Características de las Reformas Hechas al Acuerdo de Paz

Santos hizo público el nuevo texto del Acuerdo de Paz 1, previamente a su conocimiento por parte de los críticos del Acuerdo anterior, generando un estado de malestar.


Comunicó a los ciudadanos colombianos que el Gobierno y las FARC firmarán un nuevo Acuerdo de Paz:

Este Acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos”.

Se trata de un texto modificado, en el que se incorporaron algunos cambios que solicitaban los voceros del “No”.

¿Qué fue lo que se modificó?

El Jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez dijo que:

Preserva la estructura y el espíritu del primer Acuerdo convenido”.

Aunque se incorporó no menos del sesenta y cinco porciento de las propuestas del “No” en lo referente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de Justicia Transicional y casi el noventa porciento de las iniciativas vinculadas a la cuestión de cómo el Acuerdo trataba el tema de equidad de género, que había despertado resistencia, especialmente entre grupos religiosos.

No cambió la posibilidad de participación política para los Jefes guerrilleros, uno de los Puntos que más inquietaban a los líderes del “No”.

Estas son las principales modificaciones 2:

El nuevo Acuerdo no pasará a formar parte de la Constitución y su desarrollo se acoge a los lineamientos enmarcados por la Carta Política de 1991 y el respeto al Estado de Derecho. Se recurrirá al Congreso, que a través de un acto legislativo será el encargado de incluir en la Carta Política un artículo transitorio para indicar que aquellos contenidos que correspondan a derechos fundamentales o normas del Derecho Internacional Humanitario serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación de lo pactado. De todas maneras, se prevé que el Acuerdo será depositado como “Acuerdo Especial”. El Gobierno será el único responsable de la implementación de los Acuerdos. Habrá una Comisión que hará el seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los Acuerdos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema especial de Justicia Transicional acordado en La Habana:

  1. Tendrá un límite de diez años para evaluar informes y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años. Dispondrá de cinco años para hacer juicio.

  2. Antes de que empiece a funcionar la JEP, se iniciará un proceso de recolección de información de personas desaparecidas -tarea en la que trabajarán Gobierno, organizaciones de víctimas, Medicina Legal, FARC y CICR-.

  3. Las ONG no podrán actuar como Fiscales y acusar; sólo presentar información que será valorada y contrastada por los Jueces y Magistrados del Tribunal.

  4. No podrá haber Jueces extranjeros, pero podrán participar dando opiniones expertos no colombianos, bajo la figura de “amicus curiae” con voz pero sin voto.

  5. Esta Jurisdicción Especial para la Paz aplicará el Código Penal Colombiano.

  6. La JEP podrá tener colaboración de la Fiscalía y celebrar con ella convenios de cooperación.

  7. Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional. Se establece el respeto al debido proceso y el principio de imparcialidad, la debida publicidad y garantía del principio de contradicción en la valoración de la prueba, y de la doble instancia. Los conflictos de competencia serán resueltos entre la JEP y el Consejo Superior de Judicatura.

  8. Las sentencias dictadas por la Corte Suprema solo podrán ser revisadas por este mismo Tribunal.

  9. Se establece un régimen penal y disciplinario para los Magistrados.

  10. Las obligaciones reparadoras que imponga la JEP no alteran la potestad del Consejo de Estado para fijar indemnizaciones monetarias.

  11. La jurisdicción ordinaria investigará penalmente falsas denuncias presentadas ante la JEP.

  12. Se aplican requisitos del Estatuto de Roma en “responsabilidad por mando” -para agentes del Estado y guerrilleros- (era una crítica de Human Rights Watch y un tema de interés de la CPI).

  13. Las amnistías no impiden llevar a cabo acciones de extinción de dominio. Así como guerrilleros pueden ser amnistiados, los agentes del Estado y terceros (la novedad son los terceros) pueden ser beneficiados con la renuncia de la acción penal. Se deja explícito que las actuaciones de agentes del Estado se presumen legales. Una de las observaciones más insistentes hechas por el ex-Presidente Alvaro Uribe, en relación con que el Acuerdo de Paz anterior igualaba a policías y soldados con los guerrilleros, fue aclarada, indicando que en el caso de los miembros de la fuerza pública, la aplicación de la Justicia Transicional debe partir del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos y tiene la obligación de contribuir al fortalecimiento de todas las instituciones.

  14. Los empresarios que no sean responsables de crímenes graves, tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar, en la justicia ordinaria.

  15. Las víctimas podrán asistir a los juicios, con lo que (además de lo ya previsto) se garantiza su presencia en todas las fases de la JEP.

  16. Todos los que se presenten a la JEP están obligados a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades.

Se definió con mayor claridad qué será la “restricción efectiva de la libertad”, pena alternativa a la de prisión para quienes cuenten la verdad de sus crímenes de forma inmediata. Se estableció que el tiempo que pasen en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación. El Tribunal debe fijar en cada caso:

a) los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización - la más chica división rural de Colombia), posiblemente colonias agrícolas;

b) el período y los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas;

c) establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción;

d) imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las Zonas donde cumplan la sanción y los mecanismos de monitoreo; y

e) señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción.

f) ONU verificará el cumplimiento de las sanciones.

Durante la dejación (entrega) de armas, las FARC deberán declarar sus bienes y entregarlos para reparar a las víctimas. Se hará conforme a los criterios de la Corte Constitucional respecto a los recursos de la guerra. Según la jurisprudencia de ese Alto Tribunal, los parámetros mínimos para la reparación de las víctimas por parte de grupos armados ilegales son: todos y cada uno de los miembros del grupo responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la Ley penal por los que fueren condenados; también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron y deberán entregar tanto los bienes obtenidos ilícitamente, como los bienes obtenidos lícitamente, es decir, deben responder con “todo” su patrimonio, independientemente de su origen.

Se redujo en un treinta porciento la financiación al Partido Político de las FARC, en comparación con el Acuerdo anterior, para que quede en igualdad de condiciones con los demás Partidos. El nuevo Partido Político recibirá los mismos recursos que da el Estado a los partidos con personería jurídica: 7,14 % del Fondo de Partidos y un monto equivalente el siete porciento dirigido a su centro de pensamiento y para la divulgación y difusión de su plataforma ideológica.

No se cambió -pese a la insistencia de los líderes del “No”- la posibilidad del acceso a los cargos públicos electivos por parte de los Jefes guerrilleros. Podrán presentarse y tendrán cinco escaños garantizados en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos consecutivos a partir del 2018. Ponen el acento en la ampliación y profundización de la democracia, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político. El partido político que surja de la reincorporación de las FARC, no podrá inscribir candidatos para las curules transitorias en la Cámara de Representantes.

Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no estuvo presente nunca, ni siquiera de manera sugerida. Se dejó claro que este Capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente el conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos.

El nuevo Acuerdo reconoce a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Se les da un lugar a los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas.

En cuanto al tema del narcotráfico, se resolvió acogerse a los criterios de la jurisprudencia interna colombiana que, entre otras cosas, establece que podrá asumirse como conexo al delito político cuando su justificación esté ligada a la misma lucha subversiva. Las FARC se comprometen a contribuir de manera efectiva con la solución al problema de las drogas ilícitas, entregando información exhaustiva y detallada con el fin de que el Estado pueda atribuir responsabilidades y encontrar maneras de garantizar los Derechos de las Víctimas a la Reparación y No Repetición. El Estado no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo la aspersión. Las partes acordaron incluir un tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores (como figura transitoria) y en la formalización de la propiedad, quienes estén involucrados en esa actividad, deberán garantizar primero que el predio esté libre de cultivos ilícitos.

Se precisaron los tiempos para implementar la Reforma Rural Integral, proyectada a quince años. Ratificaron el derecho a la propiedad privada; se hicieron aclaraciones sobre la fuente del Fondo de Tierras -en lo que tiene que ver con la expropiación-; el catastro -fundamental para formalizar la propiedad de la tierra- no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras. No habrá formalización de ningún predio en Colombia, sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos. Se reconoce que el desarrollo del campo depende de la alianza entre la economía campesina o la agricultura familiar con la visión empresarial; se reitera que no se harán modificaciones a la legislación vigente sobre las Zonas de Reserva Campesina ni tampoco se modifica los criterios y procedimientos para realizar el avalúo catastral. Acuerdan que, siendo el Gobierno el responsable de la implementación, se respeta la preservación de la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluyendo un cronograma de prioridades. Se amplió de diez a quince años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del Gobierno.

Las FARC no participarán en una nueva Comisión de protección y garantías de seguridad que creó el Acuerdo. Se eliminó también las facultades de esa Comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada.



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1 El texto completo del Nuevo Acuerdo está en: http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/acdelaes.htm. La Fe de Erratas publicadas en el Comunicado Conjunto Nro. 7, el 24-11-2016: http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/fenuacfi.htm.

2 ¿En qué se diferencia el nuevo Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC del que fue rechazado en el plebiscito?, en BBC Mundo en Español, 13-11-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37965382. También, Humo blanco en La Habana: hay nuevo Acuerdo de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/humo-blanco-habana-hay-nuevo-Acuerdo-de-Paz-articulo-665234. Igualmente, Logramos precisiones y cambios en 56 de los 57 temas abordados en nuevo Acuerdo: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/logramos-precisiones-y-cambios-56-de-los-57-temas-abord-articulo-665270. Además, Santos explica 20 cambios sobre Jurisdicción Especial para la Paz en nuevo Acuerdo, en Diario El Espectador, Bogotá, 15-11-2016, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-explica-20-cambios-sobre-jurisdiccion-especial-p-articulo-665680.