Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XVII

Que las Víctimas sean Escuchadas en La Habana

La Mesa Nacional de Víctimas del conflicto armado, propuso al Gobierno Nacional que se hable del tema, pero teniendo en cuenta a sus protagonistas. La solicitud la hizo el representante de la organización, Jorge Vásquez, que sostuvo que las víctimas le apuestan al proceso de Paz pero con peticiones específicas:

Esperamos que dejen hacer consulta en los treinta y dos departamentos, a los representantes de los hechos para así recoger insumos. Es decir, saber por qué están de acuerdo pero también mirar si han sido reparados y si van a tener la posibilidad de participar en política”.

Diego Martínez, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo que ese movimiento estaba de acuerdo con un salida política y negociada, y que ante la Corte Constitucional debía darse un trato por igual a los crímenes cometidos, tanto por Agentes del Estado como por los grupos armados. Se deben “considerar las garantías de No Repetición, el pleno goce de los Derechos Humanos y el respeto por la movilización ciudadana” 545.

Definición de Víctimas

No existe acuerdo sobre la definición jurídica de víctima del conflicto interno en Colombia. El laberinto legislativo se inició en el Gobierno de Uribe Vélez con el despacho de la Ley 975/2005 de “Justicia y Paz”, que en su Artículo 5º dice:

(…) “Artículo 5º Definición de Víctima. Para los efectos de la presente Ley se entiende por víctima la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la Ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas, a los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley.

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos de servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la Ley” (…).

La Ley 975/2005 de “Justicia y Paz” incluye a miembros de la fuerza pública como víctimas, pero no como posibles victimarios en ninguna situación, presumiendo que esta fuerza en ningún caso llevaría cabo acciones que hayan transgredido la legislación penal.

Seis meses después de la adopción de esta Ley, se aprobó por unanimidad en la Asamblea General de la ONU, la Resolución 60/147 del 16 de diciembre del 2005, titulada: “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, en la que se cita toda la legislación internacional existente relacionada y, donde se condensa de manera sencilla y ejemplar toda la legislación “global” vigente.

Luego de seis años de promulgada la Resolución 60/147 de la ONU, fue adoptada en Colombia la conocida como Ley 1448/2011 de “Víctimas y Restitución de Tierras”, que dice:

(…) Artículo 3º Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta Ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

Parágrafo 1º Cuando los miembros de la fuerza pública sean víctimas en los términos del presente Artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de No Repetición señaladas en la presente Ley.

Parágrafo 2º Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la Ley siendo menores de edad.

Para los efectos de la presente Ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente Artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

Parágrafo 3º Para los efectos de la definición contenida en el presente Artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

Parágrafo 4º Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1º de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente Ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

Parágrafo 5º La definición de víctima contemplada en el presente Artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente Ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el Artículo tercero (3º) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la Ley y los Reglamentos a las fuerzas armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente Ley” (…).

La Ley 1448/2011, se podría decir que utiliza un camino inverso para llegar al mismo destino. Los miembros de la fuerza publica pueden ser considerados víctimas, pero no victimarios y, a la inversa, los miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley no serán considerados víctimas, salvo si se trata de menores de edad desvinculados de esos grupos.

Hubo numerosas críticas de las distintas organizaciones humanitarias internacionales y nacionales. Con el inicio de las conversaciones de Paz en el 2012 en La Habana, el Congreso produjo una nueva modificación y promulgó el 3 de diciembre del 2012, la Ley 1592/2012 llamada “Reforma de Justicia y Paz”, que define a las víctimas:

(…) “Artículo 2. Modifíquese el Artículo 5° de la Ley 975 del 2005, el cual quedara: Artículo 5° Definición de Victima. Para los efectos de la presente Ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos armadas organizados al margen de la Ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grade de consanguinidad, primero civil de la victima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente, se consideraran como víctimas a los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de alguna miembro de los grupos armadas organizados al margen de la Ley.

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de aetas del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armadas organizados al margen de la Ley.

También serán victimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la Ley penal cometida por miembros de grupos armadas organizados al margen de la Ley”(…) 546.

La reforma al Artículo 5° de la Ley 975 del 2005, no muestra muchos avances. Por otra parte, los miembros de las guerrillas siguen siendo considerados victimarios pero en ningún caso víctimas, siendo que, a la inversa, los miembros de la fuerza pública entran dentro de la definición de víctima.

Según cifras del Centro de Memoria Histórica:

De las mil novecientas masacres en los últimos veinte años, mil ciento sesenta y seis fueron responsabilidad de los paramilitares, trescientos cuarenta y tres de grupos guerrilleros, doscientos noventa y cinco fueron cometidas por grupos desconocidos, y ciento cincuenta y ocho atribuidas a Agentes del Estado, además de que veinte habrían sido cometidas por grupos conjuntos entre paramilitares y fuerza pública”.

Debe agregarse lo sucedido al Movimiento Político Unión Patriótica, con más de cinco mil de sus militantes asesinados, exiliados, otros desaparecidos y torturados por las fuerzas legítimas del Estado, en connivencia con los Paramilitares.

Según Resolución 60/147 del 2005 de Naciones Unidas 547, el concepto de víctima:

8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima, a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de Derechos Humanos o una violación grave del Derecho Internacional Humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término ‘víctima’ también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.”

9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”

El Congreso colombiano ha tomado la Resolución de la ONU para establecer la definición de víctima, pero le ha agregado disquisiciones, si se trata de casos de miembros de la fuerza pública o de lo que definen como miembros de grupos al margen de la Ley.

Las víctimas han expresado que tienen una sola voz, independientemente de quien/es sea/n el/los victimario/s, por lo que deberá repararse a todas las víctimas, teniendo en consideración el contexto histórico del conflicto armado de Colombia y su historia política 548.

Iniciativas de las FARC respecto del Punto Víctimas

Las propuestas entregadas en octubre del 2014 por la Delegación de Paz de las FARC, desglosan el Punto Segundo: “Reconocimiento de Víctimas del Conflicto”, que forma parte de las diez propuestas mínimas presentadas sobre los “Derechos Integrales de las Víctimas para la Paz y la Reconciliación Nacional”.

2. Reconocimiento de las Víctimas del Conflicto.

2.1. Definición Temporal para el Reconocimiento de las Víctimas.

Con miras a garantizar los derechos integrales de las víctimas individuales y colectivas del conflicto, se tomará como punto histórico inicial de referencia la década de 1930. No es admisible un límite temporal aleatorio, tal como el definido por conveniencia política y fiscal en la Ley 1448 del 2011, llamada de “Víctimas y Restitución de Tierras”.

Las FARC consideraron “no admisible” la Ley 1448/2011 de “Víctimas y Restitución de Tierras” implementada por el Gobierno, ya que contradice los Acuerdos logrados en La Habana referentes a la “Política de Desarrollo Agrario Integral”.

2.2. Definición de Víctimas de Acuerdo con Normas Internacionales.

Para efectos del reconocimiento de las víctimas del conflicto, se tomará como referente por las Partes, lo establecido en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de diciembre del 2005 de los “Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones”. La normativa internacional será contemplada teniendo en cuenta las particularidades del conflicto colombiano, lo cual incluye la existencia de una juridicidad guerrillera. Particular atención merecerán las víctimas colectivas.

Esto implicaría tener en consideración que las FARC constituyen una fuerza beligerante -pese a no ser reconocida por el Gobierno-, y por ello cuentan con su propia legislación interna.

2.3. Tratamiento a los Combatientes Víctimas de Acuerdo con Normas Internacionales.

Para la consideración de los casos de combatientes víctimas de las fuerzas militares y de policía y de las FARC, la Partes se ceñirán a lo establecido en las Convenciones I, II y III de Ginebra y el Protocolo Adicional II, atendiendo el principio de distinción aplicable a conflictos armados no internacionales. Por tanto, son víctimas únicamente en la medida que hayan padecido comprobadas infracciones al DIH aplicable a los combatientes, por lo que su tratamiento no puede ser equivalente al dispensado a las víctimas provocadas entre la población civil no combatiente. En este punto se tendrán en cuenta igualmente las normas de la juridicidad guerrillera.

2.4. Reconocimiento de Prisioneros Políticos como Víctimas del Conflicto.

Se conformará una “Comisión Especial de Estudio de la Situación de los Prisioneros Políticos”, integrada por un (1) representante de organizaciones defensoras de presos políticos, un (1) representante de los presos políticos, un (1) representante de la Fiscalía y un (1) representante del Ministerio de Justicia. En un término no superior a sesenta (60) días, dicha Comisión deberá identificar las víctimas del sistema estatal de administración de justicia que por razones políticas hayan sido objeto de montajes judiciales; presentará además un informe sobre la situación de derechos humanos de los prisioneros de las FARC y demás fuerzas guerrilleras. Las víctimas de los “falsos positivos judiciales” y los prisioneros políticos cuyos derechos humanos hayan sido violados, serán considerados víctimas del conflicto.

2.5. Reconocimiento de la Especificidad de las Mujeres Víctimas.

Las mujeres víctimas del conflicto merecerán un reconocimiento especial, tanto por el hecho de representar el principal sector de la población que ha padecido los rigores de la guerra y los impactos de las estructuras de victimización conformadas por las clases dominantes, como por las situaciones históricas de discriminación y violencia propias del régimen patriarcal, que vulnera sus derechos, ejerce violencia sexual y afecta sus derechos sexuales y reproductivos. En atención a una perspectiva de género, se considerará de igual manera la especificidad de las víctimas de la comunidad LGTBI 549.

FARC Presentan Subpuntos Seis a Diez

En un nuevo comunicado, las FARC presentaron las iniciativas contenidas en los numerales seis al diez correspondientes al Punto Dos sobre “Reconocimiento de Víctimas del Conflicto”, como desarrollo de las propuestas mínimas sobre “Derechos Integrales de las Víctimas para la Paz y la Reconciliación Nacional”.

2.6. Reconocimiento de las Víctimas del Modelo Económico y de la Política Económica.

Se reconocerá por parte del Estado que el modelo económico y la política económica han sido factores históricos del origen y la persistencia de procesos de victimización política, económica, social, cultural y ambiental, cuyas principales expresiones se encuentran en la desigualdad socioeconómica, el hambre, la miseria y la pobreza, así como en la vulneración de los derechos humanos integrales. A estas víctimas se les reconocerá como “víctimas del desarrollo” 550. Se considerarán de manera especial las víctimas generadas por el modelo de extracción minero-energética y de producción de agrocombustibles. Asimismo, las víctimas de los sistemas de financiación especulativa de la vivienda.

En este punto, las FARC buscan contradecir y hacer reconocer al Gobierno de Santos, que su posición irreductible de negociar, sin que esté en discusión el modelo de desarrollo, la doctrina militar, la inversión extranjera y los aspectos substantivos de la Constitución de 1991, va contra el mismo proceso de negociación de una Paz con justicia social, a la vez que reconocer cuál es el verdadero origen del conflicto en Colombia.

2.7. Reconocimiento de las Víctimas como Sujetos Políticos y Reconocimiento Especial a las Víctimas Colectivas.

El reconocimiento pleno de las víctimas del conflicto, supone trascender los enfoques meramente jurídicos o individualizantes, para considerarlas esencialmente como sujetos políticos de la resistencia, la transformación y el cambio democrático y revolucionario. Sin perjuicio del dolor y el sufrimiento padecido por individuos, familias y colectividades con ocasión del conflicto, que deben ser objeto de acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, se reconocerá que las víctimas han sido hombres y mujeres portadores de ideas, programas y proyectos políticos que han buscado cambiar el régimen de dominación y explotación que ha imperado en el país, y que por tal razón han sido objeto de procesos victimización sistémica y de estructuras estatales y de poder conformadas para tal fin. En tal sentido se reconocerá que la condición de víctima se origina en su carácter de militantes, simpatizantes o activistas de fuerzas políticas opositoras, democráticas o revolucionarias, de movimientos sociales y sindicales, o de organizaciones de derechos humanos. Dichas fuerzas y organizaciones se considerarán como víctimas colectivas y como tal tendrán reconocimiento especial.

2.8. Formulación de una Tipología de las Víctimas Según Hechos Victimizantes.

Para una mayor cualificación del reconocimiento de las víctimas del conflicto y de sus derechos, se construirá por las Partes, una tipología de los hechos victimizantes que tenga en cuenta tanto parámetros internacionales como especificidades del conflicto colombiano, incluidas las normas de la juridicidad guerrillera. La tipología deberá tener una perspectiva de género.

2.9. Realización de un Censo Nacional de Víctimas.

Con el propósito de aproximar una cuantificación del universo de víctimas lo más ajustada posible a la realidad histórica del conflicto, se realizará un censo nacional de víctimas dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la firma de un eventual Acuerdo final. Para tal efecto, se conformará la “Comisión Nacional del Censo de Víctimas del Conflicto”, conformada por representantes de las organizaciones nacionales de víctimas, académicos expertos y funcionarios del DANE.

2.10. Reconocer las Víctimas para Garantizar sus Derechos.

El reconocimiento de las víctimas del conflicto en los términos aquí establecidos constituirá la base para el reconocimiento y materialización real y efectiva de sus derechos, incluida su condición de sujetos políticos individuales y colectivos 551.

Acuerdo entre Gobierno y FARC: Participación de Víctimas en Mesa de Negociaciones

El Gobierno y los negociadores de las FARC en La Habana, llegaron a un Acuerdo para escuchar a las víctimas en el marco de la Mesa de Diálogos. Ambas partes entregaron un comunicado con una “declaración de principios” centrada en las víctimas, que indica que como se estableció en el Acuerdo General de La Habana:

El respeto de los Derechos Humanos en todos los confines del territorio nacional, es un fin del Estado que debe promoverse”.

Agregando que en el Punto Cinco (5) de su Agenda se expresa que:

Resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo”.

Se reconoce que las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con ocasión del conflicto, tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición.

Convencidos de que la satisfacción de los derechos de las víctimas, forma parte fundamental de las garantías para la conquista de la Paz, y que la terminación del conflicto contribuirá decididamente a la satisfacción de esos derechos, declaran que la discusión del Punto Cinco (5) estará enmarcada en los siguientes principios”:

1. El reconocimiento de las víctimas: Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos.

2. El reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este Punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades.

3. Satisfacción de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto.

4. La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos.

5. El esclarecimiento de la verdad: Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad.

6. La reparación de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la Paz estable y duradera.

7. Las garantías de protección y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas, es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos.

8. La garantía de No Repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten tanto en el Punto Cinco (5) como en los demás puntos de la Agenda, deben apuntar a garantizar la no repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima o en riesgo de serlo.

9. Principio de reconciliación: Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas, es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia.

10. Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la Agenda y en particular sobre el Punto Cinco (5) “Víctimas”, deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los Derechos Humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia, su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, y todos los ciudadanos el deber de no violar los Derechos Humanos de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrán en cuentan las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales.

Adicionalmente, informan que:

1. Acordamos crear una Subcomisión Técnica, integrada por miembros de las dos delegaciones, con el fin de iniciar las discusiones sobre el Punto Tres (3) “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General.

2. El próximo ciclo, iniciaremos las discusiones en torno al Punto Cinco (5) “Víctimas” de la Agenda del Acuerdo General, para lo cual convinimos que:

a. Con el fin de orientar y contribuir a la discusión del Punto Cinco (5), las partes deciden crear una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, conformada por expertos, que no substituye el mecanismo para el esclarecimiento pleno de la verdad que debe contar con la participación de todos y en particular de las víctimas.

b. Solicitamos a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, que organicen los Foros sobre el Punto Cinco (5) “Víctimas” de la Agenda del Acuerdo General de la siguiente manera: tres foros regionales que iniciarán en Villavicencio el 4 y 5 de julio y luego en Barrancabermeja y Barranquilla, y uno nacional en Cali.

c. Recibiremos a una primera delegación de víctimas que asistirá a la Mesa con el fin de presentar sus propuestas y expectativas sobre la construcción de la Paz en los territorios y sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas (a la Verdad, la Justicia, la Reparación) incluyendo las garantías de No Repetición.

Esta delegación estará compuesta de tal forma que se asegure la representación plural y equilibrada de las distintas víctimas, así como de los distintos hechos victimizantes, sin pretender que una delegación pueda representar a los millones de víctimas que nos ha dejado el conflicto armado.

Agradecemos a las víctimas y organizaciones de víctimas, que han enviado sus propuestas a la Mesa y que participaron en los foros regionales organizados por las Comisiones de Paz del Congreso de la República, e invitamos a que sigan participando a través de los mecanismos establecidos y en los foros próximos a realizarse.

3. Acordamos crear una Subcomisión de Género, compuesta por integrantes de las delegaciones, para revisar y garantizar, con el apoyo de expertos y expertas nacionales e internacionales, que los Acuerdos alcanzados y un eventual Acuerdo final tengan un adecuado enfoque de Género 552.

Las delegaciones del Gobierno y las FARC en la Mesa de Conversaciones de La Habana (Cuba), mediante un Comunicado Conjunto, dejaron claro que:

Se invitará a una delegación por cada ciclo, por lo menos durante cinco ciclos”, que “cada delegación estará compuesta hasta por doce personas” y que “la primera visita de las víctimas se llevará a cabo el 16 de agosto del 2014”.

Establecieron los criterios para la selección de las delegaciones: “el equilibrio, el pluralismo y la sindéresis 553, que deberán verse reflejados en la composición de cada una de las delegaciones”. La idea de la Mesa es que cada una de esas comitivas refleje “todo el universo de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional”. La aplicación de esos criterios para la selección de las comitivas de víctimas estará a cargo de “la Organización de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, en consulta con diferentes asociaciones de víctimas del conflicto”, con lo cual, quienes no estén en la Mesa Nacional de Víctimas no serán excluidos.

Mediante el Comunicado, las partes advirtieron que “la Mesa revisará el funcionamiento del mecanismo de selección en cada una de las visitas y hará las recomendaciones que sean necesarias”.

Gobierno y guerrilla establecieron otros aspectos de la metodología para escuchar la voz de las víctimas:

Que “los miembros de las delegaciones deberán ser víctimas directas del conflicto y participarán en esa condición y no en representación de otros” (una condición que no excluye los casos de victimización colectiva);

Que “las delegaciones y sus integrantes tendrán plena autonomía para exponer sus puntos de vista”.

Las propuestas que salieron del primer Foro de Víctimas, organizado en Villavicencio por la ONU en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional giraron en torno a tres temas:

1) Modificaciones en la aplicación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011;

2) Metodologías y composición de una Comisión que esclarezca las causas y los crímenes cometidos por las partes en desarrollo de la guerra; y

3) políticas públicas para implementar durante el postconflicto que brinden garantías de no repetición.

En las propuestas que enviaron las víctimas de Meta, Caquetá, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Casanare, Cundinamarca y Bogotá, hay recomendaciones para ampliar el alcance de la Ley 1448 del 2011, en términos de tiempos cubiertos. Quienes hayan padecido, con ocasión del conflicto antes del 1° de enero de 1985 554 sean sujetos de verdad, justicia y reparación.

Hubo propuestas para agilizar la reparación y la restitución que, a diciembre del 2013, había cobijado a cerca de trescientos veinte mil personas. En términos de verdad, las víctimas presentes en Villavicencio, plantearon fórmulas para garantizar mayor acceso a las comisiones de la verdad que se creen a raíz de las negociaciones en La Habana.

Hubo propuestas, muy detalladas, para que las víctimas tuvieran acceso a los archivos de las acciones armadas y los delitos cometidos por la guerrilla y a los archivos de inteligencia y de acciones militares del Estado. Plantearon que esa comisión de la verdad, se dividiera en subcomisiones, para esclarecer los hechos de la guerra con enfoques regionales, de género y por hechos victimizantes, como el reclutamiento forzado de menores de edad, desapariciones forzadas y secuestro.

Para que haya garantías de no repetición, los asistentes al primer foro de víctimas propusieron métodos para que el Estado informe mejor sobre el desarrollo y los Acuerdos de la mesa de La Habana, que se creen centros a nivel territorial para informar sobre el transcurrir de las negociaciones y los impactos de los Acuerdos en las regiones y, además, recomendaron mejorar el sistema de educación mediante la creación de contenidos en los currículos escolares que, más que enfocarse en el desarrollo del conflicto, se ocupen de las causas de medio siglo de guerra 555.

Críticas del “uribismo” sobre el Tema Víctimas

Desde el “uribismo” surgieron críticas al Gobierno Nacional, por el tema de las víctimas de las FARC y la pluralidad de víctimas que han ido en las delegaciones a La Habana, para reunirse con las Partes en la negociación del conflicto.

La Representante (Diputada) María Fernanda Cabal, alegó que el hecho de que viajaran únicamente cuatro de doce víctimas de las FARC a participar en la Mesa de Diálogo en La Habana, obedecía a la intención de:

Borrar el trazo de sangre que durante cincuenta años, las FARC y el Partido Comunista, su ideólogo, han dejado en Colombia. Si acá se analizaran los fenómenos sociales con detenimiento, como lo es la guerra y los fenómenos de violencia; veríamos que durante cincuenta años se campearon por las zonas rurales de Colombia asesinando a cualquiera que realizara actividad agrícola o pecuaria. Cabría preguntarle a las FARC: ¿dónde están estas víctimas? La insatisfacción y nuevamente, las víctimas de las FARC, van a ocupar el triste legado de ser las víctimas no reconocidas, olvidadas, a las que jamás se les dará el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

La Representante (Diputada) Tatiana Cabello, manifestó su disconformidad por las decisiones tomadas por el Gobierno:

Es irrespetuoso lo que está haciendo el Gobierno con las víctimas. No se entiende cómo es que aparecen en el listado víctimas de las AUC, cuando estas últimas no están sentadas en la Mesa de Negociación. ¿Es que acaso las FARC van a reconocer a las víctimas de las AUC? ¿Es que acaso las FARC van a indemnizar económicamente a las víctimas de las AUC? ¿No será esta una estrategia para distraer y minimizar el horror que por años han dejado las FARC en Colombia? ¿Acaso se creen con el derecho de ser jueces de las AUC? ¿Las FARC también van a responder, entonces, por los delitos del ELN, EPL y otros grupos guerrilleros? Eso revictimiza a todos los que han sufrido la barbarie de las FARC y que hoy se quedan por fuera de los diálogos, a razón de unos extraños criterios de selección. Hoy el Presidente Santos es tan victimario como las FARC, porque se está prestando a un juego humillante e indolente que pretende ocultar la historia y la verdad” 556.

Las FARC ¿Victimarios?

Desde la perspectiva de las FARC, según la manera como los medios de comunicación presentan la información referida a las conversaciones de Paz en La Habana, con la participación de las delegaciones denominadas “víctimas”, se pretende mostrar a la guerrilla, como los “victimarios”.

Para ellos, eso es desconocer los orígenes y causas de la guerra. En el conflicto social colombiano, tan víctima de la guerra es la población -campesina y obrera-, que debió empuñar las armas para la autodefensa -guerrillas-, como la población desarmada -campesina y obrera- que realiza actividades normales de subsistencia. La diferencia entre unos y otros la determina la actitud que se asume ante el conflicto, en el que los sectores populares participan de variada manera.

Sin base social es imposible la existencia de una guerrilla, por cuanto no está conformada sólo por el grupo armado, que se ramifica para permitir su existencia:

1) Suministros: alimentos, uniformes, medicinas, armas y municiones;

2) Financiamiento;

3) Información: inteligencia y contrainteligencia;

4) Propaganda: medios de comunicación oral y escrita;

5) Organizaciones populares: gremios, sindicatos.

Esta extensa base social es lo que le da permanencia a las FARC y al ELN, y les ha permitido derrotar las campañas de exterminio ejecutadas por el ejército, la policía, los narco-paramilitares y las bases de Estados Unidos instaladas en territorio colombiano.

En Colombia, en los últimos sesenta años, ha habido una guerra civil, que es la continuación de las guerras habidas durante doscientos años. Es la continuación, por cuanto las causas que originan la guerra actual son las mismas que originaron las guerras anteriores que se dirimían entre liberales y conservadores. La guerra civil en Colombia debería denominarse, “guerra de los doscientos años” 557. En esa interminable guerra ¿Quiénes son las víctimas y quién el victimario?

Durante cuarenta y cuatro años (1886-1930), el partido conservador y la jerarquía católica dominaron el cuadro político colombiano con la sucesión de quince Presidentes. Se conoce como la “hegemonía conservadora”. Durante esas cuatro décadas, ocurrió: la guerra de los mil días; la separación de Panamá; la masacre de las bananeras y, el aplastamiento constante de todo intento de lucha por las reivindicaciones sociales, de manera especial, las luchas agraristas por cuanto la Iglesia católica, en Colombia como en toda Latinoamérica, era o es la mayor latifundista. ¿Quién es el victimario y quienes son las víctimas?

En 1930, el triunfo en las elecciones del partido liberal, llevó a la presidencia de la República a Enrique Olaya Herrera, con lo que se le puso fin a la “hegemonía conservadora”. Olaya Herrera abrió la posibilidad a la organización campesina para la lucha por la tierra. En Chaparral (Tolima) y otras regiones, el partido liberal y el partido comunista promovieron las luchas agraristas y comenzaron a surgir las organizaciones campesinas y el reclamo legal por la tierra. Ese incipiente proceso de reivindicación campesina se mantuvo durante los Gobiernos liberales: Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos. En 1946, el partido liberal fue a las elecciones con dos candidatos: Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay, perdiendo la presidencia. El pueblo colombiano debió pagar caro la necia actitud de la oligarquía liberal de impedirle a Jorge Eliécer Gaitán ser Presidente de la República. Es de esa manera que el partido conservador y la jerarquía católica volvieron al poder con la Presidencia de Ospina Pérez. De inmediato comenzó la violencia contra las organizaciones campesinas y obreras que luchaban por reivindicaciones agrarias y laborales, en lucha legal, promovida por el partido comunista. La zona del Tolima (Chaparral), donde el sector campesino había alcanzado mayor nivel organizativo, comenzó a ser víctima de la violencia dirigida desde el Gobierno y organizada desde la iglesia, con las bandas cristeras de “chulavitas” 558, calco de las bandas asesinas de los cristeros mexicanos.

En 1948, los curas pregonaban el odio desde el púlpito, con sus sermones contra el partido liberal y contra los comunistas. Ese odio clerical fue el causante de la denominada “época de la violencia” que condujo al asesinato de Gaitán, por cuanto había asumido la denuncia de la masacre de las bananeras; la denuncia de la violencia contra las organizaciones campesinas y obreras; y la violencia contra el partido liberal. ¿Quiénes son las víctimas y quién el victimario?

La violencia desatada desde el Gobierno conservador junto a la jerarquía católica, encendió la pradera. Los campesinos ante la creciente amenaza contra sus vidas, por la policía y las bandas armadas de “chulavitas”, se organizaron para la autodefensa de masas y surgieron las guerrillas liberales que adquirieron mayor desarrollo en el Llano y en extensas zonas de las tres cordilleras desde el Tolima a Boyacá y los Santanderes. En esa situación de violencia creada por el Gobierno conservador y la jerarquía católica ¿Quiénes son las víctimas y quien el victimario?

Las causas del conflicto colombiano son:

1) Las luchas del campesinado por la tierra. Luchas agraristas. Epoca de la violencia con 200 mil muertos;

2) la lucha del proletariado colombiano por derechos laborales: masacre de las bananeras;

3) la lucha de las mayorías nacionales por los Derechos Humanos y la participación cívica en la conducción del Estado. Derechos políticos y ciudadanos: la democracia;

4) la lucha por los derechos sociales: familia, salud, educación, trabajo, salario, asociación, huelga;

5) la lucha por los derechos económicos: equitativa distribución de la riqueza.

La oligarquía y la jerarquía católica durante doscientos años, le han negado a las mayorías nacionales:

i. El derecho a la tierra: Reforma agraria;

ii. el derecho a la soberanía popular: la democracia;

iii. el derecho a la equitativa distribución de la riqueza: exclusión, marginación, discriminación; y

iv. como consecuencia de lo anterior, han sembrado la violencia y la pobreza con todas sus secuelas.

¿Quiénes son las víctimas y quién el victimario?

Para mantener el dominio y privilegios, la oligarquía y la jerarquía católica, instauraron la guerra como forma de dominación y explotación. Es una guerra donde la oligarquía conservadora y la jerarquía católica, le disputaban el poder a la oligarquía liberal y ejercían la violencia contra las bases populares del liberalismo, lo que dio origen al surgimiento de las guerrillas liberales, cuyo gran auge amenazó la estabilidad de la oligarquía y la jerarquía católica en el poder.

Por conveniencia política se unieron los conservadores, la jerarquía católica y los liberales, para dar el golpe de Estado liderado por Rojas Pinilla (1953), cuyo objetivo inmediato era firmar un Acuerdo con las guerrillas liberales que habían extendido sus frentes de lucha a toda Colombia. El Acuerdo consistía en la renuncia a la guerra y la entrega de las armas. Rojas Pinilla cumplió con la misión y firmó el Acuerdo de Paz con las guerrillas liberales.

Realizó algunas políticas populistas, como la Reforma Agraria (el INCORA) en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Esa y otras reformas no fueron bien vistas por la oligarquía urbana, la burguesía agraria y la jerarquía católica -gran latifundista-, por cuanto, según ellos, había que firmar la Paz, pero, sin concesiones de ningún tipo -misma pretensión de Santos-. Firmar la Paz para que todo continúe igual.

Ante el auge del Gobierno populista-desarrollista de Rojas Pinilla, la oligarquía liberal, conservadora y la jerarquía católica, que lo habían llevado al Gobierno, vieron amenazados sus privilegios de clase y volvieron a unirse, firmaron un Acuerdo de no agresión, dieron un golpe de Estado militar que derribó al Gobierno de Rojas Pinilla, crearon el Frente Nacional (pacto de Benidorm, 1956), que establecía la paridad tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, así como en toda la administración pública, instituyendo la alternancia de un liberal y un conservador en la Presidencia de la República, con la exclusión de toda participación política que no fuera de los dos partidos tradicionales.

Durante dieciséis años se impuso la “dictadura” liberal-conservadora-jerarquía católica del Frente Nacional, encargada de mantener la violencia contra las mayorías nacionales: campesinos, obreros, estudiantes e intelectuales progresistas.

Sea Ospina Pérez, Laureano Gómez, Rojas Pinilla, el Frente Nacional, se trata del mismo Estado agresor al pueblo colombiano, mientras que a éste, sólo le queda como mecanismo de autodefensa, la lucha armada, la guerrilla, las organizaciones gremiales y sindicales. ¿Quién es el victimario y quienes las víctimas?

El Acuerdo de Paz con Rojas Pinilla, sólo se hizo con las guerrillas liberales cuya conciencia política no iba más allá de derribar el Gobierno conservador y la jerarquía católica, para derogar la Constitución goda y llevar de regreso al poder el partido liberal. En eso se diferenciaban las guerrillas liberales de las guerrillas comunistas, que no participaron del Acuerdo de Paz por cuanto su visión política mantuvo la trascendencia de la lucha de liberación nacional contra la explotación capitalista, por el socialismo y la conquista de los Derechos Humanos, sociales, políticos, económicos.

Un pequeño grupo de esas guerrillas liberales -Manuel Marulanda, aun siendo liberal-, no participó del Acuerdo de Paz de Rojas Pinilla y mantuvieron la lucha guerrillera -origen de las FARC-. Igual actitud asumieron otros frentes guerrilleros que, ante la violencia de la policía y las bandas armadas de “chulavitas”, se organizaron para la autodefensa en lo que se dio en llamar las “repúblicas independientes” -Marquetalia, Rio Chiquito, El Pato, Guayabero-, territorios en los que no existía la presencia del Estado, sino, la organización campesina -comunista o comunitaria-, para la economía de subsistencia; y la guerrilla, como instrumento de autodefensa contra las razias del ejército, la policía y los “chulavitas”, promovidos desde el púlpito, que dieron origen al bandolerismo; y posteriormente a los narco-paramilitares de Alvaro Uribe, Pablo Escobar, los hermanos Castaño y demás integrantes del cartel de la cocaína, que fue creciendo y fortaleciendo su poder con la participación de Senadores, Diputados, Gobernadores, Alcaldes, Ministros, Embajadores y Presidente de la República -Alvaro Uribe-. ¿Quienes son las víctimas y quién el victimario?

El Estado -los Gobiernos de turno- es el ente generador de toda violencia. Parece ser ésta su función primordial. Pero, la violencia que impone el Estado oligarca y burgués, como clase -1%-, para mantener sus privilegios de dominio y explotación capitalista -dictadura burguesa-, no es igual a la violencia del Estado proletario -99%-, para la conquista de los derechos sociales, políticos y económicos de las mayorías nacionales.

En Colombia, la oligarquía y la jerarquía católica como clase, han mantenido su hegemonía en el Estado y lo han utilizado para ejercer la violencia contra el pueblo, contra las mayorías nacionales, mediante doscientos años de guerra, durante los que se han cometido crímenes, masacres y violación de los Derechos Humanos inenarrables por su monstruosidad -corte de corbata 559, corte de franela 560, perfeccionados por el descuartizamiento con motosierra-. El modelo de esa forma de violencia la instauró el Arzobispo-Virrey, Caballero y Góngora (1781), al violar el Acuerdo de Paz que le permitió contener la Rebelión Comunera de El Socorro y condujo al posterior apresamiento, tortura y ejecución de sus líderes, cuyas cabezas fueron quemadas y exhibidas en jaula de hierro. Esa misma violencia de la oligarquía-jerarquía católica, estuvo presente en el asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre; en el destierro de Bolívar, que lo condujo a la muerte en Santa Marta; en el asesinato del Gral. Uribe Uribe luego del Acuerdo de Paz que le puso fin a la guerra de los mil días; en la masacre de las bananeras contra obreros que reclamaban sus derechos laborales negados por la compañía extranjera, United Fruit Co; en la “época de la violencia” y los doscientos mil muertos en Chaparral, Tolima; en el asesinato de Gaitán, a los meses de haber pronunciado su famoso discurso “la oración por la Paz”, en reclamo y protesta por los crímenes del Gobierno conservador-jerarquía católica contra el pueblo liberal; en el asesinato de los Jefes de las guerrillas liberales, luego del Acuerdo de renuncia a la guerra y entrega de las armas; en el asesinato de los miembros de la Unión Patriótica -cinco mil activistas-, al violar el Acuerdo de apertura a la participación cívica en la política, de los guerrilleros que dejaran las armas; en el frustrado intento de Paz de El Cagüán, que condujo al escalamiento de la guerra en un nuevo intento de elevarla al clímax para el exterminio de los frentes guerrilleros. La legislación colombiana no contempla la pena de muerte. Esa violencia se acrecentó en la fase actual de la guerra que, ante la imposibilidad del ejército, la policía y paramilitares -setecientos mil efectivos en armas, nueve bases militares norteamericanas-, de derrotar la guerrilla, de impedir las protestas campesinas (Catatumbo), y las reivindicaciones obreras; el Gobierno de Juan Manuel Santos, para acumular mayor poder bélico, firmó un acuerdo de colaboración con la OTAN.

Las masacres en las zonas campesinas tienen tal magnitud, que han hecho del territorio colombiano una fosa común por el número de desaparecidos -”falsos positivos”-, por el empeño del Gobierno y las fuerzas militares de destruir la base social de la guerrilla, lo que ha provocado cinco millones de desplazados internos; más los desplazados hacia países vecinos -cinco millones a Venezuela, quinientos mil a Ecuador-. Si ésta es la realidad ¿Quiénes son las víctimas y quien el victimario?

Tan víctimas de la guerra son las guerrillas -pueblo armado-, como las mayorías nacionales -pueblo desarmado-. Ambos sufren las secuelas de la guerra, impuesta por la oligarquía-jerarquía católica-imperialismo.

El único y exclusivo victimario es el Estado colombiano -los Gobiernos de turno- que, por disposición constitucional, tiene la obligación de mantener la Paz. Si se rompe el contrato social, es el Estado y su Gobierno el encargado, en primer lugar, de reconstruir el contrato social y restablecer la Paz. En sesenta años, el Estado colombiano -Gobiernos de la oligarquía-jerarquía católica-, ha hecho lo contrario, ha promovido la guerra, no sólo interna, sino que la ha llevado allende sus fronteras por el bombardeo del territorio ecuatoriano -Sucumbíos 561-. De igual manera ha sembrado la inestabilidad en la frontera con los demás países limítrofes -Venezuela, Brasil, Perú, Panamá-, que deben mantener movilizados contingentes militares para resguardar las fronteras, lo que ocasiona gastos al erario público. Es por ello que, en el resarcimiento de las víctimas, debe figurar el resarcimiento a los países vecinos, también víctimas de la guerra.

El único victimario es el Estado colombiano -sus Gobiernos de turno- que, con su impudicia, ha alimentado esta guerra infame contra las mayorías nacionales 562.

Conformación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV)

Los representantes de las víctimas del conflicto, que estuvieron en la Mesa de Negociaciones de Paz en La Habana, calificaron como positiva la reunión que sostuvieron con los miembros de las FARC y del Gobierno.

El paso siguiente en el proceso, tiene que ver con la instauración de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), conformada por doce expertos, que tendrán que realizar un informe -colectivo o individual- en el que estarán incluidos tres puntos específicos:

a) Los orígenes y las múltiples causas del conflicto;

b) principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto;

c) los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población.

Debe destacarse que, durante los ocho años de Gobierno de Alvaro Uribe, se invisibilizó a la intelectualidad colombiana estudiosa de la violencia, asegurando que en Colombia no existía un conflicto armado. De esta forma, no sólo se ha negado la existencia del conflicto y sus causas, sino también se impidió que sectores del pensamiento pudieran explicar su origen y desarrollo.

La Comisión dispone dos relatores que serán los encargados de realizar el Informe Síntesis, en el que se consignarán “los consensos, los disensos y la pluralidad de visiones de los expertos”.

La labor de la CHVC es independiente de la que realizará la Comisión de la Verdad, que deberá instalarse una vez firmado el Acuerdo de Paz. El informe final de los doce expertos y los dos relatores, se convertirá en un elemento esencial para la Comisión de la Verdad, ya que son trabajos académicos e históricos “que no constituyen la visión de la Mesa ni de las delegaciones, pero que serán un insumo básico para los debates y construcciones de la Mesa”. La gran diferencia entre la CHVC y la Comisión de la Verdad es que el informe de la primera “no debe atribuir responsabilidades individuales y no debe ser escrito con el propósito de producir efectos jurídicos”. Lo que se busca, es crear un marco que permita comprender la complejidad del contexto histórico del conflicto 563.

Informe de la Comisión Histórica del Conflicto

La Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas 564 no reemplaza a una futura Comisión de la Verdad, que es la que tendría la función de documentar las responsabilidades en el conflicto armado.

El Informe del PNUD del 2003, destaca como factores desencadenantes:

La ausencia de solución al problema agrario; el fracaso del Estado en la prevención y resolución de conflictos; la retirada del Estado, que trae problemas sociales en la regulación de la vida, el uso de practicas privadas de justicia y la conformación de ejércitos irregulares; y, el vinculo negativo de las elites con el desarrollo del conflicto.

El Informe se centra en causas políticas y culturales. Insiste en el peculiar y violento proceso de construcción del Estado y su incidencia en el conflicto. Destaca los limites del poder político, de las estructuras de participación política, de los partidos y la persecución a los proyectos políticos alternativos. Realiza una lectura crítica del carácter y actitud frente a las reformas sociales, de los sectores dirigentes en Colombia. Cuestiona las concepciones y practicas de la modernización capitalista. Incita a desenmascarar e investigar la consolidación de una cultura política contra-insurgente, el afianzamiento de los discursos amigos-enemigos y la intensificación del miedo y la seguridad, como factores culturales que potencian el conflicto.

Ubica sus orígenes en la década de los ‘30 del siglo XX, estableciendo un período entre 1929/30 y 1957/58, como la protogénesis del conflicto colombiano. En esta etapa se deciden aspectos centrales de la historia de Colombia: el modelo capitalista de desarrollo, el carácter de las instituciones estatales, las relaciones inter-partidarias, los límites del reformismo, los grupos de poder, el sentido moderno de la política y la cultura, los rasgos constitutivos de la cultura política y ciertos imaginarios de las identidades culturales.

Colombia es un país extremadamente excluyente. Basta una mirada desprevenida a los listados de desigualdad, para darse cuenta de que, en cuanto a ingresos, tierras, servicios estatales y muchas otras estadísticas, las brechas son muy grandes. No es extraño, entonces, que la exclusión haya sido una de las causas más citadas del conflicto.

La supremacía política de las fuerzas sustentadas en el control de la tierra y su fuerte ascendiente político, ideológico y religioso sobre la población, hizo que buena parte de los intentos por transformar el ordenamiento de la sociedad y el régimen de propiedad agraria, resultaran frustrados, circunstancia que coincide con la recomposición económica y política planetaria, luego de terminada la segunda guerra mundial. Fue a partir de allí que Colombia fue profundamente absorbida dentro de la hegemonía hemisférica de Estados Unidos, bajo las orientaciones de la doctrina de seguridad nacional.

Teniendo en cuenta que el acceso a la tierra está relacionado con tres necesidades básicas: alimentación, vivienda y trabajo/ingreso, se hace un recuento histórico del conflicto alrededor de la tierra como el mayor detonante del conflicto social y armado en Colombia, recurriendo a conceptos de connotados analistas y a estadísticas de las mismas instituciones estatales, así como a los documentos fundantes de las organizaciones insurgentes. También se hace una exploración de la situación de las demás necesidades, como empleo, vivienda, alimentación y salud, cuya no satisfacción para importantes capas de población, se constituyó en un factor persistente del conflicto.

En los informes sobre las causas y los orígenes del conflicto armado, presentados por sus integrantes 565, coinciden en que la responsabilidad de la guerra es compartida por las FARC, el Estado y los paramilitares, aunque mantienen profundas discrepancias sobre la legitimidad o no de la lucha armada iniciada por los insurgentes.

Hubo consenso sobre la multiplicidad de actores responsables del conflicto. Algunos historiadores consideran que no ha sido una “guerra justa” por la “tremenda desproporción entre los objetivos que se propuso la guerrilla y las consecuencias del conflicto”.

Hace referencia a los seis millones de víctimas provocadas por más de cinco décadas de violencia, el lastre que ha supuesto para la economía nacional, la destrucción de infraestructuras y el desplazamiento masivo de población campesina.

Algunos de los historiadores de la Comisión, reconocieron el “horror” de acciones criminales de la guerrilla como el secuestro, la extorsión o el tráfico de drogas; pero admitieron que existió “un trasfondo social” que explica e incluso justifica que se “alzaran en armas y retaran a las instituciones. El orden social que rige en Colombia (...) tiene consecuencias permanentes de inequidad, desigualdad, desorganización del Estado y dominación”.

La responsabilidad del conflicto no puede recaer sólo sobre individuos, sino sobre un ordenamiento y estructura social que también se convierte en “victimario”. Un ejemplo de ello, lo demuestra el proceso de desmovilización de los paramilitares iniciado en el 2005, conocido como Justicia y Paz, que “sólo buscó responsabilizar a sujetos”, y por ello, “el paramilitarismo como fenómeno político y social no ha desaparecido”, ya que no se atacó el “orden existente” que lo propició.

Destacaron los “consensos básicos” entre los miembros de la Comisión, sobre los elementos que contribuyeron a la prolongación del conflicto, como la estructura agraria, la falta de mecanismos para asegurar la propiedad de la tierra, la escasa presencia de las instituciones del Estado en las áreas rurales, y problemas como el narcotráfico o la corrupción 566.

El informe también indica que la participación de Estados Unidos en temas de armas y dinero ha sido constante. Estados Unidos no ha sido un “ingrediente menor” en el conflicto armado colombiano, pues lo “ha alimentado” con dinero, equipos y personal 567.

Uno de los relatores, el académico Eduardo Pizarro, dijo:

Colombia tiene que ponerse a la hora de América Latina”, que ha dejado atrás la violencia como arma política, pero no debe seguir los pasos de El Salvador y Guatemala, donde el fin de las guerras civiles no acabó con la violencia armada. “Los colombianos llevamos 50 años matándonos por diferencias de opinión”.

Perspectiva de las FARC sobre el Origen y Responsabilidad del Conflicto

En un título anterior 568, he mostrado el punto de vista histórico, mediante el que las FARC, describen el origen y las causas del conflicto en Colombia.

En un Comunicado, en el que hacen aclaraciones sobre la Cuarta Propuesta Mínima: “Responsabilidad Sistémica, Responsabilidad Principal del Estado y Responsabilidades Múltiples, Incluidas las Responsabilidades Guerrilleras, Frente a las Víctimas del Conflicto”, la Delegación de Paz de las FARC hizo un llamamiento a la reflexión a los sectores del Poder fáctico, que durante cincuenta años han sostenido la guerra en Colombia, haciendo referencia a los diferentes aspectos de la responsabilidad frente a las víctimas del conflicto.

Adujeron que habían responsabilidades sistémicas y múltiples frente a las víctimas del conflicto, siendo que los partidos y movimientos políticos, favorecieron el escalamiento de la guerra, por lo que debían admitirlo de manera clara y categórica, ya que en su afán infructuoso de resolver el conflicto por la vía militar no solo han legislado en favor de la guerra a través de sus bancadas en el Congreso, sino que impusieron una cultura de la confrontación y el exterminio del pueblo.

Los distintos sectores de la economía y sus organizaciones gremiales, incluyendo entre estos las empresas multinacionales, deben asumir su responsabilidad en los orígenes, y la prolongación del conflicto colombiano. Son muchos los empresarios que se benefician de la guerra, del dolor y el hambre del pueblo; y tienen responsabilidad especial, aquellos que de manera directa están en el negocio de armas y la tecnología bélica. Una alta responsabilidad le cabe a los medios masivos de comunicación, por su contribución directa en incitar la guerra, promover campañas permanentes de desinformación, divisionismo ideológico y guerra psicológica.

Estados Unidos y otras potencias extranjeras, tienen una responsabilidad central en el origen, la persistencia y descomposición del conflicto colombiano, debido a su concepción imperialista de amo y policía del mundo, que se materializa en la imposición de la Doctrina de Seguridad Nacional, el entrenamiento de oficiales y la participación directa en el conflicto con tropas, bases militares, financiamiento de planes específicos de guerra, inteligencia, entre otros aspectos 569.

Perspectiva de Gloria Gaitán

En una carta de Gloria Gaitán al Presidente Juan Manuel Santos 570, dice que ha visto con preocupación la insistente afirmación por parte de diferentes sectores, tanto nacionales como internacionales, según la que, como resultado de un posible Acuerdo de Paz, los Comandantes de las FARC deben ser judicializados negándoseles una amnistía integral, pretendiéndose que, después de su potencial desmovilización, les sea vedado incorporarse de inmediato y plenamente a la vida política por vías legales y cívicas.

Según su entender, si se impone esa tesis, sería imposible lograr un Acuerdo de Paz, ya que la guerrilla no dejaría las armas con las que busca la toma del poder para lograr una transformación del sistema, a cambio de una pena de cárcel que le daría fin a su parábola de lucha.

Como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, a su entender, en las Mesas de Diálogo, el Gobierno colombiano debe reconocer que el conflicto lo inició el Estado colombiano en 1946 571, al haber desatado en aquel preciso momento el genocidio premeditado, sistemático y generalizado a los grupos “gaitanistas”, que avanzaban victoriosos hacia la conquista del poder bajo el liderazgo de su padre, Jorge Eliécer Gaitán.

Gloria Gaitán dice tener en su poder toda la documentación probatoria, original y extensa, que muestra que el genocidio al Movimiento “Gaitanista” fue un delito de lesa humanidad que está en el origen del conflicto.

Para su comprobación, pone a disposición del Gobierno Nacional, de las FARC, del ELN y de los Gobiernos que, como garantes, colaboran en el proceso, el material probatorio:

Varios memoriales que, a partir de 1947, su padre le envió al Presidente Ospina Pérez detallando los nombres de las víctimas a manos del Estado, con los lugares, las fechas y los delitos cometidos por las autoridades.

Las denuncias puntuales, con nombre de las víctimas, los lugares, las fechas y delitos cometidos por las autoridades, publicadas en el periódico Jornada, vocero del Movimiento “Gaitanista”, publicación que desapareció de la Biblioteca Nacional pero que su familia conserva.

El archivo Gaitán, en el que su familia guarda miles de cartas originales de denuncia, que le enviaban sus partidarios a su padre, indicando los nombres de las víctimas, los lugares, las fechas y el o los delitos cometidos por las autoridades.

Las pruebas de que el Jefe de la Policía de aquel entonces, el Coronel Virgilio Barco, contrató sicarios en la Vereda “Chulavita” para generar el conflicto; Coronel cuyas fechorías también figuran en el expediente del asesinato de su padre, desaparecido de los archivos oficiales, pero del cual su familia conserva copia integral autenticada.

Relata que, premeditadamente, enviaban a esos sicarios a las Veredas y Municipios liberales y, al frito de “Viva el Partido Conservador”, sacrificaban liberales indefensos. Luego, los mismos sujetos, viajaban a las Veredas y Municipios conservadores, y al grito de “Viva el Partido Liberal”, arremetían contra la vida y los bienes de inocentes ciudadanos conservadores.

Jorge Eliécer Gaitán recorrió el territorio nacional denunciando este montaje oficial, que buscaba encender la hoguera del odio entre compatriotas. En la colección del periódico Jornada, que su familia guarda, se lee en el ejemplar del día 13 de abril de 1947:

Pueblo de todos los partidos: ¡os están engañando las oligarquías! Ellas crean deliberadamente el odio y el rencor a través de sus agentes, asesinando y persiguiendo a los humildes, mientras la sangre del pueblo les facilita la repartición de los beneficios económicos y políticos que genera tan monstruosa política”.

No habla Gaitán, como han pretendido quienes quieren responsabilizar al pueblo de la Violencia de la mitad del siglo XX, que se trató de una guerra partidista. En todas sus intervenciones, insistió en que es una violencia oficial, desatada en forma premeditada, sistemática y generalizada por el Estado colombiano.

La lectura analítica de la Oración por la Paz, pronunciada por Jorge Eliécer Gaitán el 7 de febrero de 1948 en una Plaza de Bolívar desbordada por la multitud, con personas que llegaron de toda Colombia, no deja duda de que señala a las autoridades como culpables de la persecución y asesinato de sus seguidores.

Nadie puede negar que, en esa intervención, él sindica al Estado colombiano y al Gobierno presidido por Mariano Ospina Pérez, como responsables del derramamiento de sangre que desembocó en el conflicto armado que hoy se vive. Allí señaló con precisión, entre muchas otras acusaciones, lo siguiente:

Señor Presidente Mariano Ospina Pérez: os pedimos que cese la persecución de las autoridades, así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos una pequeña y grande cosa: que las luchas políticas se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad”.

Indica que su familia, pone a disposición del Señor Presidente de la República y de los Comandantes de las FARC y del ELN, las centenares de horas de grabación en video y audio que hizo su hija María Valencia Gaitán, recorriendo en toda su extensión el territorio nacional, donde multitud de víctimas atestiguan que, después del asesinato de su padre, la persecución violenta contra ellos, por ser sus partidarios, arreció y fue entonces cuando el pueblo se vio obligado a internarse en el monte para salvar sus vidas, armándose inicialmente de machetes y pistolas de fisto 572, siendo ésta persecución oficial el germen de las futuras guerrillas.

Inicialmente se organizaron guerrillas liberales que, traicionadas por la Dirección que se volvió oligárquica del Partido Liberal -que pactó la desmovilización de la guerrilla para luego asesinar a sus comandantes-, hizo que algunos de ellos acudieran en apoyo del Partido Comunista, que les mostró un nuevo camino diferente al de los partidos tradicionales.

El Dr. Alvaro Leyva fue testigo de su reunión en Casa Verde con los máximos líderes históricos de las FARC. Allí, el líder paradigmático de esa guerrilla, el Comandante Manuel Marulanda Vélez, le contó cómo, en el origen de su lucha guerrillera, se vio obligado, junto con su familia y siendo aún adolescente, a internarse en el monte para proteger su vida, porque sus familiares eran “Gaitanistas”. Un tema que no se exhibe frecuentemente, por el rechazo que se le tiene, y es comprensible, por el hecho de haber tenido como origen político el partido liberal que, una vez asesinado su padre, los traicionó.

De igual manera el máximo dirigente del ELN, el Comandante Gabino, a quien le envía copia de esta carta, le contó personalmente en el campamento del Coce, que sus orígenes guerrilleros se remontan a la época en que tuvo que huir al monte con su familia, que era “Gaitanista”, para salvarse de la persecución de las autoridades.

Pone el cuantioso acervo documental al servicio de los Diálogos de Paz, con el objeto de que se reconozca que fue el Estado el que desató el conflicto que se prolonga hasta estos días, como detalladamente -con pruebas irrefutables- puede demostrarlo, a fin de que el Estado pida perdón por este genocidio que ha quedado en la impunidad y que a los comandantes guerrilleros se les otorgue una amnistía integral, por ser la guerrilla, consecuencia de la violencia y no su origen.

Jorge Eliécer Gaitán, no creía que lo asesinarían en el marco de ese genocidio. Decía:

La oligarquía colombiana no me mata, porque sabe que, si lo hace, el país se vuelca y pasarán muchos años antes de que las aguas regresen a su nivel normal”.

En 1998 Gloria Gaitán Jaramillo trajo a referencia esta frase de su padre diciendo que, ya que en ese año se cumplían cincuenta años de su magnicidio, era tiempo de que las aguas regresaran a su nivel normal. Los periodistas mezclaron ambas frases y divulgaron una afirmación nunca hecha por él, según la cual, las aguas regresarían a su nivel normal pasados cincuenta años.

Hoy, pasados sesenta y cinco años, todos los colombianos esperan que ese regreso a la normalidad pueda alcanzarse. El Estado, mediante genocidio, rompió el normal proceso democrático. Será necesario que la opinión pública comprenda que el conflicto se inició cuando el Estado -sus gobernantes de turno- pretendió abortar el triunfo popular, que ya era inevitable, con la elección de Jorge Eliecer Gaitán como Presidente de Colombia para las siguientes elecciones presidenciales de 1950, lo que representaba la llegada del pueblo al poder.

Gloria Gaitán Jaramillo manifestó su disposición, en el momento en que se lo indiquen, a aportar el extenso material probatorio ofrecido, que desde hace años su familia guarda sigilosamente por haber sido perseguido por el Estado para su destrucción. Primero fue por acción del entonces Ministro de Educación Rodrigo Lloreda, que logró que un agente suyo incinerara la mitad del Archivo Gaitán. Luego, por conjura protagonizada por el propio Dr. Andrés Pastrana, en ese entonces Presidente de la República, por sentirse afectado directamente con las pruebas sobre el genocidio que contiene dicho archivo, ya que su padre, el doctor Misael Pastrana, fungía entonces como Secretario Privado del Presidente Mariano Ospina Pérez, bajo cuyo Gobierno se dio inicio al genocidio. Por último, bajo la Presidencia del Dr. Alvaro Uribe, cuando las autoridades allanaron un depósito privado esperando encontrar el Archivo, logrando posteriormente confiscarle decenas de cartas que culpan al Estado del genocidio al Movimiento “Gaitanista” y que hoy están en manos del Ministerio de Educación.

La marcha victoriosa que realizaba el pueblo en 1948, bajo la conducción de Jorge Eliécer Gaitán, debe retomarse por las vías cívicas en manos de los descendientes de los héroes que cayeron en aquella batalla por una Colombia equitativa y justa, proceso civilista que el Estado truncó y que generó, a la fuerza, el surgimiento de la lucha guerrillera. Es por ello que los Comandantes guerrilleros no pueden ser judicializados, sino que deben ser acreedores a una amnistía general 573.

Perspectiva del ELN

Desde la perspectiva del ELN:

Los que están levantados en armas, participan en esta guerra interna desde una concepción altruista, bajo el compromiso y la convicción de luchar junto al pueblo, por los cambios que el país requiere, confrontando a quienes impiden que impere en el país la democracia real, la justicia social, la economía en beneficio del pueblo, la dignidad y la soberanía nacional.

En estos cincuenta años, el ELN ha enfrentado al Estado y las instituciones que lo representan, afectando intereses de la clase en el poder, siempre en defensa de las grandes mayorías de la nación.

Toda guerra produce daños espirituales y materiales de alcances incalculables, afecta personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. La responsabilidad de esos daños recae sobre las fuerzas contendientes, y no sólo en una de ellas.

En la Agenda de Diálogos entre las FARC y el Gobierno, uno de los puntos son las víctimas. La forma como el poder mediático y el Gobierno presenta este caso, tergiversa la verdad sobre la responsabilidad en daños y perjuicios a las víctimas, haciendo aparecer a la guerrilla como única victimaria, impidiendo que se conozca la verdad y las responsabilidades, que son esenciales para la construcción de una Paz real, estable y duradera y la garantía de no repetición.

Quien desató esta guerra contra el pueblo fue la oligarquía y el Gobierno que la representó en la década de los ‘40 del siglo XX, como lo registran las innumerables denuncias y testimonios sobre crímenes consuetudinarios presentadas por Jorge Eliecer Gaitán. Se intensificó a partir de su asesinato, bajo los dictados del imperialismo norteamericano que impuso la política de impedir la supuesta expansión del comunismo.

La respuesta de los campesinos liberales “gaitanistas” y comunistas fue pasar a la resistencia, para defender la vida y sus bienes organizaron las guerrillas a mitad de siglo. Se calcula que en esta primera etapa de la guerra fueron muertos cerca de trescientos mil campesinos, hubo un millón de desplazados y varios millones de hectáreas robadas a éstos.

En esa época, no existían las guerrillas revolucionarias de hoy, por lo tanto los victimarios fueron otros: el Estado que agenció esa política, el Gobierno y las instituciones que la aplicaron y el Gobierno de Estados Unidos que la orientó. La impunidad ocultó a los victimarios, invisibilizó las víctimas y nadie respondió por las crueldades.

En la segunda etapa de esta guerra que contabiliza cincuenta años, se profundizaron las causas que originaron el conflicto social y armado, con la imposición del modelo neoliberal, y se degradó bajo el mandato de la Doctrina de la Seguridad Nacional, impuesta por Estados Unidos, estableciendo la existencia de un enemigo interno al que había que destruir. Esta concepción adoptada por el Estado, convirtió en enemigo interno a todo opositor político y contradictor del régimen, matando de paso a la democracia.

Bajo esta concepción fueron eliminados cerca de cuatro mil sindicalistas, decenas de miles de líderes sociales, trabajadores de la educación y defensores de Derechos Humanos, cientos de miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes cuyo delito fue vivir en zonas de influencia guerrillera, cerca de seis millones de desplazados, siete millones de hectáreas de buenas tierras expropiadas y cerca de cincuenta mil desaparecidos.

Ha sido tanta la degradación ética y moral, que el Estado -los Gobiernos de turno- no tuvo vergüenza en aliarse con capos del narcotráfico y vincular los ejércitos privados de éstos, a la estrategia contrainsurgente, dando vía libre a la exportación de narcóticos, al terrorismo de Estado y la implantación de la guerra sucia, causando los narco paramilitares más de tres mil masacres de campesinos, decenas de miles de asesinatos en la ciudad y el campo, y el robo de cerca de siete millones de hectáreas de tierra.

Es evidente que en esta degradación de la guerra los victimarios son el Estado -los Gobiernos de turno-, las instituciones que aplican esa Doctrina y el narco paramilitarismo. El ELN también ha causado víctimas, en unos casos, por mala aplicación de su política, y en otros por errores de mandos que actuaron por fuera de la política del ELN; en unos y otros está presto a reconocer los errores, así como a reclamar otros, como víctimas.

La guerra sucia y el terrorismo de Estado no es asunto del pasado, se mantienen vivos y siguen asesinando y amenazando a maestros, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, políticos de oposición, líderes sociales, periodistas.

Una pregunta necesaria que nos debemos hacer todos los colombianos y amigos de la Paz:

¿Podrá haber Paz mientras se mantenga la estructura terrorista del Estado y los autores de la guerra sucia estén activos, con la tolerancia del Estado -los Gobiernos de turno-? 574.

Los Militares ¿También son Víctimas?

Desde otra perspectiva, es considerado, que el hecho de que las fuerzas armadas, sean actores en el conflicto, no les quita el derecho a ser reconocidos y reparados, si fueron afectados por infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

En un país que lleva ya más de medio siglo de violencia armada y que se asoma a la posibilidad de una Paz negociada con las guerrillas, uno de los desafíos de cara a la reconciliación es, el reconocimiento de las víctimas, que se cuentan por millones y que proceden de todos los sectores posibles: la izquierda y la derecha, de las costas y del interior, de los estratos socioeconómicos altos, medios y bajos, las etnias indígenas, afrodescendientes y gitanas, o de los campesinos.

Las ONG que hay en el país, los familiares y los actores estatales de todos los niveles, buscan posicionar el tema de las víctimas. La Ley 1448/2011 las define y sienta las bases para que sean admitidas como tales. El 6 de junio del 2014, mediante comunicado conjunto entre el Gobierno y las FARC, se señaló que es necesario “reconocer” a todas las víctimas.

Atendiendo a estos parámetros, los familiares de los policías y militares también pueden ser víctimas, dado que la Ley señala que víctima es toda persona que individual o colectivamente haya sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o a los Derechos Humanos con ocasión del conflicto armado. Dado que el Derecho Internacional Humanitario establece las reglas que deben seguir los actores de un conflicto y les prohíbe la toma de rehenes, los uniformados que fueron secuestrados 575 por la guerrilla pueden constituirse como víctimas, e incluso sus familias.

La Jefatura de Derecho Internacional Humanitario del ejército, se dio a la tarea de reunir a todas las “víctimas” de las fuerzas armadas del país para acompañar su proceso de acreditación ante el Ministerio Público y la Fiscalía: parientes de soldados que perdieron sus piernas por minas antipersona; madres de uniformados fallecidos en cautiverio o esposas de algunos de los que lograron escapar de la guerrilla o fueron rescatados del cautiverio. La Jefatura ha armado dos grandes grupos:

a) los que acrediten lesiones físicas o psicológicas; y

b) los beneficiarios de fallecidos, desaparecidos o secuestrados 576.

Perspectiva del Gral. (r) de la Policía Luis Mendieta Ovalle

El Gral. (r) de la Policía Luis Mendieta Ovalle estuvo en poder de las FARC desde noviembre de 1998, cuando la guerrilla tomó Mitú (Vaupés), hasta junio del 2010, cuando las fuerzas armadas lo rescataron junto a otros tres compañeros.

El Gral. (r) Mendieta, busca fomentar el debate sobre la representación de las víctimas en los Diálogos de Paz, liderando a varias organizaciones, como Víctimas Visibles, Voces del Secuestro y dieciséis más que agrupan víctimas civiles y militares de las FARC.

No se consideraron representados por la Universidad Nacional, coordinadora de las víctimas que han viajado a La Habana para mantener diálogos con las FARC. Por otra parte, pidieron a la Unidad Nacional de Víctimas, para que su voz fuera escuchada.

Según la perspectiva del Gral. (r) Mendieta:

Decir que sólo el Estado fue el responsable de los cincuenta años de violencia, es desconocer que las FARC son responsables de muchos de los crímenes cometidos contra la sociedad civil, la infraestructura, los integrantes de la fuerza pública; desconocer los campos o jaulas de concentración donde mantuvieron a los secuestrados.

En su opinión, las relatorías de los foros sobre víctimas de localidades de Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla, han invisibilizado los conceptos de víctimas de las fuerzas armadas haciendo los informes en forma sesgada.

El señor Carlos Medina de la Universidad Nacional, manifestó que los miembros de las fuerzas armadas o de la policía no eran secuestrados sino prisioneros de guerra, a diferencia de los secuestrados civiles.

A los miembros de las fuerzas armadas y de la policía, solo les reconocen el derecho a la vida y la libertad, como si no tuvieran otros derechos. Debe establecerse una Comisión de la Verdad, pero con todos los sectores involucrados 577.

Respuesta de las FARC al Gral. Mendieta

La inclusión del Gral. (r) Mendieta entre las víctimas -capturado en acción de combate por las FARC- puso en la discusión, si las partes del conflicto interno son víctimas o victimarios.

Un victimario es aquella persona, que desde su uniforme o su institución, desarrolla constantemente acciones contra la población civil haciéndola víctima de ese accionar criminal y llena de dolor cientos o miles de familias, dejando desperdigados “huérfanos” de padres, tíos, sobrinos, etc.

Es mucho más criminal si ese victimario desarrolla sus acciones en aplicación de una Doctrina como la de Seguridad Nacional, que contempla como “enemigo interno” a quien se opone al régimen produciendo más de novecientos sesenta y seis mil víctimas mortales y cinco millones setecientos mil desplazados internos. Doblemente victimarios resultan los Jefes de esas instituciones, ya que ellos victimizan directamente a la población civil y lo hacen masivamente, por la aplicación de las Doctrinas que mueven su accionar.

El Gral. (r) Mendieta, fue prisionero de las FARC, como ocurre en todas las guerras, que se hacen prisioneros de parte y parte. ¿Cuándo se ha establecido que una de las partes del conflicto interno -las FARC- no puede capturar militares y policías que han sido vencidos en combate? ¿Quién estableció que sólo una parte -el Estado- puede hacer prisioneros?

Calidad de víctima -presos políticos- tienen los guerrilleros que están presos del régimen 578, capturados la gran mayoría no en acción militar, sino en redadas o por el simple señalamiento de ser “guerrillero” o “miliciano” o “colaborador”. Casos se han documentado de guerrilleros a quienes se niega la asistencia médica y algunos han muerto por ésta negligencia estatal, convirtiendo su encarcelamiento en una ejecución extrajudicial, otra ejecución más de las que practica el régimen desde hace más de cincuenta años.

A los narco-para-políticos “uribistas” y los “ladrones de cuello blanco”, se les garantiza un rápido acceso a la atención médica ya que el “poder del dinero” abre todas las cárceles, así sea dinero resultante de la corrupción. Los derechos humanos en Colombia se practican en función del poder de que se dispone.

El Gral. (r) Mendieta debería tener un mínimo de decoro y honor militar y reconocer que su captura se debió a su propio accionar, que fue vencido por el “enemigo interno” y lo redujo a la condición de prisionero, y que tuvo que pagar cárcel en poder del ejército del pueblo, las FARC. Quizás esos diez años que pagó el Gral. (r) Mendieta hayan sido suficientes por sus crímenes. El fue “víctima de su propias acciones” 579.

Diferentes Criterios

A partir del momento en que el Gobierno y las FARC, definieron los criterios sobre la manera como se daría la participación de las víctimas en la Mesa de Negociación, comenzaron los problemas.

El proceso de selección quedó a cargo de la representación de la ONU en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, estipulándose que los miembros de las delegaciones debían ser “víctimas directas del conflicto y participarían en esa condición y no en representación de otros”.

La Delegación del Gobierno en la Mesa de Conversaciones de La Habana, en respuesta a los señalamientos del Gral. (r) Mendieta, hizo un comunicado público:

Hay miembros de la fuerza pública que han sido víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y en consecuencia no deben ser excluidos por su condición de servidores públicos”.

En tal sentido, el Gobierno tiene la decisión de oír a las víctimas sin restricción ni discriminación alguna, y el objetivo es que los representantes que asistan a las audiencias en La Habana, deben reflejar todo el universo de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno.

El Gobierno no ha vetado, ni vetará a ninguna víctima que aspire a ser escuchada”.

El Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, Alejo Vargas, en respuesta a los dichos del Gral. (r) Mendieta, indicó que tanto ellos como la representación de Naciones Unidas, simplemente recibieron el encargo por parte de la Mesa de Conversaciones de Paz en La Habana y la Conferencia Episcopal para seleccionar víctimas:

Dentro de ese mandato estamos avanzando en la definición para saber quiénes pueden ser los delegados, pero aún no hay decisión. Cualquier otra cosa es un malentendido”.

Sigifredo López, secuestrado por las FARC siendo Diputado, consideró que:

Es preocupante que no acepten como víctima al Gral. (r) Mendieta con el argumento de que es combatiente (…) Las víctimas, hemos asumido una posición digna de búsqueda de la Paz y de aceptar el perdón, pero nos hemos enfrentado a la arrogancia de las FARC. Por eso pido que la sociedad se manifieste para salvar el proceso, porque un proceso en el que no se reconoce a todas las víctimas no tendrá futuro” 580.

FARC: Responsabilidad por Víctimas llega hasta la Presidencia

Para el líder negociador de las FARC “Iván Márquez”, la máxima responsabilidad por las víctimas del conflicto, llega hasta la Presidencia, y culpó también a una lista de “poderosos” que incluye a partidos políticos, prensa, iglesia y al Gobierno de Estados Unidos. Dijo que la guerrilla no va a “negociar impunidades”. Las estadísticas de Naciones Unidas “atribuyen al Estado y a sus paramilitares, la responsabilidad de más del 80 por ciento de las victimizaciones”.

Al hablar de máximos responsables, debemos afirmar claramente, que la cadena de mando no se agota en los Estados Mayores de ejército y policía, sino que va más allá y toca al Palacio de Nariño.

El asunto no puede ser explicado por las élites como el comportamiento anómalo de unas manzanas podridas, cuando las órdenes a la institución armada partieron del libre albedrío y la premeditación de los poderosos.

El problema de las víctimas del conflicto es asunto complejo que no se puede despachar con argumentos livianos ni sofismas.

Debe establecerse una Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, para “esclarecer el asunto de las responsabilidades”. “Responsables son los partidos políticos, los ideólogos del paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, los terratenientes, lo ganaderos, los generales, algunos bananeros y palmicultores, ciertos banqueros, la narco-para-política, los Comandantes de las fuerzas, quienes idearon los ‘falsos positivos’; la gran prensa instigadora de la guerra, connotados purpurados de la iglesia, los implementadores de la política neoliberal (...), el Gobierno de Estados Unidos que ha intervenido desde el principio de manera directa en el conflicto; y también la insurgencia, pero en otro plano, que no es el de los que han generado esta guerra 581.

FARC ¿También son Víctimas?

Piden que Guerrilleros Presos y Heridos sean Escuchados como Víctimas

De acuerdo con las FARC, el guerrillero Isaac Arias López, preso en la cárcel de la Picot/ENRON, es un caso clásico que debería ser tratado en La Habana en el tema de los presos políticos y de guerra, enfermos en las cárceles colombianas. Son más de diez mil en esta categoría. Aseguraron que no vetarían a ninguna víctima que quisiera ser escuchada en los Diálogos de Paz, por ello deberían tener voz los “combatientes guerrilleros” presos o heridos en el conflicto:

Lo justo y equilibrado es que integrantes de la insurgencia que hoy se encuentran en estado de hacinamiento, varios de ellos heridos, mutilados, algunos peligrando su vida por problemas de salud en las cárceles de Colombia, también deban ser escuchados”.

Si el Gobierno pretende que se escuche a sus militares y policías en las audiencias sobre el tema de las víctimas, debe tener “plena disposición a que se escuchen también los combatientes guerrilleros, e incluso, los representantes de aquellos que como el Comandante Alfonso Cano, fueron asesinados, convirtiéndose también en víctimas del conflicto”.

Resulta “inadecuada e indecorosa” la “matriz mediática que se ha desplegado usando el rótulo de víctimas, para hacer pasar como tales a servidores de la fuerza pública, a los que se busca además convertir en héroes desde la perspectiva de unos grupos de poder y sus brazos publicitarios”. Se trata de miembros de una de las partes en la contienda militar, que “deberían conocer el estatuto del combatiente y por lo tanto lo que ello implica”.

Las FARC ratificaron su decisión “de escuchar y mantener” la defensa de las víctimas, “sin restricción ni discriminación alguna” a través de todos los mecanismos y espacios dispuestos para ello, y no “vetan ni vetarán” a ninguna víctima que aspire a ser escuchada.

La insurgencia “ha surgido del seno de las víctimas, como consecuencia de la persecución del movimiento social y popular, que ha buscado transformaciones en el ejercicio del derecho universal a la rebelión” 582.

Comunicado Sobre las Víctimas del Conflicto en La Habana

Las FARC acusan a los medios de comunicación colombianos, que actúan al servicio de sus dueños, manipulando los acontecimientos históricos del verdadero conflicto social y armado en Colombia.

Comunicado

Una vez celebrados los Foros Nacionales sobre Víctimas y divulgado lo ocurrido en estos, la Delegación de Paz de las FARC quiere manifestar su preocupación por la idea que se está transmitiendo a la opinión pública y a la sociedad colombiana a través de distintas instituciones del Estado y de los medios de comunicación, sobre la realidad de las víctimas provocadas durante los más de sesenta y cinco años que ya dura el actual conflicto colombiano.

Omitiendo manifestar los criterios que sobre victimización en Colombia tenemos las FARC, ponemos de manifiesto los siguientes hechos objetivos, que entendemos son compartidos por cualquier observador riguroso de la realidad colombiana y que deberían enmarcar cualquier debate sobre las víctimas del conflicto:

El actual conflicto colombiano es anterior a la existencia de las organizaciones guerrilleras, FARC y ELN. La generación de víctimas en el conflicto es por tanto anterior a la existencia de las organizaciones que actualmente conversan con el Gobierno nacional sobre el fin del conflicto.

En el caso concreto de las FARC, esta organización es constituida, en sus orígenes, por campesinos víctimas de la violencia desatada en el campo colombiano a partir de los años ‘40 del siglo XX.

Las estadísticas y estudios más rigurosos sobre victimización en Colombia, ponen de manifiesto el perfil de las víctimas, los hechos victimizantes padecidos y los agentes de victimización. Cualquier discusión sobre víctimas que intente ignorar dicha realidad, entendemos que no se correspondería con la realidad de las víctimas en nuestro país.

Las principales instituciones que han elaborado las anteriores estadísticas y estudios sobre víctimas, de forma continuada en el tiempo, y rigurosa, atendiendo a metodologías de investigación en ciencias sociales, pacíficamente aceptadas por la comunidad académica internacional, son: la base de datos del CINEP “Noche y Niebla”, los informes sobre violaciones de Derechos Humanos en Colombia publicados anualmente por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y las bases de datos del Grupo de Memoria Histórica.

Las anteriores bases de datos e Informes coinciden, en términos generales, en los porcentajes de agentes victimarios y hechos victimizantes, siendo la realidad la siguiente: El setenta y cinco porciento de las violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, que han causado víctimas en Colombia, son atribuibles a agentes paramilitares y agentes del Estado. Aproximadamente un cuarenta y cinco porciento de las violaciones, es atribuible a grupos paramilitares y un treinta porciento es atribuible a agentes del Estado, fundamentalmente fuerzas militares y de policía. Respecto al restante veinticinco porciento, aproximadamente un diecisiete porciento es imputable a las organizaciones guerrilleras, y el ocho porciento restante se imputa a agentes no identificados, narcotraficantes y organizaciones de delincuentes comunes.

Los criterios que deben presidir la selección y elección de las víctimas que acudan a la Mesa de Conversaciones de La Habana para exponer lo relativo a su victimización, deben reflejar fielmente la realidad de las víctimas en Colombia, y por tanto debe recoger, en la medida de lo posible, la realidad descripta en los anteriores estudios, informes y estadísticas. Cualquier composición que difiera de lo anterior, respondería a criterios de conveniencia política de las partes, pero en absoluto responderían a la realidad que sobre victimización ha padecido la sociedad colombiana.

Las FARC hacen suya la definición de víctimas establecida en los Puntos ocho (8) y nueve (9) de la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU del 16 de diciembre del 2005 583.

Las FARC no creen adecuado construir un marco de debate sobre la realidad de las víctimas del conflicto colombiano, que ignore lo anteriormente expuesto, o que rehúya aceptar las definiciones sobre víctimas formuladas por la comunidad internacional, y admitidas unánimemente por la comunidad jurídica internacional.

Por ello, entienden que la metodología de participación de las víctimas en la Mesa de La Habana, debe definirse atendiendo a los criterios que, sobre hechos victimizantes, son aceptados por las organizaciones de Derechos Humanos, las Organizaciones Internacionales y la Comunidad Jurídica Internacional, evitando así cualquier manipulación o politización de las víctimas.

Las FARC creen que viene siendo urgente llevar a la práctica los criterios de selección de víctimas establecidos en el comunicado conjunto Nº 39 del 17 de julio del 2014, adoptado en la Mesa de Conversaciones, con el fin de no demorar la recepción de víctimas en La Habana. Comprenden la demora que las instituciones encargadas de la selección de víctimas están teniendo en el proceso de selección, conforme a los criterios establecidos en el citado comunicado conjunto Nº 39, y piden que se concrete, con el fin de que la Mesa pueda abordar lo relativo al último de los criterios establecidos por las partes:

La Mesa revisará el funcionamiento del mecanismo de selección en cada una de las visitas y hará las recomendaciones que sean necesarias”.

Por lo anterior, entienden que cualquier metodología de selección de las víctimas que deben ser recibidas en La Habana, debe responder, como lo han manifestado desde el inicio de este proceso, a los siguientes criterios:

Víctimas provocadas por Agentes no combatientes: causadas por agentes políticos, económicos y sociales. Víctimas de abuso de poder. Víctimas provocadas en procesos de victimización colectiva a territorios y comunidades. Mega proyectos.

Víctimas de violaciones al DIH: utilización de substancias químicas como el glifosato, homicidios de combatientes por fuera de combate, uso abusivo de la fuerza, artefactos explosivos y minas, ataques a la población civil, violencia sexual como arma de guerra, masacres, reclutamiento forzoso y de menores de quince años.

Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos: tortura, desapariciones forzosas, privaciones de libertad de civiles; persecución política, sindical, a dirigentes sociales y a defensores de los Derechos Humanos, genocidio político, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias.

Víctimas del desplazamiento forzoso y en el exilio.

Combatientes afectados por el conflicto: prisioneros de guerra en poder de ambos contendientes; violaciones a los derechos de los combatientes fuera de combate. Daños provocados a los combatientes por infracciones del DIH 584.

FARC: Derechos de las Víctimas

Los centenares de miles de familiares de desaparecidos por el Estado, reclamaron justicia y no una política de manipulación de las realidades históricas en Colombia.

Con el propósito de avanzar en la discusión sobre el Punto Cinco (5): “Víctimas”, las FARC, como derivación de los marcos conceptuales expuestos en los documentos titulados: “Nuestro Compromiso con las Víctimas del Conflicto y sus Derechos” y “Victimización del Régimen Contra las Alternativas Políticas y los Humildes”, presentaron diez propuestas mínimas que, además, están inspiradas en la Declaración de Principios para la Discusión del Punto Cinco (5) de la Agenda “Víctimas”:

1. Esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto y de sus impactos sobre la población.

2. Reconocimiento de las víctimas del conflicto.

3. Reconocimiento especial de las víctimas colectivas en cabeza de organizaciones políticas, sociales y sindicales y de comunidades campesinas y afrodescendientes, y pueblos indígenas.

4. Responsabilidad sistémica, responsabilidad principal del Estado y responsabilidades múltiples, incluidas las responsabilidades guerrilleras, frente a las víctimas del conflicto.

5. Reconocimiento pleno y materialización real y efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto, con especial atención a los derechos de las mujeres.

6. Reparación integral de las víctimas del conflicto y conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI).

7. Participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de políticas para la garantía efectiva de sus derechos.

8. Definición concertada de mecanismos e instrumentos de justicia para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto.

9. Provisión de garantías reales y materiales de no repetición.

10. Perdón político y social como fundamento del proceso de reconciliación nacional.

Desarrollaron algunos aspectos de las propuestas:

1. Esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto y de sus impactos sobre la población

Se proveerán las condiciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto y sus víctimas. Constituye una condición indispensable para la construcción de un eventual Acuerdo Final, con la que las FARC se encuentran profundamente comprometidas, no sólo por las falsificaciones de que ha sido objeto la historia del conflicto y por la pretensión de formular una historia oficial de vencedores, que no ha habido, sino ante todo, porque se trata de una exigencia de la sociedad en su conjunto y de manera especial de quienes han sido víctimas. En tal sentido, se conformó por iniciativa de las FARC la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, integrada por reconocidos expertos e investigadores sociales, que en forma independiente deberá presentarle a la sociedad y las víctimas un relato que contribuya a esclarecer los orígenes y causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población.

Las FARC demandan la conformación de una Comisión de la Verdad, de carácter independiente, con plena autonomía para el ejercicio de su trabajo, y cuya labor deberá:

a) Aportar al esclarecimiento de la verdad sobre el proceso de victimización y las violaciones graves de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

b) ofrecer a las víctimas una explicación acerca de los factores, circunstancias y sujetos responsables de los hechos de victimización;

c) contribuir a materializar los derechos de las víctimas del conflicto, a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición;

d) recomendar y promover las reformas estructurales e institucionales requeridas, a fin de evitar que en el futuro se vuelvan a presentar violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

e) coadyuvar al necesario proceso de reconciliación nacional derivado del Acuerdo Final. Las partes diseñarán conjuntamente los asuntos relacionados con el mandato, la integración, el funcionamiento y la duración de labores de la Comisión. El trabajo de ésta, deberá fundamentarse principalmente en las voces y testimonios de las víctimas, sin perjuicio de todas las fuentes que se consideren necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Su informe final será vinculante para las partes.

Como parte del proceso de esclarecimiento de la verdad, se constituirá el “Centro de la Memoria Histórica de los Movimientos y Organizaciones Sociales y Populares”, para recuperar la memoria histórica de los desposeídos. Dicho Centro tendrá un Capítulo de reconstrucción de la memoria histórica de las organizaciones insurgentes. El trabajo del Centro será referente para el Museo de los movimientos y organizaciones sociales y populares 585.

5. Reconocimiento pleno y materialización real y efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto, con especial atención a los derechos de las mujeres víctimas

Se garantizará el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas del conflicto, en consonancia con los estándares internacionales. En igual sentido, se proveerán las condiciones y recursos para la materialización real y efectiva de sus derechos. El reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas y su materialización, tendrán un enfoque diferencial, en atención a que un discurso universalizante y abstracto sobre los Derechos Humanos, no comprende la especificidad de las víctimas. Consideramos como necesidad el enfoque de género, entendido como una simbolización cultural de las diferencias sexuales que opera como un dispositivo de poder para interpretar el mundo. Las mujeres y la diversidad LGTBI han sido víctimas de regulaciones, violencias y exclusiones diferenciales a lo largo del conflicto, que merecen una comprensión particular, lo que impone una política integral y transformadora. En igual sentido, se deberá poner énfasis en el reconocimiento y materialización de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de las organizaciones políticas, sociales y sindicales víctimas del conflicto.

6. Reparación integral de las víctimas del conflicto y conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI)

La reparación integral de las víctimas, deberá comprender un conjunto de medidas y acciones encaminadas a restablecer en forma plena, las condiciones en las que se encontraban las víctimas individuales y colectivas al momento de los hechos victimizantes, y a compensar los impactos producidos a partir de dichos hechos sobre sus vidas y proyectos de vida individuales y colectivos hasta el momento en el que se reconozca la victimización, siempre atendiendo estándares internacionales. Además de las reparaciones económicas, las medidas y acciones de reparación serán políticas, sociales, culturales, simbólicas y psicosociales. Se diseñará un “Plan Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto”, enfocado en la justicia social, territorial y de género, que tendrá capítulos regionales, y en el que se definirán metas y prioridades, programas y proyectos de reparación integral, todo ello acompañado del correspondiente Plan de Inversiones. Se conformará el “Consejo Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto”, con la función principal de hacer seguimiento y control al señalado Plan Nacional. Mientras se producen nuevos diseños constitucionales que desmonten la mal llamada sostenibilidad fiscal, en lo referido a la reparación integral de las víctimas habrá inaplicación de dicho principio. Se realizará, más bien, un esfuerzo fiscal extraordinario, equivalente al menos al tres por ciento (3%) del Producto Interno Bruto anual, mediante la conformación de un “Fondo Especial para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto”, que tendrá Capítulos Regionales y una vigencia inicial que será de diez años. La función principal del Fondo consistirá en proveer y garantizar las condiciones de financiación del derecho a la reparación integral. En la conformación del Fondo, se garantizará la participación directa de representantes de las organizaciones de víctimas.

7. Participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de políticas para la garantía efectiva de sus derechos

La posibilidad de la Paz estable y duradera se fundamenta en la existencia de un poderoso movimiento de víctimas, con capacidad de reivindicar y exigir el reconocimiento y el disfrute efectivo de sus derechos. Por tal razón, el Estado reconocerá, apoyará y estimulará procesos organizativos de las víctimas del conflicto, sin menoscabo de su independencia. Se asegurará la participación directa de las víctimas en la formulación, implementación y control de las políticas, acciones y medidas orientadas a la materialización de sus derechos. Se elaborará un censo de organizaciones de víctimas, construido por ellas mismas, con el propósito de identificar el universo de organizaciones, definir sus perfiles y niveles de representación, distinguiendo entre organizaciones nacionales, regionales, locales y sectoriales. El censo deberá contribuir a la definición de potenciales de participación. De manera especial se garantizará la participación directa y con capacidad decisoria de representantes de las víctimas, escogidos en forma autónoma, en las diferentes instancias de participación creadas para hacer efectivos sus derechos. Se deberá contar con representantes de las víctimas y sus organizaciones en el diseño e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral”, en la conformación del “Consejo Nacional para la Reparación Integral” y del “Fondo Nacional para la Reparación Integral”, así como en la integración de la “Comisión Constitucional Permanente de Garantía, Protección y Promoción de los Derechos Humanos y de Prevención de sus Graves Violaciones”. Los miembros que integrarán la Comisión de la Verdad serán seleccionados con la participación de representantes de las organizaciones de víctimas 586.

Cuestiones Centrales para Alcanzar la Paz

Luego de la subscripción de la “Declaración de Principios para la Discusión del Punto 5 de la Agenda: Víctimas”, las FARC expresaron que se encontraban preparadas para firmar un Acuerdo sobre este tema.

Orientadas en la dirección de generación de confianza, dejaron de manifiesto que han completado más de una decena de gestos unilaterales de desescalamiento del conflicto, entre los que se cuentan su persistencia en el cese unilateral de fuegos, pese al contraste de cero gestos del Estado y la permanencia de las hostilidades de la contraparte en el campo de batalla. En aras de acelerar la marcha del proceso, presentaron ante la opinión pública nacional y a la Mesa de Conversaciones, sus propuestas y las de las comunidades sobre el Punto Víctimas, incluyendo su visión sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Todo sobre la base de los principios acordados, de tal manera que todo permitiría concretar Acuerdos, a partir de que el Gobierno se dé por enterado de las iniciativas, dándoles respuesta y brindando soluciones a las solicitudes de las víctimas del conflicto.

Para poder avanzar por el camino del entendimiento, sin demora, las FARC insistieron en algunos asuntos que consideraron centrales para alcanzar la Paz:

1. El Estado infractor no puede ser Juez y parte del proceso. En este sentido su institucionalidad no puede regir ninguno de los mecanismos de los que se deriven instrumentos para establecer la verdad, sea histórica, o jurídica, y mucho menos para adelantar acciones punitivas.

2. Es en el Punto de “Víctimas”, junto al que se discuten en paralelo temas referidos al “Fin del Conflicto”, en el que debe esclarecerse e iniciarse el desmonte del fenómeno del paramilitarismo.

3. Cualquier medida de normalización, o de lo que el Gobierno ha dado en llamar transición, deberá surgir como Acuerdo de la Mesa y no como derivación del llamado Marco Jurídico unilateralmente impulsado por el Gobierno. Igual imperativo debe cobijar al mecanismo de refrendación.

4. Para el desarrollo del Punto 5 sobre “Víctimas”, no se podrán pasar por alto los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, los que, independientemente que tengan algunas posturas encontradas, mayoritariamente señalan al Estado como el máximo responsable.

5. Es obligado que en este Punto y tiempo, se abran espacios para trabajar sobre asuntos pendientes que fueron trasladados hacia este momento en debates que hicimos durante el desenvolvimiento de los Puntos 1, 2 y 3 de la Agenda:

A. El establecimiento de un capítulo especial sobre el desplazamiento y el despojo como parte de un mecanismo independiente del esclarecimiento de la verdad.

B. El segundo Acuerdo parcial estableció que: “Se fortalecerá la figura del Defensor Comunitario o sus similares en las instancias del Ministerio Público en las regiones, como mecanismo para empoderar a las comunidades (Este tema se discutirá en el Punto 5 de la Agenda)”.

C. En el Punto 5 “Víctimas”, como propuesta de las FARC se discutiría sobre:

medidas de reparación y restitución de derechos para aquellos partidos, que como en el caso de la Unión Patriótica hayan sido afectados severamente por acciones violentas contra su militancia”.

D. En el marco de la discusión del Punto 5.2 de la Agenda del Acuerdo General, se establecerá el mecanismo que deberá, entre otros, abordar el tema del esclarecimiento de la relación entre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico (aspecto del Punto 3.7. de la Agenda del Acuerdo General).

E. Del Punto 3 de la Agenda, sobre Fin del Conflicto, Numeral 7, también se deriva que:

En el marco de lo establecido en el Punto 5 de este Acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”.

F. Dado que la discusión del Punto 3, “Fin del Conflicto” ya está sobre la Mesa, y en el entendido de que este Punto debe debatirse de manera integral y simultánea, se hace necesario establecer ya los mecanismos que atiendan el mandato del Acuerdo de La Habana en cuanto a “la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP”, y debe iniciarse la revisión para las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la Paz.

En lo que concierne al esclarecimiento de la verdad, es necesario que se abran los archivos 587.

FARC Presiona al Gobierno de Juan Manuel Santos para que Firme Acuerdo sobre Víctimas

Las FARC publicaron un comunicado en el que expresan que el proceso de Paz, no va en la dirección de beneficiar a la población, sino a los “aliados del establishment”.

EL 26 de mayo del 2013, se suscribió el Primer Acuerdo Parcial referido a la necesidad de una reforma rural integral para Colombia, que beneficiara sobre todo al campo y a su población marginada y victimizada durante décadas. Aquel documento lo denominamos “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. Ninguno de los Puntos de aquel histórico texto que tiene como único beneficiario a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, o de composición interétnica e intercultural que son las más relegadas del país, está aplicándose. Sin embargo, luego de dos años de ese evento, con el argumento vano de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en vez de mejorar, la situación social empeora para la gente de aquellas áreas sometidas a la represión o al olvido. Al contrario, lo que sí avanza vertiginosamente son las iniciativas neoliberales de extranjerización de la tierra, de crecimiento del latifundio y entrega a las trasnacionales. El impulso a la creación de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), a instancias del mismo Ministerio del Interior, con el fin de aniquilar las Unidades Agrícolas Familiares y concretar el desalojo del campo, sigue su marcha en total oposición a las exigencias de las organizaciones agrarias y a lo pactado en La Habana.

Así son los contrasentidos de la política de Paz del Gobierno Santos, y quizás ello explique la dilación en la materialización del Acuerdo sobre Víctimas. Precisamente en este mes se cumple un año de haberse iniciado el análisis de tal temática de la Agenda, con la suscripción de la “Declaración de principios para la discusión del Punto 5 de la Agenda: “Víctimas”. Y aunque las FARC ya pusieron todas sus propuestas y las de las comunidades sobre la Mesa, aún no hay ninguna respuesta de solución por parte del Gobierno.

A nuestro modo de ver, ya es tiempo suficiente para que haya humo blanco, o al menos se produzca un nuevo informe conjunto sobre el estado de los debates, señalando avances y dificultades, para que la opinión pública nacional participe y brinde alternativas a estos problemas que son de interés nacional.

A pesar de todo, tenemos esperanza en que alguna noticia que dé satisfacciones a Colombia y en especial a las víctimas del conflicto, se produzca antes de que cierre este ciclo ampliado de conversaciones. Ideal sería que se concreten las líneas fundamentales de la Comisión de Esclarecimiento y Verdad, por ejemplo, pero que también logremos un Acuerdo inmediato alrededor de las principales exigencias de reparación integral. En tal sentido, y para no tener que ver más las tristes escenas de compatriotas ocupando desesperados las oficinas de la Unidad de Víctimas, clamando por sus derechos conculcados, urgimos al Gobierno a que haga un compromiso de emergencia sobre la “Reparación integral de las víctimas del conflicto y la conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI)”, asuntos sobre los cuales ya hicimos una propuesta precisa que indica la garantía constitucional de la reparación integral, la formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, la conformación del “Consejo Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, la creación misma del mencionado fondo especial y la inaplicación del principio de la sostenibilidad fiscal en la política de reparación integral.

Naturalmente, como complemento insoslayable de esta determinación, deberá tomarse en cuenta la participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de las políticas para la garantía efectiva de sus derechos.

Si es cierto y no un argumento de palabras huecas, aquello de que “resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo”, este compromiso debe hacerse realidad ya mismo.

Si es cierto eso de que el haber colocado a las víctimas en el centro del diálogo, es un caso único, digno de admiración en la historia del Derecho Internacional y de los distintos procesos de conversaciones para la finalización de conflictos armados habidos hasta ahora, es momento de dejar atrás la retórica y comenzar a actuar. Lo contrario no sería otra cosa que indolencia y engaño imperdonables 588.

FARC Presenta Borrador sobre Víctimas para Firma Conjunta con Gobierno

Los miembros de la Comisión de Negociación de las FARC en La Habana, presentaron un “borrador conjunto de Acuerdo” sobre el Punto Víctimas. Con esta iniciativa, aspiramos a que se permita mostrar de manera práctica, al cierre del Ciclo 38, que efectivamente “resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo” y del proceso de Paz.

Principio 1, Reconocimiento de las víctimas: Se proponen reformas a la Ley 1448 del 2011, llamada de Víctimas y Restitución de Tierras para ampliar la cobertura de tiempo y el espectro de las responsabilidades. Se insiste en otorgar el reconocimiento a las víctimas como sujetos políticos y reconocimiento especial a las víctimas colectivas, lo cual implica la construcción de un nuevo modelo de Registro Plural y Unificado de Víctimas, que incluya a colectivos victimizados y a víctimas de crímenes de Estado.

Principio 2, Reconocimiento de responsabilidad: Se aboga por la realización de un acto colectivo de contrición política de reconocimiento de las responsabilidades, asumiendo cada parte lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más.

Principio 3, Satisfacción de los derechos de las víctimas: Se habla de acordar un apartado referido a la Reparación Integral de las víctimas del conflicto, incluyendo la financiación de las iniciativas. Para ello se conformaría el “Fondo Especial para la Reparación Integral” (FERI). Dentro de la misma perspectiva se propone diseñar un “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Esto implicará un esfuerzo fiscal extraordinario, equivalente al menos al tres por ciento (3%) del Producto Interno Bruto anual, para la conformación del “Fondo” con vigencia de diez (10) años. Se propone la formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto” con sustento constitucional, también para un período inicial de diez (10) años.

Principio 4, La participación de las víctimas: Se indica brindar participación directa a las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de políticas para la garantía efectiva de sus derechos.

Principio 5, El esclarecimiento de la verdad: Dentro de este principio reiteramos la necesidad de adelantar el estudio de los informes de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, acordar con celeridad los elementos de disenso que aún persisten en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y cerrar el “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, sin dejar de lado nuestra insistencia en que se abran los archivos, entre otros asuntos de importancia.

Principio 6, Reparación de las víctimas: Consideramos que la reparación integral es parte esencial de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y por ello debe ser un compromiso de inmediata ejecución la formulación y puesta en marcha del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”.

Principio 7, Garantías de protección y seguridad: Se prioriza proceder con el desmonte efectivo del poder y las estructuras paramilitares en todas sus formas y modalidades. Para tal efecto, se conformará una “Comisión de esclarecimiento del paramilitarismo”, y para atender a sus recomendaciones, se creará una “Comisión de erradicación del paramilitarismo”.

Principio 8, Garantías de no repetición: El planteamiento de fondo estaría en el compromiso de adoptar nuevas doctrinas, teorías, mandatos y funciones para la fuerza pública, derogando expresamente cualquier referencia inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y el enemigo interno. Esto se complementaría con las revocatoria de todo pacto de cooperación o asesoría militar con Gobiernos o instituciones extranjeras que impliquen perjuicio a la soberanía nacional.

Principio 9, Reconciliación: Aquí, específicamente, se trata de establecer que es el inicio de las reformas estructurales para la superación de la desigualdad y la miseria lo que brindará base para la no repetición y la reconciliación nacional, en la medida en que coadyuven a la superación de las características de injusticia del orden social existente.

Principio 10, Enfoque de derechos: Incluimos, finalmente, la posición de sancionar por vía expedita la vulneración de los derechos humanos, territoriales y ambientales que cometan tanto entes estatales como actores empresariales privados.

Agregamos que, atendiendo a los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para los efectos del resarcimiento, se deben tener en cuentan las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales 589.

La Sociedad Civil es Responsable de su Pasividad pero No (…)

La sociedad civil en Colombia ha sido muy pasiva. Su despertar, especialmente a partir del proceso de negociación en La Habana, generando reclamos y demandas, no necesariamente la ha convertido en un actor activo. Aun está desarticulada y carece de institucionalidad. De todas formas, no es la culpable ni la causante de la situación de conflictividad y desentendimiento que, tanto Gobierno como guerrilla, mantienen -aunque su pasividad deja en manos de uno u otro, las iniciativas sobre su futuro y el del país-, y menos aún debe soportar la actividad militar que ambos despliegan, afectando gravemente al sector civil.

Es cierto -de acuerdo con los dichos del Presidente Santos-, que la actividad militar debe ser entre guerrillas y ejército, -reconociendo de esta manera a la guerrilla como un actor-, pero también las fuerzas gubernamentales operan en territorios, afectando a la sociedad civil, incluso cuando esparcen substancias químicas para erradicar cultivos ilícitos afectando a la salud e integridad de la población.

Una de las causales -que también puede ser observada en el resto de los países latinoamericanos- se vincula con el divorcio entre supuestos “representantes” de la sociedad que, en los hechos, actúan como operadores de los factores de poder internos y externos, manejando a las instituciones en esta dirección, disfrazando este manejo a través de ideologías convenientes -neoliberalismo- y cooptantes -populismos-.

Los grupos de poder en Colombia, que se han ido turnando en el Gobierno bajo lemas planteados en figuras partidistas como “Conservadores” o “Liberales”, que ahora tratan de ajustar con terminologías como “Partido de la U”. “Centro Democrático”, “Cambio Radical”, buscan la pacificación -Pax- del país, al menor costo posible para ellos y sus aliados, lo que implica seguir gobernando sin cambios substantivos en los manejos del país. Continúan con la idea -también generalizada en el resto de América Latina- que “democracia” es que se ponga un voto como si fuera un “cheque en blanco” para las políticas que se implementen en todos los órdenes.

Entretanto, las negociaciones en La Habana, se llevan a cabo en medio de acusaciones, por parte del Gobierno, de que la guerrilla continúa con sus atentados, poniendo en peligro el proceso de Paz, siendo que el propio Gobierno en ningún momento ha estado dispuesto a hacer un “cese bilateral del fuego” -bajo el lema de que la guerrilla se aprovecha del cese el fuego para fortalecerse y rearmarse-, ni a poner en la Mesa de negociación los cambios substantivos, que harían que Colombia arribara a la “Paz” y no la “Pax”. Entre ambas partes, está la sociedad civil colombiana -esa que no forma parte de los factores de poder ni de las corporaciones-, sabiendo qué es lo que no quiere y cómo quisiera vivir, pero sin capacidad -ni una teoría política- para lograr sus objetivos. La guerrilla -FARC o ELN- tampoco tienen una teoría política para gobernar, toda vez que su visión anti-imperialista y su apoyo al “socialismo del siglo XXI” -promovido por el ex-Presidente Hugo Chávez en Venezuela-, muestra que no pueden ver más allá de las posturas ideológicas, tan excluyentes, como los neoliberales del establishment a los que critican y combaten.

Los miembros del establishment apoyan las iniciativas del Gobierno de Juan Manuel Santos -o sectores alternativos al Gobierno, con mucho poder, como el “uribismo”-, pronunciándose, a la vez, contra las actividades de las guerrillas -FARC y ELN-, y en el mismo sentido lo han hecho el Procurador General Alejandro Ordóñez, el Vice-Presidente Angelino Garzón; el Presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Luis Augusto Castro; el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el Presidente del Senado, José David Name; el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo y hasta el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro -ex-guerrillero del M-19-, haciendo que conceptos como “democracia” y “Paz” pierdan su verdadero significado y que la sociedad civil sea una “víctima” pasiva, con ninguna posibilidad de pronunciarse en la Mesa de Negociación.

Los Números que Traería la Paz

En el supuesto caso de que la Paz, no sólo sea el fin del conflicto, sino el inicio de un proceso transformador para Colombia, en el que todos los sectores puedan beneficiarse, las proyecciones económicas y sociales para el país serían halagüeñas.

Además del daño en víctimas provocado por el conflicto, que requerirá de una importante inversión en el mediano-largo plazo para su reparación en los diferentes aspectos; los cambios que traería a la economía una reducción drástica de la conflictividad, traería importantes beneficios en la vida práctica de la sociedad.

En un informe realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se plantea qué pasaría si no hubiera conflicto armado:

Podría acelerarse el crecimiento de la economía a “tasas de hasta el 8% anual”, generando un aumento del ingreso promedio por habitante; mejoraría la distribución de la tierra, incorporándose a la economía recursos de regiones que antes eran zonas de conflicto; se podrían generar “cerca de setecientas mil toneladas más de alimentos”; mejoraría la distribución de la tierra; sería más incluyente el sistema financiero; mejoraría la percepción de los inversionistas extranjeros y los costos directos que genera el conflicto en seguridad e infraestructura se reducirían, entre otros beneficios tangibles en el mediano plazo.

Los sectores de la población más beneficiados con la firma de un Acuerdo de Paz, serían las mujeres y los menores de edad. Los esfuerzos financieros estimados para su reparación durante los diez años posteriores al conflicto, serían cercanos a los cincuenta y cinco billones de pesos 590.

Aunque algunos de los beneficios del fin del conflicto repercutirán en el ámbito nacional, habrá algunas regiones del país donde los efectos positivos serán mayores. Partiendo de que “hay solamente ciento dieciocho municipios (once porciento) en los que se erradica la violencia del conflicto”, concentrados en la región Andina y en Departamentos como Vaupés y Amazonas, los centros urbanos con mayores beneficios, en caso de que cese la violencia serán, Medellín, Cúcuta, Arauca, Buenaventura, San Vicente del Cagüán, Tibú, Riohacha y Tumaco. Otras poblaciones como Anorí e Ituango (Caquetá), Puerto Rico (Meta), Chaparral y Planadas (Tolima), también se verían beneficiadas.

Para el CERAC lo más probable es que con el fin del conflicto, haya mayores demandas en seguridad ciudadana y se reestructure el gasto militar. No obstante, el informe advierte que “la trayectoria del gasto como porcentaje del PIB militar no cambiará inmediatamente después que finalice el conflicto” 591. También es probable que, como ha ocurrido en países que han vivido conflictos armados internos, aumente el gasto militar a partir del punto de quiebre 592, dado que se presume que “al finalizar el conflicto se debe contener la generación de nuevos grupos violentos armados”.

Comparando a Colombia con otros escenarios de postconflicto, lo previsible, de acuerdo con el informe de CERAC, es que se observe “una aceleración en el índice de matrícula escolar”. Según la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, la principal causa de deserción es la inseguridad en la zona en la que habitan y estudian los niños. Otra consecuencia sobre las zonas de influencia, sería una disminución en el índice de mortalidad infantil 593.

Por supuesto que el proceso transformador para Colombia, en el que todos los sectores puedan beneficiarse, ocurrirá, en la medida en que se logren verdaderas convergencias básicas entre los diferentes sectores de la sociedad, sobre qué clase de Colombia se quiere y cómo alcanzarla. No se trata sólo de inversiones ni tampoco de elecciones, sino de un verdadero proyecto nacional de construcción del país, a partir del esfuerzo y la perspectiva de todos, de forma realista. No existe otra salida, y los discursos de un lado y el otro -con promesas y amenazas-, solo serán palabras vacías, en la medida en que no haya realidades hacia las que caminar, con verdaderos sacrificios y visiones claras por parte de los diferentes sectores de poder.

Piden al Gobierno Invertir en “una Paz Sostenible”

La Comisión de Paz del Senado citó al Gobierno Nacional a un debate sobre los retos y los costos del postconflicto. La Comisión estableció que el Gobierno Nacional debe invertir en una década unos cincuenta y cuatro billones de pesos 594 para atender a los trescientos sesenta y ocho municipios más afectados por el conflicto.

La Senadora Claudia López, señaló:

La principal condición para un postconflicto exitoso es, no sólo desmovilizar sino reemplazar con instituciones públicas, a los grupos armados ilegales que se desmovilizan y que hoy regulan la oportunidades políticas y económicas de esos colombianos”.

Según la Comisión de Paz, las principales inversiones serían para fortalecer el Estado en las regiones, en materia de justicia y seguridad pública; regulación de la propiedad, uso y explotación de la tierra; servicio civil, y capacidad administrativa, financiera y de planeación local, tributación local y capacidad fiscal e infraestructura para el desarrollo.

El ochenta porciento de los municipios que más cruentamente han sufrido la guerra, son los que pertenecen a la Categoría seis y el setenta porciento están en el Caquetá, Arauca, Guaviare, Chocó, Cauca, Putumayo. En los municipios rurales más afectados por el conflicto, el ochenta y un porciento de los niños no completan sus estudios en primaria y secundaria. Se necesita un técnico por cada cincuenta hogares rurales, para garantizar prestación de asistencia técnica. De los municipios más afectados por el conflicto, alrededor del sesenta porciento tiene el catastro desactualizado o sin forma 595.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


545 Proponen consultar a víctimas sobre participación política de desmovilizados, en Diario El Espectador, Bogotá, 26-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/proponen-consultar-victimas-sobre-participacion-politic-articulo-494831.

546 Pinzón Sánchez, Alberto, Anncol, ¿Quién es considerado víctima del conflicto interno colombiano?, en Agencia Noticias Nueva Colombia, 20-10-2014, http://anncol.eu/index.php/opinion/2012-09-09-22-19-25/8284-quien-es-considerado-victima-del-conflicto-interno-colombiano.

547 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 60/147 del 16 de diciembre del 2005, Puntos 8 y 9, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/s-res60-147.html.

548 Salinas, Jhon Jairo, ¡No a la polarización y segregación de las víctimas del conflicto armado¡, en Kaosenlared.net, 11-8-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/93766-¡-no-a-la-polarización-y-segregación-de-las-v%C3%ADctimas-del-conflicto-armado¡. Fuentes: Eltiempo.com -Documento memoria histórica 2013- Fiscalía General de la Nación-Bolg: Azalea Robles- Archivos sección judicial Revista Semana. Resolución 60/147 de las ONU, 16 de diciembre 2005. El autor del texto es Dirigente Social, Defensor de Derechos Humanos del Quindío.

549 Desarrollo del Punto 2 de las propuestas mínimas sobre víctimas del conflicto, en PazFARC.org, 25-10-2014, http://PazFARC.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-FARC/delegacion-de-Paz-FARC/2230-desarrollo-punto-de-las-propuestas-minimas-sobre-victimas-conflicto. Ver también, Castro, Yira, Las FARC entregaron hoy 5 nuevas iniciativas concernientes al punto Víctimas, en PazFARC.org, 25-10-2014, http://PazFARC.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-FARC/delegacion-de-Paz-FARC/2230-desarrollo-punto-de-las-propuestas-minimas-sobre-victimas-conflicto.

550 Ver Colombia: Modelo económico e inteligencia militar, lo mas parecido a un designio criminal, en Kaosenlared.net, 31-10-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/99162-colombia-modelo-econ%C3%B3mico-e-inteligencia-militar,-lo-mas-parecido-a-un-designio-criminal.

551 FARC presentan Subpuntos 6-10 de segunda propuesta mínima sobre víctimas, en PazFARC.org, Boletín de Prensa Nº 37, 26-10-2014, http://PazFARC.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-FARC/delegacion-de-Paz-FARC/2233-debemos-reconocer-las-victimas-de-la-politica-economica.

552 10 principios que guiarán la discusión sobre las víctimas del conflicto armado, en TelesurTV, 7-6-2014, http://www.telesurtv.net/articulos/2014/06/07/los-10-puntos-del-acuerdo-de-victimas-entre-el-Gobierno-de-colombia-y-las-FARC-3067.html/#mediabox. También, Proceso de Paz: FARC reconocen a las Víctimas del Conflicto, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-reconocen-victimas-del-conflicto-articulo-496984.

553 Capacidad para juzgar rectamente.

554 Hasta el momento, esa fecha es la establecida por la Ley como punto de partida para el reconocimiento de hechos victimizantes.

555 Acuerdo entre el Gobierno y FARC para su participación en la mesa de negociaciones, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/victimas-llegaran-habana-articulo-505074.

556 Críticas del uribismo al Gobierno por el difícil tema de las víctimas de las FARC: Consideran que en las delegaciones sólo deberían ir víctimas de la guerrilla, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-8-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/criticas-del-uribismo-al-Gobierno-el-dificil-tema-de-vi-articulo-511351.

557 García Márquez con sus “cien años…” se quedó corto.

558 Se denominan “chulavitas” a un grupo armado de élite en Colombia que existió durante los primeros años de “la violencia”, conformado por campesinos conservadores. Su filosofía política, radicaba en un Estado fuerte y centralista, basado en los principios de autoritarismo, militarismo y nacionalismo, y su objetivo era neutralizar a las guerrillas liberales.

559 Rajar la garganta y sacar por ahí la lengua a modo de corbata.

560 El corte de franela se popularizó en el período de la Violencia (décadas de 1940 y 1950) entre los partidos liberal y conservador en Colombia: consistía en degollar a la víctima con un corte alrededor del cuello que simulaba la forma del cuello de una remera -chomba- o camiseta.

561 Donde murió el Comandante Raúl Reyes, 1-3-2008, bombardeo efectuado sin conocimiento ni consentimiento previo del Gobierno de Ecuador.

562 Teniendo en cuenta elementos del Artículo de Moraria, León, La Habana: víctimas y victimario, en Kaosenlared.net, 28-8-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/94802-la-habana-v%C3%ADctimas-y-victimario. También, http://www.aporrea.org/ideologia/a193926.html.

563 El próximo paso en el tema de víctimas, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-8-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/el-proximo-paso-el-tema-de-victimas-articulo-511338.

564 La versión final del informe de la Comisión está en: https://www.scribd.com/doc/255440148/Version-final-informes-CHCV-comision-historica-pdf.

565 El informe fue preparado por académicos colombianos escogidos por ambas partes: Sergio de Zubiría, Gustavo Duncan, Jairo Estrada, Darío Fajardo, el sacerdote Javier Giraldo, Jorge Giraldo, Francisco Gutiérrez, Alfredo Molano, el francés Daniel Pécaut, Vicente Torrijos, Renán Vega y María Emma Wills.

566 Comisión Histórica del Conflicto presenta sus informes finales, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/comision-historica-del-conflicto-presenta-sus-informes-articulo-543191. También, Comisión Histórica del Conflicto difiere sobre legitimidad de lucha armada de FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/comision-historica-del-conflicto-difiere-sobre-legitimi-articulo-543291.

567 EUA “ha alimentado” el conflicto colombiano, dicen académicos, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 10-2-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/9395-la-comision-historica-del-conflicto-social-y-armado-en-colombia-presenta-su-informe-leelo-en-anncol.

568 “Las FARC ¿Victimarios?”.

569 FARC: EUA, empresarios, partidos políticos y la iglesia deben reconocer su responsabilidad en 50 años de conflicto armado en Colombia, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 29-10-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/8391-FARC-ee-uu-empresarios-partidos-politicos-y-la-iglesia-deben-reconocer-su-responsabilidad-en-50-anos-de-conflicto-armado-en-colombia.

570 Con copia al Comandante de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri (Timoleón Jiménez); al Comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino).

571 Según Gloria Gaitán Jaramillo: algunos cronistas señalan el 9 de abril de 1948 como la fecha de inicio de la Violencia; sin embargo, el genocidio gestado por el Estado se originó en forma premeditada, sistemática y generalizada desde 1946.

572 Pistola antigua de un solo disparo que carga la pólvora y la munición.

573 Gaitán Jaramillo, Gloria, ¿Cómo Nació la Guerrilla en Colombia? (Carta de Gloria Gaitán al Presidente Juan Manuel Santos), en ELN, Voces de Colombia, 25-8-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/dialogos-de-Paz/otras-voces/997-como-nacio-la-guerrilla-en-colombia-carta-de-gloria-gaitan-al-presidente-juan-manuel-santos.

574 ¿Quienes son los Victimarios?, en ELN, Voces de Colombia, 8-9-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comando-central/1010-quienes-son-los-victimarios.

575 Una cosa es el secuestro y otra la toma de rehenes. En el caso de situación de conflicto, es una toma de rehenes y no un secuestro.

576 Gutiérrez Roa, Elber, Militares también son víctimas, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/militares-tambien-son-victimas-articulo-506529.

577 Durán Núñez, Diana Carolina, ‘La mentira más grande de las FARC es que no son narcos ni victimarios’, en Diario El Espectador, Bogotá, 31-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/mentira-mas-grande-de-FARC-no-son-narcos-ni-victimarios-articulo-507676.

578 Nueve mil quinientos indicados por las FARC.

579 El General Mendieta, Víctima de sus Propias Acciones, en Kaosenlared.net, 4-10-2014, http://anncol.eu/index.php/opinion/allende-de-Paz/8127-el-general-mendieta-victima-de-sus-propias-acciones.

580 ‘Gobierno no ha vetado, ni vetará a ninguna víctima’, en Diario El Espectador, Bogotá, 30-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/Gobierno-no-ha-vetado-ni-vetara-ninguna-victima-articulo-507511.

581 FARC afirma que responsabilidad por víctimas llega hasta la Presidencia, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-afirma-responsabilidad-victimas-llega-hasta-presid-articulo-505403.

582 FARC piden que guerrilleros presos y heridos sean escuchados como víctimas, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 3-8-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/7537-FARC-piden-que-guerrilleros-presos-y-heridos-sean-escuchados-como-victimas.

583 Ver más arriba, bajo el Título “Definición de Víctimas”, los Puntos ocho (8) y nueve (9) de la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU.

584 Delegación de Paz de las FARC, Las FARC opinan sobre el debate al tema de las víctimas del conflicto en La Habana, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 7-8-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/comunicados-de-las-FARC/7584-las-FARC-opinan-sobre-el-debate-al-tema-de-las-victimas-del-conflicto-en-la-habana.

585 Delegación de Paz de las FARC, Las FARC proponen derechos integrales de las víctimas para la Paz y la reconciliación nacional, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 3-9-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/comunicados-de-las-FARC/7837-las-FARC-proponen-derechos-integrales-de-las-victimas-para-la-Paz-y-la-reconciliacion-nacional.

586 Delegación de Paz de las FARC en La Habana, FARC propone fondo especial para la reparación integral de las víctimas, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 7-9-2014, http://PazFARC.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-FARC/delegacion-de-Paz-FARC/2124-FARC-fondo-especial-reparacion-integral-victimas.

587 Como para que no se nos Olvide, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 4-5-2015, http://anncol.eu/index.php/opinion/item/349-como-para-que-no-se-nos-olvide.

589 Por un Acuerdo sobre Derechos Integrales de las Víctimas para la Paz y la Reconciliación Nacional, en PazFARC.org, 18-6-2015, http://www.pazFARC-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-FARC-ep/delegacion-de-Paz-FARC-ep/2790-por-un-acuerdo-sobre-derechos-integrales-de-las-victimas-para-la-Paz-y-la-reconciliacion-nacional. También, FARC instan a cerrar acuerdo sobre víctimas en el actual ciclo negociador, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-instan-cerrar-acuerdo-sobre-victimas-el-actual-cic-articulo-567000.

590 Equivalentes a u$s 27.450 millones.

591 El Gobierno de Santos, ha proyectado un aumento del gasto militar, aún en el marco del proceso de negociación en La Habana. Colombia tiene un gasto militar que supera el de Brasil. Delegación de Paz de las FARC, Agenda de Mindefensa en Estados Unidos genera más desconfianza en Paz con el Gobierno, en Kaosenlared.net, 28-2-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/81928-FARC-agenda-de-mindefensa-en-Estados Unidos-genera-más-desconfianza-en-Paz-con-el-Gobierno.html.

592 Momento en el que el fin de las hostilidades no puede dar marcha atrás.

593 Informe del CERAC y Naciones Unidas: Los números que traería la Paz, en Diario el Espectador, Bogotá, 10-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-numeros-traeria-Paz-articulo-497616.

594 Equivalentes a u$s 25.810 millones.

595 Piden a Gobierno invertir $54 billones en “una Paz sostenible”, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-10-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/piden-Gobierno-invertir-54-billones-una-Paz-sostenible-articulo-520987.