, perseguidos y criminalizados, sino más bien se constituyan en sujetos de política pública para la superación de su situación de pobreza y miseria, o de tratamiento terapéutico de la adicción, según el caso 996.

Las FARC hacen nuevas Propuestas sobre Política Antidrogas

El economista norteamericano Milton Friedman declaró 997:

Nuestra política antidrogas ha provocado miles de muertos y pérdidas fabulosas en Colombia, Perú y México (…) Todo porque no podemos hacer cumplir las leyes en nuestro propio país. Si lo lográramos no existiría un mercado de importación (…) Países extranjeros no sufrirían la pérdida de su soberanía (…) ¿Puede una política ser moral si conduce a la corrupción generalizada, en tanto, tiene resultados racistas, destruye nuestros barrios pobres, hace estragos entre la gente débil y acarrea muerte y desintegración en naciones amigas?”

El padre de la Escuela de Chicago, aseguraba que el Gobierno de su país debía legalizar el consumo de las drogas y cesar unilateralmente la guerra contra ellas. Recordaba que, debido a ella, Estados Unidos había multiplicado por ocho el número de su población carcelaria, fundamentalmente población negra y latina de muy bajos recursos.

Ese tipo de posiciones, carentes del mínimo asomo de sospecha, han sido expuestas una y otra vez por respetables personalidades. En 1979, Alberto Lleras Camargo, dos veces Presidente de Colombia, periodista y primer Secretario General de la OEA, declaraba:

Que habían sido las políticas represivas del Gobierno norteamericano, la persecución policíaca, vinculada a los servicios secretos, las que habían elevado a tal valor el precio de las drogas, que habían animado la creación de unas mafias dispuestas a conseguirlas en cualquier parte del mundo, para llevarlas a Estados Unidos y allí hacer su gran negocio. Colombia se convertiría en el chivo expiatorio por una responsabilidad que únicamente le competía al Gobierno de Estados Unidos: “La guerra y las drogas teñirán la reputación de nuestros compatriotas en ese tiempo futuro”.

Las dos décadas trascurridas desde las declaraciones de Lleras Camargo, cuando Colombia apenas alcanzaba la condición de exportadora de Cannabis, a las de Milton Friedman, al igual que los quince años transitados desde entonces, permiten pensar en varios temas objeto de discusiones en la Mesa de La Habana.

Prácticamente existe coincidencia entre los distintos estudiosos de la economía capitalista mundial, en el sentido de que los treinta años gloriosos de ascenso y expansión de la producción industrial que siguieron al fin de la segunda guerra mundial, y que significaron el más asombroso crecimiento económico registrado en la historia, llegaron a su fin en los primeros años de la década de los ‘70. El estancamiento sobreviniente, producido por la evidencia de una crisis de súper producción inminente, obligó a los grandes capitales a frenar su inversión en la economía material, dando lugar a un descenso constante de la cuota de ganancia.

Fue necesario buscar otras esferas de inversión. La crisis petrolera de entonces y la extraordinaria riqueza que derivó para el mundo árabe, abrieron las compuertas a la especulación financiera. El crédito internacional, las bolsas de valores y la infinidad de negocios especulativos derivados de ellas, se encargaron de estimular y legitimar las más diversas formas de generación del capital y la ganancia. El comercio de las drogas adquirió entonces inusitada importancia como fuente de riqueza e inversiones.

La disputa por el destino final de esas inversiones, terminó en la declaratoria de guerra contra las drogas por el Gobierno de Estados Unidos. Se trataba del control de los miles de millones de dólares que sumaban los pagos por las dosis consumidas por sus ciudadanos, cuantiosos capitales que salían al exterior en manos de desconocidos. Además de la cobertura moral que se podía imprimir a esa cruzada, la niñez y juventud que había que salvar de tan nefasto flagelo, ella podía servir a intereses políticos inmediatos, como compensar la muerte de cuatro millones de vietnamitas a manos de las tropas norteamericanas invasoras, con el pueril argumento de que prostitutas indochinas adiestradas por comunistas, habían iniciado en las drogas a los soldados norteamericanos, equiparando el daño producido por la horrorosa matanza y librando a Estados Unidos de las obligatorias compensaciones; y convertirse en un poderoso instrumento de control social dentro de sus propias fronteras. Las poblaciones conflictivas de los odiosos negros e inmigrantes podían ser reprimidas y encarceladas de modo masivo. Y, sobre todo, garantizar un efectivo instrumento de injerencia directa en los países del Tercer Mundo, su patio trasero especialmente, en los que las luchas sociales y políticas amenazaban con hacerlos salir de la órbita políticamente correcta.

Todas las anécdotas y crónicas sobre cualquiera de las áreas de cultivos de plantas usadas para la producción de drogas, dan cuenta, sospechosamente, de que fueron unos generosos gringos los primeros en aparecer promoviendo y enseñando el cultivo de la mata. Después vendría el control total sobre los cuerpos de policía locales, y finalmente, con la misma excusa de la heroica y justa lucha contra las drogas, la dirección y el control de las fuerzas militares de país involucrado. Colombia es un ejemplo destacadísimo del desarrollo de esa estrategia de dominación.

Desaparecida la Unión Soviética, esfumado de repente el fantasma del comunismo con el que se pretextaba la persecución contra todas las formas de inconformidad política y social, en desarrollo de la Doctrina norteamericana de Seguridad Nacional, el poder hegemónico del gran capital transnacional representado por Estados Unidos y la OTAN, se encontró de repente sin una excusa que pudiera justificar sus actos de intervención y piratería a escala internacional. Había que crear un enemigo que justificara el enorme aparataje bélico y las políticas injerencistas. Hicieron aparición nuevos fantasmas: el terrorismo, el narcotráfico, las violaciones a los Derechos Humanos, la amenaza de las armas de destrucción masiva, los atentados contra el medio ambiente, etc., un largo listado caracterizado por la hipocresía y la manipulación, que bien podía ser aplicado, en primer término, al poder imperial, el primer Estado entre todos que ha utilizado armas nucleares y armas convencionales de todo género, en forma masiva, contra naciones y pueblos enteros, que ha depredado al planeta en su avidez de ganancias, que ha promovido sangrientos golpes de Estado y apoyado dictaduras sanguinarias y Gobiernos títeres que pusieron en práctica los métodos de tortura, guerra sucia y paramilitarismo enseñados en sus escuelas de formación militar y policial. Para el caso que nos ocupa, el narcotráfico resultó ideal. Mientras que buena parte de los grupos y movimientos rebeldes de América Latina cedieron ante el enorme peso que significó la debacle del socialismo real, incluso en Colombia, donde buena parte del movimiento insurgente arreó sus banderas ante los cantos de sirena de la globalización financiera y el fin de la historia, otros grupos, verdaderamente revolucionarios y comprometidos con su pueblo, como las FARC y el ELN, persistieron en sus proyectos políticos y militares. En adelante no seríamos tratados como fichas del comunismo internacional, sino como grupos narcotraficantes, terroristas y demás. No han faltado, incluso, los intentos de vincular a las FARC con negocios internacionales de uranio y otros minerales para la producción de armas nucleares. Las llamadas operaciones sicológicas, tan difundidas y practicadas en su momento por la CIA, hoy verdaderos instrumentos de propaganda negra en manos de fuerzas militares y policiales dirigidas directamente por el Pentágono, se encargan de sembrar en la mente de la población nacional y mundial, las representaciones más sucias en torno a las organizaciones revolucionarias, dentro de las cuales se destaca nuestra vinculación con el narcotráfico.

Un país como Colombia, montañoso y con grandes extensiones de selva, a cuyas regiones más apartadas fueron lanzados por sucesivas oleadas de violencia latifundista campesinos y colonos, abandonados además a su suerte por el Estado, resultó ideal para el crecimiento de los cultivos prohibidos. Esos campesinos hallaron en ellos el modo de sobrevivir y elevar medianamente su miserable condición de vida. Las guerrillas, enfrentadas desde varias décadas atrás al régimen, asentadas fundamentalmente en las áreas campesinas, no teníamos el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única actividad de la que derivaba su pírrica subsistencia.

La responsabilidad fundamental por el problema de las drogas radica en la esencia misma de la economía capitalista, en la incapacidad o falta de voluntad del Gobierno norteamericano para hacer cumplir las leyes prohibitivas, y hasta en el carácter absurdo de éstas. Dicen los que estudian esos temas, que la violencia que genera el narcotráfico es producto de la actividad mafiosa e ilegal que deriva de la prohibición del consumo; y que la guerra contra las drogas genera más violencia, corrupción y descomposición social y estatal, que la propia degeneración adictiva.

Al asumir en La Habana el tema de las drogas ilícitas, las FARC marchamos de la mano con la voluntad expresada por las comunidades campesinas afectadas con la guerra que la oligarquía colombiana, de rodillas ante el imperio, decidió declarar contra ellas. Pese a que el Presidente Juan Manuel Santos masculla en algunos escenarios la necesidad de aplicar una política distinta en el combate a ese problema, en la práctica ha asumido la fiel interpretación de las directrices de guerra total emanadas del Gobierno de Estados Unidos. Las FARC, en cambio, seguimos firmes en lo planteado en nuestra Octava Conferencia Nacional, que ya en 1993 incluyó en nuestra plataforma política:

10. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”.

El Gobierno y el pueblo de Colombia, así como la comunidad internacional, pueden estar seguros de que el tratamiento en la Mesa al problema de las drogas ilícitas, en todo lo que tenga relación con programas de substitución de cultivos ilícitos, planes de desarrollo, ejecución y evaluación con participación de las comunidades, así como la recuperación ambiental de las áreas afectadas, incluidos programas de prevención del consumo y salud pública, que podrían contemplar su legalización, se desarrollará con nuestra inquebrantable y decidida voluntad de contribuir de la mejor manera, a poner fin a la sempiterna injusticia sufrida por las comunidades campesinas del país, una de las razones históricas de nuestra lucha de cinco décadas continuas.

Entendemos que, satisfechas las comunidades campesinas en sus aspiraciones básicas como producto de Acuerdos en la Mesa de La Habana y en las diversas Mesas de interlocución que se desarrollan en el país, el problema de los cultivos ilícitos habrá desaparecido para siempre de Colombia. Nuestra satisfacción por una Colombia sin coca será enorme. Mucho más, si de paso acarrea una Colombia sin pobreza y miseria rurales, que pueda hacer uso de sus derechos políticos sin ningún tipo de amenazas y violencias. De ese modo habrán desaparecido del país, de modo objetivo, como consecuencia inmediata y directa, la producción de drogas y su comercialización, las que sin embargo, no van a desaparecer del entorno de la economía capitalista de que emergen.

Otros escenarios y luchas habrán de ocuparse de la erradicación definitiva del problema mundial. En lo que esté a nuestro alcance, y al alcance de nuestro pueblo, habrá que colaborar activamente a ello. La utilización política y estratégica de la guerra contra las drogas por el imperio de Estados Unidos, seguramente que buscará trasladar el conflicto a algunos países vecinos, cuyo régimen político democrático está interesado en combatir. Esa consideración y advertencia final debería formar parte del arreglo pacífico que consigamos en Colombia.

La solución política del grave conflicto que sufre el país desde hace más de cinco décadas, pasa por la recuperación de nuestra soberanía nacional, de nuestras libertades de análisis y decisión como nación independiente. Los intereses geopolíticos del Gobierno norteamericano, promotores de la pérfida intención de mancillar nuestra condición de revolucionarios con estigmas criminales, que resultan tan del agrado de las clases dominantes colombianas y sus aparatos de represión, tendrán que ser hechos a un lado y desechados por infames. Podemos discutir y debatir cuanto se quiera nuestra condición ideológica, política, organizativa y militar, de donde no puede esperarse jamás nuestra disposición a aceptar las bajas sindicaciones y condenas que trama el establishment. Las FARC no seremos los chivos expiatorios por los crímenes contra la humanidad cometidos por el imperio y la oligarquía. Es hora de que comiencen a responder por sus hechos. Se lo exige la historia 998.

Política Anti-Narcotráfico

La Delegación de Paz de las FARC, repasó el desarrollo del ciclo de conversaciones sobre el tema de solución al problema de las drogas ilícitas:

En el fondo de esta triste historia está presente el problema no resuelto de la reforma agraria”.

Proponen al Gobierno dar pasos audaces, como la restitución al campesinado de millones de hectáreas arrebatadas violentamente.

Con la perversa excusa de la lucha contra el narcotráfico, no se debe seguir haciendo la guerra a las comunidades rurales, solo para despojarlas de la tierra y seguirle abriendo paso a las multinacionales que saquean las riquezas de Colombia.

Si en verdad se quiere dar solución al fenómeno de los cultivos de uso ilícito, se debe comenzar por entender que este es un problema social; es la miseria impuesta por la política neoliberal del régimen la que ha empujado a una inmensa masa de pobres a tener que sobrevivir vinculándose a ésta y otras economías ilegales.

El tratamiento punitivo y militar que reciben los pobres del campo, es otra perversión de quienes, desde el régimen, siguen acaparando la tierra, extranjerizándola, en detrimento de la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías. El país entero debe exigir la reforma agraria inmediata, que acabe con el latifundio, redistribuya, restituya y formalice la propiedad de la tierra en beneficio de las inmensas masas rurales, respecto a las que cada día es más urgente destinar verdaderos programas, no de consolidación militar, sino de inversión social, que les lleve por fin la vivienda digna, la salud, la educación, y el buen vivir en general.

Estamos absolutamente seguros que concertar con las comunidades y entregar la tierra y posibilidades dignas de existencia a las gentes del campo, es la mejor manera de sacarlos de cualquier práctica ilegal de producción. Conminamos al Gobierno a que, como parte de una efectiva reforma agraria, se comience por entregar el millón de hectáreas de tierra que acaparó violentamente el paramilitar esmeraldero, Víctor Carranza.

Dentro del mismo concepto, que prosiga destinando al menos veinte millones de hectáreas de las cuarenta -tercera parte del territorio nacional- que han acumulado los latifundistas ganaderos mediante prácticas de despojo y muerte 999.

Programa Nacional de Substitución de usos Ilícitos de Cultivos de Coca, Amapola o Marihuana

La comitiva negociadora de las FARC en La Habana, presentó un nuevo programa de alcance nacional sobre substitución de cultivos ilícitos.

Como una contribución, para avanzar en la solución de la problemática económica y social del campesinado, que se ha visto obligado a cultivar la hoja de coca, la amapola o la marihuana, a fin de avanzar en la generación de condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, las FARC presentaron los lineamientos básicos para la formulación de un “Programa Nacional de Substitución de los usos Ilícitos de los Cultivos de Hoja de Coca, Amapola o Marihuana”, que en su espíritu y contenidos esenciales, se fundamenta en la propuesta de plan piloto para Cartagena del Chairá, presentada por el Comandante Manuel Marulanda Vélez en San Vicente del Cagüán, el 16 de junio del 2000.

Esta propuesta ha sido actualizada y rediseñada teniendo en cuenta los rasgos asumidos por esta problemática durante los últimos lustros, las tendencias del debate político y académico, y las nuevas definiciones que se vienen abriendo paso a nivel internacional en el diseño de políticas en este campo, como los avances concretados en los Acuerdos Parciales referidos a los Puntos 1 y 2 del Acuerdo General de La Habana.

1. Propósito General del Programa

Generar condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman que, en la actualidad, derivan su subsistencia precaria de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, en un contexto de transformaciones estructurales de la sociedad rural, propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, que reclaman el país y los desposeídos del campo.

2. Objetivos del Programa

El Programa busca los siguientes objetivos:

2.1. Contribuir a las transformaciones estructurales de la sociedad rural, propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, que reclaman el país y los desposeídos del campo.

2.2. Superar las condiciones de pobreza y miseria de comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, que se han visto forzadas, por su situación socioeconómica, a la producción de hoja de coca, amapola y marihuana. En igual sentido, de todos los trabajadores vinculados al proceso de producción: recolectores, medieros y demás obreros.

2.3. Fortalecer las comunidades campesinas con base en el reconocimiento de su capacidad de Gobierno y de gestión autónoma sobre el territorio.

2.4. Promover la substitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas.

2.5. A través de la intervención directa del Estado, regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales, a definir en cada caso, así como de sus posibilidades artesanales e industriales.

2.6. Contribuir a la soberanía y la seguridad alimentarias de la Nación.

3. Condiciones para la Realización del Programa

Para la implementación del Programa se requieren garantizar condiciones básicas políticas, económicas, sociales, de política criminal y de tratamiento de orden público:

3.1. Definición del Programa Nacional como capítulo especial del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa

El “Programa Nacional de substitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana”, será definido como capítulo especial del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa. Deberá ser comprensivo del derecho a la tierra y el territorio, que se debe garantizar a los campesinos y a las comunidades campesinas, así como de todas las políticas e instrumentos requeridos para hacerlo efectivo en términos reales y materiales, de acuerdo con las propuestas formuladas al respecto por las FARC, y en consonancia con los Acuerdos Parciales pactados con el Gobierno nacional en la Mesa de conversaciones. Particular importancia reviste el reconocimiento efectivo de las Zonas de Reserva Campesina. El Programa deberá incorporarse, además, en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo Gobierno.

3.2. Definición concertada de los territorios objeto del Programa

Con base en los instrumentos técnicos propios de la referencia geográfica y de la cartografía social, se procederá -con la participación directa de las FARC y de las comunidades involucradas- a la definición de los territorios y áreas específicas del Programa. Según el caso y de acuerdo con las definiciones más precisas del Programa, se podrán establecer territorios o zonas geográficas a priorizar.

3.3. No afectación de territorios y zonas objeto del Programa con explotaciones mineras o de hidrocarburos

Teniendo en cuenta que los territorios y zonas objeto del Programa, se inscriben dentro de un concepto de desarrollo alternativo para la soberanía y la seguridad alimentarias de la Nación, éstos serán excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos.

3.4. Conformación de Consejos para el diseño y la implementación del Programa en diferentes niveles

En consideración al carácter político, económico, social, ambiental y cultural del problema a enfrentar, se requiere la más amplia participación de las comunidades directamente involucradas. En ese sentido, se conformarán Consejos participativos de dirección y coordinación del Programa:

a) Asambleas y Consejos Comunitarios del Programa

La base del Programa se encuentra en las Asambleas y los Consejos Comunitarios. Las Asambleas Comunitarias estarán conformadas por los integrantes de las comunidades campesinas de productores de hoja de coca, amapola y marihuana, según el caso. Su función principal consiste en la definición de los lineamientos principales del Programa en la respectiva jurisdicción, así como en la designación de los representantes de las Juntas Comunales en el Consejo Comunitario. El Consejo Comunitario, con base en las definiciones de la Asamblea Comunitaria, tendrá la función de definir el Programa local, las políticas, los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como el seguimiento a su ejecución y cumplimiento. De las Asambleas y Consejos Comunitarios saldrá el Programa a ser concertado con el Gobierno en los Consejos Locales.

b) Consejos Locales del Programa

Se conformarán Consejos Locales del Programa, integrados por representantes del Gobierno en el nivel municipal, de las FARC y de los Consejos Comunitarios. Los Consejos locales representan instancias de concertación, diseño y definición del Programa en el nivel local, así como de las políticas, de los instrumentos y los mecanismos para su implementación, y en el seguimiento a su ejecución y cumplimiento.

c) Consejos Territoriales del Programa

Se conformarán los Consejos Territoriales del Programa, integrados por representantes del Gobierno en el nivel departamental, delegados de los Gobiernos Municipales, de las FARC, y de los Consejos Comunitarios de los respectivos territorios. Sus principales funciones consisten en el diseño concertado del Programa en el nivel territorial, en la definición de las políticas, de los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como en el seguimiento a su ejecución y cumplimiento, atendiendo lo establecido de los Programas Locales.

d) Consejo Nacional del Programa

Se conformará el Consejo Nacional del Programa, integrado por representantes del Gobierno nacional, delegados de los Gobiernos Departamentales, de las FARC, y de las comunidades campesinas organizadas. Sus principales funciones consisten en el diseño concertado del Programa Nacional, en la definición de las políticas, de los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como en el seguimiento a su ejecución y cumplimiento, atendiendo lo establecido por los Programas territoriales.

3.5. Desmilitarización de los Territorios y Zonas objeto del Programa

La puesta en marcha del Programa, supone la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina que habita los territorios y las zonas objeto del Programa. Por ello, se hace necesario el inicio inmediato de la desmilitarización de dichos territorios, y su consecuente exclusión como zonas de guerra y de los “Planes de Consolidación”. Los territorios objeto del Programa serán definidos como “Territorios de construcción de Paz con justicia social”. La presencia del Estado deberá concentrarse en la provisión de bienes comunes, de dotaciones infraestructurales físicas, sociales y de recuperación ambiental, así como en el impulso y el apoyo a economías campesinas y populares sostenibles.

3.6. Suspensión de las Aspersiones Aéreas con Agentes Químicos y de la Erradicación Forzada de Cultivos

El carácter voluntario y concertado del Programa impone generar confianza en los campesinos productores; conlleva, en consecuencia, como contraprestación del Gobierno nacional, la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos como el glifosato sobre los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana en los territorios y zonas del Programa. De igual forma, la suspensión de la erradicación forzada de dichos cultivos.

3.7. Revisión de la Política Criminal del Estado

El Programa presume la revisión inmediata de la actual política criminal del Estado, centrada en la persecución, la estigmatización y la criminalización de los campesinos productores. En ese sentido, se deben proveer los diseños normativos a que hubiere lugar con miras a garantizar un tratamiento de las problemática de los cultivos, acorde con su naturaleza económica, social y cultural.

3.8. Medidas extraordinarias de carácter económico y social

En atención a que el Programa será de implementación gradual, se deben convenir con las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman, en las instancias correspondientes, medidas extraordinarias de carácter económico y social, tendientes a garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo. Para tal efecto, se otorgará a cada familia una renta básica mensual hasta el momento en que se garantice la sostenibilidad económica y social de los planes y proyectos que conforman el Programa. La renta básica también cubrirá a todos los trabajadores de los cultivos, recolectores, medieros y demás obreros, que conforman una masa laboral móvil vinculada al proceso de producción. En igual sentido, la comunidad campesina, de la que forma parte el núcleo familiar, recibirá una renta especial para la financiación y el sostenimiento de la actividad comunitaria, especialmente en lo referido a sus aspectos organizativos y socioculturales.

4. Contenidos básicos del Programa

El Programa debe partir de una consideración básica: El problema a enfrentar, no resulta de los cultivos campesinos de hoja de coca, amapola y marihuana, sino de los usos ilícitos que se le dan a éstos. En ese sentido, más que combatir la producción, de lo que se trata es de regularla o de substituirla, según el caso. El Programa se distancia en su concepción de políticas prohibicionistas o de interdicción, y pretende más bien buscarle una salida a la problemática económica y social que ha llevado a sectores del campesinado, a convertirse en los eslabones más débiles de una empresa capitalista transnacional de carácter criminal. Un fundamento indiscutible de esa salida se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad política de las comunidades campesinas de transitar caminos alternativos, a fin de generar condiciones para garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo, de buen vivir.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa debe considerar dos componentes:

a) Substitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas.

b) Substitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, a través de la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado, considerando las cualidades alimenticias, nutricionales, medicinales, terapéuticas y culturales, según el caso, así como su potencial económico.

Por ello, las estipulaciones iniciales del Programa, se refieren, por una parte, a la definición de los territorios y zonas que serán objeto de substitución voluntaria y concertada de cultivos por planes de desarrollo alternativo. Y, por la otra, los territorios y zonas en los que se mantendrá, por voluntad de los productores, una producción regulada por el Estado, sea a través de procesamientos lícitos artesanales o industriales o de un sistema de compras estatales, orientados al abastecimiento del mercado interno o a la atención de la demanda internacional.

En cada caso, deberá realizarse un diagnóstico del respectivo territorio o zona, de acuerdo con parámetros técnicos, con el fin de establecer la situación política, organizativa, social, cultural, ambiental, así como de dotación de infraestructura física, social e institucional. La formulación del diagnóstico se fundamenta en la participación directa y activa de las comunidades involucradas, en cooperación con técnicos y expertos en diversas disciplinas de las ciencias sociales, técnicas y naturales, que serán provistos por el Programa a petición de las comunidades. La formulación del diagnóstico deberá conducir a la identificación de las diferentes necesidades de las comunidades, así como de las dotaciones de infraestructura requeridas para atenderlas.

4.1. Substitución de usos Ilícitos a través de “Planes de Desarrollo Alternativo”

En el caso de los territorios y zonas en los que se defina la substitución de cultivos, el diagnóstico deberá llevar a la formulación de los lineamientos generales de los “Planes de Desarrollo Alternativo”, de sus propósitos y objetivos, así como al establecimiento de metas y prioridades. Los “Planes Alternativos de Desarrollo” estarán conformados por programas y proyectos específicos de inversión, elaborados por las propias comunidades, en cooperación con los técnicos y expertos. Los programas y proyectos serán cuantificados en su totalidad, a fin de establecer el valor total del Plan y los recursos requeridos para su ejecución. Los “Planes de Desarrollo Alternativo” tendrán un horizonte de cinco años y serán desagregados en presupuestos plurianuales de inversión, que permitirán hacer seguimiento a las metas y compromisos pactados con el Estado. En todo caso, se sustentan en el principio de la gradualidad de la substitución de los cultivos, que será definida de manera expresa, con metas anuales verificables.

Los “Planes de Desarrollo Alternativo” deberán contribuir a garantizar las condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental de los respectivos territorios y zonas. Por ello, la definición de las actividades productivas y de generación de servicios que substituirán la producción de hoja de coca, amapola y marihuana ocupan un lugar central. En ese aspecto, los planes deberán promover la producción de alimentos, incluidos procesamientos artesanales o industriales, según el caso, para cubrir, en primera instancia, la demanda de las propias comunidades, pero también nichos del mercado interno, o incluso para abastecimientos del mercado internacional, especialmente de los países vecinos. De igual forma, deben contemplar formas de articulación o encadenamientos hacia redes interterritoriales de economía popular. El Estado garantizará precios de sustentación para los excedentes producidos, con independencia de las fluctuaciones de los precios de mercado, y desarrollará un sistema de compras estatales de dichos excedentes. Los Planes deberán promover la realización de otras actividades económicas distintas a las agrícolas y pecuarias, de procesamiento industrial o en el campo de los servicios, de acuerdo con las potencialidades de los territorios y zonas.

Las diferentes actividades económicas de los “Planes de Desarrollo Alternativo”, deberán garantizar ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman. Mientras se alcanza la sostenibilidad económica, habrá una renta básica y un fondo comunitario de compensación. En el caso de los trabajadores de cultivos, recolectores, medieros y demás obreros, se contemplará, adicionalmente, un Programa de acceso a la propiedad sobre la tierra, en los términos contemplados en los Acuerdos Parciales. En todo caso, los “Planes de Desarrollo Alternativo”, no se medirán con el parámetro del costo-beneficio en el sentido capitalista, sino considerando su aporte para enfrentar la problemática derivada de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana.

Los “Planes de Desarrollo Alternativo” contendrán programas y proyectos para la dotación de infraestructura física, especialmente de comunicación y transporte; de infraestructura social, especialmente de vivienda, salud, educación, cultura y recreación. De igual manera, programas y proyectos para garantizar la sostenibilidad socioambiental, incluyendo lo necesario para la recuperación ambiental de los territorios y zonas cuando ello fuere necesario. Especial atención merecerá la protección de bienes comunes como el agua, la biodiversidad y las semillas nativas.

Todos los programas y proyectos que conforman los “Planes de Desarrollo Alternativo” serán ejecutados por las propias comunidades y contarán la debida asistencia técnica y tecnológica. En ese aspecto, representarán una forma de generación de empleo e ingreso, que incluye a los trabajadores de los cultivos, recolectores, medieros y demás obreros.

Los “Planes de Desarrollo Alternativo” se financiarán con los recursos provistos por los Fondos locales, en consonancia con las asignaciones establecidas en forma concertada. Dichos recursos serán ejecutados de manera directa por las propias comunidades. La contratación de los dineros públicos, se hará con las asociaciones u organizaciones de las comunidades campesinas.

4.2. Substitución de usos Ilícitos a través de Regulaciones Estatales de la Producción y el Mercado

En el caso de los territorios y zonas en los que se defina la substitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, a través de la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado, el fundamento económico de los “Planes de Desarrollo Alternativo” se encuentra en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, nutricionales, medicinales, terapéuticas y culturales, según el caso, de estos cultivos, tal y como se encuentra comprobado por investigaciones académicas y científicas, y por prácticas existentes en el territorio nacional y a nivel internacional. En este sentido, se trata de materializar las potencialidades económicas de procesamientos artesanales e industriales de estos cultivos. Los “Planes de Desarrollo Alternativo” deberán definir, de manera precisa, las áreas de producción, las que serán reguladas de manera directa por el Estado y por las propias comunidades involucradas en el Programa. De igual forma se procederá con los procesamientos artesanales o industriales destinados al mercado interno o a los mercados internacionales. En todo caso, la definición de las cantidades a producir, se establecerá en función de estudios de demanda potencial tanto del mercado interno como del mercado internacional. Ello conlleva la conformación de un mercado legal de hoja de coca, amapola y marihuana, controlado por el Estado a través de un sistema de precios de sustentación y de compras estatales.

4.3. Consideraciones Especiales en Parques Nacionales Naturales

En atención a la importancia estratégica del Sistema de Parques Nacionales Naturales, del patrimonio ambiental y ecológico de la Nación, de su condición de bienes comunes del pueblo colombiano, el Programa contemplará condiciones especiales encaminadas a garantizar su protección y conservación. Ello implica la prohibición expresa de actividades de exploración y extracción minero-energética, el emprendimiento de acciones de recuperación o restauración socioambiental de las zonas afectadas, la consideración de procesos de substracción, donde se demuestren cambios irreversibles en el uso del suelo como resultado de actividades productivas campesinas, incluidos los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana. La protección y conservación de Parques Naturales no implica la relocalización o reubicación de comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, sino diseños que hagan compatibles su habitación, en condiciones de existencia digna y de buen vivir, con los propósitos de protección y conservación. Para ello, se deberán proveer recursos adicionales complementarios. Sólo de manera excepcional y previa consulta y acuerdo con las comunidades, se podrán contemplar procesos de reubicación, en condiciones a pactar con ellas, atendiendo el principio de favorabilidad.

5. Mecanismos e Instrumentos de Financiación del Programa

La financiación del Programa correrá, en su totalidad, por cuenta del Estado. Para tal efecto se conformará un Fondo Nacional. Las fuentes de financiación del Fondo serán:

a) Asignaciones establecidas en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo

b) Asignaciones específicas del presupuesto general de la Nación

c) Recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

d) Recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa.

e) Recursos provenientes de la suspensión inmediata de los programas de aspersión aérea con agentes químicos, especialmente con glifosato, y de la erradicación forzada.

f) Aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas transnacionales y de organismos no gubernamentales.

g) Recursos provenientes de las incautaciones hechas a los narcotraficantes en Colombia y en el exterior. Los bienes incautados que estén en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes pasan a ser parte del Fondo.

h) Sin perjuicio de los aportes del presupuesto general de la Nación, en el nivel territorial y local, el Programa contará con fondos provenientes de los presupuestos departamentales y municipales, de los Departamentos y Municipios comprometidos en su implementación. Los aportes de las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman serán con trabajo a ser remunerado por el Estado.

Los recursos del Fondo Nacional serán administrados y distribuidos por el Consejo Nacional del Programa, atendiendo los propósitos y objetivos generales del Programa y los requerimientos de los Consejos Territoriales.

Se establecerán Fondos Territoriales, conformados por las asignaciones específicas provenientes del Fondo Nacional, administradas por el respectivo Consejo Territorial, y por los aportes correspondientes de los presupuestos departamentales. Los recursos del Fondo Territorial serán distribuidos atendiendo los requerimientos de los Consejos Locales.

Se establecerán Fondos Locales, conformados por las asignaciones específicas del Fondo Territorial, administradas por el respectivo Consejo Local, y por los aportes correspondientes de los presupuestos municipales. Los recursos del Fondo Local serán distribuidos atendiendo los requerimientos de las Asambleas y los Consejos Comunitarios. Sobre éstos, recae la administración directa y autónoma de los recursos, en función de los planes y proyectos definidos por las propias comunidades. Para efectos legales, las relaciones contractuales a que hubiere lugar, se realizarán con las asociaciones campesinas que representen a las comunidades y los núcleos familiares que las conforman.

6. Seguimiento y Control

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y control del Programa, que le corresponden a las Asambleas y Consejos Comunitarios, a los Consejos Locales, a los Consejos Territoriales y al Consejo Nacional del Programa, se conformará de manera concertada una “Veeduría Internacional de Seguimiento y Control del Programa” en todos sus niveles. La Veeduría estará conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la UNASUR, y de la comunidad académica. La Veeduría presentará informes semestrales de cumplimiento de metas y compromisos del Programa y podrá hacer recomendaciones para su mejor cumplimiento 1000.

Narcotráfico y Paz

Propuestas de las FARC

La Delegación de Paz de las FARC en La Habana, presentó un documento sobre el tema del Narcotráfico y la Paz. “Solución al problema de las drogas ilícitas” y la necesidad de concertar una política soberana.

Tratando de adoptar, desde el principio, una visión global del problema, hemos presentado un conjunto de propuestas mínimas que poco a poco vamos derivando en iniciativas concretas, una de las cuales lleva por título Programa Nacional de Substitución de los Usos Ilícitos de los Cultivos, y que se apega específicamente a presentar soluciones al Primer Subpunto sobre “Programas de Substitución de Cultivos Ilícitos”, que tocan con el conjunto de los demás Subpuntos: Programas de prevención del consumo y salud pública y solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, en el entendido que este es un fenómeno de impacto internacional, que no se puede analizar de manera provincial o localista sin observar la interrelación de sus elementos y su vínculo con los intereses del capitalismo a nivel mundial.

Necesidad de definir una política soberana:

Lo primero que habría que hacer para hablar de solución del problema de las “drogas ilícitas”, es la definición de una política adecuada que supere los cuestionamientos de la que está vigente y depende de manera sumisa de las directrices erráticas de Washington.

Definida esta política, se podrán diseñar los planes y programas que se requerirían para su ejecución, desligados totalmente de la vieja política cuestionada. Tenemos una enorme dificultad en la insistencia del Gobierno en proseguir dentro de la senda equivocada, según se observa en las teorizaciones y prácticas que durante varios lustros ha sostenido, ligadas a políticas de “consolidación” y a sus justificaciones que, al reconocerse como parte de la estrategia antidrogas norteamericana, develan la realidad y perspectiva de su fracaso.

Si queremos cambiar los balances negativos cargados de muerte y violencia que se desprenden de las políticas cuestionadas a nivel mundial, desde la titulación de lo que construyamos conjuntamente, deberemos indicar que la solución del problema debe ser soberana, integral, concertada y pacífica; lo que implica que se rechaza el intervencionismo que atenta contra la libre determinación de los pueblos, y la militarización y el acento punitivo y represivo que, hasta el momento, se le ha dado a las iniciativas gubernamentales. Este enfoque, entrañaría una concepción en la que los planes y programas no puedan convertirse en mampara de una política contrainsurgente, que distorsione el propósito eminentemente social que debe inspirarla.

Los cultivos de uso ilícito, narcotráfico y los problemas de salud pública que genera el consumo, no son generados por las plantas de las que se extraen las substancias, o los productos mismos, o el elemento droga de por sí solos, sino las políticas que se desarrollan para manejar este fenómeno que comporta efectos de impacto mundial. Lo general es que tales políticas y su manejo se elaboran y se imponen, substancialmente, desde Estados Unidos, y aunque existen otros factores que pueden influir en su diseño, impera una visión norteamericana determinante. Si estas políticas imperantes y determinantes, que son diseñadas e impuestas por Estados Unidos, no son exitosas, tal como está demostrado por la comunidad científica y académica, porque no resuelven ni el grave problema del consumo y sus secuelas, ni la criminalidad que se deriva del narcotráfico, del que lucra sobre todo el sector financiero, el cuestionamiento y responsabilidad principales en la permanencia del fenómeno radica, no en Colombia, sino en Estados Unidos.

En el documento titulado: “Estrategia Nacional de Control de Drogas”, elaborado por uno de los departamentos ejecutivos de la Presidencia de Estados Unidos en el 2013, salta un sofisma que oculta la verdad sobre los fracasos, hablando de una supuesta “Consolidación de las victorias logradas en Colombia”. En el texto se expresa que “la ayuda a Colombia está descendiendo desde los años pico del Plan Colombia”; no obstante, en el 2012 el Gobierno norteamericano continúa la fumigación aérea que, según ellos, es esencial para bloquear la producción en las zonas más remotas del país. Explican que la presión constante contra la producción de cultivos ilegales de coca, ha presentado un agudo descenso en el total de cocaína producida en Colombia en la última década, coincidiendo con un descenso en la tasa de cocaína en uso en Estados Unidos. Agregan, como si se tratara de una proeza, que Colombia está exportando su experiencia exitosa a países amigos: en el 2012, mil novecientos ochenta y cinco extranjeros fueron entrenados por la Policía Nacional de Colombia, de los que mil cuatrocientos setenta y seis eran oficiales de policía de otros países. El Plan Nacional de Consolidación apoyado por Estados Unidos, está logrando llegar a partes del país sin presencia del Estado. La revitalización de Colombia se refleja en crecimiento económico, inversión extranjera directa y en la reemergencia como centro de arte y cultura. La intervención de Estados Unidos en este campo es plena, reconocida y de “exportación”, con la circunstancia de que navega entre falsedades que han sido señaladas con precisión por los expertos.

El investigador Ricardo Vargas, señala en el Informe sobre políticas de drogas 1001:

Una de las mayores dificultades para la previsión de escenarios, es la mala calidad de los diagnósticos sobre el estado actual de la economía ilegal de las drogas en Colombia. Cálculos como los que establece el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre producción de cocaína en ciento noventa y cinco toneladas anuales con promedios de rendimientos de 2,35 kilos por cada hectárea de hoja de coca, ratifican la impresionante debilidad de las metodologías usadas. La Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), calcula promedios de 6,4 kilos de rendimiento por hectárea para el 2012, lo que dice bastante sobre el caos de los referentes empíricos para confirmar los resultados”.

Sobre esto, el profesor Vargas explica:

La excesiva ideologización de Washington, cuyo interés está más en mostrar a Colombia como un caso exitoso para promover acuerdos bilaterales que repliquen su estrategia hemisférica de seguridad, termina por afectar seriamente el estado de la cuestión en materia de drogas”.

El analista Juan Carlos Hidalgo 1002, explica que a la hora de evaluar la guerra contra las drogas, cuando se interroga sobre si las vidas perdidas, el dinero, la violencia, la erosión enorme de las libertades civiles han dado frutos, la respuesta es negativa y, entonces, se grafica el diagnóstico citando el Informe “Evaluación Nacional sobre la Amenaza de la Droga”, elaborado por el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice: “en general ha aumentado la disponibilidad de drogas ilícitas”. Agrega que “los números no mienten; en el 2007 -último año para el que hay datos disponibles-, el precio al detalle de un kilogramo de cocaína en las calles era el más bajo jamás registrado: un veintidós porciento inferior al registrado en 1999, en que se lanzó el Plan Colombia con el objetivo de detener la producción de cocaína en el país sudamericano”. Si bien el terreno sembrado con coca en Colombia ha disminuido en un sesenta porciento en la última década, los avances tecnológicos en la producción de cocaína han facilitado un aumento de la productividad. El rendimiento por hectárea sembrada ha aumentado en casi dos tercios desde el 2000, como reportara “The Economist”. Hay menos área sembrada con coca, pero la cantidad de cocaína producida sigue siendo la misma.

Ricardo Vargas, al hablar de la previsión de escenarios en materia de drogas, recuerda que Colombia no siempre ha sido un productor importante de hoja de coca:

Hacia finales de los años setenta, durante los ochenta y los primeros años de la década de los noventa, Colombia importaba y procesaba pasta básica de cocaína (PBC) del Perú y Bolivia, para luego exportar el producto final hacia Estados Unidos y Europa”.

Esta precisión la hace para indicarnos:

Establecer cálculos dogmáticos del potencial productivo de la cocaína para un país, en este caso Colombia, a partir solo de su producción local de hoja de coca es errático. Hoy el denominado éxito colombiano sigue esta apreciación sin auscultar la posibilidad de un retorno a las importaciones de PBC. De hecho el auge de las siembras de hoja de coca en la baja amazonia peruana e incluso en Loreto, están relacionadas con mercados de PBC que involucran la frontera colombiana. Esto para dar un solo ejemplo”.

La Comisión Global de Políticas de Drogas de junio del 2011, en su informe ejecutivo, entre los principios y recomendaciones que fija, dice:

Primer Principio: “Las políticas de drogas deben basarse en sólida evidencia empírica y científica. La principal medida de éxito debería ser la reducción de daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y de la sociedad”.

Segundo Principio: “Las políticas de drogas deben basarse en los principios de Derechos Humanos y Salud Pública. Deberíamos terminar con la estigmatización y la marginalización de las personas que usan ciertas drogas y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de drogas como pacientes, no como delincuentes”.

La Política Antidrogas del Estado colombiano yerra en la medida en que su perfil prohibicionista, punitivo y militarista, que deriva de la Política Antidrogas estadounidense, marcha sobre una línea que centra sus preocupaciones en el desenvolvimiento de la guerra contrainsurgente, más que en resolver el asunto como problema social.

Cuando la mencionada Comisión Global llamó a actuar con urgencia para resolver la derrota, sentenció enfáticamente: “puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya”, no insistir en ellas, como parece ser que es la tendencia de cada Gobierno de turno en nuestro país, como si no se comprendiera que las evidencias que se muestran por todas partes en cuanto a que las actuales políticas y estrategias no están siendo exitosas en ningún plano, comenzando por la subyacente lucha contrainsurgente, en la medida en que mientras no se resuelvan las causas también de orden social y político que iniciaron y mantienen la confrontación, ésta no cesará, y por el contrario aumentará el desangre patrio propio de la guerra, y en el plano del problema que tratamos continuarán los encarcelamientos innecesarios, el aumento de la dependencia a las drogas, el detrimento de la asistencia social y de los servicios de salud, o el maltrato de la soberanía nacional, entre otros muchos males.

La síntesis que el profesor Sergio de Zubiría, hace en un escrito titulado “La Política sobre Drogas: Laberinto y Desafíos”, nos recuerda que desde la iniciativa de abril del 2008 de los ex-Presidentes latinoamericanos Zedillo (México), Cardozo (Brasil) y Gaviria (Colombia), se habla sobre la urgencia de un replanteamiento de esa política. El Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas 2011, cuya representatividad contaba además de estos ex-Presidentes, con personalidades como Kofi Annan -ex-Secretario General de la ONU-, Louise Arbour -ex-Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-, George Shultz -ex-Secretario de Estado de Estados Unidos-, Carlos Fuentes -escritor e intelectual mexicano- y George Papandreou -Primer Ministro de Grecia-, entre otros, concluye en un llamado de atención a la humanidad:

La denominada “guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después de la Convención Unica de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del Gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales”.

El profesor Sergio de Zubiría, recogiendo argumentos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, esboza algunos indicadores del fracaso de la “guerra contra las drogas”: A pesar de las medidas represivas, la producción sigue en aumento, al igual que el consumo. Otra evidencia del fracaso, es la capacidad de regeneración inmediata de las fuentes de producción y traficantes. Considerar a los consumidores como criminales impide que se generen políticas públicas claras en pro de la salud de los ciudadanos. Los esfuerzos han estado tan encaminados a la represión y la persecución que no se han invertido en iniciativas de prevención y educación, que serían sin duda más efectivas en la reducción de la demanda. Para salir del laberinto se debe apuntar a la construcción de otros caminos y no a la insistencia en la vía que ha refrendado su fracaso una y otra vez. Dentro de ese camino, retoma los principios y recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas, conceptuando que son contundentes y pueden iluminar las alternativas:

a) Terminar con la criminalización, marginalización y estigmatización de las personas que usan drogas pero no hacen ningún daño a otros; desafiando los conceptos erróneos acerca de los mercados de las drogas, el uso y la dependencia de drogas.

b) Alentar a los Gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos; esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también debemos intentar otros ensayos de descriminalización y regulación legal.

c) Ofrecer servicios de salud y tratamiento a quienes lo necesiten, asegurando una variedad de tratamientos acordes con la especificidad del caso.

d) Respetar los Derechos Humanos de las personas que usan drogas y abolir prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento y que violan los derechos fundamentales.

e) Ofrecer la atención a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos y pequeños vendedores; muchos de ellos han sido víctimas de la violencia o la intimidación, o son dependientes de drogas.

f) Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo para socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación.

g) Invertir en actividades que puedan prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas, y a la vez prevenir que los que las usan desarrollen problemas más serios, evitando mensajes simplistas al estilo “sólo di que no” o “tolerancia cero”. En lugar de ello, priorizar esfuerzos educativos asentados en información creíble y programas preventivos.

h) Iniciar pronto con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas, reemplazando las políticas y estrategias orientadas por la ideología y la conveniencia política hacia políticas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud y los Derechos Humanos. Asegurar que las convenciones internacionales sean revisadas para adaptarlas a unas políticas que prioricen la reducción de daños, la descriminalización y las políticas de regulación legal.

La problemática del narcotráfico y el uso de drogas en el mundo, no ha tenido el tratamiento adecuado para su solución. Para el caso colombiano, el problema tiene su fuente de existencia en Estados Unidos, principalmente, porque de allí surgen las políticas equivocadas, allí está el mayor centro de consumo, los mayores proveedores de insumos para la narco-producción, los suministradores principales de las armas que acompañan el negocio, los mayores distribuidores o vendedores de las drogas ilegales, allí residen y actúan los mayores responsables y beneficiarios del lavado de dinero, y desde allí se definen las políticas antidrogas y el manejo de ellas.

En Colombia, para el caso de los campesinos y familias de comunidades rurales en general que están involucrados en tal cadena, son solamente parte de uno de los eslabones más débiles, que al mismo tiempo y al lado de los consumidores son víctimas del fenómeno. Por ello es incorrecto e inconveniente que sobre sus hombros recaiga el peso de la represión. Urgen modelos intermedios y de regularización como alternativa de solución.

En octubre del 2013, el académico Rodrigo Uprimny decía, refiriéndose a declaraciones de la Canciller María Angela Holguín, que era muy importante la idea de que Colombia lleve a nivel mundial la discusión sobre la política frente a las drogas, incluso al Consejo de Seguridad de la ONU. Mostrando como positivo el criterio de la Canciller: “no tiene sentido que mientras ciertos países desarrollados despenalizan y legalizan ciertos consumos nosotros sigamos metiendo a la cárcel al campesino que tiene media hectárea de coca”. El académico hallaba razón en que la Canciller destacara esta contradicción, pero indicando que este planteamiento que se asemejaba al que el Presidente Santos hizo en México, era insuficiente e incluso podría convertirse en un boomerang:

Si el problema es únicamente que existe una contradicción entre el hecho de que en Colombia sigamos estrategias punitivas frente a la producción y distribución de substancias psicoactivas, mientras que en ciertos países europeos o en ciertas partes de Estados Unidos avanza la despenalización del consumo, entonces la solución puede tomar dos formas radicalmente opuestas: puede uno defender la penalización del consumo o, por el contrario, avanzar hacia la legalización y la regularización de la producción y la distribución”.

El profesor Uprimny, al reflexionar sobre los costos y beneficios de la llamada “guerra a las drogas” que ha seguido el Estado colombiano, indica que una eventual reducción de la oferta y el consumo a partir de las políticas y prácticas que se derivan de dicho modelo son mínimos, con costos muy elevados que se traducen en el incremento de una economía ilegal que provoca violencia y corrupción, la expansión de una cultura mafiosa, restricción de libertades, sobrecarga del aparato judicial y una paradoja sanitaria. Al establecer cuadros comparativos entre diversos modelos de tratamiento del problema de las drogas ilícitas, señala que para los casos del prohibicionismo y de la liberalización, es evidente el fracaso estructural de sus políticas, de manera tal que las alternativas de solución las ubica en modelos intermedios y de regularización. La alternativa incluye encabezar la discusión sobre el prohibicionismo en los escenarios internacionales, buscando reformulaciones inmediatas que construyan un enfoque de Derechos Humanos. Esto, no solo por razones éticas, de dignidad humana, sino también porque es deseable políticamente para armonizar obligaciones del Estado y flexibilizar el marco internacional, aparte de que es una obligación jurídica frente a la Carta de Naciones Unidas. Dentro de esta formulación tienen primacía los deberes estatales en el campo de los Derechos Humanos; los usuarios de drogas deben ser vistos como titulares de tales derechos y no como delincuentes ni enfermos, y las políticas se deben basar en evidencia y con criterios de Derechos Humanos y no sólo observando la reducción de oferta y de consumo.

De este tipo de observaciones fundadas en estudios de orden científico, es que se desprenden recomendaciones que hoy tienen el mayor peso en la comunidad académica mundial, como la despenalización del consumo, la reducción de los excesos punitivos, la diferenciación de conductas acordes al principio de proporcionalidad, el garantismo procesal, la experimentación con mercados regulados, etc. y otras que directamente tocan con medidas de moratoria en la fumigación y erradicación forzada, respecto a las cuales hay que propiciar ofertas alternativas, sin perder de vista la relación que existe entre contextos sociales y políticos, y las particularidades del narcotráfico en Colombia, donde la miseria empuja a inmensas masas populares a vincularse a las economías ilegales.

El Gobierno sugiere, en sus desarrollos discursivos frente a la prensa, una “substitución” de cultivos de uso ilícito, aparentemente ligada a lo que podría ser el desenvolvimiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el formato que se ha publicado dentro de los informes conjuntos referidos a los Acuerdos Parciales de La Habana. Pero el quid del asunto, está en que, en la práctica, los planes antidrogas son principalmente de erradicación forzada y aspersiones; es decir, que se sigue bajo un planteamiento que se ubica dentro de los parámetros de las políticas antidrogas diseñadas por Estados Unidos, cuyos fundamentos causan las dinámicas prohibicionistas, punitivas y militaristas equivocadas que hoy se cuestionan desde los sectores más experimentados que abogan por la solución del asunto en condiciones de soberanía y justicia social.

Es un error orientar el problema colocando énfasis en la represión y no en la prevención y la educación. Se trata de una política cuyos presupuestos no son suficientes para afrontar el problema en toda su dimensión, considerando que entre lo fundamental debe estar el propósito de resolver los problemas sociales que empujan a la gente pobre a vincularse a este tipo de economía ilegal.

Si analizamos cómo se hacen los gastos, observaremos que entre 1995 y 2010 Colombia, según Planeación Nacional, gastó en la lucha antidrogas cerca de u$s 9.900.990.099, de los que en el 2010 se ejecutaron u$s 940.594.000, cifra que es marginal respecto a los u$s 15.100.000.000 solicitados por Estados Unidos para su lucha antidrogas en el 2014. Por otro lado todo esto es fútil frente a los 500 a 800 mil millones de dólares que anualmente mueve el mercado de drogas en el mundo. Colombia, según datos de Planeación Nacional, en el 2010 gastó el presupuesto de esta forma: el sesenta y cuatro porciento -u$s 595.000.000- se invirtió en lo que llamaron “reducción de la oferta de drogas ilícitas”. De esto, u$s 370.511.000 fueron destinados al rubro “otros” y sin especificaciones de rubro un monto de u$s 207.377.000. De lo especificado, en su mayoría se van en apoyo aéreo, gastos de nómina, armamento y munición. Por otro lado, u$s 495.049 se destinaron para los llamados “gastos reservados” y u$s 2.334.653 en gastos de dotación. u$s 91.491.000 se van en control del tráfico y distribución de drogas ilícitas, u$s 61.046.000 en identificación y erradicación de cultivos ilícitos, de los cuales u$s 43.744.000 son también gastos sin especificar. En misiones de verificación para los programas de aspersión y erradicación se van u$s 7.063.000. En identificación y aspersión de cultivos ilícitos se van u$s 9.512.000. En destrucción de infraestructura de producción de drogas ilícitas se van u$s 24.741.000. Para operaciones de seguridad en erradicación manual, u$s 17.302.000. Hay otros rubros menores. En el 2010, solamente se destinaron u$s 52.566.000 para el desarrollo alternativo, lo que corresponde al 5,5% de un total de u$s 940.594.000 que se habían destinado a la lucha antidrogas. De estos, u$s 39.604.000 se destinaron a familias guardabosques y u$s 11.387.000 a proyectos productivos. Se gastaron u$s 1.385.000 en “otros”, sin especificar su destino. Existe otro rubro destinado a “fortalecimiento jurídico e institucional” -25,7%-, con un monto de u$s 244.000.000: sistemas de información u$s 1.753.000, adecuación institucional u$s 4.107.000 y capacitación de operadores institucionales en la lucha contra las drogas u$s 906.930. El resto, u$s 237.158.000, en “otros”. En el rubro reducción del consumo se invirtieron u$s 38.774.000 -4,1%- y u$s 2.486.000 -0,3%-, correspondieron a gestión ambiental. En política internacional del problema de las drogas, se invirtieron u$s 1.746.000 -0,2 %-.

Esta manera de abordar el problema, tratando marginalmente la inversión social y la prevención, tiene todas las características de una derivación de esas políticas estadounidenses inadecuadas, inconvenientes e inútiles, cuya secuencia presenta solamente algunos planos admisibles en lo que concierne directamente a recomendaciones de la UNODC en el campo de la superación del prohibicionismo. Desafortunadamente, el trasfondo camuflado es la contrainsurgencia. La UNODC, apoya al Gobierno de Colombia en la gestión de la política pública encaminada a la reducción y eliminación de los cultivos ilícitos, retomando los fundamentos de las convenciones internacionales suscriptas y de los planes nacionales relevantes para enfrentar el problema de las drogas ilícitas, lo que podemos decir que está dentro de lo admisible en el camino de la superación del prohibicionismo. Con tal propósito subscribió un convenio con la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT-, adscripta al Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, y es aquí donde se le abre camino a una política que poco o ningún interés cierto tiene en coadyuvar a resolver los problemas sociales de las comunidades rurales vinculadas a la economía de los cultivos de uso ilícito. El convenio con UNODC, tiene la misión de dar apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia, para la “consolidación territorial”, pero con el inconveniente de que el Gobierno colombiano bajo esta última categoría, la de “consolidación territorial”, lo ha ligado plenamente a sus políticas contrainsurgentes.

En la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, se encuentra la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos (DPCI), que produjo el Nuevo Enfoque de los Programas Contra Cultivos Ilícitos (PCI), Versión 1 del 2012. Se plantea, dentro de este enfoque, con soterrado lenguaje punitivo y guerrerista, que su gran desafío en las políticas públicas, es la consolidación de presencia efectiva de las instituciones del Estado -léase presencia militarista-, en los territorios de mayor incidencia histórica de las organizaciones armadas ilegales, los cultivos ilícitos y las bandas criminales al servicio del narcotráfico, que son las principales amenazas -dicen-, a la seguridad nacional y ciudadana, y han impedido que Colombia alcance su potencial de crecimiento y prosperidad. Intencionalmente se mezcla a la insurgencia con bandas criminales, y se le sugiere como sujeto de un negocio del que se oculta a sus fundamentales protagonistas, que se encuentran en el sector financiero de la economía, lucrándose al máximo a costa de sectores humildes que sobreviven en la miseria agobiados por la persecución y la represión.

Como nos ha recomendado el profesor Sergio de Zubiría:

Es necesario que la discusión sobre la política antidrogas, pueda desarrollarse en una lógica de diálogo libre de ideologías sesgadas y de visiones moralistas o dogmáticas. En medio del respeto por la diversidad de perspectivas y de experiencias, el diálogo requiere romper ciertos tabúes arraigados en las posturas ante el tema de las drogas, y prestar mayor atención a la evidencia científica y a las cifras que han arrojado los estudios sobre la materia”.

Lo primero que se requiere para avanzar en un Acuerdo sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, en la Mesa de La Habana, en consonancia con un rotundo cambio de las políticas ordenadas por Washington, es desvincular los planes que se deriven de las conversaciones de Paz, de los propósitos de guerra imperiales y locales de la llamada consolidación territorial, que a sangre y fuego impulsa el Estado colombiano, bajo las órdenes e intervencionismo de Estados Unidos. Se deberá tener en cuenta que ninguna solución estructural puede limitarse a la sola “substitución de cultivos”, mucho menos a la erradicación forzada. El marco debe estar definido por concepciones profundas de desarrollo rural alternativo, lo que nos remite a retomar discusiones pendientes sobre la eliminación del latifundio, la definición de un fondo de tierras, los límites a la extranjerización, la formalización, los créditos, la seguridad social para los campesinos y pobladores rurales en general, que les brinde una vida digna, como una de las necesarias bases que hagan posible la Paz con justicia social.

Según lo dicho por el Presidente Juan Manuel Santos 1003:

La Consolidación contribuye con la construcción de Paz y la presencia del Estado en zonas recuperadas por la acción militar”.

A esto contribuye la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial que está en plena coordinación con UNODC y con la USAID -reconocido instrumento de la CIA-. De aquí deriva también el surgimiento de las “Familias Guardabosques”, estableciéndoseles con proyectos de bajo costo que no resuelven los problemas sociales fundamentales, pero sí concreta compromisos de diversa índole en el plano de la contrainsurgencia, lo que hay que corregir para que los planes tomen carácter verdaderamente social. Valga precisar que la Consolidación Territorial tiene alcances que se apoyan en fuentes conceptuales y programáticas que están definidas en el libro Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial, de septiembre del 2011, publicado por la Fundación “Ideas para la Paz”, cuya esencia devela un carácter militarista, de guerra, de las mismas, al que habría que buscarles alternativas inmediatas si verdaderamente queremos andar un camino expedito para concretar un Acuerdo Final que sirva de base para edificar la Paz estable y duradera.

Miraremos los componentes que se identifican como fuentes, para entender mejor el trasfondo contrainsurgente global e inconveniente que habría que superar, para adelantar una nueva política antinarcóticos que permita lograr resultados benéficos para la Paz de la nación. Son:

i. el componente contrainsurgente propiamente dicho;

ii. el componente antinarcóticos; y

iii. el componente de desarrollo regional y social.

Todos indisolublemente relacionados.

El componente Contrainsurgente (COIN) fue desarrollado durante el siglo XX por los teóricos militares de los principales ejércitos occidentales -británico, estadounidense y francés-. Su objetivo es “regular el comportamiento político-militar de un poder estatal que enfrenta un conflicto asimétrico dentro de su territorio, en sus dominios coloniales o en terceros países susceptibles de caer bajo la órbita de influencia de una potencia enemiga -guerra fría-”. La denominada “Política de Seguridad Democrática”, fue puesta en marcha en el año 2002 por Alvaro Uribe Vélez, siendo Presidente de la República, bajo fundamentos contrainsurgentes inspirados en este tipo de componentes.

El protagonismo fue de las fuerzas militares y de policía más que de fuerzas o entidades civiles, y el fortalecimiento de éstas, cuando se produjo, fue en función de aquéllas. La crisis humanitaria que generó es inocultable. En la Colombia actual, los principios estratégicos de desarrollo siguen supeditados a lineamientos contrainsurgentes concebidos por potencias coloniales. Tienen un peso específico las políticas estadounidenses, pero juegan un papel muy importante las concepciones sobre todo británicas. Lo importante en estas concepciones, es asegurar el “imperio de la Ley”, la llamada “cultura de la legalidad”, que aunque se defina “inocentemente” como un conjunto de valores, percepciones y actitudes que la persona debe tener hacia las leyes y las instituciones que rigen, cuando esas instituciones han tenido un historial antidemocrático cruzado por la exclusión, la corrupción y la aplicación del terror, no producen ninguna confianza; de tal manera que para el caso de Colombia, “la cultura de la legalidad” se traduce en otra forma de sumisión y conformismo, que debe conducir a aceptar las leyes, no cuestionar sus sesgo de clase, su carácter de factor de control impuesto por el bloque de poder dominante, que sostiene un orden social injusto, respecto al cual la mayoría de la población no cuenta con oportunidades o condiciones básicas de existencia.

Algunas veces se expresa que la permanencia de las llamadas economías ilegales, que se asocian a los cultivos de uso ilícito, generan alteración negativa sobre los valores y la convivencia de las comunidades, y que la mejor manera de crear ciudadanía es mediante una “cultura de la legalidad”, la que se explica como la renuncia a cualquier tipo de vinculación con economías ilegales, perdiendo de vista que estas forman parte de un fenómeno más amplio de miseria que requiere transformaciones estructurales para que puedan tener el entorno que permita su real superación. De manera que, antes que hablar de una cultura de la legalidad como instrumento de los procedimientos tácticos de contrainsurgencia, que apuntan, no al interés de resolver los problemas sociales de las masas campesinas, sino a su cooptación utilitarista en el plano de la guerra, en el sentido de evitar un supuesto incremento de capital humano para las fuerzas insurgentes, la perspectiva debería trazarse en el rumbo de concertar normativas de convivencia cuya legitimidad surja de la concertación, del hecho de que sean acordadas o consensuadas, participativamente entre los integrantes de las comunidades que se desean vincular al proceso de construcción de la Paz. Operaría dentro de esta concepción, una visión en la que las comunidades participan activamente en la construcción del nuevo orden en libertad y no mediante la acción de la represión, la estigmatización o la criminalización. Un Plan de substitución, no debe darse como imposición, su legitimidad dependerá de la concertación y la participación que se les dé a las comunidades. De ahí que no es descabellado decir que tiene más legitimidad hoy la cultura de la ilegalidad que cuestiona el Gobierno, que la cultura de la legalidad que exige el respeto a normas que han excluido y atropellado al campesino durante décadas; es decir, normas que en gran medida son criminales e ilegítimas.

En el texto publicado por la Fundación Ideas para la Paz, al referirse al componente antinarcóticos de la Política de Consolidación Territorial del Gobierno de Santos, de fondo a superficie deja en evidencia, que la política antinarcóticos, es ese componente, interactuando y haciéndose una misma cosa con el componente contrainsurgente:

La estrategia antinarcóticos, dice la Fundación Ideas para la Paz, analizando la estrategia gubernamental, deberá diseñarse de manera que no disminuya el capital político del Estado; lo que equivale al incremento del capital para las fuerzas insurgentes. Para esto es necesario promover la seguridad, combatir a los grupos armados, construir instituciones estatales, promover condiciones para el desarrollo económico y afincar una cultura de la legalidad”.

Esta formulación establecería lo que consideran una “relación de suma cero”, que implica que “todo incremento en el capital político del Estado lo pierde la insurgencia y viceversa”. En la visión del Estado 1004, esto forma parte de la estrategia de guerra para mantener el dominio del poder, de sus prebendas, de sus privilegios, quitando el obstáculo insurgencia; y por ello se habla de lograr la cooperación entre civiles y militares para ganar la confrontación: “la Paz es la victoria” diría algún alto representante de esta política, formulando una doctrina que guíe en el campo de batalla; en esencia la doctrina COIN derivada de las concepciones elaboradas por las potencias coloniales a las que se subordinan, apoyándose en la acción militar desbocada, pero maquillándola con la “guerra contra las drogas”, que de manera nodal juega con los mismos objetivos procedimentales contrainsurgentes -ganar las mentes y los corazones de la población-, precisando que las estrategias centradas en la población, no son necesariamente amigables con esta. La guerra contra las drogas en Colombia, a lo que menos le apunta es a lograr la erradicación, o la substitución de los cultivos de uso ilícito; en esencia es guerra contrainsurgente lo que se desenvuelve como otro procedimiento para “quitarle el agua al pez”, derrotar a las guerrillas y así lograr el dominio territorial que permita a las trasnacionales el saqueo de los recursos naturales.

Dice la Fundación Ideas para la Paz:

El único factor sobre el cual ejerce pleno control el Estado o un programa estatal determinado, es el de las políticas que aplica para enfrentar el problema simultáneo de mercado ilícito y presencia de insurgentes”.

Citan a la investigadora del Brookings Institution, Vanda Felbab-Brown, que plantea:

El dilema de un Gobierno frente a la erradicación de cultivos ilícitos en áreas de violencia política o insurgente se expresa en las siguientes alternativas de acción:

a) Se erradica frontalmente con el ánimo de buscar la bancarrota financiera y por ende militar de los grupos subversivos o criminales, y con ello se enfrenta el desapego de la población campesina cultivadora; o,

b) Se construyen vínculos entre las fuerzas contrainsurgentes del Estado y la comunidad, y se fortalecen e incrementan los flujos de información e inteligencia provenientes de la comunidad para atacar a los grupos insurgentes.

En esta forma se debilita el capital político de los insurgentes, pero es posible que se deba renunciar a una erradicación previa y absoluta de los cultivos ilícitos”.

En la práctica, esta es la manera de pensar de quienes rigen las políticas antidrogas en Colombia, pues aunque los análisis de costo/beneficio que han elaborado los estudiosos del tema, como es el caso de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, citado por la Fundación Ideas para la Paz, indican que la:

Interdicción de los procesos del narcotráfico -desarticulación de laboratorios y cristalizaderos, así como las rutas de circulación de las drogas- es más costosa que la erradicación de cultivos ilícitos, los objetivos de las políticas se orientan hacia ésta, no tomando en cuenta siquiera que en aquél eslabón de la cadena del narcotráfico, la capacidad de las organizaciones para neutralizar los efectos de las políticas son menores que la de los cultivadores”.

Agreguemos que es en los laboratorios, cristalizaderos y rutas, y no entre los cultivadores, donde se quedan las ganancias del negocio. Como el objetivo de fondo es el contrainsurgente, este último detalle es lo de menos. Lo particular es que, luego de muchos años de prácticas contrainsurgentes disfrazadas de lucha antinarcóticos, como ocurrió con el desenvolvimiento del Plan Colombia, aunque el régimen tiene claridad de que la insurgencia no está compuesta por organizaciones narcotraficantes y que la lucha contra el narcotráfico no es lo que la va a desarticular, se persiste en el desarrollo de las políticas antinarcóticos con propósitos contrainsurgentes. Esto vendría a ser lo paradójico de la Política: la persistencia de la COIN entre sus componentes fundamentales.

La Fundación Ideas para la Paz señala:

Los teóricos de dicha doctrina -la COIN-, conciben la insurgencia como un problema eminentemente político”, y agrega que “de sobra conocidos son los esfuerzos que hizo el Gobierno de Alvaro Uribe por quitarle a la guerrilla el carácter de actor político, soslayando la manifiesta contradicción de que la estrategia fundamental de su Gobierno para enfrentarla se fundamentaba en el presupuesto de la naturaleza política de la subversión”.

Está claro que el Estado, más allá de la propaganda sucia contrainsurgente en la que incluye sus descalificaciones que etiquetan a la insurgencia como narco-guerrilla, sabe de su naturaleza eminentemente política, y de este presupuesto y del juicio de que la autoridad política es la que determina el objetivo estratégico de la política, y por ende los objetivos militares se subordinan a esta. Es de aquí de donde deriva la máxima de que ganando las mentes y los corazones de los ciudadanos, logrará la derrota militar del enemigo insurgente. Se trata entonces de quitarle el agua -pueblo- al pez -insurgencia-, ya sea atemorizando, aniquilando o desplazando; o ya sea “ganando mentes y corazones” de las comunidades, que por las mismas razones de índole social que las mantienen en la miseria y el abandono, han estado bajo el influjo de las guerrillas.

La Política Nacional de Consolidación Territorial, se perfila así como iniciativa contrainsurgente. No es la primera en la historia de Colombia, pero si tiene la particularidad de estar ligada a la lucha antinarcóticos, y cuenta con una estrategia de seguridad que pretende establecer un fuerte vínculo entre fuerza pública e institucionalidad civil del Estado, subordinando esta a aquella. Los recursos que se deben destinar a la planificación y ejecución de una efectiva política antidrogas, se destinan a la acción contrainsurgente militarista, incrementando la violencia y el desangre patrio, de tal manera que para el caso colombiano, más que el narcotráfico, son las políticas equivocadas que generan miseria y mantienen el descontento social y el alzamiento armado, y las políticas fracasadas de la guerra contra el narcotráfico las que producen el recrudecimiento de la violencia.

A través de muchos medios, se ha hablado del debilitamiento de las FARC y de la insurgencia en general; de manera especial se ha hablado del debilitamiento de las FARC en la Macarena, ligando el supuesto fenómeno, mediante la propaganda sucia que nos estigmatiza como narcotraficantes, al asunto de la erradicación de cultivos. La misma Fundación Ideas para la Paz indica:

Resulta entonces claro que el debilitamiento de las FARC en la región de La Macarena, no es el resultado de la erradicación de cultivos, que produce escasez de ingresos financieros, que conlleva al debilitamiento militar, según la versión convencional del enfoque contrainsurgente”.

Esta afirmación es cierta en lo que corresponde al deslinde que hace del fortalecimiento, el sostenimiento o el debilitamiento de las FARC de una dependencia económica respecto al narcotráfico. Pero, aparte, habría que analizar la realidad de la presencia de las FARC en extensas áreas como Cundinamarca, Casanare, Boyacá, Guaviare y Meta que es el Departamento donde se encuentra La Macarena. Se dice que han sido desplazadas sus principales estructuras, sin tomar muy en cuenta que en la aplicación de la táctica de la guerra de guerrillas prima la movilidad. Esto lo decimos, también, para hacer caer en cuenta que se trata de áreas donde el Plan de Consolidación ha incluido operaciones de guerra contra la población -esta sí con lugares fijos de convivencia-, generando masacres, desapariciones, desplazamientos por millares y una crisis humanitaria que lo que indica es el debilitamiento del tejido social, como costo muy elevado de esas políticas contrainsurgentes disfrazadas de guerra contra las drogas.

El Meta y La Macarena están entre las regiones más golpeadas por esas acciones de guerra realizadas por militares y paramilitares, y que han generado la crisis humanitaria de la que hablamos, la que suma fosas comunes, robo de tierras y desplazamiento forzado como característica, además, de la llamada prosperidad agroindustrial del Llano. Los datos oficiales indican que entre 1997 y el 2012, del Meta salieron desplazadas ciento veintiséis mil ciento cincuenta y una personas, lo que corresponde a unas treinta y un mil cuatrocientas treinta y un familias. En el Meta, La Macarena es lugar “símbolo” de la política de Seguridad Democrática, como modelo contrainsurgente a seguir, atendiendo a los parámetros de la COIN como doctrina impuesta por el poder central. Dentro de ese paradigma, se han dado hechos y realidades como el escándalo del cementerio de La Macarena, que comenzó cuando el Miami Herald denunció el hallazgo de una fosa común con más de dos mil cuerpos, supuestamente pertenecientes a guerrilleros dados de baja en combate y que habían sido llevados a ese lugar por el ejército. Organizaciones de Derechos Humanos como ASFADHES, MOVICE y CINEP, habían acumulado una serie de denuncias de las comunidades de la zona, sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, entre 2003 y 2004, pero solo después de la publicación se comenzó a hablar de dos mil muertos enterrados en una fosa común.

Después de las denuncias de las organizaciones comunitarias que hablaban de la existencia de “falsos positivos” en esa fosa, el Gobierno integró, para esclarecer los hechos, el grupo interdisciplinario del que formaban parte la Fiscalía y la Procuraduría. Se encontraron cuatrocientos cuarenta y nueve cuerpos enterrados individualmente en un terreno anexo al cementerio que colinda con la base militar, y estaban catalogados como “NN”. De estos, se estableció la identidad de cuarenta y un cadáveres, siete de los cuales habían sido reportados como desaparecidos.

La fosa común” es consecuencia de las acciones de “consolidación” en una zona también de “consolidación” que, como hemos indicado, aparece como punta de lanza y modelo en la Política de Seguridad de Santos. Se trata del desarrollo de una zona de acción integral según cánones del Comando Sur de Estados Unidos, cuya aplicación, en La Macarena, fue impulsada por el señor Sergio Jaramillo, desde los días en que era Viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos. La esencia del experimento contrainsurgente, consiste en llevar la presencia del Estado a las zonas supuestamente liberadas militarmente, -¡como si la guerrilla defendiera posiciones geográficas!-, para que las comunidades que las habitan comiencen a confiar en el Estado y a restarle cualquier apoyo popular que tuviera la guerrilla.

Juan Manuel Santos, ya siendo Presidente, llamó a la estrategia de colaboración civil-militar “el salto estratégico”, y sería la filosofía que guiaría su política de seguridad. Se supone que, en adelante, aumentaría la inversión social, priorizándose sobre la asistencia militar que hacía el Plan Colombia; pero lo cierto es que las sumas millonarias para inversión en desarrollo, reformas judiciales y ayuda humanitaria que se harían en las zonas de consolidación, seguirían siendo coordinadas por el ejército y subordinadas a su funcionalidad.

Está claro que desde las políticas que se trazaron en el contexto del Plan Colombia hacia 1999, con los supuestos propósitos de luchar contra el narcotráfico, los recursos se dedicaron a la lucha contrainsurgente, con la equivocada idea, además, de que con ello se daría un golpe a las finanzas de la guerrilla al impedirle el acceso a lo que consideraban ganancias generadas por el control de los mercados de pasta básica de cocaína (PBC). Esta falacia no debe continuar pendiendo sobre los planes que se tracen para resolver el problema de los cultivos de uso ilícito ni el del narcotráfico en general. Esta estrategia que se mantiene en las políticas de consolidación combinando las viejas y cuestionadas fórmulas de la fumigación aérea y la erradicación manual forzosa, y que tanto daño ha causado a los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas, incluyendo los “programas de desarrollo alternativo” de agencias de cooperación extranjeras como la USAID, deben cesar. Es evidente que si se desea trazar una verdadera política antidroga ilícita, esta vía, a lo que conduce, es al incremento del desplazamiento forzoso, a mayor crisis humanitaria y a la reproducción de condiciones favorables a la expansión de los modelos productivos basados en la concentración de la tierra.

Tras de las fallidas políticas de guerra a las drogas, se han afianzado proyectos agro-industriales, que crecen en relación directamente proporcional al debilitamiento de los territorios colectivos y las zonas donde aún existe la pequeña y mediana propiedad, y el desplazamiento de la población de las zonas fumigadas ha abierto la posibilidad real de la expansión de grandes propiedades, mediante ocupación de hecho con cultivos de agro-exportación, como es el caso de algunos consorcios de inversionistas de la palma aceitera. Habría que agregar que el accionar militar contrainsurgente se desató también con saña contra la población, de tal manera que si algún debilitamiento ha producido el Estado 1005, es el de la capacidad de respuesta de las comunidades por efecto de la guerra sin cuartel que les ha tocado soportar; y los presumidos logros en materia de reducción de cultivos, no son más que otra falacia si atendemos a que la productividad por hectárea de hoja de coca ha aumentado a niveles que permite a las mafias mantener la oferta de cocaína, a precios gananciosos, en el mercado mundial.

El esquema del Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que lleva la línea secuencial de fumigación de cultivos, erradicación manual forzosa mediante los grupos móviles de erradicación, combinación de fumigación con priorización de la erradicación manual y luego el incremento supuesto de las inversiones en desarrollo alternativo a partir de la entrada del Plan de Consolidación como inversiones sociales en el área, puede estar generando la impresión de otorgar control territorial al Estado, pero la realidad es que lo que ha generado es subordinación vergonzosa al Comando Sur de Estados Unidos 1006, cero avance en la solución del problema del narcotráfico y una acumulación de abusos contra la población civil, violaciones imperdonables a los Derechos Humanos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, judicializaciones masivas e individuales de los pobladores, allanamientos indebidos, bloqueo de alimentos y combustibles, bombardeos indiscriminados cercanos a los caseríos, acampamientos de fuerzas militares dentro de las fincas, escuelas y caseríos, daño en bienes de los campesinos, efectos devastadores en materia ambiental anexos a las fumigaciones, e inenarrables secuelas de desarticulación social que en nada caracterizan lo que debe ser el fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho.

Si se toma en consideración que en los debates internacionales en los que se evalúan las políticas antidrogas, está creciendo la audiencia en favor de tratar el problema con medidas de orden social, de regulación más que de represión en lo que respecta a sus eslabones más débiles, el rigor militarista, de interdicción y prohibicionismo rígidos que han imperado en Colombia, debe tomar otro rumbo, otras alternativas. Si tanto peso tienen las decisiones del Gobierno de Estados Unidos en el diseño de las políticas por parte del Gobierno colombiano, debiera tomarse en cuenta que el Presidente Obama ha manifestado que no volverá a utilizar el término de “guerra” para referirse a las políticas de control de drogas. La Fundación Ideas para la Paz ha dicho, reflexionando sobre las palabras de Obama, que “si el control del consumo, tráfico y producción de drogas no es una “guerra” no son válidos todos los daños humanos, sociales e institucionales que la implementación de la política acarrea.

Se abre un espacio para la ponderación de las estrategias, para reducir los daños de las drogas y de las políticas que las combaten. Se abre, en última instancia, un espacio para la innovación y el diseño de políticas basadas en evidencias y no en fundamentalismos ideológicos como el prohibicionismo radical.

¿No sería acaso incomprensible que Colombia, el país que más costos ha pagado en la guerra contra las drogas, renuncie a hacer un uso autónomo y creativo del espacio que se abre para impulsar cambios que adecuen las políticas a sus propias prioridades sociales y políticas? ¿No sería el Plan Nacional de Consolidación Territorial el escenario idóneo para impulsar esos cambios tácticos y estratégicos de las políticas antidrogas? Es una magnífica reflexión esta, a la que habría que agregarle que es necesario cambiar el Plan en su conjunto, sacándolo de las viejas políticas, distanciándolo de la visión contrainsurgente que entraña el concepto consolidación, y dándole vuelo a iniciativas concertadas que se enmarquen en el desenvolvimiento cierto de una reforma agraria y rural integral, con enfoque territorial que permita la construcción de la Paz.

La Doctrina Contrainsurgente que fundamenta el Plan Nacional de Consolidación Territorial, reconoce el carácter político de la insurgencia pero sigue promoviendo, sin que se vislumbre la posibilidad de una tregua, que las estructuras armadas sean enfrentadas militarmente, involucrando plenamente a la población en sus acciones, más allá incluso del tratamiento orientado a “ganar las mentes y los corazones”.

La estigmatización, la persecución, el terror, se desborda con constancia en forma de cacería de brujas que se mantiene en busca de milicias e integrantes clandestinos de la resistencia o la inconformidad. Mientras se pretende con desplazamiento o aniquilamiento de los frentes insurgentes -lo que se prefiere a dar solución a las causas sociales que tiene la confrontación-, que las estructuras clandestinas pierdan la orientación estratégica, se hace de Colombia un escenario de guerra y desesperanza, en vez de fortalecer el proceso presente de Diálogo, para que un mejor ambiente nos muestre la senda más expedita para llegar a la concreción de un Acuerdo Final.

El componente de la política de consolidación se sustenta en la idea de que existe un vínculo fuerte entre seguridad y desarrollo. Según su tesis, antes la teoría del cambio se estructuraba en sentido contrario: lo primero era combatir la exclusión, el aislamiento, la marginalidad de las regiones, para hacer desaparecer la violencia, lo que validaba la idea de que existían unas “condiciones objetivas” que causaban o justificaban la violencia, las que superadas, sus efectos desaparecerían. En cierto modo, según ellos, “por ingenuo que parezca, se pensaba que la seguridad era resultado del desarrollo y no al revés”. Concretamente, el Plan Nacional de Consolidación Territorial le proporciona total prioridad a la creación de las condiciones de seguridad, justificando de esta manera los grandes despliegues militares, para crear un ambiente propicio para la inversión extranjera y nacional al servicio del capital financiero, en zonas donde las comunidades claman por condiciones de vida digna. Esto significa que si la Política de Consolidación aspira a crear condiciones para el desarrollo económico, debe establecer primero, a través de la represión y de la bota militar, una estructura de poder que controle las actividades en el territorio, supuestamente para regular eficientemente los procesos de producción y distribución de bienes. Para recrear lo anteriormente dicho, citamos textualmente el siguiente aparte sobre los propósitos de la Política de Consolidación:

Promover la seguridad como generadora de crecimiento económico y rentabilidad social. Las operaciones de la fuerza pública deben seguir contribuyendo a generar un clima de confianza y estabilidad que atraiga la inversión privada, produzca crecimiento económico y desarrollo social a través de la reducción del desempleo y la pobreza. Una mayor seguridad debe generar las condiciones para el adecuado desempeño de la acción social del Estado en beneficio de los más necesitados” 1007.

Bajo esta visión, además, la Política Nacional de Consolidación Territorial, lejos de orientarse hacia objetivos de desarrollo social y equidad, mediante planes con permanencia que garantice transformaciones económicas y sociales reales y de larga duración, se queda únicamente en el precario objetivo de “crear las condiciones previas, mínimas para que la integración regional y el desarrollo económico se produzcan”; es decir, se queda solo en crear las condiciones pero sin proyectar la inversión a largo plazo. Según sus investigaciones económicas, el período necesario para que una zona se desarrolle, no podría tener una duración menor de veinte o treinta años, pero las inversiones, en contraste, con las necesidades acumuladas, son ínfimas.

El distanciamiento del Plan Nacional de Consolidación Territorial del desarrollo social es tal, que los indicadores más utilizados para medir el éxito o fracaso de los procesos de consolidación, en nada tienen que ver con disminución de la pobreza, el hambre o la desnutrición, mucho menos con la disminución del índice de Gini; estos indicadores del Plan Nacional de Consolidación Territorial son los relativos a la seguridad y a la erradicación de cultivos ilícitos. Si se tiene el cuenta el “índice Palma” 1008 se entiende mejor la desigualdad en Colombia, toda vez que este índice muestra la causa mientras que el índice Gini sólo el nivel de igualdad/desigualdad. En América Latina el diez porciento más rico se lleva el doble de la proporción del ingreso que su contraparte en los países altamente industrializados; por lo tanto, al cuarenta porciento más pobre no le queda otra alternativa que llevarse una parte muy pequeña, equivalente a la mitad de lo que se lleva su contraparte en el “norte”. Según el índice Palma, en Colombia el diez porciento más rico recibe cuatro veces más riqueza que el cuarenta porciento más pobre.

Las áreas mejor evaluadas son las de Montes de María y La Macarena, áreas insignes para el Gobierno, que dejan mucho que decir en materia de Derechos Humanos y desarrollo social. Dentro de la visión con la que se arropa el componente de desarrollo regional y social, al establecer el vínculo entre seguridad y desarrollo, se termina colocando como etapa de inicio de un proceso de desarrollo para una región, el despliegue militar con propósitos de control territorial, previendo la eliminación o el desplazamiento de todo lo que se crea vinculado a los grupos armados, a los cultivos ilícitos y a las estructuras del narcotráfico; generando con ello, en la práctica, un despliegue de acciones que hacen de cada zona escogida un escenario de guerra contrainsurgente, donde se multiplica la violencia con terribles consecuencias humanitarias ya conocidas y que bien se inscriben en el plano de la Doctrina del enemigo interno. Luego de esto es que se pasa, como corolario del terror, a etapas de restitución de derechos y de fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo social. Es este esquema, parte de un procedimiento de fuerza que confluye también en la composición de lo que en síntesis es Doctrina Contrainsurgente 1009.

Propuesta de la Comunidad NASA

En enero del 2014, el equipo negociador de las FARC reveló el “Programa Nacional de Substitución de usos Ilícitos de los Cultivos de Hoja de Coca, Amapola o Marihuana”, calificándolo como “una contribución para avanzar en la solución de la problemática económica y social del campesinado que se ha visto obligado a cultivar la hoja de coca, la amapola o la marihuana”.

En cuatro puntos, las FARC, que cumplen cincuenta años de lucha armada, pretenden poner en la Mesa las condiciones sobre las que se debe afrontar, desde su perspectiva, el tema de los cultivos de uso ilícito. Su enfoque, en esta ocasión, está centrado en la producción y pone de manifiesto la relevancia que deben tener las comunidades campesinas en la discusión del modelo de substitución y de regulación que habría de aplicarse en el caso de que los Acuerdos logrados en La Habana con el Gobierno nacional sean refrendados por los colombianos.

Más allá del rechazo que generó la condición de desmilitarizar de manera inmediata, aquellas regiones del país que sean priorizadas para aplicar el “Programa” de las FARC, se observan en la propuesta varios aspectos que revelan que la guerrilla elude su responsabilidad histórica en por lo menos tres temas:

1) el sometimiento de las comunidades en sus áreas de influencia a cultivar hoja de coca, regulando la producción, estableciendo precios y refinando procesos de elaboración de la pasta base;

2) la criminalización de aquellos labriegos que se niegan a sembrar hoja de coca en sus zonas de dominio armado ilegal; y

3) la recurrencia a instalar minas antipersonal como estrategia de defensa de amplias áreas donde hay sembradíos de hoja de coca bajo su control.

Son diversos los relatos de campesinos en diversas regiones del país, que señalan a uno u otro frente de las FARC, como el agente regulador del negocio de la hoja de coca, que impone rigurosas condiciones económicas y sociales para evitar alternaciones en los flujos de producción. Es en Antioquia, una de las zonas más controladas en ese sentido, es el Nudo del Paramillo, en lo que corresponde al Municipio de Ituango, donde tiene presencia el “Frente 18” de las FARC.

En su “Programa”, las FARC en ningún momento admiten que han sido parte del problema al contribuir a la proliferación de los cultivos de uso ilícito y, en cambio, le echan la culpa a la falta de alternativas económicas que afrontan los campesinos. El debate tiende a convertirse en un círculo vicioso, porque también podría esgrimirse que esa ausencia de posibilidades productivas, se debe a la presencia y control de facciones de la guerrilla, que impide la llegada de iniciativas gubernamentales y no gubernamentales.

Esta organización subversiva, tampoco reconoce que ha criminalizado a los labriegos que no cultivan hoja de coca en sus zonas de influencia, donde predominan estos sembradíos. La razón es simple: una reducción de las áreas sembradas, implica menos ingresos para el grupo subversivo. que se nutre del negocio para sostener su aparato bélico.

Mucho menos reconocen el grave problema que se cierne sobre extensas áreas, que tienen o han tenido hoja de coca: la presencia de minas antipersonal, ese enemigo silencioso que puede durar hasta cincuenta años bajo tierra sin que pierda su poder destructor.

Una propuesta seria de las FARC, y complementaria a exigir proyectos productivos para regiones históricamente cocaleras, debería involucrar no sólo la suspensión inmediata de la siembra de minas antipersonal sino la de elaborar mapas de riesgo, en los que se identifiquen aquellas áreas donde hay presencia de estos artefactos explosivos, con el fin de proyectar un desminado efectivo para evitar afectaciones a la población civil, que es la que lleva la peor parte.

En diciembre del 2012, uno de los voceros de las FARC en La Habana expuso un concepto que choca con la realidad: “las minas antipersona son usadas por la guerrilla, como arma popular defensiva que busca desequilibrar la gran potencia bélica del Estado”. El problema, lo demuestran las estadísticas, caen más campesinos que soldados en esas trampas letales, proscriptas por la legislación internacional.

Cualquier Programa de Substitución de Cultivos de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana, será limitado en sus alcances si no hay una efectiva erradicación de las minas antipersonal y en ello la insurgencia es la única responsable.

Además de eludir la responsabilidad, en por lo menos esos tres temas, hay un asunto en el “Programa” de las FARC que proyecta un escenario complejo, se trata de la presencia de la guerrilla en instancias de discusión local y regional sobre la “definición de lineamientos” de la substitución y regulación de los cultivos de uso ilícito.

En la “definición concertada de los territorios objeto del Programa”, se establece que “con base en los instrumentos técnicos propios de la referenciación geográfica y de la cartografía social, se procederá -con la participación directa de las FARC y de las comunidades involucradas- a la definición de los territorios y áreas específicas del Programa”. Qué tan libre e independiente se sentiría un campesino, sometido durante años al control de la guerrilla en una reunión donde sus integrantes, ya desmovilizados, continúen como líderes sociales en las zonas donde operaron como ilegales armados. ¿El labriego podrá distinguir entre la figura de poder del pasado y la condición de civil de ese posible presente?

En el tema de los cultivos de uso ilícito, las FARC eluden sus responsabilidades y se muestran como “autoridad moral”. Mientras persistan en ello, las posibilidades de refrendación popular de eventuales Acuerdos en este asunto serán mínimas. La soberbia los puede condenar en las urnas 1010.

Acuerdo (Parcial) entre el Gobierno y las FARC sobre el Problema de las Drogas Ilícitas

En un Comunicado Conjunto el 16 de mayo del 2014, las dos Delegaciones, hicieron público lo acordado en la Mesa de La Habana, respecto al Punto Cuarto: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Ambas Delegaciones informaron:

Hemos llegado a un Acuerdo, sobre el Cuarto Punto de la Agenda contenida en el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, Tercero en discusión, denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” 1011.

Hemos logrado Acuerdo sobre los Tres Subpuntos del Punto 4 del Acuerdo General:

1. Programas de substitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de substitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

2. Programas de prevención del consumo y salud pública.

3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Consideramos que:

El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio.

La persistencia de los cultivos está ligada, en parte, a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una Paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.

La producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales, ha tenido graves efectos sobre la población colombiana, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno.

El fin del conflicto, debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas.

Es necesario diseñar una nueva visión, que atienda las causas y consecuencia de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades, en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.

Esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia, que diferencie en su tratamiento el fenómeno del consumo y el problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico.

Aspiramos a un país en Paz y sin el problema de las drogas ilícitas, y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este problema de carácter transnacional.

Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, y deben asegurar la acción coordinada en el marco de la cooperación internacional, en la medida en que la solución al problema de las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los Estados.

Hemos acordado que para construir soluciones sostenibles, garantizar los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema, la política que se emprenda debe tener un enfoque territorial, basado en la participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en términos de efectividad, eficiencia y transparencia, especialmente de las instituciones responsables de la atención social y de las responsables de la seguridad y protección de las comunidades, ambas con un enfoque de Derechos Humanos.

Que esas políticas darán un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, que son los cultivadores y los consumidores de drogas ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales.

Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan.

Frente al Primer Subpunto: Programas de Substitución de Cultivos de Uso Ilícito, hemos Acordado que el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Substitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), como parte de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral, y con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio.

Acordamos que la transformación de los territorios y las alternativas para las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, partirán de la construcción conjunta y participativa entre estas y las autoridades nacionales, departamentales y municipales, de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza.

El Programa requiere la más amplia participación de las comunidades, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes integrales municipales y comunitarios de substitución y desarrollo alternativo, mediante un proceso de planeación participativa.

Se garantizará la participación de la mujer.

Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir.

Acordamos que las diferentes propuestas de las Asambleas Comunitarias, serán la base para la construcción de los planes municipales integrales de substitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el que se elaborará e implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales. En el marco del plan municipal y teniendo en cuenta las propuestas de las respectivas Asambleas, se elaborarán los planes comunitarios, que serán parte integral del mismo. Tanto los planes municipales como los comunitarios, se construyen entre las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y el Programa, como autoridad nacional competente.

El plan municipal que integra las propuestas de las comunidades y está constituido por los planes comunitarios será la base para la ejecución del Programa.

Para la ejecución de los planes de substitución se privilegiará la contratación de las organizaciones comunitarias y se promoverá la generación de empleo en las áreas de aplicación del mismo.

Las medidas de apoyo por parte del Programa, estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores en el marco de los Acuerdos de substitución y no resiembra, en el entendido de que el proceso de substitución y su sostenibilidad, requieren del apoyo del Gobierno en los términos acordados con las comunidades. En todo caso deberá existir un compromiso pleno de no cultivar ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de participar en las comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito.

En los casos donde, en el marco de la suscripción de los Acuerdos con las comunidades en el marco del Programa, haya algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de substituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades.

En los casos en los que no haya Acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los Derechos Humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las FARC consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual.

La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.

Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC, por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información en los términos que se consignen en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera.

En cuanto al Segundo Subpunto de la Agenda Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública, acordamos que la solución requiere del compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia en torno a una política de promoción en salud, prevención, atención integral e inclusión social, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes.

La política frente al consumo de drogas ilícitas, debe ser una prioridad y una política de Estado que requiere, entre otros, el fortalecimiento de las capacidades, tanto nacionales como territoriales, en el marco del sistema de protección social, y la disposición correspondiente de recursos.

Acordamos que el Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo.

La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas, tendrá un enfoque de Derechos Humanos y de salud pública, un enfoque diferencial y de género, se fundamentará en la evidencia y se construirá e implementará con participación de las comunidades.

Para garantizar la revisión y el ajuste participativo de la política frente al consumo, con base en los principios antes descriptos, el Gobierno creará una instancia nacional con representantes de las autoridades con competencia en el tema, instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores.

Acordamos también diseñar y poner en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.

Con base en la política y los análisis territoriales sobre el consumo de drogas ilícitas, el Programa promoverá el desarrollo de capacidades de las autoridades locales y las apoyará en la formulación y ejecución participativa de planes de acción departamentales y municipales frente al consumo, de acuerdo con las particularidades de los territorios y diferentes grupos poblacionales.

En cuanto al Tercer Subpunto: Solución al Fenómeno de Producción y Comercialización de Narcóticos, acordamos que, como parte del compromiso de intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto, y con el objetivo de proteger tanto a las comunidades y el buen desarrollo del Programa Nacional Integral de Substitución de Cultivos de Uso Ilícito, como la implementación de los Acuerdos en el territorio de la amenaza del crimen organizado, y en general de desarticular las redes de estas organizaciones, el Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia de política criminal, en forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad institucional y concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas, siempre considerando el tratamiento diferenciado que se debe dar a los campesinos y pobladores rurales vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito.

Acordamos la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos, que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico mediante un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos, la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas que permita, entre otros, adecuar donde sea necesario, o definir y articular la normatividad referida a esta materia, la cualificación y el fortalecimiento, y donde sea necesario el rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero y de lavado de activos, la puesta en marcha de una nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio, y por último la implementación de una nueva campaña nacional que promueva valores, alerte sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en el espíritu del Punto 2 del Acuerdo General.

Acordamos también que el Gobierno Nacional revisará y establecerá estrictos controles estatales sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos.

Acordamos que en el marco de la estrategia integral de lucha contra la corrupción, se desarrollará una estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, sobre la base de las recomendaciones de expertos que incluya el establecimiento de grupos interinstitucionales, para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional.

En el marco del fin del conflicto y con el propósito de contribuir a la superación definitiva del problema de las drogas ilícitas, acordamos que el Gobierno Nacional promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países consumidores y productores, en especial las experiencias y las lecciones aprendidas en Colombia e identificando buenas prácticas basadas en la evidencia.

Por último, acordamos que todo lo anterior solo es posible con el compromiso efectivo de todos:

i. El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este Punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones, causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.

ii. El compromiso de las FARC de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.

iii. El Gobierno Nacional y las FARC manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

iv. El compromiso de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política o social, de rechazar toda relación con el problema de las drogas ilícitas y los dineros provenientes del mismo.

v. La construcción de una Paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos, de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país.

Lo convenido hasta ahora, forma parte de un Acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente, que contiene seis puntos.

Recordamos que uno de los principios que guían La Mesa de Conversaciones es que “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto significa que los Acuerdos que se construyen, están condicionados a un Pacto sobre la totalidad de la Agenda y que se pueden ajustar y complementar.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, en la organización de los foros que se realizaron sobre este tema de cultivos ilícitos.

Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los Foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en Alcaldías y Gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas, leídas y tenidas en cuenta por las delegaciones en La Habana.

Queremos agradecer a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos. Valoramos de manera especial, su gestión, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales.

Estos Acuerdos fundamentales, son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de Paz de los colombianos 1012.

Comunicado de las FARC sobre Acuerdo con el Gobierno: “Problema de las Drogas Ilícitas”

El mismo día del Comunicado Conjunto, las FARC hicieron referencia a las características de lo pactado. Se trata de un nuevo Acuerdo Parcial en torno al Tercer Tema en discusión: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, acortando distancias hacia el objetivo de la Paz de Colombia.

Ha sido una marcha compleja, porque la solución definitiva del problema reside en naciones poderosas más allá de las fronteras, por las obstrucciones del prohibicionismo que agrava el problema, por el absurdo de mantener vigente la fracasada política de guerra contra las drogas cuando la inteligencia humana le ha extendido acta de defunción, por el miedo de un país dependiente a la adopción de una política soberana que no espere la aprobación del imperio para decidir cursos de acción, por el demonio de las fumigaciones que hasta ahora arrastra el Gobierno al persistir en la erradicación forzada, el involucramiento de la CIA en el negocio, de donde obtiene recursos para financiar sus campañas encubiertas, el lavado de activos derivado del narcotráfico por bancos estadounidenses y europeos, por la concentración de la acción punitiva en los eslabones más débiles de la cadena y la complicidad total de las autoridades con banqueros corruptos colombianos, que delinquen inyectando ganancias criminales provenientes del narcotráfico en los circuitos financieros sin que nadie los perturbe.

Sobre esta temática también -como ocurrió en los puntos referidos a tierras y participación política-, quedaron asuntos pendientes o salvedades que deberán ser abordadas y resueltas, o antes de la firma del eventual Acuerdo Final, o dirimidos los disensos por el soberano en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. Las salvedades son:

1. Nueva política criminal. En el proceso de redefinición de la política anti-drogas se debe proceder con el diseño de una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. Las FARC insisten en la conformación de la “Comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, con grupos de trabajo de académicos y expertos que formule los lineamientos generales para esa nueva política criminal del Estado en esta materia. Sobre todo en momentos en que el país entero cuestiona el sistema judicial que rige.

2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas. Las FARC consideran que en desarrollo de los lineamientos generales de la Nueva Política Antidrogas se debe proceder con la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato, o cualquier otro agente químico, y con la reparación integral de sus víctimas. Esto implica:

i. La identificación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.

ii. La reparación integral de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.

iii. El establecimiento de un fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos. En definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo que implica que deben buscarse alternativas urgentes.

3. Frente al punto 4.2.:

i. Reconociendo la importancia de lo acordado en este Sub-Punto, las FARC consideran necesario concretar el compromiso de transformación estructural del sistema de salud pública, que permita encuadrar el desarrollo del programa y de los planes.

4. Frente al punto 4.3.:

i. Las FARC, consideran que es necesaria la realización, a instancias de la Mesa de Diálogos, de una Conferencia Nacional sobre política soberana de lucha contra las drogas, a fin de avanzar, también, en la concreción de los ajustes y adecuaciones normativas y de las acciones que requiere esta lucha, considerando las nuevas tendencias internacionales que enfatizan en el enfoque en Derechos Humanos, al momento de enfrentar el fenómeno de producción, consumo y comercialización de drogas ilícitas. Una de las tareas principales de esta Conferencia Nacional, debe ser la de analizar y arrojar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas, como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad 1013.

Declaración del Presidente Santos sobre el Acuerdo con las FARC por Drogas Ilícitas

El Presidente Juan Manuel Santos, se refirió al Tercer Acuerdo sobre los Cultivos Ilícitos logrado con las FARC y explicó los alcances. En este proceso “ya cruzamos la línea media y podemos decir que adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final que todos queremos: la terminación de la guerra en Colombia.

Los colombianos deben mantener la confianza en el proceso, “en nuestro equipo negociador y en que seguiremos al pie de la letra lo que hemos dicho”. No solo se ha llegado a Acuerdos sobre tres puntos: desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas, “sino que también hemos pactado la contribución de las mismas FARC para asegurar su éxito”.

Aún quedan dos grandes Puntos, el de Víctimas y las Condiciones para Terminar el Conflicto Armado, por eso “estamos listos para avanzar en ellos. Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra”.

Cuando haya que implementar este Acuerdo 1014, el Gobierno Nacional va a intensificar la “lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos y al tráfico de insumos, que pretendan seguir utilizando nuestro territorio para cumplir con sus propósitos criminales. Sin duda, el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la única amenaza 1015 que tendremos si llegamos a un Acuerdo Final”.

Con este Acuerdo, el Estado se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y “a liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública”. Este “es un proceso sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos mantenido la ofensiva militar, porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los colombianos. Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos para perseverar en esta oportunidad única que se abre a Colombia” 1016.

Declaración de Humberto De La Calle sobre el Acuerdo con las FARC por Drogas Ilícitas

Tal como lo anunciamos en un Comunicado Conjunto, hemos llegado en La Mesa de Conversaciones, a un Acuerdo sobre el Punto Cuarto de la Agenda, Tercero en discusión, que se refiere al Narcotráfico y la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Representa un hito importante en el proceso de conversaciones, ya que se trata de uno de los más graves y dolorosos problemas que ha enfrentado la sociedad colombiana en las últimas décadas, y que constituye, además, uno de los flagelos continentales y mundiales que ocupan prioritariamente la agenda de naciones y organismos internacionales. Se trata de soluciones concretas y efectivas en torno a los aspectos centrales que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico y las drogas ilícitas, para enfrentarlos con mayor contundencia y efectividad, una vez pongamos fin al conflicto.

El fin de la confrontación es una oportunidad que vamos a aprovechar para diseñar nuevas políticas y ser más efectivos en esta lucha. Es posible que el problema de las drogas ilícitas no desaparezca totalmente de Colombia con el fin del Conflicto; pero sin el conflicto atravesado en el camino es muchos más fácil poner en marcha programas que transformen los territorios y resuelvan los problemas de los campesinos y de la coca de una vez por todas, y concentrar esfuerzos en atacar las estructuras del crimen organizado, que es lo que va a quedar luego de la firma del Acuerdo Final.

El objetivo es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos, de la siembra de coca y la producción de cocaína. Pero el objetivo es más ambicioso: es trabajar con la gente, transformar el campo, abrir nuevas oportunidades para las comunidades y los territorios y garantizar los derechos de esos colombianos rurales, no solo de los cultivadores de coca. Es una apuesta por Colombia y no solo por resolver un grave problema.

Lo acordado aquí se relaciona directamente con lo pactado en el Primer Punto sobre la Reforma Rural Integral. Todas las zonas afectadas por cultivos ilícitos coinciden con regiones donde es necesario revitalizar la economía campesina.

Queremos también poner a raya lo que por décadas ha financiado y alimentado el doloroso conflicto, la guerra que vive Colombia. La solución del problema de las drogas en el campo es también una medida de no repetición. Tres aspectos fundamentales deben entenderse y valorarse del Acuerdo que acabamos de suscribir:

Primero, tanto el Gobierno como las FARC reconocemos que el fenómeno del narcotráfico ha alimentado el conflicto que se vive en Colombia. Ambas partes manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva del problema de las drogas y contribuirán al esclarecimiento de la relación entre conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas.

Segundo, las FARC, en un escenario del fin del conflicto, se comprometen a:

i. Contribuir de maneras efectiva, mediante acciones prácticas, con la solución de este fenómeno.

ii. En un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno.

Es necesario asegurar el desminado de los territorios. El Gobierno, a la firma del Acuerdo Final, pondrá en marcha un programa de limpieza de las áreas afectadas por minas antipersona y municiones sin explotar. A ese propósito mancomunado contribuirán ambas partes, según los medios que correspondan a cada cual, incluyendo el suministro de información sobre la ubicación de tales artefactos.

Tercero, para la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, es necesario, y en este Acuerdo así se establece, impulsar una estrategia integral que garantice la plena vigencia del Estado Social de Derecho en los territorios afectados.

El Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones, causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública. Dicha estrategia debe incluir, por supuesto, todos los aspectos del desarrollo rural integral, la vigencia de los derechos y libertades y la integración de estas regiones al progreso y desarrollo del país y la garantía de seguridad en dichos territorios mediante el fortalecimiento y la capacidad de las instituciones encargadas de proteger a la población.

Es a la vez una estrategia económica, social, política y jurídica, lo que quiere decir que involucra todos aquellos aspectos incluidos en el fenómeno del cultivo de drogas ilícitas y el narcotráfico para su solución. Esta es la palabra clave de este Acuerdo: solución.

Estamos hablando de futuro. Quiere decir que no nos quedamos en los diagnósticos, en el pasado, sino que basados en el presente, en la realidad actual de este fenómeno, construimos una solución para que Colombia, en el marco del fin del conflicto, sea capaz, gracias a la labor de las instituciones y los ciudadanos trabajando mancomunadamente, de ser un país sin coca y en general sin cultivos ilícitos, y en el que podamos poner a raya el fenómeno del narcotráfico.

Para lograr este sueño, en este Acuerdo, se fijan las bases de un Nuevo Programa de Substitución de Cultivos Ilícitos de alcance nacional, cuyo fin es la eliminación definitiva y sostenible de los cultivos de uso ilícito y la ilegalidad asociada a estos en todos los territorios. El programa es ambicioso y bien concebido y está en plena concordancia con todo lo pactado en el Primer Punto de este Acuerdo sobre Reforma Rural Integral. Es nuevo, porque parte de un enfoque distinto respecto a lo que hasta hoy se ha trabajado en Colombia. La meta acordada con las FARC de que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos se basa esencialmente en un programa nacional integral de substitución voluntaria y desarrollo alternativo que transformará el campo colombiano. La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades en esos territorios celebren Acuerdos de substitución con el Programa, que estará en cabeza de la Presidencia de la República. Acordamos también que en los casos en los que algunos cultivadores no participen del Acuerdo o los incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos. En aquellos casos donde no haya ningún tipo de Acuerdo, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos priorizando la erradicación manual donde sea posible.

Quiere decir que tenemos la convicción de que, sin el conflicto atravesado en el camino, podremos substituir la gran mayoría, ojalá todos los cultivos, de manera voluntaria; que si algunos cultivadores no participan o incumplen, recurriremos a la erradicación manual; y que en los casos excepcionales donde ni siquiera sea posible la erradicación manual porque las circunstancias no lo permiten -cosa que esperamos que no ocurra con el fin del conflicto-, el Gobierno se reservará la posibilidad de recurrir a la aspersión. Es una posibilidad que está abierta para casos extremos.

En este punto, las FARC mantienen su oposición a la fumigación en todo el territorio nacional. En desarrollo de esta política, además, por primera vez en nuestro país, se ponen en marcha todas las instituciones económicas y del sector rural, los campesinos y los antiguos alzados en armas, debidamente reincorporados a la vida civil luego de la firma del Acuerdo del fin del conflicto y la dejación de armas, todos en función de un mismo objetivo, en este caso, un país sin cultivos ilícitos y sin narcotráfico. Con esto le quitaríamos la gasolina que ha avivado el conflicto en Colombia -el narcotráfico- y todas sus secuelas de corrupción sobre las instituciones y los privados 1017.

La apuesta del Gobierno al suscribir este Acuerdo, es grande y es por Colombia. Es para que las nuevas generaciones vivan sin los horrores y el terrorismo que por décadas alimentó el narcotráfico teniendo en cuenta los distintos actores del conflicto.

En el Acuerdo también trabajamos el tema del consumo de drogas ilícitas, reconociendo que, como sociedad, es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario. Se acordó crear un Programa que articule de manera ordenada y planificada la acción de las Instituciones del Estado en una política orientada a frenar el consumo y manejar las variables en él involucradas, política que debe ser participativa.

En cuanto a los asuntos directamente relacionados con el narcotráfico, esto es la producción y comercialización de drogas ilícitas, también llegamos a importantes Acuerdos. Se trata una estrategia integral que viene a reforzar, ampliar y, en algunos casos, crear nuevos mecanismos y programas en torno a lo que hoy hace el Estado contra las organizaciones narcotraficantes. Estamos hablando de la creación de nuevas instancias de investigación, el fortalecimiento de todas las capacidades institucionales para la detección, control y reporte de las operaciones financieras ilícitas y el impulso de nuevos planes contra el lavado de activos, lo que incluye el mapeo del delito sobre todo en lo regional para identificar y desarticular la cadena de valor del narcotráfico. Aquí se buscará, igualmente, crear una cultura contra el lavado que alerte a las comunidades que favorecen esta actividad de manera consciente o inconsciente. De igual modo, se establecerán estrictos controles a los precursores químicos.

Bienvenido el debate, la crítica y las opiniones libres sobre este Punto. Pero antes de hacerlas, lean, valoren y analicen bien lo acordado. Nos hemos demorado lo suficiente para no improvisar. Sabemos que es un tema de la mayor importancia para todos los colombianos, al igual que para muchas naciones y organismos internacionales. Hemos sido cuidadosos en extremo con cada punto, en cada palabra contenida en este Acuerdo que hoy hacemos público.

Nos sentimos satisfechos con lo alcanzado en el entendido que esto es bueno para Colombia y está en concordancia con el enfoque y política del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Conocemos bien los inmensos sacrificios que nuestras instituciones y todos los sectores de la vida nacional han padecido en una lucha, sin duda, dolorosa, pero también exitosa al preservar y aún fortalecer nuestra democracia, nuestros valores y nuestras libertades.

El Presidente Santos nos ha instruido y nos ha guiado claramente en todo este proceso de conversaciones para llegar a este Acuerdo.

Queremos la Paz, pero no a cualquier costo. Queremos la Paz, pero con todas las claridades y certezas hacia el futuro. El paso que damos es fundamental para alcanzar el fin del conflicto y para que, a partir de allí, logremos la construcción de una Paz estable y firme en nuestro país. El paso siguiente es la instalación de Comisiones que preparen el terreno para la continuación de estas conversaciones, después de las elecciones.

Invito de nuevo a cada colombiano, a participar de este proceso con sus propuestas, sus críticas y opiniones, con su apoyo. Los canales de participación están abiertos. Esta es la Paz de todos, con todos y para todos 1018.

Comunicado Conjunto Gobierno-FARC: Substitución de Cultivos Ilícitos en el Municipio de Briceño

La Habana, Cuba, 10 de junio del 2016: Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo para poner en marcha un esfuerzo conjunto de substitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el Municipio de Briceño (Antioquia).

Desde mediados del 2015, en el marco de las medidas de desescalamiento del conflicto y de construcción de medidas de confianza, el Gobierno Nacional y las FARC-EP vienen avanzando en un plan piloto de desminado humanitario, en la vereda El Orejón en el Municipio de Briceño (Antioquia).

Esta aproximación conjunta al territorio, a las comunidades y a sus líderes ha abierto la oportunidad de incorporar al proceso de desminado humanitario la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, Acuerdan:

Poner en marcha un esfuerzo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, como otra medida de desescalamiento y construcción de confianza, en las siguientes diez (10) Veredas: Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal, del Municipio de Briceño (Antioquia). En la medida que otras Veredas del Municipio manifiesten su disposición serán incluidas.

Conformar una instancia de coordinación conjunta que, dependiendo de la Mesa de Conversaciones de La Habana, definirá protocolos y marcos operativos para poner en marcha este esfuerzo.

Conformar en el territorio un grupo de acompañamiento a esta iniciativa de substitución voluntaria de cultivos de uso ilícito integrado por el Gobierno Nacional, las FARC-EP, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y que contará con la participación activa de voceros de la comunidad. Contará además con el apoyo y acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El Gobierno y/o las comunidades podrán convocar otras organizaciones nacionales e internacionales acompañantes.

Este esfuerzo conjunto de substitución voluntaria de cultivos de uso ilícito se integrará a los procesos participativos, proyectos y programas en desarrollo y será ejecutado en el territorio en el marco del plan piloto de desminado Se crearán los proyectos y programas que sean necesarios.

Una vez suscripto el compromiso comunitario con la substitución y la no resiembra, con el propósito de desarrollar el territorio y sus comunidades y facilitar el tránsito hacia economías legales de cultivadores, recolectores y amedieros, se pondrá en marcha un plan de atención inmediata y de desarrollo de proyectos productivos cuyo marco de referencia será, en lo pertinente, lo señalado en el “Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Las comunidades participarán en la elaboración y ejecución de estos planes así como en los mecanismos de verificación.

Este esfuerzo conjunto se pondrá en marcha sobre la base de la más amplia y directa participación de las comunidades que habitan las Veredas.

Este esfuerzo conjunto dará especial atención al problema de la tierra, la formalización de su tenencia y la preservación del medio ambiente en el marco de lo acordado en Punto 1 del Acuerdo General “Reforma Rural Integral”.

El Gobierno Nacional se compromete a garantizar los recursos de manera oportuna para la puesta en marcha de los programas y proyectos para la substitución de los cultivos de uso ilícito.

El Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha las medidas logísticas y de seguridad necesarias para garantizar la participación de los delegados de las FARC-EP en las fases de preparación y desarrollo del presente Acuerdo, de conformidad a los Protocolos establecidos por la Mesa de Conversaciones.

El desarrollo de este esfuerzo conjunto no predetermina ni las formas de participación y ni de contribución de las FARC-EP, que se definirán en la discusión de los Puntos 3 y 6, ni define los contenidos del Acuerdo Final.

El desarrollo de este Acuerdo ratifica el compromiso del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito.

El Acuerdo se pondrá en marcha el día diez (10) del mes siete (7) del 2016 1019.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


991 La fumigación de cultivos se hace básicamente con Glifosato, producto que genera daños colaterales en la salud, dado que su toxicidad tiene efectos cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y contaminación en los alimentos. La OMS lo ha clasificado como cancerígeno, generando malestar en las empresas multinacionales que lo comercializan y usan porque perjudica su lucro.

992 Estados Unidos y el Proceso de Paz: Narcotráfico, el quid del Asunto, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-4-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-413946-narcotrafico-el-quid-del-asunto.

993 Si los Gobiernos de América Latina -para ocuparnos de una región solamente- creen que el problema del narcotráfico se resuelve con fumigaciones, erradicación de cultivos y militarización y policialización en el tratamiento del tema, o están equivocados por ingenuos, o están implicados y no les interesa que se resuelva el tema de fondo. La ausencia del Estado generando un vacío en las problemáticas y demandas sociales, lamentablemente, es cubierta -en este caso- por los narcotraficantes, que proveen a la gente de droga, armas, ocupación en la distribución de drogas y fondos, corrompiendo eficientemente a policías, militares y políticos. Como ejemplo, ver la entrevista hecha por el Diario O’Globo de Sao Paulo, Brasil al Capo brasileño Marcos Camacho, alias “Marcola”: Capo brasileño habló como un profeta y todo lo dicho es espeluznante y vigente, en Antena de San Luis Potosí, México, 23-11-2013, http://antenasanluis.mx/la-polemica-entrevista-al-capo-brasileno-marcola/.

994 Canales, Francisco, Colombia: Propuesta campesina de substitución de los cultivos de uso ilícito, en Kaosenlared.net, 26-9-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/69401-colombia-propuesta-campesina-de-substitución-de-los-cultivos-de-uso-il%C3%ADcito.html.

995 Las FARC presentan una “Visión sobre una solución al problema de las drogas ilícita”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 29-11-2013, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/comunicados-de-las-FARC/5157-nov-30-las-FARC-presentan-una-vision-sobre-una-solucion-al-problema-de-las-drogas-ilicita.

996 Colombia: FARC presentan 10 propuestas mínimas de política antidrogas, en Kaosenlared.net, 2-12-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/75164-colombia-FARC-presentan-10-propuestas-m%C3%ADnimas-de-pol%C3%ADtica-antidrogas.html. También, Las FARC presentan el Desarrollo la Política antidrogas integral Punto 1 de 10, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 8-12-2013, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/comunicados-de-las-FARC/5244-dec-8-las-FARC-presentan-el-desarrollo-la-politica-antidrogas-integral-punto-1-de-10.

997 Drogas, ¿una guerra injusta?, en Diario El Comercio de Lima, 12-2-1998.

998 La discusión que se viene sobre el narcotráfico, en FARC.co, 12-11-2013, http://FARC.co/?p=2662.

999 Colombia: FARC presentan sus 12 propuestas mínimas para constituyente, en Kaosenlared.net, 20-12-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/76593-colombia-FARC-presentan-sus-12-propuestas-m%C3%ADnimas-para-constituyente.html.

1000 Las FARC presentan un nuevo Programa nacional de substitución de usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 14-1-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/5554-enero-14-frente-antonio-narino-programa-nacional-de-sustitucion-de-usos-ilicitos-de-los-cultivos-de-hoja-de-coca-amapola-o-marihuana.

1001 Informe sobre Drogas No. 4, septiembre del 2013, Transnational Institute, http:// www.tni.org/es/users/ricardo-vargas.

1002 Hidalgo, Juan Carlos, El Fracaso de la Guerra Contra las Drogas (2010), http://www.ilustracionliberal.com/45-46/el-fracaso-de-la-guerra-contra-las-drogas-juan-carlos-hidalgo.html.

1003 Discurso del Presidente Juan Manuel Santos 19-1-2013 en Padilla-Cauca.

1004 Debería decir “de los Gobiernos -de turno- que lo controlan”, en el entendido de que el “Estado” está compuesto por todos.

1005 Insisto con que debería decir “los Gobiernos -de turno- que lo controlan”, en el entendido de que el “Estado” está compuesto por todos.

1006 Ahora desplazado dentro de Colombia con nueve bases militares norteamericanas.

1007 Ministerio de Defensa Nacional, La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática 2007.

1008 Palma, el índice de un economista chileno que revela el lado oculto de la fuerte desigualdad en América Latina, en BBC Mundo en Español, 23-6-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-36596245.

1009 “Solución al problema de las drogas ilícitas”, elaborado por la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 22-1-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/5648-enero-22-las-FARC-publican-en-exclusiva-para-anncol-un-extenso-documento-sobre-el-tema-del-narcotrafico-y-la-Paz. También, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/5660-enero-23-2a-reflexion-del-tema-del-narcotrafico-la-denominada-guerra-global-a-las-drogas-ha-fracasado. Igualmente, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/5703-enero-26-3-reflexion-de-las-FARC-sobre-la-solucion-al-problema-de-las-drogas-ilicitas. Asimismo, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/5720-4-reflexion-el-caracter-contrainsurgente-de-la-politica-contra-las-drogas-ilicitas. Además, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/5793-documento-FARC-v-la-solucion-al-problema-de-las-drogas-ilicitas-y-el-caracter-contrainsurgente-de-la-politica-nacional-de-consolidacion-territorial.

1010 FARC Elude Responsabilidad sobre Cultivos Ilícitos, en Nasaacin.org, 29-1-2014, http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/6642-FARC-elude-responsabilidad-sobre-cultivos-il%C3%ADcitos. También, Restrepo E., Juan Diego, Revista Semana, http://www.pueblosencamino.org/index.php/joomla-stuff-mainmenu-26/search-mainmenu-5/693-FARC-elude-responsabilidad-sobre-cultivos-ilicitos.

1011 Para conocer el Acuerdo Final en este Punto, ver el Anexo V.

1012 Comunicado conjunto de las delegaciones del Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/proceso-de-Paz/comunicado-conjunto-de-delegaciones-del-Gobierno-nacion-articulo-492875.

1013 Las FARC y el Gobierno colombiano llegan a un Acuerdo sobre el “problema de las drogas ilícitas”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 16-5-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/comunicados-de-las-FARC/6925-las-FARC-y-el-Gobierno-colombiano-llegan-a-un-acuerdo-sobre-el-problema-de-las-drogas-ilicitas.

1014 ¿Por qué esperar a implementar el Acuerdo y no comenzar de inmediato; o la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y el narcotráfico depende de que se haga un Acuerdo Final con las FARC?

1015 Comentario del autor LDP: Si se descartan las amenazas de la pobreza, el atraso, la inequidad social estructural, los problemas de vivienda, empleo, salud, etc.

1016 Este acuerdo impulsa el proceso de Paz: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/proceso-de-Paz/acuerdo-impulsa-el-proceso-de-Paz-santos-articulo-492865.

1017 Por los términos del Gobierno y sus delegados, queda la sensación de que el conflicto ha estado vinculado al tema-problema del narcotráfico y todo lo vinculado y no a los problemas estructurales relacionados con la propiedad de la tierra y la pobreza y sus causas.

1018 Declaración de Humberto De La Calle, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/proceso-de-Paz/declaracion-de-humberto-de-calle-articulo-492893.

1019 Comunicado Conjunto #74, en PazFARC-EP.org, 10-6-2016, http://pazfarc-ep.org/comunicadosconjuntosfarcsantoscuba/item/3462-comunicado-conjunto-74.html.