Tapa Conflicto en Colombia

 

Home







Capítulo XII

Marco Teórico

2) Lo que Establece el DIH Respecto de una Situación de Conflicto al Interior de un Estado.

A) Visión General

El DIH y los Conflictos Intra-Estatales

Diferencia entre Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra

Si son cometidos durante un conflicto armado, tales actos pueden constituir crímenes de guerra. Sin embargo, cuando esos actos se cometen en tiempos de Paz o durante una emergencia que no entraña hostilidades, como suele ser el caso, éstos simplemente no constituyen crímenes de guerra y sus perpetradores no deben ser tildados de combatientes, ni procesados o tratados como tales. Esos casos no deben regirse por el Derecho Internacional Humanitario sino por las normas internacionales de Derechos Humanos, la legislación nacional y, tal vez, el derecho penal internacional.

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad 342 recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, comprende las conductas tipificadas como: asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario, cometidas en un conflicto armado y por las violaciones al Derecho Internacional. El término se define en gran medida en el Derecho Internacional, incluyendo la Convención de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios son considerados crímenes de guerra.

El 1º de julio del 2002, empezó a funcionar la Corte Penal Internacional en La Haya, con el fin de perseguir los crímenes de guerra cometidos después de esa fecha. Este Tribunal, establecido por el Estatuto de Roma, contempla dentro de los crímenes a perseguir en su Artículo 5º a los crímenes de guerra. Dentro de la definición que el mismo Estatuto contempla, en su Artículo 8º, se señalan entre ellos:

Violación a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949;

Violación a las leyes de guerra vigentes, tanto nacionales como internacionales; y

Violación a las costumbres de la guerra aplicables.

Las normas del Derecho Internacional Humanitario relativas a los conflictos armados internos, no le reconocen legitimidad alguna a los grupos que enfrentan a un Gobierno -sea éste democrático y/o legítimo o no, o trátese de una dictadura- al considerarlos “parte del conflicto”, ni despoja al Estado de su derecho de combatirlos. El Artículo 3º común a los Convenios de Ginebra prescribe que su aplicación “no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”. Esto significa, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 343, que:

El hecho de aplicar el Artículo 3º no constituye en sí mismo, por parte de un Gobierno legal, ningún reconocimiento de poder alguno a la parte adversa; no limita de ningún modo su derecho -que le confiere su propia ley- a reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas; no afecta en nada a su derecho a perseguir judicialmente, juzgar y condenar a sus adversarios por sus crímenes, de conformidad con la propia ley.”

De igual manera, para el bando adverso, sea cual fuere, así como la calificación que él se dé o que pretenda, el hecho de aplicar este Artículo no le confiere ningún derecho a una protección especial, ni ninguna inmunidad.”

El Artículo 3º -como todo el Convenio, por lo demás- sólo tiene por objeto el individuo y el trato físico debido a su condición de ser humano, independientemente de las otras calidades de la que está revestido, pero carece de efecto sobre el trato jurídico o político que puede acarrearle su comportamiento.”

Esta misma regulación está prevista por el Protocolo II a los Convenios de Ginebra. Así, como lo ha precisado el CICR 344:

El Protocolo II no establece ninguna categoría particular de personas protegidas y no crea estatutos jurídicos distintos. [...] La ley nacional permanece en vigor, es decir, que subsiste el derecho de las autoridades a perseguir y condenar eventualmente a las personas reconocidas culpables de infracciones en relación con el conflicto. El Protocolo no impide, en particular, llevar ante los tribunales a un miembro de un grupo armado insurrecto por el hecho de haber empuñado las armas. No le reconoce ni la condición de combatiente ni el estatuto de prisionero de guerra.”

La calificación de una situación como conflicto armado interno, tampoco está supeditada a que los actores en contienda recurran o no a métodos de combate calificados de terroristas o cometan actos terroristas durante las hostilidades. El Derecho Internacional Humanitario, así como numerosos convenciones contra el terrorismo, prohíben la comisión de actos terroristas. El Derecho Internacional Humanitario es claro en no condonar la comisión de tales actos criminales y si tales actos son cometidos en el marco de un conflicto armado interno sus autores deben ser juzgados y sancionados 345.

Si una de las partes recurre a actos y métodos de guerra terroristas, ya sea esporádicamente o permanentemente, no por ello deja de ser un conflicto armado interno, en tanto persistan los elementos objetivos y materiales que lo caracterizan. En ese sentido, la CIDH dice 346:

Habida cuenta de las características generales de la violencia terrorista y su carácter cambiante, [...] es evidente que las obligaciones de los Estados al responder a dicha violencia no existen en un vacío, sino que, [...] las reacciones del Estado frente al terrorismo pueden estar reguladas independiente o concurrentemente por varios regímenes de Derecho Internacional, incluidos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.”

Así, la CIDH ha considerado que “la denominada guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre del 2001” es un ejemplo de conflicto armado 347.

Cualquiera que sea la forma en que los Estados conciban la lucha contra el terrorismo, es importante tanto jurídica como conceptualmente que los actos de terrorismo no sean considerados invariablemente equivalentes a actos de guerra. Por ejemplo, la comunidad internacional acepta que los ataques contra civiles, la toma de rehenes y el secuestro y derribamiento de aviones civiles son formas de terrorismo. No obstante, esos actos pueden tener lugar en tiempos de Paz, en situaciones de excepción o en situaciones de conflicto armado. Si son cometidos durante un conflicto armado, tales actos pueden constituir crímenes de guerra. Sin embargo, cuando tales actos se cometen en tiempos de Paz o durante una emergencia que no entraña hostilidades, como suele ser el caso, éstos simplemente no constituyen crímenes de guerra y sus perpetradores no deben ser tildados de combatientes, ni procesados o tratados como tales. Esos casos deben regirse no por el Derecho Internacional Humanitario sino por las normas internacionales de Derechos Humanos, la legislación nacional y, tal vez, el Derecho Penal Internacional. [...] Sin embargo, ello no significa que el carácter y la intensidad de la violencia generada por los responsables de actos terroristas o utilizada contra éstos no pueda desencadenar o ser equivalente a una situación de conflicto armado. [...] En esos casos, las normas pertinentes del Derecho Internacional Humanitario son aplicables y rigen el desarrollo de los enfrentamientos. Un principio fundamental del Derecho Humanitario es que éste obliga por igual a todas las partes en el conflicto y su aplicación no depende ni de las causas ni del origen de las hostilidades. En consecuencia, la aversión al adversario o a sus políticas declaradas no puede justificar el incumplimiento de las leyes de la guerra. Si bien el Derecho Humanitario prohíbe el terrorismo, el hecho de que tales actos se cometan durante un conflicto armado no altera ni el estatuto jurídico de las hostilidades ni de las partes en el conflicto ni el deber de las partes de observar el Derecho Humanitario” 348.

El Modelo de Núremberg tomado por la Asamblea General de la ONU

A diferencia del crimen de agresión y del crimen de guerra, el juicio de los principales criminales de guerra por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, no profundizó en la legalidad de la inclusión de crímenes contra la humanidad en la Carta de Núremberg y en la preexistencia de esa prohibición, anotando solamente que “desde el comienzo de la Guerra en 1939 fueron cometidos Crímenes de Guerra a gran escala, que eran también Crímenes contra la Humanidad”.

La prohibición de crímenes contra la humanidad fue adoptada posteriormente, por la Asamblea General de la ONU en Resolución titulada Afirmación de los Principios de Derecho Internacional reconocidos por la Carta del Tribunal de Núremberg y luego confirmada en los Principios de Derecho Internacional Reconocidos en la Carta del Tribunal de Núremberg y en la Sentencia de dicho Tribunal -”Principios de Núremberg”-, adoptada por la Comisión de Derecho Internacional en 1950 y sometida a la Asamblea General, cuyo Principio VI. c. sostiene que un crimen contra la humanidad es punible como crimen de Derecho Internacional.

En los Principios de Núremberg 349, los Crímenes contra la Humanidad son definidos como:

Crímenes contra la humanidad, a saber, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos realizados contra poblaciones civiles, o persecuciones por causas políticas, raciales o religiosas, cuando tales actos son realizados o tales persecuciones adelantadas para ejecutar, o en conexión con, algún crimen contra la Paz o algún crimen de guerra”.

El texto definitivo del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en 1996, y propuesto a la Asamblea General para su adopción, define el Crimen contra la Humanidad en el Artículo 18:

Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un Gobierno o por una organización política o grupo cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Tortura; d) Sujeción a esclavitud; e) Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; f) Discriminación institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la población; g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario; h) Encarcelamiento arbitrario; i) Desaparición forzada de personas; j) Violación, prostitución forzada y otras formas de abuso sexual; k) Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves.”

Por crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, se entienden, a los efectos del Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos graves, cuando reúnan dos requisitos:

a) la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil; y

b) con conocimiento de dicho ataque”.

Los actos inhumanos prohibidos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y la definición que da de ellos, son:

a) Asesinato: privación de la vida a una persona inocente concreta.

b) Exterminio: privación de la vida a un grupo de personas inocentes, comprendiendo la imposición intencional de penosas condiciones de vida, y la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras acciones, encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población. El exterminio está estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas. Ahora bien, el exterminio se da en casos en que se mata a grupos de personas que no comparten características comunes o cuando se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros.

c) Esclavitud: ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños.

d) Deportación o traslado forzoso de población: desplazamiento de las personas afectadas por expulsión y otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el Derecho Internacional.

e) Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del Derecho Internacional.

f) Tortura: provocación intencional de dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, define como tortura sólo los actos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con connivencia oficial. Ahora bien, el párrafo siguiente dispone que dicha definición se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance que ampliara aquella definición.

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Respecto al “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del Derecho Internacional. A este respecto cabe señalar la guerra de la antigua Yugoslavia, donde miles de mujeres musulmanas fueron violadas por los soldados serbios, con objeto de humillar y de quebrar la cohesión social del grupo bosnio-musulmán.

h) Persecución de un grupo o una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho Internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del Derecho Internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad.

i) Desaparición forzada de personas: aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

j) El crimen de apartheid: actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física 350.

Varios de los crímenes enunciados, han sido cometidos por grandes potencias en diferentes momentos, escenarios, y ordenes internacionales. Sin embargo no han sido ni son juzgados, toda vez que existen elementos que, más allá de la justicia, las exime. Por ejemplo el hecho de que Estados Unidos no haya firmado ni ratificado el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional 351, además de haber hecho firmar, mediante acuerdos bilaterales, a gran cantidad de Estados en diferentes regiones, el compromiso de que sus ciudadanos o soldados no podrán ser juzgados en otros tribunales que no sean los norteamericanos, garantizando la “inmunidad” de los soldados estadounidenses ante la CPI. Estados Unidos ha creado tribunales penales para juzgar a otros sin ser juzgado en ningún caso, como el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda. El Gobierno de George W. Bush, además, retiró su firma de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 352, superando al Gobierno de Ronald Reagan, que declaró su oposición al Protocolo I de las Convenciones de Ginebra, debido a sus implicaciones en el conflicto centroamericano de Nicaragua -donde apoyaba a la guerrilla “contra”- y El Salvador -donde apoyaba al Gobierno contra la guerrilla-. Más allá de que estamos hablando de la justicia internacional, este tema está rodeado y subordinado a la capacidad de poder de que se dispone. Esto muestra claramente que la configuración y estructura del sistema internacional es embrionaria y primitiva, lo que impide que se alcance un grado de madurez suficiente como para poder juzgar por igual a poderosos y débiles 353.

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos:

Los procesos de negociación con grupos armados ilegales necesitan un Marco Jurídico que respete los derechos de las victimas a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación como presupuesto básico para alcanzar una Paz sostenible y una sociedad reconciliada 354.

Es conveniente que en el seno de la sociedad civil, se dialogue sobre la problemática relacionada con los instrumentos de diverso género, que el Estado puede emplear en la búsqueda de la convivencia pacífica y en el logro de un orden justo.

Existen ciertas exigencias que le plantean al Estado -en este caso, el colombiano-, los principios y normas internacionales para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, mediante la lucha contra la impunidad. Aunque, actualmente, se aplican en ese país varias disposiciones legales dictadas con el fin de facilitar el diálogo y la negociación, entre el Estado y las organizaciones armadas fuera de la ley, resultan insuficientes para que el Gobierno y el Congreso puedan cumplir a cabalidad los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.

Los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, deben seguir los principios fundamentales de Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas 355.

Los “Delitos Graves Conforme al Derecho Internacional”

A lo largo de los últimos años, los integrantes de los grupos armados ilegales han cometido numerosas y reiteradas acciones que constituyen, a la luz de los instrumentos internacionales, “delitos graves conforme al Derecho Internacional”. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU, se refirió a aquellas conductas punibles definidas por la legislación colombiana que han sido prohibidas en tratados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. En esas conductas se incluyen tanto las violaciones graves de los Derechos Humanos 356 -tengan o no el carácter de crímenes de lesa humanidad- como las infracciones graves del ordenamiento humanitario 357, también denominadas crímenes de guerra.

La República de Colombia debe adoptar todas las medidas necesarias, para que vean efectivamente reconocidos y garantizados sus derechos las víctimas de “delitos graves conforme al Derecho Internacional”, cuyos responsables hayan sido miembros de organizaciones armadas al margen de la ley, involucradas en procesos de diálogos, negociaciones o firmas de acuerdos con el Gobierno nacional. Sobre el Estado colombiano recae también la obligación de reconocer y garantizar sus derechos a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y de graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario perpetradas por servidores públicos.

Delitos Internacionales y Justicia Transicional

A fin de armonizar los intereses de la conveniencia pública con sus obligaciones internacionales de penalización, al llevarse a cabo un proceso de Paz, el Estado puede crear mecanismos de Justicia Transicional para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los “delitos graves conforme al Derecho Internacional” cometidos por miembros de organizaciones armadas ilegales.

Estos mecanismos transicionales:

a. Sólo deberán tener como destinatarios a miembros de agrupaciones que, en cumplimiento de sus acuerdos con el Gobierno, hayan hecho dejación efectiva de las armas, y en ningún caso a personas que individualmente abandonen un grupo armado cuyas operaciones prosiguen.

b. Han de ser aplicados por funcionarios de la rama judicial del poder público, que sean designados de conformidad con las pautas establecidas internacionalmente, para garantizar su independencia e imparcialidad.

c. Estarán respaldados por todos los recursos financieros y técnicos que resulten indispensables, para su implementación pronta y eficaz.

d. No podrán ser incompatibles con los deberes insoslayables del Estado, en materia de administración de justicia.

Por impunidad, entiende la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la situación que se presenta cuando la persona responsable de un delito, logra eludir la sanción prevista en la ley, o es castigada con penas excesivamente benignas 358. Debe considerarse como factor de impunidad, todo mecanismo normativo o fáctico que impida la penalización. Por consiguiente, no sólo generan impunidad las normas que eximen de persecución penal a los criminales, sino también los hechos que permiten a éstos substraerse a las consecuencias jurídicas de sus acciones y omisiones.

Según el Artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en Colombia mediante la Ley 472 del 2002, debe entenderse por crímenes de lesa humanidad los actos en la misma norma enunciados cuando se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Según el artículo 8º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, debe entenderse por crímenes de guerra:

Las violaciones graves del Artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949” y “otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de Derecho Internacional”.

Se da el nombre de Justicia Transicional o justicia de transición, al conjunto de procesos interrelacionados de enjuiciamiento y rendición de cuentas, difusión de la verdad, reconocimiento de reparaciones y adopción de reformas institucionales que se lleven a cabo en un país tras la superación de un conflicto armado interno o en las fases finales de éste 359.

Los Derechos de las Víctimas

Las víctimas de “delitos graves conforme al Derecho Internacional” tienen tres derechos fundamentales:

El derecho a la Verdad: a conocer, en forma veraz, transparente y objetiva, los motivos, los hechos y las circunstancias relacionados con la comisión de los crímenes.

El derecho a la Justicia: a solicitar y obtener, mediante el ejercicio de recursos y acciones eficaces, que el Estado investigue los crímenes, juzgue a sus autores y partícipes, e imponga a éstos penas ajustadas a los principios democráticos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad .

El derecho a la Reparación: a ser destinatarias de acciones individuales de restitución, indemnización y rehabilitación, de medidas de satisfacción de alcance general y de garantías de No Repetición.

Los Procesos de Negociación con los Grupos Armados Ilegales requieren un Marco Jurídico

Los procesos de negociación y diálogo con los grupos armados al margen de la ley, deben enmarcarse dentro de una normativa jurídica adecuada, cuyas disposiciones permitan:

a. Esclarecer satisfactoriamente la comisión de los “delitos graves conforme al Derecho Internacional”, en los cuales miembros de esos grupos aparezcan como autores, coautores, determinadores o cómplices.

b. Impedir que los responsables de tales delitos, puedan beneficiarse con cualquier forma de impunidad 360.

c. Asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas, por la transgresión de las normas internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

En este orden de ideas, las normas dictadas en procura de que se reincorporen a la vida civil, los miembros de grupos paramilitares o de grupos guerrilleros deberán:

a. Condicionar el otorgamiento de cualquier beneficio procesal a la confesión completa de los crímenes, a la manifestación pública de arrepentimiento, y a la devolución de la totalidad de los bienes obtenidos mediante el desarrollo de las acciones delictivas 361.

b. Establecer un tiempo efectivo de privación de la libertad, que resulte proporcional a la gravedad de los delitos cometidos, y al lugar jerárquico que su perpetrador ocupaba dentro de la respectiva organización.

c. Señalar taxativamente -de forma estricta y para cada caso-, las acciones reparatorias, que en favor de las víctimas hayan de cumplirse.

La Paz y la Reconciliación sólo pueden Fundarse en la Verdad, la Justicia y la Reparación

Como lo ha demostrado la experiencia tanto de Colombia como de otros países, la impunidad obstaculiza el logro de la reconciliación nacional, pues favorece la reiteración de los comportamientos criminales, tiende a estimular el surgimiento de la venganza privada, desmoraliza a las víctimas, empobrece la confianza pública en las instituciones y le cambia -o desdibuja- el significado de justicia a una sociedad.

Los principios y normas en materia de Verdad, Justicia y Reparación, han sido adoptados por la comunidad internacional, con el significativo propósito de que los pueblos puedan construir la Paz y lograr la reconciliación, sobre cimientos justos, firmes y duraderos. Esos dos bienes eminentes no son fundables en el olvido de los crímenes, ni en la indulgencia hacia los criminales, ni en el menosprecio por las víctimas.

Por otro lado, los “delitos graves conforme al Derecho Internacional”, forman parte de aquellas conductas criminales que constituyen una amenaza para la Paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Por ello debe recordarse que, de conformidad con el derecho en vigor, cuando el Estado no puede o no quiere procesar a las personas responsables de crímenes internacionales, corresponde asumir esa tarea a la Corte Penal Internacional, órgano judicial complementario de las jurisdicciones nacionales.

En esta línea de pensamiento, aunque al ratificar el Estatuto de Roma, la República de Colombia formuló una salvedad en virtud de la cual no aceptó -durante un período de siete años 362-, la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra, cometidos por sus nacionales o en su territorio, ello no impide que el alto tribunal asuma en el futuro -en desarrollo del principio de complementariedad- el conocimiento de esos crímenes.

Las necesidades de Verdad, Justicia y Reparación no implican venganza o revancha, ni son obstáculos para la Paz. Más bien son cimientos necesarios y constructivos para un proceso de reconciliación. El Estado de Derecho no puede estar bajo el riesgo de sometimiento a los grupos armados ilegales, cualquiera que sean estos.

Según el principio de necesidad, la pena sólo debe imponerse cuando hace falta para el cumplimiento de un fin. Según el principio de proporcionalidad, la pena debe ser cualitativa y cuantitativamente proporcional al delito cometido. Según el principio de razonabilidad la pena no puede ser arbitraria o caprichosa.

Las acciones de restitución, se dirigen a restablecer la situación en que la víctima se hallaba antes de cometerse el crimen. Las de indemnización, buscan compensar todo perjuicio resultante del crimen que sea evaluable en la esfera económica. Las de rehabilitación se encaminan a lograr que la víctima se recupere con ayuda de la atención médica y psicológica, y con la prestación de servicios jurídicos y sociales. Las medidas de satisfacción de alcance general, son las que se orientan a deshacer el agravio inferido a la víctima, mediante la cesación de las conductas criminosas, la verificación de los hechos, la búsqueda de los cadáveres de las personas muertas o desaparecidas, el reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades, y otras acciones análogas. Las garantías de No Repetición, tienen por objeto asegurar que las víctimas, no sean afectadas con la comisión de nuevos crímenes de la misma índole.

Principios Básicos de Justicia Transicional

La proliferación de procesos de negociación y Acuerdos de Paz y el surgimiento de Gobiernos civiles bajo esquemas electorales, luego de décadas de Gobiernos autoritarios, civiles o militares durante el siglo XX, hicieron necesario buscar respuesta al tratamiento que habría que darle, durante los procesos de transición en estas sociedades, a los crímenes cometidos en el pasado. Esto puso el foco de atención en tratar de garantizar la protección de los derechos de las víctimas de las agresiones. Esto alimentó la discusión y la producción académica, acerca de las características, alcances y límites de la justicia para procesos de transición 363.

Cada proceso de transición tiene sus particularidades, en la medida en que los mecanismos jurídicos y políticos se definen de acuerdo a las características culturales, históricas y las motivaciones de los actores de las sociedades en las que se desarrollan. En ese sentido, existen particularidades en los procesos de transición en Estados que han atravesado rupturas de sus regímenes democráticos, como ocurrió con las dictaduras en América Latina; pero otra es la de Sudáfrica, que a mediados de los ‘90 tuvo un tránsito de décadas de apartheid a un Gobierno negro, liderado por Mandela que tomó la decisión de dejar en el olvido todo, a través de una amnistía general, en aras de evitar revanchas y alcanzar una Paz equilibrada. A partir del siglo XXI y la adopción del Tratado de Roma en el 2002, se hace complejo establecer una subordinación de la justicia a la Paz, toda vez que la CPI se hará cargo de aquello que el Estado no realice.

La Justicia Transicional es un conjunto de mecanismos políticos y jurídicos, que deben responder al necesario equilibrio entre los valores de la Paz y de la justicia en un marco de Estado de Derecho. Abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación 364. Los mecanismos de la Justicia Transicional, abordan el historial de violaciones a los Derechos Humanos y al DIH durante la transición de una sociedad que se recupera de un conflicto o un régimen autoritario. Se busca dar protección a la Justicia, la Verdad y la Reparación. Se consideran las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, durante la transición de una sociedad de un conflicto o un régimen autoritario 365.

La Justicia Transicional tiene como objetivos:

- Fortalecer o instaurar el Estado de Derecho 366.

- Abordar, e intentar sanar, las heridas que surgen en la sociedad como resultado de las violaciones a los Derechos Humanos 367.

- Avanzar en los procesos de reconciliación, garantizando los derechos de las víctimas y de la sociedad, a la Verdad, la Justicia y la Reparación integral.

- Reducir la impunidad, proveer de justicia a las víctimas y responsabilizar a los culpables 368.

- Develar la justificación ideológica (política, cultural, económica, etc.), de la violencia y los crímenes de guerra, y ofrecer a la sociedad la posibilidad de desmontar el sistema de valores asociados a ella 369.

- Promover la eliminación de las causas de una situación de injusticia social de carácter estructural, que a su vez deriven en sólidas garantías de No Repetición de las violaciones 370.

La aplicación de la Justicia Transicional, se orienta a la reparación de las víctimas; también como un mecanismo de respuesta legal frente a situaciones de cambio de régimen político. El sistema legal no es específico respecto de cómo se opera, para llevar a cabo una Justicia Transicional en un escenario de transición a una democracia, cuando los que están gobernando, consideran que, por ser electos, son democráticos, y están protegiendo el sistema 371, de aquellos que han tomado las armas reclamando cambios, que por otra vía no resultaría posible 372.

¿Se puede implementar una Justicia Transicional para reformular un Estado que no es de derecho en términos reales, y a la vez juzgar los crímenes cometidos por actores sistémicos y antisistémicos? No hay una respuesta sencilla en el corto plazo.

La Justicia Transicional se orienta a la Reparación de las víctimas, como respuesta legal frente a períodos de cambio de régimen político y como normalización y expansión, de tiempos de guerra a tiempos de transición 373.

La experiencia ha generado un amplio espectro de mecanismos, en lo que hace a la aplicación de penas o el cumplimiento de acuerdos jurisdiccionales para el abordaje de las violaciones a los Derechos Humanos y/o al DIH, o políticos y sociales que, aún siendo emanados o creados por la institucionalidad judicial, atienden a procesos de reconciliación, fortalecimiento del tejido social, transformación y educación en valores para la convivencia y la Paz; como leyes de indulto y amnistía; indemnizaciones; peticiones públicas de perdón; etc.

Se crean Comisiones de Verdad y Reconciliación en el ámbito de los mecanismos jurídicos o de aquellos derivados de los acuerdos políticos, en función de las facultades o competencias que les hayan sido reconocidas.

Los niveles de la Justicia Transicional pueden ser 374:

a) Individual: donde los sujetos operan fundamentalmente en los roles de víctimas o victimarios, lo que los ubicaría en un lado u otro de los efectos de los mecanismos de Justicia Transicional .

b) Estados-Nación: Corresponde a los actores de este nivel definir los acuerdos y disposiciones necesarios, para que las partes involucradas en el conflicto faciliten la transición efectiva hacia la democracia. El Derecho Internacional Público, establece la obligación a los Estados de esclarecer, castigar y reparar las violaciones graves a los Derechos Humanos y al DIH, lo que supone una tensión compleja entre esos dos propósitos, como ocurre por ejemplo con las leyes de indulto a ex-combatientes, que son necesarias para facilitar la entrega de armas y la desmovilización, pero que tienen límites en su aplicación, debido al imperativo de justicia y la prevención de la impunidad 375.

c) Actores Corporativos: Organizaciones como partidos políticos o iglesias, las empresas económicas, las asociaciones profesionales y las entidades administrativas de orden territorial. En tanto actores colectivos pueden desempeñar roles de víctimas o victimarios, como financiar guerras o facilitar cesiones de tierras en forma espuria, de desplazados por el conflicto. También pueden cumplir el rol de facilitadores u observadores en los procesos de negociación o acuerdos.

d) Instituciones Supranacionales: La Justicia Transicional opera en este nivel cuando, en el ámbito nacional no existe ni la capacidad ni la voluntad política para enjuiciar a los sospechosos de crímenes de guerra. Ejemplos, son el Tribunal de Crímenes de Guerra de Núremberg, Tribunal Penal Militar Internacional de Crímenes de Tokio, el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para el Lejano Oriente o los tribunales ad hoc para la ex Yugoeslavia, Ruanda y Burundi, o tribunales permanentes como la Corte Penal Internacional 376.

La protección de los derechos en escenarios de transición, supone la adopción de mecanismos de Justicia Transicional basados en tres principios fundamentales: el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación. Estos principios se derivan de la tipificación desarrollada por Joinet en 1997, en el Informe Final Acerca de la Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos Humanos (Derechos Civiles y Políticos). En conformidad con este informe se identifican las obligaciones de los Estados en procesos de transición, que comprenden los derechos mencionados a los que agrega un cuarto: la adopción de reformas institucionales y otras garantías de No Repetición 377.

Las obligaciones de los Estados en procesos de transición según Louis Joinet 378, se identifican de la siguiente manera:

1) la satisfacción del derecho a la Justicia;

2) la satisfacción del derecho a la Verdad;

3) la satisfacción del derecho a la Reparación de las víctimas; y

4) la adopción de reformas institucionales y otras garantías de No Repetición.

La lucha contra la impunidad formulada por Joinet, establece que la Reparación, deberá contemplar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima. Comprenderá, medidas individuales de Reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, además, medidas de satisfacción de alcance general, como las previstas en el conjunto de principios y directrices fundamentales sobre el derecho a obtener Reparación.

Víctimas, son las personas o grupos de personas, que han sufrido daños ocasionados por actos u omisiones, que violan los derechos consagrados en normas del ordenamiento constitucional legal vigente de los Estados, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. Comprende a la persona o personas directamente afectadas material, física o psicológicamente por la violación de derechos; a los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos.

1) El Derecho a la Justicia

La realización efectiva del derecho a la Justicia en el marco de los procesos de transición, supone la construcción y/o el fortalecimiento de escenarios formales para esclarecer la Verdad y para definir las formas de la Reparación. Frente al deber ineludible del Estado de investigar, se debe responder a una serie de parámetros mínimos que conduzcan a la satisfacción del derecho de las víctimas, a saber con la mayor certeza posible, quiénes fueron los perpetradores y cómo ocurrieron los hechos 379. Frente a la responsabilidad de juzgar a los perpetradores, si bien el Estado debe garantizar el cumplimiento de los principios establecidos sobre el debido proceso, la aplicación misma de la justicia debe realizarse en un marco garantista de la protección de la víctima como sujeto de derechos y cumpliendo la obligación de imponer penas adecuadas a los responsables de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y vulneraciones graves a los Derechos Humanos. La realización del derecho a la justicia parte del deber del Estado de investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva 380 las violaciones graves

Cualquier sistema de alternatividad penal que se adopte respeto a los miembros de los grupos armados ilegales, en desarrollo de un proceso de negociación, debe garantizar los derechos de las víctimas mediante la aplicación de los principios y normas en materia de Verdad, Justicia y Reparación, adoptando la creación de instrumentos y formulas encaminados a evitar la impunidad, la indulgencia o excesiva generosidad en la aplicación de las penas y consiguientemente el desconocimiento y menosprecio por las víctimas a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

Como tendencia del Derecho Internacional Público, cada vez más el incumplimiento de esos requisitos en las formas, el sentido y el alcance de las investigaciones en el ámbito nacional sobre violaciones graves a los derechos en el marco de los sistemas de Justicia Transicional, constituye un argumento para la revisión en tribunales internacionales de los procesos llevados a cabo en contra de los supuestos perpetradores, más allá del principio de cosa juzgada, reconociendo, tal y como lo manifestó el Tribunal Militar Internacional de Núremberg que:

Los individuos tienen obligaciones internacionales que trascienden las obligaciones nacionales de obediencia impuestas por el Estado de que se trate”.

2) Derecho a la Verdad

La realización de la justicia formal atendiendo a los parámetros señalados, debe permitir alcanzar la Verdad como derecho individual y colectivo. La Verdad como garantía individual fundamental, consiste en el libre acceso de la víctima al conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, las motivaciones, el destino de las personas, en los casos de desapariciones forzadas o asesinatos, y el estado de las investigaciones oficiales 381 y parte del reconocimiento de la afectación multidimensional de la víctima.

El esclarecimiento de la verdad plantea la dificultad de la definición misma de verdad, debiendo diferenciarse entre una concepción trascendente o absoluta de la verdad y una concepción historicista o relativista. En este contexto, la construcción o reconstrucción pública de la verdad de los hechos, con base en la memoria histórica de los individuos y de los pueblos, es el punto de partida de la actividad jurisdiccional como única respuesta, a la vez legítima y eficaz a la barbarie y la impunidad. El restablecimiento de la verdad así entendida es un fin en sí mismo.

En su dimensión colectiva, el derecho a la verdad supone también el “deber de no olvidar”, tal y como se establece en el Principio Dos (2) del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad de Joinet 382. Esta dimensión reconoce la importancia para la construcción de la Paz, la prevención de las agresiones y la sostenibilidad de la justicia, de la reconstrucción de la memoria histórica de los sucesos de violación grave a los Derechos Humanos, el Derecho Humanitario y su socialización, en tanto permitan la re-significación de las causas que originaron o justificaron las agresiones y genere procesos de identificación colectiva a partir de la comprensión de los hechos pasados.

En este contexto, en la investigación de la verdad se han desarrollado los denominados “juicios de la verdad” como los realizados en Argentina, tendientes a establecer el paradero de los desaparecidos, pese a la existencia de leyes de amnistía y las “comisiones de verdad” constituidas para facilitar la transición al Estado de Derecho en varios países 383. Debe quedar en claro, que para que el Estado de Derecho no sólo exista, sino que sea efectivo, debe existir la “República” en términos reales, no sólo formalmente.

El objetivo esencial de estas Comisiones, consiste en crear un espacio desprovisto de las formalidades y las consecuencias de los procesos judiciales, en el que tanto los perpetradores como sus víctimas puedan encontrarse a fin de exponer sus versiones sobre lo acontecido, las motivaciones de sus actos y la profundidad de sus pérdidas, todo ello con miras a la reconciliación nacional. En tanto carecen de poderes punitivos y de retribución, estos espacios han permitido el esclarecimiento y documentación.

3) Derecho a la Reparación Integral

El Principio Treinta y Seis (36) del Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad formulado por Joinet, establece que la:

Reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima; comprenderá, por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de satisfacción de alcance general, como las previstas en el Conjunto de Principios y directrices fundamentales sobre el derecho a obtener Reparación”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el derecho a la Reparación, como restitución del derecho y/o rehabilitación e indemnización de la afectación, con el objetivo de “hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas”.

La restitución del derecho hace alusión a la aplicación de medidas, que permitan a la víctima el goce del derecho lesionado con la agresión, por lo que supone:

El restablecimiento de la libertad, los derechos legales, la situación social, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía de la víctima, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus propiedades” 384.

La indemnización supone la compensación material a las víctimas del daño físico, mental y/o de la afectación económica emergente o cesante, en forma apropiada y proporcionada a la magnitud de la violación. La rehabilitación, por otra parte, hace referencia expresa a la obligación de brindar la asistencia médica o psicosocial necesaria para atender la crisis, enfermedad o discapacidad permanente o parcial derivadas de la violación de derechos.

El desarrollo doctrinal sobre este derecho, refleja que:

El criterio de Reparación no sólo debe apuntar a la reconstrucción del estado de cosas previo a la comisión del crimen, sino que la compensación debe tener en cuenta los daños que han tenido lugar entre la comisión del crimen y el presente, incluyendo los daños intangibles: la pérdida o la falta de oportunidades, sin importar si esa oportunidad existe o no.

Para los casos de desapariciones forzadas, este derecho se materializa en la restitución misma del cuerpo en caso de fallecimiento, con independencia del estado del proceso de investigación o judicialización de los responsables.

La Reparación se podrá entender como la satisfacción material que el Estado o el agresor, está obligado a dar a la víctima de un delito o de una violación de Derechos Humanos. Consiste muchas veces en una indemnización o compensación económica por el agravio inferido por el crimen, y en tal sentido es un derecho de la víctima o de su familia, según el caso, entendido como uno de los elementos de la justicia material; los otros dos elementos constitutivos de la reparación son el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables. Para la jurisprudencia del Derecho Internacional Público cada vez más se entiende el esclarecimiento de la Verdad como una dimensión de la Reparación ya que atiende al daño psicológico, la impotencia y la angustia ocasionados por el desconocimiento de las circunstancias del hecho violento o del paradero de los familiares, para el caso concreto de las desapariciones.

En su dimensión colectiva, el derecho a la Reparación incluye: restitución, indemnización y rehabilitación a nivel comunitario, pero requiere del Estado, no sólo el desarrollo de medidas económicas y de asistencia, sino favorecer espacios para la reparación simbólica y el perdón. En esa dimensión, la reparación puede ser un reconocimiento público de responsabilidad del Estado o del perpetrador, el restablecimiento del derecho colectivo conculcado, una reforma constitucional o legal, una obra pública o alguna otra prestación a cargo del Estado o del perpetrador que implique el resarcimiento del daño causado. Muchas de esas manifestaciones refuerzan el deber de no olvidar, mediante el uso de monumentos que recuerdan el dolor de las víctimas y anclan los hechos pasados con los escenarios cotidianos del presente y el futuro.

La Víctima

Son las personas o grupos de personas que hayan sufrido daños ocasionados por actos u omisiones que violan los derechos consagrados en normas del ordenamiento constitucional legal vigente de los Estados, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional.

Respecto al universo: éste comprende a la persona o personas directamente afectadas material, física o psicológicamente por la violación de derechos, asimismo a “los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos”. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

En el sistema interamericano de protección, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reconocido que, no solamente los individuos pueden ser considerados como víctimas, sino que en ciertos casos las mismas comunidades: pueblos indígenas, grupos políticos, entre otros.

La Corte Penal Internacional adopta como definición de víctima para los efectos procesales 385:

a) Por “víctimas” se entenderá las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte;

b) Por víctimas se podrá entender también las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado al culto religioso, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia o a sus monumentos, hospitales u otros lugares u objetos que tengan fines humanitarios.”

El Título Segundo del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, lleva implícita la definición o concepto de víctima cuando precisa que tiene por objeto proteger a las personas que no participan directamente de las hostilidades o que han dejado de participar de las mismas -ex-combatientes- contra los abusos de poder y los tratos inhumanos y crueles que pudieran infligirles las autoridades militares o civiles en cuyo poder estén. Este Protocolo se aplica de igual manera a todas las personas afectadas por el conflicto armado y que se encuentren en poder del adversario: heridos, enfermos, personas privadas de la libertad o cuya libertad se ha restringido, sean militares o civiles.

La tipificación de la condición de víctima está desarrollada en numerosos instrumentos o tratados internacionales a partir de la identificación de las conductas punibles que lesionan derechos estipulados por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario:

1. Desaparición forzada

2. Secuestro

3. Homicidio

4. Desplazamiento forzado

5. Detención arbitraria y violación del debido proceso

6. Reclutamiento forzado

7. Tortura

8. Abuso sexual

9. Lesiones y tratos inhumanos y degradantes

10. Actos de terrorismo

11. Actos de barbarie

12. Destrucción de bienes culturales y lugares de culto

13. Genocidio

14. Utilización de minas antipersona



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


342 “Lesiona” a la humanidad.

343 Ver: CICR, Comentario del Artículo 3, común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional: http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/CF595FD96AECBC17C1256DE1005BA00F.

344 Ver: CICR, Comentario del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949, párr. 4441: http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/950B5D7D9CEA18B2C1256E2100501C7D?OpenDocument&Style =Custo_Final.3&View=defaultBody7.

345 Ver: Artículos 4, 2, d) y 13, 2 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra.

346 Ver: CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre del 2002, párr.18.

347 Ver: CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre del 2002, párr.112.

348 Ver: Informe del Experto independiente de la Comisión de Derechos Humanos sobre la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Robert Goldman, E/CN.4/2005/103, párrs. 17 y 18.

349 Documento A/CN.4/22, del 18 de abril de 1950, pág. 195.

350 Bassiouni, M. Cherif, International Criminal Lasw, (Netherlands, Koninklijke Brill, NV Leiden, 2008) ISBN: 978-90-04-16531-I. Tomado de Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/memo1.html.

351 Tampoco lo han firmado China, Israel, India, Pakistán, Rusia. Egipto, Irán y Siria firmaron pero no ratificaron, entre otros.

352 Acuerdo celebrado en 1969 que establece la obligación de los Estados de obedecer otros tratados internacionales. El Artículo 18 de la Convención de Viena requiere a los Estados signatarios, que se abstengan de actos que menoscaben los tratados que firman, incluso aunque no los hayan ratificado. Al igual que sucede con el tratado del TPI, EUA ha firmado, pero no ratificado la Convención de Viena.

353 Este tema lo he abordado en profundidad en Dallanegra Pedraza, Luis, Reformulación del Orden Mundial: El Fin de una Macro-Etapa, (Bs. As., Edic. del Autor, 2003), ISBN: 987-43-6266-9. También en, Dallanegra Pedraza, Luis, La Construcción de un Orden Mundial Imperial, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 2005), ISBN: 987-43-6267-7.

354 Intervención del señor Michael Frühling, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la III Jornada de Seguimiento al proceso Gobierno-AUC, Bogotá, D.C., 24 de febrero del 2005.

355 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de febrero del 2004, párr. 117.

356 Por ejemplo: ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada.

357 Por ejemplo: homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, toma de rehenes, violación.

358 Para el caso de los paramilitares, la pena fue de sólo ocho (8) años de cárcel, según la Ley de Justicia y Paz, aplicada durante el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez.

359 Naciones Unidas, Asamblea General, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.

360 Para el caso de la desmovilización de los grupos paramilitares, durante el Gobierno de Alvaro Uribe, mediante la Ley 975/2005 de Justicia y Paz, las organizaciones internacionales de Derechos Humanos han dicho que favorecía la impunidad.

361 Para el caso de los paramilitares desmovilizados por la Ley 975/2005 de Justicia y Paz, no ha habido devolución de bienes efectiva y demostrada.

362 Dado que algunas disposiciones del Tratado de Roma -que por el Art. 120, no admitía reservas-, no eran compatibles con garantías fundamentales de la Constitución de 1991 de Colombia, como era la cadena perpetua, expresamente prohibida por el artículo 34, o la imprescriptibilidad de la acción y de la pena respecto de los crímenes de competencia de la CPI, Art. 29 del Tratado, excluida por el artículo 28 de la Constitución colombiana, por lo que habría que declararlos inexequibles por la Corte Constitucional, el Gobierno no habría podido ratificar el Tratado y habría quedado fuera del sistema. Por ello, fue necesario tramitar una reforma a la Constitución, adoptada por Acto Legislativo 2 del 2001, antes de someter el Tratado a la consideración del Congreso y de la Corte Constitucional. El 5 de agosto del 2002, el Presidente Andrés Pastrana ratificó el Tratado de Roma, con la salvedad prevista en el Art. 124 del Tratado: “No obstante lo dispuesto en el párrafo I del Art. 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el Art. 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo I del Art. 123”. El 1º. de noviembre del 2009, entró en vigor el Tratado de Roma para Colombia al finalizar el período de siete años establecido.

363 Ardila, Dorys, Justicia Transicional: Principios Básicos, http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf.

364 Secretaría General de la ONU, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 3 de agosto del 2004, doc S/2004/616. Pag. 6.

365 Para el caso de Argentina, ha sido la recuperación por la sociedad, del orden, la Paz y la justicia, luego de regímenes autoritarios derivados de Gobiernos de facto.

366 El fortalecimiento y la instauración del estado de Derecho, no sólo debe ser para el inversor u otros actores similares, sino para toda la sociedad en su conjunto, de manera equitativa.

367 “Todos” los que han violado los derechos humanos, no sólo la parte que deba desmovilizarse. Aunque una “justicia para todos” es compleja de alcanzar, debe caminarse en esa dirección si lo que se busca es la “Paz” y evitar alimentar conflictos latentes.

368 De lado y lado, sin que nadie se arrogue privilegios de juez para no ser juzgado.

369 Para el caso de América Latina, esto implicaría “refundar” el Estado; lo que resulta difícil, en la medida en que la sociedad civil continúe siendo pasiva y expectante de que “alguien” resuelva los problemas.

370 Idem el comentario anterior.

371 Democracia electorera.

372 Ejemplos se puedan dar muchos. Uno de los más contundentes es el Sudafricano.

373 ILSA, Los derechos de las víctimas en procesos de Paz o de transición a la democracia, 2006, http://www.ilsa.org.co/spip.php?rubrique46

374 Elster, J., Rendición de cuentas: La Justicia Transicional en perspectiva histórica, (Buenos Aires, Katz, 2006).

375 Esto genera una descoordinación entre la obligación del Estado, desde el DIP de aplicar justicia, e instituciones como la Corte Penal Internacional (CPI) que buscan evitar situaciones de impunidad que los Estados puedan generar. Claro está que, dado que Estados importantes en el concierto mundial no hayan ratificado el Tratado de Roma, tales como Estados Unidos, China, Israel, Egipto, Irán, Rusia -entre otros-, hace que estos mecanismos pierdan credibilidad, toda vez que Gobiernos como el de Estados Unidos crean Tribunales Penales Especiales para juzgar a los vencidos; a lo que habría que agregar los acuerdos firmados por buena cantidad de Estados con Estados Unidos exceptuando a éste de someter a sus ciudadanos y tropas a la CPI, entre otros, Colombia.

376 Reitero lo dicho en la nota anterior.

377 Ardila, Dorys, Justicia Transicional: Principios Básicos, http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf.

378 Joinet, Louis, La Administración de la Justicia y los Derechos Humanos de los Detenidos: “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los Derechos Humanos (civiles y políticos)”, ONU, ECOSOC, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías. Traducción no oficial del Equipo Nizkor, Octubre de 1997.

379 Botero, Catalina, “Estándares Internacionales y procesos de transición en Colombia” En: Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la Justicia Transicional, (Bogotá, Edic. UNIANDES, 2000).

380 Ibidem.

381 Ibidem.

382 Joinet, Louis, La Administración de la Justicia y los Derechos Humanos de los Detenidos: “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los Derechos Humanos (civiles y políticos)”, ONU, ECOSOC, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías. Traducción no oficial del Equipo Nizkor, Octubre de 1997.

383 Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Timor Oriental, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, antigua Yugoslavia, entre otros.

384 Botero, Catalina, “Estándares Internacionales…”, op. cit.

385 Corte Penal Internacional, Las Reglas de Procedimiento y Prueba, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000), Regla 85.