FARC: Propuestas Mínimas para Alcanzar el Fin del Conflicto


En atención a que el Punto Tres de la Agenda, “Fin del Conflicto”, ha sido definido como un proceso integral y simultáneo -más allá del unilateralismo con que permanentemente actúa el Gobierno de Santos-, las FARC dieron a conocer diez propuestas mínimas [1], que incluyen iniciativas sobre los siete numerales comprendidos en esa temática [2], cuyo análisis ha sido llevado a cabo por distintas Comisiones de trabajo en la Mesa de Conversaciones.

Estas propuestas tienen contenidos y derivaciones específicas:

1. Formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la Paz;

2. Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la Paz estable y duradera;

3. Conformación del Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la Paz estable y duradera;

4. Normalización de la vida nacional y transformación de las FARC-EP en movimiento político;

5. Definición de Territorios especiales para la construcción de la Paz (TECP);

6. Redefinición de la política de seguridad del Estado y desmonte de estructuras criminales de contrainsurgencia;

7. Esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo como contribución a la verdad histórica y garantía de no repetición;

8. Garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP;

9. Cese bilateral de fuegos y de hostilidades;

10. Dejación de armas, entendida como su no utilización en política.

Propuesta Primera

Respecto a nuestra primera propuesta “Formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la Paz”, las iniciativas son las siguientes:

1. Necesidad del desarrollo normativo de los Acuerdos. “Las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la Paz”, se refieren en primerísima instancia a las reglas de juego (normas constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas), cuyo diseĖo previo hará posible la firma del Acuerdo final, así como su implementación y verificación. En tal sentido, todos los Acuerdos serán desarrollados normativamente.

2. Desarrollo normativo de los Acuerdos por las Partes e incorporación en el ordenamiento jurídico. Le corresponde a las Partes desarrollar normativamente los Acuerdos, así como establecer y garantizar las modalidades específicas de su incorporación en el ordenamiento jurídico (en el nivel constitucional, legal o reglamentario, según el caso). Esa normatividad ya adoptada deberá ser sometida al mecanismo de refrendación que se acuerde en la Mesa.

3. Definición de los lineamientos de política pública y estimación del esfuerzo fiscal derivado del desarrollo normativo de los Acuerdos. El desarrollo normativo de los Acuerdos y su incorporación en el ordenamiento jurídico deberá acompaĖarse de la identificación y la definición de los lineamientos de política pública necesarios para su posterior implementación y verificación, acompaĖado ello de la formulación de un esfuerzo fiscal en términos de una imperiosa, extraordinaria y excepcional disposición de recursos del presupuesto público, y de una institucionalidad adecuada a esos propósitos.

4. Conformación de la “Comisión de acompaĖamiento para el desarrollo normativo de los Acuerdos”. Con el objetivo de contribuir a adelantar de manera expedita el proceso de formalización jurídica de los Acuerdos y de garantizar los términos pactados para la firma del Acuerdo final, se conformará la “Comisión de acompaĖamiento para el desarrollo normativo de los Acuerdos”. La Comisión estará integrada por seis (6) expertas o expertos invitados por la Mesa sobre la base de los nombres seleccionados por cada Delegación. Los integrantes de la Comisión deberán tener el conocimiento técnico necesario para responder a lo seĖalado en el mandato que se pacte en la Mesa. Al respecto las FARC-EP harán una propuesta precisa que permita agilizar el trabajo y entregar un Informe final en término no superior a cuatro (4) meses, prorrogables según la dinámica de los diálogos y los nuevos Acuerdos.

5. Definición de mecanismo expedito para el tratamiento de los asuntos pendientes y de las salvedades a los Acuerdos parciales. Las Partes definirán un mecanismo expedito y un cronograma para la solución de los asuntos pendientes en los Acuerdos parciales, así como la manera de tratar las salvedades dejadas en la Mesa [3].

Propuesta Segunda

Iniciativas correspondientes a la segunda propuesta referida al “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz”:

1. Formulación y fundamentos normativos del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz – PLANPaz”.

2. Componentes básicos y programas y proyectos del PLANPaz.

3. Plan financiero y plan plurianual de inversiones del PLANPaz.

4. Conformación de la Comisión Nacional del Plan (CONAPLAN).

5. Compromiso de acciones reparadoras de las FARC-EP a través del PLANPaz.

A continuación sus desarrollos:

1. Formulación y fundamentos normativos del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz (PLANPaz)”. Las Partes formularán el “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz (PLANPaz)”, que constituye una condición indispensable para garantizar la No Repetición y contribuir a generar las condiciones reales y materiales para la Paz estable y duradera. El PLANPaz tendrá origen constitucional; será desarrollado a través de una ley de carácter especial, que responderá a la situación extraordinaria y de Final, así como a los compromisos asumidos por las Partes para su implementación. El PLANPaz tendrá una vigencia no inferior a diez aĖos. En las materias en las que sea posible, el Plan Nacional de Desarrollo del respectivo Gobierno, así como los planes de desarrollo de los entes territoriales deberán armonizarse con el PLANPaz.

2. Componentes básicos y programas y proyectos del PLANPaz. El PLANPaz será diseĖado con fundamento en los mandatos constitucionales y legales derivados del desarrollo normativo de todos los Acuerdos, incluidos los necesarios para garantizar el proceso de normalización integral y social, en general, y de las FARC-EP, en particular, que deberá acompaĖar la firma del Acuerdo final. Además de cimentarse en la definición de propósitos y objetivos correspondientes a la provisión de garantías de No Repetición y de construcción de Paz estable y duradera, el PLANPaz comprenderá las definiciones de política económica, social y ambiental necesarias para su implementación. Asimismo, contendrá el diseĖo de la institucionalidad especial de Paz requerida para su cumplimiento. El PLANPaz estará conformado por todos los programas y principales proyectos de inversión, derivados del conjunto de Acuerdos pactados, cada uno de los cuales deberán tener una estimación de su valor global.

3. Plan financiero y plan plurianual de inversiones del PLANPaz. El PLANPaz tendrá un plan financiero que deberá especificar el valor total estimado del Plan, así como los recursos necesarios para su ejecución, seĖalando de manera precisa las principales fuentes de financiación. Asimismo, contendrá un Plan plurianual de inversiones a través del que se identificarán los recursos que deberán incorporarse en el presupuesto general de la nación del respectivo aĖo. El Plan plurianual de inversiones se refiere a los programas y proyectos de inversión contenidos en el PLANPaz.

4. Conformación de la Comisión Nacional del Plan (CONAPLAN). Con el propósito de diseĖar el PLANPaz, de hacerle seguimiento y evaluar periódicamente su ejecución, y de proponer los ajustes a que hubiere lugar, así como de contribuir a garantizar la participación social y ciudadana en la construcción de la Paz, se conformará la “Comisión Nacional de Plan (CONAPLAN)”. La Comisión estará integrada por representantes del Gobierno de turno y por representantes de las FARC-EP o del movimiento político que emerja de ellas, en igualdad de condiciones. Así mismo por representantes de las organizaciones sociales, los gremios económicos, los entes territoriales y la academia. Las Partes definirán los aspectos específicos de la conformación y el funcionamiento de la Comisión.

5. Compromiso de acciones reparadoras de las FARC-EP a través del PLANPaz. Las FARC-EP participarán en forma activa y decidida en el PLANPaz. El diseĖo y la implementación conjunta con las comunidades de sus programas y proyectos serán concebidos como parte de las acciones reparadoras frente a las víctimas del conflicto, con las que se encuentra comprometida toda la organización. En ese sentido, el PLANPaz deberá articularse con las definiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición [4].

Propuesta Tercera

Conformación del “Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz, FONAPAZ”:

1. Fundamentos normativos del FONAPAZ: Para la financiación del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz, se conformará el Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz, “FONAPAZ”. El Fondo será de origen constitucional y tendrá una vigencia mínima de diez (10) aĖos. Los recursos del Fondo serán definidos como proporción fija del Producto Interno Bruto. Mediante desarrollo legal, se creará una cuenta especial dentro del Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Fondo, con destinación específica para los propósitos de financiación del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz.

2. Estimación del monto anual del FONAPAZ: Para definir el monto anual del Fondo, se hará una estimación anualizada de las consecuencias económicas de la Paz; tanto de sus costos, como de sus beneficios. De manera especial, se tendrán como referencia los requerimientos anualizados de los programas y proyectos de inversión del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz. En todo caso, el monto anual no podrá ser inferior al equivalente a cuatro (4) puntos del Producto Interno Bruto. La definición del monto del Fondo, no podrá ser afectada por el criterio de sostenibilidad fiscal ni por la regla fiscal.

3. Fuentes de financiación del FONAPAZ:

a) La financiación del Fondo exigirá del Estado, redefinir la actual estructura del gasto público, mediante políticas de reducción gradual y selectiva, en particular del gasto en seguridad y defensa, a fin de liberar recursos del presupuesto a destinar para la construcción de la Paz. Durante los próximos cinco (5) aĖos se reorientará hacia el Fondo el equivalente de entre uno punto cinco (1.5) y dos puntos (2) del total del PIB actualmente destinado a gasto en seguridad y defensa.

b) Se eliminarán todas las exenciones tributarias a los grandes capitales. Los ingresos generados, se destinarán para financiar el Fondo.

c) Se creará una contribución especial para la financiación del Fondo que deberá ser pagada por grandes capitales nacionales y extranjeros, por latifundistas improductivos, ganaderos y grandes empresarios del agro.

d) Se creará una contribución extraordinaria por extracción de recursos naturales minero-energéticos por parte de grandes empresas, con destinación específica para el Fondo.

e) Se fijará un porcentaje fijo del componente “Propósito General” del Sistema General de Participaciones, así como del componente del “Fondo de Ahorro y Estabilización” del Sistema General de Regalías, para financiar el Fondo.

f) El Fondo será cofinanciado con recursos provenientes de la comunidad internacional. Se exigirá al Gobierno de Estados Unidos que los recursos destinados para la llamada ayuda militar sean redireccionados en su totalidad hacia el Fondo.

Para la definición técnica de las medidas y acciones aquí propuestas y los aportes de cada uno de los componentes básicos del Fondo, la Comisión Nacional del Plan creará una Comisión ad hoc de apoyo técnico.

4. Seguimiento y control a la ejecución de FONAPAZ y veeduría y control ciudadano: La Comisión Nacional del Plan hará seguimiento y control a la ejecución del Fondo, sin perjuicio de las funciones que les competen a los organismos de control. En desarrollo de ese propósito presentará un informe anual de ejecución, previa presentación del proyecto de presupuesto anual para el aĖo siguiente, el que deberá incluir los ajustes correspondientes, si a ello hubiere lugar. Se conformará un mecanismo de veeduría y control ciudadano sobre el Fondo Nacional para la construcción de la Paz [5].

Propuesta Cuarta

Se presentan las cinco primeras iniciativas correspondientes a la “Normalización de la vida nacional y la transformación de las FARC-EP en movimiento político abierto”:

1. Construcción de la paz estable y duradera como proceso de normalización social. La transición hacia una sociedad que genere las condiciones materiales y las subjetividades necesarias para la regulación y el trámite del conflicto social y de clase a través del exclusivo recurso de la política implicará el desencadenamiento de un proceso de normalización social.

2. Normalización social y la transformación colectiva e individual, nacional y territorial de las FARC-EP como parte de dicho proceso. Lo que implica un proceso de agregación transformadora de su acumulado histórico en sus múltiples dimensiones al conjunto de la organización social, para contribuir a sentar las bases de una sociedad en proceso de cambio democrático verdadero, que deberá emerger de la firma y la implementación del Acuerdo final.

3. Condiciones para la transformación de las FARC-EP en movimiento político abierto:

a. Proveer los diseĖos institucionales, constitucionales y legales que se requieran;

b. Proporcionar los diseĖos institucionales, constitucionales y legales, que posibiliten la participación inmediata en el Poder Legislativo mediante la asignación directa de curules al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y otras instancias de representación popular;

c. Suministrar los arreglos institucionales, constitucionales y legales, requeridos para poner en marcha una “Circunscripción Especial de Paz” para tales efectos;

d. El número de curules correspondiente a los literales b) y c) será pactado por las Partes;

e. Garantizar que el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP adquiera en forma inmediata e indefinida su personería jurídica;

f. Asiento para el Consejo Nacional Electoral;

g. Conformar la “Comisión especial de seguimiento a la participación política”, integrada por representantes del Estado y de las FARC en igualdad de condiciones;

h. Reconocimiento político y agregar a la organización constitucional y legal del poder y del Estado, las formas de organización democrática directa, autogestionaria y comunitaria.

4. Condiciones para la transformación de las FARC-EP en lo económico. Para tal transformación, y la normalización en el proceso económico, con miras a contribuir a la reconstrucción de la base productiva del país y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y al buen vivir de los pobres y desposeídos, se requiere al menos:

a. Reconocer la existencia de una economía de guerra de las FARC-EP.

b. Comprender y apoyar la decisión política de las FARC-EP de transformar dicha economía de guerra en una economía para la construcción de la Paz estable y duradera;

c. Proveer acompaĖamiento para tal decisión.

d. Agregar la economía de guerra transformada a los programas y proyectos que conforman el “Plan Nacional para el fin del conflicto, la Reconciliación y la construcción de la Paz – PLANPAZ”.

5. Condiciones para la normalización en lo social y cultural. Para la normalización en lo social y cultural y el propósito de reconstruir y producir las nuevas relaciones sociales y culturales, fundamentadas en la generación de condiciones para el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, para la colectividad y los individuos que la integran, se requiere aceptar la existencia de procesos organizativos y de formas propias de regulación social, surgidas en desarrollo del proyecto político de construcción de poder social y popular por parte de la guerrilla [6].

Propuesta Quinta

La normalización territorial en relación con la transformación de las FARC-EP y su tránsito hacia organización abierta, se fundamentará en la definición de zonas geográficas organizadas de manera excepcional y extraordinaria como “Territorios especiales para la construcción de la Paz (TERREPAZ)”, que tendrán un régimen especial y extraordinario, protegido constitucionalmente y en cuyo desarrollo legal se contemplarán regulaciones específicas sobre la organización política, económica, social, ambiental y de seguridad integral, participativa, autogestionaria y comunitaria, así como las concernientes a las medidas y acciones reparativas en desarrollo de la justicia restaurativa. La normalización territorial formará parte integral del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la Reconciliación nacional y la construcción de la Paz estable y duradera (PLANPAZ)”.

Las iniciativas correspondientes a la Definición de estos Territorios Especiales, se centrarán en tomar definiciones sobre:

1. Las dimensiones espaciales de transformación y paso de las FARC-EP a Organización Política abierta;

2. La conformación de los Territorios especiales para la construcción de la Paz (TERREPAZ);

3. La naturaleza y criterios básicos para la conformación de los TERREPAZ;

4. Los fundamentos normativos de los TERREPAZ;

5. Los TERREPAZ como contribución a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición;

6. Los TERREPAZ como dimensión territorial del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la Reconciliación nacional y la construcción de la Paz estable y duradera” (PLANPAZ);

7. La Creación del Consejo Nacional de la Normalización Territorial (CONATER) y

8. El acompaĖamiento internacional a los TERREPAZ, con veeduría popular y ciudadana.

Sobre las tres primeras iniciativas:

1. En lo que concierne a las Dimensiones espaciales de transformación y paso de las FARC-EP a Organización Política abierta. Tal proceso implica el reconocimiento de las formas propias de organización social de las que ha hecho parte la insurgencia a lo largo de su historia. El tránsito hacia la normalización integral supone por tanto, el reconocimiento de la presencia de las FARC-EP en la configuración de la realidad espacial, nacional y territorial, lo cual implica el diseĖo de un Acuerdo que respete esa presencia articulada a las comunidades.

2. Sobre la conformación de los “Territorios especiales para la construcción de la Paz (TERREPAZ)”. La normalización territorial en relación con las FARC-EP tendrá como fundamento la creación de zonas delimitadas geográficamente, para la generación y ensanchamiento de relaciones sociales en sentido amplio (políticas, económicas, culturales y socioambientales), con el propósito superior de contribuir a la reparación de las Víctimas del conflicto, la provisión de garantías de No Repetición y la construcción de la Paz estable y duradera. Al mismo tiempo, tendrán la función de posibilitar la concreción del proceso de cese bilateral de fuegos y de hostilidades definitivo y la dejación de armas por las partes.

3. Naturaleza y criterios básicos para la conformación de los TERREPAZ. Los Territorios especiales para la construcción de la Paz, constituyen el espacio social y geográfico para la transformación integral de las FARC-EP en su dimensión territorial, en lo político, lo económico, lo social y cultural, habitados por excombatientes, familiares y allegados, y los ciudadanos vecinos del lugar, dentro del orden constitucional surgido del proceso de diálogos y las formas de organización política y social que se derivan del ejercicio de la democracia directa, autogestionaria y comunitaria, a través de cabildos o asambleas populares. En ellos se produce la dinámica de implementación de los acuerdos logrados garantizando la sostenibilidad socioambiental, el derecho al territorio, al agua, al medio ambiente sano, a la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y al buen vivir en general.

El criterio principal para la delimitación geográfica de tales territorios será la presencia histórica y actual de las FARC-EP, en estrecha relación con las comunidades. Las Partes examinarán la pertinencia y viabilidad de emprender de manera inmediata la implementación de un plan piloto en uno o más Territorios especiales de construcción de Paz.

4. Fundamentos normativos de los TERREPAZ. Los territorios especiales para la construcción de la Paz gozarán de protección constitucional; serán excepcionales, extraordinarios y transitorios, por estar concebidos con el único propósito de posibilitar condiciones para la superación del conflicto en su expresión armada y avanzar en la tarea común de la sociedad colombiana de sentar las bases para la paz estable y duradera. Dada su naturaleza, tendrán una regulación especial que en su desarrollo legal contemplará regulaciones específicas sobre la delimitación geográfica, la organización política, económica, social, ambiental y de seguridad humana e integral, así como en lo concerniente a las medidas y acciones previstas en el “Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” y, en particular, en la “Jurisdicción especial para la Paz”.

Para efectos de adelantar su mayor desarrollo económico y social, los TERREPAZ gozarán de beneficios tributarios y tendrán el carácter de territorios francos de convivencia.

5. Los TERREPAZ como contribución a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la reconciliación nacional. Los Territorios Especiales para la construcción de la Paz, se comprenderán como contribución a la implementación de los propósitos y acciones contemplados en el “Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. En particular, representarán espacios sociales y geográficos para la reconciliación nacional, el desarrollo de relaciones dialógicas con las víctimas del conflicto, la reconstrucción común del tejido y la organización social y la implementación de políticas y acciones de reparación integral. Asimismo, aportarán al trabajo de la “Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la No Repetición”, y al cumplimiento de las sanciones de justicia restaurativa y prospectiva a que hubiere lugar, en los términos y condiciones establecidos en la “Jurisdicción Especial para la Paz”, una vez se surta los procedimientos previstos en ella.

6. Los TERREPAZ como dimensión territorial del Plan Nacional para el fin del conflicto, la Reconciliación y la construcción de la Paz (PLANPAZ). Los TERREPAZ representarán la dimensión territorial del PLANPAZ. Sin perjuicio de los programas y proyectos nacionales, el PLANPAZ tendrá definiciones precisas en el nivel territorial, en cuanto a los programas y proyectos a implementar y los recursos a disponer para garantizar su ejecución.

7. Creación del Consejo Nacional de la normalización territorial (CONATER). Este Consejo, que estará integrado por representantes del Gobierno, de las FARC-EP transformadas en movimiento político abierto, y de las comunidades asentadas en los territorios especiales, tendrá las siguientes funciones:

1. Velar por la organización y puesta en marcha de los TERREPAZ.

2. Hacer seguimiento al desempeĖo de las funciones que le asigne el ordenamiento jurídico a los TERREPAZ;

3. Garantizar la implementación de la dimensión territorial del PLANPAZ;

4. Coordinar las relaciones entre los TERREPAZ y de éstos con las diferentes instancias del Estado y de su organización político administrativa.

Para efectos de coordinar políticas, actividades y acciones y desarrollar relaciones de cooperación entre los TERREPAZ, se creará la Asamblea Nacional de los TERREPAZ, que estará conformada por representantes de cada uno de los territorios especiales para la construcción de la paz que se hayan definido.

8. AcompaĖamiento internacional a los TERREPAZ y veeduría popular y ciudadana. Los territorios especiales para la construcción de la Paz, tendrán acompaĖamiento internacional permanente de la UNASUR, de la CELAC y de la ONU y contarán con mecanismos de veeduría popular y ciudadana [7].

Propuesta Sexta

Redefinición de la Política de Seguridad del Estado y Desmonte de las Estructuras Criminales de Contrainsurgencia, Especialmente Paramilitares.

1. Política de seguridad del Estado para la No Repetición, la Reconciliación nacional y la construcción de la Paz estable y duradera. Dadas las nuevas condiciones que para la regulación del conflicto social y de clase generará la perspectiva de un Acuerdo final, será necesaria una reorientación de la política de seguridad del Estado con el propósito principal de contribuir a generar garantías de No Repetición, propiciar la Reconciliación nacional y aportar en la construcción de la Paz estable y duradera. En lo concerniente a la regulación del conflicto político, social y económico, en esas nuevas condiciones, la política de seguridad deberá desproveerse de todo tratamiento militar, represivo o de orden público y de estrategias de militarización de la vida social. En su lugar, deberá privilegiarse la erradicación de las causas que originan y hacen persistir tal conflictividad, así como su resolución pacífica y dialogada o autorregulada democráticamente.

2. Redefinición de la política de seguridad del Estado hacia un concepto de seguridad humana integral. La normalización integral de la vida nacional y la transformación de las FARC-EP en organización legal, tendrá como condición un proceso de redefinición concertada de la política de seguridad del Estado orientada a privilegiar y establecer un concepto de seguridad humana integral, que de protección y garantías a la población en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como en el reconocimiento y materialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

3. Adecuación de la institucionalidad del Estado a la doctrina y la política de seguridad humana integral. La nueva doctrina y política de seguridad humana integral surgida del Acuerdo final deberá conducir a un proceso de adecuación institucional que haga posible su implementación real y material. En ese sentido se hace necesario, como mínimo:

i. Producir los desarrollos normativos correspondientes para garantizar de manera efectiva y superar la restricciones actuales al ejercicio de los derechos civiles y políticos, especialmente en lo concerniente a la movilización y la protesta social, tal y como ocurre, entre otros, en la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de inteligencia;

ii. Adelantar la reconversión de las fuerzas militares y de policía en fuerzas para la construcción de la Paz y la protección de las fronteras patrias, lo que incluye aspectos relacionados con su tamaĖo y estructura, con la propia asignación de gasto público, así como con la superación de la Doctrina de “Seguridad Nacional” y de cualquier práctica de Terrorismo de Estado;

iii. Redefinir la política criminal del Estado en lo que corresponde a la superación de la tendencia a la criminalización de la pobreza y a su tratamiento como problema de orden público y no de naturaleza social.

4. Reconocimiento de la existencia y persistencia de estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente las paramilitares. El “Informe de la Comisión histórica del conflicto y sus Víctimas”, múltiples resultados de investigaciones adelantadas por centros de investigación y Organizaciones No Gubernamentales, así como sentencias judiciales en la jurisdicción nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestran con indiscutible evidencia la existencia y persistencia de estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar y/o narcotraficante, que han comprometido y comprometen la política del Estado, haciéndolo corresponsable por acción u omisión. Con independencia de las denominaciones actuales de tales estructuras, como por ejemplo “bandas criminales” u “organizaciones neo-paramilitares”, la posibilidad de un Acuerdo final y la transformación integral de las FARC-EP tienen como condición necesaria e indispensable a la vez el reconocimiento por parte del Estado de su existencia y persistencia y, de manera especial, de su naturaleza contrainsurgente en sentido amplio, fundada en la constitución y el ejercicio violentos del poder, sobre todo en el nivel territorial.

5. Medidas excepcionales y extraordinarias para el desmonte de estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente las paramilitares. La perspectiva de un Acuerdo final y la transformación integral de las FARC-EP tienen como condición necesaria e indispensable a la vez el desmonte de las estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar y/o narcotraficante y mafioso; entendido ello como el desmonte de la relación de poder de facto que ellas representan, y la amenaza en que se constituyen para la implementación de los Acuerdos pactados, la No Repetición y la Reconciliación nacional. El desmonte corresponderá a un proceso concertado con las FARC-EP.

6. Conformación de una “Unidad especializada de investigación y análisis para el desmonte del paramilitarismo”. Se conformará por las Partes una “Unidad especializada de investigación y análisis para el desmonte del paramilitarismo” que elabore y presente, previa a la firma del Acuerdo final, en un término no superior a cuatro meses, un informe sobre la cartografía georeferenciada actual de las estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar, considerando en forma particular aspectos de su articulación compleja con poderes políticos y económicos locales, nacionales y transnacionales.

7. Formulación y puesta en marcha del “Plan de acción para el desmonte del paramilitarismo. Se formulará y pondrá en marcha, previa la firma del Acuerdo final, un “Plan de acción para el desmonte del paramilitarismo”, verificable en metas y tiempos, y en cumplimiento de compromisos por parte del Estado. El mencionado Plan se elaborará con base en el informe presentado por la “Unidad especializada de investigación y análisis”.

8. Legislación de emergencia para el desmonte del paramilitarismo y la protección frente al surgimiento de nuevas estructuras de contrainsurgencia. Las Partes diseĖarán los lineamientos generales para el desarrollo de una normatividad especial y de emergencia que, como parte esencial de la nueva política de seguridad humana integral del Estado, contribuya al proceso de desmonte efectivo e inmediato de estructuras de contrainsurgencia, especialmente paramilitares , y proscriba e impida el surgimiento de nuevas. Para el desarrollo de esa legislación especial y de emergencia se considerará, entre otros:

a) La eliminación de toda disposición legal o administrativa que permita o promueva la conformación de estructuras de contrainsurgencia o que estimule la incorporación de civiles en el desempeĖo de funciones de seguridad que sean de competencia exclusiva del Estado;

b) En los casos en los que se demuestren vínculos con estructuras de contrainsurgencia, especialmente paramilitares y/o narcotraficantes, se procederá con sanciones ejemplares que pongan fin a su actividad en el contexto nacional.

c) El diseĖo de instrumentos para la persecución a fuentes y mecanismos de financiación provenientes de economías criminales y mafiosas, especialmente del narcotráfico, o de dineros públicos; asimismo la expropiación de tales patrimonios estará destinada a la financiación de los planes y programas de reparación integral de Víctimas.

d) El perfeccionamiento de la tipificación penal con penas máximas para personas naturales o directivos de personas jurídicas, nacionales o extranjeras que se les compruebe la conformación, la financiación, la promoción y el ocultamiento de estructuras contrainsurgentes, especialmente paramilitares y/o narcotraficantes;

e) La proscripción de ideologías que promuevan la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, o del enemigo interno, y prácticas contrainsurgentes y anticomunistas;

f) En todos los casos seĖalados, sin perjuicio del debido proceso, se diseĖarán procedimientos especiales y expeditos a fin de impedir la impunidad.

9. Integración de la “Comisión de seguimiento al desmonte del paramilitarismo”. Se conformará la “Comisión de seguimiento al desmonte del paramilitarismo”, integrada por representantes de las Partes en igualdad de condiciones, así como por representantes de organizaciones de víctimas del paramilitarismo y académicos expertos. Será función principal de la Comisión hacer seguimiento a la implementación del “Plan de Acción” de que trata el numeral 6.7 y de los desarrollos legislativos de que trata el literal 6.8; además informará periódicamente a la opinión pública nacional e internacional acerca de su cumplimiento, y recomendará y contribuirá a poner en marcha los correctivos necesarios para su ejecución exitosa.

10. Acuerdo político nacional para el desmonte y la prevención del paramilitarismo. El Gobierno nacional y las FARC-EP se comprometerán a promover y suscribir con los partidos que conforman la coalición de la “Unidad Nacional”, las demás fuerzas políticas y movimientos políticos y sociales, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias y demás organizaciones sociales, una declaración pública de compromiso ético y político para contribuir a aunar esfuerzos tendientes al desmonte y la prevención del paramilitarismo y, de manera especial, para colaborar en la implementación de las medidas para su superación definitiva y la No Repetición.

11. AcompaĖamiento internacional a las políticas y acciones para el desmonte y la prevención del paramilitarismo. Todas las políticas, medidas y acciones aquí propuestas gozarán del acompaĖamiento internacional de la Organización de Naciones Unidas, de la UNASUR y la CELAC [8].

Propuesta Séptima

“Esclarecimiento del paramilitarismo como contribución a la verdad histórica y garantía de No Repetición”

El esclarecimiento del paramilitarismo es una condición necesaria del proceso de normalización integral de la vida nacional, y representa una contribución indispensable para la construcción de la verdad histórica del conflicto, por tanto, para el reconocimiento efectivo de los derechos de las Víctimas; y constituye un elemento esencial de garantía de No Repetición, considerando el papel preponderante que en la puesta en marcha de estructuras y dispositivos de contrainsurgencia ha jugado el fenómeno paramilitar a lo largo de la historia del conflicto.

La presente propuesta incluye cinco iniciativas:

1. Esclarecimiento del paramilitarismo como contribución a la verdad histórica del conflicto. Tal esclarecimiento es un imperativo ético-político de cara a las víctimas del conflicto que implica definir las causas que lo originaron, los factores de persistencia, mostrar sus configuraciones actuales, así como dilucidar su función política, económica, social, ideológica y cultural, develando su lugar y función histórica dentro de las estructuras complejas de contrainsurgencia, concebidas y activadas por los poderes dominantes, incluidos los poderes del Estado, para la preservación violenta del orden social capitalista vigente en el país y el combate al “enemigo interno” opositor.

2. Esclarecimiento del paramilitarismo como acción reparadora para con las víctimas, en la medida en que ello representa una deuda con la sociedad colombiana que debe ser saldada. Desde esa perspectiva esclarecer es una acción reparadora, con la cual está obligado en primerísima instancia el Estado.

3. Esclarecimiento del paramilitarismo como garantía de No Repetición. En el sentido de que esclarecer el pasado y las dinámicas presentes de las estructuras y el accionar contrainsurgente, especialmente de carácter paramilitar, contribuye inobjetablemente al combate contra tales estructuras y accionar, a su efectiva desarticulación y desmonte, al diseĖo de políticas de seguridad centradas en el reconocimiento y el respeto por los Derechos Humanos, así como a la cimentación de condiciones para la No Repetición.

4. Esclarecimiento del paramilitarismo como parte del proceso de normalización de la vida nacional y de la transformación de las FARC-EP en organización política legal. En el entendido de que es imposible concebir el tránsito de las FARC-EP hacia un movimiento político abierto, sin un esclarecimiento previo de los orígenes, la activación, la reproducción, las modalidades específicas del accionar y las funciones desempeĖadas de estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. Ese esclarecimiento representa en ese aspecto también una garantía de seguridad.

5. Conformación de la Comisión de esclarecimiento del paramilitarismo. Su mandato, composición y duración serán definidos en forma concertada por la Mesa. En todo caso, la Comisión integrada por expertos, deberá producir en un término no superior a cuatro (4) meses un informe preliminar que incluya recomendaciones urgentes que el Estado debe tomar de manera inmediata en materia de esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo. A más largo plazo deberá entregar un Informe final, que incluya recomendaciones y acciones de política estatal para el desmonte y la superación definitiva de las estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. El informe final de la Comisión será un insumo para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición [9].

Propuesta Octava

La normalización integral de la vida nacional, comprende el compromiso del Estado de proveer garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP.

Las iniciativas que se incluyen en nuestra octava propuesta mínima para el Fin del Conflicto son:

1. Garantías de seguridad para la movilización y la protesta social, las que deben ser otorgadas por el Estado en campos y ciudades. Dentro de esta perspectiva se procederá al desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

2. Garantías de seguridad para organizaciones políticas y sociales de izquierda, de Víctimas y defensoras de los Derechos Humanos, para el ejercicio de su labor política o reivindicativa, según el caso. Especial protección se garantizará para sus dirigentes y sedes. Se revisarán y mejorarán en forma concertada con dichas organizaciones las modalidades y dispositivos que existen en la actualidad.

3. Garantías de seguridad para los “Territorios Especiales de Construcción de Paz (TERREPAZ)”, los que serán provistos de condiciones particulares y excepcionales de protección y garantías de seguridad, considerando el papel central que desempeĖarán para la implementación de los Acuerdos de Paz. La condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización y del reconocimiento de su capacidad de autorregulación no armada y de naturaleza comunitaria, a través de planes y medidas construidas en forma concertada con la organización política surgida del paso de las FARC-EP a la actividad política abierta, y los ciudadanos vecinos de tales territorios y sus organizaciones. La provisión de seguridad de los TERREPAZ contará con el acompaĖamiento internacional de las Naciones Unidas, la UNASUR y la CELAC.

4. Garantías especiales para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP. Para sus militantes la provisión de tales garantías comprende, entre otras, el otorgamiento de personería jurídica incondicional e indefinida, las condiciones de movilización en todo el territorio nacional, la protección de las sedes políticas, así como la dotación de infraestructura y logística a que haya lugar. El aparato de seguridad requerido, estará conformado por miembros de la nueva organización política.

5. Conformación de “Comisión Especial y Permanente de Seguridad”, que tendrá la función de elaborar un “Plan Especial de Seguridad para el Pos-Acuerdo”. En dicho proceso, se garantizará la participación en la Comisión, de representantes de las organizaciones políticas y sociales y de los territorios.

6. DiseĖo e implementación del “Plan Especial de Seguridad para el Pos-Acuerdo”, el que, en materia de garantías, se fundamentará en lo seĖalado por los numerales de esta propuesta y formará parte del “Plan Nacional para el Fin del Conflicto, la Reconciliación y la Construcción de la Paz (PLANPAZ)”.

7. Normatividad e institucionalidad excepcional para la provisión de garantías de seguridad, lo que implica que las políticas, medidas y acciones aquí propuestas adquieran fuerza normativa mediante su incorporación al ordenamiento jurídico y se acompaĖen de la creación de la institucionalidad correspondiente.

8. AcompaĖamiento internacional a la provisión e implementación de garantías de seguridad. Todas las políticas, medidas y acciones aquí propuestas tendrán en su implementación el acompaĖamiento de Naciones Unidas, de la UNASUR y la CELAC [10].

Propuesta Novena

9. Cese Bilateral de Fuegos y de Hostilidades para la terminación de la confrontación armada y el inicio de las reformas que demanda la construcción de la Paz.

9.1 Cese Bilateral de Fuegos y de Hostilidades como proceso que conduce a la terminación definitiva de la confrontación armada y al ofrecimiento de garantías de No Repetición.

El Cese Bilateral de Fuegos y de Hostilidades será definido como un proceso, cuyo propósito principal consiste en generar por las Partes las condiciones para la terminación definitiva de la confrontación armada y, con ello, ofrecer a las Víctimas del conflicto y a la sociedad colombiana garantías de No Repetición. El proceso se diseĖará en dos etapas: La primera, como un Cese Bilateral de Fuegos y de Hostilidades, con la que se sentarán las bases para transitar a la segunda, que será la del Cese el Fuego y Hostilidades bilateral y definitivo.

9.2 Cese Bilateral de Fuegos y de Hostilidades para la concreción de Acuerdos sobre el Punto 3 “Fin del Conflicto”.

La declaratoria del Cese Bilateral de Fuegos y Hostilidades parte de la existencia actual, de hecho, de un cese el fuego bilateral en todo el territorio nacional. Su formalización se hará mediante la invitación de las Partes a la ONU y la CELAC, para que junto con la veeduría social, que ha venido cumpliendo esta misión, asuman el monitoreo y la verificación del mismo.

9.3 Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo definido como el inicio formal de la implementación de los Acuerdos y de las reformas que demanda la construcción de la Paz.

A la firma del Acuerdo final y tras su refrendación, incluida de manera especial la formalización jurídica del conjunto de Acuerdos específicos que contiene el Acuerdo final, según el mecanismo de refrendación pactado por las Partes, se dará inicio al Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo, a la implementación de los Acuerdos y de las reformas que demanda la construcción de la Paz, sin perjuicio de aquello que ya se estuviere ejecutando.

9.4 Conformación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo.

Las Partes conformarán un mecanismo de monitoreo y verificación cuyo objetivo principal será administrar los distintos factores que puedan poner en riesgo el CFHBD y DA y verificar el cumplimiento de las reglas que rigen el CFHBD y DA.

9.5 AcompaĖamiento y verificación internacional y veeduría popular y ciudadana del Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo.

El proceso del Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo contará con el acompaĖamiento y la verificación internacional de la ONU y la CELAC. Asimismo, tendrá veeduría popular y ciudadana.

Propuesta Decima

10. Dejación social de las armas y dejación de las armas por parte de las FARC-EP y del Estado colombiano.

10.1 Dejación social de las armas como fundamento de la desmilitarización de la sociedad, la reconciliación y la construcción de la Paz.

La dejación social de las armas es condición necesaria e indispensable al mismo tiempo para la desmilitarización de la sociedad, la reconciliación y la construcción de la Paz estable y duradera

10.2 Acuerdo político nacional para la dejación social de la armas.

La dejación social de las armas tendrá como sustento un Acuerdo político nacional que deberá comprometer expresamente y de manera especial, mediante declaración pública, al Gobierno Nacional y demás poderes públicos, a los partidos políticos y a los gremios económicos y empresariales.

10.3 Dejación de armas como proceso y acción bilateral que compromete mutuamente a las Partes.

La dejación de las armas es un proceso y una acción bilateral que compromete de manera especial a las Partes, a los aparatos armados legales del Estado, así como a la fuerza militar guerrillera.

10.4 Dejación de las armas como acción reparadora frente a las Víctimas del conflicto y garantía de No Repetición.

La dejación social de las armas en general y, en particular, la dejación de armas por las Partes representan una acción reparadora frente a las Víctimas del conflicto y constituyen al mismo tiempo una garantía de No Repetición.

10.5 Compromisos del Estado con la dejación de las armas y consecuencias.

El compromiso del Estado se define en el sentido de propiciar la desmilitarización de la vida nacional y de la decisión política y del proceso conducente a dejar de hacer uso de las armas para enfrentar todo aquello que sea considerado como amenaza política y social reivindicativa, opositora o alternativa contra el orden social vigente.

10.6 Decisión de las FARC-EP de hacer dejación de armas y consecuencias.

El compromiso de las FARC-EP consiste en la reiteración de la voluntad y la decisión política de desistir del uso de las armas y de hacer dejación de ellas en forma real y material, para buscar la toma del poder y la construcción de poder social para el bienestar y el buen vivir de la población.

10.7 Criterios y mecanismos del proceso de dejación de armas por parte de las FARC-EP.

Las Partes definirán los criterios y mecanismos específicos para el proceso de dejación de armas por parte de las FARC-EP. En todo caso, tales criterios y mecanismos se harán concordar con el proceso de dejación social de las armas y con la dejación de armas por parte del Estado.

10.8 AcompaĖamiento y verificación internacional del proceso de dejación de armas.

El proceso de dejación de armas por parte de las FARC-EP contará con el acompaĖamiento y la verificación internacional de las Naciones Unidas y de la CELAC. Las Partes acordarán los términos de tal acompaĖamiento y verificación, que contará además con la veeduría de las comunidades asentadas en los “Territorios Especiales para la Construcción de la Paz (TERREPAZ)” [11].

 




Foto AutorEsta página fue hecha por  Luis DALLANEGRA PEDRAZA

Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.



Home   Arriba  Up  Al Indice General  Left
Conflicto en Colombia  Left  A Colombia Left


[1] Normalización de la Vida Nacional y Transformación de las FARC-EP en Movimiento Político,  Diez Propuestas Mínimas para Garantizar el fin del Conflicto, la Reconciliación Nacional y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, en PazFARC-EP.org, 6-10-2015, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3148-normalizacion-vida-nacional-y-transformacion-farc-ep-movimiento-politico-sintesis.

[2] Numerales correspondientes al Punto Tres (3) “Fin del conflicto”, del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: i. Cese el fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas. ii. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo a sus intereses. iii. El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC. iv.  En forma paralela el Gobierno nacional intensificará el combate para acabar la organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. v. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la Paz. vi. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este Acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. vii. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

[3] Diez Propuestas Mínimas para Garantizar el fin del Conflicto, la Reconciliación Nacional y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 6-10-2015, Ńhttp://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/2175-diez-propuestas-minimas-para-garantizar-el-fin-del-conflicto-la-reconciliacion-nacional-y-la-construccion-de-la-Paz-estable-y-duradera.

[4] “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz”, en PazFARC-EP.org, 7-10-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3079-diez-propuestas-minimas-para-garantizar-el-fin-del-conflicto,-la-reconciliacion-nacional-y-la-construccion-de-la-paz-estable-y-duradera.

[5] Conformación del “Fondo Nacional para el Fin del Conflicto, la Reconciliación y la Construcción de la Paz, FONAPAZ”, en PazFARC-EP.org, 5-11-2015, http://pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3143-diez-propuestas-minimas-para-garantizar-el-fin-del-conflicto.

[6] Propuesta Cuatro Sobre Fin del Conflicto, Referida a “Normalización de la Vida Nacional y Transformación de las FARC-EP en Movimiento Político, en PazFARC-EP.org, 11-11-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3160-propuesta-cuatro-sobre-fin-del-conflicto,-referida-a-”normalizacion-de-la-vida-nacional-y-transformacion-de-las-farc-ep-en-movimiento-político.

[7] Propuesta Quinta sobre el “Fin del Conflicto”, Referida a la Definición de Territorios Especiales para la Construcción de la Paz (TERREPAZ), en PazFARC-EP.org, 24-11-2015, http://www.Pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-Paz-farc-ep/3191-propuesta-quinta-sobre-el-”fin-del-conflicto”-referida-a-la-definicion-de-territorios-especiales-para-la-construccion-de-la-Paz-terrePaz. También, Segundo Bloque de Iniciativas, en PazFARC-EP.org, 26-11-2015, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3196-propuesta-quinta-sobre-el-fin-del-conflicto-referida-a-la-definición-de-territorios-especiales-para-la-construccion-de-la-paz-terrepaz-segundo-bloque-de-iniciativas.

[8] Redefinición de la Política de Seguridad del Estado y Desmonte de las Estructuras Criminales de Contrainsurgencia, Especialmente Paramilitares, en PazFARC-EP.org, 27-11-2015, http://www.Pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-Paz-farc-ep/3197-redefinicion-de-la-politica-de-seguridad-del-estado-y-desmonte-de-estructuras-criminales-de-contrainsurgencia,-especialmente-paramilitares. También, Segundo bloque de iniciativas, en PazFARC-EP.org, 28-11-2015, http://www.Pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-Paz-farc-ep/3200-redefinición-de-la-pol%C3%ADtica-de-seguridad-del-estado-y-desmonte-de-estructuras-criminales-de-contrainsurgencia,-especialmente-paramilitares.

[9] FARC-EP proponen transformar la Doctrina de Seguridad Nacional por una nueva concepción de Seguridad Humana Integral, en PazFARC-EP.org, 29-11-2015, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3203-farc-ep-proponen-transformar-la-doctrina-de-seguridad-nacional-por-una-nueva-concepción-de-seguridad-humana-integral.

[10] Octava Propuesta Sobre Fin del Conflicto, Referida a “Garantías de Seguridad Integral para la Población en General y para el Movimiento Político en el que se Transformen las FARC-EP”, en PazFARC-EP.org, 30-11-2015, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3208-octava-propuesta-sobre-fin-del-conflicto-referida-a-garantias-de-seguridad-integral-para-la-poblacion-en-general-y-para-el-movimiento-politico-en-el-que-se-transformen-las-farc-ep.

[11] Propuesta 9 Cese bilateral de fuegos y de hostilidades para la terminación de la confrontación armada y el inicio de las reformas que demanda la construcción de la Paz y Propuesta 10 Dejación de armas por parte de las FARC-EP y del Estado colombiano, en PazFARC-EP.org, 14-12-2015, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3244-diez-propuestas-m%C3%ADnimas-para-garantizar-el-fin-del-conflicto,-la-reconciliación-nacional-y-la-construcción-de-la-paz-estable-y-duradera.