Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XX

Modelos Históricos de Resolución de Conflictos en Colombia

A medida que la guerra civil más antigua de Latinoamérica ha ido avanzando, y fue tomando la forma de la nueva conflictividad en la etapa del post-bipolarismo en el orden mundial, la posibilidad de un proceso de Paz se ha transformado en un laboratorio de estudio sobre formas de Paz en un mundo en cambio dinámico.

La evolución, combinación e interacción de la conflictividad y de los procesos de Paz en Colombia a lo largo de los años, entre las políticas de los Gobiernos y la respuesta de los insurgentes, han producido dos “modelos históricos” distintos para la resolución de conflictos:

1) Moldeado durante la Presidencia de Belisario Betancur y desarrollado conjuntamente con las FARC.

Basado en una Agenda amplia; aceptación por parte del Gobierno de la existencia de causas objetivas del conflicto, como la problemática social y la exclusión política; y el reconocimiento de la insurgencia como interlocutores legítimos.

2) Como resultado de las negociaciones entre la Administración de Virgilio Barco y el M-19.

Agenda limitada; las reformas sociales y políticas debían ocurrir independientemente de las negociaciones con los insurgentes. Actuó para institucionalizar la política de Paz.

Aunque desde entonces ha habido variaciones de los dos, e intentos de diseñar alternativas, los dos modelos, que en muchos sentidos son opuestos, han seguido predominando.

Dado la forma en que ha evolucionado el conflicto y el proceso de diálogos para la Paz, a pesar de los muchos reveses, ha habido elementos importantes de progreso y evolución que podrían llegar a constituir un “tercer modelo” de resolución de conflictos, que incluiría nuevos factores como un papel más activo de la sociedad civil 649 y mayor preocupación por parte de la comunidad internacional y, particularmente, América Latina 650.

Hay un aspecto relevante que destacar, y es que sea el modelo Betancur-FARC o Barco-M-19, en ninguno de los casos se alcanzó a establecer Agendas que contemplen negociaciones substantivas independientemente de que las guerrillas propusieran, permanentemente, basar las conversaciones en Agendas substantivas; contrariamente, se privilegiaron los aspectos de procedimiento, con algunos pocos puntos en el temario que contemplan temas vinculados a procesos de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación, pero no con cambios que alcancen lo estructural en lo político-económico-social y militar.

Proliferación de Organizaciones Paramilitares

En su guerra contra los terratenientes que mantenían sembrados de coca, las guerrillas encontraron una lucrativa fuente de ingresos: el secuestro de esos terratenientes y sus familiares. Como respuesta a esta estrategia de la guerrilla, doscientos veintitrés traficantes de droga en Cali organizaron el grupo paramilitar llamado Muerte a Secuestradores (MAS) en diciembre de 1981. Durante la década siguiente se crearon cientos de organizaciones paramilitares inspiradas en el modelo del MAS.

La ONG de Derechos Humanos, Human Rights Watch, describe que tales organizaciones en Santander, en 1982, convocaron a una reunión a los lugareños, incluidos los dirigentes de los partidos Conservador y Liberal, hombres de negocios, hacendados, y representantes de la Texas Petroleum Co, tras la que llegaron a la conclusión de que su objetivo trascendía la mera protección de la población contra las exigencias de la guerrilla. Querían limpiar la zona de “subversivos”. En consecuencia, tras la reunión, se contrató a hombres a los que se armó para llevar a cabo la “limpieza”, con el apoyo logístico del ejército colombiano. La nueva fuerza paramilitar se denominaría MAS, homónimo de la organización de Cali. El acrónimo MAS lo fueron adoptando tantos grupos nuevos que pronto se convirtió en sinónimo de “organización paramilitar”.


Dos de los civiles entrenados por el Batallón Bomboná en Puerto Berrío, para operaciones de guerra paramilitar eran los hermanos Fidel y Carlos Castaño, cuyo padre había sido secuestrado y ejecutado por las FARC. Formaron su propia fuerza paramilitar a la que denominaron Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá (ACCU).

La Unión Patriótica, frente político de las FARC, se fundaba tras una tregua pactada por el grupo guerrillero y el Presidente Belisario Betancur en enero de 1983. Catorce meses después se firmaba el Acuerdo de La Uribe.

Durante la tregua del Acuerdo de La Uribe, cuando las operaciones de contrainsurgencia fueron prohibidas, el ejército amplió la aplicación de la Ley 48 para crear fuerzas paramilitares que se hicieran cargo de las operaciones de “limpieza” 651. En algunas regiones norteñas las fuerzas paramilitares impusieron, mediante el uso del terror, una acelerada contrarreforma agraria que provocó el éxodo masivo de poblaciones enteras.

El 20 de febrero de 1983, el Procurador General hizo públicos los resultados de una investigación ordenada por el Presidente Belisario Betancur, sobre la actividad de las organizaciones MAS en los escuadrones de la muerte. De los ciento sesenta y tres individuos implicados según el informe, cincuenta y nueve eran miembros activos de la policía o el ejército.

Dada la rara ocasión en la que los cargos contra un miembro del MAS o de las fuerzas armadas conseguían prosperar y llegar a juicio, los jueces, temiendo por sus vidas, transferían el caso a un tribunal militar que invariablemente terminaba por desestimar los cargos 652.

La Toma del Palacio de Justicia

Durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), las negociaciones con distintos grupos armados, concluyeron abruptamente con la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19). El grupo armado mantuvo, por cerca de veintisiete horas, a unos trescientos cincuenta rehenes entre Magistrados, Consejeros de Estado, empleados y visitantes. La policía nacional y el ejército iniciaron una operación de retoma del edificio que se extendió hasta el 7 de noviembre. El hecho dejó un total de noventa y ocho muertos, entre ellos once Magistrados y treinta y cinco insurgentes.

El Modelo Belisario Betancur-FARC

Se caracterizó por una “Agenda amplia” de reformas estructurales sociales y políticas y tomó forma concreta en el Acuerdo de La Uribe en 1984 653. Se basó en:

La aceptación por parte del Gobierno de las “causas objetivas” del conflicto como la desigualdad social y la exclusión política y en el reconocimiento de los insurgentes como interlocutores legítimos en las negociaciones.

La naturaleza innovadora del enfoque de Betancur omitió la institucionalización de su política de Paz y fracasó en incorporar en el proceso a actores políticos y sociales e institucionales como las fuerzas armadas, la iglesia católica y las élites empresariales locales. No obstante, tuvo éxito en establecer tres pilares que, de cierta forma, guiarían a futuras administraciones:

a) diálogos con las guerrillas;

b) reformas políticas; y

c) rehabilitación social y económica.

Acuerdos de La Uribe

Durante el mandato de Belisario Betancur (1982-1986), el campamento guerrillero conocido como Casa Verde, ubicado en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, se estableció como el sitio de negociación entre el Gobierno y las FARC. En la casa principal -cuyo techo era de color verde y donde había un teléfono que comunicaba con el Palacio de Nariño 654- se reunían los miembros de la Comisión de Paz y el Secretariado de las FARC. El 28 de marzo de 1984, mediante los llamados Acuerdos de La Uribe, las dos partes acordaron un cese el fuego, que se haría efectivo a partir del 28 de mayo, pero no la desmovilización inmediata de la guerrilla, que debía producirse después de un período de prueba para crear confianza entre las partes. El Acuerdo se extendió hasta marzo de 1986 y se canceló formalmente en 1990.

Exterminio de la Unión Patriótica

Tras la tregua establecida en el Acuerdo de La Uribe, miembros de las FARC se desmovilizaron para incorporarse al movimiento político Unión Patriótica (UP) que se había constituido el 28 de mayo de 1985, participando en las elecciones de 1986. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles 655. En las elecciones legislativas y regionales fueron votados veinticuatro Diputados Departamentales, doscientos setenta y cinco Concejales, cuatro Representantes a la Cámara y tres Senadores, dos de los cuales venían de la guerrilla: Iván Márquez y Braulio Herrera.

En las zonas en donde nació y se desarrolló el paramilitarismo, se dio la mayor concentración de crímenes en contra de miembros de la Unión Patriótica, especialmente entre 1985 y 1989. Cerca de tres mil militantes y dirigentes de la UP, entre ellos varios candidatos presidenciales, fueron asesinados en poco más de cinco años. Estos crímenes, sumados a la resistencia de los Jefes de las FARC a desmovilizarse y al asesinato, en agosto de 1985, de Iván Marino Ospina uno de los jefes del M-19, marcó el fin de la tregua.

La Caída del Muro de Berlín

En 1985 se celebró en Reykjavik una Cumbre entre Ronald Reagan y Mikjail Gorbachov, iniciándose una nueva etapa en los procesos en los que los conflictos localizados regionalmente, tenían raíces vinculadas a la “guerra fría”, por lo que, en adelante, se resolverían de manera negociada 656.

En 1989, cayó el Muro de Berlín, iniciándose el proceso de finalización de la “guerra fría”, acompañado en 1990 de la unificación de las “dos Alemanias”.

El Modelo Virgilio Barco-M-19

Muchos legisladores se opusieron a las iniciativas de Betancur y, con la ayuda del recién elegido Presidente Virgilio Barco en 1986, se apresuraron a poner punto final a cualquier negociación que pusiera en juego los intereses de la oligarquía. Además de poner fin a la tregua, el Estado desató la guerra sucia, dirigida principalmente a la Unión Patriótica. Tan sólo durante el año 1988, cerca de doscientos dirigentes de la Unión Patriótica fueron asesinados, y entre 1985 y 1992, más de dos mil.

El liberal Virgilio Barco (1986-1990) fue elegido, principalmente, como una reacción contra la percepción general de fracaso del enfoque de Betancur:

Barco revirtió el orden de las prioridades señaladas por su predecesor. Propuso que las reformas sociales y políticas deberían ocurrir independientemente de las negociaciones con los insurgentes, y actuó para institucionalizar la política de Paz.

La de Barco-M-19, fue una “Agenda limitada” en comparación con el número de temas de la “amplia” Agenda discutida entre Betancur y las FARC. Así como las FARC ayudaron a moldear el enfoque de Betancur, la nueva política de Paz de Barco se desarrolló conjuntamente con el M-19.

Gobierno y M-19, liderado por el Comandante Carlos Pizarro Leongómez, se pusieron de acuerdo rápidamente en el objetivo de la negociación el 8 de marzo de 1990, en el campamento de Santo Domingo, Departamento del Cauca:

Enfocarse en las condiciones para la reincorporación de los ex-combatientes a la vida civil, y en las garantías políticas que le permitieran a los insurgentes desarmarse y transformarse en un movimiento legal en la democracia, creando el grupo político Alianza Democrática M-19.

A pesar del asesinato del candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, por un sicario a bordo de un avión el 26 de abril de 1990, el partido del M-19 llegó en tercer lugar en las elecciones 657. Una de las principales condiciones establecidas por el grupo insurgente, era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución vigente, dando como resultado la promulgación de la Constitución de 1991.

En mayo de 1990, Barco también logró la desmovilización de la mayoría de los miembros del EPL.

Esta fue la etapa de mayor exterminio contra miembros de la Unión Patriótica: cerca de tres mil militantes y dirigentes, entre ellos varios candidatos presidenciales, fueron asesinados en poco más de cinco años 658.

Las organizaciones paramilitares involucradas en la guerra sucia, no sólo estaban aliadas con las fuerzas armadas de Colombia, sino que eran milicias legales. La Comisión para el Estudio de La Violencia subraya que la Ley 48, aprobada el 16 de diciembre de 1968:

Permitía al ejército la organización y el aprovisionamiento de armas a grupos de civiles, grupos a los que se denominaba unidades de ‘autodefensa’, para luchar contra la delincuencia organizada así como contra los grupos armados que operaban en ciertas regiones campesinas”.

Cada vez más, los representantes del Gobierno se constituyeron en objetivo de los paramilitares; como consecuencia de ello, el Presidente Virgilio Barco criticó a estas organizaciones en un discurso en abril de 1989:

En realidad, la mayoría de sus víctimas no forman parte de las guerrillas. Son hombres, mujeres e incluso niños, que no se han alzado en armas contra las instituciones. Son colombianos pacíficos.”

El 25 de mayo de 1989, el Tribunal Supremo de Colombia dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley 48, y al mes siguiente el Presidente Barco emitió el Decreto 1194 en el que se establecía la ilegalidad de cualquier forma de colaboración, participación o creación de grupos de “autodefensa” por parte del ejército o de la población civil. La ilegalización de los paramilitares sirvió de poco a la hora de disminuir sus actividades o su afiliación con las fuerzas armadas 659.

La CIDH señaló que, los hechos exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno de genocidio, y se podría entender que lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente 660.

A posteriori, el Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala de Justicia y Paz llegó a la conclusión, en un informe el 31 de octubre del 2012, bajo el Título 2. Hechos cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica 661:

Que los asesinatos que cometieron los paramilitares y miembros de la fuerza pública en contra de la Unión Patriótica fueron un genocidio político. Dentro del proceso que lleva a cabo la Sala de Justicia y Paz en contra de miembros de las AUC, la magistratura aseguró que, de acuerdo con el análisis histórico y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exterminio de la Unión Patriótica (UP), fue un genocidio político. Bastaba con ser miembro de un sindicato determinado o de la Unión Patriótica o de un movimiento social de izquierda para ser señalado y activar la estructura armada para hacerlo objeto de ataques, lo que denota un carácter altamente sistemático y generalizado en el caso de los miembros de los sindicatos, y una intención de destruir el grupo político de la Unión Patriótica, lo que se puede conocer como una expresión clara de genocidio de carácter político. La Sala encontró que un numero importante de los hechos punibles que son materia del presente control parcial de legalidad, están relacionados con el exterminio y ataque a los miembros de los sindicatos y de la Unión Patriótica, que puede ser entendida como una forma de control social a la población.

Modelos de Resolución de Conflictos 662

Modelo Betancur/FARC

Modelo Barco/M-19

Las FARC ayudaron a moldear el enfoque de Betancur.

Se caracterizó por una “Agenda amplia” de reformas estructurales sociales y políticas, y tomó forma concreta en el Acuerdo de La Uribe en 1984.

Se basó en la aceptación de la administración Betancur de las “causas objetivas” del conflicto como la desigualdad social y la exclusión política, y en el reconocimiento de los insurgentes como interlocutores legítimos en las negociaciones.

El enfoque de Betancur omitió la institucionalización de su política de Paz y fracasó en incorporar en el proceso a actores políticos y sociales e institucionales importantes, como las fuerzas armadas, la iglesia católica y las élites empresariales locales.

Tuvo éxito en establecer tres pilares que de cierta forma guiarían a futuras administraciones: diálogos con las guerrillas, reformas políticas, y rehabilitación social y económica.

La nueva política de Paz de Barco se desarrolló conjuntamente con el M-19.

Fue una Agenda “limitada” en comparación con el número de temas de la Agenda discutida entre Betancur y las FARC.

Barco revirtió el orden de las prioridades señaladas por Betancur. Propuso que las reformas sociales y políticas deberían ocurrir independientemente de las negociaciones con los insurgentes y actuó para institucionalizar la política de Paz.

Objetivo de la negociación:

a) Enfocarse en garantías políticas que le permitieran a los insurgentes desarmarse y transformarse en movimientos legales democráticos;

b) Enfocarse en las condiciones para la reincorporación de los ex combatientes a la vida civil, que se produjo en 1990.

Otras Administraciones

Los modelos de negociación Betancur-FARC y Barco-M-19, siguieron siendo puntos de referencia importantes para las siguientes Administraciones de Gaviria, Samper y Pastrana.

Fin del Sistema Bipolar

En 1991 se desintegró la URSS, lo que generó, al desaparecer el “sistema bipolar”, un proceso de globalización económica y expansión y transnacionalización del capitalismo, y una tendencia multipolar sin una configuración sistémica definitiva, encontrándose variaciones inestables en la configuración estructural 663.

En esta nueva etapa, las características de seguridad de potencias con incidencia en el ámbito latinoamericano, como Estados Unidos variaron, ya que los “factores ideológicos” -relación amigo-enemigo- dejaron de ser el catalizador central 664, al punto de que los conflictos que tuvieron que ver con la guerra fría entraron en una etapa de negociación pacífica, tales como Nicaragua, El Salvador, en el caso latinoamericano 665. Las nuevas tendencias en la conformación del sistema mundial, se centraron en el “eje” económico 666.

Presidencia de César Gaviria

La presidencia del liberal César Gaviria (1990-1994), es recordada principalmente por su política de “guerra integral” contra la insurgencia. Durante la primera parte de su mandato, siguió el modelo Barco-M-19 en las negociaciones con el EPL, el PRT y el Quintín Lame.

Ataque a la Casa Verde

El 9 de diciembre de 1990, el mismo día en que se estaba eligiendo la Asamblea Constituyente, tuvo lugar la Operación Colombia: una maniobra por parte de las fuerzas militares, contra los campamentos de la Casa Verde, sede del Secretariado de las FARC. El ataque se hizo bajo el argumento de que las FARC habían incumplido los pactos, fracturando los Acuerdos de La Uribe. Para muchos historiadores, este ataque ha hecho que los insurgentes desconfíen de las propuestas de los Gobiernos para su desmovilización.

Conversaciones en Caracas y Tlaxcala

Tuvo lugar un segundo intento de diálogo de Paz con la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar de las FARC, en la que participaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL). Las conversaciones comenzaron en junio de 1991, primero en Caracas, Venezuela y luego se trasladaron a Tlaxcala, México. Un año más tarde culminaron, por falta de Acuerdos y por la muerte en cautiverio del ex-Ministro Argelino Durán Quintero, quien había sido secuestrado por el EPL durante los diálogos en Tlaxcala. Las conversaciones terminaron el 4 de mayo de 1992.

En marzo de 1991, Gaviria consiguió que el movimiento indígena guerrillero Quintín Lame se desmovilizara.

El error de Gaviria y del M-19, fue pretender que se podía hacer una Paz parcial, una Paz sin que estuvieran todos. La arrogancia de dirigentes alejados del pueblo y desconocedores de la realidad histórica, como César Gaviria, impidió un Acuerdo que era muy posible y que habría sido muy sólido.

Presidencia de Ernesto Samper

Aunque la crisis política que sufrió la administración Samper (1994-1998) evitó cualquier progreso en los diálogos, la política de Paz del Gobierno regresó conceptualmente a la Agenda amplia del modelo Betancur-FARC, al mismo tiempo que siguió el proceso de institucionalización del modelo Barco-M-19. Los nuevos elementos incluían la ratificación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977 y el reconocimiento de un nuevo papel para la sociedad civil y la comunidad internacional.

El Gobierno de Samper llevó a cabo el Acuerdo Humanitario de Remolinos del Cagüán con las FARC en junio de 1997; el Pre-Acuerdo del Palacio de Viana (Madrid) con el ELN, en febrero de 1998 y el Acuerdo final con las Milicias de Medellín, MIR-COAR en julio de1998.

Acuerdo de Puerta del Cielo

El 16 de julio de 1998 se alcanzó el denominado Acuerdo de Puerta del Cielo, que daba inicio a negociaciones de Paz con el ELN. El Acuerdo se subscribió en el marco de las llamadas conversaciones de Maguncia, Alemania, entre el Gobierno y los grupos ELN y EPL. Contemplaba el desarrollo de una propuesta impulsada por los insurgentes, para convocar un proceso de diálogo conocido como Convención Nacional. También, el ELN se comprometía a no realizar secuestros de personas. Este Acuerdo se fue diluyendo con el paso del tiempo, entre otros aspectos, por el cambio de Gobierno en Colombia y la falta de políticas de Estado, por las acciones subversivas llevadas a cabo por el ELN y por los ataques a este grupo por parte de paramilitares.

Las FARC no negociaron con Ernesto Samper, porque consideraban que no tenía legitimidad suficiente para llevar a cabo una negociación de Paz. Los militares lo tenían bloqueado. El Gral. Harold Bedoya Pizarro “blandía el sable” cada vez que el Presidente hablaba de Paz. Cuando se comenzó a hablar del despeje de La Uribe, una zona despejada de hecho, el General Bedoya se insubordinó y le pidió al Presidente Samper dar la orden por escrito, con el objeto de tener elementos para legitimar un golpe militar. Samper no tenía con qué hacer frente al poder de los militares. Propuso negociar en medio del conflicto, lo que para las FARC fue considerado como un error con alto costo 667.

Presidencia de Andrés Pastrana Arango

El Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), mezcló elementos de los dos modelos históricos y agregó algunos nuevos. La reunión de Pastrana antes de posesionarse, con Manuel Marulanda Vélez, determinó un regreso a la diplomacia presidencial directa, sin abandonar la institución formal de la Oficina del Alto Comisionado.

En 1999, la Agenda Común para el Cambio por la Paz hacia una Nueva Colombia, firmada por el Gobierno y las FARC, se inspiraba en el modelo Betancur-FARC, aunque muchas de las políticas y de los manejos de la Administración en temas específicos reflejaran algo distinto.

Los Acuerdos sobre el procedimiento, reflejaron una evolución con respecto a las experiencias anteriores con las FARC, y las Audiencias Públicas y el Comité Temático abrieron oportunidades de participación de la sociedad civil. Las fuerzas armadas no obstaculizaron el proceso en términos generales. Pastrana usó hábilmente la preocupación internacional sobre los efectos de la guerra, para cosechar apoyo y crear conciencia del proceso de Paz en el mundo. No hubo una estrategia coherente para el proceso de negociación, y los diálogos no produjeron ningún progreso real en los temas substantivos.

Celebró Acuerdos Humanitarios con el ELN en junio y octubre del 2000, y acordó condiciones para establecer una Zona de Encuentro en mayo del 2001 y el Acuerdo por Colombia en noviembre del 2001.

Durante el Gobierno del Presidente Pastrana, la búsqueda de aliados internacionales para hacer factible la negociación con las FARC en el Cagüán, se denominó “Diplomacia para la Paz”.

La “Hoja de Ruta” Propuesta por la Comisión de Notables

El conjunto de las recomendaciones de la llamada Comisión de Notables, en la parte que tenía que ver con los procesos de diálogo y negociación para la solución política del conflicto, fue el trabajo más consistente, tanto en los objetivos como en las recomendaciones 668.

Lo más significativo en las propuestas de la Comisión de Notables (2002) fueron dos aspectos:

1) La necesidad de disminuir la intensidad del conflicto, para no dialogar en medio de la guerra, sino bajo las condiciones de una tregua y de un cese el fuego pactado de manera bilateral entre la guerrilla y el Gobierno, con el fin de crear el mejor ambiente para la negociación.

2) Que el cese el fuego y la tregua, tenía que servir para que, tanto la guerrilla como el Gobierno, se concentraran en la Agenda de negociación que ya existía, pactada al inicio del proceso.

Nunca discutieron la Agenda substantiva de negociación que ellos mismos habían pactado desde el comienzo. La Comisión de Notables planteaba que la razón de ser del Diálogo, tenía que ser la propia Agenda de negociación y no los aspectos de procedimiento, de si la zona de despeje era buena o era mala, si se habían violado los Acuerdos para el funcionamiento de la zona, etc. No se trataba de excluir los aspectos procedimentales, sino de evitar que se convirtieran en lo esencial.

La tregua y el cese el fuego debían tener como objetivo, crear el mejor ambiente para que las dos partes, acompañadas por la sociedad civil, pudieran concentrarse en la negociación de la Agenda común.

El Gobierno de Pastrana no estaba preparado para una negociación -como no lo estuvieron los Gobiernos anteriores- de los aspectos de fondo del proceso de la solución política; y el tema económico-social era muy difícil porque planteaba la definición de relaciones económicas, que eran miradas de una manera por el Gobierno y de otra totalmente distinta por las FARC.

Un tema muy difícil de abordar era el de las fuerzas militares, ya que las FARC y el ELN se planteaban una reforma radical al estamento militar; de la misma manera que resultaba complejo abordar, cómo debería ser la inclusión de las guerrillas, como instancia de poder dentro de las instituciones.

No hubo un respaldo pleno, ni del Gobierno de Estados Unidos, ni de la clase dominante colombiana para que se pudieran abordar los temas de fondo en la negociación. Por eso Pastrana, interesado en un proceso de pacificación -”Pax”-, se concentró en los aspectos procedimentales, mientras trataba de ganar tiempo para convencer al establishment colombiano, de que era necesaria una negociación sobre los aspectos políticos, sociales y económicos que estaban contenidos en la Agenda.

No hubo un solo momento en que se abordara la Agenda. Quien más insistió en ello fue la guerrilla. Cuando Manuel Marulanda -Comandante de las FARC-, planteó comenzar a discutir los temas de fondo, como el modelo económico, el plan Colombia, las fumigaciones, el narcotráfico; los voceros del Gobierno le dijeron que nada de eso era negociable. Entonces él respondió de una manera coloquial, diciendo:

Díganme, qué carajo es lo negociable para saber entonces en donde va a estar aquí lo fundamental”.

Si se mira lo que ocurrió con Belisario Betancourt o con Cesar Gaviria en las negociaciones durante sus Gobiernos, se encuentra que, justo en los momentos en que estaban dadas las condiciones para abordar la negociación de fondo, fracasaron los procesos por causas previsibles, porque se estaba dialogando en medio del conflicto y cualquier cosa, cualquier acto de guerra, podía ocurrir durante la negociación. Esto fue lo que detectó la Comisión de Notables y por eso insistió en la necesidad de negociar sobre la base de una tregua y un cese el fuego 669.

Al hablar de tregua 670 y cese el fuego, se buscaba extender el concepto también al cese de hostilidades. Se planteó, inicialmente, una tregua de seis meses. Definida la tregua, se entraba a discutir el tema de hostilidades, de las desapariciones, del secuestro y desaparición forzada, del uso de armas no convencionales en la guerra, de la penalización de la lucha social, etc. Siempre se planteaba que estos eran temas bilaterales, que en algunos aspectos eran de exclusiva responsabilidad de una de las partes, pero otras tenían su equivalente en la contraparte. Por ejemplo, el secuestro era responsabilidad de la guerrilla. Pero la desaparición forzada siempre ha estado ligada a una práctica del Estado, porque lo han hecho sus Agentes estatales y lo hacían los paramilitares por cuenta de sus nexos con Agentes del Estado. Cada aspecto tenía su equivalente. Había una serie de temas relativos a las hostilidades, y el más importante era el tema de los secuestros y el de la desaparición forzada, que había que resolver para luego abordar la Agenda de negociación.

La Comisión de Notables insistió, e hizo un llamado general para que el ELN entendiera este proceso que se daba en el Cagüán y de alguna manera se involucrara en él -las FARC negociaban en el Cagüán y el ELN en La Habana-. No obstante advirtió que, dadas las contradicciones entre las FARC y el ELN tras la crisis de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, ambos procesos tenían su propia dinámica, aunque un mismo objetivo, que era el de la solución política.

La Comisión de Notables señaló que se podía avanzar en ambos procesos, pues aunque cada uno tenía sus propias características, necesariamente se iban a encontrar. Todo este itinerario -cese el fuego, tregua, cese de hostilidades, negociación de Agenda- culminaba con una Asamblea Nacional Constituyente, que tenía la misión histórica de elevar a rango constitucional los Acuerdos de Paz. Resultaba muy difícil hacer una Constituyente para el ELN y luego otra Constituyente para las FARC.

La Negociación de San Vicente del Cagüán

La Silla Vacía

El último proceso de Paz entre un Gobierno colombiano y las FARC -antes del anunciado por el Presidente Juan Manuel Santos- comenzó el 7 de enero de 1999 con un curioso episodio conocido como “la silla vacía”. Ese día, en el Municipio de San Vicente del Cagüán, en el Departamento del Caquetá, se instaló la Mesa de Negociación. A la ceremonia asistió el Presidente Andrés Pastrana, pero no el Jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, razón por la que su silla estaba vacía. Aunque los insurgentes atribuyeron razones de seguridad a la causa de la inasistencia, luego trascendió que Marulanda no deseaba enviar un mensaje de que la Paz se hallaba cerca 671.

El Gobierno aceptó la desmilitarización de cuarenta y dos mil km2 al sur del país -equivalente a la superficie territorial de Suiza-. Esta zona de distensión tenía como objeto ser el lugar para el debate nacional sobre las transformaciones que Colombia requería. Organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, pobladores, empresarios nacionales y extranjeros y diferentes políticos estuvieron presentes en dicha zona y en los debates propuestos. En los debates surgían permanentemente denuncias, por los abusos y violaciones a los Derechos Humanos por los miembros de las fuerzas militares y policiales y su complicidad con el paramilitarismo. Uno de los focos de los debates estaba vinculado con la indolencia por parte del Estado para con los pobres, sobre todo campesinos e indígenas. El modelo económico, que los diferentes Gobiernos mostraban como eje del crecimiento del país, era blanco de las críticas y debates planteados por los representantes de las FARC.

No obstante, el avance de las negociaciones era casi nulo. Como hice mención más arriba, Manuel Marulanda Vélez, al ver la poca intención de negociar del Gobierno preguntó qué era negociable, ya que a cada propuesta le respondían que era imposible. Moribunda la negociación, el Gobierno de Pastrana comenzó a acusar a las FARC, que la zona desmilitarizada era usada para el tráfico de drogas, armas y secuestros. Para el 2001 no quedaban dudas de que el dialogo agonizaba.

Pastrana pasó de tener en 1998 de veintidós mil soldados profesionales a ciento tres mil en el 2001. La política del dialogo por la Paz se precipitaba hacia el reinicio de la guerra. A esto hay que sumar el avance del paramilitarismo. Hasta octubre del 2001 los paramilitares habían tomado cuarenta y siete Municipios y dos Provincias 672 en trece Departamentos. Sus masacres se multiplicaron según informes del Ministerio de Defensa de Colombia.

La Sociedad Civil Colombiana

Las iniciativas ciudadanas de Paz a nivel nacional, surgieron a fines de los ‘90 para exigir la solución política del conflicto, en medio de la guerra sucia contra el movimiento social. El mismo día de las elecciones locales y departamentales -26-10-1997-, los ciudadanos votaron a favor de una solución negociada del conflicto armado y por la plena vigencia de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, el respaldo casi incondicional a un proceso de Paz en el que había diálogo pero no negociación, y que ocurría en medio del conflicto armado, no tuvo en cuenta una estrategia en caso de una ruptura, y menospreció el cansancio de la mayoría de la población frente a la ausencia de resultados tangibles.

El proceso respondió al pedido ciudadano por la Paz, pero también fue el resultado de una acción política con objetivos electorales del entonces candidato presidencial Andrés Pastrana, cuyo compromiso real por la Paz no era claro ni representaba una voluntad cierta del establishment para negociar. Las FARC aprovecharon la circunstancia para dialogar pero no para negociar y dejaron la sensación, ante el país y el mundo, de que usaron la zona de distensión en el sur del país para fortalecerse militarmente. Este estancamiento de los diálogos y la formulación del Plan Colombia, configuraron un nuevo escenario que obligaba a modificar la Agenda y a adoptar otras formas y otros escenarios de convocatoria civil.

Las ONG’s de Derechos Humanos que cuestionaron desde sus inicios el Plan Colombia, como un peligroso obstáculo a la Mesa de Diálogo, las iniciativas de Paz y los movimientos sociales, lograron en esta coyuntura congregarse en una coalición civil denominada Paz Colombia. Manifestaciones de acción civil coincidieron en una Agenda común:

Solución política y negociada del conflicto armado, plena vigencia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, transformaciones sociales y políticas desde la equidad y la inclusión, cooperación internacional para la Paz, y participación democrática de la sociedad para refrendar eventuales Acuerdos.

Sin embargo, se registraron tensiones y dificultades que disminuyeron la capacidad de acción y participación, afectaron la credibilidad y las posibilidades de incidencia. Puede ser que la contradicción fundamental fuera: entre quienes justificaban la lucha armada de la insurgencia y quienes la rechazaban. También existieron dificultades de comprensión, especialmente en temas como: la representatividad y la legitimidad de las organizaciones que integraban las coaliciones civiles de Paz; los cambios políticos que se daban alrededor del conflicto armado; el papel de la comunidad internacional, sus lógicas de acción, sus contradicciones y diferencias. Se requería una lectura crítica del papel de la “sociedad civil”:

1) Se necesitaban mecanismos para la participación política, que fueran más allá de las protestas y reivindicación de los derechos laborales, y que se convirtieran en hechos y oportunidades de poder a nivel local, regional y nacional con la capacidad de reunir y efectuar un cambio real.

2) Un movimiento de Paz, debería alertar al país sobre los riesgos que implicaba un proceso que no era irreversible, y preparar las condiciones para una respuesta estructural y no coyuntural frente a una eventual ruptura.

3) Un movimiento de Paz no podía ser solo contestatario, debía construir propuestas hacia la Mesa de negociaciones con capacidad de incidencia, debía ejercer formas de presión sobre los grupos armados y el Gobierno, y definir alianzas estratégicas frente a la comunidad internacional.

4) Un Movimiento Civil por la Paz tenía la obligación de generar una estrategia de comunicaciones, que evitara la manipulación de la información y construyera opinión pública, antes y durante un eventual proceso.

5) La mayor experiencia del fracaso del proceso, era la necesidad de avanzar en la construcción democrática de la Paz como un espacio de formación y acción incluyente y participativa, que no dependía de quienes decidían la guerra o la negociación y que pudiera proyectarse aún en los tiempos de confrontación armada.

6) No bastaba un mandato ciudadano por la Paz en las urnas, se necesitaba construir poder local, regional y nacional para hacer real la participación política de la sociedad. El liderazgo ciudadano por la Paz debía ganar espacio de poder en Alcaldías, Gobernaciones, Congreso y otros espacios de elección popular. Era necesario pasar de la posibilidad de incidir en la solución del conflicto a la posibilidad de transformar las causas del conflicto desde la dirección del Estado. Eso, requería cambiar al Estado, ya que estaba -y está- malquistado y corrupto en sus instituciones por políticos que se turnan.

Es importante el tema de la crisis social y económica, vista desde el ángulo de las relaciones entre inequidad social, conflictividad social, inexistencia de posibilidades de acceso al poder e insurgencia. La inequidad y la exclusión pueden explicar la insurgencia, esto en un proceso histórico complejo y frente a condiciones persistentes. Por eso un proceso de Paz debe contemplar reformas económicas y sociales. Una negociación que no resuelva los problemas fundamentales, aunque desmovilice las fuerzas insurgentes, podría ser seguida por múltiples conflictos sociales de carácter violento o delincuenciales. La política económica no apunta a la resolución de esta problemática. Es una política centrada en lo monetario y en la estabilidad macroeconómica. Solo se ofrece “sudor y lagrimas” en un país que ya viene ofreciendo muerte.

El lado denominado “bueno” del Plan Colombia, en la práctica no existió. Lo real, para el 2000, han sido los mil trescientos millones de dólares de Estados Unidos, orientados a la guerra. Si se incluyeran las donaciones de Gobiernos y organizaciones cooperantes de Europa, y una contrapartida nacional -en un principio inexistente- se hubiera podido hablar de una parte “social”.

En el Acuerdo de Los Pozos de febrero del 2001 673, no se planteó una reforma estructural. No se planteó una reforma constitucional para que hubiera cambios substantivos en Colombia, sino la subordinación a la Constitución vigente.

Las desmovilizaciones deben ser una de las partes de una negociación, hacia la resolución pacífica del conflicto y la búsqueda de la justicia; de otra manera, desmantela el conflicto, pero éste queda latente en forma permanente porque se desarticula la lucha pero no se satisfacen las demandas.

Cambios en el Sistema Mundial

En la Casa Blanca asumió un nuevo Presidente: George W. Bush. La política militarista norteamericana, batió nuevos records a partir de los acontecimientos de las Torres Gemelas en septiembre del 2001, que fue llevada por el Gobierno de Estados Unidos hacia una “guerra mundial contra el terrorismo”, a partir de un cambio de paradigma, el de la “intervención preventiva”.

El mundo tuvo “un antes y un después” con los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Hasta ese momento, las tendencias globales se manejaban predominantemente dentro del “eje” económico, siendo el “eje” estratégico-militar secundario, desde la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS, dando fin al sistema bipolar. No obstante ello, Estados Unidos siguió manejándose, especialmente con George Bush padre y en la segunda etapa de la presidencia de Bill Clinton, a través de su ventaja comparativa y competitiva en el área estratégico-militar, donde es una potencia planetaria exclusiva y excluyente.

Después del fin del bipolarismo en 1991, durante diez años, Estados Unidos buscó un nuevo desafío en el terreno estratégico-militar, ya que su capacidad competitiva en el terreno económico estaba permanentemente cuestionada por Europa y el mundo asiático, y Estados Unidos tiene la necesidad de manejarse de manera exclusiva y excluyente, por su tradición aislacionista. El conjunto de guerras locales en el Golfo Pérsico y en la antigua Yugoslavia, durante los años ‘90, tuvo la suficiente envergadura como para movilizar a la nación, pero no modificar el sistema mundial. Todo esto cambió el 11 de septiembre del 2001. Entre las ruinas de las Torres Gemelas de Nueva York, Bush hijo, distinguió al nuevo enemigo y le declaró la guerra; no sólo al terrorismo internacional, sino también a los Estados que, según su criterio, lo cobijaban. De esta manera, Estados Unidos torció las cosas, de forma tal que se diera un predominio del “eje” estratégico-militar. Describió en un discurso al Congreso el 20 de septiembre del 2001, que el mundo estaba dividido entre buenos y malos, un mapa negro y blanco en el que cada país debía escoger su color: “O están con nosotros o están con los terroristas” 674. Esa era la esencia de lo que el propio Presidente norteamericano llamó la “Doctrina Bush”. Se le pidió que aclarara la definición, y un mayor oficial de la Casa Blanca dijo:

Nosotros debemos eliminar el azote del terrorismo internacional. No sólo necesitamos eliminar a los terroristas y sus redes, sino también a aquellos que los albergan” 675.

Esto justificaría la adopción de una Doctrina imperial de guerras permanentes, unilaterales y “preventivas” 676.

La propaganda de guerra al terrorismo en Estados Unidos, sirvió para fortalecer al Estado represor, socavar la oposición a los recortes masivos del gasto social y al fuerte incremento del militar, así como silenciar las voces que pudieran poner en duda la teoría de la conspiración terrorista internacional 677. Bush no trató de encontrar mecanismos negociados de justicia para los pueblos y para las partes. Quería que Estados Unidos y sus “aliados” fueran vistos como los que tenían la razón y que los otros se ajustaran a lo demandado 678.

Fin de las Negociaciones con las FARC

De un día para el otro, los negociadores de las FARC, que eran reconocidos, al menos, por veintiocho Gobiernos y hasta por emisarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, se convirtieron en “terroristas”. El 20 de febrero del 2002 se rompió la negociación del Gobierno con las FARC, demostrando hasta dónde era acatada por el Gobierno colombiano la política de Estados Unidos.

A solo horas del anuncio presidencial del rompimiento del dialogo, se inició la operación militar bautizada como “Tanatos” -similar al nombre del Dios griego de la muerte-. Pasaron por encima de los veintiocho Gobiernos que apoyaban la negociación y por el mismo enviado de la ONU.

Se había pactado entre ambas partes que si se rompía el dialogo, se darían, al menos, cuarenta y ocho horas para que la guerrilla evacuara la zona de distensión. Pero solo tres horas después del rompimiento unilateral por parte del Gobierno de Pastrana, las fuerzas armadas, apoyadas por doscientos aviones y helicópteros bombardearon ochenta y siete posiciones en el Cagüán. Como en Marquetalia en los ‘60, o Casa Verde el día de las elecciones por la Constituyente, este ataque tenía la intención de acabar con el liderazgo de las FARC. La guerrilla se replegó hacia el monte.

Andrés Pastrana confiesa en su libro, que el Cagüán fue una estrategia para poder armar al Ejército, que jamás tuvo una real voluntad de Paz. Lo reconoció Víctor G. Ricardo:

Las fuerzas armadas no tenían ni pertrechos, ni botas, ni gasolina para los aviones. Si las FARC hubieran advertido este hecho, no se habrían sentado a conversar con el Gobierno.

Además, Pastrana se había comprometido, como recordó Felipe López, a combatir al paramilitarismo, lo que nunca hizo. Ese fue el fracaso del Cagüán. Manuel Marulanda, que era un experto en emboscadas, sabía lo que el Gobierno de Pastrana buscaba y por eso dejó la silla vacía. Le hizo saber a Pastrana que no asistiría a la apertura formal de las negociaciones en San Vicente; Pastrana se presentó igualmente para hacer quedar mal a Marulanda 679.

Siempre se dice que la guerrilla simula negociar con el propósito solapado de rearmarse, pero esta apreciación es válida también para los diferentes Gobiernos colombianos, que han iniciado y luego malogrado un proceso de negociación orientado hacia la Paz. Su objetivo oculto es siempre la pacificación -”Pax”-, aunque le dan nombre de Paz.

El Plan Colombia

Este Plan se presentaba como lucha contra el narcotráfico, pero también buscaba aniquilar la resistencia armada colombiana.

Según datos de la Dirección Nacional de Planeamiento, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, el gasto de este Plan ascendió en la primera etapa 2000-2004 a diez mil setecientos treinta y dos millones de pesos 680 que puso el Gobierno colombiano y tres mil setecientos ochenta y dos millones de dólares el Gobierno de Estados Unidos. El 26,6% se destinaba al fortalecimiento institucional, el 57,5% para el combate a drogas ilícitas y crimen organizado y el 16% para la reactivación económica y social.

Pese al Plan Colombia, el país siguió, para esa época, entre el primer y segundo lugar de producción de cocaína.

Con el Plan Colombia, vinieron cuatrocientos militares norteamericanos al conflicto, y otros cuatrocientos por medio de las Compañías Militares Privadas, que fueron autorizadas una vez iniciado el Plan. Se legalizaba así el derecho de los terratenientes y trasnacionales a tener compañías de mercenarios.

Parte de la política del Plan Colombia ha sido premiar a quienes dieran muerte a guerrilleros. Esto favoreció los “falsos positivos”, que se desataron merced a la Directiva 029 del 2005, del Ministro de Defensa Camilo Ospina, en la que se fijaron criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate, de cabecillas de las organizaciones armadas, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico, y pago de información que sirviera de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y posterior planeamiento de operaciones. Un segundo Decreto, el Nº 1400 de mayo del 2006 creó la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional, “BOINA”, dado por el Presidente de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ta de 1992.

En el 2009 la Fiscalía General de la Nación investigó novecientos cuarenta y seis casos de “falsos positivos” y la Procuraduría mil cuarenta y tres.

Errores y Lecciones del Cagüán

Del fracaso en las negociaciones del Cagüán, se pueden sacar algunas lecciones 681.

1) Se requiere una política integral de Paz, que no puede agotarse únicamente en el tema de la negociación con la insurgencia, y una estrategia de seguridad y Paz que considere la manera de hacer frente a todos los factores de violencia. Además de las guerrillas hay que tener en cuenta otros factores de violencia, como son los grupos paramilitares y los que han surgido a partir de su desmovilización. Es importante pensar en el papel de las fuerzas armadas y la policía en un contexto postconflicto, cuando las necesidades del país se concentren más en cuestiones de seguridad ciudadana.

Adicionalmente, se requiere una estrategia de Paz con la sociedad en general. Si bien el objetivo de una negociación es desmantelar todas las formas de violencia y restaurar el monopolio del uso de la fuerza legítima por parte del Estado, hay aspectos estructurales que tendrán un impacto en la eventual consolidación de la Paz en el país y que se deben concertar, no solamente con la insurgencia, sino con los distintos sectores de la sociedad civil involucrados, particularmente en las regiones, que incluyen cuestiones como la propiedad y uso de la tierra, el medio ambiente, la inclusión social y la participación política.

Una de las lecciones que se puede extraer del Cagüán, es que se necesita una política que articule las negociaciones de Paz con los actores armados, con la participación de la sociedad en general -peacemaking + peacebuilding 682-. Dado que el conflicto se manifiesta de manera diferenciada en las regiones, se requieren mecanismos de diálogo nacional y regional sobre el conflicto y la Paz, que podrían modelar un proceso democrático de inclusión que reconozca el impacto de la violencia en las regiones, contemplando a su vez sus carencias y necesidades, y buscando una articulación entre las regiones y el centro, sembrando las bases para la inclusión en los mecanismos de Paz 683.

2) Gobierno y guerrilla deben reconocer lo que es posible y viable, en las circunstancias en que está planteado el conflicto. Debe buscarse un equilibrio entre los objetivos de las diferentes partes en el conflicto, tanto los de máxima, como los de mínima.

Tal vez no sea posible una transformación estructural de Colombia, pero tampoco se debe caer en el mero concepto de “desmovilización” como forma de resolver todo 684. El reto es encontrar, con realismo, cuál es la dimensión de la Paz que es posible, para frenar el conflicto en sus aspectos visibles o directos, sin tener que seguir pagando los costos de un conflicto degradado que afecta crecientemente a la sociedad; para luego seguir avanzando sobre los aspectos no visibles del conflicto o estructurales y que requieren de un más largo plazo en su resolución. A los aspectos estructurales del conflicto, hay que agregarles los “aspectos culturales”, que tienen que ver con la imposibilidad de resolver los problemas por mecanismos diferentes a los violentos, predominando la cultura de la represión -por arriba- y la reacción o rebeldía -por abajo-. Los aspectos estructurales y culturales del conflicto, favorecen y alimentan al conflicto directo y éste, a su vez, retroalimenta los estructurales y culturales. Una verdadera aproximación a la resolución de un conflicto, más aún de tan larga data y sin visos de resolución real como el de Colombia, es haciéndolo desde los tres ejes 685.

Más allá de la Agenda de negociación entre las partes, debe avanzarse en el compromiso de una “Agenda de reformas estructurales”, que contemple la solución política al conflicto, para que sea abordada, en diferentes plazos, hacia el futuro en la etapa denominada de “postconflicto”. Esta “Agenda de reformas estructurales” debe comprender, adicionalmente, los temas de Derechos Humanos, DIH, los asuntos de Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas y la crisis humanitaria que afecta ciertas regiones; la situación agraria, el problema de propiedad y el desarrollo rural; formas de abrir la participación política y social. Estos temas, no deben agotarse en el proceso de negociación entre las partes, sino que deben incluirse en la “Agenda de reformas estructurales” en el largo plazo.

3) Se requiere una sociedad civil proactiva, que participe como actor independiente y autónomo de las partes, sin dejar el proceso de Paz sólo en manos del Gobierno y la insurgencia. A la vez, es importante que el Gobierno no pretenda limitar el rol de la sociedad civil en el proceso, dándole un papel marginal, subordinado y dependiente de sus políticas.

La gran movilización por la Paz que se vivió en Colombia en los ‘90, que tuvo como punto culminante los diez millones de votos del Mandato Ciudadano por la Paz, legitimó el inicio del proceso de Paz con las FARC en el Cagüán. Sin embargo, esa movilización menguó durante el tiempo que duró el proceso y las organizaciones de la sociedad civil dejaron la negociación en manos del Gobierno y la guerrilla. La sociedad civil debe mantener un papel activo, crítico y vigilante en el transcurso del proceso y a posteriori, particularmente como motor de y en la “Agenda de reformas estructurales” en el mediano-largo plazo. En última instancia, es responsabilidad de la sociedad civil, ganarse su espacio, como actor y como el auténtico soberano.

Este tema, más allá de ser crucial, resulta complejo de ser alcanzado, toda vez que la cultura social en América Latina está más volcada a ser pasiva y dependiente, que activa y participativa.

Temas y Problemas Recurrentes

Pareciera que cada nuevo proceso de negociación que se aborda bajo distintos Gobiernos, implica un comienzo diferente, sin que haya verdaderas políticas de Estado y continuidad en la toma de decisiones en el mediano-largo plazo. La vía de la negociación pacífica para la resolución del conflicto colombiano, implica tratar de resolver una serie de problemas de carácter estructural, en diferentes niveles, e incluso tiempos. Algunos de estos temas-problemas ya han sido abordados entre las diferentes partes en conflicto, en distintas épocas 686, estableciéndose ciertas pautas que podrían tenerse en consideración en un proceso de negociación o perfeccionarse:

Establecer lazos de confianza entre las partes. Esto comprende resolver el problema de los instrumentos y mecanismos de control en la toma de decisiones, para alcanzar un auténtico cumplimiento de lo que se acuerde.

Ha sido contemplado en el Acuerdo de los Pozos (9-2-2001), firmado durante el Gobierno de Andrés Pastrana Arango con las FARC:

Punto 7. “Establecer una Comisión encargada de estudiar los hechos que afecten la marcha del proceso de negociación y que lo interrumpan”.

Punto 8. “La creación de un mecanismo en la Comisión que periódicamente evalúe sobre el cumplimiento y el propósito de la zona de negociación de Paz”.

El problema del “cese el fuego y hostilidades” por todas las partes, de forma ostensible.

Contemplado en el Acuerdo de San Francisco de La Sombra entre el Gobierno Nacional y las FARC (5-10-2001), durante el Gobierno de Andrés Pastrana Arango:

Punto 1. “… la tregua con cese el fuego y hostilidades…”

El Gobierno de Juan Manuel Santos, dejó de lado este tema (Acuerdo del 2012), llevando a cabo un proceso de “negociación bajo el fuego”.

El problema de las áreas -geográficas y temáticas- de negociación y las reglas y condiciones a las que se someterán, cómo se establecerán y se garantizarán:

Para el intercambio humanitario de prisioneros y secuestrados.

Contemplado en la “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia”, firmada en La Machaca (6-5-1999), durante el Gobierno de Andrés Pastrana Arango:

Punto 9. “Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario”.

Para negociar la Paz.

Contemplado en la “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia”, firmada en La Machaca (6-5-1999):

Punto 12.1 “Instrumentos democráticos para legitimar los Acuerdos”.

El problema de la celebración de las negociaciones de Paz, con la participación de los diversos sectores de la sociedad civil.

Contemplado en el Acuerdo por Colombia (24-11-2001) entre el Gobierno de Colombia y el ELN, durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango:

Punto 2. “Estimular la realización de encuentros entre las partes y los distintos sectores de la sociedad.”

Punto 5. “Impulsar la celebración de una ‘Cumbre por la Paz’ con la participación de diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional.”

Igualmente en el Acuerdo de San Francisco de la Sombra entre el Gobierno Nacional y las FARC (5-10-2001), durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango:

Punto 3. “… La Mesa invitará a los distintos sectores de la vida nacional para dar sus aportes al proceso en curso.

El Gobierno de Juan Manuel Santos, no trató este tema. Al inicio del proceso, y debido a presiones de diferentes sectores de la sociedad civil, estableció una página web 687 para recibir propuestas que serían transmitidas a la Mesa de Negociación en La Habana.

El de los Derechos Humanos en Colombia, tanto como responsabilidad del Estado, como de todos los sectores que operen en su interior, sean otros Estados, como la presencia de tropas u otro personal de Estados Unidos, como también empresas, banca, los grupos insurgentes, los paramilitares, etc.

Contemplado en el “Acuerdo de la Uribe” entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur, el 28 de marzo de 1984: “condenarán y desautorizarán ... el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.”

Contemplado en la “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia” firmada en La Machaca (6-5-1999), durante el Gobierno de Andrés Pastrana Arango:

Punto 2. “Protección de los Derechos Humanos como responsabilidad del Estado”.

Punto 9.1 “Desvinculación de los niños al conflicto armado”.

Punto 10.2 “Protección de los Derechos Humanos”.

Contemplado en algunos aspectos en el Acuerdo sobre Derecho Internacional Humanitario entre el Gobierno Nacional y las FARC (2-6-2001), durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango: “El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”.

El Gobierno de Juan Manuel Santos, trató este tema a partir de una “Justicia Transicional” y en el Punto relativo a las Víctimas, que viajan en grupos a La Habana, a entrevistarse con los miembros de la Mesa de Negociación. De estas entrevistas, debía salir todo lo relativo a “Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

El problema de los derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente y la explotación racional y conservación de los recursos naturales;

Contemplado en la “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia” firmada en La Machaca (6/5/1999) durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango:

Punto 2.2 “Derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente”.

Punto 4. “Explotación y Conservación de los Recursos naturales”.

Punto 4.3 “Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible”.

El problema que se plantea con la globalización y el rol de las compañías transnacionales y bancos que buscan su rentabilidad. generando altos costos económicos, financieros y sociales a los Estados subdesarrollados, desconociendo la soberanía de las naciones.

El Gobierno de Juan Manuel Santos, en lo relativo a temas vinculados a los puntos 6. y 7. anteriormente referidos, ha dejado especificado que quedó totalmente fuera de discusión el modelo de Estado y el desarrollo económico-social.

El tema judicial para juzgar o amnistiar o dar un status diferente a los que han estado en la guerrilla o paramilitares, así como el problema de la “extradición”. La extradición no debería ser utilizada como instrumento de coacción por parte del Gobierno, de la misma manera que Estados Unidos debería ser recíproco si demanda la extradición de colombianos, en lo que hace a someter a sus propios nacionales a tribunales extranjeros e incluso al Tribunal Penal Internacional (TPI).

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, propuso no extraditar a los cabecillas de las FARC si se logra firmar la Paz: “La extradición no puede convertirse en un obstáculo para un proceso de Paz. Si se consolida un proceso de Paz, que venga acompañado de la desarticulación de las estructuras al margen de la ley que tienen las FARC; si se desarticulan los mecanismos de colaboración que tienen algunos sectores con el narcotráfico y contribuyen a combatir el entorno y el contexto que permite el narcotráfico en Colombia, sería partidario de que se introdujeran normas en el ordenamiento colombiano que no permitieran la extradición de miembros de la guerrilla”. Por su parte, el Gobierno de “Estados Unidos ha enviado un mensaje claro de apoyo a una solución negociada al conflicto en Colombia” 688.

En diciembre del 2014, el Secretario de Estado de estados Unidos, John Kerry, se reunió con el Presidente Santos, y dijo que le solicitó mayor apoyo en las negociaciones, agregando que “Colombia es un aliado crítico para Estados Unidos y estamos trabajando muy duro para promocionar la prosperidad económica en esta nación”. El 19 de febrero del 2015, el Gobierno de Estados Unidos designó como enviado especial para el proceso de Paz a Bernard Aronson, quien ha sido Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, y con una larga experiencia en la región trabajando en la resolución de los conflictos en Guatemala y El Salvador desde la perspectiva de Estados Unidos. Según las explicaciones dadas por el mismo Aronson, no se trata de ofrecer “un plan hecho en Washington”, ni mucho menos “sentarse en la mesa de negociaciones”. La idea es ayudar a “empujar, persuadir, clarificar y ayudar donde podamos” 689.

El Secretario de Estado Kerry aclaró en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que la política exterior de Estados Unidos no corre peligro de perjudicarse, ya que “no estamos en la mesa. No somos un socio de negociación en esto”. La intención de Estados Unidos con este nombramiento es “tratar de ayudar” a preparar el terreno existente para la aplicación de un posible Acuerdo de Paz, dada la larga colaboración de los dos países 690.

La representación de las FARC en La Habana en un Comunicado, saludaron la designación del enviado especial estadounidense a las negociaciones de Paz, agradeciendo la confianza del Gobierno del Presidente Barack Obama y su Secretario Kerry en las posibilidades que, en medio de los obstáculos, tiene la búsqueda de la Paz negociada en Colombia 691.

El de la substitución de los cultivos ilícitos y el desarrollo alternativo con el común acuerdo de las comunidades comprometidas y dentro del respeto de la diversidad biológica y del medio ambiente.

Contemplado en la “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia” firmada en La Machaca (6-5-1999), durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango:

Punto 3.6 “Substitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo”.

Punto 4.3 “Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible”.

El Gobierno de Juan Manuel Santos, en el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, acordó el tratamiento de este tema en el Punto 4. de la Agenda.

El problema del narcotráfico, no sólo por el lado de la “oferta”, sino también por el de la “demanda”;

El Gobierno de Barack Obama, por primera vez en la historia de Estados Unidos ha planteado la alternativa de operar por ambos lados.

El problema de los fondos del narcotráfico, su depósito, lavado, utilización y manejo;

En el Punto 4. de la Agenda, las FARC han propuesto el tratamiento del tema de los fondos del narcotráfico y el lavado de dinero.

El de la reforma constitucional (re-celebración del “Pacto Social”). La construcción de un nuevo Estado, que permita el desarrollo económico y financiero con rentabilidad para los productores e inversores, pero fundamentado en la justicia social.

Contemplado en el Acuerdo de San Francisco de La Sombra entre el Gobierno Nacional y las FARC (5-10-2001), durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango: Punto 1. “… la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente…”

Punto 8. Reformas del Estado.

Punto 8.1 Reformas al Congreso.

Punto 8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor eficiencia de la administración pública.

Punto 8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local.

En el tratamiento del Punto 2. de la Agenda, relativo a Participación Política, las FARC han propuesto la celebración de una Asamblea Constituyente; tema al que el Gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el lema de que quedó totalmente fuera de discusión el modelo de Estado y el desarrollo económico-social, ha manifestado su negativa, proponiendo de su parte, la celebración de un “referéndum” para aprobar lo acordado en las negociaciones de La Habana, siguiendo los puntos estrictos de la Agenda.

El problema de la tributación. Establecimiento de un sistema de “presupuesto participativo” 692;

Tanto el tema de la tributación como el de un presupuesto para satisfacer todas las necesidades del postconflicto, ha sido planteado por las partes, e incluso constituye preocupación de la sociedad civil colombiana, llegándose a establecer algunas cifras, sin que esto signifique que luego se aplique según lo tratado o esperado.

Participación social en la planeación. Control de gestión en la administración de los asuntos de Estado, en la empresa pública y privada y autogestión.

Contemplado en el Acuerdo de San Francisco de La Sombra entre el Gobierno Nacional y las FARC (5-10-2001), durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango:

Punto 8. Reformas del Estado.

Punto 8.1 Reformas al Congreso.

Punto 8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor eficiencia de la administración pública.

Punto 8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local.

El problema de las reformas políticas y militares;

Bajo el lema de que quedó totalmente fuera de discusión el modelo de Estado y el desarrollo económico-social, no se ve posible que el Gobierno de Juan Manuel Santos esté predispuesto a reformas políticas. Por otra parte, desde el comienzo de su primer Gobierno, ha insistido en una Justicia Penal Militar, por lo que difícilmente acepte una reforma militar.

El problema de las reformas a los partidos políticos y movimientos políticos y la forma de representación, de manera tal que la sociedad se vea auténticamente representada y pueda participar activamente en la toma de decisiones y no sólo en las elecciones. Establecer mecanismos institucionalizados de participación ciudadana.

Contemplado en la “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia” firmada en La Machaca (6-5-1999), durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango:

Punto 7.1 “Reformas a los partidos y movimientos políticos”.

Punto 7.5 “Mecanismos de participación ciudadana”.

El Gobierno de Juan Manuel Santos no ha generado reformas substantivas en el tema partidos políticos y representación. Por otra parte, si la sociedad civil no adopta una conducta participativa que sea constante, cualesquiera que sean las reformas que se hagan, no servirán. La sociedad civil debe comenzar a adoptar cambios en su forma de conectarse con el país y de actuar y reaccionar como ciudadano, para lograr que el país cambie.

El problema de las reformas al sistema judicial para que opere de forma independiente del resto de los poderes del Estado y actúe eficientemente, dándose lugar a un auténtico y realista sistema republicano; de la misma manera que la lucha contra la corrupción y el narcotráfico sean efectivas.

Contemplado en la “Agenda Común Negociaciones FARC-Gobierno, por el Cambio Hacia una Nueva Colombia” firmada en La Machaca (6-5-1999), durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango:

Punto 6. “Reformas a la Justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico”:

Punto 6.2 “Organos de control”;

Punto 6.3 “Instrumentos de lucha contra la corrupción”;

Punto 6.4 “Narcotráfico”.

Las reformas al sistema judicial, y la búsqueda de un sistema judicial independiente, son una deuda de toda América Latina. Es un tema del que se habla y opina mucho, pero no se resuelve nada positivo. Temas como corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, son flagelos que crecen, y no existen aún mecanismos creativos e inteligentes que puedan controlarlos -tal vez no sea posible resolverlos ni eliminarlos- desde diferentes ángulos.

Un corolario de todo esto es que, en Colombia -como en la gran mayoría de los países latinoamericanos- no existen políticas de Estado, toda vez que se vuelven a repetir las mismas demandas en diferentes procesos de negociación, una y otra vez. O, por el contrario, que sí existen políticas de Estado, en la dirección de no considerar ninguna de las demandas que se presentan y continuar con las políticas gubernamentales y con el país en las condiciones en que se encuentra, en lo político, económico y social, buscando como único cambio, que la guerrilla se desmovilice, reintegre y opere con las reglas que se les indica. ¡Si quieren cambios, que ganen elecciones!

Realidad y “Espejismo” sobre una Paz Acordada

Las partes en un proceso de negociación, tienden a manejarse con su propia visión sobre cómo deberían ser la Paz y el sistema -en este caso el sistema político-, una vez alcanzados los objetivos que cada uno plantea y lograr establecer un Acuerdo. Tener una imagen del resultado, no es lo mismo que el resultado en sí, particularmente luego de pasado un tiempo en que la realidad comienza a ajustar los logros a las posibilidades y factibilidades, dadas por factores no considerados en el proceso de negociación o que emergen por causa de la evolución de los acontecimientos.

Es muy frecuente tener un “espejismo” de la realidad y su funcionamiento, a la vez que de la manera en que se pueden abordar los objetivos que se plantean y alcanzar resultados óptimos 693. No se pueden tomar decisiones en el marco de un sistema que se desconoce o no se comprende, o de cuyo funcionamiento se tiene un “espejismo”. Muchos decisores -y también intelectuales-, observan un espejismo de la realidad y toda política resultante de esa observación, es apuntada al espejismo, no a la realidad 694.

Esto debe tenerse en consideración, para el caso de los “preacuerdos” alcanzados entre Gobierno y FARC en el proceso de negociación en La Habana, dado que enfrentan el obstáculo de llevar a cabo un proyecto de integración nacional y de construcción del Estado sin instituciones locales consolidadas 695.

Los preacuerdos de La Habana son el fruto de la confluencia de los intereses políticos de las partes que negocian. Por una parte, los de las élites gobernantes por controlar las fronteras y desarrollar las zonas periféricas del país, y por la otra, los de las FARC por presentarse como los voceros de los campesinos de esos territorios, en el entendimiento de que ellos serán, eventualmente, sus futuros electores 696.

La convergencia de estas visiones y perspectivas, puede dar lugar a las Paz y el desarrollo regional e institucional del país, a través de lo que se conoce como Desarrollo con Enfoque Territorial (DET). Pero se trata sólo del primer paso en el logro de esos objetivos. Existen algunos desafíos que hay que superar para poder alcanzar tan importantes objetivos.

La Historia de los Territorios Periféricos

Colombia ha vivido buena parte de su historia enquistada en las montañas, de espaldas a sus fronteras, incluso de espaldas al mar, aún siendo un país bioceánico.

Cabe destacar, que gran parte de América Latina vive de espaldas al mar 697, aunque tenga políticas exportadoras. El mar está inexplorado desde el punto de vista de las riquezas alimentarias, minerales y el petróleo y gas que hay en sus fondos 698.

Es cierto que muchos países en América Latina también han sido incapaces de integrar sus territorios periféricos, pero quizás en ninguno de ellos ese abandono ha sido tan grave y tan prolongado como en Colombia.

Desde el siglo XIX la fragmentación del territorio colombiano fue propiciada por cuatro factores:

1) una geografía, fragmentada por las cordilleras Occidental, Central y Oriental, que dificultó la comunicación entre las regiones 699;

2) la falta de vocación exportadora de las élites, lo que redujo la economía a una serie de micro-mercados incrustados en las montañas;

3) la debilidad fiscal y administrativa, que ocasionó la compresión del Estado hasta su mínima expresión; y

4) la ausencia casi total de guerras internacionales, lo que hizo que las élites gobernantes se olvidaran de sus fronteras y que el Ejército se dedicara a reprimir desórdenes internos.

Se podría agregar un punto adicional:

5) la falta de vocación por encontrar mercados para exportar productos a la vez que la falta de industrialización de los mismos, lo que le quita valor agregado e interés por una mayor demanda externa.

Tres Condiciones

Los Acuerdos de La Habana contemplan una larga serie de programas destinados a la integración del campo y de la periferia, como parte de un proyecto de construcción de Estado-Nación. Entre esos programas se destacan:

a) una reforma rural integral (RRI);

b) un sistema de información catastral (SIC);

c) una serie de programas socioeconómicos con enfoque territorial (PDET);

d) un programa integral de substitución de cultivos ilícitos (PNIS); y

e) una larga lista de medidas destinadas a promover la participación libre y segura de las comunidades en los procesos de decisión.

Todos ellos son, sin duda, iniciativas plausibles, e incluso necesarias para el logro de los propósitos mencionados. Sin embargo, de ese tipo de propuestas está llena la historia del país. El problema de Colombia no es la falta de buenas ideas, sino la ausencia de las condiciones fácticas y de estructura y voluntad política que se requieren para que tales ideas se lleven a la práctica y se hagan efectivas con continuidad en el tiempo.

El éxito del proyecto depende de, por lo menos, tres condiciones:

1) un gran consenso político en torno al sentido disputado de los programas socioeconómicos con enfoque territorial (PDET), lo que, a su turno, depende no sólo del éxito de las negociaciones, sino de que la refrendación se logre y se superen los primeros años del postconflicto;

2) de la disponibilidad de recursos para llevar a cabo las obras, sobre todo de infraestructura, que dicho proyecto requiere;

3) se necesitan instituciones locales autónomas y capaces, que ejecuten y vigilen la realización de este proyecto.

Con respecto a las dos primeras condiciones, hay mucha incertidumbre y el Gobierno deberá contar con una combinación de recursos, talento y buena suerte. La última, requiere diseños institucionales sofisticados, además de voluntad política, que deben ser pensados sin más demoras, buscando experiencias internacionales similares y la ayuda de expertos.

Las Instituciones Locales

Según una investigación hecha por la ONG DEJUSTICIA 700, en Colombia hay unos doscientos veintinueve Municipios, que tienen una capacidad de institucionalidad mínima o inexistente. Esos Municipios, ubicados casi todos en la periferia, representan un poco más de la mitad del territorio nacional, donde vive el catorce porciento de la población: alrededor de siete millones de personas. Allí la justicia es casi inoperante:

i) el treinta y uno porciento de los jueces son provisionales;

ii) la administración pública no es capaz de llevar a cabo las tareas básicas que corresponden a un Estado:

    seguridad;

    protección de derechos;

    participación política;

iii) los índices de pobreza, desplazamiento, presencia de actores armados y de cultivos ilícitos, son más elevados que en el resto del país, y los funcionarios públicos suelen ser cooptados o manipulados por los actores fuertes -legales o ilegales- que dominan en el Municipio.

Estos son territorios sin Estado, donde los Municipios no tienen capacidad para imponerse frente a las fuerzas sociales y económicas existentes. El gran obstáculo que enfrentan los preacuerdos de La Habana, gravita en tener que llevar a cabo un proyecto de integración nacional y de construcción de Estado sin instituciones locales consolidadas.

Es posible que las partes de estos Acuerdos: Gobierno y FARC, estén subestimando la dificultad que implica este problema:

- Pareciera que las FARC confían en que la construcción institucional, se irá logrando a partir de la participación de las comunidades. Sin embargo, experiencias anteriores, como la de la descentralización y la de los mecanismos de participación política diseñados en la Constitución de 1991, muestran cómo el empoderamiento 701 de las comunidades y de la democracia participativa, no funciona bien sin la existencia de instituciones locales fuertes.

- El Gobierno Nacional, por su parte, parece confiar demasiado en su capacidad para intervenir en las regiones a partir de las instituciones existentes. Esta confianza puede dar lugar a una dirección autoritaria del proyecto, centrada en el tema de la seguridad y desprovista de su contenido social y participativo, que es lo que, en buena parte, ha ocurrido con el Plan Nacional de Consolidación.

Un proyecto de integración nacional y de construcción de instituciones locales, necesita un minucioso balance entre:

a) la participación ciudadana, el compromiso comunitario y el involucramiento de los movimientos sociales; y

b) el acompañamiento legal y democrático de las instituciones civiles, más que del ejército del Estado central.

Por eso es necesario pensar en diseños institucionales adecuados, que hagan frente a las complejas realidades que condicionan el éxito del proyecto de Paz y desarrollo, en un país con problemas estructurales históricos, inserto en un mundo crecientemente complejo y en cambio dinámico.

¿Hacia un Nuevo Modelo Colombiano de Resolución de Conflictos?

El corolario de décadas de procesos de Paz, prodiga experiencias valiosas. Cada uno de los dos modelos históricos, Betancur-FARC y Barco-M-19, hizo aportes significativos y, a posteriori, se ha visto la aparición y consolidación de nuevos elementos clave. Sumados a una síntesis de aspectos específicos de los dos modelos históricos, los nuevos elementos podrían ser los ingredientes para un futuro tercer modelo de resolución de conflictos, donde se aprenda de las lecciones del pasado, pero ajustándolas a las realidades del presente y el futuro, no sólo nacional, sino también atendiendo a los cambios y dinámica mundiales.

De por sí, ya existe un modelo planteado en 1992 por Notter, McDonald y Diamond, denominado “Diplomacia vía dos” o de “vías múltiples” 702, que combina los recursos gubernamentales, con los de los expertos no gubernamentales en la solución de conflictos, los de las empresas y las comunidades religiosas, los medios de información, las fuentes de financiamiento, los diferentes sectores de la sociedad civil y demás, en procura de la Paz positiva 703.

Participación de la Sociedad Civil

En el conflicto colombiano, los actores políticos armados de derecha y de izquierda y los Gobiernos, tienen una legitimidad precaria. Incluso colectivamente, no representan a la Nación como un todo 704. Por esta razón, un componente central del nuevo modelo, tendrá que ser el papel activo de la sociedad civil en sus diversas manifestaciones y en diferentes niveles y momentos del proceso de Paz. No se trata simplemente que la sociedad civil esté en la Mesa de negociaciones como parte, junto al Gobierno y a las guerrillas. Por ejemplo, el área más significativa para la participación ciudadana en el proceso de comienzos de los ‘90, no fueron los Diálogos de Paz con los grupos insurgentes que decidieron desmovilizarse, sino las dinámicas más amplias que evolucionaron alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, estos otros foros deben articularse con las negociaciones del conflicto armado.

En los procesos con las FARC y el ELN durante la Administración Pastrana, hubo intentos sutiles de involucrar a la sociedad civil en el proceso de negociación, aunque esto fue más claro en el caso del ELN. Si bien, ninguno de los procesos fue capaz de constituirse adecuadamente en un medio de participación ciudadana efectivo, aceptado socialmente, es significativo que ambos procesos expresaron, en cierto punto, la necesidad de establecer mejores lazos con la sociedad y las diversas expresiones de ella.

El Acuerdo de Los Pozos (2001) 705, sirve como ejemplo de que la participación de la sociedad civil fue más retórica que real. No puede haber una expresión más gráfica del arquetipo de bilateralismo, que la imagen del Presidente y del Jefe guerrillero, cuando se encontraron a solas bajo una carpa, decidiendo la suerte de toda una Nación. El portentoso efecto político del encuentro, simbolizado en los abrazos y apretones de manos, indica que aunque ni el Gobierno ni las FARC puedan afirmar que representen al pueblo colombiano en su totalidad, cuando se reunieron para trabajar mancomunadamente por la Paz, su legitimidad, apoyo popular y grado de representación social dieron un salto enorme.

Lo que el rompimiento de los diálogos durante la Presidencia de Pastrana sugiere, es que la naturaleza esencialmente bilateral del modelo de negociación, era inadecuada dados los niveles de complejidad de la crisis nacional.

Debe recordarse que la sociedad civil refleja las contradicciones y los conflictos, que caracterizan a una Nación dividida por años de guerra y violencia política. La sociedad civil, en sus diversas formas de expresión, debe buscar ampliar su capacidad de organización, y alcanzar los niveles necesarios de compromiso, de decisión y de poder requeridos para expresar su voluntad, y que ésta le sea respetada -principio básico del “Pacto Social”-.

No obstante, al igual que en el resto de América Latina, la sociedad civil, en general, aún es inmadura en lo que hace a participación política. Está muy acostumbrada a sistemas de liderazgos carismáticos de culto al personalismo y de corte verticalista 706; paralelamente a Gobiernos que se van intercambiando los turnos siguiendo pactos que los mantiene en el poder 707, más allá de toda eficiencia y de un proyecto nacional y a Gobiernos de corte autoritario, militares o civiles 708, que aíslan a la sociedad y a todo factor de representación social, impidiendo la posibilidad de que se genere una cultura participativa y una madurez cívica. La historia política de América Latina ha girado alrededor de “turnos” por el poder, aspirando a tener “democracia”, llamándole con ese nombre a Gobiernos que surgen del voto en las urnas, sin que exista una verdadera alternancia político-ideológica, y no a una verdadera cultura de la participación y el control de los actos de Gobierno en sistemas con división auténtica de poderes -República-. Lo que se llama sistemas “representativos”, en realidad, no representan sino que se encaraman en el poder, legitimando las acciones a través del voto que es tomado como un “cheque en blanco”; bajo el lema de que quien no esté conforme o desee un cambio, que espere al próximo turno o período y vote de manera diferente; algo que, en la práctica, es imposible de materializar.

Muchos de los componentes de la Convención Nacional propuesta por el Comando Central del ELN en el 2000, coinciden con la premisa básica de que la sociedad civil tiene que jugar un papel formal y decisivo en un Acuerdo de Paz. De la misma forma, la propuesta hecha por la Comisión de Notables en el Cagüán, se enfocaba en relacionar el cese el fuego con el objetivo específico de convenir una Asamblea Nacional Constituyente como etapa final de los diálogos con las FARC, haciendo recordar el modelo Barco-M-19.

También se debe consolidar una participación alta dentro de la arena política. Tras el genocidio de los miembros de la Unión Patriótica (UP) a fines de los ochenta y la frustración de la Alianza Democrática M-19 a comienzos de los noventa, la ausencia de una auténtica izquierda democrática en el espectro legal de los partidos políticos, como una alternativa, le dio crédito a la opinión de la insurgencia de que sólo es posible ejercer la oposición a través de la lucha armada. Por otra parte, en general, en América Latina, la derecha ha tenido una teoría política y un proyecto claro para gobernar, algo de lo que ha carecido la izquierda que siempre ha sido más dogmática, doctrinaria y discursiva -retórica-. La izquierda se ha manejado más por lo que no quiere o no está dispuesta a aceptar, que por proyectos claros, basados en la realidad y en las posibilidades que da el sistema, para alcanzar objetivos de justicia social 709.

La aparición del Polo Democrático en las elecciones nacionales del 2002 y en las regionales del 2003, muestra que no sólo es necesaria ideología y doctrina, ya que con eso no alcanza; resulta verdaderamente importante tener un proyecto y poder, para llevar adelante objetivos; algo que la derecha sí tiene en todo el planeta, como ha quedado demostrado con la globalización.

De todas formas, para que la sociedad civil tenga un papel activo en diferentes niveles y momentos en los procesos de Paz y en la vida de la Nación, debe darse una democracia participativa, con verdaderos controles por sobre los que toman decisiones; de otra forma, la sociedad civil sólo es una “invitada” en los procesos, según las reglas de quienes toman decisiones. Pero, para que esto ocurra, es el propio pueblo quien debe despertar y buscar defender sus intereses, porque nadie lo va a hacer por él, por más que muchos digan que la “democracia” es “representativa”. Ya se ha visto que los “representantes” han tomado vida autónoma y se manejan en función de los intereses de los poderes que pueden influenciarlos, e incluso, controlarlos, más allá del voto popular que los “legitima”.

Indígenas Piden al Gobierno Participar en las Negociaciones de Paz

Los indígenas colombianos miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), reunidos en un Foro por la Paz en Bogotá, pidieron que el Gobierno y la guerrilla decreten una tregua bilateral y permitan participar a sus autoridades ancestrales en las negociaciones de Paz de La Habana y en el período del postconflicto.

Con el lema “somos Paz desde nuestra cosmovisión”, los pueblos congregados resaltaron que los indígenas han sido “ejemplo de vida en armonía” con sus leyes de origen y de derecho mayor. Establecieron:

Que es prioritario pactar lo antes posible un cese bilateral del fuego entre los actores armados en confrontación, con el fin de garantizar la vida de nuestros pueblos”, así como “que se garantice la participación real y efectiva de las autoridades indígenas” en los procesos.

Una autoridad del pueblo Huitoto del Amazonas, expresó su molestia porque el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC estén negociando en La Habana y no ante la ciudadanía:

Esos dos leones están guerreando, no están buscando la Paz. Para que haya Paz propongo como huitoto amazónico, que en la mitad de esos dos leones tienen que estar todos los jefes indígenas”.

La Coordinadora Nacional de Autoridades Tradicionales Indígenas del Gobierno Mayor del pueblo Embera Dobida, Miriam Chamorro, dijo que la preocupación de los nativos, que suelen vivir siempre en remotas zonas donde operan los grupos armados, es que persista la violencia en el postconflicto.

Ahora mismo se está concertando la Paz, pero ya se hizo un Acuerdo de Paz con los paramilitares y el resultado son las bandas emergentes. Aquí llamamos la atención sobre el postconflicto porque, ¿quién le va a hacer veeduría a quienes supuestamente entregan las armas?”.

Consideró un mal augurio que, mientras se negocia la Paz en sus territorios:

Se estén causando daños constantemente por parte de los grupos armados ilegales y también legales”.

Y se preguntó si:

El Gobierno y la guerrilla han pensado “cómo van a reparar a la Madre Tierra del fragor de la guerra”.

Los indígenas también reclamaron que se respete “la autonomía y autodeterminación” de sus territorios, y propusieron impulsar un Consejo Nacional Indígena de Paz, para activar su participación en las negociaciones, así como programas de divulgación y construcción de iniciativas basadas en conocimientos tradicionales.

Hicieron las habituales peticiones sobre el derecho de consulta previa, la revisión de los Tratados de Libre Comercio, garantías para formular los planes integrales de vida y la reparación de los territorios destruidos por las fumigaciones para erradicar las siembras de coca 710.

La respuesta a estos planteamientos y propuestas por parte del Gobierno ha sido ninguna. Sigue con su idea de qué es “Paz” y cuáles son los objetivos reales de la negociación, que no van más allá de una desmovilización con algunas características particulares.

Institucionalizar la Política de Paz

Una transformación fundamental que se requiere para consolidar un nuevo modelo, es la institucionalización de la Paz como política de Estado y no como política de Gobierno 711.

Crear y mantener el apoyo político para el proceso de Paz es esencial para que sea viable. Los grupos políticos de Gobierno y oposición, deben acordar ciertos parámetros básicos dentro de los que se dará continuidad a políticas. La naturaleza altamente volátil de la opinión pública, y la fragilidad de la sociedad civil, fueron evidentes durante la experiencia Betancur-FARC, y el apoyo social y político inicial al proceso de Paz no resultó en nada. Algo muy similar ocurrió con Pastrana. En el caso del proceso Barco-M-19, aunque la sociedad civil sólo tuvo un papel marginal, el apoyo público creció ostensiblemente a medida que los Acuerdos de Paz comenzaron a transformarse en realidades tangibles y visibles, y se extendió a la Asamblea Nacional Constituyente.

El apoyo a procesos negociados, se va construyendo mediante el incentivo dado por el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil, la consolidación y crecimiento de movimientos políticos, la construcción de redes de apoyo internacional por la Paz, etc. 712.

El Gobierno de Santos, comete el mismo error de Gaviria, de pretender que se puede hacer una Paz parcial, una Paz sin que participen todos. La arrogancia de dirigentes alejados del pueblo y desconocedores de la realidad histórica, impide que se llegue a Acuerdos que podrían llegar a ser sólidos por el aval de todos los sectores de la sociedad.

El Rol de América Latina

La historia de América Latina está plagada de conflictos. Los de carácter colonial, dejados por Gran Bretaña, como Malvinas (Gran Bretaña-Argentina), Guayana Esequibo (Gran Bretaña-Venezuela-Guyana) 713 y Belice (Gran Bretaña-Guatemala-Belice) 714, además de la guerra del Pacífico (Chile-Perú-Bolivia, con participación de Gran Bretaña según sus intereses económicos), que dejó a Bolivia sin salida al mar; los conflictos territoriales, especialmente el trazado de límites fronterizos, que provienen de la época de la independencia y aún perduran, y los conflictos de carácter hegemónico generados, principalmente, por los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos desde la época de la Doctrina Monroe, que se agravaron con el conflicto Este-Oeste que dio lugar a la guerra fría y hoy se traslada a la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y la continuidad de los intereses económicos y de seguridad norteamericanos o de empresas con casa matriz en ese país y subsidiarias en la región.

Esto ha mantenido a América Latina dividida, más allá de discursos “bolivaristas” e “integracionistas” 715; donde los factores que comprenden situaciones de conflicto -de todo orden, incluyendo lo ideológico- superan a los que involucran convergencia y/o cooperación 716.

La posibilidad de que América Latina tenga políticas propias, para resolver sus problemáticas de manera conjunta, es muy vaga y lejana. No hay políticas latinoamericanas, salvo esbozos y manifestaciones de deseos, en materia de seguridad, política exterior, desarrollo económico, etc., áreas en las que se han establecido instituciones, cuyo grado de influencia intra o extra-latinoamericano pasa por el discurso pero no por los hechos. Esto hace que las posibilidades de que sus sociedades puedan alcanzar objetivos mínimos de desarrollo y satisfacción de necesidades, sean muy débiles y lejanas.

América Latina no tiene una política para resolver situaciones de la gravedad como la que vive Colombia desde hace décadas. Mientras esto siga así, la conflictividad social -y de todo otro orden- en la región será una constante y la represión la fórmula aplicable, pero no la solución.

Un Acápite Especial para las fuerzas armadas

Entre las ramas y los componentes del Estado, están las fuerzas armadas, quienes son una institución constitucional bajo el mando del Presidente de la Nación, que es su natural Comandante en Jefe. No obstante, desde los Acuerdos militares bilaterales planteados por el Gobierno norteamericano después de la segunda guerra mundial 717, las fuerzas armadas latinoamericanas han dejado de ser parte exclusiva de los sistemas nacionales de defensa para pasar a ser un medio logístico del sistema de seguridad de Estados Unidos en el conflicto Este-Oeste. Por ello, todos los militares que formaran parte del Estado Mayor pasan, desde la segunda postguerra, a realizar cursos en West Point y otras escuelas en Miami, Panamá, Puerto Rico para formarse en contrainsurgencia e incluso se los preparó para gobernar en sus países si fuera necesario, como ha ocurrido en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, principalmente 718.

Las fuerzas armadas no deben ser tratadas como un actor independiente dentro del Estado, sino como una institución constitucional absolutamente subordinada al Estado, no al Gobierno, en el marco de políticas de Estado.

Esto no significa que deban ser excluidas de los procesos de Paz. Deben ser incorporadas activamente, fundamentalmente en un proceso de re-adoctrinamiento para la defensa nacional, alejado de los intereses de seguridad de Estados Unidos, que siempre ha interferido en la región para su propio beneficio y para perjuicio de las naciones. No estoy haciendo referencia a situaciones o conceptos de “bueno o malo”, sino de interés nacional “inteligente”, en términos de no confrontar absurdamente, pero saber centrarse en las propias necesidades y aspiraciones 719.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


649 Este es el planteado por el ELN al Gobierno de Santos en su proceso de negociaciones en Quito, Ecuador.

650 Siguiendo los criterios propuestos por García-Peña, Daniel, En Busca de un Nuevo Modelo para la Resolución de Conflictos, http:--www.c-r.org-sites-c-r.org-files-17_En%20busca%20de%20un%20nuevo%20modelo.pdf.

651 Dos textos jurídicos: el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, sentaron las bases legales que permitieron crear organizaciones de defensa civil. La Ley 48 permitió la creación de ejércitos privados, con el consiguiente quebranto posterior de la legitimidad de las instituciones democráticas colombianas y, tras nacer milicias paralelas que ofrecían protección a quien pudiera pagarlo, se ahondaron más las brechas de la sociedad colombiana. Pedro Rivas Nieto y Pablo Rey García, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, “Las Autodefensas y el Paramilitarismo en Colombia (1964-2006)”, 28 de enero del 2008, http://confines.mty.itesm.mx/articulos7/RivasP.pdf.

652 Leech, Garry M., Colombia: Cincuenta años de Violencia, en Rebelión, Red de Información de Las Américas, 29 de junio del 2002, http://www.rebelion.org/hemeroteca/plancolombia/leech290602.htm.

654 Casa de Gobierno nacional.

655 Cepeda, Iván & Girón, Claudia (ed.), La memoria frente a los crímenes de lesa humanidad, Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, Defensoría del Pueblo, (Bogotá, La Imprenta Editores Ltda., 1996).

656 Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Vol. XV, No. 43, Septiembre-Diciembre del 2008, págs. 96-111.

657 El ex-miembro del M-19 Gustavo Petro, fue electo Alcalde de Bogotá (2012-2015).

658 Cepeda, Iván & Girón, Claudia (ed.), La memoria frente a los crímenes de lesa humanidad, Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, Defensoría del Pueblo, (Bogotá, La Imprenta Editores Ltda., 1996).

659 Leech, Garry M., Colombia: Cincuenta años de violencia, en Rebelión, Red de Información de Las Américas, 29 de junio del 2002, http://www.rebelion.org/hemeroteca/plancolombia/leech290602.htm.

660 Ver CIDH: http://www.cidh.org/annualrep/96span/Colombia11227.htm.

661 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso; treinta y uno (31) de octubre de dos mil doce (2012); Rad. 11-001-60-00 253-2006 810099 Rad. interno 1432 Hebert Veloza García.

662 En base al trabajo de Daniel García Peña, “En Busca de un Nuevo Modelo para la Resolución de Conflictos”. Daniel García-Peña estuvo al frente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia de 1995 a 1998. Luego pasó a ser Director de Planeta Paz y Profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Bogotá.

663 Dallanegra Pedraza, Luis, El Orden Mundial del Siglo XXI, (Bs. As., Ediciones de la Universidad, 1998). También, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001).

664 Ya desde la Cumbre en Reykjavic en 1985.

665 En el orden mundial hubo otros procesos, como el de Camboya en el sudeste asiático; en el Medio Oriente se iniciaron negociaciones entre Israel y los Palestinos. Cuba retiró sus tropas de Angola, Sudáfrica se retiró de Namibia y esta colonia se independizó, a la vez que al poco tiempo, se terminó el apartheid en Sudáfrica y, por primera vez, se eligió un Gobierno negro.

666 Dallanegra Pedraza, Luis, El Orden Mundial del Siglo XXI, (Bs. As., Ediciones de la Universidad, 1998). También, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001). Asimismo, Dallanegra Pedraza, Luis, La Construcción de un Orden Mundial Imperial, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 2005), ISBN: 987-43-6267-7, págs. 4, 75, 92, passim. Ver asimismo, más arriba, en el Capítulo II, bajo el título “Segunda Etapa”.

667 Molano Bravo Alfredo, “Uribe nos despejó en el Valle”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle.

668 Lozano Guillén, Carlos A., La vigencia de la ruta propuesta por la Comisión de Notables, en Agendas Substantivas para una Paz Posible, Documentos sobre Democracia y Paz Nº 41 Bogotá, febrero del 2007, ISSN 1909-0900, INDEPAZ. Carlos A. Lozano Guillén participó en la Comisión de Notables durante los diálogos del Cagüán.

669 La idea contraria fue la que adoptó el Gobierno de Juan Manuel Santos.

670 La tregua es un procedimiento por el que las partes entran en conversaciones. Es un cese de hostilidades informal, usado habitualmente por Comandantes sobre el terreno para alguna acción puntual, como la evacuación de población civil o el intercambio de alimentos. Ver Fisas, Vicenç, y Herbolzheimer, Kristian, Análisis sobre Declaraciones de Alto al Fuego y Cese de Hostilidades en Procesos de Paz, Escola de Cultura de Pau, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Abril del 2007.

671 El Comisionado de Paz del Presidente Andrés Pastrana, Víctor G. Ricardo, publicó posteriormente que Pastrana sabía que “Tirofijo” no asistiría a la reunión. Pastrana insistió a posteriori, desmintiéndolo, publicando un documento fílmico correspondiente al 9 de julio de 1998, donde aparece junto a Manuel Marulanda en el que confirmaba su asistencia. Ver Pastrana insiste en desmentir a Víctor G. Ricardo, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-10-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/pastrana-insiste-desmentir-victor-g-ricardo-articulo-521333.

672 Provincia: división territorial intermedia entre Departamento y Municipio. También se las denomina Subregiones, según la entidad a la cual pertenecen.

673 Acuerdo de Los Pozos, 2001, http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/cpconfaf.htm#Acuerdo10.

674 Dallanegra Pedraza, Luis, La Construcción de un Orden Mundial Imperial, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 2005), ISBN: 987-43-6267-7.

675 The Washington Post, Allies Are Cautious On “Bush Doctrine”, 16 de Octubre del 2001.

676 Esta posición es sustentada por Petras, James, Los Atentados, ¿Obra de Al-Qaeda?, en “La Jornada”, 28 de Febrero del 2002. Traducción: Jorge Anaya.

677 Ver Petras, James, Los Atentados, ¿Obra de Al-Qaeda?, en “La Jornada”, 28 de Febrero del 2002. Traducción: Jorge Anaya.

678 Esto lo he analizado en profundidad en Dallanegra Pedraza, Luis, La Construcción de un Orden Mundial Imperial, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 2005), ISBN: 987-43-6267-7.

679 Molano Bravo, Alfredo, “Uribe nos despejó en el Valle”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle.

680 Equivalente a u$s. 6.950 millones.

681 Basado en los comentarios y análisis de USIP, Georgetown University, Universidad de Los Andes y CINEP, Diez lecciones del Cagüán para acercarse a la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-2-2012, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-327588-diez-lecciones-del-caguan-acercarse-Paz.

682 Hacer y construir la Paz y consolidar la Paz.

683 Como se verá más adelante, esto no ha sido considerado por ningún Gobierno, y el de Juan Manuel Santos, no tomó en consideración las enseñanzas y resultados del Cagüán; no por desconocimiento, sino porque su política de Paz no considera la intervención de la sociedad civil.

684 Esta ha sido una de las principales causas del fracaso de los procesos de negociación en Colombia. Que se hayan desmovilizado algunos grupos, como el M-19, no necesariamente debe verse como exitoso, toda vez que las causas estructurales que alimentan la conflictividad en Colombia continúan.

685 Este tema lo ha abordado y desarrollado muy bien, Galtung, Iohan, Violencia, Guerra y su Impacto: Sobre los Efectos Visibles e Invisibles de la Violencia, Trascend, 2004, http://them.polylog.org/5/fgj-es.htm.

686 Los Acuerdos firmados, se encuentran publicados aparte. Ver Título: Acuerdos Firmados y Documentos Presentados con Propuestas de Paz, http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/cpconfco.htm.

687 Página web para recibir propuestas: https://www.mesadeconversaciones.com.co.

688 Proceso de Paz: Fiscal propone no extraditar a ningún guerrillero de las FARC si se firma la Paz definitiva, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-9-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/Fiscal-propone-no-extraditar-ningun-guerrillero-de-FARC-articulo-518305.

689 Gobierno de EUA designó enviado especial para el proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/Gobierno-de-eeuu-designo-enviado-especial-el-proceso-de-articulo-545255. También, Bernard Aronson será el delegado de EUA para el proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 20-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/ficha-de-obama-Paz-FARC-articulo-545367.

690 Enviado para la Paz en Colombia no tendrá impacto negativo para EUA, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/enviado-Paz-colombia-no-tendra-impacto-negativo-eeuu-articulo-546184.

691 FARC saluda designación de enviado de EUA a diálogos de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-saluda-designacion-de-enviado-de-eeuu-dialogos-de-articulo-545296.

692 La idea del presupuesto participativo ya ha sido implementada en algunos municipios en Brasil, como el de Porto Alegre en el estado de Río Grande Do Sul, así como también en Montevideo, Uruguay. El Gobierno boliviano, en el 2003, ha planteado la elaboración de un “presupuesto estatal participativo”.

693 En la historia de la humanidad, incluyendo a la actualidad, ha habido un predominio del idealismo por sobre el realismo.

694 Hay decisores que desarrollan políticas, pensando que el sistema -mundial o estatal- reaccionará de una forma que no tiene que ver con la realidad. Un ejemplo de ello -entre muchos otros, en diferentes países- lo dio la élite dirigente de Argentina de la post primera guerra mundial, que siguió actuando como si el eje del poder mundial continuara centrado en Europa, siendo que éste se había desplazado fuera de ella, hacía Estados Unidos principalmente y otros países del orbe. Sobre este particular, se pueden dar múltiples ejemplos en diferentes casos y países. También, dentro del concepto de “espejismo”, entra la idea de mundo que imponen o intentan imponer los dominantes desde el “centro”, haciendo que los decisores y también los “pensadores” de la “periferia” operen como si el mundo fuera o funcionara de la manera en que es mostrada en forma sesgada e ideológicamente desde el “centro”. Ver Puig, Juan Carlos, Irureta, Hugo, Colombo de Imaz, Delia, Historia Política Contemporánea (1914-1939), (Buenos Aires, Edic. de los Autores, 1968). También Puig, Juan Carlos, “Doctrinas Internacionales y Autonomía Latinoamericana”, (Caracas, Univ. Simón Bolívar, 1980). También, Dallanegra Pedraza, Luis, Realismo-Sistémico-Estructural: Política Exterior como “Construcción” de Poder, (Córdoba, Edit. Autor, 2009), ISBN: 978-987-05-6072-2, págs. 6, 126, 144.

695 En base al análisis hecho por García Villegas, Mauricio, A propósito de los dos años del proceso de Paz: La suerte de los borradores de La Habana, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-10-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/suerte-de-los-borradores-de-habana-articulo-521475.

696 Ver más arriba el análisis que hago acerca de la relación entre las aspiraciones de los miembros de las guerrillas y sus posibilidades, dados los cambios y la dinámica en el sistema mundial, bajo el título: “Variaciones en las Características del Sistema Mundial Durante el Conflicto”.

697 Con la excepción de Brasil, que considera al Atlántico Sur como el “mare nostrum”, y en alguna medida, Chile, Perú y Ecuador que tienen políticas específicas sobre el mar.

698 Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Talasopolítica: El Aislamiento Marítimo de América Latina, http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/Talasola.pdf. Trabajo expuesto entre el 2 y el 6 de Septiembre del 2013, en el Curso sobre Teoría y Metodología de la Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por invitación especial del Director del Instituto de Estudios Internacionales, Dr. Leopoldo González Aguayo, bajo el Título: “Talasopolítica en América Latina: Situación Histórica, Oportunidades y Perspectivas”. También, https://youtu.be/dO_fAJjryw4.

699 Los habitantes de esas diferentes regiones parecen pertenecer a distintos países.

700 http://www.dejusticia.org.

701 Se ha generalizado el término “empoderamiento”: proceso mediante el que las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en en la medida en que forman parte de un grupo social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. Las personas y/o grupos organizados cobran autonomía en la toma de decisiones y logran ejercer control sobre sus vidas, basados en el desarrollo de capacidades; aumentan su acceso al poder y, como consecuencia, se transforman las relaciones desiguales de poder entre los grupos de diferentes niveles. Yo prefiero utilizar el concepto de “construcción de poder”. Dallanegra Pedraza, Luis, Realismo-Sistémico-Estructural: Política Exterior como Construcción de Poder, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2009), ISBN: 978-987-05-6072-2.

702 Notter, James, McDonald, John y Diamond, Louise, Track Two Diplomacy: Nongovernmental Strategies For Peace, (Washington D.C., Institute for Multi-Track Diplomacy, 1992).

703 Ver Estrategias de Paz no Gubernamentales, http://luisdallanegra.bravehost.com/Negointe/segusa.htm#ar5.

704 Hay diversas manifestaciones de diferentes sectores de la sociedad civil, declarando que, sea Gobierno o guerrilla, ninguno los representa, reclamando ser partícipes activos en las negociaciones de Paz. Ver por ejemplo, Bolaños, Edinson, (Popayán), Las Propuestas de Paz de los Indígenas, en Diario El Espectador, Bogotá 14-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-392520-propuestas-de-Paz-de-los-indigenas.

705 Acuerdo de Los Pozos, 2001, http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/cpconfaf.htm#Acuerdo10.

706 Ejemplos de ello han sido Juan D. Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela que trató de reeditar imágenes de liderazgo carismático como la de Perón, pero siguiendo criterios ideológicos al estilo de Castro. También hay liderazgos de corte carismático de derecha, como el de Carlos Menem en Argentina, que desnacionalizó y desindustrializó el país con un grado de apoyo, en cuanto a votos, muy alto, al igual que Alberto Fujimori en Perú.

707 Ejemplos han sido el Pacto de Punto Fijo en Venezuela, firmado en 1958 y que tuvo vigencia prácticamente hasta 1999, o el Frente Nacional en Colombia vigente entre 1958 y 1974.

708 Ejemplos varios en toda la región: dictaduras militares: Juan Carlos Onganía o Jorge Rafael Videla en Argentina; Augusto Pinochet en Chile. Dictaduras civiles, que mantenían su continuidad por elecciones: la dinastía Somoza en Nicaragua; Alfredo Stroessner en Paraguay; por dar algunos pocos ejemplos.

709 Vuelvo a insistir sobre el análisis que hago más arriba, respecto de la relación entre las aspiraciones de los miembros de las guerrillas y sus posibilidades, dados los cambios y la dinámica en el sistema mundial, bajo el Título: “Variaciones en las Características del Sistema Mundial Durante el Conflicto”.

710 Participar en las negociaciones de Paz es lo que piden los indígenas al Gobierno, en Diaryo El Espectador, Bogotá, 20-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/participar-negociaciones-de-Paz-piden-los-indigenas-al-articulo-493582.

711 García-Peña, Daniel, En busca de un nuevo modelo para la resolución de conflictos, http:--www.c-r.org-sites-c-r.org-files-17_En%20busca%20de%20un%20nuevo%20modelo.pdf.

712 Ibídem.

713 Al otorgarle la autodeterminación a Guyana, Gran Bretaña le derivó el conflicto con Venezuela sobre la zona del Esequibo, complicando la posibilidad de su resolución, ya que Venezuela ahora no debe tratar de resolver su conflictividad con una potencia colonial, sino con un Estado pequeño, que genera la “simpatía” de otros de la comunidad internacional.

714 Gran Bretaña le otorgó la autodeterminación e independencia a Belice, complicando las posibilidades de Guatemala para la recuperación territorial disputada, ya que desde la independencia, Guatemala debe entenderse no con una potencia colonial, sino con un país pequeño.

715 El “integracionismo” en América Latina, ha estado, históricamente, plagado de una verba “bolivarista”, pero se ha reducido, en los hechos, a desgravaciones arancelarias y liberación de comercio -aprovechadas mayoritariamente por las subsidiarias localizadas de empresas extranjeras, más que por las empresas nacionales y los propios Estados regionales-, lejos de constituir “alianzas estratégicas”, que permitan mejorar el desarrollo regional permitiéndole “construir poder” y posicionarla con una mejor inserción mundial.

716 Muy bien estudiado por Tomassini, Luciano, Tendencias Favorables o Adversas a la Formación de un Sistema Regional Latinoamericano, en “Estudios Internacionales”, Vol. VIII, No 29, Enero-Marzo, 1975.

717 Acuerdos planteados por Harry Truman, orientados a la creación de un “gran ejército hemisférico”, en la post segunda guerra mundial, cuyo aprovisionamiento estaría por completo en manos de Estados Unidos, con vistas al conflicto Este-Oeste. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, bajo el Título: “El Plan Militar de Truman”.

718 Este tema lo he analizado en Dallanegra Pedraza, Luis, El Sistema Político Latinoamericano, en Revista Reflexión Política, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Colombia, Vol. V, Nº 10, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-0781, páginas 6-32. También en, Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias Políticas en América Latina en el Contexto Mundial del Siglo XXI: Hacia una Teoría Política Realista-Sistémica-Estructural sobre América Latina, en Revista “Espiral”, Universidad Autónoma de Guadalajara, Guadalajara, México, Vol. XV, Núm. 43 (Septiembre-Diciembre del 2008), ISSN: 1665-0565, págs. 79-121. Otros autores que han estudiado la temática: Finer, S. E., Los militares en la política mundial, (Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1969). Nordlinger, E., Soldiers in politics. Military Coup and Governments, (U.S.A., Prentice-Hall, 1977). Rouquié, Alain, “Poder militar y sociedad política en la Argentina”, (Buenos Aires. Emecé, 1981), Traducción Iglesias Echegaray, Arturo. Lowenthal, Abrahan, Ejércitos y Política en América Latina, en “Estudios Internacionales”, ISSN 0716-0240, (1976), Vol. IX, No 35.

719 Dallanegra Pedraza, Luis, Realismo-Sistémico-Estructural: Política Exterior como Construcción de Poder, (Córdoba, Argentina, Edic. del Autor, 2009), ISBN: 978-987-05-6072-2.