¿PAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Reuniones y Acuerdos

ACUERDOS FIRMADOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS CON PROPUESTAS DE PAZ


Gobierno de Belisario Betacur

1984

Acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP

Acuerdos de la Uribe

28 de marzo de 1984

Con el fin de afianzar la paz nacional, que es prerrequisito indispensable para la prosperidad general del pueblo colombiano, y para lograr el desarrollo de la actividad social y económica sobre bases de libertad y de justicia, la Comisión de Paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, acuerdan los siguientes puntos:

1. Las FARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas, fecha que podrá posponerse, como máximo, hasta por dos meses, si fuere necesario. La orden de que antes se habla se mantendrá indefinidamente si el señor Presidente de la República, doctor Belisario Betancur, corresponde a este gesto efectivo de paz con una orden semejante suya, dada a todas las autoridades civiles y militares bajo su jurisdicción, en la oportunidad debida.

2.Las FARC-EP condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.

3. La orden del señor Presidente de la República se cumplirá únicamente respecto de los grupos y personas que acaten y respeten estas bases y no infrinjan la ley penal.

4. Una Comisión Nacional y representativa de las fuerzas implicadas en los enfrentamientos, designada por el señor Presidente de la República, será encargada de la verificación de todas las disposiciones contenidas en este acuerdo, con la finalidad de consolidar el proceso de pacificación. La Comisión creará subcomisiones en Florencia (Caquetá), Vista Hermosa (Meta), Barrancabermeja (Santander), Saravena (Arauca), Santa Marta (Magdalena), Medellín (Antioquía), Neiva (Huila), Orito (Putumayo) y Cali (Valle), y podrá asesorarse de personas extrañas a ella para estudiar, con su concurso, en las regiones o sitios en que fueren conducentes sus servicios, las quejas o reclamos por hechos que pudieren interferir el anhelo nacional de paz y seguridad. La Comisión funcionará por todo el tiempo que fuere necesario y podrá acordar sus propios reglamentos.

5. La Comisión Nacional de Verificación funcionará en Bogotá y se trasladará periódicamente para sesionar, con plenas garantías de acceso y libre tránsito, a una de las siguientes localidades, a elección del señor Presidente de la República:

a. San Juan de Arama, Granada y Vista Hermosa, en el Meta;

b. San Vicente del Caguán, Caquetá

c. Colombia, Huila;

d. Dolores y Prado, Tolima;

e. La Uribe, Meta.

El gobierno dotará a la Comisión de todos los elementos necesarios de comunicación para el mejor desempeño de sus funciones y expedirá a sus miembros las credenciales indispensables para garantizar el libre tránsito y seguridad.

6. Cuando a juicio de la Comisión de Verificación, hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera de un (1) año para que los integrantes de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión. El gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes. Durante este mismo período el gobierno tomará las medidas necesarias para restablecer en las zonas de violencia la normalidad civil.

7. Los integrantes de las FARC-EP podrán acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y decretos complementarios, cuando llenen las condiciones en ella y en ellos establecidas. En el Plan Nacional de Rehabilitación el gobierno dará prelación a los colombianos que han padecido, directa o indirectamente los estragos de la violencia para el restablecimiento de derechos injustamente conculcados como consecuencia de la alternación del orden público y la inseguridad social.

8. La Comisión de Paz da fe de que el gobierno tiene una amplia voluntad de:

a). Promover la modernización de las instituciones políticas, dirigidas a enriquecer la vida democrática de la nación, e insistir ante las Cámaras en la pronta tramitación de los proyectos sobre reforma política, garantías a la oposición, elección popular de alcaldes, reforma electoral, acceso adecuado de las fuerzas políticas a los medios de información, control político de la actividad estatal, eficacia de la administración de justicia, impulso al proceso de mejoramiento de la administración pública y nuevas iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones constitucionales del Estado y a procurar la constante elevación de la moral pública.

b). Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en reconocimiento a que los problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, y las demás acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar permanentemente los servicios al campesinado para mejorar la calidad de su vida y la normal producción de alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del instrumento jurídico contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece la dirección de la economía por el Estado.

c). Robustecer y facilitar la organización comunal, de usuarios campesinos y de indígenas, las de todos los trabajadores urbanos y rurales, así como sus organizaciones políticas.

d). Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos los niveles, así como de la salud, la vivienda y el empleo.

e). Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos que en favor de los ciudadanos consagran la Constitución y las leyes y para la conservación y restablecimiento del orden público, sólo existan las fuerzas institucionales del Estado, de cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la tranquilidad ciudadana.

f). Promover, una vez restablecida la paz, y tal como ocurrió en otras oportunidades, iniciativas para fortalecer las mejores condiciones de la fraternidad democrática, que requiere perdón y olvido, y del mejor estar en lo económico, político y social de todo el pueblo colombiano.

9. La Comisión de Paz estima que los enunciados anteriores presentan un notable mejoramiento de las condiciones objetivas para la acción política y electoral y reitera su invitación a los sectores comprometidos en acciones disturbadoras del orden público, a que se acojan a la normalidad y apliquen sus talentos y prestigio a la conquista de la opinión pública por procedimientos democráticos y pacíficos.

10. El presente acuerdo será válido respecto de cualquier otro grupo alzado en armas que exprese su decisión de acogerse a él, previa manifestación de tal voluntad hecha al gobierno por intermedio de la Comisión de Paz. Para facilitar la adhesión a este acuerdo de los grupos que deseen hacerlo, se realizará una reunión con todos ellos en el lugar y la fecha que las partes convengan.

11. Este acuerdo, para su validez, requiere la ratificación del señor Presidente de la República.

Para constancia se firma el presente documento en La Uribe, Municipio de Mesetas, Departamento del Meta, a los 28 días del mes de marzo de 1984.

La Comisión de Paz:

Jhon Agudelo Ríos, Presidente; Rafael Rivas Posada, Samuel Hoyos Arango, César Gómez Estrada, Alberto Rojas Puyo, Margarita Vidal de Puyo.

El Estado Mayor de las FARC-EP:

Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Alfonso Cano, Raúl Reyes

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1986


Extensión del Acuerdo de la Uribe

2 de marzo de 1986

NUEVO ACUERDO ENTRE LA COMISION DE PAZ, DIALOGO Y VERIFICACION Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP)

La Comisión de paz, diálogo y verificación y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), convencidas de que la política de paz puede culminar satisfactoriamente, tal como lo anhela el pueblo colombiano, han decidido introducir al Acuerdo de La Uribe, firmado el 28 de marzo de 1984 y ratificado en su oportunidad por el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur, las siguientes precisiones y adiciones que, a juicio de ambas partes, permitirán no solo superar los problemas y obstáculos que se han presentado hasta el momento, sino avanzar en forma rápida hacia una paz definitiva, que asegure la concordia nacional:

1. El gobierno y las FARC reiteran su lealtad al Acuerdo de La Uribe y su decisión de continuar trabajando por una paz real, bien a que aspiran todos los ciudadanos y que puede alcanzarse a pesar de las limitaciones económicas de un país en desarrollo, si existe empeño continuo y conjunto de crear un orden social más justo.
Por lo anterior, las FARC hacen un llamado vehemente al gobierno, al Congreso, a los partidos políticos, a la Iglesia, a los gremios de la producción y del trabajo, a los medios de comunicación social y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a que sumemos esfuerzos para construir juntos una Colombia más democrática, más justa económicamente y con iguales oportunidades para todos.
2. Las FARC expresan su sincera disposición de continuar adelantando el actual proceso de paz con el ciudadano que, constitucionalmente, presida el próximo gobierno.

3. Las FARC colaborarán a que los debates electorales que se avecinan se desarrollen en forma ordenada y pacífica, de modo que todos los ciudadanos, independientemente del partido o movimiento político a que pertenezcan puedan expresar sin temores y sin coacción física, moral o económica, su libre voluntad en las urnas.

4. Las FARC ratifican su condena al secuestro y la extorsión hecha en el Acuerdo de La Uribe y en otros documentos suyos. Condenan, también, el chantaje o boleteo en cualquiera de sus formas, el narcotráfico, el atentado personal, la desaparición de personas, la tortura, la justicia por mano propia, provengan de donde provengan, así como el reclutamiento de adeptos con fines militares o de adiestramiento militar y la presencia de hombres suyos portando armas o uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en reuniones públicas, en lugares poblados o frente a ciudadanos inermes.

5. Las partes firmantes de este documento, instan a todos los hombres y mujeres de Colombia, sin distingos de ninguna clase, a movilizarse y a luchar contra el terrorismo de cualquier procedencia, para defender el bien colectivo, el patrimonio público y la tranquila convivencia en una patria que pertenece a todos por igual.

6. Las FARC, como lo han venido haciendo al desplazar hacia el trabajo político a muchos de sus hombres, intensificarán el proceso de incorporación de sus efectivos a la vida política y social, a la actividad civil productiva, de modo que en un período de tiempo razonable sus actuales integrantes se vinculen a la plena normalidad institucional, para lo cual deberán existir amplias libertades y plenas y reales garantías para el ejercicio de la actividad política.

7. El gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden. También otorgará el gobierno a las FARC las garantías y libertades que requiera para el proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad política.

8. Las FARC exhortan, comedidamente, a los medios de comunicación, hablados y escritos, a manejar las noticias que pueden afectar el orden público, de la manera más imparcial, objetiva y veraz que les sea posible, como medio de evitar que los delincuentes comunes y los grupos paramilitares continúen escudándose en los movimientos guerrilleros y, especialmente en las FARC, para cometer, impunemente, toda clase de delitos y sigan socavando, como lo han venido haciendo, el propio proceso de paz.

9. Las FARC reiteran al gobierno su petición de levantar el Estado de Sitio en el tiempo más breve posible y de garantizar el cese del fuego, ordenado por el señor presidente de la República el 28 de mayo de 1984, a fin de que el país regrese pronto a la normalidad civil; de combatir de manera más decidida a los grupos paramilitares que se han apoderado de algunas zonas del país; de dar a la Unión Patriótica un tratamiento más equitativo en los medios oficiales de comunicación, y de restablecer a través de ellos, la verdad de lo que ocurre en el proceso de paz.

10. Autodefensa Obrera (ADO) y los destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño, del ELN, firmantes también de Acuerdos de paz, hacen suyo el presente documento y lo suscriben para reafirmar su disposición de continuar trabajando por el fortalecimiento del proceso de paz, que busca restablecer la convivencia democrática entre los colombianos.

11. Las partes signantes de este documento adicionan y amplían el Acuerdo de La Uribe, en los términos que acaban de consignarse, pensando en los altos intereses de la nación y en la necesidad que existe de afianzar la paz, como medio de garantizar no sólo la continuidad y el desarrollo democrático del país, sino el sosiego y la seguridad de todos los colombianos.

12. El presente Acuerdo requiere, para su validez, de la ratificación del señor Presidente de la República.

Por la Comisión de paz, diálogo y verificación, JOHN AGUDELO RÍOS - ALIRIO CAICEDO - MARGARITA VIDAL - CARLOS MORALES - ROCÍO VÉLEZ DE PIEDRAHÍTA - JOSÉ CORREDOR - ANTONIO DUQUE ALVÁREZ - HERNANDO HURTADO - ALBERTO ROJAS PUYO - JAIME ARIAS - BRAULIO HERRERA.
Por el Estado mayor central de las FARC-EP MANUEL MARULANDA VÉLEZ - TIMOLEÓN JIMÉNEZ - JACOBO ARENAS - RAÚL REYES - ALFONSO CANO
Por la Dirección político militar de Autodefensa Obrera, ADO HÉCTOR FABIO ABADÍA REY - CARLOS EFRÉN AGUDELO, (Preso político)1 - MIGUEL ANGEL MÁRQUEZ - ESTEBAN ZAMORA.
Por los destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño, del Ejército de Liberación Nacional, ELN ERNESTO GONZÁLEZ - MANUELA GONZÁLEZ.
Por la Comisión de paz autorizaron su firma GERARDO MOLINA - Monseñor JOSÉ LUIS SERNA - SAMUEL MORENO ROJAS.

Para constancia, se firma en La Uribe, departamento del Meta, a los 2 días del mes de marzo de 1986


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Gobierno de Virgilio Barco Vargas

1990

Acuerdo entre el Gobierno Nacional, los Partidos Políticos, el M-19 y la Iglesia Católica

9 de Marzo de 1990

El Pacto Político por la Paz y la Democracia, suscrito el 2 de noviembre de 1989, consigna aspectos fundamentales para lograr la reconciliación nacional. Los temas que más preocupan hoy a la Nación fueron abordados en la discusión que llevó a las conclusiones de consenso plasmadas en dicho Pacto: la administración de justicia, el narcotráfico, la reforma electoral, las inversiones públicas en zonas de conflicto, y por supuesto, la paz, el orden público y la normalización de la vida ciudadana. Con el objetivo de culminar exitosamente el proceso de paz y reconciliación con el M-19, se hace necesario refrendar esos acuerdos e incorporar elementos adicionales que sustituyan aquellos que formaban parte de la Reforma Constitucional que no culminó su trámite en 1989. En consecuencia, los signatarios del presente documento asumen los siguientes compromisos, derivados, todos, de consensos ya logrados y de su voluntad de finalizar exitosamente este desempeño de pacificación:

1 Coincidimos en la necesidad de que a través de los mecanismos ordinarios de Reforma Constitucional o mediante la convocatoria del Constituyente Primario, Plebiscito, Referéndum o Asamblea Constituyente, se fortalezca la legitimidad institucional y la aprobación de materias de vital importancia para la consecución de la paz. Nos comprometemos a promover los acuerdos políticos necesarios para alcanzar este cometido de ampliación de los espacios democráticos. De todas maneras, la decisión que se tome en este sentido deberá estar precedida de un amplio acuerdo que incluya el asentimiento de quienes ejerzan la Presidencia de la República.

2 Para promover la incorporación a la vida civil de los guerrilleros y su tránsito de la lucha armada a la vida política, se comprometen a respaldar el establecimiento, por una sola vez, de una Circunscripción Especial de Paz para partidos políticos surgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción para Senado de la República y Cámara de Representantes se aplicará, a más tardar, en las elecciones de 1992, y sus características se definirán entre los signatarios en posterior acuerdo.

3 En cuanto al Fondo Nacional para la Paz, previsto en el Pacto Político, destinado a adelantar acciones y programas de beneficio comunitario en las zonas donde la guerrilla desmovilizada haya tenido influencia, podrá ser ampliado en su financiación por el Gobierno, la empresa privada y por aquellas fundaciones internacionales que estén dispuestas a brindar su apoyo a esta iniciativa.

Se creará una junta de alto nivel para la Administración y Promoción de este Fondo que desarrolle estos objetivos.

4 Los signatarios de este acuerdo, respaldarán una Reforma Electoral que tendrá las siguientes bases:

-Con el fin de ampliar las oportunidades electorales y de modernizar los procedimientos de votación se establecerá la Tarjeta Electoral y el voto en ambiente reservado para las elecciones de alcaldes a partir de 1992 y se estudiarán las posibilidades técnicas para incorporarlos en las elecciones de Corporaciones Públicas a partir de 1994.

-Igualmente, con el objeto de ampliar los espacios de participación política, se adoptarán medidas tendientes a la ampliación de la representación parlamentaria de las minorías a través de fórmulas tales como la Circunscripción Nacional y la de Territorios Nacionales.

5 En cuanto a la administración de justicia, el Gobierno Nacional expedirá el decreto correspondiente a la creación de la Comisión Asesora para la Reforma Integral de la Administración de Justicia en los términos señalados en el Pacto Político. Dicha Comisión, de acuerdo a esos criterios, funcionará durante un término de tres años y será conformada al más alto nivel. Se ocupará, principalmente, de proponer estrategias para la reforma de la justicia en las áreas sustantiva, administrativa, presupuestal, de personal y de procedimientos.

6 En cuanto al tema de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, el Ministerio de Gobierno, actuando en nombre del Gobierno Nacional, integrará una Comisión de carácter académico no gubernamental, con autonomía e independencia plenas, que investigue la dimensión nacional e internacional del fenómeno. La Comisión estará conformada por investigadores de universidades públicas y privadas y de centros de investigación de reconocida prestancia.

7 Respecto a los demás temas políticos, socioeconómicos y de convivencia, justicia y orden público consignados en el pacto político, el Gobierno iniciará su aplicación y ejecución a partir de la fecha de la dejación de armas.

8 A partir de la fecha, el M-19 anuncia que todos sus frentes armados fueron desmovilizados y sus miembros incorporados a la vida institucional del país; anuncia, así mismo, que hizo dejación de todas sus armas, municiones y material de guerra ante la Comisión de la Internacional Socialista designada para este fin. Para la coordinación de todo el Plan de Desmovilización acordado con el M-19, el Gobierno Nacional creó el Consejo Nacional de Normalización mediante Decreto 314 del presente año. El Gobierno Nacional, a partir de la fecha, aplicará el Indulto a los miembros del M-19 y dará inicio a los programas de reinserción social y productivos acordados. El Movimiento 19 de Abril, reitera así mismo, que a este acuerdo se acogen todos sus miembros y que como grupo armado deja de existir.

9 Los signatarios de este acuerdo se comprometen a conformar una Comisión de Seguimiento (un miembro por cada signatario) con el objetivo de concretar y darle viabilidad a los compromisos aquí adquiridos.

10 El Plan de Seguridad se ejecutará en los términos acordados por el Gobierno Nacional y el M-19 en diciembre de 1989. Dicho plan regirá hasta el 7 de agosto de 1990, con las revisiones pertinentes que se decidan de común acuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y el M-19. Se hace manifiesta la necesidad de que, con posterioridad al 7 de agosto de 1990, se mantenga un nivel apropiado de seguridad y protección a los principales dirigentes del M-19. Con la firma del presente acuerdo se concluye una etapa decisiva para la aclimatación de la paz y el restablecimiento de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones de colombianos. Hoy podemos abrigar ilusiones ciertas respecto a que la sensatez y la generosidad se impondrán a la intransigencia y al radicalismo y de que en un futuro cercano las ideas políticas no serán causa de muerte entre colombianos. Gobierno Nacional, Partidos Políticos y M-19 están conscientes de la trascendencia que para el país tiene la celebración de este acuerdo. Despeja un camino de reconciliación. Afianza unas condiciones para continuar avanzando en el empeño de la pacificación. Ofrece unos procedimientos e instrumentos para implementar soluciones política. Muestra, en fin, cómo mediante una voluntad cierta de paz de las partes involucradas, traducida en hechos concretos, se pueden lograr resultados en procura de la convivencia pacífica.

FIRMAN

VIRGILIO BARCO

Señor Presidente de la República

RAFAEL PARDO RUEDA

Consejero Presidencial

JULIO CESAR TURBAY AYALA

Señor Ex-Presidente de la República y, Director Nacional del Partido Liberal Colombiano

CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ

Comandante General del M-19

ANTONIO NAVARRO WOLF

Comandante del M-19

Monseñor ALVARO FANDIÑO

En representación de la Iglesia Católica como Tutora Moral y Espiritual del Proceso

Doctor LUIS AYALA

En representación de la Internacional Socialista como testigo


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Gobierno de César Gaviria

1991

Declaración de Caracas

6 de junio de 1991

El Gobierno Nacional y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, como resultado de las deliberaciones sostenidas en Caracas durante los días 4 y 5 de junio, declaran:

I. Que tanto la reunión Cravo Norte como los mecanismos adoptados por el gobierno y la guerrilla para lograr la presencia de los delegados de la CGSB en Caracas, constituyen pasos significativos en el restablecimiento de la confianza mutua, elemento esencial para la continuidad del proceso de paz.

II. La credibilidad del país en el proceso de paz debe construirse a partir de hechos y conductas concretos del gobierno y de la Coordinadora que contribuyan a la distensión, prioritariamente en aquellos aspectos derivados de la confrontación, que afectan a la población civil. La identificación específica de estos aspectos deberá trabajarse en los próximos días.

III. El gobierno y la Coordinadora ratifican que los objetivos del proceso de paz han de referirse tanto a la solución definitiva del conflicto político armado, como a la concreción de políticas que apunten a erradicar definitivamente las causas que lo han originado pensando en el beneficio de todos los colombianos, de manera que aseguren su convivencia democrática y la búsqueda de una sociedad con justicia social.

IV. Luego de exponer tanto el gobierno como la guerrilla, su concepción del proceso de paz y los elementos fundamentales que la constituyen, se ha convenido en anunciar un conjunto de temas que conforman una agenda preliminar que permita tanto continuar las deliberaciones de Caracas como situar el proceso de paz en una perspectiva general a desarrollar en el futuro. Se entiende que sobre los temas que se anuncian a continuación deberá definirse en las conversaciones a realizarse en los días siguientes, enfoques para su tratamiento y precisiones sobre su contenido y alcance.

V. Los temas convenidos para ser discutidos, algunos de los cuales implican compromisos bilaterales colocados en el orden de prioridades para su examen son los siguientes:

1. Estudiar la posibilidad de convenir entre el gobierno y la Coordinadora una fórmula de cese al fuego y a las hostilidades

2. Relaciones de este proceso con la Asamblea Nacional Constituyente, las corporaciones públicas, las organizaciones políticas y los sectores sociales.

3. Acciones contra los grupos “paramilitares” y de justicia privada. Medidas efectivas contra la impunidad. Concepciones sobre la denominada doctrina de seguridad nacional.

4. Derechos humanos. Derechos de las minorías étnicas.

5. El Estado, la democracia y la favorabilidad política.

6. Elementos que contribuyen a desarrollar la soberanía nacional, tales como el manejo de los recursos naturales y aspectos de los tratados internacionales relativos a los temas de este proceso y la política económica y social.

7. Elementos para la democratización de la política económica y social.

8. Diseño de un proceso que permita evolucionar a una fase en la que se concreten acuerdos y medidas prácticas que materialicen la superación definitiva del conflicto armado en Colombia y garanticen el ejercicio de la actividad política sin el recurso de las armas, dentro del marco de la vida civil y democrática del país, una vez satisfechos los requisitos necesarios para este propósito.

9. Veeduría del proceso de paz.

10. Metodología, procedimientos y reglamentación de las negociaciones y los acuerdos.

VI. El Gobierno y la Coordinadora convocan a los medios de comunicación y a los orientadores de la opinión pública para que con su caracterizada ponderación valoren el contenido de esta declaración, así como los temas que han sido incluidos con el único propósito de discutir posteriormente, los enfoques, los alcances y las posibilidades de los mismos.

Por el Gobierno Nacional

JESUS ANTONIO BEJARANO A.

Consejero Presidencial

ANDRES GONZALES D.

Viceministro de Gobierno

CARLOS EDUARDO JARAMILLO C.

Asesor Consejería

TOMAS CONCHA S.

Asesor Consejería

REYNALDO GARY P.

Asesor Comisión

Por la Coordinadora Guerrillera

ALFONSO CANO (FARC), IVAN MARQUEZ (FARC), PABLO CATATUMBO (FARC), HUMBERTO ZULUAGA (FARC), DANIEL ALDANA (FARC), MIGUEL SUAREZ (FARC), ANDRES PARIS (FARC)

FRANCISCO GALAN (ELN), LUCIA GONZALEZ (ELN)

DIEGO RUIZ (EPL), ASDRUBAL JIMENEZ (EPL)

Observadores presentes:

MIGUEL MOTTOA C., RAFAEL SERRANO P., MARIA CRISTINA OCAMPO, HENRY MILLAN, WILLIAM RAMIREZ, OSCAR REYES, JESUS CARVAJAL, ALVARO VASQUEZ, HERNAN MOTTA, NELSON BERRIO.


Caracas, junio 6 de 1991.

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Gobierno de Andrés Pastrana Arango

1998

Acuerdo entre la Sociedad Colombiana y el ELN

15 de julio de 1998

Acuerdo de Puerta del Cielo

La Sociedad Civil aquí representada, el ELN y el Comité Nacional de Paz, con la facilitación de las Conferencias Episcopales de Alemania y Colombia,

ACORDAMOS:

1. Dar inicio al Proceso de Paz con el ELN.

Con respecto a la participación de la Sociedad Civil:

2. Reconocer y patrocinar la actuación permanente de la. Sociedad Civil para conseguir la culminación del Proceso de Paz.

3. Propiciar un mayor trabajo en la investigación y propuestas sobre temas de Paz que busquen cambios estructurales o parciales en la vida de la Nación.

4. Provocar encuentros con distintos sectores para consolidar lo conseguido en el Proceso de Paz.

5. Promover la proyección del espíritu de este documento ante el Gobierno y continuar la acción en favor de la Paz, con la colaboración de la comunidad internacional.

6. Facilitar encuentros del Gobierno con las Comandancias del ELN y EPL. Al mismo tiempo, promover una reunión de quienes firman este acuerdo con las comandancias de las FARC, de la CGSB y de otros actores de la guerra. En ese sentido: saludar como valioso para el futuro de la Paz, el encuentro del Presidente electo, Andrés Pastrana Arango, con la Comandancia de las FARC.

7. Ponernos al servicio del gran movimiento nacional inspirado en el Mandato por la Paz y que en procura del final de la guerra ha surgido en todo el país, promoviendo su ampliación y consolidación en eventos tales como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.

8. Procurar que la Sociedad Civil facilite y busque espacios con el Gobierno para exigir el cumplimiento de las garantías políticas y libertades ciudadanas amparadas por la Constitución en cualquier lugar del País.

Con respecto a la humanización de la guerra:

9. Condenar acciones hostiles y masacres de civiles financiados desde distintos sectores y que se acrecientan por omisión o acción de algunos agentes del Estado.

10. El ELN se compromete a suspender la retención o privación de la libertad de personas con propósitos financieros, en la medida en que se resuelva por otros medios la suficiente disponibilidad de recursos para el ELN, siempre que mientras culmina el proceso de paz con esta organización- no se incurra en su debilitamiento estratégico. También, a partir de hoy, cesa la retención de menores de edad y de mayores de 65 años y en ningún caso se privar de la libertad a mujeres embarazadas.

11. Exigir la superación real de la impunidad de crímenes de lesa humanidad, tales como las desapariciones forzadas, las masacres, el genocidio y la tortura, que responda integralmente al espíritu del ordenamiento internacional sobre la materia.

12. Con base en los conceptos de la ONU, estar atentos a que no se prorrogue la vigencia de la Justicia Regional más allá del actual mandato legal. Del mismo modo, se insistió en la urgencia de recuperar para la Justicia su eficacia, prontitud, imparcialidad y garantías procesales.

13. En cuanto al grave problema de desplazados forzosos, fomentaremos y apoyaremos su organización e interlocución para la defensa de sus legítimos intereses y necesidades en especial el retorno seguro, la titulación de tierras si fuere pertinente y su desarrollo integral y el de sus regiones.

14. Con el fin de sustraerlos de los ataques de los actores armados se procederá con el liderazgo de la sociedad civil y la coordinación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo a la identificación y la demarcación de todos los bienes protegidos por el DIH tales como:

  • Acueductos y represas.

  • Escuelas.

  • Centros de salud humana y animal. Hospitales.

  • Centros y medios de abastecimiento de la población civil.

  • Ambulancias, bomberos y vehículos de socorro.

  • Vehículos, naves y aeronaves de uso civil que no están siendo utilizados en tareas militares.

  • Campanas de higiene humana, animal o de interés social.

  • Centros educativos, deportivos, culturales, recreacionales y para el culto religioso.

  • Infraestructura de transmisión eléctrica con destino a la población civil.

  • Instalaciones que contengan fuerzas peligrosas como aguas represadas o material nuclear.

15. El ELN reafirma su acogimiento unilateral a las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional para el movimiento insurgente en su informe de 1.994 sobre Colombia. Tales recomendaciones cuyo cumplimiento confirma son:

A. Tratar con humanidad a los prisioneros, heridos y a quienes intentan rendirse, Ya se trate de civiles o de miembros de las Fuerzas Armadas, no se les debe quitar la vida.

B. Están prohibidos los homicidios deliberados y arbitrarios de no combatientes en cualquier circunstancia.

C. No se utilizarán a los cautivos como rehenes. Se identificará a las personas detenidas y se garantizará su liberación sanas y salvas.

D. No se utilizarán minas para matar o mutilar deliberadamente a civiles.

E. Se investigarán los presuntos abusos cometidos por los guerrilleros con el fin de determinar responsabilidades.

F. Los guerrilleros sospechosos de haber cometido u ordenado abusos, serán apartados de todo cargo de autoridad y de cualquier servicio que los coloque en condiciones de volver a cometer dichos abusos.

16. Impulsar con todos los actores armados y partes concernientes el respeto a la autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de las comunidades indígenas y demás etnias y de sus territorios.

17. Reafirmar el compromiso de la Sociedad Civil y el E.N. de respetar y hacer respetar cabalmente los Derechos del Niño y esta organización no incorporar menores de 16 años para la fuerza militar permanente. Hacia el futuro esta edad será de 18 años.

18. Impulsar la ratificación por parte del Congreso de la Convención de Ottawa sobre prohibición de uso de minas antipersonales. Igualmente, se estableció el compromiso de no sembrar minas antipersonales en sitios de riesgo para la población civil especialmente para los niños.

Asimismo, exigimos el cumplimiento de la prohibición de bombardear bienes y áreas de uso de la población civil.

19. La reunión consideró que los prisioneros y detenidos de la insurgencia deben ser tratados con humanidad, respeto de su dignidad y de su fuero como prisioneros políticos. Se apoyará la no penalización de la protesta social.

De los recursos naturales

20. Los firmantes de este acuerdo promueven la realización de un foro amplio enmarcado en la Convención Nacional para la discusión de la problemática de la soberanía sobre los recursos naturales, entre ellos el petróleo, con el fin de proponer al Congreso y al Gobierno, los cambios que fueren de conveniencia nacional en las políticas y normatividad a este respecto.

Este foro se realizará en una zona cuyo despeje se solicitará al Gobierno para tal efecto.

Mientras se realiza este evento, el ELN cesará en los sabotajes a los oleoductos, que la organización reconoce ha venido realizando como único responsable de la Convención Nacional.

En vista de los resultados positivos obtenidos en esta reunión, acordamos también: la convocatoria de una Convención Nacional con miras a la obtención de la Paz y la justicia social, la ampliación de la democracia y la consolidación de la soberanía nacional; bajo los siguientes parámetros:

Por Convención Nacional entendemos un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de representantes de Estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen.

La Convención buscar elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización de estado y la sociedad. Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo, e inclusive a través de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente.

La Convención Nacional debe propiciar la participación de representantes de Estado y contar con el aval de Gobierno Nacional, para lo cual el Consejo Nacional de Paz, en su calidad de organismo asesor del Gobierno, servir como facilitador.

Se invitará a las FARC y al conjunto de la Coordinadora Guerrillera para que participen en la Convención Nacional y confluyan en los propósitos de la misma.

En relación con los participantes, es importante tener en cuenta la mayor representatividad de los mismos, tomando como base el actual grupo de participantes del Encuentro de Mainz, constituidos en Comisión Preparatoria de la Convención Nacional y se conforma un Comité‚ Operativo para este propósito.

El proceso de esta Convención Nacional debe estimular espacios regionales y sectoriales de preparación a dicha Convención.

La Comisión preparatoria deber organizar la Convención Nacional antes del doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1 998).

La propia Convención Nacional decidirá el procedimiento de toma de decisiones y los demás aspectos de su funcionamiento.

En la agenda de la Convención, se tratarán temas tales como, la definición de las bases para las transformaciones de las estructuras sociales, económicas y políticas que se requieran, mediante una acción concertada que tenga en cuenta entre otros, la plena vigencia de los derechos humanos, la justicia social y económica, la democratización política, la soberana, la integración e internacionalización y el papel de la fuerza pública en un País en Paz.

La Convención Nacional se hará en territorio Colombiano, en un área en la cual haya un cese al fuego bilateral y se darán las garantías necesarias para todos los participantes en la misma.

Coincidente con la realización de la Convención Nacional, se exhorta a buscar hechos de Paz de mayor significación, tales como el cese al fuego, y el cese de operaciones ofensivas de las partes en el territorio nacional.

21. Los firmantes de este acuerdo quedamos comprometidos en su proyección., apoyo, evaluación y seguimiento y en vincular a este trabajo a otros sectores representativos de la Sociedad Colombiana y queremos dejar expresa constancia de infinito agradecimiento a la Conferencias Episcopales de Alemania y Colombia, por la hospitalidad y cordialidad con que nos acogieron para culminar esta misión.

Firmaron el presente Acuerdo, 15 de julio de 1998, Wurzburg, Alemania, las siguientes personas:

Abello, Aída; Alvarez Gardeazábal, Gustavo; Angarita Figueredo, Hernando; Beltrán, Pablo; Bemal, Ana Teresa; Bernal Cuellar, Jaime; Berrío, Nelson; Cabal, Jaime Alberto; Caicedo, Jaime; Carrillo, Cesar; Castro, Msr. Luis A.; Castro, José‚ Fernando; Garzón, Luis Eduardo; Gaviria, Carlos; Ríos, José Noé; Rueda, María Isabel,; Ruiz Carlos Alberto; Santos, Francisco; Santos, Juan Manuel; Umaña Luna, Eduardo; Valencia, León; Vargas, Alejo; Vásquez, Juan; Villegas, Luis Carlos; Visbal, Jorge.

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1998

Acuerdo del Nudo de Paramillo o de Córdoba

26 de Julio de 1998

La Reunión de Representantes del Consejo Nacional de Paz, con Miembros de la Sociedad Civil y las Autodefensas Unidas de Colombia, Celebrada el día 26 de Julio de 1998:

CONSIDERANDO:

Que la confrontación armada que vive el país, requiere de una solución política negociada al conflicto, donde los compromisos de las partes deben centrarse en el reconocimiento de la dignidad humana como único camino civilizado.

Que el logro de la paz no es la simple negociación de la confrontación armada, sino también el desarrollo de un conjunto de medidas económicas, políticas y culturales con las que se logre la justicia social y se supere el sentido de la violencia en la solución de los conflictos internos.

Que la búsqueda de la paz en un proceso en el que se irán manifestando avances parciales entre los distintos actores, que se concertará en mesas de negociación, sin ventajas para ninguno, con actuaciones bajo una confidencialidad convenida entre las partes. Mesas en las que, una vez iniciado el diálogo, nadie se levante de ellas ni se produzcan o propicien rompimientos innecesarios.

Que el proceso de paz seguirá más allá de la negociación de la confrontación armada hasta que la convivencia política sea una realidad amplia y profunda en el país.

Que rechazamos la destrucción de la infraestructura pública y privada de la nación, así como el secuestro, la extorsión, las desapariciones forzosas y toda forma de violencia para transformar el país o solucionar los conflictos.

Que es indispensable preservar a toda costa la Unidad Nacional:

DECLARAMOS:

PRIMERO.- Se inicia el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC.

SEGUNDO.- Nos comprometemos a buscar caminos de acercamiento, avance y construcción de escenarios posibles, para lo cual estamos dispuestos a desarrollar las siguientes actividades:

A.- Los representantes del Consejo Nacional de Paz y de la sociedad civil, ejercerán sus buenos oficios tendientes a que el Gobierno Nacional, como representación política del Estado, respalde los compromisos aquí consignados.

B.- Promover en la sociedad radicada en las áreas de influencia directa de las Autodefensas y en la sociedad en general, el criterio que la convivencia nacional y la reconstrucción social del país, se logra con la construcción de una ética basada en el respeto a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario, a la solidaridad y a la tolerancia.

C.- Apoyar en forma directa todos los procesos que restablezcan la convivencia social y nacional, por lo que consideramos altamente favorable la realización de todo tipo de acciones individuales o colectivas en las que se exprese la construcción de la voluntad de paz y por ningún motivo desconocerán la realización de reuniones, foros, talleres o seminarios de paz.

D.- Las Autodefensas Unidas de Colombia, se comprometen a realizar las tareas necesarias tendientes a que todos los grupos de autodefensas del país, respalden y asuman los compromisos que aquí se llegan.

TERCERO.- La sociedad civil y el Consejo Nacional de Paz apoyan que se inicien negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las AUC en una mesa independiente y simultánea con otros procesos, para concluir en un verdadero acuerdo de paz que involucre a todos los actores de la guerra.

Los participantes en esta reunión consideran válido que el desarrollo del diálogo y la negociación, de los distintos procesos de paz, culmine en propuestas de decisiones administrativas, legales o constitucionales, que conduzcan a las reformas que demanda la nación.

CUARTO.- En la búsqueda de aliviar las consecuencias que la confrontación armada produce en la población civil, los asistentes ratifican su convicción de que el Derecho Internacional Humanitario es el mínimo ético que deben respetar los actores armados, que se puede expresar en diferentes formas de acuerdos humanitarios de vigencia inmediata.

Las Autodefensas Unidas de Colombia, se comprometen a:

A.- Impartir órdenes e instrucciones militares a todos sus miembros, a fin de que se adopten todas las medidas de precaución necesarias en orden a evitar involucrar a la población civil en la confrontación armada.

B.- A partir de la fecha, no reclutar menores de 18 años a sus filas, ni a utilizarlos en actividades de inteligencia o vigilancia.

C.- Respetar la vida y dignidad personal de quienes quedan fuera de combate y prestarles la asistencia médica necesaria.

D.- Reiterar su voluntad de permitir, en zonas de enfrentamiento, el suministro y tránsito de alimentos y bienes indispensables exclusivamente para la población civil; respetar los centros médicos, las unidades médicas humanitarias, los dispensarios, los centros de acopio de alimentos o cosechas y así mismo no utilizar como cuartel o centro de reclutamiento o instalación militar transitoria o definitiva, los bienes culturales, las escuelas, los hogares infantiles, los centros religiosos o de cultos, como tampoco las unidades deportivas.

Igualmente reiteran la prohibición de los ataques o amenazas de destrucción a los bienes civiles.

E.- Realizar las siguientes medidas de precaución:

1. En caso de ataques, tomar las medidas indispensables para evitar el desplazamiento forzado de la población civil.

2. No hostigar a la población para que se enrole en las filas de las tropas.

3. No almacenar armamento o pertrechos o cualquier objeto de guerra, en los sitios donde habita la población desplazada.

4. En caso extremo, que se produzca el desplazamiento, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, acudirán a la Defensoría del Pueblo o a un organismo de socorro nacional o humanitario internacional, para que acompañe a la población desplazada hasta un sitio seguro de cualquier ataque militar.

F.- Tomar las siguientes medidas de seguridad:

1. Respetar a las comunidades de paz y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

2. Respetar la autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de los pueblos indígenas o las comunidades afrocolombianas en sus territorios.

3. No realizar ningún tipo de actividad que afecte ríos, lagunas, depósitos de agua o fuentes de abastecimiento de energía eléctrica que son utilizadas por la población civil.

QUINTO.- Los representantes de la sociedad civil y los miembros del Consejo Nacional de paz, propiciarán ante la sociedad, que la agenda mínima de negociación de paz que debe adelantar el gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia, debe dar respuesta a problemas como:

1. Democracia y reforma política

2. Modelo de desarrollo económico

3. Reforma social, económica y judicial

4. La fuerza pública en el estado social de derecho

5. El ordenamiento territorial y la descentralización

6. El medio ambiente y el desarrollo sostenible

7. Los hidrocarburos y la política petrolera

SEXTO.- Con el fin de facilitar las acciones humanitarias en los territorios de influencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, éstas se comprometen a respetar los emblemas de los organismos humanitarios internacionales y/o nacionales, así como reconocer el papel humanitario y neutral que en la confrontación armada ejerce la Defensoría del Pueblo.

SEPTIMO.- Las Autodefensas Unidas de Colombia y los representantes de la Sociedad Civil y del Consejo Nacional de Paz, iniciarán acciones para establecer una verificación adecuada a las acciones aquí comprometidas.

Celebramos las gestiones de paz que ha adelantado el señor presidente electo, Andrés Pastrana Arango y nos comprometemos a participar en los procesos necesarios, con discreción, seriedad y responsabilidad, tal como él lo ha expresado.

Firman: Por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc): Carlos Castaño, César Marín, Santander Lozada y José Alfredo Berrío, miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; Votalón y César Salazar, de las Autodefensas de Puerto Boyacá; Ramón Isaza y Teniente González , de las Autodefensas de Ramón Isaza; Clodomiro Agames y Eulices Mendoza, de las Autodefensas del Llano; Camilo Aurelio Morantes y Francisco Tabares, de las Autodefensas de Santander y sur del Cesar; Daniel Santos y Carlos Castro, de las Autodefensas del Casanare; Pedro Tulio Moreno y Luis Eduardo Cifuentes, de las Autodefensas de Cundinamarca.

Por el Consejo Nacional de Paz y los miembros de la sociedad civil: José Fernando Castro, defensor del Pueblo; Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT; Hernando Hernández, presidente de la USO; Eugenio Marulanda, presidente de Colfecar; Samuel Moreno, senador y miembro del Comité Nacional de Paz; Sabas Pretelt, presidente de Fenalco; Augusto Ramírez Ocampo, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional; Alejo Vargas, vicerrector de la Universidad Nacional, y Jorge Visbal Martelo, presidente de Fedegán.

Secretarios ad hoc: Nelson Caicedo y Alvaro García Hoyos, funcionarios de la Defensoría del Pueblo.


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1999

Reunión Informal Vocero de las FARC y Funcionario del Departamento de Estado de EUA

Raúl Reyes, vocero de las FARC, y un alto funcionario del Departamento de Estado de EUA, Phill Chicola, participaron en encuentro informal y reservado en la residencia de Alvaro Leyva, en San José de Costa Rica. El tema central fue la actitud de EUA hacia el proceso de paz en Colombia y la problemática de los cultivos ilícitos en el país, cuyas áreas coinciden con los territorios en los que las FARC ejercen su dominio militar. Las FARC han insistido en responsabilizar a EUA de ser el causante del narcotráfico como principal consumidor de sustancias ilícitas en el mundo. Chicola cumplió la instrucción del Departamento de Estado de decirle a Raúl Reyes, que el apoyo de su país al proceso de paz quedaba condicionado a un compromiso efectivo de las partes con la erradicación de los cultivos ilícitos. Según Rubin, la reunión no contradice el principio de política exterior de EUA de no negociar con organizaciones terroristas, a pesar de que las FARC integran la “lista negra”1.

Establecimiento de Pautas y Reglas de Negociación2

7-1-1999

El Presidente de Colombia y el representante de las FARC Manuel Marulanda, alias “Tirofijo” se reunieron para definir las reglas de juego de negociación de paz. Estas incluirían los siguientes puntos:

1) Los negociadores: ¿Será la discusión entre la insurgencia y el gobierno solamente o también habrá una tercería sólida de la sociedad civil, como lo hizo en el proceso de paz de Guatemala?

2) La agenda: ¿Se discutirá la agenda que presente la guerrilla? o ¿Será la que construyan las partes conjuntamente? Ni las FARC ni el ELN están interesados en un esquema similar de reinserción al M-19 y el EPL. Las FARC aspiran a cogobernar en el conjunto de la sociedad colombiana. La Constitución que resulte de este proceso buscaría ser más federalista, respondiendo más al poder local (municipios, comunas) y menos a los partidos políticos. Además de una reforma política, la agenda de las negociaciones contemplaría una reestructuración de la fuerza pública. Las FARC no se van a desmovilizar sino que van a buscar crear un ejército común del cual ellos formen parte. Experimento similar al que realizaron Sudáfrica o El Salvador, en donde tanto el ejército de la insurgencia como el estatal se desmovilizaron y se integraron en una fuerza común. En el campo económico, las FARC buscan un modelo equitativo que, aunque sería más proteccionista, no estaría muy lejos de una economía de mercado. La Constitución que resulte de este proceso sería más federalista. “El Estado respondería menos a los partidos y más a las instancias locales de poder”. “La insurgencia ha renunciado a dos cosas: a la dictadura del proletariado y a la socialización de los medios de producción” 3.

3) Los tiempos y los escenarios de las negociaciones: ¿Se llevarán a cabo las negociaciones en Colombia o en el exterior? ¿En una sola mesa de negociación o en varias? ¿Serán las negociaciones con el ELN simultáneas al cronograma de conversaciones con las FARC?

4) Las garantías de esos acuerdos y el manejo de la información: ¿Será pública la información o confidencial? ¿Quién garantizará los acuerdos? ¿Habrá garantes internacionales? Una tercería sólida por parte de la sociedad civil resolvería el problema de las garantías. Una mediación internacional también facilitaría la solución de problemas como el de la entrega de las armas.

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Negociaciones FARC-Gobierno

Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia4

La Machaca, 6/5/1999

1. Solución Política Negociada

Se buscará una solución política al grave conflicto social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional.

En la medida en que se avance en La negociación, se producirán hechos de paz. De ahí, el compromiso que debemos asumir todos los colombianos con la construcción de la paz, sin distinción de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos.

2. Protección de los Derechos Humanos como responsabilidad del Estado

2.1 Derechos fundamentales

2.2 Derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente

2.3 Tratados internacionales sobre derechos humanos

3. Política Agraria Integral

3.1 Democratización del crédito, asistencia técnica, mercadeo

3.2 Redistribución de la tierra improductiva

3.3 Recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico o enriquecimiento ilícito

3.4 Estímulos a la producción

3.5 Ordenamiento territorial integral

3.6 Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo

4. Explotación y Conservación de los Recursos naturales

4.1 Recursos naturales y su distribución

4.2 Tratados internacionales

4.3 Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible

5. Estructura Económica y Social

5.1 Revisión del modelo de desarrollo económico

5.2 Políticas de redistribución del ingreso

5.3 Ampliación de mercados internos y externos

5.4 Estímulos a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada

5.5 Apoyo a la economía solidaria y cooperativa

5.6 Estimulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación

5.7 Participación social en la planeación

5.8 Inversiones en bienestar social, educación e investigación científica

6. Reformas a la Justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico

6.1 Sistema judicial

6.2 Organos de control

6.3 Instrumentos de lucha contra la corrupción

6.4 Narcotráfico

7. Reforma Política para la ampliación de la democracia

7.1 Reformas a los partidos y movimientos políticos

7.2 Reformas electorales

7.3 Garantías a la oposición

7.4 Garantías para las minorías

7.5 Mecanismos de participación ciudadana

8. Reformas del Estado

8.1 Reformas al Congreso

8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor eficiencia de la administración pública

8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local

8.4 Servicios públicos

8.5 Sectores estratégicos

9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario

9.1 Desvinculación de los niños al conflicto armado

9.2 Minas antipersonales

9.3 Respeto de la población civil

9.4 Vigencia de las normas internacionales

10. Fuerzas Militares

10.1 Defensa de la soberanía

10.2 Protección de los derechos humanos

10.3 Combate a los grupos de autodefensa

10.4 Tratados Internacionales

11. Relaciones Internacionales

11.1 Respeto a la libre autodeterminación y a la no intervención

11.2 Integración regional latinoamericana

11.3 Deuda externa

11.4 Tratados y convenios internacionales dcl Estado

12. Formalización de los acuerdos

12.1 Instrumentos democráticos para legitimar los acuerdos

Firmado

Por el Gobierno Nacional:

Víctor G. Ricardo

Fabio Valencia Cossio

Maria Emma Mejía Vélez

Nicanor Restrepo Santamaría

Rodolfo Espinosa Meola

Por las FARC-EP:

Raúl Reyes

Joaquín Gómez

Fabián Ramírez

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2000

Bases para la Creación  de un Nuevo Modelo de Desarrollo

El Gobierno y las FARC, establecieron el 29-1-2000, las bases para la creación de “un nuevo modelo de desarrollo económico en el contexto de un mundo globalizado y dejando de lado modelos radicales”. Pastrana envió un mensaje desde el foro internacional económico de Davos (Suiza), en el que destacó que “nunca antes en Colombia un proceso de paz había llegado a este punto”. Por su parte, “Tirofijo”, se mostró disgustado con el Gobierno por el reciente acuerdo de Colombia con EUA para recibir u$s 1.600 millones para combatir al narcotráfico: “Eso no va a contribuir a la paz. El problema de Colombia es de hambre. Esto no se arregla con fusiles, ametralladoras o bombas sino solucionando los problemas sociales”. Con una ronda de conversaciones con dirigentes empresariales y de los sindicatos de trabajadores suecos, los negociadores del gobierno colombiano y las FARC continuaron el 6-2-2000 su misión exploratoria en Suecia para examinar de cerca el modelo de desarrollo económico y social escandinavo. El objetivo es recoger experiencias para negociar un modelo de desarrollo, alejado del socialismo y del neoliberalismo, que permita sentar las bases de un acuerdo de paz para Colombia. El alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, dijo en una entrevista: “El punto (del modelo sueco) que más resaltamos es la verdadera integración que han logrado los sindicatos y patrones, que tiene resultados concretos: el desarrollo y éxito empresarial y el bienestar de todos los trabajadores”. Desde el 26-1-2000, luego de 18 meses de diálogos, gobierno y FARC llegaron al primer gran acuerdo que consiste en abordar como primer punto de negociación la creación de un nuevo modelo económico para Colombia a partir de puntos de referencia internacionales. Dentro de este propósito “se están adelantando contactos para que los negociadores puedan visitar países como México, Chile y la Argentina”, dijo Pastrana. Luego de una intensa semana en Suecia, donde se reunieron con altos funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos, empresariales, sindicales y municipales, la delegación colombiana viajará a Noruega y luego irán a Italia, Suiza y España.

Evaluación Gobierno-FARC de Gira por Europa Llegan a la conclusión de que es necesario un modelo económico, político y social que se aparte de la corrupción, el narcotráfico y la violencia, para presentarlo a consideración del pueblo colombiano. Es claro para todos que las experiencias de otros países no se pueden copiar sin tener en cuenta nuestras propias condiciones. Tenemos el respaldo internacional. Cada una de las autoridades y las instituciones con las que nos reunimos en los países que recorrimos fueron claras en darle un respaldo a Colombia y al proceso de paz tanto política como económicamente, impulsando la tarea de la Mesa de Dialogo y Negociación. Reconocemos la importancia que tiene para este proceso la participación de la comunidad internacional, respetando la libre autodeterminación de los pueblos. Reformas sociales El viaje al exterior nos hizo más conscientes de la necesidad de realizar reformas que permitan una paz con justicia social en la gran responsabilidad de construir la nueva Colombia donde quepamos todos. De las diferentes lecciones concluimos con claridad que allí donde la reconciliación ha fracasado, ha sido por la falta de solución a los temas sociales o por falta de voluntad política de las partes. La concertaciónes la vía. Uno de los factores predominantes en los diferentes modelos nos muestra que el progreso y el bienestar están ligados con la concertación fortaleciendo así el sustento de las instituciones.

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Comunicado Nº 9 de la Mesa de Diálogo y Negociación5

10-3-2000

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en la Mesa de Diálogos y Negociación, reunidos el 10-3-2000 en Villa Nueva Colombia, inspección de los Pozos, San Vicente del Caguán, con el fin de delinear el marco general para la participación del pueblo colombiano en las Audiencias Públicas,

Informa:

Que, de acuerdo con lo establecido por la Mesa, el modelo de desarrollo económico y social tiene como propósito la generación de empleo, el crecimiento de la economía, la distribución del ingreso y el desarrollo social.

Que, en tal sentido, es necesario aproximar a todos y cada uno de los colombianos hacia un modelo de desarrollo económico y social que procure estos cuatro elementos, indispensables e insustituibles en la búsqueda de una paz con justicia social.

Que, por lo tanto, la Mesa de Diálogo y Negociación en desarrollo del numeral 1.2 del acuerdo contenido en el Comunicado número 8, del 28-1-2000:

Acuerda:

1. Marco general del tema. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y el Comité Temático, a través de las Audiencias Públicas, abocarán el tema de la generación de empleo y el crecimiento económico, bajo los siguientes criterios:

1.1 Contenido y alcance del Tema: El empleo con crecimiento económico será estudiado con base en el conjunto de políticas, instrumentos, sectores y recursos.

1.2 Organización del Tema: La generación de empleo va de la mano del crecimiento económico, abocando el conjunto de políticas, sectores, instrumentos y recursos para cumplir con este propósito. En tal sentido, la Mesa de Diálogos y Negociación y el Comité Temático Nacional, a través de las Audiencias Publicas, entrarán a estudiar este tema a partir de hoy con el siguiente contenido: Crecimiento Económico y Empleo:

a) Estímulo a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada.

b) Apoyo a la economía solidaria y cooperativa.

c) Estímulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación.

d) Inversión en bienestar social, educación e investigación científica.

e) Recursos naturales y su distribución.

f) Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo.

g) Democratización del crédito, asistencia técnica y mercadeo.


2001

Acuerdo de Los Pozos

9-2-2001

1. El Gobierno Nacional y las FARC-EP ratifican su voluntad de continuar el proceso de paz que busca la solución del conflicto por la vía del diálogo y la negociación en procura de construir una Colombia en desarrollo y con plena justicia social.

2. Tras una evaluación conjunta del proceso identificamos logros y debilidades y coincidimos plenamente en que éste ha generado bases sólidas sobre las cuales se debe continuar buscando la reconciliación nacional.

3. El Gobierno y las FARC-EP coinciden en la importancia de avanzar en las discusiones sobre los mecanismos para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Para tal efecto, la Mesa de Diálogo y Negociación creará una comisión con personalidades nacionales que les formulen recomendaciones en estas dos direcciones.

4. Las FARC-EP descongelan el funcionamiento de la Mesa de Diálogo y Negociaciones.

5. Acordamos que la Mesa de Diálogo y Negociación reinicie sus labores el 14 de febrero (del 2001) retomando los temas sustantivos de la Agenda y entre a discutir el cese del fuego y las hostilidades.

6. Se agilizará la concreción del acuerdo humanitario que permita la próxima liberación de soldados, policías y guerrilleros enfermos.

7.Con el fin de que las negociaciones no se vean interrumpidas, la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación creará de su seno una comisión encargada de estudiar los hechos que afecten la marcha del proceso. Esta comisión se creará, a más tardar, el 15 de febrero (del 2001).

8. La Zona de Distensión ha sido establecida exclusivamente para el desarrollo del proceso con plenas garantías y seguridades para las partes. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación, a más tardar el 15 de febrero (del 2001), creará un mecanismo de su seno que periódicamente evalúe e informe a la opinión sobre el cumplimiento y el propósito de la zona.

9. Entendiendo la importancia de la comunidad internacional para que el proceso de paz en Colombia tenga éxito, invitamos para el próximo 8 de marzo (del 2001) a un grupo de países amigos y organismos internacionales para informarlos sobre el estado y evolución del proceso e incentivar su colaboración. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación determinará la regularidad de estas reuniones.

10.Las FARC-EP no se oponen a los proyectos de erradicación manual y de sustitución de cultivos ilícitos pero reitera que un proceso tal debe adelantarse de común acuerdo con las comunidades. El Gobierno Nacional y las FARC coincidimos en la importancia estratégica de trabajar en la protección y recuperación del medio ambiente.

11. El Gobierno Nacional y las FARC-EP invitan a las fuerzas políticas firmantes del acuerdo de Caquetania, el día 28 de febrero (del 2001), a reunirnos en Los Pozos para dinamizar el proceso. Reiteramos nuestra invitación a todas aquellas personalidades y organizaciones nacionales escépticas del mismo a intercambiar sobre los aportes de todos los colombianos a la reconciliación nacional.

12. La Mesa de Diálogo y Negociación podrá ser ampliada de común acuerdo y sesionará por lo menos tres veces a la semana.

13. Convocamos a todos los colombianos a rodear este esfuerzo común que puede conllevarnos a la superación del conflicto que nos afecta.

Firmado

Presidente de la República:

Andrés Pastrana Arango

FARC-EP:

Manuel Marulanda Vélez

Según Manuel Marulanda Vélez el Plan Colombia debe ser conducido de manera tal que los fondos “se destinen a la inversión social”. Horacio Serpa candidato de la oposición liberal para la presidencia dijo sobre cese de hostilidades: “el acuerdo que nos satisface a todos los colombianos sería el que dijera: a partir de hoy todos acogemos una sola Constitución, a partir de hoy solamente tendrán armas los representantes del Estado”6. {LDP Esa Constitución debe ser el resultado de un nuevo “Pacto Social”}

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Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP

Derecho Internacional Humanitario 7

2-6-2001

Las partes del presente Acuerdo, representadas así:

Por el Gobierno Nacional, Camilo Gómez Alzate; y

Por las FARC-EP, Jorge Briceño y Joaquín Gómez, como miembro representante de las FARC EP,

CONSIDERANDO

Que el artículo 22 de la Constitución Política del Estado colombiano concibe la paz como “un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”;

Que de conformidad con la ley 434 de 1998, “la política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional”;

Que el Estado colombiano cuenta con instrumentos legales para la búsqueda de la convivencia, tendientes a promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz;

Que en virtud de tales instrumentos, el Gobierno de Colombia puede realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con la Organización Armada FARC-EP al margen de la ley, a la cual el Gobierno Nacional le reconoció carácter político;

Que el artículo 8 de la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999, expresamente otorgó como facultad propia y permanente al Gobierno Nacional, la de firmar acuerdos con los representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales ha reconocido carácter político, dirigidos a “obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de tales organizaciones, y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo”;

Que la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999 dispone: “El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”;

Que el Gobierno de Colombia ha decidido adelantar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con sus representantes de acuerdo a los logros que obtenga la Mesa de Negociación para ir creando las condiciones para la reincorporación a la vida civil de los miembros de esta organización que propende por un orden político, social y económico justo;

Que las FARC-EP han manifestado en reiteradas oportunidades que la suscripción del presente Acuerdo sirve para avanzar substancialmente en el proceso de paz;

Que dentro del proceso en curso entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, el Gobierno Nacional y las FARC-EP han expresado su interés en buscar, en esta etapa, una solución a la situación de los soldados y policías en poder de las FARC EP;

Que los enfermos y heridos son personas protegidas por el derecho internacional humanitario;

Convienen en celebrar el presente Acuerdo, que se regirá por las siguientes:

DISPOSICIONES GENERALES

El presente Acuerdo se suscribe por razones de carácter humanitario y por lo tanto, su alcance está circunscrito al contenido específico del mismo;

Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo menoscaba las obligaciones mínimas contenidas en el artículo tercero común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo II adicional a ellos;

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo no tienen ningún efecto sobre el estatuto jurídico de quienes lo suscriben a la luz de lo dispuesto por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra;

DISPOSICIONES INSTRUMENTALES

El Gobierno de Colombia ha verificado el lugar de reclusión y la situación jurídica actual de los miembros de las FARC-EP privados de la libertad que se encuentran enfermos, según la lista presentada por las FARC-EP;

Las FARC-EP han entregado al Gobierno Nacional la lista de los soldados y policías enfermos que se encuentran en poder de esa organización y se compromete a ubicarlos en lugares que permitan la fácil e inmediata verificación, por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, lugares que determinarán el Gobierno Nacional y las FARC EP;

Para llevar a cabo las medidas a que se refiere este Acuerdo, se requiere la autorización expresa de cada una de las personas privadas de la libertad que puedan resultar sujeto de ellas;

El Gobierno de Colombia ha realizado el examen médico correspondiente por parte de un grupo de médicos destacados por el Comité Internacional de la Cruz Roja o por la entidad que el Gobierno ha determinado, a los miembros de las FARC a los que se refiere el presente Acuerdo;

Concluido el trámite anterior el Gobierno Nacional ha entregado la lista de 15 personas pertenecientes a esa organización que, a su juicio, son sujeto del presente Acuerdo y se compromete a adelantar los trámites correspondientes para que, respecto de estas personas, se ordene la suspensión de la medida de aseguramiento o de la pena;

Las FARC EP ratifican que la lista de 42 soldados y policías enfermos entregada al Gobierno Nacional, corresponde a las personas que serán liberadas con base en el presente Acuerdo; este número de personas podrá ser ampliado.

Una vez firmado el presente Acuerdo, en razón a su estado de salud, las FARC-EP se comprometen a entregar en forma inmediata al Coronel Alvaro León Acosta;

En relación con los soldados y policías enfermos en poder de las FARC-EP, una vez verificado su estado de salud el Comité Internacional de la Cruz Roja, procederá a recibirlos en el lugar acordado por las partes, el mismo día en que sean entregados los miembros de las FARC-EP.

En relación con los miembros de las FARC-EP enfermos y respecto de quienes el Gobierno Nacional ha definido la procedencia de este Acuerdo, éstos serán entregados al CICR, en el lugar de reclusión en el que se encuentren, una vez se disponga la suspensión de la medida de aseguramiento o de la pena. El CICR los entregará en el lugar y fecha acordado por las partes para tal efecto.

Asimismo, las FARC-EP se comprometen a liberar unilateralmente a los soldados y policías que, no estando enfermos se encuentren en su poder, en un número no inferior de 100 a los quince (15) días de la entrega de los enfermos;

Dada su condición de enfermos, los miembros de las FARC-EP sujetos del presente Acuerdo no participarán en el futuro en actos de hostilidad;

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Defensoría del Pueblo, serán invitadas a hacer presencia el día de la entrega de los enfermos;

Asimismo, para efectos del desarrollo y ejecución de este Acuerdo, habrá presencia internacional, para lo cual se designa al grupo de los 10 países amigos del proceso de paz y el Reino Unido;

Dado en San Vicente del Caguán, a los 2 días del mes de junio del 2001.

POR EL GOBIERNO NACIONAL:

CAMILO GOMEZ ALZATE

POR LAS FARC-EP:

JORGE BRICEÑO, JOAQUIN GOMEZ

Acuerdo de San Francisco de La Sombra

5-10-2001

En área rural del Municipio de San Vicente del Caguán, se reunieron, por parte del Gobierno Nacional, el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez y el Asesor Especial Juan Gabriel Uribe, y por parte de las FARC- EP su Comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez, y sus Voceros en La Mesa de Diálogo y Negociación Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Simón Trinidad, Carlos Antonio Lozada, Andrés París y los Comandantes Jorge Briceño e Iván Ríos, considerando:

a. Que la solución política negociada al conflicto social y armado es la vía adecuada para resolver la crisis por la que atraviesa el país y constituye el más grande anhelo nacional.

b. Que el proceso de paz requiere de un ambiente propicio sin confrontación armada entre ambas partes.

c. Que los actuales niveles de la confrontación hacen indispensable lograr acuerdos que lleven a la disminución del conflicto.

d. Que el gobierno reitera de manera enfática y categórica su rechazo a todo tipo de secuestro, tanto el de parlamentarios, como servidores públicos o de cualquier otra persona y dentro del estudio de la tregua con cese de fuego y hostilidades el gobierno lo planteará como una prioridad.

e. Que somos conscientes de la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia que en medio de las dificultades y sacrificios, mantiene la fe y la esperanza de vivir en un país en paz con justicia social, que supere las grandes diferencias económicas, políticas y sociales que mantienen enfrentados a los colombianos.

f. Que a lo largo del proceso hemos logrado crear valiosos instrumentos para obtener estos propósitos. El fundamental: La Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia.

g. Que entendemos que este es un momento critico que exige definiciones, aportes y sin duda una nueva dinámica para el proceso de diálogo y negociación.

Acordamos

1. Abocar de inmediato el estudio integral del documento de recomendaciones presentado por la Comisión de Personalidades, que contiene temas como la tregua con cese de fuegos y hostilidades, el secuestro, las acciones para acabar con el fenómeno del paramilitarismo y la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, sin detrimento de la Agenda Común.

Las partes valoran altamente los demás instrumentos que enriquecen su trabajo y que están en discusión sobre La Mesa.

2. En esta nueva etapa, consideramos de la mayor importancia invitar a los candidatos presidenciales y a los movimientos y partidos políticos para referirse a los temas anteriores, dar sus aportes al proceso en curso e intercambiar ideas sobre el momento político del país.

3. De la misma manera, La Mesa invitará a los distintos sectores de la vida nacional para dar sus aportes al proceso en curso.

4. La Mesa invita al Consejo Nacional de Paz para realizar un intercambio de opiniones sobre los mismos temas.

5. La Mesa intensificará su trabajo y en la primera reunión desarrollará un cronograma para el análisis de los documentos mencionados y para el desarrollo de las actividades descritas. Se realizará una evaluación mensual acerca de los avances obtenidos en las discusiones de los temas mencionados y se informará a la opinión pública al respecto sin perjuicio de los mecanismos de información anteriormente acordados.

6. Reiteramos que la zona de distensión tiene como único propósito adelantar el diálogo y la negociación.

En ese sentido ratificamos:

a. Que la única autoridad sobre esta zona la ejercen los alcaldes democráticamente elegidos y los demás funcionarios municipales sin perjuicio de la ejercida por Gobierno Nacional. Así mismo las FARC ratifican su compromiso a respetarlos.

b. Que los alcaldes de la zona junto con la policía cívica y los inspectores de policía ejercen las funciones de policía y las FARC ratifica su compromiso de respetarlos.

c. En la zona de distensión todos los candidatos así como los pobladores de estos cinco municipios pueden realizar sus actividades políticas y electorales.

d.La Mesa promoverá, junto con los Alcaldes de los municipios de la zona de distensión, la realización de reuniones abiertas para que los pobladores de la zona manifiesten sus inquietudes sobre esta, a las cuales podrá invitar observadores.

7. Lo anterior se expresa sin perjuicio de las facultades propias que le corresponden al Presidente con relación a la zona de distensión.

8. Las FARC expresan y ratifican que las denominadas “pescas milagrosas” en las vías, no hacen parte de su política. En ese sentido, las FARC darán las instrucciones a todos sus integrantes de no realizar este tipo de actividades.

9. Los firmantes de este acuerdo hacen un llamado a todos los colombianos para no cesar en el empeño de una salida política al conflicto Colombiano.

Firman

Por las FARC-EP: Manuel Marulanda Vélez Comandante en Jefe de las FARC-EP. Voceros de las FARC-EP: Raúl Reyes; Joaquín Gómez ; Simón Trinidad; Andrés París; Carlos Antonio Lozada. Comandantes: Jorge Briceño; Iván Ríos

Por el Gobierno: Camilo Gómez Alzate, Alto Comisionado para la Paz; Juan Gabriel Uribe, Asesor Especial.

Acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)

2001

Acuerdo Firmado por el ELN y el Gobierno de Colombia

Acuerdo por Colombia

La Habana, 24-11-2001

El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reunidos en La Habana, Cuba teniendo en cuenta la voluntad que nos asiste para buscar una salida política al conflicto que azota al país y en presencia de los representantes del Grupo de Países Amigos, hemos acordado:

1. Reiniciar formalmente el proceso de diálogo mediante una agenda de transición hasta la terminación del actual gobierno.

2.Estimular la realización de encuentros entre las partes y los distintos sectores de la sociedad.

3. Propiciar encuentros entre las partes y los candidatos presidenciales con el propósito de fortalecer la paz como una política de Estado y garantizar la continuidad de la ejecución de la agenda de transición.

4. Realizar foros temáticos en el exterior, para propiciar iniciativas y propuestas en temas específicos que son del interés nacional, tales como el Derecho Internacional Humanitario, los recursos energéticos, y otros que serán decididos de común acuerdo entre las partes. Las conclusiones de dichos foros permitirán adelantar ideas y propuestas para la realización de la Convención Nacional en un próximo gobierno. En la siguiente reunión estableceremos el cronograma de trabajo.

5. Impulsar la celebración de una “Cumbre por la Paz” con la participación de diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional para hacer una evaluación de los alcances, aciertos y obstáculos que ha enfrentado el proceso de diálogo adelantado por el ELN y el Gobierno Nacional.

6. Realizar rondas de trabajo entre los voceros de las partes en las que abordaremos los siguientes temas:

i. Cese de fuegos y las hostilidades.

ii.Medidas para la reducción del conflicto.

iii. Problemas del sector energético.

iv. Análisis de las conclusiones obtenidas en los foros realizados.

La primera ronda de se llevará a cabo el 12 de Diciembre del 2001 en la ciudad de la Habana.

7. Establecer un mecanismo para que las iniciativas regionales de paz sean estudiadas por los voceros de las partes, quienes se encargarán de dirigirlas y articularlas con la política de paz del Gobierno Nacional y del Comando Central del ELN.

Agradecemos al Estado y al Gobierno de la hermana República de Cuba, por habernos brindado las garantías, hospitalidad y facilidades para nuestro encuentro. Igualmente agradecemos al grupo de países amigos y a la Comisión de Facilitación Civil por su empeño para sacar adelante este proceso.

Por el Gobierno Nacional: Camilo Gómez Alzate y Julio Londoño Paredes

Por el Ejército de Liberación Nacional: Ramiro Vargas; Oscar Santos y Milton Hernández.

The Center for International Policy’s

Aportes Ciudadanos a la Mesa de Negociación Gobierno–FARC-EP, Organizaciones de Paz Colombianos

En Defensa del Proceso de Dialogo y Negociación para la Paz

Bogotá, 26 de Noviembre del 2001

Formular las bases para los cambios constitucionales, legales y de aplicación inmediata y definir los alcances de un eventual proceso constituyente que lleve a un definitivo Acuerdo Nacional de Paz.

Consideramos indispensable trabajar con celeridad y producir cambios concretos en relación con la discusión y negociación de la agenda sustantiva, la zona de distensión, la reducción de la intensidad del conflicto y la cooperación de la comunidad internacional

Avanzar con agilidad en la negociación de la Agenda Común. Hay muchos elementos en este campo propuestos dentro de la Mesa y desde la sociedad que no pueden desecharse o menospreciarse.

Somos plenamente conscientes que las partes mantienen apuestas fuertes en el plano militar que pesan negativamente en la resolución política del conflicto, que ninguna de las partes es homogénea y que en ambos campos hay impulsores del acuerdo de paz y también inciden opositores a una salida negociada o que sólo están dispuestos a apoyarla si las concesiones al adversario son de mínima cuantía.

Para asegurar un avance consideramos que sería muy conveniente ensayar los siguientes caminos:

  • El Acuerdo de San Francisco apunta a dinamizar los intercambios y la discusión de la agenda en sus aspectos sustantivos;

  • Crear comisiones especializadas sobre temas específicos, compuestas por personas que designen las partes que, por no estar situados sus integrantes en el epicentro de las negociaciones, disponen de un amplio margen de libertad de discusión e iniciativa, amén de que puede haber dos o más comisiones funcionando simultáneamente.

  • Canalizar en forma adecuada todos los ejercicios pertinentes que vienen desarrollándose por iniciativa ciudadana en regiones, universidades, entidades gremiales, movimientos sociales, iniciativas de paz referidos a agenda de paz, prospectiva de país y, en general, al proceso de salida política del conflicto armado; el montaje de un amplio sistema informativo por medios electrónicos permitiría poner a disposición de la Mesa de Negociación y de la ciudadanía un considerable volumen de información de alta calidad realmente útil y pertinente para nutrir la discusión de la agenda.

  • Echar mano de todos los recursos de consulta e interlocución previstos en el Acuerdo de San Francisco en relación con temas de reforma y propuestas de acuerdos parciales, inmediatos y mediatos; entre tales mecanismos de consulta e interlocución pueden estar los encuentros con el Consejo Nacional de Paz que congrega una amplia representación tanto del sector público estatal como de la sociedad civil en sus diversas expresiones y manifestaciones. La incorporación adecuada de representantes de sectores sociales o políticos a reuniones de la Mesa de Negociación, puede ayudar a agilizar el proceso y la articulación con instancias de importancia para la toma de decisiones.

Es importante la existencia de una política de escenarios físicos, geográficos para la seguridad del proceso. La zona de distensión tal como ha operado y como es percibida por la comunidad nacional e internacional, a raíz de los múltiples incidentes presentados, genera inquietudes e interrogantes como en relación con su carácter de sede de los diálogos y negociaciones en procura de la salida política. Es fundamental plantear el asunto de la zona de despeje en los términos que las partes convinieron desde el principio, llenando de común acuerdo los vacíos que se han podido detectar, sin presionar modificaciones unilaterales en las reglas del juego.

A fin de que la zona sirva a los propósitos acordados por las partes consideramos que es del caso proceder a lo siguiente:

  • Evaluar los reclamos de los jefes de la insurgencia en relación con los vuelos de aeronaves a baja altura en la zona despejada.

  • Conseguir que los controles de las vías terrestres y fluviales de acceso a la zona de distensión que son, por lo demás, absolutamente pertinentes se ejerzan en condiciones que no den lugar a la multiplicación de fricciones e incidentes armados entre los miembros de las fuerzas militares y de policía y los insurgentes; la demarcación de distancias físicas que sirvan de oportunos colchones de aislamiento y la introducción de mecanismos de verificación ejercidos por entidades neutrales o imparciales en los puntos más neurálgicos, puede contribuir a ello.

  • Los abastecimientos para la población y para la tropa insurgente deben estar garantizados, sin perjuicio de los controles sobre el ingreso de insumos susceptibles de ser utilizados en el procesamiento de la coca.

  • Los controles sobre la circulación de personas debe ser los normales de conformidad con las disposiciones vigentes y con los criterios existentes sobre el sentido y finalidad de la zona de distensión.

  • Las órdenes de captura contra los jefes de la insurgencia impartidas por la Fiscalía General deben considerarse suspendidas en todo el espacio de la zona de distensión e igualmente que ninguna fuerza armada del Estado está autorizada para ingresar en la zona por esa razón ni por ninguna otra. Estas decisiones se apoyan en la Ley 418

Plantear el respeto integral al DIH y la reducción sustancial de la intensidad del conflicto.

La reducción de la intensidad del conflicto fue el tema del que se ocupó el Acuerdo de los Pozos del 9 de abril de 2001.

Creemos firmemente que mantener la negociación bajo el marco de la guerra, no sólo dilatará indefinidamente el proceso, sino que hará cada vez más difícil llegar a acuerdos.

Es urgente que las partes se ocupen del extremo agravamiento de la crisis humanitaria y, de manera especial, de asumir con sensibilidad y responsabilidad política las masacres, las desapariciones forzadas, los secuestros y el tremendo drama que están sufriendo los compatriotas desplazados.

En el camino hacia el cese al fuego y de hostilidades, conviene realizar experiencias de tregua de corta duración y muy flexibles en sus condicionamientos, treguas reguladas y verificadas por la misma Mesa.

Lograr avances en otros temas prioritarios, incluido el de la política antidroga y la redefinición del Plan Colombia.

En circunstancias de estancamiento extremo puede ser útil que las partes escuchen a terceros escogidos de común acuerdo, en los cuales tengan confianza y cuyos buenos oficios y sugerencias estén dispuestos a considerar, se trate de personas, entidades, gobiernos, dispuestos a cooperar con ánimo desprevenido y voluntad real de prestar un servicio al compromiso de las partes con la paz, en el más estricto marco de respeto a la autodeterminación de la nación, sin el recurso a presiones y aún intervenciones inaceptables y contraproducentes. Instamos al Gobierno Nacional y a la insurgencia de las FARC-EP a escuchar las voces amigas de compatriotas o de actores internacionales que quieren contribuir a la superación del impase actual. Quizá sea ya el tiempo de pensar en un facilitador.

Tal vez subsista en algunos sectores, el espejismo de que abandonar el diálogo y continuar el escalamiento del conflicto dará ventajas adicionales a las partes, olvidando, como nos lo enseñan episodios de las dos últimas décadas, que siempre hay que volver a la mesa de diálogo después de haber pagado un costo irreparable.

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la paz. Convergencia Paz Colombia. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Red de Iniciativas por la paz y Contra la Guerra – Redepaz. Justapaz. Red de Mujeres. Ismac.

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Gobierno de Alvaro Uribe Vélez

2003

Acuerdos entre el Gobierno Nacional y el grupo de paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia8

15-7-2003.

El Gobierno Nacional y las AUC, como resultado de la Fase Exploratoria adelantada entre las partes a partir del mes de diciembre del 2002, Acuerdan:

1. Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la Nación en este momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este proceso, conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de la auténtica paz que espera y merece la nación colombiana.

2. Para el cumplimiento de este propósito, las AUC se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año (2003) y que deberá culminar a más tardar el 31-12-2005. El gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil.

3. Las AUC valoran muy positivamente las recomendaciones finales de la Comisión Exploratoria y coinciden en que las mismas constituyen un norte adecuado para el proceso de paz entre el gobierno nacional y las AUC.

4. Acuerdan que a partir de las recomendaciones del informe final de la Comisión Exploratoria, se da por terminada la fase de exploración del proceso de paz, para dar inicio a una etapa de negociación.

5. Crear las condiciones para que en un tiempo prudencial se concentren, con las debidas garantías de seguridad, los miembros de las AUC, en sitios previamente acordados. La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes. Dichas zonas contarán con la presencia permanente de la fuerza pública.

6. Las AUC ratifican su compromiso con el cumplimiento del cese de hostilidades, como expresión de buena voluntad y continuarán con sus esfuerzos para lograr que sea totalmente efectivo.

7. Las AUC comparten el propósito del Gobierno de una Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente.

8. Agradecer la presencia permanente de la Iglesia Católica en este proceso de paz e invitarla a seguir acompañándolo, como garantía de transparencia y compromiso de las partes con la paz de Colombia.

9. Convocar la solidaridad y el compromiso nacional para fortalecer al Estado y construir las condiciones que hagan posible la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los miembros de las AUC. Piden a los diferentes sectores nacionales y a las comunidades locales que apoyen los esfuerzos institucionales para consolidar la seguridad, la convivencia y el desarrollo.

10. Exhortar a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos para defender y fortalecer la democracia colombiana y a prestar su concurso para desactivar los factores de violencia que afectan a Colombia. Con este acuerdo, el Gobierno y las AUC responden al anhelo nacional de una Colombia en paz con oportunidades y garantías para todos.

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2004

Acuerdo Gobierno-AUC de Santa Fe de Ralito

14-5-2004

Establece la concentración de los paramilitares en el departamento noroccidental de Córdoba.

Los comandantes de las AUC se establecerán, inicialmente por seis meses, en el pueblo rural de Santa Fe de Ralito, en el municipio de Tierralta, donde permanecerán bajo supervisión de la OEA, con el apoyo de la Iglesia Católica.

Durante la vigencia de la zona, se suspenden las órdenes de captura y las operaciones ofensivas contra los miembros de las AUC que se encuentren dentro del territorio delimitado.

La Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA, “recibirá un inventario de las armas, material de guerra y municiones en poder de los miembros de las AUC en la zona”.

Los miembros de las AUC se abstendrán de fabricar, almacenar, ingresar o retirar armas, material de guerra y/o municiones adicionales” 9.


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Gobierno de Juan Manuel Santos

2013

Acuerdo (Parcial): “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”

23-5-2013

El acuerdo “será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, en el pequeño productor”. El pacto habla del acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. “Busca que el mayor número de habitantes sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a ella mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, sujeto al ordenamiento constitucional, todos los predios que posean los campesinos en Colombia”. Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del fin común. Debe acompañarse a los campesinos con planes de vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. Acordaron que habrá una fórmula para revertir los daños cometidos contra los campesinos víctimas del desplazamiento forzado. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y se restituyan las víctimas del despojo y desplazamiento forzado”. Temas:

1) Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

2) Programas de desarrollo con enfoque territorial.

3) Infraestructura y adecuación de tierras.

4) Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

5) Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

6) Políticas alimentarias y nutricionales. Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz.

El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia.

Está acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos.

El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. Incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información.

Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental. Buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición.

Uno de los principios que guían estas conversaciones es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado en Bogotá sobre los temas Agrario y de Participación Política. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.

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2013

Acuerdo (Parcial): “Político de La Habana”

6-11-2013

En este Acuerdo, se sugiere que en Colombia se avanza hacia la construcción de una democracia de nuevo tipo, que trasciende los viejos formatos de la representación liberal y elitista, que abandona la visión unilateral de la democracia asociada a la estabilidad institucional. La democracia colombiana será un “pluralismo agonístico democrático”, que replantea la vieja democracia liberal para proteger las instituciones democráticas, abandonando la perspectiva racionalista que lleva al antagonismo y al uso permanente de la violencia ilegal, tendiendo más bien a desactivarlo, transformándolo en “agonismo”, es decir, en una manera de “convertir al enemigo a derrocar, en un adversario al que se debe tolerar”.

El proyecto democrático de la paz, parte del reconocimiento de las contradicciones, en que el objetivo de la política, más que atacar los conflictos y mitigarlos, consistirá en movilizarlos, ponerlos en el centro del escenario de manera pacífica, visibilizarlos en el marco de la expresión del pluralismo. Las contradicciones que se generaran en la sociedad, lejos de llegar a representar un peligro para la democracia, serán su condición de existencia. La necesaria institucionalización de las mediaciones que permitirán ejercicios delegados del poder legítimo, inclusive promoverán la proliferación de minorías y de los disensos.

Se trata que en Colombia se experimente un modelo de democracia crítica radical, que ponga en cuestión las estructuras hegemónicas del sistema y enfatice en la necesidad de contar con estructuras organizativas democráticas conformadas de abajo hacia arriba. Se han sentado las bases de la “demodiversidad” en la que coexistirán distintas formas de democracia, con un desarrollo critico transcultural, democratizar los saberes, crear autoridad compartida, ubicar los movimientos y organizaciones sociales como protagonistas de la nueva democracia, en una gramática de organización de la sociedad y de la relación entre Estado y sociedad.

Se abre una nueva gramática histórica, porque queda establecida una condición de publicidad, capaz de generar una gramática social construida en los ámbitos de la esfera pública y no como una simple obra de ingeniería institucional, consideradas las incidencias del debate colectivo.

Dentro de lo consensuado está:

- Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final.

- Ampliar los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición.

- Se busca “empoderar” a los ciudadanos a través de la participación.

- Garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.

- Se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.

- Establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.

- Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.

- Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.

- Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias.

- La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política y, de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.

- Asegurar la participación de la mujer.

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2013

Acuerdo (Parcial): Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”

16-5-2014

Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, tercero en discusión, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”

Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del punto 4 del Acuerdo General:

1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

2. Programas de prevención del consumo y salud pública.

3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Consideramos que:

El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio.

La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.

La producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales ha tenido graves efectos sobre la población colombiana, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno.

El fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas.

Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencia de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.

Esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia, que diferencie en su tratamiento el fenómeno del consumo y el problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico.

Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este problema de carácter transnacional.

Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros estados y deben asegurar la acción coordinada en el marco de la cooperación internacional, en la medida en que la solución al problema de las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los Estados.

Hemos acordado que para construir soluciones sostenibles, garantizar los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema, la política que se emprenda debe tener un enfoque territorial basado en la participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en términos de efectividad, eficiencia y transparencia, especialmente de las instituciones responsables de la atención social y de las responsables de la seguridad y protección de las comunidades, ambas con un enfoque de derechos humanos.

Que esas políticas darán un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y los consumidores de drogas ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales.

Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan.

Frente al primer sub-punto Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito hemos acordado que el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, como parte de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral, y con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al de problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio.

Acordamos que la transformación de los territorios y las alternativas para las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, partirán de la construcción conjunta y participativa entre estas y las autoridades nacionales, departamentales y municipales, de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza.

El Programa requiere la más amplia participación de las comunidades, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, mediante un proceso de planeación participativa.

Se garantizará la participación de la mujer.

Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir.

Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias serán la base para la construcción de los planes municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales. En el marco del plan municipal y teniendo en cuenta las propuestas de las respectivas asambleas, se elaborarán los planes comunitarios, que serán parte integral del mismo. Tanto los planes municipales como los comunitarios se construyen entre las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y el Programa, como autoridad nacional competente.

El plan municipal que integra las propuestas de las comunidades y está constituido por los planes comunitarios será la base para la ejecución del Programa.

Para la ejecución de los planes de sustitución se privilegiará la contratación de las organizaciones comunitarias y se promoverá la generación de empleo en las áreas de aplicación del mismo.

Las medidas de apoyo por parte del Programa estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los términos acordados con las comunidades. En todo caso deberá existir un compromiso pleno de no cultivar ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de participar en las comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito.

En los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades en el marco del Programa, haya algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades.

En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual.

La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.

Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información en los términos que se consignen en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En cuanto al segundo sub-punto de la Agenda Programas de prevención del consumo y salud pública acordamos que la solución requiere del compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia en torno a una política de promoción en salud, prevención, atención integral e inclusión social, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes.

La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una prioridad y una política de Estado que requiere, entre otros, el fortalecimiento de las capacidades, tanto nacionales como territoriales, en el marco del sistema de protección social, y la disposición correspondiente de recursos.

Acordamos que el Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo.

La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas tendrá un enfoque de derechos humanos y de salud pública, un enfoque diferencial y de género, se fundamentará en la evidencia y se construirá e implementará con participación de las comunidades.

Para garantizar la revisión y el ajuste participativo de la política frente al consumo con base en los principios antes descritos, el Gobierno creará una instancia nacional con representantes de las autoridades con competencia en el tema, instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores.

Acordamos también diseñar y poner en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.

Con base en la política y los análisis territoriales sobre el consumo de drogas ilícitas, el Programa promoverá el desarrollo de capacidades de las autoridades locales y las apoyará en la formulación y ejecución participativa de planes de acción departamentales y municipales frente al consumo, de acuerdo con las particularidades de los territorios y diferentes grupos poblacionales.

En cuanto al tercer sub-punto Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos acordamos que como parte del compromiso de intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de proteger tanto a las comunidades y el buen desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como la implementación de los acuerdos en el territorio de la amenaza del crimen organizado, y en general de desarticular las redes de estas organizaciones, el Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia de política criminal, en forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad institucional y concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas, siempre considerando el tratamiento diferenciado que se debe dar a los campesinos y pobladores rurales vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito.

Acordamos la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico mediante un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos, la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas que permita, entre otros, adecuar donde sea necesario, o definir y articular la normatividad referida a esta materia, la cualificación y el fortalecimiento y donde sea necesario el rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero y de lavado de activos, la puesta en marcha de una nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio, y por último la implementación de una nueva campaña nacional que promueva valores, alerte sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en el espíritu del punto 2 del Acuerdo General.

Acordamos también que el Gobierno Nacional revisará y establecerá estrictos controles estatales sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos.

Acordamos que en el marco de la estrategia integral de lucha contra la corrupción se desarrollará una estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, sobre la base de las recomendaciones de expertos que incluya el establecimiento de grupos interinstitucionales para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional.

En el marco del fin del conflicto y con el propósito de contribuir a la superación definitiva del problema de las drogas ilícitas, acordamos que el Gobierno Nacional promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países consumidores y productores, en especial las experiencias y las lecciones aprendidas en Colombia e identificando buenas prácticas basadas en la evidencia.

Por último, acordamos que todo lo anterior solo es posible con el compromiso efectivo de todos:

i. El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.

ii. El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.

iii. El Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

iv. El compromiso de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política o social, de rechazar toda relación con el problema de las drogas ilícitas y los dineros provenientes del mismo.

v. La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país.

Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos.

Recordamos que uno de los principios que guían La Mesa de Conversaciones es que “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto significa que los acuerdos que se construyen, están condicionados a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y que se pueden ajustar y complementar.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se realizaron sobre este tema de cultivos ilícitos.

Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas, leídas y tenidas en cuenta por las delegaciones en La Habana.

Queremos agradecer a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos. Valoramos de manera especial, su gestión, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales.

Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.

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Derechos Humanos en Colombia

2005

La Ley de Justicia y Paz, rige la desmovilización de combatientes. Amnistía Internacional advirtió al gobierno de Colombia que la aprobación de la ley podría concederles impunidad a los violadores de derechos humanos. “La ley no garantiza el derecho de las víctimas de los abusos de derechos humanos a la verdad y la reparación”. “No hay garantías de un proceso judicial que asegure que las personas acusadas sean traídas ante la justicia, que puedan interrogarlas”. “La ley no asegura el real desmantelamiento de los grupos paramilitares, ni permite establecer hasta qué punto están trabajando con las fuerzas armadas y otros estamentos de la sociedad.” “Lo que hay es un reciclaje de combatientes en estructuras que podrían recrear la estrategia paramilitar bajo otro nombre, como redes de informantes” 10.

Diversas investigaciones penales en Colombia, algunas llevadas a cabo por entes internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscripta a la OEA, han demostrado que el fenómeno paramilitar es de origen estatal y sus acciones se han dirigido contra la población inerme y sus formas organizativas como una manera de contener la inconformidad social. También se pudo constatar que los pronunciamientos y recomendaciones de organismos de carácter internacional son desconocidos reiteradamente por el Estado colombiano, propiciando nuevas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y que éstos y, en especial, el genocidio contra la Unión Patriótica y militantes del Partido Comunista son de autoría Estatal-paramilitar. Tales crímenes han sido y son perpetrados de forma sistemática y planificada contra sectores populares y políticos que han llevado a cabo programas de oposición o de reivindicación integral de sus derechos. La estructura del aparato judicial está hecha a medida de la impunidad y es funcional a los intereses del paramilitarismo, razón por la cual las investigaciones para esclarecer los crímenes y violaciones de derechos nunca culminan haciendo justicia. La política de “seguridad democrática” del gobierno de Uribe viene agravando la crisis de derechos humanos, involucrando cada vez más a la población civil en el conflicto armado, militarizando la vida civil, conformando redes de informantes, reclutando soldados campesinos, generalizando las detenciones masivas y arbitrarias, impulsando el “Plan Colombia” y el “Plan Patriota”, llevando a cabo fumigaciones indiscriminadas y elaborando leyes que favorecen la impunidad y contravienen los principios internacionales que garantizan los derechos humanos y el derecho humanitario.La llamada “desmovilización paramilitar” busca la legalización y consolidación de esta estrategia en lo político, económico-social y jurídico, negando el derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral así como la libertad de expresión de las víctimas y la población en general. Las estructuras paramilitares continuarían intactas cometiendo graves violaciones de los derechos humanos a pesar de los acuerdos para verificar el alto al fuego y el cese de hostilidades y la desmovilización de los grupos paramilitares se han cometido más de dos mil doscientos asesinatos, ante los que la misión de la OEA ha guardado total silencio11.

La Cámara Baja del Congreso de Colombia aprobó el 21-6-2005 un proyecto de ley que ofrece el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares del país, que mantienen diálogos de paz con el gobierno de Uribe. El proyecto de ley fija penas de entre 5 y 8 años de cárcel para paramilitares acusados de cometer delitos atroces y les otorga la categoría de delincuentes políticos a los miembros de las AUC. Su pena no se pagaría necesariamente en una cárcel sino en lugares en los que determine el Instituto Nacional Penitenciario, que pueden llegar a ser granjas o fincas agrícolas. Según la oposición, el proyecto de ley no obliga a los paramilitares a confesar la totalidad de sus delitos ni a indemnizar a las víctimas o a sus familiares. El mayor defensor del proyecto de ley es el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien ante las críticas asegura que existen los ingredientes necesarios de justicia y paz, ya que los beneficios que concede la iniciativa son sólo para quienes confiesen sus delitos, mientras que quienes no lo hagan pueden llegar a recibir todo el peso de la ley. De hecho, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, dijo que la ley les da a los líderes paramilitares la no extradición a EUA. La cúpula de las AUC está acusada de narcotráfico por EUA y es requerida por su Justicia. Para Vivanco, los paramilitares no serán extraditados porque bajo los beneficios de la ley, la pena principal se reemplaza por una pena alternativa que se concede por la contribución a la consecución de la paz y por eso es poco previsible que el gobierno acceda a extraditar a los líderes de las AUC 12.

La ONU señaló que la legislación no parece seguir las reglas internacionales de protección a las víctimas. “La ley aprobada en el Congreso no reconoce a las víctimas y sus derechos esenciales, no habla en ningún momento de la responsabilidad del Estado y de los beneficiarios de la acción paramilitar” 13.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) solicitó 28-6-2005 a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue las atrocidades supuestamente cometidas por paramilitares colombianos. La federación, que agrupa 141 organizaciones defensoras de los derechos humanos, sostiene que las AUC, ha cometido 2000 crímenes contra la humanidad desde que comenzaron las negociaciones de paz en Diciembre del 2002. Según la FIDH, la CPI debe intervenir pues el gobierno colombiano ha aprobado una serie de leyes que contemplan una “amnistía encubierta” en el marco de la desmovilización de los paramilitares. La iniciativa también ha sido criticada por la ONU, Amnistía Internacional y organizaciones colombianas 14.

Ley de “Justicia y Paz” Genera Impunidad “Ese proyecto creo que se ha convertido en un problema central, para muchos sectores, no sólo demócratas sino también entre los republicanos en el Senado”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. “Lo que está escondido es un esfuerzo de impunidad disfrazada porque no existen los mecanismos eficaces en esta ley que promueve Uribe para desarticular estas organizaciones mafiosas” 15.

2007

Tras la muerte de once de los doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, secuestrados en abril del 2002 por las FARC, la organización internacional Human Rights Watch declaró: “Aun cuando fuera cierto que los once diputados murieron en fuego cruzado, las FARC son responsables de haberlos puesto en peligro al tenerlos en cautiverio” 16.

2008

20-1-2008 Tras la solicitud de Chávez de darles status de beligerantes, realizada después de la liberación de dos rehenes por las FARC, la organización de derechos humanos Amnesty International emitió un comunicado aclarando que considera a la guerrilla colombiana como “oposición armada” y no como grupo “terrorista” 17.

Luego de la liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes el 2-7-2008, Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos dijo en un comunicado que: “ha pedido y pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas, en muchos casos a lo largo de muchos años, cuya situación es un escándalo de Derechos Humanos en el prolongado conflicto colombiano”. José Miguel Vivanco, Director de Human Rights Watch, dijo: “Los secuestros continuos y sistemáticos de las FARC constituyen crímenes de lesa humanidad que deberían ser condenados universalmente. Hace mucho tiempo que las FARC han debido liberar a todos los rehenes, y ponerle fin a todo el dolor que les han causado a los rehenes y a sus familiares” 18.

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Planes Militares de Diferentes Gobiernos de Colombia Contra la Guerrilla

Del Plan Colombia al Plan “Patriota”

Ha sido una constante en la historia de Colombia que cada Presidente tenga su Plan de Guerra, los cuales han obedecido a los lineamientos dictados desde los centros del poder estadounidense.

Guillermo León Valencia tuvo su Plan Laso, Julio César Turbay Ayala su Estatuto de Seguridad, César Gaviria, su Plan de Guerra Integral, y Andrés Pastrana, su Plan Colombia.

Alvaro Uribe, además de haber heredado el Plan Colombia de Pastrana, quiere ahora llamar al Plan Colombia, “Plan Patriota”, denominando así a un Plan de Intervención Militar.

El diario El Tiempo del 25-4-2004, en el artículo “Gobierno pone en marcha el Plan Patriota, para cambiar equilibrio de la guerra contra las FARC”, dice:

El objetivo es desplegar una fuerza de 14.000 ó 15.000 hombres en el sur del país, donde el grupo guerrillero mantiene intacta su retaguardia” y más adelante confirma la autoría de semejante Plan: “Para definir la estrategia, se han producido decenas de reuniones entre el Ejecutivo y la cúpula de las Fuerzas Militares con el Comando Sur y los Departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos”.

La intelectual colombiana Gloria Gaitán denunció, en una carta dirigida al comandante del Ejército, General de división Raúl Isaías Baduel, que el ejército de su país pretende provocar enfrentamientos con militares venezolanos, mediante el desarrollo del llamado Plan Patriota: “El Plan Patriota es el brazo abiertamente antiguerrillero del Plan Colombia que, en sus inicios, se encubría como un plan meramente antinarcóticos. Y es ahí, donde se involucrarán las operaciones que miran hacia Venezuela, porque la lucha contra la guerrilla es una lucha contra la emancipación de nuestro pueblo y, de paso, se busca eliminar en América Latina todo intento de lucha contra el neoliberalismo y la globalización imperialista” 19.

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Análisis, planteos e interpretaciones: Luis Dallanegra Pedraza (LDP)

EUA: ¿De Kosovo a Colombia? EUA procura evitar que las FARC sean reconocidas como fuerza beligerante. El gobierno de EUA está dispuesto a ayudar a Colombia pero no al proceso de negociación, sino militarmente.

Elementos para una Agenda

Dentro de las reformas constitucionales, deberían adoptarse ciertas alternativas similares a las que realizaron Sudáfrica o El Salvador con las fuerzas armadas, en donde tanto el ejército de la insurgencia como el estatal se desmovilizaron y se integraron en una fuerza común.

En las reformas del Estado, éste debe responder menos a los partidos y más a las instancias locales de poder manifestadas en las organizaciones representativas de la sociedad civil. Sería importante alcanzar una ingeniería tal en la que se encuentre un punto de equilibrio ente los intereses y aspiraciones empresariales y de la banca, a la vez que satisfacer las necesidades y demandas sociales, sin caer ni en el extremo del “populismo” ni en el del “empresarismo-bancarismo”.

Los negociadores, no sólo deben ser el gobierno y la insurgencia, sino incluir una tercería sólida de la sociedad civil, al estilo de “Diplomacia Vía Dos” o de “Vías Múltiples” de la Fundación Carter.

¿Dónde se llevará a cabo el proceso de negociación? Establecer zonas de “despeje” generaría desconfianza de EUA que plantearía que estas zonas de convertirían en áreas de narcotráfico.

¿Quién o quienes garantizarán los acuerdos a los que se arribe? Garantes nacionales e internacionales.

Zonas de encuentro para la negociación de acuerdo con términos de gobierno o guerrilla: “zona de convivencia”, “zona de despeje” (tiene para el gobierno de Uribe connotaciones militares); “zona de encuentro”. Para el gobierno las zonas desmilitarizadas son para procesos de paz en firme.

Colombia

Costos de la Guerra y de la Paz: Si cesara la confrontación, Colombia podría ahorrar lo suficiente y pagar en 2 años su deuda externa. Por causa del conflicto, la economía nacional deja de crecer 3 puntos cada año. Las cifras, muestran que la paz sería la inversión más rentable. En 1997, según los cálculos de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, el costo de la guerra fue de u$s 3.700 millones. En ese año el PIB colombiano sumó u$s 94.000 millones. En los últimos años los recursos para el sector defensa se han quintuplicado, superando el 3,0 % de la producción de bienes y servicios del país (más de 3 billones -millones de millones- de pesos). La fuerza militar, entre tanto, se ha duplicado al pasar de 85.000 efectivos a cerca de 160.000 20.

Condiciones de Negociación:

Con FARC y ELN: 27/6/99 El gobierno debe permitir entrar en el proceso de negociación para la paz al ELN en las mismas condiciones que a las FARC sin hacer discriminaciones ni preferencias. La “sociedad civil”: es el convidado de piedra en el proceso.

Gobierno Colombiano y Guerrilla: Para expertos como el jurista y ex Ministro de Justicia Carlos Medellín “no caben dudas de que el gobierno le está otorgando el status de beligerancia a la guerrilla”. Según las normas internacionales vigentes, los tratados sólo se firman entre Estados, por lo que la alusión que le hizo el gobierno a la guerrilla implicaría reconocerla como un ejército que lucha por la soberanía de una parte de Colombia. El gobierno no quiso precisar los alcances de los términos que utilizó.

El gobierno usó la frase “tratado de paz” para una eventual tregua con la insurgencia. Sin embargo, una fuente gubernamental dijo que “haber utilizado esa palabra significa que el gobierno podría otorgarle ese status a las FARC, pero en un momento determinado de las negociaciones que está por verse y sólo a cambio de un cese del fuego”.

El vocero de paz de las FARC, Raúl Reyes, insistió en que el status de beligerancia es un derecho ganado por la guerrilla y que de una tregua armada sólo se hablaría una vez que el gobierno dé solución al 90 % de la agenda común de negociación que es de 12 puntos e incluye profundas reformas políticas y socioeconómicas 21.

27-7-2005 Al ofrecer diálogo a las FARC Uribe las está reconociendo como parte en el conflicto con todos los derechos del combatiente y no como terroristas22.

Colombia: Lucha Armada y Verdades de un Conflicto:Las FARC no tiene buena prensa. Su estrategia de lucha por el poder se considera, a menudo, una reliquia de un tiempo que acabó con la caída del Muro de Berlín. Sus vínculos, demostrados según los que la critican, con el tráfico de drogas desvirtúan su legitima lucha contra la injusticia en Colombia. Sus métodos de combate la hacen poco atractiva para los defensores de los derechos humanos. En los documentos del Pentágono, desclasificados recientemente, el Presidente Uribe Vélez aparece en una lista -es el número 82- de políticos colombianos vinculados al cartel de Medellín en los años ‘80. En la época en que Uribe era alcalde de Medellín, colaboró con Pablo Escobar en el programa “Medellín Sin Tugurios”. La UE y EUA han incluido a las FARC en sus listas de organizaciones terroristas. Se pueden criticar e incluso se deben condenar los métodos de la guerrilla en el marco global del respeto a los derechos humanos. Pero en el contexto colombiano, habría que preguntarse quien lo respeta, empezando por el Estado que debería ser su garante. Raúl Reyes, que fue negociador de las FARC durante las conversaciones con el Presidente Andrés Pastrana lo dice claramente: “En la actualidad, nuestro problema no es imponer un régimen socialista tipo Corea del Norte o tipo Cuba sino instaurar espacios democráticos, conseguir reformas”. Añade que las FARC quieren llegar al poder: por la vía de las armas si es necesario, pero, si es posible, por la vía democrática 23.

Bipartidismo y Opciones Políticas Alternativas: Desde mediados del siglo XIX, el manejo excluyente y monopólico por parte de los dos partidos tradicionales colombianos, liberal y conservador, ha limitado y, en el mayor de los casos, impedido el acceso y participación de otras expresiones políticas que plantean un accionar por fuera de sus fronteras ideológicas; lo que hace que sea prácticamente imposible llegar a la paz en países como Colombia donde el pluralismo no existe en lo real, aunque conforme en lo formal a EUA24.

Construcción Política de la Paz en Colombia: Colombia padece desde hace 4 décadas una guerra irregular cuyas causas estructurales no resueltas prolongan un conflicto armado interno que no se gana en el campo militar pero que tampoco se ha resuelto mediante el diálogo político. Existe un escenario internacional que favorece el uso de la fuerza. El Estado y la insurgencia intentan atrapar e involucrar a la sociedad en su lógica de guerra frente a la cual se necesitan respuestas políticas que reivindiquen la democracia, la diversidad y el pluralismo {LDP La democracia en otros términos diferentes a los de EUA, ya que el pluralismo debe aceptar gobiernos disidentes de EUA y sus ideas}. Los procesos de paz perdieron la confianza de la sociedad porque no ofrecieron resultados frente a la crisis social y económica, no lograron reducir la intensidad del conflicto, ni permitieron la participación de la sociedad civil en su diseño, seguimiento y evaluación. Uribe ha lanzado una ofensiva nacional e internacional contra las ONG’s, las iniciativas de paz y los movimientos sociales bajo la acusación genérica de que son “politiqueros al servicio del terrorismo y traficantes de derechos humanos”. En los años ‘70 y ‘80 la iniciativa tuvo el liderazgo de los movimientos sindicales y agrarios, y se centró en las luchas sociales de carácter reivindicativo. En los años ‘80 emergen con fuerza las ONG’s de derechos humanos. Tal vez el hecho más característico es la eliminación física del liderazgo campesino en la década de los ‘80 que continúa con la persecución sistemática de líderes sindicales y dirigentes de izquierda durante la “guerra sucia” librada por los grupos paramilitares. El resultado ha sido el desmantelamiento de las organizaciones sociales y políticas, la dispersión o desaparición del liderazgo y la imposición de modelos hegemónicos de control de la población por vías antidemocráticas y de fuerza. Las iniciativas ciudadanas de paz al nivel nacional surgen al final de los años ‘90 para exigir la solución política del conflicto en medio de la guerra sucia contra el movimiento social. El mismo día de las elecciones locales y departamentales del 26-10-1997. El país cansado de la guerra optó por la paz y encontró una propuesta ciudadana que interpretó ese momento político. Los ciudadanos votaron a favor de una solución negociada del conflicto armado y por la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el respaldo casi incondicional a un proceso de paz en el que había diálogo pero no negociación, y que ocurría en medio del conflicto armado, no tuvo en cuenta una estrategia en caso de una ruptura y menospreció el cansancio de la mayoría de la población frente a la ausencia de resultados tangibles. El proceso respondió al pedido ciudadano por la paz, pero también fue el resultado de una acción política con objetivos electorales del entonces candidato presidencial Andrés Pastrana cuyo compromiso real por la paz no era claro ni representaba una voluntad cierta del establishment para negociar. Las FARC aprovecharon la circunstancia para dialogar pero no para negociar y dejaron la sensación ante el país y el mundo que usaron la zona de distensión en el sur del país para fortalecerse militarmente. Este estancamiento de los diálogos y la formulación del Plan Colombia, configuraron un nuevo escenario que obligaba a modificar la agenda y a adoptar otras formas y otros escenarios de convocatoria civil. Las ONG’s de derechos humanos que cuestionaron desde sus inicios el Plan Colombia como un peligroso obstáculo a la Mesa de Diálogo, las iniciativas de paz y los movimientos sociales lograron en esta coyuntura congregarse en una coalición civil denominada Paz Colombia. Manifestaciones de acción civil coinciden en una agenda común: solución política y negociada del conflicto armado, plena vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, transformaciones sociales y políticas desde la equidad y la inclusión, cooperación internacional para la paz y participación democrática de la sociedad para refrendar eventuales acuerdos. Sin embargo, se registran tensiones y dificultades que disminuyen la capacidad de acción y participación, afectan la credibilidad y las posibilidades de incidencia. Puede ser que la contradicción fundamental sea aquella entre quienes justifican y quienes rechazan la lucha armada de la insurgencia. También existen dificultades de comprensión, especialmente en temas como: la representatividad y la legitimidad de las organizaciones que integran las coaliciones civiles de paz; los cambios políticos que ocurren alrededor del conflicto armado; el papel de la comunidad internacional, sus lógicas de acción, sus contradicciones y diferencias. Se requiere una lectura crítica del papel de la “sociedad civil”:

1) Se requieren mecanismos para la participación política que vayan más allá de las protestas y reivindicación de los derechos laborales y que se conviertan en hechos y oportunidades de poder a nivel local, regional y nacional con la capacidad de reunir y efectuar un cambio real.

2) Un movimiento de paz debería alertar al país sobre los riesgos que implica un proceso que no es irreversible y preparar las condiciones para una respuesta estructural y no coyuntural frente a una eventual ruptura.

3) Un movimiento de paz no puede ser solo contestatario, debe construir propuestas hacia la mesa de negociaciones con capacidad de incidencia, debe ejercer formas de presión sobre los grupos armados y el gobierno, y definir alianzas estratégicas frente a la comunidad internacional.

4) Un movimiento civil por la paz tiene la obligación de generar una estrategia de comunicaciones que evite la manipulación de la información y construya opinión pública antes y durante un eventual proceso.

5) La mayor experiencia del fracaso del proceso es la necesidad de avanzar en la construcción democrática de la paz como un espacio de formación y acción incluyente {LDP Más que una construcción democrática de la paz, una construcción integral y social de la paz, donde entren todos los sectores de manera pluralista y con satisfacción de sus demandas. No deben haber elecciones para “pacificar”, sino para llegar a cambios estructurales y eso requiere de la participación y presión ciudadana} y participativa que no depende de quienes deciden la guerra o la negociación y que puede proyectarse aún en los tiempos de confrontación armada.

6) No basta un mandato ciudadano por la paz en las urnas, se necesita construir poder local, regional y nacional para hacer real la participación política de la sociedad. El liderazgo ciudadano por la paz debe ganar espacio de poder en alcaldías, gobernaciones, Congreso y otros espacios de elección popular. Es necesario pasar de la posibilidad de incidir en la solución del conflicto a la posibilidad de transformar las causas del conflicto desde la dirección del Estado25{LDP Para eso, primero hay que cambiar al Estado ya que está malquistado y corrupto en sus instituciones por políticos que se turnan}.

Importancia del tema de la crisis social y económica vista desde el ángulo de las relaciones entre inequidad social, conflictividad social, inexistencia de posibilidades de acceso al poder e insurgencia. La inequidad y la exclusión si pueden explicar la insurgencia, esto en un proceso histórico complejo y frente a condiciones persistentes. Por eso un proceso de paz debe contemplar reformas económicas y sociales.Una negociación que no resuelva los problemas fundamentales, aunque desmovilice las fuerzas insurgentes, podría ser seguida por múltiples conflictos sociales de carácter violento o delincuenciales. La política económica no apunta a la resolución de este problema. Es una política centrada en lo monetario y en la estabilidad macroeconómica. Solo se ofrece “sudor y lagrimas” en un país que ya viene ofreciendo muerte.

El lado denominado “bueno” del Plan Colombia, en la práctica no existe. Lo real, para el 2000, son los mil trescientos millones de dólares de EUA, orientados a la guerra. Si se incluyeran las donaciones de gobiernos y organizaciones cooperantes de Europa, y una contrapartida nacional por ahora inexistente se podría hablar de una parte “social”26.

En el Acuerdo de Los Pozos, no se plantea una reforma estructural. No se planteó una reforma constitucional para que haya cambios substantivos en Colombia, sino la subordinación a la Constitución vigente27.

Las desmovilizaciones deben ser parte de una negociación hacia la resolución pacífica del conflicto y la búsqueda de la justicia; sino desmantela el conflicto pero éste queda latente en forma permanente porque se desarticula la lucha pero no se satisfacen las demandas 28.

Colombia. Falsas Negociaciones de Paz: En el mundo, en los últimos años, suenan como nunca antes las palabras “Democracia”, “Seguridad” y “Negociaciones de Paz”. Sin embargo, se confunden los conceptos. Se actúa más para el orden que para lograr la paz con justicia. La lucha por la democracia y la libertad, se hacen con bombardeos masivos e invadiendo y ocupando países enteros. La lucha contra el terrorismo, se hace a través de campos de concentración y cárceles secretas dónde la tortura y el terror se imponen. En Colombia, también se ha establecido esta confusión: se legaliza el aparato paramilitar, llamándole “Proceso de Paz”; se aplica la represión y la guerra, llamándole “seguridad democrática”; y mediante la ley 782 que pretende absolver a los paramilitares, se habla de “Justicia y Paz”. Las AUC no son un actor armado insurgente. Las AUC, son una organización paramilitar, o dicho con otras palabras, son una organización terrorista estatal. Nunca hubo un enfrentamiento real con el Estado. El Estado se encuentra ahora negociando con su propia organización armada encargada de aplicar la guerra sucia contra la resistencia social 29.

Colombia es un Estado Inviable: Desde hace muchos años Colombia es un Estado fallido, no porque no es confiable a los inversores o a los intereses de seguridad de EUA, sino que cada día demuestra su inviabilidad fundamentalmente porque predomina el caos, las injusticias sociales, la pobreza, las catástrofes humanitarias, los desplazamientos forzosos. Ya era fallido cuando preservó el latifundio colonial y jamás realizó una reforma agraria. Ahora esos latifundios, improductivos muchos de ellos, pasaron al narcotráfico y a ser propiedad de grupos ilegales armados. Ya era fallido cuando privilegió los capitales financieros sobre los productivos, cuando, desde los tiempos de López Michelsen, le dio un golpe bajo a la industria textil, cuando amparó a una mafia que penetró todas las capas de la sociedad, cuando de a poco pero con voracidad les fue minando los derechos a los trabajadores. Ya era fallido desde la instauración de un modelo económico que, desde la década de los ‘90, ha causado más miseria entre los miserables y le ha concedido prebendas a unos cuantos grupos financieros; cuando ha venido legislando en contra de los desposeídos; cuando deja sin protección social a tantos ciudadanos, cuando ha perseguido al sindicalismo consecuente, cuando sacrifica a los que menos tienen en beneficio de los poderosos. Más de la mitad de la población vive en condiciones precarias de pobreza y desamparo. Hasta ahora sigue siendo éste un Estado fallido que ni siquiera obliga a quienes han despojado a sus legítimos dueños a devolverles la tierra. Es un Estado sin justicia penal, y mucho menos justicia social. Sobre las cenizas de un Estado fallido es que los pueblos tienen que construir una sociedad próspera, democrática y con justicia para todos; pero no mediante la reelección de un gobernante o la continuidad de los partidos políticos, sino haciendo que la sociedad sea la verdadera partícipe de su destino, modificando la Constitución y con ello el “Pacto Social” que haga que los representantes salgan de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil y no de los partidos políticos 30.

El Capítulo Agrícola del TLC: ¿Partida de Defunción al Agro?: Las negociaciones del TLC con EUA, en el gobierno de Uribe muestranque se dedicó con ímpetu a concluirlas plasmando en todos los capítulos las exigencias norteamericanas en detrimento de la soberanía nacional, de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de su porvenir social y económico. Con lo ya otorgado, el caso del capítulo de Agricultura es el más impresionante. Sin dejar de observar otras áreas como Inversiones, donde la política económica pierde manejo, Propiedad Intelectual, Servicios, Compras Estatales y Acceso a Mercados, donde EUA logró sus aspiraciones hasta en rubros como bienes Remanufacturados, o en el de Normas de Origen, donde se plantea traer cafés procesados con materia prima de otros países, o en los Textiles, donde, con el porcentaje de los insumos de las confecciones beneficiarias de la eliminación de aranceles, logra el acceso sin impuestos aduaneros a su algodón 31.

Desmovilización: La desmovilización es engañosa como instrumento de paz, al proponer ventajas sin que se cambie la estructura de poder ni se genere justicia auténtica en términos equitativos y distributivos32. El caso de la desmovilización en Nicaragua resultó en nuevos conflictos sociales y en la recomposición de los grupos guerrilleros de una y otra facción, debido al mal manejo que los gobiernos sucesivos han hecho de la reinserción, agravado por políticas antisociales.

¿Quiénes son los Paramilitares en Colombia?

Son grupos armados de derecha que crecieron en los ‘80 para combatir a las guerrillas de izquierda en las zonas rurales de Colombia. Su rápida expansión, que incluyó a las ciudades, permitió que en 1997 se crearan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que aglutinó a los diferentes grupos paramilitares del país. A medida que fueron creciendo, dejaron de ser una fuerza defensiva y pasaron a ser un aparato ofensivo, responsable de múltiples asesinatos, matanzas, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, despojos de tierras, tráfico de drogas y apropiación de recursos públicos.

Se financian, inicialmente, de los aportes voluntarios de ganaderos, agricultores y empresarios; luego, de las contribuciones obligatorias en sus zonas de influencia, después, de las mafias de narcotraficantes que operan en muchas áreas donde hacen presencia, con las cuales en muchos casos se asociaron para producir y exportar drogas. También se han nutrido de extorsiones, secuestros y recursos públicos en municipios y departamentos.

A mediados de los ‘90, el gobierno del Presidente Ernesto Samper autorizó la creación de unas compañías rurales y urbanas de seguridad, integradas por civiles, que se denominaron Convivir y se concibieron como un instrumento para combatir a las guerrillas en las zonas rurales.

AlvaroUribe, quien para la época era gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, donde había una difícil situación de seguridad estuvo de acuerdo con el proyecto. En Antioquia se crearon varias Convivir. El proyecto fue muy criticado por las organizaciones de derechos humanos y, finalmente, el gobierno nacional decidió ilegalizar esas compañías. El paramilitarismo floreció en varias regiones, entre ellas Antioquia.

Salvatore Mancuso, quien es en la actualidad el máximo jefe de las AUC, dirigía una Convivir, que se convirtió en un grupo paramilitar en el departamento de Córdoba, donde esas bandas armadas tuvieron amplia presencia. En esa zona del país tiene una de sus fincas el Presidente Uribe.

Las organizaciones de derechos humanos siempre han cuestionado a las Fuerzas Armadas por sus supuestos nexos con los paramilitares.

Desde finales de los ‘60el gobierno colombiano autorizó la creación de grupos de autodefensa campesina, bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas; sin embargo, a finales de los ‘80, cuando hubo muchas masacres y las relaciones de los paramilitares con los narcotraficantes eran evidentes, el Presidente Virgilio Barco Vargas ilegalizó los grupos de autodefensa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por acción y omisión de las Fuerzas Armadas en tres casos: 1) una masacre de comerciantes en el Magdalena Medio, 2) en Mapiripán (Meta) y 3) en Pueblo Bello. En todas ellas participaron paramilitares.

En 1983, el entonces Procurador General de la Nación reveló que de las 163 personas sospechosas de pertenecer al grupo Muerte a Secuestradores (MAS), 59 eran militares. Ese grupo fue creado por narcotraficantes del Cartel de Medellín y se dedicó a perseguir y matar a supuestos secuestradores y dirigentes de izquierda. A posteriori, por el crimen del senador comunista Manuel Cepeda, ocurrido en agosto de 1994, y atribuido a paramilitares, la justicia condenó a dos suboficiales del Ejército. Un General que estaba siendo investigado murió antes de que se produjera el fallo.

A mediados de los ‘90, el gobierno desmontó la Brigada XX, de inteligencia del Ejército, por las reiteradas acusaciones de vínculos de su personal con grupos paramilitares.

Los paramilitares adquirieron poder político y se convirtieron en fuerzas decisivas en muchas regiones de Colombia. De esa forma, pudieron ejercer control sobre gobiernos locales y regionales, ganaron elecciones y ejercieron influencia sobre legisladores municipales, departamentales y nacionales. En el 2002, uno de los principales líderes de las AUC, Salvatore Mancuso, dijo que los paramilitares controlaban más del 30% del Congreso de Colombia elegido ese año.

Durante el gobierno de Alvaro Uribe, el Congreso de Colombia les dio a los paramilitares status político.

Los paramilitares son responsables de delitos de lesa humanidad que no se pueden indultar. El gobierno de Alvaro Uribe promovió una Ley conocida como de Justicia y Paz, que rebaja a cinco y ocho años las penas para sus responsables, algunos de los cuales ya habían sido condenados a más de 40 años de prisión. Entre los beneficiarios de esa Ley están todos los jefes de las AUC, algunos de los cuales tienen órdenes de extradición por tráfico de drogas, que están suspendidas. Se llevó a cabo un acuerdo con el gobierno contemplando la reclusión de los jefes paramilitares en sitios especiales, no en cárceles. Sin embargo, a principios de diciembre del 2006 los 59 jefes que estaban recluidos desde agosto del 2006 en un centro vacacional fueron llevados a una prisión de máxima seguridad, con la excusa por parte del gobierno de que algunos de los jefes paramilitares habrían ordenado crímenes desde el sitio especial de reclusión. El proceso de negociación y desmovilización entró en crisis y los paramilitares decidieron se romperlo. El gobierno de Uribe como consecuencia, dejó todo en manos del sistema judicial y amenazó con extraditar a quienes se salgan del proceso 33.

Paramilitares: La actividad de los paramilitares debilita al Estado y deslegitima el proceso de negociación. Son el principal escollo a la paz.

Paramilitarismo, Crisis Política y Lucha Social: En Colombia el paramilitarismo busca ser legitimado como un instrumento propio del sector dominante, para dar la legalidad exigida por el establishment interno e internacional. El fenómeno paramilitar, es un importante hecho político y social, que alcanza niveles críticos y que con su legalización cuestiona la legitimidad del régimen. Suplanta a los mismos partidos políticos. El paramilitarismo es un pilar del terrorismo de Estado de concepción fascista, que evidencia el grado de contradicción política y social y muestra el debilitamiento agudo del Estado, el agotamiento de la capacidad del régimen.

Diferentes Modalidades del Paramilitarismo: Surgen de acuerdo a las condiciones concretas de cada país y al grado de conflicto social y político, como lo fueron agrupaciones conocidas como las “camisas negras” de Mussolini para destruir el germen del poder obrero y popular, que se extendía en campos y ciudades italianas; el “Gladio” -espada en italiano-, creado en Europa y coordinado por la OTAN tras la II guerra mundial, que funcionó en la mayoría de los países europeos y llevó a cabo múltiples asesinatos, atentados y sabotajes, para impedir el ascenso electoral de la izquierda al poder; los GAL -Grupos Armados de Liberación-, formados por el gobierno español para aniquilar la base social de la insurgencia nacionalista vasca “ETA”; los escuadrones de la muerte y las Brigadas Blancas de Nassar Haro en México; Guatemala, Salvador, Nicaragua y Honduras bajo regímenes “notables” como Somoza y D´Abuisson, para desmantelar las masas populares que se consideraban cercanas a los movimientos de liberación de esos países; los “contras” formados por EUA con apoyo de la dictadura militar Argentina, en Nicaragua contra el gobierno sandinista; similares agrupaciones se formaron en el Cono Sur: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, con dirigentes como Videla, Pinochet, Strossner y Galtieri para exterminar el movimiento popular que se intuía próximo a las guerrillas izquierdistas; las “rondas campesinas” en Perú y Guatemala; la “Triple A” en Argentina, los grupos de “limpieza social” supuestamente contra indigentes y delincuentes en Colombia y Brasil, las “CONVIVIR” y las redes de informantes de la política de “Seguridad Democrática” del gobierno de Uribe Vélez con Castaño-Mancuso. La concepción y funcionamiento de la fuerza paramilitar consiste en la creación de grupos comandos de naturaleza irregular, es decir por fuera de la estructura legal del Estado, articulados e integrados a los grupos secretos y de inteligencia de la CIA, el ejercito, la policía y los entes investigadores como la Fiscalía, de ahí que su estructura y operatividad varía de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de cada coyuntura y de cada región o zona del país 34.

América Latina: América Latina no debate sus problemas a través de ninguno de los mecanismos que tiene -Grupo Río u otras cumbres en las que participa- pero está a la expectativa de qué hará EUA sobre el tema, quien está preocupado por su interés nacional en materia económica y de seguridad y no por Colombia o por la región.

Uno habla de que los gobiernos latinoamericanos no tienen un proyecto para resolver los conflictos de la región con metodologías propias, pero viendo la actitud del gobierno de Colombia, Alvaro Uribe que desestima toda posibilidad con América Latina y privilegia sus vínculos con Europa y EUA, se da cuenta de que la región vive de espaldas de sí misma y tiene vocación de dependiente y carece de vocación e identidad propia.

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Observaciones

Diferenciar Entre “Acuerdos Sustantivos” y “Acuerdos Operativos”

Los primeros, se refieren a las reformas políticas, económicas y sociales.

Los últimos tienen que ver con los procedimientos, metodología y cronogramas.

Ejemplo de “Acuerdo Operativo”: Negociación ELN-Gobierno de Uribe: Entre algunos de los puntos acordados, el ELN se comprometió a no secuestrar menores de edad, mayores de 65 años o mujeres embarazadas y a “humanizar” la guerra acogiéndose a principios del Derecho Internacional Humanitario.

El Proceso de Negociación

Lo que se negocia es “confianza”; a la vez que se busca quitar la sensación de que una de las partes(cualquiera sea ella) es la que está otorgando el máximo y la otra es la que recibe el máximo.

La negociación entre un gobierno y un grupo guerrillero tiene como presupuesto el reconocimiento mutuo de los actores. Significa que la organización guerrillera reconoce la legitimidad, aunque sea parcial, del gobierno y que éste acepte a su contendor como un actor incurso en delitos políticos y en esa medida susceptible de entablar con él un proceso de superación negociada de la confrontación. El proceso, generalmente, se desarrolla en un contexto de relaciones asimétricas, más allá de que resulta imposible la derrota del adversario por la vía exclusivamente militar y la negociación resulta un camino viable para la resolución del conflicto, al igual que una oportunidad de introducir reformas necesarias en el sistema político; independientemente de convicciones de muchos gobiernos que aspiran individual o con el apoyo de otros gobiernos, aplastar a los grupos insurgentes. ¿Cómo transformar una dinámica de enfrentamiento militar en una confrontación política; cómo “politizar” el proceso y sacarlo del contexto de enfrentamiento militar y transformar a éste en secundario? 35.

Posibilidades de Paz o de Pax

La etapa del gobierno de Alvaro Uribe muestra que sólo la medición del poder es la que resuelve la negociación. Queda claro que o las FARC y el ELN se someten y deciden desmovilizarse con condiciones, o no hay negociación. Para el gobierno colombiano, siguiendo los criterios globales establecidos por el gobierno de George W. Bush post 11 de septiembre del 2001, no hay guerrilla, sólo “terroristas” y “delincuentes”, por lo tanto no se negocia. De todas formas, estos criterios también pueden servir para disfrazar un modelo neoliberal que se desea imponer a toda costa, por lo que nunca se negociaría una reforma constitucional que contemple conceptos como “justicia social”. Esta justicia social la resolverá el mercado, nunca el Estado bajo la ideología neoliberal; y vamos hacia un mundo crecientemente transnacional donde el Estado-Nación se está desdibujando, por lo que el “pacto social”, al menos el que se concertó al crearse el Estado-Nación, ya no tiene vigencia. Las posibilidades de que se “recelebre” el pacto social, no parecen estar muy cercanas. La Fuerza y no el diálogo serán las metodologías que resolverán el conflicto en Colombia, de un lado y del otro, ya que el gobierno no está dispuesto a negociar, y las FARC y el ELN no están dispuestos a ceder. El fracaso del Caguán, tiene que ver más con no estar dispuesto a negociar un modelo de país y de Estado, que con una estrategia de la guerrilla. Lo primero que hay que preguntarse cuando se habla de “diálogos” o “negociación”, es qué entiende cada parte por esos conceptos. La guerrilla habla de paz con justicia social y demanda una “nueva Colombia”; mientras que por parte del gobierno, el concepto tiene que ver con continuidad del modelo y con la desmovilización de la guerrilla y su absorción al sistema, tal como ocurrió con el M19 o en El Salvador con el FMLN. Los diálogos de paz llegarán al cabo del último, definitivo e inevitable entrecruce de argumentos de fuerza de parte y parte. Las condiciones y el contenido de esos diálogos dependerán del balance final de fuerzas político y militar, y también del impacto psicológico sobre la sociedad colombiana, ya que la comunidad internacional sólo avalará la continuidad del Estado y el sometimiento de los rebeldes. Por ello, la presión militar del Estado contra las FARC continuará y se incrementará, ya que es el argumento que el gobierno tiene para que el diálogo sea según sus condiciones y no las de la guerrilla.

Menores de Edad Reclutados

La Defensoría del Pueblo de Colombia junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentaron un informe en el que señalan que los menores de edad continúan siendo reclutados por los grupos armados ilegales que funcionan en el país. La investigación está basada en encuestas y entrevistas realizadas entre agosto y septiembre del 2005 a un grupo de 329 menores que forman parte del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares que conduce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Muchos de los niños y niñas reclutados buscan escapar de la violencia familiar.

Los menores están ingresando a las filas desde los ocho años de edad. El promedio de la edad en la que los menores son reclutados descendió de 13 a 12 años. La población femenina, que representa un 32% del grupo encuestado, es la que ha sido victima de un mayor abuso teniendo en cuenta que más de la mitad de ellas fueron forzadas a mantener relaciones sexuales, la mayoría de las veces por sus comandantes.

Varios niños admitieron haber matado, mutilado e incluso torturado a sus enemigos36.

Sobre la Internacionalización de los Conflictos Intraestatales

El conflicto de Colombia se internacionalizó en el sentido político y jurídico del término; vinculó a Estados diferentes e involucró organizaciones internacionales y actores externos. No hay tratado o norma que reglamente dicha internacionalización. El concepto es hasta ahora creación doctrinal que fue acogido por el Tribunal que juzgó la guerra de Yugoslavia. Que no esté regulada no quiere decir que los Estados y otros sujetos internacionales no puedan reconocerla, o actuar en consecuencia sin previa declaración formal. En el derecho internacional las prácticas y costumbres llenan los vacíos normativos y sirven de fuente para la creación de reglas y la celebración de tratados. A los conflictos armados internacionales entre Estados y no internacionales o internos de que tratan algunos Convenios y Protocolos de Ginebra se suman ahora los internacionalizados, que son conflictos armados internos en los que un Estado, distinto de aquel en cuyo territorio tiene lugar el enfrentamiento, interviene, directa o indirectamente, de manera expresa o encubierta, en sus desarrollos políticos o militares mediante ayuda a una de las partes. También los que desbordan las fronteras nacionales se ‘trasnacionalizan’ o vinculan actores nuevos en cualquiera de las fases de la confrontación. Los conflictos internacionalizados reúnen, simultáneamente y de hecho, características propias de los conflictos internos e internacionales. Por ello se les aplica el derecho internacional humanitario, DIH; los combatientes capturados son prisioneros de guerra; las fuerzas armadas disidentes se vuelven sujetos relativos de derecho internacional; y la comunidad de naciones debe buscarles solución. Como gobernador de Antioquia y candidato a la Presidencia, Alvaro Uribe propuso los cascos azules de Naciones Unidas y cuando el presidente Correa pidió que la frontera colombo-ecuatoriana fuera vigilada por la misma fuerza multilateral, respondió que esa posibilidad no debería descartarse. Independientemente de su conveniencia y viabilidad jurídica, lo que importa es destacar que así se reconocen las dimensiones internacionales del conflicto. Durante el gobierno de Pastrana, asesores y embajadores suyos, acompañados de algunos congresistas, presentaron ante cancillerías y gobiernos europeos, a los comandantes guerrilleros que se esperaba negociarían la paz, entre otras ayudas, con las de la comunidad internacional y las bendiciones del Papa. El ataque al campamento de Raúl Reyes también internacionalizó el conflicto porque se bombardeó territorio de otro Estado, seguramente con la ayuda de EUA que sólo se “oficializará” cuando Washington desclasifique los documentos respectivos. Un tercer Estado, Estados Unidos, intervino política y militarmente en el conflicto, y otro tercer Estado, Ecuador, sufrió consecuencias militares que se suman a las humanitarias que les generan los miles de refugiados colombianos que acoge y a los que la ONU ayuda por conducto de ACNUR. Del Presidente Chávez de Venezuela, se dijo que intervenía en los asuntos de Colombia para promover su proyecto expansionista, razones por las que se anunció sería demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI). Con otras palabras, Estados extranjeros, según Colombia, han tomado partido en la confrontación armada colombiana porque han intervenido política y militarmente a favor de una de las partes. Del bombardeo del primero de marzo también se han ocupado, hasta el momento, dos instancias internacionales. El Grupo de Río y la OEA que lo hizo en su Consejo Permanente y en reunión extraordinaria de Cancilleres. Francia, como país observador en la OEA, sostuvo ante el citado Consejo que las tensiones creadas entre los países andinos constituyen amenaza “para la estabilidad regional” que justifica la “movilización de la comunidad internacional”; así como si las FARC liberan los rehenes civiles debe formarse un “grupo de países amigos que (trabaje) por el acuerdo humanitario para la liberación de todos los rehenes y la solución política del conflicto”. Otras situaciones internacionalizan el conflicto: el ofrecimiento francés de acoger como refugiados políticos, tal vez porque los considera prisioneros de guerra, a los guerrilleros que libere Colombia, la insistencia en invocar la Resolución 1373 y el derecho a la legítima defensa como soporte jurídico para el ataque al campamento de Reyes y la mediación en curso de Francia, España e Italia. Falta sólo la declaración de la internacionalización del conflicto 37.

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA

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ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA

FIRMADOS POR DIFERENTES GOBIERNOS CON LOS GRUPOS INSURGENTES

Gobiernos/Acuerdos

Acuerdos Humanitarios y de Cese al Fuego (CaF)

Agendas y Acuerdos Preliminares y de procedimiento

Acuerdos Finales de Paz

Belisario Betancur

Acuerdo (CaF) de la Uribe, FARC (Marzo 1984)

Acuerdo (CaF), M-19 y EPL (Agosto 1984)

Acuerdo (CaF), ADO (Agosto 1984)

Acuerdo (CaF), sectores del ELN (Diciembre 1985 y Abril y Julio de 1986)

Acuerdo entre las FARC y la Comisión de Paz (Marzo 1986) para prorrogar acuerdo de la Uribe


Virgilio Barco Vargas


Acuerdo del Tolima, M-19 (Enero 1989)

Acuerdos para iniciar procesos de paz con el EPL, PRT y Quintín Lame (Mayo-Junio 1990)

Pacto político, M-19 (Noviembre 1989)

Acuerdo político, M-19 (Marzo 1990)

César Gaviria Trujillo


Cravo Norte, CGSB (Mayo 1991)

Agenda de Caracas (Junio 1991)

Acuerdo final, PRT (Enero 1991); EPL (Febrero 1991); Quintín Lame (Mayo 1991)

Acuerdo final, Comandos Ernesto Rojas (Marzo 1992)

Acuerdo final, CRS (Abril 1994) y Frente Garnica (Junio 1994)

Acuerdo de Coexistencia, Milicias de Medellín (Mayo 1994)

Ernesto Samper Pizano

Acuerdo Humanitario de Remolinos del Caguán, FARC (Junio 1997)

Pre-acuerdo del Palacio de Viana (Madrid), ELN (Febrero 1998)

Acuerdo final, MIR-COAR (Julio 1998)

Andrés Pastrana Arango

Acuerdo Humanitario, ELN (Junio 2000)

Acuerdo Humanitario, ELN (Octubre 2000)

Acuerdo de Intercambio Humanitario, FARC (Junio 2001)

Agenda Común, FARC (Mayo 1999)

Acuerdo de Los Pozos”, FARC (Febrero 2001)

Condiciones para establecer una zona de encuentro con el ELN (Mayo 2001)

Informe Comisión de Personalidades (Septiembre 2001)

Acuerdo de San Francisco de la Sombra, FARC (Octubre 2001)

Acuerdo por Colombia, ELN (Noviembre 2001)

Acuerdo de cronograma para el futuro del proceso de paz, FARC (Enero 2002)


Alvaro Uribe Vélez


Acuerdo de Santa Fe de Ralito, Autodefensas Unidas de Colombia AUC (Julio 2003)

Acuerdo para involucrarse en las negociaciones con los paramilitares del Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca (Noviembre 2003)

Acuerdo de Santa Fe de Ralito, Autodefensas Unidas de Colombia AUC (Mayo 2004)


Juan Manuel Santos

Acuerdos Parciales de La Habana (Cuba), (2014)

Acuerdo “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral” (23-5-2013).

Acuerdo “Político de La Habana” (6-11-2013)

Acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (16-5-2014)
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (24-08-2016)

(Bajar pdf del Acuerdo Completo)

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Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto "Acuerdo de la Esperanza": Gobierno-FARC (12-11-2016)

(Bajar pdf del Acuerdo Completo Modificado: 12-11-2016)

Características de las Reformas hechas al Acuerdo Final
 
Acuerdo Final Gobierno-FARC: Fe de Erratas

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Foto AutorEsta página fue hecha por  Luis DALLANEGRA PEDRAZA

* Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).


e-Mail: luisdallanegra@gmail.com

© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, "¿Pax o Paz en América Latina?: Conflicto en Colombia",  Julio del 2008.
La reproducción total o parcial de este trabajo, en cualquier forma que sea, idéntica o modificada, escrita a máquina, por sistema “multigraph”, mimeógrafo, impreso, por fotocopia, fotoduplicación, en internet, etc., no autorizada por el autor o editor, viola derechos reservados. Cualquier utilización debe ser previamente solicitada, Ley 11.723.
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1Diario El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, Colombia. 3-1-1999. También el 5-1-1999.

2Diario El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, 7-1-1999.

3Opiniones de Alejo Vargas, Vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia y politólogo allegado a las conversaciones de paz, y de Alfredo Molano Bravo, Sociólogo, Diario El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, 6-1-1999.

4Negociaciones FARC-Gobierno, “Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia”, La Machaca, 6-5-1999.

5Editor Equipo Nizkor, Serpaj Europa, http://www.derechos.org/nizkor/, 15-3-2000.

6Violencia en Colombia: Auspicioso Final de las Conversaciones Entre el Gobierno y la Guerrilla, en Diario La Nación, Buenos Aires, 10-2-2001. También Diario Clarín, Buenos Aires, 10/2/2001.

7Dado en San Vicente del Caguán, a los 2 días del mes de junio del 2001. Por el gobierno nacional: Camilo Gómez Alzate. Por las FARC-EP: Jorge Briceño y Joaquín Gómez. Publicado por Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/, Serpaj Europa, 04-6-2001.

8www.reliefweb.int.

9Colombia: Acuerdo con los Paramilitares, en BBC Mundo en español, 14-5-2004, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3712000/3712705.stm.

10Amnistía Internacional Critica “Ley de Justicia y Paz”, en BBC Mundo en español, 27-4-2005 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4487000/4487231.stm.

11Denuncian el Carácter Paramilitar del Estado Colombiano, en Insurgente, España, 24-5-2005, http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=745.

12Colombia Aprueba Ley de Justicia y Paz, en BBC Mundo en español, 21/06/2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4117000/4117878.stm.

13Colombia: Campaña para Defender Ley, BBC Mundo en español, 24-6-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4125000/4125540.stm.

14Piden Investigar a Paramilitares, en BBC Mundo en español, 29-6-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4632000/4632323.stm. Ver también, Ley de Legalización Paramilitarismo, Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/, 29-6-2005. Asimismo, La Capitulación de Colombia, en The New York Times, Editorial, USA, 04Jul05, Traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/.

15Chirinos, Carlos, Colombia/EUA: ¿Se Apaga la Estrella?, en BBC Mundo en español, 18-7-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4692000/4692521.stm.

16Colombia: Otra Vez la Violencia, en Diario La Nación de Buenos Aires, 9-7-2007.

17Uribe Reactiva Mediación Internacional, en BBC Mundo en español, 20-1-2008, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7198000/7198733.stm.

18Liberan a Ingrid Betancourt, en BBC Mundo en español, 2-7-2008, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7486000/7486564.stm. También, Ingrid Betancourt: Reacciones, en BBC Mundo en español, 2-7-2008, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7486000/7486656.stm. Asimismo, Lissardy, Gerardo, Astrid Betancourt Habla con BBC Mundo, en BBC Mundo en español, 2-7-2008, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7486000/7486747.stm. Igualmente, 'Esto es una señal de paz', dijo Ingrid Betancourt sobre su rescate y el de otras 14 personas, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/esto-es-una-senal-de-paz-dijo-ngrid-betancourt-sobre-su-rescate-y-el-de-otras-14-personas_4357956-1. Además, Fue un Rescate 'Impecable', dice Ingrid Betancourt Sobre el Operativo en el que Recuperó la Libertad, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/fue-un-rescate-impecable-dice-ingrid-betancourt-sobre-el-operativo-en-el-que-recupero-la-libertad_4358305-1. También, Un Engaño a los Carceleros de las FARC Permitió Liberación de 15 Secuestrados, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/recursosrelacionados/un-engano-a-los-carceleros-de-las-farc-permitio-liberacion-de-15-secuestrados-_4358077-1. Igualmente, Ingrid Betancourt: la Política que se Convirtió en Símbolo de Secuestro, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/ingrid-betancourt-la-politica-que-se-convirtio-en-simbolo-de-secuestro_4358027-1. Asimismo, Este es el Perfil del Carcelero de las FARC, alias 'César', en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/este-es-el-perfil-del-carcelero-de-las-farc-alias-cesar_4358078-1.

19Gloria Gaitan: El Plan Patriota de Colombia Persigue Enfrentar al Ejercito Venezolano, en Argenpress, 5-5-2004, http://www.argenpress.info/nota.asp?num=010885.

20Ver El costo de la paz permitiría a Colombia pagar dos años de su deuda externa. El costo de la guerra es de ocho mil millones de u$s anuales, Diario El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, Colombia. 6-1-1999

21Ver Colombia: la negociación de paz ya genera controversias, Diario Clarín de Buenos Aires, 26-10-1999.

22Ver Uribe ofrece un diálogo a las FARC: Es para discutir la liberación de rehenes, en Diario La Nación, Buenos Aires, Jueves 28-7-2005. También, La vuelta al diálogo: Uribe acepta negociar con las FARC, en APM 27/07/2005, http://www.prensamercosur.com.ar/nota.php?id=768.

23Ver Rojas Rodríguez, Jorge, Construcción Política de la Paz en Colombia: Un desafío de la sociedad civil, en Accord, http://www.c-r.org/accord/col/a14spnsh/politicalpeace.shtml.

24Ver Bipartidismo y Opciones Políticas Alternativas, FARC-EP, 15-7-2005, http://www.farcep.org/asiescolombia/bipartidismo.php.

25Ver Jorge Rojas Rodríguez, Construcción Política de la Paz en Colombia: Un desafío de la sociedad civil, en Accord, http://www.c-r.org/accord/col/a14spnsh/politicalpeace.shtml.

26Ver 10 Puntos de las FARC Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional.

27Ver Violencia en Colombia: Auspicioso Final de las Conversaciones Entre el Gobierno y la Guerrilla, en Diario La Nación, Buenos Aires, 10-2-2001. También Diario Clarín, Buenos Aires, 10/2/2001.

28Ver Colombia: OEA mediará la paz, en BBC Mundo en español, 26-1-2004 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3428000/3428801.stm.

29Ver Vaneeckhaute, Hendrik, Conflicto armado y terrorismo en Colombia: Las falsas negociaciones de paz, en Rebelion.org, 6-7-2005, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=17373. Fuente: OACNUDH: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, marzo 2000, febrero 2003, febrero 2004, febrero 2005.

30Ver Spitaletta, Reinaldo, Colombia, un Estado Fracasado, en Rebelion.org, 6-7-2005, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=17432.

31Ver Suárez Montoya, Aurelio, El Capítulo Agrícola del TLC: Partida de Defunción al Agro, en Diario La Tarde, Pereira, 22-11-2005, http://www.moir.org.co/index.php?idcategoria=16625&ts=aa987f218af9c61e35de521dc43635e6.

32Ver Colombia: Emotivo Pedido de Perdón de un Líder Paramilitar, en Diario La Nación, Buenos Aires, 13-12-2004.

33Salazar, Hernando, “Claves del Proceso con los Paramilitares”, en BBC Mundo en español, 19-12-2006, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6191000/6191993.stm.

34Ver Martínez, Alejandro, Paramilitarismo, Crisis Política y Lucha Social, en Argenpress, 17-12-2005, http://www.argenpress.info/nota.asp?num=026489.

35Este tema ha sido tratado para el caso del ELN por Vargas Velásquez, Alejo, “Gobierno y ELN: Dos Miradas que no se Encuentran”. Alejo Vargas Velásquez, es profesor en la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Comisión Facilitadora Civil entre el Gobierno y el ELN.

36McDermott, Jeremy, corresponsal de la BBC en Medellín, “Colombia: Violencia Afecta a Menores”, en BBC Mundo en español, 12-12-2006, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6173000/6173983.stm.

37Castro, Jaime, Una Guerra de Muchos, en Diario El Tiempo, 3-5-2008, http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/domingoadomingo/04demayode2008/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4140071.html.