Tapa Conflicto en Colombia

 

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Capítulo XI

Marco Teórico

Derecho a la Rebelión

1) Lo que dice la Doctrina respecto del Derecho a la Rebelión

Aristóteles

En “La Política”, Aristóteles dice:

La desigualdad es siempre… la causa de las revoluciones, cuando no tienen ninguna compensación los que son víctimas de ella… y en general puede decirse que las revoluciones se hacen para conquistar la igualdad” 324.

Cuando los que gobiernan son sinvergüenzas y codiciosos, la gente se subleva contra ellos y contra la Constitución que les proporciona tan injustos privilegios, sea que amontonen sus riquezas a costa de los particulares o a expensas del público 325.

Desde cualquier punto de vista, una revolución se ocasiona porque se beneficia a un sector en desmedro de otro 326; sea que el beneficiado sea el pueblo en contra de los sectores más poderosos -generándose una demagogia- o, a la inversa, que se beneficie a los sectores más ricos y poderosos en desmedro del pueblo -generándose una oligarquía-. Los orígenes y las causas serán diferentes 327.

En “la tiranía (...) el soberano gobierna a su antojo sobre la colectividad política” 328.

En consecuencia, la insurgencia se justifica por cuanto el tirano rompe el pacto social, desconoce las reglas del juego con el ejercicio del poder, pasando de ser gobernante a ser un agresor injusto del pueblo, legitimándose este último para asumir una defensa individual y colectiva para deponer al tirano.

El soberano antepone su bien particular al de la sociedad que esclaviza. También podemos entenderlo como que el Gobierno antepone “la ideología de los poderosos” o que “beneficia a los poderosos” por sobre el bien de la sociedad. Se presume que en una democracia verdadera, el “soberano” es el pueblo.

La Iglesia Católica

En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, trató el tema de la rebelión bajo la denominación “de la sedición”, y decía que es la lucha entre partes de una misma sociedad o nación, calificándola como pecado mortal, si es opuesta a la unidad pacífica de la multitud social y, con ello, a la justicia y al bien común. En el punto 3º, decía:

El levantamiento contra el régimen tiránico no es sedicioso, pues el verdaderamente sedicioso es el mismo régimen que antepone su bien particular al de la sociedad que esclaviza. No obstante, la revolución contra el régimen no es lícita si acarrea mayores males que soportar la tiranía” 329.

La iglesia católica legitimó el derecho a la resistencia en la Encíclica Firmissimam Constantiam de 1937, en la que Pío XI afirmaba:

... Cuando llegara el caso de que (los) poderes constituidos se levantasen contra la justicia y la verdad hasta destruir aun los fundamentos mismos de la autoridad, no se ve cómo podría entonces condenarse el que los ciudadanos se unieran para defender la Nación y defenderse a sí mismos con medios lícitos y apropiados contra los que se valen del poder público para arrastrarle a la ruina”.

El Concilio Vaticano II admitió la legitimidad del recurso a la fuerza, al plantear:

Cuando la autoridad pública, rebasando su propia competencia, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica” 330.

El Papa Juan XXIII, en Pacen in Terris definió al bien común diciendo que:

“… consiste y tiende a concretarse en el conjunto de aquellas condiciones sociales que consienten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su propia persona”.

En 1967, en la Encíclica Populorum Progressio, el Papa Paulo VI sostuvo que:

En caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de las personas y damnificase peligrosamente el bien común del país”, puede justificarse la insurrección revolucionaria.

Declaración de Independencia de Estados Unidos de América

En la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, adoptada por el Congreso Continental de Filadelfia el 4 de julio de 1776, se dice:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos, se instituyen entre los hombres los Gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de Gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo Gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores posibilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

(...) Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese Gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad.

Declaración Universal de Naciones Unidas

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), promulgada el 10 de diciembre de 1948, en un considerando de su Preámbulo, se dice:

Considerando esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Cumbre de Argel del Movimiento de Países No Alineados en 1976

En 1976, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, adoptada en Argel, se recogieron todos los principios y derechos que dieron lugar al proceso de descolonización y de búsqueda de autodeterminación, buscando un nuevo orden político, económico y social internacional.

Todo esto, dentro de un proceso internacional que no se rige por el orden basado en una mayor justicia y bienestar de los pueblos, sino en la estructura de poder, en el que las reglas las ponen los más poderosos. Lo que se logra es lo que alcanza cada parte en función del poder del que dispone. El problema de los pueblos del “Tercer Mundo” ha sido alcanzar Resoluciones y “Cartas de Derechos” 331 sin poder efectivo de implementación frente al mundo industrializado, las empresas multinacionales existentes y la banca 332. Los principios, si carecen de un poder que los respalde y sostenga, quedan solo en la letra; no alcanzan a constituir un “nuevo régimen de la verdad”.

El control de los recursos de la periferia, que en el siglo XIX se hizo de forma colonial, en el siglo XX se llevó a cabo, en la gran mayoría de los casos, en forma neocolonial instalando la ideología dominante, con la complicidad de Gobiernos locales corrompidos, o regímenes militares que se basaron en la represión, la tortura y la exterminación física de los opositores.

En la Cumbre de Argel de 1976 se proclamó:

“… que todos los pueblos del mundo tienen el mismo derecho a la libertad, el derecho de liberarse de toda traba extranjera y de darse el Gobierno que elijan; el derecho, si están sojuzgados, de luchar por su liberación y el derecho de contar en su lucha con el apoyo de otros pueblos”.

“… Que todos los que a través del mundo libran la gran lucha, a menudo con las armas en la mano por la libertad de todos los pueblos, encuentren en la presente Declaración la seguridad de que su lucha es legítima”.

Los postulados de la Declaración de los Pueblos 333 y sus parámetros en los cuales es posible la plena vigencia de los Derechos Humanos, pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Derecho a la existencia. Del pueblo, la comunidad, la nación, hasta llegar a ser Estado mismo, con su propia identidad, con su cultura; respeto a su territorio, sin invasiones, sin violaciones, sin intervenciones, ni implantación de condiciones que comprometan en todo o en parte su propia identidad, su integridad como grupo humano 334.

Derecho a la autodeterminación política. Adoptar su forma política en el Estado.

Derechos económicos. Las riquezas y recursos naturales de cada pueblo le dan el derecho exclusivo de empleo a los mismos. Si hubiere expoliación, el pueblo-víctima debe recuperar lo que le pertenece, obteniendo adecuada apropiación ante el hecho injusto del que haya sido sujeto pasivo; igualdad de trato en las relaciones internacionales; soberanía económica de cada pueblo y solidaridad entre todos los pueblos para el adecuado ejercicio de la economía nacional e internacional 335.

Derecho a la cultura. Mantenimiento, enriquecimiento y buen uso de su propio idioma; defensa de sus riquezas artísticas, históricas y culturales.

Derecho al medio ambiente y a los recursos naturales. Es la importancia de la ecología conservar, proteger, mejorar y velar por el medio ambiente, el hábitat; propiedad común de algunos bienes de los pueblos del mundo: la altamar, el fondo de los mares y el espacio ultraterrestre; solidaridad internacional para el desarrollo económico, empleo de los recursos naturales y sana política de ecología.

Derechos de las minorías. Respeto permanente a la identidad, acervo de tradiciones, idiomas y, en general, del patrimonio cultural de la minoría que conviva con otros sectores de la comunidad nacional.

Garantías y sanciones.

a. El ataque o menosprecio a los derechos de los pueblos debe provocar la sana reacción de la comunidad internacional.

b. Todo enriquecimiento ilícito de un pueblo a costa del perjuicio de otro, debe dar lugar a la restitución de los beneficios mal habidos.

c. Tratados, acuerdos o contratos que conduzcan a situaciones injustas no podrán tener efecto alguno y, por ende, el perjuicio que causa este tipo de dolorosas conductas debe ser reparado a favor del pueblo perjudicado 336.

d. Cuando el endeudamiento externo se hace asfixiante, insoportable y oneroso, el pueblo perjudicado podrá alegar que la deuda no le pueda ser exigida 337.

e. Los tribunales penales internacionales podrán juzgar los crímenes contra los pueblos 338.

f. Los derechos conculcados de un pueblo, deberán ser materia para la tarea destinada a hacer valer las formas de lucha reivindicativas, advirtiéndose en la declaración que se puede “... incluso, como última instancia, por el recurso a la fuerza”.

g. Ante las organizaciones internacionales deberá permitirse la representación de los movimientos de liberación 339.

h. Deberá imponerse el respeto al derecho humanitario, tanto en conflictos externos como en situaciones anómalas internas 340.

i. Cada pueblo tiene derecho a darse su propio modelo de desarrollo 341.

Los principios de la Declaración de Argel fueron puestos en tela de juicio por los propios Gobiernos del Tercer Mundo, particularmente al abrazar ideologías como la neoliberal.

Uno de los grandes problemas de los sistemas políticos de la periferia, es la inestabilidad y la discontinuidad, sin descontar el hecho de que no hay un aggiornamiento respecto de cómo operar frente a las tendencias mundiales en una constante dinámica de cambio.

La Declaración de Argel -como muchas otras manifestaciones de este orden-, muestra una visión idealista-juridicista-institucionalista, carente de realismo y de conocimiento sobre las características y el funcionamiento del sistema mundial. Las reglas -régimen- que se pretende -y ha pretendido- implementar para hacer efectiva una convivencia internacional más equitativa, deben considerar la capacidad de ser exigidas y la sanción, dos elementos que en el ámbito mundial son complejos al no existir un “Estado-Mundial” y no haber un “Arbitro Supremo”, salvo los más poderosos, que son los que se encargan de direccionar las reglas y el sistema.



© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto en Colombia, (Córdoba, Edic. del Autor, 2017), ISBN: 978-987-33-2238-9, eBook, CDD 327.1


Foto AutorEsta página fue hecha por: Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.
e-Mail: luisdallanegra@gmail.com


324 Aristóteles, La Política, (Buenos Aires, Ediciones Nuevo Siglo S.A., 2005), Libro VIII, Teoría General de las Revoluciones, Capítulo I, Procedimientos de las Revoluciones, págs. 198-200.

325 Aristóteles, La Política, (Buenos Aires, Ediciones Nuevo Siglo S.A., 2005), Libro VIII, Teoría General de las Revoluciones, Capítulo II, Causas Diversas de las Revoluciones.

326 Cuando Freud hace referencia al “Malestar en la Cultura”, se basa en esta premisa. Freud, Sigmund, El Malestar en la Cultura, 1929, en Obras Completas, (Barcelona, Edit. Orbis, 1988).

327 Aristóteles, La Política, (Buenos Aires, Ediciones Nuevo Siglo S.A., 2005), Libro VIII, Teoría General de las Revoluciones, Capítulo III, Continuación de la Teoría Precedente. Ver también en el Libro VIII, el Capítulo IV, De las Causas de las Revoluciones en las Democracias, el Capítulo V, De las Causas de las Revoluciones en las Oligarquías y el Capítulo VI, De las Causas de las Revoluciones en las Aristocracias.

328 Aristóteles, La Política, (Buenos Aires, Ediciones Nuevo Siglo S.A., 2005), Libro III, del Estado y del Ciudadano - Teoría de los Gobiernos y de la Soberanía - del Reinado, Capítulo V, División de los Gobiernos.

329 Suma Teológica, Tomo VII, pág. 1017.

330 Coste, Rene, Las Comunidades Políticas, (Barcelona, Editorial Herder, 1971), págs. 350-351.

331 Como la “Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados” adoptada por la AG de la ONU en 1974.

332 Este tema lo he desarrollado extensamente en Dallanegra Pedraza, Luis, El Orden Mundial del Siglo XXI, (Buenos Aires, Ediciones de la Universidad, 1998), Capítulos I al VII.

333 La Carta de Argel fue adoptada en la IV Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países No Alineados celebrada en Argel del 5 al 9 de septiembre de 1973 en la que participaron 75 países. Publicada íntegramente en Osmañczyk, Edmund Jan, Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, (México, FCE, 1976), págs. 373-381.

334 Este es uno de los derechos básicos. Friedrich Nietzsche lo ha estudiado bajo el concepto de “poder de ser”. Nietzsche, Friedrich, Así Habló Zaratustra, (Madrid, Alianza Editorial, 1972). También, Nietzsche, Friedrich, “Voluntad de Poder”, en Barrios Casares, M., La voluntad de poder como amor, (Barcelona, Ediciones del Serbal, 1990).

335 Estos derechos han perdido vigencia efectiva con la “Globalización” y el predominio de la ideología de los “globalizadores” por sobre los “globalizados”, en función del poder de que disponen. Hasta que los países periféricos que tienen riquezas naturales en sus territorios y subsuelos, no alcancen poder suficiente como para volver a hacer efectivo este derecho, la soberanía seguirá siendo parte de un discurso sin realidades concretas y los recursos explotados en beneficio de otros Estados con poder y las subsidiarias de las corporaciones transnacionales, como ocurre en los hechos.

336 Esto requiere de un “árbitro supremo” que en el ámbito internacional no existe, al menos por sobre los “más poderosos”. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), Capítulo XIV, ver Gráfico 20. También, Dallanegra Pedraza, Luis, El Arbitro Supremo: El Problema del Gobierno del Mundo, en Revista Círculo de Humanidades, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, Colombia, Julio del 2008, Nro. 29, ISSN: 0122-7823, págs. 7-15.

337 Esto debería hacerse en la medida en que la deuda no haya sido contraída en forma corrupta y o ilegítima, como por ejemplo por dictaduras militares o civiles. Negarse a pagar la deuda ilegítima, debe ser un acto legítimo y no generado por Gobiernos corruptos o ilegítimos que duplican el hecho injusto. No obstante, mantener una posición así, requiere de un poder y estrategias, de los que carecen los países deudores “periféricos”.

338 Sin embargo Estados Unidos -junto a varios otros Estados-, haciendo uso de su poder, se ha encargado de quedar fuera de este proceso ya que es un “Arbitro Supremo”.

339 Con la calificación de “terroristas” a todos los movimientos, por parte de Estados Unidos, sus aliados europeos y algunos otros Estados, incluyendo latinoamericanos, resulta complejo implementar este derecho.

340 Pero no hacer uso o abuso de este derecho para intervenir ilegítimamente en los asuntos internos de otros Estados y sacar ventajas. Este tema lo he trabajado en Dallanegra Pedraza, Luis, Relaciones Políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio “monroista” o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edic. del Autor, 1994), ISBN 950-43-5524-2, págs. 127-131.

341 En la era de la globalización, parece difícil que este derecho tenga vigencia, si no se “construye poder” suficiente.