Tapa Conflicto en Colombia

 

Home







Capítulo XXI

La “No Negociación” de Alvaro Uribe Vélez

Tras el fracaso de los diálogos en el 2002, Alvaro Uribe Vélez ganó las elecciones, con un cincuenta y tres porciento de los votos, pero con una abstención del cincuenta y dos porciento del electorado, prometiendo mano dura e incrementando el gasto militar.

Puso al país en Estado de sitio e instauró la política de Seguridad Democrática en los siguientes términos:

No existe conflicto armado en Colombia sino una guerra contra el terrorismo. Todo el servicio estatal y la población deben estar al servicio del esfuerzo militar y político del Estado para derrotar a los terroristas. Se deben otorgar los más amplios poderes a las fuerzas militares para vencer al enemigo terrorista. Deben reajustarse los recursos judiciales, las facultades de la Corte Constitucional y de los órganos de control del Estado para que no sean un obstáculo a la acción del Poder Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo.

Al Plan Colombia inaugurado por Pastrana, lo transformó en “Plan Patriota”. No se trataba de una operación más, sino del inicio de un plan para derrotar a las FARC.

Los procesos de Paz perdieron la confianza de la sociedad, porque no ofrecieron los resultados frente a la crisis social y económica, no lograron reducir la intensidad del conflicto, ni permitieron la participación de la sociedad civil en su diseño, seguimiento y evaluación.

Durante su Gobierno, Alvaro Uribe lanzó una ofensiva nacional e internacional contra las ONG’s, sus iniciativas de Paz y los movimientos sociales bajo la acusación genérica de que son “politiqueros al servicio del terrorismo y traficantes de Derechos Humanos”.

En los años ‘70 y ‘80 la iniciativa de Paz tuvo el liderazgo de los movimientos sindicales y agrarios, y se centró en las luchas sociales de carácter reivindicativo. En los años ‘80 emergieron con fuerza las ONG’s de Derechos Humanos. Tal vez el hecho más característico, fue la eliminación física del liderazgo campesino en la década de los ‘80, que continuó con la persecución sistemática de líderes sindicales y dirigentes de izquierda durante la “guerra sucia” librada por los grupos paramilitares. El resultado ha sido el desmantelamiento de las organizaciones sociales y políticas, la dispersión o desaparición del liderazgo y la imposición de modelos hegemónicos de control de la población por vías antidemocráticas y de fuerza.

Las FARC plantearon la desmilitarización de dos departamentos -Florida y Pradera, en el Departamento del Valle- para reiniciar el proceso de negociación, pero la negativa del Gobierno fue permanente, reclamando un cese el fuego unilateral, la liberación inmediata de los secuestrados y una limitación de la Agenda a las condiciones de desarme y reinserción, siguiendo una versión más restringida de la Agenda limitada del modelo Barco-M-19.

Como resultado de un cambio en la política interna hacia la Seguridad Democrática para combatir a las FARC, la política exterior se orientó hacia la búsqueda de aliados para ganar la guerra 720. Tuvo dos estrategias oscilantes: por un lado, la Seguridad Democrática, orientada al esfuerzo por derrotar militar y políticamente a las FARC y, por el otro, la estrategia de acercamiento en busca de acuerdos humanitarios. Los esfuerzos por derrotar a las FARC han tenido mucho más peso que aquellos para buscar acuerdos humanitarios.

En relación con el ELN, Uribe ratificó el papel de intermediario de Cuba, aunque no se alcanzó ningún resultado.

Retiro de la Mediación de Venezuela

El Presidente Alvaro Uribe Vélez, lanzó una ofensiva militar contra las FARC con el apoyo de Estados Unidos, mientras se llevaban a cabo los diálogos con el ELN en Cuba. Entre el 2004 y el 2005 hubo facilitación por parte de México.

En el 2007 intentó restablecer el proceso con las FARC en Venezuela. El Presidente venezolano Hugo Chávez aceptó en agosto de ese año probar un acercamiento con las FARC, en busca de un acuerdo humanitario para que el grupo liberase a cuarenta y cinco rehenes a cambio de que el Gobierno colombiano dejara libres a unos quinientos guerrilleros presos. En noviembre, el Gobierno de Colombia dio por terminada la misión que le había encomendado al Presidente venezolano, debido a desentendimientos entre Chávez y Uribe, particularmente porque aquél no interpretó el significado del rol del mediador en toda la dimensión, al menos, como la planteaba Uribe.

Las FARC revelaron que Uribe quería Negociar

De acuerdo con líderes de las FARC, antes de terminar el segundo período de Gobierno de Uribe, cuando su candidatura por un tercer período estaba en baja, un empresario, al que las partes tenían confianza como facilitador, hizo un puente entre el grupo guerrillero y el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y el Presidente Uribe. La Embajada de Estados Unidos y la Iglesia estuvieron informados. Mediante una carta firmada por Frank Pearl, en ese momento Consejero de Uribe, planteaba un diálogo secreto en Brasil con Alfonso Cano o Jesús Santrich. El Secretariado de las FARC analizó la iniciativa y concluyó que, estando por finalizar el Gobierno, no tenía sentido abrir un proceso sin saber quién podría ser el nuevo mandatario, a la vez que consideraba que Uribe lo hacía porque necesitaba fortalecerse, no porque estuviera interesado en la Paz 721.

Según la guerrilla, Uribe aseguró que si la reunión secreta tenía resultados, sugerirían al nuevo Gobierno que continúe las reuniones. En la página web del Frente Antonio Nariño de las FARC, se dio a conocer un cruce de comunicaciones que habrían sostenido con el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, para iniciar conversaciones con miras a un proceso de Paz, en las que el empresario Henry Acosta Patiño habría sido el enlace que buscó el acercamiento.

El 24 de octubre del 2008, Alfonso Cano informó a sus tropas que el Gobierno de Uribe se reunió con un amigo de Pablo Catatumbo y les aseguró que él sería la única persona que podría contactar a los miembros del Secretariado, indicando que el mensaje de Uribe fue:

Si nos acepta la misión será la primera vez en estos seis años que no vamos a tener sino una persona autorizada para facilitar conversaciones con las FARC. No quiero nada con mediadores internacionales u otros mediadores nacionales que solo buscan protagonismo”.

El Gobierno habría dicho que estaba interesado en que el Comisionado de Paz Frank Pearl, se sentara con los dos o uno de los dos: Alfonso Cano o Pablo Catatumbo, o quien designaran para conversar de Paz, subrayando: no de acuerdo humanitario sino de Paz; aunque no por eso, dejarían de buscarlos. El Gobierno estaba dispuesto a abrir un corredor sin ejército desde la Vereda Combia hasta la Vereda Mesa Río Loro en el Valle, para facilitar su encuentro con Pablo Catatumbo, por el período de un mes.

Los miembros del Secretariado habrían hecho un proyecto de respuesta, en donde aseguraban que no aceptaban un diálogo “privado y secreto”, ya que “la tradición y principios de las FARC es hablar claro, de cara al país y no en conciliábulos”. Los hechos históricos demuestran que ese tipo de acercamientos secretos podrían desembocar en una traición como varias veces ha ocurrido en la historia de Colombia:

Todo esto es lo que nos lleva a insistir en que para adelantar cualquier tipo de conversaciones necesarias y en interés del intercambio humanitario y la Paz, el tema de las garantías, es de vital importancia como lo hemos reiterado en múltiples comunicados públicos”.

Frank Pearl habría enviado una carta al Secretariado de las FARC, donde expresaba el interés del Gobierno de concretar un encuentro directo y secreto con ellos o sus delegados. Este encuentro tendría una Agenda abierta, con el propósito de construir confianza entre las partes y que pueda derivar en una Agenda de Paz más detallada y profunda a futuro. Brasil garantizaría dentro de su territorio la seguridad y logística que sería acordada por los participantes del encuentro secreto 722.

Los Delitos de los Paramilitares Logran Condenas Reducidas por Ley

El mayor cambio político del Gobierno de Uribe fue el trato con los paramilitares. Obtuvo la aprobación del Congreso de una controvertida reforma legal, en la que el reconocimiento del status político ya no era prerrequisito para llevar a cabo Diálogos de Paz. En este nuevo contexto y bajo el auspicio de la Iglesia Católica, estableció contactos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y firmó nuevos Acuerdos: Santa Fé de Ralito I, el 15 de junio del 2003 y Santa Fé de Ralito II, el 14 de mayo del 2004 723.

El Marco Legal que negoció con las AUC -Ley de Justicia y Paz 975/2005- habilitaba el perdón de muchos crímenes cometidos por ellos, en su momento autores del ochenta porciento de las violaciones a los Derechos Humanos, según la ONU 724.

De acuerdo con el Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, la solución para los paramilitares desmovilizados que no cometieron delitos atroces, estaba dentro de la misma Ley 975/2005 de Justicia y Paz, en el Artículo 69 725. El anuncio del Gobierno ocurrió seis meses después de haberse iniciado un debate nacional, que incluyó un duro enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia por la decisión de ésta, de no reconocer como políticos los delitos de los paramilitares. Un Artículo, posteriormente no aprobado -el número 64 de la llamada Ley de Justicia y Paz- calificaba como “sedición” los crímenes cometidos por los paramilitares y por lo tanto les concedía el status de delitos políticos. El Ministro del Interior y Justicia de Colombia, Sabas Pretelt, restó importancia a la pérdida del Artículo y dijo que el Gobierno buscaría revivirlo en las sesiones plenarias. Las Comisiones del Senado y la Cámara aprobaron el Artículo propuesto por el Gobierno, que indicaba que en Colombia no había conflicto armado, sino una “agresión terrorista” 726.

Según el Comisionado de Paz Restrepo, la aplicación del Artículo 69 solucionaba la situación jurídica de los desmovilizados, ya que extendía los beneficios propios del delito político al concierto para delinquir simple y a otras conductas tipificadas en el Código Penal, siempre y cuando la persona se hubiera desmovilizado en el marco de la Ley 782 del 2002 727 y hubiera sido certificada por el Gobierno, requisito que cumplirían todos los desmovilizados de las AUC:

Al cerrar la posibilidad de otorgar los beneficios a quienes han incurrido en concierto para delinquir agravado (Art. 340-2 del Código Penal), nos mantenemos dentro de lo dispuesto en el fallo de la Corte Suprema del 11 de julio del 2007”.

La ampliación de dicho Artículo requería el consenso y la voluntad de la Fiscalía, la Procuraduría y las Cortes. El Presidente Alvaro Uribe argumentó que la Corte estaba obstaculizando la Paz y que diecinueve mil ex-paramilitares de las AUC estaban en el limbo. Un alto funcionario cercano al proceso, dijo que la nueva salida era “impracticable porque lo que la Corte ha dicho es que no se les puede extinguir la Ley penal a los desmovilizados”.

El 18 de mayo del 2006, la Corte Constitucional colombiana avaló parcialmente la Ley de Justicia y Paz, y comunicó qué Artículos habían sido declarados inconstitucionales y por qué se declaraba la inexequibilidad 728 del último aparte del Artículo 20 de la Ley 975, que determinaba que las condenas anteriores de los desmovilizados podrían acumularse y reducirse a las penas que establecía la Ley (de cinco a ocho años de prisión). El 19 de mayo, la Corte Constitucional colombiana expidió un nuevo comunicado, en el que se afirmaba que ese Artículo había sido declarado exequible en su totalidad.

Estado Colombiano Principal Responsable de Amnistiar de forma Encubierta a Paramilitares.

Organismos internacionales gubernamentales y también no gubernamentales, expresaron su opinión y preocupación, respecto de las políticas seguidas por el Gobierno de Alvaro Uribe y específicamente la Ley de Justicia y Paz.

Amnistía Internacional advirtió al Gobierno de Colombia, que la aprobación de la Ley de Justicia y Paz podría concederles impunidad a los violadores de Derechos Humanos:

La Ley no garantiza el derecho de las víctimas de los abusos de Derechos Humanos a la verdad y la reparación. No hay garantías de un proceso judicial que asegure que las personas acusadas sean llevadas ante la justicia, que puedan interrogarlas. La Ley no asegura el real desmantelamiento de los grupos paramilitares, ni permite establecer hasta qué punto están trabajando con las fuerzas armadas y otros estamentos de la sociedad. Lo que hay es un reciclaje de combatientes en estructuras que podrían recrear la estrategia paramilitar bajo otro nombre, como redes de informantes” 729.

Diversas investigaciones penales en Colombia, algunas llevadas a cabo por entes internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscripta a la OEA, han demostrado que el fenómeno paramilitar es de origen estatal y sus acciones se han dirigido contra la población inerme y sus formas organizativas como una manera de contener la inconformidad social. También se pudo constatar que los pronunciamientos y recomendaciones de organismos de carácter internacional son desconocidos reiteradamente por el Estado colombiano, propiciando nuevas violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad y que éstos y, en especial, el genocidio contra la Unión Patriótica y militantes del Partido Comunista son de autoría Estatal-paramilitar. Tales crímenes han sido y son perpetrados de forma sistemática y planificada contra sectores populares y políticos que han llevado a cabo programas de oposición o de reivindicación integral de sus derechos.

La estructura del aparato judicial está hecha a medida de la impunidad y es funcional a los intereses del paramilitarismo, razón por la cual las investigaciones para esclarecer los crímenes y violaciones de derechos nunca culminan haciendo justicia. La política de “Seguridad Democrática” del Gobierno de Uribe viene agravando la crisis de Derechos Humanos, involucrando cada vez más a la población civil en el conflicto armado, militarizando la vida civil, conformando redes de informantes, reclutando soldados campesinos, generalizando las detenciones masivas y arbitrarias, impulsando el “Plan Colombia” y el “Plan Patriota”, llevando a cabo fumigaciones indiscriminadas y elaborando leyes que favorecen la impunidad y contravienen los principios internacionales que garantizan los Derechos Humanos y el derecho humanitario. La llamada “desmovilización paramilitar” busca la legalización y consolidación de esta estrategia en lo político, económico-social y jurídico, negando el derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral así como la libertad de expresión de las víctimas y la población en general. Las estructuras paramilitares continuarían intactas, cometiendo graves violaciones de los Derechos Humanos. A pesar de los Acuerdos para verificar el alto el fuego y el cese de hostilidades y la desmovilización de los grupos paramilitares se han cometido más de dos mil doscientos asesinatos, ante los que la misión de la OEA ha guardado total silencio 730.

La Cámara Baja del Congreso de Colombia aprobó un proyecto de Ley, para ofrecer el Marco Jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares del país, en Diálogos de Paz con el Gobierno de Uribe. El proyecto de Ley fijó penas de entre 5 y 8 años de cárcel para paramilitares acusados de cometer delitos atroces, otorgándoles la categoría de delincuentes políticos a los miembros de las AUC. Su pena no se pagaría necesariamente en una cárcel sino en lugares determinados por el Instituto Nacional Penitenciario, que podían llegar a ser granjas o fincas agrícolas. Según la oposición, el proyecto de Ley no obligaba a los paramilitares a confesar la totalidad de sus delitos ni a indemnizar a las víctimas o a sus familiares. El mayor defensor del proyecto de Ley fue el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien ante las críticas, aseguró que existían los ingredientes necesarios de justicia y Paz, ya que los beneficios que concedía la iniciativa, eran sólo para quienes confesaran sus delitos, mientras que quienes no lo hicieran podían llegar a recibir todo el peso de la Ley.

José Miguel Vivanco, Director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, dijo que la Ley les daba a los líderes paramilitares la no extradición a Estados Unidos. La cúpula de las AUC estaba acusada de narcotráfico por Estados Unidos y era requerida por su justicia. Para Vivanco, los paramilitares no serían extraditados, porque bajo los beneficios de la Ley, la pena principal era reemplazada por una pena alternativa, que se concedía, por la contribución a la consecución de la Paz y por eso era poco previsible que el Gobierno accediera a extraditar a los líderes de las AUC 731. Ley de “Justicia y Paz” favoreció la impunidad:

Lo que está escondido es un esfuerzo de impunidad disfrazada porque no existen los mecanismos eficaces en esta Ley promovida por Uribe, para desarticular estas organizaciones mafiosas” 732.

La ONU señaló que la legislación no parecía seguir las reglas internacionales de protección a las víctimas:

La Ley aprobada en el Congreso no reconoce a las víctimas y sus derechos esenciales, no habla en ningún momento de la responsabilidad del Estado y de los beneficiarios de la acción paramilitar” 733.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara las atrocidades supuestamente cometidas por paramilitares colombianos. La Federación, que agrupa ciento cuarenta y una organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, sostuvo que las AUC, cometieron dos mil crímenes contra la humanidad desde que comenzaron las negociaciones de Paz en diciembre del 2002. Según la FIDH, la CPI debía intervenir, pues el Gobierno colombiano había aprobado una serie de leyes que contemplaban una “amnistía encubierta” en el marco de la desmovilización de los paramilitares. La iniciativa también fue criticada por la ONU, Amnistía Internacional y organizaciones colombianas 734.

Desmovilizados Vuelven a Generar Grupos Paramilitares

Ernesto Báez, vocero político de las AUC, señaló que muchos reinsertados decidieron formar nuevos grupos paramilitares porque:

Nada esperan de una sociedad egoísta, oportunista y pusilánime. Sólo mil quinientos de los treinta mil desmovilizados han recibido oportunidades laborales. Si no ayudan a los desmovilizados, la generación paramilitar será más violenta y sanguinaria que las anteriores”.

Hernán Giraldo, comandante del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, después de la desmovilización de los mil ciento sesenta y seis hombres a su mando en febrero del 2006, dijo que su grupo y algunas estructuras del bloque Norte guardarían, por si acaso, buena parte de sus armas para usarlas de nuevo 735 si el Gobierno incumplía los Acuerdos de Santa Fe de Ralito. Una de las razones por las cuales esto sucedía era que los mecanismos de reinserción de la tropa y los mandos medios paramilitares no estaban funcionando. Pero el problema no tenía que ver solamente con los deficientes programas de reinserción. A la luz de la información disponible, varios Jefes paramilitares resolvieron mantener activos grupos de retaguardia, a la espera de que las autoridades judiciales comenzaran a aplicar la Ley de Justicia y Paz 736.

Un informe de la OEA apoyado por organizaciones de Derechos Humanos, decía que a lo largo del 2006, se habían formado, al menos, cuarenta y tres nuevos grupos paramilitares que operaban en veintidós de los treinta y dos Departamentos colombianos integrados por militantes desmovilizados. Camilo González, Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, decía que llevaban a cabo actuaciones similares a lo que fueron los grupos desmovilizados, en cuanto al tipo de control, territorios, cultivos ilícitos, extorsión, lucha con la guerrilla y protección de negocios sobre todo. Severo López, paramilitar desmovilizado, decía que las debilidades del proceso de Paz de la Administración de Alvaro Uribe, eran aprovechadas por actores armados para conformar nuevos grupos:

El movimiento nacional de Autodefensas no tiene nada que ver con la construcción de nuevas bandas criminales, lo que sí tiene que tener conciencia el país, es si el Estado, las instituciones, las partes educativas y si la sociedad no saben integrar a estos muchachos, estos muchachos van a ser mano contratada fácilmente por los actores criminales.

El Gobierno de Alvaro Uribe consideraba que el surgimiento de nuevos grupos eran casos aislados que no afectaban los resultados del proceso de Paz que había logrado la desmovilización de treinta y seis grupos. El Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, calificó como un error hablar de nuevos grupos paramilitares:

Un error gravísimo (…) hablar de una tercera generación paramilitar. Algunos utilizan este término para descalificar la política del Gobierno” 737.

El 5 de febrero del 2007 Salvatore Mancuso, ex-Jefe de las AUC, en una declaración escrita desde la prisión de alta seguridad de Itagüí, dijo:

El rearme de las Autodefensas es una cruda realidad que no podemos soslayar o minimizar. También, los grupos de Autodefensas que no negociaron, siguen creciendo”.

Aseguró que los paramilitares de derecha que se habían desmovilizado, estaban volviendo a organizarse y que ya tenían más de cinco mil combatientes en sus filas. Presuntamente, una de las principales dificultades del proceso de desmovilización de los paramilitares era que estos grupos no tenían una estructura única, como las guerrillas izquierdistas de Colombia, sino que en muchos casos se trataba de unidades independientes que se congregaban bajo las AUC. Por esta razón, no se llegó a un acuerdo único con todos sus integrantes 738.

Rindiendo testimonio en el Palacio de Justicia en Medellín en mayo del 2007, como parte del proceso de Justicia y Paz para facilitar la desmovilización de los paramilitares, Salvatore Mancuso, dijo que se había reunido con el Vicepresidente Francisco Santos antes de que este asumiera el cargo. Comentó que él era prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado; que fue paramilitar entrenado por ellos. Implicó al Ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, de quien dijo que le había planteado derrocar al que fuera Presidente Ernesto Samper. También aseguró que el paramilitarismo había sido una política de Estado y dijo haber sido entrenado por el ejército colombiano 739.

A principios de diciembre del 2009, envió una carta a Congresistas de Colombia, desde la cárcel en Estados Unidos. En ella expresaba que la Ley de Justicia y Paz, se creó con el propósito de reincorporar a la vida social a los grupos armados al margen de la ley, que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la Paz nacional y como tal, estaba concebida con el propósito de salvaguardar los derechos de las víctimas y de los desmovilizados, adoptando estándares internacionales de Justicia Transicional con unas exigencias mínimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición, que le sirviera de cauce a la fase judicial de un proceso de negociación político de Paz, para ponerle término al conflicto social y armado que existe en Colombia desde hace seis décadas.

Les reclamaba que hicieran los ajustes y modificaciones a la Ley 975, o crearan las condiciones que fueran necesarias para alcanzar la Paz y la reconciliación, a la vez que establecer las precisiones para que los altos tribunales y los operadores judiciales, así como el Gobierno y sus dependencias, no le dieran una libre interpretación, algunas veces con intereses acomodados y malsanos, que han permitido lograr los vacíos que tiene la Ley, que se evidenciaron desde su creación y se aumentaron al ser objeto de examen de constitucionalidad mediante sentencia C-370 de la Corte Constitucional, cuando declaró algunos artículos fundamentales inexequibles, o exequibles condicionalmente, más por cuestiones de forma que de fondo y que se han hecho evidentes a través del tiempo con la aplicación de la Ley, especialmente en su caso y el de sus hombres, ya que los intereses que motivan a la jurisprudencia parecen pensadas para ser aplicadas a la criminalidad común de los Estados y no a la derivada de un conflicto social armado, civil e irregular, lo que además genera desconfianza y no permite tener reglas claras de interlocución con las víctimas, con los actores del conflicto y especialmente con los desmovilizados que se debaten entre avanzar o retirarse del proceso de Justicia y Paz, ante tanta incertidumbre, ante tanta inseguridad jurídica, política, física, en medio de tanta violencia, de incumplimientos, traiciones, del genocidio. La oferta real política de Paz de este Gobierno, se ha convertido en más exclusión política, social, económica, aislamiento, cárcel, en algunos casos de por vida por las falencias de la Ley, extradición o muerte.

El Estado es el mayor responsable de esta tragedia nacional, del conflicto social armado que hunde sus raíces y razones en la injusticia, la corrupción, en la violencia política impuesta por los partidos y las clases dominantes, en la exclusión política y social. ¿Por qué se empeñan en negar las causas, satanizar a los alzados en armas señalando que se trata de delincuencia desprovista de carácter político y no aceptar la existencia del conflicto armado? 740.

En abril del 2010, Mancuso, reveló desde Estados Unidos, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que:

El ex-Director del DAS, José Miguel Narváez, visitaba los campamentos de los grupos paramilitares para adoctrinar políticamente a sus combatientes, en momentos en que oficiaba como asesor del Ministerio de Defensa. Era él quien determinaba qué tipo de personalidades perseguir por su cercanía ideológica con los grupos guerrilleros.

El DAS le suministraba información sobre actores al margen de la ley, cuando Jorge Noguera era su Director y José Miguel de Narváez Subdirector. Expresó que:

Sin la colaboración del DAS, el ejército nacional, la policía nacional y miembros de la Fiscalía General, habría sido imposible que los paramilitares de la región Caribe obtuvieran un crecimiento como el que alcanzaron. El ejército lo apoyó para poder adelantar acciones contra grupos guerrilleros en distintas partes del país. Reveló nexos del General (r) Iván Ramírez, General Jesús Antonio Gómez Méndez y el Teniente Marco Antonio Pedreros con paramilitares 741.

En enero del 2011, el Jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, dijo desde su centro de reclusión en Nueva York (Estados Unidos), que el ex-Subdirector del DAS era miembro orgánico de las AUC, comprometiéndolo además en varios delitos. La declaración de Don Berna fue tomada en el Metropolitan Correctional Center of Manhattan, donde estaba recluido desde su extradición en mayo del 2008. Sostuvo que hacia finales de los ‘90, su organización tenía mucha influencia de miembros del ejército, que:

Utilizaban como intermediario al señor Narváez, ya que él se jactaba de ser profesor de la Escuela Superior de Guerra y daba información sobre operativos contra las Autodefensas o personas que tuvieran vínculos con la guerrilla o la izquierda”.

Relató cómo fue testigo de una discusión entre Carlos Castaño y Narváez, donde el primero le reclamaba, porque muchos actos que se habían cometido por orientación suya, no habían contribuido al desequilibrio del conflicto en Colombia. En la discusión, Carlos Castaño le preguntó para qué había servido la muerte del Congresista Manuel Cepeda Vargas o el humorista Jaime Garzón. Expresó que el crimen del Congresista Manuel Cepeda se cometió como una retaliación por el asesinato del Gral. del ejército Carlos Julio Gil Colorado y que se enteró, por boca del Comandante Castaño, que quien había sugerido el nombre del Doctor Cepeda Vargas fue José Miguel Narváez. Con base en declaraciones aportadas por el ex-Jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, a los fiscales de Justicia y Paz, el ex-Subdirector del DAS José Miguel Narváez, debió rendir indagatoria dentro de las investigaciones que se adelantaban por el secuestro extorsivo agravado de la Senadora liberal Piedad Córdoba, realizado en Medellín en mayo de 1999. Al proceso fue vinculado también el ex-Jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez 742.

En enero del 2012, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, confesó a una Comisión de la Fiscalía colombiana, que funcionarios del Gobierno de Uribe trabajaron con los “paras” para intervenir los teléfonos de forma ilícita 743 a Magistrados, en el marco de la investigación por el escándalo de las “chuzadas” del DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y opositores del Gobierno de Alvaro Uribe. “Don Berna” aseguró que Bernardo Moreno, Secretario General de la Presidencia durante la Administración Uribe Vélez, conocía del plan para infiltrar a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de desacreditar a los investigadores de la denominada “parapolítica” 744.

Liberan a Paramilitares

Pasados entre siete y ocho años de cárcel, según lo acordado en la Ley de Justicia y Paz, se inició el proceso de liberación de paramilitares debido a que se consideró que sus penas se habían cumplido. Once Jefes quedaron en libertad, entre los que se encuentran:

Uber Banquez, alias Juancho Dique, del Bloque Montes de María, que se atribuyó cinco mil seiscientas treinta y nueve víctimas; Iván Duque, alias Ernesto Báez del Bloque Central Bolívar, que se atribuyó mil quinientas cuarenta y cuatro víctimas; Fredy Rendón, alias “El Alemán”, del Bloque Elmer Cárdenas, que se atribuyó cuatro mil trescientas una víctimas; Ramón Isaza, alias “El Viejo”, de Autodefensas del Magdalena Medio, que se atribuyó mil ciento treinta y nueve víctimas; Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, del Bloque Central Bolívar, que se atribuyó mil quinientas cuarenta y cuatro víctimas; Jorge Laverde, alias “El Iguano”, del Bloque Catatumbo, que se atribuyó quinientas treinta víctimas; Edgar Fierro, alias “Don Antonio”, del Bloque Norte, que se atribuyó ciento ochenta y cuatro víctimas; Manuel Pirabán, alias “Pirata”, del Bloque Héroes del Llano y del Guaviare, que se atribuyó ciento cuarenta y cuatro víctimas; Jesús Roldán, alias “Monoleche”, del Bloque Casa Castaño, víctimas por verificar; Arnubio Triana, alias “El Botalón”, de Autodefensas del Magdalena Medio de Puerto Boyacá, que se atribuyó quinientas diecisiete víctimas; Edwar Cobos Tellez, del Bloque Montes de María, que se atribuyó seiscientas cincuenta y cinco víctimas.

Además, liberaron a Arnubio Triana, alias Botalón; Jorge Laverde, alias El Iguano; Víctor Quintero alias Cocoliso; John Alvarez alias El Mono; Ramiro Rojas alias Pocalucha; Jesús Noraldo Bastos León, alias Parabólico; y José Pérez alias Sancocho, jefe del Frente Farallones del Bloque Calima; y ciento cincuenta paramilitares más.

Según la Fiscalía, cumplieron “a cabalidad” los requisitos para ser liberados. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) certificó su buen comportamiento. Cada uno hizo referencia de los hechos violentos de los que fueron responsables y entregaron sus bienes como forma de reparar a las víctimas 745.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


720 La Política Exterior de Colombia la estudié en profundidad, en Dallanegra Pedraza, Luis, Claves de la Política Exterior de Colombia, en “Latinoamérica”, Revista de Estudios Latinoamericanos, CIALC, México D.F., Nº 54, Agosto 2012, ISSN: 1665-8574, págs. 37-73.

721 Molano Bravo, Alfredo, Uribe nos despejó en el Valle”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle.

722 Estas habrían sido las conversaciones del Gobierno Uribe con el Secretariado de las FARC, en Diario el Espectador, Bogotá, 7-10-2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/estas-habrian-sido-conversaciones-del-Gobierno-uribe-el-articulo-521071.

724 Uribe le responde a las AUC, en BBC Mundo en español, 8-10-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4321000/4321856.stm.

725 Art. 69 de la Ley de Justicia y Paz: “Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 del 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del Artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero del Artículo 348 del Código Penal; fabricación, trafico y porte de armas y municiones. Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan las condiciones establecidas en el presente Artículo, también podrán acceder a los beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 del 2002.”

726 Niegan Estatus Político a “Paras”, en BBC Mundo en español, 12-5-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4436000/4436627.stm.

727 Mediante esta Ley, se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada a su vez por la Ley 548 de 1999, en la que se establecen disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.

728 Incumplible.

729 Amnistía Internacional Critica “Ley de Justicia y Paz”, en BBC Mundo en español, 27-4-2005 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4487000/4487231.stm.

730 Denuncian el Carácter Paramilitar del Estado Colombiano, en Insurgente, España, 24-5-2005, http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=745.

731 Colombia Aprueba Ley de Justicia y Paz, en BBC Mundo en español, 21/06/2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4117000/4117878.stm.

732 Chirinos, Carlos, Colombia/Estados Unidos: ¿Se Apaga la Estrella?, en BBC Mundo en español, 18-7-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4692000/4692521.stm.

733 Colombia: Campaña para Defender Ley, BBC Mundo en español, 24-6-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4125000/4125540.stm.

734 Piden Investigar a Paramilitares, en BBC Mundo en español, 29-6-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4632000/4632323.stm. Ver también, Ley de Legalización Paramilitarismo, Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/, 29-6-2005. Asimismo, La Capitulación de Colombia, en The New York Times, Editorial, USA, 04-Jul-2005, Traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/.

735 Que desmovilizados decidan guardar armas, por las dudas, es más frecuente de lo que se publicita en diferentes procesos en el mundo. Mi experiencia como Observador Internacional (CIAV-OEA) en la desmovilización de la guerrilla “contra” en Nicaragua en 1990, comprende la observación de este tipo de situaciones que, efectivamente, se han dado. Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, Caps. XVI y XVIII.

736 Problemas Insalvables de Legalidad y Legitimidad de la Ley de Justicia y Paz, Revista Cambio, Bogotá, Colombia, 11-6-2006.

737 Nuevos Grupos Paramilitares Están Surgiendo en Colombia, Según la OEA, Rebelion.org, 04-08-2006.

738 Denuncian rearme paramilitar, en BBC Mundo en español, 5-2-2007, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6333000/6333743.stm.

739 Uribe Defiende, en BBC Mundo en español, 16-5-2007, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6660000/6660281.stm.

740 Carta de Salvatore Mancuso de las AUC desde la cárcel en Estados Unidos a Congresistas de Colombia, en SalvatoreMancuso.com, 7-12-2009, http://www.salvatoremancuso.com/detalle.php?id=1674

741 Mancuso acusa a Juan M. Santos de convocarlos para derrocar a Samper, en El Espectador, 21-4-2010, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo199342-mancuso-acusa-juan-manuel-santos-de-convocarlos-derrocar-samper. También, Salvatore Mancuso asegura que recibió apoyo del Ejército, Policía y DAS, en SalvatoreMancuso.com, 21-4-2010, http://www.salvatoremancuso.com/detalle.php. Igualmente, Mancuso se está sacando un clavo porque lo mandamos a una cárcel de Estados Unidos: Santos, en Caracol, Radio, 22-4-2010, http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=992749.

742Don Bernaseñala a José Miguel Narváez, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-1-2011, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-246473-don-berna-senala-jose-miguel-narvaez.

743 En Colombia se conoce como “chuzadas”.

744 Políticos o funcionarios vinculados con los paramilitares. Ver, Extraditado ex-Jefe paramilitar habló de una alianza entre las AUC y la Casa de Nariño, en Diario El Espectador, Bogotá, 29-1-2012, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-323708-don-berna-confeso.

745 Los nueve jefes paramilitares que asesinaron a 15667 colombianos salen ahora en libertad después de 7-8 años en la cárcel. El arreglo de la justicia de Uribe, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 15-8-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/terrorismo-de-estado/paramilitarismo-uribismo/7669-los-nueve-jefes-paramilitares-que-asesinaron-a-15667-colombianos-salen-ahora-en-libertad-despues-de-7-8-anos-en-la-carcel-el-arreglo-de-la-justicia-de-uribe.