Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XIV

Guerrilla y Lesa Humanidad

La tesis utilizada por la Fiscalía General de Colombia para señalar un camino a seguir, se relaciona con metodologías trabajadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El concepto de la Unidad de Justicia y Paz de Colombia, establece que los denominados grupos ilegales (paramilitares, FARC y ERG 433), desarrollaron “patrones de macrocriminalidad”.

El criterio es que fueron responsables, de manera directa o en cumplimiento de las políticas y directrices trazadas dentro de su organización, de manera sistemática y generalizada, de delitos como: homicidio, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito y violencia de género.

Para la Fiscalía, en estos casos se aplica “un criterio subjetivo de priorización y una doble imputación, primero hacia la organización o estructura armada ilegal y después hacia el individuo”. En otras palabras, las organizaciones guerrilleras tendrán que responder por los delitos de lesa humanidad como organización, lo que incluye a sus máximos Comandantes y a quienes negocian la Paz en La Habana.

La posición de las FARC, ha sido desconocer la legitimidad de los tribunales colombianos. Para el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, la decisión del ente acusador:

Demuestra que las FARC no pueden poner en tela de juicio la justicia colombiana y que, contrario a lo que ellas piensan, existen delitos graves por los que tendrán que responder como organización”.

El ex-Procurador Jaime Bernal Cuéllar consideró que, tratándose de una negociación en medio del conflicto armado, la justicia debía seguir aplicándose de conformidad con las normas vigentes hasta que haya Acuerdos.

Lo que demuestra la actuación de la Fiscalía es que ha cambiado la metodología, no las normas, porque se van a hacer imputaciones colectivas con base en los principios de contexto y de priorización. Si llegan a existir Acuerdos, se puede seguir priorizando y analizando en qué circunstancias se cometieron estos delitos graves. En el momento que haya Acuerdos se harán los ajustes necesarios y se tendrán las normas que permitan pasar de un Estado en guerra a uno de Paz”.

La norma establece que, sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar, en el marco de la Justicia Transicional, las graves violaciones a los Derechos Humanos, el Congreso, por iniciativa del Ejecutivo, podrá determinar mediante ley estatutaria, criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y es allí donde se podrán establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena, entre otros beneficios 434.

Aunque no está explicitado, se presume que, “todos” los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, contemplan a todas las partes, guerrillas, funcionarios de Gobierno y fuerzas militares y policiales, caso contrario, se continúa hablando de lo que “una parte” -¿la que maneja el poder considerando que es la verdad?- decidirá sobre la “otra parte” en relación con la justicia.

El Decreto 128 del 2003 o la Impunidad para la Tropa Paramilitar

La legislación adoptada -o actualizada- durante el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, para establecer la Justicia de Transición a los grupos paramilitares, generó privilegios diferenciales, en favor de ciertos grupos denominados ilegales, por sobre otros y respecto de los miembros de la fuerza pública, toda vez que para las guerrillas -FARC, ELN- se plantean pautas judiciales diferentes y los funcionarios y fuerzas militares y policiales quedan fuera -en principio- de todo proceso. No hay una “ley para todos”, contrariamente al principio básico de toda democracia.

El 23 de enero del 2003, cuatro meses antes de la firma del Acuerdo de Santa Fé de Ralito (mayo del 2003), el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez expidió el Decreto 128, por el que se reglamentó la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 del 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil. Este Decreto ha permitido que un importante número de casos de graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes queden legalmente impunes. La norma concede indultos y otros “beneficios jurídicos” 435 para miembros de “organizaciones armadas al margen de la ley” que se hayan desmovilizado.

Dos leyes colombianas excluyen expresamente las amnistías y los indultos: la Ley 589 del 7 de julio del 2000, que tipificó como delitos el genocidio, la tortura, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado de población 436 y la Ley 40 del 19 de enero de 1993, en su artículo 14, por la que se adopta el Estatuto Nacional contra el Secuestro 437. Por otra parte, la Ley 782 del 2002 excluyó expresamente del ámbito de beneficio del indulto a “quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión.” Sin embargo, si bien las personas procesadas o condenadas por estas conductas ilícitas no podrían acogerse a los beneficios jurídicos del Decreto 128 del 2003, sí lo podrían hacer aquellos paramilitares que, aunque siendo imputados, no han sido procesados o condenados.

Ley 975 del 2005 de Justicia y Paz

La Ley de Justicia y Paz substituye la pena de prisión por el beneficio de “alternatividad”, consistente en la suspensión de la ejecución de la sanción penal y remplazándola por una “pena alternativa” 438. La “pena alternativa”, independientemente de la naturaleza del delito, consiste en una pena de privación de libertad por un período de cinco a ocho años 439. Una vez cumplida la pena alternativa, el condenado queda en “libertad a prueba” por un período igual a la mitad de la pena alternativa. Durante éste período de prueba, el condenado debe presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, comprometerse a no reincidir e informar de cualquier cambio de residencia. El tiempo durante el cual el condenado ha permanecido en las zonas de concentración de paramilitares, durante el proceso de negociación y desmovilización, se computa como tiempo de ejecución de la pena alternativa 440. La pena alternativa puede ser cumplida en establecimientos carcelarios u otras instalaciones, e incluso en el exterior.

Paramilitares que habiendo participado en numerosas masacres, asesinatos y desapariciones forzadas, fueron condenados por esos crímenes a penas de privación de libertad de máximo ocho años, debiendo cumplir seis años y cuatro meses si hubiesen permanecido dieciocho meses en una zona de concentración paramilitar.

La pena alternativa prevista por esta Ley contrasta con las penas privativas de libertad previstas por la legislación penal colombiana:

Toma de rehenes, de quince a veinte años 441; prostitución forzada o esclavitud sexual, de diez a dieciocho años 442; desplazamiento forzado de población civil, de diez a veinte años 443; desaparición forzada, de veinte a treinta años 444; secuestro, de doce a veinte años 445; tortura, de ocho a quince años 446; homicidio, de trece a veinticinco años 447; y homicidio con fines terroristas, de veinticinco a cuarenta años 448.

Esta figura de la “pena alternativa” no solamente contradice el principio de la proporcionalidad de las penas sino que es contraria a la obligación internacional del Estado de sancionar las graves violaciones de Derechos Humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada 449, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra con penas apropiadas a la gravedad de los hechos. La imposición de sanciones irrisorias, en desprecio del principio de proporcionalidad de las penas, constituye una forma reconocida de impunidad bajo el Derecho Internacional 450.

Si bien la Ley de Justicia y Paz se refiere a los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, los mecanismos previstos por ella no garantizan su efectividad. En cuanto al derecho a la verdad, los breves términos para realizar las investigaciones, el sistema de “confesiones por goteo” y la ausencia de mecanismos de esclarecimiento histórico sobre el paramilitarismo, constituyen serios obstáculos para que este derecho sea efectivamente garantizado. Por otra parte, la Ley establece una “Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación” con el mandato, entre otros, de “presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales” 451. No obstante, dado su limitado mandato y las características de su composición, mal podría asimilarse ésta Comisión a una Comisión de la Verdad. Como lo ha señalado la CIDH:

Entre sus objetivos no se cuenta el esclarecimiento de la verdad histórica sobre lo sucedido durante las últimas décadas del conflicto ni sobre el fomento del paramilitarismo y el grado de involucramiento de los diversos actores en la comisión de crímenes contra la población civil, ya sea por acción, omisión colaboración o aquiescencia” 452.

El derecho a la verdad tanto de las víctimas como de la sociedad no queda efectivamente protegido y garantizado con la Ley de Justicia y Paz.

Modificó el delito de “sedición”, de tal suerte que tipifica como delito político la pertenencia o la conformación de grupos paramilitares 453. Esta disposición no es superficial y abre la puerta a la impunidad, toda vez que la Constitución Política de Colombia faculta al Congreso y al Gobierno a otorgar amnistías e indultos por delitos políticos 454.

Paramilitares y Reparación de Víctimas

Según el Coordinador de la Unidad de Justicia y Paz, Héctor Eduardo Moreno, el Talón de Aquiles de la Ley de Justicia y Paz, a la luz de la estadísticas y los hechos que maneja la Fiscalía es la Reparación a las víctimas. Los paramilitares, sólo han entregado seis mil trescientos millones de pesos 455 en efectivo y algo más de setecientos bienes para reparar a cuatrocientos sesenta mil víctimas registradas. Pese a este balance, el Coordinador Moreno afirmó que este modelo de justicia fue exitoso.

Los Jefes paramilitares, que quedaron libres en el 2014, tras cumplir los ocho años de condena alterna a través de la Ley de Justicia y Paz, no han reparado, en su gran mayoría, a las víctimas, siendo éste uno de los requisitos y compromisos legales. El caso de Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio”, que cumplió su pena el 11 de marzo del 2014, sigue detenido por muchos delitos base, como concierto para delinquir y porte ilegal de armas, siendo además coautor de varios homicidios en la zona de la Costa donde era Comandante. Ya cumplió su pena alternativa, pero aún no tiene condena. Es un absurdo, recuperar la libertad sin una sentencia.

No es un acto automático la recuperación de la libertad al término de los ocho años de pena. A partir de ese momento, cuando se concilie el tiempo de detención, hay que analizar los demás elementos dentro del proceso, por ejemplo si cumplió con los requisitos de elegibilidad y si ha tenido buen comportamiento en su centro de reclusión.

Cuando se adoptó la Ley de Justicia y Paz, nadie dimensionó la magnitud del problema, sumado a la lentitud aparente con la que se manejaron las cosas y al hecho de que resultaron más ágiles los procesos ordinarios, paradójicamente porque a partir de las confesiones que hacían los “paramilitares”, se enviaban copias a la justicia ordinaria y ahí se acogían a sentencia anticipada. En cambio Justicia y Paz obligaba a demostrar todos los hechos en conjunto. Salvatore Mancuso tiene cerca de treinta mil ilícitos.

A partir del proceso de negociación con las FARC en La Habana, se investiga el fenómeno de la “macrocriminalidad” en un contexto de conflicto, por lo que se cambió la metodología de investigación. En un principio se identificaron dieciséis “macroestructuras” paramilitares con dieciséis máximos responsables. Para evitar que ellos salieran sin condena se hizo un plan de priorización.

Si bien es cierto que no hay sentencias condenatorias totales, el proceso ha generado muchas otras en la justicia ordinaria. Se busca establecer qué sentencias se produjeron con base en las confesiones hechas en Justicia y Paz.

En el peor de los escenarios, los que se han postulado a Justicia y Paz, ya habrían cumplido la pena alternativa escogida por Colombia, de manera que se eliminaría la impunidad. Si uno tiene en consideración los procesos de Justicia Transicional que se han llevado a cabo en el mundo -Sudáfrica, Ruanda y Serbia y Montenegro-, se podría decir que el colombiano es razonable.

Ningún país ha podido obtener en materia de reparación, por casos de desaparición forzada, un registro de más de dos mil ochocientas exhumaciones y cinco mil cuatrocientos cadáveres encontrados. Se han entregado dos mil quinientos cincuenta y un restos humanos. Si uno reduce el tema al componente económico, nadie quedará satisfecho. Pero si se mira como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió y el destino de las personas asesinadas y desaparecidas, ha sido efectiva la reparación. Si se llegara a comprobar que una persona ocultó bienes o no entregó los suficientes para la reparación, podrían revocarse los beneficios y pagar una pena de treinta años.

Lo más satisfactorio tras ocho años de Justicia y Paz, ha sido la reconstrucción de la verdad. Son muchos los casos de delitos esclarecidos, como masacres, homicidios y desapariciones; mientras que lo más insatisfactorio, es que nadie siente que ha sido adecuadamente reparado 456.

¿Qué se Puede Amnistiar o Perdonar y qué No?

Para Javier Ciurlizza, Director del Programa para Latinoamérica y el Caribe de la Organización No Gubernamental, International Crisis Group:

El Gobierno no tiene espacio jurídico para perdonar los crímenes graves, ya que Colombia reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde junio de 1985 y la evolución de la jurisprudencia de este Tribunal ya ha señalado la inadmisibilidad de las leyes de amnistías para los crímenes graves de Derechos Humanos. En la revisión de la Ley de Justicia y Paz en el 2005, la Corte Constitucional sentó jurisprudencia diciendo que los crímenes contra los Derechos Humanos y el DIH no pueden ser considerados delitos políticos y, por tanto, ser amnistiados ni indultados, ya que los derechos de las víctimas están por encima de los intereses de una negociación.

Para el abogado Héctor Riveros, los elementos de Justicia Transicional son integrales y en la medida en que haya reparación, puede haber menos justicia penal y condenas con penas alternativas, que pueden representar una privación de la libertad más corta u otros tipos de ejecución de penas

La Justicia Transicional contempla, en los mismos Protocolos de Ginebra, la posibilidad de que al momento de un cese el fuego, se concedan las “amnistías más amplias posibles”, salvo para crímenes de lesa humanidad.

El límite de legitimidad lo dan los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos, que en el mundo globalizado es impensable soslayar. Pero eso no limita la creatividad para encontrar su ajuste al propósito de la Paz. Ya el Fiscal General, Eduardo Montealegre, ha señalado ese camino cuando dijo que lo que prohíbe la justicia internacional son las “autoamnistías” 457.

El informe de la CPI advierte, que estará atenta a que la normatividad que se desarrolle no pretenda “tapar u obstruir el establecimiento de responsabilidad penal de individuos por crímenes” que están dentro de la competencia de la Corte. No hay un “sin salida”, pero sí imposibilidad de ir demasiado lejos con la impunidad.

En el Protocolo II a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable a los Conflictos Armados 458, en el Título II, sobre “Trato Humano”, Artículo 6 sobre “Diligencias Penales”, establece:

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.

La Ley 40

Ley 40 del 19 de enero de 1993, en el Capítulo II sobre Asuntos Procesales, Artículo 14, dedicado a Amnistía e Indulto, establece que:

En ningún caso el autor o los copartícipes del delito de secuestro, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e indultos o sus consecuentes de cesación de procedimiento o auto inhibitorio, ni podrá considerarse el secuestro como delito conexo con el delito político, dada su condición de atroz 459.

El parágrafo 1º del Artículo 14 de la Ley 40 de 1993, en el Capítulo 3, dedicado a las “Disposiciones para Facilitar el Diálogo con los Grupos Guerrilleros, su Desmovilización y Reinserción a la Vida Civil”, confirma que el delito de secuestro no tiene el carácter de conexo con un delito político.

El parágrafo 2do dice:

Con el fin de facilitar la transición a la vida civil y política legal de los grupos guerrilleros que se encuentren en un proceso de Paz dirigido por el Gobierno, éste podrá nombrar por una sola vez, un número plural de Congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados grupos. Para los efectos previstos en el presente Artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos para ser Congresista”.

Las víctimas son parte esencial, pero en ningún proceso de Paz forman parte de la Mesa de negociaciones. Cuando llegue el momento, según lo establecido por el Gobierno, las FARC tendrán que pedir perdón y responder por sus crímenes.

De todas maneras, hay más preguntas para hacerse que respuestas para darse:

¿Corresponderá también pedir perdón y responder por sus crímenes, al Gobierno -sus funcionarios- y las fuerzas armadas y policiales, por los falsos positivos, la muerte de sindicalistas, las torturas, la muerte de civiles en bombardeos, la militarización del conflicto?

¿El Gobierno tiene derecho a plantear una amnistía, cuando también está implicado en situaciones contempladas por el DIH? Está el tema de la legitimidad electoral del Gobierno y del monopolio legítimo de la fuerza pero, ¿hasta qué punto esto se sostiene si el conflicto es la resultante de una resistencia también legítima contra la opresión?

¿Si la amnistía fuera uno de los mecanismos -considerando el pedido de perdón y la Reparación a las víctimas- para alcanzar la Paz, las fuerzas armadas y la policía también entrarían dentro de este proceso?

¿Cuál es el costo de la Paz en relación con el costo de la guerra, considerado en términos de moneda, muertes y amnistías?

El Planteo de las FARC

El vocero en la Mesa de Diálogo para la Paz Iván Márquez, afirmó que los guerrilleros no se someterán a la Justicia Transicional como mecanismo para buscar fórmulas que permitan el ingreso de las FARC a la vida democrática y al ejercicio de la política:

No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado 460 que es quien debe someterse a un Marco Jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad (…) Somos luchadores revolucionarios que hemos ejercido el derecho universal a la rebelión”.

Las FARC exigen a quienes (...) nos conminan a hacer claridades y sentar posición sobre el importante asunto de las víctimas del conflicto, a que le rindan cuentas al país por su responsabilidad inocultable en la imposición de la tragedia bélica que ha sumergido a Colombia en una profunda crisis humanitaria sólo para complacer los intereses económicos de los más ricos”. Las FARC denuncian que las autoridades colombianas niegan tener prisioneros de guerra, así como presos políticos y de conciencia, pero “suman ya alrededor de ocho mil entre hombres y mujeres”, que “sobreviven hacinados en las cárceles” en “terribles condiciones de existencia” 461.

El deseo y compromiso de las FARC, ha sido y sigue siendo el de mantener las puertas abiertas al diálogo que permita buscar los caminos del entendimiento y la culminación de la guerra, sobre las bases sólidas de la instauración de la justicia social.

Debería formalizarse el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, en un Acuerdo Especial, según el sentido que le confiere el Derecho Internacional Humanitario y que, en consecuencia deberá pasar automáticamente a formar parte del Bloque de Constitucionalidad.

Ningún obstáculo hemos colocado, en cuanto a admitir los aspectos que dentro del DIH se contemplan en beneficio y protección de la población no combatiente y las normas que, sin detrimento de nuestras precarias posibilidades de resistencia que se derivan de la asimetría del conflicto, se consignan también en función del conjunto de los combatientes.

Reconocemos la importancia de los Convenios de Ginebra de 1949, de los que son parte casi todos los Estados, lo mismo que de sus Protocolos Adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. No obstante habría que generar los escenarios para reflexionar y esclarecer sobre las circunstancias que nos obligan al uso de ciertas armas y tácticas militares, como única manera de hacer contrapeso a la desmesura con que el régimen utiliza la fuerza sobre nuestras unidades y la población inerme.

Resaltamos la existencia del artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra, que toca con los conflictos internos. En el párrafo penúltimo señala que:

Las partes contendientes se esforzarán (…), para poner en vigor por vía de Acuerdos Especiales todas o parte de las demás disposiciones del presente Convenio”.

Quiere decir esto que, mediante Acuerdos Especiales, se puede ir más allá del artículo 3º sobre la base de que sea para extender las normas humanitarias.

A este respecto dice el artículo 6º del Tratado:

“… Las altas partes contratantes podrán concertar otros Acuerdos Especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar particularmente”.

Lo que tiene mucha trascendencia si se toma en cuenta que los Acuerdos Especiales no pueden restringir pero si aumentar los derechos y condiciones que mejoren las expectativas de la sociedad civil del país en conflicto.

Como quiera que solo un Artículo, el 3º común a los cuatro tratados, contempla asuntos relativos al conflicto interno, existe el Protocolo II de 1977, que conoce de la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

Recuérdese que por mandato del Artículo 93 de la Constitución Nacional y de las decisiones de la Corte Constitucional, los Acuerdos de Ginebra forman parte del “bloque de constitucionalidad”. Significa que se agrega el articulado de dichos Acuerdos a la Constitución como si se tratara de artículos adicionales, con la misma jerarquía y valor y por ningún motivo pueden ser suspendidos, ni siquiera durante los estados de excepción.

Por otro lado, el Derecho Internacional Humanitario ha tomado como parte integral de su normativa, desde hace más de cien años, la llamada Cláusula Martens. A finales del siglo XIX, el Canciller Friederich Martens 462, delegado ruso en la primera Conferencia de Paz de 1889, en la Haya, hizo incluir como parte de los textos humanitarios con valor normativo, el principio de que, a falta de norma concreta, se procedería de la siguiente manera:

En tanto no se apruebe una codificación más completa del derecho de guerra, las Altas Partes Contratantes acuerdan declarar que en los casos no incluidos en las reglas adoptadas por ellos, la población y los combatientes estarán bajo la protección de los principios del Derecho de Gentes, tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.

En el Preámbulo del Protocolo II de 1997, que establece los motivos por los que se expide tal Protocolo, se recoge:

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.

Nadie disputa o controvierte en el presente, que los Preámbulos de todos los Acuerdos y tratados son vinculantes.

Los Acuerdos Especiales deben cumplirse en toda su extensión; de forma cabal, particularmente si favorecen a la población civil del país en conflicto. El Acuerdo Especial, denominado “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, suscripto entre el Gobierno colombiano y las FARC para dar inicio a los Diálogos de Paz, está fundado para favorecer a la población colombiana sin excepciones 463.

El Modelo de Juan Manuel Santos

Para el Gobierno, las formas, los límites y los procedimientos de la negociación, quedan dentro de los parámetros en los que no está en discusión el modelo de desarrollo, la doctrina militar, la inversión extranjera y los aspectos substantivos de la Constitución de 1991.

Ha creado un “Marco Jurídico para la Paz” en el que se contemplan una serie de condiciones para la negociación en el contexto de la Justicia Transicional, construidas dentro del encuadre de las exigencias de la justicia internacional y de los Derechos Humanos. Desde la perspectiva del Gobierno: dentro del “Marco Jurídico para la Paz” todo, fuera de él nada. Dentro de este Marco Jurídico, se está preparando también un “régimen especial” para las fuerzas armadas, que las sacaría de la posibilidad de un juicio por crímenes de lesa humanidad, toda vez que quedarían bajo el “paraguas” de que lo hecho ha sido en nombre de la defensa del Estado.

En realidad no se trata de un proceso de negociación, al menos desde la perspectiva del Gobierno de Juan Manuel Santos 464, toda vez que accede al Diálogo para la Paz, pero con estas condiciones y limitaciones -inamovibles-. Esto está lejos de la “construcción de Paz” y muy cerca de la búsqueda de una desmovilización para que todo continúe según el modelo político-económico-social y de seguridad del Gobierno.

La concepción del Presidente Santos, sobre el proceso de negociación y la Paz, se observa con claridad en sus declaraciones y respuestas a las declaraciones de la guerrilla.

Para él, las aspiraciones de una constituyente no están en la Agenda de los Diálogos de Paz:

Si quieren reformas del Estado, pues que las persigan en las plazas públicas y si ganan las elecciones que las propongan, pero por ningún motivo vamos a hacer la revolución por Decreto en la mesa de negociación. Si hay buena fe, estos señores de las FARC deben dejar de pedir lo imposible porque saben perfectamente que no se les va a conceder, ellos saben perfectamente que una Constituyente no es un punto de llegada sino un punto de partida y que eso es totalmente inaceptable”.

Respecto a la no entrega de las armas 465 por parte de las FARC:

¿Entonces para qué estamos conversando?” Ese grupo armado “se viene con un decálogo de reformas del Estado que son de fondo, que no son negociables. Serán discutibles cuando dejen las armas en los escenarios democráticos 466. Quiero dejar eso muy claro, para que el pueblo colombiano no vaya a creer que eso que están proponiendo tenga alguna posibilidad de salir adelante en la Mesa en La Habana. Está muy claro, y lo dije desde un principio, donde están nuestras líneas rojas y eso es lo que vamos a negociar. Para llegar a la Paz, para llegar a los Acuerdos, se requiere buena fe, de parte nuestra está esa buena fe” 467.

Santos Descarta Juicio contra todos los Guerrilleros de las FARC

El Presidente Juan Manuel Santos ha seguido con la perspectiva de “los buenos y los malos” y no con una visión integral de la problemática conflictiva en Colombia, sus orígenes y sus causas.

Descartó eventuales juicios contra todos los guerrilleros de las FARC, pues “tomaría cien años”, planteando que sólo se condenaría a sus principales líderes. Se debe “escoger a los más responsables; serán juzgados y condenados quienes realmente están arriba y son responsables” de crímenes.

Defendió como pilar de las negociaciones, el objetivo de establecimiento de pautas para que los guerrilleros se incorporen a la política una vez que abandonen las armas, y a la vez resolver la situación legal que excluye de la reincorporación a los acusados por crímenes de lesa humanidad, lo que requeriría una enmienda a la Constitución. La Corte Constitucional de Colombia estaba dispuesta a dar luz verde a ese camino.

El proceso de Paz es precisamente para lograr eso. En vez de que intenten llegar al poder a través de la violencia, deberían incorporarse al sistema democrático. Les permitiré convertirse en un partido político 468. Ellos están ya convencidos de que a través de la violencia nunca lograrán sus objetivos”.

Colocó “a las víctimas en el centro de la solución del conflicto”, aunque no vio con claridad dónde se encuentra la línea entre la Paz y la justicia. Desde su perspectiva, se debe buscar “tanta justicia como sea posible que nos permita alcanzar la Paz”.

Las reparaciones a las víctimas del conflicto, es uno de los grandes temas a solucionar. Según el Gobierno, ha indemnizado a unas cuatrocientas mil víctimas, sobre unas seis millones.

El conflicto armado colombiano ha involucrado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas del Estado, con un saldo, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, de doscientos veinte mil muertos y más de cinco millones de desplazados 469.

Obligaciones Internacionales de Colombia

Bajo el Derecho Internacional, el Estado colombiano tiene la obligación de prevenir las violaciones a los Derechos Humanos así como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, investigar estos delitos, procesar y sancionar a sus autores y reparar los daños causados.

El Estado se coloca así en una posición jurídica de garante de los Derechos Humanos, de la que emergen obligaciones esenciales para su protección y salvaguarda. Es sobre esta base que la jurisprudencia y la doctrina han elaborado el concepto del deber de garantía, como noción nuclear de la posición jurídica del Estado en materia de Derechos Humanos.

El deber de respeto y de garantía, tiene su asidero jurídico tanto en el Derecho Internacional consuetudinario como en el Derecho Internacional convencional y constituye una obligación internacional 470.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que los Estados parte han contraído la obligación general de proteger, de respetar y de garantizar cada uno de los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con lo que:

Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los Derechos Humanos. [... y que] el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los Derechos Humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación” 471.

La Corte Interamericana ha precisado que:

Todos los Estados parte de la Convención Americana tienen el deber de investigar las violaciones de los Derechos Humanos y sancionar a los autores y a los encubridores de dichas violaciones” 472.

Lo que debe quedar claro, es que la posición de garante, así como las obligaciones que emanan de esa condición, por parte del Estado colombiano -como de cualquier Estado-, es para todos en general y no para determinados grupos o sectores.

La Corte Penal Internacional (CPI)

La Corte Penal Internacional (CPI) ha estado monitoreando los pasos dados en los Diálogos de Paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno, porque sus resultados podrían tener implicaciones en el estudio preliminar del caso colombiano, llevado a cabo por la Fiscalía de ese organismo desde el 2005.

Daniel Ulmer y Eugenia Valenzuela, analistas de situaciones del despacho de la Fiscalía de la CPI, aclararon que:

Cualquier solución a la que se llegue (en La Habana) podría tener potenciales implicaciones en la actuación complementaria de la CPI, porque lo acordado puede afectar los procedimientos nacionales para atender crímenes en los que tiene jurisdicción la CorteCualquier propuesta de solución en los Diálogos de Paz tiene que ser compatible con el Estatuto de Roma. La CPI daría la bienvenida a un fin del conflicto armado porque significa menos crímenes y menos sufrimiento para las víctimas. En el mundo se ha aceptado como una regla de justicia internacional que las amnistías no están permitidas para genocidios, crímenes contra la humanidad y de guerra. (…) La Fiscalía de la CPI, ha tomado nota del Marco Jurídico para la Paz y el nuevo Fuero Penal Militar y estará atenta de la implementación de dichas normas. (…) Los consideramos muy importantes porque pueden tener un impacto directo al análisis que hemos venido haciendo, en el que se considera que un número de actores no estatales y estatales han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” 473.

De todas formas, los controles que pueda hacer la CPI, independientemente de la importancia de la protección a los Derechos Humanos, resultan contradictorios, al proyectar su mirada, sólo sobre países firmantes y dejar de lado la actividad de países como Estados Unidos -entre otros-, por no haber ratificado el Tratado de Roma.

Esto muestra que orden y justicia en el sistema internacional, son variable dependiente de la estructura de poder y no del marco institucional vigente, controlado por los poderosos y aplicado a los periféricos.

¿Imposible una Paz en Colombia con Perdón y Olvido?

El Presidente Santos dijo que si el país quería tener una Paz duradera y sostenible, habría que situar a las víctimas del conflicto “en el centro de la solución” y satisfacer el mínimo de sus derechos, por lo que es imposible que el proceso de Paz con las FARC esté basado en el perdón y el olvido.

El proceso se basa en la Justicia Transicional, que es el mecanismo que permite procesar a responsables de delitos durante el conflicto armado. “Es imposible hacer hoy lo que se hacía antes: perdón y olvido” porque el país es parte de la comunidad internacional que ha evolucionado y desarrollado la Corte Penal Internacional. Cualquier beneficio de la Justicia Transicional que cobije a las FARC, si se firma la Paz se extenderá a los miembros de las fuerzas armadas. “No voy a permitir que se repita [el] ejemplo de la toma del Palacio de Justicia, donde una de las personas que tomó el Palacio resultó de Alcalde y el que defendió el Palacio de Justicia resultó preso cuarenta años, eso no se va a volver a repetir”.

Se ha tomado la decisión de llevar a algunas de estas víctimas a La Habana, para que cuenten su experiencia a los negociadores de Gobierno y guerrilla:

Las llevamos para que las partes escucharan a las víctimas en sus anhelos, en sus frustraciones, en sus temores, en como las víctimas consideraban que sus derechos tenían que ser satisfechos”.

Se mantendrán las acciones contra la guerrilla porque el camino más efectivo es “el del garrote y la zanahoria”, de otro modo se puede alargar el conflicto. No negociará un cese el fuego bilateral porque experiencias de procesos anteriores, las FARC han utilizado esa circunstancia para fortalecerse militarmente 474.

Mitos y Verdades frente a la CPI ante un Acuerdo de Paz en Colombia

Hay muchas cuestiones difíciles de resolver, desde el punto de vista de la justicia, ya que hay diferentes sectores de la sociedad colombiana que consideran como válidos o prioritarios algunos que otros desestiman, clamando por justicia o por venganza. Algunos mencionan a los miembros de la guerrilla como destinatarios de la justicia de la CPI, otros piden que el Senador Alvaro Uribe Vélez comparezca ante ese Tribual, por acusaciones que van desde las llamadas “chuzadas” 475, hasta los llamados “falsos positivos” 476, y hay sectores que claman que crímenes como el de miembros de la Unión Patriótica, los asesinatos de cinco candidatos presidenciales de ese partido a la contienda electoral de 1990, los miles de muertos que causó la guerra contra el narcotráfico en los ‘80 y ‘90, las tomas de pueblos, las masacres cometidas tanto por la insurgencia como por el paramilitarismo, los secuestros, las desapariciones etc., sean juzgados por ese Tribunal.

Deben aclararse algunos aspectos de fondo o procedimentales, sobre la aplicación de la justicia de la Corte Penal Internacional.

1. Los crímenes que han prescripto en Colombia, o aquellos declarados de lesa humanidad sobre los que no se ha hecho justicia.

La Corte Penal Internacional fue creada en el año 1998 y su competencia empezó a regir después del 1º de julio del 2002. En virtud del principio universal de irretroactividad de la ley penal -salvo que favorezca al acusado-, y por disposición expresa de su Carta constituyente, únicamente conoce de los delitos que se hayan cometido desde que empezó a funcionar. En el caso colombiano, solo los tipos penales de genocidio y lesa humanidad cometidos a partir de esa fecha están bajo su jurisdicción, pues para el caso de los Crímenes de Guerra, se hizo una reserva por siete años al tratado, con lo que únicamente conoce ese Tribunal por los perpetrados en el país luego del 1º de julio del 2009, y el delito de agresión -diseñado para conflictos internacionales- empieza para todos sus miembros en el 2017, de acuerdo a lo establecido en la Conferencia de Kampala a mediados del 2010.

2. Ningún crimen cometido antes de julio del 2002 puede ser juzgado.

El Artículo 11 que trata la Competencia temporal, establece: 1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto. 2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 12.

Artículo 12 Condiciones previas para el ejercicio de la competencia: 1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el Artículo 5. 2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3: a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave; b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen. 3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.

Tratándose de delitos continuados, como la desaparición forzada, que constituye una variedad de los crímenes de lesa humanidad según el literal i del artículo 7 del Estatuto, eventualmente podría ser conocido por ese Tribunal, pues se entiende que el momento de la comisión no es solo cuando se produce el rapto, sino que se sigue cometiendo hasta tanto se sepa del paradero de la víctima.

3. El narcotráfico no es juzgado por la CPI.

El narcotráfico no está tipificado dentro de ninguno de los cuatro tipos penales que conoce la CPI: genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión, por lo que nadie puede ser juzgado por este delito ante ese tribunal, ya que no es competente en razón de la materia.

4. El terrorismo es juzgado por la CPI.

Si bien el terrorismo constituye una conducta moralmente reprochable, no existe una definición por parte del Derecho Internacional, por ello, la CPI no tiene tipificado al “terrorismo” como conducta que sea juzgada por ella. Algunas de las conductas que suelen calificarse por la opinión pública como “terroristas” están tipificadas como crímenes de lesa humanidad, por lo que es necesario analizar la particularidad de la conducta para ver si se enmarca dentro de este delito.

5. El secuestro no es juzgado por la CPI.

En estricto sentido, no hay ningún delito que se llame “secuestro” en el Estatuto de la CPI, ni ninguna conducta calificada con ese nombre que se enmarque dentro de las tres conductas punibles sobre las que la CPI tiene actualmente competencia. Sí está tipificada la conducta de “toma de rehenes” como parte de los Crímenes de Guerra, lo que se podría catalogar como una variedad de secuestro. Hay que tener en cuenta que no todo secuestro es una “toma de rehenes” y que tal conducta hay que estudiarla a la luz de la “Convención Internacional contra la Toma de Rehenes”, aprobada por la ONU en 1979 y en vigor desde 1982. En virtud del principio universal de “in dubio pro reo” 477, no se puede hacer extensiva la interpretación de lo dispuesto en el Estatuto de Roma frente a delitos que expresamente no estén allí penados.

6. Desde que se creó la CPI, no necesariamente se ha aplicado todo el peso de la ley.

Después del 2002 ha habido varios procesos de Paz: el llevado a cabo en Nepal en el 2007 entre el Gobierno y la guerrilla maoísta y en el que hubo más de ochenta mil víctimas en once años. El concluido en marzo del 2013 entre el Gobierno filipino y el Frente Moro Islámico de Liberación que costó más de ciento veinte mil muertos en cuarenta años. La guerra de Angola terminada en el 2004, donde murieron decenas de miles de personas. De esos casos, no hay un solo expediente en la CPI, ni se han cuestionado hasta el momento los Acuerdos alcanzados. Del medio centenar de conflictos que ha habido en los últimos diez años en el mundo, solo se ha pronunciado una condena, se están tramitando otros veinte casos en los que tan solo se han librado veintiséis órdenes de captura, habiendo diez detenidos, todos ellos procedentes de países pobres, ubicados en Africa.

7. Las víctimas no podrían iniciar un proceso, sea contra guerrilleros como contra militares o paramilitares ante la CPI.

La CPI solo inicia un caso por tres formas:

i) Por solicitud expresa del Consejo de Seguridad de Nacionales Unidas.

Es interesante destacar, que los miembros permanentes del CS de la ONU no son miembros firmantes de la CPI, por lo que tienen la posibilidad de demandar pero no ser demandados.

ii) Por solicitud de un Estado Parte; o

iii) el Fiscal de la CPI de oficio.

Si bien se puede poner en conocimiento del Fiscal de la CPI algún delito de competencia de la Corte, eso no significa que tenga el carácter jurídico de “denuncia”. Es potestad del Fiscal mirar si le da algún trámite o no a lo que se le ha informado.

8. Los Estados miembros no pueden ser condenados por la CPI, independientemente de que establezcan o no penas rigurosas en el marco del proceso de Paz.

La CPI, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no juzga a Estados sino a individuos. Ningún Estado u Organización puede ser juzgado por la CPI, pues la competencia solo se ejerce sobre personas naturales.

9. Si la CPI decide abrir procesos penales a pesar de haber un Acuerdo de Paz, podría se evitado.

El Estatuto de Roma estableció que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede pedir a la Corte que suspenda las investigaciones y/o el enjuiciamiento hasta por un período de doce meses, renovable de forma indefinida. Eso significa que si se cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad a lo que se acuerde, se descartaría cualquier intervención de la CPI en el país 478.

10. Si Colombia denuncia 479 el Tratado de Roma ¿en qué casos la CPI podría ejercer competencia sobre el país?

Si los delitos se cometieron durante el tiempo en el que el país formaba parte de la CPI, ésta es competente aun cuando el Estado signatario donde cometieron los hechos haya denunciado el Estatuto de Roma. Igualmente, el hecho de no ser Estado Parte, no es garantía para que la CPI no inicie investigaciones, pues a solicitud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se pueden iniciar investigaciones y posteriores juicios, incluso contra países que nunca han firmado ni ratificado el Estatuto de la CPI, como sucedió con el mandatario de Sudán Omar Al Bachir, quien tiene orden de captura desde el 2009 o como sucedió con algunos funcionarios de la Yamahiriya Arabe Libia, quienes tuvieron orden de captura en el 2011, a pesar de que ninguno de esos dos países había sido miembro de la CPI 480.

Es claro que la CPI tiene un papel limitado y a pesar del reciente protagonismo de los individuos como sujetos del Derecho Internacional, continúa siendo la soberanía estatal -soberanía jurisdiccional- una pieza clave dentro de la configuración del sistema internacional, aunque pareciera que progresivamente menos. Si bien es necesario cumplir, dentro del marco de la Justicia Transicional, con criterios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, tampoco es tan cierto el mito de que el Estado y los diferentes grupos insurgentes, estén maniatados para ponerle fin al conflicto 481.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


433 Ejército Revolucionario Guevarista.

434 FARC y Lesa Humanidad, en Diario El Espectador, Bogotá, 30-7-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/FARC-y-lesa-humanidad-articulo-437080.

435 El Artículo 13 del Decreto 128 establece, además del indulto, los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena, cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción y resolución inhibitoria.

436 Artículo 14: “Los delitos que tipifica la presente Ley no son amnistiables ni indultables”.

437 La Ley expresamente estipula: “En ningún caso el autor o los copartícipes del delito de secuestro, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e indultos o sus consecuentes de cesación de procedimiento o auto inhibitorio, ni podrá considerarse el secuestro como delito conexo con el delito político, dada su condición atroz.”

438 Art. 3 de la Ley de Justicia y Paz.

439 Art. 30 de la Ley de Justicia y Paz.

440 El artículo 32 de la Ley establece que el tiempo de permanencia computable al tiempo de ejecución de la pena alternativa no puede exceder de 18 meses.

441 Art. 148, del Código Penal. Ley 599 del 2000 por la cual se expide el Código Penal.

442 Art. 141 del Código Penal. Ley 599 del 2000.

443 Art. 159 del Código Penal. Ley 599 del 2000.

444 Art. 165 del Código Penal. Ley 599 del 2000.

445 Art. 168 del Código Penal. Ley 599 del 2000.

446 Art. 178 del Código Penal. Ley 599 del 2000.

447 Art. 103 del Código Penal. Ley 599 del 2000.

448 Art. 104 del Código Penal. Ley 599 del 2000.

449 Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Art. 4); Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Art. 4); Principios de Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (Principio 1°); y Convención Interamericana sobre desaparición Forzada de Personas.

450 Ver los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas: Comisión de Derecho Internacional, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, Suplemento N° 10 (A/51/10).

451 Art. 52 (2) de la Ley de Justicia y Paz. Esta Comisión estará integrada por el Vicepresidente de la República, el Procurador General de la Nación, el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Defensor del Pueblo, el Director de la Red de Solidaridad Social y dos representantes de organizaciones de víctimas.

452 “La CIDH se pronuncia frente a la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia”, Comunicado de prensa de la CIDH, N°26/05, 15 de julio del 2005.

453 Art. 72 de la Ley de Justicia y Paz, que modifica el artículo 468 del Código Penal.

454 Arts. 150 y 201 de la Constitución Política de Colombia.

455 El equivalente a u$s 3.316.000.

456 Laverde Palma, Juan David, Martínez Hernández, Santiago, “‘Paras’ solo han entregado $6.300 millones para reparar a sus víctimas”, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/paras-solo-han-entregado-6300-millones-reparar-sus-vict-articulo-482967.

457 Este ha sido el caso de las dictaduras militares en Sudamérica en momentos previos a su retiro del Gobierno que han usurpado por un golpe de Estado.

458 Cuya entrada en vigor fue el 7 de diciembre de 1978, de acuerdo con el Artículo 95.

459 Ese Artículo fue declarado Exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-069-94 del 23 de febrero de 1994. Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

460 Pienso que cuando dicen “Estado” quieren hacer referencia a los Gobiernos de turno.

461 FARC dicen que no son los únicos que deben rendir cuentas a las víctimas, en Diario El Espectador, Bogotá, 6-12-2012, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-391009-FARC-dicen-no-son-los-unicos-deben-rendir-cuentas-victimas.

462 También conocido como Fyodor Fyodorovich Martens, diplomático y jurista ruso, 27 de agosto de 1845-20 de junio de 1909.

463 Nota al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre DIH, en FARC.co, 09-11-2012, http://FARC.co/?p=1965.

464 Y de los Gobiernos que anteriormente encararon procesos de negociación para finalizar el conflicto.

465 “El desarme de las FARC será un largo proceso”: Andrés París en entrevista para la AFP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 26-8-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/7749-el-desarme-de-las-FARC-sera-un-largo-proceso-andres-paris-en-entrevista-para-la-afp.

466 La palabra “democracia” carece de todo sentido, al no tener una verdadera definición de cuál es su significado, en el contexto de países que carecen de República y donde las desigualdades son la resultante de la ausencia del Estado, que ha sido tomado por los grupos con más poder, en un simulacro electoral, al que le llaman “democracia”.

467 Santos a FARC: no va haber constituyente y tienen que entregar armas, en Diario El Espectador, Bogotá, 21-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-429390-santos-FARC-no-va-haber-constituyente-y-tienen-entregar-armas.

468 Habla como si fuera el “Rey” de Colombia y no un Presidente electo por la voluntad popular, ya que, al menos teóricamente, según la Constitución, el “soberano” es el pueblo.

469 Santos descarta juicio contra todos los guerrilleros de FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-8-2014, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/santos-descarta-juicio-contra-todos-los-guerrilleros-de-articulo-509225.

470 Ver el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 2.1), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 1.1), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Artículo 6), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Artículo 2 (c)), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Artículo 1) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Artículo 1).

471 Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 29 de julio de 1988, Caso Velázquez Rodríguez, Serie C: Resoluciones y Sentencias, No 4, párrs.166 y 174.

472 Ver: Sentencia de 29 de agosto del 2002, Caso del Caracazo c. Venezuela. Ver igualmente, Sentencia de 27 de febrero del 2002 de la Corte en el Caso Trujillo Oroza (Reparaciones), párr. 99.

473 Ribello, Andrés, CPI mira a La Habana y dice que recibiría bien un fin del conflicto, en Diario El Tiempo, Bogotá, 21-6-2013, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-Paz-acuerdos-del-proceso-de-Paz-deben-ser-compatibles-con-el-estatuto-de-roma_12886363-4.

474 Es imposible una Paz en Colombia con “perdón y olvido”: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/imposible-una-Paz-colombia-perdon-y-olvido-santos-articulo-530349. También, Santos dice que beneficios jurídicos de FARC serán también para militares, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/santos-dice-beneficios-juridicos-de-FARC-seran-tambien-articulo-530378.

475 Espionaje telefónico.

476 Muertos por las fuerzas armadas, bajo la excusa de que se trataba de guerrilleros, cuando eran civiles a los que ellos les pusieron uniforme de guerrilla para poder mostrar una mayor cantidad de subversivos eliminados.

477 Ante la duda a favor del inculpado.

478 Insisto en mi comentario de la nota anterior. Estados Unidos a través del CS de la ONU ha logrado que se creen tribunales especiales como el de la ex-Yugoslavia o el de Ruanda, pero en ningún caso se puede juzgar a ciudadanos o funcionarios norteamericanos en tribunales que no sean los de ese país.

479 Figura del Derecho Internacional, mediante la que, siguiendo las reglas establecidas por el tratado constitutivo del organismo, el Estado parte, deja de formar parte como miembro activo.

480 Vuelvo a insistir en mis citas anteriores. La justicia internacional, es variable dependiente de la estructura -configuración de poder vigente- del sistema; lo que permite que los más poderosos puedan eludir sanciones, a las que sí son pasibles los que carecen de poder suficiente. Basta revisar los casos en los que se ha aplicado, para ver cómo funciona.

481 En base al Estatuto de Roma y en base a información del artículo de Alvarez-Carrero, José, Fuente: Las2Orillas, Mitos y verdades frente a la CPI ante eventuales Acuerdos de Paz en Colombia, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 29-12-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-Paz-en-colombia/8963-mitos-y-verdades-frente-a-la-cpi-ante-eventuales-acuerdo-de-Paz-en-colombia.