¿PAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Posición/Año

Gobierno de EUA

Sector Financiero de EUA

Gobierno de Colombia

Paramilitares

FARC

Otras fuerzas en Colombia (ELN)

Otros actores en Colombia

Fuerzas Armadas Colombia

Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades

Gobiernos Latinoamericanos

Unión Europea

2016

2-2-2016, Estados Unidos, que en 1997 designó al grupo como organización terrorista, acusa a las FARC de actividades de narcotráfico. Puede iniciar la revisión de la inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas si el grupo guerrillero “se desarma completamente” y el abandono de actividades ilegales. Una organización designada como terrorista por el Departamento de Estado debe abandonar la violencia y “dejar de ser hostil hacia los ciudadanos y los intereses estadounidenses” antes de poder evaluar su retiro del listado 1.

21-3-2016, El Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Cuba como parte de la Comisión del Gobierno estadounidense acompañando al Presidente Barack Obama. Kerry se reunió con las delegaciones de Paz del Gobierno y las FARC en La Habana para conocer los avances del proceso de Paz. El Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno, Humberto de La Calle, anunció que el Secretario de Estado de Estados Unidos le informó que Estados Unidos está dispuesto a garantizar la seguridad de los guerrilleros después de que dejen las armas. “Fue un encuentro productivo, examinamos la marcha de las conversaciones y hablamos de los acuerdos ya logrados y los temas que faltan. También de la ayuda de EUA en relación con la seguridad de las personas que dejen las armas, lo que considerábamos un tema crítico” 2.

3-7-2016, El enviado especial de Estados Unidos para el proceso de Paz en Colombia, Bernie Aronson, confirmó que fue invitado por el Presidente Juan Manuel Santos y autorizado por su Gobierno para participar en los eventuales diálogos con el ELN. “Hay potencialmente negociaciones con el ELN y el Presidente Santos me ha pedido que esté involucrado, y lo estaré, al menos inicialmente”. El delegado estadounidense participa en el proceso de negociación que Santos sostiene con las FARC en La Habana. Aronson indicó que continuará colaborando en varias tareas del proceso de Paz que se desarrolla con las FARC que incluyen la implementación de los Acuerdos, incluido el esfuerzo de desminado y la desmovilización de los niños armados. Se mostró convencido de que “la guerra (con las FARC) se acabó, y que lo que se acordó es irreversible, asumiendo que sea aprobado por los colombianos en el plebiscito”. Se mostró optimista respecto a que los colombianos aprueben mayoritariamente los Acuerdos firmados en La Habana para que el proceso “se convierta en una oportunidad y una responsabilidad de los ciudadanos” 3.


3-1-2016, El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que se ha adelantado en un buen porcentaje la construcción de una Agenda. El Gobierno Nacional destacó los significativos avances en los diálogos exploratorios con el ELN, que se se llevan a cabo desde enero del 2014 en Ecuador, con el fin de iniciar un proceso de Paz similar al que mantiene el Ejecutivo con las FARC desde hace más de tres años en La Habana. “Se ha avanzado mucho en la etapa exploratoria con el ELN en la construcción de una Agenda”. Espera que en el 2016, se tomen decisiones concretas y se instale una mesa formal de negociaciones. “Esperamos tener buenas noticias comenzando el año con la iniciación de una etapa formal de las negociaciones”. No habrá Paz completa si este grupo armado no deja las armas 4.

8-1-2016, El Gobierno de Colombia difundió una carta que le envió a Human Rights Watch (HRW), en la que responde a una serie de críticas que la organización internacional planteó acerca del Acuerdo de Víctimas firmado con las FARC, difundido el 15-12-2015. La misiva firmada por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. señala al inicio: “Respetamos y valoramos sus opiniones, pero nos vemos en la obligación de hacer algunas precisiones. Se trata de asegurar (...) que se satisfagan de la mejor manera los derechos de las Víctimas, y que se den garantías de seguridad jurídica a todos los que se acojan a los diferentes mecanismos y medidas del Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición). Las anteriores experiencias de procesos de justicia transicional en Colombia y las experiencias internacionales han demostrado que resulta imposible satisfacer los distintos derechos de todas las Víctimas sólo a través de procesos penales, o sólo a través de procesos extrajudiciales”. Un informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2004, señala: “Tras los conflictos es necesario equilibrar múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la Verdad y la Reparación, la preservación de la Paz y la construcción de la democracia y el Estado de Derecho. En el contexto de una negociación que busca poner fin a una guerra, el Derecho Internacional permite sanciones alternativas y reducidas, sobre todo en combinación con medidas integrales de verdad y reparación y garantías de no repetición. En ese sentido, sigue la línea marcada por el Presidente Juan Manuel Santos, quien ha admitido en más de una ocasión que considera que es necesario sacrificar un poco de justicia con tal de conseguir la Paz” 5.

19-1-2016, Se elevó al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitud para activar un mecanismo tripartito (ONU-Gobierno de Colombia-FARC) de monitoreo y verificación. Una misión política especial compuesta por observadores internacionales no armados, presidirá y coordinará el mecanismo tripartito en todas sus instancias. Junto al comunicado difundido por las partes, se remiten a Naciones Unidas documentos de sugerencia sobre las características y alcances de la misión, a la luz de lo acordado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Su respuesta positiva constituirá un gran apoyo al proceso. El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, tal como se ha convenido, reportará el cumplimiento del mandato y el fin de la misión al Consejo de Seguridad, e informará a los países de la CELAC con observadores, a través de su Presidente pro-témpore. El ex-Director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza señaló: “La Paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. No la Paz del silencio, de los hombres y mujeres silenciosos, silenciados. La Paz de la libertad –y por lo tanto de leyes justas–, de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los ciudadanos cuentan, conviven, comparten” 6.

19-1-2016, El Gobierno Nacional y las FARC reiteran su compromiso con las negociaciones para lograr un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final), incluido un Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Asimismo, reiteran su compromiso con la implementación de todos los acuerdos contenidos en el Acuerdo Final y la puesta en marcha de mecanismos eficaces de monitoreo y verificación, con acompañamiento internacional, que garanticen el pleno cumplimiento de los compromisos adquiridos. Hemos decidido crear un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del Acuerdo sobre el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, que genere confianza y de garantías para su cumplimiento, conformado por el Gobierno de Colombia, por las FARC-EP y por un componente internacional, quien preside y coordina el mecanismo en todas sus instancias, dirime controversias, realiza recomendaciones y presenta informes, y que iniciará sus labores una vez se haya llegado a ese Acuerdo. Respecto a la dejación de las armas el mismo componente internacional la verificará en los términos y con las debidas garantías que se establecerán en los protocolos del Acuerdo. Hemos acordado que ese componente internacional será una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la CELAC. Con ese propósito, hemos decidido solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación desde ya de esa misión política con observadores no armados por un período de doce meses, prorrogables a petición del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y así como a los países miembros de la CELAC, su disponibilidad para contribuir en dicha misión que será conformada por Naciones Unidas. Asimismo, solicitan que la Misión inicie los preparativos necesarios, en estrecha coordinación y colaboración con el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para su despliegue. Los observadores internacionales gozarán de plenas garantías de seguridad. Agradecemos a las Naciones Unidas y a la CELAC la disposición para apoyar a Colombia en la búsqueda de la Paz 7.

22-1-2016, Comunicado Conjunto #66: 1. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP reiteramos ante la opinión pública nacional e internacional nuestra voluntad y compromiso de concluir estas conversaciones, para lo cual hemos tomado unas decisiones que facilitan la creación de un escenario de cierre. 2. En primer lugar, acordamos conformar una Comisión Ejecutiva integrada por plenipotenciarios de las delegaciones, a la cual podrán sumarse, además de los responsables de cada tema, los asesores que cada parte decida, con el fin de facilitar las aproximaciones en el nivel estratégico, tomar las decisiones a las que haya lugar para agilizar la redacción de acuerdos y supervisar el trabajo de las delegaciones. 3. En segundo lugar, acordamos establecer un plan de trabajo con un cronograma que incluya tanto los temas restantes como los pendientes de los acuerdos ya logrados, para que la Comisión Ejecutiva pueda organizar de una manera más eficaz todo el trabajo restante, supervisar su desarrollo y tomar las decisiones necesarias, incluida la creación de nuevas comisiones de trabajo para abordar los temas pendientes. 4. En tercer lugar, solicitamos a los responsables de las subcomisiones que vienen trabajando intensamente por más de un semestre en temas del Punto 3 “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General, que entreguen a la Comisión Ejecutiva las conclusiones de su trabajo a más tardar el sábado 23 de enero. 5. También solicitamos a la subcomisión de género que concluya a la mayor brevedad el trabajo que viene haciendo de revisión con enfoque de género de los acuerdos sobre los puntos 1, 2 y 4 de la Agenda del Acuerdo General. 6. Las anteriores decisiones suponen que las delegaciones trabajarán en adelante de manera continua, extendiendo los tiempos de permanencia de la delegación del Gobierno en La Habana, y que los días de reunión se podrán planificar de una manera que facilite el intercambio de propuestas concretas sobre los temas restantes, que están todos interrelacionados. Por ejemplo, las delegaciones podrán trabajar varios días por separado y reunir la Comisión Ejecutiva cada vez que sea necesario en el Palacio de Convenciones o en otro lugar. 7. Los países garantes y acompañantes serán informados periódicamente de los trabajos realizados por la Comisión Ejecutiva y las comisiones de trabajo. 8. Acordamos solicitar a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, que organicen y coordinen todo lo necesario para realizar a la mayor brevedad un último foro, en esta ocasión sobre los Puntos 3 “Fin del Conflicto” y 6 “Implementación, Verificación y Refrendación” de la Agenda del Acuerdo General. 9. Se diseñará de manera conjunta una estrategia de comunicación y pedagogía dirigida hacia la sociedad colombiana para difundir los contenidos de los acuerdos hasta ahora alcanzados. 10. Esperamos que estas primeras decisiones del año nos permitan concluir, sobre la base de los avances alcanzados gracias al acuerdo “Agilizar en la Habana y desescalar en Colombia” del 12 de julio del año pasado, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 8.

30-1-2016, El Jefe negociador del Gobierno en los diálogos de Paz con las FARC Humberto de Calle, indicó que el Gobierno está trabajando en un mecanismo de seguridad “de doble vía” para evitar que los grupos paramilitares vuelvan a las regiones del país 9.

1-2-2016, El Presidente Juan Manuel Santos, señaló que no es cierto que el ELN esté listo para iniciar formalmente los diálogos de Paz, al considerar que aún hacen falta varias reuniones para concretar asuntos operativos para la fase pública. “Ellos saben que eso no es cierto, nosotros estamos pidiéndoles desde hace ya algún tiempo que se facilite una serie de reuniones que tenemos todavía por delante, para pasar de la fase confidencial a la fase pública. Estamos a la espera de concretar esas fechas por parte de ellos”. El Jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, hizo un llamado al ELN para que se integre a los diálogos de Paz y agregó que “las condiciones están prácticamente dadas”. La terminación del conflicto no solo debe ocurrir con las FARC, sino con la guerrilla del ELN. “Hacer un llamado al ELN para que se integre a las conversaciones. Queremos un fin del conflicto global en Colombia. Necesitamos integrar al ELN y ese es el deseo de todos, el gobierno está haciendo lo que le corresponde. Las condiciones están prácticamente dadas” 10.

1-2-2016, El Presidente Juan Manuel Santos, ratificó que combatir el crimen organizado es una prioridad para el Gobierno Nacional e impartió instrucciones a la fuerza pública para arreciar la ofensiva contra este tipo de organizaciones delictivas. Señaló que tras la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla, las fuerzas militares tendrán que tomar posesión de las zonas que históricamente han estado bajo el dominio de las FARC, para recuperar la presencia del Estado y controlar cualquier intento de la delincuencia por tomar control de esas zonas. “Cuando venga la Paz, cuando las FARC dejen estas zonas donde están protegiendo esas actividades delincuenciales, minería ilegal o narcotráfico, tenemos que copar inmediatamente ese espacio. Combatir (…) el crimen organizado es una prioridad. Hemos ratificado una prioridad que para este Gobierno es cada vez más importante, y es la lucha frontal contra el crimen organizado (…) Este gobierno ha tenido el crimen organizado como una de sus prioridades”. El Gobierno Nacional va a “focalizar con mucha más eficacia todas las energías de la Fuerza Pública en contra del crimen organizado. Vamos a crear grupos especiales, fuerzas especiales, operaciones conjuntas, inteligencia conjunta. Ahora que estamos ad portas de firmar la Paz, tenemos que utilizar todas nuestras energías, que hemos concentrado en la guerra, en contra de las diferentes manifestaciones de delincuencia, y en contra del crimen organizado. Como le ganamos la guerra a los grandes carteles, como le hemos ganado la guerra a los grupos armados ilegales, a la guerrilla, vamos a ganarle la guerra al crimen organizado 11.

15-2-2016, El Presidente Juan Manuel Santos reiteró que no habrá amnistía para los crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de guerra y genocidio y en general, las graves violaciones de los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. “Aquí no habrá impunidad, como muchos han sugerido con el claro objetivo de desinformar. Eso nunca había pasado en ningún proceso de paz. Y no se trata de sanciones meramente simbólicas. No”. Se aplicará una justicia punitiva y, a la vez, una justicia restaurativa y reparadora, “para los miembros de las Farc que reconozcan que participaron en los crímenes más graves y representativos estarán sujetos a sanciones, impuestas por el Tribunal de Paz, con una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas”. Ese tratamiento especial se aplica siempre y cuando reconozcan públicamente su responsabilidad en tales crímenes, ofrecer Verdad detallada sobre los delitos cometidos, y participar en las medidas de Reparación y No Repetición, incluyendo el compromiso de no volver a delinquir. “Si no reconoce toda la verdad y responsabilidad en todos los delitos en que participó, la sanción puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión. ¡Así de claro!”. Esta es “la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados con grupos insurgentes que no se otorga una amnistía general, sino que los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad deberán ser investigados, juzgados y sancionados”. Las “sanciones serán impuestas por un tribunal independiente e imparcial integrado por magistrados de las más altas calidades; su ejecución practica estará sujeta a un régimen de seguridad y vigilancia, y habrá monitoreo continuo de órganos nacionales o internacionales. Ya está establecido –ojo – que no serán sugeridos y mucho menos nombrados por ninguna de la partes, sino que su designación será hecha por terceros que tengan un gran reconocimiento y legitimidad nacional e internacional”. Dicho tribunal será informado periódicamente sobre el cumplimiento de las sanciones que se considerarán cumplidas cuando el mismo tribunal “certifique que su sentencia fue ejecutada de manera seria y rigurosa” 12.

25-2-2016, El Jefe de Estado señaló en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes que aunque exista descontento ante la posibilidad de que las FARC se consoliden en un partido político, no les quedará fácil llegar al poder porque sus ideas son ‘mamertas' y obsoletas. “Tienen que modernizarse, mantienen aún un esquema muy atrasado, perdóneme la palabra muy 'mamerto' de la política y por eso no creo que vayan a tener una gran acogida. Les va a quedar muy difícil llegar al poder, por lo que les decía. Sus ideas no son modernas y son obsoletas (…) darles beneficios jurídico a unas personas que han cometieron semejantes atrocidades no nos gusta, incluso permitirles llegar al Congreso tampoco nos gusta” pero es un sacrificio por la Paz. “Ustedes son profesores de los Andes, eso no es cualquier profesión, eso es algo que da una gran credibilidad y legitimidad. Yo por eso me colé a esta reunión porque no hay una audiencia más legitimadora que ustedes”. Santos llamó a los docentes para que hagan pedagogía por la Paz y recalcó que ésta no es del Gobierno sino de todos los colombianos. “Ojalá ustedes, si están convencidos por supuesto, pueden no estarlo, pero si están convencidos de que este es el camino correcto, ayuden con sus alumnos y con todas las personas con las cuales ustedes tienen contacto, a hacer un poco de pedagogía sobre el beneficio para el país. Lo importante que es tener paz aquí. Si algo necesitamos en el posconflicto, es tener buen material y buenas ideas, y unas ideas prácticas que realmente nos permitan implementar de la mejor forma posible esos acuerdos” 13.

29-2-2016, El Presidente Juan Manuel Santos dijo que “la Jurisdicción Especial de Paz no reemplaza nuestras instituciones de justicia ni nuestro Poder Legislativo, como se quiso decir”, sino que “los complementa y fortalece para esta situación especial y única de lograr la terminación de un conflicto armado”. Dicha Jurisdicción “fue el producto de un trabajo serio y dedicado a lo largo de 5 meses. No va a tener facultades supra-constitucionales, ni sus decisiones serán inapelables”. Los sofistas utilizan un recurso que “que se llama la Falacia del Espantapájaros, que consiste en tergiversar una realidad y convertirla en un muñeco de paja para asustar”. La justicia transicional fue creada para poder resolver un conflicto como el colombiano, “donde los grupos insurgentes no reconocen precisamente, la justicia del Estado contra el cual se alzaron en armas. Por eso hay que crearla”, agregó y señaló que “las partes se pusieron de acuerdo en la creación de una Jurisdicción Especial, con un Tribunal con capacidad para investigar, juzgar y sancionar, bajo las leyes colombianas. La alternativa sería un tribunal impuesto desde afuera –por la ONU, por ejemplo–, como ocurrió en Yugoslavia o en Ruanda. El Tribunal de Paz no estará por encima de las Altas Cortes; ni mucho menos de los compromisos del país en materia de Derechos Humanos y DIH, que respeta en su totalidad”. La justicia transicional fue diseñada “en total concordancia con el Estatuto de Roma” 14.

3-3-2016, Luego de que se estableciera un nuevo protocolo para que la guerrilla lleve a cabo las labores de pedagogía de Paz en su sus filas, se dio vía libre para que los negociadores de las FARC viajen a los campamentos guerrilleros ubicados en el departamento del Cauca. De acuerdo con los protocolos, firmados por las partes no se permiten eventos con la población civil ni presencia de medios de comunicación. Por razones de seguridad no serán revelados los sitios ni fechas en las que se realizara esta jornada 15.

31-3-2016, El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en adelante “las Delegaciones”, como resultado de los diálogos exploratorios y confidenciales, y dada su disposición manifiesta de Paz, han convenido instalar una mesa pública de conversaciones, para abordar los puntos que se establecen en la Agenda, con el fin de subscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en Paz y equidad. Los diálogos exploratorios se llevaron a cabo entre enero de 2014 y marzo de 2016 en la República de Ecuador, la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, cuyos gobiernos actuaron como garantes junto con el Gobierno de Noruega; durante esta fase oficiaron como acompañantes los gobiernos de la República de Cuba y la República de Chile. A todos ellos el Gobierno Nacional y el ELN expresan especial reconocimiento y gratitud. Es esencial la continuidad del acompañamiento de la comunidad internacional. 31-3-2016, El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en adelante “las Delegaciones”, como resultado de los diálogos exploratorios y confidenciales, y dada su disposición manifiesta de Paz, han convenido instalar una mesa pública de conversaciones, para abordar los puntos que se establecen en la Agenda, con el fin de subscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en Paz y equidad. Los diálogos exploratorios se llevaron a cabo entre enero de 2014 y marzo de 2016 en la República de Ecuador, la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, cuyos gobiernos actuaron como garantes junto con el Gobierno de Noruega; durante esta fase oficiaron como acompañantes los gobiernos de la República de Cuba y la República de Chile. A todos ellos el Gobierno Nacional y el ELN expresan especial reconocimiento y gratitud. Es esencial la continuidad del acompañamiento de la comunidad internacional. Reconociendo que la Paz es un bien supremo de toda democracia, y con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la política; ubicando en el centro el tratamiento a la situación de las Víctimas; y avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la Paz estable y duradera. Las Delegaciones hemos acordado: 1) Instalar una mesa de conversaciones públicas en Ecuador 2) Las sesiones de la Mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, y Cuba. Estos países junto con Noruega serán los garantes. 3) Adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas entre las Delegaciones del Gobierno y el ELN. 4) Ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la Agenda. 5) desarrollar la siguiente Agenda: I. Agenda 1. Participación de la sociedad en la construcción de la Paz La participación de la sociedad será: A) en función de iniciativas y propuestas, que hagan viable la Paz, en el curso y contexto de este proceso. b) Sobre los temas de la Agenda. c) Un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de Paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones. 2. Democracia para la Paz La democracia para la Paz es el propósito de este Punto del Acuerdo: a) Realizar un debate que permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que afectan su realidad, y que pueda canalizarse en elementos constructivos para la sociedad. b) Tratamiento de los conflictos hacia la construcción de la Paz. c) Revisión del marco normativo y garantías para la manifestación pública. Tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social. d) Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía. 3. Transformaciones para la Paz Acordar transformaciones para la Paz es el propósito de este Punto, teniendo en cuenta: a) Las propuestas transformadoras elaboradas por la sociedad, sustentadas en los resultados del Punto 2 de esta Agenda (“Democracia para la Paz”). b) Programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción, y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad. c) Planes alternativos integrales con enfoque territorial, que constituyan opciones económicas y productivas que beneficien a las comunidades. 4. Víctimas En la construcción de una Paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a las Víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación. 5. Fin del Conflicto Armado El objetivo de este Punto es ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia en la política y propiciar el transito del ELN a la política legal. Para lo cual se abordarán los siguientes Puntos: a) Definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes. b) Condiciones y garantías de seguridad para el ELN. c) Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN. d) Tratar la privación de libertad de los miembros del ELN procesados o condenados. e) Esclarecer el fenómeno del paramilitarismo para que no se repita. f) Dinámicas y acciones humanitarias. g) Cese el fuego y hostilidades bilateral para la terminación del conflicto armado. h) En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado. El Gobierno hará los ajustes institucionales y procedimentales requeridos para dar debido cumplimiento a los Acuerdos a que se llegue en este Punto. 6. Implementación La implementación está dirigida a ejecutar los acuerdos pactados en esta Agenda, para materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la Paz, teniendo en cuenta lo siguiente: a) La fase de implementación de los acuerdos estará definida por un Plan General de Ejecución, que fundamentalmente se construirá con los planes específicos de cada Punto de la Agenda. Dicho Plan se elaborará en este Punto y contará con un cronograma. b) El Plan General de Ejecución de acuerdos incluirá mecanismos de control, seguimiento y verificación, que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno y el ELN. c) El Plan General de Ejecución de acuerdos contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica y diplomática. d) Acuerdo sobre refrendación que consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro. e) A la firma del acuerdo final se dará inicio al Plan General de Ejecución de acuerdos. II. Fase Pública 1. Información objetiva al país sobre el curso del debate y los avances de la mesa: a) La sociedad requiere información objetiva y equilibrada sobre los diálogos y el proceso de Paz; para tal efecto se propiciará, entre otras, la comunicación participativa. b) Declaraciones conjuntas a fin de cada ciclo y cuando las Delegaciones consideren conveniente. c) Declaraciones de cada Delegación cuando lo considere conveniente, preservando la confidencialidad en los temas que de manera conjunta se acuerden. d) La mesa tendrá sus propios instrumentos de comunicación, como comunicados conjuntos, boletines, página web y los que se acuerden en el transcurso de la fase pública. 2. La Pedagogía para la Paz se sustenta en: a) La participación de la sociedad. b) La incidencia de la mesa en la transformación del conflicto armado. c) Crear ambiente favorable para la Paz. d) Comunicar esta pedagogía como elemento en la construcción de una cultura de Paz. e) Los diálogos de Paz se desarrollarán en un ambiente de trato respetuoso. 3. Funcionamiento de la Mesa a) Cada Delegación estará integrada hasta por 30 representantes. En las sesiones de la mesa participarán hasta 10 personas por Delegación, 5 principales y 5 suplentes. b) Las conversaciones en la fase pública se desarrollarán de acuerdo con el orden de la Agenda establecida. Cualquier cambio se hará de mutuo acuerdo. c) Una vez hecho público este proceso, se establecerán mecanismos con la mesa de La Habana para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía. d) Las Delegaciones acordarán un reglamento de funcionamiento de la mesa para la fase pública. e) En cada sesión de trabajo se establecerá el tiempo de duración de la siguiente. La duración de las reuniones, los recesos entre las mismas y las consultas se definirán de acuerdo con el avance y las necesidades de trabajo conjunto o por delegación. Se priorizará el tiempo de trabajo conjunto para desarrollar la Agenda. f) Cada Delegación tendrá los asesores que considere necesarios para el desarrollo del proceso. De igual manera la mesa. g) Para el tratamiento de las propuestas recibidas sobre los Puntos de esta Agenda se le dará especial relevancia a las recomendaciones de la sociedad. Las Delegaciones definirán la metodología de trabajo y las formas en que estas iniciativas se considerarán, así como los mecanismos y formas de participación de la sociedad. h) Se acordaran mecanismos de seguridad para los miembros de las delegaciones, durante su permanencia en la sesiones de trabajo y en los desplazamientos. 4. Financiación El Gobierno colombiano dispondrá de los recursos para el funcionamiento de su Delegación. Los gastos relacionados con el ELN (Delegación, asesores y actividades a desarrollar dentro del curso del proceso) se financiarán a través de un fondo con recursos de cooperación internacional, que se establecerá con ese propósito, y para lo cual se conformará un grupo de países para el apoyo y cooperación 16.

7-4-2016, El Jefe negociador del Gobierno en el proceso de Paz aclaró en un comunicado que en relación con los “Panama Papers”, en la actualidad no tiene “ninguna relación con sociedades panameñas”. Humberto de la Calle señaló que dadas las recientes noticias sobre los “vínculos de colombianos con sociedades panameñas” quiso hacer unas aclaraciones. Aceptó que en el pasado constituyó una sociedad familiar llamada Davinia, que tenía como fin servir de tenedora de su patrimonio familiar. La estableció por razones de seguridad y de confidencialidad y que al momento de hacerlo la registró ante el Banco de la República, a principios del 2009. La sociedad también fue declarada anualmente ante la Superintendencia de Sociedades y la autoridad tributaria. Davinia “no tuvo cuentas bancarias, ni generó ingresos de ninguna índole, ni hizo préstamos, ni realizó operaciones lucrativas”. Los impuestos relacionados con ese patrimonio “fueron pagados en su totalidad y de forma oportuna”. La sociedad no existe en la actualidad y su patrimonio fue incorporado a una colombiana que pertenece a su núcleo familiar y está legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. Indicó que si bien apoya el trabajo periodístico dirigido a hacer pública toda la información que arrojó la investigación, considera que se ha “creado una situación injusta que viola los derechos de algunas personas reportadas” porque se han “puesto en el mismo costal delincuentes con personas honradas que solo buscaron proteger la discreción de sus bienes”. En cualquier caso, toda la información relacionada está disponible para las autoridades competentes si lo consideran pertinente. Según la organización Connectas, en los ‘Papeles de Panamá‘ aparecen 850 colombianos 17.

4-5-2016, El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas reiteró que el Gobierno no va a debilitar a las fuerzas armadas una vez se firme la Paz con las guerrillas. “Va a ser mucho más difícil negociar con el ELN que con las FARC”. El ego de ese grupo insurgente dejará muy poco espacio para el diálogo, “ellos se creen más listos que nadie en Colombia”. El titular de Defensa durante la 46ta Conferencia de las Américas, que se celebra anualmente en el Departamento de Estado de EUA, con el apoyo del Council of the Americas, en Washington dijo: “El ELN es más radical (que las FARC), tiene un comando menos unificado, se creen que son más listos que nadie en Colombia y que la Unión Soviética no se hubiera caído si ellos hubieran estado allí”. Es tiempo de que el ELN entienda que “la lucha armada se ha acabado en América. Este continente no tiene más espacio para la lucha armada”. El Gobierno evitará el “error” de “debilitar” las fuerzas armadas una vez firmada la Paz con las guerrillas. El trabajo que desempeñarán en la etapa de post-Acuerdo será clave para la consolidación de la Paz. “Tenemos que aprender de la historia (...). Una vez que en Centroamérica se firmaron los Acuerdos de Paz, se pensó: ¿por qué deberíamos tener un Ejército, por qué una Policía? Y se decidió debilitar esas instituciones con el apoyo de la ONU. Eso fue un error, y no puede pasar en Colombia. Una vez que firmemos, tenemos que tener las Fuerzas Armadas más poderosas de nuestra historia. Si no, no tendremos paz” 18.

8-5-2016, Tras el desplazamiento de las tropas de las FARC hacia las zonas de campamentos y la puesta en marcha de la verificación, comenzaría el cese bilateral y definitivo del fuego. Faltaría por acordar los pasos de la implementación. Mientras el país discute sobre el blindaje jurídico de los Acuerdos de Paz con las FARC, las negociaciones en La Habana caminan hacia un pronto Acuerdo sobre el punto del fin del conflicto. Sobre el cese bilateral y definitivo del fuego, el cronograma de dejación de armas y las medidas que tomará el Gobierno para garantizar la seguridad de los guerrilleros. Como se trata, en los hechos, del pacto que marca el fin de la guerra, lo que les quedaría a las partes por negociar es el sexto y último Punto de la Agenda: implementación, verificación y refrendación de los Acuerdos, en el que entra el mecanismo para blindar jurídicamente todo lo convenido en La Habana. El Gobierno y las FARC han estado trabajando para que la Paz definitiva se firme a finales de junio en una ceremonia especial en la capital cubana, en la que volverían a encontrarse el Presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, “Timochenko”. Solo un tropiezo, “como el intento de querer validar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz”, podría alterar los tiempos previstos en La Habana. La Mesa de Paz ha estado centrada en la definición del número de zonas con campamentos de las FARC y las condiciones de movilidad de los guerrilleros. Está previsto que, una vez anunciado el Acuerdo sobre el cese bilateral y definitivo del fuego y la dejación de armas, se abra un espacio para que los jefes de las FARC expongan ante sus tropas el Pacto con el que se termina la guerra. Ante los combatientes, los Comandantes “deben ratificar el fin de la rebelión y de la lucha armada para convertirse en partido político”. Se estará cumpliendo, así, un hecho de gran significado para las FARC: la renuncia a los fusiles y a su uniforme de combate tras 52 años de guerra. También para Colombia este será un hito histórico. La notificación de los Jefes guerrilleros a sus tropas de que abandonarán las armas marcará el inicio de una nueva era: la de un país sin FARC, algo que las últimas generaciones nunca han conocido. Esto, a juzgar por las encuestas, no ha sido valorado por los colombianos en toda su dimensión. El último sondeo de Gallup -hecho en las cinco principales ciudades del país- indica que el 66 por ciento de los entrevistados no cree que el proceso de Paz vaya por buen camino. Paradójicamente, América Latina, Europa y Estados Unidos han asumido el fin del conflicto con las FARC como uno de los hechos más importantes de este año en el mundo. En Luxemburgo, los Cancilleres de la Unión Europea se comprometieron con el fondo para financiar la implementación de los Acuerdos y dieron su respaldo político a la Paz colombiana. Una vez que los Jefes de las FARC hayan explicado a sus tropas el Acuerdo del fin del conflicto, lo que podría tomarse unos 15 días, definirán con el Gobierno los detalles del último Punto de la Agenda: implementación, verificación y refrendación, y se alistarán para el acto final del proceso de Paz. Según lo que se ha discutido en La Habana, el cese bilateral y definitivo del fuego podría ponerse en marcha incluso antes de la firma de la Paz. Para esto, debe haberse cumplido el desplazamiento de las tropas guerrilleras a los lugares donde estarán las zonas de campamentos y deberá estar lista la verificación coordinada por la ONU. El Gobierno tendrá que comenzar a preparar la excarcelación de los guerrilleros presos, que las FARC estiman entre 1.500 y 2.000. El paso que marca la transformación de un guerrillero de las FARC en un civil, dada por la entrega de su arma, podría comenzar antes del plazo pactado por el Gobierno y el grupo insurgente cuando anunciaron el Acuerdo sobre Justicia, el 23-9-2015. Ese día informaron que la dejación de armas arrancaría 60 días después de la firma de la Paz, pero el mismo grupo guerrillero ha dicho que no necesita tanto tiempo para comenzar ese proceso. El desarme concluiría entre seis y siete meses después de que se firme la Paz. Para las FARC es crucial culminar el desarme antes de que termine su mandato, en enero, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien consideran un apoyo clave para la Paz. Esperan que la dejación de las armas desemboque en su exclusión de la lista de grupos terroristas de ese país. Resuelto el punto del fin del conflicto, lo que sigue es que el Gobierno y las FARC definan el mecanismo para blindar jurídicamente los Acuerdos, de tal manera que ni otro Gobierno ni el Congreso ni la misma Corte Constitucional los puedan revocar en el futuro. Ya el ex-Fiscal General Eduardo Montealegre se adelantó con una demanda ante ese tribunal para que lo pactado en La Habana tenga categoría de Acuerdo Especial, una figura del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que permite a las partes de un conflicto hacer tratados de Paz. Como el DIH tiene nivel constitucional, el Acuerdo Especial lo tendría. El Gobierno fue explícito en que también está interesado en blindar los Acuerdos y en que no le ha cerrado la puerta a ninguna propuesta, pero dijo que la decisión sobre cómo hacerlo deben tomarla las partes. Hizo un llamado a la Corte Constitucional para que no falle la demanda de Montealegre hasta que no haya Acuerdo definitivo de Paz, pues considera que un fallo judicial previo puede alterar decisiones sobre el Pacto final. Iván Márquez ratificó que para las FARC el Acuerdo Especial es “el camino más corto” para asegurar jurídicamente los Acuerdos. Independientemente de la decisión que tome la Corte y de la herramienta que se acuerde en la mesa, el asesor de las FARC Enrique Santiago cree que los Pactos de Paz deben quedar doblemente asegurados, “en el Derecho Internacional y en el interno”. Según Santiago, para blindarlos internacionalmente, “una vía fácil, rápida y adecuada es la incorporación del Acuerdo final a una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, tal como ocurrió en el 2015 con el Pacto de Paz entre el Gobierno y la guerrilla en Mali. La solicitud para la incorporación del Acuerdo final de Paz a una Resolución del Consejo de Seguridad debe hacerla el Gobierno. Si la Corte falla en contra de la demanda de Montealegre, desde el punto de vista de Santiago, el blindaje interno tendría que hacerse “mediante un Ley ordinaria que le dé la categoría de tratado de Paz al Acuerdo final”. Luego, debería incorporarse a la Constitución como un artículo transitorio, mediante un acto legislativo. Esto obligaría a un trámite adicional en el futuro para darle rango constitucional permanente 19.

13-5-2016, El Presidente Juan Manuel Santos, dijo al ELN que el secuestro “no es aceptado en ningún tipo de guerra”, en respuesta a la negativa de esa guerrilla a liberar a los civiles que tiene en su poder como condición para abrir oficialmente un proceso de Paz. Santos reconoció que ha pedido que esas negociaciones se desarrollen en medio del conflicto, como ocurre en los diálogos con las FARC, pero advirtió que ello no implica que el secuestro por parte del ELN pueda mantenerse. “Las guerras tienen sus reglas. Hay cosas que se aceptan y cosas que no se aceptan. Para eso se creó el Derecho Internacional Humanitario y dentro de esas reglas, está clarísimamente estipulado que el secuestro no forma parte de las reglas, el secuestro no es aceptado en ninguna circunstancia, en ningún tipo de guerra, y por eso esa comparación o esa acusación que me hace el ELN no tiene ningún fundamento” 20.

15-5-2016, Las Delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos llegado a un “Acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención”. En el marco del fin del conflicto, la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (en adelante menores de edad) vinculados al conflicto armado es un propósito compartido por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Como una medida de construcción de confianza y con el fin de dar unos primeros pasos que contribuyan a la salida progresiva de los menores de edad de los campamentos de las FARC-EP, y a garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales así como sus derechos civiles y ciudadanos, el Gobierno Nacional y las FARC–EP, hemos logrado un acuerdo sobre la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y un compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención, conforme a lo siguiente: Principios orientadores que serán de aplicación a los menores de edad objeto de este acuerdo. Interés superior del niño, niña y adolescente. Reconocimiento de derechos. Reconocimiento de los derechos ciudadanos a los menores de edad y su derecho a participar en las decisiones que los afectan. Reconocimiento de su condición de víctima del conflicto. Respeto a la dignidad y privacidad de los menores de edad. Garantías para la protección integral de los menores de edad, incluidas las garantías de seguridad. Participación de los menores de edad en la ejecución del programa diseñado para su atención y respeto a su punto de vista. Priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta los principios a y c. Enfoque diferencial, de género, étnico y etario, con especial atención a los derechos de las niñas. Carácter humanitario de las medidas de construcción de confianza: Las medidas y programas aquí contenidos tendrán un carácter estrictamente humanitario. Tratamiento Legal: Los menores de 14 años en ningún caso pueden ser declarados penalmente responsables. A los menores de edad de 14 a 18 años que salgan de los campamentos de las FARC-EP en cumplimiento de estas medidas de construcción de confianza se les aplicará el beneficio del indulto por la rebelión y delitos conexos cuando no haya impedimento en las leyes colombianas. Respecto a los menores de edad que estuvieren procesados o condenados por la comisión de delitos no amnistiables o indultables, en una fase posterior se estudiará su situación. Tras la firma del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional se compromete a tramitar las medidas necesarias para que todos los menores de edad que hayan salido o vayan a salir de los campamentos de las FARC-EP y que se encuentren procesados o condenados por delitos no amnistiables o indultables, queden a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz para examinar sus responsabilidades. Cualquier actuación ante las autoridades judiciales se realizará por intermedio de abogados de confianza y evitando la intervención directa de los menores de edad de que tratan estas medidas. Las FARC-EP se comprometen a implementar completa y efectivamente las siguientes medidas: Continuar cumpliendo su decisión de poner fin al reclutamiento de menores de 18 años. Entregar la información disponible sobre los menores de 15 años que saldrán próximamente de los campamentos, en el marco de las medidas de construcción de confianza. Proceder a la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP tan pronto se acuerde el protocolo y el plan transitorio de acogida, conforme a lo establecido en este acuerdo. Tomar las medidas a su alcance para garantizar la salida progresiva de todos los menores de edad que se encuentran en los campamentos de las FARC-EP para lo cual el Gobierno y las FARC-EP trabajarán una hoja de ruta. Contribuir a la identificación de todos los menores de edad en los campamentos de las FARC-EP, con el fin de que reciban el necesario apoyo y acompañamiento en el proceso de salida y participen en el programa especial de garantía de derechos que se acuerde para ellos. Informar sobre estas medidas a las unidades guerrilleras. El Gobierno Nacional por su parte se compromete a: Conformar una mesa técnica liderada por la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, que podrá pedir la presencia en calidad de invitados de otras entidades, y con la participación del CICR, UNICEF, OIM, y tres organizaciones sociales o especializadas escogidas por la Mesa, a fin de que: Elabore y presente a la Mesa de Conversaciones una propuesta de protocolo para la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP, en el marco de las medidas de construcción de confianza, y un plan transitorio de acogida para la garantía de sus derechos, conforme a lo establecido en este Acuerdo. Elabore y presente en los próximos 30 días una propuesta para su discusión y aprobación en la Mesa de Conversaciones de un programa integral especial para todos los menores de edad de que trata este acuerdo, con el fin de garantizar la restitución de sus derechos. Garantizar y proteger los derechos de los menores de edad objeto de este Acuerdo. Para el diseño de la propuesta de Plan Transitorio y del Programa Especial, además de los principios enunciados se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos. Priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta la opinión y el interés superior del menor de edad. Atención en salud. Educación para los menores de edad (básica, media, técnica y tecnológica, y becas y facilidades de acceso a educación universitaria para quienes alcancen y deseen acceder a dicho nivel académico). Garantía de inclusión de sus familias en la oferta estatal y de cooperación internacional de proyectos productivos y de vivienda digna, para contribuir a su estabilización social. Participación activa de las comunidades en el Programa. En el Programa se incluirán todos los menores de 18 años que han salido o que salgan de los campamentos de las FARC-EP, incluyendo los que salieron en los últimos meses en cumplimiento de la decisión de las FARC-EP de 12 de febrero de 2015, los tres menores que se entregaron al CICR el 4 de mayo de 2014 y los dos menores indígenas entregados al CICR en el Cauca el 20 de febrero de 2015. Mecanismo de acompañamiento: Hemos acordado solicitar a UNICEF y a la OIM, que acompañen el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de estas medidas iniciales. Invitamos a la Oficina de la de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, al Centro Carter, Llamamiento de Ginebra y a tres organizaciones sociales o especializadas escogidas por la Mesa a apoyar, acompañar y/o hacer veeduría a las medidas aquí acordadas. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecemos el apoyo de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, Sra. Leila Zerrougui, y de UNICEF Colombia para poder alcanzar este acuerdo 21.

16-5-2016, “Serán el pueblo, el Congreso y la Corte Constitucional quienes darán validez, vigencia y sostenibilidad en el tiempo a lo que se acuerde”, señaló Santos. El Acuerdo final será enviado a Naciones Unidas, para que se deje constancia expresa de su contenido ante el mundo entero. “Lo que hay que resaltar es que se ha aceptado el procedimiento que contempla nuestra Constitución, y que los Acuerdos quedarán blindados para que el día de mañana no se cambie lo pactado”. Al Congreso de la República le corresponderá aprobar el proyecto de acto legislativo en curso y la aprobación del Acuerdo final, para que quede incorporado en la normatividad interna. Para mayor garantía, lo que apruebe el Congreso, pasará a control de la Corte Constitucional, que “controlará que ese Acuerdo de Paz respete nuestra Constitución y garantice nuestros derechos” 22.

1-6-2016, La Cámara de Representantes dio un paso histórico con la aprobación final de la reforma constitucional para la Paz. En la plenaria de la Cámara de Representantes se proporcionó la aprobación en último debate del Acto Legislativo para la Paz, que es la iniciativa más importante que impulsa el Ejecutivo en el Capitolio Nacional. En él se consagra el último gran Acuerdo conseguido en La Habana por las delegaciones de Paz del Gobierno y las FARC, que establece la ruta que deberán tomar las leyes y reformas que exija lo pactado en la mesa de diálogos. La Ley de aprobación del Acuerdo Final, eleva a Acuerdo Especial el texto del fin del conflicto en el marco del Derecho Internacional Humanitario, de manera que se incorpore al ordenamiento jurídico del país. El texto convenido en el Senado no contiene los elementos acordados en la mesa de diálogos en lo que se denominó “blindaje jurídico de los acuerdos de Paz”, por lo que lo más probable es que el texto aprobado sea la versión elegida. Los tiempos de este Acto Legislativo están en sincronía total con los ritmos del proceso de negociación. La única modificación que sufrió el informe de ponencia para su último debate fue la vigencia de la reforma, que entraría en vigor “a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, a través del mecanismo que el Gobierno Nacional ponga en marcha para tal efecto”. Con esto, la Mesa de diálogos terminaría sus funciones y el proceso de Paz se trasladaría a Colombia, específicamente al Congreso de la República. Una vez refrendado el Acuerdo, se iniciará la fase de implementación. Y el primer paso está consignado en el Acto Legislativo. El artículo primero señala que, para implementar las normas, leyes y reformas que la Paz requiera, se implementará “un procedimiento especial” que regirá por seis meses, con posibilidad de prorrogarlo seis meses más. Las iniciativas para poner en marcha lo pactado en La Habana tendrán un plazo de hasta un año que, contado a partir de la refrendación, se extenderá hasta finales del 2017, en el fin del Gobierno Santos. El Acto Legislativo le pone límites al control de la Corte Constitucional, que actualmente puede tardar meses, y le da dos meses al alto tribunal para que emita sus conceptos, que sólo podrán ser de forma y tomando como referencia el Acuerdo Final. Deja claro que el primer proyecto que el Congreso conocerá cuando se firme la Paz será una Ley aprobatoria del Acuerdo Especial, con la que el Legislativo incorporará al derecho interno lo acordado en La Habana en un trámite especial: como ley ordinaria, con los requisitos del procedimiento especial y con una votación en la que los congresistas sólo podrán aprobar o desaprobar lo acordado 23.

21-6-2016, Las delegaciones, con presencia del Presidente Juan Manuel Santos, anunciarían que hay Acuerdo sobre zonas de ubicación temporal y cese el fuego bilateral. En materia de dejación de armas, por ahora solo se anunciaría el mecanismo que se implementará para que la guerrilla deje las armas, las zonas, mecanismos y destino final del armamento. Se trata de un punto en el que aún se estarían finiquitando detalles. Ha trascendido que el Gobierno entiende la dejación de las armas como un momento que depende de la decisión de las FARC. La guerrilla, por su parte, lo ve como un proceso gradual que implica compromisos de parte y parte. Las garantías de seguridad y gestos de confianza por parte de las fuerzas militares, así como la lucha contra el paramilitarismo, forman parte de sus peticiones. La dejación de las armas conduce directamente a un escenario: las zonas de concentración o de ubicación temporal, cuyo número preciso sería anunciado. La propuesta de los negociadores del Ejecutivo es que la guerrilla se ubique temporalmente en determinados puntos geográficos hasta que dejen las armas. El contacto con la población debe ser mínimo, con autorización del Gobierno y las Naciones Unidas. Las armas, a juicio de los plenipotenciarios de Santos, deben ser guardadas en depósitos mientras dure el cese bilateral, y un pequeño porcentaje utilizado para la seguridad de los excombatientes. Para brindar a los guerrilleros garantías de seguridad, se crearía una Subdirección Especial en la Unidad Nacional de Protección, sumado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para blindar a los subversivos de organizaciones sucesoras del paramilitarismo 24.

24-6-2016, Acuerdo Gobierno-FARC-EP para Cese el Fuego Bilateral y Definitivo, Lucha Contra el Paramilitarismo y Refrendación. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a Acuerdos en los siguientes puntos: 1. Acuerdo sobre “Cese el fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”. 2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los Acuerdos y la construcción de la Paz.” 3. Acuerdo sobre “Refrendación”. I. Acuerdo sobre Cese el fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. 1. Compromisos. El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese el fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas. 2. Objetivo. El presente Acuerdo sobre Cese el fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. 3. Monitoreo y Verificación. Acordamos crear un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (fuerza pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la Dejación de las Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1 la fuerza pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese el fuego y Dejación de las Armas. Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas Zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”). El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos. Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese el fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de Acuerdo con sus intereses. Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo Acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese el fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada Zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas Zonas. En caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de Acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La ubicación de los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de Acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP. 6. Zona de Seguridad. Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona. 7. Seguridad. El Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese el fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de las FARC-EP, los delegados del Gobierno Nacional, la fuerza pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional a través de la fuerza pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso. 8. Dejación de las Armas (DA). Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 9. Procedimiento. Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final. Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de Acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese el fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Por último, sobre la base del Acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la Resolución 2261, el Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente Acuerdo. II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los Acuerdos y la construcción de la Paz” Este Acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de Derechos Humanos en los territorios; garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo que amenacen la construcción de la Paz. El Acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el Punto 5. El Acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios: 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los Derechos Humanos. 2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3. Fortalecimiento de la administración de justicia. 4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública. 5. Enfoque territorial y diferencial. 6. Enfoque de género. 7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. 8. Participación ciudadana. 9. Rendición de cuentas. 10. Garantías de No Repetición. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a: · El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo que amenacen la construcción de la Paz. Además asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. · Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la Paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. Las medidas de seguridad y protección que define el Acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional: 1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este Acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. 3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias. 4. En desarrollo de lo acordado en el Punto 2 “Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El Acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias: · El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este Acuerdo. · La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del Acuerdo. · Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas. · Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional. III. Acuerdo sobre “Refrendación”. El Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale. Por el Gobierno Nacional: Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional. Por las FARC-EP: Iván Márquez, Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Por los Países Garantes: República de Cuba; Reino de Noruega. Por los Países Acompañantes: República Bolivariana de Venezuela; República de Chile 25.

23-6-2016, El país se apresta a dar un paso histórico en La Habana con un Acuerdo para fijar las acciones que podrán fin al cruento conflicto armado entre el Gobierno y las FARC, que ha durado medio siglo. El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó que el paso decisivo se debe al inmenso esfuerzo y sacrificio de los miembros de la fuerza pública y agregó que “mañana es el primer día de la victoria, gracias al inmenso sacrificio de nuestros soldados y policías”. Después de la firma de la Paz se hace necesario mantener unas Fuerzas Armadas fuertes, modernas y poderosas, con capacidades acordes a las necesidades del país en un escenario de Paz. En el Ministerio de Defensa se han abierto todos los canales para mantener informados a los miembros de la fuerza pública sobre los avances de los diálogos: “Este anuncio de que ya hay un Acuerdo sobre el cese el fuego es algo que está plenamente coordinado con las fuerzas”. El Ministro confirmó que serían unos seis mil cuatrocientos los guerrilleros desmovilizados de las FARC y que las zonas de concentración, antes de la entrega de armas, serían veintitrés 26.

23-6-2016, Municipios y Veredas donde estarán los guerrilleros para su progresiva reintegración a la sociedad, “sin armas y de civil”. Serán veintitrés las zonas de concentración donde estarán ubicadas las tropas de las FARC. El Ministerio de Defensa dio a conocer las Veredas donde se concentrarán los miembros de esta guerrilla mientras se realiza la entrega de las armas y su reincorporación a la vida civil. Las veredas en las que se dará la concentración serán: Cesar: La Paz; Norte de Santander: Tibú; Antioquia: Remedios, Ituango, Dabeiba; Tolima: Planadas, Villarica; Cauca: Buenos Aires, Caldono; Nariño: Policarpa, Tumaco; Putumayo: Puerto Asis; Caquetá: Montañita, Cartagena del Chairá; Arauca: Arauquita, Tame; Meta: Macarena, Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa; Vichada: Cumaribo; Guaviare: San José del Guaviare (este), San José del Guaviare (oeste). Además, los ocho campamentos especiales que también fueron definidos por las partes en La Habana serán: Guajira: Fonseca; Antioquia: Vigía del Fuerte; Chocó: Riosucio; Córdoba: Tierra Alta; Cauca: Corinto; Caquetá: San Vicente; Meta: Losada, Macarena; Guainía: Puerto Colombia. Señaló el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, que los criterios para escoger estas zonas fueron que estuvieran “distantes de cascos urbanos o cabeceras municipales; con una extensión razonable que garantice la verificabilidad que, en cabeza de la ONU, realizará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y la seguridad interna y externa; con condiciones que faciliten el suministro de la logística; distantes de áreas de frontera; y que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos y resguardos indígenas”. Confirmados los sitios de concentración, será obligación de la fuerza pública brindar las condiciones de seguridad para el tránsito de los hombres de las FARC a estás zona, así como llevar a los miembros de esta guerrilla que se encuentran detenidos y que deseen incorporarse al proceso de desmovilización y acceder a los beneficios de reintegración y justicia especial para la Paz. Estas zonas de concentración no tienen un tiempo de vigencia definido. Según acordaron en La Habana, desde el momento de la firma del Acuerdo final de Paz los guerrilleros estarán ubicados hasta por un periodo de ciento ochenta días (seis meses) mientras se realizan labores de capacitación y tránsito a la vida civil en los campamentos y se realiza la entrega total de las armas de las FARC para su fundición y construcción de tres monumentos que simbolizarán el fin del conflicto 27.

23-6-2016, El Gobierno y las FARC lograron un Acuerdo definitivo en la mesa de negociaciones de Cuba para llegar a “proscribir” la utilización de las armas en el ejercicio de la política en Colombia. El objetivo central es que primen los “valores de la democracia, libre juego de las ideas y debate civilizado en el que no haya espacios a la intolerancia y la persecución por razones políticas”. Las partes se comprometieron al cumplimiento de una “hoja de ruta” que contengan compromisos mutuos para que, a más tardar a los ciento ochenta días después de la firma del Acuerdo Final, haya terminado el proceso de dejación de las armas por parte de la guerrilla. Este proceso de dejación de las armas contará con un componente internacional de verificación de la ONU con términos y garantías tanto para el Gobierno como para las FARC. Ese componente preside en todas las instancias y está encargado de dirimir “controversias, presentar recomendaciones y generar reportes”. Durante la vigencia del Acuerdo sobre cese el fuego, las FARC designarán un grupo de sesenta de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Por cada una de las veintitrés zonas veredales transitorias y ocho campamentos que serán instalados para el proceso de dejación, las FARC designarán a un grupo de diez integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Se acordó que la ONU recibirá la totalidad del armamento para destinarlo a la construcción de tres monumentos acordados entre el Gobierno y las FARC. Cronograma: La dejación de las armas por parte de las FARC se desarrollará en dos tiempos. Uno de registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia; y otro de recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. El procedimiento para la entrega de las armas incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial en tres fases: Primera fase el día del Acuerdo final más 90 días donde se entregará el treinta porciento. Segunda fase el día del Acuerdo final más ciento veinte días el treinta porciento. Tercera fase el día del Acuerdo final más ciento cincuenta días el cuarenta porciento restante. Para garantizar el control efectivo del armamento en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC. A más tardar ciento ochenta días de finalizar el proceso de recolección de las FARC se dará la extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados. Así las cosas, seis meses después de la firma definitiva se dará por terminado el funcionamiento de estas zonas 28.

23-6-2016, En el Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, el Gobierno se comprometió a garantizar la implementación de las medidas necesarias para intensificar las acciones contra las organizaciones criminales, asegurar la protección de las comunidades en los territorios y a que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas. Las FARC asumieron la responsabilidad de contribuir “de manera efectiva a la construcción y consolidación de la Paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los Acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales”. Las medidas de seguridad y protección que define el Acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional: 1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. 3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral setenta y cuatro del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias. 4. En desarrollo de lo acordado en el Punto dos (2) “Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El Acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias: • El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este Acuerdo. • La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del Acuerdo. • Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas. • Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional 29.

23-6-2016, Las reglas de juego establecidas señalan que a partir del “Día D” más uno (es decir, tras la firma del Acuerdo definitivo), la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC a dichas zonas y que cinco días después, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate (UTC) de los frentes guerrilleros se desplazarán hacia ellas, siguiendo las rutas establecidas de común Acuerdo con el Gobierno. Las zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada una de ellas contará con equipos de monitoreo local, facilidades de acceso por ríos y carreteras, y sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo Acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. La idea es que tengan una extensión razonable para permitir el monitoreo y verificación, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno (un río o una montaña, por ejemplo). La salida de combatientes de las FARC de los campamentos se debe hacer sin armas y de civil. Y tanto el Gobierno como la guerrilla asumirán el compromiso de que no haya ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios donde se ubicarán dichas zonas. Además, las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en ellas permanecerán y continuarán ejerciendo sus funciones y estará prohibido hacer manifestaciones de carácter político. Queda claro también que los guerrilleros que resulten beneficiados con la ley de amnistía que se piensa tramitar, si así lo desean, podrán integrarse a esas zonas de concentración, para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento y durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil. En caso de incidentes que requieran la presencia de la Policía o el Ejército dentro de esos territorios, se deberá informar al mecanismo de monitoreo y verificación, para que este a su vez coordine el ingreso de Acuerdo con los protocolos acordados por Gobierno y FARC. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de los combatientes, las FARC podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica -de Acuerdo con sus propios intereses-así como el Gobierno deberá adelantar jornadas de cedulación y demás actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la subversión. Por último, alrededor de cada zona se establecerá un perímetro de seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública ni efectivos de las FARC, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación, que estarán acompañados de seguridad policial. El ancho de esas zonas de seguridad será de un kilómetro alrededor 30.

5-7-2016, El Gobierno Nacional y las FARC-EP informan que han iniciado la revisión de los temas pendientes de los Acuerdos hasta ahora alcanzados. En este ciclo han concluido la revisión de los pendientes del Punto 2 “Participación Política: Nueva Apertura Democrática para la Paz”. Como resultado de esa revisión se eliminaron la mayoría de los pendientes, porque se abordaron en otros Puntos del Acuerdo o porque llegaron a Acuerdos sobre temas que aún no se habían definido. 1. En el Punto 2.1.1.1. “Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política”, Acuerdan que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del Estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a este escenario de discusión otras agrupaciones políticas representativas de oposición, según lo acuerden las Partes. La Comisión a través de un evento facilitará la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos”. En ese marco se acordó: * Adelantar la solicitud de convocar a todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para que integren la Comisión para definir los lineamientos para el Estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. * Solicitar que se convoque adicionalmente para integrar dicha Comisión a las siguientes agrupaciones políticas representativas de oposición: Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como a dos expertos delegados por la Mesa. * Solicitar a la Comisión abrir espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la discusión. * Solicitar a la Comisión que entregue al Gobierno sus recomendaciones en el menor tiempo posible, tras la firma del Acuerdo Final. 2. En el Punto 2.2.1. se acordó que el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de Ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de una serie de lineamientos establecidos en el Acuerdo que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos. En ese marco se acordó: * Solicitar al Consejo Nacional de Participación con el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que organice el espacio de participación de carácter nacional de que trata ese Punto. * Solicitar a Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que elabore una propuesta para su discusión en la Mesa sobre los criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio, que garanticen una representación equilibrada y pluralista. 3. En el Punto 2.3.4. “Reforma del régimen y de la organización electoral” se acordó que “con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo el Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia, tras la firma del Acuerdo Final, se creará una Misión Electoral Especial”. Se acordó que esa Misión deberá entregar sus recomendaciones en un plazo de seis (6) meses con el fin de que el Gobierno haga los ajustes normativos e institucionales necesarios. En ese marco se acordó el siguiente mecanismo para la selección de los expertos de alto nivel que integrarán la misión electoral especial. La Misión estará conformada por siete (7) expertos de alto nivel, que en su mayoría deberán ser de nacionalidad colombiana, así: un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) y seis (6) expertos los cuales se seleccionarán por las siguientes organizaciones: el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). 4. Una vez se concluya la revisión de los Acuerdos por parte de la Subcomisión de género se acordó que éstos se volverán a publicar incluyendo las modificaciones acordadas resultado de la revisión de los pendientes 31.

24-7-2016, Acuerdo Gobierno-FARC sobre género que busca abrir las puertas para la participación política, capacitación, vinculación laboral y espacios en equidad para las mujeres y población LGBTI: La inclusión de un enfoque de género en un proceso de Paz como éste no tiene antecedentes en el mundo y busca fundamentalmente crear condiciones para que mujeres, y personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado. En la Mesa de Conversaciones somos conscientes que las transformaciones que necesita el país para construir la Paz, no podrán ser posibles sin una sociedad que reconozca y respete las diferencias y en donde queden en el pasado las estigmatizaciones y discriminaciones en razón del género. La Subcomisión de género, instalada el 11 de septiembre del 2014 y compuesta por mujeres y hombres, de cada una de las delegaciones revisó e incluyó el enfoque de género en Punto 1.: “Hacía un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, 2.: “Participación Política, Apertura democrática para construir la Paz” y 4.: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, y acompañó la construcción del Punto 5.: “Víctimas” y los Acuerdos alcanzados hasta el día de hoy en el Punto 3.: “Fin del Conflicto”. Los aportes de las víctimas que visitaron la Mesa de Conversaciones, sesenta porciento de las cuales fueron mujeres, de las dieciocho organizaciones de mujeres y de la comunidad LGTBI, de las diez expertas colombianas en violencia sexual, de las expertas internacionales y de las ex guerrilleras de varias partes del mundo, fueron fundamentales para enriquecer el trabajo de esta subcomisión. A todas ellas reiteramos nuestro agradecimiento por ayudarnos en esta construcción. Asimismo, agradecemos la presencia en el acto de presentación de los Acuerdos con la inclusión de género y el acompañamiento en este proceso de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres; Zainab Bangura, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en los Conflictos Armados; Luiza Carvalho, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia; Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior; María Emma Mejía, Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria y representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas; Martha Ordoñez, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, y el enviado especial de la Unión Europea para el proceso, Eamon Gilmore; así como a las mujeres colombianas e integrantes de la comunidad LGBTI, representantes de las organizaciones sociales, y a los países acompañantes Cuba y Noruega. La incorporación de un enfoque de género en los Acuerdos alcanzados gira alrededor de ocho ejes temáticos: Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de No Repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y social, y sistemas de información desagregados. La subcomisión de género seguirá trabajando para que en los Acuerdos a los que se llegue se garantice la inclusión y el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones para toda la sociedad y específicamente para las mujeres y la población LGBTI 32.

3-8-2016, El Presidente Santos aseguró que la firma de un Acuerdo con las FARC es tan solo el primer paso para la construcción de la Paz y que no se puede esperar que los problemas del país se resuelvan de la noche a la mañana: “La Paz no es perfecta, nadie va a quedar cien porciento satisfecho, ni nos va a resolver todos los problemas al día siguiente de firmarla, pero definitivamente es mejor que la guerra”. Hizo un llamado a la pedagogía y socialización del proceso de Paz para evitar que persista la desinformación sobre lo que será acordado hasta el momento en el proceso. “En este proceso sí se necesita que los medios cumplan con el papel de buscar la verdad, ha habido mucha desinformación, mentiras y rumores que han generado mucha incertidumbre en la gente. Uno se pregunta porque la gente no está a favor de terminar el conflicto y cuando uno investiga se da cuenta de que la gente está con incertidumbres y no tiene la información clara”. Insistió en que la firma de un Acuerdo final con las FARC en la mesa de diálogos, representa solo el fin de conflicto, y que la verdadera tarea será en adelante con la construcción de un país diferente para mantener La Paz estable y duradera. “El fin del conflicto es una condición necesaria pero no suficiente para la construcción de la Paz, que empieza por cada uno de nosotros. Hay que deshacerse del odio, de la venganza, las víctima son un gran ejemplo de eso” 33.

23-8-2016, Serán 23 zonas veredales y 8 campamentos. No podrán ingresar civiles y a partir de ellas se implementará la dejación de las armas y la reincorporación de la guerrilla a la vida civil. Una de las críticas que hasta el momento ha utilizado la oposición frente al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC de La Habana ha sido que el Estado solo ha hecho concesiones mientras que la guerrilla ha dado poco. Ahora, con el anuncio del acuerdo sobre el fin del conflicto, se puede decir que le llegó la hora al grupo subversivo de dar el paso definitivo hacia su desmovilización, lo cual implica -según lo anunciado- concentrar sus tropas en 23 zonas veredales transitorias y 8 campamentos, que es la única manera de garantizar el cumplimiento del cese del fuego y desde donde se debe iniciar la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Las reglas de juego establecidas señalan que a partir del “Día D” más uno (es decir, tras la firma del acuerdo definitivo), la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC a dichas zonas y que cinco días después, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate (UTC) de los frentes guerrilleros se desplazarán hacia ellas, siguiendo las rutas establecidas de común acuerdo con el Gobierno. Las zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada una de ellas contará con equipos de monitoreo local, facilidades de acceso por ríos y carreteras, y sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. La idea es que tengan una extensión razonable para permitir el monitoreo y verificación, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno (un río o una montaña, por ejemplo). La salida de combatientes de las FARC de los campamentos se debe hacer sin armas y de civil. Y tanto el Gobierno como la guerrilla asumirán el compromiso de que no haya ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios donde se ubicarán dichas zonas. Además, las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en ellas permanecerán y continuarán ejerciendo sus funciones y estará prohibido hacer manifestaciones de carácter político. Queda claro también que los guerrilleros que resulten beneficiados con la ley de amnistía que se piensa tramitar, si así lo desean, podrán integrarse a esas zonas de concentración, para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Por otra parte, en los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento y durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil. En caso de incidentes que requieran la presencia de la Policía o el Ejército dentro de esos territorios, se deberá informar al mecanismo de monitoreo y verificación, para que este a su vez coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por Gobierno y FARC. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de los combatientes, las FARC podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica -de acuerdo con sus propios intereses- así como el Gobierno deberá adelantar jornadas de cedulación y demás actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la subversión. Por último, alrededor de cada zona se establecerá un perímetro de seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública ni efectivos de las FARC, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación, que estarán acompañados de seguridad policial. El ancho de esas zonas de seguridad será de 1 kilómetro alrededor 34.

24-8-2016, La Habana, Cuba, 24 de agosto del 2016. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. PREAMBULO: Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto del 2012; Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes; Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes; Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado; Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la Paz; Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía; Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos; Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno; Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar; Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI; Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza; Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles; Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea; Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”; Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar Acuerdos de Paz; El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado: Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna. El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra. INTRODUCCION: Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política. Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo. El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial. El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia. Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz. Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. * El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera. El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendolas organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción. El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros. El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición. El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. * Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una Paz estable y duradera (El texto completo del Acuerdo) 35.

25-8-2016, El Presidente Juan Manuel Santos anunció que a partir de la medianoche del lunes 29 de agosto del 2016, se callarán los fusiles de forma definitiva y cesará el fuego tras un conflicto de más de cincuenta años 36.

28-8-2016, Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, realizamos las siguientes precisiones con relación a las fallas encontradas en la numeración del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: 1. La numeración del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” no corresponde a la numeración de la Agenda del Acuerdo General. 2. Todos los Puntos y Subpuntos de la Agenda del Acuerdo General fueron desarrollados integralmente en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 3. En el desarrollo de los subpuntos, algunos fueron omitidos en estricto orden ya que su desarrollo por completo se dio en otros puntos del Acuerdo Final 37.

5-9-2016, El Gral. (r) Oscar Naranjo destacó la labor de los negociadores del Gobierno en los diálogos de Paz con las FARC y agregó que de cumplirse todo lo pactado, lo lógico es que esa guerrilla salga de la lista de terroristas. “Lo que parecería obvio es que sí las FARC firman una Acuerdo para poner fin al conflicto y cumplen con los compromisos pactados en ese Acuerdo, pues deben salir de las listas de terroristas tanto en Europa como en Estados Unidos”. El Gobierno de los Estados Unidos ha manifestado públicamente su intención de someter a estudio este tema. “Hay manifestaciones expresadas de manera pública del Gobierno de Estados Unidos diciendo que una vez se firme el Acuerdo, esté en firme ese Acuerdo, habrá una revisión del proceso que permita estudiar que los miembros de las FARC, como organización terrorista considerada en el listado de ese país, sean sacados de esas listas”. Para el Gobierno colombiano es una prioridad el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá como tarea juzgar y sentenciar a individuos acusados de cometer crímenes de guerra durante el conflicto. La idea es que en el menor tiempo posible se puedan designar a los veinte magistrados colombianos y cuatro extranjeros, que juzgarán las acciones más graves de la guerrilla y de los agentes del Estado, enfrentados desde hace medio siglo. “Es una prioridad y es un tema sustancial para que el Acuerdo comience a funcionar. Está previsto en el Acuerdo que hay una serie de criterios con que deberán obrar esos panelistas que seleccionaran los magistrados, y está previsto que ellos deberán acordar unas reglas de entendimiento para que se actué de manera plural” 38.

7-9-2016, El Gobierno Nacional y las FARC-EP informaron que el 6-9-2016 se instaló la Comisión de Implementación, Seguimiento, Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) en La Habana, con el fin de iniciar el trabajo acordado en el marco del Punto 6 del Acuerdo Final. Adicionalmente, se reunieron con los delegados del Centro Carter, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria NIMD, con el fin de formalizar la solicitud hecha mediante comunicado conjunto #80 del 5 de julio del 2016 para que estas organizaciones seleccionen seis de los expertos que, junto con un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE), conformarán la Misión Electoral Especial. La Misión de conformidad con lo acordado en el Punto 2.3.4 tiene como objetivo formular unas recomendaciones al Gobierno Nacional que permitan asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia. Igualmente, se celebró una reunión entre representantes del Gobierno nacional y de las FARC-EP para preparar la logística necesaria para el funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN). Se avanzó en el proceso de identificación y cedulación de los integrantes de la Delegación de las FARC-EP en el Consulado de Colombia en La Habana. Se reunieron con dos delegados de la Universidad Nacional con el fin de formalizar la solicitud para que realice el censo socio-económico con el propósito de suministrar la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación integral de las FARC-EP a la vida civil como comunidad y como individuos. La Universidad Nacional deberá presentar en menos de un mes una propuesta sobre el particular al Consejo Nacional de Reincorporación 39.

16-9-2016, Santos ofreció a las FARC garantías de que sus miembros no correrán con la misma suerte que los de la Unión Patriótica. “Esa tragedia jamás debió haber ocurrido”. Santos se disculpó por el papel jugado por el Estado colombiano en el asesinato sistemático de miles de militantes de la Unión Patriótica (UP), un partido creado por miembros de grupos guerrilleros tras un proceso de Paz en 1985. Se estima que entre tres mil y seis mil quinientos de sus miembros y militantes fueron asesinados a manos de grupos paramilitares de derecha y de traficantes de droga con la complicidad del Estado. “Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha. La persecución de los miembros de la UP fue una tragedia que conllevó su desaparición como organización política y causó un daño indecible a miles de familias y a nuestra democracia”. El Consejo de Estado ha calificado ese suceso como “exterminio”. “Me comprometo a tomar todas las medidas y a dar todas las garantías para que nunca más una organización política vuelva a enfrentar lo que sufrió la UP”. “Debemos asegurar que todos quienes participan en política, incluido el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC a la legalidad, tengan plenas garantías y absoluta libertad para manifestar sus opiniones políticas y ejercer la política en todo el territorio nacional” 40.

2-10-2016, El Presidente Juan Manuel Santos aceptó, en una breve alocución, la derrota del “Sí” en el plebiscito. Dijo que había convocado a los colombianos para saber si apoyaban el Acuerdo con las FARC y que era “el primero en reconocer este resultado donde una mitad del país dijo ‘Sí’ y la otra mitad del país ha dicho que ‘No’”. El “No” se interpuso con 6.422.136 votos, el 50,23 % de votos; el “Sí” reunió un total de 6.361.762 votos “Como Jefe de Estado soy el garante de la estabilidad de la Nación y esta decisión democrática no debe dañar dicha estabilidad, como presidente conservo intacto mis facultades y mi intención de buscar la Paz”. Mencionó que mantenía el cese el fuego bilateral y que iba a escuchar a los que iban por el “No” para llegar a consensos. Buscará la Paz hasta el último minuto de su mandato. Indicó que hará una gran convocatoria a los partidos políticos para conciliar la polarización del país. Con este resultado quedan en vilo los Acuerdos que se pactaron en La Habana, por más de cuatro años 41.

19-10-2016, El Presidente se refirió a las propuestas realistas, a las que se pueden revisar, y las que definitivamente son descabelladas. Pidió que la justicia especial planteada para sacar adelante este proceso no debe ser vista como una amenaza para la Constitución, pues no suprimirá ninguna Ley estatutaria. “Se han identificado y se han clasificado decenas y decenas de propuestas de cambio o sugerencias de clarificación. Muchas son razonables, otras son difíciles, pero no imposibles, y hay otras que son totalmente inviables porque parten de supuestos inaceptables”. Dentro de estas propuestas “imposibles” están las que sugieren declarar que en Colombia nunca hubo conflicto armado, que nunca hubo una guerra. Esto es un exabrupto, pues significaría la no aplicación del Derecho Internacional Humanitario, ni de la Justicia Transicional. El Acuerdo Final de Paz con las FARC, no tiene estipulada ninguna acción para intentar debilitar el papel de los jueces en el país. El proceso no afecta el presupuesto de la Rama Judicial, por lo que tampoco significará que vayan a desmejorar las condiciones laborales de quienes forman parte del Poder Judicial 42.

12-11-2016, Santos anunció las precisiones, los ajustes y los cambios que se hicieron al nuevo Acuerdo: 1) Las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas. 2) Un reclamo generalizado de los del “No” y los del “Sí” era que se definiera en qué consistía la restricción efectiva de la libertad, pues fue criticado como impreciso. Eso se logró. 3) El Tribunal debe fijar en cada caso: a) los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización); b) los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas; c) establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción; d) imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción; y e) señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción. 4) Se estableció que el tiempo que pasen en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación. 5) La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) funcionará hasta por diez años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años. 6) Las ONG no podrán actuar como Fiscales y acusar. Sólo presentar información que será valorada y contrastada por los Jueces y Magistrados del Tribunal. 7) Todos los Jueces serán colombianos, no extranjeros, y tendrán las mismas calidades de los Magistrados de nuestras Cortes. 8) Las tutelas contra decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz podrán a ser revisadas. 9) Una de las principales preocupaciones del Centro Democrático era el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la Ley ya vigente. 10) Han surgido algunas inquietudes sobre la legislación agraria que no forman parte del Acuerdo de Cartagena. Por tal razón, se crea una Comisión de expertos para revisar esos temas. 11) El catastro -fundamental para formalizar la tierra- no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras. 12) No se autorizarán nuevas Zonas de Reserva Campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas Zonas. 13) Se incluyó expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de diez a quince años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del Gobierno. 14) Otra preocupación de los empresarios era que se desatara una posible cacería de brujas en la aplicación para ellos de la Justicia Transicional. Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria. 15) Muchos sectores, en particular de militares retirados, veían con preocupación el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. Se logró una fórmula que garantiza a los soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. 16) El partido político que surja de la reincorporación de las FARC no podrá inscribir candidatos para las curules transitorias en la Cámara de Representantes. 17) Se redujo desde el primer año en treinta porciento la financiación al partido politico de las FARC para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos. 18) Las FARC no participarán en una nueva Comisión de protección y garantías de seguridad que creó el Acuerdo. Se eliminó también las facultades de esa Comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada. 19) Sobre la lucha contra el problema de las drogas, el nuevo Acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia Especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. En este tema fue particularmente insistente el ex-Presidente Pastrana. 20) Se reiteró y subrayó también que el Gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación de cultivos ilícitos, incluyendo la fumigación, además de los programas de substitución para los campesinos. 21) No habrá formalización de ningún predio en Colombia, sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos. 22) La idea de incorporar todo el Acuerdo al bloque de constitucionalidad generó mucho rechazo en los ex-Presidentes Pastrana y Uribe, Marta Lucía Ramírez, y muchos voceros del “No” y algunos del “Sí”. Eso se corrigió. Sólo quedarán los temas de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por si forman parte de la Constitución. 23) El Gobierno será el único responsable de la implementación. Habrá una Comisión que hará el seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los Acuerdos. 24) Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente -nunca lo estuvo- ni siquiera de manera sugerida. 25) Se busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos. 26) Se incorporaron en el nuevo Acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto 43.

13-11-2016, El Gobierno Nacional y las FARC-EP atendiendo el clamor de los colombianos y colombianas por concretar su anhelo de Paz y reconciliación, hemos alcanzado un nuevo Acuerdo Final para la terminación del Conflicto armado, que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno. La construcción de una Paz estable y duradera, objetivo al que responde este nuevo Acuerdo, debe ser el compromiso común de todos los colombianos que contribuya a superar la polarización y que recoja todas las expresiones políticas y sociales. Invitamos a toda Colombia y a la comunidad internacional, siempre solidaria en la búsqueda de la reconciliación, a acompañar y respaldar este nuevo Acuerdo, y su pronta implementación para dejar en el pasado la tragedia de la guerra. La Paz no da más espera. Al finalizar el día, los colombianos podrán consultar en la página www.mesadeconversaciones.com.co un documento en el que se señalan las modificaciones y los nuevos elementos. La integración total de los textos del nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera quedará disponible en próximos días 44.

24-11-2016, Fe de Erratas. Las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP hacemos constar que en el documento “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” de fecha 12 de noviembre de 2016, se han advertido los siguientes errores: 1. En la página 69 del Acuerdo Final, en el subpunto 3.2.1.1 que trata sobre las garantías para el nuevo partido o movimiento político en materia de financiación y asistencia técnica/funcionamiento se elimina la palabra “previa” por tratarse de un error de digitación, quedando así: “Como una medida para facilitar el tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma previa del Acuerdo Final. El uso de estos recursos se hará acorde con las reglas que aplican a todos los partidos y movimientos políticos.” 2. En la página 82 del Acuerdo Final, en el subpunto 3.4.3 que trata sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se debe eliminar el tercer párrafo que dice: “Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, la Mesa de Conversaciones definirá dos experto/as independientes para integrarla”. Esta frase proviene de la versión anterior del Acuerdo y no corresponde con el ajuste realizado respecto a la composición de esta Comisión. 3. En la página 88 del Acuerdo Final, en el subpunto 3.4.7.3 que trata sobre el Delegado/a Presidencial, en la tercera línea, la referencia correcta al numeral del “Acuerdo sobre Participación Política: Apertura Democrática para construir la paz” es 2.1.2.1, literal a. 4. En la página 150 del Acuerdo Final en el Subpunto 5.1.2 numeral 35 se incluye la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quedando así: “La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos”. 5. En la página 155 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 en el numeral 48, literal h se elimina la palabra “contenidos” para evitar la redundancia, y se corrige un error de digitación, quedando así: “La Sala podrá realizar compulsa de copias respecto a los Informes establecidos en los apartados (b) y (c) de este numeral cuando aprecie indicios de que los mismos contienen contenidos, acusaciones, conductas o denuncias aparentemente falsas elaboradas dolosamente, o cuando aprecie ánimo de cometer fraude procesal con la presentación de los mismos. Las compulsas de 23.11.2016 copias serán remitidas a los órganos judiciales competentes en la jurisdicción ordinaria colombiana, los cuales deberán actuar conforme a lo de su competencia aplicando lo establecido en las leyes penales internas, dando consideración a dichos Informes de denuncia presentada ante la justicia ordinaria. Los órganos judiciales competentes deberán informar cada seis meses a la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, el estado del procedimiento judicial relativo a cada compulsa de copias.” 6. En la página 157 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 numeral 48, literal r, se elimina el término “Sección de enjuiciamiento del Tribunal” y se reemplaza por “Sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad” quedando así: “En el supuesto de que la persona individualizada como responsable en una declaración colectiva manifieste su desacuerdo con dicha individualización de su responsabilidad, enviar el caso a la Unidad de investigación y acusación, para que esta decida si hay mérito para ser remitido a la Sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad”. 7. En la página 164 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 en el numeral 59 se elimina la frase “tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma” y se reemplaza por “tal y como se establece en el derecho internacional”, quedando así: “Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se establece en el derecho internacional, tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma”. (Esta modificación fue acordada entre el Gobierno y las FARC-EP). 8. En la página 166 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 numeral 62 se eliminan las dos últimas frases dado que ya se acordó al inició de ese numeral cuál va a ser el órgano de verificación del cumplimiento de las sanciones, quedando así: Los desplazamientos para realizar actividades acordes con el cumplimiento de la sanción serán monitoreados por el anterior mecanismo, el cual también otorgará las autorizaciones para los desplazamientos que no estén relacionados con el cumplimiento de la sanción cuando dichos desplazamientos no estén expresamente autorizados en la sentencia, sin perjuicio de las competencias de la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz. Dentro del componente de justicia del SIVJRNR se creará un órgano que verifique el cumplimiento de las sanciones. Dicho órgano también otorgará las autorizaciones necesarias. 9. En la página 167 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 numeral 65 tercer párrafo, se elimina la frase “salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros” dado que se acordó que no habrá magistrados extranjeros, quedando así: “Para ser elegido Magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado de Colombia, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera.” 10. En la página 200 del Acuerdo Final, el numeral 6.1.8. “Inicio de la implementación del Acuerdo Final”, se modifica conforme al Acuerdo del 7 noviembre de 2016, quedando así: “Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 7 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y 23.11.2016 solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016”. 11. En la página 271 en el Protocolo y Anexos del capítulo de dejación de armas (DA) del Acuerdo de Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA), se corrige la primera palabra por un error de digitación en el primer párrafo de la sección de “Procedimiento”, quedando así: “Para efectos de la DA, al día de la entrada en vigor del Acuerdo Final se le denomina “día D”. La DA implica una fase de Planeamiento y otra de Ejecución.” Firmado a los 23 días del mes de noviembre de 2016 en Bogotá, Colombia. Por el Gobierno Nacional: Humberto de la Calle, Jefe del Equipo Negociador. Por las FARC-EP: Iván Márquez, Jefe del Equipo Negociador 45.

1-4-2016, El panfleto repartido entre los habitantes de la región del Urabá, en el norte de Colombia, por el Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que el Gobierno llama clan Usuga, organización que dice ser un grupo político armado, decretaba un paro armado desde el 31 de marzo al 1 de abril del 2016. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó de la paralización absoluta en los municipios de Lorica (Córdoba), Apartadó, Riosucio y Turbo (Antioquia) y en otros puntos del país. La entidad dijo que hubo obstrucción de vías, interrupción de clases en colegios y que se pintaron edificios y vehículos con las siglas de las AGC. El lenguaje del panfleto difundido por las AGC es militar, o como dicen muchos en las regiones del país afectadas por este tipo de grupos, paramilitar. El Gobierno asegura que los paramilitares, que se desmovilizaron hace una década, ya no existen. Lo que hay, dicen, son bandas criminales (o bacrim). El grupo que ha paralizado el Urabá, una región del norte de Colombia más grande que Jamaica, que ocupa parte de los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, se define como autodefensa. Usa el término autodefensas, el mismo que llevaban cosidos en sus uniformes los paramilitares desmovilizados, aquellos que pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el panfleto que distribuyeron con fecha del 29 de marzo dicen: “Las Autodefensas Gaitanistas nos encontramos en el conflicto no por voluntad propia, sino en legítima defensa, ante un Estado incapaz de garantizar la vida y bienes de sus asociados. Somos una organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares continuadas a lo largo del tiempo” 46.

7-1-2016, La Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas”, comunica a la comunidad nacional e internacional nuestro rechazo ante el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional Colombiano frente a los compromisos anunciados mediante el comunicado emitido por la Presidencia de la República el 22 de noviembre de 2015, donde se anunció el indulto de 30 prisioneros políticos miembros de las FARC-EP, el inicio de brigadas de salud para la atención de 106 guerrilleros que se encuentran en prisión en condiciones graves de salud y la adecuación de patios especiales para prisioneros políticos. La Coalición “Larga Vida a las Mariposas” ha verificado que se han incumplido los compromisos unilaterales anunciados por el gobierno nacional, de la siguiente manera: INDULTOS: Del 18 al 21 de diciembre de 2015, los treinta (30) prisioneros y prisioneras que están a la espera del indulto unilateral fueron traslados hacia la ciudad de Bogotá, siendo recluidos/as en el ERON Picota y la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor respectivamente. A pesar de cumplir con los requisitos para el indulto, este proceso se ha sido dilatado de manera injustificada, sin que a la fecha se haya ejecutado la primera liberación; solo tres de los treinta indultables han sido notificados de la aprobación del indulto, pero dicha decisión no se ha ejecutado, y dos de los treinta indultables fueron cambiados por el Gobierno Nacional, al parecer, por estar siendo investigados por otros delitos. A la fecha tampoco se ha garantizado que los indultables tengan un lugar adecuado donde vivir y las condiciones esenciales para desarrollar trabajos para la Paz. BRIGADAS DE SALUD: En ningún sitio de reclusión donde se encuentran las y los prisioneros políticos se ha dado inicio a las brigadas de salud anunciadas, con el agravante que se han deteriorado las condiciones de salud de los prisioneros enfermos, incluso, varios de los indultables que padecen problemas de salud no reciben atención médica alguna, como es el caso de ARIS CARRILLO y WILSON LÓPEZ. PATIOS ESPECIALES PARA PRISIONEROS POLÍTICOS: En algunas reclusiones el INPEC ha pedido a los prisioneros políticos entregar censos de dicha población con fines de organizar el tratamiento conforme a los diálogos de Paz que cursan en la Habana, no obstante, a la fecha no se han destinado los lugares especiales para la reclusión especial de las y los prisioneros políticos, por lo tanto, no existe garantía para facilitar la revisión de la situación de esta población y preparar las condiciones para posibles liberaciones; por el contrario, se han presentado hechos de violaciones a los derechos humanos, traslados y aislamientos arbitrarios contra prisioneros políticos. Por lo anteriormente expuesto, llamamos al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, a cumplir con lo anunciado en el comunicado del 22 de noviembre de 2015 y, en consecuencia, resolver las siguientes: PETICIONES: Que se ejecute de manera inmediata las órdenes de libertad de las y los 30 prisioneros políticos seleccionados unilateralmente para la obtención de indultos y se ofrezcan las garantías de reubicación y goce de la vida en libertad. Que se inicie de manera inmediata las brigadas médicas anunciadas, priorizando la atención de los casos graves de salud de prisioneros políticos. Que se agilice el proceso de adecuación de los patios especiales para prisioneros políticos, así como el ingreso a la reclusiones de todas las organizaciones de derechos humanos miembros de la Coalición Larga Vida a las Mariposas para el cumplimento de nuestras labores de verificación y revisión de la situación de las y los prisioneros políticos en Colombia. LLAMADO A LA SOLIDARIDAD: Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a los gobiernos garantes de los diálogos de Paz en Colombia, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad en general, para que difundan el presente comunicado y apoyen las exigencias del cumplimiento de los compromisos anunciados en beneficio de las y los prisioneros políticos en Colombia, enviando cartas a: Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos; Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Doctor Sergio Jaramillo Caro; Ministerio de Justicia y del Derecho, Doctor Yesid Reyes Alvarado 47.

14-1-2016, Pastor Alape dirigente de las FARC cuestionó desde La Habana las decisiones unilaterales tomadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos en el desarrollo de los diálogos de Paz en Colombia, y destacó que las mismas deben ser consensuadas entre las partes antes de ser incluso difundidas públicamente. “Anuncios no consensuados, como la iniciativa del plebiscito, la convocatoria al Congreso a reglamentar unas supuestas zonas de concentración, o la conformación de una Comisión Legislativa Especial, forman parte de una actitud que hace invisible al interlocutor en la Mesa y adelanta resultados pendientes aún de tratarse. Nos aprestamos a abordar plenamente el punto del Fin del Conflicto, y nos aguarda la discusión en torno a Implementación, Verificación y Refrendación. También están pendientes de dirimir las 42 salvedades existentes” 48.

19-1-2016, Se elevó al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitud para activar un mecanismo tripartito (ONU-Gobierno de Colombia-FARC) de monitoreo y verificación. Una misión política especial compuesta por observadores internacionales no armados, presidirá y coordinará el mecanismo tripartito en todas sus instancias. Junto al comunicado difundido por las partes, se remiten a Naciones Unidas documentos de sugerencia sobre las características y alcances de la misión, a la luz de lo acordado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Su respuesta positiva constituirá un gran apoyo al proceso. El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, tal como se ha convenido, reportará el cumplimiento del mandato y el fin de la misión al Consejo de Seguridad, e informará a los países de la CELAC con observadores, a través de su Presidente pro-témpore. El ex-Director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza señaló: “La Paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. No la Paz del silencio, de los hombres y mujeres silenciosos, silenciados. La Paz de la libertad –y por lo tanto de leyes justas–, de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los ciudadanos cuentan, conviven, comparten” 49.

19-1-2016, El Gobierno Nacional y las FARC reiteran su compromiso con las negociaciones para lograr un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final), incluido un Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Asimismo, reiteran su compromiso con la implementación de todos los acuerdos contenidos en el Acuerdo Final y la puesta en marcha de mecanismos eficaces de monitoreo y verificación, con acompañamiento internacional, que garanticen el pleno cumplimiento de los compromisos adquiridos. Hemos decidido crear un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del Acuerdo sobre el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, que genere confianza y de garantías para su cumplimiento, conformado por el Gobierno de Colombia, por las FARC-EP y por un componente internacional, quien preside y coordina el mecanismo en todas sus instancias, dirime controversias, realiza recomendaciones y presenta informes, y que iniciará sus labores una vez se haya llegado a ese Acuerdo. Respecto a la dejación de las armas el mismo componente internacional la verificará en los términos y con las debidas garantías que se establecerán en los protocolos del Acuerdo. Hemos acordado que ese componente internacional será una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la CELAC. Con ese propósito, hemos decidido solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación desde ya de esa misión política con observadores no armados por un período de doce meses, prorrogables a petición del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y así como a los países miembros de la CELAC, su disponibilidad para contribuir en dicha misión que será conformada por Naciones Unidas. Asimismo, solicitan que la Misión inicie los preparativos necesarios, en estrecha coordinación y colaboración con el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para su despliegue. Los observadores internacionales gozarán de plenas garantías de seguridad. Agradecemos a las Naciones Unidas y a la CELAC la disposición para apoyar a Colombia en la búsqueda de la Paz 50.

21-1-2016, A pesar de que se efectuó la liberación de cuatro guerrilleros de las FARC, las dificultades no han sido pocas. De la cifra anunciada en noviembre del 2015 por el Ministro de Justicia, serían treinta los indultados, solo dieciséis saldrían de las cárceles. El vocero de los prisioneros políticos y de guerra de las FARC, René Nariño, aseguró que en las cárceles están a la expectativa del cumplimiento integral de la primera fase del gesto unilateral prometido que, según él, “fue producto de la huelga y la movilización de los presos en veintiún cárceles del país”. No se trata solo de la liberación de los presos, la medida contempla el indulto, las brigadas de salud para enfermos y heridos de guerra y la concentración de los guerrilleros en patios y cárceles: “Hasta el momento el Gobierno cumplió una parte del indulto a los treinta, del resto no tenemos razón. Es paradójico todo lo que esta pasando”. El Gobierno hizo del indulto una “maraña de dificultades” que en lugar de construir confianzas de cara al tratado final, ha entorpecido el proceso. Las acciones del Ejecutivo no cuentan en el papel y en la importancia que deberíamos tener en medio del proceso. Somos producto del conflicto y tenemos nuestra condición a pesar de que el Gobierno lo niegue. “No hay ninguna razón para que el Gobierno se porte de esta manera. Hemos hecho miles de denuncias y acciones pacíficas para visibilizar la negligencia del Estado, no solo con nosotros sino en general con la población privada de la libertad”. En el anuncio de “gesto unilateral” del Ministerio de Justicia se fijó un plazo de quince días para su cumplimiento. Han pasado dos meses y es muy poco el avance. “Parece ser que quien no entiende el ritmo de la burocracia del Estado es el Ministro, o simplemente las cosas no tienen la voluntad política que deberían en medio de los diálogos”. Varios nombres fueron retirados de la lista inicial de treinta por impedimentos jurídicos que el Gobierno esgrimió a última hora. Algunos de ellos ya habían sido notificados de su libertad pero en la revisión de sus perfiles, aparecieron nuevos procesos abiertos. Los pocos logros de los últimos días se deben a las presiones de organizaciones como Solidaridad Jurídica, entidad de defensa de Derechos Humanos de los presos. Esto reafirma que “es una cuestión de voluntad política”. Lo que los medios ya informaron. Cuatro de los dieciséis se reunirán en La Habana con la delegación de Paz, para dar a conocer la realidad, los vividos en su paso por la cárcel. “No hay nada como tener a las Victimas del sistema carcelario en viva voz”. Su papel será reforzar el proceso al cumplir la tarea como multiplicadores de Paz y delegados de los prisioneros 51.

22-1-2016, Comunicado Conjunto #66: 1. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP reiteramos ante la opinión pública nacional e internacional nuestra voluntad y compromiso de concluir estas conversaciones, para lo cual hemos tomado unas decisiones que facilitan la creación de un escenario de cierre. 2. En primer lugar, acordamos conformar una Comisión Ejecutiva integrada por plenipotenciarios de las delegaciones, a la cual podrán sumarse, además de los responsables de cada tema, los asesores que cada parte decida, con el fin de facilitar las aproximaciones en el nivel estratégico, tomar las decisiones a las que haya lugar para agilizar la redacción de acuerdos y supervisar el trabajo de las delegaciones. 3. En segundo lugar, acordamos establecer un plan de trabajo con un cronograma que incluya tanto los temas restantes como los pendientes de los acuerdos ya logrados, para que la Comisión Ejecutiva pueda organizar de una manera más eficaz todo el trabajo restante, supervisar su desarrollo y tomar las decisiones necesarias, incluida la creación de nuevas comisiones de trabajo para abordar los temas pendientes. 4. En tercer lugar, solicitamos a los responsables de las subcomisiones que vienen trabajando intensamente por más de un semestre en temas del Punto 3 “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General, que entreguen a la Comisión Ejecutiva las conclusiones de su trabajo a más tardar el sábado 23 de enero. 5. También solicitamos a la subcomisión de género que concluya a la mayor brevedad el trabajo que viene haciendo de revisión con enfoque de género de los acuerdos sobre los puntos 1, 2 y 4 de la Agenda del Acuerdo General. 6. Las anteriores decisiones suponen que las delegaciones trabajarán en adelante de manera continua, extendiendo los tiempos de permanencia de la delegación del Gobierno en La Habana, y que los días de reunión se podrán planificar de una manera que facilite el intercambio de propuestas concretas sobre los temas restantes, que están todos interrelacionados. Por ejemplo, las delegaciones podrán trabajar varios días por separado y reunir la Comisión Ejecutiva cada vez que sea necesario en el Palacio de Convenciones o en otro lugar. 7. Los países garantes y acompañantes serán informados periódicamente de los trabajos realizados por la Comisión Ejecutiva y las comisiones de trabajo. 8. Acordamos solicitar a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, que organicen y coordinen todo lo necesario para realizar a la mayor brevedad un último foro, en esta ocasión sobre los Puntos 3 “Fin del Conflicto” y 6 “Implementación, Verificación y Refrendación” de la Agenda del Acuerdo General. 9. Se diseñará de manera conjunta una estrategia de comunicación y pedagogía dirigida hacia la sociedad colombiana para difundir los contenidos de los acuerdos hasta ahora alcanzados. 10. Esperamos que estas primeras decisiones del año nos permitan concluir, sobre la base de los avances alcanzados gracias al acuerdo “Agilizar en la Habana y desescalar en Colombia” del 12 de julio del año pasado, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 52.

3-2-2016, El Gral. (r) Jorge Enrique Mora luego de que las FARC calificaran como una “dolorosa tragedia nacional” el apoyo prestado por Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico, comentó: “A los colombianos no nos interesa lo que piensen las FARC con relación al Plan Colombia o a las decisiones del Gobierno. Las FARC están en un proceso de fin del conflicto, ellas saben que tienen que entregar las armas, tienen que reintegrarse a la sociedad colombiana y tienen que respetar las decisiones del Gobierno colombiano, tienen que respetar a los colombianos”. La ayuda por parte de Estados Unidos en la lucha de Colombia contra el narcotráfico fue decisiva para el fortalecimiento de sus instituciones y de sus fuerzas armadas. “El Plan Colombia significó mucho para nosotros los colombianos. Fue una oportunidad de reforzar las acciones desde el punto de vista militar. La situación del país era muy difícil. La guerrilla había logrado dar unos golpes importantes (…) A nivel internacional nos decían que Colombia era un país inviable, las encuestas decían que las Fuerzas Militares no eran capaces de derrotar la guerrilla y para fortuna nuestra llegó el Plan Colombia, sumado a otros planos internos, y logramos sentar a las guerrilla en La Habana”. El Gral. (r) Mora le recordó a las FARC que si quieren tener un espacio político, es necesario que tomen acciones concretas, abandonen las acciones terroristas y dejen las armas. “Las FARC saben que el Gobierno colombiano está dispuesto ayudarlas, a darles seguridad y a que ingresen a la vida política nacional” 53.

6-4-2016, Las FARC pidieron al Gobierno claridad sobre el fenómeno paramilitar y rechazaron el reciente paro armado decretado por el Clan Usuga. El vocero de las FARC alias Pablo Catatumbo reiteró que la amenaza paramilitar impide avances en la Mesa de negociación y conminó al Gobierno a firmar un Acuerdo para desmantelar este fenómeno que pone en riesgo la consolidación de la Paz. “No puede postergarse más en la Mesa de La Habana el Acuerdo sobre Paramilitarismo y Garantías de Seguridad. El mensaje ha de ser claro ante el país y el mundo. Con grupos paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror no puede materializarse la Paz. No se trata de tácticas dilatorias como aseguró el Ministro de Defensa, se trata de construir por fin un país distinto, democrático y justo”. El paramilitarismo no es ningún fantasma invocado por la insurgencia. “Ni una elucubración dilatoria para postergar la Paz”. Las FARC piden estrategias para terminar con los grupos paramilitares, y esperan recibir garantías de que éstos no serán una amenaza, como ha ocurrido en otros períodos cuando fueron asesinados activistas o políticos de izquierda por bandas de ultraderecha aliados con militares, quienes terminaron en la cárcel por esos vínculos. El reciente “paro armado” decretado por el Clan Usuga en varios departamentos “demostró una vez más la capacidad intimidatoria de esas fuerzas en amplias zonas del territorio nacional”. 346 colombianos, integrantes de organizaciones sociales y populares, han sido asesinados durante el Gobierno de Santos, contándose entre ellos 112 del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Según el Informe Oficial Basta Ya entre 2003 y 2012, cuando supuestamente ya no existía este flagelo, 2.7 millones de colombianas y colombianos fueron desplazados y expropiados de sus tierras 54.

26-4-2016, De los temas en discusión en la Mesa de La Habana, pese a que el Gobierno nacional, la derecha y los grandes medios no lo resaltan, el más importante por su contenido y trascendencia es el relacionado con el paramilitarismo y las garantías de seguridad. En ese asunto reside la clave de la Paz y de la guerra en Colombia. El conflicto armado de más de cinco décadas tiene como origen último el crimen político utilizado desde los entretelones del poder, así como la impunidad asombrosa de que ha disfrutado. Las FARC lo han dicho de múltiples maneras, con paramilitarismo no hay Paz. Mientras que del lado del Gobierno y los sectores de extrema, la posición asumida resulta sorprendente, no hay paramilitarismo, se trata de un fenómeno inexistente, un fantasma invocado. No extraña la dificultad para llegar a un acuerdo satisfactorio en esta materia. Para el país de izquierda y de las luchas sociales, el paramilitarismo no sólo es una amenaza permanente, sino una realidad que se aviva cada día más. Algo que debe cesar de una vez por todas. Los habitantes de las zonas rurales largamente influenciadas por las guerrillas preguntan a diario a las comisiones con las que se encuentran, qué va a pasar con ellos cuando las FARC hagan la dejación de armas y los paramilitares entren a matarlos. ¿Quién va a salir en su defensa? ¿El ejército? ¿La policía? Si todos saben que los paramilitares siempre han contado con su apoyo. ¿Deben confiar así no más, que porque las FARC firmen un Acuerdo de Paz con el Gobierno terminará la acción paramilitar? La larga lista de acuerdos y compromisos incumplidos por parte del Estado tendrá que detenerse esta vez. De la Mesa debe salir la certeza absoluta de que el fenómeno paramilitar desaparecerá definitivamente de Colombia. Eso tiene que convertirse en una realidad inmodificable. Ya no más asesinatos de líderes o lideresas sociales y políticos, se trata de algo que tiene que ser abolido para siempre en Colombia. La condena de esas prácticas debe ser generalizada y aplastante. Si se llegara a presentar uno solo de ellos, la reacción del Estado y la sociedad debe ser ejemplarizante. Los responsables deberán ser identificados a la mayor brevedad y sometidos a la justicia sin importar su influencia económica o política. El Estado no tendrá cómo esquivar su responsabilidad en esta materia. Porque en el cumplimiento de lo acordado estará vinculado todo el mundo. No se repetirá lo de los comuneros que creyeron la palabra del Virrey. El compromiso nos envolverá a todos. A los guerrilleros reincorporados, pero también a toda la sociedad colombiana, a la comunidad internacional, la CELAC, UNASUR, la ONU, Gobiernos como los de Estados Unidos y lo más representativo de la Unión Europea. La cuestión irá en serio. Colombia, como nación, como Estado, adquirirá el compromiso insoslayable de blindar de garantías a la oposición política, a los movimientos populares sociales y políticos, a sus dirigentes y activistas. Con monitoreo y verificación internacional, no de la boca para afuera. En eso consistirá la Paz. Y es por eso que el Acuerdo sobre seguridad y garantías que forma parte del Punto del Fin del Conflicto ha tardado tanto en sellarse. Las preocupaciones de mucha gente son perfectamente válidas, se trata de recogerlas con seriedad en la Mesa. Quizás, por primera vez en nuestra historia, acordado y abocado todo el mundo al cumplimiento de este Punto, sentiremos que vivimos, por fin, en un país civilizado. Habrá que hacer un gran esfuerzo para la reconciliación, pero al menos ya no volveremos a matarnos. Sólo así comenzará a producirse el respeto por las instituciones y las autoridades. Porque brindan realmente seguridad y garantías a todos. Su actual desprestigio obedece a que buscaron siempre imponer su credibilidad por la fuerza, porque sí 55.

6-5-2016, La Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba, hizo aclaraciones sobre el Acuerdo Especial. Es el recurso más eficaz en manos de la Mesa para asegurar jurídicamente el eventual Acuerdo de Paz y el camino más corto para lograrlo. No tiene sentido convertir este tramo final en un viacrucis innecesario cuando lo que se busca es salvaguardar la protección en todo sentido de quienes han padecido la guerra. ¿Qué tiene de malo que las FARC puedan exponer su punto de vista sobre el tema en la audiencia proyectada por la Corte Constitucional? ¿Cuál es el fundamento de quienes piden excluirnos -que no sea su intransigencia-, para pretender silenciar la voz de una guerrilla en evidente tránsito a movimiento político legal? Hace rato la reconciliación está exigiendo generosidad, sentido común, y mucho respeto por las creencias políticas. Las claras definiciones y contenidos de normas internacionales universalmente aceptadas, no deben ser desatendidas con conceptualizaciones, dubitativas, surgidas del qué dirá la derecha guerrerista. Si queremos la Paz, no vacilemos. Hay que entender que los Acuerdos especiales forman parte de los textos que conforman el Derecho Internacional Humanitario, y que el DIH no es una idea vaga, sino una realidad imperativa e insoslayable del Derecho Internacional Público que ya forma parte del bloque de constitucionalidad colombiano. No necesitamos ser juristas expertos para conocer algo tan elemental. La mesa de La Habana no es una Constituyente; verdad de Perogrullo. En nosotros no tendrá eco la invitación subjetiva a desconocer tratados internacionales ya aprobados por el Congreso, porque ello, no aporta seguridad jurídica, sino que la mina y la destruye anticipadamente. Las determinaciones jurídicas locales no pueden descalificar principios, decisiones mundiales y tratados que son imposibles de desconocer por su naturaleza y origen como el Derecho Internacional Humanitario. No hay estatutos nacionales que estén por encima de tales convenios. No podemos ir a contrapelo de lo que ya los textos e instancias internacionales han definido para bien de la humanidad. No es que desde La Habana se quiera desconocer la Constitución. Todo lo contrario, en La Habana hemos venido acogiendo lo ya resuelto por ella. Los tratados que rigen hoy en esta materia son extensión de la Carta Magna y prevalecen en el orden interno sin necesidad de nada más. Nadie ha afirmado que no se deba consultar al pueblo el resultado de la negociación. Pero queremos hacerlo bien; cuando los colombianos reciban la buena noticia de que el proceso ha culminado y las expectativas han sido atendidas. Algo que se puede alcanzar relativamente pronto si a lo que resta por acordar en la Mesa se le aplica el sentido común y el amor patrio en abundancia. ¿Quién más que nosotros puede estar interesado en la seguridad jurídica como fundamento del proceso Paz, y en la seguridad personal y de las víctimas? En lo que sí estamos de acuerdo es con la afirmación en cuanto a que “los Acuerdos se discuten en la Mesa”. Entonces pongámosle punto final a las iniciativas unilaterales surgidas por fuera de ella. Regresemos a la Agenda. No más confusión. No más controversia inane. La unilateralidad es mala consejera. Hay unas reglas del juego convenidas y aceptadas. Respetémoslas 56.

7-5-2016, El Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Briceño, se dirige al Doctor Luis Carlos Villegas, Ministro de la Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares, Distrito Capital, preguntando qué amenaza vulnera los derechos de los colombianos en las proximidades de nuestros campamentos guerrilleros, que contra ellos se desarrollan operaciones ofensivas en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila. Deben estar informados que nos encontramos concentrados realizando labores pedagógicas que permitan a la guerrillerada prepararse para lo que sigue, luego de la trascendental firma del fin del conflicto, la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil, de acuerdo a nuestros intereses económicos, políticos y sociales. Proceso nada fácil, por todo lo que implica asumir lo que serán nuevos paradigmas orientadores hacia la construcción de una paz estable y duradera. Es, además, una cuestión de compromiso y responsabilidad con el país y la comunidad internacional. Los hechos más relevantes que denunciamos es la hostilidad de patrullas alrededor de nuestros campamentos en mediaciones de los ríos Duda, Guayabero y Leyva, Municipio de La Uribe, Meta, así como exploraciones a nuestros campamentos de los frentes 55 y 40; el bloqueo a la entrada de alimentos y avituallamientos. Situación similar se está presentando contra los frentes 51 y 53, en la vereda Centro Duda, municipio de La Uribe, presentándose allí cuatro combates defensivos en los últimos días del mes de abril y principio del mes de Mayo. En la Vereda El Triunfo, Municipio de Lejanías, el ejército cortó un cable que permitía el cruce del Rio Guape y se ha dado una fuerte militarización de esa área perteneciente al páramo de Gramotales, extendiéndose hasta el corregimiento de Nazaret, de La Zona 20 del Distrito Capital. Por el resguardo indígena, Ondas del Cafre, municipio de Mesetas, se desarrollan operaciones contra el Frente Urías Rondón, y, en este momento, hay operaciones contra los frentes 25 y 17, en el departamento del Huila, donde se presentó un combate defensivo, en días recientes, con unidades del frente 17. ¿Qué peligro representa una guerrilla concentrada en zonas como Centro Duda, próximo a Casa verde, Municipio de La Uribe, dedicadas a estudiar pormenores de la reconciliación nacional? Al país se le debe demostrar con hechos tangibles que es posible la reconciliación y para ello, las partes en conflicto, hemos de dar muestras de sensatez atreviéndonos a tender puentes de entendimiento en vez de hacer sangrar más las heridas de la patria. Que mejor, Señor Ministro y Señores oficiales, que generar confianza en vez de estimular hechos sangrientos, dolorosos y lamentables al borde del fin del conflicto. Tienen ustedes la palabra en cuanto al compromiso de contribuir de la mejor manera a la reconciliación nacional 57.

8-5-2016, Tras el desplazamiento de las tropas de las FARC hacia las zonas de campamentos y la puesta en marcha de la verificación, comenzaría el cese bilateral y definitivo del fuego. Faltaría por acordar los pasos de la implementación. Mientras el país discute sobre el blindaje jurídico de los Acuerdos de Paz con las FARC, las negociaciones en La Habana caminan hacia un pronto Acuerdo sobre el punto del fin del conflicto. Sobre el cese bilateral y definitivo del fuego, el cronograma de dejación de armas y las medidas que tomará el Gobierno para garantizar la seguridad de los guerrilleros. Como se trata, en los hechos, del pacto que marca el fin de la guerra, lo que les quedaría a las partes por negociar es el sexto y último Punto de la Agenda: implementación, verificación y refrendación de los Acuerdos, en el que entra el mecanismo para blindar jurídicamente todo lo convenido en La Habana. El Gobierno y las FARC han estado trabajando para que la Paz definitiva se firme a finales de junio en una ceremonia especial en la capital cubana, en la que volverían a encontrarse el Presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, “Timochenko”. Solo un tropiezo, “como el intento de querer validar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz”, podría alterar los tiempos previstos en La Habana. La Mesa de Paz ha estado centrada en la definición del número de zonas con campamentos de las FARC y las condiciones de movilidad de los guerrilleros. Está previsto que, una vez anunciado el Acuerdo sobre el cese bilateral y definitivo del fuego y la dejación de armas, se abra un espacio para que los jefes de las FARC expongan ante sus tropas el Pacto con el que se termina la guerra. Ante los combatientes, los Comandantes “deben ratificar el fin de la rebelión y de la lucha armada para convertirse en partido político”. Se estará cumpliendo, así, un hecho de gran significado para las FARC: la renuncia a los fusiles y a su uniforme de combate tras 52 años de guerra. También para Colombia este será un hito histórico. La notificación de los Jefes guerrilleros a sus tropas de que abandonarán las armas marcará el inicio de una nueva era: la de un país sin FARC, algo que las últimas generaciones nunca han conocido. Esto, a juzgar por las encuestas, no ha sido valorado por los colombianos en toda su dimensión. El último sondeo de Gallup -hecho en las cinco principales ciudades del país- indica que el 66 por ciento de los entrevistados no cree que el proceso de Paz vaya por buen camino. Paradójicamente, América Latina, Europa y Estados Unidos han asumido el fin del conflicto con las FARC como uno de los hechos más importantes de este año en el mundo. En Luxemburgo, los Cancilleres de la Unión Europea se comprometieron con el fondo para financiar la implementación de los Acuerdos y dieron su respaldo político a la Paz colombiana. Una vez que los Jefes de las FARC hayan explicado a sus tropas el Acuerdo del fin del conflicto, lo que podría tomarse unos 15 días, definirán con el Gobierno los detalles del último Punto de la Agenda: implementación, verificación y refrendación, y se alistarán para el acto final del proceso de Paz. Según lo que se ha discutido en La Habana, el cese bilateral y definitivo del fuego podría ponerse en marcha incluso antes de la firma de la Paz. Para esto, debe haberse cumplido el desplazamiento de las tropas guerrilleras a los lugares donde estarán las zonas de campamentos y deberá estar lista la verificación coordinada por la ONU. El Gobierno tendrá que comenzar a preparar la excarcelación de los guerrilleros presos, que las FARC estiman entre 1.500 y 2.000. El paso que marca la transformación de un guerrillero de las FARC en un civil, dada por la entrega de su arma, podría comenzar antes del plazo pactado por el Gobierno y el grupo insurgente cuando anunciaron el Acuerdo sobre Justicia, el 23-9-2015. Ese día informaron que la dejación de armas arrancaría 60 días después de la firma de la Paz, pero el mismo grupo guerrillero ha dicho que no necesita tanto tiempo para comenzar ese proceso. El desarme concluiría entre seis y siete meses después de que se firme la Paz. Para las FARC es crucial culminar el desarme antes de que termine su mandato, en enero, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien consideran un apoyo clave para la Paz. Esperan que la dejación de las armas desemboque en su exclusión de la lista de grupos terroristas de ese país. Resuelto el punto del fin del conflicto, lo que sigue es que el Gobierno y las FARC definan el mecanismo para blindar jurídicamente los Acuerdos, de tal manera que ni otro Gobierno ni el Congreso ni la misma Corte Constitucional los puedan revocar en el futuro. Ya el ex-Fiscal General Eduardo Montealegre se adelantó con una demanda ante ese tribunal para que lo pactado en La Habana tenga categoría de Acuerdo Especial, una figura del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que permite a las partes de un conflicto hacer tratados de Paz. Como el DIH tiene nivel constitucional, el Acuerdo Especial lo tendría. El Gobierno fue explícito en que también está interesado en blindar los Acuerdos y en que no le ha cerrado la puerta a ninguna propuesta, pero dijo que la decisión sobre cómo hacerlo deben tomarla las partes. Hizo un llamado a la Corte Constitucional para que no falle la demanda de Montealegre hasta que no haya Acuerdo definitivo de Paz, pues considera que un fallo judicial previo puede alterar decisiones sobre el Pacto final. Iván Márquez ratificó que para las FARC el Acuerdo Especial es “el camino más corto” para asegurar jurídicamente los Acuerdos. Independientemente de la decisión que tome la Corte y de la herramienta que se acuerde en la mesa, el asesor de las FARC Enrique Santiago cree que los Pactos de Paz deben quedar doblemente asegurados, “en el Derecho Internacional y en el interno”. Según Santiago, para blindarlos internacionalmente, “una vía fácil, rápida y adecuada es la incorporación del Acuerdo final a una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, tal como ocurrió en el 2015 con el Pacto de Paz entre el Gobierno y la guerrilla en Mali. La solicitud para la incorporación del Acuerdo final de Paz a una Resolución del Consejo de Seguridad debe hacerla el Gobierno. Si la Corte falla en contra de la demanda de Montealegre, desde el punto de vista de Santiago, el blindaje interno tendría que hacerse “mediante un Ley ordinaria que le dé la categoría de tratado de Paz al Acuerdo final”. Luego, debería incorporarse a la Constitución como un artículo transitorio, mediante un acto legislativo. Esto obligaría a un trámite adicional en el futuro para darle rango constitucional permanente 58.

13-5-2016, El proceso de Paz va por buen camino. Las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, en desarrollo del derecho a la Paz, hemos convenido la ruta más corta y segura en lo jurídico, para llegar a la reconciliación nacional. El Acuerdo Final será firmado por las partes como Acuerdo Especial. Esta figura, prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949, convertirá lo acordado en norma de obligatorio cumplimiento conforme al derecho internacional, y lo incorpora al Bloque de Constitucionalidad, debiendo ser respetado cada vez que se apruebe una ley de desarrollo del mismo. La legitimidad del Acuerdo Especial, será reforzada mediante una “declaración unilateral del Estado” colombiano, en la que se solicitará también la incorporación de su texto a una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una vez aprobado el Acuerdo Final, el Congreso de la República decidirá si lo hace suyo, y si así fuera a través de procedimiento legal definido, lo incorporará al orden jurídico colombiano, lo cual interpreta fielmente el mandato constitucional que señala que la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Este Acuerdo, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, será parte, además, íntegramente, de la Constitución Política colombiana mediante un artículo transitorio que contendrá toda la literalidad de lo acordado por las partes en la Mesa de Conversaciones. El Acuerdo se inscribe en el respeto a los principios y mandatos plasmados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, en el Derecho de los Derechos Humanos, en el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma. Estas normativas que regulan el mundo, que están protegidas por los principios del Derecho de Gentes, “tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”, aplican ya en nuestra patria. Forman parte de bloque de constitucionalidad. Las FARC-EP y el Gobierno Nacional, hemos creído que todos estos mecanismos de seguridad jurídica son imprescindibles para garantizar que la implementación de los Acuerdos alcanzados sobre Derechos Humanos de los colombianos -tanto civiles y políticos, como económicos y sociales- sea respetada por los sucesivos Gobiernos. Y es este quizá uno de los mejores homenajes a las Víctimas del conflicto, que de esta forma seguirán situadas en el centro del proceso de Paz. Algunos conceptos referidos en el Acuerdo, como puede ser la noción de los Acuerdos Especiales surgidos del artículo 3ro de los convenios de Ginebra de 1949, pueden sorprender. Sin embargo, manifestamos que precisamente es una de las piezas claves del nuevo compromiso. Se trata de la mayor garantía de que nuestra palabra vale. Precisamente, nos acogemos a esa institución de valor universal para señalarle al mundo entero que vinimos a La Habana a adquirir el compromiso de una Paz para siempre en los términos que mande el Acuerdo Final próximo a subscribirse, y a expresar el juramento del Nunca Más. El Estado colombiano habrá de hacer lo propio. En cuanto a lo que nos ha correspondido y corresponde, lo hemos hecho expresando nuestra voluntad de manera libre y sincera; nos ha acompañado y nos sigue y seguirá acompañando la buena fe como principio, con la certeza para nosotros que como dice el Tratado sobre los Tratados de Viena de… “lo acordado es para cumplirse”. Hemos sostenido que los Acuerdos Especiales valen desde que los asumen las partes por estar el DIH inserto en el Bloque de Constitucionalidad; en efecto ello comienza a ser una realidad. Significa esto, que siendo nosotros una institución de palabra, a la luz de las normas internacionales y del Derecho Internacional Humanitario, ya nos rige lo acordado, como nos regirá la firma del Acuerdo final porque nuestra rúbrica es un sello vital de compromiso histórico y un legado incontrovertible para las futuras generaciones de cómo se deben asumir las obligaciones ante el altar de la patria. Pero en todo caso, como lo ha dicho el Jefe de la Delegación del Gobierno, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado. Lo que las partes hemos acordado es probablemente el mayor impulso que se ha dado al derecho universal a la Paz desde el fin de la guerra fría. Si entre los combatientes, entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese el fuego y las hostilidades, es porque el Acuerdo es inminente. Si la dejación de las armas, con compromisos recíprocos para las Partes, se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico pacto de humanidad y amor por la patria. Si el Acuerdo sobre garantías de seguridad y paramilitarismo está a punto de ver la luz, es porque efectivamente estamos cerca del Acuerdo Final. A quienes se resisten a la Paz les extendemos nuestra mano y los invitamos a que sin menoscabo de su dignidad asuman con nosotros protagonismo en la construcción del futuro de Paz para Colombia. Los colombianos debemos alistarnos para entrar en una nueva era de reconciliación, de libre debate de las ideas y de transformaciones sociales; debemos por tanto iniciar desde ya los preparativos de la gran fiesta nacional por la Paz. La Paz será la victoria de Colombia entera 59.

14-5-2016, Después de todas las tragedias sangrientas ocurridas en Colombia, tras sufrir en carne propia la muerte de propios y extraños, sentimos el derecho de pedir en nombre de la civilización, en nombre de las incontables víctimas, ¡ya no más muerte y horror para la patria! ¡No más guerra, en nombre de nuestros hijos y de los hijos de todos! ¡Ya nunca más violencia y miedo en nuestra tierra, Dr. Uribe Vélez!¡no más viudas y huérfanos adoloridos! A todos aquellos que por diversas razones se sienten dejados a un lado por los diálogos de La Habana, a usted mismo, Dr. Uribe, los invitamos del modo más comedido a deponer prevenciones. No es justo concluir con tanto desparpajo que los Acuerdos alcanzados sin su presencia constituyen una traición a la patria, ni cabe continuar alimentando en la mente de parte importante de la población colombiana el rencor y los ánimos de venganza. Los ocho años de su Gobierno, Dr. Uribe Vélez, hubieran podido ser de Paz, pero se fueron en la más intensa confrontación de la historia nacional. Cuánta muerte, desolación y miserias ocurrieron por cuenta de ella. No debe olvidarse que pese a eso no se nos pudo vencer. Y si no se nos derrotó en la guerra que enlutó a Colombia, emerge entonces la opción de la Paz, que no es otra cosa que la derrota de la injusticia, la desigualdad y la violencia política. La Paz no apunta contra nadie, contra ningún partido o movimiento político, contra ningún trabajador colombiano, sea este de derecha o izquierda. Que arroje la primera piedra aquel que habiendo tenido responsabilidades de Estado en el pasado, pueda clamar que no tiene nada que ver con lo sucedido, o que las cosas ocurrieron sin que él se percatara. Dr. Uribe, estamos dispuestos a conversar tranquilamente con usted sobre el futuro de nuestra nación. En La Habana, o en lugar de Colombia que usted prefiera, contando desde luego con las garantías de seguridad suficientes para nuestro traslado y estadía en suelo patrio. Discutamos sobre su llamado a la resistencia nacional contra la Paz, producido sin haber escuchado a quienes tanto combatió por tierra, mar y aire sin vencerlos. Nosotros provenimos de la resistencia a la violencia, a la injusticia y la impunidad. Precisemos entonces el significado del término. Cuánta sangre, cuántas lágrimas, cuánta desolación le han dejado a nuestro país llamados semejantes a los que usted viene haciendo. Es cierto que siempre se sabe cómo comienzan las cosas, pero nadie es suficientemente sabio para saber cómo van a terminar. Es fácil azuzar la violencia desde cómodas habitaciones en los barrios altos de la ciudad, cuando los muertos caen en los campos y son hijos ajenos de gentes anónimas. La resistencia iniciada por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y cuarenta y ocho campesinos en Marquetalia comienza a quedar atrás por quienes aceptamos convertirnos en constructores de Paz y reconciliación. Lo acordado hasta hoy en La Habana, más lo que se irá anunciado en plazos próximos, conseguirá por fin hacer sonreír a Colombia, sin olvidar su pasado y sus víctimas. La calidad de Acuerdo Especial configura ni más ni menos que el cimiento del Nunca Más. Lo queremos a usted sentado a la Mesa de la Reconstrucción y Reconciliación Nacional. No a la Mesa del capricho personal o las exigencias carentes de generosidad. Continuemos la marcha a partir de lo alcanzado que ya aplauden las naciones de todos los continentes, que responde al Derecho de Gentes, a Tratados Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad de la República, que aplauden mandatarios de todo el mundo y hasta el Papa Francisco. Proponemos al país entero un Acuerdo político para reordenar entre todos la Nación. Nadie quedaría por fuera, queremos que usted sea partícipe de él, Dr. Uribe, conversemos. Fue usted un formidable adversario que nunca nos dio cuartel, pero como ve, seguimos aquí, en la brega, trabajando incansables por la nueva Colombia. La Paz merece dejar atrás orgullos 60.

15-5-2016, Las Delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos llegado a un “Acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención”. En el marco del fin del conflicto, la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (en adelante menores de edad) vinculados al conflicto armado es un propósito compartido por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Como una medida de construcción de confianza y con el fin de dar unos primeros pasos que contribuyan a la salida progresiva de los menores de edad de los campamentos de las FARC-EP, y a garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales así como sus derechos civiles y ciudadanos, el Gobierno Nacional y las FARC–EP, hemos logrado un acuerdo sobre la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y un compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención, conforme a lo siguiente: Principios orientadores que serán de aplicación a los menores de edad objeto de este acuerdo. Interés superior del niño, niña y adolescente. Reconocimiento de derechos. Reconocimiento de los derechos ciudadanos a los menores de edad y su derecho a participar en las decisiones que los afectan. Reconocimiento de su condición de víctima del conflicto. Respeto a la dignidad y privacidad de los menores de edad. Garantías para la protección integral de los menores de edad, incluidas las garantías de seguridad. Participación de los menores de edad en la ejecución del programa diseñado para su atención y respeto a su punto de vista. Priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta los principios a y c. Enfoque diferencial, de género, étnico y etario, con especial atención a los derechos de las niñas. Carácter humanitario de las medidas de construcción de confianza: Las medidas y programas aquí contenidos tendrán un carácter estrictamente humanitario. Tratamiento Legal: Los menores de 14 años en ningún caso pueden ser declarados penalmente responsables. A los menores de edad de 14 a 18 años que salgan de los campamentos de las FARC-EP en cumplimiento de estas medidas de construcción de confianza se les aplicará el beneficio del indulto por la rebelión y delitos conexos cuando no haya impedimento en las leyes colombianas. Respecto a los menores de edad que estuvieren procesados o condenados por la comisión de delitos no amnistiables o indultables, en una fase posterior se estudiará su situación. Tras la firma del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional se compromete a tramitar las medidas necesarias para que todos los menores de edad que hayan salido o vayan a salir de los campamentos de las FARC-EP y que se encuentren procesados o condenados por delitos no amnistiables o indultables, queden a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz para examinar sus responsabilidades. Cualquier actuación ante las autoridades judiciales se realizará por intermedio de abogados de confianza y evitando la intervención directa de los menores de edad de que tratan estas medidas. Las FARC-EP se comprometen a implementar completa y efectivamente las siguientes medidas: Continuar cumpliendo su decisión de poner fin al reclutamiento de menores de 18 años. Entregar la información disponible sobre los menores de 15 años que saldrán próximamente de los campamentos, en el marco de las medidas de construcción de confianza. Proceder a la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP tan pronto se acuerde el protocolo y el plan transitorio de acogida, conforme a lo establecido en este acuerdo. Tomar las medidas a su alcance para garantizar la salida progresiva de todos los menores de edad que se encuentran en los campamentos de las FARC-EP para lo cual el Gobierno y las FARC-EP trabajarán una hoja de ruta. Contribuir a la identificación de todos los menores de edad en los campamentos de las FARC-EP, con el fin de que reciban el necesario apoyo y acompañamiento en el proceso de salida y participen en el programa especial de garantía de derechos que se acuerde para ellos. Informar sobre estas medidas a las unidades guerrilleras. El Gobierno Nacional por su parte se compromete a: Conformar una mesa técnica liderada por la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, que podrá pedir la presencia en calidad de invitados de otras entidades, y con la participación del CICR, UNICEF, OIM, y tres organizaciones sociales o especializadas escogidas por la Mesa, a fin de que: Elabore y presente a la Mesa de Conversaciones una propuesta de protocolo para la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP, en el marco de las medidas de construcción de confianza, y un plan transitorio de acogida para la garantía de sus derechos, conforme a lo establecido en este Acuerdo. Elabore y presente en los próximos 30 días una propuesta para su discusión y aprobación en la Mesa de Conversaciones de un programa integral especial para todos los menores de edad de que trata este acuerdo, con el fin de garantizar la restitución de sus derechos. Garantizar y proteger los derechos de los menores de edad objeto de este Acuerdo. Para el diseño de la propuesta de Plan Transitorio y del Programa Especial, además de los principios enunciados se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos. Priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta la opinión y el interés superior del menor de edad. Atención en salud. Educación para los menores de edad (básica, media, técnica y tecnológica, y becas y facilidades de acceso a educación universitaria para quienes alcancen y deseen acceder a dicho nivel académico). Garantía de inclusión de sus familias en la oferta estatal y de cooperación internacional de proyectos productivos y de vivienda digna, para contribuir a su estabilización social. Participación activa de las comunidades en el Programa. En el Programa se incluirán todos los menores de 18 años que han salido o que salgan de los campamentos de las FARC-EP, incluyendo los que salieron en los últimos meses en cumplimiento de la decisión de las FARC-EP de 12 de febrero de 2015, los tres menores que se entregaron al CICR el 4 de mayo de 2014 y los dos menores indígenas entregados al CICR en el Cauca el 20 de febrero de 2015. Mecanismo de acompañamiento: Hemos acordado solicitar a UNICEF y a la OIM, que acompañen el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de estas medidas iniciales. Invitamos a la Oficina de la de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, al Centro Carter, Llamamiento de Ginebra y a tres organizaciones sociales o especializadas escogidas por la Mesa a apoyar, acompañar y/o hacer veeduría a las medidas aquí acordadas. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecemos el apoyo de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, Sra. Leila Zerrougui, y de UNICEF Colombia para poder alcanzar este acuerdo 61.

26-5-2016, La Delegación de Paz de las FARC, presentó una ponencia a la Audiencia Pública: “Reforma Política y Garantías de Participación Política para la Construcción de la Paz en Colombia”, en la Cámara de Representantes, con la esperanza en la reconciliación. Por el carácter restringido que durante décadas ha tenido la democracia en Colombia, cruzándose en su desenvolvimiento el horror de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, la Participación Política, es uno de los temas principales de la Agenda de La Habana. De su discusión surgió en noviembre del 2013 el segundo Acuerdo que denominamos Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz. Por la complejidad que reviste esta problemática que forma parte del conflicto armado de más de medio siglo, catorce asuntos fundamentales quedaron como salvedades, por lo cual el Acuerdo es parcial. El Acuerdo contempla medidas efectivas para la transformación del régimen político, como las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la participación social, las reformas para la promoción y protección al pluralismo político, la Misión Especial para la Reforma Electoral, o las Circunscripciones Territoriales de Paz. Todas estas medidas democratizadoras, requieren de una pronta reglamentación e implementación, que solo puede hacerse con la más amplia participación de todos los sectores políticos, especialmente de aquellos que hemos estado sistemáticamente excluidos. Los Acuerdos de La Habana no pueden correr la misma suerte de la Constitución de 1991, donde los ímpetus progresistas del constituyente primario y el principio universal del pacta sunt servanda fueron prontamente burlados por una legislación restrictiva elaborada a la medida de un Parlamento que mayoritariamente ha estado a espaldas a la apertura democrática. Recordamos que en este mismo recinto, hace veintitrés años, el entonces Congresista, Manuel Cepeda Vargas, presentó un proyecto para hacer realidad el Estatuto de la Oposición ordenado por la Carta de 1991, pero su empeño fue rechazado por las mayorías parlamentarias. Poco después el Senador de la oposición fue vilmente asesinado por el régimen de la intolerancia que aún impera. Casi un cuarto de siglo después y tras once proyectos legislativos archivados, sigue sin cumplirse la disposición constitucional, cuya concreción, hoy más que nunca es un requisito urgente para la construcción de la verdadera democracia y la inclusión política. Por ello, el Acuerdo de Participación Política forjado en La Habana ha convocado a todos los partidos y movimientos políticos a construir conjuntamente una propuesta de Estatuto reglamentario que otorgue plenas garantías para que las fuerzas políticas y sociales puedan oponerse democráticamente a los gobiernos a nivel nacional y local, participen en equidad de condiciones en la justa política y les posibilite proyectarse como alternativa de poder. Inevitablemente las diferentes propuestas que desde diversos espacios vienen construyéndose al respecto, están llamadas a integrarse prontamente en una nueva normatividad que acorde a esta etapa histórica de fin del conflicto de una vez por todas cumpla con el postergado compromiso de 1991. Un Estatuto de Oposición para un país en Paz, no puede versar meramente sobre las reglas formales para procedimientos parlamentarios, debe reconocer al conjunto de expresiones sociales y políticas que desarrollen oposición, garantizar el acceso al espectro electromagnético propiedad de la nación, y ofrecer espacios reales de participación dentro del conjunto de los órganos del Estado. Todo ello partiendo, obviamente de asegurar el más elemental de los derechos para los opositores, la vida y la integridad personal, con un sólido y efectivo Sistema de Seguridad, ya que solo en el 2015 fueron 682 los opositores agredidos. No se trata de dádivas misericordiosas, la oposición requiere de las simetrías de poder propias de una auténtico régimen democrático, donde los pesos y contrapesos no derivan solo de la estructura del Estado, sino del reconocimiento de las fuerzas que éste debe representar. La esencia misma de una reglamentación de la oposición, no es eternizar a quienes la ejercen en este bando, sino brindar elementos de incidencia y de perfilamiento para un futuro ejercicio de gobierno, abriendo las posibilidades de alternancia en el poder, como parte del juego democrático. Instancias como la Junta Directiva del Banco de la República, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el CONPES, el CONFIS y el CNE, deben contar con la participación de la oposición, si en verdad se aspira algún día a desarrollar políticas de Estado, y no instituciones de bolsillo de los gobiernos de turno o inestables al vaivén de las coyunturas políticas. Nada fortalecería más a la democracia colombiana y a la transparencia, que consagrar en este mismo Estatuto, que el Contralor General de la Nación será elegido de terna presentada por los partidos de oposición, y garantizar mecanismos efectivos de veeduría y control de ésta sobre el Ministerio Público, hoy deformado en poderes omnímodos. Además del Estatuto, la posibilidad de dar un soporte político al esquema gobierno-oposición en Colombia que redunde en el afianzamiento de un régimen democrático, se basa en el fortalecimiento de un sistema de partidos de cara a la Paz. Ha llegado el momento de pasar la larga y vergonzosa página de la historia de cacicazgos bipartidistas, franquicias electorales, transfuguismos, parapolíticos, “lentejas” y “mermelada” (coimas). A las disposiciones ya definidas en el numeral 2.3.1 del Acuerdo parcial de Participación Política para promover el pluralismo, el acceso al sistema político y la igualdad de condiciones para la competencia electoral, que requieren una clara normatización e importantes cambios de la legislación vigente, es fundamental desarrollar una auténtica reforma política que democratice y cohesione a los mismos partidos, garantice la plena financiación estatal a éstos y elimine la política “prepago”, con la que mafias legales e ilegales han elegido gobernantes desde el fin del Frente Nacional. Disposiciones especiales deben contemplarse para la participación de las minorías políticas o expresiones políticas regionales, como parte del variado panorama de voces necesarias en un régimen democrático, así también como políticas para la participación protagónica de la mujer, la juventud, los pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente marginados dentro de la política tradicional. Reformar la política, significa inevitablemente renovar a quienes hacen política. A este nuevo universo político propio de un país en Paz, es al que queremos entrar a aportar las FARC transformadas en un nuevo movimiento político y sumadas a la más amplia convergencia democrática que afiance el proceso de reconciliación nacional iniciado en los Acuerdos de La Habana. Para realizar este tránsito de organización política en armas, a organización política legal, se requiere algo más que nuestra inquebrantable disposición de Paz. Además de las obvias garantías de seguridad para nuestro ejercicio político, si de lo que se trata es de cambiar nuestros instrumentos de lucha, de balas por votos, se requieren reformar las reglas de juego para hacer posible una equilibrada contienda electoral. El vigente sistema electoral, gestado con la reforma del 2003, fue diseñado por un Parlamento del que el narco-paramilitar Salvatore Mancuso se vanagloriaba de controlar más de un tercio. El Congreso de los escándalos de la parapolítica fue el que determinó el voto preferente que favorece la corrupción, el excluyente umbral y otras normas hechas a la medida para que las mafias coparan el parlamento, mantengan ventajosos beneficios y se cercenen las alternativas políticas. Para la Paz, y para la participación electoral, no solo de las FARC, sino de la inmensa mayoría de colombianos y colombianas que hoy no acude a las urnas, urgen pues medidas efectivas de inclusión, modernización y transparencia electoral. Señalemos lo mas simple e irrefutable. Todos sabemos que los principales escollos para la modernización de las técnicas electorales y la implementación del voto electrónico ya aprobado hace cinco años, son los emporios clientelares que han cabalgado históricamente sobre el fraude y los ingentes intereses económicos de los consorcios que se han lucrado con la contratación privada de los comicios y la adulteración de los resultados electorales. Hemos propuesto al país una profunda reforma que incorpore la creación de un Poder Electoral como rama de poder público independiente, realice un proceso efectivo de identificación de la ciudadanía en medio de la veeduría de todos los sectores políticos nacionales y la verificación internacional, repiense el ordenamiento electoral, le abra camino a una Cámara Territorial otorgándole otro sentido a la representación de las comunidades de toda Colombia, al tiempo que se desarrollen todos los procedimientos propios del siglo XXI para otorgarle pulcritud y transparencia a los comicios. Sabemos que quienes se han beneficiado del viciado sistema electoral que ha imperado durante el conflicto, difícilmente harán la reforma política que requiere la Paz. Pero con la misma esperanza con la que construimos acuerdos entre quienes hemos combatido en la guerra, estamos seguros que la firma del Acuerdo Final, activará una gran ola de transformaciones que con el concurso del poder constituyente del pueblo soberano, podrá contribuir a forjar un nuevo sistema político incluyente y democrático para la reconciliación nacional, que nos permita, por fin, llegar a dignificar el ejercicio de la política en Colombia 62.

21-6-2016, Las delegaciones, con presencia del Presidente Juan Manuel Santos, anunciarían que hay Acuerdo sobre zonas de ubicación temporal y cese el fuego bilateral. En materia de dejación de armas, por ahora solo se anunciaría el mecanismo que se implementará para que la guerrilla deje las armas, las zonas, mecanismos y destino final del armamento. Se trata de un punto en el que aún se estarían finiquitando detalles. Ha trascendido que el Gobierno entiende la dejación de las armas como un momento que depende de la decisión de las FARC. La guerrilla, por su parte, lo ve como un proceso gradual que implica compromisos de parte y parte. Las garantías de seguridad y gestos de confianza por parte de las fuerzas militares, así como la lucha contra el paramilitarismo, forman parte de sus peticiones. La dejación de las armas conduce directamente a un escenario: las zonas de concentración o de ubicación temporal, cuyo número preciso sería anunciado. La propuesta de los negociadores del Ejecutivo es que la guerrilla se ubique temporalmente en determinados puntos geográficos hasta que dejen las armas. El contacto con la población debe ser mínimo, con autorización del Gobierno y las Naciones Unidas. Las armas, a juicio de los plenipotenciarios de Santos, deben ser guardadas en depósitos mientras dure el cese bilateral, y un pequeño porcentaje utilizado para la seguridad de los excombatientes. Para brindar a los guerrilleros garantías de seguridad, se crearía una Subdirección Especial en la Unidad Nacional de Protección, sumado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para blindar a los subversivos de organizaciones sucesoras del paramilitarismo 63.

19-6-2016, Tres Razones por las Cuales las FARC-EP se Oponen al Plebiscito: “1.- Por cuanto somete un fin mismo de la nación y derecho fundamental, al escrutinio de las urnas, yendo en contravía de la misma Constitución, porque es que la paz no es plebiscitable. 2.- Por su improcedencia legal, ya que otorga al plebiscito potestades aprobatorias sobre materias que no son resorte del ejecutivo, como el cúmulo de reformas constitucionales y legales derivadas de los acuerdos. 3.- Por cuanto ha sido una propuesta no definida por la Mesa, que entraría en contradicción con la ya aprobada categoría del Acuerdo Especial” 64.

24-6-2016, Acuerdo Gobierno-FARC-EP para Cese el Fuego Bilateral y Definitivo, Lucha Contra el Paramilitarismo y Refrendación. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a Acuerdos en los siguientes puntos: 1. Acuerdo sobre “Cese el fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”. 2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los Acuerdos y la construcción de la Paz.” 3. Acuerdo sobre “Refrendación”. I. Acuerdo sobre Cese el fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. 1. Compromisos. El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese el fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas. 2. Objetivo. El presente Acuerdo sobre Cese el fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. 3. Monitoreo y Verificación. Acordamos crear un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (fuerza pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la Dejación de las Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1 la fuerza pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese el fuego y Dejación de las Armas. Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas Zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”). El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos. Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese el fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de Acuerdo con sus intereses. Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo Acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese el fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada Zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas Zonas. En caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de Acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La ubicación de los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de Acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP. 6. Zona de Seguridad. Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona. 7. Seguridad. El Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese el fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de las FARC-EP, los delegados del Gobierno Nacional, la fuerza pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional a través de la fuerza pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso. 8. Dejación de las Armas (DA). Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 9. Procedimiento. Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final. Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de Acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese el fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Por último, sobre la base del Acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la Resolución 2261, el Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente Acuerdo. II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los Acuerdos y la construcción de la Paz” Este Acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de Derechos Humanos en los territorios; garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo que amenacen la construcción de la Paz. El Acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el Punto 5. El Acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios: 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los Derechos Humanos. 2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3. Fortalecimiento de la administración de justicia. 4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública. 5. Enfoque territorial y diferencial. 6. Enfoque de género. 7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. 8. Participación ciudadana. 9. Rendición de cuentas. 10. Garantías de No Repetición. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a: · El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo que amenacen la construcción de la Paz. Además asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. · Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la Paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. Las medidas de seguridad y protección que define el Acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional: 1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este Acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. 3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias. 4. En desarrollo de lo acordado en el Punto 2 “Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El Acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias: · El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este Acuerdo. · La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del Acuerdo. · Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas. · Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional. III. Acuerdo sobre “Refrendación”. El Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale. Por el Gobierno Nacional: Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional. Por las FARC-EP: Iván Márquez, Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Por los Países Garantes: República de Cuba; Reino de Noruega. Por los Países Acompañantes: República Bolivariana de Venezuela; República de Chile 65.

25-6-2016, Como una “lectura precipitada” calificó las FARC el anuncio del Ministerio de Defensa Luis Carlos Villegas sobre la dimensión de las zonas veredales transitorias de normalización y campamentos a donde serán trasladados los guerrilleros que se acojan al Acuerdo final en el proceso de Paz. En un comunicado publicado en su página web las FARC señalan que hasta ahora la Subcomisión Técnica se encuentra reunida en La Habana hecho por el cual “todavía no han consensuado, en especial, el tamaño de los ocho campamentos. Estas conductas, sin duda, generan confusión en la opinión pública. A fin de no afectar lo que está en construcción con contenidos infundados, sugerimos al Gobierno procurar una vocería única”. Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko” aseguró: “En este momento se encuentra el Comandante Carlos Antonio Lozada reunido con el general Flores y sus equipos definiendo las Zonas Veredales. Están definidos los Municipios, los sitios exactos están algunos definidos y otros precisados (sic)” 66.

5-7-2016, El Gobierno Nacional y las FARC-EP informan que han iniciado la revisión de los temas pendientes de los Acuerdos hasta ahora alcanzados. En este ciclo han concluido la revisión de los pendientes del Punto 2 “Participación Política: Nueva Apertura Democrática para la Paz”. Como resultado de esa revisión se eliminaron la mayoría de los pendientes, porque se abordaron en otros Puntos del Acuerdo o porque llegaron a Acuerdos sobre temas que aún no se habían definido. 1. En el Punto 2.1.1.1. “Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política”, Acuerdan que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del Estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a este escenario de discusión otras agrupaciones políticas representativas de oposición, según lo acuerden las Partes. La Comisión a través de un evento facilitará la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos”. En ese marco se acordó: * Adelantar la solicitud de convocar a todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para que integren la Comisión para definir los lineamientos para el Estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. * Solicitar que se convoque adicionalmente para integrar dicha Comisión a las siguientes agrupaciones políticas representativas de oposición: Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como a dos expertos delegados por la Mesa. * Solicitar a la Comisión abrir espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la discusión. * Solicitar a la Comisión que entregue al Gobierno sus recomendaciones en el menor tiempo posible, tras la firma del Acuerdo Final. 2. En el Punto 2.2.1. se acordó que el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de Ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de una serie de lineamientos establecidos en el Acuerdo que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos. En ese marco se acordó: * Solicitar al Consejo Nacional de Participación con el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que organice el espacio de participación de carácter nacional de que trata ese Punto. * Solicitar a Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que elabore una propuesta para su discusión en la Mesa sobre los criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio, que garanticen una representación equilibrada y pluralista. 3. En el Punto 2.3.4. “Reforma del régimen y de la organización electoral” se acordó que “con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo el Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia, tras la firma del Acuerdo Final, se creará una Misión Electoral Especial”. Se acordó que esa Misión deberá entregar sus recomendaciones en un plazo de seis (6) meses con el fin de que el Gobierno haga los ajustes normativos e institucionales necesarios. En ese marco se acordó el siguiente mecanismo para la selección de los expertos de alto nivel que integrarán la misión electoral especial. La Misión estará conformada por siete (7) expertos de alto nivel, que en su mayoría deberán ser de nacionalidad colombiana, así: un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) y seis (6) expertos los cuales se seleccionarán por las siguientes organizaciones: el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). 4. Una vez se concluya la revisión de los Acuerdos por parte de la Subcomisión de género se acordó que éstos se volverán a publicar incluyendo las modificaciones acordadas resultado de la revisión de los pendientes 67.

6-7-2016, En el marco de las medidas de desescalamiento y generación de confianza hacia el fin de la guerra y con el propósito de avanzar hacia la puesta en marcha del Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo, el Secretariado Nacional del Estado Mayor Central de las FARC-EP a partir del día 4 de julio del 2016, derogó y dejó sin efecto la Ley 002 sobre tributación. Esta orden es de inmediato cumplimiento para todas las estructuras de la organización. La anterior decisión debe conllevar al Gobierno Nacional a reorientar su política fiscal, finalizando cualquier impuesto destinado para la guerra, priorizando la inversión social y garantizando los recursos necesarios para afrontar los desafíos de la implementación de lo acordado en el proceso de Paz. Nuestra determinación es compromiso de Paz. Secretariado Nacional del Estado Mayor Central de las FARC-EP 68.

7-7-2016, El Frente Primero “Armando Ríos” de las FARC que opera en el Departamento del Guaviare, en el suroriente del país, uno de los siete llamados “frentes madre” de las FARC, estructuras grandes, que reclutan y que mandan tropa a los demás frentes y generan ingresos a su economía, tiene dudas acerca del proceso de Paz y no se desmovilizaría. “La política del Estado colombiano y sus aliados sólo busca el desarme y la desmovilización de las guerrillas; no están pensando en los problemas sociales y económicos del país”. El Frente Primero está en desacuerdo con las líneas rojas trazadas por el Presidente Santos a lo largo de la negociación de no negociar el modelo económico, ni la doctrina militar. Tampoco consideran aceptable que las FARC vayan a concentrarse en veintitrés zonas y ocho campamentos durante ciento ochenta días para dejar las armas y finalmente desmovilizarse. El comunicado aclara que respetan la decisión de quienes dejen la lucha armada y no los consideran enemigos; y termina invitando a otros guerrilleros en desacuerdo con lo pactado en La Habana a que se les unan en armas. El personero del Frente Primero dijo que la orden de la secretaria de las de que se dejara de exigir el “impuesto” que la guerrilla cobraba a las poblaciones donde tienen presencia, ellos no la están ejecutando. Siguen realizando los mismos actos: cobro a los finqueros por cabezas de ganado, cobro por hectáreas, obligando a la gente a pagar impuestos 69.

8-7-2016, El Comandante Pastor Alape informó que se enviará una Comisión encargada de averiguar qué está pasando con el Frente Primero de las FARC que anunció que no se acogería a las determinaciones de dejar las armas como se viene planteando en los diálogos de Paz. Señaló que lo importante por ahora es esclarecer qué es lo que está sucediendo con este Frente, saber cuáles son sus argumentos, para no tomar una decisión apresurada. “Tenemos que hablar con las personas aclarando realmente cuál es la situación que se presenta con el grupo que dicen que no se incluye en el proceso de Paz”. Rechazó que haya surgido en las FARC una “disidencia política”, y afirmó que “Es una estructura que forma parte de las FARC, queremos aclarar el tema y pues este hombre que es parte del Frente y que ha entrado en un proceso de descomposición… Lo que entendemos es que es un grupo de personas que dice yo no le jalo a esto y queremos que gente que está cerca vaya hasta allá y aclare qué es lo que está pasando, ellos son del Frente Primero de las FARC pero no representan al Frente Primero y mucho menos a las FARC”. Comunicado: Con relación al comunicado divulgado por los medios de comunicación, en el que algunos ex integrantes del Frente Primero expresan su decisión de marginarse del proceso de Paz que se lleva a cabo en La Habana, el Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Briceño de las FARC-EP informa a la opinión pública: Las FARC-EP somos una organización político militar de carácter revolucionario, en la que cada escuadra o unidad básica es al mismo tiempo una célula política. Esta última es la instancia de los debates democráticos al interior de nuestra organización, complementada con las Asambleas Generales de Guerrilleros, los Balances y finalmente la Conferencia Nacional. La expresión libre de ideas e inquietudes es un derecho de todos los guerrilleros de las FARC, siempre que se realice dentro de los mecanismos estatutarios descriptos. Las decisiones se adoptan por mayoría y son de obligatorio cumplimiento para todos. La forma democrática de solucionar las diferencias internas impide por tanto la conformación de disidencias de cualquier orden. El sector de mandos y combatientes del Primer Frente que decidió renegar de sus principios, apela a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto. El conocimiento de lo acordado en la Mesa de La Habana fue negado y tergiversado a los guerrilleros de base por los mandos implicados. El Estado Mayor Central y su Secretariado son las máximas instancias de Dirección y Mando en las FARC-EP. Sus determinaciones, órdenes y orientaciones son de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes. Declararse al margen de la Dirección pone por tanto a quien lo hace por fuera de las FARC-EP, no puede usar su nombre, armas y bienes con ningún propósito. Si los mandos y combatientes involucrados tienen el deseo de lanzarse a una aventura incierta, les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas estructuras de las FARC-EP. De ese modo dejarían de crear confusión en la opinión pública y de facilitar renovadas y calumniosas razones a los sectores de extrema interesados en la continuación de la guerra. Obrando como proceden, esos antiguos mandos y combatientes de las FARC-EP no sólo adoptan un temerario comportamiento contrario las determinaciones de la Dirección Nacional de las FARC, sino que chocan frontalmente con los anhelos de Paz que anidan en el corazón del pueblo colombiano. La Paz es y seguirá siendo una bandera de los verdaderos revolucionarios. El actual Comandante del Frente Primero de las FARC-EP, Armando Ríos, es el Comandante Gentil Duarte, quien hasta hace poco formó parte de la Delegación de Paz de las FARC-EP. El y su Estado Mayor se hallan en el área del Guaviare, en cumplimiento de las tareas trazadas por Dirección Nacional de las FARC-EP, de conformidad con lo pactado en la Mesa de La Habana 70.

24-7-2016, Acuerdo Gobierno-FARC sobre género que busca abrir las puertas para la participación política, capacitación, vinculación laboral y espacios en equidad para las mujeres y población LGBTI: La inclusión de un enfoque de género en un proceso de Paz como éste no tiene antecedentes en el mundo y busca fundamentalmente crear condiciones para que mujeres, y personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado. En la Mesa de Conversaciones somos conscientes que las transformaciones que necesita el país para construir la Paz, no podrán ser posibles sin una sociedad que reconozca y respete las diferencias y en donde queden en el pasado las estigmatizaciones y discriminaciones en razón del género. La Subcomisión de género, instalada el 11 de septiembre del 2014 y compuesta por mujeres y hombres, de cada una de las delegaciones revisó e incluyó el enfoque de género en Punto 1.: “Hacía un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, 2.: “Participación Política, Apertura democrática para construir la Paz” y 4.: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, y acompañó la construcción del Punto 5.: “Víctimas” y los Acuerdos alcanzados hasta el día de hoy en el Punto 3.: “Fin del Conflicto”. Los aportes de las víctimas que visitaron la Mesa de Conversaciones, sesenta porciento de las cuales fueron mujeres, de las dieciocho organizaciones de mujeres y de la comunidad LGTBI, de las diez expertas colombianas en violencia sexual, de las expertas internacionales y de las ex guerrilleras de varias partes del mundo, fueron fundamentales para enriquecer el trabajo de esta subcomisión. A todas ellas reiteramos nuestro agradecimiento por ayudarnos en esta construcción. Asimismo, agradecemos la presencia en el acto de presentación de los Acuerdos con la inclusión de género y el acompañamiento en este proceso de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres; Zainab Bangura, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en los Conflictos Armados; Luiza Carvalho, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia; Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior; María Emma Mejía, Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria y representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas; Martha Ordoñez, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, y el enviado especial de la Unión Europea para el proceso, Eamon Gilmore; así como a las mujeres colombianas e integrantes de la comunidad LGBTI, representantes de las organizaciones sociales, y a los países acompañantes Cuba y Noruega. La incorporación de un enfoque de género en los Acuerdos alcanzados gira alrededor de ocho ejes temáticos: Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de No Repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y social, y sistemas de información desagregados. La subcomisión de género seguirá trabajando para que en los Acuerdos a los que se llegue se garantice la inclusión y el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones para toda la sociedad y específicamente para las mujeres y la población LGBTI 71.

2-8-2016, La Paz de Colombia no puede ser puesta en peligro por ligerezas políticas. “No es el plebiscito un mecanismo apto para producir normas, o para modificarlas, refrendarlas o derogarlas. Mucho menos constituye tal instrumento, camino alguno para reformar la Carta”. No aceptamos la aplicación del llamado Plebiscito. “En nuestra opinión el plebiscito refrendatorio desconoce el Acuerdo General, la Constitución, el Estado de Derecho y las normas de funcionamiento del Estado colombiano. Dejemos de lado lo que no haya surgido de los textos del Acuerdo General y busquemos conjuntamente vías jurídicas que permitan la inmediata implementación de todo lo acordado en La Habana una vez se firme el Acuerdo Final. Manos a la obra. El país lo agradecerá” 72.

5-8-2016, La firma de los protocolos para hacer efectivo los Acuerdos de cese el fuego y hostilidades bilateral y definitivo, y los relacionados con el proceso de dejación de armas, es una nueva y contundente señal, de que el proceso de Paz de Colombia sigue su marcha ineluctable hacia el Acuerdo Final, pese al fuego enloquecido de los enemigos de la Paz, que quieren hacerlo fracasar por razones políticas caprichosas, desprovistas de sentido común y todo sentimiento de humanidad. No podrán contra la voluntad nacional. La reconciliación enarbolada por millones de compatriotas, ondea más alto que las escazas banderas negras que hoy evocan al fascismo. La reconciliación exige de todos los involucrados en el conflicto, verdad y reconocimiento de responsabilidades para acceder a la justicia restaurativa, pero por lo visto hay algunos protagonistas que prefieren silenciar con el ruido de la guerra, la verdad sobre las causas y los responsables del conflicto. Qué duro resulta finiquitar un acuerdo para construir la Paz. Unos la quieren gratis; otros intentan montar trampas jurídicas para impedir que los comandantes de la guerrilla participen en política; más allá otros quieren, a través de artimañas, acaparar, ellos solos, los recursos de la implementación y su destino; el presupuesto del 2017, por ejemplo, reduce la inversión social y pareciera no tener en cuenta los requerimientos de la Paz; y también hay otros que apremian con los tiempos, pero niegan un gesto mínimo como aporte a la reconciliación de Colombia. Cerrados los Acuerdos, la clave está en la implementación, y ella debe darse con la máxima participación de la ciudadanía, porque su protagonismo no puede limitarse a la refrendación. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso, como dice la Agenda. Todo esto es posible, pero se requiere la seguridad jurídica y el desarrollo normativo de los Acuerdos para que no queden como letra muerta o una vana ilusión, que desemboque en el desengaño, como ha ocurrido con otros compromisos y en otros procesos. Porque de lo que se trata es de dejar sentadas las bases para darle paso a la acción del constituyente primario que es el pueblo. Hay que poner en marcha las garantías y mecanismos de seguridad que se han pactado sobre el punto de fin de conflicto. Los protocolos que hoy se firman, en tanto implican bilateralidad, aplican para ambas partes. Empieza, entonces, el planeamiento y ejecución necesarios para el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación en todos los niveles, la adopción de los mecanismos en el terreno, el funcionamiento de zonas y puntos, y los lineamientos para el proceso de la dejación de las armas. Se debe tomar en cuenta, eso sí, que los pasos sustanciales en lo que respecta al desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización, y la dejación de armas, están supeditados a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá en consecuencia estar refrendado y en efectivo desarrollo el Acuerdo Final. Haciendo una síntesis de lo firmado podemos decir que los Protocolos definen con precisión los compromisos bilaterales para la materialización en el terreno del CFHBD y del proceso de dejación de armas, incluyendo las funciones del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y de la Misión Política No Armada de Naciones Unidas que conforma su Componente Internacional, así como los aspectos relacionados con logística, abastecimiento, comunicaciones, transporte, etc., determinando en detalle el ámbito de actuación y el alcance del mencionado mecanismo, las responsabilidades de su componente internacional, como los criterios de transparencia, credibilidad y confianza para la ejecución del procedimiento. Considerando la importancia fundamental que debe tener la población en la implementación del Acuerdo logrado, el mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con cada comunidad implicada, con las organizaciones sociales y políticas, y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, para que de conjunto contribuyan en las actividades que se desplieguen, aportando información, ayudando en la difusión de los informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. Con esta misma visión, debemos precisar, que dentro de las Zonas y puntos Transitorios de Normalización, se garantiza el funcionamiento de las autoridades civiles y el libre acceso de cualquier ciudadano y de los medios de comunicación, sin ninguna limitación, excepción hecha de los campamentos donde se encuentra el grueso de las unidades guerrilleras armadas. Y a propósito de los medios, importante sería su vinculación propositiva apoyando y alentando la conquista de la Paz. Según los protocolos, se capacitará y certificará en una primera fase a los integrantes de las FARC y del Gobierno seleccionados por las partes para integrar el mecanismo de monitoreo y verificación, que dispondrá de un tiempo para acoplarse previo a su despliegue. El componente internacional recibirá de las partes los nombres de sus elegidos para esta misión. Llegado el momento, FARC y Gobierno ordenaran a sus propias tropas el Cese el Fuego y de Hostilidades bilateral y definitivo. Esperanzados en un pronto avance sobre los importantes temas que restan por acordar en la Mesa de Diálogos, e impulsados por la fuerza vinculante de lo pactado, nos preparamos desde ya para poder dar inicio al tan anhelado Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, bandera que enarbolamos las FARC-EP desde el mismo inicio del proceso de Paz, pensando en el favorecimiento de quienes padecen los dolores de la guerra. En consecuencia, se encuentran listos los guerrilleros y guerrilleras que deben hacer parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se ha conformado el Componente Internacional del mecanismo mandatado por Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de la ONU, y estamos prestos para el despliegue de las instancias locales y regionales definidas, todo lo cual configura, gracias al esfuerzo denodado de millones de colombianos y colombianas, una perspectiva de avance que permite decir que cada día la meta del acuerdo final se acerca más y más. Cerramos estas reflexiones haciendo un reconocimiento a la intensa actividad de construcción de este Acuerdo realizado en el marco de la subcomisión técnica, tanto por el equipo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas designados por el Gobierno, en cabeza del General Javier Flórez, como por el equipo de comandantes guerrilleros designados por las FARC-EP para esta misión, liderados por Carlos Antonio Losada. La labor conjunta en la que ambas partes han mostrado el deseo franco por alcanzar la paz, muestra que sí es posible una Colombia nueva en la que las armas, la voluntad y la conciencia de la Fuerza Pública, pueden tomar el rumbo de la defensa de los intereses ciudadanos y de la justicia social, por la que tanto clamó y luchó nuestro Padre Libertador 73.

12-8-2016, La Delegación de Paz de las FARC-EP y el Gobierno Nacional seguimos desarrollando los compromisos derivados del Acuerdo sobre Víctimas alcanzado en diciembre de 2015, especialmente, todo aquello que permitirá, que la Jurisdicción Especial para la Paz, entre en funcionamiento. Con este nuevo paso, también, nos acercamos cada vez más a la firma del Acuerdo Final. Anunciamos al país que hemos concretado un nuevo Acuerdo para iniciar la puesta en marcha del mecanismo de selección de los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Definirá esta instancia, además, los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación, entre otros funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sin duda, avanzamos en la dirección correcta, ratificando que no hemos venido a La Habana a intercambiar impunidades, sino a satisfacer los derechos de las víctimas, que es un propósito central de los Acuerdos de Paz. Las partes Habíamos convenido en que los magistrados de la nueva jurisdicción no podían ser escogidos por las partes y que había que definir un mecanismo que garantizara la independencia de sus organismos, dejando atrás así los oscuros tiempos en los que la justicia en Colombia aparecía como herramienta y apéndice de los intereses de los partidos políticos y de los poderes seculares. Las FARC-EP apostamos por una justicia imparcial, comprometida con los valores democráticos de la igualdad, la libertad y la fraternidad, siempre preocupada por el bienestar del pueblo. En consecuencia, hemos construido una propuesta, sin duda perfectible, que dé garantías a la sociedad y a la comunidad internacional, confiando para ello en personalidades mundiales como el Papa Francisco (LDP: ha decidido que no intervendrá en el proceso) o el Secretario General de las Naciones Unidas, personas que, por sus investiduras, deben estar al margen de cualquier sospecha o tacha moral. Hemos apostado por la presencia en este mecanismo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, de unos derechos que no son patrimonio de nadie ni contra nadie, que son de todos y para todos. Y para garantizar además, la máxima imparcialidad, hemos solicitado a una institución especializada en Derechos Humanos y justicia transicional -cuyo objeto nunca ha sido la participación en procesos judiciales, sino la investigación académica-, que forme parte de este mecanismo de selección. También vinculamos a la academia colombiana, centro de todos los saberes, pensando que sin duda aportará a esta importante tarea una visión universal y multidisciplinaria. Y finalmente, por primera vez las altas cortes de justicia van a participar activamente en la construcción de un sistema cuyo propósito es acabar con la impunidad; problema del que, tanto la sociedad como la comunidad internacional, responsabiliza en buena parte al mal funcionamiento de la justicia colombiana. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha manifestado que en Colombia ha existido impunidad, pero no para las guerrillas, siempre implacablemente perseguidas por el Estado. Colombia es uno de los tres países con mayores índices de impunidad en el mundo y no habrá paz estable y duradera si no se acaba con esta situación. En un claro ejemplo de reconciliación, las FARC-EP para la estructuración del mecanismo de escogencia hemos confiado en una de las instituciones del Estado que más nos ha perseguido, y que, desde nuestro punto de vista, ha ejecutado el derecho penal del enemigo que la comunidad mundial de los derechos humanos ha denunciado como trasgresor del derecho internacional. Habría sido fácil oponernos a ello, por sencillo ejercicio de recusación jurídica. Corresponde ahora a los tribunales penales de nuestro país mostrar que están a la altura del momento histórico, que no cabe perpetuar practicas propias de los tiempos de guerra. Para ello, qué mejor herramienta que la autonomía e independencia del poder judicial ejercida conforme al espíritu de la paz y la reconciliación. En ese camino, sin duda nos encontraremos todos los colombianos. No podría ser de otra manera tras alcanzar un acuerdo que está siendo ponderado por las organizaciones de víctimas, por los académicos, y por participantes en otros procesos de paz habidos en el mundo, como el acuerdo sobre Victimas más completo y ambicioso de los hasta ahora construidos. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, dice el refrán popular, pero la Jurisdicción Especial para la Paz, construida a la luz del DIH, escuchando a las víctimas del conflicto tanto en La Habana como en Colombia, es sin duda un destacado logro respecto a otros modelos construidos en otros rincones del mundo que buscaban también acabar con la guerra para alcanzar la reconciliación nacional. Se trata de un sistema que va a examinar las responsabilidades de todos los participantes en el conflicto, no solo de los combatientes, sino de todos aquellos, también civiles, cuyos actos hayan sido motivo de reproche penal. No tiene base alguna afirmar que este sistema garantiza la impunidad de los crímenes de Estado, ni de ningún otro, cuando los términos del acuerdo son contundentes respecto a la estricta aplicación al sistema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Tras el nuevo Acuerdo ahora presentado, creemos conveniente dar un paso más allá, repensando anteriores fórmulas de selección de los integrantes de instituciones construidas en este proceso por la Mesa de Conversaciones, con el fin de no dejar un solo cabo suelto que permita que los Acuerdos sean atacados por los enemigos del proceso de Paz. Las FARC-EP creemos que es imprescindible garantizar la mayor transparencia posible en la elección de los comisionados de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, del Director de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y en cualquier otra elección derivada de los Acuerdos alcanzados hasta ahora. Y estamos seguros que esa es también la voluntad de toda la sociedad colombiana y contamos que también sea la aspiración del Gobierno Nacional. Queremos decir a los colombianos, que aquí en La Habana, las FARC seguimos dispuestas a avanzar en la construcción del Acuerdo Final, pero necesitamos que cesen ya las obstrucciones propias de un estilo de negociación caprichoso, desgastador, que todo lo dilata, y que pareciera solo actúa para evitar las reacciones adversas de una oposición minoritaria y guerrerista que ya tiene hasta la coronilla al país. Necesitamos que todo el pueblo, los hombres y las mujeres de la ciudad y el campo, los jóvenes y hasta los niños, tomemos en nuestras manos el asunto de la paz que más que a nadie les pertenece. Este objetivo superior, que representa todo para la nación, no puede ser convertido en asunto de facciones y de mezquindades políticas. La Paz es ahora o nunca, que nadie intente arrebatársela a los colombianos con sofismas y patrañas jurídicas. Salvemos la patria sacando la Paz adelante 74.

23-8-2016, Serán 23 zonas veredales y 8 campamentos. No podrán ingresar civiles y a partir de ellas se implementará la dejación de las armas y la reincorporación de la guerrilla a la vida civil. Una de las críticas que hasta el momento ha utilizado la oposición frente al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC de La Habana ha sido que el Estado solo ha hecho concesiones mientras que la guerrilla ha dado poco. Ahora, con el anuncio del acuerdo sobre el fin del conflicto, se puede decir que le llegó la hora al grupo subversivo de dar el paso definitivo hacia su desmovilización, lo cual implica -según lo anunciado- concentrar sus tropas en 23 zonas veredales transitorias y 8 campamentos, que es la única manera de garantizar el cumplimiento del cese del fuego y desde donde se debe iniciar la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Las reglas de juego establecidas señalan que a partir del “Día D” más uno (es decir, tras la firma del acuerdo definitivo), la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC a dichas zonas y que cinco días después, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate (UTC) de los frentes guerrilleros se desplazarán hacia ellas, siguiendo las rutas establecidas de común acuerdo con el Gobierno. Las zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada una de ellas contará con equipos de monitoreo local, facilidades de acceso por ríos y carreteras, y sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. La idea es que tengan una extensión razonable para permitir el monitoreo y verificación, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno (un río o una montaña, por ejemplo). La salida de combatientes de las FARC de los campamentos se debe hacer sin armas y de civil. Y tanto el Gobierno como la guerrilla asumirán el compromiso de que no haya ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios donde se ubicarán dichas zonas. Además, las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en ellas permanecerán y continuarán ejerciendo sus funciones y estará prohibido hacer manifestaciones de carácter político. Queda claro también que los guerrilleros que resulten beneficiados con la ley de amnistía que se piensa tramitar, si así lo desean, podrán integrarse a esas zonas de concentración, para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Por otra parte, en los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento y durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil. En caso de incidentes que requieran la presencia de la Policía o el Ejército dentro de esos territorios, se deberá informar al mecanismo de monitoreo y verificación, para que este a su vez coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por Gobierno y FARC. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de los combatientes, las FARC podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica -de acuerdo con sus propios intereses- así como el Gobierno deberá adelantar jornadas de cedulación y demás actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la subversión. Por último, alrededor de cada zona se establecerá un perímetro de seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública ni efectivos de las FARC, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación, que estarán acompañados de seguridad policial. El ancho de esas zonas de seguridad será de 1 kilómetro alrededor 75.

24-8-2016, La Habana, Cuba, 24 de agosto del 2016. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. PREAMBULO: Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto del 2012; Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes; Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes; Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado; Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la Paz; Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía; Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos; Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno; Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar; Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI; Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza; Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles; Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea; Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”; Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar Acuerdos de Paz; El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado: Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna. El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra. INTRODUCCION: Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política. Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo. El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial. El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia. Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz. Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. * El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera. El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendolas organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción. El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros. El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición. El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. * Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una Paz estable y duradera (El texto completo del Acuerdo) 76.

24-8-2016, Para poder transformarse en partido político deberán haber dejado las armas. Tendrán una representación asegurada en el Congreso, con cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, por dos períodos, participando en las elecciones con un umbral especial. Y se creará un Consejo Nacional de Reincorporación. 1. El proceso de reincorporación busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general a la vida civil. 2. El nuevo partido sólo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes.

La personería así reconocida se conservará de conformidad con las reglas aplicables a los demás partidos y la perderán si incurren en las faltas previstas en la ley, tales como estimular la formación de asociaciones ilegales, utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral, entre otras. Sin embargo, durante el período de transición, no se exigirán los requisitos relacionados con obtener votos en elecciones de Congreso y acreditar un determinado número de afiliados. Mientras estén en armas, los integrantes de las FARC no podrán participar en política. 3. Como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas. De igual manera, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley, excepto el haber obtenido un número determinado de votos en elecciones de Congreso. 4. No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El Acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los siguientes dos períodos electorales. En todo caso, sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional. 5. Se trata de ciudadanos en ejercicio, es decir personas que no tienen suspendida la ciudadanía como consecuencia de condena penal o sanción disciplinaria, y que no se encuentren en armas. Los voceros serán designados por la agrupación política con el objeto de que participen, exclusivamente, durante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016, en los debates que se surtan en el Congreso de la República, pudiendo intervenir con las mismas facultades que tienen los Congresistas, excepto el voto. 6. Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los excombatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con: i. Atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros. ii. Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad. iii. Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (ECOMUN). 7. Se creará el Consejo Nacional de Reincorporación, que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, la cual tiene como uno de sus objetivos realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de esa guerrilla. De igual forma, se crearán Consejos Territoriales de la Reincorporación que tendrán a su cargo, entre otras funciones, realizar el seguimiento a la reincorporación a nivel territorial. 8. Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados. 9. Para hacerle seguimiento a la implementación de los Acuerdos, acordamos crear un Mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional y cuyo propósito es comprobar su estado y avances, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación. El mecanismo de verificación estará compuesto por: i. Dos notables: serán dos personas de representatividad internacional, elegidas una por parte del Gobierno Nacional y otra por las FARC. ii. Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile). iii. Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances. Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Esta misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las partes consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. 10. El acompañamiento internacional se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas para contribuir a la implementación de los Acuerdos y la construcción de la Paz. El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos 77.

28-8-2016, Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, realizamos las siguientes precisiones con relación a las fallas encontradas en la numeración del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: 1. La numeración del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” no corresponde a la numeración de la Agenda del Acuerdo General. 2. Todos los Puntos y Subpuntos de la Agenda del Acuerdo General fueron desarrollados integralmente en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 3. En el desarrollo de los subpuntos, algunos fueron omitidos en estricto orden ya que su desarrollo por completo se dio en otros puntos del Acuerdo Final 78.

7-9-2016, El Gobierno Nacional y las FARC-EP informaron que el 6-9-2016 se instaló la Comisión de Implementación, Seguimiento, Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) en La Habana, con el fin de iniciar el trabajo acordado en el marco del Punto 6 del Acuerdo Final. Adicionalmente, se reunieron con los delegados del Centro Carter, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria NIMD, con el fin de formalizar la solicitud hecha mediante comunicado conjunto #80 del 5 de julio del 2016 para que estas organizaciones seleccionen seis de los expertos que, junto con un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE), conformarán la Misión Electoral Especial. La Misión de conformidad con lo acordado en el Punto 2.3.4 tiene como objetivo formular unas recomendaciones al Gobierno Nacional que permitan asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia. Igualmente, se celebró una reunión entre representantes del Gobierno nacional y de las FARC-EP para preparar la logística necesaria para el funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN). Se avanzó en el proceso de identificación y cedulación de los integrantes de la Delegación de las FARC-EP en el Consulado de Colombia en La Habana. Se reunieron con dos delegados de la Universidad Nacional con el fin de formalizar la solicitud para que realice el censo socio-económico con el propósito de suministrar la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación integral de las FARC-EP a la vida civil como comunidad y como individuos. La Universidad Nacional deberá presentar en menos de un mes una propuesta sobre el particular al Consejo Nacional de Reincorporación 79.

17-9-2016, El Comandante Timoleón Jimenez, dijo un discurso para instalar la X y última Conferencia de las FARC, ante un numeroso grupo de periodistas de todo el mundo, celebrada en los Llanos del Yarí, en Septiembre del 2016. Camaradas: Nos hallamos reunidos aquí, tras cincuenta y dos años continuos de confrontación política y militar con el Estado colombiano, con el propósito de realizar nuestra Décima Conferencia Nacional, máximo evento democrático contemplado en nuestros Estatutos. Además del Estado Mayor Central y su Secretariado, están aquí presentes los delegados y las delgadas elegidos por votación en las Asambleas de Guerrilleros cumplidas en cada Frente, Columna, Compañía y Guerrilla. Una representación lo más amplia posible de todos los guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo. Contrariamente a como lo pregonan nuestros contradictores y críticos gratuitos, las FARC-EP nos hallamos muy lejos de ser una organización de exclusiva naturaleza militar, regida por los caprichosos criterios de un cuerpo de mandos ambiciosos. Si algo nos ha caracterizado desde nuestro mismo nacimiento, es precisamente nuestra naturaleza rigurosamente política, fundada en la más amplia democracia, con unos lineamientos políticos, militares y culturales tejidos por el conjunto de sus integrantes desde sus primeras conferencias nacionales. Han sido estas las encargadas de designar, mediante el voto de todos sus participantes, a los miembros de su dirección nacional, mandatados así por el colectivo para encargarse de la ejecución de las líneas trazadas por él, y para responder por su desempeño ante la siguiente Conferencia. Pueden ustedes dar fe de la existencia de las células partidarias, en donde los integrantes de cada escuadra o unidad básica gozan de plena libertad, para señalar los defectos y errores tanto de su cuerpo de mandos como de todos sus militantes, en reuniones semanales o quincenales, y en las que los comandantes de todos los escalones están obligados a participar, sin derecho a ocupar cargos de representación, que de algún modo pudieran coartar la expresión libre del colectivo. También pueden predicar de la continua práctica de balances, en los que las guerrilleras y guerrilleros gozan del pleno derecho para expresar su opinión en torno a las tareas o misiones objeto de análisis. Y de la realización de las Asambleas de cada unidad, por lo menos una vez al año, en las que el colectivo reunido analiza y debate el trabajo cumplido por mandos y combatientes de base, en el curso del período sometido a análisis. Sin lugar a dudas ha sido esa continua práctica democrática, la que nos ha permitido permanecer cohesionados y férreamente unidos, ante los enormes retos de naturaleza militar y política que nos ha tocado enfrentar a lo largo de estas cinco décadas. Gracias a ella hemos salido siempre adelante, seguros de que nuestras decisiones y actuaciones no son el producto de ningún genio individual, sino la maduración de un pensamiento colectivo cuidadosamente construido con la colaboración de todos. Y es por ello que en la ejecución del conjunto de nuestras políticas, los combatientes de las FARC-EP hemos obrado con el entusiasmo de quien se sabe comprometido por una causa común, entregando lo mejor de sí con la convicción plena de estar haciendo lo justo. Quienes desconocen esa naturaleza de las FARC, no pueden explicarse cómo los 48 campesinos marquetalianos, pasaron a convertirse en los miles de mujeres y hombres, que conforman la formidable organización que llegamos a ser tras varias décadas de lucha, y por tanto buscan explicarse ese prodigioso hecho histórico, echando mano a las más aventuradas teorías, encaminadas siempre a desconocer la poderosa fuerza creadora de la conciencia y la organización popular. Un pueblo unido y organizado debidamente, constituye una fuerza invencible. Las FARC no sólo resistimos la más larga y violenta embestida emprendida por el poder imperial y sus aliados del capital nacional y el latifundio, contra un ejército guerrillero y un pueblo declarado en rebeldía, sino que hemos conseguido sentarnos a una mesa de conversaciones con ellos, y sacar avante un Acuerdo Final de Terminación del Conflicto, con el que queda definitivamente claro que en esta guerra no existen vencedores ni vencidos, al tiempo que nuestros adversarios se ven obligados a reconocer nuestro derecho pleno al ejercicio político, con las más amplias garantías. Para nosotros es claro cómo y por qué lo hemos conseguido. Y queremos que aquellos que todavía tienen dudas sobre nuestra lucha se acerquen y palpen la voluntad que nos asiste de entregar todas las energías por el nuevo país que sueña la mayoría de colombianos y colombianas. Saben ustedes bien, y están en condiciones de exponerlo con la conciencia limpia ante la prensa nacional y extranjera aquí presente, o en cualquier otro escenario, que las FARC-EP siempre hemos pregonado el respeto a la población civil, a sus intereses y bienes, por encima de cualquier circunstancia. Que esa población, a la que conocemos con el nombre de masas, ha sido por tanto nuestro soporte fundamental a lo largo de todos estos años. En nuestra experiencia reposan millares y millares de ejemplos en los que familias campesinas, indígenas, negras o de condición humilde del campo y la ciudad, nos han brindado apoyo incondicional y protegido nuestra fuerza y a sus integrantes de múltiples maneras, aun a riesgo de su propia vida o libertad, amenazadas permanentemente por la furia de las fuerzas estatales o paramilitares. Sabemos que en el corazón y la mente de la gente llana y honesta que nos conoce en persona, y que trata diariamente con nosotros, anida una verdad completamente distinta a la pregonada por los medios que están al servicio de la oligarquía. La Paz reclama que el poder mediático no se siga utilizando como un instrumento más de la guerra. Hagamos de su potencial y eficacia una herramienta para la reconciliación entre las colombianas y los colombianos. Hay en efecto otra Colombia, otro acumulado de historias y verdades que esperan su oportunidad. Aquí nos estamos aprestando para eso, con el afecto y la solidaridad de mucha gente de nuestro país y de todo el mundo. Nuestra más honda aspiración es llegar con nuestro mensaje a mucha más, hasta conseguir que el torrente por las grandes transformaciones resulte incontenible. El significado del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, es aun más importante de lo que parece a simple vista. Si nuestros adversarios quieren pregonar que ganaron la guerra, allá ellos. Para las FARC-EP y nuestro pueblo, la mayor satisfacción será siempre haber ganado la Paz. Seguramente que de esta Conferencia Nacional habrán de surgir múltiples conclusiones distintas a su objetivo primordial. Una de ellas deberá ser el eterno agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Cuba y de Noruega, que como países garantes hicieron hasta lo imposible para conseguir que este difícil proceso llegara a feliz culminación. De igual modo a los de Venezuela y Chile, que acompañaron a las dos partes en todos los momentos en que lo requirió la materialización del objetivo final de las conversaciones. Especial homenaje tendremos que rendir a la memoria y la abnegación de ese titán de los pueblos de Nuestra América, el Presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, sin cuyo apoyo e impulso inicial nada de lo alcanzado hubiera sido posible. No hay duda de que Bolívar y él aún tienen mucho qué hacer en América Latina. Y al mismo tiempo que a Chávez, habrá que homenajear a todas y cada una de las organizaciones y personalidades, hombres y mujeres, que de manera admirable levantaron durante años las banderas de la solución política, en los más variados escenarios y eventos, arrastrando tras de sí a crecientes multitudes, que lograron posicionar en el imaginario colombiano, la necesidad de un Acuerdo final de Paz. El Estado Mayor Central y su Secretariado convocamos esta Conferencia Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno Ampliado del Estado Mayor Central celebrado en marzo del año pasado, el cual avaló todos los Acuerdos firmados hasta entonces por nuestra Delegación de Paz en la Mesa de Conversaciones de La Habana, al tiempo que facultó al Estado Mayor, su Secretariado y la Delegación de Paz, para continuar desarrollando todos los esfuerzos posibles, de conformidad con nuestros lineamientos históricos, a fin de lograr un Acuerdo Final de Paz en los términos concebidos por la Agenda pactada en agosto de 2012. Del mismo modo, el mencionado Pleno estableció de manera terminante, que llegados a un Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las FARC-EP, éste no podría adquirir validez para nuestra fuerza, sin el reconocimiento y aprobación de una Conferencia Nacional Guerrillera, la cual debía ser convocada para ese efecto específico. Como es de público conocimiento, el pasado 24 de agosto fue suscrito en la ciudad de La Habana, ante testigos internacionales y con todas las formalidades, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre los jefes de la Delegación de Paz del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana, y de las FARC-EP, Iván Márquez. El paso siguiente previsto por las dos partes, una vez entrado en vigencia el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, debe ser la firma del Acuerdo Final por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y por mí, como Comandante en Jefe de las FARC-EP. También es de público conocimiento que está definida la fecha del 26 de septiembre para la celebración de este histórico acto en la ciudad de Cartagena de Indias. Conocedor el gobierno nacional de la previsión del Pleno de Estado Mayor Central de marzo de 2015, ha convenido en rodear de completas garantías la celebración de esta Conferencia Nacional, a objeto de dar la oportunidad a nuestra máxima instancia democrática, de comprometer la palabra de todas las FARC-EP con este Acuerdo Final. Así que esta Conferencia se convoca con dos propósitos específicos que quedan a su entera discusión y definición. En primer lugar el análisis y refrendación del Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que adquiera carácter vinculante, es decir que sea de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla. Y en segundo lugar, producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política. De todo corazón esperamos que esta histórica Décima Conferencia Nacional, se caracterice como todos nuestros eventos por la más amplia democracia, la altura de los debates, y el apego fiel a la línea político militar trazada por nuestros fundadores Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. No me queda más que invitarlos a inspirarse en el conjunto de los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP que desde cada uno de los bloques, frentes y diversas unidades, esperan que ustedes transmitan fielmente el sentir de las asambleas generales que los mandataron. Hay todo un pueblo que lleva 52 años a la espera de la Paz, y que ha batallado incansablemente por ella. Muchísimos de sus hijos e hijas quedaron camino a ese objetivo, y otros muchos permanecen entre rejas en las cárceles del país o el extranjero. Nuestro compromiso indeclinable con ese pueblo debe ser ratificado en este evento de manera terminante. Nuestra preocupación principal ha de ser cómo conseguir que la Paz se convierta en una realidad en nuestro país, sobre la base de la justicia social y la democracia. Eso implica la vinculación de las grandes mayorías inconformes a la vida política activa de nuestra nación, la necesidad de un mensaje nuevo, fresco y esperanzador por los cambios, la imprescindible tarea de la unidad sin la cual todo esfuerzo se desperdiga y pierde, la presencia en el escenario de una forma distinta, sana y transparente de hacer la política. Nos hallamos frente a la trascendental oportunidad de abordar estas tareas esenciales. Nuestra responsabilidad ética e histórica es hoy mayor que nunca. Que las niñas y los niños de Colombia tengan la real posibilidad de crecer y ser felices en un país en Paz. Invito a que ese sea el marco de referencia de sus valiosas intervenciones. Declaro oficialmente instalada la Décima Conferencia Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo. En sus manos se encuentra el destino de Colombia 80.

21-9-2016, Tesis de Discusión de la X Conferencia de la FARC-EP: El Comandante Timoleón Jimenez, dijo un discurso para instalar la X y última Conferencia de las FARC, ante un numeroso grupo de periodistas de todo el mundo, celebrada en los Llanos del Yarí, en Septiembre del 2016. Camaradas: Nos hallamos reunidos aquí, tras cincuenta y dos años continuos de confrontación política y militar con el Estado colombiano, con el propósito de realizar nuestra Décima Conferencia Nacional, máximo evento democrático contemplado en nuestros Estatutos. Además del Estado Mayor Central y su Secretariado, están aquí presentes los delegados y las delgadas elegidos por votación en las Asambleas de Guerrilleros cumplidas en cada Frente, Columna, Compañía y Guerrilla. Una representación lo más amplia posible de todos los guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo. Contrariamente a como lo pregonan nuestros contradictores y críticos gratuitos, las FARC-EP nos hallamos muy lejos de ser una organización de exclusiva naturaleza militar, regida por los caprichosos criterios de un cuerpo de mandos ambiciosos. Si algo nos ha caracterizado desde nuestro mismo nacimiento, es precisamente nuestra naturaleza rigurosamente política, fundada en la más amplia democracia, con unos lineamientos políticos, militares y culturales tejidos por el conjunto de sus integrantes desde sus primeras conferencias nacionales. Han sido estas las encargadas de designar, mediante el voto de todos sus participantes, a los miembros de su dirección nacional, mandatados así por el colectivo para encargarse de la ejecución de las líneas trazadas por él, y para responder por su desempeño ante la siguiente Conferencia. Pueden ustedes dar fe de la existencia de las células partidarias, en donde los integrantes de cada escuadra o unidad básica gozan de plena libertad, para señalar los defectos y errores tanto de su cuerpo de mandos como de todos sus militantes, en reuniones semanales o quincenales, y en las que los comandantes de todos los escalones están obligados a participar, sin derecho a ocupar cargos de representación, que de algún modo pudieran coartar la expresión libre del colectivo. También pueden predicar de la continua práctica de balances, en los que las guerrilleras y guerrilleros gozan del pleno derecho para expresar su opinión en torno a las tareas o misiones objeto de análisis. Y de la realización de las Asambleas de cada unidad, por lo menos una vez al año, en las que el colectivo reunido analiza y debate el trabajo cumplido por mandos y combatientes de base, en el curso del período sometido a análisis. Sin lugar a dudas ha sido esa continua práctica democrática, la que nos ha permitido permanecer cohesionados y férreamente unidos, ante los enormes retos de naturaleza militar y política que nos ha tocado enfrentar a lo largo de estas cinco décadas. Gracias a ella hemos salido siempre adelante, seguros de que nuestras decisiones y actuaciones no son el producto de ningún genio individual, sino la maduración de un pensamiento colectivo cuidadosamente construido con la colaboración de todos. Y es por ello que en la ejecución del conjunto de nuestras políticas, los combatientes de las FARC-EP hemos obrado con el entusiasmo de quien se sabe comprometido por una causa común, entregando lo mejor de sí con la convicción plena de estar haciendo lo justo. Quienes desconocen esa naturaleza de las FARC, no pueden explicarse cómo los 48 campesinos marquetalianos, pasaron a convertirse en los miles de mujeres y hombres, que conforman la formidable organización que llegamos a ser tras varias décadas de lucha, y por tanto buscan explicarse ese prodigioso hecho histórico, echando mano a las más aventuradas teorías, encaminadas siempre a desconocer la poderosa fuerza creadora de la conciencia y la organización popular. Un pueblo unido y organizado debidamente, constituye una fuerza invencible. Las FARC no sólo resistimos la más larga y violenta embestida emprendida por el poder imperial y sus aliados del capital nacional y el latifundio, contra un ejército guerrillero y un pueblo declarado en rebeldía, sino que hemos conseguido sentarnos a una mesa de conversaciones con ellos, y sacar avante un Acuerdo Final de Terminación del Conflicto, con el que queda definitivamente claro que en esta guerra no existen vencedores ni vencidos, al tiempo que nuestros adversarios se ven obligados a reconocer nuestro derecho pleno al ejercicio político, con las más amplias garantías. Para nosotros es claro cómo y por qué lo hemos conseguido. Y queremos que aquellos que todavía tienen dudas sobre nuestra lucha se acerquen y palpen la voluntad que nos asiste de entregar todas las energías por el nuevo país que sueña la mayoría de colombianos y colombianas. Saben ustedes bien, y están en condiciones de exponerlo con la conciencia limpia ante la prensa nacional y extranjera aquí presente, o en cualquier otro escenario, que las FARC-EP siempre hemos pregonado el respeto a la población civil, a sus intereses y bienes, por encima de cualquier circunstancia. Que esa población, a la que conocemos con el nombre de masas, ha sido por tanto nuestro soporte fundamental a lo largo de todos estos años. En nuestra experiencia reposan millares y millares de ejemplos en los que familias campesinas, indígenas, negras o de condición humilde del campo y la ciudad, nos han brindado apoyo incondicional y protegido nuestra fuerza y a sus integrantes de múltiples maneras, aun a riesgo de su propia vida o libertad, amenazadas permanentemente por la furia de las fuerzas estatales o paramilitares. Sabemos que en el corazón y la mente de la gente llana y honesta que nos conoce en persona, y que trata diariamente con nosotros, anida una verdad completamente distinta a la pregonada por los medios que están al servicio de la oligarquía. La Paz reclama que el poder mediático no se siga utilizando como un instrumento más de la guerra. Hagamos de su potencial y eficacia una herramienta para la reconciliación entre las colombianas y los colombianos. Hay en efecto otra Colombia, otro acumulado de historias y verdades que esperan su oportunidad. Aquí nos estamos aprestando para eso, con el afecto y la solidaridad de mucha gente de nuestro país y de todo el mundo. Nuestra más honda aspiración es llegar con nuestro mensaje a mucha más, hasta conseguir que el torrente por las grandes transformaciones resulte incontenible. El significado del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, es aun más importante de lo que parece a simple vista. Si nuestros adversarios quieren pregonar que ganaron la guerra, allá ellos. Para las FARC-EP y nuestro pueblo, la mayor satisfacción será siempre haber ganado la Paz. Seguramente que de esta Conferencia Nacional habrán de surgir múltiples conclusiones distintas a su objetivo primordial. Una de ellas deberá ser el eterno agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Cuba y de Noruega, que como países garantes hicieron hasta lo imposible para conseguir que este difícil proceso llegara a feliz culminación. De igual modo a los de Venezuela y Chile, que acompañaron a las dos partes en todos los momentos en que lo requirió la materialización del objetivo final de las conversaciones. Especial homenaje tendremos que rendir a la memoria y la abnegación de ese titán de los pueblos de Nuestra América, el Presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, sin cuyo apoyo e impulso inicial nada de lo alcanzado hubiera sido posible. No hay duda de que Bolívar y él aún tienen mucho qué hacer en América Latina. Y al mismo tiempo que a Chávez, habrá que homenajear a todas y cada una de las organizaciones y personalidades, hombres y mujeres, que de manera admirable levantaron durante años las banderas de la solución política, en los más variados escenarios y eventos, arrastrando tras de sí a crecientes multitudes, que lograron posicionar en el imaginario colombiano, la necesidad de un Acuerdo final de Paz. El Estado Mayor Central y su Secretariado convocamos esta Conferencia Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno Ampliado del Estado Mayor Central celebrado en marzo del año pasado, el cual avaló todos los Acuerdos firmados hasta entonces por nuestra Delegación de Paz en la Mesa de Conversaciones de La Habana, al tiempo que facultó al Estado Mayor, su Secretariado y la Delegación de Paz, para continuar desarrollando todos los esfuerzos posibles, de conformidad con nuestros lineamientos históricos, a fin de lograr un Acuerdo Final de Paz en los términos concebidos por la Agenda pactada en agosto de 2012. Del mismo modo, el mencionado Pleno estableció de manera terminante, que llegados a un Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las FARC-EP, éste no podría adquirir validez para nuestra fuerza, sin el reconocimiento y aprobación de una Conferencia Nacional Guerrillera, la cual debía ser convocada para ese efecto específico. Como es de público conocimiento, el pasado 24 de agosto fue suscrito en la ciudad de La Habana, ante testigos internacionales y con todas las formalidades, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre los jefes de la Delegación de Paz del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana, y de las FARC-EP, Iván Márquez. El paso siguiente previsto por las dos partes, una vez entrado en vigencia el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, debe ser la firma del Acuerdo Final por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y por mí, como Comandante en Jefe de las FARC-EP. También es de público conocimiento que está definida la fecha del 26 de septiembre para la celebración de este histórico acto en la ciudad de Cartagena de Indias. Conocedor el gobierno nacional de la previsión del Pleno de Estado Mayor Central de marzo de 2015, ha convenido en rodear de completas garantías la celebración de esta Conferencia Nacional, a objeto de dar la oportunidad a nuestra máxima instancia democrática, de comprometer la palabra de todas las FARC-EP con este Acuerdo Final. Así que esta Conferencia se convoca con dos propósitos específicos que quedan a su entera discusión y definición. En primer lugar el análisis y refrendación del Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que adquiera carácter vinculante, es decir que sea de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla. Y en segundo lugar, producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política. De todo corazón esperamos que esta histórica Décima Conferencia Nacional, se caracterice como todos nuestros eventos por la más amplia democracia, la altura de los debates, y el apego fiel a la línea político militar trazada por nuestros fundadores Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. No me queda más que invitarlos a inspirarse en el conjunto de los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP que desde cada uno de los bloques, frentes y diversas unidades, esperan que ustedes transmitan fielmente el sentir de las asambleas generales que los mandataron. Hay todo un pueblo que lleva 52 años a la espera de la Paz, y que ha batallado incansablemente por ella. Muchísimos de sus hijos e hijas quedaron camino a ese objetivo, y otros muchos permanecen entre rejas en las cárceles del país o el extranjero. Nuestro compromiso indeclinable con ese pueblo debe ser ratificado en este evento de manera terminante. Nuestra preocupación principal ha de ser cómo conseguir que la Paz se convierta en una realidad en nuestro país, sobre la base de la justicia social y la democracia. Eso implica la vinculación de las grandes mayorías inconformes a la vida política activa de nuestra nación, la necesidad de un mensaje nuevo, fresco y esperanzador por los cambios, la imprescindible tarea de la unidad sin la cual todo esfuerzo se desperdiga y pierde, la presencia en el escenario de una forma distinta, sana y transparente de hacer la política. Nos hallamos frente a la trascendental oportunidad de abordar estas tareas esenciales. Nuestra responsabilidad ética e histórica es hoy mayor que nunca. Que las niñas y los niños de Colombia tengan la real posibilidad de crecer y ser felices en un país en Paz. Invito a que ese sea el marco de referencia de sus valiosas intervenciones. Declaro oficialmente instalada la Décima Conferencia Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo. En sus manos se encuentra el destino de Colombia 81. Tesis para la Discusión. Introducción. Llegamos a esta X Conferencia de las FARC-EP con un parte de victoria para el pueblo colombiano y para nuestra guerrilla. Se ha suscrito el pasado 24 de agosto el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”. Hoy le podemos decir a Manuel, a Jacobo, a Alfonso, al Mono, a Raúl, a Iván, a miles de nuestros mártires, hombres y mujeres y a nuestra guerrillerada, que hemos cumplido. Hemos puesto en manos de las gentes del común, de los humildes y desposeídos, hombres y mujeres, un acuerdo que visto de conjunto sienta las bases para avanzar hacia las transformaciones que siempre hemos deseado a fin de garantizar el bienestar y el buen vivir. Con base en el reconocimiento por parte del régimen que hemos combatido, de nuestro alzamiento armado, de nuestra condición de organización político-militar y del derecho a la rebelión que le asiste a los pueblos, se ha alcanzado un cierre digno de nuestra experiencia de rebelión armada, que inaugura una nueva etapa histórica para la sociedad colombiana y para nosotros, a fin de dar continuidad a nuestra lucha y a nuestras aspiraciones por la vía exclusivamente política, en el contexto del inicio del difícil proceso de construcción conflictiva de una Paz estable y duradera. Construir el Acuerdo Final no ha sido una tarea fácil. Ello ha sido posible gracias a la fuerza que nos han dado las armas, a nuestra cohesión, unidad e identidad, al incansable y paciente trabajo de nuestra Delegación en La Habana, a la acertada conducción de nuestro Estado Mayor Central y de nuestro Secretariado. Todo ello permitió sortear condiciones y momentos difíciles, antes del inicio de las negociaciones y durante ellas. Ha sido posible gracias a nuestro pueblo, a las más diversas organizaciones sociales y populares, políticas, sociales y culturales, obreras, campesinas, indígenas y afro descendientes, estudiantiles y de mujeres, de intelectuales y sectores de las capas medias, de la población LGTBI, de artistas y trabajadores del arte y la cultura, de mujeres y hombres, todas ellas y ellos, que supieron comprender el momento histórico y el significado de un acuerdo de Paz en las circunstancias actuales. Ello ha sido posible gracias al muy importante acompañamiento internacional de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, y de un sinnúmero de gobiernos e instituciones y pueblos del mundo entero, que vieron con simpatía y creyeron con firmeza en la posibilidad de un acuerdo de Paz en Colombia. Ello ha sido posible también, debemos reconocerlo, por la voluntad y decisión política del Gobierno de Juan Manuel Santos de buscar una salida política, en medio de nuestras profundas e insuperables diferencias, y así los propósitos que nos guíen sean opuestos. Asimismo, por la disposición de sectores del empresariado y de los poderes económicos y políticos que han gobernado el país a lo largo de su vida republicana. Y desde luego, por el rol de Estados Unidos, partícipe directo a lo largo de la historia del conflicto. Esta X Conferencia se reúne con dos objetivos fundamentales: 1.- Analizar y refrendar el Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que éste adquiera carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla; 2.- Producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política. I. La solución política como parte de nuestra historia. Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política. El Acuerdo Final que hemos suscrito con el Gobierno Nacional se inscribe dentro de nuestros propósitos históricos de lograr una Paz dialogada que siente las bases para emprender los cambios que reclaman las grandes mayorías. Contra nosotros se emprendieron seis guerras que no lograron destruirnos: una a partir de 1948; otra a partir de 1954; otra a partir de 1962; otra a partir del 18 de mayo de 1964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990 cuando se inició la operación de exterminio contra el Secretariado en Casa Verde y se emprendió la “guerra integral” bajo el gobierno de Gaviria; y la más reciente, iniciada en 2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia” durante los gobiernos de Pastrana y Uribe. La guerra no fue para nosotros un fin en sí mismo. Al tiempo que fue una guerra de resistencia social y popular, también asumió los rasgos de una guerra ofensiva basada en planes político-militares para la toma del poder a fin de propiciar las condiciones para las transformaciones que a nuestro juicio demanda la sociedad colombiana. Siempre estuvimos empeñados en diferentes momentos de nuestra historia en la búsqueda de una solución política. Por eso iniciamos procesos de diálogos en La Uribe en 1984; luego en Tlaxcala en 1992; posteriormente en El Caguán a partir de enero de 1999; y, más recientemente, en La Habana desde noviembre de 2012, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera” el 26 de agosto de ese mismo año. Con la suscripción del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto se cierra para nosotros de manera exitosa un largo ciclo de guerra que no deseamos. Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política. Si la guerra se prolongó hasta convertirse en la más larga del hemisferio occidental no fue por decisión unilateral nuestra. En las clases dominantes siempre estuvo presente la pretensión de obtener una victoria militar para lograr nuestro sometimiento y rendición. También de nuestra parte, valoramos la posibilidad de lograr nuestros objetivos por la vía del alzamiento armado. No obstante, el desenvolvimiento de la confrontación armada, la configuración específica del balance político-militar de la guerra, así como la consideración del contexto político y económico nacional e internacional, llevaron al gobierno actual y a nosotros mismos al convencimiento de que darle continuidad a la confrontación llevaría a una prolongación indefinida del conflicto, extendiendo de manera innecesaria el dolor y la victimización que es propia del accionar bélico, sin que se avizorara una definición definitiva a favor de alguna de las partes. Sobre la aceptación de esa realidad, pero también con fundamento en la voluntad y la decisión política, se abrió paso la posibilidad de avanzar hacia la búsqueda de una solución que -basada en el reconocimiento mutuo de las partes- propiciara las condiciones de una salida política dialogada. De esa manera, se entró en el campo de la transacción, el cual tiene como supuesto, si se pretende llegar a un acuerdo, la disposición mutua de conceder. Una primera expresión de ello, fue la definición de la Agenda La Habana. Y, más recientemente, el Acuerdo Final, objeto de análisis y refrendación por parte de esta Conferencia. II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo. Luego de intensos intercambios, no exentos de dificultades, y como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012, convinimos con el Gobierno de Juan Manuel Santos el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”, en el que se definió la Agenda de diálogos y discusiones, y se estableció que, tras la instalación pública en Oslo, Noruega, la Mesa de conversaciones directas e ininterrumpidas se adelantaría en La Habana. Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de intervención en la vida nacional. Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto. La Agenda de conversaciones contenía cuatro puntos que a nuestro juicio estaban orientados a generar condiciones para la superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto social y armado y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto. De su lectura, se infiere una línea de continuidad respecto de lo señalado en el “Programa agrario de los guerrilleros”, proclamado el 20 de julio de 1964, luego corregido y ampliado por la Octava Conferencia de abril de 1992, y desarrollado a través de múltiples documentos de nuestras conferencias guerrilleras. En efecto, teniendo en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas en la formación económico social capitalista que impera en el país, en la Agenda de conversaciones quedó consignada la necesidad de acordar un conjunto de reformas orientadas a: a) La solución integral de la problemática agraria (en cuyo eje se encuentra la irresuelta cuestión de la tierra y el territorio) en favor del campesinado y las comunidades campesinas y considerando los intereses de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes. b) La superación del régimen antidemocrático y excluyente que ha impedido el libre ejercicio de la acción política por parte de los débiles y desposeídos; c) El tratamiento integral y diferenciado al problema de las drogas ilícitas, con énfasis en los cultivos de uso ilícito y un enfoque de salud pública del consumo. d) Al reconocimiento y la materialización integral de los derechos de las víctimas del conflicto, fundamentalmente de pobladores humildes a lo largo y ancho del territorio nacional. Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada. Junto con lo anterior, la Agenda de conversaciones comprendió las condiciones específicas para una terminación de la confrontación armada basada en el reconocimiento y el compromiso mutuo y la dignidad para las partes involucradas de manera directa en la contienda militar. En ese sentido, se contempló convenir: a) El cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades; b) Las propiedades del proceso de dejación de armas, y de la normalización guerrillera en lo político, lo económico y lo social, de acuerdo con nuestros intereses; c) El desmonte de estructuras y modalidades de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, incluida la lucha contra la corrupción; d) Las garantías de seguridad integral para nuestro tránsito hacia organización política legal. La Agenda de Conversaciones consideró, además, convenir los mecanismos, medidas y acciones necesarias para la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos, en el entendido de que con la firma de un Acuerdo final se daría inicio a lo más complejo de toda negociación: el cumplimiento de lo pactado, es decir, la garantía efectiva, real y material, para el desistimiento del alzamiento armado. III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica. El análisis de conjunto del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera” permite afirmar que se está frente al hecho político más importante de la historia de las últimas décadas de nuestro país, básicamente por las siguientes razones: Primera, porque representa la derrota de los sectores de las clases dominantes y de intereses foráneos interesados en la solución militar y prolongación indefinida de la guerra, en cuanto hicieron de ella un instrumento esencial para preservar su dominación política y sociocultural y obtener jugosos y lucrativos dividendos; Segunda, porque crea las condiciones para dar por terminados el sufrimiento y la victimización que ocasiona la guerra, lo cual ha afectado de manera principal a las gentes del común, a millones de colombianos y colombianas humildes, especialmente en el campo; Tercera, porque establece un conjunto de posibilidades reales para emprender un ciclo de reformas tendientes a la democratización política, económica, social y cultural del país, en la medida en que se logre desatar la potencia transformadora contenida en los acuerdos. En ese sentido, es el más significativo aporte para transformar la vida de la generación presente y sobre todo de las generaciones futuras de nuestro país; Cuarta, porque contribuye a los propósitos declarados de los pueblos de Nuestra América de hacer de nuestra Región una zona de Paz, en la cual desaparezca por siempre toda amenaza de intervención militar imperialista. Tras semejante hecho político se encuentra algo aún más hondo: la posibilidad real de una inflexión política para inaugurar una nueva etapa histórica: la construcción conflictiva de una Paz estable y duradera. Y con ello, la producción colectiva de una gran transformación cultural en la sociedad colombiana, sobre presupuestos de democracia real y avanzada. Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política. El Acuerdo Final es una expresión de la correlación social de fuerzas y del propio balance político-militar e histórico concreto de la guerra; es un acuerdo de solución política que implica el reconocimiento de las partes comprometidas directamente en la contienda militar de que las armas y el poder de fuego de ninguna de ellas logró vencer a su adversario o enemigo declarado. En ese sentido, es el reconocimiento de la continuidad de lucha a través de medios exclusivamente políticos. No representa la materialización de nuestras aspiraciones estratégicas como fuerza revolucionaria; tampoco es la claudicación de nuestra fuerza político-militar guerrillera. No es ni la revolución por decreto, ni tampoco la rendición. Con el Acuerdo Final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases, y a la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de las FARC-EP, que con el tránsito a organización política legal proseguirán su brega por las transformaciones estructurales hacia un nuevo orden social de democracia verdadera y justicia social. Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado. El Acuerdo Final es una demostración de la validez de nuestro alzamiento armado por 52 años. Gracias a él ha sido posible dejar sentadas las bases para abrir un campo de reformas que en otras condiciones difícilmente se hubiera podido alcanzar, dadas las características de la organización del poder y la dominación en nuestro país. En ese sentido, el Acuerdo Final es nuestro aporte a las múltiples luchas sociales y populares en campos y ciudades, que en medio de las más difíciles condiciones han enfrentado y continúan enfrentando las políticas estatales concebidas e implementadas para favorecer a los poderosos. Somos conscientes de que de la misma forma como el Acuerdo Final contiene una indiscutible potencia transformada para adelantar cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías, también representa una opción de remozamiento del régimen de dominación de clase y una posibilidad de absorción sistémica de la rebelión, si los cambios no se logran sacar adelante. Así es que el Acuerdo Final y sobre todo su implementación representan un campo abierto de lucha que contiene la opción del cambio y la transformación, pero también la posibilidad de la preservación renovada del Establecimiento. La tarea histórica que se nos viene encima es hacer germinar la semilla del Acuerdo Final para continuar avanzando hacia el logro de nuestras mayores aspiraciones estratégicas. Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la Paz. En el componente del Acuerdo Final que corresponde a la “Participación política: apertura democrática Paz la Paz” se convino un conjunto de políticas, medidas y acciones orientadas a romper las configuraciones excluyentes, corruptas y antidemocráticas del régimen político y, en particular, del sistema político y de representación. Algunas de ellas previstas en la Constitución de 1991, pero no desarrolladas ni implementadas por la persistencia de estructuras de dominación política y cultural que han logrado imponer y reproducir un régimen de “democracia gobernable” con fachada electoral, pero sin garantías reales para el ejercicio de la oposición política y social, la movilización y la protesta social, y la participación social y ciudadana. El Acuerdo Final sienta las bases para emprender un proceso de democratización política sobre dos presupuestos básicos: a) un entendimiento amplio de la política y de la contienda política y b) la fijación de nuevas reglas y procedimientos para la participación política, considerando de manera particular el proceso electoral. En efecto, se convino un amplio régimen de garantías para el ejercicio de la oposición política que comprende el estatuto de la oposición política y garantías integrales de seguridad para el ejercicio de la política. Asimismo, la ampliación del concepto de la participación ciudadana abarcando garantías para los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta social, la reconciliación y la convivencia, el acceso a medios de comunicación, el control y la veeduría ciudadana, el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, entre otros. Por otra parte, las reformas acordadas en materia de participación política, además de promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, apuntan a estimular la participación y la transparencia electoral y tienen como supuesto la transformación estructural del régimen y la organización electoral, así como la promoción de una cultura política democrática y participativa. Y de manera particular, la promoción de la representación política y ciudadana de la mujer, y de los territorios afectados por el conflicto y el abandono estatal, como se expresa en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz acordadas. Con el acuerdo sobre participación política se reconoce que la contienda política se extiende a otros campos de la vida social, distintos a aquellos que la limitan a la competencia electoral; se fortalecen las bases de una contienda política efectivamente democrática, con garantías para quienes intervienen en ella; y se dejan mojones para trascender la organización democrático liberal. Con este componente del Acuerdo Final queda trazado un marco jurídico-político de compromiso para transitar hacia la democracia verdadera y avanzada en nuestro país. Con ello, las FARC-EP aportamos a los esfuerzos de partidos y fuerzas políticas, así como de movimientos políticos y sociales progresistas, democráticos y de izquierda, movidos por ese propósito. Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral. Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios, se convino la realización de un catastro rural durante los próximos siete años, que será una herramienta de suma importancia no sólo para aclarar las relaciones de propiedad ensombrecidas por la guerra y el despojo violento, sino para una más precisa definición de los usos de la tierra, para el castigo al uso improductivo con impuestos, especialmente al latifundio ganadero, y para el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, se dio un paso importante para el fortalecimiento de la propiedad campesina a través de dos vías, que comprometen en un inicio 10 millones de hectáreas con la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con insuficiente tierra y la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad y de Zonas de Reserva Campesina. Sobre esa nueva relación de propiedad, se edifican propósitos mayores en dirección a un nuevo ordenamiento territorial, hacia el fortalecimiento de la producción de alimentos y la superación de la pobreza y la desigualdad, aspectos de nuestro máximo interés político. En efecto, el Acuerdo Final contempla la elaboración e implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) con una amplia participación de las comunidades en zonas priorizadas del territorio nacional, así como de planes nacionales para la reforma rural integral. De esa manera, se logró trascender un enfoque exclusivo de propiedad sobre la tierra, para agregar a éste una visión integral que además de incorporar una concepción del territorio a construir y fortalecer “desde abajo”, contempla medidas y acciones sobre financiación y crédito, subsidios, vías, riego, infraestructura eléctrica y de conectividad, mercadeo, así como componentes sociales referidos a educación, salud, educación rural, vivienda y agua potable, formalización laboral y protección social y al derecho a la alimentación. Con el acuerdo agrario, quedan en manos de los campesinos y de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y de nuestros afrodescendientes, que siempre hicieron parte de nuestras preocupaciones durante las conversaciones, invaluables herramientas para su bienestar y buen vivir. La vida en el campo será otra. No sólo por la terminación de la confrontación armada, sino por el marco y los referentes de reformas de obligada implementación, que se agregan a las aspiraciones y plataformas del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente. Queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático, participativo y sostenible socio- ambientalmente del territorio. A ello se opondrá, desde luego la dimensión estructural vigente de la relación de propiedad basada en la concentración y el modelo económico de extracción minero-energética y de agro negocios. No habrá fin del conflicto agrario. A los conflictos socio-territoriales ya existentes, se le agregarán las luchas por la implementación de lo acordado en esta materia. Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas. Un logro significativo del Acuerdo Final consiste en haber superado la visión punitiva y penalista que ha imperado en las políticas estatales frente al problema de las drogas ilícitas en el contexto de la mal llamada guerra contra las drogas, y que se ha concentrado en los eslabones más débiles de ese negocio corporativo transnacional: los cultivadores de coca, amapola y marihuana y los consumidores urbanos. En su lugar, se logró imponer un entendimiento del problema desde su naturaleza esencialmente social y de pobreza, en cuanto a los cultivadores se refiere; y de salud pública, cuando de los consumidores se trata. En el Acuerdo Final se convino la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante la elaboración e implementación de planes integrales de desarrollo concertados con las comunidades y con garantía de participación directa por parte de ellas, articulados en bajo un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es concebido como parte de la Reforma Rural Integral. Los planes integrales de desarrollo apuntan a enfrentar la problemática económica y social de las comunidades de cultivadores, a propiciar garantías para su bienestar y buen vivir, incluida la sostenibilidad y la recuperación ambiental, así como a reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo imperialista. El Acuerdo Final introdujo, por otra parte, un concepto de prevención del consumo y de salud pública en la atención a los consumidores de drogas, distanciándose de los enfoques de mera penalización. Con base en el reconocimiento de que la producción y comercialización de narcóticos es un fenómeno transnacional, se convinieron múltiples compromisos para combatirlas, que evidencian que los eslabones de las ganancias espectaculares en esa cadena de valor no son precisamente los de los cultivadores, sino que se encuentran en los proveedores industriales de insumos, los grandes comercializadores y distribuidores, el lavado de activos y, en consecuencia, en los circuitos legales de la economía, principalmente en el negocio financiero. El Acuerdo Final puso de presente la falacia acerca de las FARC-EP como un cartel del narcotráfico y evidenció que las intervenciones regulatorias puntuales de nuestra parte en esa cadena de valor, especialmente a través de la tributación, lo han sido para la financiación de la rebelión y no para desarrollar una industria criminal con fines de enriquecimiento de sus integrantes. Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto. El capítulo del Acuerdo Final sobre “Víctimas del conflicto” se sustenta en el diseño y formulación del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, con el cual -de manera novedosa respecto de otras experiencias nacionales e internacionales- se ponen en el centro de las preocupaciones la víctimas del conflicto y los procesos de victimización ocurridos a lo largo de décadas de confrontación armada, sobre la base del reconocimiento de múltiples responsabilidades, contemplando las inherentes al orden social vigente y las imputables al Estado y sus agentes, a las estructuras de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, promovidas por éstos y por organizaciones civiles y por poderes económicos y gobiernos extranjeros, así como las que le corresponden a nuestro ejército guerrillero en ejercicio del derecho a la rebelión. Todo ello, con estricta atención a las normas y los estándares vigentes del Derecho Internacional de los derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Particular atención merece en ese contexto, el aporte del Acuerdo Final al esclarecimiento de la verdad histórica con el “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” y con el mandato de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”. De esa forma, la historia del conflicto tendrá la garantía de no ser una historia oficial, sino de ofrecer una visión integral y plural, a la que se suman las numerosas investigaciones académicas y de organizaciones y movimientos políticos y sociales. Sobre el entendido que la principal exigencia de las víctimas del conflicto es la de la verdad (incluida la situación de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto), el Sistema integral acordado descansa, primero, sobre un concepto de integralidad de la reparación, en el que junto con las reparaciones individuales se hace énfasis en las reparaciones colectivas, superando disposiciones legales vigentes; segundo, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia para enfrentar la impunidad, denominado Jurisdicción especial para la Paz; y tercero, en un conjunto de políticas, medidas y acciones para la no repetición, dentro de las cuales se encuentra la propia implementación y el cumplimiento de todo lo acordado. Uniéndose a todo ello, el compromiso de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, definidos en su integralidad e inescindibilidad. El Acuerdo Final demuestra el indeclinable compromiso de las FARC-EP con las víctimas del conflicto y constituye una herramienta del mayor significado para el movimiento de víctimas en el largo trasegar por el reconocimiento de sus derechos. El Acuerdo es demostrativo además de nuestra determinación de asumir las responsabilidades que nos corresponden. Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El componente del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz representa el diseño y la puesta en marcha de un sistema de justicia que atendiendo de manera estricta estándares internacionales está concebido para “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una Paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que supongan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos” (AF, p. 130). En ese sentido, la JEP no es un acuerdo de impunidad; tampoco un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC-EP o de nuestra comandancia. No es un sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente en la que ha primado el enfoque del derecho penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en un acuerdo de Paz. Sobre la base del acuerdo del indulto y la más amplia amnistía posible como está previsto en la normatividad internacional, nos hemos comprometido a acudir a la JEP a ofrecer nuestra verdad sobre los hechos del conflicto de los que ella se ocupa, a asumir las responsabilidades en lo que nos corresponda, y a aceptar las sanciones que ella imponga, si a ello hubiere lugar. De la misma manera, esperamos que acudan y se pongan a disposición de la JEP todos quienes, de manera directa o indirecta, sean civiles o militares, han intervenido en el conflicto. Sólo así será posible superar la impunidad, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y garantizar un genuino ejercicio de justicia. Con la JEP convenida en el Acuerdo Final queda en manos de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana en general un instrumento fundamental para la construcción de una Paz estable y duradera. Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”. El capítulo sobre el “Fin del Conflicto” fue concebido bajo la premisa de que se trata de un proceso integral y simultáneo, contentivo de condiciones de aprestamiento y de contexto, así como de condiciones específicas para garantizar el tránsito a la vida civil. En cuanto a las primeras, nuestra decisión unilateral de cese indefinido de fuegos fue fundamental para mostrar la inutilidad del enfoque impuesto por el Gobierno de negociar en medio del conflicto, presionar el des escalamiento de la confrontación militar y, junto con otras medidas y acciones bilaterales, preparar el terreno para el acuerdo de cese bilateral definitivo de fuegos y hostilidades, suscrito el 23 de junio de este año. Y sobre esa base, pero en conexión con otros aspectos de lo acordado, convenir la dejación de armas como un proceso con componentes políticos y técnico-militares, diseñados de manera en extremo cuidadosa. En igual sentido, debe considerarse el acuerdo sobre el combate y desmonte a estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. No hay posibilidad de Paz estable y duradera si persiste y continúa reproduciendo el paramilitarismo, así éste se encubra con nuevas denominaciones. Por ello, debe destacarse que el Acuerdo final en esta materia se sustenta en la promoción de un pacto político nacional para la superación de la utilización de las armas en la política y para que no se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. En particular existe el compromiso del Gobierno de incorporar en la Constitución “la prohibición de la promoción, organización financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia” (AF, p. 72). En este aspecto, el Acuerdo Final abunda en múltiples previsiones, políticas, acciones y medidas y diseños institucionales, que nos permiten afirmar que quedan sentadas las bases para hacer posible superación definitiva de la doctrina y las prácticas de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar, así el Gobierno se haya rehusado a una modificación explícita de la política de “seguridad nacional” y se haya resistido al reconocimiento de la persistencia del paramilitarismo. Con la terminación del conflicto armado con las FARC-EP no queda justificación ética y política alguna para darle continuidad a una política que sólo ha producido sangre y victimización de los humildes del país. De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las conversaciones. A lo anterior, se agregan los compromisos de garantías de seguridad para nuestro partido o movimiento político, sus integrantes y sus familias, mediante un sistema de protección integral, una vez se haya producido nuestro tránsito a la vida civil. En dicho programa, por cierto, participará un contingente importante de nuestros integrantes. Por otra parte, las condiciones específicas para el “Fin del conflicto” se refieren al acuerdo sobre el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Hemos hecho valer la letra de la Agenda cuando estableció que la reincorporación a la vida civil en lo político, lo económico y lo social, es de acuerdo con nuestros intereses. El Acuerdo Final en esta materia se distingue de los procesos de reinserción guerrillera del pasado y de la estrategia contrainsurgente de la desmovilización, desarme y reinserción, conocida como DDR, que responde a una concepción de sometimiento. Por esa misma razón, la institucionalidad de la reincorporación no nos vincula con ninguna agencia estatal; será bipartita y por cuenta del Consejo Nacional de la Reincorporación. El proceso de reincorporación tiene como fundamento, nuestra voluntad y decisión política de darle continuidad a la lucha por nuestras aspiraciones históricas bajo las condiciones generadas por el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, particularmente en lo referido a las reformas para la apertura democrática, al desmonte del paramilitarismo y a las garantías de seguridad, más también las convenidas de manera específica para nuestra organización y sus integrantes. Hemos convenido en ese aspecto, que nuestra reincorporación es la de una comunidad de alzados en armas, hombres y mujeres, y a la vez de individuos, con sus propias aspiraciones. Por tal razón, el proceso de reincorporación contempla, por una parte, nuestro tránsito a partido o movimiento político legal, bajo normas y reglas excepcionales, y la conformación de una organización de economía social que hemos denominado de Economías sociales del común – ECOMÚN. Y por la otra, un sistema de prestaciones económicas y sociales individuales, concebidas como mínimos para la vida digna de nuestros combatientes tras su tránsito a la vida civil. Tenemos la aspiración de preservar nuestra comunidad bajo las nuevas circunstancias, pues ella constituye el núcleo básico que habrá de expandirse hacia todo el campo popular para avanzar en nuestros propósitos de construcción de un nuevo poder social “desde abajo” y de toma de posiciones de poder político y de gobierno para los cambios que reclaman las mayorías. Consideramos que hemos convenido condiciones aceptables de excepcionalidad para nuestro partido o movimiento político legal referidas a personería jurídica, financiación, acceso a medios, participación y representación política y vocerías en corporaciones públicas. De la misma forma valoramos la posibilidad de construir una economía propia a través de ECOMÚN y en asociación con las comunidades con las que nos hemos relacionado históricamente. Apreciamos igualmente que hemos respondido con entereza, en el contexto de lo acordado, a las preocupaciones que tienen actualmente nuestros combatientes, hombres y mujeres, respecto de su inmediato futuro. Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas. La dejación colectiva e individual de las armas representa probablemente el momento más difícil para quienes hemos ejercido el derecho a la rebelión. Las armas nos han dado el poder de la resistencia, del honor y de la dignidad; han sido nuestra compañía inseparable por décadas de lucha y gracias a ellas ha sido posible el Acuerdo Final de solución política. Tenemos la satisfacción de que en medio de las condiciones de mayúscula asimetría tecnológica y de recursos militares, del apoyo de potencias extranjeras, especialmente del gobierno de Estados Unidos, de dispositivos culturales y de comunicaciones, así como de un gigantesco esfuerzo fiscal del Estado, nuestras armas no pudieron ser vencidas. Pudieron más la convicción y el heroísmo de nuestros miles de hombres y mujeres para resistir y persistir en los propósitos nobles de nuestra rebelión armada. Por ello es que el Acuerdo Final no es un acuerdo de desmovilización y de entrega de armas a quien ha sido nuestro adversario y enemigo declarado. En su lugar, hemos convenido un proceso de dejación “mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos” (AF, p. 59), uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en el lugar del territorio nacional que nosotros definamos. Con esta decisión le hemos concedido espacio y significación a nuestro propósito ético y político mayor: simbolizar ante el mundo nuestra determinación de construir una Paz estable y duradera para nuestro pueblo, manifestar nuestro agradecimiento perenne al pueblo de Cuba por su irrestricto compromiso con la Paz de Colombia y sembrar en tierra colombiana la memoria de nuestro alzamiento y la gloria a nuestras víctimas. Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación. Con lo acordado acerca de la implementación, se buscó propiciar las condiciones para que lo contenido en el Acuerdo Final logre materializarse. Las experiencias internacionales demuestran que existe una marcada tendencia hacia un bajo nivel de cumplimiento de lo pactado en acuerdos Paz. Considerando ello, se convino un sistema robusto de implementación que conjuga institucionalidad, planes, desarrollos normativos, prioridades y una amplia participación social y ciudadana. Se acordó la conformación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz (CSVR), de carácter bipartito, con un primer período de funcionamiento hasta enero de 2019, prorrogable hasta diez años, que corresponden al lapso definido para el proceso de implementación. Asimismo, se definió un Plan Marco de Implementación (PMI) de diez años, que se desagregará en Planes Cuatrienales de Implementación (PCI), con los que lo acordado tendrá que incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los respectivos gobiernos, garantizando de esa manera las inversiones necesarias, así como la asignación correspondiente de recursos del presupuesto nacional y de recursos provenientes de los entes territoriales. Para proveer el marco normativo y los soportes institucionales que le den a la implementación un carácter vinculante específico, se convino la expedición de un CONPES del PMI en los términos que apruebe la CSVR, así como el trámite de las reformas constitucionales y legales de incorporación del PCI al PND. Por otra parte, se definió una agenda legislativa a través del procedimiento previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016, cuya materia corresponde a los aspectos fundamentales de los desarrollos normativos constitucionales y legales que demanda la implementación del Acuerdo final, y se estableció que los contenidos de tales desarrollos tendrán que ser constatados por la CSVR, previa presentación o expedición por el Presidente de la República. Junto con lo anterior, se definieron mecanismos de participación de la sociedad, un sistema integrado de información y medidas de transparencia para la implementación, así como medidas y acciones de implementación prioritaria. De esa forma consideramos que quedaron sentadas las bases para un proceso de exitoso de implementación, cuya premisa es a nuestro juicio la apropiación social del Acuerdo Final y el más amplio respaldo y compromiso social y popular. Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación. El Acuerdo Final convino un mecanismo de verificación internacional concebido como parte del mecanismo de implementación de los acuerdos que “tendrá como propósito comprobar el estado de avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación” (AF, p. 184). Dos notables, uno elegido por nosotros y otro por el Gobierno Nacional, y el componente internacional conformado por un representante de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, respectivamente, constituyen en primera instancia la verificación internacional, que además contará con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en los términos que le señale la CSVR. El mecanismo internacional de verificación presentará informes periódicos sobre la implementación, a los que muy seguramente se unirán aquellos que produzcan las organizaciones sociales y populares y nuestro Centro de pensamiento y formación política. A lo anterior se suma la solicitud de las Partes a través de la Asamblea General de Naciones Unidas de “una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de las medidas de protección y seguridad colectiva” (AF, p.186), asegurando un funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables. Por otra parte, se convino la renovación del actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU Derechos Humanos) por un periodo de tres (3) años renovables, en cuyo informe anual se solicitará sea incluido un capítulo de implementación de los derechos humanos. Habrá además un acompañamiento internacional a la implementación del Acuerdo final en cada uno de sus puntos con instituciones internacionales especializadas, que deberán elaborar informes periódicos a la CSVR. Como se aprecia, el Acuerdo final cuenta igualmente con un sistema de verificación que ofrece garantías en múltiples sentidos para el proceso de implementación. Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos. Todo el Acuerdo final posee un enfoque diferencial y de género, con énfasis en los derechos de las mujeres. Ello obedece a nuestra firme convicción acerca de la necesidad de reconocer las particularidades de grupos sociales diferenciados, comúnmente excluidos y sometidos a la continua discriminación. Y en el caso de las mujeres, se trata además de las circunstancias propias de la dominación patriarcal que apuntala aún más la propia dominación capitalista, acentuando su condición de víctimas principales del conflicto. La lectura transversal del Acuerdo Final permite afirmar que se está en presencia de una posibilidad para el mayor reconocimiento de sus derechos y de su papel activo como sujetos políticos de la construcción de una Paz estable y duradera. El Acuerdo Final, por otra parte, se fundamenta en una consideración y respeto de los derechos de los pueblos étnicos y está concebido en todos sus componentes para contribuir a expandirlos, tal y como se demuestra en el capítulo étnico. No habrá Paz verdadera, estable y duradera, sin la materialización de los derechos de las mujeres y de los pueblos étnicos. Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente. El Acuerdo Final además de ser un acuerdo de transacción política para la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de nuestra guerrilla, impuso la necesidad de una solución jurídica con base en el presupuesto del origen político del derecho. En las condiciones actuales, acuerdos políticos sin definiciones jurídicas resultan insuficientes, si se considera que lo convenido debe tener fuerza vinculante para las Partes, dotándolas así de la necesaria seguridad jurídica. Se sobreentiende además que la solución jurídica en sí misma no es una garantía de que lo acordado efectivamente sea objeto de cumplimiento, pero sí prefigura un marco normativo de compromiso de las Partes, que establece pautas y parámetros para la acción política en demanda del cumplimiento y la implementación. Se convino que el Acuerdo Final es un Acuerdo Especial de los previstos en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Igualmente, que por medio del procedimiento expedito del Acto Legislativo 01 de 2016 habrá una ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y un Acto Legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, es decir, habrá un proceso de constitucionalización del Acuerdo Final, que se acompañará de los desarrollos legales requeridos para su implementación. En ese sentido, bien puede afirmarse que la Mesa de La Habana ha desempeñado una función constituyente y ha transformado para bien del pueblo colombiano el orden constitucional vigente, poniendo de paso en evidencia los límites de dicho orden para perfeccionar el acuerdo de solución política. Dicha situación constitucional nueva, no niega nuestros propósitos de persistir en impulsar un proceso constituyente abierto, una de cuyas estaciones necesarias tendrá que ser una Asamblea Nacional Constituyente, no sólo para abordar las salvedades a los acuerdos logrados, sino para acompasar el marco jurídico institucional a la construcción de una Paz estable y duradera y generar las debidas respuestas constitucionales a otros problemas estructurales sensibles de la formación económica y social. Sin que se haya convenido explícitamente en el Acuerdo Final la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, sí ha quedado el compromiso de promover un gran acuerdo político nacional que por su contenido debe interpretarse como un paso en esa dirección. Para que se consolide la perspectiva de un proceso constituyente, será necesario que desate un amplio movimiento político y social que se trace ese propósito. Las múltiples dinámicas constituyentes del campo popular experimentadas durante los últimos años, así como el proceso de La Habana representan un importante acumulado para el logro de ese objetivo. Tesis 21: Sobre refrendación del Acuerdo Final. Los actos de refrendación del Acuerdo Final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor y para que se pueda surtir el trámite y la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y de Tratamientos Penales Especiales, a fin de que se dé inicio al proceso de localización de nuestra fuerza guerrillera en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y con ello al proceso de dejación de armas y de nuestra reincorporación a la vida civil. En igual sentido, a la implementación de todo lo acordado. Durante las conversaciones nos allanamos a la refrendación popular a través del plebiscito, primero porque discutir, acordar y formalizar jurídicamente otro mecanismo hubiera prologado de manera innecesaria las conversaciones por al menos un año, situando el proceso de La Habana en medio de la campaña presidencial hacia el 2018, en un contexto político complejo de creciente oposición llena de falacias de la ultraderecha y el militarismo. Y segundo, por cuanto consideramos que la forma plebiscitaria produciría una clara delimitación entre la construcción de la Paz y la continuidad de la guerra, generando la posibilidad de infligir una derrota a la segunda, bajo el supuesto en todo caso de que la opción de la Paz demanda procesos de diferenciación entre los entendimientos y aspiraciones del campo popular de Paz con democracia verdadera y justicia social y aquellos de sectores de las clases dominantes de Paz como silencio de los fusiles y de oportunidad para nuevos negocios. Tenemos el convencimiento de un potente acto de legitimación política del Acuerdo Final por parte del pueblo colombiano. De esa manera, lo acordado en La Habana tendrá un mayor blindaje para su implementación. Por otra parte, la refrendación guerrillera del Acuerdo Final en esta nuestra X Conferencia, además de representar un voto de respaldo y confianza frente a lo actuado por nuestra Delegación en La Habana y por las decisiones que en distintos momentos tomaron el Estado Mayor Central y el Secretariado, es un claro mensaje al pueblo colombiano de nuestra indeclinable decisión de reafirmar el fin de nuestro alzamiento armado y de nuestro compromiso irrestricto con la implementación de todo lo acordado. Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural. De la misma forma como el Acuerdo Final se sustenta en acuerdos ciertos que han de implementarse, también debe afirmarse que él posee unos intangibles cuyos alcances sólo podrán ser definidos por la historia. Pero desde ahora puede anticiparse que probablemente uno de esos intangibles consiste en la inauguración de una gran transformación cultural: la que habrá de conducir a la superación definitiva de estructuras de pensamiento en las que se ha entronizado incluso en la vida cotidiana el uso de la violencia, la pretensión de exterminio del enemigo y una especie de fascismo social como formas de ejercicio del poder y la dominación y de solución de los conflictos, para darle una nueva oportunidad a la política y a la coexistencia pacífica en medio de la conflictividad que le es inherente al orden social vigente hasta su necesaria superación a través de una nueva calidad social. IV. La perspectiva política inmediata. Tesis 23: La importancia del plebiscito. A la firma del Acuerdo Final le sigue en lo inmediato el acto de refrendación popular a través del plebiscito. Más allá de representar un acto de legitimación política de lo convenido en La Habana, con indiscutibles consecuencias para la implementación del Acuerdo Final, consideramos que se está frente a una decisión no solo con efectos presentes, sino sobre todo futuros de cara a las próximas generaciones. Aunque por esa vía se aprobará o improbará popularmente el Acuerdo Final, en sentido estricto la que se está definiendo es algo de más profundo calado: la continuidad o no de la guerra; la perspectiva de construcción o no de una Paz estaba y duradera. Frente a una determinación con semejantes implicaciones, tenemos la confianza en una respuesta masiva y contundente del pueblo colombiano a favor del sí. El Sí mayúsculo debe contribuir a despejar el campo político, conflictivo por naturaleza, pero oscurecido por la presencia de instigadores de la guerra que, haciendo uso de la confusión y la mendacidad, no sólo añoran con su prolongación por los rendimientos que ella le produce, sino que desde ahora -previendo su derrota- anuncian que se constituirán en obstáculo de los esfuerzos de Paz, recurriendo con a todos los medios que en el pasado les han sido útiles. Debemos decirlo con claridad: ¡Es el momento de superar de manera definitiva la página de la violencia y la guerra! Necesitamos tener la estatura histórica colectiva para ello. No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro posible; como no lo fue en el pasado. Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación. Con la firma del Acuerdo Final, las prioridades se trasladan a una fase mucho más compleja y difícil: el inicio de la implementación de lo acordado. Nuestra agenda inmediata está claramente definida: Con la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y tratamientos penales especiales, nos localizaremos en las ZVTN, iniciaremos la dejación de armas que durará 180 días, se producirán los alistamientos para nuestra reincorporación a la vida civil y se surtirá el proceso de conversión de nuestra guerrilla en partido o movimiento político legal. En el transcurso del mes de abril de 2017, deberemos estar listos para el inicio formal de nuestra actividad política legal. En correspondencia, en ese mismo período el Gobierno deberá haber cumplido con lo establecido en el Plan Marco de Implementación y particularmente con los compromisos de los desarrollos normativos allí establecidos, empezando por la Ley de Amnistía, Indulto y tratamientos penales especiales, la Ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y el Acto Legislativo para la incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento constitucional, entre otros. En ese sentido, parte significativa del énfasis de nuestro trabajo se trasladará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) y al Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR). Durante estos primeros seis meses no debe descartarse una contraofensiva de la ultraderecha y el militarismo a través de múltiples acciones y provocaciones, orientadas a hacer fracasar la implementación de lo acordado. Por tal razón, la verificación internacional del Acuerdo Final, así como el acompañamiento del movimiento social y popular en protección y demanda de cumplimiento de lo acordado jugarán un papel central, que deberá permanecer a lo largo de todo este proceso. V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización una política legal. Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal. El Acuerdo Final conlleva la continuidad de nuestra lucha a través de la acción política legal, con fundamento en las condiciones de contexto y las reglas de juego que emanan del conjunto de lo acordado. El ejercicio de la política no es para nosotros una novedad. Las motivaciones de nuestro alzamiento armado siempre fueron políticas. El accionar político-militar de nuestra guerrilla y de nuestras milicias, el trabajo clandestino de nuestro Partido y de nuestro Movimiento Boliviano siempre estuvieron guiados por propósitos políticos, a fin de organizar a nuestro pueblo para alcanzar los cambios y las transformaciones estructurales que reclaman las grandes mayorías. Con el acuerdo de solución política consideramos que se dan las condiciones mínimas requeridas para producir nuestro tránsito a la vida política legal y proseguir la brega por nuestras aspiraciones estratégicas de superación del orden social capitalista vigente en el país. El Acuerdo Final representa una ruptura en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización; se trata de más bien de un acontecimiento que nos encauza hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político, entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva de persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido o movimiento político. Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y, en general, en las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos. Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final. Además de las tareas propias de la organización del nuevo partido o movimiento, que deberán ser mandatadas por esta X Conferencia, y que nos habrán de llevar a su Congreso Constitutivo, somos conscientes de que se avecinan nuevas batallas. La primera de ellas, la que corresponde a la implementación de los acuerdos que son para beneficio de la sociedad colombiana y del pueblo en su conjunto. Si la potencia transformadora contenida en ellos se logra desatar y sale adelante en forma victoriosa, estaremos frente a la más importante posibilidad reciente de democratización política, económica, social y cultural de la Nación. Se avecina un ciclo reformista que, en las condiciones del régimen de dominación de clase existente en el país, debe ser catalogado como revolucionario. Pero la posibilidad de materialización de ese ciclo, demanda la existencia de un poder y una fuerza social con capacidad de hacerlo efectivo, que estamos obligados a contribuir a construir. Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural. La segunda batalla se refiere al necesario quiebre de la hegemonía política y cultural para llegar a lo profundo de los corazones del pueblo colombiano y lograr su más amplio respaldo, principalmente en los centros urbanos. Tras décadas de estigmatización y continuo falseamiento de nuestra historia y de nuestro accionar, tendremos la posibilidad de establecer otro tipo de relacionamiento y de interlocución con las grandes mayorías, distinto al de la guerra, y así ofrecer y compartir nuestra visión y propuesta de país. Se acerca lo que bien podríamos llamar una “batalla de ideas” y tenemos la esperanza de que ella se pueda adelantar libremente y sin ejercicio de violencia alguna. Ha llegado el tiempo de la verdad histórica. Ha llegado el tiempo de desnudar el régimen de dominación de clase existente, sin los ropajes y disculpas de la confrontación armada y de la guerrilla como causante de los males y problemas que campean a lo largo y ancho del país. Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular. La tercera batalla es la concerniente a la unidad del campo popular, de los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios. Sin un amplio proceso de unidad no hay posibilidad de avanzar hacia el cambio político y las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana. Estamos dispuestos y abiertos a abordar las discusiones para construir los consensos necesarios, siempre privilegiando las definiciones y los acuerdos programáticos, sobre las decisiones pragmáticas. Si pretendemos resignificar y reivindicar la política e introducir nuevas formas de acción política, tenemos la obligación de regresar a la discusión programática, a los debates sobre la táctica y la estrategia, a la construcción colectiva del programa o la plataforma política y del instrumento político, trascendiendo el concepto de oposición o de frente electoral para demostrar vocación de poder y deseo de ser gobierno. Si se contempla que el Acuerdo Final puede abrir el camino de una transición política debe considerarse la posibilidad de unir esfuerzos hacia un “Gobierno de construcción de Paz y reconciliación nacional”. No hay perspectiva política como opción de poder si los esfuerzos de unidad se limitan a las valiosas expresiones organizativas y procesos existentes, incluidas nuestras fuerzas. El campo de acción e influencia ha demostrado ser limitado, pues no hemos logrado llegar a las grandes mayorías no organizadas, particularmente en los principales centros urbanos. Debemos reconocer nuestras carencias colectivas para identificar las aspiraciones de las nuevas generaciones de clase trabajadora producidas por las transformaciones capitalistas durante las últimas décadas, y traducirlas a nueva gramática de la política. Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto. Nuestra experiencia de décadas de lucha nos ha enseñado que al tiempo que se lucha por el poder, es necesaria una construcción social del poder “desde abajo”. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos promovido e impulsado procesos organizativos territoriales basados en la democracia directa, autogestionaria y comunitaria. Eso mismo reconocemos en importantes procesos campesinos, indígenas y afrodescendientes, en diferentes movimientos urbanos estudiantiles, de mujeres, de víctimas del conflicto y de trabajadores en general en defensa de bienes comunes de la sociedad, enfrentando en diferentes momentos y con intensidad diferenciada las tendencias de mercantilización capitalista extrema de la sociedad. En todos esos casos reconocemos la existencia de dinámicas constituyentes, dentro de las cuales inscribimos los alcances del Acuerdo Final, que bien pueden confluir hacia un proceso constituyente abierto, en el cual se vayan edificando las bases de un nuevo poder social. En la conjunción de la construcción de nuevo poder social y la conquista de posiciones en el poder establecido, incluida la perspectiva de ser gobierno, es que concebimos nuestro tránsito hacia la vida política legal en condición de nuevo partido o movimiento político. Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia. Frente a todas estas preocupaciones, aunque tenemos visiones preliminares, no poseemos aún elaboraciones definitivas. Por ello consideramos que esta X Conferencia, además de avanzar en la identificación de lineamientos para nuestra acción política inmediata, debe producir el mandato para abrir la más amplia discusión interna que conduzca a las definiciones programáticas que demanda el nuevo momento político inaugurado por el Acuerdo Final. Deberá ser sometido al Congreso constitutivo de nuestro partido o movimiento político legal el programa político de orden estratégico, la propuesta de plataforma política para la confluencia en un bloque popular alternativo o en un movimiento de movimientos y la propuesta de programa para un “Gobierno de construcción de Paz y reconciliación nacional”, de amplia convergencia. Se nos avecina en ese aspecto una tarea de máximo compromiso, responsabilidad y construcción colectiva 82.

23-9-2016, Secretariado FARC-EP: Declaración Política X Conferencia Nacional Guerrillera-Comandante Manuel Marulanda Vélez. ¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la Paz! Los guerrilleros y guerrilleras delegados de todas las estructuras de las FARC-EP a lo largo y ancho del territorio nacional y venidos desde la Colombia profunda, reunidos en la X Conferencia que se llevó a cabo desde el 17 hasta el 23 de septiembre del presente año en Brisas del Diamante en las sabanas del Yarí, enviamos al pueblo colombiano y a la sociedad en general nuestro más fraterno y caluroso saludo de compatriotas. Al mismo tiempo declaramos que: Hemos realizado una hermosa y trascendental Conferencia en medio de la más amplia participación democrática y camaradería, en la que se ha reafirmado la coherencia y unidad interna de nuestra organización. Destacamos la nutrida y activa participación de nuestras guerrilleras y cuadros políticos jóvenes. Luego de una muy juiciosa discusión sobre los Acuerdos de La Habana, Cuba, Territorio de Paz, celebrado entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, la Conferencia, nuestra máxima instancia de decisión, ha determinado aprobarlo en su totalidad e instruir a todas las estructuras de bloques y de frentes, a nuestros mandos, guerrillerada, milicianos y a toda nuestra militancia “fariana”, que éste sea acogido y respetado. Hemos refrendado así nuestro compromiso irrestricto con el cumplimiento de todo lo que se ha convenido. Asimismo, esperamos que el Gobierno actúe con la debida correspondencia. Tenemos el convencimiento de que el Acuerdo Final contiene un gran potencial para la apertura de una transición política hacia la transformación de la sociedad colombiana, por su real democratización y la materialización de sus derechos, y especialmente para el buen vivir y el bienestar de las mujeres y los hombres humildes en campos y ciudades, de la clase trabajadora, de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, de la población LGTBI, y sobre todo para los jóvenes y nuestras futuras generaciones. A ellas y ellos los llamamos a abrazar y proteger los Acuerdos, a hacerlos suyos, a acompañar yexigir su implementación. Juntando esfuerzos lograremos los propósitos comunes de consolidar la perspectiva de una Paz con justicia social, la reconciliación nacional yla democracia avanzada para la nueva Colombia. El Acuerdo Final celebrado en La Habana, Cuba, contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía política a nuestras aspiraciones históricas por la transformación del orden social vigente. Por tal razón, hemos decidido surtir todos los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar hacia un nuevo partido político cuyo congreso fundacional se llevará a cabo a más tardar en mayo de 2017, si se implementan los Acuerdos, tal y como está convenido. Será función del Partido dar continuidad a nuestros propósitos políticos de carácter estratégico por la construcción social de poder para el pueblo. La Conferencia faculta a la dirección Nacional de las FARC-EP para que convoque a un pleno del Estado Mayor Central y defina la ampliación de la nueva dirección que tendrá a cargo la preparación del congreso, del programa político, del estatuto y de la línea política, así como de las condiciones organizativas y de funcionamiento. Nos comprometemos a ofrecer toda nuestra fuerza y energía por la unidad de los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios del país, de los movimientos políticos y sociales, de las múltiples organizaciones sectoriales y reivindicativas en el nivel nacional, regional y local. Queremos hacer parte de una Gran Convergencia nacional, que abarque el espectro de las luchas sociales y populares, propugne por la real democratización política, económica, social y cultural del país, y cuya plataforma, fundamentos organizativos y de coordinación deberán ser el resultado de una elaboración colectiva. La Gran Convergencia deberá tener la capacidad de construir poder social, político y popular desde abajo, y al mismo tiempo de disputar el poder del Estado en los espacios institucionales de elección y representación. Trabajaremos por un nuevo Gobierno de construcción de Paz y reconciliación nacional a partir de la definición de un programa mínimo, que además de comprometerse con la implementación del Acuerdo Final, recoja las aspiraciones sociales más sentidas en lo inmediato por la población. Convocamos a hacer realidad el llamado “a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la Paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”, tal y como se estableció en el Acuerdo Final. Las condiciones propicias para ese propósito se encuentran en el impulso a un proceso constituyente abierto que conduzca a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la Paz! Brisas del Diamante, sabanas del Yarí, 23 de septiembre de 2016 83.

2-10-2016, Informamos a la opinión pública nacional que de manera totalmente libre, acogiéndonos al principio de la buena fe y con la intención de cumplir lo que acá manifestamos, en desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y el Establecimiento de una Paz Estable y Duradera firmado el 26 de septiembre del 2016 en Cartagena de Indias ante los ojos del país y prestantes testigos de la comunidad internacional, procederemos a declarar ante el Gobierno los recursos monetarios y no monetarios que han venido conformando nuestra economía de guerra. Tal y como se ha establecido en el Acuerdo Final, la declaración aludida se efectuará dentro del proceso de cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, cuyo seguimiento y verificación estará a cargo de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación, en cumplimiento de lo acordado en el Punto 5, reparación a las Victimas y en el Punto 3, Fin del Conflicto y Reincorporación. Durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, representantes autorizados de esta organización acordarían con representantes del Gobierno los procedimientos y protocolos para inventariar los bienes incluidos en lo que hemos venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos, todo ello conforme a lo establecido en el Punto 3.1.1.3 “Suministro de Información”, del Acuerdo de Cese el fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas. Conforme a lo establecido en el Acuerdo final, procederemos a la reparación material de las víctimas en el marco de las medidas de reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra. Las FARC-EP manifiestan que los recursos por inventariar integran su economía de guerra y que por razones de ética política nunca hicieron ni hacen parte de patrimonios individuales. Las FARC-EP declaran desde ahora mismo que no cuentan con recursos monetarios ni no monetarios adicionales a los que van a ser declarados durante el proceso de dejación de armas. X Conferencia Nacional Guerrillera 84.

3-10-2016, Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP: Las FARC-EP lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor hayan influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como Movimiento Político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la Paz estable y duradera. Las FARC-EP mantienen su voluntad de Paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la Paz que cuente con nosotros 85.

12-11-2016, Santos anunció las precisiones, los ajustes y los cambios que se hicieron al nuevo Acuerdo: 1) Las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas. 2) Un reclamo generalizado de los del “No” y los del “Sí” era que se definiera en qué consistía la restricción efectiva de la libertad, pues fue criticado como impreciso. Eso se logró. 3) El Tribunal debe fijar en cada caso: a) los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización); b) los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas; c) establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción; d) imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción; y e) señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción. 4) Se estableció que el tiempo que pasen en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación. 5) La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) funcionará hasta por diez años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años. 6) Las ONG no podrán actuar como Fiscales y acusar. Sólo presentar información que será valorada y contrastada por los Jueces y Magistrados del Tribunal. 7) Todos los Jueces serán colombianos, no extranjeros, y tendrán las mismas calidades de los Magistrados de nuestras Cortes. 8) Las tutelas contra decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz podrán a ser revisadas. 9) Una de las principales preocupaciones del Centro Democrático era el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la Ley ya vigente. 10) Han surgido algunas inquietudes sobre la legislación agraria que no forman parte del Acuerdo de Cartagena. Por tal razón, se crea una Comisión de expertos para revisar esos temas. 11) El catastro -fundamental para formalizar la tierra- no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras. 12) No se autorizarán nuevas Zonas de Reserva Campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas Zonas. 13) Se incluyó expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de diez a quince años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del Gobierno. 14) Otra preocupación de los empresarios era que se desatara una posible cacería de brujas en la aplicación para ellos de la Justicia Transicional. Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria. 15) Muchos sectores, en particular de militares retirados, veían con preocupación el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. Se logró una fórmula que garantiza a los soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. 16) El partido político que surja de la reincorporación de las FARC no podrá inscribir candidatos para las curules transitorias en la Cámara de Representantes. 17) Se redujo desde el primer año en treinta porciento la financiación al partido politico de las FARC para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos. 18) Las FARC no participarán en una nueva Comisión de protección y garantías de seguridad que creó el Acuerdo. Se eliminó también las facultades de esa Comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada. 19) Sobre la lucha contra el problema de las drogas, el nuevo Acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia Especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. En este tema fue particularmente insistente el ex-Presidente Pastrana. 20) Se reiteró y subrayó también que el Gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación de cultivos ilícitos, incluyendo la fumigación, además de los programas de substitución para los campesinos. 21) No habrá formalización de ningún predio en Colombia, sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos. 22) La idea de incorporar todo el Acuerdo al bloque de constitucionalidad generó mucho rechazo en los ex-Presidentes Pastrana y Uribe, Marta Lucía Ramírez, y muchos voceros del “No” y algunos del “Sí”. Eso se corrigió. Sólo quedarán los temas de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por si forman parte de la Constitución. 23) El Gobierno será el único responsable de la implementación. Habrá una Comisión que hará el seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los Acuerdos. 24) Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente -nunca lo estuvo- ni siquiera de manera sugerida. 25) Se busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos. 26) Se incorporaron en el nuevo Acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto 86.

13-11-2016, El Gobierno Nacional y las FARC-EP atendiendo el clamor de los colombianos y colombianas por concretar su anhelo de Paz y reconciliación, hemos alcanzado un nuevo Acuerdo Final para la terminación del Conflicto armado, que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno. La construcción de una Paz estable y duradera, objetivo al que responde este nuevo Acuerdo, debe ser el compromiso común de todos los colombianos que contribuya a superar la polarización y que recoja todas las expresiones políticas y sociales. Invitamos a toda Colombia y a la comunidad internacional, siempre solidaria en la búsqueda de la reconciliación, a acompañar y respaldar este nuevo Acuerdo, y su pronta implementación para dejar en el pasado la tragedia de la guerra. La Paz no da más espera. Al finalizar el día, los colombianos podrán consultar en la página www.mesadeconversaciones.com.co un documento en el que se señalan las modificaciones y los nuevos elementos. La integración total de los textos del nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera quedará disponible en próximos días 87.

24-11-2016, Fe de Erratas. Las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP hacemos constar que en el documento “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” de fecha 12 de noviembre de 2016, se han advertido los siguientes errores: 1. En la página 69 del Acuerdo Final, en el subpunto 3.2.1.1 que trata sobre las garantías para el nuevo partido o movimiento político en materia de financiación y asistencia técnica/funcionamiento se elimina la palabra “previa” por tratarse de un error de digitación, quedando así: “Como una medida para facilitar el tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma previa del Acuerdo Final. El uso de estos recursos se hará acorde con las reglas que aplican a todos los partidos y movimientos políticos.” 2. En la página 82 del Acuerdo Final, en el subpunto 3.4.3 que trata sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se debe eliminar el tercer párrafo que dice: “Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, la Mesa de Conversaciones definirá dos experto/as independientes para integrarla”. Esta frase proviene de la versión anterior del Acuerdo y no corresponde con el ajuste realizado respecto a la composición de esta Comisión. 3. En la página 88 del Acuerdo Final, en el subpunto 3.4.7.3 que trata sobre el Delegado/a Presidencial, en la tercera línea, la referencia correcta al numeral del “Acuerdo sobre Participación Política: Apertura Democrática para construir la paz” es 2.1.2.1, literal a. 4. En la página 150 del Acuerdo Final en el Subpunto 5.1.2 numeral 35 se incluye la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quedando así: “La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos”. 5. En la página 155 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 en el numeral 48, literal h se elimina la palabra “contenidos” para evitar la redundancia, y se corrige un error de digitación, quedando así: “La Sala podrá realizar compulsa de copias respecto a los Informes establecidos en los apartados (b) y (c) de este numeral cuando aprecie indicios de que los mismos contienen contenidos, acusaciones, conductas o denuncias aparentemente falsas elaboradas dolosamente, o cuando aprecie ánimo de cometer fraude procesal con la presentación de los mismos. Las compulsas de 23.11.2016 copias serán remitidas a los órganos judiciales competentes en la jurisdicción ordinaria colombiana, los cuales deberán actuar conforme a lo de su competencia aplicando lo establecido en las leyes penales internas, dando consideración a dichos Informes de denuncia presentada ante la justicia ordinaria. Los órganos judiciales competentes deberán informar cada seis meses a la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, el estado del procedimiento judicial relativo a cada compulsa de copias.” 6. En la página 157 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 numeral 48, literal r, se elimina el término “Sección de enjuiciamiento del Tribunal” y se reemplaza por “Sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad” quedando así: “En el supuesto de que la persona individualizada como responsable en una declaración colectiva manifieste su desacuerdo con dicha individualización de su responsabilidad, enviar el caso a la Unidad de investigación y acusación, para que esta decida si hay mérito para ser remitido a la Sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad”. 7. En la página 164 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 en el numeral 59 se elimina la frase “tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma” y se reemplaza por “tal y como se establece en el derecho internacional”, quedando así: “Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se establece en el derecho internacional, tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma”. (Esta modificación fue acordada entre el Gobierno y las FARC-EP). 8. En la página 166 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 numeral 62 se eliminan las dos últimas frases dado que ya se acordó al inició de ese numeral cuál va a ser el órgano de verificación del cumplimiento de las sanciones, quedando así: Los desplazamientos para realizar actividades acordes con el cumplimiento de la sanción serán monitoreados por el anterior mecanismo, el cual también otorgará las autorizaciones para los desplazamientos que no estén relacionados con el cumplimiento de la sanción cuando dichos desplazamientos no estén expresamente autorizados en la sentencia, sin perjuicio de las competencias de la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz. Dentro del componente de justicia del SIVJRNR se creará un órgano que verifique el cumplimiento de las sanciones. Dicho órgano también otorgará las autorizaciones necesarias. 9. En la página 167 del Acuerdo Final, en el subpunto 5.1.2 numeral 65 tercer párrafo, se elimina la frase “salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros” dado que se acordó que no habrá magistrados extranjeros, quedando así: “Para ser elegido Magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado de Colombia, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera.” 10. En la página 200 del Acuerdo Final, el numeral 6.1.8. “Inicio de la implementación del Acuerdo Final”, se modifica conforme al Acuerdo del 7 noviembre de 2016, quedando así: “Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 7 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y 23.11.2016 solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016”. 11. En la página 271 en el Protocolo y Anexos del capítulo de dejación de armas (DA) del Acuerdo de Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA), se corrige la primera palabra por un error de digitación en el primer párrafo de la sección de “Procedimiento”, quedando así: “Para efectos de la DA, al día de la entrada en vigor del Acuerdo Final se le denomina “día D”. La DA implica una fase de Planeamiento y otra de Ejecución.” Firmado a los 23 días del mes de noviembre de 2016 en Bogotá, Colombia. Por el Gobierno Nacional: Humberto de la Calle, Jefe del Equipo Negociador. Por las FARC-EP: Iván Márquez, Jefe del Equipo Negociador 88.

26-11-2016, Comunicado: A la vista de los cambios efectuados por el Gobierno Nacional en el apartado referido a la Jurisdicción Especial para la Paz del Acuerdo Final en lo que concierne a las responsabilidades de los Agentes del Estado, la Delegación de Paz de las FARC-EP hace constar que: 1. En el numeral 15 de la JEP se establece que esta jurisdicción tiene carácter “inescindible” y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los participantes en el conflicto. 2. El numeral 32 de la JEP consigna que esta, de forma diferenciada pero siempre otorgando un tratamiento “equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico”, se aplicará respecto a los agentes del Estado que pudieran haber incurrido en responsabilidades relacionadas con el conflicto armado y con ocasión de este. 3. Las FARC-EP nunca han compartido la posición del Gobierno de regular unilateralmente determinados aspectos referidos al marco legal aplicable a los Agentes del Estado; no obstante, en esta ocasión hemos aceptado algunas modificaciones por tratarse de una posición que el Gobierno ha presentado como innegociable. 4. En todo caso, es nuestro criterio que dicha regulación unilateral debe respetar los principios incluidos en la JEP que ya se indicaron. El numeral 15 de la JEP establece que esta Jurisdicción ejercerá sus competencias, aunque cualquier norma del Estado dictada con posterioridad a lo acordado pretendiera dejar sin efecto alguno, los contenidos o principios de la misma. 5. En consecuencia, sobre los cambios o “ajustes” realizados unilateralmente por el Gobierno, a pesar de lo que ya se había consensuado a fecha 12 de noviembre, hemos manifestado al Gobierno nuestro desacuerdo por lo siguiente: a. Respecto a la introducción en el numeral 32 del término “indebido”, cualquier enriquecimiento personal a consecuencia de conductas competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz es presuntamente ilícito o indebido y no debe ser competencia de la justicia transicional sino de la justicia ordinaria, por lo que resulta innecesario añadir la palabra “indebido” en el numeral 32. Dicho añadido, no debería dar lugar a interpretar que puede existir “enriquecimiento personal” de servidores públicos, a consecuencia del conflicto, que resultara legítimo o conforme a las leyes. b. Respecto a la eliminación en el numeral 40, de lo siguiente: “o como parte de un plan o política”, opinamos que dicha variación unilateral era innecesaria, por no alterar ni restringir la definición de “grave crimen de guerra”. No cabe duda que toda infracción del DIH cometida de forma “sistemática”, lo ha sido en aplicación de un plan pre-establecido. c. Respecto a la eliminación del último párrafo del numeral 44, que concretaba y aclaraba dudas sobre lo relativo al “control efectivo” de las conductas de los subalternos por los superiores jerárquicos, en relación a la responsabilidad por cadena de mando, creemos que dicha eliminación será motivo de preocupación por parte de las víctimas -que están en el centro de los acuerdos-, y también de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto a la regulación de la responsabilidad de la cadena de mando de las estructuras jerárquicas del Estado. Algo que no habría ocurrido de introducirse una mención a lo establecido en el derecho internacional o al menos de mantenerse la mención anterior al Estatuto de Roma. Por ello, las FARC-EP no han permitido que el referenciado texto del numeral 44 de la JEP sea eliminado también en el numeral 59 respecto a la definición de responsabilidad por cadena de mando aplicable a los integrantes de nuestra organización. Creemos que el derecho internacional -en el que se incluye tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de otros tribunales internacionales- regula de forma precisa y con la necesaria seguridad jurídica, lo relativo a la responsabilidad por cadena de mando, tanto en organizaciones regulares como en organizaciones irregulares. 6. Aunque hemos estado en contra de los cambios efectuados unilateralmente por el Gobierno en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, consideramos que esta actuación de última hora no podía ser motivo para retrasar aún más la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, Acuerdo que traerá definitivamente la paz a nuestra patria. Esperamos que no quede ninguna duda sobre la unilateralidad de los cambios efectuados y nuestra oposición a los mismos y anunciamos nuestra predisposición a trabajar para corregir las consecuencias negativas que sin duda se están derivando de ello 89.

2-1-2016, Comunicado del ELN. Finalizando el año 2015, voceros autorizados de la ONU han pedido al Gobierno de Santos y al Ejército de Liberación Nacional, “no dilatar las negociaciones”; llamado que entendemos y queremos responder. Desde su inicio este proceso de conversaciones se fundó en que sería “directo, confidencial y por fuera de Colombia”; según requisitos colocados por el Gobierno. Dos años después, las Partes hemos logrado acordar una Agenda de negociaciones completa, con el apoyo de la comunidad internacional, representada en tres países Garantes y dos Acompañantes. Recientemente hemos informado de la proximidad de la fase pública de estos diálogos y de la necesidad de acordar pronto los asuntos operativos faltantes, para que comenzando éste 2016, dar a conocer la Agenda acordada e iniciar a desarrollarla. Tales asuntos operativos de conocimiento exclusivo de ambas Partes, han comenzado a aparecer en los grandes medios comerciales de comunicación de Bogotá; como base para especular sobre un supuesto “congelamiento y freno”, a este proceso de solución política del conflicto. Estas filtraciones han estado presentes a lo largo de toda esta fase confidencial que está terminando, las que han sido usadas como presión mediática, para tratar de incidir en las decisiones de la Mesa de diálogo. Ante cada filtración hemos reiterado, que toda propuesta debe ser acordada en la Mesa, y si una propuesta se hace pública sin contar con nosotros, nos vemos en la obligación de invalidarla 90.

8-2-2016, El ELN, en negociaciones de Paz preliminares con el Gobierno de Colombia, insistió en un cese bilateral del fuego para generar un “clima favorable”, un día después de que el Presidente advirtiera de que va a doblar sus fuerzas contra el grupo armado. “Reiterar la urgencia que vemos en el ELN de acordar un cese bilateral del fuego y las hostilidades, que genere un clima favorable. Todos los territorios donde tenemos presencia, hoy resisten el embate de intensas operaciones punitivas de las fuerzas armadas del Gobierno” 91.

31-3-2016, El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en adelante “las Delegaciones”, como resultado de los diálogos exploratorios y confidenciales, y dada su disposición manifiesta de Paz, han convenido instalar una mesa pública de conversaciones, para abordar los puntos que se establecen en la Agenda, con el fin de subscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en Paz y equidad. Los diálogos exploratorios se llevaron a cabo entre enero de 2014 y marzo de 2016 en la República de Ecuador, la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, cuyos gobiernos actuaron como garantes junto con el Gobierno de Noruega; durante esta fase oficiaron como acompañantes los gobiernos de la República de Cuba y la República de Chile. A todos ellos el Gobierno Nacional y el ELN expresan especial reconocimiento y gratitud. Es esencial la continuidad del acompañamiento de la comunidad internacional. 31-3-2016, El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en adelante “las Delegaciones”, como resultado de los diálogos exploratorios y confidenciales, y dada su disposición manifiesta de Paz, han convenido instalar una mesa pública de conversaciones, para abordar los puntos que se establecen en la Agenda, con el fin de subscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en Paz y equidad. Los diálogos exploratorios se llevaron a cabo entre enero de 2014 y marzo de 2016 en la República de Ecuador, la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, cuyos gobiernos actuaron como garantes junto con el Gobierno de Noruega; durante esta fase oficiaron como acompañantes los gobiernos de la República de Cuba y la República de Chile. A todos ellos el Gobierno Nacional y el ELN expresan especial reconocimiento y gratitud. Es esencial la continuidad del acompañamiento de la comunidad internacional. Reconociendo que la Paz es un bien supremo de toda democracia, y con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la política; ubicando en el centro el tratamiento a la situación de las Víctimas; y avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la Paz estable y duradera. Las Delegaciones hemos acordado: 1) Instalar una mesa de conversaciones públicas en Ecuador 2) Las sesiones de la Mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, y Cuba. Estos países junto con Noruega serán los garantes. 3) Adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas entre las Delegaciones del Gobierno y el ELN. 4) Ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la Agenda. 5) desarrollar la siguiente Agenda: I. Agenda 1. Participación de la sociedad en la construcción de la Paz La participación de la sociedad será: A) en función de iniciativas y propuestas, que hagan viable la Paz, en el curso y contexto de este proceso. b) Sobre los temas de la Agenda. c) Un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de Paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones. 2. Democracia para la Paz La democracia para la Paz es el propósito de este Punto del Acuerdo: a) Realizar un debate que permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que afectan su realidad, y que pueda canalizarse en elementos constructivos para la sociedad. b) Tratamiento de los conflictos hacia la construcción de la Paz. c) Revisión del marco normativo y garantías para la manifestación pública. Tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social. d) Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía. 3. Transformaciones para la Paz Acordar transformaciones para la Paz es el propósito de este Punto, teniendo en cuenta: a) Las propuestas transformadoras elaboradas por la sociedad, sustentadas en los resultados del Punto 2 de esta Agenda (“Democracia para la Paz”). b) Programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción, y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad. c) Planes alternativos integrales con enfoque territorial, que constituyan opciones económicas y productivas que beneficien a las comunidades. 4. Víctimas En la construcción de una Paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a las Víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación. 5. Fin del Conflicto Armado El objetivo de este Punto es ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia en la política y propiciar el transito del ELN a la política legal. Para lo cual se abordarán los siguientes Puntos: a) Definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes. b) Condiciones y garantías de seguridad para el ELN. c) Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN. d) Tratar la privación de libertad de los miembros del ELN procesados o condenados. e) Esclarecer el fenómeno del paramilitarismo para que no se repita. f) Dinámicas y acciones humanitarias. g) Cese el fuego y hostilidades bilateral para la terminación del conflicto armado. h) En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado. El Gobierno hará los ajustes institucionales y procedimentales requeridos para dar debido cumplimiento a los Acuerdos a que se llegue en este Punto. 6. Implementación La implementación está dirigida a ejecutar los acuerdos pactados en esta Agenda, para materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la Paz, teniendo en cuenta lo siguiente: a) La fase de implementación de los acuerdos estará definida por un Plan General de Ejecución, que fundamentalmente se construirá con los planes específicos de cada Punto de la Agenda. Dicho Plan se elaborará en este Punto y contará con un cronograma. b) El Plan General de Ejecución de acuerdos incluirá mecanismos de control, seguimiento y verificación, que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno y el ELN. c) El Plan General de Ejecución de acuerdos contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica y diplomática. d) Acuerdo sobre refrendación que consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro. e) A la firma del acuerdo final se dará inicio al Plan General de Ejecución de acuerdos. II. Fase Pública 1. Información objetiva al país sobre el curso del debate y los avances de la mesa: a) La sociedad requiere información objetiva y equilibrada sobre los diálogos y el proceso de Paz; para tal efecto se propiciará, entre otras, la comunicación participativa. b) Declaraciones conjuntas a fin de cada ciclo y cuando las Delegaciones consideren conveniente. c) Declaraciones de cada Delegación cuando lo considere conveniente, preservando la confidencialidad en los temas que de manera conjunta se acuerden. d) La mesa tendrá sus propios instrumentos de comunicación, como comunicados conjuntos, boletines, página web y los que se acuerden en el transcurso de la fase pública. 2. La Pedagogía para la Paz se sustenta en: a) La participación de la sociedad. b) La incidencia de la mesa en la transformación del conflicto armado. c) Crear ambiente favorable para la Paz. d) Comunicar esta pedagogía como elemento en la construcción de una cultura de Paz. e) Los diálogos de Paz se desarrollarán en un ambiente de trato respetuoso. 3. Funcionamiento de la Mesa a) Cada Delegación estará integrada hasta por 30 representantes. En las sesiones de la mesa participarán hasta 10 personas por Delegación, 5 principales y 5 suplentes. b) Las conversaciones en la fase pública se desarrollarán de acuerdo con el orden de la Agenda establecida. Cualquier cambio se hará de mutuo acuerdo. c) Una vez hecho público este proceso, se establecerán mecanismos con la mesa de La Habana para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía. d) Las Delegaciones acordarán un reglamento de funcionamiento de la mesa para la fase pública. e) En cada sesión de trabajo se establecerá el tiempo de duración de la siguiente. La duración de las reuniones, los recesos entre las mismas y las consultas se definirán de acuerdo con el avance y las necesidades de trabajo conjunto o por delegación. Se priorizará el tiempo de trabajo conjunto para desarrollar la Agenda. f) Cada Delegación tendrá los asesores que considere necesarios para el desarrollo del proceso. De igual manera la mesa. g) Para el tratamiento de las propuestas recibidas sobre los Puntos de esta Agenda se le dará especial relevancia a las recomendaciones de la sociedad. Las Delegaciones definirán la metodología de trabajo y las formas en que estas iniciativas se considerarán, así como los mecanismos y formas de participación de la sociedad. h) Se acordaran mecanismos de seguridad para los miembros de las delegaciones, durante su permanencia en la sesiones de trabajo y en los desplazamientos. 4. Financiación El Gobierno colombiano dispondrá de los recursos para el funcionamiento de su Delegación. Los gastos relacionados con el ELN (Delegación, asesores y actividades a desarrollar dentro del curso del proceso) se financiarán a través de un fondo con recursos de cooperación internacional, que se establecerá con ese propósito, y para lo cual se conformará un grupo de países para el apoyo y cooperación 92.

16-4-2016, Nunca antes Colombia se había acercado tanto a conseguir la solución política del conflicto armado entre insurgencias y Gobierno. El anuncio de la nueva mesa de conversaciones Gobierno-ELN, alimenta la esperanza para construir caminos hacia la Paz. Las particularidades de la Agenda, de los tiempos de la negociación, de las coincidencias con el proceso de La Habana y el papel de la sociedad en esta Mesa de conversaciones. En el Acuerdo se habla de varias formas en las que podría participar la sociedad civil. Si se requiere que se avance en la solución política del conflicto, lo fundamental es que haya tiempo para que la gente pueda formular interrogantes a los problemas que históricamente no se han resuelto. El tiempo de la Paz necesariamente tiene que ver con trabajar soluciones a los problemas que la sociedad necesita. No es un tiempo cronológico o simplemente de números, de años o de meses, sino la búsqueda de la soluciones. En la medida que la sociedad pueda estructurar soluciones, que pueda discutir los problemas, que pueda crear un nuevo consenso en la búsqueda de soluciones que interpreten a la diversidad de Colombia, no solamente a una parte. Estamos participando en estos procesos desde 1991, 25 años. ¿Cuál es la diferencia de éste con procesos anteriores? Es más madura. Ambas partes tenemos más conciencia de lo que es posible y de lo que no es posible. Somos más realistas: 25 años de intentos de procesos de solución política dejan muchas enseñanzas. El tiempo de la Paz tiene que estar ligado con el tiempo de las soluciones, de la implementación de los Acuerdos. El Acuerdo de la solución política no es la Paz. Eso es hipotéticamente. Hay que ir a la realidad para ver si esos Acuerdos se pueden implementar, que puedan incidir sobre la realidad y cambiar las circunstancias del conflicto. El tiempo de la Paz llegará cuando haya una sincronía con la ejecución de los Acuerdos. No se trata solamente de la voluntad que se expresa en firmar el Acuerdo sino que ese documento tenga la fuerza, la capacidad, la audiencia, el consenso en la sociedad colombiana para cambiar el país. Una de las experiencias que se extraen de procesos anteriores es que hay que empoderar a la sociedad como sujeto protagónico e independiente de las partes que están en la Mesa. Poner eso como una meta, como un requisito, justifica que hayamos determinado como primer punto de la Agenda la participación. ¿Cómo lograr eso? El diseño no lo va a hacer el ELN ni el Gobierno, lo tiene que hacer la misma gente. ¿Cuál es punto de partida? El conjunto de la sociedad colombiana que se está movilizando por la Paz. De ahí se parte para trascender más allá hacia los sectores que no están ni organizados, ni movilizados ni interesados en estos procesos. Una solución política es el reconocimiento de que la sociedad vive un conflicto que la ha llevado a la confrontación militar, quiere decir que no ha tenido la capacidad de tramitar correctamente los conflictos. Es un conflicto mayor producto de que la democracia no funciona bien. Se requiere de una gran reflexión: es la diferencia entre un pliego de peticiones y el reconocimiento de la incapacidad del Estado para tramitar los conflictos que tiene que irse a buscar el origen de la confrontación en las luchas del movimiento social y político, de los pueblos originarios, de los pueblos negros, de las mujeres. Se requiere asumir que en Colombia no hay democracia, reconocer que en nuestro país hay pobres, marginados, trabajadores, desplazados, víctimas. Es de ese reconocimiento y de esa diversidad de donde nace un nuevo consenso. La solución política abre la posibilidad de generar un proceso democratizador. En 1991 se hizo una nueva Constitución, un Pacto que lleva más de 30 ajustes en función de las transnacionales. Eso da una muestra de la voluntad política porque las constituciones son tratados de Paz. Si ésta nueva oportunidad va a tener éxito, lo va a dar el empoderamiento de la sociedad porque si estos procesos se quedan solamente en la Mesa, no pasan de ser uno más. Pero si la gente lo retoma, será un proceso democratizador y por supuesto se abre una vía muy importante que de verdad va a aportar para que las cosas cambien. No es que en Colombia falte una Constitución o una Constituyente. Incluso muchas de las cosas que están en la Constitución, si se aplicaran, no tendríamos tantos problemas. Hay que ver por qué mucha de la letra no se cumple. Tiene que ver en la manera de ver la política, las instituciones, cómo se orienta el tratamiento a los problemas de la sociedad. Muchas veces la medicina puede existir pero si no está el médico que identifique la enfermedad o que el paciente no tenga el dinero para comprarla o que la EPS le dé la cita para formularle la medicina… Eso es la Constitución, la medicina, pero si no se aplica o depende de a quién se le aplica, no hay solución. En Colombia no hay ciudadanía. No todos tenemos los mismos derechos ni las mismas condiciones para acceder a ellos. No es un Estado ni de derecho ni garantista entonces, ¿para qué una constitución si estamos fallando en lo básico? El paramilitarismo para el ELN es una lógica creada por el Estado y enmarcada en una política internacional del Pentágono. Es la participación del Estado en el control sobre quien disienta de las políticas de Gobierno. Para eso, se desarrollan estructuras que encubren, que protegen al Estado y que aparentemente funcionan paralelamente a la institucionalidad pero responden a las directrices del Estado. Pero en Colombia eso se ligó tanto que llegó un punto en el que no se pudo diferenciar. Nosotros, en el campo de la confrontación militar, cuando atacábamos a los paramilitares resultábamos combatiendo con compañías o batallones del ejército. Los paramilitares se movían en una lógica de complementariedad en la confrontación militar con el Estado. Lo que ocurrió fue que el paramilitarismo se trasladó hacia adentro de las instituciones, lo que permitió posteriormente los falsos positivos. Ese es un reflejo de que el paramilitarismo está adentro. Es una manera de escaparse a la justicia para obedecer las disposiciones políticas. Llamaron a declarar al Gral. Montoya porque es quien más exigía resultados. El no pedía heridos, no pedía capturados: pedía muertos. Ese fenómeno será muy difícil de tratar. Para eso se requiere que la sociedad participe, que identifique dónde está el tema del paramilitarismo porque hubo un momento en el que se dijo “esta guerra la ganó” pero, ¿dónde están los perdedores? Seis millones de desplazados, ahí está el registro de la guerra: ¿son ricos, son hacendados, son los grandes empresarios? No, la mayoría son pobres, huérfanos, mujeres. Ahí está el registro: una guerra orientada hacia un sector de la sociedad. Los paramilitares están aliados con los sectores de ultraderecha que no quieren los procesos de Paz. Sin embargo, el Gobierno niega la existencia de estos grupos, dice que ya no existe el paramilitarismo, que son bandas. La realidad demuestra que sí existen, que tienen relaciones con el Estado, pero insisten en que solo son “manzanas podridas”. Aseguran que no es una decisión del Estado la guerra sucia, que se trata de casos aislados de personajes que se extralimitaron en sus funciones. Si los que desataron al guerra sucia no reconoce que son los responsables, ¿el futuro cuál es? La discusión sobre justicia tiene que ver con eso, con asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido, por lo que está ocurriendo. Nosotros, como guerrilla, la vamos a asumir pero lo que vemos del Gobierno es que no, que ellos individualizan los casos pero como Estado, como régimen, no lo quieren a asumir. Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, adoptada en La Habana, nosotros decimos que son Acuerdos que se han hecho allá. Por supuesto, que si el Gobierno quiere llevar los conceptos o el modelo que se ha trabajado allá a esta negociación, nosotros no tenemos problema. No obstante, creemos que es imposible que haya justicia si no hay verdad. ¿Las clases dominantes tienen disposición de reconocer la verdad del conflicto o va a ser solo el cuento de las “manzanas podridas”? Ese es el corazón del problema porque sin Verdad, no hay Reparación ni Garantías de No Repetición. Esa es la discusión cuando en el punto de Víctimas hablamos del tema de no olvido. Hay que hacer memoria, estos pueblos necesitan memoria colectiva e historias comunes. En ese sentido, ese es un punto que vamos a tocar en el diálogo sobre Víctimas, acá debe haber verdad histórica, no es un asunto solo de académicos. ¿Somos capaces los colombianos de tener una historia común del conflicto o cada uno va a hacer su historia por aparte? Una cosa es el tema de las Víctimas y otra, muy diferente, la situación jurídica de nuestros integrantes. Porque a veces se quiere relacionar la justicia como si la insurgencia fuera una “fábrica de victimarios” y nosotros no estamos acá para negociar eso. El ELN tiene una condición de ser un movimiento alzado en armas y va a negociar con el Gobierno colombiano cómo va a ser la nueva situación jurídica del ELN y sus integrantes para hacer la política legal. El tema de justicia será abordado por la comunidad de Víctimas. Eso no es con el ELN. Vamos a contribuir para que ese tema sea tratado por los afectados, ¿cómo va a ser el mismo Estado, quien estuvo ausente para proteger a la sociedad y para aplicar la justicia cuando se violó, el que la aplique ahora? Se trata de reconstruir los hechos, que es la verdad histórica, lo que nos debe llevar a la verdad jurídica. El país espera conocer cómo será el desarrollo concreto de los ciclos de diálogo pero, sobre todo, cuáles serán los caminos para que la sociedad pueda participar de las transformaciones necesarias para llegar a lo que los negociadores entrevistados llamaron “un nuevo consenso nacional” 93.

9-5-2016, La condición que el Presidente Santos interpuso al proceso de diálogo con el ELN, se ha convertido en un impedimento para la Paz. Ha dicho que debemos cesar la práctica de las retenciones, porque de lo contrario, no se dará libre curso a la ya anunciada fase pública de negociaciones. Esta declaración presidencial pretende ser una imposición, por cuanto es sólo una Parte la que debe cumplirle a la otra, al margen del acuerdo de Agenda, hecho público el 30-3-2016, con la comunidad internacional como testigo. La pretensión de hacer imposiciones a la otra Parte, evidencia que el Gobierno no tiene la intención de cumplir los Pactos. Una negociación implica la seriedad y el compromiso mutuo en el que las dos Partes ceden. Cuando así ocurre, las Partes se esfuerzan en respetar lo acordado por encima de las diferencias. Lo acordado en la Mesa, es que en el Quinto Punto de la Agenda, dedicado al fin del conflicto, se debe discutir y resolver de conjunto, todos aquellos dolores que han producido y se producen en el curso del conflicto. Plantearse hoy modificaciones substanciales, como la exigencia del Presidente, es incumplir definiciones y trancar el proceso de Paz. Las afirmaciones del Presidente, condicionando el inicio de la Fase pública, desató una ofensiva mediática que está desgastando la confianza, que produjo el anuncio del Acuerdo de Agenda y ha generado confusiones en la opinión, con falsas acusaciones como la que dice que el ELN ha faltado a los acuerdos, porque está actuando en asuntos a los se ha comprometido no hacer, cuando la realidad demuestra, que ha sido el Presidente Santos, quien impuso la condición, que el diálogo se desarrolla en medio del conflicto. Contrario a tal definición el ELN ha reiterado la urgencia de un Cese bilateral del fuego y las hostilidades. Toda actividad carente de verdad, lesiona la seriedad del proceso de diálogos y le hace mucho daño a la Paz de Colombia 94.

13-5-2016, El ELN negó que exista un compromiso vigente con el Gobierno de liberar a los secuestrados para dar inicio a la etapa pública de los diálogos de Paz, que tendrán por sede Ecuador. Según Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN, la Mesa de negociación está en crisis, al explicar que el Gobierno está haciendo nuevas exigencias que, a su juicio, nunca fueron pactados dentro de la Agenda. “Han colocado unas exigencias, como digo de última hora, que colocan en crisis la Mesa y ya llevamos 40 días, desde que se anunció el Acuerdo, sin que podamos resolver este impase. La demora en el inicio de las conversaciones corre por cuenta del gobierno”. Para el ELN la exigencia del Gobierno se convierte en una presión extra a la Mesa que pone en entredicho lo ya avanzado entre las partes. “El ELN no falta a la palabra. Lo que se acordó con el Gobierno está claramente expresado en el documento del 30 de marzo. El mundo entero conoció el documento del Acuerdo. No hay ningún compromiso sobre ese tema, ni se tocó”. La delegación del ELN está lista para viajar a Ecuador, sentarle a la Mesa y persistir en la negociación y el diálogo, según lo pactado 95.

13-6-2016, En medio del silencio constante frente a la instalación oficial de la negociación de Paz entre el Gobierno y el ELN, el máximo jefe de esta organización, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, envió una carta abierta a la periodista María Jimena Duzán respondiendo por lo ocurrido en el secuestro de la también comunicadora Salud Hernández Mora. Gabino aprovechó para reclamar al Presidente Santos por la decisión de congelar “de manera intempestiva y unilateral” los diálogos. El secuestro es precisamente el tema central de la carta, en la que el ELN señala que es un tema acordado en la Agenda de negociación que debería discutirse con mayor brevedad. “En el quinto punto, deben ventilarse y buscar soluciones a situaciones de tipo humanitario, que las partes somos de que hay que tratar a las que nosotros llamamos los dolores, todos tenemos fruto del conflicto que queremos superar”. Frente al debate que se generó porque el ELN continuó secuestrando, ratifica que no es una práctica eliminada pero argumentan que “nunca hemos negado que por diversas razones, hemos privado de la libertad a algunas personas, con pleno conocimiento de eso, construimos con el Gobierno, la Agenda conocida por la opinión, sin que hubiese sido una imposibilidad para acordarla. Somos conscientes que las retenciones de cualquier tipo, afectan de manera sensible a quien las vive y a su entorno familiar y social, por lo que siempre hemos tenido claro que debemos reducirlas al mínimo, en lo posible, que nunca más ocurran, reflexión que nos ha llevado a reducirlo de forma significativa”. El secuestro de la periodista Salud Hernández se trató de una retención que no tuvo que ver con que ella “tome partido en favor de la extrema derecha y el paramilitarismo”. Fue retenida para descartar riesgos de seguridad y la entrega se demoró por la operación militar para intentar rescatarla. El ELN reitera la petición especial: “cese el fuego bilateral”, un punto en el que el Gobierno parece no estar dispuesto a ceder 96.

13-6-2016, El máximo Jefe del ELN, Nicolás Rodriguez Bautista, alias “Gabino”, envió una carta de respuesta a la periodista María Jimena Duzán, respondiendo por lo sucedido en el secuestro de Salud Hernández y aprovechó para reclamar al Presidente Santos por la decisión de congelar “de manera intempestiva y unilateral” los diálogos. El ELN señala que el secuestro es un tema acordado en la Agenda de negociación que debería discutirse con mayor brevedad. “En el quinto Punto, deben ventilarse y buscar soluciones a situaciones de tipo humanitario, que las partes somos de que hay que tratar a las que nosotros llamamos los dolores, todos tenemos fruto del conflicto que queremos superar”. Frente al debate que se generó porque el ELN continuó secuestrando, ratifica que no es una práctica eliminada: “nunca hemos negado que por diversas razones, hemos privado de la libertad a algunas personas, con pleno conocimiento de eso, construimos con el Gobierno, la agenda conocida por la opinión, sin que hubiese sido una imposibilidad para acordarla. Somos conscientes que las retenciones de cualquier tipo, afectan de manera sensible a quien las vive y a su entorno familiar y social, por lo que siempre hemos tenido claro que debemos reducirlas al mínimo, en lo posible, que nunca más ocurran, reflexión que nos ha llevado a reducirlo de forma significativa”. Sobre el secuestro de la periodista Salud Hernández ratifican que se trató de una retención que no tuvo que ver con que ella “tome partido en favor de la extrema derecha y el paramilitarismo”; fue retenida para descartar riesgos de seguridad; la entrega se demoró por la operación militar para intentar rescatarla. El ELN reitera su petición especial: “cese al fuego bilateral”, un punto en el que el Gobierno parece no estar dispuesto a ceder 97.

27-6-2016, Respetamos las decisiones de las FARC en el Acuerdo del 23 de junio del 2016 y les deseamos lo mejor. La decisión de cese el fuego bilateral, es un notable aporte a la solución política del conflicto, que marca un reto para los firmantes: el de demostrar la voluntad de cambio consignada en los Acuerdos. La guerrilla firmante, en más de cuatro años de negociaciones ha demostrado un compromiso práctico, con el diálogo y la reconciliación; mientras el régimen no alcanza a demostrar con hechos una voluntad de privilegiar las soluciones políticas. Queda planteada una gran dificultad para su implementación, dado que continúa la confrontación en buena parte del país, con las otras guerrillas. La distancia existente entre los Acuerdos firmados y lo que sucede a diario en la realidad colombiana, indica la complejidad de la situación y las resistencias del régimen y la clase gobernante, para facilitar los cambios mínimos, que hagan posible avanzar hacia la Paz. Un ejemplo concreto han sido los incumplimientos recurrentes a los Acuerdos firmados con el movimiento social. Resaltan las fracturas de las minorías dominantes, pues mientras una parte quiere una cosa, la otra la rechaza. Esta es una de las posibles causas para que, sólo una parte de los Acuerdos lleguen a convertirse en realidad, mientras la otra corre el riesgo de ir a parar “al congelador” del Gobierno; para que esto no suceda y podamos lograr una Paz justa y duradera, es vital la calidad y fortaleza de la participación de la sociedad, esencia de la democratización que requiere Colombia. La táctica de “firmar y congelar” la ha aplicado el Gobierno a las dos Mesas de negociaciones, a la de La Habana y a la nuestra. La táctica del Gobierno ha sido dividir la negociación con las insurgencias, para evitar una negociación conjunta. Al negociar por aparte con cada guerrilla, primero avanza con una y dilata el proceso con la otra. Su propósito es dividir y a la vez aislar y presionar al ELN, con lo que se va pactando en La Habana. En los contactos previos al establecimiento de la fase exploratoria con el ELN, el Gobierno dejó de concurrir a las citas por tiempos largos en dos ocasiones, primero durante siete meses y después por ocho. ¿Cómo explicar esto? La demora del proceso con el ELN, el desfase de tiempo entre los dos procesos, ha sido un manejo del Gobierno. No nuestro. A raíz del actual congelamiento, impuesto por el Gobierno a la instalación de la Mesa pública con el ELN, ha habido múltiples pronunciamientos desde diferentes sectores, exigiendo la continuidad de estos diálogos; entre ellos están los del Foro Internacional de Víctimas, y el de numerosas personalidades, partidos y fundaciones; a todos ellos los valoramos, oímos y queremos responder. En particular, acá queremos referirnos a la carta de la Campaña por una Paz completa. El 30 de marzo del 2016 firmamos y dimos a conocer los Acuerdos logrados para iniciar un proceso formal y público de diálogo y negociación en la búsqueda del fin del conflicto. Suscriptos estos compromisos y habiendo pactadas unas reglas del juego, desde el Gobierno colocan condicionamientos, que no están dentro de lo pactado, en más de dos años de conversaciones confidenciales y exploratorias. Ello mina la confianza y la credibilidad y el proceso mismo, al habilitar así a las Partes, para que en cualquier momento, una u otra desconozcan lo que se firma. El enfrentamiento armado de más de cincuenta años, ha estado acompañado de distintos dolores. De nuestra parte hemos manifestado nuestra disposición a hablar de todos y buscarles solución a todos. Eso está contemplado y acordado en la Agenda pactada. Hay diversos males que afectan a grandes sectores poblacionales, en los cuales han tenido responsabilidad los sucesivos Gobiernos; no obstante, no hemos colocado su solución o compromisos previos, como condición para iniciar el proceso, en tanto que sus salidas forman parte del mismo y han sido incorporados a una Agenda consensuada entre las dos Partes. Lo justo es abordar los distintos dolores como está acordado. Busquemos soluciones y avances a los mismos desde un comienzo. En la medida que vamos desarrollando la Agenda en el orden establecido, podemos paralelamente abordar y buscarle caminos y soluciones a los distintos aspectos humanitarios, incluyendo lógicamente las retenciones y las otras perturbaciones que sigue generando la guerra. Si ya se firmó un Acuerdo de cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las FARC, lo más sensato sería que se extendiera también con el ELN. Aliviaríamos así con más prontitud los distintos dolores, crearíamos un clima más favorable y un ambiente de mayor simpatía a las búsquedas de la solución política. En nuestro caso es sincera esta disposición. Hay que recordar que desde años atrás, hemos planteado diversos Pactos de Humanización de la guerra. Nuestra delegación para el diálogo está lista, con la disposición de acudir de manera inmediata a la instalación de la Mesa pública en Quito, respetando los Acuerdos suscriptos y conocidos desde fines de marzo del 2016. Para que el Gobierno se coloque en la misma disposición y mantenga la palabra sobre lo acordado, se necesita más presión de la sociedad en su conjunto, más objetividad, más fuerza de quienes están por una solución política, más comprensión y mayor equilibrio de los medios de comunicación 98.

6-7-2016, El 23-6-2016 se llegó al Acuerdo bilateral de cese el fuego entre el Gobierno y las FARC, lo que equivale al fin de la confrontación armada, la trascendencia de este Acuerdo, es que se llega al fin de lo que por más de medio siglo, ha regido la historia, colombianos de diversas tendencias políticas y económicas se han enfrentado, dejando destrucción, desplazamiento y muerte, sin que mediara Acuerdo alguno. Pese, a existir procesos de Paz desmovilizaciones y entrega de armas de diversos grupos armados. La importancia de este Acuerdo se centra, en que nunca más se usaran las armas para defender ideas, o eliminar al adversario político o peor aún utilizar las armas del Estado para eliminar la diferencia o al contradictor político. Esta garantía sin duda, la da la participación de la Comunidad Internacional, representada en los países garantes y acompañantes, respaldados por la ONU. Si bien, este proceso representa un gran salto para la existencia de la Paz en el país, es incompleto si se tiene en cuenta que la segunda guerrilla más antigua, el ELN, no ha pactado ningún Acuerdo con el Gobierno que implique un verdadero cese bilateral del fuego, esto representa la continuidad de los enfrentamientos armados en diversas regiones, lo que puede llevar a que el ejército argumente operaciones en contra del ELN, sin que se trate de esta guerrilla, o como ha ocurrido se culpe a una u otra guerrilla de hechos propios de la guerra, lo que puede llevar a poner en duda el cese bilateral y genere desconfianza al interior de la sociedad o el estancamiento de los diálogos. Por otro lado, la existencia del paramilitarismo que opera en casi toda la geografía nacional, sin que desde el Estado se tomen medidas ciertas para acabar definitivamente con este fenómeno; que continúan con su accionar delictivo, y entre otras cosas se oponen a la restitución de tierras a sus verdaderos dueños, puede dar al traste con los Acuerdos pactados. Sin olvidar el papel que ha jugado la ultraderecha que además se ha beneficiado del despojo de tierras que utiliza los medios del Estado para instigar en contra de la restitución y de los Acuerdos en la Mesa de La Habana, esto puede significar un apoyo a la continuidad de la guerra. Aunque los Acuerdos resultan excepcionales, la historia de Colombia ha demostrado lo contario, o sino como se explican acontecimientos como el caso del partido político Unión Patriótica u otros procesos de Paz, sin que sea necesario hacer mención. Las nuevas leyes que se han aprobado desde el Congreso y que cuentan con el visto bueno del Gobierno; como el nuevo Código del policía, que cierra la participación en la plaza pública: no podrán existir paros, manifestaciones en las vías, tomas pacificas de tierras, lo que equivale a no decir nada y aceptar las medidas que tome el Gobierno así vayan en contravía de la ciudadanía so pena de perder la libertad, el allanamiento a residencias sin una orden o las detenciones arbitrarias sin que exista orden, esto nos recuerda el estatuto de seguridad del Gobierno de Turbay que incentivó la guerra, con un saldo trágico de desapariciones forzadas. Para garantizar que no haya desobediencia está el ESMAD, por ello, el Gobierno anuncio su crecimiento, a pesar de ser denunciado por la violación a los Derechos Humanos, por el exceso de fuerza desplegada contra ciudadanos indefensos. Es de entender, como lo ha anunciado la insurgencia; renuncian a las armas pero no a las reivindicaciones políticas y sociales, estas se deben defender en la plaza pública donde se convoque a la ciudadanía. La protesta se traslada del campo a la ciudad lo que implica, según el Gobierno, que debe haber más pie de fuerza en la ciudad, tal vez para sofocar brotes de inconformismo, o por incumplir lo pactado, como suele suceder en el país. ¿El último día de la guerra fue el 23-6-2016 con la firma del Acuerdo de cese el fuego bilateral, siendo que el Gobierno anunció que arreciará contra el ELN, con toda la artillería? ¿Qué pasa con las poblaciones que son el teatro de operaciones? 99.

18-7-2016, En una entrevista con motivo del cincuenta y dos aniversario de la fundación del ELN, su Comandante alias “Gabino” aseguró que respeta el proceso de Paz que mantiene el Gobierno con las FARC desde hace más de tres años y que está en su recta final, pero pidió tener uno “diferente”. “Decimos que la sociedad debe ser protagonista en los Acuerdos, se requiere la participación de la gente, si no, no sirve, no hay proceso sin la sociedad, si las víctimas no son tenidas en cuenta”. Israel Ramírez Pineda alias, “Pablo Beltrán”, dijo que su lucha sigue siendo “para combatir a la clase dominante” y contra el paramilitarismo. “Así algunos digan que no existe (el paramilitarismo), están muy presentes en varias regiones, hay que luchar contra el sistema electoral diseñado como dicen con la ley del embudo”. No se puede decir que se acaba la guerra con un proceso de Paz. Los movimientos sociales no van a permitir que los diálogos se lleven a cabo sin la intervención directa de la sociedad. La lucha armada sigue siendo válida. La consigna del sacerdote Camilo Torres Restrepo sobre que las vías democráticas para que el pueblo ascendiera al poder estaban cerradas, sigue vigente. Las condiciones que hoy vive el país siguen siendo las mismas que motivaron la lucha armada por las cuales se conformó el Ejército de Liberación Nacional. Hay tres ejemplos claros que validan la continuación del enfrentamiento armado: 1) la represión contra las luchas populares y la falta de cumplimiento del Gobierno a las promesas realizadas en las negociaciones con los distintos sectores; 2) el paramilitarismo. Así el Estado niegue la existencia de estos grupos la realidad es otra. Existen en plenitud y son un factor de riesgo para las tropas del ELN y las FARC y para una posible oposición política. 3) El sistema electoral colombiano. Tal como funciona hoy, es desventajoso contra la izquierda porque el funcionamiento es “amarrado y clientelista”. La intención del ELN es sacar a la violencia de la política para poder participar en las decisiones que orientan el rumbo del país. Aún no habiendo conflicto armado, van a permanecer las diferencias sociales que se intentará resolver de forma no violenta. El Gobierno no tiene voluntad para empezar la fase pública de los diálogos de Paz, y no hace nada por detener los asesinatos y persecuciones a líderes sociales, de Derechos Humanos y ambientalistas. A diferencia del proceso llevado a cabo con las FARC, la sociedad excluida debe ser parte fundamental en la elaboración de los Acuerdos. De no ser así “para nosotros el proceso de Paz no llega a ninguna parte”. El proceso no se queda solo en la firma de lo pactado, sino en los hechos, cambios y transformaciones que tenga el país luego de finalizar los diálogos. “Los meros papeles firmados no van a resolver el problema … si (el gobierno) no cumple, el pueblo otra vez va a hacer una resistencia armada” 100.

1-8-2016, Escuchamos con atención los discursos hechos, durante la instalación de este período de sesiones del Congreso de la República. Resaltamos lo dicho por el nuevo Presidente del Senado, quien llamó a acabar la polarización, para abrirle paso al Nuevo país y su convocatoria a que “se haga bien la Paz”. Es conocido que los relojes de los políticos de los partidos tradicionales, apenas marcan tiempos de cuatro años, más allá de los cuales dejan de funcionar. Por esto, Santos se afana en meter en este lapso toda la gestión de Gobierno, así quede mal embutida. De aquí proviene el acelere del actual Plebiscito, en el cual los colombianos deben pronunciarse sobre el proceso de Paz en desarrollo; cuando aún no se ha firmado un Acuerdo Final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno mantiene congelada la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Pensamos que con este Plebiscito exprés no queda bien hecha la Paz. Muchos dicen que el afán de Santos es ganarle el pulso al ex-Presidente Uribe, puja en la que el proceso de Paz apenas es un medio para lograr su objetivo. Riña que polariza a las elites gobernantes y detrás de ellas, imponen una polarización creciente al conjunto de la sociedad colombiana. De esta forma, quienes voten por el Sí en el Plebiscito serían asimilados como aliados de Santos, mientras que quienes voten por el No serán vistos como seguidores de Uribe. Estratagema que pinta todo de blanco y negro, cuando la realidad colombiana es mas compleja y muy distinta a la desfiguración, que pretenden imponernos. El Plebiscito es otra artimaña publicitaria, que intenta ser presentado como sinónimo de la Paz. Se pretende polarizar a los colombianos a favor de una u otra fracción de la oligarquía. Lo preciso es que mediante el Plebiscito se refrendará sólo el desarme de las FARC, pero aún estamos muy lejos de alcanzar la Paz, ya que se mantienen todas las causas que originaron el conflicto. La polarización mediática entre Santos y Uribe en torno al Plebiscito, se evapora, cuando se plantea que la Paz sólo será posible cuando se hagan las transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado. Ahí, Santos y Uribe tienen solidaridad de cuerpo como oligarquía, pues ninguno está dispuesto a ceder sus privilegios como bloque dominante y se aferran al poder con toda la capacidad indiscriminada del uso de la violencia. Tal polarización lleva a que no quede bien hecha la Paz, a que el conflicto sane en falso y a que rebrote, más temprano que tarde. En nuestro caso, respetamos el camino que han tomado los compañeros de las FARC, así no lo compartamos, dado que los Acuerdos de La Habana marcan una ruta, que no interpreta la Agenda ni la metodología de negociación, que hemos pactado con el Presidente Santos, y que anunciamos conjuntamente en Caracas, el 30 de marzo del 2016. Podría pensarse que el congelamiento de la Mesa de negociaciones con el ELN, obedece a la táctica escogida por Santos de primero pactar con una guerrilla, para enseguida imponerle tales Acuerdos a la otra; a la vez que con el Plebiscito saca buenos réditos políticos, para luego si descongelar estos diálogos. Maniobra que cuestiona la voluntad de Paz del Gobierno. Vista así esta parte de la coyuntura colombiana, hay que decir que el Plebiscito convocado, se halla 'entre dos aguas', pues mientras Uribe trata de hundirlo, Santos busca sacarlo a flote. En un drama, que merece llamarse de Paz incompleta, y por esta vía, nunca llegará a ser ni justa ni duradera 101.

5-8-2016, Declaración de la Dirección Nacional y el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. El Gobierno de Juan Manuel Santos llega a la mitad de su segundo mandato y los resultados son desastrosos. La locomotora minero-energética que debía jalonar la economía, se descarriló por la baja de los precios y la caída de las exportaciones de materias primas. Mientras el sector financiero reporta jugosas ganancias, se mantiene el estrangulamiento de la industria y la agricultura. El peso se devalúa, la inflación se dispara, aumenta la deuda externa y la balanza comercial es deficitaria. Ante el profundo hueco fiscal, es inminente otra reforma tributaria contra la clase media y los sectores populares. El desempleo, la carestía, la miseria, arrasan con los pobres y la hambruna mata sin clemencia la infancia, principalmente de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Ante esta caótica situación, diversos sectores sociales no tienen más alternativa que movilizarse para reclamar los derechos básicos que el Estado debe garantizar, siendo brutalmente reprimidos por la fuerza pública, amparados en las últimas leyes antisociales que han venido imponiendo las bancadas parlamentarias “santistas” y “uribistas”. Además, aumentan las amenazas y los asesinatos del paramilitarismo contra las organizaciones y los dirigentes que se atreven a disentir de las políticas estatales. Un logro importante de la gestión de Santos, se dio el 23 de junio del 2016, con el Acuerdo sobre Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas de las FARC. Para favorecer el proceso de Paz, mantenemos respeto por la mesa de La Habana. Siempre confiamos que cualquier diferencia el país la podría conocer en el curso de nuestro proceso que está abierto a la participación de la sociedad. Pero ante el congelamiento impuesto por el Gobierno a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, y ante la próxima firma de un Acuerdo definitivo de dejación de armas de las FARC, nos vemos en la obligación de expresar que no compartimos la esencia de estos Acuerdos. Se evidencia que el objetivo principal de la comandancia de FARC es convertirse en una organización legal, aceptando unos Acuerdos que exculpan al Estado de su responsabilidad en el desarrollo de la guerra sucia y el Terrorismo de Estado, a la vez que deforman los fundamentos esenciales del Derecho a la Rebelión. Así, el Gobierno niega la naturaleza política del alzamiento armado y mantiene intacto el régimen oprobioso de violencia, exclusión, desigualdad, injusticia y depredación. Compartimos las inquietudes de diversos sectores de la sociedad, del movimiento social y político, frente a varias de las temáticas acordadas, ya que no interpretan sus expectativas, como la limitada participación de la sociedad; la negociación de asuntos sociales sin tener en cuenta a los sectores afectados; la justicia transicional que evita el enjuiciamiento al Estado por su culpabilidad en el genocidio; y la poca incidencia de lo acordado para modificar la realidad del país. El Estado colombiano, el Presidente y las fuerzas armadas han expresado con claridad que “la Paz es la victoria”, y que a ella se llegó como resultado de la aplicación de la fuerza militar. Para ellos la Paz no es una convicción política, sino sólo un cálculo económico, pues les resulta más barato llevar la insurgencia a la legalidad sin comprometerse con las transformaciones que la sociedad necesita y evitar la prolongación de una lucha de resistencia que los viene desgastando y no podrán controlar. El ELN ha reiterado que la Paz sólo será posible si se dan transformaciones estructurales de la sociedad y del Estado donde el pueblo sea el protagonista de las nuevas construcciones que permitan la justicia social, la equidad, la dignidad y la soberanía. Mientras esta nueva Colombia no esté garantizada y se mantenga un régimen oligárquico basado en la violencia, sigue siendo un imperativo político mantenernos como rebeldes alzados en armas para acompañar todas las luchas de resistencia social. Si durante estos más de 60 años de lucha guerrillera la oligarquía no ha cedido parte de sus privilegios al pueblo, mucho menos lo hará después que la guerrilla se desarme. Por el contrario, se envalentonará con mayor represión contra los reclamos sociales y será más grande la entrega de la patria a los intereses imperialistas. Las clases que manejan el poder sólo entienden que la Paz es el desarme de las guerrillas para maximizar sus ganancias. La oligarquía colombiana no quiere la Paz porque no permite cambiar su estructura de dominación. Esto quedó demostrado en las negociaciones con las FARC al colocar las “líneas rojas” de no tocar su modelo de explotación económica, de exclusión política o de barbarie militar. La poca voluntad de Paz del Gobierno también se muestra al mantener congeladas las negociaciones con el ELN. Desde agosto del 2012, con el acompañamiento de la comunidad internacional, llevamos a cabo reuniones formales con el Gobierno de Santos en pos del objetivo de lograr una Paz que interprete el sentir de los colombianos. Múltiples incumplimientos, exigencias unilaterales e intentos de manipulación tuvimos que afrontar, pero logramos firmar el 30 de marzo del 2016, el Acuerdo de Agenda para desarrollar la fase pública de las conversaciones, en un proceso abierto a la participación de la sociedad. Pasados 4 meses, las conversaciones están congeladas por decisión unilateral del Gobierno, quien pretende imponer condiciones por fuera de la formalidad de la mesa, haciendo exigencias que jamás fueron acordadas, aunque son asuntos que están contemplados para ser discutidos. Al parecer el Gobierno le tiene miedo a la participación de la sociedad. La fase pública de conversaciones con el ELN implica darle la palabra a todos los colombianos y colombianas, a los sectores organizados, pero también a la pobrería, a quienes secularmente han estado excluidos, silenciados e invisibilizados. Debe abrirse un nuevo momento de participación democrática, donde la sociedad no puede seguir siendo una “invitada de piedra”, sino que debe ganar el protagonismo para diseñar los cambios. Las propuestas que produzca este proceso participativo de la sociedad no puede quedarse en simples recomendaciones o insumos, sino que por el contrario deben ser propuestas a instrumentalizar para poder hacerlas realidad. La Paz no es el desarme de la guerrilla, sino una construcción multicolor donde la participación popular cobra vida y se concreta en las transformaciones de la nueva nación. Si la sociedad plantea la democratización del poder, es la oligarquía la que debe definir si permite los cambios o continúa manteniendo la guerra y haciendo política mediante la violencia. En la actualidad, lo que está en el orden del día no es un Plebiscito para desarmar a una organización guerrillera, sino la necesidad de construir una Paz verdadera, pues de poco servirán unos Acuerdos parciales si continúa el conflicto social y armado. El ELN convoca a todos los sectores populares y clases medias de la ciudad y del campo; a los industriales, agricultores y comerciantes atropellados por la competencia desleal de las empresas transnacionales; a los movimientos y partidos políticos de izquierda, democráticos y de centro que buscan alternativas al régimen; a las mujeres, LGTBI y demás sectores generistas que no sólo buscan la igualdad ante la ley, sino la equidad frente a la vida; a los estudiantes y la juventud que piden ser los arquitectos del futuro; a todos los patriotas que quieren una república soberana; a todas y todos, les ofrecemos esta fase pública como un gran Diálogo Nacional, para que construyamos la Nueva Colombia en Paz. El ELN sigue manteniendo en alto la bandera de la Paz siempre junto al pueblo, en sus luchas de resistencia frente a la oligarquía y el imperialismo. La rebelión a la que hemos acudido como legítimo derecho del pueblo ante un régimen ilegítimo es la renuncia a obedecer a los poderosos para colocarnos del lado de los humildes y desposeídos. Pero esta lucha de resistencia no es sólo militar, sino que abarca todas las dimensiones de los sueños y las aspiraciones de las mayorías, donde quienes perseveran siempre logran la victoria 102.

1-9-2016, Alias 'Gabino', líder del ELN, señaló que tanto el Gobierno como las FARC pueden estar “tranquilos” sobre la “conducta respetuosa y delicada” que tendrán frente a las veintiocho zonas de concentración. Respetarán las zonas en las que se concentrarán las FARC para su desarme y desmovilización. “Tan pronto supimos dónde y cuáles eran las zonas veredales de concentración para las FARC dimos una orden clara para todas las unidades del ELN en el país: respeto al proceso, prudencia y responsabilidad para con esa realidad. No podemos responder por acciones fortuitas por mucha prudencia que tengamos (...) el país debe entender esa realidad”. Aseguró que “respetarán el derecho al voto de la población” en el plebiscito para refrendar lo convenido entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. “Nosotros no vamos a impedirlo, no vamos a generar dinámicas diferentes más que respetar y respaldar al pueblo en cualquiera que sean sus decisiones soberanas”. Sobre las negociaciones Gobierno-ELN “Gabino” sostuvo que “es hora” de que se abra la mesa “sin ningún tipo de dilaciones. Nosotros no aceptamos imposiciones”, en referencia a la exigencia de Santos de que abandonen y liberen a los secuestrados para poder comenzar los diálogos. “El ELN no cree que se va a romper el proceso de diálogo porque eso sería un absurdo en la política del Presidente”. La búsqueda de la Paz sobrepasa el mandato de Santos 103.

4-9-2016, Inmediatamente después de la firma del Acuerdo Final, el 29 de Agosto del 2016 el ELN envió una carta abierta al Secretariado de las FARC. Compañeros del Secretariado, del Estado Mayor Central y demás integrantes de las FARC. A todas y todos ustedes nuestro fraternal abrazo y seguirles deseando éxitos en el camino emprendido de convertirse en una organización o Movimiento político legal, tal como lo consigna el reciente Acuerdo entre ustedes y el Gobierno nacional. En reciente pronunciamiento a través de nuestro periódico oficial Insurrección, hemos expresado de manera franca, que respetamos pero no compartimos la esencia de dichos Acuerdos. Nuestro último Congreso de finales del 2014 definió por consenso las líneas dentro de las cuales nuestra delegación desarrolla los diálogos con el Gobierno del Presidente Santos; luego de arduas discusiones entre nuestra delegación y la del Gobierno, existe una Agenda hecha pública el 30 de marzo del 2016. Además del contenido de la Agenda, donde son claras las diferencias con ustedes, nuestro magno evento clarificó que los diálogos con el Gobierno del Presidente Santos son de carácter exploratorio debido a que no vemos clara la voluntad de Paz del Gobierno nacional, que nos permita desde ya trazar una ruta definitiva hacia la Paz de Colombia. Asimismo hemos expresado públicamente y con claridad, que desde hace más de veintitrés años buscamos, a través de los diálogos con los Gobiernos de turno, una salida política al conflicto porque estamos profundamente convencidos que el futuro y destino de Colombia no puede ser la guerra. Desafortunadamente en ninguno de esos Gobiernos, hemos visto voluntad real para buscar la Paz y contrario a ella hemos constatado la intención de desarmar las guerrillas sin que a cambio, exista la real voluntad de pactar Acuerdos que pongan fin a las causas que originaron el conflicto político social y armado que desangra a la sociedad excluida del poder, siendo ella la inmensa mayoría de las y los colombianos. Siempre hemos dejado claro que ese esfuerzo de buscar la Paz, no es porque valoremos que el alzamiento armado no esté vigente, sino porque nuestras convicciones nos hacen buscar los caminos del entendimiento y las soluciones dialogadas, debido a que no somos amantes de la guerra; esta la aceptamos como el último recurso al que la clase en el poder nos ha obligado y mientras esto no cambie seguiremos asumiendo el derecho a la rebelión. Valorando que en estas formas de apreciar la realidad tenemos diferencias, estamos convencidos que ello no debe ser motivo para que los niveles de unidad necesarios entre revolucionarios y luchadores populares, se afecten y menos que se rompan. Es la práctica y la acción revolucionaria, la que nos llevará a constatar si las salidas que encuentra cada fuerza u organización para enfrentar los retos que nos impone la lucha, son o no acertadas, en ese camino maduramos y encontraremos los aciertos para la construcción de una Colombia soñada para todos. En este momento, más allá de la particular coyuntura, es vital que los verdaderos dirigentes populares trabajen por el fortalecimiento del Movimiento de masas, aglutinando todas las vertientes de la verdadera oposición política nacional donde la madurez logre deponer las conductas vanguardistas y hegemonistas, que tanto daño causan al movimiento popular. Solo una verdadera fuerza organizada de las masas, hará posible la lucha por una auténtica Paz para Colombia. Finalmente a ustedes compañeros y compañeras de las FARC les deseamos los mejores éxitos en el camino escogido y nos seguiremos encontrando en los distintos espacios en que la lucha popular y revolucionaria nos coloque. Nicolás Rodríguez B. 104.

19-9-2016, El país se encuentra con gran expectativa, esperando el inicio de la implementación de los Acuerdos de La Habana, sin embargo, es válido interrogarnos por el impacto real de esos Acuerdos en la cotidianidad del pueblo colombiano y es ahí donde nos estrellamos con un sin número de paradojas e incertidumbres, que revelan otras intenciones del régimen y una vez más queda en duda su voluntad de Paz y de alcanzar una solución política. La moneda de la Paz evidencia grandes contrasentidos, pues no hay correspondencia de la cara que se anuncia con los Acuerdos de La Habana y la cara espantosa de la realidad colombiana. Siendo el Estado el responsable de masacrar y desplazar para luego legalizar territorios y entregarlos a los terratenientes y al interés extranjero, además de montar el paramilitarismo y financiarlo con el narcotráfico, es inadmisible que fruto de unos Acuerdos entre partes iguales, ahora el Estado resulte exculpado de sus responsabilidades en el genocidio y la insurgencia sea mostrada como la causante de los males históricos del país. Si bien se acordó la creación de una Comisión Histórica de la Verdad, ésta nunca logró ponerse de acuerdo y emitir veredictos sobre las responsabilidades de cada parte. Se deja impune el terrorismo de Estado, aun cuando la misma ONU, en uno de sus informes, responsabilizó al Estado colombiano de causar el ochenta por ciento de la violencia en el conflicto armado, ya sea por sus operativos militares de tierra arrasada, o por la guerra sucia encubierta, o por el exterminio social encomendado al paramilitarismo. Mientras la insurgencia ha causado el veinte por ciento, resistiendo ante dicha criminalidad estatal e intentando frenar la violencia en contra de las comunidades. Sin cambiar nada, ahora se evaporan las causas que originan el conflicto social y el alzamiento armado, muestra de ello es que para los negociadores del Gobierno, la rebelión sigue estando tipificada como un delito y no como un derecho ante la violencia impuesta de los poderosos. Sin importar que solamente el hecho de iniciar una negociación con la insurgencia, de manera implícita es reconocer su legitimidad como un contradictor político beligerante. Esta ambigüedad en el concepto y tratamiento del derecho a la rebelión, permite que el Estado manipule la opinión pública, presentando que el gran logro del proceso de Paz es quitarle las armas a una guerrilla que perdió sus fines políticos y eludiendo el debate de ideas que permita consensuar un nuevo Pacto Social. En el tema de tierras sigue la ambivalencia, por un lado se pacta en la Habana las intenciones de llevar a cabo una Reforma Rural Integral, pero la realidad nos muestra las verdaderas intensiones del Gobierno de Santos con la reglamentación de la Ley de ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que plantea extender el latifundio en zonas apartadas de los centros urbanos para ser explotados por manos privadas nacionales o extranjeras, con zonas francas para no pagar impuestos. Las ZIDRES son auspiciadas por el Ministerio de Agricultura, que es el mismo que dispondrá de las tierras para el “Fondo de Tierras” previsto en el Acuerdo de La Habana, dando prioridad a la asignación de tierras a las empresas privadas, desconociendo a los campesinos. A sangre y fuego se sigue impidiendo el retorno de los campesinos desterrados. De manera que las instituciones y las leyes siguen siendo pensadas bajo los intereses del capital y con el fin de perpetuar el saqueo y la explotación. Se anunció con gran fervor el Acuerdo sobre Participación Política y Garantías para la Oposición, y una vez más el régimen juega en contravía de lo prometido y previniendo el aumento de la conflictividad popular y la protesta social, Santos arremete con duros golpes, primero con anuncios sobre el aumento del pie de fuerza y mayor presupuesto para el escuadrón de la muerte ESMAD, acto seguido las luchas de campesinos, indígenas, negros, estudiantes, jóvenes y demás sectores sociales son reprimidas de forma cruel bajo un tratamiento de guerra, que les permite la Ley de seguridad ciudadana. Sumado a esto se sanciona el nuevo código de policía, que impide el libre ejercicio de la movilización, la protesta social y restringe las libertades civiles. Los últimos avances de las fuerzas militares y su nueva Doctrina de guerra junto con la vinculación de Colombia a la OTAN, dejan claro que la Paz está muy lejana. El Estado excluyente y militarista se fortalece y no existen garantías para la oposición política, así le otorguen, temporalmente, unos pocos escaños parlamentarios a los ex-guerrilleros desarmados. Otra concesión que se le hace al Estado, se da frente a los incumplimientos de los Acuerdos, dado que se establecen drásticas sanciones penales para los desmovilizados, pero no queda ninguna clausula que penalice al Estado si incumple. Para la muestra, tenemos que diecisiete días después de la firma del cese el fuego bilateral y definitivo, el ejército colombiano lo violó, pero ningún mando resultó responsable o sancionado. Luego de que las FARC dejen las armas por completo, muy seguramente los incumplimientos de los Gobiernos de turnos no serán castigados por la ONU, pasará lo mismo que sucede en Ruanda, Israel, Palestina, Siria, Libia y demás países donde la impunidad, el incumplimiento y la falta de seriedad de los Estados campea sin Dios ni Ley. Con la serie de Tratados de Libre Comercio; con el Consenso de Washington, las imposiciones de la OCDE, el FMI o el BM; con el acuerdo militar del 2009, donde toda Colombia queda a disposición de los Estados Unidos, instalando siete bases militares en territorio colombiano; con el Acuerdo de cooperar con la OTAN; el Gobierno nacional queda limitado para cumplir lo pactado en La Habana. Pareciera que la Paz de Colombia, queda al golpe de suerte de una moneda que se lanza al aire, y, el poder mediático crea la ilusión que la moneda va a caer favorable al pueblo, pero la oligarquía, que es la dueña de la moneda, no le apuesta al azar, sino que se asegura de ganar siempre y por eso la moneda tiene su misma cara por ambos lados. La realidad colombiana, como una moneda, tiene dos caras, la del poder oligárquico, que pregona la Paz sólo como el desarme de la guerrilla, mientras mantiene todos sus privilegios, y, la cara del pueblo que lucha por empoderarse, construyendo la Paz con transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado, que permitan, la dignidad, la soberanía, la equidad y la felicidad para todas y todos 105.

26-10-2016, Enviamos nuestro abrazo fraterno y libertario a todas las comunidades afros, indígenas, estudiantes, maestros, obreros, campesinos y demás sectores de nuestra patria con los que a diario construimos la nueva Colombia. En estos momentos, en que nuestra región es uno de los laboratorios de guerra más avanzados que tiene el país, debido al aumento significativo de operaciones contrainsurgentes y antipopulares tales como: detenciones arbitrarias de líderes comunitarios, asesinato sistemático de reclamantes de tierra y opositores a sus políticas; realización de crímenes de Estado que luego le endilgan al movimiento revolucionario para ocultar los verdaderos asesinos; así como el aumento del pie de fuerza mercenaria institucional y paramilitar (casos reconocidos como Pizarro, Puerto Meluk, Nuquí, entre otros) con sus nefastas consecuencias para la población; pues dichos aparatos represores solo llevan terror hasta las comunidades representados en bombardeos indiscriminados, amenazas selectivas y colectivas, macartización de la población, desplazamiento forzado, la cooptación sistemática a la fuerza de las personas más representativas de la región para utilizarlas de delatores y colocarlas como carne de cañón en el conflicto; la campaña criminal de quema de máquinas retro excavadoras utilizadas por los pequeños y medianos mineros que dejan sin el sustento diario a cientos de familias. Mientras se incrementa la maquinaria de guerra en toda su magnitud, la región occidental se hunde en el abandono estatal, las muertes por desnutrición de niños menores de cinco años son el pan de cada día en nuestras comunidades afros e indígenas; los enfermos fallecen ante el pésimo estado de las pocas instituciones hospitalarias y por la falta de suministros médicos; la educación es cada vez más paupérrima y ni que decir de los acueductos, pues en un alto porcentaje no cuentan con agua potable. Siendo la región más rica del país, sus habitantes somos a la vez los más empobrecidos; por otro lado, las multinacionales minero energéticas se enriquecen apoderándose de las tierras ancestrales, condenando a la población a la exclusión y la miseria. Al concluir nuestra IX Asamblea con éxito rotundo como evento democrático y revolucionario, damos un parte de victoria ya que el enemigo con toda su tecnología y su aparato militar fue incapaz de detener el avance de la lucha guerrillera y la fuerza insurgente de nuestro pueblo a pesar de que los aparatos mediáticos de comunicación burgués a diario acaban con el ELN como parte de sus políticas de Estado. En el occidente colombiano la militancia define en homenaje póstumo llevar el nombre de Frente de Guerra Occidental Capitán Omar Gómez del ELN. Esta Asamblea debatió ampliamente la política estatal que tiene como propósito el debilitamiento, desarme y desmovilización de la insurgencia colombiana, y no la solución a las causas que generaron este conflicto social y armado que padece el pueblo, por la guerra que le impusieron desde el poder; por lo tanto, llamamos al pueblo a la unidad y la organización para desenmascarar esta farsa oligárquica y movilizarse por los verdaderos cambios y transformaciones donde se empoderen las organizaciones populares por una Colombia en justicia social, equidad y soberanía que supere la crisis humanitaria y política en la que está sumido el país que mal gobiernan las oligarquías mientras excluyen al pueblo y le imponen el terrorismo de Estado a quienes luchan por sus derechos. La Novena Asamblea: Héroes y capitanes del occidente colombiano, ratificó nuestro principio unitario en la construcción del socialismo en nuestra patria y que ahora, más que nunca, tiene plena vigencia la lucha armada y revolucionaria para la toma del Poder que garantice los intereses de los más empobrecidos, que son la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Por lo tanto, le reiteramos al pueblo colombiano nuestro derecho a la rebelión y que eleve sus niveles de lucha, para que juntos defendamos nuestro territorio, nuestra gente, nuestra cultura y logremos construir una paz desde la justicia social; donde el eje central sea salvar el planeta y la vida digna de la humanidad 106.

2-11-2016, Comunicado ELN: Un saludo para todas y todos los colombianos que bajo distintas formas y modalidades, se dispusieron a acompañar la frustrada instalación de la mesa de conversaciones en la ciudad de Quito, el 27 de Octubre. Celebramos con optimismo y esperanza la presencia de la comunidad colombiana que se presentó en Quito y a las personas que ese día, en distintas formas, hicieron presencia, en diversos sitios de la geografía nacional, para acompañar la instalación de la Mesa ELN-Gobierno y reclamar la participación de la sociedad. Nos duele profundamente y entendemos la frustración de los movimientos sociales y de las personas de diferentes procesos organizativos, ante la instalación fallida de la Mesa y el bloqueo que con ello ha sufrido la búsqueda de la paz completa en Colombia. Lamentamos no haber logrado un relacionamiento con quienes llegaron a Quito, a causa de las restricciones que nos impone el estado en que se encuentran estos diálogos. En el diseño de este proceso y en la construcción de la agenda, promovimos incorporar la participación decidida, activa y eficaz de la sociedad colombiana en los Acuerdos de Paz y en los espacios en donde se toman las decisiones sobre los temas que le competen. Estamos por unas negociaciones de paz transparentes y de cara a la sociedad. Los recientes resultados del plebiscito, dan la razón al mostrar la importancia que tiene una construcción participativa de la paz y sin temas vedados. La responsabilidad en la no instalación de la Mesa, está en el incumplimiento del Gobierno a los Acuerdos previos, en los que se contemplaba la liberación de un tercer retenido, en este caso Odín Sánchez, después de la instalación del 27 de Octubre del 2016 y en el transcurso del ciclo de Quito. El Gobierno, violando lo pactado, cancela la instalación, pretextando lo del señor Odín, quien, entre otras cosas, junto con su hermano Patrocinio, son personas poco gratas para los fondos públicos del departamento del Chocó y para las gentes de la región que han sufrido el terror paramilitar. Tantas trabas indican temor de las élites dominantes y el Gobierno, al desarrollo de este proceso y en especial a la presencia de la mayoría de los colombianos, de sus comunidades y de sus organizaciones hacia la participación directa y protagónica de la sociedad y particularmente del pueblo colombiano. La toma de las calles por las organizaciones y comunidades, los cabildos y las asambleas populares, le producen pánico a la oligarquía colombiana. A las comunidades urbanas, campesinas, indígenas, de afrodescendientes, a los sindicatos, las mujeres, la comunidad LGTBI, artistas, cultores, ambientalistas, a las personas en situación de discapacidad, a las y los dirigentes sociales, a los defensores de derechos humanos, a la población migrada y en situación de exilio, a las iglesias, estudiantes y funcionarios públicos electos, a todas esas personas y organizaciones que vinieron a Quito y a quienes en Colombia y en el exterior luchan por un país justo, los invitamos a seguir defendiendo un proceso de paz inclusivo y sin temas vedados 107.

16-11-2016, Los Acuerdos FARC-Gobierno en adelante dificultarán el accionar de las organizaciones sociales principalmente de las agrarias y de las mismas negociaciones ELN-Gobierno, pues blindaron las posibilidades de llevar a cabo reales transformaciones sociales. El ELN ha dejado en claro que será la sociedad quien delineará los Acuerdos, que podrán determinar el fin de su alzamiento en armas o, por el contrario, obligarlos a continuar su lucha hasta “vencer o morir”. Para facilitar el análisis de lo que será la participación ciudadana en las negociaciones hay que tratar de desenmarañar la enrevesada madeja de la sociedad colombiana; más allá de la clásica diferenciación marxista y, aún, Weberiana, ricos, medio ricos, pobres y paupérrimos, es preciso aclarar que dentro de una misma clase social existen varios subgrupos. Pero la expresión política se traslapa de una clase a otra, por ejemplo, los pobres y paupérrimos, por lo general, están en sintonía con las clases poderosas. En cuanto a las clases hegemónicas, aunque desprecian a las demás, buscan tenerlas de su lado. En primer lugar se pueden mencionar los sectores fascistas, representando la economía atrasada de corte feudal, allí se inscribe la oligarquía terrateniente. A esta se suman los empresarios agrícolas, principalmente el capital corporativo transnacional y colonialista; son aportantes de recursos para mantener los ejércitos mercenarios paramilitares, mejor conocidos como “autodefensas”, hoy BACRIM, bautizadas así por su fundador el extraditable No. 82 y ex-Presidente Alvaro Uribe. Este sector es el que cuenta con más respaldo de sectores pobres sobre todo de los campesinos, esto es así por múltiples razones, que escapan a este análisis, pero basta decir que son sectores conservadores, desinformados, ignorantes (no sólo académicamente sino políticamente, pues se le suman profesionales) es una población emotiva y fácilmente manipulable. Se le ha hecho creer que sus males son debidos a la existencia de las guerrillas. En segundo lugar está la oligarquía urbana, también, fascistoide, para su existencia cuenta con el respaldo militar del Pentágono a cambio de la entrega de la soberanía nacional y los recursos naturales. Este sector burgués económicamente es de corte corporativo y políticamente plutócrata y centralista, realmente es quien maneja los hilos del poder, claramente define al mandatario de turno. Existe un tercer grupo poblacional que actúa como un hijo y aliado de la anterior, que se expresa como pequeña burguesía, pero de “izquierda”. Es el más variado de los grupos sociales, abarca intelectuales, académicos y chicos de la aristocracia, a veces, declarados en rebelión contra su clase; dada su esencia de personas “pudientes” no quieren que nada cambie. También forman parte de la pequeña burguesía de izquierda, con algo de conciencia de clase, ciertos líderes obreros y otros descendientes de viejos militantes revolucionarios; generan oposición, pero, tampoco, quieren cambiar el modelo capitalista, pues les permite llevar un modo de vida confortable. Fuera de la pequeña burguesía de izquierda electorera, calculadora y “vividora”, existen algunos sectores progresistas honestos, que anhelan el capitalismo con rostro humano, pero que no se atreven a ir más allá debido a su debilidad intelectual y conceptual, se quedaron con el discurso que les vendió la burguesía acerca de que el socialismo fracasó y que la lucha de clases no existe. No leen a Marx ni materialismo dialéctico ni histórico, pero no creen en Marx y menos en el socialismo científico. Y, finalmente, se puede mencionar un sector revolucionario, con educación política y alta conciencia de clase, que lucha por la construcción de la nueva sociedad, que vaya más allá de cualquier expresión del capital, y que cree que para lograrlo hay que desbancar a la oligarquía mediante la combinación de todas las formas de lucha. Con esta diversidad social deberá lidiar ELN, en su leal saber y entender escuchará y escogerá las opiniones que considere más adecuadas a sus intereses y a la sociedad que quiera ser representada por el grupo insurgente. Las FARC escucharon a quienes creyeron que eran sus amigos, los “pazólogos” en el interior y en el exterior, Gobiernos a quienes la situación social de Colombia no les importa, amigos que por conveniencia propia les llevaron a una ignominiosa desaparición. Da tristeza su desabrido final, derrotados y dispuestos aceptar cualquier condición, así sea la horca, con tal de regresar a la “legalidad”. Al final del final, quienes, con el mentiroso cuento de ampliar consensos, terminaron dictando los Acuerdos FARC-Gobierno fueron los sectores más fascistas de la sociedad encabezados por el “Señor de las Sombras” Alvaro Uribe, el ex-Presidente Andrés Pastrana, la ex-Ministra Marta Lucía Ramírez y el ex-Procurador Alejandro Ordoñez. Los Acuerdos FARC-Gobierno, en adelante dificultarán el accionar de las organizaciones sociales principalmente de las agrarias y de las mismas negociaciones ELN-Gobierno, pues blindaron las posibilidades de llevar a cabo reales transformaciones sociales, sobre todo las referentes con la democratización del campo, por un lado con la Ley ZIDRES se asegura la concentración y extranjerización de la tierra y, por otro lado, acaban con la Ley de Reservas Campesinas, pues ya no habrá más ampliación de estas. Políticamente las FARC se exponen a un desastre, dichos Acuerdos los dejan por fuera de la arena política, ¿con lo mostrado y acordado en La Habana, será que alguien podrá creerles y apoyarles? Y sin una continua “gabela” de curules a dedo difícilmente accederán al Congreso. Lo más probable es que la cúpula insurgente se entremezcle en los diversos movimientos políticos, muchos de ellos en las toldas del “gran colombiano” Alvaro Uribe. Su desaparición física, también, está cercana, pues se acordó no tocar tamaño, estructura y orientación, de las fuerzas militares, a quienes se les perdonarán sus crímenes atroces declarándoles, en palabras del Presidente Santos, “nuestros héroes”; por principio los ex-guerrilleros serán considerados elementos peligrosos para la “seguridad nacional”, peligro que deberá ser eliminado. Lo incomprensible de todo este enredo en que se convirtió la negociación, es que la mayoría de las bases guerrilleras, sabiendo lo que les espera, se hayan “pre-concentrado” a esperar el triste final. La cúpula guerrillera es tan falta de Norte que en vez de entregar los recursos a quienes quedan en la selva defendiendo sus ideales, traicionados para muchos, los entregarán al Estado, para reparar supuestas víctimas, ¿acaso no estaban en guerra? En cualquier parte del mundo se toman como “daños y/o efectos colaterales”. Si bien se tiene claro que el salto cualitativo del modo de producción capitalista al modelo socialista, único posible para salvar la civilización humana, no es factible mediante un pacto, sí se deberán discutir los modos y los medios, para limitar los privilegios de las castas dominantes de tal manera que permitan que más gente tenga reales oportunidades de acceso a la educación, salud y seguridad social e, incluso, al manejo del Estado, asuntos que no ha permitido la oligarquía desde la independencia del imperio español. Simplemente pasamos de colonia española a neocolonia norteamericana. De no lograrse durante las negociaciones con el ELN sentar las bases para una real Paz con justicia social, que no fue posible con las FARC, será pura ilusión que, una vez desarmada la insurgencia, se pueda iniciar la era de transformaciones aplazadas. Para el Régimen, cualquier medida que contemple algo de bienestar para la clase popular se constituye en una línea roja, que aleja cualquier posibilidad de discutir en la Mesa de negociaciones las soluciones a favor del común. La “sociedad civil”, más que el ELN, será quien deberá, no sólo establecer las líneas rojas a favor del pueblo sino borrar las fatídicas líneas de la oligarquía. Antes que nada se deberá tener en cuenta que se negocia entre contendientes no vencidos en batalla y en medio de la guerra, por tanto el Régimen deberá dejar de exigir acciones unilaterales de la contraparte. También, habrá que dejar de lado la discusión sobre la incorporación de los Acuerdos, el Gobierno verá cómo lo hace; el ELN no tiene porqué desgastarse pensando en plebiscitos, Cabildos o Constituyentes, dadas las circunstancias de hegemonía y manipulación por parte de la oligarquía ya se sabe quién sale triunfando, ahí está el espejo de las FARC. Tampoco las negociaciones se pueden enredar en el tipo de justicia que se puede aplicar a los reinsertados, en cualquier parte del mundo cuando se negocia la terminación de un conflicto interno, para ejercer la actividad política sin armas, a nadie se le ocurre pensar que los rebeldes deban pagar cárcel o cualquier tipo de acción punitiva, eso sólo lo permitieron las FARC. Y si la Corte Penal Internacional es un estorbo, pues al diablo con ella, ¿acaso los norteamericanos, amos directos de la oligarquía, la acatan? Habrá que borrar muchos aspectos de lo acordado con las FARC, como lo referente a las fuerzas militares, básicamente en lo atinente a la venenosa doctrina, que los condiciona hacia la eliminación de la oposición revolucionaria. Y si durante las negociaciones se asesina o atenta contra cualquier líder social se tendrá que hacer un paréntesis en las discusiones hasta tanto no se detenga a los responsables. Se tendrá que borrar la Ley ZIDRES, eso deberá quedar consignado en los Acuerdos, y la plena aplicación de la Ley 160 de 1964 sobre las Zonas de Reserva Campesinas. Se deberán borrar los TLCs con EUA, que el nuevo Presidente Trump quiere eliminar, y con la Unión Europea. Cómo aceptar que nuestros campesinos no puedan sembrar sus propias semillas so pena de ir a la cárcel. Se tendrá que hablar de educación y democratización de las comunicaciones, pero algo fundamental que, prioritariamente, tendrá que revisarse es el canceroso sistema de salud y seguridad social actual, no más EPS ni AFP. Con las EPS y AFP se demostró que la salud en manos particulares no es más que un floreciente negocio de la muerte. Si en los Acuerdos no se logra, al menos, que sea el Estado quien administra directamente la salud y seguridad social nada se habrá logrado con la desaparición de los actuales y principales actores rebeldes, la emancipación quedará pospuesta 108.

29-11-2016, El 6 de octubre, se convino iniciar la fase pública de conversaciones el 27 de octubre en Quito, y para mejorar la confianza entre las Partes y crear clima de Paz ante la sociedad, se acordó realizar acciones humanitarias bilaterales. Antes de la instalación de la fase pública, el Gobierno se comprometió a dejar libres a dos presos políticos del ELN, para lo cual los nombraría como Gestores de Paz; compromiso que aún no ha cumplido. Por su parte, el ELN debía liberar a dos personas retenidas; acuerdo que ya cumplió el 6 y el 10 de octubre. Luego de la instalación mencionada, el Gobierno debe indultar a dos presos del ELN; y el ELN debe liberar a un tercer retenido. Ambos compromisos están por cumplirse. Debido a una mala información transmitida desde su delegación de diálogo al Presidente Santos, éste exigió de forma pública, que se hiciera la liberación del tercer retenido (Odín Sánchez), antes de la instalación de la fase pública de conversaciones; a lo que el ELN respondió diciendo que el Acuerdo era liberarlo después de la referida instalación. El presidente replicó cancelando la instalación pactada para el 27 de octubre, con lo que hundió esta Mesa en una crisis, que completa treinta y tres días sin resolverse. El ELN, el 8 de noviembre, propuso para resolver la crisis, que todas las liberaciones pactadas se hicieran antes de la instalación y acordar enseguida una nueva fecha para la instalación e inicio de la ronda de Quito. Se está trabajando en esta perspectiva de solución. El obstáculo que persiste es de orden jurídico, dado que la concesión de los dos indultos a los presos políticos del ELN, esta demorado por un debate entre las dos Delegaciones, sobre cuáles son los delitos políticos conexos al delito de rebelión, que son objeto de indulto. El 25 de noviembre, el ELN propuso considerar como conexos al delito de rebelión: causar la muerte en combate a combatientes contrarios y tomar prisioneros como resultado del combate. Propuesta que el Gobierno no admite, porque supuestamente sus leyes excluyen estas dos acciones de la esfera de los delitos políticos conexos a la rebelión. Una vez se acuerde cuáles son los delitos indultables, se procedería a acordar las fechas de instalación e inicio de la fase pública de conversaciones; lo que se espera hacer al principio del mes de diciembre del 2016. El 12 de noviembre firmaron por segunda vez un Acuerdo las FARC y el Gobierno de Santos, luego de una renegociación, que impuso la derecha, tras el plebiscito del 2 de octubre. Luego de esta firma, los sectores de la derecha más extrema, acaudillados por el ex-Presidente Uribe siguieron oponiéndose a este Acuerdo y votaran en contra en el Congreso, la refrendación de este Acuerdo. Por su parte la derecha violenta está escalando sus ataques contra lideres sociales y de la izquierda legal, en especial contra la Marcha Patriótica (cercana políticamente a las FARC); en el propósito de provocar una respuesta contraria, que hunda al país en una fase de guerra civil, en la que se ahoguen en definitiva estos esfuerzos de solución política al conflicto. Esta tenaza de la derecha más dura en contra de los esfuerzos por la Paz, requiere la presencia activa de la comunidad internacional, para apoyar los sectores de la sociedad impulsores de una salida política al conflicto. El ELN difundió un comunicado a través de la red social, en el que manifiestan sus propuestas para sacar los diálogos del limbo 109.

5-2-2016, El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) se pronuncia sobre Plan Colombia y su quince años de guerra. Con bombos y platillos las élites colombianas, con el apoyo de los medios masivos de comunicación, se encuentran en Washington celebrando junto al gobierno estadounidense quince años del denominado Plan Colombia y sentando las bases para desarrollar un nuevo Plan de sometimiento y entrega de la soberanía nacional a los intereses del imperio norteamericano. Las víctimas de crímenes de Estado nada tenemos que celebrar, ni compartimos el entusiasmo que han manifestado los voceros del establishment colombiano con este Plan. El pueblo colombiano, y especialmente las regiones agrarias y campesinas, vieron cómo se incrementó el presupuesto para la guerra y se fortaleció del proyecto paramilitar. Como consecuencia directa denunciamos la constante violación de los Derechos Humanos a individuos y colectividades, así como la política de despojo de las tierras y los territorios que lograron arruinar la economía campesina del país y quitarle cerca de diez millones de hectáreas a comunidades y campesinos a lo largo y ancho del país. Con este Plan se fortalecieron las fuerzas militares, se incrementaron las fumigaciones con glifosato y se cometieron centenares de asesinatos, masacres, desplazamientos, todo en un clima de impunidad y complicidad de las autoridades civiles, que no hicieron nada por detener el incremento de la violencia, la profundización de la miseria, la violación a los Derechos Humanos y la pérdida de soberanía nacional. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado invita al pueblo colombiano a denunciar todos los atropellos que se vienen cometiendo por la fuerza pública y a mantener viva la memoria de los millones de víctimas de los crímenes cometidos en el marco de una guerra auspiciada por el gobierno estadounidense en una supuesta lucha contra las drogas. Hoy no podemos aceptar la nueva ofensiva del gobierno de los Estados Unidos que, con la excusa de invertir para la paz, pretende prolongar el intervencionismo y la guerra para consolidar sus negocios. Llamamos a todas las víctimas a estar alertas ante esta pretensión. Consideramos urgente y necesario fortalecer los procesos organizativos, incrementar la movilización y la lucha por la defensa de la soberanía nacional. No abandonaremos como objetivo colectivo la derrota de la impunidad, la exigencia de las garantías de no repetición y la conquista de la paz al servicio de los intereses y los derechos del pueblo colombiano 110.

17-2-2016, La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, comisión conformada entre el Gobierno y las FARC como parte de los diálogos de La Habana, presentó su informe en Febrero del 2015, llamado “Contribución al entendimiento del conflicto armado en el Colombia: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, en el cual no se menciona, en ninguna de sus 809 páginas, las violaciones a los derechos y el etnocidio de los pueblos étnicos en Colombia. ¿Por qué no se incluyó al pueblo negro en este voluminoso informe? ¡Es tan inexplicable como inadmisible! … El pueblo afrocolombiano ha sido particularmente sometido a niveles de discriminación de hecho y de racismo, explotación e injusticia por su origen, cultura, y no reconocimiento como pueblo y, como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padece tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica, étnica y social, al punto de sufrir un etnocidio por causa de la ofensiva económica capitalista salvaje sobre sus territorios y por el conflicto armado. En tanto no se resuelva este problema y no sean reparados los daños de la guerra al pueblo afro, sus potencialidades económicas, políticas, sociales y culturales jamás podrán desenvolverse en toda su magnitud y ocupar en el concierto nacional el lugar que le corresponde por su historia milenaria y la grandeza espiritual como pueblo afro. En Colombia será posible desarraigar la opresión y la discriminación racista sólo si se reconocen en todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos étnicos que la han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo, en todo sentido. Por esto todos los asuntos de interés directo para los pueblos ancestrales demandan ser tratados por ellos y con ellos no con injerencia de agencias de cooperación como la USAID, agencia del país más comprometido con el exterminio del pueblo negro en Colombia y el mundo. Vivimos la exclusión del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal de la Agenda de Paz del Gobierno, como otra muestra del racismo estructural de las clases en el poder, que no sólo niega la violencia ejercida sobre este pueblo de forma sistemática, sino que niega la reparación histórica a la cual tiene derecho por los daños e impactos del conflicto armado, el terrorismo de Estado y el etnocidio aplicados sobre él y por la devastación de sus territorios por cuenta de la violencia del modelo económico extractivista. La inclusión de la Agenda de Paz del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal en los diálogos es ante todo una obligación del Gobierno. El Gobierno y las organizaciones insurgentes deben asumir el tema étnico en general y el étnico afro en particular, como una parte esencial de la salida política al conflicto. Este es el punto de partida de un enfoque diferencial en los procesos de justicia reparativa con el pueblo afrocolombiano como sujeto colectivo, portador de derechos en su condición de Víctima y de autoridad étnica con jurisdicción especial, con un derecho propio y un sistema de justicia propio que actúa dentro de los derechos del sujeto colectivo como una opción alternativa de justicia considerada viable y legítima, para lo cual seguiremos aprovechando todo espacio institucional nacional e internacional que exista. Demandamos el cese del modelo económico extractivista, energético, portuario, turístico y de monocultivos, de infraestructura y cultivos de uso ilícito en territorios negros porque ha dejado violencia, exterminio y etnocidio. El tema de la identidad y derechos de los pueblos afros constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Colombia, por esto debe estar en la mesa de negociación con participación directa de las organizaciones de los indígenas y el pueblo negro, afrodescendiente, palenquero y raizal. Es importante que se reconozca que el pueblo afrocolombiano está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común es decir diversas expresiones organizativas. Que las mesas de negociación gobierno-guerrilla reconozcan y respeten la identidad y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo afrocolombiano, dentro de la unidad de la nacionalidad colombiana y como componente de dicha unidad. Exigimos el pleno ejercicio de sus derechos y participación política, entorpeciendo su plenitud de valores, la rica fisonomía plural y cultural de Colombia. Crear en el marco del decenio de los afrodescendientes una Comisión de la Reparación Histórica que estudie los impactos de la esclavitud sobre nuestro pueblo como crimen de lesa humanidad declarado en la Conferencia de Durban y sus impactos actuales en la sociedad colombiana, pero que a la vez investigue sobre los impactos del conflicto armado y sus consiguientes reparaciones éticas, educacionales, económicas de acuerdo al etnocidio perpetrado. Esta Comisión no puede estar en manos ni del Gobierno ni de las FARC, de ninguno de los actores del conflicto armado, ¡sino en manos del mismo pueblo afrocolombiano! Los contenidos sobre derechos del pueblo afrocolombiano serán desarrollados por una Comisión de Paz y reparación colectiva. Reconstrucción de la memoria de las violaciones y del etnocidio al pueblo afro sin pactos de silencio sobre la verdad del etnocidio: la persistencia de la memoria: conformación de una Comisión Histórica para la reconstrucción de la memoria y de la Reparación Histórica del pueblo afro. Adelantar una reunión de la mesa del Gobierno y las FARC de La Habana, y con la que inicie con el ELN, con líderes afrocolombianos para exponer estas problemáticas y líneas de trabajo de acuerdo a una agenda concertada tanto con el Gobierno como con las FARC, para exponer de forma detallada el etnocidio al que ha sido sometido el pueblo afrocolombiano por acción u omisión del estado y dejar claras las exigencia en materia de justicia social y económica, así como de libertad política. Institucionalizar el decenio afrodescendientes declarado por la ONU en Colombia para el pueblo afrocolombiano. Cuyos ejes fundamentales sean, Reparación Histórica, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, que debe materializarse en un Plan Decenal de cumplimiento y restablecimiento de los derechos étnicos, económicos, sociales, políticos y culturales del pueblo afro, en los territorios ancestrales y espacios urbanos donde habita la nueva diáspora étnica afro en Colombia. Abogamos por una Asamblea Nacional Constituyente y exigimos su convocatoria para sellar un nuevo modelo social, económico, político y cultural, para el país y para las etnias en Colombia 111.

9-3-2016, A principios de marzo del 2016, representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil: CUT, CGT, CTC, CPC, Cumbre Agraria, Movimiento E24, Dignidad Agropecuaria, Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, enviaron una carta al Presidente de Colombia por su incumplimiento y negligencia para atender las demandas del pueblo Colombiano. En ella expresaron que el movimiento social, centrales obreras, camioneros, taxistas y demás iniciativas ciudadanas, preocupados por la situación económica, política y social del país, impulsaban un gran paro Cívico Nacional. Si el Presidente Santos había establecido como parámetro inamovible en el proceso de negociación con las FARC -trasladado también al proceso con el ELN-, que no se podía tocar “el sistema político y el modelo económico”, las organizaciones de la sociedad civil le plantean lo opuesto como uno de los requisitos para que la Paz sea efectiva y alcance a todo el pueblo y que no sea algo sólo entre Gobierno y las guerrillas. Las organizaciones expresaron su respaldo al proceso de Paz, mientras dejaban clara su oposición a la política económica del Gobierno que no garantiza una Paz estable y duradera 112. Más que una protesta la plantearon como un llamado para que el Gobierno entienda que la crisis social del país, y los problemas como el paramilitarismo y la corrupción, van en contra de los contenidos que se negocian en Cuba. La ex-Senadora y líder de Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba dijo: “Aquí todos apoyamos la Paz, pero es que hay muchos problemas que nos hacen pensar que se va acabar el conflicto pero que el país va a seguir en las mismas en temas de derechos humanos y políticas sociales... Nos preocupa el paramilitarismo, siguen asesinando a líderes de izquierda y por eso salimos a protestar contra un Gobierno que quiere acabar la guerra con las FARC pero que no escucha las necesidades de la gente”. Sin dudas, lo único que busca el Gobierno de Santos con los diálogos de la Habana es “desarmar y desmovilizar la insurgencia para que todo siga igual” 113. Los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales y laborales expresaron que actuaban movidos por el fracaso en las negociaciones del Salario Mínimo Legal, la absurda y arbitraria venta de ISAGEN, el escándalo de REFICAR, el anuncio de la Reforma Tributaria lesiva para los sectores populares, la liquidación de CAPRECOM y de SALUDCOOP, el incumplimiento para con los pensionados y los trabajadores sobre un Acuerdo suscripto con el Presidente Santos para reducir los aportes en salud del doce al cuatro porciento y el restablecimiento del valor del recargo nocturno y los dominicales y festivos, por la constatación de los incumplimientos a los Acuerdos suscriptos con Dignidad Agropecuaria, Cumbre Agraria, así como con la cruzada camionera, taxistas y otros sectores; sumando a lo anterior, la nociva agenda legislativa, el alto grado de empobrecimiento de los campesinos y la mayoría de la población, el alto costo de la canasta familiar y el transporte público, el desempleo, la informalidad, la impagable deuda externa, todo ello producto de un modelo económico neoliberal regresivo. Conoce usted, señor Presidente, la tragedia que vive nuestra niñez en muchos lugares de Colombia donde, en una macabra danza de la muerte miles de niños fallecen de hambre, sed y toda clase de enfermedades, por el abandono de su Gobierno y de una clase dirigente arrogante y mezquina. El paramilitarismo lejos de desmontarse, sigue rampante en el territorio nacional sembrando muerte y terror, constituyéndose en un obstáculo y una amenaza para las garantías que deben gozar las ciudadanías para el pleno ejercicio de sus derechos y pervivencia en el territorio. Las organizaciones firmantes apoyamos las negociaciones del Gobierno nacional con las guerrillas para poner fin al conflicto interno, impulsaremos el mecanismo de refrendación que acuerden las partes y pedimos total compromiso en el cumplimiento de lo acordado. El momento exige el máximo de responsabilidad para evitar más frustraciones para nuestro pueblo y poder concretar el anhelado Acuerdo de Paz. Pedimos al Gobierno nacional que de la misma manera que se negocia en La Habana, se atiendan los reclamos y la participación de los sectores gremiales y sociales, y se respete la protesta ciudadana. En este orden de ideas nos permitimos plantear, el Comando Nacional Unitario y la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas, las principales exigencias que requieren de una respuesta urgente de parte de su Gobierno: 1. Desarrollar un programa estructural con medidas de emergencia para el pueblo guajiro y otros más donde la hambruna y la muerte de la niñez, es una vergüenza para Colombia. 2. Cumplimiento de los Acuerdos firmados entre el Gobierno y las diferentes organizaciones representativas de los trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, indígenas, transportadores y empresarios agrarios. 3. Frente a la carestía de la vida, demandamos alza general de salarios y del subsidio de transporte, con equidad salarial para las mujeres y reducción de las tarifas de los servicios públicos y el transporte. Disminución del costo de la canasta familiar y el establecimiento de mínimos vitales. 4. Defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol (construcción del PMRB, no a la venta de las filiales ni al cierre de campos petroleros) y las empresas públicas territoriales, entre otras: Aseo, ETB, EAAB, EEB, Emcali y la participación del Estado territorial en ISA, ISAGEN. 5. Evaluación y revisión de los Tratados de Libre Comercio. Defensa de la producción nacional, tanto agropecuaria como industrial, mediante mecanismos arancelarios, tributarios, financieros, (condonación parcial de deudas y rebaja de intereses para los afectados por el verano), entre otros. Rechazo a la importación de alimentos con arancel cero y el desmonte de las licoreras. 6. No a la privatización de la salud y la educación a cargo del Estado y demandamos Incremento presupuestal para estos sectores. Dignificación de la salud de los y las docentes y pago de deudas laborales. Reforma universitaria democrática y concertada y la condonación de deudas de estudiantes con el ICETEX y fortalecimiento presupuestal del SENA. 7. Promoción del empleo en condiciones de trabajo digno y decente, política de formalización laboral y ampliación de las plantas de personal en el sector público y privado, con quienes cumplan funciones permanentes y misionales, así como protección del derecho al trabajo y acceso al espacio público para los informales. 8. Promover un ordenamiento territorial con base a la protección del medio ambiente, el agua como un derecho humano fundamental y los ecosistemas estratégicos esenciales para la vida. Exigimos la moratoria minera, los acatamientos a los fallos de la Corte Constitucional, la consulta previa vinculante y decisoria para los proyectos minero-energéticos y prohibirlos en los cascos urbanos. 9. Reducción de los precios de los combustibles y congelamiento de peajes, así como también, impedir la cesión de corredores viales. 10. La reforma tributaria no puede ser de carácter regresivo, por consiguiente, se elimine las exenciones tributarias a las multinacionales y no se aumente el IVA, ni se amplié su base gravable, ni se impongan cargas tributarias a la clase trabajadora y pensionados y se elimine el cuatro por mil. 11. Defensa de la tierra y los territorios para la producción agropecuaria del campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Fortalecimiento de la economía propia. Substitución concertada y gradual para los pequeños productores de cultivos de uso ilícito. 12. Garantía plena de los derechos humanos, libertades sindicales y no criminalización ni judicialización de la protesta social y reparación colectiva. Desmonte del ESMAD. 13. Fortalecimiento del régimen de Prima Media (COLPENSIONES) y no realizar modificaciones regresivas al régimen pensional. Pleno reconocimiento de los derechos prestacionales de militares y policías en retiro. 14. Disminución de las tasas de interés acabando la especulación financiera, protegiendo al sector de la economía solidaria (cooperativas, cajas de compensación). 15. Definir una política pública concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad, que tenga en cuenta el fortalecimiento de los órganos de control y la justicia 114.

11-3-2016, La Fiscalía indicó que “las facultades del Presidente de la República para alcanzar la paz no deben estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía. El Gobierno Nacional tiene la obligación constitucional de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a la Paz (…) si bien la participación popular es un elemento valioso en una democracia, esto no puede implicar que las facultades del Presidente de la República para alcanzar la Paz tengan que estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía”. Para la Fiscalía someter a un plebiscito los puntos acordados en el proceso de Paz no es la vía pues “el desarrollo constitucional y legal del Acuerdo final para la terminación del conflicto, no puede estar sometido a un resultado electoral. Debe desarrollarse en el marco de las facultades constitucionales del Gobierno, el Congreso, la Rama Judicial, los organismos de control y las entidades públicas para lograr la Paz”. “El fiscal Eduardo Montealegre Lynett considera que en el evento de ganar el no, se limitarían las facultades constitucionales del poder público para alcanzar e implementar la Paz, lo cual sería contrario a la Constitución”. La Fiscalía se basa para su petición en lo que considera es un mecanismo contrario a la Constitución ya que “en el articulado del proyecto de Ley Estatutaria se establece que la decisión adoptada a través del plebiscito tendrá carácter vinculante para efectos del desarrollo del Acuerdo y a que se dispone la obligación de acatar el resultado de la votación, el Fiscal General de la Nación concluyó que el proyecto de Ley parte de un supuesto erróneo, según el cual, adelantar y culminar un proceso de paz en Colombia requiere refrendación. Este proyecto de Ley implica una reforma constitucional de facto, porque modifica las competencias de las distintas Ramas del Poder Público frente al derecho a la Paz (…) en conclusión: el plebiscito no puede ser vinculante para la aprobación del Acuerdo final. El Presidente, tiene plenas facultades constitucionales para adelantar y llevar a buen término un proceso de Paz” 115.

17-3-2016, Entre los Acuerdos incumplidos y la negligencia del Gobierno para atender las demandas del pueblo Colombiano, el movimiento social, centrales obreras, camioneros, taxistas y más iniciativas ciudadanas preocupadas por la situación económica, política y social del país enviamos esta carta dirigida al Presidente Juan Manuel Santos, donde se expresan la demandas que motivan el impulso del gran paro Cívico Nacional. Compartimos la carta con los quince puntos que se agitarán en las jornadas de movilización. Conoce Señor Presidente, la tragedia que vive nuestra niñez en muchos lugares de Colombia donde, en una macabra danza de la muerte miles de niños fallecen de hambre, sed y toda clase de enfermedades, por el abandono de su Gobierno y de una clase dirigente arrogante y mezquina. El paramilitarismo lejos de desmontarse, sigue rampante en el territorio nacional sembrando muerte y terror, constituyéndose en un obstáculo y una amenaza para las garantías que deben gozar las ciudadanías para el pleno ejercicio de sus derechos y pervivencia en el territorio. Las organizaciones firmantes apoyamos las negociaciones del Gobierno nacional con las guerrillas para poner fin al conflicto interno, impulsaremos el mecanismo de refrendación que acuerden las partes y pedimos total compromiso en el cumplimiento de lo acordado. El momento exige el máximo de responsabilidad para evitar más frustraciones para nuestro pueblo y poder concretar el anhelado Acuerdo de Paz. Pedimos al Gobierno que de la misma manera que se negocia en La Habana, se atiendan los reclamos y la participación de los sectores gremiales y sociales, y se respete la protesta ciudadana. En este orden de ideas a continuación nos permitimos plantear, el Comando Nacional Unitario y la Coordinación de organizaciones sociales y políticas, las principales exigencias que requieren de una respuesta urgente de parte de su Gobierno: 1. Desarrollar un programa estructural con medidas de emergencia para el pueblo guajiro y otros más donde la hambruna y la muerte de la niñez, es una vergüenza para Colombia. 2. Cumplimiento de los Acuerdos firmados entre el Gobierno y las diferentes organizaciones representativas de los trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, indígenas, transportadores y empresarios agrarios. 3. Frente a la carestía de la vida, demandamos alza general de salarios y del subsidio de transporte, con equidad salarial para las mujeres y reducción de las tarifas de los servicios públicos y el transporte. Disminución del costo de la canasta familiar y el establecimiento de mínimos vitales. 4. Defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol (construcción del PMRB, no a la venta de las filiales ni al cierre de campos petroleros) y las empresas públicas territoriales, entre otras: Aseo, ETB, EAAB, EEB, Emcali y la participación del Estado territorial en ISA, ISAGEN. 5. Evaluación y revisión de los Tratados de Libre Comercio. Defensa de la producción nacional, tanto agropecuaria como industrial, mediante mecanismos arancelarios, tributarios, financieros, (condonación parcial de deudas y rebaja de intereses para los afectados por el verano), entre otros. Rechazo a la importación de alimentos con arancel cero y el desmonte de las licoreras. 6. No a la privatización de la salud y la educación a cargo del Estado y demandamos incremento presupuestal para estos sectores. Dignificación de la salud de los y las docentes y pago de deudas laborales. Reforma universitaria democrática y concertada y la condonación de deudas de estudiantes con el ICETEX y fortalecimiento presupuestal del SENA. 7. Promoción del empleo en condiciones de trabajo digno y decente, política de formalización laboral y ampliación de las plantas de personal en el sector público y privado, con quienes cumplan funciones permanentes y misionales, así como protección del derecho al trabajo y acceso al espacio público para los informales. 8. Promover un ordenamiento territorial con base a la protección del medio ambiente, el agua como un Derecho Humano fundamental y los ecosistemas estratégicos esenciales para la vida. Exigimos la moratoria minera, los acatamientos a los fallos de la Corte Constitucional, la consulta previa vinculante y decisoria para los proyectos minero-energéticos y prohibirlos en los cascos urbanos. 9. Reducción de los precios de los combustibles y congelamiento de peajes, así como también, impedir la cesión de corredores viales. 10. La reforma tributaria no puede ser de carácter regresivo, por consiguiente, se elimine las exenciones tributarias a las multinacionales y no se aumente el IVA, ni se amplié su base gravable, ni se impongan cargas tributarias a la clase trabajadora y pensionados y se elimine el 4×1000. 11. Defensa de la tierra y los territorios para la producción agropecuaria del campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Fortalecimiento de la economía propia. Sustitución concertada y gradual para los pequeños productores de cultivos de uso ilícito. 12. Garantía plena de los Derechos Humanos, libertades sindicales y no criminalización ni judicialización de la protesta social y reparación colectiva. Desmonte del ESMAD. 13. Fortalecimiento del régimen de Prima Media (Colpensiones) y no realizar modificaciones regresivas al régimen pensional. Pleno reconocimiento de los derechos prestacionales de militares y policías en retiro. 14. Disminución de las tasas de interés acabando la especulación financiera, protegiendo al sector de la economía solidaria (cooperativas, cajas de compensación). 15. Definir una política pública concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad, que tenga en cuenta el fortalecimiento de los órganos de control y la justicia. Firman: CUT, CGT, CTC, CPC, Cumbre Agraria, Movimiento E 24, Dignidad Agropecuaria, Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera 116.

19-3-2016, En medio de una crisis con varios ingredientes (San Andres, proceso de Paz y bancarrota económica), la acción popular es otro síntoma de las problemáticas que sacuden al régimen. El Paro cívico del 17-03-2016 fue una jornada de movilización popular con diferentes manifestaciones regionales por su composición social, sus demandas y número de participantes. En Bogotá educadores, funcionarios estatales, estudiantes universitarios y de secundaria, vendedores ambulantes, usuarios de Transmilenio, usuarios de la salud, mujeres, indígenas, afros y otros movimientos sociales adelantaron diversas acciones para exigir del gobierno nacional y distrital la solución y atención de las demandas del Pliego general de 15 puntos. La protesta popular se sumó a un cuadro explosivo de crisis en el Gobierno Nacional, al darse simultáneamente la noticia sobre San Andrés, los problemas en la Mesa de diálogos de La Habana y el deterioro de la economía y los ingresos fiscales del Gobierno, que están en picada. Lo que interesa destacar por ahora es el desconocimiento gubernamental de las reivindicaciones y peticiones planteadas como plataforma de acción del paro cívico y la protesta popular. No asumir tales reclamos es otra forma de torpedear la Paz con justicia social que todo el país quiere ver como un hecho con la firma de un Acuerdo final en la Mesa de diálogos de La Habana 117.

9-5-2016, El ex-Presidente Alvaro Uribe asegura que los Acuerdos que se hicieron en el Preámbulo del proceso, garantizan la impunidad y nivelan a las Fuerzas Armadas con las FARC. Instó a una movilización masiva de resistencia civil a los colombianos que estén en desacuerdo con el Pacto de Paz que el Gobierno y las FARC firmen en La Habana para la terminación del conflicto armado interno. Uribe insistió en que el Acuerdo con esa guerrilla es “un Acuerdo de impunidad total” porque “nivela a las Fuerzas Armadas con el terrorismo” y “no hay cárcel para (autores) de delitos atroces”. Cuando se acepta el delito “no hay nada equivalente a medida de aseguramiento ni a reclusión carcelaria, habla de una restricción de movilidad y es donde dicen las FARC que su movilidad será por todo el país”. Cuestionó que los autores de delitos atroces puedan ser elegidos a cargos de elección popular. Calificó de “muy grave” que “el Gobierno haya aceptado en el preámbulo de los Acuerdos que nuestro modelo económico y social es revisable por las FARC. Se necesita un balance entre Paz y justicia y cuando no hay justicia, no hay Paz”. Los opositores de ese Acuerdo no serán “adherentes de ese tratado de impunidad total que está haciendo con las FARC”. Con respecto a la participación de Estados Unidos en el proceso, aseguró que el delegado de este país para el proceso de Paz, Bernard Aronson “le ha aceptado todo a las FARC” y esto no ha sido de gran ayuda, debido a que el Congreso de EUA apoya los esfuerzos por la Paz “pero con las penas adecuadas, la ratificación la cual debe darse con la participación del pueblo colombiano” 118.

12-5-2016, Desde La Habana, Cuba, las personas que tienen en sus manos la negociación de la Paz en Colombia divulgaron su más reciente iniciativa: introducir el Acuerdo final entre Gobierno y FARC a la Constitución de 1991. Sería un artículo transitorio que reconocería a ese Acuerdo final como un “Acuerdo Especial”, según los preceptos humanitarios que reconocen los Convenios de Ginebra. El Jefe de la Delegación colombiana, Humberto De La Calle, explicó que aunque no es un tratado internacional -como lo son los propios convenios de Ginebra-, sí sería parte del bloque de constitucionalidad. El Acuerdo con la guerrilla sería considerado una regla del más alto nivel. Hacerlo así, aseguró De La Calle, le daría la “relevancia extraordinaria que implica la terminación de la guerra”. La fórmula para lograrlo es agregar ese artículo transitorio en el acto legislativo 04 del 2015, el que se presentó para modificar la Constitución de manera temporal y le da facultades especiales al Presidente Santos para expedir Decretos que tengan fuerza de Ley y faciliten la implementación del Acuerdo final. En el Congreso, sin embargo, ya van por el sexto debate de ese acto legislativo. ¿Se puede agregar un artículo transitorio como éste relacionado con los diálogos de Paz? Eduardo Montealegre, en su último día como Fiscal, presentó ante la Corte Constitucional un documento de 89 páginas pidiéndole lo mismo: que reconozca el Acuerdo final con las FARC como Acuerdo Especial, que no dependa de la aprobación a través de un plebiscito sino que se entienda como el Presidente ejerciendo su deber de buscar la Paz. Humberto De La Calle aseguró que entre las medidas que se están analizando para implementar el Acuerdo final con las FARC sigue en pie la idea de la refrendación popular. Constitucionalistas como Jaime Córdoba Triviño, ex-Magistrado de la Corte Constitucional, señalan que ese camino, el de la “voz del pueblo”, es el más viable. Córdoba Triviño aseguró que después de un mecanismo popular podrían buscarse otros para incorporar el Acuerdo final a la Constitución, pero que hacerlo de forma automática le resultaba difícil. Córdoba Triviño, el constitucionalista Rodolfo Arango y otros más consultados señalaron que el Acuerdo final que se firme en La Habana no puede ser considerado un Acuerdo Especial ajustado a los preceptos del Derecho Internacional Humanitario porque su contenido sobrepasa, precisamente, de lo humanitario. El ex-Magistrado Córdoba Triviño manifestó: “Los Acuerdos que autoriza el DIH son para la humanización el conflicto, no propiamente tienen como vocación el asentamiento de la Paz. No crean un Acuerdo jurídico. El Acuerdo (con las FARC) comprende varias elementos, como el cese de hostilidades”. Rodolfo Arango dijo: “Creo que es una posición equivocada la del Gobierno y la del ex-Fiscal Montealegre. Se está confundiendo el contenido humanitario que puedan tener los Acuerdos de La Habana con el contenido completo del Acuerdo final. Incluye temas de tierras, participación política, asuntos que trascienden totalmente un Acuerdo humanitario. En mi criterio, no es posible darle trato de Acuerdo Especial a los Acuerdos de La Habana”. Otro ex-Magistrado de la Corte que omitió su nombre dijo: Es imposible que se le siga dando a las FARC un tratamiento de organismo internacional. No lo es. Un Acuerdo de esa naturaleza para blindar el Acuerdo final tiene que ser entre naciones o entre una nación y un organismo internacional. Realmente estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes para poder lograr que las FARC atiendan los clamores de no seguir asesinando ni secuestrando, pero ya lo que está ocurriendo es excesivo”. Otra duda que genera el anuncio es si se puede o no introducir un artículo transitorio en el Acto Legislativo 04 del 2015. Cuando hay propuestas en el Congreso, sean proyectos de Ley o propuestas para modificar la Constitución, se supone que se tiene que mantener el “principio de consecutividad”. Es decir, que la iniciativa que discutan los congresistas sea la misma de principio a fin. Según Rodolfo Arango, introducir un nuevo artículo es descabellado: “Eso se cae. Introducir algo totalmente nuevo en el sexto debate estaría viciado de constitucionalidad. La Corte podría tumbarlo en el control de constitucionalidad, no tiene mucho sentido. Me sorprende que se les haya ocurrido, pero en este país de abogados todo es posible”. Jaime Córdoba Triviño, sin embargo, piensa lo contrario: “No necesariamente incluir el artículo violaría el principio de consecutividad. Si se hace en medio del debate del acto legislativo es viable, así se incorpore en un último debate, siempre y cuando la materia tenga relación con lo que se debate en ese acto legislativo. Aún no hay un absoluto y se va a evaluar si lo que se va a incorporar tiene relación temática con lo que se está debatiendo” 119.

13-5-2016, La Senadora Claudia López y el Procurador Alejandro Ordóñez criticaron el anuncio de un nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. La Senadora se ha limitado a protestar porque el Gobierno hizo una concesión unilateral al aceptar la propuesta de las FARC de considerar el Acuerdo Final un Acuerdo Especial de Derecho Internacional Humanitario. Rechazó que en La Habana le manden al Congreso la redacción de un parágrafo para que el Gobierno lo proponga en el Acto Legislativo para la Paz que está en su última vuelta. Ordóñez no esta preocupado por la dignidad del Congreso sino por el avance de las conversaciones hacia el fin del conflicto armado. Hizo un alegato para sumarse a la resistencia virulenta a todo el Pacto de Paz. El Procurador lanzó su proclama de guerra amenazando al Presidente de la República con acusaciones por supuestamente romper el orden constitucional para entregarle el país a las FARC. Dijo que en La Habana se firmó un tratado internacional que se coloca por encima de la Constitución. El propio Presidente le habría dado un Golpe de Estado al ordenamiento jurídico y se habría convertido en tirano: “Buscan ustedes que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”. Falso. No hay nada automático en el mencionado Acuerdo. Por el contrario las FARC han aceptado que tiene que seguirse el procedimiento que ordena la Constitución para aprobar lo convenido como parte de un Acto Legislativo que le da carácter de Acuerdo especial humanitario y luego se incorpora al bloque de constitucionalidad con el trámite de una ley ordinaria. En los debates y conciliaciones en el Congreso de la República las mayorías decidirán la suerte de ese tema. La Corte Constitucional hará el control del caso “único y automático”. Para Ordóñez: “.. la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes”. Falso. Los Acuerdos que firme el Gobierno están regulados por la Ley 418 de 1997 con la enmienda al Artículo 5to. aprobada por el Congreso en febrero del 2016. Nadie pretende que la sola firma transforma lo acordado en parte del bloque de constitucionalidad. Para que lleguen a ese rango tienen que seguir los tramites de rigor. Para Ordóñez: “Pretenden que ni siquiera la voluntad popular pueda modificar tales Acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro”. Confuso. Con el texto aprobado la Mesa pretende que el Acuerdo de Paz sea un compromiso de Estado y que la implementación sea una obligación de este y los próximos Gobiernos. El darle rango constitucional al Acuerdo, y por tanto a la obligación de cumplirlo con el concurso de todas las instituciones, le da mayor estabilidad que si se queda solo como Pacto de Gobierno pero no lo hace inmodificable. Aun si se llegara a reconocer como Tratado Internacional, sigue el riesgo de que un Gobierno ultra derechista le dé por desconocerlo, no aplicarlo y dejar parte de lo pactado como letra muerta. Ya ha ocurrido y puede volver a pasar. Para Ordóñez: “Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. Lo que ustedes anunciaron conlleva que el pueblo ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana. El Gobierno no tiene la facultad de atribuirse el poder constituyente”. Nada dice el Procurador sobre la novedosa ruta del Acuerdo de Paz en el escenario internacional. Definido como Acuerdo Especial de aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario el Gobierno lo remitirá al Secretario General de Naciones Unidas para que haga los oficios necesarios para que el Consejo de Seguridad lo incorpore como Anexo a la Resolución que aprobó el envío de una Misión de Verificación de la dejación de las armas y del cese el fuego definitivo y a las hostilidades. No se dice que con ese paso el Acuerdo adquiere automáticamente el carácter de Tratado Internacional pero una vez eso suceda y si fuera necesario, el Congreso de la República puede ratificarlo y elevarlo a compromiso ante la comunidad de naciones. Lo que perturba al Procurador es que hay nuevos pasos hacia la firma del Acuerdo de Paz y que se acuda al Congreso para que con sus mayorías le de status de Pacto de Estado de obligatorio cumplimiento. Cuanto más se acerque el fin del conflicto armado y menos argumentos tengan para el llamado a la solución armada, mayor será la oposición 120.

16-5-2016, Tras la carta emitida por el máximo jefe de las FARC, Timochenko, al ex-Presidente y Senador Uribe, en la que lo invita a conversar sobre los diálogos de Paz y las disidencias que este ha tenido en todo su proceso, el Jefe del Centro Democrático le respondió al líder guerrillero a través de un comunicado. Refiriéndose a Timoleón Jiménez, alias Timochenko, como el “médico Rodrigo Londoño”, Uribe sostiene que desde 2012 ha puesto de manifiesto sus preocupaciones sobre las “condiciones” en las que se han desarrollado los diálogos de La Habana. En el texto Uribe no confirma si en efecto, se reunirá con el líder guerrillero, quien lo invitó a hablar sobre el proceso de Paz y las reacciones que se han producido en los últimos días tras el Acuerdo de fórmula jurídica que se realizó en Cuba. El ex-Mandatario hace un recuento de los personajes con quienes se ha reunido y a quienes les ha expresado sus preocupaciones, entre ellos Kofy Annan, ex-Secretario de Naciones Unidas, Alvaro Leyva y el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de Paz en Colombia, Bernard Aronson. “Nuestras preocupaciones y alternativas están por escrito, ninguna audiencia han tenido en el Gobierno ni en las mayorías parlamentarias. El Gobierno nos conmina a adherir a La Habana para lo cual no ahorra formas de intimidación (…) La Paz no está en discusión, están en discusión su eficacia, su sostenibilidad y el riesgo para nuestra democracia”. Advierte que se han triplicado las hectáreas de cultivos ilícitos, así como el pie de fuerza de las FARC, sumado al fortalecimiento militar del ELN. Haber adelantado el diálogo sin cese de actividades crimínales, verificable a través de la concentración supervisada, ha contribuido al aumento de la criminalidad y a la desconfianza en el proceso, ya que, sin esa concentración, se negó a la ciudadanía el derecho de inferir que FARC, con buena fe en la Paz, era ajena a cualquier delito cometido. La exigencia seguramente habría demorado la iniciación del diálogo, pero este habría generado más credibilidad. Vale recordar que el Gobierno ha aceptado al narcotráfico como conexo con el delito político, por ende sin cárcel ni extradición pero con elegibilidad política. Y en cuanto a las conductas que se aceptarían como atrocidades, el Gobierno dice que no hay impunidad porque los responsables serían investigados, juzgados y les impondrían sentencia. Sin embargo, la aceptación temprana de responsabilidad evitaría la cárcel”. En los anteriores términos -sumado al hecho de que los cabecillas no pagarían cárcel y gozarían de elegibilidad política- el Acuerdo genera “ejemplo para que haya más violencia y no garantiza estabilidad (…) la impunidad es partera de nuevas violencias y dificulta el perdón sincero. Que el Gobierno imponga los textos de La Habana, fuerce su incorporación a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico, valido de simulada juridicidad con notoria ilegalidad y desdén por la democracia, causa incertidumbre política y la posibilidad que cambios en el futuro los deroguen” 121.

27-5-2016, El movimiento social articulado en la Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular y muchos otros sectores de la sociedad preparan una nueva jornada de paro, que invita a construir Paz con justicia social y a cambiar el modelo económico. Las razones para movilizarse: Un contexto ajeno a los anhelos de paz con justicia social. Jimmy Moreno, Vocero Nacional del Congreso de los Pueblos, el contexto político actual hay que reflexionarlo en dos ámbitos: el latinoamericano y el nacional, en donde Colombia se la juega en términos de Paz y Movilización. No es posible entender el panorama de nuestro país sin analizar los intereses del imperialismo norteamericano que hoy sostiene de una manera más agresiva una estrategia para recuperar el control de América Latina, y para ello aplica un diseño que destruye a los Gobiernos democráticos, alternativos y al conjunto del movimiento popular. “En esa reflexión vemos la importancia de que los movimientos sociales y populares logremos unificarnos en torno a una acción continental que defienda estos procesos alternativos y democráticos… pero que tenga una perspectiva estratégica para sostener los avances alcanzados. Esta debe ser la hora de los pueblos para asumir un protagonismo mayor en los procesos de cambio y la defensa de lo alcanzado, porque la política del capitalismo nos afecta a todos”. Colombia se encuentra rezagado en el contexto de cambios de la región, ya que aún no se ha podido construir un Gobierno alternativo y democrático, y el contexto resulta más complejo pues el país enfrenta una crisis económica profunda que refleja cómo el capitalismo a través del modelo neoliberal viene en un proceso de degradación de la vida, de los territorios, del planeta, pero es capaz de imponerse ante las crisis y usar estrategias de reacomodo de sus intereses intensificando el modelo en los territorios. También está el tema de la Paz, pues si bien es cierto hay unos procesos de negociación con la Insurgencia, que es respaldado por la Cumbre Agraria, esta señala que el Gobierno Nacional impulsa un modelo de Paz contrario a los intereses de las grandes mayorías. “El Estado en medio de la negociación viene profundizando la política minero energética y la crisis económica; el Plan Nacional de Desarrollo está bajo los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y eso tiene que ver con imponernos reformas tributarias, más impuestos, más despojo de nuestros territorios, más privatizaciones, entre otras cosas”. El contexto es de profunda vulneración de los Derechos Humanos y falta de garantías para la lucha social y política; hechos como los del 1° de mayo del hombre que le estaba disparando a efectivos del ESMAD, resulta ser un montaje para tratar de criminalizar la protesta social y coincide con el avance de la Ley de seguridad ciudadana, que se discute en el Congreso de la República, y el nuevo código de policía que les da facultades para violar nuestros derechos civiles y políticos. Por otro lado, el paro que hicieron los paramilitares el 1° de abril fue parte de una estrategia política y militar, que no solo demuestra su reactivación sino el control sobre unos territorios y la recuperación de otros”. Para Luís Acosta, coordinador Nacional de la Guardia Indígena y miembro de la Dirección de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el contexto en el que se desarrollará la Minga Nacional Agraria Campesina Etnica y Popular, que es el nombre que ha tomado la jornada de paro, es peligroso: “El momento político es de alto riesgo porque aunque aparentemente la guerra se ha disminuido en nuestros territorios, es una guerra silenciosa, de penetración de los proyectos económicos de las transnacionales y de repoblamiento de los grupos paramilitares. Es un momento de cambio de estrategia en donde los medios juegan un papel fundamental de confusión de la gente, aquí uno no sabe cuál es el enemigo, porque nos quieren mostrar que ellos los de la burguesía se pelean entre sí, pero seguramente es una mentira. También es un momento interesante de mucha esperanza”. La jornada del 30 de mayo del 2016 es una oportunidad para levantar un grito de resistencia, “es un campanazo de alerta, un momento para decirles: aquí estamos unidos los pueblos, y es un momento para desenmascarar esa guerra silenciosa y hacerle frente a las políticas del régimen, que son de guerra y violencia en los territorios. El sistema está entero, no es cierto que va a haber paz, hay una situación de desigualdad y esa brecha entre ricos y pobres se distancia cada vez más. Es un momento para la pedagogía, para que la gente entienda que el modelo económico es el causante de las desigualdades, y que la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, los servicios públicos, etcétera, se hayan convertido en un negocio. Es un momento para abrazarnos y compartir con nuestros hermanos afros e indígenas en la lucha. Movilizarse por la defensa de la vida es el mejor ejemplo de construir paz”. Esa realidad de país expuesta por los líderes de la Cumbre Agraria, es compartida por otras organizaciones sociales y políticas, por los camioneros, víctimas, mujeres y sectores sindicales. Por eso vienen impulsando la realización de una nueva jornada de movilización de carácter indefinido a partir del 30 de mayo del 2016. Dicha jornada tiene como propósito central confrontar el modelo neoliberal que como lo expresaron los líderes sociales es un modelo de saqueo, de despojo de los territorios, de empobrecimiento de las comunidades. El paro también permite generar escenarios de articulación para mejorar las condiciones de la lucha social y popular. En ese sentido el Paro, o la Minga como también se ha llamado, adquieren un carácter político porque confronta políticas nacionales del Gobierno, y un carácter reivindicativo porque busca alcanzar unos Acuerdos mínimos para avanzar hacia propuestas de cambios y transformaciones a favor de las comunidades. Según lo expresa Miguel Angel Cassiani Chico, dirigente Nacional de ANAFRO y del Proceso de Comunidades Negras (PCN), “el Paro Indefinido o Minga busca presionar al Gobierno Nacional para que cumpla los acuerdos que se han hecho con la Cumbre. De estos escasamente han cumplido con algunos proyectos económicos para la reactivación del campo en favor de las comunidades negras, campesinas e indígenas y eso no se ha cumplido a cabalidad teniendo en cuenta que está plasmado en un documento firmado con el Ministerio de Agricultura desde hace casi dos años, y esa falta de cumplimiento es la que nos da pie para volver a movilizarnos para exigir el cumplimiento de los Acuerdos”. Los indígenas tienen, además, propósitos adicionales, uno de ellos es el fortalecimiento de la Guardia Indígena. Su coordinador explica: “La Guardia es una iniciativa que retomaron nuestros pueblos de la resistencia milenaria; es una realidad que busca mantener la defensa del territorio y el equilibrio y la sana convivencia de nuestro pueblo. No utilizamos armas, pero sí autoridad. Somos miles y por esto requerimos recursos, financiación para profesionalizar y especializar a la guardia, su funcionamiento, su formación técnica, física y académica, todo lo que esta requiera para desarrollar su labor de defensa del territorio, el agua, la comida y el buen vivir de las comunidades, dentro de la Ley y la Constitución que contempla la Jurisdicción Especial Indígena; la Guardia Indígena es una verdadera realidad de paz y sería de gran apoyo en los territorios en estos momentos que se van a firmar los Acuerdos de Paz. El guardia presta seguridad desde la vida, desde lo humano y no desde lo militar armado”. Según Juvenal, consejero de la ONIC, el pueblo indígena tiene veintiocho mesas de negociación con el Gobierno y mil cuatrocientos dos Acuerdos incumplidos. Por eso ellos han recorrido cada palmo de su territorio, a nivel nacional, para impulsar la participación de los diferentes pueblos indígenas en la preparación y ejecución de esta jornada. Para ellos es fundamental que sus pueblos conozcan las razones de su lucha y lo hagan con el espíritu, el cuerpo y el corazón. Las diferentes voces del Movimiento Social manifiestan que uno de sus propósitos es convocar al conjunto de la sociedad, a los millones de colombianos y colombianas que están cansados de soportar las injusticias de un modelo económico y político que los hunde cada vez más en la miseria y la exclusión. Para Sandra Solano, Vocera Nacional de Confluencia de Mujeres para la Acción Pública “el espacio de la Cumbre es un espacio de unidad que hay que seguir fortaleciendo desde las diversas organizaciones y desde el movimiento social en general. La tarea es salir a enamorar a la gente de este escenario y de la movilización; en esa actitud estamos todos los sectores que aquí confluimos, pero sobre todo para hacer una convocatoria muy amplia que recoja las luchas territoriales, que recoja las luchas de sectores y organizaciones que no hacen parte de este proceso, y esa es la gran tarea desde los territorios y desde los sectores también”. El dirigente nacional de ANAFRO señaló que “venimos haciendo muchas reuniones sectoriales dándole a conocer a los procesos que no están vinculados en la Cumbre Agraria, de la importancia no solo de este espacio sino de que nos movilicemos todos los sectores, incluso procesos independientes que han estado más solos y mucha gente que está suelta. Queremos que se involucren en este gran proceso nacional porque la Cumbre es un proceso para que Colombia entera tenga las garantías que el Gobierno nos debe brindar”. Al igual que jornadas de movilización anteriores, este nuevo momento también busca abrirle caminos a la construcción de la Paz con Justicia Social y como una tarea que corresponde al conjunto de la sociedad. En palabras de Jimmy Moreno, “un objetivo central es la participación en clave de Paz, el Gobierno tiene la oportunidad de sentarse con las comunidades a negociar el conflicto social que tenemos y en esa perspectiva, en la Cumbre hemos dialogado sobre la importancia de poner sobre la Agenda la participación vinculante de las comunidades. En esa línea venimos unificando el pliego y diseños de movilización, en la perspectiva de la confrontación al modelo y la construcción de Paz desde las apuestas populares”. Para Cassiani “una de las exigencias es que nosotros como etnias negras, indígenas y campesinos, tengamos una representación propia en las mesas de negociación, ya que allí se está hablando del campo que es donde nosotros estamos, y lo que vemos es una afectación desde ya en un escenario de ‘postconflicto’ por el modelo que existe. Eso es lo que nos tiene preocupados y por eso exigimos la representación en esos escenarios de dialogo”. Luis Acosta sostiene que el Paro, la movilización, por sí sola es un acto de Paz, “son los ejercicios legítimos de proteger la vida; para los pueblos indígenas la Paz es la vida misma de la gente, no se puede entender como una coyuntura. La Paz es que haya agua, alimentos. El paro es para defender el agua y confrontar a los que quieren acabar la vida de la naturaleza, y como el modelo la quiere acabar hay que derrotar el modelo”. Para Sandra Solano “esta movilización nos va permitir mirar nuestra correlación de fuerzas y ampliarla también. En ese sentido la acción de movilización busca generar presión al Gobierno colombiano para que se siente a negociar con el pueblo; aunque ya con la Cumbre se ha sentado, hay un montón de Acuerdos incumplidos por parte del Gobierno Nacional, y es importante que la movilización sea un elemento de presión pero también de cómo vamos cualificando fuerzas y llamando al conjunto de la sociedad colombiana”. Esta nueva jornada hay que entenderla como un respaldo a los procesos de Paz que buscan una solución política negociada al conflicto armado, económico, social y político. Es una jornada que quiere derrotar el modelo económico, que busca que las decisiones sobre el manejo del país no las tome solo el Gobierno Nacional sino el conjunto de la sociedad, como corresponde a una democracia. Esta Minga, según los líderes sociales se debe aprovechar para difundir esa perspectiva de Paz con justicia social y ambiental, una Paz con cambios y transformaciones. Una Paz construida con participación activa de las comunidades, que presione al Gobierno Nacional a sentarse a negociar los conflictos sociales que golpean a la Nación 122.

30-5-2016, El 30 de mayo inició la Minga Nacional Agraria, Campesina, Etnica y Popular en diferentes puntos del país. Las comunidades campesinas y urbanas salen a las calles con el propósito de defender la Paz y señalar las políticas de Santos que parecen desmentir que el fin del conflicto esté cerca. Robert Daza, vocero del Coordinador Nacional Agrario señaló: “Serán más de cien puntos de concentración en veintisiete Departamentos. Cerca de cien mil personas saldrán a movilizarse”. El anuncio, hecho por los voceros de la Cumbre Agraria, estuvo acompañado del rechazo a las declaraciones del Gobernador de Norte de Santander que señalan la jornada de protesta y ponen en riesgo, según el Consejero Mayor de la ONIC Luis Fernando Arias, a las comunidades del Catatumbo que se unirán al Paro. “Las organizaciones que integramos la Cumbre Agraria respaldamos los procesos de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y queremos que la Paz no sea despejar el camino para las multinacionales”. Robert Daza insistió en que el Gobierno Nacional ha incumplido los Acuerdos a la Cumbre. “Las políticas que se están aplicando en este país apuntan a que en muy pocos años ya no existirán los campesinos y campesinas. No entendemos como en estos tiempos de Paz, el Gobierno nacional en un Acuerdo con las transnacionales y los ricos de este país, aprueban leyes que nos despojan del patrimonio que tenemos como campesinos y campesinas, por ejemplo como la Ley Zidres. Estamos exigiendo al Gobierno que cumpla con todo lo que se ha comprometido en los paros del 2013, 2014 y en las reuniones del 2015. “Llevamos ya dos años de reuniones con Ministros, Viceministros y técnicos del Gobierno nacional y sobre los seis puntos del pliego no hay absolutamente ningún Acuerdo”. Se ha avanzado parcialmente en unas inversiones que el Gobierno se comprometió en algunos proyectos productivos. En todo esto no se han cumplido ni el treinta porciento. En el 2013 Colombia asistió a la movilización campesina más importante del siglo. Los habitantes del campo, cansados de los Tratados de Libre Comercio, el alto costo de los insumos para la agricultura, la nociva legislación aprobada por el Gobierno (Código Minero y Ley de semillas), colmaron la paciencia del sector agrario. En las movilizaciones de entonces se gestó la Cumbre Agraria, el principal escenario de convergencia de organizaciones sociales y populares del país que convocó en el 2014 un paro que logró el establecimiento de una mesa de negociación con el Gobierno Nacional. Desde la instalación del escenario de interlocución, los voceros de la Cumbre afirman que el avance en los puntos estructurales del Pliego de Peticiones son pocos. Si bien los encuentros se mantienen, las discusiones profundas sobre el modelo económico no se han desarrollado. “Queremos que la Paz se construya desde nuestras voces, que genere cambios reales en las condiciones de vida de todos los colombianos y colombianas. Queremos recuperar el patrimonio de nuestra nación para lograr garantías reales en salud, vivienda, trabajo y educación; que los impuestos sean para nuestro bienestar” 123.

1-6-2016, Luego de la decisión de la Corte Constitucional de salvar la cuestionada Sala Administrativa de la Judicatura -instancia del Consejo Superior de la Judicatura eliminada por el Congreso en la Reforma de Equilibrio de Poderes aprobada en junio del 2015-, desde el poder legislativo no han ocultado su inconformismo y malestar. Aunque los legisladores se mostraron respetuosos de la decisión de tumbar parcialmente algunos artículos de la reforma, ya hay quienes abren caminos hacia una Asamblea Nacional Constituyente para poner en marcha una profunda reforma a la justicia. El Presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, dijo que “es muy delicado” que se diga que el Senado y la Cámara de Representantes no podían hacer una reforma porque estaban substituyendo la Constitución. “Esto nos lleva a pensar que este país debe prepararse para una Asamblea Nacional Constituyente que pueda revisar la administración de justicia, un tema fundamental para el país”. De acuerdo a la mesa directiva del Senado la decisión de la Corte es un golpe muy fuerte a la democracia representativa del país pues impera la tesis que hay un “Gobierno de los Jueces”. El Senador de la U Armando Benedetti, coordinador de la reforma en el trámite en el Senado, dijo que “la Corte pasó a legislar en causa propia y es necesario revisar el nuevo desequilibrio. Ya va siendo hora de pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, no para reparar los entuertos de la Paz sino porque es la única vía para organizar el Estado tras un fallo absurdo de los magistrados”. La Senadora liberal y ex-Fiscal Viviane Morales Hoyos dijo que esta decisión demuestra que “hoy en Colombia la Corte Constitucional no tiene límites porque se atribuye nuevas competencias y no tiene control alguno pasando a ser un órgano antidemocrático. El único camino que abre la Corte es el camino de una Asamblea Nacional Constituyente”. La Senadora verde Claudia López Hernández dijo que “esta es una decisión de suma gravedad porque la Corte prácticamente declaró a la rama judicial intocable y a sus Magistrados inmodificables. Esta decisión nos hace reflexionar sobre la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente”. La Senadora Paloma Valencia Laserna “uribista”, consideró muy grave la decisión de la Corte porque “se trata de una limitación a los poderes de constituyente derivado que tiene el Congreso. Es muy grave que la actitud de la Corte sea que es imposible regular la rama judicial”. Aunque el Congreso respeta la decisión de la Corte no se oculta el malestar y se anuncia un debate sobre el tema para la próxima semana 124.

2-6-2016, En una carta enviada a los Representantes a la Cámara el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado cuestionó la aprobación del Acto Legislativo Nro. 157 al considerar que se presentaron vicios de trámite, puesto que se otorgan facultades excepcionales en el marco del proceso de Paz que se lleva a cabo con las FARC. Para el Jefe del Ministerio Público con la aprobación del Acto Legislativo para la Paz se vinculó el Acuerdo Final que se firme en La Habana a un bloque de constitucionalidad aumentándole la categoría a un Acuerdo Especial, hecho por el cual el proceso de refrendación no es obligatorio y no se tendrá en cuenta. Consideró que los Representantes no tenían la competencia para aprobar el Acto Legislativo superando los límites impuestos por la Constitución Política. “Sumado a la inobservancia del principio de consecutividad en el trámite legislativo”. La jurisprudencia establece límites cuando se habla de reformar la Carta Política. Este acto legislativo le otorgó “poder constituyente ilimitado a la Mesa de Conversaciones de La Habana para cambiar la Constitución”. Se podrán hacer modificaciones a la Carta Magna sin un control establecido, hecho que va en contra del ordenamiento jurídico. “Timochenko y el Presidente Santos podrán redactar la Constitución que quieran, al incluir en el bloque de constitucionalidad en sentido estricto el Acuerdo Final, que aún no existe”. La función del Congreso de la República se redujo a una condición de notario frente a las reformas a la Constitución 125.

5-6-2016, El Consejero De La ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), dice que la comunidad Embera, con unos 230 mil integrantes en el país, 100 mil en el Eje Cafetero, está en minga exigiendo sus derechos, aunque apoya el proceso de Paz. Remolinos, una Vereda ubicada a la entrada del Municipio risaraldense de Belén de Umbría, nombre que evoca una comunidad indígena extinta -los umbras (que fueron perseguidos por su lengua, considerada como demoníaca)-, es el sitio en el que se reúnen desde el 30 de mayo campesinos e indígenas de 14 Cabildos o territorios indígenas del Eje Cafetero. Al llegar al sitio se ven grandes extensiones de tierra, en las que unos cuantos terratenientes poseen la mayor cantidad, mientras que unos 40 mil indígenas de Risaralda poseen propiedades colectivas en las que no cuentan con educación, salud ni proyectos productivos para la generación de una economía propia. Varios niños en Pueblo Rico han muerto de desnutrición, en algunos contextos no se les reconoce el asentamiento y necesitan tierra como lo fundamental para seguir perviviendo, así como la promoción de perspectivas culturales que les permitan reencontrarse con sus prácticas y raíces, además de ratificarse en el apoyo a la minga nacional y a los Acuerdos que no les han cumplido. Lo que queremos es que el Gobierno Nacional se siente inmediatamente a negociar, porque si no, esto se va a prolongar. Nosotros estamos preparados indefinidamente. En Risaralda tenemos una necesidad grande, el tema que tiene que ver con creación de la constitución de resguardos indígenas. También tenemos para compra de tierras; hay muchas comunidades que no tienen tierra. Tenemos mucha necesidad en la construcción de escuelas, faltan docentes y los niños estudian en una salita; necesitamos infraestructura como acueductos, vías de comunicación, así como seguridad alimentaria. La producción es precaria en Risaralda, hay muchos niños desnutridos y hemos podido avanzar muy poco. Ojalá el Gobierno Departamental mire en un campo de desarrollo, en el productivo, no solo para los indígenas, sino para los campesinos. Creemos que Remolinos es un centro que nos faculta para llegar a un acceso, porque para llegar acá hay gente que viene de dos días, el tiempo es el que nos da estar acá. Nosotros consideramos que en un futuro muy cercano, por el lado de Remolinos debe haber un campo de tierra para los indígenas, porque acá están los indígenas de Belalcázar, los de Belén. El movimiento indígena colombiano está absolutamente convencido apoyando el proceso de Paz, pero lo que no se puede confundir es con quién se hace la Paz. Ahí está la diferencia. Desde el movimiento indígena creemos que la Paz no se está haciendo con quienes se debe hacer. Solo están el Gobierno y las FARC negociando. El movimiento indígena tiene mucho para aportar a la Paz. También creemos que se está avanzando en una dejación de armas muy significativa, pero el postconflicto, que es el que nos toca con los sectores indígenas, campesinos, ¿cómo va a ser eso? Y ahí hemos querido participar. Pero seguimos apoyando la Paz. Lo que queremos mostrar al país y a las FARC es que el movimiento indígena tiene la capacidad de generar un modelo para el cambio de este país. Porque allá no se está negociando el modelo del cambio, no se están pensando las reformas agrarias para el país. Ahí es donde tenemos esas diferencias. Nosotros tenemos muchos problemas, porque los Emberas creemos en la conservación de la naturaleza y el Estado tiene pensado un modelo económico que no es así. Nosotros vamos avanzando como comunidad Embera, pero también como fuerzas regionales. Esta gran movilización es por falta de cumplimientos del Estado dirigido por el Presidente Santos, pero mucho más allá de esta gran minga queremos mandarle un mensaje para que las partes que están en negociación tengan claro que la Paz tiene que salir adelante 126.

8-6-2016, Declaración política: El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Norte de Santander, reunido en su instancia de decisión periódica con delegados/das de todos los sectores que le componen en el Departamento, los días 5/6 de junio del 2016 en su respectiva sede en la ciudad de Cúcuta, ha deliberado sobre sus objetivos estratégicos y la planeación del Plan de Trabajo trimestral para prepararse ante la convulsionada dinámica política nacional y territorial. La inminente firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera entre las FARC y el Gobierno Nacional, junto al próximo inicio de la fase pública del proceso de diálogo con el ELN, son la previa al fin de la horrible noche de guerra que se ha desarrollado en campos y ciudades en Colombia, que es la derrota sobre el militarismo salvaje impuesto donde han vertido la sangre de los más pobres. El desarrollo de las dinámicas de movilización y paro de la Minga Nacional campesina, étnica y popular en los campos, carreteras y ciudades colombianas, que demandan el serio y oportuno cumplimiento por parte del Gobierno Nacional con el pliego de peticiones hecho en el marco de la Cumbre Agraria y otras más que buscan la creación de condiciones de vida digna para el buen vivir de las comunidades en todo el país, ha demostrado que aunque el desarrollo de los diálogos entre el Gobierno y las insurgencias abre una brecha importante para disputarse el país desde los territorios, no implica el pleno desarrollo de la justicia social como garantía de Paz. El ejercicio de la protesta y la movilización, que debe garantizarse y respetarse como derecho primordial del ejercicio ciudadano, es el mecanismo para materializar en las calles el descontento que mantiene la población y sirve como mecanismo de presión para que sean implementados efectivamente los Acuerdos pactados en la mesa de conversaciones con las guerrillas. La Paz seguirá siendo un campo en disputa, donde el Estado debe comprometerse a desmontar los distintos aparatos de manipulación mediática y represión, como el ESMAD que mediante la brutalidad y exceso abusivo de la fuerza han segado la vida de decenas de ciudadanos inconformes ante la cruda realidad que padecen a diario junto con sus familias. El desmonte total de los diferentes medios de comunicación al servicio de las diferentes estructuras parapolíticas donde se pretende condenar a la guerra al país, así como también debe comprometer todos sus esfuerzos al desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que acechan el movimiento social y popular colombiano, para lograr desarticularlo con la política del terror establecida desde los cómodos y lujosos sillones de las ostentosas casas, las oficinas de terciopelo y grandes fincas donde residen los círculos de personas que han raptado el poder para ponerlo a la postre de sus deseos. La Marcha Patriótica ratifica su compromiso con la Paz de Colombia y la justicia social para el pueblo, y es así como despliega todos sus esfuerzos humanos, materiales e intelectuales para los ejercicios de pedagogía para la Paz en todas las comunidades, y convoca a toda la población nortesantandereana a movilizarse respaldando el cese bilateral del fuego que logra ser un hito trascendental en la confrontación armada que ha padecido el país. Ya no habrá pretextos para que los entes territoriales y los organismos de planeación del Estado expresen la falta de recursos para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades por el desarrollo de la guerra. La Marcha Patriótica convoca a todas las organizaciones que anhelan la Paz, a sumar mayorías para defender y rodear los Acuerdos, y la implementación de los mismos que benefician ampliamente las gentes del Departamento, convocamos a nutrir el movimiento amplio por la Paz y a sus dinámicas. Es hora de construir el gran bloque de la Paz y en contra de la guerra 127.

15-6-2016, Parar sirvió, la Minga Nacional ganó. El 12 de junio de 2016, en la ciudad de Santander de Quilichao, se han firmado diez Actas específicas y una general, entre la Cumbre Agraria Campesina, Etnica y Popular y el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien en voz de los Ministros del Interior Juan Fernando Cristo, de Agricultura, Aurelio Iragorri, de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, como otros altos funcionarios del Ejecutivo, el Viceministro del Interior Guillermo Rivera, el Viceministro de Energía Carlos Fernando Erazo, la Presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Silvana Habib Daza, el Director de la Unidad para Reparación Integral de las Víctimas Alan Jara, el Viceministro de Desarrollo Rural Juan Pablo Díaz-Granados, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, entre otros, acordaron: Garantías para la Movilización Un marco general que compromete al Gobierno a “brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país”, donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de Protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes. En el marco de este Acuerdo se establece que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades (…) movilizadas en el territorio nacional”. Dentro del Acta 002 se señala además, que “el Gobierno nacional se compromete a la creación de una Comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”. Avances para el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCA) En la Comisión de Territorialidad Campesina, en el eje de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el Acta 005 señala que el Gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la Ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. Del mismo modo, esta Acta señala que el Gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas (…) con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”. Esta Acta señala que “el Ministerio de Agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional” lo que significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano. Construcción de apuestas de Paz y autonomías de control social – territorial En materia de Paz, el Gobierno se ha comprometido 1) a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas; 2) se ha acordado construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de Paz; 3) se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo el reconocimiento similar a las guardias cimarrona y campesina; también se acordó iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la Paz entre la Cumbre y el Gobierno nacional. En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, acordamos una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social. Se avanza en la construcción de una política pública minero-energética En materia minero-energética, un muy importante Acuerdo es “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética” para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria; por otro lado, se ha acordado la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia; se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos. Una novedad y avance en esta jornada de Acuerdos, es la ruta acordada para abordar el tema de la relación campo-ciudad, que se iniciará el 17 de junio del 2016 en reunión entre la Cumbre Agraria y los Jefes de Cartera del Interior, y funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Vivienda y de Planeación Nacional. Estas Actas dan cuenta de una extensa Agenda de reuniones de seguimiento y monitoreo a los Acuerdos incumplidos desde el 2014 y a los nuevos Acuerdos de esta jornada de Paro. Siendo quizá la más importante la reunión del 22 de junio del 2016 en la ciudad de Bogotá entre la Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular, con el Presidente Juan Manuel Santos, donde se abordará, entre otros temas, el seguimiento a estos Acuerdos 128.

15-6-2016, La Cumbre agraria y la Mesa Unica Nacional de Interlocución tendrá que dotarse de un instrumento y protocolo jurídico y político para darle estabilidad y blindar los recientes Acuerdos que permitieron el levantamiento de la Minga de la resistencia agraria. Como resultado de un arreglo entre el Gobierno del Presidente Santos y la Minga de la resistencia indígena, campesina y afro, se ha suspendido la movilización y el bloque de las vías, entre ellas la Panamericana, a la altura del Departamento del Cauca. Se han firmado unos documentos y se planearon reuniones ministeriales y presidenciales para el 17 y 22 de junio del 2016. La pregunta que resulta necesario plantearse es si no asistiremos en los próximos días a la conocida elusión del Gobierno y al desconocimiento rampante de cada uno de los Puntos comprometidos. Lo digo porque esa es la experiencia histórica desde el famoso levantamiento de los Comuneros del Socorro en Santander, al finalizar el siglo XVIII, hasta los más recientes paros y huelgas campesinas del 2013, en las que la actual administración asumió unas responsabilidades, que después, una a una, fueron desconocidas por los Ministros y tecnócratas de Planeación Nacional para propiciar la frustración e indignación de las masas. Conociendo tal circunstancia, se explica la decisión de la Mesa de diálogos de La Habana, por exigencia de las FARC, de establecer un instrumento jurídico/político meticuloso y bien pensado para darle estabilidad y seguridad al Tratado final de Paz. Es el Protocolo que se incluye en el Acto legislativo de Paz que en la actualidad está para control de exequibilidad de la Corte Constitucional, y aun así, las fichas parlamentarias de la “mermelada” (reparto de torta clientelista) se dieron mañas para colgar un “mico” (normas, decretos o clausulas gubernamentales que parecen aplicar para todos pero que en su redacción se le introducen la mayoría de las veces de informa intencionada, salvedades que favorecen a unos pocos), que genera incertidumbre, por la mala fe con que se procedió. Es lo que me hace plantear la sugerencia a los dirigentes de la Cumbre agraria, que se encontraran con el Gobierno nuevamente, sobre la necesidad de establecer una herramienta contundente para impedir, que todo lo que se ha incluido en los documentos de cierre del reciente capítulo de la Minga, se haga humo y se tenga que regresar a la acción directa con bloqueos y acciones colectivas. Un ingrediente central en tal sentido tiene que ver con las garantías y respeto por los derechos políticos de las masas agrarias. El reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho. El reconocimiento de la Mesa Unica Nacional como interlocutor directo y legitimo para bloquear el divisionismo y oportunismo que se promueve y paga desde el Ministerio de Agricultura. Un paso en la dirección garantista es la disolución del ESMAD y de todo el mecanismo policial contrainsurgente utilizado para sofocar e impedir el ejercicio de los derechos a la organización y la movilización. Es por tal razón que resulta trascendente el reconocimiento de las competencias de las Guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo el reconocimiento similar a las guardias cimarrona y campesina. Una medida de tal magnitud debe estar acompañada de Decretos y Resoluciones inmediatas. De igual forma es prioritario garantizar el acceso a los medios de comunicación para que la guerra mediática de los poderosos no estigmatice ni enlode los pliegos y el repertorio de la protesta utilizado por los movimientos populares. Se acordó con los campesinos e indígenas, iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la Paz entre la Cumbre y el Gobierno nacional. Que se expidan normas de la mayor jerarquía presidencial y ministerial para dar el reconocimiento institucional y político correspondiente a la Cumbre agraria y demás organizaciones, como interlocutores y agencias legitimas de la sociedad civil. Que el Gobierno expida de manera inmediata Decretos y normas orientadas a perfilar el próximo Estatuto de garantías para los movimientos sociales, consensuado en el documento sobre participación política y democracia ampliada de la Mesa de diálogos de La Habana entre el Estado y las FARC. Configuración de una Gran coalición de organizaciones de la sociedad de la sociedad civil, incluyendo medios independientes, alternativos y comunitarios de comunicación, que se encargue de la veeduría y seguimiento de los Pactos agrarios, la que debe tener todas las garantías y apoyos gubernamentales. Tal alianza debe publicar informes permanentes de advertencia y llamados de atención a las partes para que los problemas que se pretende resolver con los diálogos. De no ser así, lo que viene es pura baba y tal vez allí se esté armando un escenario para que pululen los Venus Albeiros Silvas de marras con sus conocidos fraudes y afrentas a la dignidad popular, que tanto le gustan al Ministro feudal de agricultura, el señor Iragorri. Todo este esquema de blindaje debe ser replicado en las localidades, departamentos y regiones para que las autoridades locales asuman su responsabilidad y competencias respectivas. Como quiera que esta propuesta tenga un referente concreto se presentan los detalles de los Acuerdos hechos en el Cauca entre el Ministro Cristo y las organizaciones indígenas, campesinas y afro descendientes. Se trata de una línea de base que permite medir al instante la implementación y verificación de cada uno de los puntos de las coincidencias. Diez actas específicas y una general se firmaron el 12 de junio del 2016, en Santander de Quilichao (Cauca) entre el Gobierno Nacional y los voceros de la Cumbre Agraria Campesina Etnica y Popular, como Mesa Unica Nacional, como resultado del Acuerdo para levantar el paro tras 15 días de movilizaciones en el país. Principales puntos de lo acordado entre el Gobierno y las comunidades: Campo de garantías. El Gobierno reconoce la protesta social como un derecho y se compromete a hacer un llamado a la no estigmatización y vinculación de la Cumbre y la Minga con grupos armados al margen de la ley. El compromiso consiste en brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país, y a acordar elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos civilistas para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes. Se establece que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades movilizadas en el territorio nacional. Campo de Paz, participación y Derechos Humanos. El Gobierno se compromete a combatir, investigar y judicializar las estructuras paramilitares actuantes en los territorios y a ofrecer garantías de protección a los líderes de organizaciones sociales que son acribillados con la complicidad de los cuerpos policiales y militares. El Gobierno nacional se compromete a crear una comisión de alto nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria. Se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social. Las partes concertarán la creación de un mecanismo de participación efectiva e interlocución directa cuyo diseño y desarrollo se realizará en un plazo de 3 meses. Campo de Tierras. El Gobierno se compromete a explorar la viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas no incluidas en la Ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. El plazo máximo será de treinta días calendario para conformar el equipo y otros treinta para la formulación del instrumento jurídico, incluyendo la financiación de la ruta respectiva. Reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios. Efectuar la identificación física y jurídica de las tierras productivas con el objetivo de restituirlas. Realizar una identificación física y jurídica de las tierras productivas con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra. Reconocimiento político del campesinado por parte del Estado. El Ministerio de Agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional. Derogar la Ley Zidres. Campo minero energético. Se conformará una Comisión conjunta entre la Cumbre Agraria y el Gobierno para revisar los títulos minero energético, contratos de concesión y asociación y otras autorizaciones ambientales relacionadas, otorgados en territorios indígenas, afrocolombianos, campesinos y de comunidades urbanas, para verificar que cumplan con los requisitos legales vigentes. Revocar títulos y autorizaciones ambientales que no cumplan con los requisitos legales y constitucionales. Llevar a cabo de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, liderado por la Cumbre Agraria y apoyado por el Gobierno, que produzca insumos para una política pública en la materia; también se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos. El 17 de junio del 2016 se realizará una reunión entre los voceros de la Cumbre Agraria y los Jefes de Cartera del Interior, y funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Vivienda y de Planeación Nacional para abordar el tema de la relación campo-ciudad. Compartimos adicionalmente el siguiente planteamiento de S. Leukos, para quien “el paro y la movilización de la Minga, es sin duda un reto para el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante el histórico ordenamiento territorial que proponen las comunidades como modelo económico y de desarrollo. Esta propuesta de las comunidades en su pliego implica, necesariamente la inclusión de los planes de vida de las comunidades indígenas, campesinas, afros ante los organismos del Estado. El Gobierno de Juan Manuel Santos debe realizar acciones de política pública y efectividad presupuestal para validar el pleno goce de los derechos de las comunidades como sujetos de derechos”. Adicionalmente, llama la atención sobre que “actualmente, los territorios multi-escalares de movilización de la Minga nacional son el gran nudo central para el Gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, ante los reclamos de las comunidades. Los seis Puntos referidos en el pliego ante el Gobierno, permiten abordar dos elementos esenciales que toman un cauce territorial de resistencia: de un lado, el Gobierno no ha cumplido lo pactado en territorios regionales y de otro, la impositiva implementación de un Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 de corte neoliberal, ineficaz y totalmente ajeno al curso territorial de las comunidades, el cual se impone bajo una línea para impedir los pliegos comunitarios e involucrarlos en un proceso de Paz”. En Colombia, “no hay una política pública consultiva sobre los Planes de vida de las comunidades y los territorios diferenciados e inter-étnicos. Las instituciones ministeriales, ni la legislación del Congreso jamás han propugnado por un diseño participativo local, regional para implementar una política pública nacional de las comunidades étnicas. En algunas ocasiones se ha realizado, pero bajo una labor técnica, pero ello no es consulta, ni participación; vivo ejemplo, los llamados mapas sociales realizados desde las instituciones gubernamentales municipales. Ello es un exabrupto y una falta de respeto para los derechos de las comunidades, pues estas no saben que se hace con esto, ni para que les va a servir de manera actuante o práctica. Los tecnócratas están equivocados con los territorios. Un territorio es más que una delimitación, es todo un contenido “desde dentro”, es una población y el corazón de un pueblo que piensa políticamente, camina bajo signos culturales y se construye fractalmente en espacios geográficos. No hay que enredarse. No existe aún en Colombia un modelo participativo gradual hacia la modelización de los territorios con democracia. Es necesario, en el escenario del 17 de junio del 2016, en las instalaciones del Ministerio del Interior en Bogotá con los Ministros o Viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda, así como el tema para abordar sobre la efectividad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), evaluar las peticiones de las comunidades y avanzar hacia la construcción de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de lo pactado. Estas interlocuciones con el Gobierno, plantea Leukos, no deben quedar en deseos, ni en formas diletantes, si no que sean efectivas para el encuentro del 22 de junio con el Presidente Juan Manuel Santos y este viabilice el camino de participación de manera política la Agenda de lo pactado sobre los hechos no atendidos y omitidos por el Estado. El reto es grande políticamente, para que la inclusión sea verificable de los campesinos, indígenas y afros como sujetos de derecho. Los pueblos han sido víctimas del abandono del Estado. El derecho de las víctimas del país, debe trazarse como una gran línea territorial, incluyente y de acción por reconocer los derechos de manera activa y efectiva de las comunidades” 129.

23-6-2016, El Senador Alvaro Uribe Vélez, principal opositor del proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC, se refirió al Acuerdo de cese el fuego bilateral firmado en La Habana. Manifestó repetidamente que la “la Paz está herida”, una frase que utilizó para referirse a todos los Puntos que repudia de las negociaciones del fin del conflicto armado. Denunció que el Gobierno amenazó con guerra urbana y más impuestos para justificar su claudicación ante el terrorismo. Indicó: “La palabra Paz queda herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros bomba, reclutamiento de niños y violación de niñas no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas”. Otras críticas estuvieron dirigidas al manejo de las leyes de la Corte Penal Internacional sobre los delitos de lesa humanidad. Cuestionó el papel de las FARC como el cartel de cocaína más grande del mundo, alegando que a pesar su riqueza, “su dinero no será exigido para reparar a las víctimas del conflicto armado. La palabra Paz queda herida por un Gobierno que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete a las instituciones en lugar de someterse a ellas”. Criticó la participación política que tendrían las FARC con el Acuerdo, y comparó el proceso de Paz actual con la situación política que vive Venezuela. Cuestionó el Plebiscito por la Paz argumentando que solamente tendrá una pregunta que, en el caso de no aprobarse, el mismo Gobierno amenaza con terrorismo urbano. Denunció que la administración actual ha derrochado recursos publicitarios para apoyar el cese el fuego, y ha negado recursos para los que quieren promocionar el “no”. “En Colombia el Gobierno ha puesto en marcha la guerra a machete entre campesinos, ha aceptado negociar con el terrorismo el modelo democrático, las libertades económicas y las políticas sociales” 130.

27-6-2016, El 23 de junio del 2016, marcó una fecha histórica en Colombia. Se acordó, en el marco de los diálogos de Paz y la Mesa de negociación de La Habana, el cese el fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Para muchas colombianas, este es un anhelo hecho realidad. Sin dejar de compartir el entusiasmo popular, nosotras señalamos que este aún no es el fin de la guerra y que aún queda un largo camino por recorrer en miras a conseguir cambios sociales reales beneficiosos para las trabajadoras, los sectores sociales y los pueblos. Como Grupo Libertario Vía Libre, reconocemos la trascendencia histórica de este Acuerdo para el país, pues es evidente que gran parte de la población no desea vivir más una guerra tan degradada y cruenta como la nuestra, lo que es motivo de celebración para muchas personas y comunidades. En ese sentido, existen varios elementos positivos para reconocer en este Acuerdo, como la significación que tiene que la fuerza insurgente más antigua y duradera de América Latina abandone las armas sin ser derrotada y se culmine por medio de un Pacto el largo enfrentamiento bélico entre este grupo y el Estado, en lo que supone un avance para varias organizaciones políticas populares que buscan que las luchas sociales sean escuchadas en las más altas esferas del poder gubernamental. Aún quedan múltiples retos, reivindicaciones y luchas por desarrollar. El Acuerdo que formalizó una tregua de hecho que con algunos sobresaltos regía entre estos actores armados desde el 2013, marca un salto de calidad en el camino hacia el fin de la confrontación armada. No obstante, consideramos que aún estamos lejos de completar el denominado fin de la guerra, pues todavía quedan pendientes las negociaciones con otros grupos insurgentes más pequeños, pero de gran significancia, como el ELN y el EPL alzados en armas como las FARC desde hace medio siglo, con lo que el Gobierno nacional ha mostrado una pobre voluntad de diálogo. Más aún, consideramos que el fin del conflicto armado no pone fin al conflicto social y político en el que recae su génesis histórica, marcado por factores como la extrema desigualdad social especialmente aguda en el campo, el despojo violento realizado por la burguesía rural y los terratenientes de los territorios campesinos y las políticas de terrorismo de Estado implementada contra los movimientos populares. Apuntamos que este año se ha caracterizado por las olas de movilización de diversos sectores sociales, tanto urbanos como rurales, que han confluido en jornadas de indignación como las del 24 de enero del 2016, la huelga nacional del 17 de marzo y el tercer paro agrario nacional, luchas que a su vez han fortalecido la idea de convocar un contundente Paro Cívico Nacional que haga retroceder las políticas antipopulares del Gobierno. Sectores de los movimientos campesinos, indígenas y negros, junto con obreras, profesoras, estudiantes universitarias y trabajadoras informales, han manifestado su contundente rechazo a las políticas neoliberales de la segunda administración de Juan Manuel Santos, que acrecientan la desigualdad y precariedad social. La mayoría de los sectores movilizados, han insistido en la necesidad de apoyar procesos de diálogo entre el Gobierno y las insurgencias, buscando la realización de una Paz con justicia social y viendo la firma de los Acuerdos como un medio para que las voces de las trabajadoras y los pueblos históricamente excluidos, sean escuchadas.