CONFLICTOS EN MEXICO
Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

· Chiapas y el Zapatismo:
COCOPA: Comisión de Concordia y Pacificación. Compuesta por senadores y diputados federales y locales de los partidos políticos: PRI, PAN, PRD y PT.
CONAI: Comisión Nacional de Intermediación. Presidida por el Obispo Samuel Ruiz García.

El Presidente Zedillo argumentó que tenía 27 observaciones a la propuesta de ley de la COCOPA sobre los derechos indígenas. Posteriormente los redujo a 4 como un gesto de "buena voluntad" cuando en realidad eran las mismas observaciones. Ante la negativa del EZLN de aceptar modificaciones a la propuesta original el presidente Ernesto Zedillo, no solo se negó a cumplir, sino que en el mes de marzo de 1998, presento una contrapropuesta, argumentando que los Acuerdos de San Andrés, provocarían la balcanización del país, abrían la puerta para que hubieran mexicanos de primera y de segunda, y se establecían fueros especiales, con la implementación de la autonomía de los pueblos indios.

Propuesta de Zedillo:

1) Reduce el ejercicio de los derechos de los pueblos indios a las comunidades.

2) Habla de que la Constitución "otorga" derechos a los pueblos indígenas en lugar de simplemente reconocerlos, como se acordó en San Andrés.

3) No reconoce los derechos de jurisdicciones de los pueblos indios. El Presidente solo reconoce -lo que introduce la idea de discrecionalidad-, que "los procedimientos, juicios y decisiones -de estos pueblos- "serán convalidados", lo que viola el Acuerdo de San Andrés que explícitamente establece "como garantía al acceso pleno a la justicia (.) que el derecho positivo mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos (.) y que mediante procedimientos simples sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado".

4) No reconoce el derecho de los pueblos indios a su territorio. Omite la referencia a que el uso y disfrute de los recursos naturales se refiera a sus tierras y territorios, lo que si esta explicito en el texto de la COCOPA y en los Acuerdos de San Andrés.

El gobierno mexicano propone por ultimo agregar la flexibilidad en la aplicación de la declaración: "Las disposiciones de esta declaración serán aplicadas por los Estados, con la flexibilidad necesaria, tomando en cuenta las condiciones propias de cada país". Con este articulo, anula toda la Declaración de la OEA.

El presidente Vicente Fox publico el día 14 de agosto del 2001, la ley sobre derechos y cultura indígena distinta a la iniciativa de llamada Ley Cocopa que presento al Congreso. El Congreso federal aprobó la iniciativa para apoyar los derechos indígenas, que implicó reformas a cinco artículos constitucionales. El proyecto también ha sido avalado por las legislaturas de 17 de los 31 estados del país. Las reformas fueron rechazadas por nueve congresos de estados que concentran 5,5 millones de indígenas, frente a los 3,5 millones que habitan en las entidades cuyas legislaturas las avalaron. Uno de los congresos que rechazó la ley fue el del sureño estado de Chiapas, donde en enero de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en favor de los derechos indígenas.

Los zapatistas habían puesto la aprobación de la ley como una de las tres condiciones para entablar un nuevo diálogo de paz con el gobierno. Las otras dos condiciones de los rebeldes para regresar al diálogo de paz fueron la liberación de más de 100 zapatistas y el retiro de siete posiciones militares en Chiapas.

Desde el Territorio del Pueblo P'urhépecha 18 de Agosto del 2001, emiten un decreto en contra de la ley indígena del gobierno mexicano, en ejercicio de la autonomía y por la voluntad soberana de todas y cada una de las comunidades indígenas

Acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno federal y el EZLN, el 16 de febrero de 1996. Se acuerda que "La nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano debe garantizar inclusión, dialogo permanente y consensos para el desarrollo en todos sus aspectos. No serán, ni la unilateralidad ni la subestimación sobre las capacidades indígenas para construir su futuro, las que definan las políticas del Estado".

En otro apartado se afirma que "Los programas de desarrollo rural de las comunidades indígenas se sustentaran en procesos de planeación en los que el papel de sus representantes será central desde el diseño hasta la ejecución".

Los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno federal el 16 de febrero de 1996 en materia social, establecen: "El Estado debe garantizar a los pueblos indígenas condiciones que les permitan ocuparse de su alimentación, salud y servicios de vivienda en forma satisfactoria y por lo menos un nivel de bienestar aceptable".

Ley de Derechos Indígenas: El presidente Fox envió al Congreso un proyecto de ley en abril del 2001, de la cual el EZLN, en principio, estuvo de acuerdo, pero que finalmente, el Congreso votó sin dar la autonomía a los pueblos indígenas, por lo que se truncó la posibilidad de finalizar las negociaciones de paz.


· Plan Puebla Panamá:

Atenta contra la autonomía de los pueblos indígenas. En el caso PPP no se respetaron los acuerdos de San Andrés.

Garantiza "Bajos costos en la instalación de empresas" así como "Incentivos a la inversión y al desarrollo económico", por medio de la capacitación de la mano de obra a la que ahora se le llama "capital humano" para que rinda mejor según las necesidades de la ganancia y del mercado. También se ofrece la simplificación de trámites, la construcción de parques industriales con todos los servicios para alojar a la mano de obra y subsidios a las empresas (como precios preferenciales, tierras y otros activos a bajos costos) que les quitan a los más pobres.

Se le ofrece a las empresas transnacionales lo que no se les ofreció a la planta productiva nacional.

Ventajas planteadas por el gobierno: población de 64 millones de habitantes (27 en el Sur Sureste de México y 37 en Centroamérica) en la medida que puede proveer "mano de obra abundante, con costos competitivos a nivel mundial y de calidad potencial", en la medida en que se le capacite mucho y se le pague poco.

Cuenta con una "posición geográfica privilegiada" para vender las mercancías hacia los tres grandes bloques comerciales (Norteamérica, Europa y Asia).

Se afirma la existencia de "procesos de democratización en los países de la región que están fortaleciéndose y ampliándose".

"Recursos naturales abundantes en la región" con extraordinaria biodiversidad ("Corredor Biológico Mesoamericano"), con posibilidad de "prestar servicios ambientales"; y el potencial del "turismo ecológico, de aventura y cultural de calidad". El "suelo abundante y con costos competitivos a nivel mundial" en la medida en que los gobiernos regalan la tierra para las inversiones, o que los campesinos e indígenas renten o vendan sus tierras a costos absurdos.

En otro apartado de los Acuerdos de San Andrés se afirma que "Los programas de desarrollo rural de las comunidades indígenas se sustentaran en procesos de planeación en los que el papel de sus representantes será central desde el diseño hasta la ejecución".

La infraestructura carretera para la generación de "corredores" de transporte de mercaderías, pasaría por tierras indígenas.

Los pueblos indígenas siguen siendo vistos como oportunidades de negocios, mientras no demanden derechos. Se señala, la "ubicación geográfica privilegiada", atractivos turísticos "arqueológicos, coloniales, playas y paisajes, parques naturales, comunidades étnicas, festivales, gastronomía, etc."

En los Acuerdos de San Andrés el gobierno se comprometió a "asegurarse el derecho de los pueblos indígenas a la protección de sus sitios sagrados y centros ceremoniales, y al uso de plantas y animales considerados sagrados de uso estrictamente ritual..."; además "reglamentar el acceso gratuito de los indígenas a los sitios arqueológicos .... administrar ellos mismos los sitios ... otorgar a los pueblos indígenas parte de las utilidades turísticas que generen dichos sitios .... utilizar los sitios como centros ceremoniales .... proteger los sitios cuando estén amenazados por megaproyectos de desarrollo turísticos o saqueo hormiga". Sin embargo, la nueva Reforma Fiscal aprobada, pese a todas sus confusiones y contradicciones, al parecer propone ahora un nuevo impuesto para todo visitante a los centros arqueológicos del país. Mientras tanto, los indígenas del municipio autónomo Roberto Barrios cerca de Palenque, Chiapas, luchan contra lo que ellos han llamado un intento de crear un centro turístico y vacacional empresarial en sus tierras.

Energía: sobre tierras campesinas se pretenden abrir más pozos petroleros, oleoductos y gasoductos para alimentar las necesidades de energía del mayor consumidor del mundo: Estados Unidos. También implica que se inundaran mas hectáreas para la creación de presas hidroeléctricas, generación de energía y distribución, donde empresas japonesas, estadounidenses, canadienses, francesas y españolas están invirtiendo actualmente, ahora que el gobierno Federal ha permitido la inversión extranjera en energía eléctrica lo que provocara, poco a poco, la mayor competencia y en definitiva la privatización en un futuro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En los Acuerdos de San Andrés el gobierno mexicano se comprometió a que "se impulsara el reconocimiento, en la legislación, del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a recibir la indemnización correspondiente cuando la explotación de los recursos naturales, que el Estado realice, ocasione daños en su hábitat que vulneren su reproducción cultural ... los mecanismos compensatorios buscaran asegurar el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas ... el Estado impulsara acciones de rehabilitación de esos territorios según lo define el articulo 13.2 del Convenio 169 de la OIT...". Estos derechos se siguen negando.

Telecomunicaciones: las grandes empresas de comunicaciones reclaman con éxito cuando sus derechos se ven ahorcados; pero guardan silencio cuando los indígenas exigen tener esos mismos derechos contando con permisos y radios comunitarias para transmitir información y cultura en sus propias lenguas. En los Acuerdos de San Andrés se reconoce que "es indispensable dotar a estos pueblos sus propios medios de comunicación, los cuales son también instrumentos claves para el desarrollo de sus culturas.

Trabajo de la Mujer: Para el PPP la mujer es solo "capital humano" que garantiza mayores ganancias a las grandes empresas y en ellas descansa "la mano de obra competitiva" que da razón de existir de las maquiladoras. Mujeres sin condiciones laborales adecuadas, salarios mas bajos que el de los varones pese a las mismas horas de trabajo, sin derecho al embarazo y acorraladas por el hostigamiento sexual son factores comunes en esta industria instalada en México, en Guatemala, San Salvador, Honduras y otros países de la región, donde se asientan ciudades maquilas en condiciones de salud y vivienda pésimas.

En el marco de los Acuerdos de San Andrés, las maquiladoras, especialmente para atraer mano de obra pobre e indígena, no deberían existir. En los Acuerdos el gobierno se comprometió a "incorporar a la legislación los derechos políticos, así como el respeto a los usos y costumbres indígenas, respetando la dignidad y los derechos humanos de las mujeres indígenas". Y específicamente sobre el trabajo el gobierno se comprometió a "garantizar los derechos laborales de las trabajadoras indígenas, sobre todo aquellas en condiciones vulnerables como las trabajadoras eventuales". Sin embargo, las maquiladoras neoliberales son intrínsecamente explotadoras de la mano de obra femenina e infantil. En los Acuerdos de San Andrés, se asumió el compromiso de "garantizar para las mujeres y los niños indígenas de Chiapas, el derecho a la salud, a la educación y cultura, a la alimentación, a una vivienda digna, a los servicios básicos, así como su participación en proyectos productivos, para el desarrollo integral digno con participación de las mujeres indígenas y diseñados con sus particularidades". También estipulan el "cumplimiento de pactos y convenios internacionales que el gobierno mexicano ha firmado. Especial importancia reviste el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, referido a la eliminación de toda forma de discriminación a la mujer. Acuerdo de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo referido a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres."

Las "oportunidades para captar una importante inversión externa directa" se da en la medida en que los gobiernos privatizan todas sus empresas, bienes y recursos incluyendo la biodiversidad, ya que existe una "gran riqueza biológica de la región, siendo una de las de mayor diversidad genética del mundo" cuya apropiación, en el marco de los acuerdos de libre comercio, se esta concentrando por medio de patentes en manos de las cada vez menos empresas farmacéuticas transnacionales mas poderosas del mundo. Consecuentemente, por inversión se entiende ahora toda compra o fusión de empresas, de biodiversidad, del agua, o de bienes tangibles o intangibles, que no necesariamente crean empleos. El PPP identifica a México y Centroamérica como la región que comparte el 10% de la biodiversidad mundial.


· Migraciones a EUA:

El tema de migraciones, se lo puede ver como una forma de "status quo" entre los gobiernos de México y EUA.

Al gobierno mexicano le conviene el migrante, ya que resuelve, en cierta medida el tema del desempleo y de los ingresos; por el otro, los ingresos por envíos de fondos desde el exterior, están en tercer lugar dentro de la contribución al PBI mexicano. Al empresario norteamericano le conviene, porque se trata de mano de obra barata y al gobierno de EUA le conviene, porque es un buen contribuyente del fisco al ser consumidor.


· Caso Bush-Castro-Fox:

El presidente Bush, con motivo de la Cumbre de la ONU sobre la Financiación para el Desarrollo que se celebró en Monterrey, México, en marzo del 2002, pidió al presidente Fox, que cuando llegara, Castro estuviera ausente. Esto fue lo que le comunicó a Castro, y sin más se retiró de México, antes de la llegada de Bush.

Más tarde, ante la negativa de Fox y su Ministro de Relaciones Exteriores, Castro hizo escuchar la grabación que tenía en la que Fox le comunicaba el pedido de Bush.

Mientras históricamente México mantuvo relaciones con la Cuba de Castro, pese a que toda América Latina, presionada por el gobierno de EUA rompía relaciones, ahora el gobierno de Fox, llega a una situación de ruptura con Castro y vota contra Cuba en la ONU por el tema de derechos humanos, cuando antes el gobierno mexicano se abstenía.


· Protestas sociales: caso UNAM:

Durante diez meses, en 1999, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la tomaron como resultado de la decisión en una asamblea votada por más de 100 mil estudiantes que decidieron repudiar las políticas neoliberales.

El eje central del conflicto se inició por una baja en el presupuesto de la UNAM para 1999, seguido por la decisión del rector de aumentar las cuotas de las matrículas estudiantiles, como parte central de la política social neoliberal que busca eliminar los subsidios generalizados a la población en alimentación, salud y educación.

El presidente, Zedillo, resolvió intervenirla para finalizar con el conflicto, no negociando sino reprimiendo, dejando como resultado un saldo de 737 estudiantes huelguistas detenidos.

En el 2000, airados por el arresto de estudiantes y partidarios, un grupo de activistas en una disputa escolar rural rodeó a decenas de policías en una localidad del estado mexicano de Hidalgo y los tuvo cautivos durante casi 12 horas.

68 policías estuvieron en poder de los activistas en la plaza de Tepatepec hasta que los soltaron en altas horas de la noche del sábado, una vez los estudiantes salieron de la cárcel.

El gobierno del Estado dijo en un comunicado que "900 pseudoestudiantes" intentaron apoderarse del palacio de gobierno.


· Certificación y Descertificación de EUA

por la lucha contra la droga:

México, está sujeto, junto a otros Estados latinoamericanos y del resto del mundo a políticas de "certificación" o "descertificación" por parte el gobierno de Estados Unidos quien califica así la manera en que se encara la lucha contra el narcotráfico.

Hay una lista de 32 Estados que reciben el calificativo de haber sido "certificados" o "descertificados", según si el gobierno norteamericano está conforme o no; con las consecuencias correspondientes en materia económica y política, a la vez que lleva a cabo una política -sin posibilidades de reciprocidad- de demandar la extradición de ciudadanos de países donde funcionan carteles de droga, para ser juzgados en tribunales norteamericanos.

El gobierno de EUA maneja el tema desde el punto de vista de la "oferta" y no de la "demanda".


Foto Autor
Esta página fue hecha por © Luis DALLANEGRA PEDRAZA

*  Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).



e-Mail: luisdallanegra@gmail.com 
Home   Arriba   A México