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CONFLICTO EN COLOMBIA
© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *
Si un régimen asegura el orden, el resultado es la pacificación -“Pax”-; si además de asegurar el orden, realiza la justicia, el corolario es la “Paz” 1.
Eso es a lo que toda sociedad aspira: a la “paz”; a que no sólo haya orden, sino que éste vaya acompañado de justicia, en términos equitativos y distributivos.
En toda sociedad, por lógica, se tiende al “mantenimiento” del orden, ya que es esencial a los efectos de afirmar la “gobernabilidad”. El orden, es la resultante presunta de un “pacto social” instalado en la constitución vigente en esa sociedad. Pero también en toda sociedad hay demandas por situaciones insatisfechas que, en muchos casos promueven desorden, lo que genera un proceso interactivo que se realimenta permanentemente, entre demandas -internas y externas- y el mantenimiento del orden o la gobernabilidad 2.
Este proceso, en algunos casos, puede llegar a situaciones extremas y, en éstas, hay que revisar al sistema y, por sobre todo, al pacto social, que ha perdido la vigencia original.
Una sociedad no puede vivir en la anarquía, de la misma manera que tampoco puede vivir en un estado de orden cerrado, sin justicia para las demandas. Si no se encuentra un equilibrio entre orden -en términos de gobernabilidad- y justicia -en términos de satisfacción de demandas-, el sistema se mantiene en una condición de inestabilidad destructiva. La única manera de resolverlo, es yendo a las causas profundas más que reprimir al proceso.
LOS ACTORES EN EL CONFLICTO
Luego de la violencia bipartidista de los años ‘50 un grupo de rebeldes, entre ellos Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”, se refugió en la región de Marquetalia. Ahí encontraron asilo las familias de campesinos que huían de la violencia. Durante la década de los ‘60 la región fue declarada “República independiente” por sectores del Estado y de la clase dirigente colombiana, luego de que los habitantes de la zona lanzaran un llamado al gobierno exigiendo mayor presencia con programas sociales, escuelas y salud. El gobierno tenía información de la organización de los campesinos y sabía que estaban armados, bajo este pretexto lanzó una operación militar que sólo buscaba aplastar uno de los focos dormidos de la insurgencia campesina de la década anterior. El resultado fue una intervención militar con miles de soldados y desembarcos aéreos en una operación de cerco y aniquilamiento apoyada por aviones de la fuerza aérea y el bombardeo con Napalm y otro tipo de armas a ranchos y parcelas, y la resistencia de menos de media centena de guerrilleros y campesinos mal armados que defendían a las familias de la zona. Tras la operación, denominada Marquetalia, que no logro desmantelar la organización de los campesinos armados, los guerrilleros atravesaron huyendo la cordillera en varios meses de marchas junto a familias que huían de la ofensiva y se reagruparon en las tierras bajas de la orinoquia colombiana y el pie de monte de la Cordillera oriental -al Sur del Meta y Caquetá- encontrándose con multitud de campesinos que huían de la violencia estatal en otras regiones y colonizaban las selvas del sur del país. La presencia de los guerrilleros en esta nueva zona les dio un amplio margen de movilidad en medio de una población que los recibió como protectores, siendo este el inicio de las FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aunque las FARC solo se crean bajo este rotulo a fines de los 60, la resistencia de los campesinos armados de Marquetalia, con Manuel Marulanda al mando, es considerada como el inicio y germen de la organización guerrillera.
Disidentes de las FARC formarían posteriormente el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con ulterioridad aparecieron otros grupos como el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) entre otros 3.
El conflicto de Colombia resulta sumamente difícil de resolver de una manera pacífica y negociada, dada la cantidad y heterogeneidad de actores que interviene, el poder y los intereses encontrados que presenta cada uno y, fundamentalmente, el no reconocimiento que se hace de la existencia de un conflicto. Se está “jugando” a los “buenos y los malos”, mientras los problemas subyacen sin resolución alguna. La idea central es “doblegar al otro”, más allá de resolver las causas profundas que llevaron a este conflicto.
Actores como EUA, cuyos intereses económicos y de seguridad 4 no pueden ser puestos en tela de juicio en ningún lugar del planeta, no está dispuesto a ningún tipo de negociación ni de reconocimiento de que haya fuerzas disidentes luchando por objetivos diferentes. En el 2000, el gobierno de EUA diseñó, junto con el Presidente colombiano Andrés Pastrana Arango el “Plan Colombia”, de lucha contra el narcotráfico, que tiene un componente de lucha contra la guerrilla y además una muy pequeña parte destinada a financiación de la problemática social. Con el gobierno de George W. Bush, a partir del 11 de septiembre del 2001, EUA puso a todos los movimientos insurgentes, en la lista de “terroristas” poniendo, de esta manera, una valla a la posibilidad de negociación.
Para el economista Héctor Mondragón, la parte social del Plan Colombia puede causar más daños aún que la parte militar. Hizo un paralelo entre la situación de violencia de los años 1948-58 que desplazó a más de 2 millones de campesinos e indígenas, para constituir los ingenios azucareros y las haciendas algodoneras, y la violencia actual, que despoja a las comunidades de sus tierras, para realizar especulaciones y ofrecerlas a inversionistas nacionales o internacionales para la realización de megaproyectos 5.
Por su lado, los miembros del sector financiero en EUA, que operan en la Bolsa de Comercio de Nueva York decidieron intervenir, con el objeto de encontrar vías de que el conflicto se resuelva para evitar que las pérdidas económicas y financieras de diferentes empresas y banca se profundicen. Para ello se reunieron con representantes de las FARC en 1999, buscando mostrarles que si el conflicto concluía de las inversiones extranjeras podría surgir desarrollo suficiente para resolver los problemas de la sociedad colombiana 6.
El gobierno colombiano, en sus sucesivos períodos, se ha basado en el concepto weberiano de que el Estado es el único que tiene el monopolio de la coerción, por lo tanto los grupos disidentes deben subordinarse primero a la constitución y dejar que sea el propio gobierno -o el mercado dependiendo de la ideología dominante- el que se encargue de resolver los problemas sociales. Durante los diferentes gobiernos hubo “reuniones y acuerdos”, que pueden resultar importantes para establecer las bases de una futura negociación de paz.
Los paramilitares estuvieron desde un comienzo, conformando distintos grupos en todo el país. Estos grupos no tienen una estructura única. Han entorpecido toda posibilidad de paz, toda vez que mientras algunos gobiernos negociaban o intentaban establecer bases de negociación con la guerrilla, los paramilitares continuaban con sus avanzadas militares. De acuerdo con declaraciones de uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, “en la guerra contra la guerrilla no entran los derechos humanos”. Alvaro Uribe negoció con las AUC una desmovilización bajo un marco legal que habilita el perdón de muchos crímenes cometidos por ellos, en su momento autores de 80% de las violaciones a derechos humanos, según la ONU. Existe un conflicto importante entre el gobierno de Uribe, grupos de derechos humanos y la Corte Suprema de Justicia, por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/2005), ya que el Presidente había negociado con las AUC una desmovilización bajo un marco legal que habilita el perdón de muchos crímenes cometidos por ellos. Amnistía Internacional manifestó al gobierno de Colombia su oposición a la ley dado que podría concederles impunidad a los violadores de derechos humanos.
Las fuerzas insurgentes: las FARC-EP y el ELN, junto a las que no considero a los “paramilitares”, están dispuestas a continuar con su vía militar, en tanto el gobierno no se decida a negociar cambios profundos y radicales, que implican prácticamente la “re-celebración del pacto social” a partir de reformas constitucionales que contemplen el desarrollo y la justicia social con independencia de toda fuerza externa. El ELN está llevando a cabo conversaciones con el gobierno colombiano en La Habana, y ha manifestado tener aspiraciones de llegar a algún tipo de acuerdo con las FARC para hacer negociaciones conjuntas.
Hay diferentes sectores en Colombia, que han manifestado su interés en que se busquen salidas al conflicto expresando, a su vez, que los perjuicios que reciben por causa del conflicto son importantes. La Federación de Ganaderos, el Gremio que reúne a los empresarios colombianos, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) -hay registrados 87 pueblos indígenas-, cerca de un centenar de Grupos de ONG’s y OSC colombianas, entre otros sectores.
Los países de América Latina, en general, han mostrado una subordinación a las directivas de EUA en materia de seguridad en problemas de guerrilla y de narcotráfico, sin tener plan propio ni regional. Existe una fragmentación regional histórica. Hay posiciones contradictorias dependiendo de los gobiernos. El conflicto con la guerrilla es un problema interno colombiano. Lo claro es que EUA tiene políticas para las diferentes situaciones que se dan en América Latina atendiendo, desde ya, a sus intereses económicos y de seguridad; pero América Latina no tiene políticas para resolver sus propias problemáticas o alcanzar su propio desarrollo económico-social, deja en manos de EUA esto, con resultados que son más favorables a los intereses norteamericanos que a los latinoamericanos. El único caso en el que América Latina muestra una actitud activa es el del gobierno de Venezuela de Hugo Chávez, que intenta mediar, con el conocimiento y la autorización del gobierno colombiano, el apoyo del gobierno de Francia y la aceptación del de EUA. Los gobiernos de Brasil y Ecuador manifestaron su voluntad de apoyar al gobierno venezolano en el proceso. También acompaña el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. Se han agregado Bolivia y Argentina creciendo, lentamente, la posibilidad de que la región recupere las riendas de su destino, con metodologías propias.
La posición de Kofi Annan en oportunidad de ser Secretario General de la ONU, sentó un precedente importante y necesario para poner en su lugar a los sectores que apuestan por una salida armada al conflicto, como recordara la FIDH en su comunicado sobre la crisis: Resulta claro que un triunfo militar favorable a alguna de las partes beligerantes es técnica y diplomáticamente imposible y el modelo de negociación que se quiere implantar sólo sería posible a costa de una gran pérdida de vidas humanas, que serían aportadas por la población civil, tal y como sucedió en el modelo de negociación de paz en El Salvador (más de 90.000 muertos) y en Guatemala (más de 120.000 muertos). Los candidatos como Alvaro Uribe Vélez deben entender que la guerra civil de Colombia no es un conflicto interno y que está, necesariamente, internacionalizada. El mundo está pendiente de que no se estimule la utilización de organizaciones paramilitares y de que se termine con el problema de la financiación ilegal de la guerra por parte del Estado. Esta internacionalización tendría que tener efectos inmediatos sobre la forma y el fondo de las negociaciones. Los beligerantes deben ser reconocidos como tales de una vez por todas y pasar a la agenda real de la paz utilizando los recursos que el Derecho Internacional contempla para los conflictos internacionales, aplicando al mismo tiempo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; la modulación de la agenda en torno al cumplimiento de ambos tipos de Derecho Internacional no es otra cosa que una herramienta para conseguir un camino hacia la paz. Nadie puede reemplazar a los propios colombianos en la solución de sus problemas, pero no debe favorecerse que terceros países apuesten por favorecer modelos de negociación que no sólo han mostrado su ineficacia a corto y largo plazo, sino que tienen como variable de ajuste el exterminio de población civil en forma sistemática, como viene ocurriendo hasta la fecha. Nos referimos a las fórmulas implementadas por los países amigos en el proceso de El Salvador: Colombia, Venezuela, México y España. Es inútil que el Estado colombiano pretenda convencer a la comunidad internacional a través de costosas campañas de imagen llevadas adelante por multinacionales expertas en la materia; los gobiernos y las instituciones especializadas conocen bien los mecanismos que se utilizaron en Centroamérica en la década de los ‘80 y, sin cinismos utilitaristas, es imposible aceptar este camino como construcción de una sociedad vertebrada y donde la igualdad ante la ley y la tolerancia sean posibles 7.
Los países de la Unión Europea (UE), decidieron en el 2000 hacer aportes de ayuda socio-económica para el Plan Colombia. La posición de la UE respecto de los grupos armados, incluyendo los paramilitares, está relacionada con el grado de respeto de los mismos a los derechos humanos, el derecho humanitario internacional y la inmunidad diplomática. Por otra parte, en la lucha contra el narcotráfico plantea que se haga dentro del respeto de la diversidad biológica y del medio ambiente. Y para mitigar las desigualdades socioeconómicas en Colombia, la UE considera indispensable que se elabore un programa de reformas socioeconómicas decisivas y se ponga en práctica de modo urgente y con independencia de los acontecimientos del proceso de paz. Convoca a los partidos políticos en Colombia a que conviertan la búsqueda de una paz negociada en una política de Estado. En el 2002 incorporaron a las FARC-EP en la lista de “grupos terroristas”. Algunos países de la UE no actúan en común sino que lo hacen subordinados a los intereses de seguridad de EUA, como es el caso de España que da ayuda militar a Colombia. Para la UE, la negociación y la solución de la problemática en Colombia, debe derivar en una subordinación de los grupos insurgentes al gobierno vigente.
Tratar de conjugar y conciliar los parámetros planteados por cada parte, resulta sumamente difícil. No obstante, este es un ejercicio por intentar develar cuales son las posiciones de cada uno y de qué manera se puede construir una agenda de negociación pacífica.
POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO
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Posición/Año |
Gobierno de EUA |
Sector Financiero de EUA |
Gobierno de Colombia |
Paramilitares |
FARC |
Otras fuerzas en Colombia (ELN) |
Otros actores en Colombia |
Fuerzas Armadas Colombia |
Sec. Gral. ONU, otras organiza. y personalidades |
Gobiernos Latinoamericanos |
Unión Europea |
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1999 |
Las FARC no tienen la intención real de negociar la paz, pues controlan un enorme territorio y reciben hasta 1500 millones de dólares anuales del narcotráfico 8. La crisis colombiana es para Washington un problema de seguridad nacional 9. Existe un vínculo entre los narcos y las guerrillas de izquierda que operan en Colombia desde hace 40 años. Esto significa que el combate contra los traficantes implica una lucha contra la guerrilla y viceversa. “Las dos cosas están unidas porque el 50% del dinero que tienen los guerrilleros proviene del narcotráfico” 10. La guerrilla colombiana representa una amenaza para toda la región 11. Colombia “está al borde de convertirse en un narco-Estado” 12. En lugar de depositar sus esperanzas en un proceso de paz que tiene muchos problemas, la administración Clinton debe aumentar la ayuda militar que le presta a Colombia 13. La crisis colombiana “es una amenaza para todas las democracias” del continente americano, y la única solución viable es la cooperación regional 14. El éxito para combatir las drogas requiere de una mezcla de estrategias que incluyen la erradicación, la prohibición, la sustitución de cultivos, el desarrollo económico y la reforma de la justicia criminal 15. EUA no descarta un plan regional para terminar con el conflicto en Colombia 16. El plan de EUA para combatir lo que denominan “narcoguerrilla” en Colombia se apoya en una ofensiva diplomática que consiste en respaldar a fondo el plan de paz, a la vez que realizan un despliegue militar 17. |
El Presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso viajó a Colombia invitado por el Presidente Pastrana, a reunión con las FARC a título personal y en representación del sector financiero privado de EUA, no como enviado de Washington. Explicó a los comandantes de las FARC cómo 200 millones de norteamericanos, tienen participaciones accionarias en diversas empresas, y cómo estos mercados son también útiles para que las empresas de Colombia puedan colocar allí sus acciones y bonos para captar ahorro que pueda servir al desarrollo social y económico. Las FARC, estuvieron representadas por el comandante Raúl Reyes 18 19. |
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Carlos Castaño Jefe de paramilitares colombianos, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): “Matamos inocentes, pero son la minoría”. En la guerra contra la guerrilla no entran los derechos humanos. Admite que recibe plata de los narcos, de hacendados y comerciantes. Somos una organización pluriclasista, tolerante, con un proyecto político. Somos una organización que no es de extrema derecha ni paramilitar. Ante todo queremos la unidad nacional. Defendemos la libertad de empresa, la propiedad privada y queremos una economía solidaria. La guerrilla y las AUC deben llegar a una misma mesa de negociación y debe trazarse un modelo de Estado en un amplio proceso de concertación nacional 20. |
En el marco de discusiones con grupos financieros de EUA, las FARC insistieron en una agenda de discusión de diez puntos: Consideran, entre otros, que se deben dar los siguientes pasos: 1) Nacionalizar la explotación de los recursos naturales, como el petróleo; 2) renegociar con las multinacionales y reformar profundamente las entidades que manejan la producción y la redistribución del poder económico, que en la actualidad está en manos de unas pocas familias que controlan los mercados básicos. 3) Desarrollo alternativo en las gigantescas y aisladas regiones donde ahora sólo se producen coca, marihuana y amapola 21 22. Las FARC dicen, respecto de la presencia de tropas de EUA que, “esto se produce cuando los gringos tienen que salir de Panamá. La jugada maestra de los gringos será la de robarse otro pedazo de territorio colombiano para continuar enriqueciéndose con el negocio del canal interoceánico” 23 24 25. Las FARC, realiza una ofensiva diplomática ante congresistas brasileños en busca de apuntalar su objetivo de ser reconocida en Brasil como “una fuerza beligerante” en el conflicto colombiano. El “zar” antidrogas de EUA, General Barry McCaffrey fue el primero en plantear la tesis de que la guerrilla y el narcotráfico en Colombia son dos caras de la misma moneda y de hablar del conflicto colombiano como un problema “regional”, cuya solución requiere entonces la participación de los países latinoamericanos. El gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso se opone a reconocerla como una “fuerza beligerante” 26. Comunicado de las FARC sobre el Proceso de Paz 18/8/1999: El proceso de diálogos para la paz iniciado el 7/1/1999, entre el gobierno y FARC-EP, se encuentra suspendido indefinidamente por las siguientes causas: 1. El Gobierno condiciona la continuidad de los diálogos, a que se integre una Comisión Internacional de acompañamiento para la verificación, la que es inaceptable para las FARC, tal como lo ha expresado públicamente. 2. Tampoco encontramos resultados satisfactorios de parte del gobierno contra la política paramilitar del Estado. Ya que continúan en aumento las matanzas, las amenazas, los desplazamientos y el exilio forzado de centenares de compatriotas del campo, poblados y ciudades; acusados de pertenecer, colaborar o simpatizar con las justas luchas del pueblo trabajador; sin que el gobierno asuma serio compromiso de castigo ejemplar para los militares y civiles comprometidos en los crímenes indiscriminados unos, y selectivos otros. 3. La conocida alianza de Pastrana con EUA para incrementar la guerra en Colombia contra las FARC, con el sofisma de distracción de combatir conjuntamente el narcotráfico, pone en duda la intención de paz del gobierno. 4. las distintas presiones de los gobiernos de Colombia y de EUA, para por medio de las embajadas cerrarle espacio político a las FARC en el exterior y obligarla atemorizada, a aceptar las condiciones políticas del sistema, para que acuda a los diálogos de negociación; en nada contribuye para lograr avanzar por el camino de la reconciliación nacional. 5. Los problemas sociales de la gente pobre, como el empleo, la educación, la salud, la vivienda y la seguridad, permanecen sin solución en toda Colombia. No existen reservas económicas para cumplir los compromisos. 6. En la medida en que haya un reconocimiento de fuerza beligerante, es mucho más fácil el intercambio de presos. No vamos a poder ponernos de acuerdo en una Ley de Canje permanente que permita resolver un problema de carácter humanitario, para que regresen a sus hogares o lugares de trabajo los militares y policías tomados en combate por las FARC, lo mismo que los guerrilleros presos en las cárceles del gobierno; tampoco vemos voluntad política en los poderes del Estado, debido a las clasificaciones artificiales que han hecho de nuestros combatientes: unos por delitos políticos, otros por “terroristas” y otros por “secuestradores” cuando todos están por delitos políticos. 7. Los elementos de juicio mencionados, no son para las FARC demostraciones ciertas de compromiso con la paz definitiva y duradera, sino la expresión de una actitud guerrerista, que puede desembocar en una guerra civil de imprevisibles consecuencias. 8. En contraste con la política estatal, de nuestra parte ratificamos ante los colombianos y ante la Comunidad Internacional, la invariable voluntad política de seguir en la búsqueda de la paz con justicia social, independencia y soberanía para Colombia y su gente 27. Las FARC advirtieron públicamente que no dialogarán con Castaño ni con representantes de las AUC, y pidieron al Presidente Andrés Pastrana que les otorgue a los paramilitares el tratamiento de delincuentes comunes, sin concederles status político ni reconocimiento como fuerza beligerante 28. Con el cambio de una palabra, el Presidente colombiano, Andrés Pastrana, abrió la posibilidad de que se reactive el diálogo de paz con las FARC, suspendido desde 7/1999. Pastrana sustituyó la palabra “verificación” por la de “acompañamiento”. Las FARC se negaron a aceptar la comisión verificadora, que debía supervisar su accionar dentro de la zona desmilitarizada. Pastrana sostuvo que, en realidad, existirán tres comisiones y que la primera será “de acompañamiento internacional”. Una segunda funcionará durante la negociación y también haría de “acompañante”. La tercera sí tendría funciones de “verificación” sobre los acuerdos que firmen las partes en el futuro. Raúl Reyes, vocero de las FARC, sin hacer referencia a la mesa de negociación que se instaló el 24/10/1999, se limitó a leer un corto discurso en el que criticó a la dirigencia política del país por dedicarse a “explotar al pueblo”: “No más oligarquía, no más latifundio, no más corrupción, no más explotación, no más injusta distribución de la riqueza, no más extradición de colombianos, no más intervención norteamericana. Queremos una vida mejor para nuestros hijos basada en paz con justicia social”. Entre los puntos de negociación figuran: solución política negociada al conflicto; reforma agraria nacional; reforma a la estructura económica y social; reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Además, se dialogará sobre reforma política para la ampliación de la democracia; reformas al Estado, incluido el Congreso; acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario; y reforma a las fuerzas militares 29. |
Febrero 2 de 1996, bajo gobierno de Ernesto Samper, la Dirección Nacional del ELN en el documento titulado “Una Propuesta Urgente para Colombia” plantea formalmente una propuesta de Convención Nacional: “...deben participar todos los sectores de la opinión nacional, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los gremios, la iglesia, los intelectuales, la izquierda, los demócratas y los patriotas... debe ser un encuentro de todos los colombianos interesados en un futuro diferente para la nación y abierto desde luego a la sana participación de la comunidad internacional...”30. Posteriormente y de manera progresiva, la propuesta de Convención Nacional se formula como estrategia de negociación de mediano plazo. En un documento del Comando Central del ELN de noviembre de 1997, denominado “A Propósito de la Convención Nacional, Retomemos los Caminos de Paz”, plantean: “una dinámica para dialogar con la nación, sin intermediación de ningún tipo, para que se rompan las mordazas que la prensa, la radio y la televisión le ha colocado a la opinión e ideas de la insurgencia... Este diálogo con la nación lo iremos desarrollando en reuniones públicas y secretas en nuestro territorio de influencia... El espacio internacional será otro escenario para abonar esfuerzos de la Comunidad Internacional en este proceso. Hablando con los movimientos y partidos políticos, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, las iglesias, la Comisión Nacional de Conciliación, con los gremios y personalidades, le daremos forma a esta gran convocatoria nacional que nosotros llamamos Convención Nacional... que nos dará las pautas que nos permita superar la crisis del país, los nuevos enfoques que rompan con las Constituyentes amarradas, los procesos de desarme y desmovilización de antemano, así como el sistema de gobierno monopolizado por la maquinaria tradicional que excluye a las mayorías...”. Al final del Gobierno de Samper, a través de gestiones adelantadas independientemente por la Comisión de Conciliación Nacional, la Oficina del Alto Comisionado y con el apoyo del Gobierno de España, delegados del Gobierno y del ELN se reunieron en Madrid. Los diálogos resultaron en el Pre-Acuerdo del Palacio de Viana en Madrid. En este documento, y luego en el Acuerdo de Puerta del Cielo, se enfatizó en la propuesta de la elaboración de la Convención Nacional como “un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen.” Señalaba que: “La Convención buscará elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización del Estado y la sociedad. Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo, e inclusive a través de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente.” La Reunión de “Puerta del Cielo” congregó al ELN, miembros de la sociedad civil colombiana y del Consejo Nacional de Paz, y en ella se ratifica la importancia de la Convención Nacional como procedimiento de participación social en la perspectiva de un proceso de conversaciones que lleve a la superación de la confrontación armada. En el Acuerdo de Puerta del Cielo, el ELN reitera su disposición a que acuerdos para la “humanización de la guerra” sean la puerta de entrada de un proceso de conversaciones. Además del acuerdo, los diálogos en Maguncia empezaron a explorar la posibilidad de abandono por parte del ELN de la práctica del secuestro, si se resolvía el problema de su financiación. Se acordó que esto sólo tendría alguna viabilidad en el marco de un proceso de negociación. Después del Encuentro de Maguncia, el Comité Operativo Preparatorio de la Convención Nacional precisó los aspectos metodológicos y temáticos de la Convención Nacional, acordando luego con un miembro del Comando Central, la siguiente agenda para el proceso de Convención Nacional: a) Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, Impunidad, Justicia, Insurgencia y Conflicto; b) Recursos Naturales y Política Energética; c) Democracia, Estado, Fuerzas Armadas y Corrupción; d) Economía y Problemas Sociales; e) Cultura e Identidad; Nación-Región; Ordenamiento Territorial; Problema Agrario y Narcotráfico 31. El 12-4-1999 el ELN además de criticar el manejo del gobierno frente a la paz, condenó la injerencia norteamericana frente al conflicto armado colombiano, se crea la Comisión Facilitadora Civil (CFC), el 30-7-1999, como iniciativa autónoma de personas de la sociedad colombiana, diversas en su origen social, su actividad económica, y su posición política 32. El gobierno colombiano desmilitarizaría otra zona en el noroeste del país para celebrar diálogos que servirían de preparación para un esquema formal de paz con la guerrilla del ELN. Las tropas serían retiradas de un área en el departamento de Antioquia, donde se reunirían entre 40 y 50 delegados del gobierno y del ELN. Este grupo definiría la fecha, los participantes y los temas por discutir durante una “convención nacional de paz” convocada por el ELN. Sin embargo, el grupo suspendió las aproximaciones cuando el Presidente Andrés Pastrana rechazó una exigencia que buscaba la desmilitarización de una amplia zona del norte del país, donde se efectuarían las negociaciones. El Ministro de Defensa colombiano, Luis Fernando Ramírez, dijo que el ELN se podría incorporar “a algún cuerpo especial de seguridad del Estado”, {LDP Esto es lo que hay que evitar porque absorbe a la guerrilla pero no resuelve los temas centrales} siempre que “den muestras de paz y concluya con éxito el proceso de reconciliación”. Ramírez respondió así a una declaración del tercero al mando en el ELN, Pablo Beltrán, quien señaló que ese grupo aspira “a que haya un solo ejército” en Colombia 33. |
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En el ejército dicen que el gobierno cede ante las presiones guerrilleras, que es “ingenuo” para negociar, y que las FARC no muestran voluntad de diálogo 34. |
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Brasil y Perú reforzaron sus fronteras con Colombia. Brasil envió tropas desde el sur. Una fuente militar brasileña dijo que es una iniciativa propia y negó presiones de EUA. Perú tiene 2.000 hombres respaldados con cañoneras y helicópteros. Una fuente brasileña planteó que EUA quiere regionalizar el conflicto y Brasil se opone a esa visión; planteando que “la política argentina no coincide con la del Brasil. La Argentina es intervencionista”. En Perú, fuentes militares dijeron que si General Barry McCaffrey “está interesado en oír si existe disposición nuestra para realizar operaciones que impidan el paso de las guerrillas colombianas a territorio peruano, la respuesta es positiva” 35. Los medios de comunicación argentinos informaron sobre los planes para estrechar los lazos militares entre EUA y Argentina durante la gira del General Barry McCaffrey en septiembre de 1999. El Presidente argentino, Carlos Menem, ya había declarado en julio que estaría dispuesto a enviar tropas: “Si Colombia lo pide, Argentina será solidaria y estará allí”. Los buques de guerra de EUA que se encuentran frente a las costas colombianas apoyarían la operación con ataques aéreos y misiles. En el informe se mencionó que General Barry McCaffrey mantuvo conversaciones privadas con Vladimiro Montesinos, consejero del Presidente peruano, director del SIN (Servicio de Informaciones) y una de las figuras más poderosas del régimen de Alberto Fujimori. Perú, con este gobierno estaría dispuesto a intervenir en Colombia apoyando logísticamente a EUA 36. |
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Gobierno de EUA |
Sector Financiero de EUA |
Gobierno de Colombia |
Paramilitares |
FARC |
Otras fuerzas en Colombia (ELN) |
Otros actores en Colombia |
Fuerzas Armadas Colombia |
Sec. Gral. ONU, otras organiza. y personalidades |
Gobiernos Latinoamericanos |
Unión Europea |
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2000 |
Plan Colombia propuesto por el Gobierno colombiano de Andrés Pastrana fue implementado por el gobierno de EUA de Bill Clinton en el 2000 con un programa de ayuda de 1600 millones de dólares. El plan tiene un componente militar para el mejoramiento de la capacidad de operación contrainsurgente de la policía y el ejército; incluye la entrega de 30 helicópteros de combate además de otro armamento 37. |
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El gobierno explicó que el Plan Colombia, para el cual EUA se apresta a aprobar un paquete por u$s 1.300 millones, no busca atacar a los campesinos y generar más violencia sino frenar la producción de pasta básica de cocaína de los carteles de la droga y, al tiempo, poner en marcha programas sociales a favor de los campesinos 38 39. |
Las AUC reivindicaron el 19-3-2000 su derecho a ser incluidas en el proceso de paz, anunciaron intención de cesar sus ataques contra las guerrillas rivales y se mostraron dispuestas a evacuar la zona donde el gobierno de Pastrana y el ELN planean iniciar negociaciones de paz. La zona de donde los paramilitares ofrecieron retirarse comprende el municipio de Tiquisio, situado unos 300 kilómetros al norte de Bogotá. Además del repliegue, las AUC anunciaron una “importante disminución en la intensidad” de sus acciones ofensivas contra las guerrillas en todo el país. También solicitaron a Pastrana ser reconocidos como interlocutores en el proceso de negociaciones políticas para alcanzar la paz de Colombia 40. |
Las FARC consideran que las AUC son un apéndice del Estado y por lo tanto no deben ser tenidas en cuenta en las negociaciones de paz 41 42. Las FARC se oponen al Plan Colombia y están completamente en desacuerdo con sus objetivos. El 85 % del dinero de esa ayuda va a invertirse en escalar la guerra, mientras se necesita ayuda para desarrollar el país para lograr que los colombianos vivan en paz. En ese sentido hacen un llamado a los europeos y a los amigos verdaderos de Colombia para que no contribuyan a fortalecer este plan tal como está hoy formulado. No se puede seguir siempre en la confrontación. 43. Las FARC propusieron a EUA legalizar el consumo de drogas para acabar con el narcotráfico y lo invitaron a ayudar en las tareas de sustitución de cultivos ilícitos. La propuesta se produjo horas después de que la Cámara de Representantes de EUA aprobó un paquete de ayuda de u$s 1700 millones para combatir el narcotráfico en Colombia. Según las FARC, con la legalización de la droga, “se suprimirían de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este comercio, se controlaría el consumo y se atendería clínicamente a los fármaco-dependientes”. Las FARC aseguraron que las millonarias ganancias del narcotráfico se quedan en los intermediarios, principalmente en EUA, y no en los campesinos cultivadores 44. Sistema Judicial Propio Tras haber anunciado el lanzamiento de su propio partido político y la creación de impuestos para sostener su actividad, las FARC impulsarán un sistema judicial propio para aplicar en las 130 localidades del país que están bajo su control: “Hemos instituido tribunales para los asuntos militares de las FARC, pero también queremos crear tribunales civiles, es decir, nuestro propio aparato judicial sin nada que ver con el gobierno de Bogotá”, dijo Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”. Las FARC desafían y presionan a Pastrana al establecer un Estado paralelo. Luego de anunciar un impuesto para los millonarios y la instauración de su propio sistema jurídico, las FARC dieron el 3/5/2000 otro golpe político con una nueva “ley 001” de reforma agraria, que contempla la expropiación de tierras en poder de empresas multinacionales. Andrés Pastrana advirtió que no concibe ni acepta “la paz a cualquier precio”. “Las FARC no deben confundir la voluntad de paz con la debilidad en el cumplimiento de mis obligaciones constitucionales”, señaló tras rechazar la decisión de las FARC de emitir “decretos paralelos” desde la zona de distensión en la que las partes mantienen un proceso de diálogo 45 46. Plan de Lucha Anti-Drogas Las FARC entregaron el 29/6/2000 un plan para eliminar los cultivos de coca y amapola que alimentan el narcotráfico mundial. La propuesta fue realizada durante la primera jornada del encuentro de Los Pozos entre las FARC con funcionarios gubernamentales y delegados de 21 países. Las FARC defienden a los campesinos argumentando que no son narcotraficantes, sino que se dedican a cultivar esos arbustos por necesidad y requieren asistencia integral, en vez de represión, para sustituirlos por otros legales e igualmente rentables. No existe otro cultivo tan rentable como la amapola y la hoja de coca destinada al narcotráfico. Acusa a EUA, que no asistió al encuentro de Los Pozos, de intromisión interna en Colombia y de alimentar la guerra en el país, al anunciar una ayuda económica y militar de u$s 1000 millones para financiar un plan de lucha antidrogas. La propuesta presentada por las FARC, comprende 5 años de reemplazo de cultivos ilegales, con asistencia financiera internacional. Quieren que el centro piloto del programa se instale en Cartagena del Chairá, de 36.000 habitantes, ubicado en el sur del país, donde tienen amplia presencia. Exigen que el gobierno retire de allí las tropas, a lo que las autoridades se oponen, pues ello implicaría sumar 8700 hectáreas a los 42.000 kilómetros cuadrados desmilitarizados. El proyecto, según el plan de las FARC, sería financiado con dinero externo e interno, comandado por las FARC con la participación de comunidades de base, y supervisado por potencias extranjeras. Las FARC propusieron que si ese proyecto resulta exitoso el gobierno debe comprometerse a extenderlo a todo el país y a suspender las operaciones de represión contra los cultivadores ilegales. Para las FARC el Plan Colombia está destinado a desatar una guerra antinarcóticos en el sur del país que puede poner en riesgo el proceso de paz 47 48. El comandante Iván Ríos, miembro del Estado Mayor Central de las FARC, dijo en una entrevista que la visita del Presidente de EUA, Bill Clinton, y el lanzamiento del Plan Colombia no harán más “que atizar la confrontación en Colombia”. Para Ríos, el interés de EUA es aniquilar a la insurgencia y el plan para erradicar el narcotráfico “un gran negocio de los fabricantes de armas, de productos químicos, de fumigantes y de las petroleras”. El Plan Colombia, en primer lugar no está hecho como producto de una discusión entre los colombianos, sino que fue hecho a espaldas de la gran mayoría del país, incluso es un plan que no fue discutido en el seno del gobierno; los voceros en la mesa de diálogo no conocían ningún detalle de la elaboración del plan. En segundo lugar, se busca ante todo responder a los intereses geopolíticos de EUA y a su interés de tratar de aniquilar a la insurgencia colombiana con más de lo mismo: la fórmula que siempre ha producido crecimiento en la confrontación, pero sin lograr acabar con la insurgencia. Además, la estrategia de las fumigaciones provocará un daño enorme al ecosistema, y la utilización de elementos microbiológicos que está integrado al plan va a producir un verdadero desastre a la Amazonia 49. El segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, declaró en Quito que las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC están a punto de romperse “por la aplicación del Plan Colombia y la escalada de los combates con el ejército y la policía de su país” 50. Las FARC suspendieron el 14-11-2000 unilateralmente el proceso de paz que desde 1998 desarrollan con el gobierno de Andrés Pastrana, en repudio por una reunión que el Ministro del Interior, Humberto de la Calle, mantuvo con el máximo jefe de las AUC Carlos Castaño para gestionar la liberación de siete congresistas que habían sido secuestrados por comandos paramilitares. Aunque De la Calle aseguró que su gestión fue netamente “humanitaria”, las FARC calificaron de “grotesco autosecuestro” el caso y consideraron que esa reunión significó otorgarle status político a los clandestinos paramilitares 51. |
El ELN considera que las AUC son un apéndice del Estado y por lo tanto no deben ser tenidas en cuenta en las negociaciones de paz 52. El gobierno colombiano abrió el 17/02/2000 la posibilidad de crear una segunda zona desmilitarizada en el norte del país para iniciar negociaciones de paz con el ELN, luego de un acuerdo con miles de campesinos que se oponían a esa posibilidad. El acuerdo suscripto entre el Ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, y representantes de los campesinos, contempla la creación de una “zona de convivencia” para que el ejecutivo y el ELN, de 5.000 combatientes, inicien conversaciones de paz. El documento no especificó las condiciones que tendrá la zona desmilitarizada, el sitio exacto, ni a partir de cuando comenzará a funcionar, aunque indicó que sería sometido a una supervisión nacional e internacional. El gobierno colombiano y el ELN anunciaron el 24/04/2000 un acuerdo para desmilitarizar una región del norte del país como paso previo para el inicio de conversaciones de paz. Según se estableció, el ejército y la policía saldrán de una región de 4749 km2 de extensión, que comprende territorios de las poblaciones de Yondó, Cantagallo y San Pablo, en los departamentos de Antioquia y Bolívar. El Presidente Pastrana, confirmando un anuncio formulado previamente por el ELN, precisó que los derechos de los pobladores de la zona serán garantizados por una comisión de verificación internacional. 53. Declaración del ELN sobre el Plan Colombia: Reitera la adhesión y compromiso con la solución política y negociada del conflicto armado; reconoce la importancia del escenario de interlocución que se creó en este entre el gobierno nacional, los sectores de la sociedad civil, el ELN y la comunidad internacional. Declara la urgencia de que en el más breve plazo las partes en conflicto convengan acuerdos humanitarios de aplicación inmediata y verificables. Asimismo manifiesta: 1. El ELN agradece a Paz Colombia, al gobierno de Colombia, al gobierno y al pueblo de Costa Rica, a la Organización de las Naciones Unidas, al Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, a la Universidad de la Paz y a la comunidad internacional, el haber facilitado el importante escenario de conversaciones para avanzar en la búsqueda conjunta de iniciativas que permitan avanzar en la construcción de la paz. 2. El ELN rechaza el Plan Colombia. 3. Frente a los cultivos ilícitos considera que su erradicación debe ser producto de la sustitución concertada con las comunidades campesinas e indígenas y acompañada de alternativas de sustitución sostenible en el tiempo. Rechaza las fumigaciones y toda forma de guerra química y bacteriológica contra los pobladores y el medio ambiente. 4. Invita a la comunidad internacional a cooperar al desarrollo de programas que fortalezcan iniciativas de paz y desarrollo, que no sean funcionales a la estrategia de guerra del Plan Colombia. 5. Comparte las preocupaciones en torno a la degradación humanitaria del conflicto armado y asume la responsabilidad que le compete, pero no duda en señalar que el Estado es el principal promotor de la profundización de esta crisis, al escalar la guerra e impulsar el paramilitarismo. 6. Desde el momento mismo en que se nos impuso la guerra como única alternativa para luchar por la transformación del país, hemos estado comprometidos como revolucionarios, en unas normas de conducta que implican tanto el respeto de la población a la que consagramos nuestra causa, como del enemigo herido o vencido en combate. El ELN ha sido pionero en Colombia al proponer un acuerdo humanitario para regularizar la guerra. 7. El ELN se compromete con los pueblos indígenas a respetar su autonomía, con las Comunidades de Paz a respetar sus espacios y con las comunidades desplazadas a garantizar su retorno. 8. El ELN reconoce que en la base del Conflicto armado hay un conjunto de causas sociales económicas y políticas y considera que la solución negociada de este conflicto pasa por acuerdos que los resuelvan de manera estructural 54. El ELN en declaración rechaza la iniciativa gubernamental de erradicación de cultivos de coca, que, para el Gobierno, ayudará a resolver el problema del narcotráfico, y sostiene que la “erradicación de cultivos debe ser producto de la sustitución concertada con las comunidades campesinas e indígenas” 55. El ELN frente a la exigencia de unos mínimos humanitarios que detengan la degradación del conflicto, dice que “asume la responsabilidad que le compete”, pero no duda en señalar que el Estado es el “principal promotor de la profundización de esta crisis al escalonar la guerra e impulsar el paramilitarismo” 56. |
El Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Fernando Devis, rechazó enérgicamente el anuncio de las FARC de reforma agraria. “Los guerrilleros no tienen ni idea de lo que es una reforma agraria; ni siquiera saben para dónde va la agricultura del país ni qué tipo de agricultura necesita”. El Presidente de la Federación de Ganaderos y del gremio que reúne a los empresarios colombianos, Jorge Visbal, que también asistió a la reunión con la jefatura militar, señaló por su parte que el anuncio de las FARC es “totalmente inaceptable” 57. Declaración indígena sobre paz en Colombia: Ahora somos siervos de la nueva encomienda en que han convertido nuestros territorios los ejércitos que los ocupan. Tenemos que comprarles sus abastecimientos, aún a riesgo de nuestra vida; tenemos que cargarles sus heridos y víveres; nos quieren “carnetizar", censar y ya nos han marcado con el rótulo de sus enemigos, así legitimarán nuestra próxima muerte. Y en esta cárcel, en este campo de concentración, en esta encomienda en que han transformado nuestros territorios, nos morimos de hambre, de desnutrición, de falta de vacunas y atención médica, de miedo, de incertidumbre y de soledad. En la guerra no solo las balas nos matan. Esta guerra también se esta haciendo contra los pueblos indígenas, sus territorios y recursos naturales. En esta guerra los Embera son los más amenazados y contra ellos se esta cometiendo un genocidio. Frente a la guerra el Sexto Congreso Indígena de Antioquia Resuelve: Primero. La palabra frente al fusil. Dialogar con todos los grupos armados que ocupan nuestros territorios, hacerlo de cara al país y en ejercicio de nuestra autonomía y voluntad de no participar en la guerra, legitimados por los irrenunciables derechos que hemos conquistado con nuestras luchas y en el sufrimiento que durante siglos hemos soportado. Segundo. Que el Estado cumpla. Exigimos al Estado Colombiano luchar decididamente contra la impunidad y el respeto por los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Reclamamos que sus iniciativas estén acordes con la obligación constitucional de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de nuestra Nación. Tercero. Adecuarnos para resistir. Apoyar la solución política negociada del conflicto armado y encomendar al nuevo Comité Ejecutivo y a un delegado por cada una de las zonas y pueblos, la tarea de conformar una Comisión Permanente de Dialogo y Negociación, con la finalidad de buscar la firma de acuerdos humanitarios con los grupos armados, aminorar la violencia contra las comunidades indígenas y reclamar castigo y reparación por los asesinatos de nuestros hermanos. Esta Comisión coordinará con las comisiones zonales y por pueblo indígena que se conformen. A partir de este Congreso, la “Campaña Para que Embera Viva” se institucionaliza como un programa permanente de la OIA, y se faculta al Comité Ejecutivo para nombrar un Coordinador. La Campaña tendrá como objeto canalizar la solidaridad e implementar todas las acciones orientadas a garantizar la sobrevivencia del pueblo Embera frente al conflicto armado. Llamar a la Organización Nacional Indígena de Colombia para que asuma como tarea prioritaria la definición de la estrategia, los instrumentos y acciones para adelantar la resistencia indígena nacional frente a la guerra y la violación de nuestros derechos individuales y colectivos. Cuarto. Apoyo humanitario para morirnos de viejos. Llamamos a las organizaciones hermanas, las ONG, las agencias internacionales, a los organismos humanitarios, a la Iglesia Católica, a los Gobiernos, a los partidos y movimientos políticos democráticos y a las personas de buena voluntad, para que no nos dejen solos y se sumen a la Comisión Humanitaria Permanente aprobada en este Congreso. Rogamos el acompañamiento para que las tareas organizativas puedan continuar, para implementar un sistema de alertas tempranas, para que nos ayuden a levantar las Casas Humanitarias de Acompañamiento en las zonas más afectadas por el conflicto y para que los Planes de Vida de n |