Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XXIX

Propuestas para la Paz de las FARC

La Delegación de las FARC presentaron, para el Primer Punto del Acuerdo General para poner fin al conflicto, diez propuestas de Desarrollo Agrario Integral, en las que piden:

Reforma agraria; soberanía alimentaria; intervenir al latifundio; cesar la entrega del país a multinacionales; revisar la economía extractivista; una relación armónica con la naturaleza.

No existen muchas diferencias entre las propuestas sobre Desarrollo Agrario hechas por las FARC, en relación con las de las Comunidades Agrarias, más allá del hecho de que éstas no se sienten representadas ni por el Gobierno ni por la guerrilla en su accionar ni en la Mesa de Diálogos de La Habana. Pero lo importante es cómo se encuentra una convergencia entre ambas propuestas, a la vez que cómo se implementan de forma realista y se concilian posiciones con sectores que tienen el poder y han venido gobernando, desde siempre, de manera excluyente y ahora se les propone a ellos el cambio hacia una participación equitativa para todos.

¿Cuánto cederá el Gobierno y cuánto las Comunidades y las guerrillas, para alcanzar el verdadero objetivo de Paz y de alcanzar un proyecto de desarrollo -en este caso agrícola y territorial- viable y satisfactorio?

Primera Propuesta. Realización de una reforma rural y agraria integral, socio-ambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, fundamentada en los siguientes propósitos:

a. Superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales, y provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones.

b. Transformación de las relaciones rurales, que contribuyan a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población.

c. Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza rurales; restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos, y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social.

d. Construcción de una nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de las relaciones urbano-rurales.

e. Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso.

f. Promoción al acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial.

g. Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra.

h. Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo.

i. Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de los pequeños y medianos propietarios.

j. Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras 952, así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de futuras Zonas de Producción de Alimentos.

k. Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socio-ambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.

l. Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos productivos.

m. Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio.

n. Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de alimentos.

o. Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población.

Segunda Propuesta: Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales, y compromiso con el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, mediante el acceso y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Ello implica, de manera prioritaria, la puesta en marcha de programas masivos de nutrición y alimentación y de empleo rurales, de dignificación del trabajo agropecuario atendiendo estándares de normatividad internacional, así como la provisión de la correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompañada de la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público.

Tercera Propuesta: Construcción de una nueva ruralidad basada en la democratización de las relaciones urbano-rurales, y en el principio de la justicia territorial, que supere visiones extractivas y utilitaristas del mundo rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el desarrollo del país y el buen vivir de su población. Ello implica la puesta en marcha de medidas excepcionales para cubrir la deuda histórica política, económica, social y cultural del Estado con el campo y sus pobladores, deuda que ha producido violencia, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y segregación territorial; impone la desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la estigmatización del campesinado; conlleva el ordenamiento y la regulación del territorio urbano-rural con base en criterios de equidad, mutuo beneficio y participación democrática; demanda medidas reales y efectivas para la apropiación de la riqueza pluriétnica y multicultural del mundo rural, incluyendo valores, modos de vida y de organización de la economía.

Cuarta Propuesta: Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población; reconozca y respete las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria; contemple una organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeños y medianos productores en esos espacios; establezca límites y estrictas regulaciones socio-ambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles; establezca regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socio-ambiental o a su reconversión; y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de substitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales.

Quinta Propuesta: Garantía de acceso real y efectivo, y disfrute del derecho a los bienes comunes de la tierra y el territorio, considerando de manera especial el derecho de las mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se propone la creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras pertenecientes a latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico. Con base en la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y productividad de las tierras que conformen el Fondo, se procederá a su distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra. Economías campesinas asociativas y de cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales y reasentamientos provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra serán concertados con los campesinos. El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir la titulación, también exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros técnicos.

Sexta Propuesta: Reconocimiento de los territorios colectivos y las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, lo que implica la titulación colectiva de sus tierras y territorios, el respeto real y efectivo de la autonomía y la organización política, económica, social y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias, y la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. En el mismo sentido, se propone el establecimiento de territorios interétnicos, definidos como territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, con regulaciones colectivas propias y atendiendo a principios de autonomía y autogestión.

Séptima Propuesta: Reconocimiento y definición de los territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político del campesinado. Los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de las otras formas de territorios colectivos. En consecuencia se fundamentan en el respeto real y efectivo por la autonomía y la organización política, económica, social y cultural, en el establecimiento de jurisdicciones campesinas propias, y en la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. Estos territorios asumirán dos formas:

i. Como territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina;

ii. Como Zonas de Producción Campesina de Alimentos.

Todo lo anterior, ha de acompañarse de medidas que garanticen la vida y las concernientes a la dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas por parte del Estado, lo que debe empezar con la adopción de la Declaración de los Derechos del Campesino de la ONU, así como del Acuerdo 141 de la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación en el ordenamiento jurídico.

Octava Propuesta: Compromiso con la soberanía alimentaria mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda crear condiciones de producción, circulación, comercialización y consumo de los alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia y de mutuo beneficio entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de infraestructura física, especialmente de vías de comunicación y de riego, de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de otros medios de financiación. La economía campesina merece especial protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior, también comprende la posibilidad de encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción agrícola, con fundamento en estrictas regulaciones que garanticen organización y distribución equitativa de la producción y sus beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Se incluyen, igualmente, las economías rurales de carácter agroindustrial, orientadas al mercado mundial, siempre y cuando no afecten la soberanía alimentaria y garanticen sostenibilidad socio-ambiental.

Novena Propuesta: Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológicos, a la protección y promoción del conocimiento ancestral y propio, a las semillas nativas, con miras a garantizar la conformación de una base técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial. Estímulo a la investigación socioeconómica de la economía y sociedad rural, apoyada en la producción y sistematización permanente y actualizada de información, para apoyar el diseño de las políticas de desarrollo rural. Ello impone la realización inmediata de un Censo Rural y Agrario.

Décima Propuesta: Denuncia o revisión de los acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio, inversiones o propiedad intelectual, que menoscaben la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población, propicien la extranjerización de la tierra y el territorio, promuevan su acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen la especulación financiera, propicien la producción transgénica o la imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios o de la alimentación. Mientras ello se produce, expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio.

Las diez propuestas presentadas, demandan la conformación de una nueva institucionalidad estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana. De igual manera, implican la activación de mecanismos que garanticen su seguridad jurídica. Una Asamblea Constituyente y legislativa es el camino 953.

Propuestas para la Paz del ELN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha hecho propuestas sobre las diferentes área temáticas incluyendo, dentro de ellas, el tema agrario y territorial.

Se autocalifican como una organización que se ha transformado en el tiempo: de foco guerrillero, pasó a proyecto de ejército y de éste a organización política en armas.

Los principios programáticos formulados en sus orígenes los consideran de total vigencia, entre los que plantea una revolución agraria que elimine el latifundio, el minifundio y el monocultivo; realice una distribución justa y un acompañamiento técnico a los campesinos que la trabajan; otorgue créditos e insumos de trabajo a los agricultores, impulse la mecanización de la agricultura y su tecnificación; que cree mecanismos adecuados de distribución de la producción de alimentos que elimine los intermediarios, la especulación y el acaparamiento; asegure la asistencia médica y educacional a los campesinos, así como el desarrollo de sistemas de riego, de electrificación de vivienda y de vías de comunicación. Plantea la confiscación de latifundios y propiedades de grandes compañías extranjeras y de los terratenientes y latifundistas nacionales, asegurando respetar las propiedades que benefician positivamente la economía nacional. Define fomentar la creación de cooperativas de producción, distribución y consumo, y de granjas estatales, mediante la planificación de la producción agropecuaria que diversifique los cultivos y desarrolle la ganadería.

Los elementos del programa del ELN fueron esbozados con algunos matices y énfasis en la realización del Foro de Política Integral Agraria con Enfoque Territorial, desarrollado por la sociedad civil y los empresarios a finales del 2012 y materia de discusión en la Mesa de conversaciones de La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC 954.

La Tierra es del Pueblo y la Nación

Seguridad Alimentaria y Hambre a la Vista

Entre el 2006 y el 2012, Gobiernos poderosos y corporaciones transnacionales, se han adueñado de doscientos millones de hectáreas de tierra en el mundo -preferentemente de Africa y América-, donde desarrollaron grandes proyectos de producción agro-alimentarios, destinados a asegurar su propia suficiencia alimentaria, o como tierras reservadas para ser utilizadas en el futuro.

Países como China, han adquirido más de cuatro millones de hectáreas de tierras y acaparado un millón de hectáreas de tierras en la Patagonia. Lo que viene sucediendo en Colombia, donde grandes empresarios adquieren de manera fraudulenta e ilegal miles de hectáreas de tierras, es una expresión de esta tendencia mundial que expropia a los pueblos, al campesino, destruye fauna, flora y expulsa a la población campesina hacia las ciudades.

En Colombia, son conocidos los casos de las corporaciones transnacionales Riopaila y Cargill y otras que se han robado miles de hectáreas de la altillanura 955, que por Ley pertenecen a los campesinos.

Tal como lo fundamenta el congresista Wilson Arias, el acaparamiento y extranjerización de la tierra, afecta directamente a la maltrecha seguridad alimentaria y nutricional del país. La venta de tierras también destruye la soberanía del país, un bien común escaso y de mucha importancia que debe ser nacionalizado y prohibirse su venta, como ocurrió en Uruguay que por Ley determinó el monopolio exclusivo de la Nación en los asuntos de la tierra 956.

Seguridad Alimentaria y Nutrición

El concepto de seguridad alimentaria y nutricional, viene evolucionando hasta situarse, en la actualidad, como un derecho colectivo humano de los pueblos y las sociedades.

Ha quedado en evidencia que en el mundo, se produce dos veces la cantidad de alimentos suficientes para alimentar la actual población mundial; pero como hecho contradictorio, mil doscientos millones de habitantes del mundo padecen hambre y se mueren miles de seres humanos a diario por ello.

Esto ha hecho que, para muchos, la seguridad alimentaria tenga una relación con la salud, el medio ambiente, el acceso al agua, a la propiedad, el control de los medios de producción y sea, ante todo, un derecho humano fundamental, no sujeto a las reglas odiosas, marginadoras y criminales de la mercantilización, del control de los alimentos por las poderosas transnacionales.

Relacionar la alimentación con la salud y otros factores, hizo surgir el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, que es definido como el derecho que tienen todas las personas, sus familias y las comunidades de gozar, de forma oportuna y permanente, de los alimentos y del agua potable en la cantidad y calidad necesarias para que los consuman y utilicen de manera adecuada, y de este modo tengan garantizado un óptimo estado de nutrición, salud y bienestar 957.

Situación en Colombia

Según los análisis del Ministerio de Agricultura de Colombia, no hay problemas de disponibilidad de alimentos. Sin embargo, otras fuentes anotan que se está dando un desabastecimiento en el campo, que ronda cerca al cincuenta y siete por ciento de alimentos, combinado con una tendencia a su encarecimiento, efecto de un proceso que le da primacía a la producción de bioenergía para vehículos, que hace incrementar los precios de los alimentos para el consumo humano.

Instituciones que dedican esfuerzos investigativos en seguridad alimentaria, afirman que con la cantidad de maíz que se necesita, para producir el etanol que requiere un automóvil para movilizarse treinta y dos mil kilómetros al año, se podrían cubrir las necesidades de calorías diarias de una persona durante sesenta y dos años. Esto expresa la gran contradicción que hay, entre priorizar la producción para alimentar al ser humano, o alimentar el parque automotor mundial.

Influye también en la insuficiente seguridad alimentaria, las importaciones masivas que llegan al país, agravadas con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Se produce una “inundación” de productos alimentarios desde Estados Unidos, quebrando la economía agroalimentaria colombiana.

Hay en Colombia una clara tendencia al predominio del monocultivo, de agrocombustibles, explotación de madera, recursos naturales, lo que trae aparejado el desestimulo al pequeño productor de alimentos. Una muestra de ello es la poca producción de verduras, productos básicos para la alimentación y asegurar una buena nutrición. La importación masiva de alimentos y el desaliento a la producción propia de ellos, van produciendo una transformación o cambios en el mapa y la cultura agrícola y alimentaria de los colombianos.

La pesca artesanal acuícola -en ríos y lagos interiores- y la avicultura, que constituían un factor fuerte en la seguridad alimentaria de los colombianos, pierden vitalidad y tienden a desaparecer. Uno de los problemas serios a los que Colombia se enfrenta, es la perdida de la identidad y cultura alimentaria.

En la encuesta de hogares sobre nutrición 958, se muestra una realidad dramática no divulgada ni reseñada en los balances gubernamentales: el hambre producida por la pobreza y la lógica neoliberal que todo lo convierte en negocios y rentabilidad. La encuesta revela que el nivel de desnutrición en el estrato uno (1) es del sesenta por ciento, que es el estrato más amplio y mayoritario de todos; en el estrato cuatro (4), la desnutrición afecta al veintisiete por ciento de la población.

Además de la desnutrición por estratificación social, hay otro elemento que sobresale, y es la relación entre la desnutrición y la condición étnica, pues entre la población indígena y afrocolombiana es mayor el nivel de inseguridad alimentaria. Haciendo referencia a los afrodescendientes, el 56,4% de los hogares se encuentra en situación de pobreza y ausencia de seguridad alimentaria. Además de ser la población indígena, negra y mestizos pobres, los que sufren con mayor rigor el hambre, cargan con una estigmatización:

Un indígena sentado en una calle es sinónimo de mendicidad, un pobre vendiendo dulces en las calles es asociado a drogas y al negro se le asocia con el robo y la delincuencia.

Otro factor es la relación entre inseguridad alimentaria y educación. Hay mayor inseguridad alimentaria en un hogar de personas iletradas, en relación con los hogares que tuvieron acceso a la educación secundaria. Los primeros padecen inseguridad alimentaria en un sesenta y seis por ciento y los segundos en un treinta y siete por ciento.

Cerca del treinta por ciento de los niños y niñas menores de cinco años, tienen anemia, debido a la mala nutrición, principalmente en los estratos uno (1) al cuatro (4), indígenas, afrodescendientes y campesinos.

El TLC ha fortalecido los cambios en los hábitos alimenticios, y trajo consigo la difusión de una nueva cultura de alimentación. Se ha ido abandonando, no sólo en Colombia, sino en toda América Latina, la costumbre de alimentación de acuerdo a lo que se produce en el mercado interno. Se ha afianzado una alimentación dependiente de las importaciones, y basada en una cultura diferente. La comida chatarra domina el mercado alimentario, llevando a una pérdida de seguridad alimentaria. Ha disminuido el consumo de lácteos, huevos, carnes y aumentó el consumo de alimentos procesados que llegan a muy bajos costos, pero con baja calidad nutricional.

Hay un desestimulo del pequeño y mediano productor agrícola, por falta de apoyo del Estado. El Gobierno nacional, abandonó la promoción a esta franja importante de la economía, que garantizaría la soberanía y la seguridad alimentaria.

Si se entregara el veinte por ciento de la tierra a los campesinos, con un debido estímulo a su pequeña y mediana producción, se aumentaría en un treinta y dos por ciento la producción agrícola. La pequeña producción agrícola es cuarenta y ocho veces más rentable que la gran producción y veintiocho veces más rentable que la mediana producción 959.

Para las FARC y el ELN, Colombia necesita un Marco Jurídico para la seguridad alimentaria y nutricional, y direccionarse en el sentido del rescate de la soberanía y seguridad alimentaria, lo que requiere de un nuevo ordenamiento económico, que la saque de la extranjerización, del robo de la tierra a la nación por los poderes transnacionales y rescatar la propiedad del suelo y subsuelo para la nación y el pueblo 960.

Visión de los Académicos sobre la Problemática Rural

Especialistas en temas rurales invitados a la Cátedra Manuel Ancízar, discutieron sobre la problemática agraria en la Universidad Nacional de Colombia, acerca de la concentración de tierra, como el mayor problema en Colombia.

En sociedades pobres, la fuente principal del ingreso directo es la tierra, por eso no hay duda de que la desigualdad empieza en la agricultura con su distribución. Entre otros aspectos, se discutió con respecto a que un desarrollo económico agrícola más alto y más igualitario, no es el único beneficio de una estructura agraria de pequeñas propiedades, sino que contribuye a un crecimiento general más saludable. Como un buen ejemplo de este modelo en el último medio siglo, se mencionó a Taiwán, Estado que tiene tal vez el nivel de desigualdad más bajo de todos los países en desarrollo; por eso, esta nación ha crecido más rápidamente que casi todos los países del mundo. En el otro extremo, países como Colombia han permitido que la tierra se concentre en pocas manos o que haya sido ambigua la titularidad de muchas tierras. Esto ha ocasionado tensiones continuas que, bajo condiciones desfavorables, degeneran en violencia.

Un reparto no igualitario de la tierra, contribuye a generar bajos ingresos promedio y su mala distribución, fenómenos que coinciden con una infraestructura rural pobre, mala salud y poca educación, al igual que otros factores que contribuyen a la pobreza. Albert Berry, Profesor Emérito de Economía de la Universidad de Toronto señaló:

Los esfuerzos para modificar la estructura agraria, son procesos políticos cuyos resultados dependen principalmente del equilibrio del poder político entre las fuerzas contendientes. De modo que la primera y más importante pregunta acerca de la experiencia en un país, se refiere al carácter de ese equilibrio. En América Latina, rara vez ha habido muchas oportunidades para que se creen las condiciones favorables para los enfoques tradicionales de la reforma agraria”.

Eduardo Sarmiento, ingeniero, economista y escritor colombiano, dijo:

Otro de los aspectos que afectó al sector agrícola fue en 1990, cuando el país llevó a cabo una apertura indiscriminada, estableciéndose aranceles para todos los productos de la economía del doce porciento en promedio, se presentó una entrada masiva de productos de importación que desplazaron la producción agrícola. Las importaciones pasaron de doscientos cincuenta millones de dólares a mil quinientos millones de dólares en siete años. Esa entrada de importaciones, año a año, destruyó el área sembrada de cultivos agrícolas. “Esas importaciones se hicieron a cambio de una menor área agrícola, de manera que en siete años el área agrícola del país bajó la tercera parte, disminuyó setecientas mil hectáreas, que están representadas en importaciones de productos del sector agropecuario, a cambio de nada”.

Para Daniel Libreros, Profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional:

El mayor problema es el hecho de que se haya preservado una estructura hacendaria desde el siglo XIX, que se profundizó en el siglo XX con la guerra civil interna y el paramilitarismo. “Todo esto llevó a consolidar un régimen que hoy, según las propias estadísticas oficiales, presenta un cuadro donde el uno porciento de las familias ricas en el campo concentran aproximadamente el sesenta porciento de la tierra apta para producir, eso de alguna manera no es presentable. Y al mismo tiempo ese poder de la tierra económico también da poder político” 961.

Pugna entre Tradicionales Ruralistas y Oligarquía Urbana

La realidad de las contradicciones en la sociedad colombiana, está mostrando que el denominado “poder terrateniente tradicional no ha sido derrotado en Colombia, ni reemplazado por una nueva “oligarquía urbana” empeñada en creer que el proceso de Paz con las FARC, restablecerá el viejo esquema Gobierno-Oposición de Virgilio Barco, donde la oposición, sin armas, discutirá políticamente desde la cárcel o el cementerio, la reforma agraria y demás temas que sean favorables al Gobierno.

La supuesta contradicción entre Juan Manuel Santos, representante de la oligarquía urbana y Alvaro Uribe, representante de la oligarquía rural, no sería más que una lucha electorera por ver quién se queda finalmente con el Gobierno y su jugoso e inagotable presupuesto.

La “oligarquía tradicional” intenta imponerle a la “oligarquía urbana” sus condiciones. En el Congreso de la Nación, se observa la distribución de miembros de uno y otro sector, que operan en pugna por sus aspiraciones y objetivos 962.

Entre medio de esta pugna por el poder, está el pueblo y sus diferentes sectores y grupos étnicos, con grandes expectativas pero con una conducta demasiado pasiva, independientemente de las demandas que realice.

Propuesta de los Indígenas Nasa sobre Desarrollo

Los indígenas Nasa, plantearon la necesidad de que se contemple el principio de la diversidad de perspectivas y posiciones, que deben ser respetadas y escuchadas, especialmente por las partes en diálogo en La Habana, por quienes no se sienten representados. Bajo este precepto, celebraron un Congreso de los Pueblos, orientado a construir colectivamente un país de pueblos sin dueños y evitar, a toda costa, que algunos hablen por los diversos pueblos y procesos.

Plantearon su propuesta de Paz, que contemple la diversidad y las diferencias que caracteriza a cada pueblo. Debatieron sobre:

1) economía y política para la vida digna;

2) justicia y Paz, modelo de justicia;

3) tierras, territorios y soberanía;

4) derechos de los pueblos para la vida digna;

5) cultura, identidad y ética de lo común;

6) internacional: integración solidaria de los pueblos.

Sin embargo, en las conclusiones de cada temática no se plantearon acciones concretas y reales frente a la problemática de fondo.

A diferencia de este Congreso de los Pueblos, en el 2008 celebraron una Minga de Resistencia Social y Comunitaria, que planteaba un accionar y un rechazo real frente al modelo vigente en el país. Los puntos centrales fueron:

1. Rechazo a los Tratados de Libre Comercio.

2. No más terror y guerra.

3. Derogación de toda la legislación de despojo.

4. Cumplimiento de Acuerdos y Convenios.

5. Creación de Mecanismos de Soberanía, Paz y Convivencia.

Sus propuestas y planteos contrastan con el Proceso de Paz llevado a cabo entre el Gobierno y las FARC en La Habana, que no considera la Paz que anhelan desde abajo, un paso necesario para que todos puedan contribuir con sus aspiraciones y objetivos.

Para los indígenas Nasa, ni el Gobierno ni las FARC hablan en nombre de la gente, por ende no hablan de la Paz. Cada uno tiene sus intereses particulares. Un ejemplo claro de esto, es que la insurgencia habla de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en nombre de los campesinos. Pero una cosa son las ZRC planteadas por los campesinos, por las cuales han muerto y luchado toda la vida, y otra muy distinta, son las ZRC planteadas por las FARC que, en realidad, son Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE). En un posible postconflicto, las ZRC pasarían a ser incorporadas a las ZDE de acuerdo a la Ley 160 (Articulo 82) 963. Esto implicaría el acceso del capital privado a las zonas baldías consideradas como ZRC y que estos territorios sean blanco de la voracidad de un modelo agroindustrial, afianzado en el capitalismo extractivista comercial agrario perjudicando al campesino.

La “dejación de la armas” no es por ningún motivo Paz. Los pueblos indígenas que buscan la construcción de la Paz, se preparan para seguir luchando por la libertad de los territorios, por la soberanía alimentaria y por sus derechos, frente a las consecuencias de estas negociaciones y el postconflicto, y todas las estrategias planteadas por el Gobierno como el Fuero Penal Militar, el plan de consolidación territorial, las “locomotoras de desarrollo”, la privatización de los recursos naturales y los servicios y la destrucción de la Madre Tierra.

Es evidente que la “Paz” de la que hablan Gobierno e insurgencia en La Habana, es una y la de los pueblos es otra. En el Congreso para la Paz sucedió algo similar con las paradójicas intervenciones de un Comandante del ELN, a través de un video y con la intervención de las FARC, a través de un comunicado, que manifestaban su apoyo a comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinos y sectores populares. Comunidades a las que ellos mismos dan muerte y siguen acabando en el territorio. Los únicos con autoridad y los mayores conocedores de la Paz son los pueblos que viven la guerra provocada por los grandes capitales económicos 964.

La propuesta, que forma parte de la cultura histórica de los sectores indígenas en la región, aún previa a la etapa colonial, es pasar de la actual ética del desarrollo indiscriminado y explotador de recursos naturales a una ética del desarrollo ecológico y autosustentable.

El modelo extractivista se ha instalado en América Latina, con un discurso homogéneo que asumen Gobiernos conservadores y progresistas: la explotación a gran escala de los recursos naturales se impone como vía inevitable para el desarrollo económico. La megaminería a cielo abierto, el fracking, la soja, que deja altos réditos frente a los cultivos tradicionales de trigo y maíz, o incluso la especulación inmobiliaria -uno de los factores causa de la crisis mundial detonada en el 2007- se justifican como portadores de desarrollo y progreso.

La pregunta que carece de una respuesta concreta y directa es ¿qué desarrollo y para quién? Se trata de un modelo económico depredador y autodestructivo, que torna descartables y sacrificables territorios, así como los pueblos que los habitan.

Esta es la naturaleza propia de la modernidad, en la que quedan atrapados los Gobiernos latinoamericanos frente a la idea de rentabilidad, desprotegiendo o dejando en manos de otros el agua, la vida natural y el territorio, utilizando mecanismos de falsa democracia, basada en elecciones, sin posibilidad de participación directa y mucho menos de demandas o quejas.

Hay un discurso del capital, que se basa en la rentabilidad totalmente ajena al humanismo, generando una colonización de las mentes basada en el mero consumismo como paradigma del bienestar.

América Latina carece de proyectos nacionales y como región, quedando totalmente a merced de la coyuntura y de las grandes tendencias mundiales, particularmente del alza o baja de los precios de los commodities, y de las inversiones, en un mundo globalizado, en el que predominan las corporaciones y el capital especulativo. Frente a esta realidad, no existe visión realista ni planes de mediano-largo plazo, sólo montarse en la rentabilidad por parte de la derecha conservadora y manteniendo un discurso “anti” por parte de la izquierda dogmática.

Gobierno de Santos insiste con el Modelo Agroindustrial en detrimento del Campesinado

Mientras que el proceso de negociación en La Habana, presuntamente va en la dirección de alcanzar una Paz que contemple la “justicia social” -al menos en al expectativa de las FARC-, el Gobierno de Santos, busca introducir medidas legales, que hagan permanentes sus intereses y los de los sectores corporativos que lo apoyan y él representa.

El mismo día que instalaba la Mesa de negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular, el Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley Nº 133 del 2014, mediante el que, además de legalizar las apropiaciones realizadas a través de distintas figuras fraudulentas que han conducido a la apropiación indebida de los bienes públicos de la nación, conducirá a agudizar la concentración de la tierra y a perpetuar el modelo agroindustrial en detrimento de otras alternativas que garantizan los derechos del campesinado a la tierra y al territorio, la soberanía alimentaria y el cuidado de los recursos naturales. El proyecto de Ley burla una sentencia de la Corte Constitucional, que dejó sin efecto dos disposiciones casi idénticas del Plan Nacional de Desarrollo presentado en el primer mandato de Santos, y constituye un desconocimiento de los mandatos constitucionales frente a los campesinos y trabajadores agrarios, así como de los diálogos que emprendió el Gobierno con sectores campesinos y populares.

Esta iniciativa plantea la entrega de bienes baldíos, a grandes empresarios y permite acumulaciones por encima de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE). Ambas prácticas son ilegales, por lo que el proyecto de Ley apunta a “ajustar a derecho” los intereses de los empresarios y su modelo de desarrollo, que encuentran freno en las prohibiciones que le fija la Ley 160 de 1994 en materia de baldíos.

Los principales elementos del proyecto de Ley, contemplan:

1) Nuevas Zonas de Desarrollo para incentivar la agroindustria.

Crea un nuevo espacio para el campo que denomina Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE). Estas, se constituirán en áreas que posean las siguientes características:

    Que estén geográficamente “aisladas” de los centros urbanos más significativos;

    que demanden elevados costos de adaptación productiva;

    que tengan “baja densidad poblacional” y altos índices de pobreza;

    que carezcan de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos; y

    que resulten “inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar” debido a sus características agroecológicas y climáticas.

La Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA) tendrá la idoneidad para “identificar” las ZIDRE, y será el Gobierno quien las delimite mediante documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), que se acogerán mediante Decreto.

Algunas de las zonas han sido propiciadas por el descuido del Estado y el incumplimiento de sus obligaciones sociales, en tanto otras son creadas discursivamente como justificación para intervenir con un modelo económico en poblaciones que son consideradas objeto de desarrollo. Según el proyecto de Ley, el objetivo de las ZIDRE será:

    Disminuir la pobreza”;

    promover el desarrollo económico y social de la zona”;

    mejorar las condiciones agroecológicas del suelo”;

    incentivar la protección del medio ambiente”;

    promover el acceso a la propiedad de la tierra de campesinos”; y

    promover el empleo campesino”.

Pero su propósito real queda al descubierto, al leer el proyecto de Ley y la exposición de motivos. Estas zonas se crean para eliminar los límites a la propiedad, que han impedido que grandes empresarios interesados en la altillanura -mencionada en el proyecto de Ley como una de las regiones aptas para la constitución de estas zonas- concreten la compra de vastas extensiones de tierra para dar paso a sus proyectos agroindustriales. Adicionalmente, para favorecer a estos empresarios con “incentivos” para sus proyectos, consistentes en financiación con recursos públicos. Por otra parte, el proyecto de Ley presenta como inherentemente benéficos algunos de los supuestos objetivos de las ZIDRE, como la promoción del “empleo campesino” y el “desarrollo económico y social” de la zona, cuando en realidad convertirán al campesinado en un grupo de asalariados en lugar de propietarios con real disposición sobre sus tierras. Ello desconoce que el modelo de economía campesina tiene otras apuestas que, de ser reconocidas e impulsadas por el Estado, traerían beneficios económicos y sociales para el país, pero principalmente para los campesinos que trabajan la tierra bajo unos supuestos diferentes a los que pretende imponer el modelo de agroindustria.

2) La asociatividad en la desigualdad.

Las ZIDRES tendrán como objetivo, el impulso de las propuestas que presenten las empresas agrícolas, forestales o ganaderas -denominadas como “gestoras”- que decidan adelantar “proyectos asociativos” con campesinos o con asociaciones de campesinos. Estos proyectos deben ser aprobados por el Ministerio de Agricultura, atendiendo criterios como la “generación de inversión y empleo campesino” y el “aporte a la innovación, productividad, transferencia de tecnología y vinculación de capital campesino”. Los proyectos que inscriban las “gestoras” ante el Ministerio deben tener las siguientes características:

    Enfoque territorial;

    esquema de viabilidad administrativa, jurídica y financiera;

    plan de acción para apoyar a campesinos en la gestión del crédito ante el sistema bancario;

    mecanismo de asistencia técnica a los campesinos por un período igual al del ciclo del proyecto;

    un sistema que garantice la compra de la producción a precios del mercado;

    asegurar “capacitación empresarial y técnica, formación de capacidades y acompañamiento en aspectos personales y de dinámica grupal”;

    un sistema que garantice que campesinos sin tierra, accedan a ella mediante la producción y los créditos otorgados;

    fiducias para administrar los recursos del proyecto y para garantizar la “transparencia” del proceso; y

    la determinación del quince porciento del área de la que podrán ser dueños los campesinos que aporten sus baldíos.

Los proyectos que resulten aprobados recibirán, “como mínimo”, los siguientes “incentivos y estímulos”:

    Líneas de créditos especiales para campesinos y empresarios;

    mecanismos de garantías sobre la producción;

    estímulos a la “promoción, formación y capacitación de los campesinos, e incentivos para las empresas que resulten de las “alianzas” concebidas bajo los supuestos del proyecto de ley.

Uno de los incentivos más substanciosos, reside en la creación de un Fondo de Desarrollo Rural y Económico e Inversión (FDRE), que se crea como cuenta especial del INCODER, y sus recursos estarán constituidos por los ingresos obtenidos de los contratos que firmen las empresas y el INCODER sobre los baldíos, pero los recursos serán invertidos en los proyectos de desarrollo rural vinculados con los proyectos asociativos en las zonas ZIDRE. Las empresas pagarán al Estado por la generosa concesión de baldíos y, a cambio, el Estado les devuelve el dinero -que serían dineros públicos- en incentivos para sus proyectos privados.

Los problemas de estos proyectos asociativos, tienen que ver con que:

a) Promueven la vinculación de los campesinos a grandes proyectos agroindustriales, en detrimento de sus posibilidades de ser propietarios o de disponer de sus tierras libremente. Aunque se contemple que los campesinos accederán a las tierras, lo harán limitadamente y ligados al megaproyecto industrial aprobado en las ZIDRE.

b) Promueven una asociatividad en abierta desigualdad de las partes. El proyecto de Ley no reconoce la asimetría existente entre los campesinos sin tierra, o con tierra y poco o nulo apoyo estatal, y los empresarios nacionales y extranjeros que, de la mano del sector financiero, de su propio capital y de los numerosos incentivos y subsidios públicos de los que el campesinado carece, serán la parte fuerte de la relación y la que determine las condiciones de la asociatividad.

c) Las condiciones de los proyectos relacionadas con tecnología, minimizan la autonomía del campesinado, desechan su conocimiento sobre la tierra y la agricultura, y buscan convertir a los campesinos en meros técnicos del campo.

3) La desnaturalización del destino de los baldíos.

Los baldíos son bienes de la nación que tienen como objetivo ser asignados a quienes carecen de la propiedad de la tierra. Por ello, estos bienes gozan de un régimen especial de protección y tienen un destino específico, que ha llevado a que la legislación agraria contemple requisitos y prohibiciones en torno a su asignación. Dentro de las condiciones para su adjudicación se cuenta, su asignación a personas que no sean propietarias de otro bien rural y en un número de hectáreas que no sobrepasen ni desmejoren las UAF. Dentro de sus prohibiciones se encuentra la imposibilidad de acumular los baldíos ya adjudicados en cantidad que supere las UAF, o su aporte a sociedades de cualquier índole, si con ello las sociedades consolidan una propiedad que supere las UAF.

La razón de ser de las medidas del proyecto de Ley mencionadas, como la conformación de las ZIDRE y de los proyectos asociativos, tiene como propósito atacar este régimen especial de protección de baldíos y hacerlo favorable a intereses privados. La reconfiguración de este régimen se hace a través de dos vías:

i. La autorización de enajenaciones -venta o aporte- de predios inicialmente adjudicados como baldíos -a campesinos beneficiarios de la Ley 160 de 1994-, a favor de las empresas y sus proyectos asociativos. Con ello se autoriza, además, la consolidación de propiedades en extensiones superiores a las fijadas para la UAF. El proyecto de Ley contempla que las empresas gestoras deben ofrecer al propietario del bien -antes baldío- la posibilidad de “asociarse al proyecto productivo sin desprenderse del derecho de dominio”. Pero la gestora podrá recibirlo si, habiéndole ofrecido esta “posibilidad”, el propietario decide venderlo o darlo en aporte. Aunque en varias oportunidades, el Superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez ha insistido en que se trata de un proyecto para hacer productiva la tierra antes que generar variantes en la distribución de al propiedad, el Artículo 9 del proyecto, contempla que los gestores adquieran o reciban en aporte los predios objeto del proyecto.

Adicionalmente, se contempla que los campesinos que se desprendan de la titularidad de los predios que les hubiesen sido adjudicados como baldíos, no podrán ser beneficiarios de los programas de dotación de tierras por el término de quince años.

ii. La autorización de entregas directas de baldíos a las ZIDRE. El proyecto de Ley estipula que las empresas pueden solicitar al INCODER la entrega en concesión, o cualquier otra modalidad no traslaticia de dominio, de baldíos ubicados en las ZIDRE para ejecutar los proyectos asociativos mencionados. Estos contratos se celebrarán entre el INCODER y el “gestor” y la determinación y modalidad del contrato se hará dependiendo de las características y vocación de las zonas en las cuales se llevan a cabo los proyectos y según los “ciclos productivos del proyecto asociativo”.

El impacto del proyecto de Ley es doble:

a) A los campesinos que aún no tienen tierra y que tienen la expectativa de que les sean asignados los bienes baldíos, que constitucionalmente tienen la finalidad de garantizar su derecho de acceso a la tierra, pero que ahora serán asignados a empresarios así sea a título no traslaticio de dominio; y

b) a los campesinos que ya son propietarios de tierras provenientes de baldíos que les fueron adjudicados en virtud de la Ley 160 de 1994, y que las perderán si sus predios están en las ZIDRE.

Ante la supuesta posibilidad de asociarse al proyecto productivo, al campesino cuyo predio esté ubicado en las ZIDRE, no le va a quedar otra opción que darlo en venta o en aporte. La supuesta voluntad del campesino queda desdibujada, y su asociación al proyecto se hace casi obligatoria, con la sola y aparente elección de darlo en venta o en aporte. Si se suma la prohibición de que el campesino que decida venderla acceda a los programas de dotación de tierras en el término de quince años, se reducen aún más las posibilidades reales para que los campesinos accedan a la propiedad de la tierra y se los condena a asociarse en condiciones abiertamente inequitativas.

El objetivo de las ZIDRE, que supuestamente apunta a la promoción del acceso a la propiedad para los campesinos, es entonces engañoso. El proyecto de Ley en su conjunto le apuesta justamente a lo contrario; aunque estipule medidas que permitan que algunos campesinos detenten el título sobre sus tierras, o que estipulen porcentajes sobre los cuales los campesinos asociados, obtendrán una parte de la propiedad, el proyecto de Ley tendrá como consecuencia la pérdida de tierras para los campesinos:

i. Porque el simple título de propiedad no denota un genuino derecho de dominio del predio si se limitan sus atributos de uso y disposición, ya que estarán circunscriptos a los proyectos que los empresarios propongan en las ZIDRES. La propiedad se vería reducida a tener un simple título legal pero limitando la posibilidad de usar la tierra de manera efectiva.

ii. Porque, al permitir la adquisición de bienes baldíos por parte de las empresas, se reducen las posibilidades de que campesinos sin tierra accedan a ella.

4) La consideración del sujeto campesino como no apto para el agro

El proyecto de Ley de baldíos no solo contribuye a la concentración de la tierra y a avalar el modelo de agroindustria; asienta, además, el discurso que considera al campesino como incapaz de aportar al progreso económico, a menos que se asocie con empresarios que sí saben cómo generar crecimiento y que dominan lo que el proyecto denomina como el “know how”.

Es así como el Gobierno justifica el proyecto de Ley al amparo de un discurso que parte de la idea errónea, poco sustentada y ampliamente difundida, de que los campesinos no saben cómo hacer productiva la tierra. Esta consideración, tiene profundos efectos políticos que se traducen en medidas regresivas para los campesinos, en la perpetuación de una mirada despectiva hacia este sujeto, y en la perpetuación de un único modelo de desarrollo basado en la idea de progreso y en la tecnología como su aliada.

Bajo la bandera del discurso del desarrollo, el proyecto de Ley reconoce a los empresarios del agro, como los protagonistas del campo, designándolos como los “agentes de la transformación productiva de los campesinos”, perpetuando así la desigualdad en la que han estado históricamente los campesinos, al indicar que los empresarios son los que saben de agricultura y quienes ayudarán a los campesinos en su conversión en agentes productivos. Al mismo sentido apunta la producción social de los espacios en los que se conformarán las ZIDRES como lugares con baja densidad poblacional y con personas que no saben cómo generar progreso, lo que tiene el efecto de producir órdenes sociales que son útiles para la intervención de estos espacios, haciendo obvia la necesidad de esta intrusión y convirtiendo a sus habitantes y a los recursos naturales en objeto de desarrollo y de transferencia tecnológica.

5) El desconocimiento de pronunciamientos de la Corte Constitucional

No es la primera vez que el Gobierno pretende darle un golpe a los intentos de democratización de la tierra emprendidos por la Ley 160 de 1994. En el Plan Nacional de Desarrollo de su primer mandato, el Gobierno de Santos ya había considerado el establecimiento de Zonas de Desarrollo Empresarial, en las que las empresas podían acceder a baldíos y acumular por encima de lo permitido de acuerdo a las UAF. La Corte Constitucional frenó este intento en la sentencia C-644 del 2012, en la que declaró inexequibles dos Artículos del PND que tenían idénticas pretensiones a las de este proyecto de Ley, con algunos ligeros cambios de lenguaje y de presentación.

En esa sentencia, la Corte realizó dos pronunciamientos que son relevantes para estudiar el proyecto de Ley sobre baldíos. Por un lado, se pronunció sobre las normas de la Ley 160 de 1994 que pretendían ser reformadas por el PND, y que en este nuevo proyecto de Ley son “interpretadas” por el Gobierno. Luego de analizar cuidadosamente las finalidades de la Ley 160 de 1994 y las medidas sobre los baldíos contemplados en ella a la luz de la Constitución, la Corte determinó que el destino de los baldíos es para quienes carecen de tierra, y que la prohibición de enajenar o aportar inmuebles provenientes de baldíos, cuando con ello se superara la Unidad Agrícola Familiar, tiene como objetivo hacer más democrático el acceso a la tierra a través de un mecanismo jurídico que preservara la propiedad en manos de campesinos de escasos recursos, reduciendo así los riesgos de concentración de la propiedad rural. La Corte avaló el sistema de baldíos contemplado en la Ley 160 de 1994, entendiendo que persigue finalidades constitucionales imperiosas 965.

Por otro, se pronunció sobre las nuevas normas que el Gobierno introdujo en el PND y que reproduce en el proyecto de Ley. La Corte consideró que estas introducían “ingredientes de carácter substancial y procedimental en el sistema de Reforma Agraria”, cuya elaboración “altera de manera frontal el régimen preexistente”. Según lo estableció la Corte, el modelo agrario propuesto en el PND y que se replica en el proyecto de Ley de baldíos, “privilegia la competitividad de la producción agrícola por encima del dominio de la tierra por el trabajador rural”, lo que hace regresivas estas disposiciones y por lo tanto inconstitucionales. Para la Corte, el Artículo 64 de la Constitución Política impone al Estado la adopción de una “estrategia global” destinada a proteger el derecho de acceder a la tierra, “no solo en función de la democratización de la propiedad sino por su relación con la realización de otros derechos suyos”.

El Gobierno tiene que haber leído esta sentencia, pues es evidente su intento por responder a algunos de los cuestionamientos de la Corte, como ocurre con las menciones que hace el proyecto de Ley, de medidas que supuestamente estarían orientadas a proteger a los campesinos y a garantizar su titularidad sobre las tierras -preocupaciones de la Corte Constitucional frente a las normas del PND declaradas inexequibles-. Dentro de estas medidas, se cuentan las disposiciones que establecen que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio Público, “vigilarán” la “seriedad de la oferta” que hagan las gestoras a los propietarios de tierras que antes eran baldías, o la vinculación de los campesinos a los proyectos como asociados y su “posibilidad” de acceder al quince porciento de la propiedad de las tierras de las ZIDRE, cuando se hayan desprendido de la titularidad sobre sus bienes; o la mención en la exposición de motivos de que la norma refuerza los lazos del campesino con la tierra.

Los intentos del Gobierno por adecuar el proyecto de Ley a los cuestionamientos de la Corte no son suficientes. Además de ser simples menciones que adornan el proyecto pero que no modifican el interés que subyace al proyecto de Ley, este reproduce el objetivo de las normas del PND, que ya fue declarado inconstitucional por la Corte en la mencionada sentencia. Esto debería generar, un pronunciamiento de la Corte que reconozca que sobre el tema ya hay cosa juzgada material. Esta figura se presenta cuando se demanda una norma cuyo contenido substancial es igual a uno sobre el que ya se pronunció la Corte, a pesar de que su texto normativo no sea formalmente idéntico a aquel 966.

En un fallo de tutela -Sentencia T-488 del 2014-, la Corte hizo referencia a la acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura Colombiana, y además constató que hay una “problemática jurídica y social” en torno a los baldíos, consistente en la falta de información actualizada sobre los baldíos de la nación y en la concentración de la tierra en Colombia. Según la Corte, este es “un círculo vicioso de prácticas erradas que se robustecen entre sí”, pues la falta de información “precisa y completa” sobre los territorios baldíos, las calidades reales de los sujetos beneficiarios y el número de hectáreas adjudicadas, “facilita la concentración inequitativa de tierras de propiedad de la nación”. Con ello se desdibuja, “el objetivo central del sistema de reforma agraria: el acceso progresivo del trabajador campesino a la tierra y el mejoramiento de su calidad de vida”.

Es irrazonable que ante este panorama, en el que el mismo Estado reconoce no contar con un inventario de los bienes baldíos de la nación, tal como lo hizo el INCODER en desarrollo de este proceso de tutela, el Gobierno proponga un proyecto que impacta de manera directa y amplia un sistema sobre el que no hay claridad y que ha conducido a la comisión de ilegalidades. En esta sentencia la Corte ordena tres medidas estructurales frente a los baldíos, que deben cumplirse en el plazo de seis meses -se cumplieron a principios del 2015-, y cuya respuesta debería esperarse antes de plantear cualquier discusión sobre los baldíos de la nación:

i. La clarificación e identificación de los bienes baldíos del Estado;

ii. la recuperación de las tierras baldías irregularmente adjudicadas mediante procesos de pertenencia; y

iii. el seguimiento de estas órdenes por parte del Ministerio de Agricultura y su control por parte de la Procuraduría y la Contraloría.

6) Movilización legal y social por la tierra, el territorio y el reconocimiento del sujeto campesino

Como lo reconoció la Corte Constitucional, las medidas del Gobierno destinadas a cambiar la naturaleza de los bienes baldíos, arrebata conquistas históricas del campesinado. En estos casos:

Es deber del Juez constitucional defender los intereses de las comunidades campesinas y las conquistas históricas a favor de los sectores marginados” 967.

El respaldo, que la Constitución y sus intérpretes dan a los derechos del campesinado, es significativo. El proyecto de Ley, es regresivo para los derechos de los campesinos, afecta al campo, la soberanía alimentaria, y a los sujetos campesinos que hacen la alimentación posible 968.

Directora de Oxfam Opina

Aída Pesquera, Directora de Oxfam 969 en Colombia, en relación con el proyecto de Ley 133, radicado por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo en el Congreso, opinó que puede ser positivo para los empresarios, pero no para los campesinos, ya que hace posible que el uso de las tierras baldías, que está protegido por la Ley 160 de 1994, se privatice. En el Artículo 9° dice que las empresas podrán adquirir o recibir en aportes, predios inicialmente adjudicados como baldíos, sin que les sea aplicable la restricción de la Ley 160.

Eso significa que a través de un proceso, el Ministerio de Agricultura podrá indicar qué zonas no se pueden desarrollar con economía campesina, y una vez eso se defina, se establece la necesidad de que allí tengan presencia las empresas privadas. La empresa que decida acaparar o acumular baldíos, lo que tiene que hacer es presentar un proyecto con una serie de requisitos donde demuestre su asociación con los campesinos.

El concepto de asociación con los campesinos es totalmente injusto, ya que se les obliga a poner la tierra, la mano de obra y a endeudarse; a cambio, la empresa lo que hace es brindar supuestamente una asesoría técnica que obviamente le va a cobrar y el único compromiso que hacen es el de comprar la producción. Ese modelo de asociación entre gran empresa y pequeño campesino es muy conocido en América Latina y ha demostrado ser desventajoso para los campesinos, porque quedan completamente endeudados durante diez o quince años, tengan o no una buena cosecha.

El proyecto no menciona la palabra “baldíos”, pero su texto está enfocado a permitir la legalización de las prácticas de acaparamiento de tierras que se han venido dando en la Altillanura, como la que Oxfam denunció que hizo Cargill, la más grande empresa de productos agroindustriales en el mundo. Pareciera que la estrategia es cambiar la Ley en lugar de hacer que se cumpla, porque la Ley anterior ponía un límite, al indicar que un privado no puede comprar más de una Unidad Agrícola Familiar. Lo que pretende, es eliminar la restricción, ya que con este proyecto de Ley cualquiera puede acaparar, comprar de manera masiva cuantas hectáreas de tierras baldías o no baldías quiera.

El problema es que hay mucho desorden con la administración de los baldíos. El Gobierno no sabe bien cuáles son, cuántos son, ni a quién se los ha entregado. Lo que Oxfam plantea es que en vez de entregarles las tierras baldías a privados, las organicen y se las entreguen a los campesinos.

En La Habana el Gobierno y las FARC acordaron que se iba a democratizar el acceso a la tierra, que es algo muy inteligente para resolver el conflicto armado. Establecieron un mecanismo que es la creación del fondo de tierras, alimentado por baldíos. Si ahora se les entregan esas tierras a los privados, no se van a tener para alimentar ese fondo.

Esta frase de la Ley muestra que la intención es favorecer la privatización de los baldíos:

Las empresas podrán adquirir o recibir en aportes, predios inicialmente adjudicados como baldíos sin que les sea aplicada la restricción prevista en la Ley 160”.

Ese Artículo en particular y otros que van en esa misma dirección, van a posibilitar que las empresas puedan acumular y acaparar baldíos, sin la necesidad de tener que implementar las argucias jurídicas que venían haciendo, como lo hizo Cargill, que fraccionó la compra con la creación de más de treinta Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). Con el nuevo proyecto de Ley, las empresas deben presentar un proyecto donde demuestren que hay campesinos asociados. Con eso, el Ministerio de Agricultura da el visto bueno y pueden acumular esas tierras sin problemas.

La Corte Constitucional ha fallado en varias ocasiones contra iniciativas similares a esta, donde se permite la acumulación de tierras baldías. Este proyecto contradice esos conceptos. Este es el quinto intento que hace el Gobierno de presentar un proyecto de Ley de estas características, así que genera la impresión de que es un tema altamente sensible, tanto para el Gobierno como para los empresarios.

Es cierto que las tierras de la Altillanura son suelos muy difíciles de cultivar, pero no es cierto que con el gran capital privado se pueden desarrollar. Allá viven desde hace décadas cientos de familias campesinas y familias indígenas que tienen proyectos productivos que demuestran que esas tierras pueden ser fértiles sin necesidad de usar gran maquinaria. Es verdad que las vías son muy precarias, que son de baja accesibilidad, que las tierras necesitan un manejo especial, pero esos elementos los debe brindar el Estado directamente a los campesinos, y con este proyecto de Ley, se está convirtiendo a los empresarios en intermediaros entre los campesinos y los incentivos que daría el Gobierno. Los empresarios privados no están invirtiendo nada de su propio bolsillo. Lo que va a permitir el proyecto de Ley, es que las empresas puedan acceder a créditos públicos.

La Contraloría publicó un informe, donde se demuestra que varias empresas y funcionarios públicos han tenido que ver con el acaparamiento de tierras baldías. En el INCODER hubo gran preocupación, pero todo quedó prácticamente paralizado y no ha habido ningún avance significativo, aunque existen pruebas múltiples y claras para encontrar a los responsables del detrimento patrimonial que se le ocasionó al Estado por cuenta de las tierras baldías que han sido usurpadas 970.

La Problemática de la Restitución de Tierras Continúa y se Profundiza

Los campesinos presentaron sus quejas y requirieron que el Gobierno incorpore al proceso de negociación sus demandas.

Los reclamantes de predios en Urabá estamos cansados de sufrir las injusticias del desplazamiento forzado mientras esperamos una restitución de tierras que nunca llega.

Exigimos la conformación de una Mesa de Concertación con el Gobierno Nacional con el único propósito de negociar el futuro de la restitución de tierras.

Cerca de quinientos campesinos agrupados en la Asociación Tierra y Paz, decidieron congregarse en la hacienda Monteverde, Vereda Villa Rosa, corregimiento Nuevo Oriente del Municipio de Turbo, Urabá Antioqueño, donde varias de sus familias reclaman la restitución de veintiocho predios que fueron despojados de manera violenta en los años 1995, 1996 y 1997, y que actualmente se encuentran en manos del empresario Fabio Moreno. Allí permanecieron de manera pacífica hasta que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, instale la mesa de concertación y atienda su legítimo reclamo como víctimas.

En este proceso propusieron que la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) sirvan como garantes de la negociación, cuyas peticiones son las siguientes:

    Derogar el Decreto de micro-focalización dado que entorpece los procesos de devolución de predios;

    Aplicar estrategias de restitución colectiva y administrativa de tierras;

    Brindar garantías para que los campesinos que retornaron sin acompañamiento institucional esperen la restitución en sus tierras;

    Entregar ayuda de asistencia humanitaria a los campesinos retornados;

    Garantizar esquemas de protección colectiva a todos los asentamientos de retornados sin acompañamiento del Estado;

    Implementar procesos de atención, estabilización y reparación colectiva;

    Investigar y castigar a los responsables de las amenazas y señalamientos a los reclamantes y a los defensores/as de los despojados;

    Garantizar nuestro legítimo derecho a la organización, la movilización y la opinión;

    Constituir una veeduría internacional para el proceso de restitución en Urabá.

Desde hace veinte años que la violencia los victimizó de múltiples formas y les arrebató sus tierras. Muchas de sus fincas fueron a parar a manos de empresarios después de que les fueran quitadas por grupos paramilitares.

En el 2005, con la Ley de Justicia y Paz, tuvieron la esperanza de recuperar sus predios, pero esa norma no fue la solución. En el 2011, con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que acogieron y respaldaron, nuevamente tuvieron la ilusión de recuperar sus fincas, pero pasaron cuatro años y lo único que les quedó fue la frustración, el señalamiento y, en algunos casos, hasta la persecución judicial de sus líderes y de quienes han intentado defender sus derechos como víctimas.

Luego de observar cómo el Presidente de la Corte Constitucional y una alta funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, han formado parte del despojo de tierras, entendieron por qué no se les garantizaron sus derechos.

Estuvieron dos décadas sufriendo, y diez años esperando una solución por parte del Estado:

No estamos dispuestos/as a seguir esperando mientras nuestras familias se descomponen en las ciudades a causa del desplazamiento, la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades.

Reclamamos nuestra tierra para cultivar, para vivir con dignidad, para criar a nuestras familias, para construir la Paz en nuestros territorios 971.

El Fin del Conflicto Requiere de la Restitución Efectiva de Tierras

El fin del conflicto requiera de la restitución efectiva de tierras. Probablemente lo acordado en La Habana el 23 de junio del 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC, puede ser considerado como uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país. Pareciera que, después de tantos años de degradación, triunfa la vía civilizada frente a la idea del aniquilamiento como vehículo para resolver las diferencias políticas. Sin embargo aún estamos lejos de la sociedad donde brotan ríos de miel, los retos son enormes de cara a convertir la Paz en un instrumento de democracia y justicia que evite de forma definitiva la vuelta a la violencia.

Una de las cuestiones medulares del pacto social en Colombia es la tierra, el conflicto armado ha estado asociado a la desigualdad, la concentración de la propiedad, el daño ambiental y la exclusión histórica de las comunidades en la configuración política y económica de los territorios. El futuro de la Paz depende de la superación de estas problemáticas, garantizando, a la vez, el mayor nivel de reparación integral a las víctimas despojadas de sus tierras por causa del conflicto armado.

Restitución de tierras y justicia social en el campo comparten un horizonte común que las hace interdependientes, esto se expresa claramente en la normativa internacional.

De los denominados “Principios Phineiro” es posible inferir que la restitución de tierras debe aportar al logro de una Paz sostenible, que promueva el desarrollo social y económico, y en esa medida permita la integración de estas reflexiones en un marco bajo el cual se promueva la reconciliación.

Naciones Unidas ha reconocido la importancia de la restitución en la consecución de soluciones duraderas que permitan a las víctimas superar la pobreza y la dependencia como consecuencia de los hechos victimizantes. Por otra parte, instrumentos como las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, suscriptas por Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es el logro de la seguridad alimentaria, prescriben a los Estados una serie de medidas que guardan relación directa con la restitución de tierras en sociedades donde persiste el conflicto. La convergencia e interdependencia entre restitución y justicia social en el campo se expresa también en los Acuerdos de La Habana. Si se estudia el capítulo sobre la cuestión agraria allí no solo se reafirman los objetivos de una restitución de tierras efectiva y sostenible, sino que se promueve democratizar el acceso a la tierra a partir de varias iniciativas:

i) la actualización del catastro de tierras;

ii) el fortalecimiento de la financiación de la política rural;

iii) la configuración de una auténtica jurisdicción agraria;

iv) el apoyo a las economías campesinas; y

v) la adopción del enfoque territorial y de género.

La puesta en marcha de estos objetivos implica medidas de “doble propósito”, como por ejemplo lograr que efectivamente los bienes arrebatados a las mafias o a los grupos armados ilegales, fortalezcan el fondo de tierras y financien restitución y política social, o aprovechar el diseño y la capacidad institucional de la restitución de tierras para conformar una jurisdicción agraria especializada que en un futuro ayude a resolver estos conflictos, aplicando un marco jurídico diseñado en favor de los campesinos.

Por el lado del movimiento social, se identifican iniciativas que van en la vía de esta necesaria convergencia, tales como el reconocimiento del campesino como sujeto político y las exigencias de democratización y participación en la configuración de las estructuras sociales agrarias, aspecto que ha sido abordado por Naciones Unidas a través de su estudio sobre la promoción de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esta perspectiva que se materializa en una propuesta de reforma a la Constitución, busca superar la estrecha concepción del campesino como “trabajador agrario” que trae el Artículo 64 de la Constitución vigente, bajo el cual en la práctica se le margina de las decisiones importantes, relegando los destinos del campo a los intereses de las economías transnacionales y de las clases poderosas.

En oposición con las tendencias integradoras descriptas sucintamente, en el contexto actual, también es posible apreciar concepciones que descalifican la restitución de tierras o pretenden darle un alcance limitado que impida la transformación de la estructura social agraria. Esto se puede evidenciar en la postura que defienden abiertamente el Dirigente gremial José Félix Lafaurie y la Senadora María Fernanda Cabal, apoyados por el hoy Procurador General Alejandro Ordoñez, quienes han llegado a plantear que la restitución de tierras es una forma encubierta de darle beneficios a la subversión o que las víctimas que interponen solicitudes de restitución son unos oportunistas. Estas afirmaciones se dan en un contexto en el que se llevan a cabo procesos de restitución en zonas donde ha habido un evidente predominio paramilitar, en las que hoy en día algunas de las personas, que guardaron relación con estos grupos o que se beneficiaron del despojo o del abandono, se oponen a decisiones judiciales que los obligan a devolver la tierra.

En un sentido similar, el Senador Antonio Guerra de la Espriella ha propuesto una reforma a la Ley 1448 de 2011, con la finalidad de disminuir algunos estándares establecidos por esta norma en favor de las víctimas, y en su lugar relegar de la carga de la prueba de despojo o abandono de predios a los terceros que se encuentren en los predios objeto de restitución y exonerarlos de la demostración de la buena fe exenta de culpa, requisito que actualmente contempla esta norma, para que proceda la compensación. La propuesta busca reforzar una visión limitada de la restitución de tierras, ya que en buena medida intenta blindar los predios en poder de terceros que posiblemente se beneficiaron de la situación de violencia, haciendo más difícil la labor de demostrar que accedieron a estos legítimamente.

La Corte Constitucional en un fallo de constitucionalidad y desde una aproximación integradora, de forma contraria a lo que se ha planteado en este proyecto de ley, ha sostenido que las exigencias procesales y probatorias que exige la Ley de víctimas, deben ser mantenidas como regla general y que solo frente a poseedores vulnerables sin relación con hechos victimizantes, es posible adoptar tratos diferenciados para que puedan acceder a medidas de atención o lograr la compensación y de esta forma favorecer la reconciliación al interior de los territorios y reactivar la economía campesina.

El camino hacia la superación del conflicto armado es complicado, la reflexión sobre la cuestión rural debe continuar el curso de la proximidad e integración, dando cabida a las posiciones heterogéneas que dentro de esta se formulen. Aquí tan solo se han dado pistas de ese horizonte común que, a su vez, deja en evidencia los riesgos de posturas minimalistas que descalifican o escinden restitución y justicia social y que ponen en riesgo el logro de una Paz sostenible. El momento actual exige insistir en un consenso frente a este tema, que evite por todos los medios el regreso a la violencia 972.

Violencia de Género, Postconflicto y Desarrollo Agrario

La Mujer en el Postconflicto

Uno de los temas planteados, fue que las transformaciones agrarias que se pretenden realizar en la transición al postconflicto, tengan una perspectiva de género. Contemplar el tema del derecho a la propiedad para las mujeres, en calidad de seres autónomos, de ciudadanas por derecho propio, no sólo como esposas o compañeras o parejas de un hombre. La titulación conjunta de la tierra a la pareja de esposos no es suficiente, porque en la práctica siguen considerando al hombre como jefe de familia y amo y señor de la tierra y de su producción. No basta con que sean las mujeres demandantes del proceso de restitución de tierras las que obtengan el título de propiedad de acceso a la tierra; se debe generar una política pública más amplia que garantice el acceso formal a la propiedad de la tierra para todas las mujeres rurales.

Lo más importante es lo que pase después del fallo del Juez de restitución. Hay hombres y mujeres por primera vez titulares de tierras, mujeres propietarias, formalmente autónomas; pero, no necesariamente eso es sostenible económica y socialmente, ni significa más democracia y equidad. Depende del contexto territorial en que se desarrolle la restitución y los poderes e intereses que se mueven en ella. Es importante el acompañamiento técnico, los proyectos productivos, y las medidas como acceso al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para mayor capacitación y acceso a la seguridad social, con prioridad para las mujeres rurales. Esas son medidas importantes para generar condiciones para reconstruir la comunidad campesina pero, el tema clave, en términos de equidad de género, es la organización y participación de las mujeres, para afianzar su rol en la economía campesina y en la reconstrucción del tejido social, y para combatir las formas de violencia contra ellas. Se está trabajando en el tema de protección de mujeres líderes, pero la mejor forma de luchar contra la violencia de género es el empoderamiento y la participación en redes de vigilancia entre mujeres.

Tradicionalmente la seguridad alimentaria ha estado en manos de mujeres, pero no se debe reducir el papel de las mujeres rurales al renglón de los alimentos, asociados al ámbito doméstico tradicional. Esa es una de sus capacidades que se puede desarrollar más, sumada a otras formas de producción y tecnologías para el desarrollo rural, en las que pueden incursionar las mujeres. Las mujeres pueden liderar sectores de la economía campesina, rompiendo los imaginarios tradicionales de que ellas no saben de la producción agropecuaria 973.

Acuerdo Gobierno-FARC sobre Enfoque de Género

Uno de los puntos pendientes de acordar en la etapa final de las negociaciones de Paz de La Habana, era lo referente a la equidad de género y garantías de participación de la mujeres y población LGTBI. El Acuerdo anunciado desde La Habana contempla medidas especiales para que las mujeres puedan participar en política con garantías de equidad y con la finalidad de ampliar los derechos políticos como “un acto de justicia con esa mitad de la población colombiana”.

La inclusión de un enfoque de género, busca crear condiciones para que mujeres, y personas con identidad sexual diversa, puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado.

En la Mesa de Conversaciones, las Partes con conscientes que las transformaciones que necesita el país para construir la Paz, no podrán ser posibles sin una sociedad que reconozca y respete las diferencias y en donde queden en el pasado las estigmatizaciones y discriminaciones en razón del género.

La Subcomisión de género, instalada el 11 de septiembre del 2014 y compuesta por mujeres y hombres, de cada una de las delegaciones revisó e incluyó el enfoque de género en los Puntos 1: “Hacía un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, 2: “Participación Política, Apertura democrática para construir la Paz” y 4: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, y acompañó la construcción del Punto 5: “Víctimas” y los Acuerdos alcanzados en el Punto 3: “Fin del Conflicto”.

En la Subcomisión, participaron representantes de las víctimas, sesenta porciento de las cuales fueron mujeres, de las dieciocho organizaciones de mujeres y de la comunidad LGTBI, diez expertas colombianas en violencia sexual, expertas internacionales y ex guerrilleras de varias partes del mundo. También acompañaron en la firma del Acuerdo Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer; otras representantes de la Organización mundial así como de organizaciones sociales de los países acompañantes Cuba y Noruega.

La incorporación de un enfoque de género en los Acuerdos alcanzados gira alrededor de ocho ejes temáticos:

1. Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones;

2. garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural;

3. promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos;

4. medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres;

5. acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición;

6. reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas;

7. gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y social; y

8. sistemas de información desagregados.

Se Pactó:

A. En el Punto 1: “Hacía un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, se incluyeron medidas para observar las necesidades específicas de las mujeres a raíz de que no están en las mismas condiciones que los hombres en la economía campesina.

Las medidas van encaminadas a la formalización de la propiedad en igualdad de condiciones, la representación equilibrada de hombres y mujeres antes instancias de alto nivel para la formulación de lineamiento generales de uso de la tierra, el acceso a proyectos de economía solidaria y la perspectiva de género para el plan nacional para la comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria.

Se incluyeron temas de asesoría legal, formación y educativos de las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y a becas con créditos condonables, así como el incremento de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales.

En temas de educación se prevé el acceso a becas con créditos condonables e incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales.

B. En el Punto 2: “Participación Política: hacía una apertura democrática para construir la Paz”, las medidas tienen el objetivo de facilitar el derecho de las mujeres a participar en instancias que aborden el tema de garantías para la oposición, el acceso a autoridades de todo nivel y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos tantos de mujeres como de jóvenes y población LGTBI.

Se pactó la protección especializada a mujeres elegidas popularmente por medio dela evaluación de riesgos, no solo de ellas sino de las personas de su entorno y la realización de una campaña de cedulación masiva en las zonas más afectadas por el conflicto.

C. En el Punto 4: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, se integrarán mujeres como “sujetos activos de los procesos de concertación en la sustitución voluntaria” al Programa Nacional Integral de Substitución (PNIS) y a estas se les garantizará el sustento.

El programa nacional de intervención para el tema de drogas ilícitas también tendrá un enfoque de género para que las medidas respondan a las necesidades y realidades de los consumidores y se tenga en cuenta la relación del consumo de drogas con problemas de violencia de género, intrafamiliar y sexual.

D. En el Punto 5: “Víctimas”, se pactó la creación de un grupo de trabajo de género dentro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, para que se evidencien las formas en que el conflicto afectó a las mujeres. Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá un equipo de investigación para casos de violencia sexual.

Por otra parte, los delitos de violencia sexual, la substracción de menores de edad, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños y niñas no serán amnistiables 974.

Acuerdo (Parcial) del Primer Punto de la Mesa de Negociaciones de La Habana

Pese a los planteos realizados por los diferentes sectores y grupos de la sociedad colombiana, el Gobierno de Juan Manuel Santos no adoptó un sistema de “diplomacia de vías múltiples”, que permitiría la participación activa de los diferentes interesados y/o damnificados, manteniendo la negociación en el terreno estrictamente bilateral Gobierno-FARC, incluso sin haber abierto negociaciones con el otro grupo subversivo: el ELN y planteando la alternativa de hacerlo por separado.

De esta manera, los Acuerdos que se adoptan, aunque parciales, contemplan el debate bilateral, sin garantías de que se hayan agotado las demandas y aspiraciones de todos los sectores y grupos colombianos que se han expresado, lo que puede generar futuras reacciones y mantener el conflicto latente.

El Gobierno Nacional y las FARC, luego de algunos meses de conversaciones en los que se intercambiaron visiones y propuestas sobre los Subpuntos del Punto 1 de la Agenda del Acuerdo General y según lo anunciado el 26 de mayo del 2013, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC, llegaron a un Acuerdo parcial sobre el Primer Punto de la Mesa de negociaciones, que titularon: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral” 975.

Descripción del Acuerdo:

Borrador Conjunto

Los delegados de! Gobierno de la República de Colombia (el Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), respecto a:

I. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural integral (RRI)

Consideran:

Que en el marco del presente Acuerdo para la Terminación del Conflicto, la Reforma Rural Integral, en adelante RRI, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera.

Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos de! conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión de! campesinado y el atraso de las comunidades rurales.

Que la RRI concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural.

Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia.

Que una verdadera transformación estructural de! campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de los habitantes del campo yen particular alas mujeres y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.

Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural.

Que en su visión, la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria. La RRI hará mayores esfuerzos en la población más vulnerable para garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir y fortalecer sus formas de organización y producción.

Que la RRI en materia de alimentos y nutrición pretende asegurar para todos los ciudadanos rurales y urbanos en Colombia disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición, especialmente la de los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes y adultos mayores, promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación de ingresos.

Que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI dependen en gran medida de la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde estas tengan capacidad de transformación e Incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados. La participación es así mismo garantía de una mayor inclusión de las comunidades rurales en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación.

Que a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de la frontera agrícola, contribuyen los campesinos y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y demás comunidades étnicas en sus territorios, con un ordenamiento socio-ambiental sostenible. Para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina y demos formas de asociatividad solidaria.

Que la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de programas de desarrollo con enfoque territorial, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y garantizar la sostenibilidad socio-ambienta!.

Que el desarrollo rural Integral se llevará a cabo en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan una atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria.

Principios

Para el desarrollo de la discusión del primer punto de la Agenda del Acuerdo General acordamos los siguientes principios:

1. Transformación estructural: es decir la transformación de la realidad rural con equidad y democracia,

2. Bienestar y buen vivir: el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos y las comunidades, incluidas las afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial y la diversidad étnica y cultural de las comunidades.

3. Priorización: la política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza la población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, y hace énfasis en el pequeño y mediano productor. Especial atención merecen los derechos de los niños, las mujeres y los ancianos.

4. Integralidad: asegura la productividad, mediante programas que acompañen el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistenta técnica, crédito, riego y comercialización y con otros medios de producción que permitan agregar valor. También asegura oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad (seguridad y soberanía alimentaria).

5. Restablecimiento: el restablecimiento do los derechos de las víctimas del desplazamiento y del despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y del abandono sobre comunidades y territorios.

6. Regularización de la propiedad: es decir, lucha contra la legalidad en la posesión y propiedad de la tierra y garantía de los derechos de los legítimos poseedores y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra.

7. Participación: la planeación, la ejecución, y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades, que es además garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial de los organismos competentes.

8. Beneficio, impacto y medición: teniendo en cuenta la priorización, debe beneficiar e impactar al mayor número de ciudadanos, con la mayor intensidad y en el menor tiempo posible, y medir sus efectos en cada proyecto y región.

9. Desarrollo sostenible: es decir, protección y promoción del acceso al agua y es ambiental y socialmente sostenible, dentro de una concepción ordenada del territorio.

10. Presencia del Estado: para la construcción de una paz estable y duradera la presencia del Estado en el territorio rural será amplia y eficaz, y se expresará en el cumplimento de los derechos de todos los ciudadanos en democracia.

11. Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra: mecanismos y garantías que permitan que el mayor número posible de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades.

* La introducción a los principios es un acápite transitorio.

* Las FARC-EP insisten en la necesidad de establecer un principio de soberanía alimentarla en la definición de las políticas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial. El Gobierno nacional insiste en que el punto según se acordó en el Acuerdo General (Subpunto 6 del Punto 1) se denomina sistema de seguridad alimentaria.

1. Acceso y Uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

1.1. Fondo de Tierras (pendiente el apellido)

Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra, el Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras dispondrá de (xxx) millones de hectáreas, en un período de (xxx) años, las que provendrán de las siguientes fuentes:

a. Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación: el Gobierno Nacional adelantará las reformas necesarias para agilizar el proceso judicial de extinción, con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras.

b. Tierras recuperadas a favor de la Nación: es decir, baldíos indebidamente apropiados u ocupados, recuperados mediante procesos agrarios, sin perjuicio de los campesinos que puedan set beneficiarios del programa de formalización. (Esta fuente deberá resultar fortalecida con la formación y actualización catastral que se adelantará en el marco de este Acuerdo).

c. Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserve Forestal, con destino a los beneficiarlos del Fondo de Tierras: la substracción de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación, con la participación de las comunidades, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental.

d. Tierras inexplotadas: tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.

e. Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública: adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural, con la correspondiente indemnización.

f. Tierras donadas: el Gobierno Nacional adelantará las gestiones necesarias para facilitar los procedimientos de donación de tierras al Fondo de Tierras, en el marco de la terminación del conflicto y de la construcción de la Paz.

1.2. Otros mecanismos pare promover el acceso a la tierra: como complemento de los mecanismos anteriores, el Gobierno Nacional se compromete a:

1.2.1. Subsidio integral pare compra: se otorgará un subsidio integral pare la compra de tierras por parte de los beneficiarios (ver 1.3.), en los zonas priorizadas y como herramienta alternativa que contribuya a solucionar problemas puntuales de accesos alternativos como crédito y subsidio para compra para contribuir a superar la proliferación de minifundios improductivos.

* Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), lo establecido en el Art. 38 de la Ley 160 de 1994.

1.6. Tierras inalienables e inembargables: con el fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de las familias beneficiadas y de evitar la concentración de la tierra distribuida mediante la adjudicación gratuita o subsidio integral para compra y los baldíos formalizados, éstos y aquella serán inalienables e inembargables por un período de 7 años. Pasarán al Fondo de Tierras los predios distribuidos y los adquiridos mediante el subsidio integral para compra que hayan recibido apoyo integral y sin embargo caigan durante este período en situación de inexplotación por parte del beneficiario, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o que sean usados ilegalmente. En todo tiempo se promoverá y protegerá la función social de la propiedad rural y, en particular, la agricultura familiar.

1.7. Restitución: el Gobierno Nacional y las FARC-EP comparten el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra, y que se produzca el retorno voluntario de los desplazados.

* Se revisarán las conclusiones del Punto 5 del Acuerdo General, para ver si modifican o no el contenido de este Punto 1.7.

1.8. Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria: con el propósito de contribuir en la regularización y protección de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado de la tierra, mejorar su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia, yen particular solucionar los conflictos que amenacen o limiten la producción de alimentos, el Gobierno Nacional:

a. Creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos. Además, pondrá en marcha con igual propósito, una nueva ]jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza.

b. Creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de las instancias de participación. En el desafío de los lineamientos se tendrá en cuenta:

1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad;

2) la compatibilidad entre vocación y uso del suelo rural;

3) la prioridad.

1.2.2. Crédito especial para compra: Se abrirá una nueva línea de crédito especial subsidiada de largo plazo para la compra de tierras por parte de los beneficiarios (ver 1.3.).

1.3. Beneficiarios: los beneficiarios del plan de adjudicación gratuita, y del subsidio integral y el crédito especial, serán trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada. También podrán ser beneficiaras asociaciones de trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, substituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.

Los beneficiarios del plan de adjudicación gratuita y del subidlo integral serán seleccionados con la participación de las comunidades locales, como garantía de transparencia y eficacia. Gobierno y comunidades velarán por evitar la especulación con la tierra en el marco de estos programas.

1.4. Acceso integral: en desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir, y de integralidad, además del acceso a tierra, et Gobierno Nacional pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de Tierras, planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos donde sea necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor, entre otros, y escalará la provisión de bienes públicos en el marco de los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, en adelante PDET.

1.5. Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural: con el propósito de regularizar y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, garantizar los derechos de los legítimos dueños y poseedores de la tierra, de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con ella y como garantía contra el despojo de cualquier tipo, el Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia. En desarrollo de este propósito el Gobierno:

1.5.1. Adecuará un plan de formalización masiva y adelantará las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones.

1.5.2. Garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural, acompañando tanto el proceso de adjudicación de baldíos, como el de saneamiento de la propiedad.

1.5.3. En el marco de la jurisdicción agraria que se cree, el Gobierno se asegurará de la existencia de un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad.

1.5.4. En caso de que la propiedad formalizada sea inferior a una Unidad Agrícola Familiar (UAF)*, el pequeño propietario formalizado podrá también ser beneficiario del plan de acceso del Fondo de Tierras y de los mecanismos de la producción de alimentos para el desarrollo del país, que permita que coexista con otras actividades económicas y promocionando su progresión hacia la autosuficiencia; 4) las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios.

c. Promoverá el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio.

d. Creará mecanismos de concertación y diálogo social entre el Gobierno Nacional, regional y local, los campesinos y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y otras comunidades en donde conviven diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten su actividad económica en los territorios rurales, con el fin de generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad.

1.9. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural: con el propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral, incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva, yen general regularizar con transparencia la propiedad de la tierra, el Gobierno Nacional pondrá en marcha:

1.9.1. Un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito, que en un plazo máximo de (xx) años concrete la formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía municipal. En desarrollo de los principios de Priorización y de Bienestar y Buen vivir, este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas, en el marco de lo que acuerden el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

1.9.2. Apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para la formación, donde sea necesario, actualización y conservación del catastro rural.

1.9.3. La garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia de la información. En todo caso, los asuntos de orden catastral, que tengan que ver con las comunidades rurales, contarán con la participación de sus integrantes. En ningún caso lo aquí acordado afectará tos derechos adquiridos por las comunidades indígenas y afrodescendientes y demás comunidades rurales.

1.9.4. Un sistema para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto predial, en desarrollo de la actualización catastral y dentro del marco de su autonomía.

1.9.5. La adecuación de una normatividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto predial en desarrollo del principio de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social.

1.9.6. incentivos a los municipios incluyendo, cuando sea necesario, transferencias a las finanzas municipales, para que adopten exenciones al impuesto predial para los beneficiarios de los programas de acceso y para los pequeños productores.

Los propósitos de la formación y actualización integral del catastro, como del registro de inmuebles rurales, además de obtener el mejoramiento sostenible de la información y de los procesos catastrales, apuntarán a dar seguridad jurídica y social, especialmente a la pequeña y mediana propiedad rural, en beneficio de la producción alimentarla y del equilibrio ambiental.

* Las FARC-EP consideran qua en el desarrollo de este Punto se requiere acompañamiento internacional La discusión se dará en el marco del Punto 6 del Acuerdo General.

* Pendiente de discusión colofón propuesto por los FARC-EP: En desarrollo de la transformación de las relaciones de propiedad sobre la tierra, el Gobierno desarrollará políticas de superación del microfundio y de la concentración de la tierra, basadas en el estímulo a/as formas asociativas, comunales y de cooperación en la tenencia y el uso de 1a tierra. La definición de minifundio se apegará a lo conceptuado para el IGAC.

* Pendiente: En el marco del punto 5 del Acuerdo General, se discutirá el establecimiento de un capítulo especial sobre el desplazamiento y el despojo como parte de un mecanismo independiente de esclarecimiento de la verdad.

1.10. Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva: con el propósito de delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental y generar para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de participación de las comunidades rurales y desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional

1.10.1. Desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demos fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional.

1.10.2. Para el desarrollo del Plan, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades rurales como garantía del cumplimiento de los propósitos de este Punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socio-ambientales y del bien común.

1.10.3. Apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de, los áreas de especial interés a las que se alude en el punto 1.9.1., en la estructuración de planes para su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental, tales coma: prestación de servicios ambientales, dando especial reconocimiento y valoración a los intangibles culturales y espirituales y protegiendo el interés social; sistemas de producción alimentaria sostenible y silvopastoriles; reforestación; Zonas de Reserva Campesina; y en general, otras formas de organización de la población rural y de la economía campesina sostenibles.

1.10.4. Con el fin de promover el uso adecuado de la tierra, además de la nueva estructura catastral y de la progresividad del impuesto predial (1.8.), el Gobierno adoptará las medidas y creará los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real, teniendo en especial consideración el plan de zonificación ambiental del que trata este punto y teniendo en cuenta el principio de Bienestar y Buen Vivir. Las substracciones de las Zonas de Reserva Forestal a las que se refiere este Acuerdo, priorizarán el acceso a la tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, a través de diferentes formas de organización o asociación, incluidas las Zonas de Reserva Campesina, que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar.

1.10.5. Las ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de Paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos. En consecuencia, el Gobierno Nacional, en concertación con las comunidades, y teniendo en cuenta lo planteado en los principios 2 y 7 del presente Acuerdo, promoverá el acceso a la tierra y la plantificación de su uso en las ZRC, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que estas consideren representativas de manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina, contribuir al cierre de la frontera agrícola, aportar a la producción de alimentos y a la protección de las Zonas de Reserva Forestal. Se promoverá la participación activa de las comunidades que habitan en las ZRC en la ejecución de sus planes de desarrollo.

1.10.6. En el marco de los procesos de constitución de ZRC, el Gobierno, como resultado de mecanismos de concertación, definirá con las comunidades interesadas las áreas de cada una de ellas, atendiendo las necesidades de los campesinos que adelantan o quieran adelantar procesos de constitución. La constitución de las ZRC estará acompañada de procesos de formalización de la propiedad.

2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

2.1. Objetivo: el objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que se asegure:

    El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales, haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto;

    La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza.

    El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, microempresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica;

    El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas per el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas y concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo;

    El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo;

    Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en et que redes trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la Paz derecho y deber de obligatorio cumplimento.

2.2. Criterios de priorización: el proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país. Se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este acuerdo. Los criterios de priorización de las zonas serán:

    Los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas;

    El grade de afectación derivado del conflicto;

    La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión;

    La presencia de cultivos de use ilícito y de otras economías ilegítimas.

2.3. Planes de acción para la transformación regional: para cumplir con los objetivos de los PDET, en cada zona priorizada es necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación regional, que incluya todos los niveles del ordenamiento territorial, concertado con las autoridades locales y las comunidades. Los planes deben contemplar:

    El enfoque territorial de las comunidades rurales que tenga en cuenta tas características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, y la vocación de los suelos, para poder desplegar los recursos de inversión p0blica de manera suficiente y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación.

    Un diagnóstico objetivo, elaborado con la participación de las comunidades, en el que se consideren las necesidades en el territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos, y tenga metas claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las condiciones de vida y de producción,

El Plan Nacional de Desarrollo acogerá̈ las prioridades y metas de los PDET.

2.4. Mecanismos de participación: la participación activa de las comunidades en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales, es la base de los PDET. Para ello se establecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, en las que se incluya la presencia representativa de las comunidades y el acompañamiento de los órganos de control, para:

    Definir las prioridades en la implementación de los planes nacionales (vías, riego, infraestructura, servicios, etc.) en el territorio, de acuerdo con las necesidades de la población;

    Asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento;

    Establecer mecanismos de seguimiento y veeduría de los proyectos.

2.5. Medios: los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se deriven del Acuerdo.

El Gobierno nacional destinar los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de los planes de acción para la transformación estructural, con el concurso de las entidades territoriales.

2.6. Seguimiento y evaluación: los programas y planes de acción para la transformación regional de cada zona priorizada tendrán mecanismos de seguimiento y evaluación local, regional y nacional, como parte de los mecanismos generales de verificación y seguimiento de los que trata el Punto 6 para garantizar que 1o que se acuerde, se implementa y se cumple.

* Pendiente revisar institucionalidad para la implementación de los planes en las zonas no priorizadas.

3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral

El objetivo central de los planes nacionales para la Reforma Rural integral es por una parte la superación de la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la Integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.

La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna. Por eso la superación de ,a pobreza en el campo depende, ante todo, de la acción conjunta de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, que en una fase de transición de 10 años, logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.

3.1. Infraestructura y adecuación de tierras

3.1.1. Infraestructura vial: con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía de (seguridad alimentaria *) y mejorar el ingreso de la población campesina, el gobierno nacional creará e implementará un Plan Nacional de Vías Terciarias. En su desarrollo, el Plan tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a. La participación activa de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras.

b. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras.

c. E! estímulo a la economía local dando prioridad a la contratación de trabajadores y adquisición de materiales locales.

d. La promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas.

e. La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones socioambientales.

* Pendiente discusión 1.6. seguridad-soberanía alimentaria.

3.1.2. Infraestructura de riego: con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar y la economía campesina en general, garantizando el acceso democrático y ambientalmente sostenible al agua, el gobierno nacional creará e implementará el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de riego y drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria, de acuerdo con las particularidades de las zonas, del proyecto productivo y de las comunidades.

b. La recuperación de la Infraestructura de riego de la economía campesina, familiar y comunitaria.

c. El acompañamiento alas asociaciones de usuarios en el diseño y formulación de los proyectos de riego y drenaje.

d. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la administración y la sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos de riego y drenaje.

e. La promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el riego.

f. La preparación para mitigar los riesgos originados por el cambio climático.

3.1.3. Infraestructura eléctrica y de conectividad: con el propósito de garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad, el Gobierno nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de Electrificación Rural y un Plan Nacional de Conectividad Rural, con los siguientes criterios:

a. La ampliación de la cobertura eléctrica.

b. La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades.

c. la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras.

d. La capacitación en el uso adecuado de la energía para garantizar su sostenibilidad.

e. La instalación de la infraestructura necesaria para garantizar et acceso a internet de alta velocidad en las cabeceras municipales.

f. La oferta de soluciones de acceso comunitarito a internet para centros poblados.

3.2. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

3.2.1. Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para e! desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La construcción y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un diagnóstico amplio y participativo que permita atender al mayor número de usuarios en cada región, la dotación de equipos, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la atención (ej. Telemedicina), y la disponibilidad y permanencia de personal calificado.

b. La adopción de un enfoque diferencial y de género, incluyendo medidas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud.

c. La creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención, que permita brindar atención en los hogares o en los lugares de trabajo.

d. Un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y oportunidad de la atención.

3.2.2. Educación rural: con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertenencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, el Gobierno nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La cobertura universal con atención integral a la primera infancia.

b. Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten a tas necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque diferencial.

c. La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información.

d. La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar básica y media.

e. El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación escotar y transporte.

f. La oferta de programas e Infraestructura de recreación, cultura y deporte.

g. La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media (décimo y once).

h. La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de la población rural más pobre a servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutención.

i. La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas.

j. La implementación de un programa especial para la eliminación del analfabetismo rural.

k. El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecno1ógico para el sector agropecuario, en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc.

l. Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales.

m. Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural.

3.2.3. Vivienda y agua potable: con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a los habitantes del campo, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencia.

b. La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (acueductos veredales y soluciones individuales) para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales.

c. El otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de vivienda, que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios del Plan de distribución de tierras y a la mujer cabeza de familia. Los montos del subsidio no reembolsable, que podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda, se fijarán atendiendo los requerimientos y costos de construcción en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna.

d. La participación activa de las comunidades en la definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos.

e. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales.

f. Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable.

3.3. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia Técnica. Subsidios, crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

3.3.1. Estímulos a la economía solidarla y cooperativa: con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación, que fortalezcan la capacidad de los pequeños productores de acceder a bienes y servicios o comercializar sus productos yen general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan nacional de fomento a la economía solidarla y cooperativa rural. Para el desarrollo de! Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. El acompañamiento, apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales en la creación y fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarlas y comunitarias, especularmente aquellas vinculadas con la producción y el abastecimiento alimentado, en particular la producción orgánica y agroecológica, y las organizaciones de mujeres.

b. El fortalecimiento de las capacidades productivas y de las condiciones de acceso a los instrumentos de desarrollo rural (medios de producción, asistencia técnica, forración y capacitación, crédito y comercialización, entre otros).

c. Estimular la economía solidaria y cooperativa corno medio para canalizar recursos y servicios a la población rural.

d. El apoyo a las organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a la gestión de proyectos de Infraestructura y equipamiento (vías, vivienda, salud, educación, agua y saneamiento básico, riego y drenaje).

3.3.2. Asistencia técnica: con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de Impulso a la investigando. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La garantía de la provisión del servicio de asistencia integral, técnica y tecnológica (avances en !os aspectos técnico-productivos, organizativos y sociales, de gestión, administración, informática, finanzas, mercadeo y capacitación) a la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, de manera descentralizada. La asistencia integral técnica y tecnológica es un servicio público gratuito para los beneficiarios del Fondo de Tierras y para los pequeños productores, y contar con un subsidio progresivo para los medianos productores.

b. La regulación y supervisión de la calidad del servicio de asistenta técnica y tecnológica, incluyendo un sistema de seguimiento y evaluación participativo y comunitario.

c. La vinculación de la asistencia técnica y tecnológica con los resultados de procesos de investigación e innovación agropecuaria, incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y la información.

d. La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas pare que las comunidades puedan acceder al material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación.

3.3.3. Subsidios, generación de ingresos y crédito: además de los subsidios que el Gobierno Nacional otorgará a la economía campesina, familiar y comunitaria mediante los planes y programas de distribución de tierras, asistencia técnica, vivienda, infraestructura y, en general, de todos los bienes y servicios sociales que constituyen el acceso integral, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores ingresos. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La provisión de recursos de capital semilla no reembolsables qua permitan et arranque exitoso de los proyectos productivos de los beneficiarios de distribución de tierras.

b. La promoción de fondos agropecuarios rotatorios de las asociaciones de pequeños productores y de los medianos con menores ingresos.

c. La adopción de un sistema de garantías qua facilite el acceso de la economía campesina, familiar y comunitaria al crédito agropecuario.

d. A la luz de lo acordado en el Punto 1.6. sobre inembargabilidad e inalienabilidad, la provisión de líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la economía campesina, familiar y comunitaria, y actividades complementarias, y con subsidios progresivos pare los medianos productores con menores ingresos, orientados a apoyar especialmente la seguridad (soberanía) alimentaria, la reconversión productiva y la generación de valor agregado. Las líneas de crédito subsidiarias para la compra de tierra se otorgarán exclusivamente a los pequeños productores.

e. La promoción de seguros de cosecha subsidiarios pare la producción agropecuaria de la economía campesina, familiar y comunitaria en todas sus modalidades.

f. El fomento de una cultura de manejo de todo tipo de riesgos.

g. Junto con los manuales de crédito subsidiado, se informará ampliamente y se acompañará prioritariamente a los pequeños productores rurales en el uso de los mecanismos de normalización de cartera, qua les permita retomar la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria en sus predios para proteger su subsistencia.

3.3.4. Mercadeo: con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, y mejorar su disponibilidad como garantía para la seguridad (soberanía) alimentaria, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La promoción de asociaciones solidadas para comercialización que provean información y logística, administren los centros de acopio y promocionen los productos del campo, dando especial atención a las áreas priorizadas, de manera que se minimice progresivamente la intermediación, se reduzca el precio final al consumidor, se propicien relacionamientos directos entre productores y consumidores y se creen condiciones para garantizar mejores ingresos para el productor.

b. Financiación o cofinanciación de centros de acopio para la producción alimentaria de la economía campesina, familiar y comunitaria que atiendan las particularidades y las necesidades de la región así como la promoción de la administración de los centros de acopio por parte de las comunidades organizadas.

c. La promoción en los centros urbanos de mercados para la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria.

d. La promoción de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrían ser verticales u horizontales y en diferente escala, en función de la integración campo-ciudad, en beneficio de las comunidades y para agregar valor a la producción.

e. El diseño e implementación progresiva de un mecanismo de compras públicas para atender la demanda de las entidades y programas institucionales, que de manera descentralizada, fomente la producción local para apoyar la comercialización y absorción de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria.

f. La implementación para el productor, de un sistema de información de precios regionales que se apoye en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

3.3.5. Formalización laboral rural y protección social: el Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural. A la luz delas normas de la OIT de las que Colombia es parte y con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores del campo, y su protección social (protección a la vejez y riesgos laborales), el Gobierno Nacional creará e implementad el Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores rurales.

El Plan habrá de dignificar las condiciones laborales rurales, mediante la aplicación plena, con la inspección del trabajo, de la normatividad sobre relaciones contractuales, la regulación correspondiente sobre jornada, remuneración y subordinación, considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables a los trabajadores, las normas internacionales de la OIT aplicables, sobre el trabajo en general y el trabajo rural en particular, que permitan garantizar de manera efectiva el derecho fundamental al trabajo. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. Campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

b. La garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del Estado.

c. La promoción y estimulo de procesos organizativos de los trabajadores del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, de tal forma que se facilite el acceso a servicios del Estado orientados al bienestar de los trabajadores.

d. La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad.

e. La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales.

f. La capacitación a los trabajadores agrarios y a las empresas, en materia de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la formalización laboral.

g. El fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral.

h. Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en las zonas rurales, se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de la zona. Las condiciones laborales de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional, y se regirán por los principios de dignidad y equidad.

i. La extensión de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la vejez hacia la población rural de tercera edad en extreme pobreza que no está cubierta per el sistema de seguridad social.

3.4. Sistema de seguridad (soberanía) alimentarla: en desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humane a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consume de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y nutricional para la población rural.

La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos, yen general la creación de condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, y demos planes establecidos en el presente acuerdo.

Es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y nutricional propuestos, mediante un sistema que los articule en los territorios y que tomará en cuenta los siguientes criterios:

a. El desarrollo de planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición culturalmente apropiadas, con la participación active de las comunidades, la sociedad, el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales, para articular en el territorio las medidas y establecer las metes.

b. El establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición, con representación del Gobierno y amplia representación de la sociedad y las comunidades, con el fin de proponer y participar en la definición de los lineamientos pare el diseño y puesta en marcha de las políticas alimentarias y nutricionales a través de los planes departamentales y locales, movilizar recursos de la reglón, monitorear el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas.

c. El establecimiento de un consejo nacional de alimentación y nutrición integrado por autoridades nacionales, departamentales y municipales y representantes elegidos en el marco de los consejos departamentales y municipales, que proponga y partícipe en la definición de los lineamientos de la política alimentaria, coordine los planes departamentales y locales, informe y monitoree el riesgo, y haga seguimiento nacional a las metas,

d. El desarrollo de programas centre el hambre y la desnutrición con cobertura nacional, especialmente para la población rural en condiciones de miseria, las mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas, y para la tercera edad. Estos programas incluirán planes de cheque pare la población rural más vulnerable y en pobreza extreme.

e. La adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y afianzar la producción y el mercado Interne, que incluyan asistenta técnica-científica, orientados a promover la cualificación de la economía campesina, familiar y comunitaria, ambiental y socialmente sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y al autoconsumo.

f. La promoción de mercados locales y regionales que acerquen al productor y al consumidor y mejoren los condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en las áreas rurales del país.

g. La realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.

h. Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la comercialización, incluyendo, cuando sean necesarios, apoyos directos para el fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos qua supongan la internacionalización de la economía y la liberalización del comercio.

Propuesta del Gobierno:

* “El Gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos derivados del presente Acuerdo.” (Esta frase iría en el Punto 6 como una de las garantías).

Propuesta FARC-EP:

* “Lo concerniente el compromiso por parte del Gobierno de financiación de políticas, planes, programas, proyectos y demás medidas y procedimientos encaminados a hacer realidad el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, será discutido al llegar al último punto de la Agenda.”

No obstante haber llegado a un Acuerdo sobre el Punto 1 de la Agenda, según el criterio de cada Delegación hay temas pendientes, que se discutirán más adelante en la Mesa, siempre teniendo en cuenta el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.

El Gobierno Nacional y las FARC agradecen especialmente a los países garantes, Cuba y Noruega, por su apoyo decidido a este proceso, que ha permitido avanzar en la construcción de este Acuerdo en un ambiente de confianza y seriedad. Así como a los países acompañantes, Venezuela y Chile, por su permanente apoyo.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, y el Centro de Pensamiento Para la Paz de la Universidad Nacional, en la organización de los foros que se han realizado en Bogotá sobre los temas Agrario y de Participación Política. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia. Por ultimo, las Delegaciones agradecen a los colombianos por su participación través de los diferentes mecanismos de la Mesa. Sus contribuciones han sido insumo de gran importancia para el trabajo. Las Delegaciones los invitan a continuar enviando propuestas a la Mesa de Conversaciones 976.

Este informe no varia lo acordado.

El Gobierno de España Propone Colaborar con la Implementación de este Punto Junto a la FAO

El Gobierno español puso de manifiesto su interés en contribuir al desarrollo sostenible y la elaboración de un programa que complete el de la titulación de las tierras. El primer Punto de los Acuerdos comprende una política de desarrollo agrario que sienta las bases de la transformación del campo.

El Ministro en funciones de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, dijo que ha ofrecido apoyo a la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para desarrollar la agricultura en Colombia a raíz del Acuerdo de Paz recientemente alcanzado.

Tras reunirse en Roma con el Director de esa Agencia, José Graziano da Silva, García-Margallo aseguró que se ha puesto “a disposición de la FAO para trabajar en todos los temas que se refieran al desarrollo agrícola” en Colombia. Entre esas cuestiones, están la del desarrollo sostenible y un programa que complete el de la titulación de las tierras “para que los agricultores encuentren inmediatamente una forma alternativa de vida”.

La FAO anunció que el Gobierno colombiano y las FARC le habían solicitado que acompañe la implementación del primer Punto del Pacto al que han llegado para poner fin a medio siglo de conflicto y que propone una reforma rural integral para desarrollar el campo y reducir la pobreza.

García-Margallo también se mostró dispuesto a aumentar la participación española en la misión especial del Consejo de Seguridad de la ONU que verificará el cumplimiento del Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC.

España “ha estado muy implicada desde el principio en la solución de ese conflicto” y ha impulsado con la Unión Europea (UE) un fondo fiduciario para el postconflicto en Colombia.

El Ministro en funciones analizó con Da Silva el papel de España en América y en Africa, particularmente en la zona del Sahel, a través de programas de cooperación como el de “Hambre Cero”, destinado a acabar con la inseguridad alimentaria. “Sin Estados viables e instituciones fuertes es imposible que el resto funcione”. Consideró “capital un plan de desarrollo que acabe con la pobreza, que es la raíz profunda de las migraciones económicas”.

La Unión Europea debería aportar a ese plan mil ochocientos millones de euros y los países miembros otros mil setecientos millones, si bien el Ministro instó a “acelerar la puesta a disposición de fondos porque de esos últimos solo se han puesto 80 millones”, aportando España los tres millones a los que se comprometió inicialmente 977.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


952 Palenqueros: Descendientes de los esclavos rebeldes que se liberaron. Grupo de personas y familias negras que huyeron de la esclavitud; fundaron poblados ubicados en lugares de difícil acceso, llamados palenques, donde construyeron un proyecto de independencia que les permitió vivir de manera autónoma, al margen de la sociedad esclavista. En Colombia subsisten varias expresiones de palenques, siendo el más representativo el Palenque de San Basilio, en la zona de Cartagena.

953 Propuestas de las FARC sobre el Primer Punto de la Agenda, Kaosenlared.net, 25-1-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/44879-propuestas-6-y-7-de-desarrollo-rural-para-la-Paz-FARC-pide-reconocimiento-pol%C3%ADtico-del-campesinado-de-los-territorios-colectivos-de-ind%C3%ADgenas-afro-descendientes-campesinos.html.

954 Medina Gallego, Carlos, Un camino para la Paz…la agenda histórica del ELN, en Kaosenlared.net, 28-1-2013, http://kaosenlared.net/america-latina/item/45204-colombia-un-camino-para-la-Pazla-agenda-histórica-del-ELN.html.

955 Ver por ejemplo, Riopaila y Cargill, en Scribd, https://es.scribd.com/doc/207855939/Riopaila-y-Cargill.

956 Informe de la FAO 2011, Funcionario de políticas Fernando Soto-Baquero, América Latina: el Problema de las Tierras en Manos Extranjeras, en BBC Mundo en español, 14-12-2011, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/12/111213_estudio_fao_america_latina_jgc.shtml.

957 Desnutrición: América Latina tiene 52,5 millones de personas desnutridas, en Diario El Espectador, Bogotá 6-5-2011, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-267905-america-latina-tiene-525-millones-de-personas-desnutridas.

958 Profamilia, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Colombia, Febrero 2011, ISBN: 978-958-8164-31-1.

959 Hommes, Rudolf, La Paz y la agricultura comercial, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 1-11-2012 http://anncol.eu/index.php/anncol-debate/594-anncol-debate-agrario-esta-vez-con-un-representante-del-neo-liberalismo-en-colombia. También, Diario El Tiempo, Bogotá, http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolfhommes/la-Paz-y-la-agricultura-comercial-rudolf-hommes-columnista-el-tiempo_12350262-4.

960 La Tierra es del Pueblo y la Nación, en ELN, Voces de Colombia, 27-8-2013, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/columnistas/590-la-tierra-es-del-pueblo-y-la-nacion.

961 Concentración de tierra, el mayor problema agrario en Colombia, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/concentracion-de-tierra-el-mayor-problema-agrario-colom-articulo-481444.

962 Pinzón Sánchez, Alberto, La nueva Oligarquía Urbana de Colombia, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 28-12-2012 http://anncol.eu/index.php/anncol-debate/1196-dec-28-la-nueva-oligarquia-urbana-de-colombia.

963 Artículo 82: Previos los estudios correspondientes, el INCORA delimitará zonas de baldíos que no tendrán el carácter de Reserva Campesina sino de Desarrollo Empresarial de las respectivas regiones, en las cuales la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías se sujetará a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca el Instituto, para permitir la incorporación de sistemas sustentables de producción en áreas ya intervenidas, conservando un equilibrio entre la oferta ambiental y el aumento de la producción agropecuaria, a través de la inversión de capital, dentro de criterios de racionalidad y eficiencia y conforme a las políticas que adopten los Ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente.

964 La Paz del modelo y el congreso para la Paz, en Nasaacin.org, 27-4-2013, http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra-kueta-susuza/5686-la-Paz-del-modelo-y-el-congreso-para-la-Paz. También, http://www.kavilando.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1617:zonas-de-reserva-campesina-zrc-vs-zonas-de-desarrollo-empresarial-zde&catid=65:linea-territorio-y-despojo.

965 La Corte ya se había pronunciado en otras sentencias al respecto. Particularmente en la Sentencia C-536 de 1997, la Corte Constitucional declaró exequible el Artículo 72 de la Ley 160 de 1994 -que el nuevo proyecto de Ley pretende desdibujar a través de una “interpretación”-, que establece la prohibición de enajenar bienes inicialmente adjudicados como baldíos, cuando las extensiones excedan los límites máximos para la titulación. La Corte consideró que esas restricciones estaban dirigidas a garantizar que las tierras públicas sirvan para que los trabajadores agrarios accedan a la propiedad de la tierra.

966 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-393 del 2011. M.P. María Victoria Calle.

967 Corte Constitucional, Sentencia T-488 del 2014, M.P. Jorge Iván Palacio.

968 Oficina del Senador Alberto Castilla, La disputa por los Baldíos: ¿El campo para los inversionistas o para el campesinado?, en Kaosenlared.net, 31-10-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/99826-la-disputa-por-los-bald%C3%ADos-¿el-campo-para-los-inversionistas-o-para-el-campesinado.

969 Oxfam es una confederación internacional de diecisiete organizaciones que trabajan en aproximadamente noventa países de todo el mundo para encontrar soluciones a la pobreza y lo que se considera injusticia.

970 Zuluaga, Camila, Advierte Aída Pesquera, Directora de Oxfam en Colombia: ‘Cambian la Ley, en vez de hacerla cumplir’, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/cambian-ley-vez-de-hacerla-cumplir-articulo-526958.

971 Reclamantes de Urabá piden Mesa de concertación con el Gobierno Nacional ante el fracaso de la restitución, en Arcoiris.com.co, 6-4-2015, http://www.arcoiris.com.co/2015/04/reclamantes-de-uraba-piden-mesa-de-concertacion-con-el-gobierno-nacional-ante-el-fracaso-de-la-restitucion/. También, Comunicado a la opinión pública: Asociación de víctimas y reclamantes Tierra y Paz, en Arcoiris.com.co, 6-4-2015, http://www.arcoiris.com.co/2015/04/reclamantes-de-uraba-piden-mesa-de-concertacion-con-el-gobierno-nacional-ante-el-fracaso-de-la-restitucion/.

972 Guzmán, Andrés Mauricio, Colombia. Restitución de tierras e igualdad en el campo: horizonte común en el fin del conflicto, en Kaosenlared.net, 18-7-2016, http://kaosenlared.net/colombia-restitucion-de-tierras-e-igualdad-en-el-campo-horizonte-comun-en-el-fin-del-conflicto/, También, http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/restitucion-de-tierras-e-igualdad-en-el-campo-horizonte-comun-en-el-fin-del-conflicto?category_id=138.

973 Navarrete Cardona, Steven, “El conflicto armado exacerba el machismo”: entrevista a la antropóloga Donny Meertens, en Diario El Espectador, Bogotá, 21-12-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/el-conflicto-armado-exacerba-el-machismo-donny-meertens-articulo-534172.

974 Gobierno y FARC presentan Acuerdo en temas de género, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-7-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/gobierno-y-FARC-presentan-Acuerdo-temas-de-genero-articulo-645060. También, Enfoque de género: ¿qué se pactó con las FARC?, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-7-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/enfoque-de-genero-se-pacto-FARC-articulo-645114.

976 La sociedad civil, en sus diferentes sectores, continúa siendo convidado de piedra en la construcción de este proceso de Paz.

977 España pide pista para desarrollar primer punto del Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-9-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/espana-pide-pista-desarrollar-primer-punto-del-Acuerdo-articulo-653057.