Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XXIV

Instrumentos de Poder del Gobierno

En el proceso de negociación de Paz, el Gobierno de Juan Manuel Santos -como todos los Gobiernos colombianos-, cuenta con instrumentos de poder de los que carecen las guerrillas. Para comenzar, cuenta con la “legitimidad” que le da el voto, aunque se trate -como es frecuente en América Latina-, de democracias “electoreras”, ya que los partidos políticos se han transformado en los árbitros de una “democracia”, más electoral que real, donde la alternancia político-ideológica es prácticamente inexistente, y en garantes de que los sectores corporativos obtendrán sus objetivos 816.

Tiene, como consecuencia de ello, la “legitimidad del voto” para el manejo de los asuntos de Estado. Esto le otorga la “legalidad”, con la que puede disfrazar sus políticas e intenciones a través de leyes de aparente justicia, dada por la legalidad en sí y no por el reparto equitativo, la representación de los intereses del pueblo y el sistema de controles que implica la marcha del país.

Cuenta con el hecho de ser visto como legítimo por la comunidad internacional y por las corporaciones -empresas, banca- con base en el país y los inversores.

Esto le da la capacidad y el poder de establecer que la desmovilización, debe hacerse con la legislación vigente y no tras cambios en la misma o en la Constitución de 1991.

Toda esta legalidad y legitimidad funcional, no muestra el verdadero funcionamiento de la “República”, que tiene que ver, no sólo con la división y el equilibrio de poderes, sino también con la representación, la equidad y la justicia. La falta de República es una de las causas profundas por las que la conflictividad social crece, a la vez que favorece los procesos autoritarios, sean de derecha o izquierda y permite que la corrupción se arraigue. Esto es lo que, en los términos de Sigmund Freud, genera el “malestar en la cultura” 817.

El Modelo de Negociación del Gobierno de Juan Manuel Santos

Negociación Bajo el Fuego

Una de las características del proceso de negociación en el período de Gobierno de Juan Manuel Santos, tiene que ver con que las reglas del juego se van haciendo y cambiando sobre la marcha. El Gobierno dicta leyes durante el proceso y establece cuál deberá ser el Marco Legal para la Paz, con la sola intervención de los partidos políticos dentro del Congreso.

De acuerdo con los líderes del Secretariado de las FARC, después del desencuentro con Alvaro Uribe, vino el “ruido de llaves” 818 que hizo Juan Manuel Santos en su discurso de posesión, lo que fue interpretado como un buen mensaje. Al poco tiempo, les fue enviado un texto autorizado por Santos, pero sin su firma, diciendo que:

El Gobierno podría estar interesado en explorar una solución política al conflicto armado.

Ya el Gobierno hablaba de conflicto armado y no de amenaza terrorista, lo que era un paso significativo. El papel del entonces Presidente Chávez en las aproximaciones, fue concluyente. Después de ocho años de guerra sin cuartel, las FARC desconfiaban de todo. Chávez contribuyó a generar un clima necesario de confianza en una salida negociada. Los primeros pasos se dieron en Colombia con su ayuda.

El Secretariado de las FARC planteó 819:

1) que la clase dirigente, representada en los dos partidos tradicionales, estuviera dispuesta a reconocer su responsabilidad histórica en la violencia desde sus orígenes hasta el presente.

Ese solo hecho abriría una perspectiva, una avenida de Paz, porque se restablecería la verdad histórica 820;

2) que hubiera disposición para conversar; y

3) que las FARC nunca aceptarían un Acuerdo que no incluyera la reforma agraria y la justicia social.

El Presidente Santos, transformó la Seguridad Democrática de Uribe en “Prosperidad Democrática” y el Plan Patriota en “Plan Espada de Honor”.

Negociaciones Gobierno-FARC

Al Gobierno de Juan Manuel Santos le descubrieron, antes de tiempo, el complejo y prolongado proceso de negociaciones secretas que venía manteniendo con las FARC. Eso no lo afectó en lo más mínimo. Se reubicó rápidamente, salió a informar de los avances logrados hasta ese momento y a presentar las que, según él, eran condiciones inmodificables por parte del Gobierno -inamovibles-. Retomó, de esa manera, la iniciativa y, según las encuestas, alteró la pendiente de popularidad descendente que traía.

Firmó con las FARC el 26 de agosto del 2012, luego de dos años de negociación secreta, un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”, basado en cinco puntos, en los que, según el Gobierno, quedó totalmente fuera de discusión el modelo de Estado y el desarrollo económico-social 821. Se apartó totalmente del modelo Betancur-FARC y se orientó en la dirección del modelo Barco-M-19, pero con características particulares.

- En primer lugar, el Gobierno impuso el criterio de negociación en el exterior 822, dejando de lado los planteos de las FARC de una zona de despeje, al estilo de las negociaciones del Cagüán durante el Gobierno de Andrés Pastrana.

- En segundo lugar, las negociaciones debían celebrarse de forma reservada, limitándose las partes a producir los informes que consideraran convenientes sobre el avance.

De esta forma, Santos buscaba evitar que las negociaciones fueran una tribuna en la que las FARC pudieran promover políticas y propuestas.

El objetivo final -cuando concluyera la negociación y se alcanzara el objetivo de desmovilización-, era que las FARC crearan un partido político a través del que se expresaran pública y legalmente. El planteo que hizo el Presidente Santos fue que, si las FARC querían terminar el conflicto y pasar de las balas a los votos, encontrarían en el Gobierno toda la disposición; pero si lo que pretendían era hacer su revolución en la Mesa de Negociación en Cuba y transformar la Constitución y el país y sus políticas públicas, ahí no habría Paz. Por ello, la Agenda que se acordó y se firmó, tenía que ver con la forma en cómo se pasaba de las balas a los votos. Que hicieran política, que se constituyeran en un partido, que tuvieran garantías, todo eso sería apoyado por el Gobierno, pero no podían hacer política armados; mucho menos que lo que no lograron conseguir por la violencia, que lo consiguieran en la Mesa de negociación en materia de sus aspiraciones de cambios de estructura en el Estado colombiano 823.

- Un tercer aspecto, muy significativo, donde mostraba la particular forma de interpretar el modelo Barco-M-19, fue que mientras decidía enviar una misión negociadora a La Habana, continuaba con la actividad militar en Colombia sin ningún tipo de tregua. El Gral. Sergio Mantilla, Jefe de operaciones de las fuerzas armadas de Colombia, afirmó que en el 2013 el Plan de campaña “Espada de Honor” continuaría operando en todo el país gracias a sus excelentes resultados. La policía continuaba también con el Plan estratégico “Corazón Verde” 824.

La sociedad civil -en sus diferentes manifestaciones: campesinos, indígenas, afrocolombianos, etc.- careció de participación -no por su voluntad, sino por estrategia del Gobierno de Juan Manuel Santos-, salvo en forma indirecta y mediante propuestas en una página de internet que se instaló a tal efecto a partir del 7 de diciembre del 2012 825, donde se les permitió expresar sus ideas y necesidades respecto de los diferentes Puntos de la Agenda para la Paz, siendo leídas, para su consideración, en el proceso de discusiones por los representantes del Gobierno y las FARC en La Habana.

De la Rendición Incondicional a la Rendición Negociada

Ni los negociadores de las FARC, ni Santos, desconocían la síntesis de Karl von Clausewitz al señalar que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Cada uno la toma como punto de referencia para definir su ubicación y cada uno sabe que su capacidad de negociación, está íntimamente vinculada y es variable dependiente de la fortaleza política que puedan presentar; colocando su capacidad e iniciativas militares al servicio de su estrategia política.

Santos -al igual que su antecesor Uribe-, ha mantenido presente la definición de Clausewitz respecto a que la guerra “constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad”. Pero, mejor estratega que Uribe, Santos no ha concebido el concepto de “acatamiento de nuestra voluntad” como el aplastamiento físico del contendor militar o social y que éste tenga que colocarse de rodillas suplicando clemencia y perdón.

La política de negociación de Uribe y los contactos que realizó con los grupos insurgentes, podrían sintetizarse en una propuesta de rendición incondicional, es decir que procediesen a “acatar nuestra voluntad” como única respuesta y salida ante el “acto de fuerza” que significaba el accionar militar a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras -v.gr.: bombardeo en la frontera con Ecuador para matar a Raúl Reyes, el negociador de las FARC, o secuestro en Venezuela de Rodrigo Granda-. Santos -como miembro de la elite urbana-, no ha concebido las relaciones entre los explotadores y los explotados como el terrateniente Uribe, que refleja más las relaciones patrón-mayordomo en el gran latifundio, del que fue y es uno de los mejores representantes y voceros políticos. Santos mira estratégicamente el poder y los avances obtenidos por la burguesía urbana colombiana durante los últimos cincuenta años, unas veces a pesar y otras veces gracias a la guerra, y ha hecho una valoración minuciosa sobre la posibilidad de cambiar de división, buscando un marco en el que se “acate nuestra voluntad” estando dispuesto a hacer algunas concesiones a cambio, entre ellas la dignidad, tan valiosa para quien se ha jugado la vida desafiando con las armas la voluntad del contendor, a cambio de que las FARC concluyeran el alzamiento armado e hicieran política por otros medios, siempre y cuando fueran distintos de la guerra.

Proceso de Negociación Gobierno-FARC

Santos: “Lograr la Paz por la Razón o por la Fuerza”

El Presidente Juan Manuel Santos, en un discurso a la fuerzas militares, en la localidad de Vistahermosa (Meta), expresó:

A esos miembros de las FARC que todavía creen que a través de las armas van a lograr algo, decirles que el único futuro que les queda, si siguen con la violencia va a ser una tumba o una cárcel”. Les aseguro a las fuerzas armadas que se alcanzará la Paz en Colombia, a las buenas o a las malas. “Somos los primeros que añoramos un país en Paz… por la razón o por la fuerza 826.

Sería interesante conocer cuál es la “razón” y para qué se utilizaría la “fuerza”, salvo que el Gobierno, en representación del Estado, esté luchando contra bandas destructoras de los intereses de la Nación.

La “razón” no puede ir más allá de los intereses nacionales, resultantes de la convergencia de los intereses sectoriales globales, y no de la ideología del o los grupos dominantes.

La “fuerza”, como monopolio legítimo del Estado, no puede ser utilizada en beneficio de ningún sector en particular, ni de ninguna ideología dominante, sino para mantener un orden, en el que la totalidad de la población, en función del interés nacional, mantenga una coexistencia y una convergencia que lleve al bienestar general 827.

Ninguna razón ni ninguna fuerza resultan del voto mayoritario, sino de la Constitución y los intereses nacionales, cuya aplicación, puede variar por las estrategias del Gobierno de turno, pero no sujetarse a la ideología dominante.

Esto visto desde el Estado. Pero desde “abajo”, la “razón” de rebelarse contra el opresor, ¿es legitimadora del uso de la “fuerza”?

Desde la visión de las FARC, la historia de Colombia está permeada por la sangre de todos los opositores políticos que osaron oponerse al régimen oligárquico. No ha sido la resistencia la que ha escogido el método de lucha, sino la oligarquía la que lo ha impuesto. El monopolio de las armas por parte del Estado, está basado en un principio clave que es la legitimidad del Estado, de su régimen político, económico y de todas las instituciones en su conjunto. En el fondo, la cuestión no es que el Estado tenga el monopolio de las armas, ya que la historia reciente nos muestra ejemplos de países como Suiza, donde cada ciudadano tiene su fusil en casa y no se tienen los índices de criminalidad que tienen ciudades como Bogotá o Medellín, para sólo citar algunos casos. O el ejemplo contrario, de Estados Unidos donde cada ciudadano tiene su arma y ocurren crímenes y masacres a diario. Que las armas las tenga el Estado o el ciudadano, es un hecho que puede ser insubstancial, si no lo contextualizamos en la historicidad de las naciones. El Estado colombiano jamás tendrá el monopolio de las armas, simple y llanamente porque el Estado y el régimen colombiano son un Estado y un régimen fascista. Sólo un indicador nos muestra, el grado de ilegitimidad del régimen, y es su concepción militarista de la acción política, que impide ver al opositor político como un alter en la acción política, el militarismo fascista del régimen, ve al opositor político como un enemigo que hay que eliminar porque tiene lecturas distintas del modelo económico, del marco institucional. El régimen político es cavernícola en su acepción más oligárquica 828.

Esos modelos fascistas tienen en la base de su poder, la concepción dual del ciudadano-fuerzas militares, eso explica el camino fértil al paramilitarismo, Santos y su plan de recompensas explican el horror de las ejecuciones extrajudiciales y la imagen de Uribe, autoproclamándose informante y colaborador de la fuerza pública, es la imagen macabra de cómo, desde el Estado y su régimen mafioso y paramilitar, se concibe su modelo policial-fascista.

Otro indicador es la impunidad, una sociedad que tiene el noventa y ocho porciento de impunidad, jamás podrá vivir en Paz, y menos tendrá el monopolio de las armas -o de la fuerza en el sentido “weberiano”-. El Estado Colombiano y su régimen oligárquico, son el principal motor del delito, sus partidos políticos corruptos, se aliaron con una empresa criminal para llegar al poder. Luego, desde sus propias instituciones, crearon la Ley de Justicia y Paz 829 para legitimar, en una patente de corso, todos los crímenes que se cometieron en su nombre. No es insurgente el que se acoge a una Ley de Justicia y Paz que ha sido concebida para legitimar el trabajo genocida paramilitar.

Santos y toda su oligarquía, no han entendido que un pueblo se levanta en armas contra un régimen injusto y contra sectores corporativos antidemocráticos. El pueblo en armas, es un proyecto de sociedad en construcción: reforma agraria, salarios decentes, derecho a la salud, a la educación, pero sobre todo, el derecho a disentir y a pensar distinto. La oligarquía no tiene noción de alteridad, simplemente porque tiene una noción fascista del poder. En ese orden de ideas, Santos promete tumbas y cárceles, mostrando su talante genocida, mientras la insurgencia pide salidas políticas o, como lo ha dicho el Comandante insurgente Alfonso Cano, “sentémonos a conversar”. ¿Soportará la oligarquía al Comandante Alfonso Cano en el Parlamento, debatiendo con argumentos la Nueva Colombia? No, porque tiene una concepción fascista del opositor político 830. La oligarquía no soportó y asesinó a Guadalupe Salcedo después de su desmovilización, tampoco soportó a Pizarro (M-19), ni a Oscar William Calvo (EPL), ni a Toledo Plata, ni a Enrique Buendía y Ricardo González de la CRS (Corriente de Renovación Socialista, escisión del ELN), ni a tantos otros que creyeron que dejando las armas, serian acogidos en el seno del Estado fascista. Tampoco soportó, a esos que nunca tomaron las armas, pero que se opusieron al régimen, Luis Carlos Galán, José Antequera, Jaramillo Ossa, Pardo Leal y otros tantos miles que han sucumbido al régimen fascista y que su única arma, era la palabra. Santos en su delirio, ofrece tumbas, cárceles y desmovilización y en su devaneo oligárquico dice que construirá la “Pax”. Para el Secretariado de las FARC, las palabras de Santos demuestran que la oligarquía colombiana esta aún inmadura para la Paz 831.

La Agenda y las Posibles Concesiones de Santos

Santos intentó presentarse haciendo una gran concesión: iniciar negociaciones. Sacó la llave de la Paz de su bolsillo, levantó la mano mostrándola abiertamente y volvió a guardarla mientras transcurrieran las negociaciones. Hay que tener en claro que se jugaba a que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Ninguna concesión parcial lo sería, ni de un lado ni de otro, hasta tanto todas lo fueran.

Que se termine el conflicto en Colombia es importante para el Gobierno, ya que se saca de encima el problema de la inseguridad, disminuye el gasto militar y genera una imagen internacional de estabilidad y de Estado de Derecho, que favorece el arribo de inversores y empresas. Esto le permite al Gobierno continuar con sus políticas. La “Paz” en Guatemala, que derivó en nada en cuanto a la demandas por las que el conflicto había dado curso, significó para el Gobierno la posibilidad de recibir créditos de los organismos internacionales financieros y el acercamiento de los inversores.

Mientras se realizaba un proceso de negociación con la guerrilla en La Habana, el Gobierno de Santos llevaba a cabo un proceso de desarrollo legislativo, instalando y consolidando sus políticas en Colombia: Marco Legal para la Paz; reforma tributaria; legislación agrícola y territorial, a lo que debe agregarse que, en las conversaciones de La Habana, tal como lo dijo el Jefe de la Delegación gubernamental: “no está en juego ni la Constitución ni el modelo”. Hay que considerar, en función de las “leyes que rigen a los sistemas” -en este caso el sistema político-Estatal colombiano-, que nunca se va a someter a negociación un modelo que le da ventajas 832. Sólo se puede llegar a pactar un cambio constitucional, como resultado de Acuerdos Políticos en los que, previamente se negociaron las ventajas entre las partes o como resultado de victorias militares o, sin llegar a esto, de capacidades de poder triunfantes.

La Agenda Oculta

El Presidente Santos acudió a la vía pacífica, porque sabía que la opción de la derrota militar era inviable -no tenía más remedio-, porque la comunidad internacional llevaba muchísimos años presionando para la salida negociada -solicitada por terceros-, y porque creyó que de esa manera ganaría legitimidad y credibilidad internacional -buscar ventajas-, que las guerrillas desaparezcan política y militarmente en una desmovilización -victoria-, para instaurar las locomotoras mineras y energéticas con total libertad y con seguridad para las empresas nacionales y extranjeras -agenda oculta-. Cambiar algo para no cambiar nada: el “gatopardismo”, o “ampliar los límites del sistema” en defensa del propio sistema 833.

El Presidente Juan Manuel Santos, ha mantenido dos Agendas:

1) la Agenda de Paz, cuyo desarrollo se ha ido tratando en La Habana con las FARC de manera exclusiva y excluyente; insertando por separado al ELN y dejando marginado a los otros sectores de la sociedad colombiana; y

2) la Agenda de la Guerra, que ha constituido el instrumento de presión, mostrando que el verdadero objetivo del Gobierno se ha orientado hacia la pacificación y el desarme, pero no la Paz con justicia social como ha sido reclamada, no sólo por la insurgencia sino también por los más diversos sectores de la sociedad, que en muchos casos no se sienten representados ni por la guerrilla ni por el Gobierno.

La Delegación de las FARC criticó el “doble discurso” del Gobierno colombiano con relación a la Paz:

Mientras se habla de postconflicto, aparte de mantener las altas cifras del gasto militar, se pide más apoyo para incrementar la guerra”.

El Gobierno de Santos, busca nuevos subsidios para el denominado Plan Espada de Honor II, que apunta al aniquilamiento de Bloques guerrilleros de las FARC.

El Gobierno maneja un doble discurso, con dos Agendas diferentes para la conducción de los destinos del país. Aparte de la Agenda de Paz de La Habana, la Agenda de Guerra se sigue urdiendo en conciliábulos con el Gobierno de Estados Unidos.

Aspectos de la Justicia Transicional, que buscan dar ventajas a militares involucrados en crímenes de lesa humanidad y hacen alusiones al futuro de la insurgencia, se han ido tramitando en la Mesa paralela que, al fin de cuentas, pareciera ser la que traza las políticas y decisiones de la contraparte de las FARC, por lo que la guerrilla ha insistido en que se viabilice la participación de un representante del Gobierno de Estados Unidos en el proceso de conversaciones 834.

Respecto del proceso de negociación en sí y de las “llaves” guardadas por el Presidente, las FARC consideraron que la reciente aprobación del TLC con la Unión Europea, del fuero penal militar, la reforma tributaria y los anunciados incrementos del presupuesto de guerra, el pie de fuerza y todo el paquete de leyes y reformas impulsado desde el Gobierno, ratifican el rumbo por el que pretenden mantener al país. El Gobierno no negocia la Paz sino la desmovilización 835.

Las FARC y el ELN jamás han dicho al Presidente Santos, ni dado a entender, que tienen disposición de desmovilizarse y entregar sus armas; la disposición es acordar un cese bilateral del fuego, para aclimatar la Paz y generar confianzas. Tampoco se les ha dicho eso a los anteriores Gobiernos oligárquicos y excluyentes, acostumbrados a gobernar de espaldas al pueblo usando el Terrorismo de Estado, y entregando a las grandes potencias por migajas las riquezas del país a cambio que les respalden en su guerra contra “el enemigo interno”. De nuevo queda claro que la posición intransigente de los señores del poder, sigue apostándole a la prolongación de la larga noche del conflicto social y armado 836.

Visiones Encontradas sobre la Idea de Negociación Política

En el encuentro en Oslo el 17 de Octubre del 2012, se dieron puntos de vista encontrados entre las delegaciones de Paz.

Las FARC han visto como una trampa el hecho de que, por un lado se acordaran cinco Puntos para discutir pero, por parte del Gobierno, ya existía una definición sobre la resolución de esos Puntos, a través de las leyes que ha ido adoptando, a la vez que la posición ostentada ha sido que el modelo económico y la reforma de la Constitución quedaron fuera de discusión; la única propuesta concreta ha sido la desmovilización y que funden un partido político, a través del cual, en el caso de que ganen una elección, puedan llevar a cabo sus propuestas y reformas.

Este panorama muestra claramente, que no ha existido voluntad política de negociación por parte del Gobierno, sino una forma de invitar elegantemente al desarme y desmovilización, bajo condiciones propias.

En el Primer Punto de la Agenda, el tratamiento de la cuestión de la inversión en la tierra, o del ordenamiento territorial, o las licencias ecológicas, quedó encadenado a las relaciones de producción vigentes en Colombia. Las relaciones de propiedad de la tierra han sido consideradas únicamente como propiedad privada; cuando en la realidad en Colombia, coexisten otras formas de propiedad de la tierra como la indígena, la afrocolombiana, la comunitaria, la pública, la mixta, la comunal, la municipal, la cooperativa, el subsuelo nacional y que no están explicitadas en leyes específicas o reglamentos de la Constitución.

La propuesta del Gobierno de Santos se ha hecho bajo una perspectiva “juridicista”, de atenerse solamente a la letra de los contratos, cuando un tema tan trascendental, como finalizar un conflicto para alcanzar la Paz en Colombia, reclama debates y Acuerdos desde las diferentes perspectivas y, por sobre todo, la participación activa de la sociedad civil en toda su diversidad; siendo que ha quedado marginada a expresarse de manera indirecta solamente.

Todo ha sido acomodado a tratar temas de la economía, que están relacionados entre sí y con las diversas formas de propiedad enunciadas en la Constitución de Colombia de 1991, sin posibilidades de cambio. Es por esto que, previendo esta discusión, se desechó toda reforma o la convocatoria a una Constituyente, bajo el planteo de que “el Gobierno colombiano no es rehén de este proceso de Paz”. Gobierno y democracia parecieran no ser conceptos vinculados, toda vez que, teóricamente, el Gobierno es el que representa al pueblo, ausente en las discusiones en este tan importante proceso de negociación para alcanzar una Paz estable y duradera. En última instancia, consciente o inconscientemente, es el pueblo, la sociedad civil en su forma diversa, no el Gobierno, el rehén de este proceso. El Gobierno, visiblemente está protegiendo un modelo, al que no está dispuesto a someter a discusión; modelo que, para que satisfaga las necesidades del pueblo, debería estar abierto a que éste sea quien lo apruebe, modifique o diseñe. Todo esto, claro está, en una democracia que no sea sólo una simulación electoral, que supuestamente da un “cheque en blanco” a quienes asumen el Gobierno.

La Paz con justicia social”, pretendida por los guerrilleros, sólo podría conseguirse acordando profundas reformas estructurales pero, para el Gobierno, la discusión sobre esas reformas, es parte de una tercera etapa de la construcción de la Paz, que tendría lugar una vez que los rebeldes ya hayan depuesto las armas.

Según el representante del Gobierno en las discusiones de Paz, Humberto De La Calle, el objetivo final de las conversaciones, debe ser acordar condiciones para que, en el futuro, “las FARC expongan sus ideas sin el acompañamiento de las armas”, lo que significa que todo depende de los resultados electorales, para que puedan incidir o no. Si se tiene en consideración anteriores grupos desmovilizados, las posibilidades de participación política en estas condiciones, son prácticamente nulas, ya que no sólo hay que cumplir con condiciones formales constitucionales, sino también con vínculos con la estructura de poder interna además de la estructura internacional que da cabida o no, a ciertos sectores, dependiendo de que favorezca o sea funcional a sus intereses económicos, comerciales de inversiones y de seguridad. Todo esto muestra que la realidad se mueve más por los intereses, que por la idea de democracia.

De acuerdo con los representantes de las FARC en la Mesa de Negociación, el Gobierno ha dicho que ni la política económica ni la doctrina militar son negociables, pero la firma del Acuerdo General para encontrar la Paz, no necesariamente excluye esos temas. El Gobierno de Santos ha cerrado esta puerta al impedirnos negociar la política económica. ¿Cómo vamos a hablar de justicia social con los TLC que están arruinando a los cafeteros, a los arroceros, a los agricultores de papa y de maíz, a los productores de lácteos que, como hemos visto, están hoy protestando y organizándose? ¿Cómo vamos a pasar por alto la política económica que permite el robo del oro y del carbón que están haciendo las grandes mineras? ¿Cómo vamos a hablar de justicia social viendo cómo arrasan con la altillanura, acaban con su gente y con sus recursos hídricos? Es necesario recordar que el Acuerdo firmado con Santos dice muy claramente que:

El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de Paz y progreso”.

¿Cómo, entonces, hablar de Construcción de la Paz sin hablar del desarrollo económico con justicia social? El Gobierno alega que el Preámbulo del Acuerdo firmado, no forma parte del Acuerdo. Es como decir que el Preámbulo de una Constitución, su marco general, su espíritu, no son vinculantes.

La discusión del modelo de desarrollo se está dando en la calle; el cuestionamiento a los TLC, es tema de discusión en toda reunión. ¿Acaso la crisis de Grecia, de Italia, de España no están impugnando el “Consenso de Washington” de 1989? Aquí está prohibido discutir un modelo que ha demostrado ser el motor de la injusticia social y de la exclusión económica 837.

Negociar la Desmovilización

A poco más de un año de iniciado el proceso de negociación en La Habana, los miembros de la Delegación de Paz de las FARC, a través de un comunicado, dejaron de manifiesto su desconcierto por la manera como el Presidente Santos ha ido menospreciando la importancia del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 de agosto del 2012.

Por una parte, eso quedó de manifiesto por la actitud autoritaria del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyendo e inhabilitando al Alcalde de la Capital del país -Gustavo Petro-, pretendiendo dinamitar anticipadamente el espíritu y los alcances del Punto Dos (2) de la Agenda sobre Participación Política, acordado en principio, con la aparente complacencia del Jefe del Estado, mandando señales equívocas que ponen de manifiesto los dobles discursos, en momentos en que se iniciaba un proceso electoral.

Causó malestar el zigzagueo de Santos frente a los más significativos e importantes temas que se discutían en La Habana, cuando de lo que se trataba era de alcanzar una Paz seria, estable y duradera, buscando soluciones a los problemas e injusticias que han hecho de Colombia un campo de batalla.

Ante la Convención Nacional del partido Cambio Radical, afirmó Santos:

Los enemigos de la Paz están diciendo que allá (en la Mesa de La Habana), se está negociando a nuestro ejército, que allá se está negociando nuestro sistema político, que allá se está negociando nuestro sistema económico: mentiras, mentiras. Allá lo único que se está negociando es una transición para que esa gente deje las balas, deje las armas y las cambie por votos, por los argumentos, y ponerle fin al conflicto”.

Las FARC respondieron:

No nos encontramos en La Habana negociando una transición para dejar las armas a cambio de unos votos. Sesenta años de lucha armada buscando justicia social y verdadera participación política van mucho más allá del tema de esos votos.

Solicitamos del Gobierno y sus voceros en la Mesa, claridad y unidad de propósitos con lo firmado en el Acuerdo General. Exigimos total responsabilidad para con el país y para con su igual en La Habana, a la luz del Acuerdo suscripto.

Quede claro que la Mesa de Conversaciones no se puede convertir en instrumento de propaganda electoral para nadie. En La Habana y en Colombia, lo que viene teniendo lugar es lo que la historia y los estudiosos de la historia y el derecho social denominan un Proceso Constituyente. Estamos en un proceso de tal naturaleza, estudiando cientos de documentos e iniciativas enviadas desde todos los rincones del país por los más variados grupos de opinión, intelectuales, académicos y ciudadanos del común. Estamos construyendo futuro. Nos encontramos contagiados, al igual que millones de compatriotas, de ese grito de protesta salido de millares de trabajadores agrarios y de atropellados ciudadanos 838.

Límites a la “Movilidad” del Gobierno de Juan Manuel Santos en la Negociación

Las negociaciones entre las FARC y el Régimen colombiano tendientes a lograr Acuerdos, orientadas a detener la interminable guerra civil, se han enmarcado dentro de una serie de inamovibles o líneas rojas impuestas de manera unilateral por el Gobierno. Estas líneas se han erigido como pétreos muros, para impedir el avance dialéctico sobre el modelo socio-económico de corte neoliberal, por un modo de producción que contemple parámetros sociales y ambientales.

Los inamovibles, a su vez, son ordenados por suprapoderes, que están muy por encima del actual Gobierno. Para el mismo Presidente Santos son una camisa de fuerza. Por esta razón, desde el inicio de las conversaciones, el Presidente dejó en claro que:

“… Desde que pensó en la posibilidad de negociar un Acuerdo de fin del conflicto con las FARC he tenido muy claro a dónde quiere llegar, qué se va a negociar, qué está en la Mesa de negociación y qué no está”.

Las FARC se han quejado de esas trabas. Iván Márquez manifestó:

“… Dice el Gobierno que no está en discusión la política económica, pero es que Colombia no puede estar condenada a la injusticia. Al saqueo de los recursos naturales por parte de las transnacionales, ni de los recursos políticos. No nos oponemos a la extracción minero-energética, pero la queremos al servicio de la gente”.

La principal línea roja es aquella teñida con sangre y que tiene que ver con la estructuración del estamento militar, ésta línea la impone el Departamento de Defensa norteamericano y la hacen valer las dóciles fuerzas armadas internas. Santos advirtió:

Hay líneas rojas que no permitiré que se traspasen, y una de esas líneas rojas son nuestras fuerzas armadas”.

Las demás líneas de tipo social y económico, también, responden a los intereses geoestratégicos de hegemonía global de EUA, quien en última instancia dice qué se puede o no acordar con los insurgentes. Es un hecho que la caótica situación sociopolítica colombiana está ligada al desarrollo del capital transnacional, principalmente a los intereses estadounidenses. Por ahora, el imperio necesita intacto al paquidérmico estamento militar, junto con las renovadas estructuras paramilitares, para controlar internamente a todo aquel que amenace los privilegios de las clases dominantes internas y externas y, sobre todo, al díscolo Gobierno de la vecina República Bolivariana de Venezuela. La Subsecretaria de Defensa de Estados Unidos Mary Beth Long, piensa que:

“… Hay que prepararse para enfrentar a Venezuela. (…) las fuerzas militares de Colombia se están preparando para eventuales ataques de países vecinos”.

El Senador Republicano Paul Coverdale, manifestó:

Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia”.

Para lo cual Estados Unidos ya cuenta con nueve bases militares y cientos de mercenarios en territorio colombiano.

Las demás líneas rojas, que el Régimen impone como condición sine qua non para pactar Acuerdos con la insurgencia, responden a la preservación de los privilegios acumulados por las diversas y múltiples clases que mantienen el poder central. Cada sector dominante impone su condición: la estructura de tenencia de la tierra es un inamovible impuesto por la burguesía terrateniente, que se ha nutrido a través del tiempo robando la sabia campesina e indígena. Los remedos de reforma agraria, que tímidamente se han intentado en Colombia, contienen un componente perverso, pues se han hecho, no para dar tierra a los sin tierra sino para despojar a los minifundistas y traspasarle sus tierras a los latifundistas. Incluso la Ley de restitución de tierras de Santos, mayormente, no ha hecho más que legalizarle los títulos a los propios despojadores. Los TLC, son unas desequilibradas líneas rojas impuestas por el capital transnacional. Desde su puesta en marcha, vienen arruinando aceleradamente al sector agropecuario y la pequeña y mediana industria. Estas tampoco son objeto de revisión y menos de anulación, pues de su observancia depende la estancia en el poder de los vasallos de turno. El capital privado a través de las Empresas prestadoras de Salud EPS, alcantarilla de la corrupción de cuello blanco, ha creado, a su antojo su propia línea roja. La salud y seguridad social son el más grande de los negocios inmorales en Colombia -en general, toda América Latina sufre del monopolio y la corrupción en los sistemas de obras sociales de salud-, su rentabilidad es directamente proporcional a la desatención, sufrimiento y muerte de los afiliados.

¿La oligarquía colombiana y el capital transnacional están convencidos que la Paz les saldrá gratis? ¿Creen que son posibles Acuerdos de Paz con la insurgencia, que no impliquen modificación alguna al statu quo? El desarrollo de los Acuerdos entre Gobierno y FARC, con sus ajustes y desajustes, hacen pensar que nada o muy poco les va a costar. Si se revisa cuidadosamente lo que se ha dado a conocer sobre lo acordado, no hay nada que atente contra los privilegios de la oligarquía ni contra los intereses de la potencia hegemónica.

La Mesa de conversaciones más parece una Mesa de sometimiento que una de Acuerdos entre negociadores donde no hay vencidos ni vencedores. Hasta el momento las clases dominantes van cantando victoria.

Por su lado las FARC, han intentado reorientar el proceso en la dirección de la verdad, considerada su línea roja, que determinará el éxito o el fracaso de las negociaciones de Paz en La Habana. ¿Tendrán poder y capacidad de convocatoria interna y externa suficientes, como para lograrlo?

¿Los agentes del sistema: ganaderos, banqueros, dueños de medios de comunicación, industriales, funcionarios públicos, legisladores, transnacionales, políticos y militares, entre otros, se someterán a subir al estrado a decir la verdad de lo que han hecho para avivar el conflicto social, político y económico?

Desde la perspectiva de las FARC, este será el límite de la Paz negociada, toda vez que consideran que de otra manera, la alternativa podría ser, en los términos de Alfonso Cano al instalarse las negociaciones entre el Gobierno del Presidente Gaviria y las FARC en Caracas en junio de 1991:

¿Nos veremos otra vez dentro de diez mil muertos?” 839.

¿Una Escalada Militar?

En el marco de los Acuerdos iniciales, hubo un aspecto significativo de las posiciones del Gobierno, que vale la pena analizar. A diferencia de la posición sostenida por anteriores Gobiernos, Santos planteó que cualquier negociación se haría en medio del enfrentamiento. Luego del anuncio del inicio de las negociaciones, lanzó diversas embestidas militares con costos significativos para la guerrilla.

En las primeras declaraciones públicas de los negociadores de las FARC, se expresó con plena claridad la contradicción existente. Señalaron que la demanda de cese el fuego durante el período de las negociaciones, sería una de sus primeras exigencias; pero en esto, terminaron haciendo una primera concesión -aunque a posteriori siguieron insistiendo-. La respuesta de Santos fue negativa: “la guerra continuaría”. Reunió a todos los Generales del país y les pidió que mantuvieran e intensificaran los operativos militares, pues consideraba que cada triunfo militar durante este período, se traduciría en mayor fuerza en la Mesa de Negociación. En ese sentido su táctica se contrapuso a la defendida por el ex-Presidente Uribe, que públicamente señaló que negociar en medio de la guerra producía desmoralización en las fuerzas armadas. Para elevar la moral de la tropa, se prepararon leyes planteando la reforma al Fuero Penal Militar, buscando garantizar, de esta manera, la “impunidad”; adicionalmente, se dio un puesto en la Mesa de Negociaciones, al Gral. (r) Jorge Enrique Mora Rangel quien, cuando estaba en ejercicio y durante el Gobierno de Pastrana, fue opositor abierto al proceso de negociación y, en representación de la policía al Gral. Oscar Naranjo.

Mientras se ha buscado, por todos los medios, de “dejar tranquilos” a los miembros de las fuerzas militares y policiales, no se permitió que sectores, como los campesinos, los afrocolombianos, los indígenas, etc. participaran activamente en la Mesa de Negociaciones para plantear sus demandas y mostrar su perspectiva.

Algunos alertaron sobre los riesgos de negociar en medio del enfrentamiento, en la presunción de que las FARC se verían obligadas a desplegar toda su capacidad operativa, realizando acciones significativas para demostrar su poder durante el proceso de negociación, provocando una escalada del conflicto, obligando a hacer una evaluación detenida respecto de cuál de las partes podría sacar mayores réditos políticos en cada uno de los temas en la Mesa de Negociación: el Gobierno de Santos o las FARC.

Amplias franjas de la población, sobre todo en las grandes ciudades, con gran peso en la pequeña burguesía pero también entre trabajadores y sectores populares en general, han expresado su simpatía a la idea de que se lograra la Paz. Sin embargo, esa simpatía general hacia una apertura de negociaciones -excepto en zonas de clara influencia política de la guerrilla o de la izquierda-, al momento de tomar partido, se colocaron del lado del Gobierno, respaldando la negociación pero con mínimas o ningunas concesión política o de cualquier índole a la guerrilla. Las actividades militares de las FARC durante el período de negociación, más allá de que fueran respuestas al accionar constante de las fuerzas armadas, eran consideradas, no sólo por el Gobierno, sino por sectores de la población, como actividades contrarias al Acuerdo firmado en agosto del 2012, favoreciendo la imagen del Gobierno y justificando su endurecimiento y actividad militar.

Los riesgos, de negociar bajo el fuego, son tan importantes de considerar, como el negociar bajo un “cese el fuego”, dadas las experiencias que se han vivido en cuanto al fracaso en una u otra situación.

El Mundo Cambia Mientras que el Discurso Continúa en Forma de “Espejismo”

Cuando el Gobierno decidió negociar con las FARC, sobre la base de una Agenda a la que denominaron “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz”, se daba por sentado que las partes llegaban al convencimiento, que provocar la derrota no era posible, y menos la posibilidad de la toma del poder a través de las armas de parte de cualquier fuerza insurgente.

La manera en que se ha ido desarrollando el proceso de negociación y, la resistencia del Gobierno a un alto el fuego, muestra inconsistencias y contradicciones.

- En el proceso de discusión de la Agenda, Gobierno y guerrilla claramente se situaron en una lógica distinta. El Gobierno, parecía que no estaba en un escenario de negociación de un conflicto sino en un escenario para conceder algunas garantías para quien ha sido derrotado. Las FARC, por su lado, parecían no tener claro que el mundo cambió y que debía buscar su objetivo de democracia con justicia social, por vías más realistas.

- El debate se acercó más a un diálogo de sordos que a un proceso de negociación de Paz. El Gobierno buscó negar o subestimar las propuestas que hicieron las FARC, dando a entender que la guerrilla no tenía autoridad moral para ello. Democratizar la sociedad, hablar de libertad y de justicia, son palabras de cuyo uso sólo podía ser depositaria, según parecía, una élite que, a manera de clan, se cree investida de todos los valores y toda la autoridad, olvidando que fue elegida para cumplir con un mandato y no para operar como soberano.

El Gobierno colombiano ha recibido la peor calificación que se le pueda dar a un país, en materia de Derechos Humanos, a lo cual debe agregarse que Colombia mantiene los más altos indicadores de inequidad social 840; un sistema judicial con altos índices de impunidad; una corrupción que carcome a todo el Estado; un sistema electoral carente de credibilidad y organismos como el Congreso y la policía, calificados por la ciudadanía con la peor imagen. Una democracia como ésta, ¿cómo puede ser que alguien la convierta en paradigma?

- La movilización social, desde diferentes sectores haciendo reclamos, ha ido creciendo en los últimos años. Al irrumpir la protesta social, quedaron a la luz importantes contradicciones del Gobierno, que ha decido no negociar con los reclamantes. La estrategia de ver fuerzas ocultas que estimulan la violencia es histórica, como instrumento de negación y desautorización, para el mantenimiento del statu quo 841.

La primavera árabe, el movimiento de los indignados en España y las movilizaciones en diferentes países latinoamericanos, indican que, en la lógica del poder, aún no está inscripto propiamente, que los conflictos sociales, inherentes a toda sociedad, se tramiten por canales pacíficos, cuando no son escuchados o son desatendidos o satisfechos sólo para mantener el statu quo, pero no para resolver las demandas sociales y sectoriales -”gatopardismo” o “ampliación de los límites del sistema”-.

Experiencias sobre el Cese el Fuego Previo a la Negociación de Paz

¿Si las negociaciones se enfocan demasiado en el cese el fuego, pueden terminar convertidas en un juego táctico entre el Gobierno y la subversión? El dilema no es nuevo: ¿se debe detener la guerra y luego negociar, o primero negociar y luego parar la guerra?

Meses previos al proceso de negociación, la organización no gubernamental Colombianos y Colombianas por la Paz, envió una carta pidiendo una tregua bilateral entre las fuerzas armadas colombianas y las FARC y el ELN. En menos de un mes, el Gobierno, las FARC, el ELN, la clase política y académicos se pronunciaron sobre el tema 842. Las posiciones manifestadas fueron desde una total oposición en términos de:

Completamente inoportuna”; “que la guerrilla cese sus acciones terroristas como gesto de buena voluntad para negociar”; “mientras haya grupos armados, éstos siempre chocarán con la firmeza del Estado colombiano”; “no es sino una trampa más para que las guerrillas se fortalezcan”; “rechacemos el pedido de tregua al ejército en su lucha contra el terrorismo. Juego de sus amigos políticos a las FARC”.

Hasta aquellos que manifestaron ser partidarios:

Que el Gobierno cese de presionar a los grupos armados ilegales cada vez que se lleven a cabo unos gestos humanitarios”; “hablar y disparar raramente funciona”; “no se puede negociar en medio de la guerra”; esa propuesta es “un aporte valioso en los esfuerzos por concretar caminos en la creación del clima, que permita un alivio humanitario a la población y aportar en un proceso de diálogos entre la insurgencia y el Gobierno nacional”.

En cualquier conflicto o proceso de Paz, la cuestión del cese el fuego, suele ser una de las temáticas más discutidas. Las experiencias internacionales muestran que las cosas no son tan esquemáticas. Los que plantean que un cese el fuego debe ser una condición previa al inicio de conversaciones de Paz, argumentan que, más allá del objetivo propiamente humanitario, existen ventajas en negociar un acuerdo de cese el fuego antes de entrar en una negociación más de fondo. Un compromiso de cese el fuego puede abrir las puertas para que las partes desarrollen un nivel de confianza mutua, y así generar un ambiente favorable que pueda conducir a la inclusión de temas políticos en las conversaciones. Existen varios ejemplos en donde hubiera sido mucho más complicado o casi imposible avanzar en la negociación sin un cese el fuego previo:

En Irlanda del Norte, por ejemplo, el cese el fuego concluido entre los republicanos y los “lealistas” 843, fue la puerta de entrada al proceso que culminó, en 1998, con el Belfast Agreement. En Costa de Marfil, fue también el Acuerdo de cese el fuego del 17 de octubre del 2002, el que abrió el camino a las negociaciones para un Acuerdo político entre el Gobierno y el MPCI -aunque después la situación se deterioró-.

También existen casos que sostienen la tesis contraria, donde fue viable la negociación en medio del fuego.

Durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, los Vietcong nunca pararon los combates, mientras sus dirigentes negociaban con la administración Nixon en París. En El Salvador, a finales de los ‘80, el FMLN nunca detuvo los combates, e inclusive siguió con grandes ofensivas, aun iniciadas las negociaciones de Paz bajo los auspicios de Naciones Unidas -ONUSAL-.

Desde un punto de vista técnico, un cese el fuego bilateral tiene ventajas y desventajas, dependiendo de las características del conflicto y del peso relativo de los actores armados. Si las negociaciones se enfocan demasiado en el cese el fuego, pueden terminar convertidas en un juego táctico, más aún cuando exista una asimetría de poder entre las partes:

La parte más “débil” suele proponer un cese el fuego o una tregua bilateral para ganar tiempo, y buscar reforzarse militarmente o políticamente; mientras, para la parte más “fuerte” un cese el fuego puede ser una jugada, para limitar el accionar armado de su enemigo y hacerle perder su capacidad de presión y, en última instancia, su poder de negociación.

Hay varios ejemplos donde el cese el fuego fue objeto de consideraciones tácticas:

En 1995, cuando el grupo Hamás ofreció una tregua al Gobierno israelí, varios analistas consideraron que esa propuesta respondía, en buena parte, a su necesidad de reorganizarse, reagruparse y recuperarse frente al Estado de Israel.

En el 2003, en Nepal, los mismos guerrilleros maoístas reconocieron haber aprovechado el cese el fuego de enero del 2003, para reforzarse política y militarmente.

Empezar por un cese el fuego bilateral tampoco conduce necesariamente a crear un ambiente favorable para la definición de una Agenda más amplia y la discusión de temas de fondo.

En Nepal, a pesar del cese el fuego, las discusiones se congelaron durante mucho tiempo, antes de tocar los temas más substantivos, y en Sri Lanka el cese el fuego permanente del 2003, que supuestamente debía ser el preludio a discusiones más políticas, no logró el resultado esperado.

A veces, la firma de un cese el fuego previo puede, incluso, ser contraproducente. Si una de las partes no cumple con sus compromisos, las violaciones del cese no sólo erosionan la confianza entre las partes, sino que los períodos después de la ruptura de esos cese el fuego suelen ser los más intensos en los conflictos.

Los militares opinan que la única manera de lograr un cese el fuego, es acentuando las presiones militares sobre sus enemigos. En esos casos, focalizarse demasiado sobre la búsqueda de un cese el fuego puede, entonces, convertirse en un círculo vicioso y conducir a una escalada o radicalización de la violencia, generando más violencia y más muertos que si no se hubiera buscado un cese de hostilidades.

La búsqueda de un cese el fuego puede llegar a tener efectos perversos. Declarar su voluntad de negociar un cese el fuego puede mandar la señal equivocada de que se está debilitado, lo que puede terminar convenciendo a la otra parte de no firmar un cese el fuego y reforzar sus operaciones militares.

Si existen más de dos partes en conflicto, se corre el riesgo adicional de que una tercera parte intente aprovecharse del cese el fuego para ganar terreno.

En Colombia, los antecedentes de las conversaciones de La Uribe (1984), Tlaxcala (1991) y el Cagüán (1999), marcaron los espíritus: todos terminaron con el sentimiento de haber sido engañados por el otro. Más recientemente, las conversaciones entre el Gobierno de Alvaro Uribe y el ELN, también tropezaron con los detalles de la implementación de un posible cese el fuego.

Exigir un cese el fuego antes de empezar a dialogar, como rechazar categóricamente su posibilidad, son posiciones ambas con connotación ideológica. La pertinencia y la viabilidad de un cese el fuego, dependen básicamente de la correlación de fuerzas de los actores armados y de sus verdaderas intenciones 844.

Una alternativa mixta, puede ser un cese el fuego bilateral temporal que, al cumplirse el período, si todo continúa bien, se ratifica para un nuevo período, sino se suspende.

La Tregua ¿Una Alternativa Válida?

El mecanismo de llegar a una tregua, puede servir como antesala para la Paz, como en España e Indonesia, pero también para eternizar el conflicto, como en Sahara Occidental. Muchas treguas se han declarado sin mayor beneficio para las víctimas.

Uno de los mecanismos más solicitados por las sociedades, una vez que se abre la puerta para un proceso de negociación, es la declaración de treguas o de medidas que tiendan a disminuir el sobresalto de la guerra. Por otro lado, las partes en conflicto, presumen que necesitan llegar a la Mesa de negociación con su mayor capacidad demostrada, por lo que el incremento de las hostilidades es una de las formas de obtener ventajas.

Dependiendo del grado de popularidad del proceso de Paz y de la capacidad militar de las partes enfrentadas, entre otras variables, una negociación puede o no verse acompañada de una tregua. Pero no hay que ser ingenuos sobre la tregua, pues esta no es una solución final ni una garantía absoluta del respeto a los derechos de las personas civiles.

Desde el punto de vista del coste en vidas humanas de un conflicto, es obvio que una tregua es benéfica, pero esta no siempre es la lógica de las partes en conflicto sino, no habrían optado por la violencia armada.

En Darfur ha habido numerosos intentos y treguas declaradas, unas con argumentos políticos, otras como parte de procesos de acercamiento, o invocando razones humanitarias. Más allá del debate sobre quién las ha roto, en general se puede afirmar que la situación de las víctimas no ha cambiado.

En el caso español, Eta anunció diez veces el cese de la violencia a lo largo de veinte años, y el paso final hacia la Paz estuvo precedido de una declaración de tregua. De hecho, el cese de hostilidades le quitó aire político a Eta en vez de dárselo.

La tregua como preámbulo a la Paz se dio en Indonesia, pero no toda Paz fue precedida de una tregua.

En 1994, el Ira planteó un cese el fuego bilateral, para avanzar en el proceso político. Sin embargo, los políticos unionistas rechazaron el cese el fuego, afectando las negociaciones.

El caso más frustrante de un acercamiento entre partes en conflicto, acompañado de una tregua fue el de Sahara Occidental. En 1991, con la promesa de realización del referendo sobre el territorio, el Frente Polisario aceptó una tregua. Más de veinte años después, la tregua no ha servido a la Paz, no ha impulsado las negociaciones, no ha mejorado la situación humanitaria de los miles de refugiados y, más bien, ha enquistado el conflicto hasta quitarle cualquier relevancia en la agenda internacional.

Ha hecho carrera entre pacifistas la distinción entre “alto el fuego”, que es la suspensión del uso de las armas, y “cese de hostilidades” que incluye, además, el cese de todo tipo de acción violenta. El problema es que en esta última categoría, se incluyen delitos como el secuestro o ataques a la población civil, los que no son -jurídicamente hablando- hostilidades, sino crímenes de guerra. La no realización de crímenes de guerra, no puede depender de la voluntad de las partes en conflicto, sino que debe ser una prohibición absoluta, aún en tiempos de la mayor ofensiva militar. En consecuencia, más allá del debate semántico, lo que se persigue es la disminución del nivel de violencia.

Es muy difícil que una tregua se cumpla en toda su dimensión. Esto lo saben muy bien los enemigos de la Paz que, ante la primera escaramuza por alguna de las partes, buscan dar por rota la tregua en su totalidad, en vez de tratar de salvarla por todos los medios. También hay grupos, que de manera deliberada, realizan acciones militares o actos de terror con el fin de romper los acercamientos en curso.

Es altamente compleja la verificación de una tregua, especialmente en contextos en los que no hay acceso imparcial a los medios de comunicación, observadores internacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, u otro tipo de institución confiable, que permita establecer responsabilidades en el conflicto.

Hay numerosos casos en los que se ha llegado a la firma de un proceso de Paz, en medio de las hostilidades y sin que medie una tregua o cese de hostilidades previo. Esto se observó en la región de Aceh, en Indonesia, y los tuaregs en Malí.

Además de treguas, los actores de un conflicto pueden acordar -sin que esto necesariamente lleve a la Paz-, otro tipo de Acuerdos en el desarrollo de la guerra. En Darfur, desde el primer año de hostilidades entre los rebeldes y el Gobierno de Sudán, se formularon varios 845.

En el caso de Colombia, durante el período presidencial de Belisario Betancur, se llevó a cabo una tregua, mediante el Acuerdo de la Uribe en 1985. En el Gobierno de Andrés Pastrana, mediante el Acuerdo de San Francisco de La Sombra en el 2001, en el Punto 1. Se estableció “… la tregua con cese de fuegos y hostilidades…”. De todas maneras, ambos procesos fracasaron.

Cese el Fuego Unilateral vs Bilateral

Mientras la guerrilla -FARC y ELN- considera que la salida es política y el proceso de negociación debe estar acompañado de un “cese bilateral de hostilidades”, el Gobierno, aunque utiliza la vía de la negociación, continúa con el criterio de que la salida es militar, buscando derrotar a la guerrilla en el campo de batalla, no sólo negándose a un cese bilateral de las hostilidades, sino pretendiendo que sea la guerrilla la que “unilateralmente” lo haga y, mientras busca ablandarlos en el terreno de la negociación, la idea es que se “desmovilicen y desarmen” y se transformen en una fuerza política que, con suerte, podrá acceder a funciones públicas y generar cambios desde adentro, pero en ningún caso, la negociación considerará el tratamiento del sistema político y del modelo económico.

FARC y ELN consideran indispensable la voluntad política y la generación de confianzas, y crear condiciones para avanzar en la construcción de la Paz estable y duradera, para lo que es fundamental la participación activa de la sociedad colombiana y el acompañamiento de la comunidad internacional. Un Acuerdo para propiciar el ambiente para la Paz, como paso previo para entrar a abordar los problemas más graves e históricos que originaron y alimentan el conflicto social y armado interno. En la construcción de este ambiente, cada parte tiene que hacer aportes, pero el Gobierno pretende que sea solo la guerrilla la que los haga. Un cese el fuego y de las hostilidades tiene que ser bilateral, ubicando con precisión las actividades que están afectando a la sociedad en general; establecer qué deben cesar el uno y el otro y llegar a Acuerdos en esta materia. Necesariamente se tienen que abordar los problemas que afectan a las grandes mayorías de la nación, tanto los que son de la responsabilidad del Gobierno, como los que son responsabilidad de la guerrilla.

Temas como minas antipersona y reclutamiento de menores, deben estar dentro de esas prioridades, así como el de garantías y la seguridad a los disidentes, en el ejercicio de la oposición política a todas las corrientes, sin excluir a ninguno 846.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


816 Druker, Peter, en La Sociedad Postcapitalista, (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1993), acuñó este término que conceptualiza adecuadamente, cómo funcionan los sistemas políticos, particularmente en América Latina. Este tema también lo he estudiado en profundidad en: Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, págs. 6-32.

817 Freud, Sigmund, El Malestar en la Cultura, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988).

818 El Presidente Santos planteó que las “llaves de la Paz están bien guardadas y las sacaré cuando las FARC den muestras de que están preparadas”.

819 Molano Bravo, Alfredo, “Uribe nos despejó en el Valle”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle.

820 Debe destacarse que hay que hacer diferencias entre la Comisión de Verdad Histórica, cuya función es la de establecer los hechos que contribuyeron al origen, desarrollo y continuidad del conflicto, respecto de una Comisión de la Verdad, que es la que tendría la función de documentar las responsabilidades en el conflicto armado.

821 Ver Anexo I: “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera”.

822 Este sistema fue utilizado por Uribe bajo su presidencia, en el proceso de negociaciones con el ELN, en La Habana.

823 Presidente Santos, Presidencia de la República, Sistema Informativo del Gobierno, 2-12-2012, http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Diciembre/Paginas/20121202_06.aspx.

824 Estrategia militar busca desmoralizar a FARC, en Diario El Nuevo Siglo, Bogota, 6-1-2013, http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-estrategia-militar-busca-desmoralizar-FARC.html.

825 Ver http://www.mesadeconversaciones.com.co.

826 Santos le pide a las fuerzas militares “el marzo negro de las FARC”, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-3-2011, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-254132-santos-le-pide-fuerzas-militares-el-marzo-negro-de-FARC.

827 Siguiendo los criterios de Sigmund Freud, en El Malestar en la Cultura, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988).

828 Mientras “Chucky” promete tumbas y cárceles, Alfonso propone: ‘Conversemos’, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 2-3-2011, http://www.anncol.eu/conflicto-social-y-armado/11/mientras-”chucky”--promete-tumbas-y-cárceles,-alfonso-propone:-’conversemos’1212.

829 Adoptada durante el período de Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, para la desmovilización de los “paramilitares”.

830 El Gobierno colombiano se encargó de eliminar militarmente a Alfonso Cano en la “Operación Odiseo” el 4-11-2011, bajo el criterio de que al matar al líder, las fuerzas se debilitan.

831 Mientras “Chucky” promete tumbas y cárceles, Alfonso propone: ‘Conversemos’, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 2-3-2011, http://www.anncol.eu/conflicto-social-y-armado/11/mientras-”chucky”--promete-tumbas-y-cárceles,-alfonso-propone:-’conversemos’1212.

832 Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista Argentina de Relaciones Internacionales, Vol. V, N 13, Enero-Abril 1979, páginas 18-34. También, Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, páginas 6-32.

833 Ibídem.

834 Delegación de Paz de las FARC, Agenda de Mindefensa en Estados Unidos genera más desconfianza en Paz con el Gobierno, en Kaosenlared.net, 28-2-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/81928-FARC-agenda-de-mindefensa-en-eeuu-genera-más-desconfianza-en-Paz-con-el-Gobierno.html.

835 La Paz le Pertenece al Pueblo, en FARC.co, 28-12-2012, http://FARC.co/?p=2045.

836 Amenaza el Presidente el Accionar Popular y Social, en ELN Voces de Colombia, 23-7-2013, https://www.ELN-voces.com/index.php/es/nuestra-voz/comando-central/471-amenaza-el-Presidente-el-accionar-popular-y-social.

837 Molano Bravo Alfredo, “Uribe nos despejó en el Valle”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle.

838 Colombia: “Causa malestar el zigzagueo de Santos”: FARC, en Kaosenlared.net, 17-12-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/76343-colombia-”causa-malestar-el-zigzagueo-de-santos”-FARC.html.

839 Sánchez Gómez, Libardo, Colombia. Las líneas rojas del régimen, en Kaosenlared.net, 10-6-2015, http://kaosenlared.net/colombia-las-lineas-rojas-del-regimen/.

840 Según datos del Banco Mundial, el índice de GINI para Colombia en los últimos años se encuentra en 54,2, http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.

841 Girón Sierra, José, Las inconsistencias y contradicciones de la negociación, en Arcoiris, Colombia, 12-7-2013, http://www.arcoiris.com.co/2013/07/las-inconsistencias-y-contradicciones-de-la-negociacion/.

842 Massé, Frédéric, Codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia, El desafío del cese el fuego, en Diario el Espectador, Bogotá, 21-2-2012, http://www.elespectador.com/impreso/Paz/articulo-327727-el-desafio-del-cese-al-fuego.

843 El término “lealismo” hace referencia a una ideología opuesta a la unificación de la isla de Irlanda en un solo Estado.

844 En base al trabajo de Massé, Frédéric, Codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia, El desafío del cese el fuego, en Diario el Espectador, Bogotá, 21-2-2012, http://www.elespectador.com/impreso/Paz/articulo-327727-el-desafio-del-cese-al-fuego.

845 de Currea-Lugo Víctor, Las treguas, ¿la solución?, en Diario El Espectador, Bogotá 1-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/treguas-solucion-articulo-495946.

846 Estos temas, aún sin un cese el fuego, han sido abordados por las partes e implementado actividades conjuntas.