Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XXX

Más allá de que el Punto Primero de la Agenda de Negociación de Paz, corresponde al tratamiento de los temas agrícolas, lo que tiene que ver con la explotación de la tierra y la manera en que la manejan los diferentes Gobiernos, provocando perjuicios a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, desde mi punto de vista, también entran dentro de este Punto, temas como la explotación minero-energética y los cultivos ilícitos -aunque este último se encuentra dentro del Punto Cuatro (4): “Solución al problema de las drogas ilícitas”-, tienen vinculación con la problemática agrícola.

Políticas de Gobierno sobre el Tema Minero-Energético

El Gobierno de Juan Manuel Santos, ha llevado adelante sus objetivos, de forma independiente y paralela al proceso de negociación en La Habana, o a los reclamos de diferentes sectores del pueblo, que no tienen representación directa, ni se sienten representados por las partes en negociación.

No se trata de un proceso esquizofrénico, sino de las políticas sectoriales legitimadas por el poder. Se genera la imagen de que hay “dos Colombias”:

    una negociando en La Habana, el desarme de la guerrilla -no la Paz, sino la pacificación-, aunque se genere la idea de que se busca satisfacer las demandas, al menos la que la sociedad civil en sus diferentes sectores llevan a cabo; y

    otra que sigue su curso trazado por el Gobierno, tratando de garantizar a los inversores interesados, que nada ni nadie, en el interior del país, va a molestarlos ni perjudicar sus intereses.

Dentro de su programación, continúa con la inversión en recursos públicos en infraestructura ferrocarrilera para mejorar la conectividad de las zonas de extracción minera, con los puertos marítimos y fluviales, en un monto de $1,4 billones (u$s 693.000.000) y $2 billones (u$s 990.000.000) adicionales para la ampliación, profundización y mantenimiento de los principales canales de acceso de esos puertos. Mantuvo comprometidas partidas de presupuesto público, para el mejoramiento de infraestructura de interés para las empresas mineras por un monto de $20 billones (u$s 10.011.000.000) hasta el 2021, con lo que continuará el avance de la “locomotora minera”.

Puso de relieve el compromiso de mantener la “confianza inversionista” de las empresas del sector minero, mediante la delimitación de una reserva estratégica minera de 2,9 millones de hectáreas distribuidas en quince departamentos del país, destinada para su entrega a aquellos concesionarios que ofrezcan “los mejores estándares de responsabilidad social y ambiental” en el desarrollo minero de yacimientos, tanto de oro y carbón como de platino, cobre, fosfato, potasio, magnesio, uranio y hierro, entre otros. También hizo hincapié en señalar que cerca del treinta por ciento de los efectivos de la fuerza pública -ochenta mil uniformados- están dedicados, exclusivamente, a la protección de la infraestructura minero-energética del país, y se comprometió a hacer los esfuerzos necesarios para destinar la fuerza adicional requerida, para acompañar debidamente el crecimiento de la actividad de exploración y explotación. Renovó su compromiso para acabar con el flagelo de la minería ilegal en el país.

Los compromisos se reflejan en la inversión programada para el cuatrienio 2010-2014 destinada al sector extractivo, que asciende al cuarenta y uno porciento de los recursos de inversión del Gobierno destinados al desarrollo productivo, equivalente al diecisiete porciento del total de la inversión programada en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”. Adicionalmente a ese gasto, debe sumarse el que asigna al funcionamiento, dotación y mantenimiento de la fuerza pública reservada “exclusivamente a la protección de la infraestructura minero-energética del país”, más el que absorbe la represión a la minería ilegal en el país, al igual que los ejércitos de funcionarios reclutados para el trámite de los requerimientos de consultas previas, y licencias ambientales asociadas a nuevas áreas de exploración y explotación minera.

El Plan de Desarrollo de Santos, busca incentivar la canalización hacia el sector minero, el cincuenta y cuatro porciento del total de la inversión privada proyectada para la economía nacional durante el período, manteniendo alrededor de doscientos mil empleos directos y otros seiscientos setenta mil indirectos, e ingresos para la Nación por cuenta de toda la actividad minera, incluyendo los hidrocarburos, que pasarían de cerca de u$s 8.824 millones en el 2009 -tres porciento del PIB- a alrededor de u$s 12.979 millones en el 2021 -cuatro y medio porciento del PIB-.

Para mantener la “confianza inversionista”, la Agencia Nacional Minera proyectó otros estímulos, delimitando una nueva “reserva estratégica minera” de más de diecisiete millones de hectáreas, destinadas a concesionarios que ofrezcan “los mejores estándares de responsabilidad social y ambiental” 978.

En su asunción a la Presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos planteó sus objetivos de Gobierno, expresando que Uribe fue el Presidente de la seguridad, y él sería el de la prosperidad; por lo que bautizó su programa de Gobierno como “prosperidad democrática”, un eco de la “seguridad democrática” de Uribe que permitió erradicar a la guerrilla de rutas y ciudades, incrementando el nivel de inversiones.

El programa de shock de Juan Manuel Santos, consiste en la liberación de lo que él mismo llama “las cinco locomotoras” de la economía colombiana:

Infraestructura;

Agricultura;

Vivienda;

Innovación; y

Minería.

Se definió como un partidario de la “Tercera Vía”, un concepto acuñado en 1999 por el, entonces, Primer Ministro británico Tony Blair, que propuso un equilibrio entre visiones privatistas y dirigistas de la economía 979, buscando unir izquierda y capitalismo dentro de ese concepto nuevo.

Luego de su reelección en junio del 2014, volvió a hacer presente su interés por llevar a cabo la “Tercera Vía” y realizó una reunión en Cartagena, a la que invitó para participar, al ex-Primer Ministro británico Tony Blair, el ex-Presidente de Estados Unidos Bill Clinton, el ex-Presidente del PSOE Felipe González, al ex-Presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, al ex-Presidente de Chile Ricardo Lagos y al Presidente en ejercicio del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno.

Tercera Vía: Pertinencia en Colombia

Para apreciar la validez y relevancia de la “Tercera Vía” en el contexto inmediato de la política colombiana, se pueden realizar algunas reflexiones.

1. Cuando Anthony Giddens publicó su obra 980, un grupo significativo de países estaban gobernados por la socialdemocracia: Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Grecia, España y los países escandinavos. En la actualidad, la situación es completamente distinta. La socialdemocracia europea experimenta su más profunda crisis teórica y electoral. La mayoría de los países citados están dominados por sectores de derecha y avanza la extrema derecha.

2. En América Latina y el Caribe la socialdemocracia ha tenido menos vigencia, y ha fracasado como alternativa. En el caso de Colombia las ideologías dominantes -del partido liberal y del conservador- poco tienen que ver con esas tradiciones y debates.

3. La reunión de Cartagena no ha ayudado a la rehabilitación rigurosa de la “Tercera Vía”, pues esto implicaría cuatro exigentes movimientos teóricos:

    Tomar en serio la igualdad y la justicia social en uno de los países y continentes más inequitativos del planeta.

    Destacar las funciones irremplazables que tienen el Estado y el Gobierno para la justicia social.

    Otorgarle al “centro” político un contenido de izquierda.

    Abandonar el discurso anti-ecológico de las “locomotoras” del desarrollo.

    Colombia: ¿Tercera Vía o “Tercer Mundo”?

    El Profesor James A. Robinson, del departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, coautor del libro “¿Por qué Fracasan las Naciones?” 981 escribió un artículo refiriéndose a la posibilidad de la “Tercera Vía” en Colombia.

    Luego de ganar su reelección, el Presidente Juan Manuel Santos, viajó a Cartagena para reunirse con Bill Clinton y Tony Blair, promotores de la “Tercera Vía”, una filosofía, con raíces en el trabajo del sociólogo británico Anthony Giddens, que propone una nueva manera de pensar las políticas públicas:

    NI la tradicional de la socialdemocracia europea con sus grandes Estados benefactores y su hostilidad hacia los mercados, ni la reverencia neoliberal a los mercados que demostró su inefectividad para impulsar el crecimiento económico en América Latina durante los años noventa. La Tercera Vía promete lo mejor de ambos mundos, los beneficios económicos de los mercados junto a la seguridad social de la socialdemocracia.

    Para observar lo que la Tercera Vía implicaría en Colombia y cómo podría implementarse en la práctica, es interesante trasladarse a Las Bocas de Curay, una Vereda 982 de unas mil trescientas personas en el Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño. No está aislado por las montañas o la jungla; de hecho, se encuentra a apenas una media hora de viaje en lancha del segundo mayor puerto en la costa del Pacífico, cruzando la Bahía de Tumaco. Sin embargo, no tiene acueducto ni alcantarillado. Existe un centro de salud, pero quienes lo manejan viven en Tumaco, y son nombramientos políticos, por eso rara vez se aparecen. Existe un generador de energía eléctrica y dicen que al parecer fue proveído por una Senadora, pero solamente funciona entre cuatro y cinco horas al día porque del combustible que deberían obtener del Gobierno sólo les llega una parte. La Vereda está a merced del mar. Desde hace siete años, las mareas altas comenzaron a llevarse el pueblo, las casas y la iglesia, y en el 2010 una marejada destruyó la escuela primaria, que no ha sido reemplazada. Un simple muro de contención solucionaría el problema, pero la comunidad no tiene los recursos para construirlo y este es exactamente el tipo de infraestructura básica que el Estado colombiano parece incapaz de proveer. No hay presencia del Estado aquí, excepto por los maestros que han improvisado un nuevo salón de clases en la iglesia reconstruida.

    Colombia es lo que los politólogos llaman una “democracia representativa”, en la que los que son elegidos -por ejemplo el Alcalde de Tumaco o el Gobernador de Nariño- son quienes supuestamente representan y rinden cuentas a los ciudadanos. En las Bocas del Curay no hay representación ni rendición de cuentas. De acuerdo con los pobladores, el único momento en que los políticos aparecen, es unos pocos días antes de las elecciones, para hacer promesas que nadie cree, y a distribuir dinero para los votos. Tampoco existe sentido alguno de responsabilidad de parte de los representantes del Estado colombiano. La única preocupación, es asegurar que la gente vote de manera que se generen los mayores beneficios para aquellos que distribuyen la plata durante la época electoral.

    Las Bocas de Curay no es la “Tercera Vía” es, como mucho, el “Tercer Mundo” o “la periferia” de Colombia. Irónicamente, el único afiche político de la última elección en Bocas de Curay dice: “la Costa Pacífica de Nariño con Juan Manuel Santos... Que la Paz del Señor esté siempre con nosotros... Y con tu espíritu”.

    La Costa Pacífica votó masivamente en favor del Presidente Santos, aunque si se viaja a Las Bocas del Curay no está claro por qué. En cuatro años, el Gobierno de Santos no entregó absolutamente nada a esta gente en términos de servicios públicos, ni siquiera se preocupó por reemplazar la escuela destruida por el mar.

    Las Bocas de Curay es representativo de cientos, miles, de Veredas en Colombia. Dejadas a la deriva por el Estado colombiano, tienen que sostenerse por ellas mismas, sin recursos ni posibilidades de que el sistema político tome en cuenta sus intereses y sin los bienes públicos básicos ni los servicios que les pudieran ayudar a cambiar su destino. Muestra lo vacía que resulta esa noción de que Colombia puede adoptar la Tercera Vía. Anthony Giddens la define como:

    Un marco de pensamiento y diseño de políticas que busca adaptar la socialdemocracia a un mundo que ha cambiado esencialmente a lo largo de las dos o tres últimas décadas. Es una Tercera Vía en cuanto es un intento por trascender, tanto la social democracia a la antigua como el neoliberalismo”.

    ¿Dónde hay socialdemocracia o neoliberalismo en Las Bocas de Curay o, de manera más general, en Colombia? Para ser una socialdemocracia, Colombia tendría que tener un Estado que proveyera de servicios básicos y derechos a todos sus ciudadanos. Pero fracasa de manera singular en ello. Colombia tampoco ha sido nunca neoliberal en el sentido de permitir que el libre mercado domine la economía. Por el contrario, es un mar de monopolios y carteles donde las conexiones políticas y las barreras de entrada, son el camino para hacer grandes fortunas, como la lista de los colombianos más ricos lo ilustra.

    La “Tercera Vía” es una serie de opciones de política para un país democrático con un Estado moderno. Colombia no es ni lo uno ni lo otro. Su democracia es de una notable baja calidad, fracturada por el fraude, la violencia, el clientelismo y la compra de votos, lo que rompe el nexo de control entre ciudadanos y “representantes”. El Estado no controla el monopolio de la violencia, es incapaz de conseguir recursos -la recaudación de impuestos como porcentaje del PIB es similar a la de Egipto, Ghana o Benín en Africa- y carece de una administración burocrática moderna, con excepción de unos pocos casos. La evaluación de la OCDE acerca de las instituciones colombianas, señala que tiene la burocracia más pequeña en relación con la población de toda América Latina y que la mitad de las personas empleadas son “nómina provisional”, por fuera de la carrera apropiada para servidores públicos -para el efecto, nombramientos políticos-.

    Aun cuando la “Tercera Vía” sea una quimera irrelevante para Colombia, sería bueno que el Presidente Santos leyera el libro de Giddens, pues enfatiza algunas cosas que el país requiere con urgencia, como por ejemplo una lucha contra la exclusión que caracteriza a la sociedad:

    La exclusión ... [separa] grupos de gente de la sociedad en general. En la cúspide, la exclusión voluntaria es conducida por una diversidad de factores. Tener los medios económicos para aislarse de la sociedad es la condición necesaria para, pero nunca la explicación completa de por qué, estos grupos deciden hacerlo. La exclusión en la cúspide está causalmente ligada a la exclusión en las bases y además pone en peligro los debates en la arena pública y la solidaridad común. De modo que, limitar la exclusión voluntaria de las élites es esencial para crear una sociedad más inclusiva en la base.

    No existe mejor expresión de los problemas de Colombia que su exclusión en la cúspide y en la base. Una élite desligada de la sociedad real que no está dispuesta a pagar impuestos para soportar cualquier proyecto con beneficios para la sociedad. La OCDE reporta que mientras el diez porciento más pobre de la población paga 4,5 porciento de su ingreso en impuestos, el diez porciento más rico paga el 2,8 porciento. Esa élite se imagina que administra un país próximo a la modernidad, jugando con ideas como las de la “Tercera Vía”. No es de extrañarse que el “realismo mágico” -de Gabriel García Márquez- se haya inventado en Colombia.

    El propio Giddens, sin advertirlo, ilustra lo alejada que está la élite colombiana de la realidad de su país, cuando reproduce en su libro la historia de “un delegado colombiano en una reunión de la Internacional Socialista en 1989”, quien resaltó:

    Mi partido es llamado liberal, pero es en esencia muy socialista. Con los europeos es todo lo contrario”.

    Lo que sea que el socialismo signifique en Colombia, claramente no involucra la provisión de bienes y servicios públicos básicos a sus ciudadanos, ni una preocupación por su bienestar y oportunidades 983.

    Posición del ELN sobre el Tema Minero-Energético

    El planteo hecho por la dirigencia del ELN, es que lucha por la Soberanía Nacional, contra las multinacionales y las políticas entreguistas del Estado y el Gobierno colombiano. Es consecuente con la política de defensa de los recursos estratégicos de la nación, desarrollando permanentemente campañas político-militares e impulsando la realización de espacios de análisis y reflexión para que el conjunto de la nación discuta esta problemática y se formule socialmente la política pública al respecto.

    La Operación Soberanía y Dignidad, se realiza en el marco de la defensa de los recursos mineros que el Gobierno nacional viene entregando a las compañías extranjeras, subsidiarias y contratistas a través de la locomotora minero energética, en franco detrimento del patrimonio y la soberanía de la Nación; mientras persigue, desplaza y asesina a los campesinos mineros que desarrollan trabajos de pequeña minería y minería artesanal, de dónde sacan el sustento diario. La locomotora es la causante de la crisis del agro, de la pérdida de la seguridad alimentaria y de estar importando millones de toneladas de alimentos, siendo Colombia un país con gran potencial agrícola.

    Mediante diversas acciones, el ELN ha venido planteando al Gobierno y a la Nación varias iniciativas y propuestas sobre esta materia minero energética:

    1. Substraer de los planes minero energéticos, los territorios de Parques Naturales y Páramos, de Reserva Indígena o de los afrodescendientes.

    2. Reparar, compensar e indemnizar los daños ambientales y sociales que ha ocasionado la explotación petrolera y minera por las trasnacionales.

    3. La creación de un Impuesto Social, que debe ser pagado por las multinacionales y entregado directamente a las comunidades para el desarrollo de sus planes de vida, superando la corrupción e impunidad gestada en torno a las regalías.

    4. Una revisión de la política de precios a los combustibles y de las tarifas a la electricidad, que encarecen el costo de vida de los colombianos y colombianas.

    5. Que el Gobierno despenalice y descriminalice la pequeña y mediana minería y en cambio le brinde protección y apoyo.

    6. Modificar los contratos con las compañías minero-energéticas, para evitar la devastación ambiental y para garantizar que la mayor parte de la ganancia le corresponda a la Nación y no al capital extranjero.

    7. La realización de un debate nacional minero-energético, sobre el impacto de la política minera del Gobierno colombiano, en el que participen distintos sectores de la sociedad y en el que se realice una consulta popular para definir la política pública minero-energética y el Código Minero.

    El ELN está en confrontación con el Plan Nacional de Desarrollo: “Prosperidad para el Capital”, en especial de su locomotora minero-energética. Ratifica su voluntad indeclinable de transitar los caminos de la Paz con justicia social y refrenda su disposición para la solución política del conflicto social y armado 984.

    Posición del Movimiento Indígena NASA sobre el Tema Minero-Energético

    Desde el punto de vista Nasa, abordar los conflictos ambientales que tienen lugar en Colombia por el modelo extractivo minero-energético, implica dar una breve mirada a la manera en que se han ido construyendo las condiciones de posibilidad para imponerlo desde lógicas afines, en su conjunto, a intereses corporativos trasnacionales.

    Contrariamente a lo que pretende mostrar en su retórica el Gobierno colombiano, el modelo tiene antecedentes que se remontan a los años ‘50, en que el Banco Mundial (BM) definía a Colombia como un país subdesarrollado que encontraría su salvación con el “extractivismo”.

    Los postulados del BM expresados en el Programa de Petróleo, Minería y Gas, se empezaron a materializar en emprendimientos mineros de gran escala, como los ubicados al norte del país. Luego de algunos años en que parecía generarse un mínimo proceso de industrialización en el país: manufactura e industria liviana, diversificando de manera parcial la economía primaria basada en la explotación y exportación de recursos naturales, se empezó a aplicar con todo rigor la teoría neoliberal bajo la doctrina de la apertura económica.

    La reforma de la Constitución Política en 1991, como resultado de la desmovilización del M-19, consolidó la liberalización de los servicios públicos y la participación del sector trasnacional en el manejo de las aguas y la energía. En la década de los ‘90, ingresó capital extranjero y hubo una progresiva reprimarización de la economía. En lo referido estrictamente al modelo minero-energético, y particularmente a la minería como una de las actividades de mayor atención de parte de los gobernantes, en asociación con la inversión extranjera directa, se empezaron a dar condiciones necesarias para la ampliación del modelo. Se realizaron las primeras reformas al antiguo Código de Minas y se generó toda una estrategia de estigmatización y ataques directos a los pequeños mineros, dando paso a la represión de las resistencias, al desplazamiento y despojo.

    Con el inicio del siglo XXI, se puso en marcha la estrategia de leyes del despojo. La expedición de la Ley 685/2001, conocida como el Código de Minas, y la orientación y asesoramiento de las agencias canadienses ACDI y CIERI, se declaró la actividad de interés general y utilidad pública. Esta definición de la actividad minera ha sido estratégica para garantizar la entrada del modelo minero, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina. Paralelamente, desaparecieron paulatinamente las empresas estatales para el aprovechamiento minero, CARBOCOL y MINERCOL, dejando libre el camino para la entrada del modelo transnacional.

    El Gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010), desplegó una nueva estrategia bajo la denominación de “Seguridad Democrática”, presentada como una estrategia contrainsurgente que aseguraba la victoria militar en cuatro años frente a las FARC 985.

    En los ocho años de “Seguridad Democrática”, se combinó la militarización de los territorios con la adopción de muchas otras leyes del despojo: leyes de aguas, forestal, estatuto rural, de aguas, de páramos 986, etc., dando resultados contundentes para la implementación del extractivismo. Entre 1997 y 2008 se despojaron, principalmente por parte del paramilitarismo, aproximadamente ocho millones de hectáreas, dejando cuatro millones de personas desplazadas de sus territorios donde en la actualidad se establecen y proyectan grandes emprendimientos extractivos. El argumento de la estrategia contrainsurgente, se convirtió en herramienta fundamental para garantizar la inversión extranjera directa y la corporativización del Estado colombiano, asegurando, al mismo tiempo, la impunidad en los crímenes económicos y ecológicos del aparato trasnacional.

    En esas condiciones en el 2010, el Gobierno de Juan Manuel Santos, presentó como el corazón de la economía colombiana a la locomotora minero-energética. La “locomotora” no es una invención del mandatario de turno, ha sido abonada desde modelos colonialistas impuestos por las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-, y garantizada en el pasado reciente, con la “Seguridad Democrática”. El modelo actual y su analogía de engranaje moderno representado en la “locomotora”, presenta una clara falacia.

    Se presume a Colombia como un país minero, cuando las experiencias de minería, principalmente a gran escala, han resultado nefastas para el país, tanto en aspectos sociales y ambientales como en aspectos económicos. La minería en el Norte colombiano ha dejado como consecuencia el desplazamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas, problemas irreversibles para la salud comunitaria, conflictos ambientales por el agua y la soberanía alimentaria; pérdidas estatales con transacciones de minas que fueron ofertadas a compañías trasnacionales por una cuarta parte de la inversión que se había realizado en ellas, como en el caso de El Cerrejón. Treinta años de gran minería son sinónimo de conflictos, muerte y destrucción.

    Para febrero del 2011 se habían solicitado un número cercano a los cuarenta y dos mil títulos. La cantidad otorgada para ese entonces, fue calificada por el ex-Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, como una “piñata minera”, sin ninguna planificación estratégica ni control por parte del Estado.

    El Gobierno de Santos ha generado grandes cambios institucionales para continuar las garantías de imposición del modelo. Las transformaciones, entre otras, radican en la construcción de Agencias que reemplazan a los Ministerios e instituciones estatales que antes otorgaban las licencias ambientales y los títulos mineros. El Ministerio de Ambiente, ya no es el encargado de entregar la licencia ambiental; esta función ha pasado parcialmente a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El Instituto Geológico y Minero (INGEOMINAS) ha desaparecido, dando paso al Servicio Geológico Minero y la Agencia Minera, ésta última, encargada de entregar los títulos mineros. Estas modificaciones se consideran parte de la estrategia de corporativización del Estado que, paulatinamente, va generando condiciones a los agentes trasnacionales, para funcionar de manera más eficaz en su intento por apropiarse de tierras para la exploración y posibilidad de explotación minera.

    Las amenazas sobre los territorios, se presentan en importantes zonas de protección, como los páramos o los parques naturales, por su composición físico-biótica y la gran cantidad de minerales de alta calidad que albergan. Al mismo tiempo, los territorios en los que se proyecta la minería son de configuración campesina e interétnica -indígena y afrodescendiente-. Estas dos condiciones, territorios que deben ser objeto de protección especial por ser parte de la estructura ecológica que garantiza la supervivencia, y lugares de confluencia y habitación interétnica, constituyen elementos que entran en conflicto con el extractivismo actual.

    Anteriormente, los debates que se daban en Colombia frente a la minería involucraban, principalmente, interrogantes sobre las regalías, la nacionalización y la distribución de la renta. En la actualidad, ha habido un giro considerable. Las comunidades, académicos, activistas, ambientalistas, etc., tienen como horizonte de debate y sentido, la defensa territorial, y fundamentalmente la lucha por el agua.

    Los Nasa, resaltan los siguientes elementos, que caracterizan formas en las que hoy se expresa la lucha frente al extractivismo minero y por la defensa del agua:

    a) Articulación urbano-rural para la defensa de las aguas y los territorios.

    b) Diálogos campo-ciudad desde la construcción de un proceso de educación popular ambiental.

    c) Vinculación de nuevos sectores de la sociedad: académicos, activistas, estudiantes, gremios, etc.

    d) Debates públicos en diferentes escenarios: Cabildos abiertos, audiencias públicas, foros, etc.

    En el mes de febrero del 2011, más de cuarenta mil personas marcharon, en la ciudad de Bucaramanga, para exigir la negativa de la licencia ambiental, convirtiéndose en el punto crucial para que el proyecto fuese retirado. La empresa Grey Star, luego de su fracaso, despidió a toda la Junta Directiva y cambió el nombre a Eco Oro, tratando de mostrarse como una asociación ecologista, a la vez que presentó nuevas solicitudes para explotar otras zonas del páramo.

    La presión sobre los territorios y sobre las comunidades no cesa, planteándose la criminalización de la diferencia, mediante asesinatos a quienes se oponen a los megaproyectos 987.

    Posición de Comunidades sobre tema Minero-Energético

    En diciembre del 2013 la comunidad de Tauramena (Casanare) convocó a una consulta popular con la que se opuso a un proyecto petrolero. En Piedras (Tolima) como en Tauramena, los campesinos y Alcaldes que en el 2012 dijeron no a las actividades minero-energéticas en sus territorios a través de consultas populares, se encontraban a la expectativa por la respuesta que daría la Corte Constitucional sobre las facultades que tiene cada Municipio para tomar este tipo de decisiones.

    El pronunciamiento respondía a la demanda interpuesta a mediados del 2012 por la ciudadana Zulma Blanco contra el Decreto 934 del 2013, por el que el Ministerio de Minas les impidió a los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales tomar decisiones sobre el subsuelo. La Corte aclaró que el Artículo 37 del Código de Minas, en el que se basa el Decreto demandado, se ajusta a la Constitución. Ese Artículo indica:

    Ninguna autoridad regional, seccional o local podrá prohibir actividades minero-energéticas en su territorio y sólo las autoridades nacionales podrán definir el uso que se le dé al subsuelo.

    El Alto Tribunal señaló que, aunque la Nación es la que tiene el poder de decidir sobre el futuro del subsuelo:

    Deberán acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural, de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad” previstos en la Constitución.

    El abogado César Rodríguez Garavito, Director del Observatorio de Justicia Ambiental, señaló que esto podría traducirse en que el Gobierno Nacional deberá acordar con las Alcaldías, las condiciones bajo las que se realizaría una explotación minero-energética.

    Las autoridades municipales no pueden vetar la minería, pero hay una serie de medidas sanitarias y ambientales en las que se debe llegar a un acuerdo entre ambas partes. El Gobierno no puede decir simplemente ‘te consulto y yo decido’; debe haber un acuerdo para tomar las medidas”.

    Si no hay acuerdo, no puede haber explotación minera.

    Ante la ausencia de detalles de la sentencia, los principales implicados buscaron hacer sus propias interpretaciones. El Ministro de Minas, Amylkar Acosta, consideró que el fallo anularía las consultas realizadas en Piedras y Tauramena:

    La Corte dejó claro que el subsuelo es del Estado (...) las consultas populares que se han venido convocando quedan sin piso por ser improcedentes, porque irían en contra del ordenamiento legal y constitucional del país”.

    Todos los proyectos deberán contar con la debida licencia social de las comunidades para desarrollarse “a través de planes de gestión social”. Si existe este tipo de concertaciones, las comunidades no tendrán que recurrir a las consultas populares.

    Las interpretaciones de las comunidades que ya le dijeron no a la minería en sus territorios, fueron muy diferentes. El abogado Néstor Díaz Rodríguez, que lideró el proceso de la consulta popular en Piedras, aseguró:

    La Corte “dejó las cosas como están. Por un lado les sigue prohibiendo a los pueblos decidir sobre el subsuelo, pero lo condiciona a que las empresas cuenten con el beneplácito de las comunidades. Dejó las cosas como están y no toca a las consultas populares.

    Para el Diputado Carlos Andrés Rodríguez Figueredo, nacido en Tauramena y uno de los impulsores de la consulta popular en ese municipio:

    Tiende a empeorarnos un poco la situación, está dejando un antecedente para que la Procuraduría abra procesos sancionatorios por la posible extralimitación de funciones de los gobernantes locales. Atenta contra la descentralización del Estado, contra la autonomía de las regiones.

    La Procuraduría publicó un comunicado en el que señaló que los mandatarios de ocho pueblos en proceso de consulta “estarían extralimitándose en el ejercicio de sus funciones administrativas”, y les recomienda no seguir adelante con estas iniciativas “que le compete adelantar exclusivamente al Presidente de la República” 988.

    La “Locomotora Minera” sigue echando Humo

    El Decreto 934 del 2013 les impide a las autoridades locales, vetar la realización de proyectos mineros en su territorio e impide las consultas populares con ese fin. El Consejo de Estado pronunció un fallo suspendiendo provisionalmente el Decreto. Según el Magistrado ponente, Hernán Andrade:

    Vulnera la autonomía territorial, entendida como la capacidad de ejercer competencias propias y que se instituye en el ordenamiento jurídico colombiano no sólo como una garantía institucional sino como una verdadera garantía constitucional”.

    El Decreto fue demandado por la Contraloría, que en varias ocasiones denunció las consecuencias de que nadie ponga límites a la “locomotora minera”. El Decreto:

    No fue consultado con las comunidades étnicas, pese a afectarlas directamente. Se adoptan disposiciones que son violatorias de las facultades que les estableció la Constitución y la Ley a los Municipios y Distritos, concretamente en términos de su autonomía para reglamentar los usos del suelo y adoptar normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico… Existe un choque entre el interés general de los ciudadanos y una política minera perfilada con el exclusivo propósito de satisfacer el apetito rentístico del Estado (impuestos y regalías) y el interés utilitarista de las grandes empresas mineras, nacionales y extranjeras, propietarias del cien porciento de las reservas o los minerales descubiertos a la fecha”.

    El Gobierno arguyó, contra la demanda presentada por el organismo de control, que la “locomotora minera” no era un monstruo y que el Decreto 934/2013, pese a impedir la posibilidad de veto por parte de las autoridades locales, no implicaba que el Gobierno no tuviera en cuenta las dudas de los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales.

    El Ministerio de Minas, con base en una sentencia emitida en el 2012 por la Corte Constitucional, en la que se declaró constitucional la prohibición impuesta a las autoridades locales, bajo el entendido de que el Gobierno deberá acordar con ellas antes de avalar los proyectos mineros, sostuvo que no era que el Gobierno fuera a pasar por encima de los Municipios, literalmente, como una locomotora, sino que, a la hora de avalar proyectos mineros, coordinaría “con las autoridades territoriales afectadas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano y en especial de sus cuencas hídricas, del desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población”. Primero avala los proyectos mineros y luego pregunta cómo salvar la parte ambiental. No hay consulta previa.

    El Magistrado ponente, Hernán Andrade, consideró que el Decreto no cumplía suficientemente con lo señalado por la Corte Constitucional, toda vez que el impedimento era exequible, siempre y cuando la Ley “garantice un grado de participación razonable de los Municipios y Distritos en el proceso de decisión sobre si se permite o no se permite la actividad de exploración o de explotación minera en su territorio”.

    Según el especialista en medio ambiente César Rodríguez de la ONG DEJUSTICIA, no se puede hablar de un choque entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sino de que el primero “está sacando las consecuencias lógicas de la regulación de estos temas en la Constitución” y confirmando que el Gobierno tiene que coordinar con las autoridades locales para la realización de proyectos mineros.

    Es importante señalar que la decisión del Consejo de Estado ha sido de carácter provisional, por lo que el conflicto quedará latente, ya que se puso en tela de juicio el medio ambiente, la posibilidad de una minería sostenible y la suerte de Municipios como Piedras (Tolima) o Monterrey (Casanare), cuyos ciudadanos votaron contra los proyectos mineros en su territorio, aunque el Gobierno no quiso reconocer los resultados de las consultas, a la vez que los Alcaldes de esos Municipios han sido investigados por la Procuraduría, supuestamente, por faltar a la ley 989.

    Verdades y Mentiras sobre las “Locomotoras del Desarrollo”

    El Presidente Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, aparentemente, significó un cambio radical frente a su antecesor.

    La “prosperidad democrática” de Santos se plasmó en cinco “locomotoras” en el Plan Nacional de Desarrollo. Vivienda, Infraestructura, Minería, Innovación y Agro.

    Ninguna reforma urbana ni siquiera la democratización del suelo de las ciudades. De las cien mil viviendas que habían prometido entregar gratis, solo entregaron la mitad y con dos años de retraso. Habiendo más de siete millones de desplazados, aunque hubieran cumplido el programa, el resultado resulta vergonzoso.

    La locomotora de infraestructura, adjudicada a principios del 2015, fue superada en cuanto a su financiación por la crisis de los precios del petróleo.

    La locomotora minera tiene tres problemas que se agravan:

    1) el daño ambiental;

    2) la baja participación que tiene el Estado en las rentas -bajo nivel de regalías-; y

    3) la incapacidad desprendida de la política económica criolla para superar la economía de enclave de las regiones petroleras.

    Adicionalmente, no genera empleo.

    La innovación también tiene problemas. COLCIENCIAS no tiene la capacidad de destacar la ciencia y la tecnología del país, ya que carece de los elementos necesarios. El país tendría que ponerse en la senda del desarrollo, salir de los cuellos de botella del atraso en todos los sectores político, económico, social y cultural. Sin Universidades competentes no hay innovación.

    La locomotora del agro tuvo muy buenos discursos, pero no pasó de ahí. Resulta imposible pensar en la posibilidad de avanzar en el agro -u otras áreas-, con TLC’s sacando ventajas a lo producido en el país. Dado cómo se está llevando a cabo el tema “tierras”, el mayor índice de probabilidades es que las tierras baldías sean entregadas a grandes empresas. Se requerirán quinientos treinta años para restituir a las víctimas.

    La “Paz” no ha sido asignada como una locomotora, pero Juan Manuel Santos se hizo reelegir con la promesa de alcanzar la luz al final del túnel. El Presidente y su Gobierno, han seguido trabajando por una rendición de las FARC. Frente al sinnúmero de propuestas en torno a los temas de la Agenda, no sólo por parte de las guerrillas, sino de diferentes sectores de la sociedad colombiana, la delegación del Gobierno mantiene una consistente respuesta: No.

    Esto constituirá una decepción para los intereses populares y, por supuesto, un gran beneficio para los intereses de las corporaciones internas y transnacionales, que obtienen enormes ganancias cuando las “locomotoras” de Santos y la “Pax” logren implementarse 990.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


978 Pérez Salazar, Bernardo, Santos y su “locomotora minera”, en Arcoiris.com.co, 2-8-2012, http://www.arcoiris.com.co/2012/08/santos-y-su-locomotora-minera/.

979 Uría, Leandro, Llegó la hora de la “Tercera Vía” en América latina, en Diario La Nación, Buenos Aires, 8-8-2010, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1292589&origen=NLExt.

980 Giddens, Anthony, La Tercera Vía, (Madrid, Edit. Santillana S.A., 1999), ISBN: 968-19-0697-7. Título original: “The Third Way”, © Anthony Giddens 1998.

981 Acemoglu, Daron y Robinson, James, The Origins of Power, Prosperity and Poverty: ¿Why Nations Fail?, (NY, Barnes & Nobles, 2012), ISBN-13: 9780307719225.

982 Las “Veredas” en Colombia, comprenden principalmente zonas rurales, aunque en ocasiones pueden contener un centro microurbano. En otros países de América Latina a los centros que no alcanzan la dimensión de Municipio, se los denomina “Comuna”.

983 Colombia: ¿Tercera Vía o Tercer Mundo?, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-8-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/colombia-tercera-via-o-tercer-mundo-articulo-509604.

984 Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, ELN divulga comunicado acerca la retención de de seis empleados de una compañía minera canadiense, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 29-1-2013, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/ELN-ejercito-nacional-de-liberacion-nacional/126-archivo-ELN/1501-ene-29-ELN-divulga-comunicado-acerca-la-retencion-de-de-seis-empleados-de-una-compania-minera-canadiense.

985 Durante los ocho años del Gobierno de Uribe, las FARC fueron golpeadas estratégicamente con el aniquilamiento de varios de los principales cabecillas, pero no fueron derrotadas. Los mayores golpes fueron propinados cuando Juan Manuel Santos, oficiaba como titular del Ministerio de Defensa. Con la llegada a la Presidencia en el año 2010, Santos reconoció el conflicto armado interno, que nunca fue aceptado por Uribe Vélez.

986 No obstante la mayoría que tenía el partido “uribista” y sus aliados en el Congreso de la República, algunas de estas leyes perdieron en el debido proceso, y las que fueron promulgadas posteriormente se declararon inexequibles por la Corte Constitucional, entre otras razones por las violaciones a la consulta previa. La presión de las organizaciones, movimientos y procesos sociales llevaron a que estas leyes fuesen revisados por la Corte, y su declaratoria de inexequibilidad fue también producto de la lucha social, a pesar de los altos niveles de represión y criminalización que se exacerbaron durante esos años. Lo que no se consiguió por vía legislativa fue impuesto a través de los Planes Nacionales de Desarrollo, con las mismas características de los proyectos de Ley. Citado en, Urrea, Danilo, Breve Retrospectiva al Conflicto Minero-Energético y las Luchas por el Agua en Colombia, en NasaAcin.org, 24-2-2014, http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/6722-breve-retrospectiva-al-conflicto-minero-energético-y-las-luchas-por-el-agua-en-colombia. También, http://censat.org/es/analisis/breve-retrospectiva-al-conflicto-minero-energetico-y-las-luchas-por-el-agua-en-colombia?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed.

987 Urrea, Danilo, Breve Retrospectiva al Conflicto Minero-Energético y las Luchas por el Agua en Colombia, en NasaAcin.org, 24-2-2014, http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/6722-breve-retrospectiva-al-conflicto-minero-energético-y-las-luchas-por-el-agua-en-colombia. También, http://censat.org/es/analisis/breve-retrospectiva-al-conflicto-minero-energetico-y-las-luchas-por-el-agua-en-colombia?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed.

988 Gutiérrez Torres, Carolina, Cuevas Guarnizo, Angélica M., Sinsabor por fallo de la Corte Constitucional sobre minería, en Diario el Espectador Bogotá, 7-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/sinsabor-fallo-de-corte-constitucional-sobre-mineria-articulo-479370.

989 Jiménez Herrera, Juan Sebastián, El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 943 del 2013: La locomotora minera echa humo, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-9-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/locomotora-minera-echa-humo-articulo-517833.

990 En base al Artículo de Ortiz, Georgina, Colombia: De las locomotoras de desarrollo a la bicicleta estática en Kaosenlared.net, 17-6-2015, http://kaosenlared.net/colombia-de-las-locomotoras-de-desarrollo-a-la-bicicleta-estatica/. También, www.lascombatientesdecano.wordpress.com.