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Con posterioridad, especialmente a partir de la Cumbre de Reykjavik entre Reagan y Gorbachov en 1985, el gobierno norteamericano estableció un nuevo paradigma de relacionamiento, vinculado al nuevo status internacional vigente, en el que la seguridad ya no es el elemento esencial en el sistema de relaciones global. Por ello, ahora el paradigma de relacionamiento es "democracia y desarrollo". La "democracia", desde el punto de vista de EUA, debe ser "controlada".
Para explicarnos el funcionamiento del “modelo de relacionamiento”, debemos establecer ciertos “códigos básicos” o definiciones conceptuales.
Partimos de aquellos que tienen capacidad de establecer reglas –régimen- del juego. Los denominamos “repartidores supremos” y “reparten” potencia –podés- e “impotencia” –no podés-.
En un proceso de "polarización", aquellos que alcanzan el nivel de actores polares, son los que se transformarán en supremos repartidores de "potencia" e "impotencia". Esto visto en términos políticos, ya que en términos jurídicos se habla de derechos y obligaciones. Como las connotaciones son diferentes, prefiero tratar la temática desde la perspectiva de la política internacional.
Ejemplos de supremos repartidores en el siglo XIX, son las grandes potencias europeas. Desde 1945 hasta los '80, EUA y la URSS. También los países de la Comunidad Económica Europea (CEE); así como las empresas multinacionales y los actores transnacionales. En la actualidad, EUA, Japón, Alemania unificada –la “Tríada”-, la banca privada transnacionalizada, son supremos repartidores.
Los repartidores establecen “principios supremos de reparto” o reglas del juego, generando un “orden de reparto” (1).
Los repartidores supremos establecen principios y normas de reparto en los diferentes ámbitos de aplicación: económico-financiero, estratégico-militar, político. Es más, tienen capacidad de cooptar –controlar- los organismos internacionales que son creados por la comunidad internacional, sea captando la mayoría de los votos a través de presiones, concesiones, etc., o mediante el sistema de “voto ponderado” –FMI por ejemplo-.
Los "reguladores" son aquellos que se encargan que las reglas establecidas por los repartidores se cumplan. En materia monetaria el FMI o el Banco Mundial. En materia de comercio el GATT hoy la OMC; en materia estratégico-militar OTAN, Pacto de Varsovia –hoy desaparecido-, TIAR/OEA, etc.. No cabe duda que países como Argentina o los latinoamericanos en general, son miembros del FMI, o el GATT/OMC, o el TIAR/OEA, pero no tienen la capacidad de "repartir", ni siquiera de modificar las reglas establecidas y, a su vez, deben subordinarse a los reguladores, ya que tampoco pueden "polarizar".
La forma en que el FMI obliga comportamientos en América Latina es un muy buen ejemplo. Se trata de un regulador, pero se asemeja a un repartidor por la forma en que opera. Sin embargo esto lo puede hacer para obligar a países latinoamericanos o africanos a modelos de estabilidad y pago de deudas, pero no para rescatar en situaciones de crisis global, como “Efecto Tequila”, o la “crisis asiática” con repercusiones en Rusia y Brasil.
Los casos típicos son: para Guatemala, Belice, que hoy es un Estado independiente, por lo que debería dejar de existir ese Estado independiente para que Guatemala recupere el territorio reclamado. Venezuela, la Guayana Esequibo. Territorio que hoy está bajo la soberanía de Guyana, independizada –o descolonizada- por Gran Bretaña. Ahora Venezuela se tiene que ver con Guyana y no con gran Bretaña y eso también dificulta las negociaciones al tratarse de un Estado pequeño al que se le restaría una porción importante de territorio –reclamado por Venezuela-. Argentina, las Islas Malvinas. Luego de la guerra de 1982 el proceso de negociación se ha dificultado más por el hecho de la creencia de que el vencedor es el que se queda con el territorio tomado. No obstante ello, Argentina es la que en mejor posición está en el proceso de negociación en relación con Guatemala (debería desaparecer el Belice independiente) y Venezuela (negociar con un Estado más pequeño lo que inclina la balanza de la comunidad internacional hacia el más débil).
b) Conflictos limítrofes: generados a partir de la independencia, como resultado del trazado apurado de las fronteras.
Se han ido resolviendo en algunos casos, pero aún perduran, luego de casi dos siglo de independencia. Mantiene divididos a los estados latinoamericanos en luchas intestinas y de reclamo -supuestamente- soberano, mientras su soberanía es efectivamente tomada, cooptada o los Estados son neo-colonizados por las empresas multinacionales, transnacionales, banca privada, compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente norteamericanos, o manipulados ideológica, económica y políticamente por otros Estados, como Estados Unidos durante la guerra fría o actualmente con diversas políticas económicas y militares. Esta ha sido una de las principales razones para mantener divididos a los estados latinoamericanos y que no funcionen procesos como los integrativos, que no tengan una coordinación de sus políticas exteriores, etc.. Los de afuera, agradecidos: “divide et impera”.
c) Conflictos de carácter hegemónico: generados por el manejo hemisférico que ha hecho Estados Unidos del conflicto Este-Oeste y, actualmente, debido a los problemas de lucha contra el narcotráfico y su metodología de “certificar/descertificar” a los Estados, sus presiones por ley de patentes demandadas por las empresas al gobierno norteamericano, su lucha contra el terrorismo, etc..
Los conflictos de carácter hegemónico se han manifestado, particularmente durante la etapa e la guerra fría, a través de un intervensionismo directo o indirecto, sea mediante Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores con el objeto de intervenir un Estado o avalar ex-post-facto una intervención unilateral de Estados Unidos, debido a algún motivo que podía atentar a los intereses económicos o de seguridad de este país; o mediante otras metodologías. Actualmente se manifiesta en presiones del gobierno norteamericano por temas que tienen que ver con sus intereses económicos o de seguridad actualizados. Antes la lucha contra el comunismo, o las nacionalizaciones que algunos Estados latinoamericanos hacían de empresas cuya casa matriz tenía sede en Estados Unidos; ahora la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, o los problemas de leyes de patentes, endeudamiento, etc..
4) Los grupos económicos. Estos han sido un factor de poder, pero debieron tener el apoyo de las fuerzas armadas para llevar adelante sus objetivos. En América Latina, en el siglo XIX, en general, vencieron los sectores favorables a un aperturismo y comercialistas, frente a los defensores de una industria, aunque incipiente, protegida. Estos sectores aperturistas estaban ligados por intereses e ideológicamente con Europa, especialmente Gran Bretaña. Estos grupos dominaron los países mediante el fraude electoral y con gran apoyo internacional.
Cuando los sistemas políticos establecieron sistemas electorales donde el fraude no era factible o no funcionaba adecuadamente, entonces los grupos neoliberales no pudieron acceder al gobierno mediante elecciones, por lo que debieron hacer uso de la fuerza mediante golpes de Estado.
Los grupos económicos al acceder al gobierno mediante golpes de Estado –hubo excepciones, como los casos de Velazco Alvarado en Perú, Ovando y Torres en Bolivia, Torrijos en Panamá que han hecho golpes de Estado de izquierda-, les otorgaron a las fuerzas armadas ventajas, como mejores presupuestos e incluso mejores salarios o puestos en sectores de la administración pública a cambio de la seguridad y la represión. Ha sido la única manera de poder llevar a cabo estas políticas neoliberales. Los golpes de Estado se hicieron con el justificativo de la lucha contra el comunismo o de la ineficiencia y la corrupción de ciertos gobiernos; no obstante ello, los golpistas una vez instalados en el gobierno inmediatamente nombraban ministros de economía que implementaban políticas neoliberales.
Se ha dado una división de tareas. Los militares se ocupaban de los aspectos de seguridad y represión y los grupos económicos del manejo de lo económico-financiero-comercial.
El marco internacional, tanto en materia de seguridad, como de desarrollo económico neoliberal ha sido propicio, acompañado por un permanente divisionismo latinoamericano: “divide et impera”. La idea era mantener siempre dividida a América Latina para evitar que se conforme un grupo regional con capacidad de negociación internacional fuerte. Las elites internas funcionales a estos criterios contribuyeron a ello y utilizaron a los procesos integrativos en beneficio del comercio y los inversores y empresas transnacionales.
Las fuerzas armadas hablaron de la defensa de la soberanía, pero favorecieron, merced a los grupos económicos neoliberales a que las economías fueran controladas por actores transnacionales o por EUA, de la misma manera que la imposición ideológica por parte de este país en toso aquellos temas de su interés económico y de seguridad.
En materia económica, el liberalismo continúa, esta vez mucho más expandido y sin que hayan, al menos en el corto o mediano plazo, alternativas en pugna que pretendan frenarlo o reemplazarlo, como en los últimos cincuenta años lo fue el comunismo y el socialismo.
El hecho de que la URSS haya desaparecido y con esta superpotencia una alternativa ideológica, favoreció la rápida expansión del capitalismo de mercado norteamericano, a la vez que permitió que otras economías, que estaban fuera del juego mundial, debido a la división del mundo en dos bloques ideológicos, ingresaran con sus propias alternativas y oportunidades. Hablo de las economías asiáticas, particularmente China con alrededor de 400 millones de personas económicamente activas –prácticamente el total de la población de América Latina-, pero con un costo salarial y social muy por debajo al del mundo occidental.
Mano de obra barata y productos a precios tan bajos que resulta casi imposible competir con ellos, fueron el detonante e inicio de una gran crisis económica.
La economía global, de un ciclo inflacionario iniciado en la etapa de la segunda postguerra, basado principalmente en el modelo económico Keynesiano, y que duró hasta fines de los ´80, pasó a un ciclo recesivo lo que, con la aplicación de modelos de convertibilidad ajustados al patrón dólar, disminuyeron la espiral inflacionaria y en algunos casos hiper-inflacionaria a niveles cercanos a cero. Este hecho ocurrió generalizadamente a escala mundial. No hubo ningún “milagro” económico, como algunos gobiernos pretenden auto-atribuirse. La economía mundial cambió su ciclo, esta es la realidad y los nuevos gobiernos latinoamericanos, ajustándose al “Consenso de Washington” de 1989 dieron lugar a la nueva economía y al nuevo rol y tipo de Estado. Todo esto acompañado e un fenómeno que comenzó a crecer como bola de nieve en los ´70, que es la “transnacionalización” del sistema mundial.
Con posterioridad, se generaron crisis financieras localizadas, pero con alcance global, debido a maniobras monetarias: como la del “tequila” en México a fines de 1994, o la asiática, que tuvo varias escalas, Tailandia en julio de 1997, Malasia en agosto de 1997, Singapur y Hong Kong en octubre de 1997 y Japón en diciembre de ese año. Esto repercutió en Rusia y en Brasil.
CONTEXTO LATINOAMERICANO POST REYKJAVIK
Las fuerzas armadas latinoamericanas perdieron importancia como “actores políticos” –pasaron de ser un factor de poder a un grupo de presión-, ya que el conflicto Este-Oeste había dejado de existir con la finalización del sistema bipolar; además resultaban peligrosas para los intereses de EUA y de los grandes grupos económicos transnacionales –empresas y banca- debido a que podían tener conductas nacionalistas o de otro orden –“carapintadas” por ejemplo en Argentina o Venezuela- y escaparse de las manos y el control en el hemisferio o generar situaciones de inestabilidad o “inseguridad jurídica” para el capital de inversión. Por ello, la democracia -controlada o tutelada- era el mejor camino.
Se inició una nueva gran “ola” democrática en América Latina, esta vez no como salida de una etapa de gobiernos militares en el típico corsi e ricorsi de los sistemas políticos latinoamericanos, sino como una nueva forma de controlar políticamente a la región.
Los partidos políticos, entusiasmados con volver al ruedo electoral y tener posibilidades de gobernar, estuvieron dispuestos-y así lo hicieron- a firmar “acuerdos” de no juzgamiento de lo actuado, en aras de la “pacificación nacional”, con los militares salientes, en ciertos casos derrotados, como en la Argentina, en otros sin derrota, como Brasil y en el caso de Chile, con una gran fortaleza, incluso por el modelo económico aplicado por Pinochet.
En algunos casos, los gobiernos civiles de las “transiciones” políticas a la “democracia”, promulgaron leyes de “punto final” a los efectos de evitar juicios a las juntas militares y sus miembros a la vez que cortar toda posibilidad de denuncia en el futuro. En casos de juzgamientos, se promulgó una ley de “obediencia debida” para limitar los juicios a las cúpulas y evitar que el resto de los miembros de las fuerzas pudieran ser juzgados. En otros casos resolvieron las cosas con leyes de amnistía o con indultos. Todo esto, agregado a leyes de “autoamnistía” promulgadas por los propios militares antes de salir del gobierno, para evitar su juzgamiento posterior.
En intentos posteriores de juzgamientos, como el del caso Pinochet detenido en Gran Bretaña (1998/99/ hasta febrero del 2000), a pedido del Juez Baltasar Garzón de España, por pedido de familiares de ciudadanos españoles torturados y muertos en Chile durante la etapa de la dictadura de Pinochet, los gobiernos “civiles” –Argentina con Carlos Menem y Chile con Eduardo Frei hijo- esgrimieron el principio de la “soberanía jurisdiccional” –soberanía que no ha sido esgrimida por ningún gobierno cuando las empresas transnacionales, banca o Estados extrarregionales, como EUA, tomaron decisiones sobre la economía de los países latinoamericanos, sus recursos naturales, sus empresas, su ideología, etc.- para evitar su juzgamiento. Principio que no puede ser esgrimido para casos de “crímenes de lesa humanidad”. La situación planteada por el sistema judicial español –fallida por decisión del Ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw- se debe a la falta de una Corte Penal Internacional, cuya vigencia es negada por EUA así como por China, Siria, Francia, India, que no creen conveniente la vigencia de este tribunal porque podría ser utilizado en su contra (2).
En el terreno económico, estos gobiernos que asumían por elecciones –para que haya democracia se deben reunir muchos más requisitos que las meras elecciones- debían comenzar a ajustarse a nuevas pautas establecidas en un consenso, en el que no fue consultada América Latina, el Consenso de Washington de 1989_(3).
El objeto central es hacer que América Latina comience a adaptar su sistema político, económico y militar a las nuevas características mundiales: achicar el Estado y disminuir el gasto público, disminuir el presupuesto militar y aumentarlo en salud y educación –más allá de las supuestas recomendaciones del “consenso” se han privatizado más que aumentado el gasto, en ciertas circunstancias el gasto fue a la construcción de escuelas, no a mejorar la educación-, privatizar las empresas del Estado, abrir el mercado, modificar e independizar el sistema judicial, etc..
Ahora, en vez de gobiernos militares que permitan la apertura de la economía a los sectores liberales, son los propios gobiernos civiles que, mediante el voto “legitiman” las políticas neoliberales.
Lo más significativo del caso, es que los países latinoamericanos, en vez de lograr un consenso regional para fortalecer su capacidad de desempeño y negociación y alcanzar objetivos propios de desarrollo y de resolución de sus propios problemas desde su propia perspectiva, giran, de manera desintegrada, alrededor de un consenso impuesto por EUA y gerenciado por el BM, el FMI -que se ha transformado en una “calificadora de riesgo internacional”, toda vez que perdió la capacidad para prevenir crisis u operar de manera eficiente en el rescate de aquellos Estados que tienen problemas monetarios- y, en el orden hemisférico, por el BID.
De esta manera, se observa que las fuerzas armadas perdieron capacidad de poder, aunque en algunos casos conservan una buena porción, pero particularmente para no ser juzgadas por lo actuado durante su intervención de facto en el gobierno. El caso Chile con Pinochet es un caso paradigmático.
En Chile las fuerzas armadas siguen siendo un factor de poder importante. Controlan la parte judicial (no se puede luchar por los derechos humanos ni juzgar a Pinochet; se verá qué puede hacer el nuevo presidente Lagos al respecto) los aspectos políticos (senadores vitalicios), un porcentaje importante de los ingresos por exportación de cobre para compra de armamentos o presupuesto militar; mientras que el gobierno -civil- sólo maneja el comercio exterior (salvo el tema del cobre) y aspectos que no tienen que ver con la seguridad en la política exterior.
En Argentina el tema con las fuerzas armadas no es tan complejo como en Chile pero, más allá que las leyes de punto final y obediencia debida de 1986 y 1987, han sido derogadas por el propio Parlamento Argentino en 1998, aunque esto no implica que se puedan juzgar los casos anteriores a su derogación.
En Uruguay tampoco es factible el juzgamiento de los militares.
En general, las fuerzas armadas, constituyen hoy, un grupo de presión más que un factor de poder (4). Los partidos políticos son los que se turnan en el gobierno, pero se han transformado en “gestores” más que en actores de la vida política. Son gestores de los intereses privados y “privatizantes” justificando la ideología imperante –el neoliberalismo- y actuando de espaldas al pueblo, en gran medida porque le mienten y en parte porque viven de espaldas con la realidad. Hoy una ONG o una Organización de la Sociedad Civil (OSV) satisface más plenamente las necesidades o demandas de la población, sea que se trate de la mujer en su condición de tal con los problemas que su condición o status implique, o las personas que demandan justicia por problemas de derechos humanos o de pobreza, de desempleo, etc., que el Estado o los partidos políticos.
Los conflictos en América Latina continúan. Particularmente los territoriales, aunque en algunos se van alcanzando ciertas soluciones que, de todas formas vuelven a detonarse con el tiempo, como entre Perú y Ecuador en la línea de frontera acordada en 1942 con la garantía (?) de Argentina –que terminó siendo acusada de vender armas a Ecuador en el conflicto que se armó- Brasil, Chile y Estados Unidos; o entre Nicaragua y Honduras o Nicaragua y Colombia, los problemas argentino-chilenos, etc.. También continúan los coloniales. Los conflictos que durante la guerra fría eran de carácter hegemónico ahora han sido reemplazados por el problema del narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo.
Los sectores económicos liberales continúan, a los que habría que agregar a los actores transnacionales que aumentan en la búsqueda del reparto. Estos son un factor de poder, junto a la banca, fondos de pensión y de seguro, que deciden hoy hacia dónde va la inversión, que mayoritariamente se mueve en el circuito especulativo más que en el productivo.
Ahora son los
gobiernos
“civiles”
los que prestan total apoyo a los sectores neoliberales, tanto
empresarios
como banca, especialmente a partir del ajuste de las variables
macroeconómicas
y la seguridad jurídica.
Esta
página fue hecha por Luis
DALLANEGRA
PEDRAZA
** Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET). Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005.
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