Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XIII

Marco Teórico

B) Tratamiento del DIH en Colombia

Marco Legal para la Paz y DIH

El Marco Legal para la Paz le da poder al Legislativo de establecer, por iniciativa del Poder Ejecutivo, las condiciones jurídicas y políticas para Acuerdos con grupos armados ilegales que quieran desmovilizarse. Los mecanismos de Justicia Transicional que el Congreso considere necesarios para la Paz. Qué penas recibirán, quiénes, cómo será la reparación a las víctimas, si los desmovilizados podrán participar en política o no. Lo que quede en la reglamentación del Marco, serán las condiciones de los Acuerdos de Paz.

Para que la Justicia Transicional contemple en sus normas a las FARC o el ELN en este caso -pero cualquier grupo disidente en otros-, como grupo beligerante -un tema central para la guerrilla-, deben cumplir con las normas establecidas en el Derecho Internacional. El “secuestro de personas”, más aún de civiles queda fuera de toda consideración. Este tipo de conductas y procedimientos, son calificados como “delitos graves conforme al Derecho Internacional” y hace que los objetivos reales de la conducta insurgente, pierdan la substancia y se desdibujen totalmente. Se trata de aquellas conductas punibles definidas por la legislación nacional que han sido prohibidas en tratados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. De esta manera, la insurgencia pasa a ser considerada como delincuencia y se debilita su posición originaria que, aunque pueda ser inicialmente legítima, no puede ser contaminada con este tipo de actos. Por otra parte, al Estado nacional, le corresponde también la obligación de reconocer y garantizar sus derechos a las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos y de graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, perpetradas sea por grupos ilegales, como por servidores públicos.

Los principios y normas del Derecho Internacional en materia de Verdad, Justicia y Reparación, han sido adoptados por la comunidad internacional, con el propósito de que los pueblos puedan construir la Paz y lograr la reconciliación sobre cimientos justos, firmes y duraderos. Esos dos bienes eminentes no son fundables en el olvido de los crímenes, ni en la indulgencia hacia los criminales, ni en el menosprecio por las víctimas.

Las FARC ya habían firmado con el Gobierno colombiano de Belisario Betancur, el 28 de marzo de 1984, el “Acuerdo de la Uribe” en el que, entre otros temas, acordaron que:

Condenarán y desautorizarán ... el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.”

No obstante, no han cumplido con esto, quitándole sentido y fortaleza real a sus demandas.

En febrero del 2012, las FARC volvieron a plantear que terminarían con el secuestro, anunciando la liberación de diez militares 386 y proponiendo al Gobierno de Juan Manuel Santos, negociaciones para la Paz. Con esa finalidad, declararon 387:

Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la Ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia”.

Serios obstáculos se interponen a la concreción de una Paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente. Y la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política por parte nuestra. Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un Acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos”.

Equilibrio entre el Derecho de las Víctimas y el de la Sociedad que quiere la Paz

Uno se pregunta, si el “Marco Legal para la Paz”, está orientado en esta dirección, o el propósito -no tan oculto- es establecer un Marco Legal para la “Pax”.

Si las cosas son así, más que una Paz del equilibrio social que permitiría la búsqueda de la satisfacción de todos los miembros del sistema, se busca una Paz hegemónica, orientada a satisfacer los intereses de los sectores dominantes en desmedro del resto 388.

El 14 de junio del 2012, el Congreso colombiano, aprobó el Marco Legal para la Paz 389, en último debate en la plenaria del Senado. Según la reforma constitucional, el Presidente de la República tiene las herramientas jurídicas para futuras negociaciones de Paz con grupos armados al margen de la ley.

El autor del proyecto, Senador Roy Leonardo Barreras, dijo:

Es un instrumento que autorizará al Presidente de la República para que, si las condiciones del país mejoran, pueda plantear la posibilidad de una desmovilización masiva y total de los grupos armados ilegales para alcanzar por fin la Paz 390. No es un instrumento de impunidad, no le rebaja un día de cárcel a nadie, ni le regala beneficios a nadie… hoy desafortunadamente no hay condiciones para la Paz, hoy lo que todos los colombianos sabemos es que se necesita mano dura del Estado para combatir a los violentos391.

La nueva enmienda constitucional advierte que:

Si los violentos algún día dejan de serlo por apostarle a la democracia, encontrarán un instrumento jurídico constitucional que les permita desmovilizarse, apostarle a la democracia y a la Paz y cambiar las balas por la palabra. Si deciden seguir siendo secuestradores y terroristas pues seguimos en lo que estamos con la confrontación militar y policial”.

La reforma “no es indulto, no es amnistía y es falso que se vayan a elegir los autores de crímenes atroces (…) no es cierto que vayan a salir de la cárcel los guerrilleros autores de crímenes execrables; no se le dará curul a ‘Timochenko’. Impunidad es lo que hay hoy porque actualmente en Justicia y Paz hay en curso trescientos cuarenta mil delitos y sólo se han dado dos condenas toda vez que no hay manera de seleccionar los casos más graves”.

El Senador Juan Lozano Ramírez, Presidente del Partido de La U, incluyó que:

No podrán ser considerados conexos al delito político, los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.

El proyecto de Acto Legislativo del Marco Legal para la Paz, incluye un artículo transitorio en la Constitución Nacional que establece instrumentos jurídicos de Justicia Transicional, que tendrán carácter excepcional para facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la Paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos. Sus instrumentos, judiciales o extrajudiciales, garantizan los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos complementarios de carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

El Congreso de la República, por iniciativa del Poder Ejecutivo podrá, mediante Ley Estatutaria, determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. El Congreso podrá determinar los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena, y la posibilidad de autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de los casos no seleccionados.

La aplicación de instrumentos de Justicia Transicional a grupos armados al margen de la ley 392 que hayan participado en hostilidades se limitará a desmovilizaciones colectivas en el marco de un Acuerdo de Paz o a quienes se desmovilicen de manera individual de conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional.

En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de Justicia Transicional a quienes no sean parte en el conflicto, ni a aquellos desmovilizados que sigan delinquiendo. La subscripción de cualquier Acuerdo de Paz requerirá la liberación previa de los secuestrados en poder del grupo armado al margen de la ley 393.

De acuerdo con los relatos de los autores del proyecto, queda la sensación de que se trata de un Marco Legal para la “Pax”, toda vez que se habla, de manera insistente, de una de las partes en el conflicto, la guerrilla, y lo que debe hacer si quiere beneficiarse de ciertas gracias que se les otorgaría pero, en ningún caso, menciona el tratamiento que se daría a las acciones ilegales cometidas por miembros de la fuerza pública y del Gobierno.

Las Modificaciones

En el Marco Legal par la Paz, hacia fines del 2013, se incluyeron algunas adendas. Una de ellas, fue planteada por la Senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez 394, quien logró que se incluyera que al momento de subscribir un Acuerdo de Paz con algún grupo armado ilegal, estos se comprometían a devolver a los menores de edad que hayan vinculado de manera forzada. Otra, fue la presentada por el Senador de la U, Juan Lozano, incluida en el Artículo 3, que indica que la Constitución Política tendrá un nuevo Artículo transitorio que será el 67:

Una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”.

El Presidente del ICTJ David Tolbert reflexionó sobre el desarrollo de la “complementariedad”, un principio que rige la relación entre la Corte Penal Internacional y los Estados, esforzándose por fomentar las capacidades nacionales para juzgar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio:

En la raíz del Estatuto de Roma está la lucha contra la impunidad y el elemento principal de su estrategia, es que los Estados se hagan responsables de investigar y juzgar los crímenes condenados por dicho Estatuto”.

En un Foro realizado en la Universidad del Rosario de Bogotá, en noviembre del 2013, en el que diferentes representantes, fijaron posiciones frente al concepto de Justicia Transicional, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, manifestó que lo que se busca en el proceso de Paz con las FARC en Cuba, es la total impunidad para que los miembros no paguen ni un día de cárcel. Presentó una larga lista de citas de ONG y Organismos Internacionales, en la que se advertía que el Marco Legal para la Paz podría implicar riesgos para los derechos de las víctimas. Insistió en la necesidad de que los insurgentes paguen penas -así sean mínimas-, a la vez que los líderes de la insurgencia no podían llegar al Congreso:

Las víctimas, la sociedad y el concierto internacional están dispuestos a asumir dosis de impunidad, pero ello no es la impunidad total. Esta es un imposible jurídico, político y ético. Una reducción substancial de la pena, la sociedad está dispuesta a asumirla. Se pueden discutir los lugares de reclusión, pero lo que no se puede discutir es la impunidad total que las FARC están pretendiendo”.

Negó que en Colombia haya enemigos de la Paz:

Todos los colombianos somos amigos de la Paz, pero la sociedad no está dispuesta a la impunidad, porque produciría nuevas olas de violencia. Cuando no hay justicia corremos el riesgo de que las víctimas tomen la justicia por su propia mano. Las obligaciones internacionales no permiten la impunidad total a graves violaciones a los Derechos Humanos. He mantenido con el señor Fiscal -Eduardo Montealegre- unas amables controversias y por eso dentro del mismo respeto debo concluir que tampoco es posible, como lo pretende, desconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC”.

Para Humberto De La Calle, Jefe de la Delegación Negociadora del Gobierno:

La Justicia Transicional no trata de la imposición de condenas, sino de encontrar caminos de reconciliación real, con satisfacción de los derechos de las víctimas.

Defendió el proceso de Paz y manifestó que nunca antes se había estado tan cerca de lograr un Acuerdo de terminación del conflicto con las FARC 395:

La Justicia Transicional no tiene una fórmula única. Colombia tiene la responsabilidad de buscar una que se ajuste a los estándares internacionales, pero dándoles respuesta a las realidades particulares del largo conflicto armado que padece el país. “El objetivo es lograr al mismo tiempo la terminación del conflicto armado y la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas. No es lo uno a cambio de lo otro. Son los dos objetivos. En la Justicia Transicional, reconocer las víctimas es mucho más que contar la verdad o que dar una reparación económica. La reconciliación es el reconocimiento de las víctimas como portadoras de derechos que les habían sido negados. Se trata de poner en marcha estrategias judiciales y no judiciales que permitan que quienes estén en armas las dejen, y que quienes son víctimas puedan sanar sus heridas. La ecuación no puede ser cuánto se debe sacrificar de justicia para lograr la Paz. No es una nueva versión de justicia restaurativa. Tiene componentes de justicia retributiva y restaurativa. El concepto de impunidad va más allá de la imposición de penas, es la respuesta a las víctimas (...) la Justicia Transicional tiene fronteras mucho más amplias que la de la simetría penal. Es una búsqueda de instaurar nuevos valores en la justicia. El restablecimiento de la confianza de que estos hechos no deben repetirse, el restablecimiento de que nadie está por encima de la ley. Cumpliremos con los estándares internacionales, pero la dinámica arranca desde la iniciativa de las FARC. El balón en materia de justicia y víctimas está en el terreno de las FARC. No negamos que en el entramado de violencia las FARC no son los únicos victimarios y que el tratamiento de la verdad debe venir de todos los actores”.

El Presidente Juan Manuel Santos, dio por descartadas las amnistías o indultos y aseguró que lo que sí habrá será una Justicia Transicional que por primera vez reconoce los derechos de las víctimas. Si va a haber un Acuerdo de Paz, los soldados y policías implicados en errores también tendrán beneficios 396:

No voy a permitir, ni nadie va a permitir, que se presente esa situación que se está presentando, de unos militares acusados y condenados por cuarenta años, y la contraparte libre haciendo lo que le da la gana. Eso no va a suceder en este proceso”. Habrá “una consonancia en materia jurídica” que no va a permitirlo.

El Presidente Santos, en su discurso, utiliza el elemento ideológico como factor de decisión por sobre la justicia en términos equitativos, ya que, en vez de decir que recibirán igual castigo los miembros de las guerrillas, como los de la fuerza pública que hayan cometido “errores”, menciona que éstos se beneficiarán con las mismas gracias que se otorguen a las guerrillas.

Debe aclararse que lo que se juzga en Derecho Internacional Humanitario, no son los “errores”, sino los “delitos”. No se pueden catalogar como delitos los cometidos por la guerrilla y para el caso de los miembros de la fuerza pública, reputarlos como “errores”.

Cabe la pregunta de si en el supuesto hipotético de que el proceso de Paz, derive en cárcel para la gran mayoría de los miembros de la guerrilla, porque caen dentro de las normas del DIH:

¿Esto invalida la necesidad de que se hagan reformas profundas al Estado, para que haya justicia social?

¿La cárcel para la guerrilla, equivaldría a la extirpación del mal que genera la inequidad en el país?

¿Es esta la respuesta para los conflictos que se den, no sólo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, generados por demandas insatisfechas y carentes de interlocutores para encontrar respuestas y soluciones, dado que las instituciones han dejado de cumplir la función para la que fueron creadas?

¿La criminalización de la demanda, acaso no es una respuesta ideológica de conveniencia para quienes ostentan el poder?

Patrones Externos de Legitimidad en el Conflicto Colombiano

Puede ocurrir que la problemática económico-social no se resuelva, aunque se aplaste a la guerrilla o se la desmovilice.

El problema de los conflictos, como el de Colombia, es que se trata de una cuestión interna, pero que ha sido internacionalizada:

1) Porque intervienen actores externos, como Estados Unidos, en función de sus intereses económicos y los del sector financiero norteamericano. A su vez, porque de acuerdo con sus intereses de seguridad, particularmente a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, ha decidido no reconocer a los grupos insurgentes como parte en el conflicto, sino declararlos “terroristas” o “narco-terroristas”. La política de Estados Unidos es que con el terrorismo no se negocia.

2) Se ha mezclado el tema del narcotráfico con el de las demandas guerrilleras, siendo que el tema del narcotráfico es un problema que sólo puede ser resuelto internacionalmente, encarándolo por el lado de la “oferta”, según los criterios del Gobierno de Estados Unidos, cuando debería atenderse también el de la “demanda” 397.

La falta de atención de uno de los dos componentes impide la resolución del conflicto.

Los Gobiernos en Colombia, varían desde una posición de negociar, caso Andrés Pastrana Arango, a una de no negociar -salvo situaciones vinculadas a los secuestrados y estableciendo condiciones que entorpecen el proceso, e incluso militarizándolo, poniendo en peligro la vida de los secuestrados-, caso Alvaro Uribe Vélez; pasando por Gobiernos como los de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo, que han alcanzado Acuerdos de “desmovilización” de grupos insurgentes 398 -M-19 (Marzo 1990), PRT (Enero 1991); EPL (Febrero 1991); Quintín Lame (Mayo 1991); Comandos Ernesto Rojas (Marzo 1992); CRS (Abril 1994) y Frente Garnica (Junio 1994)-, insertándolos en la vida política y económica, pero quedando el conflicto en sí, en la misma o peor situación.

Lamentablemente, América Latina como región -que existe geográficamente, pero no como sistema político-, no tiene una posición ni una política, ni siquiera una percepción propia y menos aún única, respecto del conflicto en Colombia -o cualquiera de los conflictos vigentes y/o pasados- 399, salvo la preocupación de que rebase las fronteras y genere problemas de seguridad en otros países. Esto deja la resolución de este conflicto o cualquier otro, en manos de intereses económicos y de seguridad, externos a la región, en vez de tener políticas y metodologías propias.

Posibilidad de Modificar el Artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz

En mayo del 2014, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública para conocer las diversas posiciones sobre el Marco Jurídico para la Paz, indicando que no sería un obstáculo para la desmovilización de las guerrillas.

El Magistrado Alberto Rojas Ríos presentó una ponencia, sobre una demanda de inconstitucionalidad planteada por el ex-Viceministro de Defensa, Rafael Guarín, para que se declare inexequible el Artículo que entrega al Congreso de la Nación, la facultad de legislar sobre la participación política de quienes se desmovilicen en virtud del eventual Acuerdo de Paz, aduciendo que:

No se puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en democracia de los miembros de alguno de los grupos armados al margen de la ley que hayan formado parte en el conflicto armado interno, ni de los agentes del Estado”.

Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio no podrán participar en política, así ya hayan quedado en “Paz y a salvo” con la justicia y con las víctimas lo que -de acuerdo con la ponencia- constituye una restricción inconstitucional a la participación política de estas personas; por ello, debe declararse inconstitucional el Artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz.

En su ponencia, el Magistrado Rojas Ríos reiteró que el Congreso tendrá que “realizar leyes específicas para dichos actores, con el objetivo de brindar una garantía especial de participación en política de todos ellos”. No obstante, señaló que esto no significa que no haya que exigirles condiciones a los desmovilizados como la “dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas, la liberación de secuestrados, así como la desvinculación de menores de edad que se encontraran en poder del grupo”. Una participación sin restricciones pero con condiciones.

El Fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que no estaba “de acuerdo con que quien haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad pierda de por vida sus derechos políticos. Lo que hace esta norma que estoy solicitando su inconstitucionalidad es consagrar sanciones perpetuas”. Esto significa cercenar “la posibilidad de buscarle una salida negociada al conflicto porque impide la participación en política de los desmovilizados y profundiza la exclusión de sus miembros en la sociedad”. Lo más deseable sería que fuera el Congreso quien definiera este asunto y no el mencionado acto al excluir desde antes estos delitos de lesa humanidad. Esto no hace sino vulnerar un principio fundamental para todos: la Paz. “Todas las autoridades del Estado deben propender por el logro de la Paz de lo contrario la Paz sería un ideal inalcanzable e irrealizable (…) La participación política en nada implica impunidad”.

El Director de la ONG “DeJusticia”, Rodrigo Uprimny, indicó que de ser aceptado este artículo se promovería una democracia que “no olvida nada y no perdona nada. Conforme a esa visión, si usted alguna vez fue un guerrillero, nunca podrá ir a la vida política y nunca podrá participar en política. A esa visión de la democracia, creo que la Constitución de 1991 le opone otra concepción: una democracia que es tolerante y modesta, que sabe que comete errores, pero escucha y está dispuesta a que quienes la combatieron por las armas, si satisfacen los derechos de las víctimas y rinden cuentas, puedan reincorporarse a la vida política y defender sus ideales por medios democráticos”.

Una norma como esta impediría que en Colombia se dieran historias como la del fallecido dirigente sudafricano Nelson Mandela:

Mandela se levantó en armas e hizo actos que algunos consideraron terroristas, pero pagó su delito en la cárcel, se reincorporó a la vida democrática y permitió la admirable transición sudafricana. La visión de la democracia del demandante impide cualquier Mandela en Colombia pues lo sometería a una inhabilidad perpetua”.

Contrario a toda modificación, se manifestó el Procurador Alejandro Ordóñez, quien pidió considerar inconstitucional esta norma pero por razones diametralmente opuestas:

Permitir la participación en política automática de los autores de estos delitos equivale a violar los derechos de las víctimas. ¿No se revictimiza a la víctima cuando se le dice que su victimario ahora ocupa un cargo de poder y que puede imponerle leyes? Habilitar a miembros de las FARC sin importar la gravedad de crímenes perpetrados es validar atrocidades como medio de acción política en democracia”.

La ponencia presentada por el Magistrado Rojas Ríos, podría permitir también la participación en política de ex-paramilitares y agentes del Estado condenados por delitos de lesa humanidad. La ponencia de Rojas señala que “la Constitución tiene como fundamento el reconocimiento de interlocutores políticos validos a antiguos sectores del conflicto a efectos de restablecer y consolidar la democracia de una sociedad”. La pregunta es si esto incluye a los desmovilizados de las AUC y a militares condenados.

El Presidente Juan Manuel Santos señaló ante los miembros de las fuerza pública que:

Si llegamos a unos Acuerdos, y hay beneficios; tengan la absoluta certeza que yo no permitiré que esos beneficios no sean también para los miembros de nuestras fuerzas militares, de nuestras fuerzas armadas, que un gran sacrificio han hecho para, precisamente, lograr que hoy estemos conversando en La Habana sobre la posibilidad de Paz”.

La posibilidad de que los militares sean cobijados por la Justicia Transicional ha sido apoyada por la Asociación de Oficiales Retirados de las fuerzas militares (ACORE). En junio del 2014 el Director de esta entidad, Gral. (r) Jaime Ruiz Barrera, sostuvo que 400:

El Fiscal dice que si se lleva a cabo un proceso formal de acuerdo a la ley estatutaria que se vaya a expedir en virtud del Marco Jurídico para la Paz se pueden aplicar penas alternativas. Bienvenido, porque tenemos quince mil hombres involucrados en proceso en la justicia ordinaria por ausencia de fuero militar”.

Perspectiva de Juristas Internacionales

El jurista alemán Matthias Herdegen 401, al analizar la posibilidad de que la aplicación de las reglas de la Corte Penal Internacional, pudieran obstaculizar el proceso de Paz, destacó que el Estatuto de Roma establece una jurisdicción internacional de índole subsidiaria y residual. La CPI interviene solamente cuando no hay voluntad y capacidad de un país de investigar y sancionar violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos o del derecho humanitario como el crimen de lesa humanidad o el genocidio.

La CPI establece que un Estado no puede solicitar la investigación de una persona, sino una serie de eventos. La decisión de acusar a un individuo recae exclusivamente en un fiscal de la Corte.

Debería primar la jurisdicción nacional para el juzgamiento. En caso de que no se lleguen a Acuerdos de Paz y la justicia nacional no opere, la jurisdicción internacional tendrá primacía. Cualquier persona miembro de guerrilla, fuerza armada o de Gobierno que haya cometido delitos de lesa humanidad puede ser perseguido universalmente sin que su causa prescriba. El caso Pinochet, detenido en Londres por pedido del juez español Baltazar Garzón, el 16 de octubre de 1998, modificó el principio de “soberanía jurisdiccional” por el de “jurisdicción universal” 402.

Que el Gobierno pueda garantizar que no haya impunidad, en un conflicto que lleva más de cincuenta años, es un tema complejo. Lo importante es conciliar los imperativos del Estado de derecho y la justicia para las víctimas con la búsqueda de la Paz. Se trata de establecer un equilibrio, un balance entre diferentes metas y valores de mayor rango: poner fin a la violencia de décadas, hacer justicia y hacer respetar los derechos de las víctimas. La reforma constitucional sobre la Justicia Transicional permite construir los instrumentos necesarios, judiciales y extrajudiciales para frenar violaciones futuras a los derechos de las víctimas, para una Reparación a ellas, para establecer la Verdad y para una investigación penal. Una sanción penal, con o sin pena privativa de la libertad, sirve por lo menos, para que salga a la luz la Verdad que se debe a las víctimas. Lo que importa es que establezca un conjunto de instrumentos penales y no penales, judiciales y no judiciales, incluso Reparación, confesión, Comisiones de Verdad y que este conjunto permita impartir una justicia que, tanto las víctimas, como la población en general, perciban como justa 403.

La configuración concreta de la Justicia Transicional, queda en manos de una decisión autónoma del pueblo colombiano y de sus órganos elegidos. Esta autonomía será respetada por la comunidad internacional, tal como lo acaba de reconocer el fiscal de la CPI. De todas maneras, para el apoyo de la comunidad internacional falta una Justicia Transicional que sea visible y creíble.

La integración negociada de grupos armados a la sociedad civil y el orden democrático, siempre exige cierta elasticidad en el Marco Jurídico. Esa elasticidad es la lógica fundamental de toda Justicia Transicional, que se basa en un Acuerdo de Paz y no perdura por décadas.

Como lo clarificó la Corte Constitucional en una sentencia, no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y por otras graves violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En la práctica eso exige una priorización y concentración en la investigación penal. Además, no podrá hacerse la Paz sin entrega de armas. La Corte Constitucional fortalece la posición del Gobierno cuando define condiciones no negociables. Eso también ayuda a la contraparte en la Mesa de negociación, a despedirse de expectativas ilusorias.

Debería considerarse una ley que disponga con claridad, que todos los nuevos delitos que se cometan a partir de una fecha determinada, no gozarán de ningún beneficio obtenido mediante negociación en un Acuerdo de Paz. Nadie podría oponerse a tal acto legislativo sin comprometer su credibilidad en una sincera búsqueda de Paz.

Que las FARC insistan en refrendar los Acuerdos de Paz a través de una Asamblea Constituyente, equivale a una operación radical. Sería desmantelar el edificio constitucional vigente y lanzarse hacia uno nuevo, con un diseño todavía desconocido 404. Solamente se contempla tal paso dramático bajo condiciones muy excepcionales 405. En ese caso habría que preguntarse si es que la Constitución vigente perdió toda su legitimidad o si se ha vuelto disfuncional, o si se opone a la integración de un sector de la población al proceso democrático; o si el pueblo realmente apoya los reclamos de un grupo armado para remodelar por completo el sistema constitucional 406. Todo esto resultaría bastante caprichoso para aquellos que consideran la Carta Magna de 1991, a pesar de sus imperfecciones, como un logro histórico y un modelo para el constitucionalismo latinoamericano. Por el otro lado, el Gobierno planteó la posibilidad de un referendo en el que los colombianos decidan. En el marco de la Constitución de 1991, un referendo, como expresión directa de la voluntad del pueblo, sería el acto que otorgaría máxima legitimidad a un Acuerdo de Paz 407.

No caben dudas acerca de que hay profundas diferencias entre Asamblea Constituyente y Referéndum. La idea de una Asamblea Constituyente, no sólo es para legitimar un Acuerdo de Paz, sino, y fundamentalmente, para reformular al Estado, en términos de alcanzar el objetivo de equidad y justicia para todos. Un referéndum, es una forma de decir “sí o no” a algo ya acordado. La experiencia en Guatemala, muestra cómo se ha separado el Acuerdo de Paz de las reformas que planteaba la guerrilla, y gran parte del pueblo y la resultante fue la “pacificación” -Pax- dejando el conflicto latente.

¿Sacrificar la Justicia para Lograr la Paz?

La fallida experiencia de la Ley de Justicia y Paz, que exigía la investigación y juzgamiento de todos los crímenes confesados por los paramilitares 408, fue una de las tesis esgrimidas por el Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, para respaldar el Marco Jurídico para la Paz. Según la ponencia de Pretelt, las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por organizaciones ilegales deben ser revisadas bajo un contexto de macro-criminalidad, con máximos responsables, con el fin de impedir la impunidad.

El acto legislativo que sienta las bases jurídicas de la negociación de Paz con las FARC, no substituye a la Constitución, sino que se ajusta a sus normas, en aras de conseguir el fin del conflicto armado. De investigarse todos los delitos, tal como ocurrió con los paramilitares, serían necesarios cien años para evacuar dichos expedientes. Lo que se traduce en una impunidad generalizada. Para la aplicación del Marco Jurídico para la Paz debe haber una terminación del conflicto como condición, así como procesos transparentes de priorización de los casos que serán indagados y fijar salvaguardas para las mujeres víctimas y menores de edad.

Dos posiciones quedaron en evidencia en orillas opuestas:

1) De un lado, la que abanderó el Procurador General Alejandro Ordóñez, en el sentido de darle una prelación mayor al valor de la justicia sobre el valor de la Paz, en cuyo caso la salida sería aplicarles a las guerrillas el Marco Jurídico para la Paz.

2) Del otro, intervino el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, quien ponderó el valor de la Paz por encima del de la justicia, al punto, incluso, de hablar de amnistías 409.

Según la idea del Presidente Juan Manuel Santos, al promover el Marco Jurídico para la Paz, no se trata de sacrificar la justicia para lograr la Paz sino de cómo lograr la Paz con un máximo de justicia.

Que haya una justicia en todas sus dimensiones, que establezca responsabilidades por los crímenes más graves, permita conocer la verdad sobre lo sucedido, reparar a todas las víctimas del conflicto, y sobre todo, asegurar que no vuelva a haber víctimas 410.

En el caso de Argentina, la idea de lograr la pacificación, fue a través de la aplicación de la justicia. Durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, el Marco Jurídico para la Paz sólo comprendió a las cabezas de las fuerzas armadas. Se siguió el criterio de los Juicios de Núremberg y Tokio, donde se adoptó el método de “obediencia debida” y “punto final”. Era la práctica que se conocía. No obstante, las cosas no quedaron ahí; se siguió avanzando, particularmente a partir de la experiencia que dio el caso Pinochet 411. Más adelante, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, en el 2003, se anularon las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, retrotrayendo la situación legal a 1986, considerando asimismo a las “leyes del perdón”, establecidas durante el Gobierno de Carlos Menem, como inaplicables a los delitos de lesa humanidad y anti-constitucionales. De ahí en más, se siguió juzgando a los miembros de las fuerzas armadas, independientemente de su rango.

Si se aplica el modelo argentino, queda la pregunta de si en los juicios a las cabezas de las FARC y el ELN, también se incluirá a las cabezas de los -anteriores y actual- Gobiernos colombianos y sus fuerzas armadas y de policía.

El otro modelo, es el de Sudáfrica con Nelson Rolihlahla Mandela y el Consejo Nacional Africano (ANC). La idea fue priorizar la conciliación nacional, planteando un Gobierno multirracial, sin juicios a quienes sostuvieron y aplicaron el apartheid. La parte importante del modelo de Mandela, es que logró una “restructuración” del poder en Sudáfrica, frente a la idea que tenía Frederic De Klerk, entonces Presidente, de “reformular el apartheid”. Los planteos que hacía Mandela durante el proceso de negociación, eran, según sus dichos: no como suplicantes o peticionarios, sino como sudafricanos iguales que merecían un lugar igual 412.

Si se sigue el modelo sudafricano, cómo se establecerán los criterios de Verdad, Justicia y Reparación; y, por sobre todo, cómo se reestructurará el poder en Colombia, de manera tal de alcanzar una Paz estable y duradera y una democracia con justicia social. El problema de aplicar el modelo sudafricano, es que ahora existe la CPI, por lo que Colombia no puede priorizar la conciliación sin juicios.

No caben dudas, que todo no puede limitarse al fin de la parte militar del conflicto y la satisfacción de las víctimas de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario. Colombia debe comenzar una nueva etapa como Estado, en el que la garantía de “No Repetición”, debe estar, también, asegurada en las características del funcionamiento del sistema político, con una democracia auténtica, no sólo formal.

La Directora de la Fundación País Libre, Clara Rojas 413, quien estuvo secuestrada durante varios años por las FARC, manifestó su inclinación a una versión del modelo argentino 414, ya que se aplicaría solo a guerrillas, no a fuerzas armadas ni funcionarios. Planteó ante los magistrados de la Corte Constitucional, que el Estado tiene que investigar e individualizar a todos los responsables de los hechos en los cuales se ha atentado contra los derechos fundamentales, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. No se puede limitar el acceso de la justicia, puesto que si se priorizan las investigaciones se estaría enviando el mensaje de que existen víctimas de primera y segunda categoría, algo que no se puede permitir en el marco de cualquier proceso de Paz. El papel de la justicia tiene que ser preponderante para alcanzar la Paz. Si se aplica justicia, tendremos al final del camino un país libre de secuestro, de extorsiones, de resentimientos y en la vía de la verdadera reconciliación.

Se manifestó en desacuerdo con que solamente se investigue a los máximos comandantes guerrilleros, puesto que es una figura abstracta que se puede prestar para diferentes aplicaciones, lo que puede producir impunidad. No se les puede dar la espalda a las víctimas en el marco del proceso de Paz. ¿Por qué juzgar solamente a los máximos responsables? Si esa teoría no se expresa de manera clara, se puede entender que la justicia es para unos pocos, pero no queda en claro, qué pasará con los otros que participaron en los crímenes. Un ejemplo, es el caso de los once Diputados del Valle del Cauca, que fueron retenidos, secuestrados y asesinados por las FARC 415. ¿Quién responde por la verdad de ese hecho?: ¿El Comandante del frente; los carceleros; el que dio el disparo de gracia?

Para el Fiscal General Eduardo Montealegre, la eventual participación en política de las FARC, está definida constitucionalmente en el Marco de Justicia Transicional. Ahí se dice expresamente que cuando han cometido delitos de lesa humanidad no podrán participar en política; en todos los demás casos, así sean condenados por crímenes de guerra o por graves violaciones a los Derechos Humanos, pueden hacerlo.

Dentro del Marco de la Justicia Transicional, hay que crear mecanismos de seguridad jurídica que permitan el cierre final y precisen la situación jurídica de todos los actores del conflicto armado. Si no hay certeza de cierre de los procesos, no habrá Paz 416.

Para el ex-Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, los negociadores del Gobierno y las FARC deben buscar el equilibrio entre la verdad y la justicia criminal. La eventual firma de un Acuerdo de Paz debe ir de la mano de la justicia y cumplir los mínimos exigidos por la comunidad internacional. La justicia no puede ser un impedimento para la Paz, es un socio absolutamente esencial para ella”. El modelo de Justicia Transicional que se aplique dentro del Acuerdo de Paz, debe ser negociado entre ambas partes, pero “debe cumplir los mínimos” basados en los compromisos internacionales que ha adquirido Colombia 417, de lo contrario puede intervenir la Corte Penal Internacional.

El ex-Secretario General Annan, aclaró que el reto es encontrar el balance entre justicia y verdad. No existe una fórmula para encontrar ese equilibrio. Se debe trabajar sobre la generación de confianza entre las partes y tomar la voz de las víctimas como el centro de los Acuerdos:

La búsqueda de la verdad ayuda a entender la responsabilidad, pero la verdad no es un asunto de responsabilidad individual, se trata de responsabilidad colectiva, de las sociedades y de los Estados. La búsqueda de la verdad no puede substituir la justicia. Lo mismo pasa con la reconciliación. Es un asunto de largo alcance. La justicia no debe ser un impedimento para la Paz; es un socio esencial para ella. Hay que ser ambiciosos y sabios para encontrar el balance entre Paz y justicia. La verdad es el camino hacia esa meta.

Para Annan, algo debe quedar en claro: “La Paz no es un asunto del Gobierno solamente, es un problema de todos”; considerando que se trata de un proceso múltiple y complejo y de amplia participación 418. El Gobierno Colombiano, ha entendido desde un inicio y lo hizo también en relación con el pensamiento vertido por Kofi Annan en su visita a La Habana. Para el Jefe de negociadores por parte del Gobierno, De La Calle:

“… el mensaje central (de Annan) es que la Paz es un proyecto nacional de todos y para todos”.

No obstante, destacó lo que él consideró como las dificultades existentes para dialogar en Colombia:

En el pasado invité a los partidos políticos a conversar, tuve éxito parcial, algunos se negaron”.

En realidad, se trata de que, no sólo los diferentes partidos políticos intervengan -el comentario de De La Calle fue para el partido derechista Centro Democrático, liderado por Alvaro Uribe-, sino todos los sectores de la sociedad.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, acordó con el ex-Secretario General de la ONU en que una Comisión de la Verdad en Colombia debe ser:

Un escenario de participación donde las víctimas tengan voz y sean dignificadas; pero también un escenario donde los combatientes puedan responder a las víctimas y explicar su visión de lo ocurrido: Sin dignidad no es posible terminar un conflicto y llegar a un Acuerdo, y eso incluye la dignidad de los combatientes”.

La Paz no es posible si todas las partes no reconocen sus responsabilidades en la guerra 419.

Una Paz no Sostenible

Según el Procurador General, Alejandro Ordóñez, “si el marco para la Paz queda como está, tendríamos una Paz no sostenible”, porque garantiza altas dosis de impunidad y desconoce en gran medida los derechos de las víctimas y, por ente, los estándares internacionales.

Un Referéndum Constitucional, como el que se radicó en el Congreso por iniciativa del Presidente Juan Manuel Santos y una Asamblea Constituyente, como la que pretende la guerrilla, “podría incurrir en fraude a la ley si se desconocen los compromisos internacionales”.

Ordóñez evocó que la justicia ya había proferido numerosas decisiones contra los integrantes del Secretariado de las FARC, y ello tampoco se podía desconocer. “Es claro que para transitar de la guerra a la Paz deben existir unos instrumentos que le otorguen algún interés a quienes tienen las armas. Eso es lo que ha venido haciendo la Justicia Transicional que no genera impunidad, allí se requieren unos máximos de verdad y medios de reparación (…)”. No se trata de un dilema de quienes están contra la Paz, sino es una discusión en torno a la impunidad.

Lo que se pretende con el Marco Jurídico para la Paz es:

Caricaturizar la Justicia Transicional (…) Desde 1997 ha existido la Justicia Transicional, en la que quienes hayan sido responsables de delitos de lesa humanidad no han sido beneficiados con amnistías e indultos, sólo se han beneficiado con reducción de la pena, como en el caso de Justicia y Paz, pero sin impunidad”.

La dosis de impunidad está en el Marco cuando se dice que se escogerán sólo ciertos casos, tipos de delitos y responsables para investigar y juzgar.

Habrán responsables que quedarán beneficiados con la suspensión de la pena, no pagarían un solo día de cárcel o se renunciaría la persecución judicial, eso es inadmisible” 420.

Reiteró sus cuestionamientos a los Acuerdos a los que se ha llegado en el proceso de Paz de La Habana. Muchos sectores de la sociedad y del Estado quieren otorgarle beneficios, indultos y amnistías a los miembros de las FARC. “Aquí algunos sectores creen que la Paz se logra con concesiones que implican abiertas y claras impunidades”. Cuestionó la propuesta presentada por el Fiscal General, Eduardo Montealegre para que el Congreso de la República abra la puerta a los condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios para que puedan participar en política 421.

La Ultima Palabra es de la Sociedad Civil

Uno de los juristas redactores del Estatuto de Roma, el Profesor alemán Kai Ambos, plantea su visión sobre la Justica Transicional y el derecho penal en el proceso de Paz colombiano.

Para Kai Ambos, el Proceso de Paz debe ir más allá de lo penal, para lograr la reconciliación entre los colombianos. En el sistema penal siempre hay que seleccionar y priorizar. Lo que se hace en Colombia con la estrategia de la Fiscalía de tener el enfoque en los más responsables, seleccionar los crímenes más representativos en cuanto a los internacionales, sean de grupos paramilitares, el Estado o la guerrilla, es algo normal en el sistema penal. Tal vez es más importante en situaciones de macrocriminalidad, por el mismo hecho de que hay muchos más crímenes y eso en el caso colombiano es más obvio. Hay tantos crímenes, tantos posibles autores de crímenes, que es imposible que un sistema, aunque sea más moderno como el alemán, pueda tratar todos esos crímenes.

Se podría hablar de la obligación del Estado de investigar y perseguir crímenes internacionales en sentido estricto: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como lo han planteado la Corte Interamericana y otras Cortes en ciertos casos en América Latina. Habría que pensar si una posición muy dogmática, según la cual hay que perseguir “todos” los crímenes, es realista, atendiendo a la Justicia Transicional o la justicia postconflicto, con la situación de un país que está en un Proceso de Paz, en una negociación con un actor tan importante como las FARC. Habría que poner otros modelos, como por ejemplo justicia alternativa, comisión de verdad, etc.

En una situación como la colombiana, donde hay una democracia formal y no existe una situación de crímenes generados por una dictadura, como en el Cono Sur, que fueron los casos de la Corte Interamericana, para que las guerrillas dejen las armas y se inicie la Paz, hay que ser más flexibles y no dar demasiada prioridad a la parte penal del asunto.

La opinión de que las amnistías son incompatibles con los Derechos Humanos, depende de cada caso y del tipo de amnistía y crimen. Si se toma la Ley 975 del 2005 de Justicia y Paz, no se trata de una amnistía sino una Ley que redujo la pena. Son modelos alternativos. Se han creado muchos modelos en los últimos veinte o treinta años en procesos también fuera de América Latina. Colombia es protagonista en esos modelos, la Ley 975/2005 fue absolutamente novedosa, en el sentido de que hubo un ingrediente de justicia penal en la justicia paralela, y una sanción mínima en vez de una amnistía.

La verdadera cuestión es: ¿qué es mejor para la sociedad? Esa decisión la tiene que tomar la sociedad, no la Corte Interamericana, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea. Es una decisión de los colombianos. Es muy importante la participación de la sociedad civil en estos procesos y la transparencia del proceso. El gran problema, tal vez, en la negociación con las FARC es, si es suficientemente transparente para comunicar a la sociedad colombiana qué están negociando. Hay que ser inclusivo, llevar a la sociedad como negociador, para que sepa qué se negocia y qué debe aceptar.

Desde mi punto de vista, este es un problema generado por los diferentes Gobiernos colombianos que han entablado negociaciones, no por las guerrillas, ya que en todos los casos, han sido los Gobiernos los que han dejado de lado, en el proceso de negociación, a la sociedad civil, haciéndola partícipe indirectamente, a partir de decisiones que ya se han tomado y no como co-generadora del proceso de Paz.

El valor de la verdad en el postconflicto, es muy importante. Es algo extrapenal. Lo importante es cómo se logra. Hay diferentes modelos, puede haber una comisión de verdad en sentido estricto, con autoridades nacionales donde los posibles autores tienen que aparecer y confesar -es el caso sudafricano, que tiene muchos defectos-. Otros modelos, como la Memoria Histórica en Colombia. Si uno ve los informes que produjo Memoria Histórica, hay algo de verdad, pero tal vez se necesite de otros procesos. Cómo lograr la verdad, es algo flexible y toma tiempo. Son procesos largos.

La Reparación está desvinculada de la ejecución de una pena. Es más compleja y puede ser el reconocimiento mismo de que alguien sufrió como víctima. Poner un símbolo, un monumento, en el pueblo o en el lugar donde hubo una masacre. Tomar en serio a las víctimas. La parte penal es la que a veces es muy exagerada, ahí realmente la cuestión es si se necesita mandar a la gente a la cárcel. Como el fin es la reconciliación, hay que pensar en qué puede contribuir el derecho penal para reconciliar a los colombianos. Si las víctimas se reúnen con sus victimarios y los victimarios piden disculpas honestamente -no como tal vez en el proceso de la ley 975/2005-, y si las víctimas creen que los victimarios sienten lo que hicieron, tal vez eso sea mejor que enviarlos a la cárcel. Esa reconciliación autor-víctima puede ser mejor.

Es verdad que no se pueden dar amnistías totales. Algo tienen que pagar; la cuestión es cómo definir ese pago. Las FARC no quieren aceptar penas de cárcel. La estrategia del Ministro de Justicia concibe la pena impuesta pero no ejecutada. Hay que ofrecer algo mejor. En la Ley 975/2005 se establecieron ocho años mínimo como pena alternativa. Con las FARC, la solución podría ser imponer condenas o hacer procesos, pero nunca implementar la pena 422. Pero la cuestión aquí no es legal. Si hay un referéndum después del proceso y el pueblo en su mayoría acepta, la comunidad internacional debe aceptar. La última palabra la tiene la sociedad. La legitimidad del proceso viene por el referéndum. Los colombianos deben olvidarse de todo lo internacional: CPI, Corte Interamericana, etc., y resolver sus problemas internos, tratando de llegar a la reconciliación. Es más importantes un seminario entre víctimas y victimarios en diferentes regiones de Colombia, que lo que digan las cortes internacionales 423.

Visión de las FARC sobre el Marco Jurídico para la Paz

Para las FARC, el verdadero problema es cuál será su futuro, luego de firmado un Acuerdo de Paz: si el de cumplir condenas, siguiendo criterios jurídicos establecidos por el mismo Gobierno que buscó derrotarlas, o participar en política como forma de buscar los cambios por una vía diferente a la del conflicto.

El Marco Legal para la Paz:

Debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas. Los diálogos que se llevan a cabo en La Habana sin que la guerra haya culminado, no son de ninguna manera un proceso de sometimiento a la institucionalidad vigente, ni mucho menos un paso de la insurgencia hacia la capitulación”.

Ese tipo de herramientas de Justicia Transicional se ha usado en países, que ya superaron el conflicto o dictadura y “generalmente los ganadores le han impuesto sus normas a los perdedores”. La guerra continúa y el propio Presidente Juan Manuel Santos:

Aceptó la existencia de un conflicto interno” y reconoció que el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido durante la confrontación. “La aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser Juez. (...) ¿Cómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?” 424.

Para las FARC, esclarecer el origen del conflicto y sus causas será un pilar para llevar a buen término un Acuerdo. En La Habana, no se están negociando impunidades, ya que se trata más de un problema político que jurídico. Es importante que se establezca una Comisión, con unos doce integrantes, la mitad propuesta por el Gobierno y la otra mitad por las FARC, con la condición de que sean académicos reputados, de solvencia moral y conocedores del tema, para establecer las causas y el origen del conflicto en Colombia 425.

Encontrar un Marco Jurídico que comprenda todas las perspectivas y aspiraciones es complejo. Una cosa es la Paz desde el punto de vista de las guerrillas, otra la del Gobierno, otra es manifestada por diferentes sectores de la sociedad, que buscan una justicia, no sólo judicial, sino también respecto de las características que debe reunir el Estado y la democracia en Colombia, y otra la Paz de organismos como la Corte Penal Internacional.

En el conflicto colombiano no hay ni vencedores ni vencidos, que no pueden auto conceptuarse juez y parte. Es una quimera construir castillos con ficciones jurídicas. Es necesario recordar que la Mesa de Conversaciones está integrada por partes iguales, y en consecuencia, impulsar unilateralmente Marcos Jurídicos, es una violación al Acuerdo General de La Habana, que es el verdadero Marco Jurídico para la Paz. Hemos venido a La Habana a construir un Acuerdo de Paz y no a someternos al derecho enemigo de los que se presumen vencedores 426.

La Corte Constitucional dio vía libre al Marco Jurídico para la Paz

En agosto del 2013, por siete votos contra dos, la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 01 del 2012, conocido como Marco Jurídico para la Paz.

El alto tribunal presentó una serie de indicaciones que debe seguir el Congreso de la República cuando deba expedir las leyes estatutarias con el fin de que no haya impunidad. Se deben respetar los derechos de las víctimas a la Reparación, Verdad y garantía de No Repetición como lo establece las normas nacionales y los tratados internacionales firmados.

Para la Corte “existe un pilar fundamental de la Constitución que consiste en el compromiso del Estado social y democrático de derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas”. Existe la obligación de prevenir la vulneración de los derechos de las víctimas, con el fin de garantizar la Verdad, Justicia y Reparación. Para ello se deben llevar a cabo las investigaciones, juzgarlas y sancionar las “graves violaciones” a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

El principal punto del debate, se presentó en el marco de las obligaciones internacionales que tiene el Estado, en materia de investigación y judicialización de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los miembros de los grupos guerrilleros. Los magistrados discutieron sobre las normas establecidas en el Derecho Internacional Humanitario, sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, una de las bases de la demanda instaurada por la Comisión Colombiana de Juristas.

La expresión “máximos responsables” generó controversias, al considerar que, de aplicarse esta figura, se estaría abriendo una puerta a la impunidad, ya que se estarían vulnerando los principios de Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas.

Los parámetros de interpretación que se deben tener en cuenta para la aplicación del acto legislativo consideran:

1) El “grupo armado ilegal” deberá contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento de la Verdad, la Reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de todos los menores de edad con el fin de que procedan los criterios de selección y priorización.

Nada se dice sobre la responsabilidad y contribución del Gobierno y las fuerzas militares y policiales, respecto del esclarecimiento de la Verdad y la Reparación de víctimas.

2) Para que el Marco sea aplicable, es necesario exigir la terminación del conflicto armado respecto del grupo desmovilizado colectivamente, así como la entrega de las armas y la no comisión de nuevos delitos en los casos de desmovilización individual.

Nada se dice sobre la responsabilidad del Gobierno de no terminar el conflicto o terminarlo para seguir con el mismo modelo de Estado.

3) En el caso de la violación de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y al Estatuto de Roma, se indica que se deben investigar todos los casos en los que tengan relación los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, e imputarlas a sus “máximos responsables”.

No aclara si también entran en el caso, los miembros de las fuerzas armadas y policiales.

4) Se indica que se deben buscar las herramientas para garantizar la Verdad y revelación de todos los hechos constitutivos de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, como por ejemplo mediante mecanismos judiciales o extrajudiciales como una Comisión de la Verdad.

El articulado de la Ley Estatutaria deberá ser respetuoso de los compromisos internacionales contemplados en los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

5) El Estado debe respetar y proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas con el fin de garantizar el proceso de la selección y priorización de los casos que pasarán a manos de la Fiscalía General con el fin de investigar y judicializar a los “máximos responsables” de estos hechos.

El denominado “Estado” por la Corte Constitucional, que pareciera que es el Gobierno, y/o todos los actores que componen al país ¿se hará responsable de lo que los Gobiernos han tenido de responsabilidad en todos los hechos?

Estas investigaciones deben ser serias, imparciales y efectivas, por lo que, además se deben cumplir en un plazo razonable con el fin de que se emitan las penas alternativas. En el caso de las víctimas cuyos procesos no fueron seleccionados, podrán presentar un recurso con el fin de impugnar esta decisión para lo que, también, tendrán una asesoría especializada 427.

Contradicciones del Sistema de Justicia Transicional

¿Transición Hacia Dónde?

En la elaboración del sistema de Justicia Transicional, quién Gobierna ¿no es responsable, pero sí puede hacer responsables?

El 4 de noviembre del 2011, tras una operación militar en el Departamento del Cauca, fuerzas especiales y tropas que desembarcaron de helicópteros artillados, localizaron al Comandante de las FARC Alfonso Cano. En el momento de enfrentarse a la muerte, se hallaba en estado de indefensión. Los hechos fueron descriptos, por la prensa, primero colombiana y paralelamente, mundial.

De conformidad con el Derecho Internacional, un numeroso grupo de combatientes entrenados con rigor en las más exigentes situaciones de la guerra, vendrían a conformar una fuerza desproporcionada ante un adversario impotente. Alfonso Cano debió haber sido capturado y entregado a los jueces para ser sometido a una causa penal con arreglo a las leyes.

El Presidente Santos, tras conocerse la noticia, no sólo reconoció haber llorado de felicidad al enterarse, sino que se dedicó a publicar que la orden había sido emitida directamente por él tras haber sido consultado al respecto.

La primera obligación que adquiere un Presidente al posesionarse, es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República, de las que forman parte los tratados y convenios internacionales suscriptos por el país. La argumentación presidencial fue que, su orden de matar a Cano obedeció al hecho de que estamos en guerra.

El Artículo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, de obligatoria aceptación en los conflictos armados sin carácter internacional, dispone que quien haya dejado de participar en las hostilidades tiene derecho a que se respete su persona y a ser tratado con humanidad en toda circunstancia. Expresamente prohíbe ordenar que no haya supervivientes. El mismo Protocolo dispone la prohibición de matar por fuera del combate.

Por otro lado, el Artículo 145 del Código Penal colombiano considera como un acto de barbarie rematar heridos o enfermos. La orden de no dejar sobrevivientes es elevada a la categoría de crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, Artículo 8, numeral 2, literal I, que frecuentemente es invocado por el Gobierno colombiano como advertencia jurídica en contra de la insurgencia, en cuanto norma de obligatorio acatamiento en Colombia. El literal VI, considera un crimen, privar a un prisionero de guerra de su derecho a un juicio legítimo e imparcial.

El Presidente Santos, no tuvo en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, sólo admite la pena de muerte como consecuencia de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada, emitida por tribunal competente, de conformidad con una ley anterior que establezca tal pena y dictada con anterioridad al delito que se imputa.

La Constitución Nacional de 1991, en el Artículo 11, consagra la inviolabilidad del derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte.

El Presidente Santos, al reconocer ante la opinión pública, que dio la orden de ejecutar extrajudicialmente a un prisionero de guerra herido, desarmado y fuera de combate, con el que, además, llevaba a cabo conversaciones para iniciar un proceso de Paz; quien dirige constitucionalmente la fuerza pública y dispone de ella como Comandante Supremo, asumiendo, si lo considera conveniente, la dirección de las operaciones de guerra; está admitiendo que comete crímenes en nombre del Estado 428.

Si el objeto de las negociaciones en La Habana, en el Punto Cinco (5) del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, sobre el tema Víctimas, es establecer la Verdad, la Justicia y la Reparación, entonces debe haber un verdadero sinceramiento por parte de todos los sectores; algo poco probable.

Unión Patriótica: Víctimas de “Masacre”

El Consejo de Estado, en decisión sobre el proceso por restablecer la personería jurídica del Partido Unión Patriótica (UP), determinó que los ex-Presidentes de la República, Belisario Betancur y Andrés Pastrana, tendrán que presentar declaración dentro de la demanda planteada por miembros del partido.

En la decisión tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se señala que es menester que los ex-mandatarios den detalles de las condiciones políticas en las que se creó la colectividad, después de las negociaciones de Paz llevadas a cabo entre el Gobierno y las FARC, en 1985, año en el que Belisario Betancur era Presidente.

Se busca establecer el marco político, económico, social y cultural que existía en la época y el que conllevó a la creación del partido, conformado por guerrilleros que habían abandonado las armas y buscaban una salida política al conflicto armado.

Durante la administración de Betancur, la Unión Patriótica empezó su marcha política con el fin de conseguir partidarios y votantes en gran parte del territorio nacional para las elecciones de 1986, en la que consiguieron un número importante de votos, logrando puestos en Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas.

En el proceso, tendrá que responder Andrés Pastrana (1998-2002), ya que durante su Gobierno fueron asesinados la mayoría de los miembros de la UP en lo que se conoció como el “exterminio”. Ese año, una reforma política derivó en la desaparición del movimiento, al final del período presidencial de Pastrana, al no alcanzar un margen mínimo de votos durante las elecciones parlamentarias, el Consejo Nacional Electoral dispuso el retiro del reconocimiento político a la UP, a través de las resoluciones 5659 y 7477/2002.

En el 2012, sobrevivientes de la UP y la “Corporación Reiniciar”, demandaron la nulidad de las directivas que son materia de estudio en la Sección Quinta del Consejo de Estado 429.

¿Justicia Parcial o Integral?

El Derecho Humanitario y el Derecho Internacional Humanitario, se expiden con claridad respecto de las definiciones. Lo que no queda claro, es a quién o qué sector se aplica el derecho y a quién o qué sector no. Para el caso, hago referencia expresa a guerrillas por un lado, Gobierno, fuerzas armadas y policiales por el otro. Las partes no se ponen de acuerdo, ni resultan claras, ya que hay más de posición ideológica y de visión valorativa sobre el tema, que de objetividad jurídica y búsqueda de fórmulas razonables para lograr una Paz -no “Pax”- estable.

Para el Procurador Alejandro Ordóñez, en relación con los denominados “falsos positivos” 430, consideró que:

Las “ejecuciones extrajudiciales” deben ser consideradas crímenes de guerra y ser incluidas en una hipotética Justicia Transicional.

El Congresista Iván Cepeda consideró que:

Los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad, no de guerra. El procurador Alejandro Ordóñez debe esclarecer su postura porque, por una parte, señala que no debe haber amnistías producto de los Diálogos de Paz pero, por otro lado, al parecer, da un giro para proponer un tratamiento especial para los delitos cometidos por Agentes del Estado”.

Según Alejandro Ordóñez, las ejecuciones extrajudiciales deben ser consideradas crímenes de guerra y ser incluidas en una hipotética Justicia Transicional para uniformados:

Creo que hay motivos de sobra para incluirlos; lo advertí desde el año 2010, cuando me pronuncié frente a la intervención del Ministerio Público en esos casos, señalando que estos crímenes deben abordarse desde el Derecho Internacional Humanitario como homicidio en persona protegida, lo cual supone su reconocimiento como crímenes de guerra. Afirmar lo contrario sería violar el principio de igualdad, porque excluiría crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, estableciendo crímenes de guerra de primera y segunda categoría”.

El Fiscal General, Eduardo Montealegre, dijo que era partidario de que los militares fueran incluidos dentro de la Justicia Transicional, y se pensara en la posibilidad de penas alternativas o la suspensión de las penas para uniformados involucrados con hechos que estuvieran estrechamente ligados con el conflicto.

Si queremos construir una Paz estable y duradera, hay que incluir a todos los actores del conflicto, y desde el punto de vista del DIH los militares lo son”.

A diferencia del Fiscal Montealegre, el Procurador Ordóñez:

Equiparó la posibilidad de que los militares responsables de los “falsos positivos” de Soacha pudieran ser juzgados por delitos de guerra y no por delitos de lesa humanidad.

La pregunta es: ¿qué tienen que ver con el conflicto, los jóvenes de Soacha que fueron reclutados y posteriormente asesinados en Ocaña? Ese debe ser el centro del debate.

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, consideró que:

Nadie puede imaginarse un escenario de Paz en el país donde se ofrezcan ciertos tipos de beneficios y ventajas para los grupos criminales, y no se pueda considerar que algún tipo de beneficio pueda darse para miembros de la fuerza pública que, en el marco del conflicto, cometieron algún acto que merezca un castigo”.

De lo dicho por el Fiscal Montealegre y el Ministro de Defensa Pinzón, se desprende la posibilidad de que los uniformados sean incluidos en un marco de Justicia Transicional por graves delitos cometidos en razón del conflicto. Los “falsos positivos”, en ese caso, no son considerados como actos del servicio ni crímenes de guerra, como apunta el procurador Ordóñez.

El abogado Jorge Molano, que ha formado parte de varios procesos por “falsos positivos” como representante de las víctimas, opinó que:

Preocupa que el señor Procurador esté buscando amnistías por la puerta de atrás. Tememos que quieran que estos crímenes sean objeto de amnistías. De esta forma se estaría validando que la Justicia Penal Militar sea la que conozca de estos hechos. Es una violación de los derechos de las víctimas”.

En el criterio de Molano lo grave es el doble discurso del Procurador: por un lado asegura que el Derecho Internacional prohíbe cualquier amnistía para los miembros de las FARC, por lo que está insistiendo en que tienen que reparar a las víctimas y pagar cárcel; por el otro, pretende equiparar los crímenes de guerra con los falsos positivos cometidos por AGENTES del Estado.

La discusión no es menor si se tienen en cuenta los diálogos en La Habana entre el Gobierno y las FARC, y que algunas organizaciones de Derechos Humanos, como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), han alertado que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, aunque se han reducido, continúan. De acuerdo con esta entidad, cerca de mil setecientas cuarenta y una personas han muerto por ejecuciones extrajudiciales desde hace veintisiete años.

A inicios del 2013, la Oficina para Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, alertó en un informe que entre octubre del 2012 y enero del 2013, se recibieron varias denuncias “relacionadas con el uso excesivo o indebido de la fuerza por los militares”. Rechazó la que, en su criterio, ha sido una respuesta inadecuada por parte de las autoridades:

Considerando la magnitud de la crisis de los falsos positivos, son muy pocos los responsables que han sido retirados del servicio o procesados. Altos funcionarios vinculados a estos crímenes contra los Derechos Humanos continúan en servicio activo y siguen siendo ascendidos. La Fiscalía General ha acumulado denuncias, entre ellas las relativas a cuatro mil setecientas dieciséis víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas militares”.

De todas las investigaciones de homicidios, solo hay procesos activos conocidos en un treinta porciento de ellas. De los casos abiertos, la gran mayoría no han superado la fase preliminar de la investigación criminal: más del sesenta porciento de las causas activas -unas mil- están en la fase de indagación preliminar -que precede a la fase de investigación formal-; y para agosto del 2012 solo habían llegado a la fase de juicio oral -juzgamiento- o estaban vistas para sentencia doscientas noventa y cuatro causas. Dada la naturaleza de estos delitos cometidos por agentes estatales, a medida que pasa el tiempo es cada vez menor la capacidad de establecer la responsabilidad penal en estos casos y la impunidad se vuelve sistémica”.

La Oficina para Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

Cuestiona la reforma al Fuero Penal Militar, una ley que es transversal en este debate, debido a que en su desarrollo fue constante la discusión sobre si los falsos positivos debían o no ser incluidos en el fuero. Al respecto, la oficina criticó que esto “refleja la falta de confianza y respeto entre las distintas instituciones, lo que socava el Estado de derecho y la legitimidad del propio Estado. Uno de los argumentos esgrimidos por los sectores que promueven la reforma es la necesidad de proteger a los miembros de las fuerzas armadas frente a un procesamiento injusto. Este argumento lleva implícita la idea errónea de que los soldados y oficiales son acusados o encarcelados por matar legítimamente a combatientes o por cumplir con su deber constitucional”.

La Alta Comisionada de la ONU Navy Pillay, expresó que estaba “muy decepcionada” por la aprobación del Fuero Penal Militar porque, en su criterio, esto podía afectar las investigaciones para dar con los responsables de graves delitos cometidos por uniformados.

El Viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, informó que, a pesar de las críticas, el Gobierno no iba a retirar su respaldo al Fuero Penal Militar, que ya había sido demandado ante la Corte Constitucional en varias ocasiones.

Por su lado, la Corte Constitucional aceptó una de las demandas, presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo porque, desde su punto de vista:

El fuero es contrario a “los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de No Repetición de las personas víctimas de crímenes de Estado cometidos por miembros de la fuerza pública al no ser el Tribunal Militar el Juez natural para conocer de tales delitos”.

Para el Congresista Iván Cepeda la discusión ya fue dada:

El Derecho Internacional Humanitario ya ha dicho que los falsos positivos son delitos de lesa humanidad y no crímenes de guerra. Eso no debe cambiar” 431.

Los Errores de la Justicia Transicional

En los foros internacionales, se suelen mencionar los casos de Ruanda y Sudáfrica como ejemplos emblemáticos de Justicia Transicional. Sin embargo, sudafricanos y ruandeses critican esas experiencias.

La Justicia Transicional forma parte del cuerpo del postconflicto. Trata de conseguir el equilibrio entre la justicia y la Paz. Antes de los ‘90, las víctimas no aparecían en la ecuación del fin de las guerras como sujetos con derechos. Hoy existe todo un sistema de justicia penal internacional que se opone a la impunidad, aunque todo proceso de Paz implica una cuota de impunidad y su volumen depende de lo que la sociedad decida.

Sudáfrica

En 1948 se institucionalizó una política racial que venía de tiempo atrás. Había playas y transporte público solo para blancos. Nadie imaginaba que un régimen tan férreo podría caer algún día. Eso generó actos de violencia por parte del Congreso Nacional Africano (CNA) liderado por Nelson Mandela, contra el régimen del apartheid, caracterizado por un alto nivel de represión contra las comunidades negras. Mandela lideró un proceso de Paz que le permitió finalmente llegar al poder por la vía democrática.

Ya en el poder, había que enfrentar el problema de un pasado lleno de violaciones a los derechos humanos. Para eso se creó la Comisión de la Verdad y un sistema popular de confesión de crímenes. Ese proceso debió pagar un tributo en amnistías e indultos para ser aceptado. Cuando una de las víctimas aceptaba este sistema judicial, renunciaba al camino de la justicia penal y a pedir más reparaciones.

Miles de casos llegaron a ese mecanismo de audiencias públicas, tratando de encontrar la verdad y algún tipo de reparación. Hubo sesiones en sesenta y cinco lugares, entre 1996 y 1997, examinando los crímenes entre 1960 y 1994. La gente contó su verdad y propuso mecanismos de reparación.

Casi todas las recomendaciones sobre rehabilitación y reparación, propuestas por la Comisión de la Verdad, fueron ignoradas. De hecho, hubo en el 2005 un único pago, igual para todas las víctimas, de cinco mil dólares, como forma única y definitiva de reparación; medida criticada, porque no diferenciaba el grado de pérdida y, además, porque en las listas no estaba el cien porciento de las víctimas. El descontento de las víctimas ha sido muy alto. Hubo mucha expectativa en la reparación económica, y la verdad que emergió no convenció. La Agenda de reformas económicas y sociales nunca se dio.

Ruanda

Fruto de la invención de diferencias raciales entre comunidades -los hutus y los tutsi-, más problemas estructurales como la tenencia de la tierra, generaron la violencia genocida de los hutus que dejó en cien días en 1994, al menos ochocientos mil muertos.

Los guerrilleros del Frente Patriótico Ruandés, que expulsaron a los genocidas fuera del país, tomaron el poder y encarcelaron a más de ciento veinte mil personas acusadas de genocidio, pero la destrucción del país también involucró al sistema judicial ruandés: no había cadena de custodia posible para las pruebas, ni tribunales eficientes; con lo cual finalmente el nuevo Gobierno abrió las cárceles del país.

Debido a esto, la comunidad internacional decidió establecer un Tribunal Internacional especial, para examinar los crímenes en el marco del genocidio. Pero el Tribunal era engorroso, costoso e ineficaz: gastó dos mil millones de dólares para juzgar solo sesenta y dos casos.

En el 2000, el Gobierno decidió activar un mecanismo local, subsidiario al Tribunal Internacional, conocido como las “Gacaca”, que funcionaron entre el 2002 y el 2012 y trataron cientos de miles de casos, reuniéndose semanalmente. El problema fue que el país no tenía capacidad para responder a las necesidad de justicia y esto llevó a formar doscientos cincuenta mil jueces, con una breve capacitación de tan solo seis días. Las “Gacaca” solo costaron cuarenta millones de dólares y trataron de luchar contra el olvido y contra el revanchismo.

No obstante, la lista de errores es larga: falsos testigos, falta de debido proceso, y la priorización de la reconciliación sobre los deseos de justicia. Algunos victimarios se presentaban como víctimas de las circunstancias, y se estableció un marco de impunidad que fue llamado “muro de silencio”.

Ruanda optó finalmente por un Tribunal local que respondiera por lo que no pudo el Tribunal Internacional que, paradójicamente, trataba de responder por la casi inexistencia de un sistema nacional de justicia.

Cinco Enseñanzas que dejaron Sudáfrica y Ruanda

La tensión estuvo entre lo ideal y lo posible, en el plano institucional.

i. La acción de la comunidad internacional quedó aún más en entredicho, tanto por su pasado -apoyar por años al régimen del apartheid en Sudáfrica, así como por no evitar el genocidio en Ruanda- como en su modelo de Justicia Transicional: el Tribunal de Ruanda fue costoso y lento, con muy pobres resultados.

ii. La verdad no sólo libera, también destroza, particularmente cuando las confesiones no están acompañadas de mecanismos de reparación. Revivir el dolor sin las ayudas del caso resulta frustrante, como se vio en los dos casos.

iii. Lo jurídico no ofreció todas las respuestas. Existen elementos de convivencia y del comportamiento humano que buscan respuestas más allá de las normas.

iv. La cultura de la venganza contaminó parcialmente el proceso ruandés, porque algunas víctimas no buscaban justicia en términos legales sino castigo ejemplar, desconociendo las operaciones hacia la reconciliación. En el caso de Sudáfrica decía Desmond Tutu: “nos educamos creyendo estrictamente en la justicia como desquite”.

A veces la voluntad de perdonar de las víctimas -incluso de perdonar lo imperdonable-, no encuentra la voluntad de los victimarios de confesar sus crímenes y de pedir perdón. Es perverso recargar el éxito o el fracaso del proceso de verdad, justicia y reparación en el lado de las víctimas, pidiéndoles que cedan cada vez más, mientras los victimarios se niegan a hablar y reconocer.

v. Un proceso de Paz exitoso pasa por modelos imaginativos de Justicia Transicional, más hoy en día cuando la Corte Penal Internacional -que no existía cuando los procesos de Paz en Centroamérica o Sudáfrica- recuerda con su presencia que una Paz con total impunidad tampoco es posible 432.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


386 Habría que aclarar si el hecho de la retención de militares, debe ser considerado como secuestro o como toma de rehenes. En realidad, para que haya secuestro, la posible víctima debe estar en estado de indefensión y sin capacidad de respuesta, cosa que no se da en el caso de los militares o policías.

387 FARC vuelve a plantear que terminará con secuestro y propone negociaciones para la Paz a Gobierno de Santos, en FARC.co, 26-2-2012, http://www.FARC.co/?p=1110. También, Kaosenlared.net, 26-2-2012, Las FARC anuncian el fin de los secuestros y la liberación de diez militares, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/9297-las-FARC-anuncian-el-fin-de-los-secuestros-y-la-liberación-de-diez-militares.html. Asimismo, Diario La Nación, Buenos Aires, 27-2-2012, El Conflicto en Colombia, Se abre una puerta al diálogo de Paz: Las FARC renuncian a los secuestros, http://www.lanacion.com.ar/1452011-las-FARC-renuncian-a-los-secuestros?utm_source=n_tip_nota2&utm_medium=titularP&utm_campaign=NLExt.

388 Aron, Raymond, Paz y Guerra entre las Naciones, (Madrid, Alianza Editorial, 1985), ISBN: 84-206-2436-5, Tomo I, pág. 199.

389 Debe destacarse que sin la presencia, participación o consulta con miembros de las guerrillas, más un Marco Legal para la “Paz”, pareciera ser una forma de establecer pautas de “judicialización” de la guerrilla y condiciones para que se dé el desarme, se satisfaga a las víctimas y participe en el futuro -o no- en la vida política. Por otra parte, tampoco se tuvo en consideración a las víctimas de un lado y del otro, para la elaboración de este Marco.

390 En realidad lo que el Senador está planteando, es que el Marco Legal sea utilizado para la “desmovilización de la guerrilla”, no para alcanzar la “Paz” en Colombia, que tiene que ver con cambios estructurales y, en última instancia, con la “refundación” del Estado.

391 Se encarga de garantizar que no haya “impunidad” haciendo referencia a las guerrillas, pero no a los miembros de la fuerza publica acusados de “falsos positivos” por ejemplo.

392 ¿No está contemplada una Justicia Transicional de orden general, o también para los miembros de la fuerza pública y del Gobierno, además de los grupos armados?

393 Santos ya cuenta con las herramientas del marco legal para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 14-6-2012, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-352972-santos-ya-cuenta-herramientas-del-marco-legal-Paz.

394 Fallecida el 29 de junio del 2013.

395 De la Justicia Transicional, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-11-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/de-justicia-transicional-articulo-458204.

396 Presidente Santos dice a las FF.MM. que no habrá impunidad en proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 26-11-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/presidente-santos-dice-ffmm-no-habra-impunidad-proceso-articulo-460701.

397 El Gobierno de Barack Obama ha sido el primero que ha incorporado ambos aspectos en la lucha contra el narcotráfico.

398 La desmovilización es engañosa como instrumento de Paz, al proponer ventajas sin que se cambie la estructura de poder ni se genere justicia auténtica en términos equitativos y distributivos. Se alcanzará algún tipo de orden, pero el conflicto real continuará latente, dado que la estructura generadora, permanece intacta. El caso de la desmovilización de la “contra” en Nicaragua en 1990, resultó en nuevos conflictos sociales y en la recomposición de los grupos guerrilleros de una y otra facción, debido al mal manejo que los Gobiernos sucesivos han hecho de la reinserción, agravado por políticas antisociales. El tema Nicaragua lo he tratado en Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, Caps. XXVII, XXVIII y XXIX.

399 Sean conflictos limítrofes que son los más frecuentes y mantienen fragmentada a la región, o de carácter colonial, como el caso Belice con Guatemala dado que Gran Bretaña le otorgó la autodeterminación; Guayana Esequibo entre Venezuela y Guyana; o Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña; o conflictos de carácter social o de tipo insurgente.

400 Ponencia sobre el Marco Jurídico para la Paz: Delito político y crímenes de lesa humanidad, en Diario El Espectador, Bogotá, 8-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/delito-politico-y-crimenes-de-lesa-humanidad-articulo-503236.

401 Padilla, Nelson Fredy, “Referendo Legitimaría la Paz”, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-9-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/referendo-legitimaria-Paz-articulo-449257.

402 Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), págs. 146-171.

403 Las víctimas no sólo deben percibir como justa la reparación y la Justicia Transicional, sino también deben vivir en mejores condiciones que las que les ha tocado, por lo que el Estado -los Gobiernos-, debe encargarse de las transformaciones necesarias para mejorar su bienestar.

404 O buscar las reformas estructurales que requiere el Estado, para dejar de ser la causa de conflictividad, no sólo firmar la Paz, como forma de desmovilización y reinserción.

405 Tal vez no se trate de condiciones “excepcionales”, sino de condiciones “necesarias” para que el Estado funcione y deje de ser “fallido”. Ver más adelante bajo el Título “Discusiones Actuales”.

406 Habría que agregar, si el pueblo estaría dispuesto o consideraría necesario cambios constitucionales, aunque no apoye las demandas guerrilleras, toda vez que, no necesariamente el pueblo, por no estar con la posición ostentada por la guerrilla, sostiene o está del lado de las posiciones ostentadas por el Gobierno.

407 Eso en el caso de que se considere que la Constitución de 1991 no requiera reformas y el Estado no deba refundarse a través de una Constituyente.

408 Se han contabilizado treinta y nueve mil quinientos cuarenta y seis (39.546) crímenes.

409 Campuzano, David, Marco para la Paz pasaría en la Corte, en Diario El Espectador, Bogotá, 26-7-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/marco-Paz-pasaria-corte-articulo-436315.

410 “No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la Paz”: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-7-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/no-se-trata-entonces-de-sacrificar-justicia-lograr-Paz-articulo-435905.

411 Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), págs. 146-171.

412 Dallanegra Pedraza, Luis, Modelo de Negociación Nelson Mandela-Gobierno Blanco Sudafricano: por un Gobierno Multirracial-Continuidad del Apartheid, Octubre del 2006, http://luisdallanegra.bravehost.com/Africa/monegman.htm.

413 “Estamos en desacuerdo con un Marco Jurídico que pase por alto los derechos de las víctimas”, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-7-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/estamos-desacuerdo-un-marco-juridico-pase-alto-los-dere-articulo-436005.

414 Versión, pero a la inversa, toda vez que en el caso argentino se aplicó a miembros de las fuerzas armadas y policiales pero no a las guerrillas. Hay miembros de las fuerzas armadas y policiales o familiares, que tienen reclamos respecto de los juzgamientos que se hacen, sin considerar los casos en los que hubo secuestros y/o ajusticiamientos de miembros de estas fuerzas por parte de las guerrillas.

415 La guerrilla adujo que no se trató de un asesinato, sino de disparos realizados frente al intento de las fuerzas públicas de rescatarlos utilizando el fuego.

416 Zuluaga, Camila, Dice el Fiscal General de la Nación: “No transijo en la defensa de los principios”, en Diario El Espectador, Bogotá, 29-7-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/no-transijo-defensa-de-los-principios-articulo-436839.

417 Proceso de Paz debe cumplir mínimos de justicia: Kofi Annan, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/proceso-de-Paz-debe-cumplir-minimos-de-justicia-kofi-an-articulo-546231.

418 Corte Penal Internacional puede intervenir en Colombia si no hay Paz con justicia: Kofi Annan, en Diario El Espectador, Bogotá, 27-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/corte-penal-internacional-puede-intervenir-colombia-si-articulo-546608.

419 Kofi Annan sostuvo que la verdad es un asunto colectivo y no individual: Lecciones sobre la verdad, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/lecciones-sobre-verdad-articulo-546278.

420 “Si el marco para la Paz queda como está tendríamos una Paz no sostenible”, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-8-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/si-el-marco-Paz-queda-esta-tendriamos-una-Paz-no-sosten-articulo-442951.

421 Si se van a sacrificar los derechos de las víctimas que sean escuchadas en La Habana: Procurador, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/queremos-cerrar-fabrica-de-victimas-santos-articulo-495010.

422 También deberían resolverse, por ejemplo, los casos de “falsos positivos” generados por miembros de la fuerza pública.

423 Salgar Antolínez, Daniel, “La última palabra es de la sociedad”, en Diario El Espectador, Bogotá, 2-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ultima-palabra-de-sociedad-articulo-525556.

424 FARC rechazan el marco para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 6-8-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-rechazan-el-marco-Paz-articulo-438326.

425 Lozano Guillén, Carlos A., FARC: “Soluciones son políticas, no jurídicas”, en Kaosenlared.net, 26-6-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/90898-colombia-FARC-”soluciones-son-pol%C3%ADticas-no-jur%C3%ADdicas”.html.

427 Corte dio vía libre al Marco Jurídico para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-8-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-dio-via-libre-al-marco-juridico-Paz-articulo-443085. También, Corte dictó parámetros para aplicación del Marco Jurídico para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-8-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-dicto-parametros-aplicacion-del-marco-juridico-pa-articulo-443110.

428 Timoleón Jiménez (alias Timoshenko), ¿Quién responderá por el crimen atroz de Alfonso Cano?, en PazFARC.org, 29-7-2014, http://PazFARC.org/index.php/blogs/2017-quien-respondera-por-el-crimen-atroz-de-alfonso-cano.html.

429 Ex-Presidentes Betancur y Pastrana explicarán proceso de creación de la UP, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-5-2012, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-347031-exPresidentes-betancur-y-pastrana-explicaran-proceso-de-creacion.

430 El Gobierno colombiano, ofreció un premio por cada guerrillero eliminado por un miembro de las fuerzas militares, generando por ello, una carrera por establecer cada vez un número mayor por parte de éstos, al punto de que, en muchos casos, mataban individuos en condición de “sin techo” -u otros en condiciones de indigencia-, los vestían con uniformes de guerrilla y los hacían pasar por guerrilleros muertos, generando de esta manera la figura de “falsos positivos”, aunque se les llame “ejecuciones extrajudiciales”.

431 Jiménez, Juan Sebastián, Falsos positivos como crímenes de guerra, controvertida propuesta, en Diario El Espectador, Bogotá, 8-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-420743-falsos-positivos-crimenes-de-guerra-controvertida-propuesta.

432 En base a información del artículo de Currea-Lugo, Víctor de, Profesor de la Universidad Javeriana, Los Errores de la Justicia Transicional, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/los-errores-de-justicia-transicional-articulo-527960.