Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XVI

Las “Comisiones de la Verdad”

Problema de las Víctimas, la Justicia y la Paz

La Comisión de Política Criminal, se propuso la creación de una Comisión de la Verdad, la priorización y selección de investigaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos, la ponderación entre el deber de justicia y las penas alternativas, e incluso la transición de grupos ilegales hacia partidos políticos “orientados a defender sus banderas por medios no violentos”.

Este escenario, fue considerado, en su oportunidad, por el Ejecutivo, como una posible carta de negociación. En términos de la Comisión Asesora, la razón esencial para que ese deber de investigación y sanción fuera un principio y no una política no negociable:

Es la imposibilidad de aplicarlo en contextos transicionales, pues colisionaría radicalmente con otros principios muy valiosos como el logro de la Paz y la preservación de la estabilidad democrática. El estándar de que hay que juzgar a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad o de guerra y condenarlos a una pena privativa de libertad es insostenible fáctica y normativamente”.

Las tensiones entre Paz y justicia, no sólo son reales, sino también resulta complejo establecer un equilibrio entre sus componentes y funciones. Por ello, se consideró “indispensable reducir el imperativo de castigo en beneficio de otros valores como la Paz o la transición democrática”.

La Comisión advirtió que, aunque las razones de las víctimas son esenciales para combatir la impunidad en materia de los crímenes perpetrados por un actor armado -las guerrillas-, también es cierto que procesarlos a todos, como exige el derecho convencional, constituye una sobrestimación de la capacidad del Estado para dar una respuesta eficaz a ese reto, que plantea la criminalidad organizada en escenarios de transición. El ejemplo palpable es el proceso de Justicia y Paz: más de trescientos mil hechos han sido confesados, pero las condenas contra los jerarcas del paramilitarismo en Colombia, han sido exiguas.

La Paz negociada solamente resulta posible si el principio de selectividad se aplica, inclusive, a los crímenes de lesa humanidad y sobre la garantía de No Repetición. Para que eso ocurra, los jueces deben entender los beneficios de la Paz negociada a la hora de tomar decisiones que “tratan los derechos de las víctimas como cartas de triunfo que no admiten ningún tipo de cálculo”. En cierta medida, acceder al camino de la Paz, implica encontrar un perdón jurídico condicionado, sobre lo jurídicamente imperdonable.

Los programas de desmovilización deben responder, tanto a las lógicas de la Paz como a las lógicas de la justicia. Para que eso resulte, los grises del conflicto tienen que ser aclarados completamente con el fin de satisfacer la memoria de lo que sucedió.

Las FARC y la Comisión de la Verdad

Las FARC, en diferentes oportunidades, expusieron la necesidad de que se cree una Comisión que tenga como propósito el esclarecimiento del origen y la verdad de la historia del conflicto interno colombiano, para que se pueda garantizar el éxito del proceso de Paz.

De acuerdo con su dirigencia:

¿Cómo pueden establecerse responsabilidades, o cómo puede abordar la Mesa de Negociaciones, el tema de las víctimas, de su reparación, del perdón y el compromiso de “nunca más”, si no se establece cómo se dieron los hechos de violencia que derivaron en seis décadas o más de conflicto armado?

Presumir que las FARC son los victimarios en un proceso de conflicto social interno que se inicia antes de su misma creación, y afirmar que sobre ellas recae toda la responsabilidad tras la ocurrencia de conductas y episodios violentos e inhumanos provocados por el mismo Estado y sus agentes oficiales y paraoficiales, es una apreciación irreal, que mina la intención de lograr una reconciliación nacional definitiva.

Individuos, instituciones y organizaciones públicas y privadas, fueron y siguen siendo actores, por acción y también por omisión, sea como auspiciadores o como ejecutantes de primera línea, de conductas atroces; actores responsables de la lucha que se aspira que se supere definitivamente.

Para que se logre el fin definitivo del conflicto en Colombia:

Es imperativo ir estableciendo las múltiples responsabilidades de los diversos actores, sin el prejuzgamiento de que uno solo de ellos ha de ser el imputado, y los demás implicados, ser sus jueces. Mucho más, cuando no hay o, si se quiere, no existe o no se ha dado un vencedor ni un vencido.

La Comisión propuesta, es un instrumento sine qua non si se pretende llegar exitosamente al final del proceso de Paz. No integrarla y no darle instrumentos para su alta misión es minar el esfuerzo, es decirle no a la Paz.

Se han integrado Comisiones de la Verdad o de similar fin en: Argentina, Uganda, Chile, Chad, El Salvador, Haití, Sudáfrica, Guatemala, Nigeria, Sierra Leona, Ghana, Timor-Leste, Perú, Marruecos, Liberia, Alemania, Bolivia, Grenada, Indonesia, Nepal, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, República Federativa de Yugoslavia, Sri Lanka, para sólo mencionar algunas. En esos casos los modelos de Justicia Transicional y las jurisdicciones conocedoras de los crímenes cometidos durante los conflictos superados, las autoridades imputadas o responsables por acción o por omisión, no tuvieron a su cargo el juzgamiento de su contraparte.

A nadie sensato y conocedor de estos temas -es de esperarse que los plenipotenciarios del Gobierno acompañen lo que en efecto es un axioma reconocido como tal universalmente-, se le puede ocurrir que un Estado plenamente imputable pueda recurrir al principio de legalidad, de por si viciado por su proceder para alegar suficiente autoridad y capacidad para aplicar un ius puniendi 515 en tanto que jamás puede ser Juez y parte.

Sin que se establezca el origen del conflicto y su verdad histórica, no puede haber Paz, ni reconocimiento de sus víctimas, ni justicia ni reparación. Ninguna de las partes puede ser Juez, máxime cuando puede haber sido victimaria. Respecto al Estado colombiano y sus distintos órganos y miembros, son incontables las acusaciones y sentencias judiciales que establecen la implicación de sus funcionarios en la comisión de graves crímenes contra el Derecho Internacional, así como la responsabilidad del Estado en ellos, al haber sido sus órganos oficiales, brazos ejecutores de esos crímenes en innumerables ocasiones.

Existen otros sectores de la sociedad como los partidos y círculos políticos hegemónicos, las asociaciones de terratenientes, los gremios, la gran industria, los bananeros, ganaderos, banqueros y otros actores poderosos, que aun cuando pretendan desempeñar el papel de meros espectadores, también han sido victimarios; al igual que las empresas que poseen los medios de comunicación social, convertidas de la misma manera en instrumentos de la guerra oficial, no solo desinformando o interpretando la noticia al acomodo del régimen, sino transmitiendo el pensamiento e inclinación de sus propietarios, siempre cajas de resonancia de la versión del gobernante de turno y de los intereses del gran capital nacional y transnacional.

La Paz requiere un relato de la historia verdadera del conflicto, con el fin de que se conozcan los sucesos tal como ocurrieron y se han venido sucediendo. Sin verdad no hay historia; sin historia no hay consciencia nacional, ni se puede construir una Paz duradera. Un Estado que soslaya su historia carece de capacidad para solucionar un conflicto y garantizar su no repetición 516.

La Paz son Cambios: Víctimas de Crímenes de Estado

En una reunión llevada a cabo en Bogotá en abril del 2014, en la que participaron representantes de diferentes países, donde hubo experiencias conflictivas 517, las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, adoptaron una declaración.

Expresaron su respaldo a los Diálogos de Paz en La Habana, pidiéndole a las delegaciones del Gobierno y de las FARC, que escuchen sus propuestas.

Uno de los temas de gran relevancia, es su idea de que todos deben ser partícipes directos de propuestas de Paz 518, por lo que se deben establecer mecanismos de participación directa de sectores sociales con Agendas y propuestas para la Paz, así como sumarse al proceso, las guerrillas del ELN y el EPL.

Debe abandonarse la dañina tesis de negociar en medio del enfrentamiento bélico y de escalada militar, y declararse urgentemente un cese el fuego bilateral. Rechazan la campaña negativa contra los diálogos de La Habana y la actitud contradictoria de altos funcionarios de Gobierno, como el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el Procurador General Alejandro Ordóñez, que de forma guerrerista y en claro sabotaje, se manifiestan de manera continua en contra de los diálogos.

También es incongruente con la Paz, el alarmante aumento del presupuesto del sector defensa para el 2014 en veintiséis billones de pesos 519. La prioridad para el gasto militar no cesa. Entre los años 2002-2017 la participación en el Presupuesto General de la Nación de los gastos para financiar la guerra aumentó del quince (15) al dieciocho (18) por ciento. El presupuesto asignado para el 2017 en materia de defensa y seguridad, aumentó un 2,6 por ciento en relación con el año 2016. En contraste, entre 2016-2017 el presupuesto del sector agropecuario descendió un 16,3 por ciento 520.

Existe un consenso sobre la necesidad de una Comisión de la Verdad para Colombia. No obstante, debe crearse un ambiente apropiado en el país para llegar a la conformación de esa Comisión. Históricamente ha existido una sistemática manipulación y tergiversación de la historia y la violencia. Esto llegó al punto que en el Gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez, se sostuvo la tesis de que el Estado era una víctima más de la violencia generalizada y de la guerra contra el terrorismo, negando la posición de garante del Estado y de sus obligaciones en materia de los derechos de las víctimas y la existencia de un conflicto social, político y armado.

Se debe llegar a una mínima versión conjunta de la historia del conflicto en Colombia, no solo para comprender qué pasó, sino para abandonar el estado de negación en el que se encuentra la sociedad. Se ha propuesto en La Habana, un marco interpretativo general sobre el origen del conflicto y la carga de las responsabilidades que corresponden al Estado colombiano y su estrategia paramilitar, así como la de las guerrillas, lo que puede ser establecido sobre la base de una Comisión de Esclarecimiento Histórico, que se diferencia de una Comisión de la Verdad, en la medida en que no requiere del fin del conflicto, por lo que no pretende dar cuenta de todos sus aspectos, sino de aquellos fundamentales para impedir que se dé un debate sobre los derechos de las víctimas que siga las dinámicas de negación, silenciamiento y la manipulación que corresponden a la misma guerra que se pretende solucionar.

En todo caso, las víctimas demandan una Comisión de la Verdad que contenga, básicamente, los siguientes elementos:

i) Un mandato avalado, no solo, por las partes en conflicto, sino por las víctimas y la sociedad.

ii) Que esté conformada por personas idóneas ética y moralmente, que no hayan estado comprometidas con hechos de violencia y no hayan sido instigadores ni beneficiarios del proceso de despojo.

iii) La Comisión debe ser independiente administrativa y presupuestalmente; debe reconocerse su inmunidad y garantías de seguridad.

iv) Un mandato oficial y vinculante con el compromiso de difundir e incorporar al sistema educativo el Informe Final de la Comisión de la Verdad.

v) Participación directa de las víctimas en su conformación y monitoreo.

Debe entenderse que, en materia de crímenes de carácter internacional, una Comisión de la Verdad no puede exonerar al Estado colombiano de su obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales, de intervenir judicialmente los hechos y sancionar penalmente a sus autores.

El Informe General “Basta Ya”, aunque es un ejercicio considerable, se encuentra particularmente incompleto en lo que se refiere a la criminalidad de Estado, el intervencionismo extranjero, los genocidios políticos, y los factores estructurales que han dado origen y han reproducido el conflicto social político y armado en el país.

La criminalidad de Estado en Colombia, se prueba principalmente por el testimonio de los familiares y sobrevivientes de los genocidios políticos, la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y el desplazamiento forzado. Pero, además, ha sido reconocida por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por Naciones Unidas y por la OIT. No se puede aceptar la tesis oficial de las “manzanas podridas”, en la que elementos descompuestos de los cuerpos militares habrían cometido delitos puntuales. Debe reconocerse que han existido prácticas y políticas sistemáticas de exterminio político y modelos de despojo a gran escala. El conflicto armado ha sido utilizado por el Estado colombiano como pretexto para encubrir la conformación de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, que tienen como función principal generar terror en la población, monopolizar el negocio del narcotráfico y consolidar un proyecto económico depredador y criminal.

En Colombia deben darse cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, empezando por un proceso de depuración previa de las tres ramas del poder público, que permita desligar al Estado de las estructuras criminales que han socavado la legitimidad de las instituciones. Solo de esta manera, se renovará la confianza de la sociedad en el Estado.

Es urgente derogar todas las doctrinas y manuales militares que promuevan la violación de los Derechos Humanos. El tratamiento de los crímenes de la fuerza pública en la Mesa de negociación, debe asumirse como un asunto de Estado.

Es fundamental para la sociedad, que cese la persecución política y se deponga la Doctrina militar de “Seguridad Nacional”, que asimila como “enemigo interno” a los líderes de sectores sociales y políticos de oposición. Al mismo tiempo deben emprenderse reformas que reduzcan y transformen todos los cuerpos de seguridad y defensa.

El Acuerdo de La Habana no podrá, en ningún modo, imponer a la sociedad una ley de Punto Final, que indulte a los máximos responsables de la criminalidad estatal. El Estatuto de Roma, suscripto por el Estado colombiano en el 2002, establece que ningún cargo oficial puede ser eximido de su responsabilidad penal ni rebajada su pena en casos de violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra 521. Todos los Jefes de Estado, miembros del alto mando militar y Directores de la policía nacional, así como otros Agentes del Estado, no pueden evadir su responsabilidad en las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron y se siguen cometiendo en el país.

Como resultado del proceso de Justicia y Paz existen mas de diez mil evidencias contra miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos, señalados de tener relaciones con estructuras paramilitares, esto sin que la Fiscalía General haya podido avanzar en las investigaciones y que hasta el día de hoy no se conoce ningún resultado en esta materia.

Por las más de cinco mil ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, no existe ninguna investigación en contra de un alto mando militar y, preocupantemente, muchos de los procesos en Justicia Ordinaria han empezado a ser trasladados a la Justicia Militar. Paralelamente, se llevan a cabo montajes judiciales en contra de defensores de los Derechos Humanos, movimientos sociales y políticos, y se incrementa la criminalización de la protesta social y a sus líderes, lo que demuestra que la administración de justicia no cumple con sus obligaciones constitucionales.

La Ley 1448/2011 ha resultado ser completamente insuficiente para reparar a las víctimas y para restituir las tierras despojadas. Será necesario un proceso de revisión profunda de todo el modelo de atención y reparación, así como un mecanismo idóneo que permita restituir y garantizar el retorno colectivo y con garantías para la vida de las personas en situación de desplazamiento forzado.

Constatamos, por los testimonios de las víctimas, que los grupos paramilitares denominados por el Estado como “bacrim” 522, tienen como blanco principal sectores sociales y políticos, que históricamente han sido victimizados; conservan el control político, social y económico, y las rentas asociadas a las economías ilegales y al narcotráfico; controlan los mismos negocios y están asociados a los mismos grupos narcotraficantes y de poder en las regiones. Estas estructuras siguen actuando en complicidad y de manera sistemática en el diseño, coordinación, implementación y ejecución criminal con organismos del Estado. Operan con la complicidad, aquiescencia y, a veces, con la participación de miembros de la fuerza pública, y tienen una organización de alta capacidad y estructura militar. Es preciso que el Gobierno Nacional asuma el desmonte efectivo del paramilitarismo, investigue y sancione a los responsables de dichas prácticas sistemáticas y criminales agenciadas por los organismos del Estado. Para ello es necesario un plan de depuración y de reformas institucionales para el post-Acuerdo. La Fiscalía General de la Nación, debe llevar a cabo investigaciones y sancionar a los instigadores del paramilitarismo en el país. El Gobierno debe mostrar su voluntad política para abandonar prácticas y políticas de guerra sucia dentro de los organismos del Estado.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, junto con la Coordinación CCEEU, Coordinadora de Familiares de la Unión Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el movimiento social y político Marcha Patriótica y el proceso de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, han acordado convocar nuevamente a todas las víctimas de la criminalidad estatal en el país para construir un mandato unitario de exigencias fundamentales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, esto en coherencia con la búsqueda de la Paz con justicia social para el país.

Exigencias y propuestas 523:

1. El Estado 524 colombiano debe reconocer su responsabilidad ante las violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio político y crímenes de guerra. El Presidente de la República debe pedir perdón por estos hechos y se debe adoptar una ley que prohíba y sancione las expresiones de negación.

2. Las víctimas tienen derecho a participar y a decidir sobre los derechos a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a las garantías de No Repetición. Las propuestas deben ser escuchadas en la Mesa de diálogos de La Habana por las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC.

3. Se exige al Presidente Juan Manuel Santos, que declare el cese de hostilidades y desacelere el conflicto armado, para generar la confianza social que necesita el proceso de Paz. Se espera que se dé inicio a las negociaciones con el ELN y con el EPL, para que se pueda terminar definitivamente el conflicto armado interno.

4. Debe constituirse una Comisión de la Verdad que investigue los hechos, recoja toda la información posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las reformas institucionales necesarias para asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de estos crímenes. Ante esta Comisión, el Estado y las guerrillas, partes en un Acuerdo de Paz, deben hacer un reconocimiento público de su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana.

5. El Estado deberá asegurar medidas de reparación colectiva a las víctimas del genocidio político, más allá de la restitución de las personerías jurídicas a los partidos víctimas de estos genocidios como el de la Unión Patriótica, así como la restitución de las curules y cargos de elección popular perdidos por estos crímenes.

6. Es necesario reducir el tamaño de las fuerzas militares y su presupuesto para el estricto cumplimiento de sus funciones de “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Constitución Política. Debe proponerse una reforma constitucional que permita separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, entendiéndose esta como un cuerpo civil respetuoso de los Derechos Humanos.

7. Las tres ramas del poder público deben ser depuradas de aquellos funcionarios involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o con grupos y actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares. Se le pide a la Fiscalía General de la Nación, acelerar las investigaciones llevadas a cabo en contra de funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública, que se han originado a partir de las evidencias de copias provenientes de las versiones libres rendidas en Justicia y Paz.

8. Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los documentos reservados del Estado, especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que formen parte de los materiales de consulta para la memoria nacional sobre las víctimas y sirvan de insumo a los procesos judiciales. Derogación de todos los manuales, instrucciones, directivas y documentos de otra índole de las fuerzas militares y otros cuerpos de seguridad que califican, expresa o implícitamente, a los movimientos y partidos políticos de oposición como “enemigo interno” o con otras categorías similares, que promuevan actividades ilegales de inteligencia o promuevan la creación de grupos paramilitares.

9. Las víctimas tienen derecho a que se realice una revisión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por parte de sus organizaciones para formular una política justa y eficaz en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

10. Para asegurar la justicia, debe garantizarse la sanción a todos los responsables de graves crímenes, reapertura de todas las investigaciones penales archivadas o declaradas prescriptas, anulación de todas las sentencias surgidas de una administración fraudulenta de justicia y eliminación de cualquier tipo de fuero que no permita que la justicia ordinaria se encargue de estos delitos.

11. Desmonte inmediato de la estrategia paramilitar, independientemente de la calificación que las autoridades le den a los grupos que la desarrollan en todo el territorio nacional.

12. El Estado tiene la obligación de publicar la identificación de las veinte mil personas desaparecidas, estimadas oficialmente y garantizar la búsqueda. Se exige la revelación de todas las sepulturas clandestinas que existan en el país.

FARC: La Verdadera Paz no es la Victoria sino Justicia Social y Democracia

Las FARC criticaron las declaraciones del Gral. Juan Pablo Rodríguez Barragán, en relación con los Diálogos de Paz de La Habana, que consideraba que:

La Paz en Colombia sólo será posible alcanzarla cuando los terroristas sean derrotados por completo”.

Según los miembros de la Comisión de Negociación de las FARC:

Resulta descarado que el Comandante de las fuerzas militares pretenda argüir que con más guerra, con más muertes, con más horror, es como se va a obtener la reconciliación entre los colombianos. Tantas veces hemos escuchado pronunciar esas palabras desquiciadas, que ya no nos queda duda alguna acerca de las verdaderas intenciones que abrigan la oligarquía colombiana y el más rapaz militarismo con relación a nosotros. Cada vez que se ha ensayado la fórmula de las conversaciones, ha fracasado porque la posición de los Gobiernos ha sido la misma, negarse de modo radical a las reformas a su modelo de Estado. O los rebeldes nos sometemos al orden antidemocrático e injusto vigente, o sencillamente seguirá la guerra”.

El Gral. Rodríguez volvió a insistir en el discurso tantas veces repetido por el Presidente Santos y su Ministro de Defensa, en el sentido de que la Mesa de La Habana ha sido producto de la violenta arremetida que contra nosotros libraron las fuerzas militares durante los años anteriores. Según lo argumentó el Gral., las FARC fuimos obligadas por los operativos militares y los continuos bombardeos a aceptar conversar de Paz sentados a una Mesa de Diálogos. Por eso insistió en que es absolutamente necesario sostener e incrementar la embestida militar contra nosotros, a fin de inclinarnos definitivamente a la firma de la Paz, dejando perfectamente claro qué significa para él y el alto Gobierno su cacareada expresión de que la Paz es la victoria.

El Gral. Rodríguez dice hablar en apoyo al dicho del Gral. Mora Rangel. Para la oligarquía colombiana, sus inspiradores en Washington y los Generales cipayos, está bien que en Colombia subsista, en un escenario de postconflicto, que supone la inexistencia de fuerzas insurgentes, un aparato represivo del tamaño desproporcionado de hoy, concebido dentro de los marcos de la Doctrina de Seguridad Nacional y cuyo objetivo sea la opresión de sus propios ciudadanos antes que la defensa de la soberanía nacional en las fronteras.

Si durante casi una docena de años, los colombianos hemos venido escuchando que el fortalecimiento de las fuerzas militares, la compra de equipos y tecnología de guerra, el aumento del pie de fuerza y en general eso que llaman reingeniería, tuvo como propósito reducir a la insurgencia a la derrota, o al menos, obligarla a sentarse a una Mesa de Diálogos en donde firme la Paz, ¿qué sentido tendría que desaparecida esa insurgencia, permanezca y crezca aún más la máquina de guerra del Estado? Cualquiera puede ver que los miles de millones de dólares destinados a eso, podrían destinarse al desarrollo social del país.

Los campesinos que se alzaron en armas en Marquetalia, no fueron sino cuarenta y ocho. Y lo que ellos clamaban, era que se les atendiera con ayudas para salir del atraso y mejorar su nivel de vida: con escuelas, puestos de salud, títulos para sus tierras, créditos, mercados, vivienda digna. Pedían encarecidamente un diálogo para acordar esos asuntos. Todos saben que la respuesta del Estado fue la guerra total. ¿Solucionó eso el problema, o más bien lo creó y lo agravó?

Son la oligarquía colombiana y sus Generales orientados desde el Pentágono, quienes se han negado siempre a concertar una solución pacífica. Siempre han pensado como el Gral. Rodríguez, que la Mesa de Conversaciones únicamente tiene por objeto la firma de nuestra rendición y entrega. Cada vez que se ha ensayado la fórmula de las conversaciones, ha fracasado porque la posición de los Gobiernos ha sido la misma, negarse de modo radical a las reformas a su modelo de Estado.

O los rebeldes nos sometemos al orden antidemocrático e injusto vigente, o sencillamente seguirá la guerra. Si desde 1964 se nos hubiera atendido, esta terrible guerra jamás se hubiera presentado.

No podemos seguir haciéndoles el juego a Presidentes, Ministros y Generales que solamente legan a la patria sangre y dolor con su cuento de ganar la Paz con el fuego de los fusiles y las bombas. La verdadera Paz no es la victoria, sino la justicia social y la democracia para todos los colombianos 525.

Si no hay Avances en la Comisión de la Verdad paran los Diálogos

El negociador de las FARC en La Habana Andrés París, planteó que suspenderían el proceso de Paz, si el Gobierno colombiano se sigue negando a conformar una Comisión que investigue el origen del conflicto.

Están preparando su base mediática para mostrarnos, en el Punto sobre Víctimas, cómo los responsables de la muerte y desaparición de seiscientos o setecientos mil colombianos a lo largo de la guerra desde 1948, siendo que las FARC surgieron en 1964, como respuesta a la violencia estatal expresada en un ataque militar contra una colonia de campesinos comunistas alzados en armas en el poblado de Marquetalia.

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos intenta convertir la Mesa de Negociación de La Habana en un “Tribunal de Núremberg para juzgar guerrilleros”. Es necesario que aflore la verdad sobre preguntas como “quién inicio el conflicto y quién tiene la mayor responsabilidad”.

Las FARC, plantearon la creación de la Comisión de la Verdad en agosto del 2013, como un paso clave para abordar el Punto Quinto de la Agenda, sobre las Víctimas, que propusieron afrontar con todo el peso de la responsabilidad que le cabe al “establishment” y la que le quepa a la insurgencia.

El estudio hecho por el Centro de Memoria Histórica, conformado en el 2005, es cuestionable, ya que muestra a las guerrillas como únicos victimarios y deja indemnes a los partidos políticos y la iglesia católica.

Según el Centro de Memoria Histórica, el conflicto armado colombiano ha dejado doscientos veinte mil muertos, veinticinco mil siete desaparecidos, cinco millones setecientos mil desplazados, mil novecientos ochenta y dos masacres, veintisiete mil veintitrés secuestrados, mil setecientos cincuenta y cuatro víctimas de violencia sexual y seis mil cuatrocientos veintiún casos de reclutamiento forzado, entre 1958 y 2012 526.

El Gobierno respaldó la Comisión propuesta por las FARC, pero planteó que debía ser integrada tras el desarme del grupo, que según las autoridades cuenta con unos ocho mil combatientes.

Por otra parte, las FARC descartaron firmar un Acuerdo de Paz que implique la prisión para sus Comandantes, condenados en ausencia por múltiples crímenes, incluidos de lesa humanidad que no prescriben. El grupo no está dispuesto a aceptar normas de sometimiento, porque “no ha sido derrotado (…) La solución del conflicto es política”.

El Presidente Santos, ha utilizado el Diálogo de Paz, para impulsar su campaña por la reelección en los comicios de mayo del 2014, en los que la centroderecha lideró las encuestas.

Las FARC no tienen compromisos electorales; el proceso de Paz es mucho más importante, trasciende en el tiempo y en los anhelos de los colombianos. Nuestro candidato será la Asamblea Nacional Constituyente que tendrá que ser el mecanismo para refrendar los Acuerdos para el fin del conflicto y una Paz duradera. Las FARC están preparadas para convertirse en un movimiento político, pero también para continuar una guerra que deja miles de lisiados y en medio de la cual ha sufrido los peores golpes en los últimos años 527.

Perdón o “Causa y Efecto” en el Tema de las Víctimas

Para las FARC, hay diferencias entre causa y consecuencia; no pueden ser juzgadas de igual manera.

Si la causa y los causantes tienen una gran responsabilidad a la hora de analizar los fenómenos, esa responsabilidad se acrecienta cuando los causantes son los máximos violadores de Derechos Humanos, tanto en cantidad de actos violatorios como en la calidad de la crueldad con que son cometidas las violaciones.

En Colombia la oligarquía y el imperio norteamericano, han hecho uso de la guerra y el terrorismo de Estado, como forma de imponer sus políticas económicas y de seguridad. Los planes no están ocultos, sino que son visibilizados a través de sus propias siglas: LASO 528, Estatuto de Seguridad, Guerra Integral de César Gaviria, Plan Colombia 529 y sus fases Patriota y Consolidación 530, que tenían y tienen por objetivo implantar los planes económicos imperiales: ALCA, TLC entre otros, al tiempo que adelantaban estratégicamente el desplazamiento forzoso para la tenencia latifundista de la tierra, para adelantar los megaproyectos de los empresarios del campo, como la ganadería extensiva y la producción de biocombustibles a partir de la palma africana.

Por ello, el Estado y su Gobierno debe pedir perdón a las víctimas de verdad. La guerrilla, por su parte, también lo haría en los casos en que se compruebe la inocencia de las víctimas y que éstas no estaban comprometidas en la guerra como parte de ella. Se hace referencia a clarificar los miles de casos de ganaderos, empresarios, etc., que violaron los derechos laborales de sus trabajadores y los Derechos Humanos de personas que no estaban inmersos en el conflicto interno, convirtiéndose en víctimas del accionar criminal de los usufructuarios de la guerra.

Si se observan los perdones que ha pedido el Gobierno, adolecen de sinceridad. Máxime cuando sigue practicando las mismas doctrinas que le han dado sustento al terrorismo de Estado 531.

Por su lado, el Presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras Montealegre, recordó que desde el 2012, las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, reiteraron que primero debe escucharse la voz de las víctimas y discutir sus derechos, antes que los derechos de los victimarios:

Cuando se anunció el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado y se conoció que después del Punto agrario iría el de la participación política, expresamos que lo primero que debía discutirse era el tema de la verdad en favor de la víctimas y de esta manera procedió la Comisión de Paz”.

Antes de debatir sobre la “participación política” de la guerrilla, deben ser escuchadas las víctimas y establecerse las responsabilidades. Las Comisiones de Paz recorrieron el país e instalaron diecinueve Mesas Regionales, escuchando a más de seis mil víctimas del conflicto.

No se trata de enviar a la Mesa de Negociación en La Habana, una Comisión de Víctimas para poner contra la pared a nadie:

Son víctimas de todo tipo de victimarios, no sólo de las guerrillas, sino de agentes del Estado y de los grupos paramilitares. Las víctimas tienen diferentes historias pero una sola voz, también quieren la Paz, privilegian la verdad y el perdón sobre el castigo y la venganza, y su presencia servirá para sanar heridas y para cerrar el proceso de Paz. Pero la Mesa de Negociación debe recibirlas, porque sin la voz de las víctimas no habrá legitimación del proceso de Paz 532.

Informe sobre Responsabilidad en Derechos Humanos en Colombia

El informe anual sobre Colombia para el 2013, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muestra graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales -falsos positivos-, reclutamiento forzado de niños por parte de las FARC, desplazamiento y difíciles garantías de reparación de las víctimas. El panorama humanitario seguirá agravándose, mientras existan la guerra interna y la lucha contra el narcotráfico.

En diciembre del 2013, había cinco millones novecientas sesenta y seis mil doscientos once víctimas del conflicto armado, inscriptas en el Registro Unico de Víctimas, de las que cinco millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos seis eran desplazados. En el Cauca, en el 2013 continuaron los homicidios selectivos, sobre todo de dirigentes indígenas, atribuidos a las FARC. Durante el primer semestre del 2013, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, registró ocho asesinatos de miembros del pueblo Nasa, de los que tres eran líderes en el norte del departamento.

Se han informado casos de reclutamiento forzado de niños, utilización de minas explosivas, episodios en que dos periodistas fueron asesinados, cincuenta y ocho recibieron amenazas y tres se vieron obligados a exiliarse.

Respecto de la fuerza pública, el documento sostiene que sigue siendo motivo de alarma el no respeto del derecho a la vida de los civiles durante las operaciones militares.

En junio del 2013 la oficina le presentó al Ministerio de Defensa, treinta y dos casos observados, en que el Ejército habría utilizado y ocupado escuelas y otras infraestructuras civiles. Naciones Unidas afirmó que si bien el Gobierno suele abordar con seriedad su legislación en aras de garantizar los Derechos Humanos y cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, no hizo lo mismo cuando impulsó en el Congreso una reforma para ampliar la jurisdicción penal militar, que luego fue rechazada en la Corte Constitucional. Entre enero y agosto del 2013, se trasladaron cuarenta y ocho casos de homicidios atribuidos al ejército, conocidos como falsos positivos, de la jurisdicción ordinaria a la militar, a pesar de que el Gobierno había asegurado que ello no ocurriría 533.

La ONU lamentó que se siguieran concediendo privilegios ilegales, a miembros de las fuerzas militares detenidos o encarcelados en instalaciones castrenses, dos años después de las recomendaciones formuladas en un informe sobre este problema en Tolemaida 534.

Las Víctimas Presentan sus Condiciones

Cabe destacar, que existen seis mil casos documentados de víctimas. La ley de Víctimas 1448/2011, tiene las siguientes características:

1) No reconoce responsabilidad del Estado;

2) Se es víctima a partir de 1985;

3) No reconoce como víctimas a guerrilleros fuera de combate;

4) Sólo se es víctima en el marco del conflicto armado, no de violaciones a los Derechos Humanos fuera del conflicto;

5) El caso de la Unión Patriótica, no es un caso de conflicto armado, sino de genocidio político 535;

6) En el año 2000 el Código Penal colombiano reconoció el genocidio político;

7) En La Habana, las partes negociadoras, reconocieron que hay víctimas y también que ambas partes tienen responsabilidad;

8) Sobre las víctimas se habla de verdad, pero no de justicia; ésta queda subordinada a la Justica Transicional.

Transcurridos treinta y cuatro meses desde que se formuló la ley 1448/2011, conocida como Ley de Reparación y Restitución de las Víctimas, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, que entró en vigencia el 1º de enero del 2012, año en el que se iniciaron las Conversaciones de Paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno; las víctimas del conflicto armado interno, han sembrado muchas esperanzas y expectativas, en especial en el proceso de reparación y restitución de tierras y la construcción de la Paz.

Los sueños, ilusiones y esperanzas se han ido desvaneciendo, porque al mismo tiempo que se promulga la Ley y arranca el proceso de Diálogo con las FARC, el Gobierno de Juan Manuel Santos, de manera silenciosa, fue desarrollando con su mayoría parlamentaria en el Congreso de la República, una Agenda legislativa contraria a los intereses populares y, en todo caso, al servicio de mezquinos, “vendepatria” y de intereses económicos no propiamente nacionales. A esto debe agregarse la firma del Tratado del Libre Comercio (TLC) con Israel.

La agenda legislativa, colmada de normas orientadas a restringir el marco de los derechos para perpetuar la impunidad, favorecer la inversión extranjera y aumentar los impactos de la crisis económica a los sectores menos favorecidos, ha ido agotando las ilusiones y esperanzas de las víctimas, hechos que demuestran que la restitución de tierras despojadas y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado son todavía tareas muy lejanas.

Ha aumentado en el país la dinámica de movilización social y popular, la mayoría de las cuales se caracterizan por la búsqueda de la justicia, el reclamo y exigencia de sus derechos. En las movilizaciones y luchas participan diversas comunidades, en especial las vinculadas a la producción agrícola, que luchan buscando que se mejoren las condiciones de la producción agropecuaria afectada por la firma de TLC’s, la escasa inversión de recursos, la falta de vías de transporte, la falta de salud, educación, servicios públicos y políticas que promuevan el desarrollo campesino y rural, con los cuales ha resultado gravemente afectado el campo colombiano.

A estas movilizaciones se han sumado diversas comunidades y sectores sociales, que reaccionaron para enfrentar una aguda crisis social y económica, ante lo cual el Gobierno ha demostrado su verdadero talante represivo y su decisión de criminalizar, estigmatizar y reprimir violentamente las luchas de los campesinos, víctimas y sectores pobres, dando rienda suelta a la desbordada actitud de la fuerza pública, lo que se tradujo en el asesinato de más de diez manifestantes, decenas de heridos, y muchos manifestantes judicializados en una clara aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana como principal instrumento institucional para cerrar el paso al ejercicio del libre derecho a la protesta social.

Durante este mismo período es preocupante para las organizaciones de víctimas y defensoras de Derechos Humanos, cómo la grave crisis humanitaria que ha vivido el país durante las últimas décadas, no tiende a mejorar, sino por el contrario se agudiza e incrementa. Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, los asesinatos a sindicalistas y amenazas a defensores de Derechos Humanos han aumentado: de acuerdo a los informes de organizaciones como el Programa Somos Defensores, las cifras indican que tan solo en el primer semestre del 2013 fueron asesinados treinta y siete defensores de los Derechos Humanos. Asimismo, las ejecuciones extrajudiciales en el 2014 se han incrementado en la región del Magdalena Medio. También es grave la situación de las organizaciones, comunidades y líderes vinculados a procesos de restitución de tierras durante el período de Gobierno de Juan Manuel Santos.

En este período han sido asesinados treinta y dos reclamantes de tierras, y han surgido por doquier ejércitos “antirrestitución”, demostrando que la ley 1448/2011 no se aplica para favorecer los derechos de los víctimas y sigue “invisibilizando” la injusticia y el drama de las víctimas. El Estado no cumple con su obligación de respeto, garantía de los derechos ni con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos. En Colombia y el Magdalena Medio sigue en aumento la impunidad. Esta situación se da en medio de una política de “invisibilización” de la problemática, de lento avance en las investigaciones.

Pese a la Ley de Víctimas 1448/2011, todavía no es realidad la reparación ni la restitución de tierras. De acuerdo con el informe presentado por los órganos de control ante el Congreso de la República, en su segundo informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas, ésta ha avanzado muy lentamente, y en numerosos casos, muchos de los programas determinantes tanto para la atención, reparación y restitución se encuentran aún en fase de prueba o diseño. Una percepción igual tienen muchas organizaciones de víctimas y, en general, las víctimas que buscan orientación y atención en los centros establecidos, no la encuentran de manera efectiva, por el contrario, en muchos casos, lo que se obtiene es desorientación, la Ley “… Conserva el enfoque asistencialista y la reparación todavía está lejos de ser una realidad para la mayor parte de las víctimas”.

Aunque se reconoce que la Ley significa un avance importante en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, después de su aprobación y sanción presidencial, hay que decir que el Gobierno elaboró algunos decretos reglamentarios y nombró una gigantesca planta de personal, no necesariamente el más idóneo para la atención adecuada a las víctimas. Esta situación preocupa a las organizaciones de población desplazada y de víctimas en general. Han sido muchos anuncios y pocas transformaciones reales en la política de atención, restablecimiento y reparación a las víctimas del conflicto armado.

Según información del Gobierno de Santos, hasta abril del 2014 hay:

Trescientos diecisiete mil víctimas reparadas a un costo cercano a los dos billones de pesos” 536 (…) Esto significa que se cumplirá la meta impuesta para cuatro años de trecientos ochenta y cinco mil víctimas reparadas. “Más de dos millones doscientas mil víctimas hoy están afiliadas al sistema de salud. Un millón de víctimas tiene acceso a la educación”.

Esto significa que el Gobierno sigue confundiendo asistencialismo con reparación.

Barrancabermeja, según las proyecciones del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), para el 2014, tiene ciento noventa y un mil setecientos sesenta y cuatro habitantes, y el noventa y cinco porciento de población es víctima directa e indirecta. En la planificación del presupuesto del municipio, la población víctima no es atendida de manera prioritaria como lo establece la Ley. Con preocupación se ve la disminución de recursos y las posibilidades de la reparación integral y que se garantice por parte del Estado la reparación integral de las víctimas, en la que está incluida la no repetición.

Asuntos preocupantes para las víctimas del conflicto armado en la aplicación de la Ley 1448/2011:

1) No contar con el registro único de Víctimas. La ley había fijado como plazo para hacerlo el 10 de junio del 2012. A esto se agrega que hay restricción por parte de la institucionalidad para la participación efectiva de las víctimas en algunos municipios del Magdalena Medio, manipulan e imponen propuestas a las víctimas por parte de la institucionalidad del Estado; en las mesas de participación no hay garantías efectivas para la participación. Se les ha negado el derecho al registro a muchas víctimas del conflicto social y armado.

2) La reparación como tal es un engaño a las víctimas, por cuanto no se implementa en proporción al daño causado. Las víctimas para acceder a sus derechos son sometidas a competir entre ellas y a largas filas, cuando por el hecho de ser víctimas de la violencia producida por el Estado, debería recibir una atención y protección especial.

3) La exclusión de la inscripción al Registro Unico de Víctimas, por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado, lleva a la doble “revictimización” de la población víctima. La negación de la inscripción es frecuente y con argumentos que no corresponden a la realidad del conflicto armado colombiano.

4) La negación de la calidad de víctimas por parte de los peritos evaluadores pertenecientes al Estado, no tiene fundamentos, porque la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el asesinato, son violaciones a los Derechos Humanos, suficientes para demostrar que se es víctima del conflicto armado.

5) La Ley 1448/2011 en su mandato afirma que, la participación de las víctimas es sin intermediarios. Sin embargo, las víctimas no tenemos participación directa. La ley sólo ha servido para la creación e implementación de diversos operadores y organizaciones paralelas, para impedir y manipular la verdadera participación de las organizaciones y las víctimas, negando el acceso a los derechos e impidiendo que los recursos asignados lleguen directamente al resarcimiento de los derechos. Los recursos son escasos y se quedan en grandes proporciones entre los operadores. Las instancias de participación establecidas, son constituidas, en su mayoría, por funcionarios del Estado, sin equidad en el número de participación de víctimas. Los Comités de Justicia Transicional, lo integran catorce miembros decisorios y sólo dos son en representación de las víctimas.

6) Las víctimas se han convertido en “mercancías” de los funcionarios públicos nacionales, departamentales -provinciales- y municipales, haciendo a un lado a las verdaderas víctimas, convertidas en mendigos, sin respeto ni cumplimiento de las garantías y el goce efectivo de sus derechos.

7) La Ley 1448/2011 establece, en su marco normativo, el protocolo de atención integral en salud, a las víctimas con enfoque diferencial y psicosocial, que no se cumple en ninguna de las instancias encargadas de la atención y prevención de la salud, negando su acceso al derecho a la salud y a las oportunidades de calidad de vida.

8) La implementación de la Ley 1448/2011, ha apuntado a la desarticulación y exterminio de los procesos organizativos de las verdaderas víctimas, poniéndolas a competir para la participación en las mesas de Justicia Transicional para ser escuchadas o incidir en las políticas públicas sobre víctimas.

9) La Ley 1448/2011 es excluyente; vulnera los derechos de las víctimas y ofende la dignidad y moral de las verdaderas comunidades victimizadas, por lo que se exige su derogación y tomar en cuenta las propuestas formuladas por la población victimizada y sus procesos organizativos.

10) En los planes de desarrollo municipal, se contemplan presupuestos para la vivienda a población víctima. Sin embargo, los procesos organizativos y las víctimas no tienen decisión sobre los criterios de priorización, selección y asignación de los recursos y los planes de vivienda establecidos, negando también el derecho a la vivienda digna.

11) Muchas de las víctimas tienen una “carta cheque” pero no existe realmente la vivienda, aunque el Gobierno las registra como víctimas que están gozando del derecho a la vivienda, aumentando las cifras de personas con restitución de derechos, lo que en la práctica es falso. Se trata de un maquillaje a las cifras para quedar bien sin garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda 537.

Condiciones:

Las víctimas de la violencia presentan su pliego de peticiones, que deben ser estudiadas y atendidas por el Estado colombiano, en el entendimiento de que se trata del sector de la población que ha puesto la mayor cuota de sacrificio en el conflicto, por ende tiene más legitimidad que cualquier otro sector social para participar activamente en la definición de la política pública del país.

Durante décadas de guerra han sido múltiples los hechos atroces que han tenido que soportar. No hay Derecho Humano, de primera a cuarta generación, que no se les haya vulnerado, ni infracción al Derecho Internacional Humanitario a la que no las hayan sometido.

Las víctimas, ya no debatirán reformas a la ley de turno, ni permitirán que las sigan conduciendo hacia la mendicidad. No se discutirá sobre ayudas humanitarias o irrisorias indemnizaciones, ni le seguirán poniendo precio al dolor.

En este pliego, fruto de un largo proceso de discusión y construcción colectiva con víctimas de diferentes partes del país, las víctimas colocan sobre la Mesa sus necesidades reales, no para negociarlas, sino para que se satisfagan.

Garantía de Verdad

Es necesario sacar a la luz pública la verdad de las víctimas, para ello se considera indispensable conformar una Comisión de la Verdad, cuyos integrantes sean definidos de forma autónoma, directamente por las organizaciones que las agremian y financiada por el Estado, que indique no solo quiénes ejecutaron los hechos de violencia de los que fueron objeto, sino que determine quiénes los planearon y financiaron; quiénes colaboraron directa e indirectamente; quiénes silenciaron u ocultaron la verdad y sobre todo, quiénes se beneficiaron directa o indirectamente de los hechos victimizantes.

Esta Comisión debe estar conformada mínimamente por expertos internacionales en investigación, académicos reconocidos, experiencias internacionales en el tema de la reconstrucción de la verdad, organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos y garantes internacionales de los organismos multilaterales.

Todo lo referente a la Comisión de la Verdad, se definirá en un proceso de construcción colectiva de las víctimas desde las regiones. Este proceso debe iniciarse una vez se firme el Acuerdo entre el Gobierno nacional y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA).

La conformación de la Comisión de la Verdad bajo estas condiciones, será el punto de partida para la negociación del Estado con las víctimas.

Debe crearse, igualmente, una Comisión dedicada exclusivamente a la búsqueda de las personas desaparecidas.

Deben establecerse protocolos de resguardo de la información, que eviten la desaparición, destrucción, modificación u ocultamiento de los expedientes, archivos y datos, que puedan ayudar a encontrar la verdad que buscan las víctimas y a la reconstrucción de la memoria histórica, que estén almacenados en cualquier medio, que hayan sido recopilados por los entes investigativos del Estado, entidades gubernamentales, organismos multilaterales, equipos periodísticos, organizaciones no gubernamentales o por cualquier otra persona natural o jurídica.

Exigen acceso real a los medios masivos de comunicación de forma autónoma, sin más restricciones que las establecidas en la Constitución y la Ley, para buscar información y difundir la verdad de las víctimas. Esto implica contar con espacios en los canales privados de televisión así como en las emisoras, canales regionales y canales de las compañías de televisión por suscripción, así como en las emisoras tanto públicas como privadas, en espacios “AAA”, y columnas en los periódicos y revistas de amplia difusión, en los que se pueda contar la verdad de forma autónoma, sin que se imponga ninguna línea editorial.

Las víctimas requieren un equipo especial de investigación sobre las condiciones de vida de los desplazados, que evalúe el impacto real que han tenido las políticas de Estado, para superar el desplazamiento forzado y que determine la verdadera historia y estado efectivo de la propiedad de la tierra en Colombia.

Garantía de Justicia

Deben ser sancionados quienes planearon, ordenaron, financiaron, se beneficiaron directa o indirectamente de los hechos que causaron la victimización. Esta sanción no solo debe ser con la imposición de una pena, también deben ser impuestas sanciones de tipo moral y financiero, prohibiendo a las empresas vinculadas con los hechos de violencia, desarrollar negocios en el territorio nacional, a la vez que se les exija aportar económicamente para la reparación integral de las víctimas. Igualmente se debe inhabilitar, de por vida, a cualquier funcionario público que esté inmerso en estos hechos y prohibir a todo victimario radicarse en las regiones donde habitan sus víctimas.

Se requiere, con urgencia, una verdadera depuración y transformación del Estado, en especial de las fuerzas militares y de policía.

Se exige celeridad en los procesos penales y disciplinarios que estén en curso, reapertura de los que han sido cerrados y un nuevo estudio de los que han sido desestimados.

Reparación Integral

Se exige, inicialmente, que se establezca un porcentaje del PIB, para ser destinado a la reparación integral individual y colectiva de las víctimas y la implementación de las medidas de no repetición.

La reparación material tiene que garantizar a las víctimas el nivel de vida que deberían haber tenido, si no se hubieran presentado los hechos de violencia, superando el concepto de reparar solo dejando las cosas como eran antes del daño. En ese sentido se debe hacer una caracterización de cada una de las personas, familias y comunidades que han sido víctimas de la violencia para definir la reparación de cada una, de acuerdo con sus particularidades.

La reparación material debe ser sufragada por las personas jurídicas y naturales que, directa o indirectamente, se hayan beneficiado de los hechos de violencia. Igualmente es imperativo que aquellos países que han financiado la guerra -v.g.: Estados Unidos con su Plan Colombia-, mantengan el mismo monto de inversión, para reparar a las víctimas. No es admisible que la mayor parte de los recursos para la reparación integral, provengan del presupuesto nacional, pues las víctimas también pagan impuestos y de esta manera son ellas mismas quienes terminan sufragando los fondos para la reparación, autoreparándose y por esta vía siendo “revictimizadas”.

Los procesos de reparación colectiva, deben contar con la participación de las organizaciones de víctimas que históricamente las han agremiado, desde su diseño hasta su implementación y seguimiento. Ninguna medida de reparación individual o colectiva podrá ser implementada sin la aprobación de las víctimas, quienes estipularán los mecanismos para la toma de ese tipo de decisiones.

Debe garantizarse que se conozca la historia de las víctimas. No basta con publicar libros o informes que el común de los ciudadanos no leerán. Debe hacerse una importante inversión en la producción de series, miniseries, crónicas y documentales de televisión, así como la producción de corto y largometrajes, donde las víctimas cuenten su historia.

Se requiere capacitación y financiación de proyectos en comunicación alternativa y medios alternativos de comunicación, así como medidas que faciliten el acceso a estos medios, su creación, promoción y sostenibilidad.

Garantía de No Repetición

La garantía de no repetición, necesariamente implica la eliminación de las condiciones de vulnerabilidad que permitieron que se victimizara. Esto significa eliminar las condiciones que generaron la violencia. Implica una transformación estructural en la política social del Estado colombiano, y en su política económica y de desarrollo.

La única forma de garantizar la no repetición de los hechos victimizantes, es que las víctimas participen de forma determinante en la construcción de la política pública; por ello las víctimas de la violencia exigen:

1. Que se garantice su participación en todas las etapas de negociación de un Acuerdo de Paz con los grupos armados ilegales, desde los acercamientos iniciales, pasando por la definición de los temas a tratar, la metodología de discusión, la forma de refrendar los Acuerdos, el seguimiento a su implementación y verificación de su cumplimiento.

Resulta tarde esta propuesta, toda vez que, en primer lugar, el Presidente Santos, secretamente hizo acercamientos con las FARC para construir una Agenda de negociación y luego, en la Mesa de La Habana, las víctimas, han sido sólo invitadas a expresarse, pero no a hacer propuestas, menos a participar del proceso de negociación en pleno. No es que el Gobierno desconozca el sistema de “diplomacia de vías múltiples”, sino que no está interesado en utilizarlo, porque perdería el “control” del proceso y las “reglas” que impuso para que se lleve a cabo.

2. Que los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local, sean construidos con la participación activa de las víctimas, garantizando que éstos sean congruentes con las formulaciones de reparación colectiva presentadas.

3. Como medida inmediata de prevención, debe prohibirse a los victimarios, domiciliarse en los sectores donde habiten víctimas de sus actuaciones 538.

Queda claro que, independientemente de que el Gobierno considere que la guerrilla es la causa de los problemas y por lo tanto no realizará un cese bilateral del fuego, a la vez que espera que se desmovilicen, ya que no hará modificaciones al modelo económico ni en lo político; que tampoco está dispuesto a resolver los problemas del país, toda vez que no lleva a cabo negociaciones por la vía múltiple 539, haciendo partícipe al resto de los sectores de la sociedad, que son víctimas -directas o indirectas- y no subversivos, para que contribuyan a la construcción o reconstrucción del país. En primer lugar, el Presidente Santos, secretamente hizo acercamientos con las FARC para construir una Agenda de Negociación y luego, en la Mesa de La Habana, las víctimas han sido sólo invitadas a expresarse, pero no a hacer propuestas, menos a participar del proceso de negociación en pleno. En este aspecto, ha sido coherente con anteriores procesos de negociación encarados por otros Gobiernos.

Foro Internacional de Víctimas

En diecinueve ciudades de América y Europa, se escucharon a aquellas víctimas que han experimentado el desarraigo desde hace muchos años, y desean aportar con sus ricas experiencias de vida, a la Paz y la reconciliación.

El sábado 13 de septiembre del 2014, se unieron cientos de voces de exiliados y migrantes del conflicto colombiano con el lema “aportes del exilio y la migración al proceso de Negociación de La Habana para la reparación integral y el retorno digno”. Una experiencia colectiva creativa y esperanzadora desde los millones de víctimas que tuvieron que abandonar su país contra su voluntad. La riqueza de la discusión muestra ciertos ejes transversales:

1. Para el retorno, tras la firma de un Acuerdo para la terminación del conflicto, se ha de considerar un apoyo psicológico incluyente e integral a las víctimas que están en el exterior y a sus familias en Colombia.

2. El Estado colombiano, a través de la Cancillería y el cuerpo diplomático, ha de trabajar en dirección a que los Estados receptores, faciliten los procesos de reunificación familiar dado que el desplazamiento ha desmembrado los núcleos familiares.

3. Para el retorno de las víctimas que así lo contemplen, los Acuerdos generales entre las partes, han de contemplar medidas que garanticen la dignidad del trabajo de las víctimas en el exterior. La vida laboral de las víctimas en el exterior se vio truncada por la violencia, y en condiciones de desarraigo en la inmensa mayoría de los casos tuvieron que desempeñarse en otros oficios muy distintos a los que realizaban en Colombia y por lo general ajenos a sus proyectos de vida.

4. Aunque la reparación material no repondrá ni la vida de los seres queridos, ni los sufrimientos de las víctimas en el exterior, consideramos que permitirá sentar las bases para que las familias puedan retornar con unas mínimas condiciones de bienestar, por lo menos partiendo de la situación material básica antes del desplazamiento.

5. En consecuencia, con los anteriores puntos, se empieza a configurar una Red de Migrantes en los países donde se realizó el Foro, cuyo propósito central es el impulso a la Paz, la cooperación solidaria y el retorno con dignidad. La Red está inscripta en el Foro Internacional, y apunta a que éste siga funcionando como un canal para las voces de las víctimas en el exterior y escenario para la reconciliación entre los colombianos 540.

El Caso Particular de la Unión Patriótica

Miembros de la Unión Patriótica (UP), en relación con el tratamiento del tema “víctimas” en las conversaciones de La Habana, se consideran víctimas en términos del genocidio, pero no víctimas del conflicto armado, porque no han formado parte del conflicto militar. Los sobrevivientes de la Unión Patriótica rehusaron, de manera enfática, que se les considere víctimas del conflicto armado colombiano, por la razón de que jamás tomaron las armas para enfrentar el régimen. Fueron y son un movimiento político, producto de los Acuerdos de Paz firmados entre un Gobierno colombiano y las FARC 541.

Deberían entrar dentro del rango de delitos de lesa humanidad, de exterminio o genocidio 542.

El 16 de diciembre de 1993, en nombre de la Corporación Reiniciar y con el poder otorgado por Aída Abella, Presidenta nacional de la UP, fue radicada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Colombia, la petición por el genocidio contra sus miembros. Tras varias audiencias y luego de múltiples oposiciones del Estado -el Gobierno de turno- a que se aceptara el caso del genocidio de los miembros de la UP, la CIDH emitió su primer pronunciamiento, declarando admisible el caso en las condiciones presentadas, salvo la denominación de genocidio -Informe CIDH Nro. 5 del 12 de marzo de 1997- 543.

Cuando los crímenes se cometen en tiempos de Paz o durante una emergencia que no entraña hostilidades, como suele ser el caso, éstos simplemente no constituyen crímenes de guerra y sus perpetradores no deben ser tildados de combatientes, ni procesados o tratados como tales. Esos casos no deben regirse por el Derecho Internacional Humanitario sino por las normas internacionales de Derechos Humanos, la legislación nacional y, en los casos que corresponda, el Derecho Penal Internacional.

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, establecida en el Estatuto de Roma, comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Los miembros de la Unión Patriótica, celebraron su primer Congreso a finales de 1985, elaboraron sus estatutos, fueron reconocidos como fuerza política, inscribieron sus candidatos para las campañas electorales de 1986, a los Concejos municipales, Asambleas departamentales, Cámara de Representantes, Senado de la República y Presidencia. Realizaron su campaña ajustados a los requisitos de ley, sin incurrir en ninguna conducta prohibida.

Contrataron pequeños espacios radiales en emisoras locales, agenciaron sus propios recursos, pactaron alianzas de tipo electoral con sectores regionales y locales de los partidos tradicionales. De hecho, muchas de las curules obtenidas, fueron compartidas en calidad de principales o suplentes con líderes liberales o conservadores, urgidos de los votos que podría sumarles la nueva fuerza política. Pero, a posteriori, la mayoría de ellos hizo a un lado la UP en cuanto les fue posible.

El Presidente liberal elegido en esos comicios, Virgilio Barco Vargas, había prometido a la UP que nombraría en las alcaldías municipales a representantes de ese movimiento, dondequiera que hubieran obtenido la mayoría de los votos, cumpliendo en buena medida. Pero luego, los mandó a matar.

La Unión Patriótica, en las primeras elecciones que tomó parte, se convirtió en la tercera fuerza política del país, hasta que asesinaron a su primer dirigente, y luego hubo una sucesión de asesinatos. Terminaron por sacarla del espectro político.

Detrás de cada asesinato de un dirigente de la Unión Patriótica, aparecía siempre el Estado colombiano personificado en un agente de un organismo de inteligencia o una operación militar coincidente.

Los que lograban ser rescatados de los batallones o cuarteles, siempre contaban de las amenazas a las que habían sido sometidos por sus interrogadores. Jamás permitirían que el comunismo tomara el país, así tuvieran que hacer lo que fuera. Era un asunto de seguridad nacional, un tema tabú. Los principales dirigentes de ese movimiento, defendieron el carácter civil y pacífico de su proyecto político, sin lograr ser escuchados 544.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


515 Derecho o facultad del Estado para castigar. El ius puniendi sólo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena.

516 Colombia: Una vez más, FARC piden Comisión de la Verdad, en Kaosenlared.net, 20-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83800-colombia-una-vez-más-FARC-piden-comisión-de-la-verdad.html.

517 Enrique Núñez de la Comisión contra la Tortura en Chile; Nora Cortiñas de las Madres de la Plaza de Mayo -Línea Fundadora-; Rosa Anaya del Movimiento de Hijos e Hijas de El Salvador; Enrique Santiago ex-Secretario General de CEAR.

518 Este es el criterio de la “Diplomacia de Vías Múltiples”, que ni anteriores ni el actual Gobierno de Colombia, en ningún momento consideraron.

519 Aproximadamente u$s 13.685 millones. Entre 2007 y 2012 el presupuesto militar pasó de 11,7 billones de pesos (u$s 5.880 millones) a 18,4 billones (u$s 9.247 millones), aumentando un 57% en cinco años. Para el 2013 el presupuesto había roto la barrera de los 20 billones (u$s 10.051 millones).

520 Sarmiento Anzola, Libardo, Colombia: Presupuesto General de la Nación, 2017: finanzas para la guerra, en Kaosenlared.net, 29-12-2016, http://kaosenlared.net/colombia-presupuesto-general-de-la-nacion-2017-finanzas-para-la-guerra/.

521 Estatuto de Roma, Artículo 27, numeral 1: “El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de Gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena”.

522 Bandas criminales.

523 Colombia: ¡Parar la guerra! La Paz son cambios: Declaración final del Encuentro Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en Kaosenlared.net, 2-5-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/86665-colombia-¡parar-la-guerra-la-Paz-son-cambios.html.

524 Imagino que cuando dicen Estado, quieren hacer referencia a los “Gobiernos” anteriores y actual.

525 FARC: “La verdadera Paz no es la victoria, sino la justicia social y la democracia”, en Kaosenlared.net, 29-4-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/86660-colombia-FARC-”la-verdadera-Paz-no-es-la-victoria-sino-la-justicia-social-y-la-democracia”.html.

526 Centro Nacional de Memoria Histórica, Informe ¡Basta Ya!, Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Informe General Grupo de Memoria Histórica. También, Arranca el primer foro de víctimas para sumar propuestas al proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/arranca-el-primer-foro-de-victimas-sumar-propuestas-al-articulo-502467.

527 “Si no hay avance en la Comisión de la Verdad ahí paran los diálogos”: FARC EP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 1-5-2014, http://anncol.eu/index.php/noticias/noticias-2014/6784-si-no-hay-avance-en-la-comision-de-la-verdad-ahi-paran-los-dialogos-FARC.

528 Latin American Security Operation.

529 Gobierno de Andrés Pastrana Arango.

530 Gobierno de Alvaro Uribe Vélez.

531 El perdón o “Causa y Efecto” en el tema de las Víctimas. Por Allende La Paz, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 2-8-2013, https://www.anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/3471-ago-2-el-perdon-o-causa-y-efecto-en-el-tema-de-las-victimas-por-allende-la-Paz-cambio-total. También, El ‘quizás, quizás, quizás’ de las FARC: FARC y su cambio de postura frente a las víctimas, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-8-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-quizas-quizas-quizas-de-FARC-articulo-437560.

532 Piden que FARC se reúnan primero con las víctimas y no con los congresistas, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-10-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/piden-FARC-se-reunan-primero-victimas-y-no-los-congresi-articulo-451000.

533 La Comisionada de la ONU en Colombia, hizo pública en su documento, la renuncia del magistrado Henry Villarraga al Consejo Superior de la Judicatura, el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia de estos procesos, cuando se reveló que había prometido al coronel Róbinson González, procesado por un falso positivo, que su causa sería trasladada a los tribunales castrenses.

534 Herrera Durán, Natalia, Preocupaciones de la ONU: Felicitó al Gobierno por su voluntad de sacar adelante la Paz con las FARC, al tiempo que advirtió sobre las graves violaciones a los DD.HH., en Diario El Espectador, Bogotá, 26-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/preocupaciones-de-onu-articulo-483180.

535 Esto es lo que sostienen los miembros de Unión Patriótica. Ver “Reiniciar” (Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos), http://www.reiniciar.org.

536 u$s 10.050 millones.

537 Asodesamuba, Asorvimm & Credhos (Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja; Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio; Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos), Colombia: Ley de Víctimas… del dolor e impunidad a la incertidumbre, en Kaosenlared.net, 9-4-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/85081-colombia-ley-de-v%C3%ADctimas-del-dolor-e-impunidad-a-la-incertidumbre.html.

538 Asorvimm (Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio), Colombia: Pliego de peticiones de las víctimas, en Kaosenlared.net, 9-4-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/85085-colombia-pliego-de-peticiones-de-las-v%C3%ADctimas.html.

539 Ver en la parte relativa a métodos de negociación el significado y las características de la “diplomacia de vías múltiples”.

540 de Zubiría Samper, Sergio, Colombia: Foro Internacional de Víctimas, Semanario Voz, en Kaosenlared.net, 25-9-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/96624-colombia-foro-internacional-de-v%C3%ADctimas.

541 El conflicto colombiano, las víctimas y la Unión Patriótica, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 23-7-2014, http://anncol.eu/index.php/anncol-debate/7451-el-conflicto-colombiano-las-victimas-y-la-union-patriotica.

542 La ONG colombiana de Derechos Humanos, “Reiniciar”, publicó el 12 de octubre del 2005, en la Gaceta del Congreso, el texto del Proyecto de Ley 131/2005, “por medio del cual se declara el 11 de octubre como Día Nacional por la Dignidad de las víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica, y se dictan otras medidas de reparación simbólica para las víctimas y sus familiares”. Aunque esta iniciativa propuesta e impulsada por la Corporación Reiniciar -Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos- en el Congreso no logró convertirse en Ley, las víctimas han instituido esta fecha como la de la conmemoración de las víctimas del genocidio desde entonces.

543 Disponible en http//:cidh.org/casos/admisibilidades/1997/Colombia/Informe No. 7/97 (Caso No. 11.227).

544 El conflicto colombiano, las víctimas y la Unión Patriótica, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 23-7-2014, http://anncol.eu/index.php/anncol-debate/7451-el-conflicto-colombiano-las-victimas-y-la-union-patriotica.