Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XVIII

Elementos Necesarios a Considerar

Uno de los temas que debe resolverse, es la declaración de beligerancia de los grupos guerrilleros. Se debe considerar, para el caso de que las FARC o el ELN -o cualquier grupo disidente- busquen reconocimiento como grupo beligerante, si deben cumplir con las normas establecidas en el Derecho Internacional, quedando así el “secuestro de personas” fuera de toda consideración. Este tipo de conductas y procedimientos, son considerados “delitos graves conforme al Derecho Internacional”, y hace que los objetivos reales de la conducta insurgente pierdan la substancia y se desdibujen totalmente.

Se trata de aquellas conductas punibles definidas por la legislación nacional, que han sido prohibidas en tratados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. De esta manera, la insurgencia pasa a ser considerada como delincuencia y se debilita su posición originaria, que aunque pueda ser inicialmente legítima, no puede ser ensuciada con este tipo de actos. Por otra parte, al Estado nacional, le corresponde también la obligación de reconocer y garantizar los derechos a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, y de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario perpetradas, sea por grupos ilegales, como por servidores públicos.

Hay ciertas preguntas para hacerse, cuyas respuestas pueden dar luz:

A. ¿Los guerrilleros colombianos son sujetos de Derecho Internacional?

En realidad, sólo los Estados son sujetos de Derecho Internacional Público. No obstante ello, en situaciones vinculadas a los Derechos Humanos y a esos efectos, los individuos también son sujetos de DIP.

Se consideran grupos beligerantes cuando:

    El grupo posea una fuerza militar organizada, autoridad responsable de los actos (en general, casi la totalidad de las guerrillas colombianas cuentan con una fuerza militar organizada).

    El grupo tiene posesión y dominio de una zona del territorio nacional (se puede decir que sólo las FARC y el ELN tienen dominio sobre determinado territorio; las demás fuerzas actúan de manera dispersa).

    El grupo armado tiene que estar en capacidad de aplicar el Derecho Internacional Humanitario y comprometerse a hacerlo (sólo las FARC, por ahora, han declarado que se comprometen a cumplir las disposiciones del DIH).

El Artículo 3° común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, dice para la calificación de la beligerancia:

1. Que la parte en rebelión contra el Gobierno legítimo posea una fuerza militar organizada, una autoridad responsable de sus actos, que actúe sobre un territorio determinado y tenga los medios para respetar y hacer respetar el Convenio.

2. Que el Gobierno legítimo esté obligado a recurrir al ejército regular para combatir a los insurrectos, que han de estar organizados militarmente y disponer de una parte del territorio nacional.

3. Las siguientes alternativas:

a) Que el Gobierno legal haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes; o bien

b) que haya reivindicado para sí mismo la condición de beligerante; o bien

c) que haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes exclusivamente con miras a la aplicación del Convenio; o bien

d) que el conflicto se haya incluido en el orden del día del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como constitutivo de una amenaza contra la Paz internacional, una ruptura de la Paz o un acto de agresión.

4. Las siguientes alternativas:

a) Que los insurrectos tengan un régimen que presente las características de un Estado.

b) Que las autoridades civiles de los insurrectos ejerzan el poder de facto sobre la población de una fracción determinada del territorio nacional.

c) Que las fuerzas insurrectas estén a las órdenes de una autoridad organizada y estén dispuestas a conformarse a las leyes y costumbres de la guerra.

d) Que las autoridades civiles de los insurrectos reconozcan que están obligadas por las disposiciones del Convenio.

Es necesario resaltar en este punto que la calidad de beligerante fue creada en el Derecho Internacional como una salida para poder atribuir responsabilidad internacional a los grupos armados por sus acciones dentro del territorio de un Estado preexistente. Esta categoría fue recogida por el DIH para poder incluir dentro de su ámbito de protección situaciones que, por no tener como sujetos a dos Estados escapaban a su ámbito de protección.

Bajo estos elementos, sólo las FARC se podrían considerar sujeto de Derecho Internacional, pero no los otros grupos levantados en armas, incluidos los grupos paramilitares.

Es pertinente mencionar también lo desarrollado al respecto por el Derecho Internacional Humanitario, a través de los Cuatro Convenios de Ginebra y los Dos Protocolos Facultativos. Para esta rama del derecho existe un conflicto internacional cuando este surge entre dos o varias Altas Partes Contratantes, es decir: “Estados” (Artículo 2 común a los Cuatro Convenios de Ginebra y el Artículo 1° del Primer Protocolo Adicional). Desde este punto de vista, los grupos guerrilleros no podrían ser parte de un conflicto internacional.

Esta posición se confirma con lo dispuesto por el Artículo 3 Común a estos Convenios y el Segundo Protocolo Facultativo, que desarrollan el concepto de conflicto armado no internacional a los efectos de aplicar el Derecho Internacional Humanitario. Según el Artículo 3 común, el conflicto armado no internacional es aquél que surge en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes.

El Protocolo II detalla más el concepto diciendo que:

Artículo 1: Ambito de aplicación material

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el Artículo 1º del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

Estos elementos, permiten considerar que los guerrilleros son sujetos de DIP y se los puede calificar de beligerantes.

B. ¿Son aplicables al conflicto colombiano las normas del Derecho Internacional?

De acuerdo a los hechos revisados, el conflicto se rige por las normas de derecho interno pues el Estado aplica las normas de su ordenamiento penal para juzgar a los guerrilleros implicados en actos de violación de Derechos Humanos y los considera delincuentes comunes -pese a que las FARC reclaman la aplicación del DIH al conflicto-.

No se puede configurar el supuesto de un conflicto internacional -a pesar de que las FARC pueden ser consideradas sujetos de Derecho Internacional-, porque el derecho que se aplica en la práctica al conflicto no es el Derecho Internacional. Queda la incógnita de, si la intervención de Estados Unidos como un actor definidor en el conflicto, no lo internacionaliza, independientemente del status de las FARC.

Es probable que Estados Unidos no deba ser calificado como “parte” en el conflicto en Colombia, pero sí opera como “Arbitro Supremo”, cuidando los intereses económicos y, especialmente, los de seguridad del sistema que conduce y controla históricamente.

Desde el punto de vista del rol de las FARC, este conflicto se encuadra mejor como conflicto armado no internacional, por lo que se debería aplicar el Artículo 3° Común a los Convenios de Ginebra y el Segundo Protocolo Adicional a dichos convenios, normas de Derecho Internacional Humanitario que regulan esta clase de conflictos.

Artículo 3 - Conflictos No Internacionales

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas, y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes.

Son rehenes, aquellos que han sido tomados en hechos de guerra entre las partes en el conflicto y que no revisten el rol de civiles. En este último caso se trata de víctimas.

La pregunta sin una respuesta clara, es: ¿qué situación revisten los presos en las cárceles colombianas que han sido tomados por miembros de la fuerza pública en combate con las guerrillas? ¿Se trata de rehenes o delincuentes? Los diferentes Gobiernos colombianos no les han dado el trato de rehenes, más allá de los reclamos hechos por las guerrillas.

c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Este Artículo hace una diferenciación expresa del tipo de sujetos que intervienen en esta clase de conflictos, dado que a los Estados los llama “Altas Partes Contratantes”, mientras que a los sujetos del conflicto interno los llama “Partes”.

Hay una contradicción entre el DIH, que por doctrina señala que para tener la calidad de beligerantes basta el propio reconocimiento de dicha calidad, y el Derecho Internacional que dice que sólo otros sujetos de Derecho Internacional preexistentes pueden reconocer y otorgar dicha calidad 596.

Derecho Internacional Humanitario: ¿Opción Posible en Colombia?

Se discute y se argumenta mucho acerca de la Paz en Colombia, pero se habla muy poco de la humanización del conflicto, que sería uno de los caminos posibles para lograrla. No es un camino fácil porque necesita de un compromiso fuerte de todos los actores armados, estatales y no estatales del conflicto. El Derecho Internacional Humanitario, es el conjunto de normas a las que tienen que atenerse los actores del conflicto con el objetivo de proteger a la población civil.

De acuerdo con la experiencia de miembros de organizaciones no gubernamentales en temas de Derecho Internacional Humanitario, en varias áreas conflictivas del mundo, incluyendo Colombia, tales como Elisabeth Decrey Warner, Presidenta de la ONG suiza Appel de Genève:

La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres en cualquier parte del mundo 597.

Las civilizaciones y religiones de la antigüedad, tenían normas tendientes a regular la conducta en la guerra. El origen del Derecho Internacional Humanitario deriva de estas normas, aunque recién a mediados del siglo XIX, los Estados comenzaron -fundados en la voluntad de poner límites a la guerra moderna-, a desarrollar un conjunto de normas escritas. El Convenio de Ginebra de 1864 y la Convención de la Haya de 1899, fueron resultados de aquellos esfuerzos. En el siglo XX estas normas comenzaron a ser agrupadas de manera sistemática, dando como resultado los Convenios de Ginebra de 1949, que recogieron y reescribieron los Convenios existentes añadiendo los Protocolos Adicionales de 1977.

Las normas de DIH forman parte del Derecho Internacional consuetudinario, por lo que puede considerarse como un derecho verdaderamente universal, de obligatorio cumplimiento tanto para los Gobiernos y sus ejércitos como para las fuerzas armadas no estatales o para cualquier otra parte que participe en el desarrollo de un conflicto armado.

Además de aplicarse en los conflictos armados, que involucran a, por lo menos, dos fuerzas organizadas, bajo una cadena de mando clara, regula también los conflictos internos entre el Estado y fuerzas armadas no estatales, como son los casos de Somalia, India, Iraq y Colombia. No puede haber situaciones de conflicto armado que queden sin regular, independientemente de si las partes reconocen el conflicto o no.

Basados en el Artículo 3º Común, que establece que:

Un organismo humanitario imparcial puede ofrecer sus servicios en situaciones de conflicto armado interno, se debe intervenir en las situaciones donde hay violencia armada organizada, sobre todo, para prevenir y reducir el impacto humanitario que esto puede ocasionar en la población civil.

La existencia de listas de terroristas, no debería afectar la labor humanitaria. Dificultan el acceso a las comunidades, a los grupos armados no estatales, a diálogos humanitarios o, en ocasiones, sirven como argumento para que los Estados no respeten el DIH. Es esencial poder dialogar con los representantes militares y políticos de los actores armados no estatales, para poder promover normas humanitarias.

En un conflicto tan prolongado como el colombiano, muchos valores humanitarios ya están degradados. Estos valores necesitan ser recuperados. Las cifras de las violaciones cometidas por las partes en el conflicto, quién ha cometido más o quién ha cometido menos violaciones, no define sus responsabilidades. Las responsabilidades de las partes en el conflicto no están en la cuantificación de las violaciones, sino en las violaciones cometidas en sí mismas. Un conflicto armado sin humanidad, extermina sus causas, por más nobles que sean.

La protección de la población civil, no es un asunto solamente de los actores humanitarios nacionales e internacionales, también es un asunto de las partes involucradas en el conflicto armado. La búsqueda del respeto a las normas universales humanitarias, no pretende limitar la victoria militar o permitir la destrucción del adversario, al contrario, procura defender la humanidad en todas las condiciones por más difíciles que sean. La Paz y la reconciliación, serán más posibles cuando menos sean las víctimas civiles y más se respeten las normas humanitarias 598.

¿Cambios Necesarios a los Convenios de Ginebra?

La firma del Cuarto Convenio de Ginebra, tuvo lugar el 12 de agosto de 1949 -cuando el mundo acababa de salir de la segunda guerra mundial-, siendo el primer intento por establecer una ley internacional para el trato humanitario de las víctimas y los participantes de la guerra.

Los Convenios de Ginebra de 1949, actualizaron y ampliaron los tres Convenios anteriores, de 1864, 1906 y 1929, estableciendo un Marco Legal para la protección de los civiles en tiempos de guerra. El homicidio intencionado, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar intencionadamente grandes sufrimientos o de llevar a cabo daños graves a la integridad psíquica y a la salud, la deportación o la transferencia ilegal, la detención ilegal, son algunos de los actos considerados como infracciones graves por los Convenios de Ginebra.

Los Tratados y sus Principios fueron firmados por ciento cuarenta y nueve Estados, y deberían aplicarse universalmente, sin embargo, los abusos y violaciones contra la población civil en tiempos de guerra siguen produciéndose, como demuestran algunas situaciones: la guerra entre Rusia y Georgia, la última invasión de Gaza por Israel, las guerras de Irak y Afganistán, etc. Otros fenómenos, como el terrorismo internacional y la llamada guerra contra el terrorismo, supusieron algunos de los desafíos más importantes a los que los Convenios tuvieron que hacer frente. Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 y sus consecuencias, han sido la prueba más dura que ha tenido que enfrentar el Derecho Internacional Humanitario.

Aunque el respeto a las normas de Ginebra es responsabilidad de cada Estado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es el guardián del Derecho Internacional Humanitario. En muchos conflictos se ataca por igual a enemigos armados y a civiles:

Las personas que no participan activamente en las hostilidades (...) deben ser tratadas humanamente en todas las circunstancias”.

Este es uno de los principios básicos de los Convenios de Ginebra, que constituyen la espina dorsal del Derecho Internacional en enfrentamientos bélicos.

Una serie de conflictos recientes y actuales, pone en duda la utilidad de estos Acuerdos, en la protección de civiles y de combatientes frente a los abusos cometidos en tiempos de guerra. Jakob Kellenberger, Presidente del CICR, considera que:

Los Convenios se vulneran con regularidad, con malos tratos infligidos a prisioneros, ataques indiscriminados a la población civil y desplazamientos de la población.

Los Convenios son quebrantados frecuentemente por algunos Estados y grupos armados en distintas partes del mundo. El abogado especialista en Derechos Humanos Alejandro Teitelbaum, añadió:

Al ser violados cotidianamente, los Convenios no suelen ser útiles para prevenir abusos. En las actuales circunstancias parecen servir más a posteriori, por ejemplo, para presentar demandas ante la Justicia Penal Nacional o Internacional una vez que los hechos se han consumado”.

Tanto en la prevención como en el castigo de crímenes, los Convenios de Ginebra se topan con un gran obstáculo: muchas de las poblaciones en riesgo desconocen su existencia, lo que las vuelve aún más vulnerables.

Tres conflictos generan profundos cuestionamientos sobre la aplicación y la eficacia de los Convenios de Ginebra, cuya meta es poner límites jurídicos a los actores de una guerra.

1. Colombia

Millones de personas han sido desplazadas por el conflicto colombiano, que tiene más de cinco décadas, uno de los conflictos armados más perdurables del mundo. Los actores directos han sido, principalmente, la guerrilla que llegó a controlar parte del territorio colombiano y el Gobierno. No puede dejar de mencionarse a los paramilitares, que se formaron en la década de los ‘80 para contrarrestar a los rebeldes y se han desmovilizado parcialmente. El Estado -los Gobiernos de turno- ha sido acusado de actuar en connivencia con ellos, aunque lo ha negado.

Miles de personas han muerto y desaparecido en el conflicto. Colombia posee una de las mayores cifras de desplazados del mundo. Distintas organizaciones como el CICR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Amnistía Internacional, estiman que entre tres y cuatro millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por causa de la violencia.

Los especialistas coincidieron en que ninguna de las partes en el conflicto ha respetado los Convenios de Ginebra en cuanto al trato de la población y de los prisioneros.

Las FARC toman rehenes civiles que mantienen cautivos durante años, reclutan a menores y utilizan minas antipersona. Los grupos paramilitares, que han resurgido, amenazan y matan a sindicalistas y activistas de Derechos Humanos. Por su parte Human Rights Watch considera que sobre el Estado colombiano pesan fundamentalmente acusaciones de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas. El caso de los llamados “falsos positivos”: personas que tras ser asesinadas por los militares son presentadas como guerrilleros muertos en combate, presuntamente para mostrar éxitos en la lucha contra los rebeldes.

Sólo el treinta y ocho porciento de los colombianos sabe de la existencia de los Convenios de Ginebra. Entre quienes los conoce, el cuarenta y siete porciento cree que no tienen utilidad alguna para limitar el sufrimiento causado por el conflicto; lo que los coloca en la situación de una gran indefensión jurídica.

Según los Convenios de Ginebra, los desplazados deberían tener condiciones de vida elementales, pero en Colombia cada uno parece arreglárselas como puede. No pueden regresar a sus tierras porque se las han robado o bien porque el Gobierno no les garantiza que allí estarán seguros.

2. “Guerra Contra el Terrorismo”

Las condiciones de los prisioneros en Guantánamo han sido calificadas de escandalosas. La prisión estadounidense de Guantánamo, en Cuba, ha sido objeto de denuncias de abusos en medio de la llamada guerra contra el terrorismo, emprendida por el Gobierno de Estados Unidos tras los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Ese centro de detención fue creado en enero del 2002 por la administración de George W. Bush para encerrar a quienes, se sospechaba, tenían vínculos con Al-Qaeda y el Talibán 599.

Grupos de Derechos Humanos calificaron de “escandalosas” las condiciones en las que se mantenía a los prisioneros, cuyo uniforme naranja se convirtió en símbolo de la infamia. Muchos fueron trasladados allí desde Afganistán encadenados y encapuchados y luego fueron colocados en celdas con paredes de alambrado, pisos de cemento y techos de paja, incomunicados con el mundo exterior. La Casa Blanca aseguraba que eran tratados “humanamente”.

Lo que más ha causado polémica es que a los reclusos se les haya negado el acceso a abogados y a tribunales ordinarios para ser juzgados. En otras palabras, el Gobierno de Bush evitó que tuvieran derechos bajo los Convenios de Ginebra. El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, adujo que los internos de Guantánamo eran “combatientes enemigos” en lugar de prisioneros de guerra. Esa calificación no existe en el Derecho Internacional.

El Presidente Barack Obama, firmó una orden ejecutiva para cerrar la prisión de Guantánamo antes del 22 de enero del 2010, pero no lo ha logrado hasta el presente, debido a la oposición interna de los sectores republicanos. El centro de detención llegó a albergar unos setecientos setenta y cinco reclusos. Muchos han sido liberados o transferidos a Gobiernos extranjeros -europeos y latinoamericanos que manifestaron predisposición de recibirlos aunque algunos aún no se han decidido- y tres han sido condenados por tribunales militares, o comisiones. Bajo el plan de Obama, las comisiones continuaron pero serían reformadas en acuerdo con el Congreso y se preferiría enviar prisioneros a juzgados federales ordinarios. No obstante ello, los reclusos deberían ser liberados, porque los Convenios de Ginebra plantean dos opciones: juicio o libertad.

Organizaciones internacionales como el CICR y Amnistía Internacional, han acusado a Estados Unidos de mantener prisiones secretas en otras partes del mundo, en las que, presuntamente, emplea técnicas de tortura durante los interrogatorios. El Gobierno de Estados Unidos admitió el uso de terceros países en la guerra contra el terrorismo, pero negó recurrir a prácticas ilegales.

Queda claro que resulta difícil recuperarse del golpe dado por Estados Unidos al Derecho Internacional Humanitario, ya que se trata del país más poderoso del mundo que siempre se ha jactado de defender la justicia y los derechos humanos en el resto del planeta. Al no haber un “Arbitro Supremo”, no hay quien pueda obligar o sancionar al país más poderoso, que termina comportándose como Arbitro Supremo.

3. Franja de Gaza

Centenares de civiles, incluyendo mujeres y niños, murieron durante la ofensiva israelí en Gaza, entre el 27 de diciembre del 2008 y el 17 de enero del 2009, para detener los ataques con cohetes que Hamas lanzaba contra su población. Según Amnistía Internacional, en la operación murieron unos mil cuatrocientos palestinos. Entre las víctimas, novecientos eran civiles, incluyendo trescientos niños y ciento quince mujeres. Las cifras de la Autoridad Nacional Palestina coinciden con las de Amnistía Internacional, pero las israelíes no. El Gobierno del entonces Primer Ministro de Israel, Ehud Olmert afirmó que el número de palestinos muertos no fue mayor de mil doscientos, de los cuales doscientos noventa y cinco eran civiles “no involucrados”. Más allá de la discusión sobre las cifras, varias organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que se cometieron crímenes de guerra durante el conflicto, como atacar a inocentes, destruir propiedad y obstruir el acceso de los médicos a los heridos.

Un grupo de veinticinco soldados de Israel que dieron su testimonio anónimo al grupo activista Breaking the Silence, formado por colegas militares, admitieron que las reglas de combate del ejército no distinguían entre adversarios y civiles. Según ellos, las órdenes eran prevenir bajas israelíes incluso a costa de vidas palestinas. El Gobierno de Olmert insistió en que las fuerzas armadas respetaron las leyes internacionales.

Informes de Human Rights Watch indicaron que ambos lados cometieron crímenes de guerra. También los cohetes lanzados por Hamas contra la población israelí fueron un abuso a las Leyes Humanitarias Internacionales. Los ataques contra civiles por parte de Israel constituyeron una violación de los Convenios de Ginebra, al igual que la utilización de fósforo blanco, una arma incendiaria que no distingue entre combatientes e inocentes.

En junio del 2009, una misión de Naciones Unidas viajó a la Franja de Gaza, para investigar en el terreno las denuncias contra Israel y Hamas. El Gobierno israelí calificó al grupo de “parcial” y desde entonces se ha negado a colaborar con él 600.

En agosto del 2014, hubo un nuevo cruce entre israelíes y palestinos, con un saldo de más de dos mil ciento cuarenta muertos, once mil heridos -la mayoría civiles palestinos-, vastas áreas destruidas y decenas de miles de personas sin hogar. Más de once mil hogares y miles de escuelas y mezquitas fueron destruidos o severamente dañados con los bombardeos. La ONU calculó que cuatrocientas mil personas, más de un veinticinco porciento de la población del territorio, quedaron desplazadas 601.

Tal vez el problema no se encuentre en las normas en sí, sino en la incapacidad de establecer controles adecuados para su cumplimiento. Lo que mencionaba anteriormente, la falta de un Arbitro Supremo 602 que exija el cumplimiento o sancione por incumplimiento.

ELN: ¿Cambios “en” o “de” fuerzas armadas?

Desde la perspectiva de los líderes del ELN, los escándalos de conspiración y de corrupción en las fuerzas armadas, no son accidentales ni son una simple expresión de errores individuales, que desconocen las directivas militares o las políticas oficiales. Tampoco creen en la tesis del Presidente sobre el desmadre de las fuerzas armadas, por obra de “manos obscuras”, que cometen toda clase de fechorías.

Existe una tendencia estructural desviada dentro de las fuerzas armadas, y lo que se requiere es un cambio global en la doctrina, la cultura, los principios y la mentalidad de quienes deben portar las armas de la República, para tener una nueva institución legítima y legal, patrimonio de todos, que no sea un instrumento al servicio de una minoría oligárquica, emparentado con el mundo de la mafia y subordinado a intereses foráneos, dispuesto para la agresión y el sometimiento del pueblo.

Fue puesto al descubierto un inmenso aparato de inteligencia destinado a vigilar a los ciudadanos, fundamentalmente a las organizaciones opositoras al régimen y a todo aquello que huela a corriente política disidente 603, cuyos tentáculos alcanzan a afectar al Presidente y a su familia, en una abarcadora conspiración que agrava la desestabilización en el país, y obliga a revisar a fondo todo este andamiaje ilícito. La nación necesita conocer los objetivos y el destino de estas operaciones de inteligencia, porque en la historia del país, se conoce que la inteligencia militar ha sido utilizada con otros fines que aquellos que requiere un Estado de derecho y un sistema Republicano sano.

El gasto militar que mantiene el régimen, coloca a Colombia con un expendio mayor que el de Brasil, que le destina treinta y tres mil millones de dólares cada año, siendo que tiene una población cuatro veces mayor y un territorio ocho veces más grande. Este multimillonario gasto, como botín de reparto de la alta oficialidad, ha sido puesto al desnudo con el escándalo de corrupción en la contratación y de corrupción en la administración de justicia, para los militares juzgados por las ejecuciones sumarias o “falsos positivos”.

La victoria militar anunciada por el régimen, es el triunfo del enriquecimiento ilícito e ilegal, en función de engordar a la alta oficialidad de las fuerzas armadas quienes, lejos de ser garantes de la soberanía nacional, son garantes de la entrega de la geografía patria a las transnacionales, de las que reciben dinero que pagan el favor de desplazar a la población y brindar la llamada seguridad inversionista. Está fresca en la memoria de Colombia el engorde de las chequeras militares, producida con los asesinatos de jóvenes y pobladores del campo y la ciudad, los que hacían pasar por guerrilleros dados de baja, crímenes denunciados como “falsos positivos”.

Están cuestionados los ascensos militares medidos por la cantidad de sangre producida, matando a inocentes a nombre de un exterminio y supuesta derrota de la insurgencia. Las Madres de Soacha y miles de ellas de otras regiones, lloran a sus familiares, mientras los militares andan sueltos gozando de sus fortunas y ascensos mal habidos.

Desde el alto Gobierno, desde hace décadas, se impulsa la aprobación de una agenda legislativa que cierra todo el circuito de la criminalidad estatal y paraestatal, solidifica la solidaridad de cuerpo y asegura la impunidad a todas las violaciones a los Derechos Humanos. Muestra de ello fue la aprobación de la Ley del Fuero Penal Militar, cuestionada nacional e internacionalmente por violar toda la juridicidad internacional y amparar a los militares, con una legalidad que ofende a la humanidad. Hoy se siguen destapando los lujos y privilegios que gozan en los lugares de reclusión, los militares investigados por la Justicia Penal Militar. Les convirtieron en palacios de criminalidad las Bases y Batallones donde están recluidos, dando la impresión de estar detenidos, pero están libres. Asegurar que sigan delinquiendo parece ser la misión de la Justicia Penal Militar. Algunos de los altos oficiales prendidos en flagrancia, apenas fueron suspendidos de sus funciones, en una operación de maquillaje ante una ciudadanía molesta, que ve cómo la guerra ha servido para engordar a toda una estructura militar, que piensa más en sí misma, que en el bienestar y dignidad de la patria. Toda esta condescendencia y privilegios, permiten demostrar cómo el régimen necesita de los militares y cómo estos viven de él.

La Paz no puede consistir en un simple retoque a la institución militar, para maquillarla y hacerla presentable. Se requieren cambios de fondo a una institución que está produciendo tan mal ejemplo para el país y el mundo. Colombia necesita de unas nuevas fuerzas armadas formadas en las mejores tradiciones de la incorruptibilidad, la defensa de la soberanía y el patrimonio nacional, la vida de los colombianos, de probada integridad ética, para que sea un orgullo pertenecer a ellas y no una vergüenza. Para que la Paz sea una certeza que se anide en el corazón de los colombianos, es preciso remover toda la estructura y doctrina de las fuerzas armadas. Ese es el horizonte de cambios 604.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


596 Fuente de referencia: Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el Conflicto colombiano, en http://www.cajpe.org.pe/conflic.htm.

597 La historia del Derecho Internacional y de la creación de organismos internacionales en este respecto, ha sido la de constantes intentos de impedir, retrasar o limitar los conflictos, sean internos o internacionales; que han ido perfeccionándose, en la medida de su fracaso, procurando encontrar instrumentos y también organizaciones más realistas. Este tema lo he analizado en Dallanegra Pedraza, Luis, Reformulación del Orden Mundial: El Fin de una “Macro-Etapa”, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 2003), ISBN: 987-43-6266-9, especialmente Cap. VI.

598 En base a información del Artículo de Melandri, Annalisa, Derecho Internacional Humanitario: ¿Opción posible en Colombia?, en Kaosenlared.net, 15-3-2012, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/11464-derecho-internacional-humanitario-¿opción-posible-en-colombia?html.

599 Paradójicamente, el Talibán, fue creado y financiado por el Gobierno de Estados Unidos para luchar contra los soviéticos en Afganistán.

600 En base a información del Artículo de Seitz, Max, ¿Son útiles los Convenios de Ginebra?, BBC Mundo en español, 12-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/08/090812_convenios_ginebraii.shtml. También, ¿Qué sabe de los Convenios de Ginebra?, BBC Mundo en español, 7-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/participe/2009/08/090807_participe_entrevista_knut_dormann_pea.shtml.

601 Gaza: lo que se logró con la tregua entre Israel y Hamas, en BBC Mundo en Español, 27-8-2014, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140827_gaza_acuerdo_hamas_israel_men.shtml.

602 Dallanegra Pedraza, Luis, El Arbitro Supremo: El Problema del Gobierno del Mundo, en Revista Círculo de Humanidades, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, Colombia, Julio del 2008, Nro. 29, ISSN: 0122-7823, págs. 7-15.

603 La situación desencadenada en la Argentina por el caso de la bomba a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), (1994) no resuelta desde hace 21 años -unos años antes también hubo una bomba a la Embajada de Israel en 1992, caso tampoco resuelto-, y la muerte -dudosa- del Fiscal del caso Alberto Nisman, dejó al descubierto una trama similar, respecto de la función de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que debería ocuparse de temas de defensa y seguridad y no de espionaje -por diferentes Gobiernos de turno- a grupos opositores y/o disidentes.

604 Guerros Ortega, Luis Carlos, Retoques Necesarios u Otras fuerzas armadas, en ELN, Voces de Colombia, 3-3-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/militancia/831-retoques-necesarios-u-otras-fuerzas-armadas.