¿PAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Posición/Año

Gobierno de EUA

Sector Financiero de EUA

Gobierno de Colombia

Paramilitares

FARC

Otras fuerzas en Colombia (ELN)

Otros actores en Colombia

Fuerzas Armadas Colombia

Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades

Gobiernos Latinoamericanos

Unión Europea

2015

19-2-2015, El Secretario de Estado de EUA, John Kerry, reveló que el diplomático Bernie Aronson será el primer enviado estadounidense para el proceso de Paz. De acuerdo con Kerry, Aronson tiene una larga carrera diplomática con experiencia en Latinoamérica, sumado a roles en procesos de paz de El Salvador y Nicaragua. “Su experiencia en esta región es importante, además de ser un ex-Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, es reconocido como un trabajador duro y de ayuda para resolver los problemas y conflictos en Guatemala y El Salvador”. Durante el mandato del Presidente Juan Manuel Santos, el apoyo de Estados Unidos a los diálogos de Paz ha sido total. “Colombia es un aliado crítico para Estados Unidos y estamos trabajando muy duro para promocionar la prosperidad económica en esta nación y en el mundo”. En diciembre del 2014 se reunió con Santos, quien le solicitó mayor apoyo en las negociaciones. Bernie Aronson explicó que su preocupación por Colombia ha sido constante: “Colombia es un país que me importa, tengo muchos amigos ahí. Estoy muy agradecido con ello” 1.

24-6-2015, Estados Unidos reconoció que el proceso de Paz en Colombia se encuentra en una etapa “crítica, quizá la más difícil hasta ahora”, pero instó al Congreso estadounidense a mantener su apoyo a las negociaciones y a avanzar hacia una mayor asistencia al país andino una vez que se logre un Acuerdo. Dos altos funcionarios del Departamento de Estado analizaron ante el Congreso el tenso momento que atraviesa el proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, tras el recrudecimiento del conflicto y la fuerte ofensiva del grupo guerrillero. “Las conversaciones están en una fase crítica, quizá la más difícil hasta ahora”, dijo el Subsecretario de Estado de EUA para Suramérica y Cuba, Alex Lee, durante una audiencia sobre Colombia en un Subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense. “Condenamos el terrorismo de las FARC y estamos de acuerdo con el Presidente Santos, en que estas acciones solo traen la destrucción y el sufrimiento al pueblo colombiano y son completamente incompatibles con la Paz”. El enviado especial de EUA para el proceso de Paz en Colombia nombrado en febrero del 2015, Bernard Aronson, admitió que la escalada terrorista que iniciaron las FARC contra las infraestructuras petroleras y energéticas, con ataques que han matado a policías y militares, es “una mala señal, una señal preocupante. Es un síntoma de que no estamos aún al final del proceso” de negociación. El grupo insurgente suspendió a finales de mayo del 2015 el alto el fuego unilateral e indefinido que había iniciado cinco meses antes, después de que veintisiete guerrilleros murieran en un bombardeo de la fuerza aérea en la región del Cauca, una acción que a su vez respondió a un ataque insurgente que mató a once militares en la misma zona en abril del 2015. Aronson aseguró que el alto el fuego unilateral siempre fue “inherentemente inestable”, ya que no había una supervisión externa. “Hay muchas señales de progreso en las conversaciones de Paz, y también hay una escalada de violencia que pone en duda el compromiso de las FARC” con un Acuerdo. Aronson especificó que no es un “mediador clásico” entre las partes, sino que su actividad va siempre “en apoyo de la agenda del Gobierno colombiano. Estoy disponible para el Presidente Santos y sus asesores para compartir ideas que puedan ser relevantes, y participo en sesiones únicamente con las FARC y en otras únicamente con el Gobierno, porque el Gobierno cree que sería útil educar a las FARC en la política de EUA y su posible apoyo a un Acuerdo de Paz”. En las negociaciones en La Habana “no está sobre la mesa” la posibilidad de que Estados Unidos libere temporal o permanentemente al líder de las FARC “Simón Trinidad”. Durante la audiencia en la Cámara de Representantes, varios congresistas expresaron escepticismo sobre el futuro del proceso de Paz en Colombia, y algunos consideraron una señal preocupante que el ex-Presidente colombiano Alvaro Uribe (2002-2010), un aliado clave de EUA en el Plan Colombia, sea tan crítico con las negociaciones. El Subsecretario Lee expresó que “el apoyo del Congreso estadounidense ha sido fundamental para todo lo que ha conseguido EUA en Colombia”. Instó a los legisladores a no “recortar esa inversión” en un momento clave. Los programas actuales “probablemente seguirán o se expandirán”, según lo que pida el Gobierno colombiano. Durante el año fiscal 2014, Estados Unidos concedió 324,82 millones de dólares en asistencia total a Colombia, y el setenta por ciento de esa suma se dedicó a programas de Paz y seguridad. EUA “lamenta” pero “respeta” la reciente decisión del Gobierno colombiano de desterrar el uso del herbicida glifosato para fumigar cultivos ilícitos, aunque indicó que está teniendo conversaciones “alentadoras” con el Ejecutivo de Santos sobre programas que aseguren la eficacia de la erradicación de coca 2.

23-9-2015, El Secretario de Estado de EUA, John Kerry dijo: “Esperamos que las partes concluyan pronto un Acuerdo final para terminar esta guerra terrible”. El Acuerdo alcanzado en La Habana entre el Gobierno y las FARC sobre justicia trasnacional y desarme supone un “avance histórico” hacia la Paz. “El anuncio hecho hoy en las conversaciones de Paz en La Habana representa un avance histórico hacia un Acuerdo final de Paz para acabar con más de cincuenta años de conflicto armado. La Paz está ahora más cerca que nunca para el pueblo colombiano y millones de víctimas del conflicto”. Telefoneó al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para “felicitarle a él y a sus negociadores por su coraje y compromiso con las conversaciones de Paz bajo condiciones muy difíciles. Aplaudimos al Presidente Santos y sus negociadores por sus esfuerzos para alcanzar una Paz justa y duradera con las FARC. Esperamos que las partes concluyan pronto un Acuerdo final para terminar esta guerra terrible. El pueblo colombiano merece una Paz justa y duradera, y eso será su victoria. Seguiremos apoyando al Presidente Santos y al pueblo colombiano mientras avanzan estas negociaciones”. El respaldo de EUA a Colombia data de “hace más de quince años” y se reforzó el pasado febrero con el nombramiento del primer enviado estadounidense para el proceso de Paz. El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, designó para ese cargo al Subsecretario de Estado Bernard Aronson con la intención de reforzar el papel de Washington en las negociaciones de Paz. Aronson “continuará estando estrechamente implicado en este proceso” 3.


6-1-2015, El Presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley conocida como el referendo por la Paz que busca que los colombianos puedan refrendar en las elecciones los Acuerdos de Paz a los que se llegue en La Habana. “Los referendos constitucionales a los que se refiere la presente Ley podrán coincidir con actos electorales”. Para que así sea, el documento en el que se plasmen los Acuerdos a los que llegue el Gobierno con las FARC en Cuba “deberá ser publicado y difundido para conocimiento de los ciudadanos con anterioridad a la votación. Cuando tales referendos coincidan con actos electorales, los jurados de votación deberán ofrecer a los electores la tarjeta correspondiente a los referendos junto con las demás tarjetas”. Aunque no se ha decidido la forma cómo se avalarán los acuerdos de paz, esta norma establece que se podrán realizar campañas como cuando el país afronta unas votaciones, solo que esta vez no serán por un candidato sino por el “si”, el “no” o la abstención. Para que un referendo se apruebe se necesitan al menos 7,5 millones de votos y la pregunta que se realice en el tarjetón debe ser aprobada por el Congreso. La guerrilla ha reiterado que su voluntad es que se realice una Asamblea Nacional Constituyente 4.

6-1-2015, Santos desmintió un supuesto cese al fuego bilateral con las FARC. “Las instrucciones a Fuerzas Armadas no han cambiado”. No es cierto que se esté ya buscando un cese al fuego bilateral con la guerrilla en desarrollo del proceso de Paz. “Cese al fuego bilateral será discutido cuando llegue el momento adecuado” 5.

31-1-2015, El 31 de enero del 2015 se conoció que el Gobierno de Juan Manuel Santos anunciará la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz con el ELN. La noticia era esperada desde el mes de junio de 2014 cuando el ELN le envió al Gobierno una carta y un video en el que se comprometía a iniciar los diálogos de Paz, tal como indicó para la fecha Piedad Córdoba, encargada de realizar el anuncio: “Esta es una muy buena noticia para el país, comienza una ronda de contactos y de conversaciones para dar inicio a la construcción de una agenda que dé lugar a un proceso de Paz con el ELN. Esta agenda que comienza en el punto de víctimas tiene un gran énfasis en la participación de la sociedad colombiana”. Sin embargo, el mismo día, el Presidente Juan Manuel Santos aseguró que no es cierto que su Gobierno vaya a anunciar en los próximos días el inicio formal de los diálogos de Paz con el ELN. “No es cierto que en las próximas horas o en los próximos días vamos a anunciar el inicio formal de mesas de diálogo con el ELN. Esta mañana circuló una noticia, los medios de comunicación le hicieron eco, que decía que el Gobierno y el ELN anunciarían en las próximas horas la instalación de las mesas de diálogo. Infortunadamente esta noticia no es cierta”. Una vez se llegue a un acuerdo sobre la Agenda de las eventuales negociaciones de Paz con esa guerrilla, “el país y el mundo lo sabrán. Nos falta un camino por recorrer, -y ojalá sea lo más pronto posible- pero no quiero tampoco generar expectativas, o permitir que se generen expectativas falsas” 6.

9-3-2015, Con la participación del Alcalde Gustavo Petro y el Senador Antonio Navarro, el Jefe de Estado Juan Manuel Santos sostuvo que el proceso con el M-19 da luces a los diálogos que se desarrollan en La Habana. Recordó que la ‘lección’ que dejó el proceso con el M-19 “es que sí se puede lograr la paz y que a través de esa Paz se pueden lograr objetivos que no se lograron a través de las armas”. En el marco de la conmemoración de los 25 años de la firma de la Paz con el M-19, el Presidente Juan Manuel Santos instó a las FARC a seguir el ejemplo de desarme de esa guerrilla y sostuvo que ese proceso da luces a los diálogos que se desarrollan en La Habana. “Ese es el mensaje que desde esta ceremonia quiero enviarles a los miembros de las FARC. Miren el ejemplo del M-19, miren lo que lograron hoy 25 años después. Un miembro del M-19 Alcalde de Bogotá (Gustavo Petro); otro, Senador estrella del Congreso de la República (Antonio Navarro), y todos sus miembros haciendo patria”. Recalcó que “este proceso que llevamos en La Habana ha querido, precisamente, acertar aprendiendo de las lecciones del pasado, de sus errores y de sus éxitos. Aprendiendo de los procesos de otros países, pero sobre todo de nuestros propios procesos, de nuestros intentos unos exitosos, otros no”. Manifestó “ustedes (M-19) abrieron el ciclo y yo espero y espero de todo corazón poderlo cerrar con esa Paz con las FARC y ojalá también con el ELN y así terminar el único conflicto armado que subsiste, el más viejo además, en todo el hemisferio occidental, pero sobre todo abrirle las puertas, las ventanas a una Colombia que en Paz no la para nadie” 7.

24-4-2015, El Presidente Juan Manuel Santos sostuvo que no es viable un cese bilateral al fuego con las FARC, teniendo en cuenta que le daría ventaja militar a la guerrilla. El cese bilateral dejaría expuesto al país en caso de que el proceso de Paz fracase. “Un cese al fuego bilateral en este momento deja a los colombianos expuestos a que, si esto fracasa, le habremos dado una gran ventaja militar a la guerrilla como se le dio en ocasiones anteriores”. Pese a que el Gobierno busca acabar con los enfrentamientos armados, no podrá llevarse a cabo un cese al fuego bilateral. “Por eso la decisión es no aceptar un cese al fuego bilateral ahora, aunque ese es el objetivo final que estamos buscando”. “No hay la menor posibilidad, algunos dicen que la guerrilla no va a entregar las armas, claro que tienen que entregar las armas, de eso se trata todo este proceso, que dejen las armas y sigan sin ellas” 8.

22-5-2015, El Presidente Juan Manuel Santos subrayó que la orden a la fuerza pública ha sido, es y continuará siendo no bajar la guardia en la lucha contra todas las formas de criminalidad en el país. Confirmó que 26 guerrilleros de las FARC fueron abatidos tras un bombardeo ejecutado por las fuerzas militares, en la Vereda San Agustín, en zona rural del Municipio de Guapi, Departamento del Cauca. Advirtió que este operativo se ejecutó contra alias ‘Chugo’, segundo cabecilla del frente 29 de las FARC, responsable del ataque al puesto de policía en isla Gorgona y a la unidad militar que fue emboscada en el Municipio de Buenos Aires y que dejó un saldo de once militares muertos. “Fueron 27 las bajas y un menor de edad recuperado que se encontraba herido y a quien se le prestó atención médica”. Este resultado no es sólo parte de una precisa instrucción, sino también es el resultado de la acción clara y contundente contra el narcotráfico, la minería ilegal, y la extorsión, toda vez que este frente es responsable de las finanzas del bloque occidental de las FARC. “Desde el día que comenzaron las conversaciones en La Habana he sido claro en señalar que las operaciones no se detendrían y no se detendrán. Con esa firmeza, sin tregua ni cuartel, seguiremos combatiendo todas las formas de criminalidad (…) esta es y ha sido siempre la orden, no bajar la guardia”. Este operativo es una acción legitima del Estado en defensa y protección de la ciudadanía. “Estas son las reglas del juego que hemos establecido. La mayoría de los colombianos aplaude este golpe a la guerrilla, pero ya la guerrilla estará pensando en acciones de retaliación, es justamente ese espiral de odio y venganza lo que nos ha conducido a esta guerra de cincuenta años. Debemos transformar en un espiral del reconciliación y perdón. Nuestra meta tiene que ser acabar la guerra y lo más pronto posible, por eso reitero lo que dije hace dos días, señores de las FARC: es hora de acelerar las negociaciones. ¿Cuántos muertos más necesitamos para entender que llegó la hora de la paz?” 9.

22-5-2015, El Ministro del Interior Juan Fernando Cristo elevó un llamado para acelerar las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, luego de que la guerrilla decidiera suspender el cese el fuego unilateral, a raíz de la muerte de 27 subversivos en un bombardeo militar en Cauca. El Ministro aseguró que la guerrilla ya había rotó la tregua desde tiempo atrás con el asesinato de once de nuestros soldados, por lo que en el anuncio “no hay nada nuevo”. Aseguró que no están dadas las condiciones para adelantar un cese el fuego bilateral, por lo que, dada la instrucción del Presidente Juan Manuel Santos, es necesario continuar con la ofensiva. “Los colombianos nos debemos unir en torno a la fuerza pública, que está preparada para cualquier arremetida violenta de este grupo subversivo” 10.

4-6-2015, Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC, avances de la Discusión del Punto 5: “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”. En cumplimiento de lo establecido en el Punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26-8-2012, presentan este Informe Conjunto sobre los avances y acuerdos alcanzados respecto del Punto 5 de la Agenda: “Víctimas”. El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición. Con este propósito el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos alcanzado un Acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial. La Comisión será parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la Paz. Por ello, el Acuerdo logrado sobre la Comisión no puede entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido. Continuaremos trabajando para acordar otros mecanismos que nos permitan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justica y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto. En el marco de la discusión sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, se acordarán los temas cuya concreción depende de la relación entre los diferentes mecanismos del sistema. La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales: 1) En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto. En este sentido saludamos la visita y el pronunciamiento efectuado durante este ciclo, por Zainab Bangura, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, y nos comprometemos a atender sus recomendaciones. 2) En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. 3) En tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios. Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. Así se sentarán las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por esas razones es necesario entender la construcción de la verdad también como una parte esencial de la construcción de la Paz. El éxito de la Comisión dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad, y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto. Por eso, tanto el Gobierno Nacional, como las FARC-EP se comprometen a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. 1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Criterios orientadores: Centralidad de las víctimas: Los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe contribuir además a la transformación de sus condiciones de vida. Imparcialidad e independencia: La Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones. Carácter transitorio: La Comisión será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera. Participación: La Comisión pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de las víctimas del conflicto que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes. Enfoque territorial: La Comisión será una entidad de nivel nacional pero tendrá un enfoque territorial con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosamente de sus territorios. Enfoque diferencial y de género: En el desarrollo de su mandato y de sus funciones, la Comisión tendrá en cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones particulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia, o situación de discapacidad, y de las poblaciones o sectores en condiciones de vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres. Coordinación con otras medidas de construcción de paz: La Comisión se coordinará con los mecanismos que se pongan en marcha para la implementación del Acuerdo Final. En particular, se coordinará, donde haya lugar, con los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios, como consecuencia de la implementación del Acuerdo Final. Reglas de procedimiento: La Comisión establecerá previamente procedimientos que aseguren a quienes participan en ella las debidas garantías, y un trato justo, digno y no discriminatorio. Garantías para los comisionados y las comisionadas: Respecto de su trabajo en la Comisión, los/as comisionados/as no estarán obligados/as a declarar en procesos judiciales, estarán exentos/as del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente. Condiciones de seguridad: La Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará, con las autoridades del Estado, la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias tanto para los/as comisionados/as como para quienes participen en las actividades de la Comisión. Convivencia y reconciliación: Para contribuir al objetivo de la no repetición y la reconciliación, las actividades de la Comisión, en desarrollo de su mandato, estarán orientadas a promover la convivencia entre los colombianos, en especial en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia. Para ello, la Comisión velará porque los espacios o audiencias que establezca sirvan para fortalecer el respeto y la tolerancia, la confianza ciudadana en el otro y en las normas que garantizan la vigencia y el respeto de los derechos humanos. De esta forma la Comisión ayudará también a sentar bases sólidas para la construcción de la paz. Metodología: La Comisión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus actividades, para lo cual adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la Comisión. La Comisión hará pública su metodología. Mecanismo extra-judicial: La Comisión será un mecanismo extra-judicial. En este sentido, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela. Mandato: La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de: Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron. Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior. El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los/as defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos/as, comerciantes y empresarios/as, entre otros. El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición. El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos. El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros. Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros. El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad. Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva. Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. Período objeto de estudio de la Comisión (ámbito temporal): Para abordar los distintos elementos de su mandato la Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación. No obstante, para efectos de cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y múltiples causas del conflicto la Comisión podrá explorar eventos históricos anteriores a éste, teniendo en cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Funciones: Para el cumplimiento de su mandato la Comisión tendrá las siguientes funciones principales: Investigar sobre todos los elementos del mandato a través de las metodologías y formas de recolección y análisis de información que sean necesarias para tal efecto, considerando las generalmente aceptadas por las ciencias sociales, contando con un enfoque de género, y teniendo en cuenta los anteriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia. Esos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios. Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo. Orientar a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen en la Comisión sobre la oferta institucional y otras, para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos. Relaciones entre la Comisión y las víctimas y sus organizaciones: Diseñar y poner en marcha una estrategia de relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones. Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta, durante su funcionamiento, de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión, y asegurar la mayor participación posible. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la Comisión cuente con amplio acceso a medios de comunicación públicos. El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como por ejemplo la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo. Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y al término de su mandato, tomar las medidas necesarias para asegurar su preservación. La Comisión definirá la entidad que será depositaria de estos archivos y los custodiará. Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género, y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGBTI. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y metodología de trabajo. Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones. Establecer su propio reglamento y programa de trabajo. Proceso de selección: La Comisión estará conformada por once comisionados/as. Para su elección se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos. Los/as comisionados/as serán elegidos por un comité de escogencia. Este comité estará compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as tres integrantes restantes serán los/as delegados/as de tres personas u organizaciones que acordemos en la Mesa. Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía. La selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. La selección de los/as comisionados/as también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional. El Comité de escogencia podrá seleccionar comisionados/as extranjeros/as pero estos en todo caso no podrán ser más de tres. El Comité de selección tendrá hasta tres meses para la selección de los/as comisionados/as, contados a partir del cierre de la fase de postulaciones. La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse por mayoría de dos tercios de los integrantes del comité de escogencia. Presidente/a de la Comisión: El/la Presidente de la Comisión deberá ser colombiano/a y será elegido/a de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por el mecanismo que acordemos. El/la Presidente de la Comisión será su principal vocero público, coordinará la labor de los/as comisionados/as, facilitará el buen funcionamiento interno, y dirigirá las tareas de esta, preferiblemente buscando el consenso en el proceso interno de toma de decisiones. El papel del/la Presidente de la Comisión es importante porque constituye al mismo tiempo un referente nacional e internacional. Duración: La Comisión tendrá una duración de tres años incluyendo la elaboración del informe final. La Comisión contará con seis meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión. Compromisos de contribución al esclarecimiento. El Gobierno Nacional, como poder ejecutivo, y las FARC-EP se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión. El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación de terceros en la Comisión, con el fin de que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades, como parte de las garantías necesarias para la no repetición. De conformidad con las leyes aplicables, el Gobierno se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la Comisión para el cumplimiento de sus funciones, y la Comisión, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente. Financiación: El Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del informe final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la ejecución de sus recursos se haga de manera transparente procurando garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias para ello. Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión: Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. La Comisión establecerá el tiempo durante el cual funcionará el comité. El Comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones. Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El Comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comunicación de ámbito nacional y regional. El Gobierno garantizará la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones. 2. Mecanismo de búsqueda. Con el fin de contribuir a satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad, y sin perjuicio de los procedimientos de esclarecimiento que existan o se puedan adelantar durante el proceso de conversaciones de paz, acordamos que a la terminación del conflicto es necesario multiplicar los esfuerzos de búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, bajo cualquier circunstancia. Para ello trabajaremos en un nuevo mecanismo que funcionará en coordinación con la Comisión. 3. La participación de las víctimas y la sociedad en relación con el Punto 5. Dentro de los diez principios para la discusión del Punto 5: “Víctimas”, acordados en la Mesa, la “participación de las víctimas” ocupa un lugar muy importante. Estamos convencidos de que la construcción de la Paz requiere de una activa participación de las víctimas, y en general de las comunidades en los territorios, que en últimas son quienes se verán beneficiadas por las transformaciones que persiguen los acuerdos que hemos alcanzado. Para la Mesa ha sido un objetivo fundamental lograr la mayor participación posible y la recepción de el mayor número de propuestas relacionadas con la discusión del Punto 5. Los avances en el acuerdo del Punto 5 que presentamos hoy se han basado justamente en oír a las víctimas que vinieron directamente a la Mesa y en leer las propuestas de las miles de personas que nos las han hecho llegar a través de los distintos mecanismos de participación. En primer lugar y por primera vez en el marco de un proceso de paz, la Mesa de Conversaciones escuchó de manera directa y recibió las propuestas de un grupo de víctimas del conflicto. El proceso de selección de estas víctimas estuvo a cargo de la ONU y de la Universidad Nacional, con acompañamiento de la Conferencia Episcopal, quienes bajo los principios de pluralismo, equilibrio y sindéresis, buscaron reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que han tenido lugar en el conflicto, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional. Las delegaciones estuvieron compuestas por 12 víctimas y la Mesa oyó a una delegación por cada ciclo, durante los ciclos 27, 28, 29, 30 y 31 de conversaciones. Entre los hechos victimizantes representados se oyeron testimonios sobre desplazamiento forzado, homicidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado de menores, entre otros. Todas las personas víctimas que visitaron La Habana con el fin de expresar sus testimonios, sus propuestas y sus expectativas frente al proceso de Paz y la implementación de los acuerdos ante las dos delegaciones en la Mesa de Conversaciones, coincidieron en resaltar la necesidad de ponerle fin al conflicto. Adicionalmente entre julio y agosto de 2014 se organizaron tres foros regionales (en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y un Foro Nacional en Cali sobre el Punto 5. Participaron tres mil ciento sesenta y dos personas de las cuales el 51,7% eran hombres y el 48,3% mujeres. A estos foros asistieron más de seiscientas organizaciones de víctimas. A la fecha hemos recibido veinticuatro mil trescientos veinticuatro aportes sobre el punto de víctimas, con más de cincuenta y nueve mil referencias a los diferentes aspectos de este Punto, incluidas más de ocho mil seiscientas respecto al tema de “verdad” 11.

5-6-2015, El Jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que la Comisión de la Verdad tiene como objetivos la verdad y la convivencia y que “no mata la justicia” sino permite que quien acuda a ésta tenga derecho a obtener un tratamiento penal especial. “Es necesario asumir las responsabilidades. El que quiere valerse de la justicia para tener un tratamiento penal debe acudir a esta Comisión para reparar de esa manera y de otras a las víctimas”. Esta puede convertirse en uno de los mecanismos de refrendación. “Lo que hemos pactado con las FARC es un primer elemento, con la guerrilla continuamos estudiando los demás instrumentos de justicia para aplicar y atribuir responsabilidades de carácter penal”. Esto no quiere decir que la Comisión asume funciones judiciales. Dentro del esquema integral de justicia está la vía de esclarecimiento (es la Comisión) y la vía de imputación penal -a la que aún no se ha llegado a un Acuerdo con las FARC - en el marco de la justicia transicional. “En el documento ambas partes reconocen la necesidad de un sistema integral judicial, que es el paso más trascendental de lo que se hizo ayer, por la disposición de ambas partes para crear un sistema que contenga verdad y justicia”. Los miembros serán escogidos por un Comité del Gobierno y las FARC, y podrán postularse organismos sociales y personas con alto valor ético “para que se garantice la transparencia”. “Esto lo elegirá un Comité de selección compuesto por nueve personas, tres de ellos serán delegados de instituciones de gran reputación nacional e internacional”. Este podría ser un sistema de posible justicia con las FARC, pero aún no se ha discutido. “Hay distintas opciones, una hipótesis sería una Fiscalía especializada que recoja las imputaciones de carácter penal, seleccione los máximos responsables y aplique la justicia a los altos responsables”. La Comisión de la Verdad solo funcionará cuando se pacte el fin del conflicto porque “nada esta convenido hasta que no esté todo convenido, la Comisión forma parte del Acuerdo que estamos construyendo en La Habana” 12.

12-6-2015, En un documento conjunto las FARC y el Gobierno colombiano informaron que “hemos llegado a un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición […] que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial”. El Acuerdo se produjo el 4-6-2015 cuando el ambiente político por el reciente escalamiento de la guerra estaba enrarecido, lo que restituyó confianza en el éxito de los diálogos. Algunos analistas no han dudado en calificar este logro de la Mesa como “la mejor noticia en los tres años de diálogo del proceso de La Habana”. No obstante, aún quedan diferencias qué dirimir en el punto Víctimas. En tal sentido las Partes se proponen el diseño de un “sistema integral de verdad, justica, reparación y no repetición” que permita satisfacer los derechos de las víctimas, poner fin al conflicto y construir la Paz, lo que conlleva cambios de fondo que tengan como propósito la justicia social, puesto que el carácter académico investigativo de la Comisión va acompañado de la puesta en marcha un proceso social y político democrático. Este Acuerdo Parcial logró desanudar una de las mayores dificultades presentadas, como era la negativa del Gobierno a aceptar la responsabilidad del Estado en el conflicto: Como parte del mandato de la Comisión está “esclarecer y promover el reconocimiento de las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto […] y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad”. Con ello se abre la oportunidad de conocer, por fin, qué es lo que ha pasado en Colombia con relación al conflicto; quiénes, por qué y con qué intereses lo iniciaron y han atizado su prolongación; qué se esconde detrás de cada fracaso de diálogos que ha habido con la insurgencia y qué pudo evitarse de haberse tomado decisiones responsables y acertadas; cuáles han sido las fuerzas oscuras que en todas las etapas del conflicto se han opuesto a la construcción de un Acuerdo que sane las heridas y siente las bases de democracia política y social para una Paz estable en nuestro país. Con el Frente Nacional se prefirió el “olvido” como fórmula para apaciguar y la exclusión política como modelo de Gobierno para la perpetuación en el poder de los partidos liberal y conservador, profundizando las desigualdades y las injusticias en vez de subsanarlas. Toda vez que el período objeto de estudio de la Comisión abarca la totalidad del tiempo de duración del conflicto, con la posibilidad de explorar eventos históricos anteriores, habrá posibilidad de conocer la verdad sobre los responsables de los trescientos mil muertos del período “La Violencia”, de sus masacres y cortes de franela, los crímenes de los chulavitas, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y todas aquellas atrocidades sobre las que nunca hubo esclarecimiento y mucho menos enjuiciamientos. Para lograr este difícil cometido es fundamental que el Gobierno abra los archivos secretos y dé a conocer las investigaciones que haya sobre la responsabilidad que les asiste a instituciones estatales y funcionarios públicos, políticos, gremios económicos, el poder judicial y demás, en el origen y avivamiento del conflicto, en especial lo concerniente a magnicidios, guerra sucia, paramilitarismo, despojo de tierras, desplazamiento forzado “falsos positivos”. También los informes de la Comisión Histórica del conflicto y sus Víctimas serán insumos básicos para el trabajo de la Comisión. El resultado del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad será por primera vez un esfuerzo oficial por descubrir la verdad ontológica del conflicto. Se rompe así la política del Estado signada por la pretensión de sepultar esa verdad y garantizar impunidad a los responsables que son unas pocas familias que, de generación en generación, se han turnado en el poder durante el último siglo. De la misma forma podrá develarse la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación, la rama judicial, el narcotráfico y Estados Unidos. Entre los otros mecanismos que se espera constituir para completar el “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” está una Comisión para investigar específicamente el fenómeno del paramilitarismo. Sin el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo no habrá garantías de seguridad si se firma el Fin del Conflicto. Igualmente, es “imprescindible determinar el alcance y contenido del delito político derivado del ejercicio del derecho a la rebelión”, como lo ha dicho el comandante Iván Márquez, Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP. “Podemos convenir mecanismos extrajudiciales novedosos, incluso de sanción, que partiendo de la verdad que reclaman las víctimas del conflicto, la reparación integral y la no repetición, hallen el camino cierto de la concordia y la paz”. Para ello es necesario enarbolar la Paz como derecho síntesis, tomar en consideración el margen nacional de apreciación y la justicia prospectiva. Si el sistema de justicia no se ajusta a nuestra idiosincrasia, a la historia y condiciones especiales del conflicto colombiano, ni se pone de manifiesto el principio de soberanía, la Paz será esquiva. La violencia de género y la discriminación son como ‘minas en la sociedad’. Así lo definió la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, Zainab Hawa Bangura, luego de visitar La Habana en donde se reunió con las delegaciones de las FARC-EP y del Gobierno y con los representantes de los países Garantes, Cuba y de Noruega, los días 24 al 26 de mayo del 2015. El enfoque de género que revestirá al conjunto de los Acuerdos que surjan en La Habana, además de no tener precedentes en procesos de Paz anteriores, su aplicación en un post Acuerdo será crucial para que la Paz sea duradera y sólida. A la vez es un aporte que puede servir en otros procesos que se propongan la resolución de conflictos. En referencia a que la violencia contra las mujeres está enraizada en las desigualdades estructurales de género y en la discriminación, la representante de la ONU instó a las Partes a “construir sobre esta base en común, y a mirar el proceso de paz como una oportunidad histórica para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad colombiana a través de cambios estructurales” 13.

5-7-2015, Humberto De la Calle dice que no ha perdido las esperanzas, pero advierte que el tiempo y la paciencia de los colombianos se está agotando. Las negociaciones de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, han llegado a su punto más bajo desde que se iniciaron las conversaciones. El Gobierno se podría levantar de la mesa de diálogo si las FARC no demuestran mayor compromiso con el proceso. “Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana. El riesgo es real. Yo sí quiero decirles a las FARC con toda seriedad: esto se puede acabar”. En las últimas semanas, las FARC han realizado una serie de atentados contra la infraestructura nacional, en particular contra oleoductos que han causado daños ambientales que el Gobierno asegura tomarán décadas en recuperar. Los ataques se suman a la emboscada rebelde del pasado abril en el que murieron 11 soldados y que motivó al Gobierno a reanudar sus bombardeos aéreos contra las bases de las FARC en la selva. A partir de eso el grupo armado abandonó su cese el fuego unilateral. Desde el comienzo del proceso, el Gobierno había rechazado el pedido de las FARC de entrar en una tregua bilateral mientras se negociaba; el cese el fuego ocurriría solo con la definición de un Acuerdo. De la Calle reconoció que en ese aspecto han cambiado y aceptarían un cese el fuego antes de la firma de un Acuerdo mientras fuera “serio, definitivo y verificable”. Pero advirtió que “no solo (un cese) del fuego, sino también de las hostilidades, la extorsión, el narcotráfico”. “Yo confío en que seamos capaces de recuperar la serenidad, Este no es el momento de retórica sino de las acciones de fondo. Nosotros seguimos buscando un acuerdo a través de la esperanza” 14.

7-7-2015, El Presidente Juan Manuel Santos afirmó que acoge la propuesta que realizaron los países garantes del proceso de Paz de establecer un Acuerdo de cese el fuego bilateral y desescalar el conflicto en Colombia. El Jefe de Estado dijo que para que esto suceda se deben acelerar las negociaciones con la guerrilla y así acordar el cese el fuego bilateral definitivo “que sea serio y verificable”. Rechazó la propuesta de las FARC, que señalaron que aceptarán un cese el fuego bilateral pero sin dejar las armas ni estar concentrados en ningún lugar, como lo ha propuesto en reiteradas ocasiones el ex-Presidente Alvaro Uribe: “Concentración, verificación y dejación de armas son indispensables”. El Jefe negociador en La Habana, Humberto De la Calle, dijo que para que exista un cese el fuego bilateral deben cesar las hostilidades, la extorsión y el narcotráfico, de forma que sea verificable. “Mi respuesta a las FARC es: si lo que están buscando con estos atentados es un cese del fuego mal hecho no lo vamos a hacer. No habrá cese del fuego estatua. Entre otras cosas porque aquí hay otras fuentes de violencia, distintas a las FARC, y no podemos decirle a la Fuerza Pública que se esté quieta. Si quieren un cese del fuego, el Gobierno está dispuesto a anticiparlo, para lo cual son fundamentales las zonas de concentración. Ese es el camino” 15.

12-7-2015, Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, con el objetivo de: i) Fortalecer la confianza de los colombianos y las colombianas en el proceso de paz, y también la confianza entre las delegaciones; ii) Agilizar la construcción de acuerdos sobre todos los aspectos restantes de la Agenda del Acuerdo General; y iii) Crear las condiciones para la puesta en marcha del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (Sub punto1 del Punto 3 “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General). Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos decidido: I. Hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar sin demoras a la firma del Acuerdo Final, para lo cual cambiamos la metodología por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la Agenda, a la vez que se construyen acuerdos en la Mesa. Para ello definimos un plan con metas preestablecidas. II. En particular, acordar sin demoras los términos del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación. Para ello, las delegaciones solicitarán el acompañamiento en la sub comisión técnica de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de la presidencia de UNASUR (actualmente Uruguay), con el fin de que contribuya a poner en marcha la discusión sobre el sistema de monitoreo y verificación y a preparar desde ahora su implementación, sin perjuicio de la decisión de las delegaciones sobre la participación en el futuro, en el sistema de monitoreo y verificación, de otras organizaciones o países. III. En el entretanto: Las FARC-EP, como medida de desescalamiento mantendrán la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Por su parte, el Gobierno Nacional a partir del 20 de julio pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP. En todo caso el Gobierno Nacional y sus instituciones, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, continuarán garantizando la protección de todos los colombianos y el cumplimiento de la ley en todo el territorio Nacional. El Gobierno continuará persiguiendo el delito y en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades mediante el uso de las armas. En cumplimiento de lo anterior el Gobierno Nacional promoverá el respeto y garantizará el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los colombianos y las colombianas. En cuatro meses, a partir de la fecha, cada una de las delegaciones hará una primera evaluación tanto del cumplimiento de estas medidas de desescalamiento, como de los resultados de los esfuerzos para agilizar los avances de la Mesa, y tomará las decisiones que considere pertinentes. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de dar inicio al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, si se llega a un acuerdo. IV. El Gobierno Nacional y las FARC-EP intensificarán, sobre la base de un cronograma, la implementación de medidas de construcción de confianza 16.

12-7-2015, El Jefe del Equipo Negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, celebró el Acuerdo que se logró con las FARC este domingo para iniciar el desescalamiento del conflicto en el país desde el 20-7-2015, día en que las FARC iniciarán su cese el fuego unilateral que durará cuatro meses. “Es una buena noticia que debe recuperar la esperanza de los colombianos, en momentos en que, como hemos reconocido, ha aumentado el escepticismo (…) la agilización de las conversaciones y las medidas de desescalamiento que sean tomadas por el Gobierno, deben avanzar a la par. En tanto las conversaciones tomen una nueva dinámica, así también lo harán las medidas para desescalar”. Las medidas que tome el Gobierno frente a este dependerá exclusivamente del comportamiento y el cumplimiento de las FARC al cese el fuego unilateral y sin desproteger los derechos de los colombianos. “No hay que confundir las posibles decisiones sobre desescalamiento, que se tomarán para aliviar el sufrimiento de los colombianos, con las condiciones de un cese de fuego y hostilidades definitivo, el cual solo podría ser aplicado con verificación, en un marco de seriedad y de garantías para todos los colombianos”. Trabajarán en los temas más difíciles que comprenden la Agenda de los diálogos de Paz como lo es la justicia, el cese el fuego bilateral y definitivo, dejación de armas y garantías de seguridad. Recalcó que la posibilidad de iniciar el cese bilateral definitivo dependerá además, de los resultados en estos temas, especialmente justicia. “Debemos estar seguros que en esas materias hay aproximaciones sustanciales”. “La oportunidad de terminar el conflicto está viva. No podemos perder la oportunidad de dar por terminado el más largo conflicto interno del hemisferio occidental” 17.

12-7-2015, El Presidente Juan Manuel Santos le dijo a las FARC que en cuatro meses se definirá si continúan las negociaciones en la Habana dependiendo de si el grupo guerrillero cumple con lo prometido. Ha dicho el mandatario de los colombianos que por eso para mí la respuesta es muy clara: Hay que acelerar las conversaciones para llegar cuanto antes al fin del conflicto. Decidieron también avanzar sin demoras en la definición de los términos del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y de la Dejación de Armas. Hizo una advertencia a la guerrilla: las fuerzas armadas están listas para un gradual desescalamiento, si las FARC cumplen. Si no cumplen, estarán listas para enfrentarlas, con la determinación y contundencia con que siempre lo han hecho. “Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó. Y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de si seguimos con el proceso o no”. Iniciamos las negociaciones en medio del conflicto, en medio de la guerra. ¿Y por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado que discutir desde el principio el cese al fuego hace que la negociación se centre en eso y no se avance en los temas de fondo. Porque no podíamos permitir que la guerrilla aprovechara de nuevo esos espacios para fortalecerse militar o políticamente. Porque, sin presión militar, se generaría un incentivo perverso para dilatar las negociaciones. Porque lo que queremos no es un cese de hostilidades de unos meses, sino parar la guerra para siempre. Y, en medio del conflicto, hemos logrado más que nunca. No solo los tres Acuerdos que ya tenemos sobre desarrollo rural, sobre participación política y sobre lucha contra las drogas ilícitas. También se ha escuchado a las víctimas -que por primera vez están en el centro de la solución del conflicto-. Y estamos muy avanzados en la discusión sobre cómo satisfacer sus derechos a la reparación, a la verdad y a la no repetición. Lo que falta es el tema más complejo, que es el de cómo lograr el máximo de justicia que nos permita la Paz. Si llegamos a un Acuerdo sobre ese aspecto de la justicia, podremos decir -sin lugar a dudas- que estamos al otro lado. Las FARC hoy se comprometieron a mantener la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Y si ellos suspenden su ofensiva contra el país, nosotros también procederemos a desescalar las acciones militares. Este desescalamiento no es un cese el fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un Acuerdo definitivo. Acompáñenme en esta recta final. La Paz es de todos. La Paz está en las manos de todos. {LDP: Llamativamente habla de que “la Paz está en las manos de todos”, cuando es él, como líder de la élite que controla el país, el que ha puesto las condiciones de negociar con las FARC sin que intervenga directamente nadie más, salvo expresando su preocupación en una página web o yendo a hablar a La Habana en condición de víctima; además de negar que se negocie el modelo económico y el sistema político.} 18.

15-7-2015, El Presidente Juan Manuel Santos habló sobre los avances del proceso de Paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, con las FARC. Frente a esto aclaró el hecho de que miembros de esta guerrilla deberán pagar por las transgresiones cometidas, por lo que “es fundamental que la guerrilla acepte que va a ser investigada, juzgada y condenada por los delitos que cometió”; de no ser aceptadas estas condiciones “no habrá Paz. En cuatro meses se espera tener listo el lineamiento de cómo se aplicaría el cese el fuego bilateral y “una luz bastante clara que dejará ver si vamos a llegar a fin del conflicto o no habrá Paz”. Aunque “las FARC nunca han jugado limpio” y ejemplo de ello fue la ruptura del cese el fuego unilateral declarado por ellos, cerca del 80% del país sí quiere la Paz, “porque la Paz es darle la esperanza al país de un mejor futuro”. La tregua unilateral de un mes anunciada por las FARC a partir del próximo lunes fue extendida a cuatro meses, el mismo período en que su Gobierno decidirá si sigue negociando la Paz con esa guerrilla. La decisión sería parte del acuerdo de “desescalamiento” del conflicto armado y aceleración del proceso de Paz con esa guerrilla anunciado el domingo en Cuba, donde las partes sostienen diálogos de Paz desde noviembre de 2012 sin decretar un cese el fuego en el terreno. Frente al tema también destacó que “el desescalamiento no es un cese el fuego bilateral. Desescalar es ir apagando el fuego. Pero yo quiero ser muy claro, durante este proceso de quitarle intensidad al conflicto, brindarle seguridad a los colombianos sigue siendo una prioridad. Las fuerzas militares seguirán persiguiendo los delitos con toda la contundencia” 19.

15-7-2015, El Presidente Juan Manuel Santos estableció cuatro meses como un plazo para evaluar el avance en las negociaciones con las FARC y definir si se continua o no con el proceso de Paz en La Habana en Cuba. Puntos claves del Pacto para agilizar en Cuba y desescalar en Colombia: A partir de ahora, la mesa de negociaciones con las FARC en La Habana tendrá una nueva metodología, cuyo fin es “conseguir cuanto antes resultados” para recuperar la confianza del país en el proceso de Paz. Esta decisión se traducirá, en primer lugar, en un trabajo simultáneo de los cuatro puntos “críticos” que falta negociar: justicia, cese bilateral del fuego, dejación de armas y garantías de seguridad para las FARC. La meta es revisar los resultados del desescalamiento en cuatro meses, lo que en la práctica implica que la tregua unilateral de las FARC, anunciada inicialmente para un mes, será hasta noviembre. “Es este, sin duda, un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del proceso de diálogos”, dijo el Jefe de la delegación de las FARC, ‘Iván Márquez’, al referirse al Acuerdo. 1. Fórmula judicial, el trabajo inmediato en la mesa: Para garantizar que en La Habana se avanza en los Acuerdos pendientes mientras en Colombia se baja la intensidad de la guerra, los negociadores del Gobierno y las FARC tienen el imperativo de lograr un Acuerdo sobre justicia que satisfaga a las víctimas, al país y los estándares internacionales. Es el tema pendiente en el Punto de víctimas, pues el de reparación está casi listo y sería anunciado pronto. 2. El papel de la ONU y la presidencia de UNASUR en la comisión de comandantes militares y jefes guerrilleros: Si todo sale bien, el desescalamiento del conflicto debe conducir al cese bilateral y definitivo del fuego. Por eso, la subcomisión del fin del conflicto -integrada por comandantes militares y jefes guerrilleros- comenzará a trabajar también en el detalle del monitoreo y verificación de ese cese del fuego y la siguiente dejación de armas de las FARC. Para eso se integran a esta subcomisión un delegado del Secretario General de la ONU y uno de la presidencia de UNASUR, que está hoy en manos de Uruguay. Usualmente los verificadores son organismos internacionales y tanto la ONU como UNASUR podrían ser parte de la verificación. 3. Resultados en justicia definirán el tránsito hacia el cese bilateral y definitivo del fuego: Dentro de cuatro meses, el Gobierno y las FARC evaluarán los resultados y el cumplimiento de las medidas puestas en práctica en terreno, de lado y lado, para bajar la intensidad de la guerra, pero, también, los avances en la agenda de negociación. Solo si las dos cosas han sido satisfactorias para las partes se avanzará oficialmente al cese bilateral y definitivo del fuego bajo los términos construidos por la subcomisión del fin del conflicto con el apoyo de la ONU y UNASUR. Una fórmula judicial satisfactoria será clave para que se dé el tránsito al cese del fuego definitivo, que pondría fin a 50 años de guerra 20.

25-7-2015, El Presidente Juan Manuel Santos, anunció que serán suspendidos los bombardeos aéreos a campamentos de las FARC. “He ordenado suspender a partir de hoy bombardeos aéreos a campamentos donde haya concentración de las FARC y a partir de la fecha, este tipo de bombardeos solo se pueden realizar con orden explicita del Presidente. Esta decisión será efectiva si los campamentos están alejados de los cascos urbanos y no constituyen amenaza para la población civil”. Tal determinación fue tomada para ir desescalando el conflicto y “dada la declaración que hizo el enemigo, las FARC, la declaración unilateral de cese al fuego por parte de las FARC”. “Vamos a reunirnos periódicamente durante estos próximos cuatro meses para evaluar el cumplimiento del cese unilateral de las FARC”. Con base en ese cumplimiento podrían tomarse “medidas adicionales de desescalamiento”. Es importante el “cumplimiento de la intención de acelerar las negociaciones sobre los asuntos que todavía faltan en la Agenda predeterminada”. Desescalar el conflicto quiere decir “apagar poco a poco el fuego” y ello significa “menos muertos, menos sufrimiento, menos víctimas”. Cuando los procesos se acercan a su fin “hay que ir cambiando las estrategias, ir cambiando la mentalidad, ir cambiando el comportamiento. Tenemos cada vez más cerca la oportunidad de acabar con el conflicto armado en Colombia; esta última oportunidad no la podemos desperdiciar” 21.

3-8-2015, El Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno, Humberto De la Calle, dijo que no es posible que en Colombia se dé una Paz armada, como desarrollo de la posibilidad de establecer el cese el fuego. El cese bilateral significará el fin del conflicto armado y no un armisticio mientras las FARC verifican si se cumplen los Acuerdos de Cuba. “El Gobierno no está de acuerdo con fórmulas transitorias a la manera de treguas o armisticios temporales, palabras que han sido utilizadas por la guerrilla con una concepción que no compartimos. Cuando estamos hablando de un cese el fuego no estamos hablando de algo que ocurre en una secuencia o eslabón de acontecimientos, estamos hablando de la terminación del conflicto”. Una vez las FARC dejen las armas tendrán que acantonarse con una verificación internacional para que se revise que no siguen cometiendo ningún tipo de delito 22.

13-8-2015, El Presidente Juan Manuel Santos se refirió al tema de justicia transicional, al que calificó como vital en medio del proceso de Paz con las FARC. Indicó que sólo cuando se supere este tema se podría llegar a pensar en la posibilidad de un cese el fuego bilateral. “Lo digo así de claro: si ese obstáculo lo superamos, habremos avanzado lo suficiente para pensar en la posibilidad de un cese el fuego bilateral y definitivo porque ya estaremos prácticamente al otro lado y nadie justifica seguir una guerra cuando la Paz está al alcance de la mano”. Celebró el nombramiento de Jean Arnault como representante de Naciones Unidas en la Subcomisión sobre el Fin del Conflicto en Colombia. El nombramiento, según recordó el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, responde a la petición efectuada por el Gobierno de Colombia y las FARC el 12-07-2015 en La Habana 23.

16-9-2015, El Presidente Santos, explicó el alcance del proyecto de Acto Legislativo que radicó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, y que tiene por objeto la oportuna implementación de los Acuerdos de Paz que se firmen en La Habana. “No podemos simplemente esperar a que se firme el acuerdo final para comenzar a pensar en las medidas que se deben adoptar”. La Reforma Constitucional busca reducir los tiempos necesarios para la implementación de los Acuerdos de Paz y dicha iniciativa no tiene nada que ver con la refrendación de los mismos. “No podemos improvisar en el camino de la Paz (...) lo responsable ahora es crear los instrumentos jurídicos, los mecanismos, los procedimientos para impulsar las medidas requeridas en forma ágil una vez se firme y sea refrendado el acuerdo final de Paz”. El proyecto consta de dos artículos: el primero contempla la creación de una Comisión Legislativa, integrada por miembros del Congreso de la República, y el segundo otorga facultades al Presidente de la República para poder implementar los Acuerdos. “¿Por qué hacemos esto? Porque está comprobado en los estudios que hemos hecho en los muchos procesos de Paz, que no se puede dejar mucho tiempo entre el momento en que se firman los Acuerdos y el momento en que se comienza la implementación de los Acuerdos, porque la gente comienza a preguntar: Bueno, ¿cuándo es que van a comenzar a cumplirse esos acuerdos? La última palabra la tendrán los colombianos, ustedes los colombianos. Y voy a cumplir esa promesa, en ningún momento me he bajado de ese compromiso”. El Proyecto a Acto Legislativo cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la República, “con excepción, por un lado del Polo Democrático y por el otro lado del Centro Democrático. Pero la inmensa mayoría del país, representada en los demás partidos políticos, está detrás de este proyecto de Acto Legislativo. El proyecto no tiene nada que ver con la refrendación de acuerdos. No tiene nada que ver este paso con la refrendación. Yo quiero que eso quede claro. Cuando iniciamos este proceso de Paz, yo le prometí al pueblo colombiano, en forma clara y tajante, que el pueblo tendría la última palabra. Nunca, óigase bien, nunca me he bajado de esa promesa. La voy a cumplir, la refrendación se va a dar. Pero convinimos que esa refrendación sería acordada con la contraparte, con las FARC, y eso todavía no lo hemos acordado. Vuelvo y repito: Este proyecto de Acto Legislativo nada tiene que ver con la refrendación. Lo que sí hace este proyecto de Acto Legislativo (…) es que nada de lo que ese proyecto contiene se comenzará a aplicar sino hasta cuando se haya dado la refrendación. Eso es un seguro doble para el pueblo colombiano” 24.

23-9-2015, Comunicado Conjunto Gobierno-FARC: 1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. 2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas. 3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener Verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición. 4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. 5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos. 6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente . A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en lasconductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal. 7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias. 8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. 9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final. 10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden 25.

23-9-2015, Los puntos del Acuerdo sobre Justicia al que llegaron el Gobierno Nacional y las FARC, que incluye a guerrilleros, miembros de la fuerza pública y civiles involucrados. Se acordó crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que estará conformada -en palabras del mandatario-, en el marco de la Constitución y leyes de Colombia,. De esta forma, el Acuerdo respetará los lineamientos del Derecho Internacional a los que Colombia está obligada. Amnistía e indulto: Con respecto al otorgamiento de amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos, permitido por la Constitución y establecido por el Derecho Internacional Humanitario, “eso lo vamos a hacer en los términos que establezca una Ley de amnistía que precise los criterios de conexidad. Hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional -ni sobre todo nuestra propia conciencia-, nos permiten amnistiar o indultar”. Delitos, como: “los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción”. Paz sin impunidad: Para los colombianos es muy importante que los responsables de los delitos graves y representativos “reconozcan sus delitos y cuenten la verdad”. Para estas personas “habrá sanciones de mínimo 5 años y máximo 8 años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia”. Tales sanciones “tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas”. Para quienes “no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves -y sean hallados culpables- habrá penas de hasta 20 años”. Así se logra “el objetivo que nos hemos trazado desde un principio: ¡Una paz sin impunidad! También habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la Paz”. Los participantes en el conflicto: “Ni este sistema de justicia ni esta jurisdicción están dirigidos exclusivamente a las FARC. Todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y -en particular- los miembros de la fuerza pública. A los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, no hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las FARC si no hay -al mismo tiempo- un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías. No habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de justicia si no ha dejado antes las armas. ¡Así de claro! Y a quien reincida le caerá todo el peso de la ley. Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal -en un Acuerdo de Paz y no como resultado de posteriores imposiciones- crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves”. Delitos de lesa humanidad: En la Jurisdicción Especial para la Paz se decidió que los denominados delitos de lesa humanidad (desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, la toma de rehenes, entre otros), no estarán dentro de la amnistía. Por lo tanto, dichos delitos serán sancionados por un tribunal especial que será conformado. Participación de las FARC en el sistema: La participación de los miembros de las FARC aun no se ha tocado, puesto que es un punto subordinado a la dejación previa de las armas por parte de los guerrilleros, que -como indicó el documento-, deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final, en marzo de 2016 26.

2-10-2015, El Jefe del Equipo Negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, respondió a las declaraciones hechas por voceros de las FARC, en las que pedían publicar el texto completo del Acuerdo alcanzado en materia de Justicia Transicional. Ratificó la solidez de los Acuerdos logrados, pero reconoció que el documento aún tiene temas pendientes -como el de la restricción efectiva de la libertad para miembros de las FARC- que están siendo analizados por un equipo jurídico. “En el texto de 75 puntos hay materias pendientes de reglamentar como por ejemplo el alcance concreto de la 'expresión restricción efectiva de la libertad' y la relación de la Jurisdicción Especial con los otros componentes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. El vocero del Gobierno explicó que en el Acuerdo suscripto por él, se hace clara manifestación escrita, mediante anotación en el texto, de que se trataba de un documento en desarrollo, tal como los miembros del Gobierno del Grupo Jurídico lo hicieron saber en forma oportuna. A raíz de las declaraciones públicas hechas durante los últimos días por abogados y miembros de la delegación de las FARC, el Gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado. “A juicio del Gobierno, el Grupo Jurídico debe terminar su tarea a la mayor brevedad. Una vez esto ocurra, al Gobierno es claramente partidario de darlo a conocer en su integridad a la opinión pública para que se dé un conveniente debate ciudadano sobre los pormenores de lo pactado” 27.

8-10-2015, En una declaración pública el Jefe del Equipo Negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, señaló que las FARC faltan a la verdad cuando hablan de los temas alcanzados en el Acuerdo sobre Justicia Transicional, texto que -según el Gobierno- aún no está concluido. “El Gobierno está comprometido en su cumplimiento y honra su palabra en tal sentido. El Gobierno considera que el trabajo de la Comisión de Juristas representa un trabajo significativo”. La arremetida de las FARC es injustificable. Lo importante ahora es esclarecer los puntos principales que el Gobierno no ha aceptado. “No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistías. El alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisados. Insistimos en que hay interpretaciones del abogado de las FARC sobre las características de la restricción de la libertad que son inaceptables y que están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional”. El tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto y tiene que ser objeto de decisiones en Colombia, por parte de las autoridades competentes. “La elección de los magistrados por parte del Tribunal de Paz no ha sido acordada (…) el Gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente el grupo de juristas para tratar esas serias preocupaciones y las FARC se han negado”. El Acuerdo debe hacerse en condiciones que satisfagan el interés y la sensibilidad de los colombianos y sobre todo de las víctimas 28.

17-10-2015, Con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas y de esta manera contribuir a la satisfacción de sus derechos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, hemos llegado a dos tipos de Acuerdos: 1) poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno que se pondrán en marcha antes de la firma del Acuerdo Final; y 2) la creación de una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas (UEBP) dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. I. Medidas inmediatas de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. El Gobierno Nacional y las FARC-EP, Acuerdan: Medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, que se desarrollarán en el marco del proceso de construcción de confianza. En el marco de las medidas de construcción de confianza, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado unas primeras acciones para, de manera inmediata y con propósitos estrictamente humanitarios, ubicar, identificar y entregar dignamente los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Para ello hemos acordado solicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja su apoyo para el diseño y puesta en marcha de planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos a sus familiares. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a proveer al CICR la información de la que dispongan y a facilitar la ejecución de los planes especiales humanitarios. Con base en la información entregada por el Gobierno y las FARC-EP, además de la información proveniente de las organizaciones de víctimas, en el marco de la Mesa de Conversaciones se definirá un plan de trabajo para que el CICR y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, diseñen y pongan en marcha los planes especiales humanitarios. En todos los casos se solicitará información y apoyo a la Fiscalía. La Mesa, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el CICR, podrá solicitar otros apoyos de organizaciones o instituciones especializadas para adelantar el proceso de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos. Como una primera medida las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron: Que el Gobierno Nacional acelerará por una parte la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N. en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto, de acuerdo con las recomendaciones que haga el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y por otra parte la entrega digna de los restos identificados que no hayan sido aún entregados a sus familiares. Cuando sea necesario se solicitará el apoyo del CICR para la entrega digna de los restos a los familiares de los miembros de las FARC-EP. Que las FARC-EP entregarán la información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento, y contribuirá a la entrega digna de los mismos. En todos los casos la entrega digna se realizará atendiendo a la voluntad de los familiares, que contarán con el acompañamiento psicosocial que se requiera. Plan de fortalecimiento de la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas. Con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado solicitar a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que construya dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito, para lo cual convocará la participación de organizaciones de víctimas, especializadas y de derechos humanos. II. Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que con el fin de establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de Agentes del Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier organización que haya participado en el conflicto, y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, el Gobierno Nacional pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto y tras la firma del Acuerdo Final , una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (en adelante la UBPD). Esta unidad tendrá un carácter humanitario y hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Gozará de la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones. La UBPD dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones humanitarias en el marco del SIVJRNR encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En todo caso la UBPD entregará a los familiares un reporte oficial de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona o las personas dadas por desaparecidas. La UBPD y los procesos y procedimientos que adelante tendrán carácter humanitario y extrajudicial. Para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de sus funciones se contará con la participación de organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas con el fin de incorporar las mejores prácticas internacionales y la experiencia en la materia acumulada por la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas. La UBPD tendrá las siguientes funciones: Recolectar toda la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de restos en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Coordinar y adelantar procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos, para lo cual deberá: - Buscar activamente, contrastar y analizar toda la información disponible de las distintas fuentes, incluidas entrevistas confidenciales y voluntarias con quienes, habiendo participado directa o indirectamente en las hostilidades, pudieran tener información sobre lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto, así como información sobre la ubicación de fosas, cementerios y sitios donde posiblemente se encuentren restos de personas dadas por desaparecidas. - Diseñar y poner en marcha un plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de sus funciones y los planes regionales correspondientes, para lo cual contará con el personal y los equipos necesarios y coordinará y se articulará con las entidades competentes. Se garantizará la participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el diseño y puesta en marcha de los planes. La UBPD contará con las facultades y capacidades necesarias para cumplir con estas funciones en coordinación con las instituciones del Estado, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y con la activa participación de las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos. La UBPD tendrá acceso a las bases de datos oficiales y podrá suscribir convenios con organizaciones de víctimas y de derechos humanos para tener acceso a la información de que dispongan. De conformidad con las leyes vigentes al momento de implementar el Acuerdo, el Gobierno Nacional se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la UBPD para el cumplimiento de sus funciones, y la UBPD, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente. Promover la coordinación interinstitucional para la orientación de, y la atención psicosocial a, los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Promover alianzas con organizaciones nacionales e internacionales especializadas para facilitar el cumplimiento de sus funciones. Cuando sea posible, garantizar la entrega digna a los familiares de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre atendiendo las diferentes tradiciones étnicas y culturales. Garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos. Entregar a los familiares un reporte oficial detallado de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona dada por desaparecida, al término de la ejecución del plan de búsqueda correspondiente. Los restos no identificados o no reclamados por sus familiares deberán ser preservados y estarán a disposición de las autoridades competentes para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Entregar una copia del reporte descrito en el párrafo anterior a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Informar periódica y públicamente al menos cada 6 meses sobre las actividades de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos que se realicen, respetando siempre el derecho a la privacidad de las víctimas. Planificar, coordinar y dirigir la ejecución junto con las entidades correspondientes y con la participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de un plan nacional y planes regionales para el rastreo, búsqueda e identificación. Elaborar e implementar un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas. Para el cumplimiento de sus funciones la UBPD adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa. El trabajo humanitario de búsqueda, localización, identificación y entrega digna por parte de la UBPD se desarrollará en el marco del SIVJRNR, como complemento y sin asumir las funciones de los demás componentes del mismo. En particular las actividades de la UBPD no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. La búsqueda de restos por parte de la UBPD no inhabilitará a la Jurisdicción Especial para la Paz y demás órganos competentes para adelantar las investigaciones que considere necesarias para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de la victimización del caso asumido por la UBPD. En todo caso tanto los informes técnico forenses como los elementos materiales asociados al cadáver que se puedan encontrar en el lugar de las exhumaciones, podrán ser requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz y otros órganos que sean competentes. Con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la UBPD para satisfacer al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento, la información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, a excepción de los informes técnico forenses y los elementos materiales asociados al cadáver. La contribución con información a la UBPD podrá ser tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. Los funcionarios de la UBPD no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia respecto al trabajo que desempeñen en la Unidad. De ser requerido por la Jurisdicción Especial para la Paz, por otras autoridades competentes o por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, quienes hayan realizado los informes técnico forenses deberán ratificar y explicar lo concerniente a esos informes y los elementos materiales asociados al cadáver. Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición la UBPD atenderá los requerimientos y lineamientos de la Comisión. La UBPD y la Comisión, establecerán un protocolo de cooperación e intercambio de información que contribuya a cumplir los objetivos de ambas. Coordinará sus actuaciones con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la que informará de sus actuaciones y resultados y aportará la información que requiera. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a proveer a la UBPD toda la información de la que dispongan para establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Para estructurar y poner en marcha ésta unidad especial se tomarán en cuenta las recomendaciones que haga la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como resultado del trabajo que realice en desarrollo del acuerdo sobre “Medidas que contribuyan a la búsqueda, ubicación e identificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. Conformación: La UBPD hará parte y desarrollará sus funciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La UBPD tendrá un/a director/a que deberá ser colombiano/a y será escogido/a por el Comité de Selección de los Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sobre la base de criterios de idoneidad y excelencia que se elaborarán teniendo en cuenta las sugerencias del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Para la estructuración de la UBPD el/la director/a recibirá las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizaciones de víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas 29.

19-10-2015, Las FARC y el Gobierno colombiano alcanzaron un Acuerdo en materia de desaparecidos, en el marco de los diálogos de Paz. Se comprometieron a buscar conjuntamente a las más de veinticinco mil personas que, según diversas fuentes, han desaparecido desde 1985 hasta la actualidad. El acuerdo consta de dos puntos: 1.- Medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. - Solicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR ) su apoyo para el diseño y puesta en marcha de planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos a sus familiares. - El Gobierno acelerará la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública y devolverá los restos identificados a sus familiares. - Las FARC-EP entregarán la información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento, y contribuirá a su entrega digna. - La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas elaborará dentro de los cuatro meses siguientes un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito. 2.- Creación de una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. - Tras la firma del Acuerdo Final, el Gobierno creará una unidad especial de alto nivel (UBPD) con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y gozará de autonomía administrativa y financiera. - La UBPD tendrá las siguientes funciones: i. Recolectar toda la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas y la identificación de restos en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ii. Coordinar y adelantar procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos, para lo cual deberá buscar toda la información disponible (entrevistas confidenciales y voluntarias sobre la ubicación de fosas, cementerios y sitios donde posiblemente se encuentren restos de personas dadas por desaparecidas). Unidad Especial: Aquí se hará un trabajo transitorio y ninguna información que reciban las partes que participaron en el conflicto podrá usarse como sustento en procesos judiciales. Aunque dar información de los desaparecidos permite el derecho a beneficios judiciales. La Comisión de la Verdad aplicará este mismo principio, una vez que entre en funcionamiento con la firma del acuerdo final entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Esta fungirá a su vez de comisión especial que velará por la ubicación de los restos de todos los desaparecidos, incluidos víctimas de masacres, si se hallan. Se estima que entre 1985 y 2012 hubo más de 25 mil desaparecidos a causa del conflicto armado 30.

29-10-2015, El Presidente Juan Manuel Santos, se mostró de acuerdo con las FARC en acelerar el cese el fuego bilateral para el 16 de diciembre del 2015, y no para el 1 de enero del 2016 como había propuesto en un principio el Gobierno Nacional. Sin embargo, Santos precisó que la fecha para poder decretar el cese bilateral, estará atada a la firma del Punto relacionado con el fin del conflicto, que contempla la concentración de la guerrilla con verificación internacional y la dejación de armas por parte de sus integrantes. “Ayer inclusive uno de los miembros del Secretariado dijo que por qué no era el 16 de diciembre. Listo, que sea el 16 de diciembre. Entre más pronto mejor porque más vidas nos vamos a ahorrar. Sin embargo, es muy importante que tengamos los elementos de ese punto de la agenda acordados para que realmente se puede hacer. Por ejemplo, si no se concentran, pues no se puede administrar el cese el fuego con efectividad porque hay otros grupos de violencia que hay que combatir”. El Jefe de Estado confirmó además que la ONU sería el organismo internacional que apoyará la verificación del cese bilateral y el cumplimiento de los acuerdo por parte de la guerrilla. “Hoy precisamente tengo una reunión con Jean Arnault, delegado de Naciones Unidas en el proceso de Paz, para pedirle a la ONU que sea ese organismo el que verifique el cese el fuego bilateral. Le voy a decir que aceleremos todo y que si hay voluntad, contar con todo el andamiaje para esa verificación” 31.

22-11-2015, En el marco de los Acuerdos para alcanzar el fin del conflicto, el Gobierno de Santos acordó otorgar el indulto a treinta (39) guerrilleros presos, cumpliendo pena de prisión por el delito de rebelión. La decisión, argumentó el Presidente: Forma parte de “los gestos de construcción de confianza entre el Gobierno Nacional y las FARC (...) el Gobierno ha decidido, con fundamento en sus facultades constitucionales y legales, conceder el indulto, es decir, un perdón de la pena, a treinta (30) guerrilleros de las FARC”. El Gobierno aclaró que entre los treinta miembros de las FARC que gozarán del indulto, no hay recluidos por delitos graves. La Presidencia de la República divulgó una serie de reglas para que la medida fuera válida: 1. Los indultos se tramitarán de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 418 de 1997, que establece que el Gobierno Nacional puede conceder el indulto a las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delitos políticos y conexos, cuando a su juicio el grupo armado organizado al margen de la Ley, con el que se adelante un proceso de Paz, haya manifestado su interés de reincorporarse a la vida civil. 2. El número de miembros que a indultar es un gesto unilateral del Gobierno, luego de evaluar el cumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC, la consecuente disminución de la violencia, y los avances del proceso. Los treinta indultados corresponden a un grupo del número total de casos de miembros de las FARC condenados por el delito de rebelión y los delitos conexos -utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o de defensa personal-. 3. El grupo de treinta indultados, corresponde a personas condenadas. El indulto es el perdón, total o parcial, de las penas judicialmente impuestas, de manera que sólo procede en relación con quienes ya tengan condena en firme. 4. Estas personas indultadas, tendrán que comprometerse a no regresar a las filas de las FARC y en esa medida a contribuir a la construcción de la Paz, iniciando su proceso de reincorporación a la vida civil. 5. La seguridad de estas personas es una prioridad para el Gobierno. En todo caso, deberá evaluarse el nivel de riesgo de manera individual para determinar las medidas de protección correspondientes. 6. El Gobierno definió que se va a crear un programa transitorio para estas personas, mientras se firma un Acuerdo Final en el que se definirán (Punto 3) los términos de reincorporación a la vida civil de las FARC. 7. El programa estará diseñado para implementarse en el momento en que estas personas obtengan su libertad. 8. La medida del indulto no tiene como fundamento la condición de salud de las personas privadas de la libertad sino la naturaleza del delito por el que se encuentra condenada la persona: el delito de rebelión y conexos. El Gobierno Nacional, en todo caso, tomará medidas especiales para la atención en salud de las personas privadas de la libertad que así lo requieran. 9. El Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre la verificación del estado de salud de los guerrilleros presos. Las brigadas de salud las coordinará el Gobierno Nacional. 10. La verificación del estado de salud de los guerrilleros presos, es una medida unilateral que el Gobierno viene trabajando desde que se anunció 12 de julio del 2015 la adopción de medidas para “Agilizar en la Habana y desescalar en Colombia”. 11. El Presidente ha dado instrucciones al Ministro de Justicia para que evalúe la situación en las cárceles, y proceda a tomar las decisiones del caso de conformidad con el Estatuto Penitenciario y Carcelario. 12. Lo que se anunció fue, por un lado, medidas especiales de atención en salud, y por otro, la adecuación de patios para facilitar el estudio de la situación jurídica de los miembros de las FARC como medida de preparación para su futura reincorporación a la vida civil. Sin embargo, el Ministerio de Justicia viene implementando una serie de medidas para garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, entre ellas el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y de los servicios de salud, no sólo para integrantes de las FARC. 13. El Ministerio de Justicia viene adoptando medidas para el deshacinamiento carcelario y el mejoramiento del servicio de salud. 14. Respecto de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido “delitos menores”, de acuerdo con la Constitución, el indulto únicamente procede por delitos políticos y conexos: delitos de rebelión, sedición o asonada 32.

29-11-2015, El Jefe de la Delegación del Gobierno en los diálogos de Paz, Humberto de la Calle, publicó los quince (15) Principios para la Paz. La premisa inicial es que es posible ponerle fin a un conflicto de más de medio siglo por medio de la vía política. Aunque no es un asunto fácil, es mejor que una solución netamente militar que es “es larga y dolorosa”. Principios para la Paz: 1. Es posible ponerle fin al conflicto mediante la solución política. 2. Una solución solamente militar es larga y dolorosa. 3. Las víctimas son la justificación ética del diálogo. Las víctimas están en el centro. Pero también las víctimas futuras. Aquellas que podemos evitar. 4. La solución jurídica debe cobijar los distintos actores. Cada uno de ellos debe asumir su responsabilidad. La definición de justicia no se limita al castigo. Hay formas de justicia restaurativa que contribuyen a una más amplia satisfacción de los derechos de las víctimas. La justicia ciega no puede obstaculizar el logro de la Paz. 5. La reparación es esencial. Simbólica, espiritual y también material. 6. La verdad es el punto de partida de la reconstrucción del tejido social. 7. El perdón es decisión personal, pero la sociedad no puede estancarse en el rencor. No para la condescendencia pero sí para la reconciliación. 8. Olvidar el campo es un error económico y una invitación a perpetuar una fuente de inequidad que ejerce influencia nociva también sobre la vida urbana. 9. Participación política. Los avances logrados para fortalecer nuestra democracia no son argumento para frenar la ampliación del horizonte de la política. 10. El fin del conflicto es crucial para superar el problema de las drogas. 11. La reinserción debe hacerse en un marco de dignidad. 12. Con 50 años de duración y más de 6 millones de víctimas, la excusa del “tú también eres responsable” y la disculpa de “tú empezaste” son argumentos irrelevantes al momento de terminar este doloroso conflicto. 13. La Paz va más allá del silencio de los fusiles. El fin del conflicto es una oportunidad para realizar cambios profundos. 14. La financiación de los acuerdos exige el aporte de todos, el cual a su vez es un incentivo para la cooperación internacional. 15. El fin del conflicto y la puesta en marcha de una Paz firme deben ser un propósito que incluya a todos los colombianos 33.

22-12-2015, El Presidente Juan Manuel Santos dio a conocer luego de la presentación del Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto, suscripto entre el Gobierno y las FARC en los diálogos de La Habana, cómo será aplicada la Justicia Transicional para los civiles que participaron en el conflicto armado de Colombia. “Lo que queremos es cerrar totalmente el conflicto, estamos dando la oportunidad para que también los civiles puedan tener seguridad jurídica y estar tranquilos hacia el futuro (…) los civiles antes que nada han sido Víctimas y no los vamos a victimizar de nuevo”. Aseguró que el trato con estos actores del conflicto será especial y que por ningún motivo quienes hayan sido Víctimas de extorsiones serán objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz, solo en casos determinantes. Por el contrario quienes hayan incurrido en delitos graves de manera deliberada, como los de lesa humanidad, el genocidio o el desplazamiento forzado, deberán pagar una pena que en ningún momento será mayor a aquella con que se le castigue a los demás actores que hayan participado en los mismos hechos. Los civiles involucrados en dichos ilícitos podrían terminar castigados hasta con privación de la libertad de cinco a ocho años, que es la pena prevista para los guerrilleros que se acojan a la Justicia Transicional. “Debe haber además acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las Víctimas que están en el centro de la solución de este conflicto”. Si las conductas por las cuales son juzgados no revisten la gravedad de los delitos anteriormente citados, los civiles juzgados podrían ser cobijados con la cesación de los procesos penales en su contra, dado que la Justicia Transicional concentra su atención en los más flagrantes delitos cometidos en el marco del conflicto. “No se trata de ninguna manera de una persecución o de una cacería de brujas”. Señaló que la justicia será para los verdaderos culpables y no para inocentes. “Quienes no participaron por voluntad y cuenta propia en algún hecho delictivo dentro del marco del conflicto, no tienen nada que temer”. El Gobierno dio por cerrado el capítulo sobre la definición de los lineamientos de justicia que se aplicarán en el país con miras a la resolución del conflicto armado interno. Por un lado las FARC tendrán penas, como ya se dijo de cinco a ocho años si se acogen a esa norma y hasta de veinte años si se les descubren que están ocultando hechos graves de las violaciones de Derechos Humanos, esos procesos específicos serán competencia de la justicia ordinaria. Por otro lado a los militares se les garantiza un trato especial, diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo, con la garantía de que a la hora del juzgamiento serán medidas con el rasero del Derecho Internacional Humanitario. Y ahora a los civiles se les garantiza que no tendrán penas mayores que los demás involucrados en los ilícitos. Lo que viene ahora es, por supuesto, la suscripción del acuerdo definitivo, la constitución del Tribunal de Justicia para la Paz y el gran desafío de aplicar dichas medidas garantizando que los horrores de la guerra no se repetirán jamás 34.

26-12-2015, En referencia a las manifestaciones hechas por el máximo Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’ el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado aseguró que en el primer trimestre de 2016 se realizará la excarcelación de los treinta guerrilleros que recibieron el indulto por parte del Gobierno. El Jefe de la cartera de Justicia aseguró que se está haciendo la verificación “de que se cumpla con todos los requisitos exigibles”. De firmarse un Acuerdo final en el proceso de Paz se emitirán otros indultos a los guerrilleros que hayan cometido “delitos políticos y los que se consideren conexos, recordando que esa conexidad va a ser determinada por el Congreso de la República mediante una Ley” 35.


12-1-2015, ‘Pastor Alape’, negociador de ese grupo armado ilegal, le pidió al Presidente Santos que deje las metáforas, cuando dijo que “el cese unilateral como una rosa que había que quitarle las espinas para recibirla”, que es tiempo de dar pasos ciertos para concretar el fin del conflicto armado. El cese al fuego unilateral e indefinido permanecerá vigente mientras las fuerzas del Estado no agredan unidades de las FARC, lo que requiere un mecanismo de verificación nacional, internacional o mixto. De eso se trata, un paso en serio para la concertación de un armisticio. El fin de la confrontación y la construcción de la Paz son anhelos fervientes de toda Colombia. Cuanto antes pudiéramos alcanzarlos, mucho mejor. En estas materias siempre es mejor atenerse a los avances alcanzados que a las casas edificadas en el aire 36.

5-2-2015, La jornada de conversaciones que inició el lunes 2 de febrero del 2015 y terminó el miércoles 4, estuvo marcada por la exposición de otros temas por parte de las FARC. Los principales fueron un llamado al Gobierno Nacional para retomar el orden de la Agenda del Acuerdo General, y la propuesta de crear el “Fondo Especial para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto (FERI)” en cuanto compromete aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, simbólicos y sicosociales”. El Jefe guerrillero Pastor Alape explicó que “las víctimas provienen especialmente de los humildes y los excluidos de nuestro país”. La integralidad del reconocimiento exige “saldar la deuda social, política y cultural contraída con las víctimas durante décadas de conflicto, reconociendo su condición de sujetos políticos y de derechos”. Previo a la creación del Fondo Especial para la Reparación Integral, debe ser formulado un “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, proyectado para un período inicial de diez (10) años, y en cuyo diseño e implementación deben ser partícipes de primer orden las organizaciones de víctimas del conflicto. El Plan tendrá enfoque de género, dará especial atención a las mujeres, los campesinos, indígenas y afrodescendientes, y deberá contemplar políticas y acciones reparadoras también para combatientes víctimas, y para los prisioneros políticos, quienes han sufrido vulneración de sus derechos. En nuestro país se calcula que hay alrededor de siete millones de víctimas directas del conflicto armado, sin contar las que han ocasionado las injustas políticas económicas, sociales, culturales y ambientales de los Gobiernos de turno. Del total de esas víctimas directas del conflicto, el Estado con sus paramilitares es responsable del 85 %. De allí que si de verdad se quiere poner fin y construir una Paz estable y duradera, hay necesidad no solo de resarcir de manera integral y suficiente a las víctimas, sino también de hacer cambios estructurales que permitan un país más incluyente, con justicia social y verdaderamente democrático 37.

19-2-2015, “Las FARC saludan el anuncio oficial del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sobre la determinación de designar al señor Bernard Aronson como enviado especial de su país, para atender el proceso de Paz que se adelanta entre el Gobierno colombiano y nuestra organización. Agradecemos la confianza del Gobierno del Presidente Barack Obama y su Secretario Kerry en las posibilidades que, en medio de los obstáculos, tiene la búsqueda de la Paz negociada en Colombia” 38.

15-4-2015, “En las FARC EP deploramos profundamente las consecuencias de la ofensiva permanente de las tropas oficiales contra nuestras unidades en tregua unilateral. Como resultado del asedio militar del ejército, la reacción legítima de las FARC derivó en la muerte de 10 militares y lesiones a 18, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Las declaraciones públicas de altos oficiales ponen en evidencia que los hechos se produjeron en el marco del desenvolvimiento de intensos operativos contraguerrilleros que vienen incrementándose por tierra, desde la fecha misma de la declaración de la tregua. Con insistencia hemos denunciado los ataques premeditados que la Fuerza Pública ha realizado, causando bajas en nuestras filas, colocando en situación de riesgo el proceso de desescalamiento del conflicto adelantado para amainar los impactos de la guerra en la población. Seguimos convencidos que en el desarrollo de las conversaciones de Paz es absurdo que sigamos poniendo muertos de parte y parte. Lamentamos la pérdida de vidas que causa la permanencia del conflicto llenando de luto a familias colombianas. Cada vez está más claro que urge llegar a la firma de un cese bilateral de fuegos, que nos aproxime en un mejor ambiente al Acuerdo Final. Manifestamos contundentemente que, como resulta evidente, desde La Habana no se dirigen operaciones militares por parte de las FARC, estando aplicados la totalidad de los miembros de nuestra Delegación de Paz a trabajar por el avance de los diálogos. Sabemos lo doloroso que esta situación resulta para el Ejército porque también nosotros hemos sufrido la pérdida de comandantes y guerrilleros desde el 20 de diciembre pasado. Hacemos un llamamiento expreso al Gobierno en estos momentos a mantener la cabeza fría y no adoptar medidas poco meditadas que puedan poner en peligro el avance de los Diálogos y el mantenimiento del cese unilateral del fuego. Entendemos imprescindible proceder entre ambas partes a rebajar la tensión existente en todo el país y en la región del Cauca en particular. En consecuencia, pedimos la puesta en marcha, inmediatamente, de mecanismos de verificación y distensión de la situación de confrontación militar en el área donde se han producido estos lamentables hechos. Hacemos un llamamiento expreso al Frente Amplio por la Paz, a los países garantes y acompañante en los Diálogos –Noruega, Cuba, Venezuela, Chile- al CICR y a UNASUR, para que se envíe cuanto antes una misión a Buenos Aires, Cauca, para verificar lo ocurrido y elaborar un informe con recomendaciones que eviten la repetición de estos hechos” 39.

24-4-2015, En una carta abierta las FARC le respondieron al Presidente Juan Manuel Santos, luego del reclamo que hizo el mandatario por el hecho que dejó como saldo la muerte de once militares en la Vereda La Esperanza, en zona rural del MUNICIPIO de Buenos Aires, Cauca. Es lógico que a pesar de que se haya suspendido unilateralmente el fuego, sin haberse solucionado aún el conflicto, se mantiene el derecho a la legítima defensa, que corresponde a las circunstancias en las que se presentó la situación. “Al que está quieto hay que dejarlo quieto. Ya el país pudo constatar los beneficios de esa iniciativa nuestra, que para desgracia de la nación, fue recibida por algunos como ‘una rosa llena de espinas’. Frase que desde un comienzo nos hizo entender que cualquier situación crítica de guerra que se pudiera dar en el camino, habría de ser cobrada sin consideraciones de tiempo, modo y lugar”. Sugerimos al Presidente Santos no dejarse presionar por quienes quieren acabar el proceso y lo felicitamos por decir que “es fácil, muy fácil, seguir hablando de guerra sentados en un escritorio o desde las trincheras de las redes sociales. Magnífica frase para ser tenida en cuenta cuando cualquier contratiempo que se presenta en el magno proyecto de la Paz lleva a los enemigos agazapados y no agazapados de la reconciliación, y a los sabios de última hora en temas desconocidos para ellos, a rasgarse las vestiduras y a pedir que se mantengan sus comodidades a precio de litros de sangre ajena. La política local no debe alterar su ruta. Reconocemos que viene siendo azuzado y retado desde columnas de opinión, micrófonos, salones sociales, escenarios políticos y aún desde oficinas públicas como la Vicepresidencia, desde donde se han atrevido a indicarle cómo debe proceder. Es indispensable el mantenimiento de su serenidad”. Respecto de los plazos y los límites de la negociación y señalamos al Gobierno de ser el responsable de los retrasos en la consecución de Acuerdos en el punto de víctimas. “No hemos logrado entender por qué en la Mesa se dilatan o posponen decisiones que se han debido evacuar hace meses. Exigimos apresurar la marcha cuando se trata de asuntos de total obviedad. Desde que pusimos a consideración la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas hasta la fecha de su integración, transcurrió un año y tres meses. Y una vez entregado el informe, ha sido imposible darle trámite a sus conclusiones” 40.

22-5-2015, En respuesta a la insistencia del Gobierno de Santos de continuar con los bombardeos, cuyos resultados dieron veintisiete guerrilleros muertos, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, emitió un Comunicado: No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del Gobierno de Santos lo ha logrado, luego de cinco meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país. Deploramos el ataque conjunto de la fuerza aérea, el ejército y la policía ejecutado en la madrugada del jueves, contra un campamento del Frente 29 de las FARC en Guapi (Cauca), en el que, según fuentes oficiales, resultaron asesinados veintisiete guerrilleros. Nos duelen por igual las muertes de guerrilleros y soldados, hijos de un mismo pueblo y procedentes de familias pobres. Debemos parar este desangre. Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. Aunque Santos anuncia que mantendrá la ofensiva, insistiremos en la necesidad de acordar cuanto antes, para la salud del proceso de Paz y evitar nuevas victimizaciones, el cese bilateral de fuegos que con tanta insistencia han reclamado las mayorías nacionales. Agradecemos la labor de seguimiento y verificación del cese unilateral que durante cinco meses realizaron el Frente Amplio por la Paz y el movimiento social y político de Colombia 41.

25-5-2015, Los guerrilleros de las FARC preferimos hacernos matar antes que someternos. Es totalmente absurdo pensar que incrementando las operaciones militares y paramilitares se va a acelerar el proceso. Por el contrario, la masacre de 26 guerrilleros en Guapi y de diez más en Antioquia, afecta gravemente el desarrollo de los gestos recíprocos de desescalamiento del conflicto en que las partes se habían empeñado, pues se ha puesto en evidencia que del lado del Gobierno no existe voluntad política para disminuir la confrontación. Es un contrasentido de Santos pretender acelerar unas conversaciones a punta de bombardeos guiados por la venganza respecto a acciones que la insurgencia ha realizado en respuesta al asedio contra sus unidades en tregua. Nos pretenden imponer visones intransigentes que son inadmisibles, como aquello de querer que los guerrilleros terminen en la cárcel por haber hecho uso al derecho a la rebelión contra regímenes corruptos y podridos como el de Colombia. Ha sido suspendido el cese el fuego unilateral pero no los diálogos. A todas luces el mandato de quienes votaron por la reelección de Santos, era el de hacer la Paz, y esto implica tener un comportamiento en consecuencia. A la gente que confía en el proceso hay que atenderle sus expectativas, por eso nosotros creemos que había que brindar sin mezquindades la posibilidad del cese de fuegos, y pusimos todo de nuestra parte declarando la tregua unilateral, de la cual nadie puede decir que no hubo un beneficio tangible para el país. El establishment no quiso valorar este gesto y lo que ha ocurrido es que se lesionó inmensamente la confianza que se había ido construyendo entre las partes, y que incluso creíamos estimulada con la participación de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla. Ahora el Gobierno, con sus acciones y nuevas declaraciones guerreristas, le da juego a los enemigos de la Paz. La actitud de Santos nos coloca en la situación de desarrollar contra nuestra voluntad unos diálogos bajo el fuego. Pero lo que más termina afectado es la tranquilidad de la población que resiste la inclemencia de la guerra; de hecho ya hay desplazamientos de centenares de personas de las áreas donde se efectúa la ofensiva del Gobierno. Es paradójico que nos sigamos matando en medio de unas conversaciones de Paz, solo para darle satisfacción en litros de sangre a los guerreristas que se oponen a la solución política. La guerrilla ya no podrá seguir bajo asedio permanente sin que esto tenga consecuencias para el Gobierno. Ahora tendremos que echarnos todos al hombro los efectos de estas incoherencias gubernamentales, pero teniendo claro que la responsabilidad de lo que ocurra es de un Gobierno al que le ha faltado decisión de Paz en una hora en que las cosas estaban dadas para que el proceso saliera adelante. Es deplorable que se produzcan bombardeos no por razones de defensa y del conflicto, sino por que se crea que eso pueda tener impactos de favorabilidad en las encuestas. Respecto de los programas de los desminados, más soldados sufrirán la misma suerte si Santos insiste en negar el cese el fuego. Lo correcto sería que este programa de descontaminación siga su marcha respetando los protocolos de mutuo compromiso entre las partes y que se desarrollan bajo la coordinación de Ayuda Popular Noruega, lo cual implica el cese de fuegos en las áreas donde se desarrolle la labor de descontaminación y limpiezas de este tipo de artefactos. En todo caso, en el protocolo la insurgencia no renuncia al derecho que tiene a defenderse de las agresiones de la contraparte, pues el Programa tiene un sentido estrictamente humanitario que no involucra la capacidad de reacción de la guerrilla. En medio de las insensateces del Gobierno y en medio de las adversidades, nuestro mensaje es el de cerrar filas en torno a la defensa del proceso y levantar más en alto la justa bandera del cese bilateral de fuegos. Se debe reclamar sensatez, porque no se puede jugar con el sentimiento colectivo de Paz que invade a los colombianos. Ahora debe haber más participación y mayor decisión de las comunidades en el desenvolvimiento del proceso, porque los asuntos de la guerra y de la Paz son cosa que conciernen a todos los colombianos; no se trata de una propiedad del Gobierno con la cual puede hacer y deshacer a su antojo. Ningún proceso se acelera con más fuego ni sosteniendo la equivocación de décadas del Gobierno de que la Paz pueda ser asimilada a una Paz de los sepulcros. Y el problema se torna más complejo, porque persiste la injusticia y la desigualdad. Debe haber cambios, deben sentarse las bases de la justicia social para que se pueda fundar la Paz. No se puede lograr la Paz manteniendo una guerra económica contra las mayorías nacionales, poniendo en marcha en el Congreso y Cortes iniciativas que desconocen los Acuerdos de La Habana, como el Plan Nacional de Desarrollo y las que acentúan las restricciones a las libertades. No se puede lograr la Paz si por cuenta del terrorismo de Estado continúan los asesinatos, desapariciones, encarcelamientos de defensores de derechos humanos, desplazamientos forzados, o si se siguen trazando líneas rojas que no permiten abordar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Una Paz duradera debe edificarse sobre la roca de las transformaciones estructurales que permitan la superación de la desigualdad y la miseria que afecta a la mayor parte de la población. Si el Gobierno insiste en desconocer los derechos de esas mayorías lo que va a provocar es que se profundice la crisis humanitaria y la conmoción social, alejando la posibilidad de firmar el Acuerdo Final 42.

2-6-2015, EL 26-5-2013, se suscribió el Primer Acuerdo Parcial referido a la necesidad de una reforma rural integral para Colombia, que beneficiara sobre todo al campo y a su población marginada y victimizada durante décadas. Aquel documento lo denominamos “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. Ninguno de los puntos de aquel histórico texto que tiene como único beneficiario a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, o de composición interétnica e intercultural que son las más relegadas del país, está en vigencia. Sin embargo, luego de dos años de ese evento, con el argumento vano de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en vez de mejorar, la situación social empeora para la gente de aquellas áreas sometidas a la represión o al olvido. Al contrario, lo que sí avanza vertiginosamente son las iniciativas neoliberales de extranjerización de la tierra, de crecimiento del latifundio y entrega a las trasnacionales. El impulso a la creación de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), a instancias del mismo Ministerio del Interior, con el fin de aniquilar las Unidades Agrícolas Familiares y concretar el desalojo del campo, sigue su marcha en total oposición a las exigencias de las organizaciones agrarias y a lo pactado en La Habana. Así son los contrasentidos de la política de Paz del Gobierno Santos, y quizás ello explique la dilación en la materialización del Acuerdo sobre Víctimas. Precisamente en este mes se cumple un año de haberse iniciado el análisis de tal temática de la Agenda, con la suscripción de la “Declaración de principios para la discusión del Punto 5 de la Agenda: “Víctimas”. Y aunque las FARC ya pusieron todas sus propuestas y las de las comunidades sobre la Mesa, aún no hay ninguna respuesta de solución por parte del Gobierno. A nuestro modo de ver, ya es tiempo suficiente para que haya humo blanco o al menos se produzca un nuevo informe conjunto sobre el estado de los debates, señalando avances y dificultades, para que la opinión nacional participe y brinde alternativas a estos problemas que son de interés nacional. A pesar de todo, tenemos esperanza en que alguna noticia que dé satisfacciones a Colombia y en especial a las víctimas del conflicto, se produzca antes de que cierre este ciclo ampliado de conversaciones. Ideal sería que se concreten las líneas fundamentales de la Comisión de Esclarecimiento y Verdad, por ejemplo, pero que también logremos un Acuerdo inmediato alrededor de las principales exigencias de reparación integral. En tal sentido, y para no tener que ver más las tristes escenas de compatriotas ocupando desesperados las oficinas de la Unidad de Víctimas, clamando por sus derechos conculcados, urgimos al Gobierno a que haga un compromiso de emergencia sobre la “Reparación integral de las víctimas del conflicto y la conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI)”, asuntos sobre los cuales ya hicimos una propuesta precisa que indica la garantía constitucional de la reparación integral, la formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, la conformación del “Consejo Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, la creación misma del mencionado fondo especial y la inaplicación del principio de la sostenibilidad fiscal en la política de reparación integral. Naturalmente, como complemento insoslayable de esta determinación, deberá tomarse en cuenta la participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de las políticas para la garantía efectiva de sus derechos. Si es cierto y no un argumento de palabras huecas, aquello de que “resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo”, este compromiso debe hacerse realidad ya mismo. Si es cierto eso de que el haber colocado a las víctimas en el centro del diálogo, es un caso único, digno de admiración en la historia del derecho internacional y de los distintos procesos de conversaciones para la finalización de conflictos armados habidos hasta ahora, es momento de dejar atrás la retórica y comenzar a actuar. Lo contrario no sería otra cosa que indolencia y engaño imperdonables. Delegación de Paz de las FARC-EP 43.

2-6-2015, Alias Marcos Calarcá, vocero de las FARC, atribuyó los ataques y hostigamientos hechos por las FARC en varias regiones del país, a una lógica de la guerra que se pretendía suspender con el cese el fuego. “No estamos hablando solamente de minas, también de artefactos sin explotar y restos de explosivos (…) corresponde a una lógica que queríamos suspender con el cese el fuego, entonces es la lógica de la guerra, son acciones de guerra”. Respecto la incursión en la que murieron once soldados del ejército en Cauca, la acción respondió a “un gran operativo militar, (que trataba) copar a las unidades nuestras para después masacrarlas, eso no se puede permitir. Lo que hicimos fue dañar ese operativo” 44.

4-6-2015, Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC, avances de la Discusión del Punto 5: “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”. En cumplimiento de lo establecido en el Punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26-8-2012, presentan este Informe Conjunto sobre los avances y acuerdos alcanzados respecto del Punto 5 de la Agenda: “Víctimas”. El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición. Con este propósito el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos alcanzado un Acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial. La Comisión será parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la Paz. Por ello, el Acuerdo logrado sobre la Comisión no puede entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido. Continuaremos trabajando para acordar otros mecanismos que nos permitan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justica y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto. En el marco de la discusión sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, se acordarán los temas cuya concreción depende de la relación entre los diferentes mecanismos del sistema. La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales: 1) En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto. En este sentido saludamos la visita y el pronunciamiento efectuado durante este ciclo, por Zainab Bangura, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, y nos comprometemos a atender sus recomendaciones. 2) En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. 3) En tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios. Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. Así se sentarán las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por esas razones es necesario entender la construcción de la verdad también como una parte esencial de la construcción de la Paz. El éxito de la Comisión dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad, y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto. Por eso, tanto el Gobierno Nacional, como las FARC-EP se comprometen a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. 1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Criterios orientadores: Centralidad de las víctimas: Los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe contribuir además a la transformación de sus condiciones de vida. Imparcialidad e independencia: La Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones. Carácter transitorio: La Comisión será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera. Participación: La Comisión pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de las víctimas del conflicto que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes. Enfoque territorial: La Comisión será una entidad de nivel nacional pero tendrá un enfoque territorial con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosamente de sus territorios. Enfoque diferencial y de género: En el desarrollo de su mandato y de sus funciones, la Comisión tendrá en cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones particulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia, o situación de discapacidad, y de las poblaciones o sectores en condiciones de vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres. Coordinación con otras medidas de construcción de paz: La Comisión se coordinará con los mecanismos que se pongan en marcha para la implementación del Acuerdo Final. En particular, se coordinará, donde haya lugar, con los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios, como consecuencia de la implementación del Acuerdo Final. Reglas de procedimiento: La Comisión establecerá previamente procedimientos que aseguren a quienes participan en ella las debidas garantías, y un trato justo, digno y no discriminatorio. Garantías para los comisionados y las comisionadas: Respecto de su trabajo en la Comisión, los/as comisionados/as no estarán obligados/as a declarar en procesos judiciales, estarán exentos/as del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente. Condiciones de seguridad: La Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará, con las autoridades del Estado, la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias tanto para los/as comisionados/as como para quienes participen en las actividades de la Comisión. Convivencia y reconciliación: Para contribuir al objetivo de la no repetición y la reconciliación, las actividades de la Comisión, en desarrollo de su mandato, estarán orientadas a promover la convivencia entre los colombianos, en especial en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia. Para ello, la Comisión velará porque los espacios o audiencias que establezca sirvan para fortalecer el respeto y la tolerancia, la confianza ciudadana en el otro y en las normas que garantizan la vigencia y el respeto de los derechos humanos. De esta forma la Comisión ayudará también a sentar bases sólidas para la construcción de la paz. Metodología: La Comisión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus actividades, para lo cual adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la Comisión. La Comisión hará pública su metodología. Mecanismo extra-judicial: La Comisión será un mecanismo extra-judicial. En este sentido, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela. Mandato: La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de: Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron. Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior. El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los/as defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos/as, comerciantes y empresarios/as, entre otros. El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición. El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos. El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros. Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros. El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad. Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva. Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. Período objeto de estudio de la Comisión (ámbito temporal): Para abordar los distintos elementos de su mandato la Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación. No obstante, para efectos de cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y múltiples causas del conflicto la Comisión podrá explorar eventos históricos anteriores a éste, teniendo en cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Funciones: Para el cumplimiento de su mandato la Comisión tendrá las siguientes funciones principales: Investigar sobre todos los elementos del mandato a través de las metodologías y formas de recolección y análisis de información que sean necesarias para tal efecto, considerando las generalmente aceptadas por las ciencias sociales, contando con un enfoque de género, y teniendo en cuenta los anteriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia. Esos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios. Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo. Orientar a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen en la Comisión sobre la oferta institucional y otras, para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.

Relaciones entre la Comisión y las víctimas y sus organizaciones: Diseñar y poner en marcha una estrategia de relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones. Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta, durante su funcionamiento, de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión, y asegurar la mayor participación posible. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la Comisión cuente con amplio acceso a medios de comunicación públicos. El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como por ejemplo la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo. Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y al término de su mandato, tomar las medidas necesarias para asegurar su preservación. La Comisión definirá la entidad que será depositaria de estos archivos y los custodiará. Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género, y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGBTI. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y metodología de trabajo. Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones. Establecer su propio reglamento y programa de trabajo. Proceso de selección: La Comisión estará conformada por once comisionados/as. Para su elección se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos. Los/as comisionados/as serán elegidos por un comité de escogencia. Este comité estará compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as tres integrantes restantes serán los/as delegados/as de tres personas u organizaciones que acordemos en la Mesa. Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía. La selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. La selección de los/as comisionados/as también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional. El Comité de escogencia podrá seleccionar comisionados/as extranjeros/as pero estos en todo caso no podrán ser más de tres. El Comité de selección tendrá hasta tres meses para la selección de los/as comisionados/as, contados a partir del cierre de la fase de postulaciones. La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse por mayoría de dos tercios de los integrantes del comité de escogencia. Presidente/a de la Comisión: El/la Presidente de la Comisión deberá ser colombiano/a y será elegido/a de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por el mecanismo que acordemos. El/la Presidente de la Comisión será su principal vocero público, coordinará la labor de los/as comisionados/as, facilitará el buen funcionamiento interno, y dirigirá las tareas de esta, preferiblemente buscando el consenso en el proceso interno de toma de decisiones. El papel del/la Presidente de la Comisión es importante porque constituye al mismo tiempo un referente nacional e internacional. Duración: La Comisión tendrá una duración de tres años incluyendo la elaboración del informe final. La Comisión contará con seis meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión. Compromisos de contribución al esclarecimiento. El Gobierno Nacional, como poder ejecutivo, y las FARC-EP se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión. El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación de terceros en la Comisión, con el fin de que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades, como parte de las garantías necesarias para la no repetición. De conformidad con las leyes aplicables, el Gobierno se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la Comisión para el cumplimiento de sus funciones, y la Comisión, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente. Financiación: El Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del informe final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la ejecución de sus recursos se haga de manera transparente procurando garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias para ello. Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión: Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. La Comisión establecerá el tiempo durante el cual funcionará el comité. El Comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones. Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El Comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comunicación de ámbito nacional y regional. El Gobierno garantizará la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones. 2. Mecanismo de búsqueda. Con el fin de contribuir a satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad, y sin perjuicio de los procedimientos de esclarecimiento que existan o se puedan adelantar durante el proceso de conversaciones de paz, acordamos que a la terminación del conflicto es necesario multiplicar los esfuerzos de búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, bajo cualquier circunstancia. Para ello trabajaremos en un nuevo mecanismo que funcionará en coordinación con la Comisión. 3. La participación de las víctimas y la sociedad en relación con el Punto 5. Dentro de los diez principios para la discusión del Punto 5: “Víctimas”, acordados en la Mesa, la “participación de las víctimas” ocupa un lugar muy importante. Estamos convencidos de que la construcción de la Paz requiere de una activa participación de las víctimas, y en general de las comunidades en los territorios, que en últimas son quienes se verán beneficiadas por las transformaciones que persiguen los acuerdos que hemos alcanzado. Para la Mesa ha sido un objetivo fundamental lograr la mayor participación posible y la recepción de el mayor número de propuestas relacionadas con la discusión del Punto 5. Los avances en el acuerdo del Punto 5 que presentamos hoy se han basado justamente en oír a las víctimas que vinieron directamente a la Mesa y en leer las propuestas de las miles de personas que nos las han hecho llegar a través de los distintos mecanismos de participación. En primer lugar y por primera vez en el marco de un proceso de paz, la Mesa de Conversaciones escuchó de manera directa y recibió las propuestas de un grupo de víctimas del conflicto. El proceso de selección de estas víctimas estuvo a cargo de la ONU y de la Universidad Nacional, con acompañamiento de la Conferencia Episcopal, quienes bajo los principios de pluralismo, equilibrio y sindéresis, buscaron reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que han tenido lugar en el conflicto, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional. Las delegaciones estuvieron compuestas por 12 víctimas y la Mesa oyó a una delegación por cada ciclo, durante los ciclos 27, 28, 29, 30 y 31 de conversaciones. Entre los hechos victimizantes representados se oyeron testimonios sobre desplazamiento forzado, homicidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado de menores, entre otros. Todas las personas víctimas que visitaron La Habana con el fin de expresar sus testimonios, sus propuestas y sus expectativas frente al proceso de Paz y la implementación de los acuerdos ante las dos delegaciones en la Mesa de Conversaciones, coincidieron en resaltar la necesidad de ponerle fin al conflicto. Adicionalmente entre julio y agosto de 2014 se organizaron tres foros regionales (en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y un Foro Nacional en Cali sobre el Punto 5. Participaron tres mil ciento sesenta y dos personas de las cuales el 51,7% eran hombres y el 48,3% mujeres. A estos foros asistieron más de seiscientas organizaciones de víctimas. A la fecha hemos recibido veinticuatro mil trescientos veinticuatro aportes sobre el punto de víctimas, con más de cincuenta y nueve mil referencias a los diferentes aspectos de este Punto, incluidas más de ocho mil seiscientas respecto al tema de “verdad” 45.

4-6-2015, Los negociadores de las FARC celebraron la creación de la Comisión de la Verdad como mecanismo de “justicia y reparación”, pero reiteraron su rechazo a normas penales “diseñadas para un solo destinatario” y presentadas “unilateralmente” por el Gobierno. “Nos congratulamos de haber alcanzado un Acuerdo de creación de una Comisión de esclarecimiento de la verdad, que es parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está por cerrarse”. Para el buen funcionamiento de esa comisión, las FARC reiteran su reclamo para que se abran los archivos para “conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos, de los máximos responsables” del conflicto armado. “Necesitamos como el aire para respirar, la Paz, y para construir nuestra reconciliación sobre la roca de la no repetición y del nunca más”. Llegado el momento de enjuiciar los delitos cometidos durante más de cinco décadas de conflicto armado, “jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión con el terrorismo de Estado”. Las FARC rechaza las normas penales diseñadas para un solo destinatario -derecho penal del enemigo- presentadas unilateralmente por el Gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta en absoluto la opinión de sus interlocutores de Paz en la Mesa de negociación. Cuando las FARC se alzó en armas “motivada por el altruismo y la solidaridad humana”, ejerció un derecho “natural y universal: el de la rebelión contra un régimen injusto”. “Porque la transición debe ser hacia la justicia social y la democracia, proponemos mecanismos de verdad, justicia y reparación derivados de un acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades” 46.

7-6-2015, Pablo Catatumbo explica los alcances de la Comisión de la Verdad, sostiene que este no es un proceso contra las FARC y que por lo mismo no son los únicos responsables, y pide al Estado que asuma su parte. Veníamos de una secuencia de señales y mensajes muy alentadores. La tregua unilateral e indefinida decretada por las FARC, que llevaba cinco meses y que había disminuido más del 85% los niveles de confrontación militar. Además, había otros hechos muy positivos: el fin de las fumigaciones, las alusiones de Sergio Jaramillo a Simón Trinidad, el inicio del plan piloto de limpieza de artefactos explosivos, cuando de repente se desató la tormenta de bombas en nuestra contra. ¿Qué le pasó a Santos? A mi juicio, cometen una gran equivocación todos los sectores que piensan que a sangre y fuego las FARC van a aceptar condiciones de sometimiento. Ese es un camino que no da resultados. Hemos dicho que para hablar de justicia hay que hablar de verdad. Sin establecer la verdad completa es imposible hablar de responsabilidades, la guerra en Colombia tiene múltiples responsabilidades: políticas, económicas, militares, morales, penales. No se puede partir de que nosotros somos los únicos responsables de un problema tan complejo como es el conflicto colombiano que ya va para casi sesenta años y que todo se resuelve enviándonos para la cárcel. Eso no es sensato. Este no es un proceso contra las FARC, este es un proceso de Paz para Colombia. Un punto de avance en el asunto de justicia es el análisis de los informes presentados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, pero en Colombia no se le ha dado la debida importancia. Allí hay un aporte muy importante sobre los orígenes, las dinámicas y las razones que han dado continuidad al conflicto armado. En Colombia muchos sectores quieren adjudicarle toda la responsabilidad a las FARC, y eso no es así, ¿por qué no le explicamos al país quiénes desaparecieron más de veintinueve mil personas en Colombia? ¿Por qué fue posible eso? ¿Por qué se torturó tanta gente? ¿Quiénes son los responsables de las desapariciones y del asesinato de miles de dirigentes sindicales, agrarios y populares, del desplazamiento de más de seis millones de campesinos? ¿por qué no establecemos la verdad sobre quiénes se apropiaron violentamente y después legalizaron más de siete millones de hectáreas de tierra de los campesinos? ¿Cómo explicar que todo eso ocurriera a la vista de las autoridades civiles y militares y casi siempre con la complicidad o la participación de ellas? ¿Qué hizo posible que los paramilitares actuaran durante treinta años muy cerca de los batallones militares, en centros urbanos y cabeceras municipales y nunca se produjera siquiera un combate entre ellos. Esos son temas que debe abordar una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Para alcanzar la paz, es necesario conocer esa verdad. Aquí no se trata de la versión de tal o cual, de lo que se trata es de establecer la verdad de los hechos. Hay una verdad y es que durante treinta años la insurgencia fue la única que combatió al paramilitarismo, el Estado debe responder por qué permitió que durante tres décadas el paramilitarismo actuara libremente, realizara masacres sin fin frente a sus narices, desplazamientos forzados y despojaran a la gente de su tierra. Aquí se cometieron toda clase de horrores. El camino para resolver el tema de la justicia nos lo dará la verdad, debemos darle mucha importancia y mucho valor. Sin verdad no hay justicia. No basta con conocer todos los horrores de la guerra, es necesario conocer sus orígenes, sus causas, sus dinámicas. Y una vez que armemos todo ese rompecabezas podremos buscar una fórmula que permita dar satisfacción a las víctimas. Esa fórmula tendrá que ser realista, que tenga en cuenta todo lo que nos ha pasado durante todos estos años de dura confrontación, que incorpore todos los elementos que componen ese intrincado rompecabezas del que hablo, que le dé satisfacción a las víctimas, a la sociedad colombiana en su conjunto y a la comunidad internacional. La cosa no es fácil pero así es como se han resuelto todas las guerras civiles en el mundo entero. No hay otra forma. Con la conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se avanzará en la reconstrucción de lo que ha sido el conflicto y se contribuirá a la reparación y a la no repetición. Si avanzamos en esto se podrá empezar a desenredar el tema. El problema ha estado en que desde muchos sectores y hasta de representantes de organismos multilaterales se ha pretendido imponer la versión de que hay un consenso universal sobre los modelos de justicia transicional y se ha vendido la tesis de que hay también un consenso sobre el concepto de máximos responsables. Nosotros creemos que eso no es así. Que no existe tal consenso. Lo que tenemos que construir es una solución política, alternativas entre los colombianos, buscando que la salida a la guerra implique la restauración de la verdad, la no repetición y la ampliación de la democracia. El tema de justicia no puede ser un obstáculo para el principal objetivo del proceso de Paz, que es la reconciliación. Para que los colombianos puedan perdonarse entre sí, habrá que ser realistas. Mucha gente desde la extrema derecha se empeña en insistir en si las FARC van a ser condenadas, y uno se pregunta, ¿y los demás qué? Y esa ultraderecha histórica que originó el conflicto y que siempre ha alimentado la violencia, ¿qué? ¿Acaso no hay una responsabilidad de las clases dirigentes de este país? ¿acaso no hay una responsabilidad de los partidos tradicionales? ¿acaso dirigentes políticos, ministros, servicios de inteligencia no participaron en la guerra? Nadie podría entender que aquí en cincuenta años de guerra haya habido un solo responsable. Este es un conflicto muy largo, muy cruel. Hay múltiples causas, múltiples responsables y distintas formas de responsabilidad. La guerra colombiana no se puede ver solo con un ojo, hay que tener una visión más amplia. Existen documentos judiciales y periodísticos en que se ha dicho que el DAS era una empresa criminal ¿y si esa empresa dependía de los Presidentes de la República? ¿Quién va a responder por eso? ¿quiénes son los máximos responsables de la contraparte? Este es un proceso de Paz de dos partes iguales. Por eso esa teoría de los máximos responsables no es viable. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar de todo lo que ha ocurrido, de cómo hemos actuado, pero, ¿está dispuesto el Estado a hacer lo mismo y a asumir responsabilidades? Porque es que yo no había nacido cuando empezó esta guerra. Los colombianos que nacimos en esta generación estamos en la obligación de pedirles cuentas a los dirigentes de los últimos cincuenta años 47.

8-6-2015, Después de que se anunciara un Acuerdo para la conformación de una comisión de la verdad, que se enmarca en la discusión del Punto cinco de la Agenda de Diálogos de Paz entre el Gobierno y las FARC, referente a las víctimas; Rodrigo Granda, miembro del Secretariado de las FARC, señaló en un video que se estaría analizando la creación de una Subcomisión para abordar el tema de la justicia. “Es posible la creación de una o dos Subcomisiones para tratar temas muy complejos, temas muy complejos, temas tan álgidos no pueden tratarse de la noche a la mañana, vamos avanzando, somos optimistas”. En el proceso de Paz de La Habana se han logrado “avances significativos”. “Estamos tratando el punto de víctimas, luego podemos ir tratando el tema de justicia. Además paralelamente está avanzando la comisión técnica para el fin del conflicto”. Serán nueve personas, entre ellas seis colombianos, los encargados de escoger a los once Comisionados que encabezarán el proceso del esclarecimiento del conflicto. Está claro que la Comisión será un órgano temporal y de carácter extrajudicial. No será un mecanismo para administrar justicia sino que estará centrado en las víctimas del conflicto y buscará asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad. La principal fuente de información serán los testimonios de esas víctimas, aunque en muchos casos también acudirán quienes tuvieron responsabilidad directa o indirecta. Se hace indispensable que la opinión pública entienda su independencia, pues no podrá hacer imputaciones penales y la información que reciba o produzca no tendrá valor probatorio ni podrá ser trasladada a las autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales, ni las autoridades judiciales podrán requerirla 48.

12-6-2015, Después de un prolongado periodo de tranquilidad y paz gracias al cese unilateral del fuego determinado por las FARC, Colombia regresa a los horrores de la guerra como consecuencia de las trampas “santo-uribistas” del Jefe de la Casa de Nariño, empeñado en imponer mediante la muerte y los bombardeos, la Paz neoliberal de los vencidos, los sepulcros, las cárceles y la dictadura de los mercados. Santos y la fuerza aérea han iniciado un nuevo ciclo de guerra mediante atroces masacres para imponer el Plan de desarrollo dictado por la OCDE para facilitar el despojo por las multinacionales mineras, agroindustriales y petroleras. Para favorecer los negocios de los poderosos cacaos de la oligarquía dominante. Con la suspensión del cese el fuego unilateral ordenado por las FARC, el conflicto social y armado ha regresado a su plenitud. El CERAC, un foco privado de seguimiento del conflicto nacional y la Defensoría del Pueblo, han hecho reportes sistemáticos del incremento geométrico de los incidentes y hechos de guerra en los últimos 22 días (mayo/junio), detallando cada confrontación, los militares/policías muertos, las torres eléctricas derribadas, las vías bloqueadas, las rupturas de oleoductos y la parálisis de los carro tanques petroleros. Este difícil panorama de violencia es consecuencia de las incoherencias y estrategias perversas del señor Santos, quien juega como un tahúr con los anhelos de Paz de millones de colombianos. Como bien es sabido, el jefe de la Casa de Nariño realiza las negociaciones para terminar el conflicto con un esquema engañoso y ventajista, el cual plantea que hay que dialogar en La Habana ignorando lo que sucede en Colombia en materia de confrontación y hay que seguir en el país como sino se estuviese conversando en Cuba para terminar la guerra civil de más de 60 años. Dicha formula es la premisa de las conversaciones en medio de la guerra, preferidas por el “santo-uribismo”. La almendra de esa magia liberal no es otra que la de alcanzar ventajas, debilitando militarmente al adversario, para imponer una Paz neoliberal de los vencidos, los sepulcros, la cárcel y la dictadura del mercado. Las luminarias asesoras de la Casa de Nariño, como los politólogos británicos de la Tercera Vía, se inventaron el cuento de que la resistencia campesina revolucionaria funciona con la idea de una guerra a perpetuidad hasta tomarse el poder, ignorando su permanente voluntad de conseguir la Paz con justicia social y democracia ampliada para terminar los sufrimientos que genera un conflicto que solo al pueblo golpea con cientos de muertes y millones de desplazados. El mecanismo “santo-uribista” es de la misma estirpe del embeleco “pastranista” utilizado en los diálogos de San Vicente del Cagüán, como lo confeso su artífice en varias memorias publicadas después de que se suspendieron los diálogos de aquella época. Andrés Pastrana, admitió que toda su artimaña con los diálogos en el Cagüán era darle un respiro a los militares para que, con el apoyo financiero y militar de EUA a través del Plan Colombia, reorganizar el dispositivo bélico del Estado y así aplastar a la insurgencia revolucionaria, objetivo que fracasó a la luz de lo que se ve hoy cuando el Estado debió sentarse de nuevo con las FARC para intentar poner fin a la guerra interna, desde enero del 2011. Pero Santos, un político traidor, formado en la escuela de la felonía liberal, es parte de esa visión contrarrevolucionaria que maniobra para impedir la quiebra del modelo neoliberal. Es lo que explica la intensa coyuntura de guerra que vive Colombia en la actualidad. Una acción defensiva de la insurgencia revolucionaria sirvió de pretexto a los bombardeos criminales de la fuerza aérea en Guapi, Segovia y Riosucio/Choco, lugares en que murieron en situación de completa indefensión varias docenas de integrantes de las guerrillas, provocando adicionalmente cientos de desplazados en el Pacifico, Antioquia y el Choco. Lo que ha ocurrido y los sucesos de las últimas horas lo que indican es el inicio de un nuevo ciclo de guerra en el prolongado conflicto armado nacional. La confrontación civil colombiana se alimenta de esos ciclos de sangre orquestados por las oligarquías dominantes y sus aparatos armados. Significa que la guerra civil nacional adquiere hoy, en el siglo XXI, otros niveles de complejidad porque nuevos sectores del pueblo reaccionaran, como ha ocurrido en otras épocas, para defenderse de estas acciones enfiladas básicamente a imponer violentamente el Plan de Desarrollo neoliberal recientemente aprobado por el corrupto Poder legislativo, para facilitar la explotación de las multinacionales mineras, agroindustriales y petroleras y los negocios de los grandes cacaos de la elite dominante. El pueblo responde y la movilización social debe ampliarse demandando la Paz democrática. El cese al fuego bilateral es parte de esas reivindicaciones nacionales que deben conquistarse mediante la acción de los campesinos, los trabajadores y las otras expresiones de la nación. Cese al fuego bilateral e indefinido, ya! 49.

12-6-2015, Señor Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, sobre su carta del 4-6-2015: El Marco Jurídico para la Paz no es el denominado Acto Legislativo 01 de 2012. Para las FARC, alzada en armas desde hace décadas en uso del legítimo derecho de rebelión consagrado en textos que usted debe conocer, el Marco Jurídico para la Paz es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera subscripto entre los plenipotenciarios de nuestra organización y los del Gobierno el 26 de agosto del 2012, frente a terceros Estados que estuvieron presentes como testigos. Aquél instrumento, el primero citado, que se nos pretende aplicar, carece de poder vinculante ya que no solo escapa al tenor de la letra del Acuerdo General, sino que en la Agenda recogida en el mismo ni se prevé ni mucho menos se menciona. Insistir en extenderlo a las conversaciones de Paz o pretender que se recoja como mandato substantivo de sus conclusiones es desconocer la naturaleza política, social y militar de la confrontación armada interna que supera hoy las seis décadas de existencia, y no comprender que lo que se busca es la reconciliación nacional estable y duradera. Entendemos que usted tiene una visión confusa sobre lo que viene sucediendo en el país y en la mesa de La Habana. Ha pretendido ser un Director de orquesta a distancia de todas las partituras, trágicas muchas de ellas, sin haber aclarado primero su papel y el de la institución que pasajeramente preside, dentro del contexto descarnado del conflicto que tanto dolor le ha producido a la historia nacional y al pueblo de Colombia en general. La razón natural que tiene mucho que ver con el manejo y aplicación del sentido común enseña que una Comisión de la Verdad busca exactamente lo que su calificación indica: la verdad. Pero no su verdad señor Procurador. Ni la verdad que agentes oficiales del Estado o algunos sectores de la opinión caprichosa quieren oír. No. La verdad que se busca es la que brote de los labios de las víctimas, por haber sufrido en carne propia la tragedia de la guerra, o por llevar la voz de sus deudos caídos o desaparecidos por razón del conflicto; la verdad que se quiere conocer es la que se escuche desde las tumbas, que hablarán cuando se retiren sus lápidas y se trabajen científicamente los restos mortales que ellas guardan; la que surja cuando se ponga de manifiesto la realidad sobre el desplazamiento forzado, sobre la usurpación indebida de predios, sobre la forma como se arrojaron cuerpos humanos a los ríos, a los estanques infestados de cocodrilos o se llevaron a los hornos crematorios para no dejar rastro alguno, tratándose de humildes campesinos o ciudadanos sacados de sus casas para ser exterminados con sevicia. Se trata de la verdad que debe brillar cuando se indique quiénes fueron destrozados con la motosierras usadas como arma de aniquilamiento contra supuestos enemigos. No se trata de la verdad que invoque una ley sino de la verdad que invoque la razón, la honesta memoria y el deseo de superar el conflicto de manera definitiva, la reparación integral y garantías de no repetición. En su momento nosotros también cumpliremos nuestro compromiso con la verdad como ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. Se trata también, Señor Procurador, de la verdad salida del militar o del oficial de policía cuando haga sus relato e indique de quién o cómo recibió la orden; cómo y quienes instruyeron la aniquilación por muerte violenta de miles de militantes de la Unión Patriótica, y de hombres y mujeres asesinados por pensar diferente o por defender el derecho del otro; y cómo sobrevino la política sangrienta y cobarde de los falsos positivos; del funcionario del Estado que miró hacia el otro lado para permitir el acaecimiento del delito; del financista especulador y blanqueador de dinero; la del empresario, ganadero, terrateniente que suplantó al Estado tomando la justicia por su propia mano; la de la dirigencia política nacional y de los partidos que utilizó a los carteles de la droga para financiarse y acceder al poder, o que le dio palmaditas en la espalda al paramilitar para estimularlo y así alcanzar sus dañadas aspiraciones y cometidos. La Corte que usted cita con tanto entusiasmo, Señor Procurador, moralmente ha dejado de existir. El ius puniendi como poder del Estado legítimo tocó el fondo del desprestigio. La hidra de la corrupción se tomó los pasillos del Palacio de Justicia. Suponemos que usted está atento a las noticias. Se ha llegado a afirmar que lo que allí acontece es peor que lo ocurrido el día en que las llamas convirtieron en cenizas a honorables magistrados y a ciudadanos inocentes. Entonces no nos pretenda vender la idea, Señor Procurador, de que tenemos que acogernos a un sistema de justicia elaborada por doctrinantes extranjeros que nunca imaginaron que sería acomodada con tijeras y remiendos en una especie de sastrería jurídica para vestir groseramente procesos políticos de Paz; y que, dicho sea de paso, tendría que ser desarrollada aun mediante leyes estatutarias que pasarían al conocimiento de la Corte antes referida. Corte que como ya se advirtió dejó de lado su legitimidad. Nadie es ajeno al hecho de que hoy varios de sus integrantes abandonaron la majestad que debería tener su investidura por preferir las falsas delicias del delito. “Priorización”, “ponderación”, “selección”, “sistematicidad”, “máximos responsables” y “macro procesos”. ¿Tras sesenta años de conflicto interno inventarse semejante procedimiento para ponerle la mano a unos pocos y encarcelarlos al final de la contienda? Señor Procurador, ¿usted que se dice ser conocedor de la Palabra divina se atreve a “tirar la primera piedra”? “¡Bombas Señor Presidente! ¡Bombas!” ha sido su clamor. Usted es una de las partes actuantes del conflicto; hace rato dejó de ser un civil no comprometido, Señor Procurador. ¿Cómo es que no se ha dado cuenta? Indiqué arriba que usted no ha aclarado su papel y el de la institución que pasajeramente preside dentro del contexto descarnado del conflicto que tanto dolor le ha producido a la historia nacional y al pueblo de Colombia en general. Y eso es así. Nunca la Procuraduría, en desarrollo de su supuesta obligación de velar por la defensa de la sociedad, se ha preguntado o ha investigado por qué la fuerza pública jamás enfrentó en el campo de batalla a las fuerzas paramilitares. Esto durante más de treinta años. Se acribillaron civiles inocentes sin que su institución hubiera tomado iniciativas ni medida alguna. Tampoco se preocupó la institución que hoy usted preside, ni usted mismo, por la suerte de los caídos o asesinados en los campos de Colombia más allá del actuar paramilitar, ni han sido de su interés los protocolos propios del DIH que se deben aplicar de manera imperativa para establecer la identificación de cadáveres para luego regresarlos a sus seres queridos. ¿Cuándo se ha preocupado usted por los derechos de la viuda, del hijo, del hermano o de la madre de un guerrillero? ¿Cuándo se le ha despertado la curiosidad por averiguar por qué solo los hijos de los pobres en una sociedad claramente estratificada son los que se convierten en carne de cañón mientras que sus iguales, los suyos Señor Procurador, jamás han sabido portar un fusil? ¿Por qué no defiende a los menos favorecidos? ¿Por qué se prefiere que sea la sangre de estos la que se derrame? Porque si se trata de hacer justicia, defienda usted el principio de igualdad, aún para ser aplicado a su propia persona y a su propia clase. Señor Procurador: El “ojo por ojo y diente por diente” es una práctica bárbara y un anacronismo perverso en épocas de Paz y reconciliación. Usted, Señor Procurador, usa un lenguaje de guillotina moral para sentenciar, sin primero pensar que detrás de muchos moralistas hay falencias, falta de formación, desconocimiento de la verdad, confusión y mucho de puesta en escena. Lo invitamos a que deponga la falsa armadura con la que ha querido tener presencia en la vida pública. Mírese primero la viga en el ojo propio. En su momento, de seguro, usted tendrá que presentarse en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Allá queremos oírlo a fin de que le cuente al país por qué sus silencios en momentos en que debió pronunciarse; por qué permitió el escalamiento de la confrontación armada como solución al conflicto interno; por qué no le tendió la mano al pobre, a la víctima del otro lado, al desprotegido defensor de los derechos humanos; a las víctimas de la política neoliberal, a los millones de seres humanos a los que se les vulneró sus derechos económicos, sociales y culturales, a las familias de decenas de miles de desaparecidos. Hablar desde un púlpito prestado es fácil. Salir al campo para confrontar la verdad, es otro cantar. No crea que no le agradecemos el envío de su carta. Nos brindó con ella la oportunidad de manifestarle de manera asertiva nuestro pensamiento, criterios y decisiones ya tomadas. Y nos permitió el espacio para convocarlo, como en efecto lo hacemos con estas líneas, a formar un solo cuerpo con quienes sí hemos combatido y sufrido las iniquidades de una guerra desigual sin dar un paso atrás y comprendemos que llegó el momento de pensar en que hay que reconstruir el tejido social haciendo de la dignidad de la persona humana en Colombia el centro de atención colectiva. Sin olvidar algo que consideramos de la esencia de la futura Paz, pensando en las víctimas, su reparación, el perdón y el nunca más. Se trata de la Asamblea Nacional Constituyente, Señor Procurador. No se insista en que se daría con ella un salto al vacío. Todo lo contrario. Dejar la futura suerte en manos de los poderes constituidos como lo pretende el adefesio del Acto Legislativo 01 del 2012 y la Sentencia C-579 del 2013, sí es el verdadero salto al vacío. Siempre el poder constituido siguiente al de hoy y mañana se sentirá más audaz, más ingenioso, más justo, más capaz, y terminará destruyendo la obra que se pretende construir de manera concluyente. Procurador: Solo se llega a la construcción del candado definitivo, a la construcción de la norma pétrea garante de la seguridad jurídica futura acudiendo al poder creador; poder que constituye, es decir, poder que erige, forma y construye. A la fuente de toda fuente. De remate se lograría reconstruir desde ese escenario de manera inteligente y democrática el ius puniendi hoy desaparecido; adelantar la revisión del reordenamiento territorial, recomponer los órganos de control, adecuar las normas de participación ciudadana, incluir el Estatuto de la Oposición, definir de una vez por todas la necesidad de diseñar una política criminal estable, revisar tantas instituciones golpeadas por los vicios, los dineros sucios y la corrupción rampante. Espero no se haya molestado con nuestra opinión y posición ya tomada. Es por lo que hemos luchado: justicia social con igualdad, bienestar para todos, calidad de vida al alcance del pueblo, justicia en la tenencia de la tierra, justicia en los campos y en las zonas urbanas, educación y trabajo digno con remuneración a la altura de las mínimas necesidades. Si hemos llegado a conquistar un sitio en igualdad de condiciones con nuestros contradictores de siempre en la Mesa de La Habana para revisar las enfermedades de la patria y buscar una Paz estable y duradera, Señor Procurador, es porque hemos sido rebeldes anhelando lo mejor para el pueblo de Colombia. No vamos a dejar de lado, no vamos a abandonar esta histórica oportunidad. Iván Márquez, Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP 50.

12-6-2015, En un documento conjunto las FARC y el Gobierno colombiano informaron que “hemos llegado a un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición […] que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial”. El Acuerdo se produjo el 4-6-2015 cuando el ambiente político por el reciente escalamiento de la guerra estaba enrarecido, lo que restituyó confianza en el éxito de los diálogos. Algunos analistas no han dudado en calificar este logro de la Mesa como “la mejor noticia en los tres años de diálogo del proceso de La Habana”. No obstante, aún quedan diferencias qué dirimir en el punto Víctimas. En tal sentido las Partes se proponen el diseño de un “sistema integral de verdad, justica, reparación y no repetición” que permita satisfacer los derechos de las víctimas, poner fin al conflicto y construir la Paz, lo que conlleva cambios de fondo que tengan como propósito la justicia social, puesto que el carácter académico investigativo de la Comisión va acompañado de la puesta en marcha un proceso social y político democrático. Este Acuerdo Parcial logró desanudar una de las mayores dificultades presentadas, como era la negativa del Gobierno a aceptar la responsabilidad del Estado en el conflicto: Como parte del mandato de la Comisión está “esclarecer y promover el reconocimiento de las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto […] y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad”. Con ello se abre la oportunidad de conocer, por fin, qué es lo que ha pasado en Colombia con relación al conflicto; quiénes, por qué y con qué intereses lo iniciaron y han atizado su prolongación; qué se esconde detrás de cada fracaso de diálogos que ha habido con la insurgencia y qué pudo evitarse de haberse tomado decisiones responsables y acertadas; cuáles han sido las fuerzas oscuras que en todas las etapas del conflicto se han opuesto a la construcción de un Acuerdo que sane las heridas y siente las bases de democracia política y social para una Paz estable en nuestro país. Con el Frente Nacional se prefirió el “olvido” como fórmula para apaciguar y la exclusión política como modelo de Gobierno para la perpetuación en el poder de los partidos liberal y conservador, profundizando las desigualdades y las injusticias en vez de subsanarlas. Toda vez que el período objeto de estudio de la Comisión abarca la totalidad del tiempo de duración del conflicto, con la posibilidad de explorar eventos históricos anteriores, habrá posibilidad de conocer la verdad sobre los responsables de los trescientos mil muertos del período “La Violencia”, de sus masacres y cortes de franela, los crímenes de los chulavitas, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y todas aquellas atrocidades sobre las que nunca hubo esclarecimiento y mucho menos enjuiciamientos. Para lograr este difícil cometido es fundamental que el Gobierno abra los archivos secretos y dé a conocer las investigaciones que haya sobre la responsabilidad que les asiste a instituciones estatales y funcionarios públicos, políticos, gremios económicos, el poder judicial y demás, en el origen y avivamiento del conflicto, en especial lo concerniente a magnicidios, guerra sucia, paramilitarismo, despojo de tierras, desplazamiento forzado “falsos positivos”. También los informes de la Comisión Histórica del conflicto y sus Víctimas serán insumos básicos para el trabajo de la Comisión. El resultado del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad será por primera vez un esfuerzo oficial por descubrir la verdad ontológica del conflicto. Se rompe así la política del Estado signada por la pretensión de sepultar esa verdad y garantizar impunidad a los responsables que son unas pocas familias que, de generación en generación, se han turnado en el poder durante el último siglo. De la misma forma podrá develarse la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación, la rama judicial, el narcotráfico y Estados Unidos. Entre los otros mecanismos que se espera constituir para completar el “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” está una Comisión para investigar específicamente el fenómeno del paramilitarismo. Sin el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo no habrá garantías de seguridad si se firma el Fin del Conflicto. Igualmente, es “imprescindible determinar el alcance y contenido del delito político derivado del ejercicio del derecho a la rebelión”, como lo ha dicho el comandante Iván Márquez, Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP. “Podemos convenir mecanismos extrajudiciales novedosos, incluso de sanción, que partiendo de la verdad que reclaman las víctimas del conflicto, la reparación integral y la no repetición, hallen el camino cierto de la concordia y la paz”. Para ello es necesario enarbolar la Paz como derecho síntesis, tomar en consideración el margen nacional de apreciación y la justicia prospectiva. Si el sistema de justicia no se ajusta a nuestra idiosincrasia, a la historia y condiciones especiales del conflicto colombiano, ni se pone de manifiesto el principio de soberanía, la Paz será esquiva. La violencia de género y la discriminación son como ‘minas en la sociedad’. Así lo definió la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, Zainab Hawa Bangura, luego de visitar La Habana en donde se reunió con las delegaciones de las FARC-EP y del Gobierno y con los representantes de los países Garantes, Cuba y de Noruega, los días 24 al 26 de mayo del 2015. El enfoque de género que revestirá al conjunto de los Acuerdos que surjan en La Habana, además de no tener precedentes en procesos de Paz anteriores, su aplicación en un post Acuerdo será crucial para que la Paz sea duradera y sólida. A la vez es un aporte que puede servir en otros procesos que se propongan la resolución de conflictos. En referencia a que la violencia contra las mujeres está enraizada en las desigualdades estructurales de género y en la discriminación, la representante de la ONU instó a las Partes a “construir sobre esta base en común, y a mirar el proceso de paz como una oportunidad histórica para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad colombiana a través de cambios estructurales” 51.

18-6-2015, Las FARC presentó un “borrador conjunto de Acuerdo” sobre el punto de las víctimas. Con esta iniciativa, aspiramos a que se permita mostrar de manera práctica, al cierre del Ciclo 38, que efectivamente “resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo” y del proceso de Paz. Del Principio 1, Reconocimiento de las víctimas: Se proponen reformas a la Ley 1448 de 2011, llamada de Víctimas y Restitución de Tierras para ampliar la cobertura de tiempo y el espectro de las responsabilidades. Se insiste en otorgar el reconocimiento de las víctimas como sujetos políticos y reconocimiento especial a las víctimas colectivas, lo cual implica la construcción de un nuevo modelo de Registro Plural y Unificado de Víctimas, que incluya a colectivos victimizados y a víctimas de crímenes de Estado. Del principio 2, Reconocimiento de responsabilidad: Se aboga por la realización de un acto colectivo de contrición política de reconocimiento de las responsabilidades, asumiendo cada parte lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más. Del principio 3, Satisfacción de los derechos de las víctimas: Se habla de acordar un apartado referido a la Reparación integral de las víctimas del conflicto, incluyendo la financiación de las iniciativas. Para ello se conformaría el “Fondo Especial para la Reparación Integral” (FERI). Dentro de la misma perspectiva se propone diseñar un “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Esto implicará un esfuerzo fiscal extraordinario, equivalente al menos al tres por ciento (3%) del Producto Interno Bruto anual, para la conformación del “Fondo” con vigencia de 10 años. Se propone la formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto” con sustento constitucional, también para un período inicial de diez (10) años. Principio 4, La participación de las víctimas: Se indica brindar participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de políticas para la garantía efectiva de sus derechos. Del principio 5, El esclarecimiento de la verdad: Dentro de este principio reiteramos la necesidad de adelantar el estudio de los informes de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, acordar con celeridad los elementos de disenso que aún persisten en la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y cerrar el “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, sin dejar de lado nuestra insistencia en que se abran los archivos, entre otros asuntos de importancia. Del principio 6, Reparación de las víctimas: Consideramos que la reparación integral es parte esencial de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y por ello debe ser un compromiso de inmediata ejecución la formulación y puesta en marcha del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Del principio 7, Garantías de protección y seguridad: Se prioriza proceder con el desmonte efectivo del poder y las estructuras paramilitares en todas sus formas y modalidades. Para tal efecto, se conformará una “Comisión de esclarecimiento del paramilitarismo”, y para atender a sus recomendaciones, se creará una “Comisión de erradicación del paramilitarismo”. Del principio 8, Garantías de no repetición: El planteamiento de fondo estaría en el compromiso de adoptar nuevas doctrinas, teorías, mandatos y funciones para la fuerza pública, derogando expresamente cualquier referencia inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y el enemigo interno. Esto se complementaría con las revocatoria de todo pacto de cooperación o asesoría militar con gobiernos o instituciones extranjeras que impliquen perjuicio a la soberanía nacional. Del principio 9, Reconciliación: Aquí, específicamente, se trata de establecer que es el inicio de las reformas estructurales para la superación de la desigualdad y la miseria lo que brindará base para la no repetición y la reconciliación nacional, en la medida en que coadyuven a la superación de las características de injusticia del orden social existente. Del principio 10, Enfoque de derechos: Incluimos, finalmente, la posición de sancionar por vía expedita la vulneración de los derechos humanos, territoriales y ambientales que cometan tanto entes estatales como actores empresariales privados. Agregamos que, atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se deben tener en cuentan las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales 52.

8-7-2015, Pronunciamiento de las FARC: Saludamos y hacemos nuestro íntegramente el llamamiento realizado en el día de ayer en La Habana por los países garantes y acompañantes de los diálogos de Paz. Nos congratulamos de la expresa solicitud a las partes pidiendo el desescalamiento urgente del conflicto armado, restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimiento, e intensificar la implementación de medidas de construcción de confianza, incluyendo la adopción de un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y otro sobre los derechos de las víctimas. Vinimos a Cuba a alcanzar un acuerdo de Paz, a poner fin a una guerra que sobrepasa el medio siglo. Nada puede complacernos más que acabar definitivamente con la confrontación, la violencia, la generación de nuevas víctimas y el sufrimiento del pueblo colombiano a consecuencia del conflicto. Recogiendo el espíritu del llamado de los garantes del proceso, Cuba y Noruega y de los acompañantes del mismo, Venezuela y Chile, anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio, por un mes. Buscamos con ello generar condiciones favorables para avanzar con la contraparte en la concreción del cese al fuego bilateral y definitivo. Solicitamos desde hoy los buenos oficios como veedores de esta determinación, al Frente Amplio por la Paz, las iglesias y al movimiento constituyente por la Paz. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP 53.

9-7-2015, Las FARC reafirmaron en La Habana su decisión de dejar las armas y convertirse en una organización política cuando se alcance la Paz pero pidieron que antes se adopten garantías y medidas para acabar con el paramilitarismo. “Reafirmamos nuestra decisión de hacer dejación de las armas pero antes deben tomarse medidas para impedir que tengamos que contemplar impasibles como vuelve a producirse en Colombia el exterminio de una fuerza política nacida de un acuerdo de Paz. Porque queremos convertirnos en una organización política abierta con derecho a pensar y disentir, actuando sin la zozobra de las amenazas, la persecución y la muerte, proponemos acordar a la mayor brevedad un mecanismo que garantice la no repetición del paramilitarismo, el esclarecimiento de dicho fenómeno y su desaparición efectiva. El paramilitarismo es uno de los grandes obstáculos para la consecución de la Paz”. Las FARC presentaron a la mesa de conversaciones con el Gobierno una propuesta para crear una “Comisión para el Esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo” basada en un mecanismo similar puesto en marcha en Guatemala y acompañada de un informe “sobre la presencia neo-paramilitar” en Colombia. “Colombia debe entender que ello es garantía previa para que puedan los militantes de las FARC incorporarse a la vida civil sin riesgo para sus vidas y su integridad por ejercer actividad política en democracia” 54.

12-7-2015, Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, con el objetivo de: i) Fortalecer la confianza de los colombianos y las colombianas en el proceso de paz, y también la confianza entre las delegaciones; ii) Agilizar la construcción de acuerdos sobre todos los aspectos restantes de la Agenda del Acuerdo General; y iii) Crear las condiciones para la puesta en marcha del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (Sub punto1 del Punto 3 “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General). Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos decidido: I. Hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar sin demoras a la firma del Acuerdo Final, para lo cual cambiamos la metodología por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la Agenda, a la vez que se construyen acuerdos en la Mesa. Para ello definimos un plan con metas preestablecidas. II. En particular, acordar sin demoras los términos del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación. Para ello, las delegaciones solicitarán el acompañamiento en la sub comisión técnica de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de la presidencia de UNASUR (actualmente Uruguay), con el fin de que contribuya a poner en marcha la discusión sobre el sistema de monitoreo y verificación y a preparar desde ahora su implementación, sin perjuicio de la decisión de las delegaciones sobre la participación en el futuro, en el sistema de monitoreo y verificación, de otras organizaciones o países. III. En el entretanto: Las FARC-EP, como medida de desescalamiento mantendrán la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Por su parte, el Gobierno Nacional a partir del 20 de julio pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP. En todo caso el Gobierno Nacional y sus instituciones, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, continuarán garantizando la protección de todos los colombianos y el cumplimiento de la ley en todo el territorio Nacional. El Gobierno continuará persiguiendo el delito y en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades mediante el uso de las armas. En cumplimiento de lo anterior el Gobierno Nacional promoverá el respeto y garantizará el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los colombianos y las colombianas. En cuatro meses, a partir de la fecha, cada una de las delegaciones hará una primera evaluación tanto del cumplimiento de estas medidas de desescalamiento, como de los resultados de los esfuerzos para agilizar los avances de la Mesa, y tomará las decisiones que considere pertinentes. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de dar inicio al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, si se llega a un acuerdo. IV. El Gobierno Nacional y las FARC-EP intensificarán, sobre la base de un cronograma, la implementación de medidas de construcción de confianza 55.

15-7-2015, El Presidente Juan Manuel Santos estableció cuatro meses como un plazo para evaluar el avance en las negociaciones con las FARC y definir si se continua o no con el proceso de Paz en La Habana en Cuba. Puntos claves del Pacto para agilizar en Cuba y desescalar en Colombia: A partir de ahora, la mesa de negociaciones con las FARC en La Habana tendrá una nueva metodología, cuyo fin es “conseguir cuanto antes resultados” para recuperar la confianza del país en el proceso de Paz. Esta decisión se traducirá, en primer lugar, en un trabajo simultáneo de los cuatro puntos “críticos” que falta negociar: justicia, cese bilateral del fuego, dejación de armas y garantías de seguridad para las FARC. La meta es revisar los resultados del desescalamiento en cuatro meses, lo que en la práctica implica que la tregua unilateral de las FARC, anunciada inicialmente para un mes, será hasta noviembre. “Es este, sin duda, un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del proceso de diálogos”, dijo el Jefe de la delegación de las FARC, ‘Iván Márquez’, al referirse al Acuerdo. 1. Fórmula judicial, el trabajo inmediato en la mesa: Para garantizar que en La Habana se avanza en los Acuerdos pendientes mientras en Colombia se baja la intensidad de la guerra, los negociadores del Gobierno y las FARC tienen el imperativo de lograr un Acuerdo sobre justicia que satisfaga a las víctimas, al país y los estándares internacionales. Es el tema pendiente en el Punto de víctimas, pues el de reparación está casi listo y sería anunciado pronto. 2. El papel de la ONU y la presidencia de UNASUR en la comisión de comandantes militares y jefes guerrilleros: Si todo sale bien, el desescalamiento del conflicto debe conducir al cese bilateral y definitivo del fuego. Por eso, la subcomisión del fin del conflicto -integrada por comandantes militares y jefes guerrilleros- comenzará a trabajar también en el detalle del monitoreo y verificación de ese cese del fuego y la siguiente dejación de armas de las FARC. Para eso se integran a esta subcomisión un delegado del Secretario General de la ONU y uno de la presidencia de UNASUR, que está hoy en manos de Uruguay. Usualmente los verificadores son organismos internacionales y tanto la ONU como UNASUR podrían ser parte de la verificación. 3. Resultados en justicia definirán el tránsito hacia el cese bilateral y definitivo del fuego: Dentro de cuatro meses, el Gobierno y las FARC evaluarán los resultados y el cumplimiento de las medidas puestas en práctica en terreno, de lado y lado, para bajar la intensidad de la guerra, pero, también, los avances en la agenda de negociación. Solo si las dos cosas han sido satisfactorias para las partes se avanzará oficialmente al cese bilateral y definitivo del fuego bajo los términos construidos por la subcomisión del fin del conflicto con el apoyo de la ONU y UNASUR. Una fórmula judicial satisfactoria será clave para que se dé el tránsito al cese del fuego definitivo, que pondría fin a 50 años de guerra 56.

19-7-2015, Las FARC entregaron detalles del cese el fuego unilateral que comienza el 20-7-2015. Destacaron que los hombres en sus filas tienen vía libre para defenderse en caso de un hostigamiento del ejército. “Ninguna unidad de las FARC está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque. Todos nuestros Bloques, Frentes, Columnas, Compañías y demás estructuras político militares, al igual que a las milicias bolivarianas y populares y estructuras subordinadas” podrán detener cualquier ofensiva. Reiteran el llamado a que el Gobierno decida decretar un cese al fuego bilateral. David Flórez, integrante de Marcha Patriótica y del Frente Amplio por la Paz, indicó que “sin lugar a dudas la mayor dificultad es que el Gobierno no renuncie todavía a resolver desde el punto de vista militar discusiones que son de orden público. Lo que se evidencia es que quiere aflojar los puntos difíciles de la mesa desde la perspectiva militar”. “El Gobierno Nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC”, anunciaron los negociadores de ambas partes en un comunicado conjunto 57.

21-7-2015, Algunos desacuerdos con el informe “Lo que hemos ganado”, de la Fundación Paz & Reconciliación. 1. La “verdad” y el informe lo que hemos ganado de la Fundación Paz & Reconciliación. Al respecto del conflicto armado en Colombia, el asunto de “la verdad” se ha focalizado en la determinación de los responsables de esta tragedia nacional, pero hay que resaltar que es una oportunidad para terminar la conflagración y construir sociedad con menos exclusiones y mayor bienestar para el conjunto de la población. Unas herramientas para pensar el asunto y actuar en él, son las que proveen las humanidades y ciencias sociales, en la necesaria reflexión colectiva. Desde la utilidad de las investigaciones de las humanidades y ciencias sociales para comprender esa “verdad histórica”, es como aquí se considera el informe. Este texto que se presenta, tiene por objeto señalar contradicciones con algunas conclusiones del citado informe, principalmente con el apartado: “Las FARC se preparan para el postconflicto”. Este texto no se escribe desde ninguna institución ni legal ni ilegal, simplemente es una obligación moral poner en evidencia algunas contradicciones, sobretodo porque ese tipo de temas en nuestro país y ese tipo de conclusiones, pueden tener consecuencias peligrosas para varias personas. Se presentan los juicios polémicos que se pueden deducir del informe lo que hemos ganado; se sigue con la alusión a otra investigación, que arroja otros resultados, algunos de ellos abiertamente contrarios a las del informe citado; y se finaliza con algunos apuntes sobre la metodología y comentarios personales. 2. Juicios en los que se está en desacuerdo y que se ponen en cuestión. El desacuerdo con el informe lo que hemos ganado, se encuentra en la manera de ver la relación entre las FARC y la autonomía de las juntas de acción comunal de los campesinos. Principalmente en cuatro temas: las juntas de acción comunal en sí mismas, los manuales de convivencia, las multas, y por último, las posibles posiciones políticas de estas juntas, en un eventual posconflicto. Los juicios en cuestión, son los siguientes: a. Las juntas de acción comunal son herramientas de control y sometimiento a los campesinos y campesinas, por parte de las FARC. b. El manual de convivencia es la normatividad que imponen las FARC a los campesinos y campesinas, con lo que regulan toda su vida cotidiana y participación política. c. Las multas que estarían consagradas en ese manual de convivencia, son cobradas y administradas por las FARC. d. Las expresiones políticas que pudieran expresar los miembros de las juntas de acción comunal como expresión de la “población civil” frente al posconflicto, son réplicas exactas de la posición política de las FARC. 2.1 Las juntas de acción comunal. Ante estas formas de organización comunitaria, el Informe lo que hemos ganado dice lo siguiente: “ … ante una estrategia de reinserción política, el grupo guerrillero cambia de estrategia. Ha comenzado a ceder esta administración de justicia a las comunidades por medio de las Juntas de Acción comunal”. Quiere decir, y ya que refiere a que es un fenómeno reciente, que la administración de justicia que tradicionalmente hacían las FARC, ahora la realizarían las juntas de acción comunal, eso sí, teniendo como máxima instancia a las FARC, en una suerte de “Corte Suprema” llamada “Consejo de Seguridad”, como el informe detalla a continuación: Cada JAC (Junta de Acción Comunal) debe crear un comité de conciliación, allí llegan los primeros casos de conflictos entre vecinos, si el comité no puede solucionarlo, este caso pasa a una segunda instancia, que es la JAC en pleno, si allí tampoco se soluciona, se pasa a un Núcleo de Juntas, que es una agrupación de JAC de diferentes veredas. Y si allí tampoco se resuelve pasa al grupo guerrillero. Vale la pena aclarar que en todo caso la autonomía de las JAC en estas zonas del país, no es auténtica, la supervisión de las FARC es amplia. De lo anterior se pueden deducir dos cosas: por un lado, que la resolución de conflictos en las regiones las realizaba las FARC, y solamente hasta ahora las juntas de acción comunal tienen incidencia en ello, eso sí, sin alguna autonomía real para hacerlo. La manera de “hacer justicia” de las FARC en esos territorios está entonces enlazada desde las veredas, pasando por núcleos veredales, para tener el control del “sistema” algún grupo de guerrilleros de la zona. Ahora bien, si las juntas de acción comunal no tienen autonomía para la toma de decisiones en la resolución de los problemas comunitarios, quiere decir que hay un control de la vida cotidiana de los campesinos y campesinas, que se articula por medio de las juntas de acción comunal. Pensar que lo que el informe afirma es que las Juntas de Acción Comunal, en los municipios señalados como de “presencia armada de las FARC”, son herramientas de sometimiento y control de las FARC contra los campesinos y campesinas, no es “exceso de perspicacia”, ya que quienes aparecen liderando el informe, León Valencia y Ariel Avila han señalado ese tipo de relaciones entre las FARC y las juntas de acción comunal en diferentes publicaciones, algunas de las cuales han tenido gran resonancia, sobretodo en la prensa dominante del país. Es bueno aclarar que mientras que en los artículos publicados por esos autores anteriores al informe señalan algunos fenómenos en localidades específicas, en el informe, esa relación de dominio sobre la población se presenta de manera generalizada para los municipios señalados como de “presencia armada de las FARC”. 2.2 El Manual de Convivencia. Es nombrado en dos ocasiones, ambas en la cita textual de “un líder comunitario”, donde al parecer, son indistinguibles los términos: “Manual de las FARC” y “Manual de Convivencia”. Se da a entender entonces, que el Manual de Convivencia es la normatividad impuesta por las FARC, dentro de la reglamentación de la vida cotidiana de los campesinos y campesinas, ejecutada por las juntas de acción comunal. Es oportuno señalar que los autores en otros artículos para la prensa corporativa otorgan este carácter a dicho manual. En el artículo “El manual de convivencia de las FARC”, León Valencia presenta de manera puntual que la situación se desarrolla en Putumayo y Caquetá, y muestra como evidencia el panfleto de un frente, del 20-7-2013, sin embargo, en el informe queda implícito que ello ocurre en todos los “municipios con presencia de las FARC”. Hablando más claramente: el informe plantea que cuando se escuchen las palabras “juntas de acción comunal” en los “municipios con presencia de las FARC”, el término “Manual de Convivencia”, hay que entenderlo como “Normatividad de imposición de las FARC a los campesinos y campesinas”. 2.3 Las multas y recursos de las juntas de acción comunal. Sin que en el informe lo que hemos ganado se presente algún análisis sobre el tema, el “líder comunitario” afirma que los dineros recogidos por las multas, que surgen del incumplimiento del Manual de Convivencia, son recibidos por algún miliciano de las FARC, quedando en el aire la noción que los recursos que puedan tener estas juntas campesinas son controladas por el grupo guerrillero. Podría pensarse, aunque el informe no lo dice, que esos dineros a los que podría tener acceso la junta de acción comunal son parte de la financiación de los insurrectos. 2.4 Las expresiones políticas de los campesinos. Dado que las juntas de acción comunal, según el informe, no tienen autonomía sino que replican las voluntades de las FARC, y la relación con estas organizaciones campesinas tiene por finalidad incorporarse al trabajo político en lugar del militar para un eventual posconflicto, se puede inducir entonces que cualquier posición que sea emanada de estas juntas se realizaría a imagen y semejanza de las voluntades de las FARC. Ese informe entonces coincidiría con algunas posiciones que señalan que cuando los campesinos protestan y hacen paros es por “infiltraciones” de la guerrilla. El desacuerdo con estos señalamientos que se inducen al leer el informe lo que hemos ganado no surgen de una opinión personal al respecto, sino que son divergencias fundamentadas a partir de otro trabajo investigativo, cuyas conclusiones sobre esos temas aparecen a continuación. 3. Las conclusiones de la investigación cultural. Entre mayo de 2013 y noviembre de 2014 se desarrolló un proceso de diálogo entre algunas comunidades campesinas con el ánimo de explorar la pertinencia de solicitar una salvaguardia cultural a su patrimonio cultural inmaterial; este proceso fue coordinado en conjunto entre el Ministerio de Cultura, la Fundación Etnollano y la Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Area de Manejo Especial de la Macarena - CORPOAMEM; proceso que recibió el apoyo de la Gobernación del Meta y la solidaridad de la cooperación alemana. Una parte fundamental en este proceso lo constituyó una investigación colectiva entre los campesinos que, sistematizada por un equipo técnico, demostraba entre otras cosas que había una cultura campesina colona particular con un patrimonio cultural inmaterial. Durante esta investigación, resultó cada vez más obvio que era una comunidad en riesgo en virtud a encontrarse en medio de múltiples conflictos armados y de narcotráfico, de los cuales ha podido defenderse, sobrevivir y construir su sociedad local, gracias a la organización comunitaria. En adelante, este trabajo colectivo se nombrará aquí como: investigación cultural. Una de las situaciones que se pudieron observar en esa investigación cultural era que atentar contra la organización comunitaria ponía en riesgo tanto a la existencia misma de esas comunidades, como el poco control que pueda quedar sobre la conservación de tres parques naturales, uno de los cuales, la Sierra de la Macarena, es considerado “monumento nacional” por el Estado y “reserva de la biósfera” por la ONU. Si se tiene en cuenta que una de las conclusiones de esa investigación tiene que ver con que las Juntas de Acción Comunal son la parte institucional de una manifestación cultural que es la organización comunitaria campesina colona, se entiende el por qué es urgente aclarar que las conclusiones de la investigación lo que hemos ganado, en el apartado referido, no se cumplen ni son ciertas, al menos en los territorios del Área de Manejo Especial de la Macarena, AMEM. El AMEM es un territorio que ha sido señalado por muchos como “zona de conflicto” desde hace más de medio siglo. Entonces, lo que sigue a continuación es la descripción de los fenómenos que ocurren en esa sociedad local del AMEM, relativos a las juntas de acción comunal, los manuales de convivencia, las multas y las posiciones políticas frente al posconflicto. 3.1 Las juntas de acción comunal, en el AMEM. Las juntas de acción comunal son la expresión y el resultado de un proceso organizativo de los campesinos y campesinas colonas desde el origen mismo de la colonización a mediados del siglo XX. Estos colombianos y colombianas están compuestos en su inmensa mayoría por desplazados de la guerra y la pobreza, de todos los lugares y etnias del país. Llegaron al territorio con una causa común: encontrar un lugar en el planeta en el que pudieran vivir dignamente, ¿es mucho pedir? Las primeras colonizaciones, las que algunas fueron impulsadas por el estado, se realizaron por personas que tuvieron que organizarse solidariamente para poder subsistir en suelos, flora y fauna desconocidos para ellos. Se fue así construyendo un tejido social que paulatinamente fue recibiendo a quienes iban llegando de las múltiples oleadas de desplazamientos forzados que ha habido en el país, que por tiempos, dependiendo de la coyuntura política nacional, se han venido tornando más o menos apremiantes. Se construyó entonces una sociedad marginal a la “Colombia institucionalizada” - por llamarla de alguna manera-, sociedad que conformada por colombianos y colombianas de casi todas las partes del país, se fueron organizando y lo siguen haciendo para desarrollar prácticamente cualquier actividad, como por ejemplo: hacer deporte, celebrar el fin de año, mejorar las condiciones comerciales de sus productos, proteger el medio ambiente, hacer y mantener las vías, alcantarillas, puentes, algunas escuelas, canchas deportivas, sin prácticamente más presencia de la “Colombia institucional”, que algunos pocos maestros, uno que otro funcionario del Ministerio de Salud que a veces puede ser un médico y una gran cantidad de miembros de las fuerzas militares del Estado. La manifestación más visible de esa forma comunitaria de vida organizada, a partir de la solidaridad y el consenso, son las Juntas de Acción Comunal. Esa forma de vida requiere ser regulada normativamente, y quizá entre ensayo y error, y para reducir al máximo la “ley del machete” en la solución de conflictos, aparecieron los manuales de convivencia. Al menos en lo que respecta al territorio rural del AMEM que los tienen desde antes que se hablara de “posconflicto”, hace ya varios años. 3.2 El Manual de Convivencia en las juntas del AMEM. Habría de ser tema de investigación a profundidad, la manera en que se ha venido desarrollando el derecho consuetudinario, en una sociedad que ha construido su tejido social al margen de casi todas las instituciones del estado, y averiguar de qué manera de allí pudieron haber emergido los actuales manuales de convivencia. Seguramente una investigación así arrojaría muchas luces de las maneras como se ha construido la nación colombiana y habría varios elementos para pensar la construcción de un posconflicto sostenible en el tiempo y las generaciones. El Manual de Convivencia fundamenta las decisiones en asambleas veredales y ha sido importante para que cada familia propietaria de un terreno deje el 40% para protección del bosque nativo o también para que haya especies protegidas por los campesinos y la prohibición de pescar en cantidades mayores al consumo familiar, entre otras cosas. En las zonas rurales del AMEM, al menos, es difícil hablar del poder ejecutivo, legislativo y judicial, de la manera como se supone que opera la organización social en otras regiones del país, como por ejemplo en Bogotá; como ya se dijo, la presencia del estado, aparte de la militar, es muy precaria en casi todas sus formas y en algunas prácticamente nula. Como estas conclusiones no surgieron de una investigación sobre la guerra, sino sobre la cultura de la población, la observación fundamental recayó en la manera en que las personas construyen su cultura desde su comunidad local. En esta colectiva investigación cultural fue fundamental tener en cuenta la manera en que la población toma sus decisiones en su vivencia cotidiana porque, por ejemplo, no tiene el mismo significado de cohesión social e institucional unas carreteras terciarias construidas con recursos y contrataciones hechas por alguna alcaldía o gobernación, que cuando son construidas por los campesinos y campesinas, mediante la organización comunitaria. Para la consecución de recursos, las juntas de acción comunal no solamente imponen multas, sino que también, para las obras de uso común, como puentes y caminos, se acuerda comunitariamente la cantidad de recursos que cada familia debe aportar, que puede ser en mano de obra y cabezas de ganado. Hay una vigilancia de los recursos, hay fiscal y tesorero, y se rinden cuentas de los gastos a los asociados veredales. 3.3 Las juntas de acción comunal y el posconflicto, en el AMEM. Las asociaciones de las juntas de acción comunal en el AMEM gozan de credibilidad, respeto y admiración por parte de varias instituciones nacionales, internacionales, oficiales y privadas. Si el papel de las juntas de acción comunal en el AMEM es la que se les endilga en la investigación Lo que hemos ganado en virtud a que los municipios de su territorio se encuentran señalados como de “presencia de las FARC”, ¿querría decir esto, que instituciones, como la Gobernación del Meta, o la Cooperación alemana harían parte de alguna conspiración subterránea mundial para que las FARC tomaran por asalto el poder de la administración pública? Desde un punto de vista fundado en la razón y las evidencias, una respuesta positiva a esa pregunta no arrancaría más que una sonrisa por absurda y ridícula, pero puede resultar coherentemente positiva para sectores de la sociedad que gustan resolver los conflictos con el terror de las armas y la violencia, posibilitando con ello consecuencias funestas. El 28 de noviembre de 2013, tuvo lugar en Villavicencio una reunión entre los diferentes directivos de las asociaciones de juntas de acción comunal de campesinos del AMEM y diferentes personalidades que fueron invitadas, con el ánimo de presentarles una hoja de ruta desarrollada por ellos hacia el fortalecimiento de su patrimonio cultural inmaterial, con la intención de establecer alianzas, compromisos y llamados a un trabajo en común, con ese “mundo” de la “Colombia institucional”. Entre la diversidad de asuntos de la hoja de ruta, había desde la recuperación de semillas nativas y la medicina tradicional campesina, hasta el establecimiento de redes de comunicación eficaces y efectivas entre la población y hacia la institucionalidad, pasando por el fortalecimiento de las normas de convivencia, los acuerdos ambientales y la recuperación de la memoria histórica de la colonización. A esa reunión asistieron: un comunicador de Parques Nacionales Naturales (PNN), un representante del PNN Tinigua y otro de Picachos, un sacerdote de la diócesis de Granada enviado por el obispo, representantes de Proyecto SER MACARENA-GIZ (cooperación alemana), Cordepaz, el secretario de agricultura del Meta y un funcionario del Instituto de Cultura del Meta. Lo importante para resaltar aquí sobre esa reunión, es que hubo consenso entre esos funcionarios que la organización comunitaria campesina, expresada en las asociaciones de las juntas de acción comunal, era un interlocutor eficiente, confiable y capaz de desarrollar proyectos de producción sustentable, frenar la colonización hacia zonas protegidas y de constituirse en un puente entre la población tradicionalmente marginada del resto de la sociedad y la institucionalidad considerada “oficial”, incentivando intercambios de mutuo beneficio para aportar en actos concretos hacia la paz verdadera que es la de la vida de las personas. En el mismo informe de lo que hemos ganado se plantean unas condiciones necesarias a tener en cuenta para pensar un posconflicto sustentable en el tiempo y las generaciones: la garantía de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Seguramente habría que hacer un estudio particular en el AMEM, pero lo más seguro es que los líderes sociales y defensores de derechos humanos, sean los mismos líderes que dirigen las Juntas de Acción Comunal, porque ha sido bajo su liderazgo en la organización comunitaria campesina y por tanto en las juntas de acción comunal, que ha sido posible la construcción de la infraestructura local, el lograr acuerdos colectivos de defensa del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Vale decir aquí, que contrario a lo que se afirma en la sustentación del informe ante la Cooperación Española, existen muchos campesinos y campesinas que tienen conceptos muy claros y profundos acerca de lo que es el conflicto armado y un posible posconflicto, quizá más sustentados que muchas de las opiniones de “expertos” que usualmente aparecen en la televisión, especialmente en los canales comerciales. Por tanto, para impulsar una pedagogía para la paz sería más pertinente ofrecer los mecanismos para un debate comunitario que llevar a la región expertos y peritos en el tema desde Bogotá, a no ser para contribuir en la organización de estos diálogos. Desde la investigación cultural se puede afirmar que el posconflicto requiere del fortalecimiento de al menos tres cosas: la autonomía organizativa de los campesinos; una interlocución con el resto de la sociedad para resolver problemas comunes, como lo es la preservación ecológica de los tres parques, corredor genético entre los Andes y el Amazonas y garantizar un comercio justo con los bienes que, por medio del trabajo campesino, le son ofrecidos al resto de la sociedad. Para desarrollar esos elementos fundamentales no aparece por alguna parte gente armada; debe haber unas leyes que permitan legitimar las acciones y decisiones que de manera colectiva se hayan concertado en las organizaciones campesinas, sin que la existencia de la legislación actual sea un impedimento y para ello, hay que reformar las leyes existentes, o al menos, desarrollarlas en beneficio del colectivo. Si se piensa en el bienestar de la población, las conclusiones que se pueden sacar entre las dos investigaciones, con respecto a las juntas de acción comunal son muy diferentes; y esos asuntos hay que tenerlos en cuenta, en el momento en el que se está pensando en buscar la “verdad” de lo que ha sucedido y sucede en el país con respecto al asunto de la guerra. Como lo más seguro es que la investigación lo que hemos ganado, se haya apoyado en el conocimiento científico al igual que la investigación cultural, es oportuno entonces comentar acerca del método de esta última. 4. Algunos apuntes metodológicos y comentarios personales. Es bueno recordar que la investigación cultural no tuvo su foco de atención en el asunto de la guerra, sino que se concentró en las formas de vida de los campesinos y campesinas, sus manifestaciones culturales y elementos identitarios. No sobra repetir que sus comunidades se han conformado, en términos generales, por desplazados de diferentes conflictos del país, generalmente por la violencia armada desde los años 50 del siglo pasado hasta hace pocos años; es un territorio en el que la población se encuentra en tensión permanente por encontrarse allí diferentes actores armados en confrontación bélica y, como lo reconoce el informe de lo que hemos ganado, la gran mayoría de las víctimas son de la población civil. Por este motivo, a pesar de ser una investigación de orden cultural, el asunto del conflicto armado, al haber sido protagónico dentro de las cotidianidades campesinas desde los inicios de la colonización, es un elemento indiscutiblemente fundamental. La investigación cultural no solamente permitió observar el desastre que quiere decir la guerra para la población, sino que se visibilizaron mecanismos de sobrevivencia y búsqueda de bienestar que, en medio de esta violenta situación, le han permitido sobrevivir a estas comunidades. Se trabajó durante casi dos años con al rededor de quinientos campesinos y campesinas: jóvenes, viejos y viejas, niños y niñas, mujeres y hombres, nacidos allí e inmigrados de otros lugares. Se trabajó con cartografía social, representaciones gráficas, mapas de actores, líneas de tiempo, entre otras muchas metodologías participativas, y las conclusiones se desarrollaron a partir de una sistematización que tuvo en cuenta el análisis del discurso, expresado oral, escrito, y gráficamente. Por último, se contó con la asesoría y consejo permanente de un comité de expertos del mundo académico y campesino, cuya experticia variaba entre las colonizaciones campesinas, la situación del AMEM, tanto ecológica como socialmente, y las reivindicaciones campesinas desde la historia, la sociología y la participación en las luchas agrarias. Se trabajó, como ya se dijo, con la coordinación de Corpoamem, que es una corporación que reúne a 23 asociaciones de juntas de acción comunal. Estas asociaciones se conforman por las juntas de acción comunal de 570 veredas, de los municipios de La Macarena, Mesetas, Uribe, Guamal, Acacías, El Dorado, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Lejanías, El Castillo, Granada, Cubarral, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Puerto Concordia y Puerto Rico, en el Meta, y de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno en el Guaviare, en las que habitan aproximadamente 13.200 familias campesinas. Los municipios de todo este territorio, el del AMEM, se encuentran reseñados en el informe lo que hemos ganado como de “Presencia de las FARC”. Alguien con cierta perspicacia podría decir que si en la organización de la investigación cultural fue fundamental una corporación de juntas de acción comunal, entonces, eso podría dirigir el enfoque en favor de dichas juntas, quedando invisibles esos asuntos que intencionalmente pudieran haberse ocultado, en virtud a que son precisamente, según lo deducible del informe de lo que hemos ganado, herramientas de dominio y control de las FARC. Ante ese argumento, lo que se puede decir es que ningún investigador social sería tan ingenuo de sacar conclusiones solamente desde lo que diga alguien, máxime con la historia que tiene la región. Sería muy difícil, poco probable, por no decir imposible, que quinientos campesinos tengan preparada una farsa, en la que puedan obviar lo que realmente sucede, si se tiene en cuenta su expresión oral y escrita, sus manifestaciones gráficas de la historia, el presente y el futuro, y en general, desde diferentes maneras de expresar sus expectativas y temores. Es de comprender que nadie puede atribuirse que las conclusiones de sus investigaciones son verdades absolutas, y en las ciencias sociales y las humanidades eso es más que evidente, pero al menos en las conclusiones que arrojó la investigación de la cultura del AMEM, la situación descrita en lo que hemos ganado, frente a la relación entre las juntas de acción comunal y las FARC, no es cierta. La sociedad local del AMEM se ha venido formando en una búsqueda permanente por construirse un mundo propio, como a todos nos toca, pero teniendo que ver arder sus casas sin saber si pueden volver o no, ver morir sus vacas por alguna bomba, que de pronto no cae de manera tan fortuita, han tenido que vivir cómo sus hijos pueden parecer “ofrendables” para la guerra y no pocas veces han sido víctimas letales de problemas que muchas veces se crean desde las ciudades; todo eso les sucede solo por vivir ahí. Los campesinos y campesinas del AMEM han vivido durante más de medio siglo, valiéndose más de organizaciones propias que de las instituciones del Estado, primero porque al estar en Parques Naturales, el Estado no ha podido invertir allí, segundo porque la institucionalidad del Estado se ha preocupado más por asistir al territorio desde la guerra que desde la inversión social. Pensar en un posconflicto en el AMEM pasa por buscar un consenso de reconocimiento legal de las normas de convivencia, porque es por medio de este mecanismo que se han podido zanjar conflictos propios entre vecinos, quizá amerite una reconstrucción desde la metodología que más le convenga a la población, pero con carácter vinculante con la Ley nacional, porque esto sí posibilitaría darle forma a la manera de existir de estos colombianos, como ciudadanos en una democracia participativa. Es cierto que en una política de posconflicto, el hecho de que el Estado extienda sus instituciones a estas regiones es muy importante, pero es de recordar, que son comunidades que sufrieron un proceso de exclusión de esa Colombia que está regida por esas mismas instituciones; ello hace pensar que eso es insuficiente. Es fundamental que en un posconflicto, la institucionalidad que opere en estas regiones surja a partir de un consenso acerca de la manera como se puede y quiere seguir haciendo sociedad, desde lo que las comunidades son y quieren ser, desde su derecho consuetudinario y los valores que tienen para configurarse en comunidad. Otra forma de hacerlo corre el riesgo de volver a construir institucionalidad desde aquellas exclusiones, que vienen incluso desde la colonia, que son el caldo de cultivo permanente para un conflicto armado. Ahora que en estos días se está hablando de “la Verdad”, es importante considerar, que si esta tiene por finalidad el abrirle el camino a una paz sustentable en el tiempo y las generaciones, antes que poner en mira de fusil a las juntas de acción comunal, por lo menos en lo que respecta al AMEM, se deberían visibilizar como ejemplo a seguir, por cuanto la organización comunitaria, representada en las juntas de acción comunal, ha posibilitado construir sociedad, solucionar conflictos y buscar formas de producción sustentables tanto para su bienestar como de la conservación de tres parques naturales, a partir de la solidaridad y con espíritu democrático, que es una forma de vida que bien es de admirar y emular por el resto de colombianos 58.

23-7-2015, Al cierre del Ciclo 37 de conversaciones, Colombia recibió con expectativa y optimismo el anuncio de la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y de un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, que cumpla con el fundamento de que, efectivamente, “resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo”. En las últimas jornadas de trabajo construimos el documento “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”, concretándose, un “Plan de Trabajo” que servirá de fuerza adicional de impulso, al Acuerdo General de la Habana. En esta etapa avanzaremos con una nueva metodología que apunta a realizar un trabajo técnico, integral y simultáneo en el tratamiento de los temas y en la búsqueda de conclusiones prontas. En medio de un ambiente de desescalamiento del conflicto, cuya base ha sido la declaratoria unilateral de cese al fuego por parte de las FARC-EP, y el compromiso del gobierno de actuar en correspondencia, trataremos de alcanzar el “Cese al fuego bilateral y definitivo”. En cuatro meses haremos las primeras evaluaciones sobre los resultados y perspectivas. Lo más urgente ahora es dar cierre a la configuración de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Al respecto tendremos que hacer todo lo necesario para echarla a andar antes de que culmine noviembre, porque hay que tomar en cuenta que si el bien jurídico tutelado en este proceso es la paz como derecho síntesis y las víctimas, la participación real de Éstas debe darse desde ya, tomando la verdad como base para la construcción de cualquier sistema de justicia. En consecuencia para hablar de justicia, habrá que hablar primero de la Verdad. El éxito de estos objetivos mayores tendrá que pasar por la reparación de las víctimas, retomando la Mesa el estudio de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y abordando sin más dilaciones, el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, respecto de lo cual ya está radicada y publicada nuestra propuesta de julio 9 de 2015, con un anexo también público, que denuncia la ubicación actual de los grupos paramilitares. Si la verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir, comencemos a conocerla desde ya, por boca de los actores del conflicto y de las víctimas, como un gesto enorme de desescalamiento. Y, claro está, deberán abrirse los archivos. Delegación de Paz de las FARC EP 59.

25-7-2015, Las FARC, a través de Pablo Catatumbo, se pronunció y arremetió contra varios planteamientos que hizo el Jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, que sostuvo que al llegarse a un Acuerdo habrá dejación de armas más no entrega. “Habiendo expresado nítidamente nuestra posición acerca del tema de la dejación de armas, la insistencia en equiparar esa dejación con la entrega de estas a la contraparte no es más que una falacia. Sabe muy bien el Jefe negociador del Gobierno de Colombia que lo firmado en el Acuerdo General de La Habana no es la entrega de las armas a la contraparte. No se logra un Acuerdo definitivo simplemente repitiendo miles de veces sus propias tesis ante las cámaras. El país puede tener la plena seguridad de que en las FARC hemos tomado la decisión de buscar el fin del conflicto. En Cuba y en Colombia, nos la jugamos toda por la Paz. Sin embargo, nuestra determinación, que ha sido consultada con la base guerrillera, no se debe confundir con una señal de rendición o de sometimiento. Si el establishment se sigue comiendo ese cuento, la Paz será una quimera. Que el ex-Presidente Uribe y su bancada hayan despotricado contra el proceso de Paz con el desgastado sofisma de que en Colombia no hay un conflicto armado interno, ni nos sorprendió, ni nos desveló: sabemos muy bien que él y sus alfiles hacen y harán hasta lo imposible para evitar que las futuras generaciones de colombianos y colombianas vivan y disfruten un país en paz” 60.

16-8-2015, Desde el 20 de julio cuando la guerrilla inició la tregua unilateral, el Presidente Juan Manuel Santos ordenó un cese de los bombardeos contra los campamentos de esta. El jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez alias “Timochenko”, dijo en una carta que el Gobierno de Colombia incumple la suspensión de bombardeos contra campamentos de esa guerrilla que había ordenado el Presidente en el marco del diálogo de Paz. “Después de la suspensión ordenada por el Presidente Santos, nos han bombardeado el 27 de julio en la vereda Huitoto, bocana del Caño Puntilla, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo (sur), y el día 4 de agosto en la vereda Dios Peña del municipio de San Miguel, también en el Putumayo”. Menciona además “una serie de provocaciones por tierra contra nuestras unidades en distintas regiones del país. A diferencia nuestra el Gobierno incumple una vez más su palabra ¿Qué busca?”. Critica asimismo que se intente imputar “exclusivamente” a la guerrilla “la violencia y masiva victimización ocurridas en el último medio siglo”. Reclama que, en paralelo a las conversaciones de La Habana, se llegue a Acuerdos y se aprueben leyes en Colombia que “contrarían” lo que se discute en la Mesa 61.

26-8-2015, Las FARC rechazaron las iniciativas legislativas que impulsa el Presidente Santos para la implementación de un posible Acuerdo de Paz, porque contravienen la Agenda de las negociaciones en La Habana. El Secretariado del Estado Mayor de las FARC, en un comunicado dijo:Toda iniciativa por fuera de la Agenda pactada o de los Acuerdos ya alcanzados constituirían la mejor fórmula para echar por la borda, anticipadamente, el trabajo realizado de mutuo acuerdo por ambas partes en los diálogos de Paz. Califica de caprichoso y unilateral que el Gobierno colombiano y algunos sectores políticos del Congreso, estén llevando adelante iniciativas sobre mecanismos legislativos para la implementación de un eventual Acuerdo de Paz. Rechazan la idea de un tribunal especial para juzgar a la guerrilla. El mecanismo de justicia por las responsabilidades del conflicto que se diseña en la Mesa de negociación de La Habana no es un mecanismo penal, sino un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ante el que deberán comparecer todos los actores del conflicto -combatientes y no combatientes- sobre los cuales hubiera acusaciones. Ninguna de las iniciativas que se lleven a las Cámaras por el Gobierno de forma unilateral (...) es vinculante para las FARC si previamente no han sido consensuadas en la Mesa de Diálogos, tanto sus contenidos como el método de su tramitación legislativa”. Defendieron de nuevo la necesidad de un nuevo proceso constituyente en Colombia para implementar un eventual Acuerdo de Paz. No obstante, la guerrilla no se cierra a utilizar cualquier mecanismo de los actualmente existentes en la Constitución -incluida la adopción de un Acuerdo Especial tal y como se regulan en las convenciones de Ginebra, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad-, que permita darle rango constitucional a los acuerdos adoptados por los plenipotenciarios en La Habana. Pedimos que no se borre con el codo lo que se viene escribiendo con la mano. Estando la paz tan cerca, ¿para qué la alejamos con actuaciones unilaterales? 62.

1-9-2015, En una entrevista con Jesús Santrich, el Comandante de las FARC subrayó que el Proceso de Paz es político y no judicial y que “busca un Acuerdo de Paz estable y duradera”. Rechazó los intentos por los organismos del Estado como la Fiscalía de desviar el proceso de Paz en términos jurídicos. El tema justicia, lo asumimos como superación de la desigualdad, la miseria y la carencia de democracia esencialmente, y no como el escenario de lo punitivo, de lo sancionatorio o penal. Por eso en un proceso de Paz hablamos de buscar formulaciones de tránsito hacia la justicia social. Lo que se lleva a cabo en La Habana no es un proceso judicial sino un proceso de diálogo para alcanzar la Paz, al lado de la solución de problemas centrales que tienen las mayorías en nuestro país, como el de la necesidad de una reforma rural integral que coadyuve a la superación de la miseria y la desigualdad en el campo y para los sectores más marginados de la ciudad; o al lado de la solución a los problemas de participación política, que en esencia tiene que ver con la necesidad de expandir la democracia y resolver las múltiples y extensas carencias de la población rural y urbana, ha puesto sobre la mesa salidas para alcanzar también una nueva política antinarcóticos integrada a la reforma rural integral, que con acento en los derechos humanos y respeto a la idea de que este es un problema fundamentalmente social, ayude a superar este flagelo de orden trasnacional. Al mismo tiempo, asumimos la atención a las víctimas del conflicto como un deber que debe comprenderme como parte esencial de la búsqueda de La Paz como derecho síntesis. Al caer en el terreno de la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto, hemos asumido de manera los conceptos que en esta materia rigen el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional, expresando la necesidad de adecuar su interpretación y aplicación a las particularidades del conflicto colombiano, insistiendo en que tal reivindicación incluye como parte esencial el respeto y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para alcanzar tal dimensión es que hemos planteado la aplicación de la justicia restaurativa, reparadora, prospectiva, transformadora que beneficie a las víctimas del conflicto y al conjunto de la sociedad. La justicia restaurativa es la misma llamada justicia reparadora. No se trata de una invención nuestra y su conceptualización deriva de un amplio movimiento mundial que aboga por una visión en el derecho penal diferente a la concepción medieval punitiva y carcelaria, que de una u otra forma entra en el plano de la venganza, del llamado ojo por ojo, diente por diente mucho más anticuada incluso que lo estrictamente medieval. Para la justicia restaurativa la víctima y la verdad son los epicentros de su razón de ser. En ella quien victimiza o comete un crimen, ha hecho un daño contra una persona o grupo de personas en concreto, contra las relaciones interpersonales, y eso es lo que hay que reparar buscando la reconciliación y no la venganza contra el ofensor. Esto marca una profunda diferencia con la muy generalizada y convencional justicia llamada retributiva en la que lo que se observa es el daño que se le hace a la norma jurídica y al Estado como víctima principal. Esto en términos muy generales explica el sentido de lo que consideramos viable para resolver la cuestión del componente justicia en el sentido sancionatorio, en el camino de la paz, procurando que las víctimas del conflicto jueguen un protagonismo expresándose libremente sobre los daños que ha sufrido y cómo recreé que debe ser reparado. A la víctima se le debe responder con medidas concretas de reparación y una de esas medidas es la verdad, que valga decir es el único camino que permitiría al ofensor reencontrarse con la víctima en un espacio de reconciliación restituyendo, reparando a la víctima y al entorno social, con lo cual las consecuencia de la falta se resuelven, en gran medida, con el concurso comunitario. La justicia restaurativa la enmarcamos dentro de lo que hemos llamado el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, partiendo de la idea de que su formulación no riña con el Derecho Internacional, ni con el apego a las causas, orígenes y consecuencias de la confrontación. Por ello hemos partido para su diseño, por la conformación de una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que fue la encargada de entregar claridades sobre la verdad histórica, sobre el porqué del conflicto, para así saber hacia dónde apuntar al momento de proponer soluciones. Dentro de la visión de las FARC-EP, este sistema debe ser para todos los actores. Esta concepción reafirma la idea de que en La Habana no estamos ante un proceso judicial contra la insurgencia particularmente, ni contra ninguna de las partes que han participado del conflicto en una u otra orilla, sino que estamos en proceso eminentemente político que busca alcanzar, no la rendición o el sometimiento de la guerrilla, sino un Acuerdo de Paz estable y duradera cuya esencia es la superación de las causas de diverso tipo que generaron el conflicto. En estos términos, y no como el escenario para juzgar a las FARC-EP, se debe entender la dosis de justicia que requiere el proceso y requiere Colombia para salir de la guerra. En la propuesta de solución no está para nada la idea de someter a la insurgencia a tribunal alguno de juzgamiento, menos si se trata de tribunales de la jurisdicción colombiana, sobre todo si se toma en cuenta que en la media en que la insurgencia considera al Estado como el supremo responsable de la confrontación y de las victimizaciones, este ha hecho colapsar su propia capacidad para juzgar y sancionar, que es lo que llamamos crisis total del jus puniendi (el derecho a castigar/sentenciar). El Estado colombiano no puede pretender ser juez y parte. Si nos atenemos a consideraciones estrictamente judiciales que conciernen al asunto de responsabilidades penales en el marco de la confrontación, lo cual no es lo propio de un proceso esencialmente político, deberemos decir, no obstante, que en materia de impunidad no son las FARC las beneficiarias. No es alrededor de la insurgencia que abreva la impunidad, pues es más que evidente que el Estado colombiano ha perseguido, y en gran medida con saña, a las guerrillas y a quienes considera su entorno de apoyo, incluso mediante procedimientos de guerra sucia y de persecución judicial extremos e ilegítimos que han afectado a inmensas franjas de la población no combatiente. Para las FARC, las responsabilidades en este campo, independientemente de la suprema responsabilidad del Estado y de lo que deriva del injusto orden social vigente, ni siquiera están esencialmente en el universo de los combatientes de la contraparte, los cuales y sobre todo en el nivel de los rangos bajos son tomados como chivos expiatorios de los instigadores de la guerra sucia y los diseñadores del orden de injusticia que impera en Colombia. La impunidad existe, digamos, para los genitores e instigadores del paramilitarismo y para quienes forman parte del Bloque de Poder Dominante, incluida su dirigencia política, empresarial, financiera y económica en general. Por ello es que insistimos en que si se tratara de asignar responsabilidades a las fuerzas militares y de policía, esto no podría quedarse en el campo de los combatientes, pues la cadena de mando no termina en los Estados Mayores de estas fuerzas sino en la Casa de Nariño, en la Presidencia y en el Consejo de Ministros, lo cual no es una invención de las FARC sino un hecho tangible e irrefutable que además lo recoja la jurisprudencia internacional cuya observancia nos reclama la contraparte. En un proceso de Paz, no se debe insistir por parte de quienes buscan cierres jurídicos, en buscar máximos responsables para los crímenes que se hubiesen cometido durante el conflicto, solamente dentro de quienes empuñaron las armas, y mucho menos se puede ni se debe pretender que esos máximos responsables están en la insurgencia, la cual en últimas en una respuesta legítima a las injusticias impuestas por el régimen. Habría que preguntarse, dentro de este, o dentro del Estado, quienes son los máximos responsables si es que en esos términos es que se desea que hablemos. En este plano es que hemos dicho que para la justicia internacional no hay exoneración para nadie por el hecho de ser alto funcionario o el más elevado representante de un gobierno o cargo político. En esto debe haber ecuanimidad y sensatez porque, generalmente, desde los grandes medios se alienta la idea de que en Colombia lo que ha habido es una guerra de los terrorista de las FARC y del ELN contra la sociedad o contra la población. Y esto es absolutamente falso, en primer lugar porque no somos terroristas y luego porque nuestra guerra de resistencia ha sido contra el régimen de injusticia que ha victimizado a las mayorías. Por eso es que no cabe, que en el nivel de avance que han alcanzado los diálogos, se pretenda que es desde la Fiscalía General de Colombia que se deben calificar los hechos y las responsabilidades a partir de parcializados y sesgados paquetes de imputaciones que evidentemente apuntan sólo hacia los alzados en armas, fundándose en ficciones jurídicas. ¿Por qué hay una “unidad de contexto” para construirle un prontuario delictuoso a las FARC-EP, y se emplean en ello a centenares de funcionarios y millonarias sumas de dinero contratando a personas que fabriquen los casos, y en cambio no ocurre los mismo respecto a los crímenes de Estado, incluyendo las atrocidades del paramilitarismo? Lo único que ha operado para tratar esto último es un proceso de “justicia y Paz” más ligado a la impunidad que a otra cosa, pues aun habiéndose producido la supuesta “desmovilización” de casi 40 mil paramilitares, hasta el momento no hay más de 35 sentencias, y como ya dijimos, para los instigadores puede haber si acaso una. Tendríamos que restablecer el delito político incluyéndole las más amplias conexidades, habría que pactar una ley de amnistía también muy amplia para resolver el asunto de la ilegalidad de la insurgencia y si llegare a haber casos que no son amnistiables, debe existir un mecanismo extrajudicial para alcanzar la normalización. Estos son elementos que deben tenerse en cuenta en la definición de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que cuente con el protagonismo de las víctimas del conflicto, y tenga como eje, no una justicia punitiva retributiva, sino la justicia restaurativa, reparadora, prospectiva y la doctrina del Margen Nacional de Apreciación, en lo que respecta al énfasis que se le deberá dar a nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra forma de ser como colombianos. Nada de esto riñe con las normas internacionales. Este es el Sistema que debemos diseñar bilateralmente bajo el abrigo del único Marco Jurídico que tiene este proceso, y que es el Acuerdo General de La Habana. Este Sistema, en el que se integra la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición garantiza perfectamente también para el Estado, si es que eso preocupa a alguno, que se cubra la obligación que tiene regularmente en cuanto a investigar y esclarecer los hechos o de perseguir y sancionar a los responsables. No hay ninguna norma internacional que obligue a que las sanciones deban ser carcelaria o de privación de la libertad o deducirse de enjuiciamientos penales; hay otras formas que van desde el hecho mismo de brindar verdad hasta las situaciones en que se procede con efectivos actos de reparación y compromiso de no repetición, que equivalen a cumplimiento de sanciones alternativas que extinguen la responsabilidad penal. Todo esto está como planteamiento y hay expertos que deben ayudar a convertirlo en acuerdo que se ajusté a lo que significa una salida política que implique también un cierre jurídico que abra caminos hacia la Paz. Y en todo esto hay que recordar que mientras el Estado es el máximo responsable por acción y por omisión de las victimizaciones, las FARC-EP, independientemente de los errores que hubiésemos cometido sin intención de causar daño, y sobre los cuales hemos dicho que estamos dispuestos a responder, hablamos desde la orilla de las víctimas. Pretender la cárcel persistir en la idea de llevar a la cárcel a la insurgencia es un maximalismo inaceptable. Repito que este no es un proceso judicial contra las FARC, y que si de buscar responsables para aplicar la justicia retributiva y carcelaria se trata, los nichos de la impunidad están dentro del Bloque de Poder Dominante. La rebelión es un derecho universal que hemos ejercido del cual no existe arrepentimiento alguno y por el cual no admitimos sanción de ningún tipo. Por lo demás, nos son las comunidades empobrecidas que han padecido los rigores de la guerra las que claman cárcel sino las voces del establecimiento que es donde se rebosa la impunidad. En eso no nos llamemos a engaños, pues una visión intransigente y equivocada en la definición de un Sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que incluya un componente de justicia vengativo no puede atravesarse en el camino que se ha ido abriendo exitosamente hacia la conquista de la Paz 63.

17-9-2015, Los negociadores de las FARC afirmaron que la guerrilla está lista para “abordar y discutir” los procedimientos para el “tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto. Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del Gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan conclusión”. En este ciclo se siguieron “construyendo consensos” sobre el cese el fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas, aspectos sobre los que una Subcomisión compuesta por militares elabora propuestas a la Mesa de negociación desde hace meses. Las partes también están “a las puertas de un entendimiento” en el “decisivo” tema de justicia, que hasta ahora impedía que se pudiera cerrar el punto de la Agenda sobre la reparación de las víctimas, en discusión desde hace más de un año. “Está cerca, sin duda, el cierre del acuerdo sobre el punto de víctimas, puesto que el insoslayable asunto de reparación dispondría en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de mecanismos para entregar satisfacción a las víctimas del conflicto”. Para un futuro de Paz en Colombia es “urgente” esclarecer el fenómeno del paramilitarismo y su desarticulación, “porque con guerra sucia el post-Acuerdo constituiría una mentira”. Para abordar el tema del fin del conflicto, las FARC expresaron su conformidad con la celebración de un foro en Colombia, bajo el auspicio del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas, “para que el movimiento social y político vierta su opinión sobre la mesa, ya que la paz es un asunto de toda la sociedad en su conjunto que requiere la participación de todos”. Resaltaron la importancia de que en este momento “se dejen sentir plenamente las voces de la ciudadanía, la palabra del pueblo mediante sus organizaciones sociales y políticas opinando y decidiendo sobre el rumbo del proceso de paz y el destino de Colombia. Nosotros estamos listos para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas. La paz está tocando la puerta de Colombia” 64.

23-9-2015, Timoleón Jiménez habla del Acuerdo sobre Jurisdicción Especial: Les traemos hoy, además de nuestro abrazo fraterno, un parte de victoria colectiva: hemos logrado, con la invaluable ayuda de la subcomisión jurídica, retirar muchos de los obstáculos que hacían más difícil el camino de nuestra reconciliación. Tenemos una Jurisdicción Especial para la Paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos Acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la terminación del conflicto. El actual proceso de Paz es el único en el mundo que ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el Derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: los de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición. Aspiramos a que nada detenga ahora el raudal de un pueblo que exige Paz y desea fundirse a perpetuidad en un abrazo de reconciliación; un pueblo, que quiere palpar con sus propias manos las bondades desconocidas de la justicia social, y sentir con el advenimiento de la democracia verdadera, que la exclusión y la desigualdad empiezan a convertirse en un brumoso presente que se aleja. Con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz hacemos realidad lo reiterado en la Mesa de conversaciones en cuanto a que las víctimas del conflicto están en el centro del Acuerdo; la jurisdicción de la que informamos, examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los Derechos Humanos, infracciones al DIH y crímenes de lesa humanidad. Hemos buscado que con la creación de esta jurisdicción especial para la Paz se satisfagan en el campo de la justicia, las aspiraciones del pueblo colombiano, de las víctimas, de los defensores de Derechos Humano y de la comunidad internacional. Las partes en las conversaciones procuraron conjugar el derecho a la Paz como derecho síntesis de todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, con la lucha contra la impunidad que carcome a Colombia desde hace décadas y que ha permitido que las agresiones contra el pueblo no sean nunca debidamente castigadas, siendo ello otro impedimento para la Paz. El Sistema está diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto -combatientes y no combatientes-, tengan oportunidad de ofrecer Verdad exhaustiva, detallada y plena, lo que puede permitirles acceder a medidas sancionadoras de carácter restaurativo, de reparación para las víctimas. Y las sanciones serán alternativas para quienes únicamente ofrezcan una parte de la verdad, y retributivas para quienes negándose a ofrecer verdad sean condenados en juicio. En uno u otro caso, para los responsables las penas pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel; es decir, 12 años más de prisión que lo establecido en la última Ley de Justicia Transicional, la 975 de 2005, aprobada por el Estado colombiano. En tanto los Acuerdos respetan el ordenamiento jurídico internacional, contemplan la aplicación del Artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, y que dispone: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. Es obvio entonces, que no será amnistiable ninguna infracción que sea considerada crimen internacional, según las leyes y tratados internacionales. Además del componente de justicia, el Sistema está integrado por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya acordada, por unas políticas de reparación integral a víctimas, y por medidas que garanticen la No Repetición. Las FARC ya han ofrecido este tipo de garantías al tomar la determinación de pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal. De su parte el Estado deberá ofrecer medidas efectivas de No Repetición como la eliminación de cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dedicación del ejército a defender las fronteras y la soberanía nacional, la destinación de la policía a mantener el orden público, y la erradicación del fenómeno del paramilitarismo. La Jurisdicción Especial para la Paz dispone de un mecanismo judicial de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de carácter voluntario, y un Tribunal para la Paz que juzgará a quienes se nieguen a ofrecer verdad y reconocer responsabilidades. Resaltemos que, aun habiendo pagado un alto costo por rebelarnos contra la injusticia; sufriendo también nuestros familiares y allegados las consecuencias de la represión, poniendo en peligro hasta sus vidas, como insurgentes, estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios, sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Como se refleja en el último informe de la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, la insurgencia ha sido perseguida implacablemente, con todo tipo de medidas y procedimientos; no han sido las organizaciones guerrilleras las que han disfrutado de impunidad, sino los agentes del Estado y los grupos paramilitares. Creemos imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad. Todo se lo debemos a los colombianos y a las colombianas, y en especial es nuestra obligación respecto a las futuras generaciones, para que nadie vuelva a padecer lo que hemos vivido. Por ello pensamos en que es necesaria una gran jornada de contrición en la que se pueda juntar el universo de la gente involucrada en el conflicto -combatientes y no combatientes-, para limpiar las conciencias, ofrecer verdad, y asumir responsabilidades. La Jurisdicción Especial de Paz que hemos creado debe inspirarnos a mirar hacia adelante, a acordar sobre el futuro de nuestra patria y dejar de confrontar por el pasado. Debe ser un paso que ayude a impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que deben surgir del Acuerdo de Paz que estamos empeñados en alcanzar, porque no podemos permitir que al igual que en anteriores intentos de diálogo sucedidos en nuestro país, o en distintos lugares del mundo, no se acometan los cambios estructurales que sirvan como la mayor garantía de No Repetición de lo ocurrido. Hoy anunciamos al país, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por lograr en pocos meses el Acuerdo final de Paz, y exhortamos a nuestra contraparte en la Mesa a hacer lo mismo, levantando la voz del nunca más, sobre los cimientos de la Verdad, la Justicia y la Reparación, como un inmenso farallón andino que detenga para siempre la confrontación armada entre colombianos, favoreciendo la concordia en la América Nuestra. Solo nos resta expresar nuestra gratitud por su esmero y profesionalismo a los juristas Manuel José Cepeda, Alvaro Leyva Durán, Juan Carlos Henao, Enrique Santiago, Douglas Cassel, y Diego Martínez. Gracias al Presidente Raúl Castro, al comandante Fidel y al pueblo de Cuba por su solidaridad y altruismo. Gracias a la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo incondicional a la Paz de Colombia. Gracias países garantes de los diálogos: Noruega y Cuba y gracias Chile por su acompañamiento. Coincidiendo con el Papa Francisco, debemos insistir en que: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de Paz y reconciliación” 65.

23-9-2015, Comunicado Conjunto Gobierno-FARC: 1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. 2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas. 3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener Verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición. 4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. 5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos. 6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente . A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en lasconductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal. 7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias. 8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. 9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final. 10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden 66.

29-9-2015, La Delegación de Paz de las FARC rechaza en un comunicado las declaraciones hechas por los dos principales negociadores del Gobierno. Se trata cómo interpretar el Acuerdo suscripto el 23-9-2015 sobre “La Jurisdicción Especial para la Paz”. “Que no venga nadie a estas horas de la historia de la reconciliación patria a empañar con caprichos infortunados el camino que resta para culminar un proceso que solo debe estar revestido por la gloria. Hay que honrar la palabra, hay que honrar los compromisos”. Las declaraciones por parte de la Delegación gubernamental se hicieron a raíz de una entrevista con el asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago Romero. El Asesor subrayó que el Acuerdo, que en Colombia fue titulado como “histórico” ahora ha causado pavor en sectores guerreristas y medios de prensa. Porque el Acuerdo jurídico va a convertir en objetos a todos los actores de la guerra, tanto militares, guerrilleros como no combatientes que tendrán la posibilidad de decir la Verdad sobre acusaciones en su contra durante estos 50 años de conflicto armado, incluyendo a aquellos sectores civiles-económicos que han sido instigadores o autores intelectuales en los crímenes. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, negociadores visibles de la Delegación Gubernamental, declararon que “Mensajes de Anncol luego del Acuerdo de justicia fueron una torpeza” (Sergio Jaramillo) o que “fue una provocación de Anncol” (Humberto de la Calle). Comunicado de la Delegación de Paz de las FARC desde La Habana: La Jurisdicción Especial para la Paz es un Acuerdo en firme. “No se puede aceptar por ningún motivo la unilateral interpretación de lo alcanzado en el acuerdo, porque serán los futuros magistrados quienes al asumir su tarea en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz tendrán la competencia para aplicar sus alcances”. Después de escuchar serena y minuciosamente las exposiciones de los Dres. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, miembros del equipo negociador del Gobierno en La Habana, sobre el Punto cerrado Jurisdicción Especial para la Paz, nos permitimos comunicar de forma cabal y asertiva lo siguiente: 1. El Acuerdo denominado Jurisdicción Especial para la Paz, Principios Básicos del componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, está cerrado. No es cierto que con respecto a su contenido sustantivo y procedimental haya temas que requieran precisión adicional o un desarrollo que implique aclarar lo que no necesita aclaración alguna, porque lo escrito y recogido en el texto es totalmente trasparente, igual que gramaticalmente aceptable, suficiente en tanto al objetivo buscado y diáfano en sus diversas expresiones. 2. No se puede aceptar por ningún motivo la unilateral interpretación de lo alcanzado en el Acuerdo, porque serán los futuros magistrados quienes al asumir su tarea en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz tendrán la competencia para aplicar sus alcances. 3. El documento sobre Jurisdicción Especial para la Paz es un Acuerdo en firme, por tanto no puede ser variado en ninguno de sus puntos. Poner en duda su contenido es poner en duda la fecha acordada para la terminación del conflicto. 4. El día 23 de septiembre del 2015 tuvo lugar en la capital cubana un acto sin precedentes: El Jefe del Estado de la República de Colombia, el Jefe del Estado de la República de Cuba, y el Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, se reunieron de manera solemne para dar la buena nueva de que la Paz sí es posible. Dentro de este contexto con la firma de los Jefes de Delegación se protocolizó el Acuerdo alcanzado. Copias del mismo fueron entregadas a los garantes. 5. El Acuerdo lo aplaudió el Santo Padre, el Secretario General de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y varios Gobiernos del mundo. El propio Presidente Santos informó al país que el ex-Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, lo había denominado como “una obra de arte”. Y resulta que ahora se anuncia que aún se requieren precisiones adicionales. 6. En el Acuerdo no se habla de concentración de tropas de las FARC-EP ni de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva. Para nosotros, quienes integramos las FARC-EP, lo sucedido el 23-9-2015 no fue una puesta en escena para impresionar a la galería. Se trató de una entrega solemne de un documento que compromete a las partes. Conllevó ese acto la manifestación del empeño de la palabra de mujeres y hombres en rebelión, alzados en armas durante más de sesenta años, que anhelan la Paz. Que no venga nadie a estas horas de la historia de la reconciliación patria a empañar con caprichos infortunados el camino que resta para culminar un proceso que solo debe estar revestido por la gloria. Hay que honrar la palabra, hay que honrar los compromisos 67.

3-10-2015, En un Comunicado la Delegación negociadora de las FARC en La Habana expresa su “perplejidad ante la posición adoptada por el Gobierno de Colombia”, que nuevamente intenta substituir el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz a una interpretación propia. El Gobierno de Juan Manuel Santos ahora declara que el Acuerdo es un simple “texto”. Claridad no admite interpretación. La Delegación de Paz de las FARC-EP manifiesta su perplejidad ante la posición adoptada por el Gobierno de Colombia, expresada a través del Jefe de su Delegación en la Mesa de Conversaciones, pretendiendo sustituir el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz por el Comunicado elaborado para dar a conocer dicho Acuerdo y otros compromisos adoptados, así como refiriéndose en su intervención al citado Acuerdo sobre Jurisdicción Especial de Paz como un simple “texto”. “In claritas non fit interpretatio”, claridad no admite interpretación, dice el adagio latino, y un “Comunicado” sobre distintos aspectos de las conversaciones es solo eso, un comunicado. De hecho tres de los 10 Puntos del Comunicado no hacen alusión alguna a la Jurisdicción Especial de Paz, sino a otros temas: la relación de Acuerdos adoptados hasta ahora, la creación de una Comisión de la Verdad, el compromiso de iniciar el proceso de dejación de armas 60 días después de firmarse un Acuerdo Final y la importancia de facilitar la conversión de las FARC-EP en un movimiento político. Ninguno de los anteriores puntos se incluyen en el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. La Delegación de Paz de las FARC-EP quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las presentes Conversaciones de Paz en un plazo máximo de 6 meses. Dicho propósito no será viable si el Gobierno comienza a cuestionar los Acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado. Coincidimos en que tanto el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, como el resto de Acuerdos alcanzados -sobre reforma rural integral, participación política y sustitución de cultivos ilícitos- requieren desarrollos posteriores y es nuestra decisión acometerlos a la mayor brevedad posible, evidentemente evitando que los posteriores desarrollos de los Acuerdos pretendan utilizarse para subvertir el contenido de los mismos. No haremos más polémicas sobre un asunto trascendental para la reconciliación que solo se aclara con la publicación del Acuerdo Jurisdicción Especial Para La Paz, Principios Básicos del componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 68.

6-10-2015, En atención a que el Punto Tres de la Agenda, “Fin del Conflicto”, ha sido definido como un proceso integral y simultáneo, las FARC-EP damos a conocer las siguientes diez propuestas mínimas, que incluyen iniciativas sobre los siete numerales comprendidos en la mencionada temática, cuyo análisis se viene adelantando por distintas Comisiones de trabajo en la Mesa de Conversaciones. Tales propuestas que tienen contenidos y derivaciones específicas que iremos presentando en el curso del presente ciclo, son las siguientes: 1. Formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz; 2. Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera; 3. Conformación del Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera; 4. Normalización de la vida nacional y transformación de las FARC-EP en movimiento político; 5. Definición de Territorios especiales para la construcción de la paz (TECP); 6. Redefinición de la política de seguridad del Estado y desmonte de estructuras criminales de contrainsurgencia; 7. Esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo como contribución a la verdad histórica y garantía de no repetición; 8. Garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP; 9. Cese bilateral de fuegos y de hostilidades; 10. Dejación de armas, entendida como su no utilización en política. Respecto a nuestra primera propuesta “Formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”, las iniciativas son las siguientes: 1. Necesidad del desarrollo normativo de los Acuerdos. “Las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”, se refieren en primerísima instancia a las reglas de juego (normas constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas), cuyo diseño previo hará posible la firma del Acuerdo final, así como su implementación y verificación. En tal sentido, todos los acuerdos serán desarrollados normativamente. 2. Desarrollo normativo de los Acuerdos por las Partes e incorporación en el ordenamiento jurídico. Le corresponde a las Partes desarrollar normativamente los acuerdos, así como establecer y garantizar las modalidades específicas de su incorporación en el ordenamiento jurídico (en el nivel constitucional, legal o reglamentario, según el caso). Esa normatividad ya adoptada deberá ser sometida al mecanismo de refrendación que se acuerde en la Mesa. 3. Definición de los lineamientos de política pública y estimación del esfuerzo fiscal derivado del desarrollo normativo de los Acuerdos. El desarrollo normativo de los acuerdos y su incorporación en el ordenamiento jurídico deberá acompañarse de la identificación y la definición de los lineamientos de política pública necesarios para su posterior implementación y verificación, acompañado ello de la formulación de un esfuerzo fiscal en términos de una imperiosa, extraordinaria y excepcional disposición de recursos del presupuesto público, y de una institucionalidad adecuada a esos propósitos. 4. Conformación de la “Comisión de acompañamiento para el desarrollo normativo de los Acuerdos”. Con el objetivo de contribuir a adelantar de manera expedita el proceso de formalización jurídica de los acuerdos y de garantizar los términos pactados para la firma del Acuerdo final, se conformará la “Comisión de acompañamiento para el desarrollo normativo de los Acuerdos”. La Comisión estará integrada por seis (6) expertas o expertos invitados por la Mesa sobre la base de los nombres seleccionados por cada Delegación. Los integrantes de la Comisión deberán tener el conocimiento técnico necesario para responder a lo señalado en el mandato que se pacte en la Mesa. Al respecto las FARC-EP harán una propuesta precisa que permita agilizar el trabajo y entregar un Informe final en término no superior a cuatro (4) meses, prorrogables según la dinámica de los diálogos y los nuevos acuerdos. 5. Definición de mecanismo expedito para el tratamiento de los asuntos pendientes y de las salvedades a los Acuerdos parciales. Las Partes definirán un mecanismo expedito y un cronograma para la solución de los asuntos pendientes en los acuerdos parciales, así como la manera de tratar las salvedades dejadas en la Mesa 69.

7-10-2015, En desarrollo de las “Diez propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la Paz estable y duradera”, se presentan las iniciativas correspondientes a la segunda propuesta referida al “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz”: 1. Formulación y fundamentos normativos del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz - PLANPaz”. 2. Componentes básicos y programas y proyectos del PLANPaz. 3. Plan financiero y plan plurianual de inversiones del PLANPaz. 4. Conformación de la Comisión Nacional del Plan (CONAPLAN). 5. Compromiso de acciones reparadoras de las FARC-EP a través del PLANPaz. A continuación sus desarrollos: 1. Formulación y fundamentos normativos del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz (PLANPaz)”. Las Partes formularán el “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz (PLANPaz)”, el cual constituye una condición indispensable para garantizar la no repetición y contribuir a generar las condiciones reales y materiales para la Paz estable y duradera. El PLANPaz tendrá origen constitucional; será desarrollado a través de una ley de carácter especial, que responderá a la situación extraordinaria y de Final, así como a los compromisos asumidos por las Partes para su implementación. El PLANPaz tendrá una vigencia no inferior a diez años. En las materias en las que sea posible, el Plan Nacional de Desarrollo del respectivo gobierno, así como los planes de desarrollo de los entes territoriales deberán armonizarse con el PLANPaz. 2. Componentes básicos y programas y proyectos del PLANPaz. El PLANPaz será diseñado con fundamento en los mandatos constitucionales y legales derivados del desarrollo normativo de todos los acuerdos, incluidos los necesarios para garantizar el proceso de normalización integral y social, en general, y de las FARC-EP, en particular, que deberá acompañar la firma del Acuerdo final. Además de cimentarse en la definición de propósitos y objetivos correspondientes a la provisión de garantías de no repetición y de construcción de Paz estable y duradera, el PLANPaz comprenderá las definiciones de política económica, social y ambiental necesarias para su implementación. Así mismo, contendrá el diseño de la institucionalidad especial de Paz requerida para su cumplimiento. El PLANPaz estará conformado por todos los programas y principales proyectos de inversión, derivados del conjunto de acuerdos pactados, cada uno de los cuales deberán tener una estimación de su valor global. 3. Plan financiero y plan plurianual de inversiones del PLANPaz. El PLANPaz tendrá un plan financiero que deberá especificar el valor total estimado del Plan, así como los recursos necesarios para su ejecución, señalando de manera precisa las principales fuentes de financiación. Así mismo, contendrá un Plan plurianual de inversiones a través del cual se identificarán los recursos que deberán incorporarse en el presupuesto general de la nación del respectivo año. El Plan plurianual de inversiones se refiere a los programas y proyectos de inversión contenidos en el PLANPaz. 4. Conformación de la Comisión Nacional del Plan (CONAPLAN). Con el propósito de diseñar el PLANPaz, de hacerle seguimiento y evaluar periódicamente su ejecución, y de proponer los ajustes a que hubiere lugar, así como de contribuir a garantizar la participación social y ciudadana en la construcción de la Paz, se conformará la “Comisión Nacional de Plan (CONAPLAN)”. La Comisión estará integrada por representantes del gobierno de turno y por representantes de las FARC-EP o del movimiento político que emerja de ellas, en igualdad de condiciones. Así mismo por representantes de las organizaciones sociales, los gremios económicos, los entes territoriales y la academia. Las Partes definirán los aspectos específicos de la conformación y el funcionamiento de la Comisión. 5. Compromiso de acciones reparadoras de las FARC-EP a través del PLANPaz. Las FARC-EP participarán en forma activa y decidida en el PLANPaz. El diseño y la implementación conjunta con las comunidades de sus programas y proyectos serán concebidos como parte de las acciones reparadoras frente a las víctimas del conflicto, con las que se encuentra comprometida toda la organización. En ese sentido, el PLANPaz deberá articularse con las definiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición 70.

17-10-2015, Las FARC reiteran su disposición de lucha por la Paz con justicia social para Colombia, y hablando desde la orilla de las víctimas del conflicto informa que se llegó a Acuerdos en torno a una serie de medidas inmediatas de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Dichas medidas se pondrán en marcha inmediatamente. Como primer desarrollo el Gobierno acelerará la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N., así como la entrega digna de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública y hayan sido identificados pero no reclamados por sus familiares. Por su parte, las FARC entregarán la información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento, y contribuirá a la entrega digna de los mismos. En todos los casos la entrega digna se hará atendiendo a la voluntad de los familiares. Hemos acordado también, solicitar a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que construya dentro de los cuatro (4) meses siguientes un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito, para lo cual convocará la participación de organizaciones de víctimas, especializadas y de derechos humanos. Además, hemos acordado poner en marcha, tras la firma del Acuerdo Final, una Unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Su objetivo central será establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas como consecuencia de acciones de Agentes del Estado, de integrantes de las FARC o de cualquier organización que haya participado en el conflicto. Tal Unidad, gozará de la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones. Su creación se realiza a instancias del Acuerdo sobre Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, tendrá un carácter humanitario y será parte del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que también cobija, como un todo, a la Jurisdicción Especial para la Paz. La Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones que se realicen en el marco del Sistema integral mencionado, encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de sus funciones se contará con la participación de organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y con el apoyo de instituciones especializadas con el fin de incorporar las mejores prácticas internacionales y la experiencia en la materia acumulada por la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Vale precisar que la Unidad deberá atender los requerimientos y lineamientos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con la cual establecerá un protocolo de cooperación e intercambio de información que contribuya a cumplir los objetivos de ambas estructuras, y que una vez tenga sus reportes deberá informar a la Comisión. Los funcionarios de la UBPD no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia respecto al trabajo que desempeñen en la Unidad. De ser requerido por la Jurisdicción especial para la Paz, o por otras autoridades competentes o por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, quienes hayan realizado los informes técnico forenses deberán ratificar y explicar lo concerniente a esos informes y los elementos materiales asociados al cadáver. Esta Unidad deberá entregar a los familiares un reporte oficial de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona o las personas dadas por desaparecidas 71.

17-10-2015, Con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas y de esta manera contribuir a la satisfacción de sus derechos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, hemos llegado a dos tipos de Acuerdos: 1) poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno que se pondrán en marcha antes de la firma del Acuerdo Final; y 2) la creación de una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas (UEBP) dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. I. Medidas inmediatas de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. El Gobierno Nacional y las FARC-EP, Acuerdan: Medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, que se desarrollarán en el marco del proceso de construcción de confianza. En el marco de las medidas de construcción de confianza, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado unas primeras acciones para, de manera inmediata y con propósitos estrictamente humanitarios, ubicar, identificar y entregar dignamente los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Para ello hemos acordado solicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja su apoyo para el diseño y puesta en marcha de planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos a sus familiares. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a proveer al CICR la información de la que dispongan y a facilitar la ejecución de los planes especiales humanitarios. Con base en la información entregada por el Gobierno y las FARC-EP, además de la información proveniente de las organizaciones de víctimas, en el marco de la Mesa de Conversaciones se definirá un plan de trabajo para que el CICR y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, diseñen y pongan en marcha los planes especiales humanitarios. En todos los casos se solicitará información y apoyo a la Fiscalía. La Mesa, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el CICR, podrá solicitar otros apoyos de organizaciones o instituciones especializadas para adelantar el proceso de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos. Como una primera medida las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron: Que el Gobierno Nacional acelerará por una parte la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N. en cementerios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto, de acuerdo con las recomendaciones que haga el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y por otra parte la entrega digna de los restos identificados que no hayan sido aún entregados a sus familiares. Cuando sea necesario se solicitará el apoyo del CICR para la entrega digna de los restos a los familiares de los miembros de las FARC-EP. Que las FARC-EP entregarán la información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento, y contribuirá a la entrega digna de los mismos. En todos los casos la entrega digna se realizará atendiendo a la voluntad de los familiares, que contarán con el acompañamiento psicosocial que se requiera. Plan de fortalecimiento de la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas. Con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado solicitar a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que construya dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito, para lo cual convocará la participación de organizaciones de víctimas, especializadas y de derechos humanos. II. Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que con el fin de establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de Agentes del Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier organización que haya participado en el conflicto, y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, el Gobierno Nacional pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto y tras la firma del Acuerdo Final , una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (en adelante la UBPD). Esta unidad tendrá un carácter humanitario y hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Gozará de la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones. La UBPD dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones humanitarias en el marco del SIVJRNR encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En todo caso la UBPD entregará a los familiares un reporte oficial de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona o las personas dadas por desaparecidas. La UBPD y los procesos y procedimientos que adelante tendrán carácter humanitario y extrajudicial. Para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de sus funciones se contará con la participación de organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas con el fin de incorporar las mejores prácticas internacionales y la experiencia en la materia acumulada por la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas. La UBPD tendrá las siguientes funciones: Recolectar toda la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de restos en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Coordinar y adelantar procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos, para lo cual deberá: - Buscar activamente, contrastar y analizar toda la información disponible de las distintas fuentes, incluidas entrevistas confidenciales y voluntarias con quienes, habiendo participado directa o indirectamente en las hostilidades, pudieran tener información sobre lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto, así como información sobre la ubicación de fosas, cementerios y sitios donde posiblemente se encuentren restos de personas dadas por desaparecidas. - Diseñar y poner en marcha un plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de sus funciones y los planes regionales correspondientes, para lo cual contará con el personal y los equipos necesarios y coordinará y se articulará con las entidades competentes. Se garantizará la participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el diseño y puesta en marcha de los planes. La UBPD contará con las facultades y capacidades necesarias para cumplir con estas funciones en coordinación con las instituciones del Estado, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y con la activa participación de las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos. La UBPD tendrá acceso a las bases de datos oficiales y podrá suscribir convenios con organizaciones de víctimas y de derechos humanos para tener acceso a la información de que dispongan. De conformidad con las leyes vigentes al momento de implementar el Acuerdo, el Gobierno Nacional se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la UBPD para el cumplimiento de sus funciones, y la UBPD, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente. Promover la coordinación interinstitucional para la orientación de, y la atención psicosocial a, los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Promover alianzas con organizaciones nacionales e internacionales especializadas para facilitar el cumplimiento de sus funciones. Cuando sea posible, garantizar la entrega digna a los familiares de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre atendiendo las diferentes tradiciones étnicas y culturales. Garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos. Entregar a los familiares un reporte oficial detallado de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona dada por desaparecida, al término de la ejecución del plan de búsqueda correspondiente. Los restos no identificados o no reclamados por sus familiares deberán ser preservados y estarán a disposición de las autoridades competentes para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Entregar una copia del reporte descrito en el párrafo anterior a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Informar periódica y públicamente al menos cada 6 meses sobre las actividades de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos que se realicen, respetando siempre el derecho a la privacidad de las víctimas. Planificar, coordinar y dirigir la ejecución junto con las entidades correspondientes y con la participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de un plan nacional y planes regionales para el rastreo, búsqueda e identificación. Elaborar e implementar un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas. Para el cumplimiento de sus funciones la UBPD adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa. El trabajo humanitario de búsqueda, localización, identificación y entrega digna por parte de la UBPD se desarrollará en el marco del SIVJRNR, como complemento y sin asumir las funciones de los demás componentes del mismo. En particular las actividades de la UBPD no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. La búsqueda de restos por parte de la UBPD no inhabilitará a la Jurisdicción Especial para la Paz y demás órganos competentes para adelantar las investigaciones que considere necesarias para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de la victimización del caso asumido por la UBPD. En todo caso tanto los informes técnico forenses como los elementos materiales asociados al cadáver que se puedan encontrar en el lugar de las exhumaciones, podrán ser requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz y otros órganos que sean competentes. Con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la UBPD para satisfacer al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento, la información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, a excepción de los informes técnico forenses y los elementos materiales asociados al cadáver. La contribución con información a la UBPD podrá ser tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. Los funcionarios de la UBPD no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia respecto al trabajo que desempeñen en la Unidad. De ser requerido por la Jurisdicción Especial para la Paz, por otras autoridades competentes o por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, quienes hayan realizado los informes técnico forenses deberán ratificar y explicar lo concerniente a esos informes y los elementos materiales asociados al cadáver. Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición la UBPD atenderá los requerimientos y lineamientos de la Comisión. La UBPD y la Comisión, establecerán un protocolo de cooperación e intercambio de información que contribuya a cumplir los objetivos de ambas. Coordinará sus actuaciones con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la que informará de sus actuaciones y resultados y aportará la información que requiera. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a proveer a la UBPD toda la información de la que dispongan para establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Para estructurar y poner en marcha ésta unidad especial se tomarán en cuenta las recomendaciones que haga la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como resultado del trabajo que realice en desarrollo del acuerdo sobre “Medidas que contribuyan a la búsqueda, ubicación e identificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. Conformación: La UBPD hará parte y desarrollará sus funciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La UBPD tendrá un/a director/a que deberá ser colombiano/a y será escogido/a por el Comité de Selección de los Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sobre la base de criterios de idoneidad y excelencia que se elaborarán teniendo en cuenta las sugerencias del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Para la estructuración de la UBPD el/la director/a recibirá las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizaciones de víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas 72.

19-10-2015, Las FARC y el Gobierno colombiano alcanzaron un Acuerdo en materia de desaparecidos, en el marco de los diálogos de Paz. Se comprometieron a buscar conjuntamente a las más de veinticinco mil personas que, según diversas fuentes, han desaparecido desde 1985 hasta la actualidad. El acuerdo consta de dos puntos: 1.- Medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. - Solicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR ) su apoyo para el diseño y puesta en marcha de planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos a sus familiares. - El Gobierno acelerará la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública y devolverá los restos identificados a sus familiares. - Las FARC-EP entregarán la información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento, y contribuirá a su entrega digna. - La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas elaborará dentro de los cuatro meses siguientes un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito. 2.- Creación de una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. - Tras la firma del Acuerdo Final, el Gobierno creará una unidad especial de alto nivel (UBPD) con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y gozará de autonomía administrativa y financiera. - La UBPD tendrá las siguientes funciones: i. Recolectar toda la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas y la identificación de restos en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ii. Coordinar y adelantar procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos, para lo cual deberá buscar toda la información disponible (entrevistas confidenciales y voluntarias sobre la ubicación de fosas, cementerios y sitios donde posiblemente se encuentren restos de personas dadas por desaparecidas). Unidad Especial: Aquí se hará un trabajo transitorio y ninguna información que reciban las partes que participaron en el conflicto podrá usarse como sustento en procesos judiciales. Aunque dar información de los desaparecidos permite el derecho a beneficios judiciales. La Comisión de la Verdad aplicará este mismo principio, una vez que entre en funcionamiento con la firma del acuerdo final entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Esta fungirá a su vez de comisión especial que velará por la ubicación de los restos de todos los desaparecidos, incluidos víctimas de masacres, si se hallan. Se estima que entre 1985 y 2012 hubo más de 25 mil desaparecidos a causa del conflicto armado 73.

5-11-2015, Tercera de las diez propuestas mínimas sobre Fin del Conflicto: Conformación del “Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz, FONAPAZ”: 1. Fundamentos normativos del FONAPAZ: Para la financiación del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz, se conformará el Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz, “FONAPAZ”. El Fondo será de origen constitucional y tendrá una vigencia mínima de diez (10) años. Los recursos del Fondo serán definidos como proporción fija del Producto Interno Bruto. Mediante desarrollo legal, se creará una cuenta especial dentro del Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Fondo, con destinación específica para los propósitos de financiación del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz. 2. Estimación del monto anual del FONAPAZ: Para definir el monto anual del Fondo, se hará una estimación anualizada de las consecuencias económicas de la paz; tanto de sus costos, como de sus beneficios. De manera especial, se tendrán como referencia los requerimientos anualizados de los programas y proyectos de inversión del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz. En todo caso, el monto anual no podrá ser inferior al equivalente a cuatro (4) puntos del Producto Interno Bruto. La definición del monto del Fondo, no podrá ser afectada por el criterio de sostenibilidad fiscal ni por la regla fiscal. 3. Fuentes de financiación del FONAPAZ: a) La financiación del Fondo exigirá del Estado, redefinir la actual estructura del gasto público, mediante políticas de reducción gradual y selectiva, en particular del gasto en seguridad y defensa, a fin de liberar recursos del presupuesto a destinar para la construcción de la paz. Durante los próximos cinco (5) años se reorientará hacia el Fondo el equivalente de entre uno punto cinco (1.5) y dos puntos (2) del total del PIB actualmente destinado a gasto en seguridad y defensa. b) Se eliminarán todas las exenciones tributarias a los grandes capitales. Los ingresos generados, se destinarán para financiar el Fondo. c) Se creará una contribución especial para la financiación del Fondo que deberá ser pagada por grandes capitales nacionales y extranjeros, por latifundistas improductivos, ganaderos y grandes empresarios del agro. d) Se creará una contribución extraordinaria por extracción de recursos naturales minero-energéticos por parte de grandes empresas, con destinación específica para el Fondo. e) Se fijará un porcentaje fijo del componente “Propósito general” del Sistema General de Participaciones, así como del componente del “Fondo de Ahorro y Estabilización” del Sistema General de Regalías, para financiar el Fondo. f) El Fondo será cofinanciado con recursos provenientes de la comunidad internacional. Se exigirá al gobierno de los Estados Unidos que los recursos destinados para la llamada ayuda militar sean redireccionados en su totalidad hacia el Fondo. Para la definición técnica de las medidas y acciones aquí propuestas y los aportes de cada uno de los componentes básicos del Fondo, la Comisión Nacional del Plan creará una Comisión ad hoc de apoyo técnico. 4. Seguimiento y control a la ejecución de FONAPAZ y veeduría y control ciudadano: La Comisión Nacional del Plan hará seguimiento y control a la ejecución del Fondo, sin perjuicio de las funciones que les competen a los organismos de control. En desarrollo de ese propósito presentará un informe anual de ejecución, previa presentación del proyecto de presupuesto anual para el año siguiente, el cual deberá incluir los ajustes correspondientes, si a ello hubiere lugar. Se conformará un mecanismo de veeduría y control ciudadano sobre el Fondo Nacional para la construcción de la Paz 74.

7-11-2015, Diez propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera. Propuesta cuatro referida a la “Normalización de la vida nacional y transformación de las FARC-EP en movimiento político. El “Fin del conflicto” implica que se dé el paso hacia cambios estructurales que normalicen la vida nacional, e incluye la decisión política de las FARC-EP de emprender un proceso de transformación integral colectivo e individual, que permita el tránsito a la vida civil, y propósitos esenciales como: 1. En primer lugar, la participación activa en la política abierta a través del movimiento político que se conformará para tal efecto para promover la democracia verdadera, directa, comunitaria y autogestionaria, con plenos derechos para todos y cada uno de sus integrantes, incluida la asignación directa de curules en el Congreso de la República durante al menos dos períodos, así como en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales en lugares de comprobada presencia e influencia por iguales períodos. 2. En segundo lugar, desarrollar economías del común, de carácter asociativo y comunitario, en los diferentes campos del proceso económico y articuladas entre sí con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la base productiva del país y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y al buen vivir de los pobres y desposeídos. 3. En tercer lugar, promover y apoyar procesos organizativos sociales y con fundamento en el reconocimiento pleno de los derechos económicos y sociales, especialmente al trabajo digno, la salud y la seguridad social, la vivienda, de todos y cada uno de sus integrantes. Es condición necesaria del proceso de normalización de la vida nacional y transformación de las FARC-EP en organización abierta, una solución confiable en lo que concierne al tema de “Justicia especial para la paz”, que atendiendo los derechos de las víctimas del conflicto, sea consecuente con el reconocimiento de la rebelión y sus conexidades en el sentido más amplio, se fundamente en los principios de la justicia restaurativa, prospectiva y transformadora, y se haga extensiva a las prisioneras y prisioneros políticos y de guerra condenados o con procesos en trámite. Así mismo, que garantice la protección constitucional frente a la extradición de cualquier integrante de la organización. Lo acordado para la reincorporación de las FARC-EP en lo político, lo económico y lo social hará parte integral del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera”. Para alcanzar tales objetivos, las FARC-EP proponen diez iniciativas cuyos desarrollos presentaremos al país en el curso de este Ciclo, y que básicamente se centran en las siguientes temáticas: 1. Construcción de la paz estable y duradera como proceso de normalización social; 2. Transformación integral colectiva e individual, nacional y territorial de las FARC-EP como parte del proceso de normalización social; 3. Condiciones para la transformación de las FARC-EP en movimiento político abierto; 4. Condiciones para la normalización referidas a economía de las FARC-EP; 5. Condiciones para la normalización que permitan reconstruir y producir las nuevas relaciones sociales y culturales, fundamentadas en la generación de condiciones para el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de las FARC-EP; 6. Definición de una Jurisdicción especial de justicia como garantía del proceso de normalización integral; 7. Protección constitucional frente a la extradición; 8. Normalización integral como contribución a la reparación, las garantías de no repetición y la reconciliación nacional; 9. Definición de acuerdos de normalización como capítulo especial del Plan Nacional Para la Paz y 10. Carácter excepcional, extraordinario y transitorio de la normalización social e integral e indisolubilidad frente a los demás componentes del Punto 3 “Fin del conflicto” 75.

11-11-2015, Las FARC-EP llamaron al Gobierno colombiano a desistir de las medidas unilaterales y excluyentes que afectan el proceso de Paz, iniciado en Cuba desde 2012, en referencia a la Comisión Legislativa para la Paz aprobada por el Senado. Propone objetivos para normalizar la vida nacional y transformar su grupo en organización abierta, obteniendo protección constitucional en términos de una posible extradición. Las FARC presentaron a través de un comunicado una serie de propuestas que permitan transformarse en un movimiento político una vez que se firme el Acuerdo de Paz. Entre los objetivos propuestos, exige al menos en dos períodos la asignación directa de curules en el Congreso de la República, en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. Plantean “desarrollar economías del común, de carácter asociativo y comunitario, en los diferentes campos del proceso económico y articuladas entre sí con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la base productiva del país y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y al buen vivir de los pobres y desposeídos”. Un fin de conflicto implicará cambios, entre ellos la decisión de pasar a la vida civil. Destacaron la necesidad de normalizar la vida nacional y transformar las FARC en organización abierta, una solución confiable en lo que concierne al tema de “Justicia Especial para la Paz”. Piden la protección constitucional en términos de una posible extradición y decisiones ponderadas en la investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto. Para alcanzar dichas metas, trabajan en el desarrollo de diez iniciativas para una Paz estable y duradera como proceso de normalización social de las FARC. Las iniciativas se presentarán en el desarrollo de los diálogos de Paz en La Habana y buscarán condiciones para crear nuevas relaciones sociales y culturales. Llamaron al Gobierno colombiano a desistir de las medidas unilaterales y excluyentes que afectan el proceso de Paz en referencia a la Comisión Legislativa para la Paz aprobada por el Senado. Los diálogos atraviesan una etapa clave con dificultades debido al impedimento de participar en la política del país, establecido por la Cámara. Insisten en resolver la situación de inmediato para garantizar el proceso. El Senado de Colombia eliminó la potestad del Presidente de nombrar a integrantes de la Comisión Legislativa para la Paz que no sean Congresistas, lo que impide que puedan participar delegados de las FARC-EP. En diciembre estará listo el proyecto de refrendación de los acuerdos, probablemente un plebiscito, que entró con urgencia en el Congreso 76.

13-11-2015, Las FARC señalaron desde La Habana que la Agenda de negociaciones está prácticamente paralizada porque el Punto sobre justicia no ha sido cerrado por el Gobierno. “A mi modo de ver el bloque de poder dominante le tiene más miedo a la verdad que a la cárcel. Mientras no hay un cierre definitivo de algo que ya se había firmado, que era un acuerdo sobre jurisdicción especial de paz, mientras eso no tenga cierre la mesa está bloqueada porque aspectos que tienen que ver con la no repetición o reparación tienen mucho que ver con el cierre de la jurisdicción especial”. Santrich señaló que mientras las FARC quieren una justicia restaurativa, el Gobierno está interesado en lo punitivo, es decir, en condenas; cuando en la Jurisdicción Especial de Paz se habla de penas restaurativas. “El poder dominante en Colombia no quiere que se sepa la verdad y le temen más a la verdad que a la cárcel, eso pienso y mientras que no haya un cierre definitivo en ese tema, que ya se había firmado, la Mesa estará bloqueada. Lo restaurativo es lo fundamental y en eso estamos trabajando. El Gobierno debe hacer gestos y reconocer sus responsabilidades, pero lo más importante es acabar el paramilitarismo”. Respecto al plazo máximo decretado para la firma de la Paz, aseguró que incluso podría ser antes del 23 de marzo de 2016, pero advirtió que es el Gobierno el que está impidiendo el desarrollo de las conversaciones. “No depende solo de nosotros, sino que el Gobierno debe cumplir su palabra. Tienen un afán incomprensible” 77.

3-12-2015, En el cierre de este ciclo de trabajo en el que hemos presentado la casi totalidad de nuestras propuestas mínimas sobre el Fin del Conflicto, nos referiremos a algunos aspectos de la reciente declaración que a nombre del Gobierno hiciera el señor General, Jorge Enrique Mora Rangel, refiriéndose a dos propuestas nuestras relacionadas con fórmulas dirigidas a preparar el camino hacia el Acuerdo de Paz. No se puede olvidar que el Acuerdo de La Habana del 26 de agosto de 2012 surgió como reconocimiento al hecho de que tras sesenta o más años de conflicto no se dio nunca un vencedor ni un vencido, y que frente al acuerdo de agenda suscrito, las partes tienen derechos y asumen obligaciones. Jamás se pretendió que una parte se sometiera a la otra, sino que se consideró que para alcanzar la reconciliación nacional se tendría que pasar por el diálogo civilizado y por un listado de negociaciones como tamiz para concluir en un acuerdo de reconciliación. Quieren algunos vernos concentrados en una especie de corralejas para humanos; en unos encierros, propios de su “imaginario”. Está lejos esta idea de lo que debe acontecer, en la medida en que buscamos una Paz entre iguales, y no una claudicación. Por algo reza el Punto 3.2 del Fin del conflicto: “…Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses”. Nos vamos a reincorporar a la vida social y a todos los aspectos que la misma conlleva, en esos términos, porque es de nuestro interés vivir con nuestras familias, y no en corrales, sino en territorios en los que reine la Paz. En ninguna de nuestras propuestas hemos hablado de “zonas de despeje”. Nuestro interés es vivir en comunidad y con las comunidades. A muchas de ellas nos debemos y para allá vamos, a hacer política, a trabajar el campo, a producir, a generar progreso para todos, a sentar las bases de la verdadera convivencia, a velar por un mejor estar, y a aspirar a que el futuro nuestro, el de nuestros descendientes y el de la comunidad en general, sea justo, próspero y digno. Si el Señor General y sus compañeros no entienden todavía qué significa el concepto Territorio Franco de Convivencia, es porque no han hecho el ejercicio de escuchar con serenidad todo lo que el concepto encierra, y porque al haber optado como profesión la defensa del statu quo, todo lo innovador les produce desconfianza, les crea incertidumbres, los asusta. En contraste, a nosotros no nos preocupa que en los territorios de convivencia tengan presencia ex paramilitares, o personal retirado de la fuerza pública, cualquiera que haya sido su jerarquía o nivel. Sabemos que debemos entendernos y trabajar con ellos, con la gente del común, con los gremios, el movimiento social, las iglesias, las autoridades, porque la Paz es con todos y para todos. Obviamente, tendrá que prevalecer en tales territorios, por necesaria, la función de policía. Los susodichos territorios servirán igualmente como campo para el cumplimiento de sanciones restaurativas que se deriven de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que proponemos son escenarios de reconstrucción del tejido social en los que prevalezcan Acuerdos de convivencia, pensando no solo en hoy, sino en lo que significa el compromiso común con la justicia prospectiva. Queremos la Paz, pero no solo por la Paz en sí misma, sino porque de ella se deriva la salvaguardia de muchos otros derechos, entre ellos los derechos de los que están por nacer. Nos corresponde construir un futuro mejor, pero jamás con culturas de acuartelamiento como telón de fondo. Esa visión restrictiva de la reincorporación no es la nuestra y de ninguna manera la vamos ni siquiera a considerar. No hemos sido rebeldes sin causa; hemos sido un ejército que ha mirado más allá del cercano horizonte. Venimos volando alto para ver lejos. En la propuesta de Territorios Francos de Convivencia se concibe que hay espacios y programas de trabajo conjunto con el sector privado. En nuestro proyecto de reincorporación (…), a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a nuestros intereses, están, como componente fundamental, los intereses de quienes busquen justicia, igualdad y bien general. Queremos que Colombia entera se convenza que “nuestros intereses” se identifican con el interés común. A los en otras horas Comandantes infatigables de la guerra, les pedimos dejar atrás esa visión militar de la convivencia; que escuchen razones; que con la serenidad de hombres que quieren Paz para la patria examinen nuestra propuesta que es mucho más completa y rica que lo ya expuesto en estas pocas líneas. Que sin olvidar la razón de los cuarteles que ha trazado su rol vital, vuelquen su experiencia hacia los Territorios Francos de Convivencia. Y permítanos, Señor General Mora, aclarar sus ideas con respecto a esto, con sus propias palabras: “No estamos en este proceso para dividir el país ni para hacer entrega de territorios ingobernables(…). Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada, no forma parte de nuestro imaginario”. Todo lo contrario: La Paz es unidad; es convergencia; es la patria entera reconciliada. Queremos reafirmar nuestra posición frente al mal llamado Plebiscito para la Paz. Ese instrumento de participación popular, carece de capacidad vinculante; se resbala ante los Acuerdos de La Habana. Nunca se consideró dicho tema en la Mesa de conversaciones. Es ajeno a la Agenda. No produce seguridad jurídica ni nos compromete. Desorienta. Al tal instrumento no se puede atar la suerte del Acuerdo final de Paz. Hacerlo sería un descalabro. Dejamos constancia 78.

7-12-2015, Henchidos de esperanzas que la Paz sí es posible y en busca de reconciliación, nos presentamos ante las mujeres, los hombres, los ancianos, la niñez y la juventud de Bojayá. Las FARC-EP en este acto de tributo a la vida y a la esperanza, expresamos nuestros sentimientos de agradecimiento, de fraternidad y reverencia a todas y todos los habitantes de este municipio y por su intermedio a todos los pobladores, de este exuberante y empobrecido Chocó, que anhelan la Paz en cada respiro de su corazón. Reconocemos el acompañamiento de los países garantes, Cuba y Noruega, al Delegado de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a quienes han acompañado este proceso de reactivación de la esperanza como, CONPAZ y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. A la iglesia Católica, a todas las organizaciones de la comunidad y a la representación de la Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de La Habana aquí presentes. Con el respeto que se expresa en los actos sencillos que acompaña la comunión de los humildes, nos colocamos al frente de todas y todos ustedes, para solicitarles acepten nuestra disposición a rendir tributo y honrar la memoria de las víctimas que ha producido este largo conflicto, al que hemos sido arrastrados por el torbellino de la violencia con actos que no están en el ámbito de nuestra acción. Este largo conflicto debe llegar a su fin y ese propósito es el que anima todos nuestros esfuerzos en la Mesa de Conversaciones en La Habana, Cuba. Con ustedes nos sentimos hermanados en los esfuerzos para dejar atrás el conflicto armado. En la conciencia de toda nuestra militancia sigue vivo el dolor que padecimos hace más de trece años en esta tierra de olvido y esperanza. Eran tiempos del rompimiento del proceso de Paz en el Caguán y el inicio de la etapa más violenta de la confrontación, como jamás había ocurrido en nuestra historia. Estaba en plena ejecución el fracasado Plan Colombia y la aplicación del Plan Patriota, además la actividad despiadada de despojos y desplazamientos ejecutados por el paramilitarismo, que se ensañó sobre los pobladores de las riveras del Atrato y particularmente contra los habitantes de este municipio. Ese fatídico 2 de mayo del 2002 estremeció el alma colectiva de nuestra militancia guerrillera, una acción dirigida a proteger a esta población de la arremetida paramilitar, terminó hiriéndola profundamente con un saldo letal de 79 compatriotas muertos que sigue atormentando las fibras de nuestra sensibilidad colectiva. Las armas que nos tocó empuñar con el propósito de defender a los sectores más vulnerables de la nación, terminaron aquí, lesionando profundamente a nuestros propios padres, hermanos, familiares y compañeros con inimaginables consecuencias para los familiares de las víctimas y la comunidad. Episodios desgarradores como los ocurridos en esta comunidad y en la que tenemos parte de responsabilidad no pueden volver a repetirse. La Paz con justicia social que estamos empeñados en construir a partir del Acuerdo final de La Habana, tiene que garantizar la No Repetición. Ante ustedes manifestamos este compromiso. Se ha sumido en lágrimas la comunidad de Bojayá ante esta otra suma de dolor a su histórico sufrimiento. Nosotros también hemos llorado con respeto y honradez por la muerte inocente de quienes esperaban misericordia, por los hombres y mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños; por los familiares de nuestras compañeras y compañeros de insurgencia que se descompusieron en luctuosas emociones, deseando que lo vivido fuese una horrorosa pesadilla de la que se pudiera despertar. Hace trece años que pesa en nuestros hombros el dolor desgarrador que les afecta a todas y a todos ustedes, hemos reconocido el hecho y reafirmamos un hondo pesar por el resultado nunca buscado ni querido; cargamos un peso angustiante que hiere el corazón de toda la guerrilla desde ese fatal desenlace que sigue retumbando en la memoria de todos. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en los rostros de todas y todos ustedes por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Estamos frente a ustedes para manifestar nuestra aflicción, nuestro reconocimiento y reafirmación de que este hecho nunca debió ocurrir. Sabemos que ninguna palabra contiene las emociones que nos invaden ante la pérdida de nuestros seres queridos y por ello enfatizamos nuestro dolor por el sufrimiento que les causamos. Venimos impulsados por el compromiso con la Verdad, reconociendo el daño causado y la intensión de seguir avanzando por el camino del diálogo, para resarcir con acciones reparadoras y reafirmar nuestro compromiso de No Repetición. Nuestra voluntad de Paz para Colombia es total y en esa dirección hemos desarrollado gestos unilaterales y medidas de desescalamiento para evitar nuevas victimizaciones por razones del conflicto, como el cese el fuego unilateral desde el 20 de julio pasado y las tareas de descontaminación de territorios de materiales explosivos que se inició en la Vereda el Orejón en el Municipio de Briceño, Antioquia y que se extendió a la Vereda Santa Helena en el Municipio de Mesetas en el Meta, estas acciones, así como este acto de resarcimiento a las víctimas de Bojayá confirman que la Paz pronto será una realidad 79.

25-12-2015, Las FARC denunciaron que los guerrilleros indultados en noviembre por el Presidente Juan Manuel Santos, todavía siguen en las cárceles por las “trabas” e “indolencia” de burócratas. Los Jefes Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko' y Rodrigo Granda que negocian con el gobierno en La Habana, dijeron que funcionarios están obstruyendo la orden presidencial de liberar a un grupo de treinta rebeldes. “Trabas de funcionarios impidiendo que indultados por el Presidente puedan salir antes que termine el año”. Téllez reprochó los obstáculos que según él están interponiendo autoridades para impedir la excarcelación. “En ninguna parte del mundo a un mini-indulto se le colocan trantas trabas (sic). El presidente ordena ordena pero nadie cumple. Peor en Navidad”. Mientras los “burócratas” están celebrando con “ron, baile y buena comida”, los guerrilleros favorecidos por el perdón presidencial “esperan una firma para salir en libertad”. “Hay indolencia (...) Para qué quieren tener más tiempo los indultados en la cárcel? Nada justifica nefasto proceder”. Los guerrilleros indultados están presos por rebelión y delitos menores. Según las FARC, mil doscientos rebeldes purgan penas en cárceles colombianas 80.

20-1-2015, Antonio García, Jefe militar del ELN planteó los puntos a los que se llegó a un acuerdo con el Gobierno: Hasta ahora, los puntos que se han ido trabajando y aún faltan concluirse son: 1. Participación de la sociedad. 2. Democracia para la Paz. 3. Transformaciones necesarias para la Paz (aún sin tratar). 4. Víctimas. 5. Fin del conflicto armado (aún sin tratar). 6. Implementación del acuerdo y refrendación de los mismos. En el primero, participación de la sociedad, el objetivo es que el proceso de Paz incida o modifique el curso mismo de la dinámica política que el país conoce y ve. Del segundo, democracia para la Paz, la discusión y definición de qué debe hacerse para darle vida a una democracia plena, real, aspecto que le corresponde asumirlo a la sociedad en pleno. En el tercero, transformaciones necesarias para la Paz, los aspectos por transformar los debe identificar la misma gente, tomando en cuenta que la Paz no tomará forma y contenido un día después de firmar los Acuerdos. Para el cuarto, víctimas, es fundamental superar en conjunto: el desplazamiento y sus causas, verdad, justicia, reparación, no repetición, perdón y no olvido. … Y sí, no olvido, pues es la única manera de proceder para que el cúmulo de violaciones a los derechos humanos que los más pobres del país han vivido, no llegue a repetirse: son temas, enfoques y reivindicaciones que deben abordarse de manera directa con las víctimas, no con nosotros. Cuando el ELN tuvo el interés para trabajar por la superación del fenómeno del narcotráfico, pocos se interesaron. Nosotros hemos sido claros y explícitos en que nada tenemos que ver con el narcotráfico, no tenemos ni hemos tenido cultivos, ni laboratorios, menos rutas o negocios, tampoco distribución de ningún tipo. Entendemos que es un fenómeno que ha permeado a la sociedad y al Estado, y el ELN estará dispuesto a hablar sobre el tema cuando la sociedad pueda tratarlo en su conjunto. Por otro lado el Estado le dio la franquicia de ese negocio a los paramilitares y usarán sus utilidades para agredir a las comunidades y hacer contrainsurgencia. El Estado fue un aliado de los paramilitares. Van cerca de 15 reuniones y tres largos ciclos de intercambio durante un año. Cada ciclo toma, en promedio, dos o tres semanas de trabajo continuo. Las reuniones son útiles para desatrancar asuntos de la Agenda y detalles operativos. Los temas más difíciles son todos, como resultado de una lógica de imposición con la cual el Gobierno llega a cada cita. El Gobierno veda, impide acercarnos a temas como son: Fuerzas Armadas, economía, Estado, soberanía nacional, cuestiones todas vinculadas a la génesis del conflicto. Son tantas las prohibiciones, que surge una pregunta: ¿de qué vamos a dialogar? Es evidente que la pretensión del Gobierno Santos es someternos. Una intención sin preocupación por la solución de los problemas del país. La única materia que les interesa, es la de las armas y la rendición. Vistos los anteriores diálogos de Paz que han fracasado, en el actual proceso, por nuestra parte, podemos enumerar cinco certezas: La insurgencia no va a negociar por la sociedad, ni la llegada al Acuerdo de Paz garantizará que la vida cotidiana sea menos traumática que la vivida con el conflicto. Una solución política del conflicto colombiano será viable en la medida que el Estado reconozca la naturaleza política del conflicto. De tal reconocimiento se desprende el carácter de las mismas medidas o reformas que es necesario cumplir para remover las causas del conflicto, entre las cuales hay entre otras, una importante: el cambio de la doctrina militar que orienta el accionar de las Fuerzas Armadas. Para que la negociación que apenas estamos redondeando en su estructura formal gane dinámica, es fundamental que el Estado deje a un lado su insuperable lógica de que la contraparte va a incumplir. La Paz no es un problema de simulacro político y manejo mediático, con una dosificación que el establecimiento va entregando a la sociedad de acuerdo a los intereses del Estado o del mismo Ejecutivo. No puede ser así. Es necesario un manejo abierto de las Mesas de Paz, que motive y haga partícipe en estos procesos al conjunto nacional. Es fundamental una democratización de la sociedad colombiana. Es indispensable que el Estado y que la clase política reconozcan el carácter político del conflicto. Un sine-qua-non para nosotros, para poder arrancar y ganar confianza en las posibilidades de un diálogo. Mientras no acepten la premisa de la naturaleza política del conflicto, las soluciones que definan serán erróneas…. No podemos aceptar que el carácter del conflicto es ideológico, como sucedió en la Guerra Fría, porque no lo es. Tampoco que tiene por motivación el enriquecimiento ilícito, y por tanto, que su motor es el narcotráfico, porque esta no es la realidad ni es nuestro quehacer. Menos, que su naturaleza descansa en el terrorismo. No, su naturaleza es política pues así permite afirmarlo el contexto en medio del cual surgió y en el cual se prolonga por cincuenta años. La política de Paz de Santos es de pacificación, de sometimiento. El poder quiere aumentar tranquilo las ganancias; resalta que con el Acuerdo de Paz pretenden institucionalizar todo lo que es funcional al modelo neoliberal. Asumen convencidos que cuentan con una ventaja militar y que la pueden aprovechar políticamente. El ELN pretende de estas negociaciones, establecer una Agenda que abra y permita a la sociedad colombiana, por si misma (nosotros no podemos negociar en su nombre), identificar y definir el país que sueña y que es posible hacer realidad. Un mal Acuerdo puede ser más perjudicial que el mismo conflicto que vivimos. Nosotros no tenemos afán de firmar cualquier acuerdo. Pues, dada su trascendencia puede perjudicar al país. Hacer un correcto uso del tiempo en la construcción de una Agenda y su diseño para una solución es esencial en cualquier diálogo.… Los delegados del gobierno insisten en que todo será cumplido. Nosotros demandamos realizaciones inmediatas, medibles. Que la sociedad pueda gozar de inmediato transformaciones en su vida cotidiana, como garantía de que sí hay un cambio en el establecimiento. No solo repetir promesas. Ante demandas nuestras referidas a la ausencia de democracia real, ellos ofrecen garantías que ya están en la Constitución pero que no se cumplen. Lo correcto sería evaluar por qué no se cumple el mandato de la Constitución. Es decir, para el gobierno en Colombia hay democracia y para nosotros no es así. ¿Cómo nos pueden ofrecer como garantía una Carta de Derechos que ellos mismos violan constantemente? Este Gobierno, así como los anteriores, no tiene una política de Paz propiamente. Están parados en los manuales de negociación, por eso apenas repiten la premisa de que la insurgencia está derrotada. Una postura que supuestamente les permitiría un Acuerdo rápido, en tanto la insurgencia estaría urgida de firmar y salvarse. Desde el punto de vista electoral, el Gobierno utiliza la Paz para polarizar al país con propósitos partidistas. Pero hay que resaltar que la Paz no puede ser objeto de los intereses privados, la Paz debe ser un proyecto colectivo. Por eso, en las elecciones que vienen sería muy importante que la Paz sea bandera de todos los movimientos y partidos, constituyéndose en una manera de vincular a todas las regiones a esta coyuntura de solución política del conflicto. En cuanto al tiempo de negociación, nadie puede determinarlo pues las variables son muchas. Para nosotros, ojalá fuera mañana el momento de firmar los Acuerdos. Como hemos dicho, basados en hechos reales no en supuestos; para facilitar el desarrollo de cualquier Agenda estamos dispuestos a trabajar con la intensidad y dedicación que sea requerida 81.

23-2-2015, La propuesta presentada por el ex-Presidente Cesar Gaviria sobre Justicia Transicional, debió tener amplios consensos en su elaboración, de parte importante de quienes ahora la ven como la salida salvadora, ante el proceso de Paz y para el futuro. A quienes no se tuvo en cuenta, fue a las víctimas. Es de resaltar que, por primera vez, una personalidad del establishment como es el ex-Presidente Gaviria, reconoce abiertamente que son “miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido, también, protagonistas de ese conflicto, y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”. Aunque esa afirmación es de conocimiento público, ni los Gobiernos ni los entes del Estado Colombiano lo han dejado claro, por las implicaciones que tiene dicho reconocimiento. Nosotros entendemos que esa afirmación es el claro reconocimiento de los creadores, auspiciadores y financiadores de las bandas paramilitares y la guerra sucia. Lo que pretende el ex-Presidente no es acusarlos, sino exculparlos, recurriendo a la “Justicia Transicional”. Dentro de las afirmaciones del ex-Presidente Gaviria, que generan mucha controversia, está la que afirma que: Lo que hemos tenido en Colombia, no es la represión propia de dictaduras militares durante la guerra fría, fundamentada en razones ideológicas. Lo que hemos tenido en Colombia son unas fuerzas armadas defendiendo las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunos condenables abusos o violaciones a los derechos humanos”. Hay que recordarle al ex-Presidente, que las victimas en Colombia, producto de lo que él llama “el uso legítimo de la fuerza”, incluye masacres, destierros masivos, torturas, desapariciones, crímenes de lesa humanidad. La cantidad, supera los siete millones, y es superior a las causadas por todas las dictaduras militares latinoamericanas juntas, lo que constituye un gravísimo holocausto estatal, mucho más allá de “algunos condenables abusos” como él afirma. El terrorismo de Estado ha sido una política oficial aplicada en Colombia en las últimas décadas, orientada por el Pentágono; es decir que el Estado, la oligarquía gobernante y el imperialismo son responsables del genocidio y la barbarie que ha anegado en sangre todos los rincones del país. Esta cruda realidad es la que pretende ocultar el ex presidente Gaviria, y por eso, a su propuesta le falta objetividad y seriedad. El ex-Presidente se asegura muy bien en dos asuntos nodales: i. Que haya, lo que se ha llamado, una Ley de punto final con perdón y olvido para todos los responsables del terrorismo de Estado. ii. Que “nuestra Fuerza Pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final”. Esto es muy grave, porque las víctimas del conflicto son millones, que seguirán padeciendo el dolor de más de setenta años de guerra, que no aceptarán la absoluta impunidad, que hace imposible pasar la página de la historia, mientras no se aplique justicia. El ELN sigue considerando indispensable que en el tema de las víctimas, haya verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, así como perdón pero no olvido. Para lograrlo es indispensable tener en cuenta a las víctimas, como activas participantes del proceso de Paz. Se debe partir por conocer la verdad, sobre lo ocurrido. Así se podrá identificar a los responsables y la gravedad de los hechos, para que se pueda aplicar la justicia. El perdón deben solicitarlo los responsables de los hechos acaecidos y el perdón lo dan las víctimas, ellas deciden si lo otorgan o no. No olvidar, no está en contra del perdón, sino que es un mecanismo para que ello no se repita nunca más. Lo más importante de la reparación es la de tipo moral y es sobre dicha reparación que debe asumirse la reparación material por parte del Estado. Los colombianos debemos asumir de manera soberana este grave conflicto político que vivimos, pero ello no puede impedir el aporte respetuoso de la comunidad internacional. Mucho más porque el Estado está impedido para ser juez, por ser parte determinante del conflicto 82.

11-4-2015, Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', máximo comandante del ELN, reconoce diferencias en enfoques y puntos de una eventual Agenda de Negociación de Paz con el Gobierno, frente al proceso con las FARC. El Quinto Congreso del ELN concluyó que hoy, más de 50 años después de nuestro levantamiento en armas, nuestra lucha sigue siendo válida. El ELN debe reiterar que su lucha no se circunscribe a la lucha armada. El grueso de las mujeres y hombres del ELN no se dedican a la actividad armada sino a la lucha política y de masas. Muchas veces nuestro accionar armado es político, por tal razón afirmamos que nuestra lucha es esencialmente política, desde nuestra condición de rebeldes levantados en armas. Los cuadros del ELN que se alzaron en armas hace más de medio siglo, lo hicieron muy a pesar de sus grandes deseos por encontrar los espacios políticos que se les negaron y de qué manera. Muerte, cárcel y exclusiones y si alguien lo duda, que se consulten las páginas de la historia de entonces, precedida por el magnicidio de Gaitán, en el contexto de la llamada Guerra Fría. Hace 24 años, el ELN se propuso buscar una solución política del conflicto, en diálogos con el gobierno de entonces y con los siguientes; para infortuna, siempre hemos encontrado la actitud inflexible y exigir a cambio de espacios políticos, la rendición y claudicación, como si la lucha por la dignidad mereciera deshonra, castigo y afrenta. Esta búsqueda le ha costado al ELN y a una parte de la sociedad, muertos, sacrificio y una decidida persistencia, que hoy seguimos demostrando de manera coherente. Lo trágico del destino de los recursos minero energéticos, como el del petróleo y otros, es que son convertidos en botín para las empresas transnacionales, además de que los Gobiernos que se les subordinan les agradecen, que “le den empleo” a los trabajadores y dejen algunas “regalías”. Esto es sin duda, vergüenza patria. Evitar que se roben tan descaradamente los bienes comunes es una acción elemental de soberanía. Nuestro accionar político-militar busca esto y, como toda acción de fuerza, genera contradicciones por su alcance. El Estado colombiano y sus Gobiernos sostienen unas fuerzas armadas que sobrepasan el medio millón de personas, financiadas con el bolsillo de los colombianos, las que destina en casi tres cuartas partes a prestarle guardia al saqueo que hacen las transnacionales. Nuestra fuerza guerrillera debe conseguir lo que necesita para sostenerse y luchar, ¿a quién exigirle que pague este costo, entregando una parte ínfima de sus abultadas ganancias, que al capital saqueador de las riquezas de todas y todos los colombianos? No lo entendemos en contradicción con la política de buscar que los recursos naturales no se los roben esos pulpos extranjeros. Es posible que en un futuro donde exista en Colombia un Gobierno defensor de los intereses del pueblo y la nación -al que hemos llamado Gobierno de Nación Paz y equidad-, se pueda prescindir del petróleo. Sin embargo, esa posibilidad aun no es concreta y alguien dijo a propósito del tema que este “es uno de los males necesarios”, por supuesto esto no depende de la insurgencia, por ello hemos planteado la nacionalización como una salida soberana, que ojalá se alcanzara y fuera efímera, para que el país sea capaz de substituir esa energía por otra menos contaminante, consecuente con la decisión de no seguirle causando males terribles al planeta. En tal sentido son bienvenidas todas las iniciativas. El narcotráfico como fenómeno mundial fue impulsado por los grandes comerciantes y empresarios para obtener grandes ganancias de manera fácil. Para el caso de Colombia, hemos sostenido la tesis de que los amplios territorios donde opera la insurgencia fueron inundados por los cultivos de uso ilícito por los agenciadores de la contrainsurgencia, con el propósito de captar y descomponer a la base social cercana a ella. Este experimento perverso es facilitado por la pobreza y abandono estatal del campo colombiano, plan que no logró desvanecer el desarrollo insurgente. Los últimos cuatro congresos del ELN en 1989, 1996, 2006 y 2014, han ratificado nuestra política de deslinde categórico con el narcotráfico, política que se concreta en que el ELN no comercia con alucinógenos, no tiene rutas de tráfico, ni tiene laboratorios o cocinas, ni es dueño de cultivos de uso ilícito, menos estimula dichos cultivos, ni se asocia para este negocio con narcotraficantes. Así como una parte de los propietarios acaudalados, que viven en los territorios donde operamos, nos colaboran o pagan un impuesto, de la misma manera le exigimos un impuesto a los comerciantes que entran a los territorios donde hay cultivos de uso ilícito. Asimismo les exigimos contribuir con obras sociales en beneficio de las comunidades. Nuestra labor con la población donde existe una parte de los cultivos ilícitos es intensa para evitar la descomposición social, pues en dichos territorios es total el abandono del Estado, quien los considera como colombianos de tercera clase. Rechazamos categóricamente que a los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito, el Gobierno les dé el calificativo de narcotraficantes. El ELN ha manifestado su respeto a ciertos principios del DIH, su idea de “humanización de la guerra”, pero los críticos insisten en tópicos como el reclutamiento de menores, los secuestros, el ataque a civiles y el uso de minas. Hemos afirmado nuestro reconocimiento al DIH, siendo necesario entenderlo a la luz de la realidad del conflicto colombiano. Fuimos desoídos por los sucesivos gobiernos, en cuanto al planteamiento de humanización de la guerra, aun así nosotros actuamos dentro de dicho planteamiento. Reclutamiento es obligar a determinadas personas a hacer parte de un grupo armado. El ELN tiene en su reglamento la prohibición de vincular personas a la fuerza para engrosar sus filas. Quien se incorpora, lo hace de manera consciente y voluntaria, luego de cursar un proceso de conocimiento mutuo, que le permite entender cuáles serían sus responsabilidades y compromisos, sus derechos y deberes; por lo anterior no aceptamos que se diga que el ELN recluta, cosa que si hace el Ejército gubernamental, por medio de las famosa batidas, en que se lleva a las malas a miles de jóvenes con el pretexto de “servir a la patria”. El país y el mundo debe saber que la amplia masa de pobladores de los territorios donde opera el ELN, ha sido declarada “ilegal” por el Estado y no tiene otra opción que buscar la protección de nuestras fuerzas, personas a las que en ningún momento se le asignan para tareas militares o de alto riesgo. Muchas familias desplazadas de sus territorios prefieren estar en áreas donde operamos, para no ir a las ciudades a engrosar los cinturones de miseria. El explosivo de las minas defensivas que usamos para impedir el avance enemigo lo extraemos de las bombas que lanzan los aviones del Gobierno y que no explotan. Cada mina pesa 150 gramos, mientras que una bomba de las que arrojan pesa 500 kilogramos. De cada bomba sin estallar fabricamos 3.500 minas defensivas. Nunca hemos negado que hayamos cometido errores por acciones de individuos, que actúan al margen de nuestras líneas y reglamentos o por dolorosos accidentes en determinadas circunstancias, pero negamos categóricamente que desarrollemos acciones con el propósito de hacer daño a la población. Igualmente, respetamos la vida de los prisioneros de guerra y damos trato digno a quienes, por circunstancias particulares, privamos de la libertad. A propósito de las víctimas del conflicto y la justicia, los dos últimos congresos del ELN, que son nuestra máxima autoridad, han definido la validez de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, perdón pero no olvido. Valoramos y vemos con respeto los esfuerzos de los compañeros de las FARC en el proceso de Paz y así lo hemos intercambiado con ellos, sin embargo, en materia de puntos de Agenda y enfoques, así como de la participación de la sociedad, tenemos otra manera de entender los avances y desarrollos y ello no es contradictorio, sino que aporta al proceso de Paz en general. Esa es parte de la diversidad del país y la insurgencia, los dos procesos se enriquecen mutuamente y se complementan. Los asuntos que puedan ser de diferencia no se contraponen, por eso no hay palos en la rueda ni del ELN al proceso de las FARC ni del de las FARC al ELN. A quien el país ha visto poniendo palos en la rueda al proceso de paz es al ex-Presidente Uribe y a sus seguidores, a quienes a veces se les une el Gobierno de Santos, cuando pretende imponer una paz barata para el capital, para que todo siga igual. Transformaciones necesarias para la Paz es algo similar a lo que dicen desde el movimiento popular y social, que “la Paz son cambios”. Si reconocemos que el conflicto que vivimos es de naturaleza política, que es el fruto de la antidemocracia, la pobreza, la miseria, la actitud violenta desde el Estado a los reclamos de las mayorías, es apenas lógico que esos problemas requieran abordarse y solucionarse en un proceso de paz. Nadie está diciendo que lo que lleva más de medio siglo se resuelva en una discusión de unas semanas, el problema no es firmar papeles y tener buenas intenciones. Si el proceso de Paz no encara a profundidad estos asuntos, dentro de un plan concreto, la Paz no tiene futuro y será un cuento. Plantearse resolver las causas que originaron el conflicto es indispensable, y esa definición debe salir de la sociedad misma, que lo ha padecido. Ella debe darse formas concretas de organización para expresarse y plantear soluciones dentro de valoraciones objetivas, es indispensable recoger el sentir de los trabajadores de la ciudad y el campo, del campesinado, de los indígenas, de las negritudes, de las barriadas pobres, de los sectores de la llamada clase media, de los más de 6 millones de desplazados, de 8 millones de migrantes, de los estudiantes, de la intelectualidad nacional, de la academia, etc., a través de sus organizaciones, y generar organizaciones de quienes aún no las tienen. Un buen médico va a las causas de las enfermedades del paciente, si se las trata y resuelve le da vida y futuro. La sociedad colombiana está enferma y en estado crítico, si las medicinas, los alimentos y la dieta no son efectivos, no habrá vida ni futuro, todo será una quimera y esto no nos lo perdonarían las futuras generaciones. Ese examen, ese diagnóstico debe hacerlo la sociedad misma a través de sus organizaciones en real proceso democrático directo, sobre todo esa sociedad excluida, la sin derechos, la sin futuro hoy. ¿Cuánto demorará ese proceso? No lo sabemos pero es de ese tamaño el problema y el reto a asumir, la precipitación es mala consejera. Estamos obligados a no equivocarnos, por eso se requiere la sabiduría colectiva, de las comunidades, de las organizaciones populares y sociales. No se puede excluir a nadie, deben participar también los sectores económicos y empresariales del país, sobre todo a quienes no son tenidos suficientemente en cuenta; los que son tenidos en cuenta hoy, ya conocemos sus puntos de vista, son con los que se mueve el país y los representa el Gobierno. No hay duda que es necesario escuchar a las fuerzas armadas estatales, ellos también tienen mucho que decir respecto a un futuro de Colombia en Paz. Cuando hablamos de sociedad estamos haciendo referencia a esa masa de 47 millones de colombianas y colombianos. Sin embargo la que disfruta de los derechos que se le niegan a la inmensa mayoría, es una expresión de sociedad privilegiada, que está representada en el poder y ya sabemos cómo piensa y actúa. Tener en cuenta la sociedad no es sinónimo de un acto de consulta solamente, sino un proceso continuado de construcción de planes y políticas levantadas por las mayorías, por la vía de sus organizaciones, que vayan en la dirección de resolver las causas que originaron el conflicto y sobre el futuro del país. Así entendemos la expresión democrática. En esto no partimos de cero, varios investigadores afirman que el país está sobre diagnosticado, sencillamente los gobiernos no recogen los esfuerzos que muchas de las comunidades han planteado. Los trabajadores minero-energéticos han levantado propuestas, igual los trabajadores de la salud, los estudiantes, los maestros, los indígenas, las negritudes, los campesinos, pero muchas propuestas se han tirado al rincón de San Alejo; en este contexto, hay mandatarios locales elegidos popularmente a quienes se les bloquea, estigmatiza y calumnia, porque levantan planes con sentido popular y social; pero como ello no representa ganancia para las élites dominantes, se les sabotea y obstruye su desarrollo, mientras tanto el país obedece a los designios del FMI, y a otras expresiones del capital transnacional, a los planes del Pentágono, como el mal llamado Plan Colombia, que ahora se reconoce como un fracaso y a los TLC, entre otros. La Convención Nacional fue una propuesta lanzada desde el ELN, con el propósito de organizar y aglutinar las expresiones populares y sociales para un proceso de Paz. Sin considerarla inválida, pensamos que el movimiento político de masas, por la vía de sus organizaciones, debe lanzar una propuesta propia en su saber democrático y retomar de la Convención Nacional lo que considere válido. Hemos reiterado que es indispensable la participación protagónica de la sociedad en el proceso de Paz para que este sea exitoso y en ello vemos buenos vientos, tanto en el país como desde la comunidad internacional. Apostémosle a ello en fuerte lucha para lograrlo, nos lo merecemos todas y todos y saldremos vencedores. Si hoy los diálogos de Paz logran que la sociedad sea protagónica, darían los resultados en espacios expeditos para el ejercicio de la democracia, hoy negados, con lo que estaríamos asistiendo a un nuevo momento político. Ello sí sería la demostración clara de que no hay necesidad de la rebeldía para luchar por la justicia, sino que por esos caminos democráticos se desencadenarían las luchas populares y sociales para alcanzar cambios profundos en materia política y social, que harían de esta Colombia la verdadera patria para todas y todos. Mientras esto no sea posible, no nos queda otro camino que el del alzamiento armado 83.

7-8-2015, El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzarán en septiembre del 2015 los diálogos de Paz en Ecuador. De acuerdo con el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, las conversaciones tendrán lugar paralelamente a las que desarrollan las FARC-EP y el Gobierno. El 13-5-2015, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que Quito será la sede de los diálogos de la Paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN 84.

5-10-2015, La necesidad de Paz en Colombia se expresa en cada uno de los rincones del territorio nacional, de diferentes formas y en distintos escenarios, contraponiéndose a la violencia que padece nuestro país desde tiempos inmemoriales y que hoy se manifiesta en un conflicto social y armado de más de sesenta años, que ha dejado como resultado una profunda crisis y una cultura de violencia y exclusión, además de millones de heridas abiertas, representadas en las víctimas, que exigen Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La Paz no es posible sin que los responsables de la guerra asuman su responsabilidad en ella, empezando por el mismo régimen dominante. La estrategia estatal contrainsurgente es la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional diseñada desde Estados Unidos, que establece que en Colombia existe un enemigo interno, que representa el terrorismo y debe ser eliminado. Esta estrategia incluye además, la instalación de varias Bases militares norteamericanas en territorio colombiano, desde donde se han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos, que hasta hoy se mantienen en absoluta impunidad. La institucionalidad del Estado colombiano, ha usado como respuesta a las luchas populares una siniestra mezcla de lo legal e ilegal en el uso de la fuerza, que un alto número de analistas e investigadores definen como Terrorismo de Estado. Aunque la pena de muerte no es una medida legal en Colombia, hoy tenemos más de quince mil ejecuciones en persona protegida -los llamados Falsos Positivos documentados-, igual que más de cuarenta y cinco mil desapariciones forzadas, donde la responsabilidad del Estado a través de sus agentes es evidente. Las estadísticas del Centro Nacional de la Memoria Histórica reportan que entre 1958 y el 2012, el conflicto armado interno dejó doscientos veinte 220 mil asesinatos y cinco millones de desplazados internos, que no incluyen a los seis millones de refugiados y exiliados. En esa mezcla legal e ilegal de desarrollar la guerra, fue diseñada por instrucciones del Pentágono la creación del paramilitarismo y como su nombre lo indica ha sido el brazo ilegal encargado de la guerra sucia, estrategia que no es asunto exclusivo de Colombia, sino práctica sistemática de las guerras adelantadas por los EUA, para imponerle su dominio a los pueblos del mundo. El cúmulo de delitos graves cometidos en el desarrollo de la guerra, por los instrumentos legales e ilegales, de los que es responsable el Estado colombiano, son suficientes para que en justicia el Estado responda como parte determinante en sus responsabilidades por esta guerra, sin descargar su culpa en unos cuantos de sus agentes; mientras se empeña en responsabilizar unilateralmente a la insurgencia de todos los daños causados a la población, en un conflicto que existe desde hace casi setenta años, cuando aún las actuales guerrillas revolucionarias no existían. Se enfatiza en este delicado asunto a propósito de los desarrollos de los Acuerdos de la Mesa de La Habana, convencidos que si el gravísimo problema de las víctimas de la guerra no se encara y resuelve con altura y responsabilidad por parte del Estado colombiano, se iría por el camino que haría “sanar en falso” las heridas dejadas por la guerra, tal como ocurrió en anteriores oportunidades y que hicieron resurgir el conflicto. Señores de las clases en el poder, ha llegado el momento de asumir responsabilidades, para darle vida a la Verdad, la Justicia, la Reparación, al Perdón sin Olvido, con las que hagamos posible la No Repetición, que tanto exigen las Víctimas. La otra parte contradictoria y dañina al proceso de Paz urgente de resolver, es el Sistema penal acusatorio que se está aplicando a los luchadores populares, donde se desdice de su condición de activistas sociales y políticos, para juzgarlos y condenarlos peor que a cualquier delincuente, lo que contradice de manera contundente las promesas que hace el Gobierno sobre garantías políticas para la protesta social y los activistas de izquierda; además de chocar este modelo de justicia punitiva aplicada a luchadores sociales, con el acordado en La Habana sobre Jurisdicción especial para la Paz. La condena del dirigente indígena Feliciano Valencia para solo citar este ejemplo, deja clara la contradicción entre la retórica y la realidad de las políticas del régimen, ante lo cual el futuro del proceso de Paz queda interrogado. Suficientes motivos tenemos los colombianos para colocar en duda las promesas de la oligarquía. Dudamos si esta vez la conducta de la elite dominante va a ser diferente, a la que tuvo en los procesos de Paz de hace dos décadas; por lo que llamamos al movimiento social, a la izquierda y a las FARC a cerrar filas alrededor de una cultura de Paz basada en la resistencia, para luchar por los cambios que necesita Colombia, solo así el proceso de Paz será irreversible 85.

27-12-2015, El ELN, segunda mayor guerrilla colombiana, intenta abrir una negociación pública con el Gobierno Santos siguiendo la senda de la de La Habana con las FARC. Hay ya una Agenda acordada, pero la confianza mutua se construye con dificultad y en medio de combates. Nicolás Rodríguez Bautista, Jefe máximo desde hace casi dos décadas y más conocido como «Gabino», explica las oportunidades y escollos del momento actual. Jamás hemos priorizado la guerra o confrontación armada por considerarla expedita, sino que el cierre de las vías legales obligó a varios sectores populares a usar la rebeldía armada, como único camino posible. Las vías políticas siempre deben ser las esenciales para dirimir las contradicciones y diferencias. Sin embargo, la oligarquía colombiana ha usado de manera constante la violencia, para impedir los desarrollos de la lucha popular. En este contexto, cuando la oligarquía se ha abierto a buscar una salida política al conflicto, en el Ejército de Liberación Nacional no hemos ahorrado esfuerzos para examinar este camino. Hoy tenemos clara la falta de voluntad de la oligarquía para disponerse a una salida política, con cambios significativos en la vida del país, y mas bien lo que busca es debilitar la capacidad de lucha de las mayorías, incluida la insurgencia. Este es el principal escollo del actual proceso de Paz. Aun así, estamos dispuestos a examinar posibilidades de avance y en tal sentido le apostamos a la Paz. Si se logra un verdadero proceso de Paz, la vía política es la que más deseamos transitar, pero si quienes nos adversan no se disponen a ella, no quedará otro camino que seguir usando el derecho a la rebelión. Camilo Torres, el cura guerrillero, uno de nuestros iniciadores, dejo dicho que «es la oligarquía la que decide por cuál vía va a entregar el poder al pueblo». Colombia cuenta con un pueblo humilde, paciente, trabajador y dispuesto a aceptar los desafíos. En las recientes elecciones regionales faltó unidad por la base, como también lo enseñó Camilo. Dentro de esta debilidad la derecha perfeccionó una maquinaria demoledora. Con dinero unió clientelas electorales. Se apropió de banderas del cambio, aprovechando el desgaste de tres administraciones seguidas de la izquierda en Bogotá. Con grandes campañas mediáticas, cabalgó sobre actos de mal gobierno y casos de corrupción, a los que desafortunadamente no han escapado algunos movimientos de izquierda, y los cobró en el Gobierno de Petro, que fue uno de los mas cualificados. Las conversaciones entre el ELN y el Gobierno no han sido informales sino confidenciales. En ese lapso de tiempo hemos logrado elaborar una Agenda de negociación, a la que no le falta ni una coma; el atasque está en cómo concretar asuntos operativo para la fase pública. Tenemos confianza en que por fin llegue ese momento comenzando el año venidero. El Gobierno es el de la estrategia de dialogar en medio del conflicto. Nosotros, tanto en la mesa como públicamente, hemos insistido en la urgencia de pactar un cese bilateral del fuego y las hostilidades con verificación, pero desde que se iniciaron las conversaciones el Gobierno ha arreciado sus operaciones antiguerrilleras en todos nuestros territorios. El ataque del 27 de octubre del 2015, a una patrulla del Ejército, se hizo en medio de un gigantesco operativo militar en contra de nuestro Frente de Guerra Oriental, que sigue en desarrollo en los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare. Esta acción nuestra es respuesta a esa operación punitiva del Gobierno. La carencia de confianza entre las partes es una dificultad que enfrentamos. La iremos superando en la medida que creemos nuevas realidades, producto de este proceso de solución política. Tanto las FARC como el ELN le hemos demostrado al país que los gestos unilaterales han sido aprovechados por el Gobierno y sus Fuerzas Armadas para sacar ventajas militares y políticas. Lo que se requiere con urgencia es un cese bilateral del fuego y las hostilidades, sin condiciones y con una verificación efectiva. Si el Gobierno lo aceptara, este proceso de Paz daría un salto importante y generaría las confianzas necesarias entre las partes, porque estamos en una mesa hablando de Paz al tiempo que no para la confrontación, donde siguen muriendo soldados, policías, guerrilleros y, mas grave aún, líderes populares y defensores de Derechos Humanos. Si el Gobierno acepta un cese en estas condiciones, lo podemos firmar ya. La clase gobernante está fracturada en dos partes y eso es de conocimiento público. El ex Presidente Uribe Vélez agrupa a una de esas partes, que considera que el presidente Santos «le está entregando el país a la guerrilla y traicionando a Colombia»; y el Presidente Santos lidera la otra parte. Esa situación es muy grave porque en el 2018 Santos termina su mandato y el proceso de Paz no se agota en los dos años que le faltan de Gobierno, lo que implica una amenaza. Asimismo, mientras Santos hace discursos sobre la Paz, el país sigue viviendo una dinámica de guerra como si dicho proceso no existiera. Sigue la represión y la militarización no disminuye, así incluso haya una tregua unilateral por parte de las FARC. La persecución a los líderes populares y defensores de Derechos Humanos es latente, con muertos, encarcelamientos y desapariciones forzadas; los desplazamientos forzados por el accionar de las fuerzas legales del Estado y el paramilitarismo no paran; y el patético drama carcelario, antes que mejorar, se agrava. Las organizaciones populares, en sus movilizaciones, siguen reiterando que «la Paz son cambios». Esta es una verdad contundente. En Colombia las investigaciones mas serias han concluido que la impunidad ronda por encima del noventa y seis porciento de los delitos cometidos por agentes del Estado, los políticos y los llamados servidores públicos. Es algo gravísimo para un país de cuarenta y ocho millones de habitantes, que vive un conflicto político, social y armado con mas de medio siglo de existencia, donde los civiles muertos, desaparecidos y exiliados son millares, y los que sufren el desplazamiento forzado son alrededor de seis millones. Por tal razón, existe un clamor de las Víctimas por la Verdad, la Justicia, la Reparación y garantías de No Repetición. Sin cumplir esta condición, la Paz en Colombia no es posible. Las fórmulas para asumir ese proceso deben ser levantadas y construidas por las Víctimas y nadie puede reemplazarlas en ello. El Estado, mayormente involucrado en todo esto, es quien tiene menos autoridad moral para hacerlo. Por esto la Paz no es un asunto sencillo de «borrón y cuenta nueva». La propuesta de las FARC de tener un día de contrición nacional, significa reconocer, arrepentirse y mostrar la convicción de No Reincidir. Decisión que no vemos en la minoría gobernante, quien no asume responsabilidad colectiva por décadas de guerra sucia, que las atribuyen a uno que otro militar o paramilitar desviado, a quienes llaman «manzanas podridas». Entonces, poco sirve para la Paz que una parte se arrepienta y la otra no, que una parte asuma su responsabilidades y la otra no. Como afirmó recientemente el Comandante Antonio García, «la Agenda entre el Gobierno y el ELN ya está acordada». La Paz es un asunto muy importante para toda Colombia y el ELN está firmemente comprometido con ella. Somos optimistas, sin desconocer las dificultades 86.

16-2-2015, El ex-Presidente César Gaviria planteó blindar a la fuerza pública en el desarrollo del proceso de Paz con las FARC. Algunos de los debates que se han dado en el Senado de la República sobre el proceso la Paz, me han llevado a concluir que el proceso está generando la idea de ser uno recortado e insuficiente, muy a pesar de que estoy seguro que esa no es la intención del Gobierno ni de la Comisión Negociadora. El debate de Iván Cepeda mostró el indeseable nivel de polarización al que hemos llegado, pero también señaló algunos nuevos caminos que habría que explorar para alcanzar la Paz. Tanto Claudia López como Antonio Navarro Wolf, fueron explícitos en mencionar la necesidad de un perdón mutuo de los sectores que han estado en conflicto y la necesidad de moderar el lenguaje y atemperar el clima de confrontación. La Paz se dificulta en medio de un lenguaje tan agresivo y polarizante. Estoy seguro de que ellos piensan en Justicia Transicional, y no en un simple perdón como el que se aplicó después de la guerra de los Mil Días, o el que se adoptó para poner fin al llamado “período de la violencia”, o la decisión asumida por la sociedad para el proceso que se dio con el M-19, a lo largo del siglo XX, para no hablar del indulto automático que se ha otorgado a todos los miembros de la guerrilla y paramilitares que se han desmovilizado en los últimos Gobiernos. Fueron varios miles los que se beneficiaron de este mecanismo tanto en los dos períodos de Gobierno del Presidente Uribe, como en el Gobierno del Presidente Santos. Y esto se ha estado haciendo en tiempos de plena vigencia del Estatuto de Roma, sin que nadie haya acusado a nuestros gobernantes y autoridades militares por actuar de esa manera. Creo, por lo tanto, que muchos coincidimos con las afirmaciones del Fiscal General que ha estado hablando de Justicia Transicional para todos los partícipes del conflicto. Como está planteado el proceso de Paz, da la impresión de que puede dejar vivos muchos rezagos y conflictos irresolutos de la guerra, que sólo se van a resolver algunos de los problemas de los combatientes con la justicia, y que se está prestando para que muchos colombianos crean que está únicamente dirigido a resolver los problemas de las FARC con la justicia, y no todos los que se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de más de cincuenta años. Comienzo por señalar que hasta ahora solo se ha hablado de Justicia Transicional para los integrantes de las guerrillas como para los miembros de la fuerza pública, tanto por parte del Presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Ante esta situación, han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la Justicia Transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista. Ellos no han tenido acceso a ninguna de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, creo que por imprevisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Sería altamente inconveniente que, después de que la Ley de Justicia y Paz omitiera darles a estas personas una consideración especial, incurramos de nuevo en tal omisión. Eso dejaría por fuera a muchos implicados civiles que hoy son juzgados con normas mucho más rigurosas que las que se aplican a los Jefes paramilitares que han estado incursos en gravísimos delitos de lesa humanidad, y se les ha tratado con normas laxas, es apenas justo que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas. A mi juicio se ha ignorado el principio de igualdad que debe regir en nuestra justicia según lo manda la Constitución de 1991. También se corre un altísimo riesgo de que, en el futuro, los propios miembros de la fuerza pública puedan verse acusados injustamente, cuando la Fiscalía General y las otras autoridades judiciales actúen para establecer responsabilidades por cuenta de las muchísimas denuncias que se darán ante la Comisión de la Verdad, o de denuncias presentadas por los ciudadanos en los estrados judiciales o en los medios de comunicación. Tener en las décadas siguientes a nuestro sistema judicial cargado con todos estos procesos, impediría que nuestra justicia se concentrara en las nuevas organizaciones criminales y en la investigación de los delitos que hoy se cometen, perpetuando una impunidad ajena a los propósitos colectivos de nuestra sociedad. No será posible tener una justicia penal pronta y cumplida si ella tiene que cargar con centenares de miles de procesos surgidos de las acciones violentas de la guerra a la que tratamos de poner fin. Para los miembros de la fuerza pública, esto implicaría que van a tener que estar pendientes de estas eventualidades por el resto de sus vidas, casi sin posibilidad real de saldar sus obligaciones frente a la justicia. Sería vivir bajo la perspectiva de que los guerrilleros cuenten con libertad y muchos de los oficiales de la fuerza pública que defendieron nuestro orden jurídico, aun los que cometieron excesos, vayan a la cárcel. Esa es una perspectiva inaceptable para la inmensa mayoría de los colombianos. El Presidente Santos ha dicho que las fuerzas armadas también van a tener acceso a otra forma de Justicia Transicional, pero falta por definir cómo se va a dar ese proceso que, de seguro, amerita características diferentes a las que tiene el que se adelanta con la guerrilla. Nuestra fuerza pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final. Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala. En algunos de ellos, luego de varias décadas después de haber finalizado el conflicto interno, han sido reabiertos los procesos que habían concluido las responsabilidades penales. También se oye que en Colombia muchos oficiales, sin procesos pendientes, tienen más temores por denuncias temerarias en el futuro que los que tienen casos abiertos, y ello es tremendamente perturbador para el trámite del proceso. Tampoco podemos, si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad. Ello impediría y dificultaría llegar a la verdad. Allí no llegaremos si a ella no acuden los no combatientes libres de temor. Lo que hemos tenido en Colombia no es la represión propia de dictaduras militares durante la guerra fría, fundamentada en razones ideológicas; sino unas fuerzas armadas defendiendo las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunos condenables abusos o violaciones a los derechos humanos, que muchas se han sancionado de manera ejemplar, como debe ser, por nuestros organismos de justicia, en particular por los jueces, las salas penales de nuestros tribunales y la Corte Suprema de Justicia, y por iniciativa de la Fiscalía General. Debemos dejar claro que las responsabilidades de los miembros de las fuerzas armadas, a la hora de aplicar la Justicia Transicional, deben limitarse a las faltas por acción comprobadas y no por omisión. La teoría de los máximos responsables de que habla el Marco Jurídico para la Paz puede ser aplicada a la guerrilla, pero solo puede aplicarse en sentido muy restringido para la alta oficialidad de la fuerza pública. Si no actuamos en ese sentido restringido se pueden cometer muchas injusticias que los colombianos no queremos ver contra oficiales o miembros de nuestras fuerzas armadas. Es muy importante que en el establecimiento de estos procesos de Justicia Transicional participen y decidan el Gobierno, el Congreso y todos los ciudadanos por la vía del referéndum. Como es importante, también, escuchar a las autoridades judiciales y a las cabezas de organismos de control, para facilitar su consistencia y la cabal ejecución de las políticas criminales, fruto de esta decisión política colectiva. Todas las medidas de Justicia Transicional que se vayan a aplicar de manera diferencial a los distintos actores, protagonistas del conflicto, deben ir en un mismo Artículo, en una Ley que autorice un referéndum para que tengan no solo rango constitucional, lo que es altamente conveniente, sino la legitimidad política que ellas requieren. La Ley de referéndum solo debe tener el control de constitucionalidad que manda la Carta. Nada de choques ni de interpretaciones disímiles por parte de las distintas autoridades con funciones judiciales. Solo así podremos verdaderamente pasar la hoja de este conflicto que por cinco décadas ha desangrado la nación colombiana. La decisión fundamental que debemos tomar los colombianos, es si le vamos a poner o no fin al conflicto armado. Si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la Paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra. De lo que se trata entonces, es de ponerle fin a la guerra de manera definitiva y de definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores. Como es de todos conocido, este es el primer proceso de Paz que se da bajo las nuevas reglas que han significado la creación de la Corte Penal Internacional y la necesidad de castigar los delitos de lesa humanidad. Me preocupa, sin embargo que, de buena fe o con la intención de dañar el proceso, muchos traten de ver delitos de lesa humanidad en todos los crímenes de guerra o en cada denuncia aún no investigada ni probada, y así no haya normas expresas que así los califiquen en el Estatuto de Roma, ni precedentes judiciales en fallos de la Corte Penal Internacional. La Paz que estamos buscando trabajosamente los colombianos, es una decisión política colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de Paz. El respaldo internacional unánime y generalizado que se da en este momento debe interpretarse así. Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional será una aliada del proceso de Paz colombiano y no un escollo insalvable, como algunos pretenden hacerlo creer, y como lo han sugerido algunos funcionarios de rango subalterno, que no son los Jueces de la Corte. Nadie, ni en Colombia ni en la Comunidad Internacional, puede esperar que surjan precedentes de Derecho Internacional que hagan imposible la Paz de Colombia o que ignoren las experiencias de otros países para poner fin a guerras civiles de larga data, particularmente después del fin de la guerra fría. Si aludiendo al Derecho Penal Internacional se pretende impedir que nuestra Justicia Transicional consolide una Paz estable y duradera en Colombia, lejos de proteger a las víctimas y a los ciudadanos, se estarían perpetuando las condiciones de la violencia en perjuicio de sus derechos, y socavaría gravemente la de los ciudadanos colombianos que tienen derecho a vivir en Paz. Esta idea de Justicia Transicional para todos se podría entender como la decisión política que involucre a todos los sectores de la sociedad que vivieron el conflicto, directa o indirectamente, y que se exprese en un conjunto de decisiones que garanticen la restauración del orden, la seguridad jurídica y la armonía social y política, condicionado este tratamiento a la no repetición, a la verdad y a la reparación, en aras de reconocer el daño causado a los civiles que han sido víctimas del conflicto armado. Espero que los escépticos y opositores al proceso de Paz tomen estas reflexiones con desprevención y serenidad. Ellas no van dirigidas a generar nuevas tensiones sino, por el contrario, a hallar puntos de encuentro y coincidencias. Parto de la base de que ningún ciudadano se está oponiendo al proceso de Paz con razones mezquinas o antipatrióticas. He discutido estos temas con algunos dirigentes, políticos, miembros de los organismos de control y con los responsables del proceso. La responsabilidad de estas opiniones son exclusivamente mías y en nada comprometen al Gobierno Nacional. Lo que expreso aquí son opiniones y no propuestas. El proceso de Paz debe tener la guía del Presidente de la República y él sabrá llevarlo a buen término. No pretendo ser contradictor ni ofrecer un camino alternativo, y concluiré la tarea que me impuse expresando públicamente estas ideas y reflexiones 87.

15-3-2015, Mediante una carta extensa dirigida al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, el ex-Presidente y Senador Alvaro Uribe Vélez expresó sus reparos al proceso de Paz que se lleva a cabo en La Habana, entre el Gobierno y las FARC. “Desde el inicio de este Gobierno hemos presentado nuestras preocupaciones por el deterioro de la seguridad, que tiene entre sus causas el abandono del compromiso presidencial, la desmotivación de las Fuerzas Armadas y la desconfianza de la ciudadanía”. Reitero el rechazo de igualar a las fuerzas armadas con el terrorismo, ubicándolos a ambos en la categoría de actores del conflicto. Que los diálogos de Paz sean alargados el tiempo que sea necesario para evitar que, por buscar un fin del conflicto armado, se firmen “acuerdos dañinos a nuestra democracia”. Insisto en la importancia de concentrar a los miembros de esta guerrilla en un solo sitio para que el cese unilateral decretado por las FARC en diciembre pueda ser verificable. Podrían ser supervisados por órganos internacionales. “Mientras estén allí concentrados y vigilados podrían mantener las armas cuya entrega definitiva sería al momento de firmar los Acuerdos. Podría considerarse que el tiempo de ubicación en un sitio se cuantifique para descontarlo del periodo carcelario”. Califico de burla el cese el fuego unilateral anunciado por la guerrilla que sigue delinquiendo, como en “la participación violenta del terrorismo en la incitación de invasiones de tierras en el Cauca, el crecimiento de los cultivos de droga en el Catatumbo, el control territorial de áreas, la amenaza al Centro Democrático, como ocurrió con la candidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga, el asesinato y la extorsión”. Aceptamos que la “base humana de los grupos terroristas”, una vez reinsertada, no vaya a la cárcel y se le reconozca el derecho de elegibilidad política. “Reiteramos que los cabecillas, responsables de atrocidades, deben ir a la cárcel, así las sentencias sean reducidas, y no deben gozar de elegibilidad política”. Este grupo guerrillero “ha despreciado múltiples oportunidades generosas de diferentes Gobiernos aprovechadas para rearmarse”. Ejemplo el Gobierno del Presidente Belisario Betancur, quien “les perdonó a integrantes como Iván Márquez y Braulio Herrera” que aunque “estuvieron en el Congreso regresaron al terrorismo”. Respecto a la suspensión de bombardeos no entiendo por qué el Gobierno niega un cese el fuego bilateral y luego anuncia una parálisis a los bombardeos a campamentos de las FARC. Expreso preocupación por el aumento de la delincuencia de este grupo armado que “ha recuperado vocería política y capacidad para la acción criminal. También ha sofisticado sus prácticas; hay menos carros bombas y están ausentes los secuestros espectaculares, pero hay más extorsión con el explosivo selectivo”. También reclaman que sean reparadas las víctimas de la guerrilla con el dinero “mal habido” de esta, considerada entre los tres grupos terroristas más ricos del mundo. El Centro Democrático seguirá exponiendo sus preocupaciones al Director del Ministerio Público, a Kofy Annan, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional. También los pondremos en conocimiento del ex-Presidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Alvaro Leiva y Antonio Navarro. Estos iniciales comentarios serán periódicamente complementados por un grupo de estudio del Centro Democrático del cual forman parte, entre otros, el Director del partido Oscar Iván Zuluaga, el coordinador de asuntos internacionales Carlos Holmes Trujillo, el Senador Alfredo Rangel y el ex-Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo 88.

5-4-2015, Andrea Torres Bautista, abogada y coordinadora del área jurídica de la Fundación Nydia Erika Bautista de Colombia asegura que las víctimas de desapariciones forzadas en su país han sido olvidadas en las negociaciones de Paz en La Habana y que la situación de violencia, amenazas y persecuciones sigue siendo alarmante. Andrea Torres Bautista, ha vivido en el exilio como la mayoría de sus familiares después de la desaparición de su tía, Nydia Erika Bautista, a manos de miembros del ejército pertenecientes a la Brigada XX. Nydia era miembro del Grupo 19, que más que hacer una guerra con las armas lo que hacía era apoyar a vecinos y vecinas pobres y de bajos recursos de los barrios más marginados de Bogotá. Los hechos ocurrieron justo el día que Andrea celebraba su primera comunión, el 30 de agosto de 1987, y desde hace 15 años el caso sigue abierto sin responsables vinculados. Por eso, en 2014 la familia Bautista presentó una acción de revisión, un recurso extraordinario, conocido por la Corte Suprema de Justicia, con el que pretenden que se vuelva a abrir la investigación contra los militares acusados de la desaparición de su tía, así como que se averigüen conductas nunca investigadas como la violencia sexual y la tortura a la que fue sometida Nydia Erika en su cautiverio. Actualmente son unos 180 casos de 200 familias con los que la Fundación trabaja en distintos tribunales de justicia, con el fin de que el respeto a los derechos humanos no quede en vano, especialmente para las víctimas de desapariciones forzosas, quienes parecen invisibilizadas en el conflicto y en las negociaciones de paz”. “Colombia continua en un conflicto armado, no en el postconflicto como vino hablando el Presidente Santos en su visita a España a principios de marzo. Siguen ocurriendo desapariciones forzadas y graves violaciones a los Derechos Humanos. En lo que va de año, ya son 33 las personas desaparecidas, sobre todo en la zona de Buenaventura, donde se está presentado una situación muy difícil, agudizada en 2015 debido a las casas de pique que es donde pican a las víctimas, las descuartizan y las tiran al río para que nunca se encuentren sus cuerpos”. Las cifras oficiales varían mucho, desde las 69.000 que maneja la Fiscalía General de la Nación, a las 44.000 de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, o las 21.000 del Registro Nacional de Desaparecidos, que es la herramienta que se crea a través de la tipificación del delito como desaparición forzada. Una disparidad entre instituciones que muestra la falta de coordinación y de voluntad del Estado para decirle a la sociedad cuántos son las personas desaparecidas actualmente en Colombia. Los números parecen maquillados por los Acuerdos de Paz en La Habana, según Bautista, puesto que las amenazas y los señalamientos a las personas que defienden los derechos humanos en Colombia sigue siendo preocupante. Las víctimas del conflicto armado se mantienen expectantes debido a la falta de información en los últimos movimientos de la mesa de negociaciones y a que estos están siendo ejecutados por generales pertenecientes a las fuerzas militares, sin contar con la voz de las víctimas de forma real. La madre de Andrea y directora de la Fundación, Yanette Bautista, y Nanci Galarraga -que sufrió la desaparición de sus cuatro hermanas, violadas por más de 60 hombres del bloque paramilitar del Putumayo y después descuartizadas vivas-, estuvieron presentes en los diálogos de Paz. A las partes sentadas en la negociación de La Habana se les compartió una propuesta redactada por las 17 organizaciones que trabajan desapariciones forzadas en Colombia que contienen peticiones específicas muy importantes”. “Una en el marco de la Comisión de la Verdad, que exige que las partes en conflicto digan qué hicieron con las personas desaparecidas y den información sobre su paradero. Y la segunda tiene que ver con un mecanismo para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas puesto que en Colombia no hay una entidad que se dedique a buscarlas de manera seria y es necesario dar un nombre y una identidad a este gran universo de desaparecidos no identificados y poder dar información a sus seres queridos que les siguen buscando. Después de esto no ha habido noticias al respecto, lo que está generando escepticismo y desesperanza en los movimientos de víctimas que han podido participar en La Habana. No se han abierto espacios donde las víctimas tuvieran un rol político, por lo que afirma sentirse un poco utilizada para tener protagonismo en el momento de su viaje y luego olvidarnos y no tenernos en cuenta; para decir que estábamos participando, pero en realidad esa participación no se materializa en la garantía de la verdad ni la justicia, que es lo que buscamos. Otra de las cuestiones son los beneficios de la Justicia Transicional a las personas que financiaron la guerra y a los militares que participaron en graves violaciones a los derechos humanos, algo que baraja y pretende el ex-Presidente César Gaviria, actual asesor del Gobierno de Juan Manuel Santos. Debe haber penas ejemplarizantes, aunque sean mínimas. Preocupa la negativa del Estado colombiano a reconocer la responsabilidad de sus agentes y fuerzas militares en desapariciones forzadas. Mi madre me contaba que ella le preguntó a un General que estaba en la mesa, por qué Nydia Erika apareció sin rompa interior y nunca había sido investigada la violencia sexual a la que había sido sometida, dónde estaban las personas desaparecidas de la Toma del Palacio de Justicia de Bogotá (asaltado el 6 de noviembre de 1985 y donde murieron 98 personas y otras 10 fueron desaparecidas); y éste, lo único que le respondió es que no sabía nada porque en el ejército nunca habían desaparecido personas. Unas declaraciones que aseguran el “silencio absoluto” por parte de los poderes colombianos que impiden que se haga “una Paz con verdad, una Paz con justicia, una Paz sin impunidad”, aun en momentos de negociación. Acuerdos donde los grupos paramilitares están quedando fuera, a pesar de seguir cometiendo graves violaciones de derechos humanos, lo que es gravísimo y muy preocupante. “Porque para hacer verdaderamente un proceso de Paz tienen que estar presentes todos los grupos que han ocasionado graves violaciones a los Derechos Huamnos”. Vivir ante tanta impunidad a lo largo de los más de 50 años que dura el conflicto en Colombia “es muy difícil” y genera “una impotencia inmensa”. A esto se une que algunos delitos, como la violencia sexual, la desnudez forzada o las ejecuciones extrajudiciales, no están tipificados por ningún código, dejando la puerta abierta a dicha impunidad. Ahora, después de dos años de la firma de la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Fundación Nydia Erica Bautista ha elaborado un contra informe donde explican por qué el estado colombiano no está cumpliendo con la Convención y piden que reconozca las competencias del Comité de Vigilancia, cuyas facultades especiales son la búsqueda urgente de personas desaparecidas, la toma de decisiones en casos específicos, la presentación de cuadros sistemáticos con la Asamblea General y las visitas in situ, entre otras cosas. “Pero el que el Estado colombiano haya sido también autor de desapariciones forzadas a finales de los años 70 e inicios de los 80, hace que no reconozca su responsabilidad”. El marco que presenta el país en materia de derechos humanos también sorprende cuando el ex-Presidente Alvaro Uribe señala a Yanette Torres como “guerrillera no desmovilizada” en un debate político o cuando, tras regresar de La Habana, fue amenazada de muerte junto a otras 95 personas que trabajan en la defensoría de los Derechos Humanos por el grupo paramilitar Aguilas Negras. Hay que destacar el papel esencial que presentan las mujeres colombianas en todo este proceso. Ya sea como víctimas o como defensoras empoderadas para saber la verdad de sus familiares desaparecidos, ellas son protagonistas de lucha. Y así, en un acto que se celebra en Madrid y organizado por Brigadas Internacionales de Paz, lo harán saber a través del informe Rostros de Mujer. Defensoras de Derechos Humanos alzando la voz que la ONG va a presentar en compañía de Andrea con el fin de visibilizar la situación de tantas mujeres que sufren en la búsqueda de la justicia, de la verdad y de la Paz en Colombia; pero también para mostrar que la situación de violencia, amenazas y persecuciones en el país “sigue siendo alarmante” 89.

6-4-2015, Los reclamantes de predios en Urabá estamos cansados de sufrir las injusticias del desplazamiento forzado mientras esperamos una restitución de tierras que nunca llega. Exigimos la conformación de una Mesa de Concertación con el Gobierno Nacional con el único propósito de negociar el futuro de la restitución de tierras. Cerca de 500 campesinos agrupados en la Asociación Tierra y Paz, decidimos congregarnos en la hacienda Monteverde, vereda Villa Rosa, corregimiento Nuevo Oriente del municipio de Turbo, Urabá Antioqueño, donde varias de nuestras familias reclaman la restitución de 28 predios que fueron despojados de manera violenta en los años 1995, 1996 y 1997, y que actualmente se encuentran en manos del empresario Fabio Moreno. Allí permaneceremos de manera pacífica hasta que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, instale la mesa de concertación y atienda nuestro legítimo reclamo como víctimas. En este proceso proponemos que la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) sirvan como garantes de la negociación, cuyas peticiones son las siguientes: · Derogar el Decreto de micro-focalización dado que entorpece los procesos de devolución de predios; · Aplicar estrategias de restitución colectiva y administrativa de tierras; · Brindar garantías para que los campesinos que retornaron sin acompañamiento institucional esperen la restitución en sus tierras; · Entregar ayuda de asistencia humanitaria a los campesinos retornados; · Garantizar esquemas de protección colectiva a todos los asentamientos de retornados sin acompañamiento del Estado; · Implementar procesos de atención, estabilización y reparación colectiva; · Investigar y castigar a los responsables de las amenazas y señalamientos a los reclamantes y a los defensores/as de los despojados; · Garantizar nuestro legítimo derecho a la organización, la movilización y la opinión; · Constituir una veeduría internacional para el proceso de restitución en Urabá. Hace 20 años la violencia nos victimizó de múltiples formas y nos arrebató nuestras tierras. Muchas de nuestras fincas fueron a parar a manos de empresarios después de que nos fueran quitadas por grupos paramilitares. En el 2005, con la Ley de Justicia y Paz, tuvimos la esperanza de recuperar nuestros predios, pero esa norma no fue la solución. En el 2011, con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que acogimos y respaldamos, de nuevo tuvimos la ilusión de recuperar nuestras fincas, pero han pasado ya cuatro años y lo único que nos queda es la frustración, el señalamiento y, en algunos casos, hasta la persecución judicial de nuestros líderes y de quienes han intentado defender nuestros derechos como víctimas. Luego de observar como el Presidente de la Corte Constitucional y una alta funcionaria de la Procuraduría General de la Nación han formado parte del despojo de tierras, entendemos por qué no se nos garantizan nuestros derechos. Llevamos dos décadas sufriendo y diez años esperando una solución por parte del Estado. No estamos dispuestos/as a seguir esperando mientras nuestras familias se descomponen en las ciudades a causa del desplazamiento, la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades. Reclamamos nuestra tierra para cultivar, para vivir con dignidad, para criar a nuestras familias, para construir la Paz en nuestros territorios 90.

29-4-2015, El informe publicado por el Frente Amplio por la Paz, asegura que se han producido cincuenta y cinco acciones operativas ofensivas por parte de la fuerza pública contra las FARC y población civil frente a dos ataques del grupo guerrillero. La izquierda colombiana y las organizaciones sociales que integran el Frente Amplio por la Paz insistieron en su pedido al Gobierno y a las FARC, por un alto el fuego bilateral y medidas para reducir la intensidad del conflicto armado que azota el país desde hace más de medio siglo. En un comunicado en el que hacen resumen del alto el fuego unilateral que inició las FARC el pasado 20 de diciembre y que abarca las acciones en territorio colombiano desde enero hasta el 14 de abril último, piden también a los voceros del Gobierno que tengan un “lenguaje cuidadoso” para que no se interpreten sus palabras como “incitación contra personas”. El Gobierno colombiano ha manifestado en reiteradas ocasiones que un alto el fuego bilateral debe ser consecuencia de un Acuerdo definitivo de Paz y no parte del proceso de negociación que se lleva a cabo en Cuba desde noviembre de 2012. Este comunicado acompaña un informe que concluye su estudio un día antes del ataque que el 15 de abril lanzaron las FARC contra un pelotón de militares en una zona rural de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste), que dejó once uniformados muertos y 24 heridos. Antes de ese ataque y en respuesta al cese el fuego de las FARC, el Presidente Juan Manuel Santos dio la orden el pasado mes de marzo de suspender los bombardeos contra los campamentos de esa guerrilla en un intento por reducir la intensidad del conflicto. Tras el ataque en el Cauca, Santos revocó la orden y dispuso el reinicio de los bombardeos contra los campamentos de las FARC. En el informe publicado por el Frente Amplio por la Paz, aseguran que durante el período de tiempo analizado, se produjeron cincuenta y cinco acciones operativas ofensivas por parte de la fuerza pública contra las FARC y población civil que vive en las zonas en las que tiene presencia ese grupo armado. Entre esas ofensivas destacan tres cercos militares, así como cuatro operaciones de persecución contra las estructuras guerrilleras y por lo menos ocho bombardeos indiscriminados, según el informe, que no da cuenta de ataques de la guerrilla. Asimismo, según los datos del Frente Amplio, las FARC realizaron dos ataques defensivos contra uniformados de la Fuerza Pública. Como resultado de estas acciones militares, quince guerrilleros murieron, cuatro de ellos en “condición de mando”, nueve resultaron heridos y dieciséis detenidos. De los quince muertos, dos fueron ejecutados extrajudicialmente, luego de ser capturados y posteriormente presentados como dados de baja en combate. Entre los ataques de la fuerza pública contra las FARC, incluyen el que causó la muerte segundo cabecilla del Frente 30 de las FARC conocido por el alias de “Didier”, quien murió el 15 de abril, un día después del arco cronológico escogido por el Frente Amplio por la Paz 91.

14-5-2015, El Senador y ex-Presidente Alvaro Uribe Vélez reiteró al Departamento de Estado de EUA que no hay condiciones en Colombia para continuar con el proceso de Paz con las FARC. El país se ha dejado deteriorar en las condiciones para lograr la Paz con un evidente incremento de la inseguridad. “Las condiciones hoy no están tan favorables como hace 5 años. Lo primero que hay que hacer es reconstruir las condiciones para la Paz a fin de que los ciudadanos crean en el proceso de La Habana”. Los Acuerdos de Paz, si bien tienen que respetar la dignidad de la contraparte, no pueden ser Acuerdos para afectar a las fuerzas armadas de Colombia. “Nuestros soldados y policías han constituido no una fuerza armada al servicio de dictaduras, sino una respetable fuerza armada de la democracia”. Los Acuerdos de Paz no pueden ser límites y dificultades contra el sector privado. “Nosotros no podemos permitir que por un Acuerdo de Paz se lleve a la economía colombiana a equipararla con una economía venezolana, que poco a poco está llegando allá con un exceso de cargas a la empresa privada porque la función de ellas es social y hay que dejarla crecer, y los acuerdo de paz se están volviendo una limitante” 92.

22-5-2015, Luego del anuncio de las FARC de suspender el cese unilateral del fuego, el movimiento Marcha Patriótica pidió que debían detenerse las acciones ofensivas tanto de parte de las fuerzas armadas como de los grupos subversivos. El cese unilateral del fuego, había contribuido al desescalonamiento del conflicto, y a generar múltiples beneficios económicos y sociales para las comunidades rurales y para el conjunto del país. “Es lamentable que el Gobierno Nacional no haya dado una verdadera respuesta de Paz a este importante gesto, ya que como lo demuestra el informe del Frente Amplio por la Paz, las fuerzas armadas oficiales habían desarrollado cincuenta y cinco acciones ofensivas durante la tregua unilateral, teniendo como resultado muchas de estas acciones, la muerte de líderes insurgentes”. La organización opinó que no comparte la propuesta de acelerar los diálogos y alcanzar la Paz agudizando la guerra 93.

25-5-2015, Según el Procurador General Alejandro Ordóñez, el proceso de Paz entre el Gobierno del Presidente Santos y las FARC “está en crisis, pero no se puede matar, hay que rescatarlo”. Está en crisis “porque la sociedad colombiana es escéptica” frente a él. Señaló que sería un error aceptar un cese bilateral del fuego, y abrió la puerta a la posibilidad de que los Jefes guerrilleros paguen sus penas en cárceles del extranjero. “Uno comprende que los señores de las FARC tengan temores de estar en las cárceles colombianas, de que los maten ahí, de que los extraditen. ¿Qué dice la Procuraduría? Bueno, pues que paguen esas condenas en el extranjero. Pero que paguen cárcel, penas privativas de la libertad. Y que quien ejerza la inspección sobre esos temas sea la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”. Cuestionó la ingenuidad del Gobierno y denuncia que las FARC han seguido reclutando niños y sembrando minas. “La única forma de salvar esta crisis, de sacar el proceso de cuidados intensivos, es un pacto para la Paz que vincule no solamente a los sectores próximos al proceso, también a los críticos, en torno a unos mínimos”. El Gobierno ha sido incapaz de generar consensos. No se puede caer “en el error” de aceptar un cese bilateral del fuego hasta que no se firme la Paz y hasta que las FARC no se comprometan a desmovilizarse y a entregar totalmente las armas. “Si no, puede ser otro ingrediente de desconfianza. Y este sí, mortal para el proceso”. La oposición a las negociaciones con la guerrilla no vienen solo del uribismo, como la casa de Nariño quiere hacerlo ver, sino que hay sectores sociales, económicos, académicos que no tienen relación política con ese sector y tampoco comparten muchos de los lineamientos de los diálogos. Y aunque estarían dispuestos a llegar a consensos en torno a la paz, el Gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar, a corregir errores. Hay unos límites jurídicos que son necesarios para blindar el proceso y que sea sostenible. “De no lograrlo, traería inseguridad jurídica para los beneficiarios. Quienes más deberían estar interesados en ello son las FARC. Si no, a medio plazo, los gobiernos futuros podrían no aplicarlo. La mesa de La Habana no es soberana. Hay compromisos internacionales, hay límites internos. No estamos pidiendo que sean los 60 años del Código Penal, pero tampoco que no haya cárcel” 94.

17-6-2015, Desde Medellín, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, hizo una nueva solicitud al Gobierno para que suspenda de manera inmediata el proceso de Paz que se lleva a cabo con la guerrilla de las FARC si persisten en sus acciones terroristas en contra de la población civil y los miembros de la fuerza pública. “Si siguen las acciones terroristas no tiene sentido ni justificación continuar con estas conversaciones, deberían suspenderse para exigirle a las FARC que no atente contra la población civil y nuestras fuerzas militares”. Los más recientes actos violentos contra los militares demuestran la poca voluntad que tienen las FARC en el desarrollo de este proceso de negociaciones. “Para lograr comprometer a la opinión pública con el proceso las FARC tienen que dar mensajes de querer hacer la Paz y el primer paso sería cesar los actos criminales contra la población civil”. Se mostró de acuerdo con la propuesta que ha presentado el Senador del Centro Democrático, Alvaro Uribe Vélez para que el Presidente Santos haga un Pacto para la Paz “con todos los sectores” políticos y sociales. “La propuesta del ex-Presidente Uribe es interesante, tiene cosas que comparto, otras que no. Esta es una buena oportunidad para que el Señor Presidente Santos decida hacer un Pacto para la Paz con todos los sectores de la opinión pública, teniendo en cuenta los mínimos que se han reiterado”. La propuesta del congresista establece la concentración de los integrantes de este grupo guerrillero así como el cese unilateral de acciones de las FARC mientras se llevan a cabo las negociaciones con el Gobierno Nacional 95.

19-6-2015, El ex-Presidente Cesar Gaviria inició de nuevo un camino electoral con miras a los comicios de octubre. Esta vez en medio de un conversatorio con el ex-Senador Eugenio Prieto, Gaviria propuso que se le concedieran facultades extraordinarias al Presidente Juan Manuel Santos en el proceso de paz, con el fin que de que este saque adelante los diálogos de La Habana. Santos “en muchos frentes necesita facultades. En materia de justicia transicional, porque los no combatientes no están incluidos, porque los temas de máximos responsables son complicados en las fuerzas armadas. Se necesita avanzar en los temas de representación política, se necesita una norma legal para crear la Comisión de la Verdad”. Consideró inviable la propuesta de Alvaro Uribe de decretar una zona de concentración de las FARC, indicando que “el Presidente hoy no puede decretar cese al fuego ni puede concentrar tropas, como ha estado hablando el ex-Presidente Uribe”. Consideró positiva la propuesta de la “séptima papeleta”, una iniciativa de la Alianza Verde que busca que se implemente una papeleta especial en las elecciones regionales de octubre para consultar a los colombianos si quieren ponerle “fecha de vencimiento” a los diálogos de Paz. “Yo siempre he creído que la elección de octubre se debe utilizar para impulsar el proceso de Paz y para que los ciudadanos se pronuncien sobre él. Tengo simpatía por la propuesta de Navarro de que haya una papeleta y la gente se pueda pronunciar” {LDP: “Que la gente se pueda pronunciar”, pero parece que nunca participar en la construcción de la Paz en la mesa de negociaciones}. Buscó asimismo impulsar una mirada distinta de la política antidroga en el país, resaltando que Colombia es de los pocos países de Latinoamérica que tiene las connotaciones de productor y consumidor 96.

23-9-2015, Uribe sostuvo que el Acuerdo de Justicia Transicional anunciado en La Habana iguala a “la sociedad civil con el terrorismo”. Expresó “sus preocupaciones” respecto a lo acordado y criticó que los guerrilleros no paguen penas privativas de la libertad en centros carcelarios. El Gobierno ha aceptado que “delincuentes responsables de atrocidades” no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales. Y pese a que para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales y restricciones de libertades, no se indica cárcel. “Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición”. Calificó la “igualación de las fuerzas armadas con el terrorismo”, al advertir que con este Acuerdo todos los soldados y policías “quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel. El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las fuerzas armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las fuerzas armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales”. Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de “tener que aceptar un delito que no cometió” como condición para no ser condenado a la cárcel. “El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este Acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista”. El Acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político: “el Acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político” 97.

26-9-2015, El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) expresa su satisfacción por los avances que en el Punto de Justicia ha logrado la Mesa de conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC. Para el MOVICE es fundamental que las partes hayan acordado la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo propósito será contribuir a la búsqueda de la Verdad, la Reparación de las Víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Consideramos que el hecho de que las salas de justicia y el Tribunal para la Paz vayan a estar compuestos por juristas nacionales e internacionales deberá ser garantía de independencia e imparcialidad frente a los crímenes de su competencia y a la responsabilidad de quienes de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC y a los agentes del Estado. La Jurisdicción Especial para la Paz deberá abordar tanto las graves infracciones al DIH cometidas en el desarrollo del conflicto armado interno como los crímenes cometidos en el marco del conflicto social y político, que se constituyeron en crímenes de lesa humanidad perpetrados en cumplimiento de políticas masivas y sistemáticas de persecución y represión por parte de agentes del Estado, grupos paramilitares y grupos económicos y políticos con la intención de exterminar a determinados sectores políticos sociales y populares que se caracterizaban por la reivindicación de derechos. Para el MOVICE es preocupante que el Acuerdo no señale cómo se garantizará la participación de las víctimas tanto en la elección y postulación de los integrantes de las salas y del Tribunal como en la selección de los casos emblemáticos de que estas instancias se ocuparán, así como sobre su intervención en los diferentes procedimientos establecidos. El Acuerdo solo señala que proveerán información que servirá para contrastar la conductas de quienes reconozcan Verdad y Responsabilidad. Inquieta también que no se establezcan criterios para la selección de los casos de los que se ocupará la jurisdicción, ya que el nivel de impunidad que existe en relación con los crímenes de Estado alcanza casi el 100%. Preocupa, entonces, que a esta jurisdicción lleguen sólo los pocos casos que vinculan la responsabilidad penal de agentes del Estado y actores privados, algunos de los cuales persisten en negar su responsabilidad en los hechos por los que han sido condenados y por tanto, se beneficiarían de penas alternativas sin contribuir a la verdad y no repetición de los crímenes y obtendrían su libertad por cumplimiento de la pena establecida en el Acuerdo. De otro lado, en la mayoría de crímenes de Estado no se han siquiera vinculado dentro los procesos penales a los máximos responsables y beneficiaros de estos hechos, por lo que el mayor número de casos no se remitirán a la Jurisdicción para la Paz y continuarán en la impunidad, repitiendo lo sucedido con la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde la mayoría de los paramilitares desmovilizados nunca fueron investigados por su responsabilidad en crímenes internacionales y por tanto, nunca pasaron por el procedimiento establecido en la Ley 975. Para el MOVICE es preocupante también que el 25-6-2015 se aprobó la ampliación al Fuero Penal Militar, que permitiría a la Justicia Penal Militar, que no es una justicia imparcial e independiente, conocer de graves casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos por la fuerza pública, desconociendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y evitando que sean conocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Decisiones nacionales e internacionales han demostrado que desde sectores del Estado se han fomentado y apoyado estructuras paramilitares, en alianza con empresarios y políticos, que han sido responsables de masacres, desaparición forzada y otros mecanismos de terror para instaurar un control total de la población y defender intereses privados. En este sentido y aunque la Jurisdicción Especial para la Paz podría considerarse una oportunidad histórica para que los responsables directos o indirectos de crímenes de Estado aporten en la verdad plena, reparen a las víctimas y contribuyan a desmontar las doctrinas, políticas y estructuras que permitieron la comisión de estos hechos, incluyendo la Doctrina de Seguridad Nacional y el paramilitarismo, así como a depurar el Estado de quienes por acción u omisión fueron responsables de estos crímenes para que así nunca más se repitan, el MOVICE ve con preocupación que las garantías de no repetición frente a responsables de crímenes de Estado no son claras en el Acuerdo. Resulta preocupante que públicamente se haya sostenido que los agentes del Estado recibirán un tratamiento especial de justicia y nos preguntamos qué significa exactamente este anuncio. Como víctimas de la criminalidad estatal y teniendo en cuenta la obligación del Estado de garantizar los derechos y de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, insistimos en que las sanciones para los agentes del Estado involucrados en crímenes de lesa humanidad deben ser diferenciales y el nivel de sanción mayor. El Código Penal colombiano establece causales de agravación punitiva cuando el responsable del delito es servidor público, con mayor razón cuando se trata de crímenes internacionales objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Preocupa también que el Estado haya dispuesto de 800 Fiscales que se enfocarán en documentar los crímenes atribuidos a los integrantes de las FARC, pero no vemos avances ni propuestas frente a la investigación, documentación y búsqueda de la verdad en casos de crímenes de Estado. Para el MOVICE, la verdad plena e integral para la no repetición de los crímenes de Estado es lo único aceptable para el beneficio de sanciones especiales o rebajas de pena. Hemos insistido que si no hay una Verdad completa de lo ocurrido, es imposible que existan garantías de No Repetición para las Víctimas. El Movimiento continuará profundizando su análisis sobre este Acuerdo para incidir en los temas fundamentales en relación al tratamiento de los crímenes de Estado y reitera su apoyo al proceso de Paz y su compromiso para que Colombia logre alcanzar una Paz estable y duradera 98.

16-4-2015, El Gral. Jaime Lasprilla, Comandante del Ejército Nacional, reprochó el ataque de las FARC contra un grupo de uniformados en el norte del Cauca -en hechos que dejaron 11 militares muertos y que provocó la reactivación de los bombardeos contra la guerrilla- asegurando que las FARC defraudaron la confianza de los colombianos. De acuerdo con el uniformado, los hechos que se presentaron “atentan contra los colombianos”, por lo que indicó que la guerrilla no puede utilizar el proceso de Paz “y ese compromiso que en algún momento manifestó las FARC del cese al fuego unilateral y de hostilidades. Cuando se habla de hostilidades significa que debe cesar toda acción criminal relacionada con narcotráfico, extorsión, minería ilegal y reclutamiento de menores. Este hecho que sucedió ayer consideramos que es un hecho violatorio de esos compromisos frente a la mano tendida del señor presidente y la confianza del pueblo colombiano”. Seguirán trabajando para preservar la seguridad en el país con la mayor determinación para garantizar vida, bienes y honra de los colombianos. Continúan los operativos en el área del ataque, así como operaciones en el territorio nacional, tras la orden de reactivar los bombardeos a campamentos de las FARC. Por otro lado, el Gral. Jaime Lasprilla confirmó la captura del máximo cabecilla de la compañía Libardo Roja de las FARC en el sur del Departamento del Tolima. El Presidente Santos en discurso en la sede de la Tercera División del Ejército en Cali en el que participaron el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el fiscal general, Eduardo Montealegre; el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y los altos mandos militares, dijo: “El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC, y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. Este es un hecho condenable, que no quedará impune, exige medidas contundentes y tendrá consecuencias. A los actores de este infame hecho los vamos a perseguir hasta dar con ellos (...) Y que les quede muy claro a las FARC: no me voy a dejar presionar, óigase bien, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral” 99.

10-2-2015, La Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas en Colombia inició la presentación de sus informes finales sobre las causas y orígenes de la violencia en el país, en una reunión en La Habana a la que asisten los negociadores en el diálogo de Paz entre el Gobierno y las FARC. El grupo de expertos, cuya selección fue consensuada por ambos equipos de Paz, incluye a Renán Vega, Francisco Gutiérrez Sanín, Darío Fajardo, Sergio de Zubiría, María Emma Wills, Vicente Torrijos, Jairo Hernando Estrada, Alfredo Molano, Jorge Giraldo, Gustavo Duncan, Malcolm Deas y Daniel Pecaut. También presentarán sus respectivos informes los dos relatores de la Comisión, el actual Embajador de Colombia en Holanda y autor de varios textos sobre la historia de las FARC, Eduardo Pizarro, y el académico Víctor Manuel Moncayo, ex-Rector de la Universidad Nacional. Los informes no tendrán connotaciones jurídicas. La Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas no reemplaza a una futura Comisión de la verdad, que es la que tendría la responsabilidad de documentar las responsabilidades en el conflicto armado. Los académicos de la Comisión Histórica del Conflicto de Colombia coinciden en que la responsabilidad de la guerra es compartida por las FARC, el Estado y los paramilitares, aunque mantienen profundas discrepancias sobre la legitimidad o no de la lucha armada iniciada por los insurgentes. Aunque hay consenso sobre la multiplicidad de actores responsables del conflicto, algunos historiadores consideran que no ha sido una “guerra justa” por la “tremenda desproporción entre los objetivos que se propuso la guerrilla y las consecuencias del conflicto”. Hubo seis millones de víctimas provocadas por más de cinco décadas de violencia, el lastre que ha supuesto para la economía nacional, la destrucción de infraestructuras y el desplazamiento masivo de población campesina. Algunos de los historiadores de la Comisión reconocen el “horror” de acciones criminales de la guerrilla como el secuestro, la extorsión o el tráfico de drogas; pero admiten que hay “un trasfondo social” que explica e incluso justifica que se “alzaran en armas y retaran a las instituciones”. “El orden social que rige en Colombia (...) tiene consecuencias permanentes de inequidad, desigualdad, desorganización del Estado y dominación”. La responsabilidad del conflicto no puede recaer sólo sobre individuos, sino sobre un ordenamiento y estructura social que también se convierte en “victimario”. Como ejemplo el proceso de desmovilización de paramilitares iniciado en 2005, conocido como Justicia y Paz, que “sólo buscó responsabilizar a sujetos”, y por ello, “el paramilitarismo como fenómeno político y social no ha desaparecido”, ya que no se atajó el “orden existente” que lo propició. Hubo “consensos básicos” entre los miembros de la Comisión sobre los elementos que contribuyeron a la prolongación del conflicto, como la estructura agraria, la falta de mecanismos para asegurar la propiedad de la tierra, la escasa presencia de las instituciones del Estado en las áreas rurales, y problemas como el narcotráfico o la corrupción 100.

19-2-2015, En un análisis de la propuesta hecha por el ex-Presidente Gaviria, llevado a cabo por la periodista Cecilia Orozco Tascón, concluye que se trata de una alteración absoluta del orden jurídico y político de Colombia. Consiste en cerrar, para siempre, las investigaciones y procesos judiciales en que están, o en que podrían verse envueltos todos aquellos que cometieron delitos en el conflicto interno. Con base en el Marco para la Paz aprobado por el Poder Legislativo, varios personajes de la vida nacional, entre ellos el Presidente Santos, el Fiscal General y el vocero de la Corte Suprema que rompió su imparcialidad de Juez, han promovido la aplicación de reglas especiales: Justicia Transicional para los miembros de la guerrilla que lleguen a un Acuerdo de Paz con el Estado. Tímidamente pero cada vez con mayor fuerza, esas y otras voces han sugerido que la laxitud normativa que beneficiaría a las FARC, sea aplicable también a los militares y policías combatientes que incurrieron en crímenes. El ex-Presidente Gaviria fue mucho más lejos. Para terminar la confrontación armada, no pueden quedar por fuera de las alternativas judiciales los miles de civiles, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial, “que fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales”. Con plena conciencia del alcance de sus palabras, el ex-Presidente evitó poner con nombres y apellidos, ejemplos de su propuesta, v.gr.: en la cárcel de la Picota, en donde están los ex-Congresistas y ex-Gobernadores condenados, de la misma manera que omitió, intencionalmente, mencionar al coprotagonista del controvertido debate, en que el Senador Iván Cepeda denunció los presuntos nexos delictivos de Alvaro Uribe con grupos paramilitares. Ubicó las revelaciones de Cepeda en el rango de “indeseable nivel de polarización” pero, concedió que ese debate también señalaba “nuevos caminos que habría que explorar para alcanzar la Paz”. Con los “nuevos caminos” a los que alude el ex-Presidente Gaviria, pretende despejar los obstáculos que hoy se ciernen sobre La Habana, al quitarle piso a la supuesta “persecución” que tiene como su arma de batalla, el más poderoso opositor del Pacto de Paz. Si se llevan a la práctica los argumentos de Gaviria, se solucionarían los problemas con la justicia de los parapolíticos recluidos en los penales, muchos de los cuales fueron o son “uribistas”. Se eliminaría, además, el notorio temor del propio Alvaro Uribe, de ser judicializado, o algunos de sus familiares. El ex-Presidente Gaviria, neutralizando a Uribe, firme aliado de la inimputabilidad de los agentes del Estado, indicó, además, que las responsabilidades militares “deben limitarse a las faltas por acción comprobadas y no por omisión”, lo que dejaría por fuera de juzgamiento a todo uniformado que decida mirar para otro lado en momentos en que se cometa un crimen, lo cual sería útil para suspender las acciones judiciales contra los uniformados que, por instrucciones claras o equívocas, impartidas durante los dos Gobiernos de Uribe, confundieron el mérito militar con las “ejecuciones extrajudiciales”, mal llamadas “falsos positivos”. Organismos defensores de derechos humanos tan reputados como Human Rights Watch, terminarán descalificando a Colombia y su proceso de Paz por favorecer la impunidad 101.

25-2-2015, El ex-Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan aseguró que la eventual firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC debe ir de la mano de la justicia y cumplir los mínimos exigidos por la comunidad internacional. “La justicia no puede ser un impedimento para la Paz, es un socio absolutamente esencial para ella”. La Justicia Transicional “debe cumplir los mínimos internacionales”. Annan indicó que el modelo de justicia transicional que se aplique dentro del Acuerdo de Paz debe ser negociado entre ambas partes, pero tiene que cumplir con los compromisos que ha adquirido Colombia a nivel internacional. David Tolbert, Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), aseguró que la verdad en la resolución de un conflicto es muy importante para la sociedad “pero esta no substituye a la justicia” 102.

29-4-2015, Termino sin pena ni gloria la pelea de comadres entre Santos y Uribe. Coinciden en la fundamental que es la defensa de las fuerzas armadas y el ejército. Sus diferencias eran secundarias y aun así engañaron a muchos. Hasta la víspera eran enemigos acérrimos. Alvaro Uribe, era el símbolo de la facción terrateniente y feudal, del núcleo paramilitar y militarista del bloque dominante, con las características de una ultraderecha fascistoide, provinciana y autoritaria. Juan Manuel Santos, el emblema del ala financiera y bancaria de la elite bogotana globalizada, un Jefe con buenos modales y aires reformistas de derecha, promotor de la Tercera Vía y de una revolución pasiva cuyos objetivos apuntan a relegitimar el régimen plutocrático diezmado en su dominación hegemónica, seriamente afectada por el arbitrario período gubernamental de la Seguridad democrática uribista (2002-2010). No obstante haber sido escogido como el sucesor del régimen paramilitar, pronto se hicieron públicas las disputas entre los dos. Santos fue tachado de traidor y este prefirió avanzar con su proyecto mediante la normalización de las relaciones con Venezuela y el reconocimiento de la existencia del conflicto social y armado para iniciar los diálogos con las FARC. Durante 5 años, 60 meses, han protagonizado una belicosa lucha verbal por asuntos de orden menor. En realidad se trató de una “pelea de comadres” para determinar quien lo hacía mejor en la defensa del sistema capitalista y el régimen político oligárquico, su coincidencia estratégica y fundamental. Hoy 29 de abril del 2015, esta reyerta ha quedado en el pasado. Hasta hoy era muy difícil imaginar un acercamiento entre el Gobierno y el Centro Democrático, la mayor fuerza de oposición política (de ultraderecha) del país. Sin embargo, en la mañana se encontraron cara a cara el superministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez y Alvaro Uribe Vélez, el Jefe de dicha facción. La reunión, a puerta cerrada, duró un par de horas y concluyó con una frase que dará de qué hablar “Uribe es un patriota”, dijo Martínez desde la Casa de Nariño. Luego Uribe correspondió al Ministro con otra frase, agradezco el interés de hablar con nosotros. Martínez proclamo: El Presidente Uribe es un patriota, nosotros trabajamos por Colombia, luego no debe haber sino una agenda amplia de comunidad de intereses por el país. En una posterior comparecencia ante la prensa, Uribe no sólo dejó ver su alegría por la reunión, también manifestó que había mostrado sus preocupaciones en cuanto al proceso de paz con las FARC en La Habana, así como con el eventual mecanismo de refrendación del acuerdo final con esa guerrilla. Ante ese hecho surgen preguntas como las siguientes ¿Qué ha sucedido en el campo político para que tal viraje se haya dado? ¿Por qué se han reconciliado estas dos facciones hasta ayer enemigas irreconciliables? ¿Qué rumbo tomará el país de ahora en adelante? Hipótesis: 1) Los sucesos violentos presentados en el Cauca, municipio de Buenos Aires, el 14 de abril cuando murieron 11 soldados que llevaban varios días fuertemente alicorados en la zona atropellando a la población civil, mostró la coincidencia de las dos alas en la defensa cerrada del aparato militar del Estado, verdadera columna vertebral del régimen oligárquico. Dicha convergencia la encarna el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, un contumaz y visceral exponente de la mentalidad retrograda de las elites dominantes en el Estado y del militarismo fascista de la oficialidad colombiana. La integridad y solidez de las fuerzas armadas no admite diferencias ni contradicciones que la diezmen como punto axial de la estructura política imperante. Ese momento de crisis en la guerra precipitó el reencuentro de las dos cabezas del ámbito político oficialista. 2) La crisis sistemática de Santos y su Gobierno, que lo tienen al borde del colapso, es otro elemento que se debe considerar; en una encuesta del 29 de abril, el apoyo a la gestión del Jefe de la Casa de Nariño se derrumbó del 43% que tenía en febrero pasado al 29%, mientras que la desaprobación pasó del 53% al 64%. Dicha crisis orgánica, tiene múltiples rostros y sus momentos más protuberantes en la coyuntura crítica que vivimos son el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional con el caso Pretel, el saqueo descarado de los dineros, por los políticos “santistas”, de las regalías petroleras, la ruina de la salud y el estallido de los problemas de la educación pública reflejado en una potente huelga indefinida y movilización de más de 400 mil educadores y 8 millones de estudiantes afectados por el desgreño gubernamental representado en la Ministra Parodi, una ficha de las mafias que controlan los puertos marítimos nacionales. 3) El agravamiento de la crisis económica y fiscal del Estado a raíz de la brutal caída de los precios del petróleo. El aparato productivo prácticamente está en recesión y el comercio se mueve en el terreno de la parálisis y la ruina. El déficit en la balanza comercial está en los 20 mil millones de dólares como consecuencia de la reducción de las exportaciones al mercado global. Todo esto se ha maquillado por la Junta Directiva del Banco de la República, pero día a día los hechos se imponen crudamente. Dicha crisis se está descargando en los grupos más débiles del país y tal procedimiento ha provocado la reacción popular con huelgas, protestas y movilizaciones de diversa índole, como la de los maestros, los empleados estatales, los trabajadores del petróleo y el carbón, los funcionarios de la Fiscalía y los profesores y trabajadores de la Universidad Nacional. El Acuerdo entre Santos y Uribe con toda seguridad se transformará en la ampliación de la represión, judicialización, cárcel, persecución y asesinato de líderes populares y de la oposición democrática. Vamos a regresar a los tenebrosos pasos del período del Estado paramilitar “uribista” del cual Santos fue su Ministro de Defensa con gran cantidad de “falsos positivos” y montajes judiciales. 4) El reencuentro de Santos y Uribe, por supuesto, tiene el claro objetivo de imponer en la Mesa de conversaciones de La Habana, una Paz neoliberal. De lo que se trata es de impedir los alcances reformistas y transformadores del proceso de Paz. Viene la paz exprés y sin justicia social, con este diseño político que apunta a configurar una nueva correlación de fuerzas favorable al bloque de poder dominante 103.

30-5-2015, ¿A dónde lleva la “uribización” del plan de Paz de Santos? Según cifras oficiales: un negociador de Paz y otros 36 guerrilleros masacrados; dos campesinos asesinados y otros tres heridos, entre ellos un menor; 436 personas desplazadas; dos líderes sociales amenazados de muerte por supuesta afinidad con las guerrillas; tal el saldo parcial de diez días de ofensiva gubernamental llevada a cabo por el ejército, la fuerza aérea y la policía, sin que se registraran bajas entre sus tropas. Los datos implican un punto de inflexión para un conflicto armado que, durante los dos años de negociaciones, se había reducido en más de un 80%. Las FARC confirmaron que entre los 27 guerrilleros masacrados el 15-5-2015 en Guapi, Cauca se encuentra ´Jairo Martínez´, quien en febrero del 2014 había sido presentado como nuevo integrante de la delegación de Paz en La Habana. El 23-5-2014, en el Municipio de Segovia, Antioquia, otro bombardeo acabó con la vida de 10 integrantes de las FARC. De estas personas sólo se conoció la identidad de ‘Román Ruiz’, Comandante del Frente 18. El mismo día de los bombardeos en Segovia tuvo lugar otro hecho menos difundido. La Unión de Organizaciones Sociales de San Vicente del Caguán denunció que en la vereda La Barrialosa de ese Municipio, un grupo de personas quedó en medio de un ataque realizado por la Brigada Móvil No. 36 del ejército nacional contra presuntos miembros de la columna Teófilo Forero de las FARC. De ese enfrentamiento no se reportaron guerrilleros ni soldados muertos, pero sí dos campesinos, que las organizaciones de la región identificaron como Ismael García Jiménez, de 37 años, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Delicias, y el finquero de la misma comunidad Salomón Escobar. En Guapi, Cauca, donde tuvo lugar el primer bombardeo, las consecuencias humanitarias agravan el panorama. Según el censo realizado por la Defensoría del Pueblo luego de los bombardeos, más de 200 personas fueron desplazadas tras el ataque, entre quienes se encontraban 95 niños. Pero Orlando Pantoja, vocero de Asociación de Consejos Comunitarios del Cauca amplía la cifra a 436 personas (96 familias), argumentando que la situación se agravó con el correr de los días. De Segovia, donde fue el segundo bombardeo, no hay datos oficiales, pero se estima que la situación sea igual de grave. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes denunció hostigamientos e intimidaciones del grupo paramilitar Aguilas Negras a integrantes de su colectividad. Según la denuncia difundida, Orlando Castillo y Gustavo Rengifo, ambos líderes campesinos del Cauca, fueron amenazados y sindicados de pertenecer a la guerrilla. Ariel Avila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, dio cifras de lo que implica la ofensiva gubernamental en términos de revertir el proceso de desescalamiento del conflicto que se venía operando desde el inicio de las negociaciones de Paz: “Antes de iniciar las negociaciones en el 2011, las FARC ejecutaban en promedio 179 acciones armadas al mes. Durante los cinco meses de tregua hubo 91 de las cuales solo 12 fueron ofensivas”. En los últimos años la intensidad del conflicto se redujo considerablemente: “Comparando los cinco primeros meses de 2011 antes de las negociaciones y los cinco primeros meses de 2015, la reducción en las acciones es del 89,8%”. El balance entregado por Paz y Reconciliación calificó como positivos los resultados del cese unilateral: “En el 2015 hubo 600 militares heridos en acciones armadas, mientras que en el 2014, fueron 786, lo que significa una reducción de 100 miembros”. La intensidad de la ofensiva desatada en los últimos diez días se asemeja a los reclamos del ex-Presidente y líder del saboteo al proceso de Paz, Alvaro Uribe. Las FARC decidieron no suspender las negociaciones a pesar de los duros golpes recibidos estos días, pero eso no implica desconocer la gravedad del daño ocasionado a esta fuerza insurgente y a las comunidades cercanas a los lugares donde esta guerrilla tiene presencia. La voluntad del Gobierno es, cada vez más explícitamente, la pacificación a partir del sometimiento de su contraparte. Tal estrategia tiene más de una dificultad: la capacidad de resistencia de las FARC, que en su historia reciente demostró haber superado ofensivas aún más mortales; la negociación aún pendiente de ser oficializada con el ELN, que viene siendo de difícil concreción así como van las cosas, más compleja se volvería en un marco de recrudecimiento del conflicto. Más allá de las dificultades operativas, este punto de inflexión que el Presidente Santos le está imponiendo al proceso de Paz tiene como víctima a esa gran mayoría social que se viene manifestando, en reiteradas ocasiones, favorable a que el conflicto armado encuentre un cause político y negociado. Si el Gobierno de Santos no retoma esa senda, los peores fantasmas que desangraron a Colombia en las últimas décadas verán la posibilidad de dejar de ser fantasmas para convertirse nuevamente en trágica realidad 104.

10-6-2015, Las negociaciones entre las FARC y el Régimen colombiano tendientes a lograr Acuerdos, que permitan detener la interminable guerra civil, se enmarcan dentro de una serie de inamovibles o, mejor, de líneas rojas impuestas de manera unilateral por el Gobierno. Estas líneas se erigen como pétreos muros simplemente para impedir el natural avance dialéctico del actual modelo socio-económico, a toda costa se quiere impedir la superación de las estructuras y superestructuras del inmoral e ineficiente sistema capitalista, de corte neoliberal, por un modo de producción más favorable al medio ambiente y al grueso de la humanidad. Los inamovibles, a su vez, son ordenados por supra poderes, que están muy por encima del actual Gobierno vasallo. Para el mismo Presidente Santos son una camisa de fuerza. Por esta razón, desde el inicio de las conversaciones, el Presidente dejó en claro que “…desde que pensó en la posibilidad de negociar un Acuerdo de fin del conflicto con las FARC ha tenido muy claro a dónde quiere llegar, qué se va a negociar, qué está en la mesa de negociación y qué no está”. Las mismas FARC se quejan de dichas trabas, Iván Márquez manifestó: “…Dice el Gobierno que no está en discusión la política económica, pero es que Colombia no puede estar condenada a la injusticia. Al saqueo de los recursos naturales por parte de las transnacionales, ni de los políticos recursos. No nos oponemos a la extracción minero-energética, pero la queremos al servicio de la gente”. La principal línea roja es aquella teñida con sangre y que tiene que ver con la estructuración del estamento militar, ésta línea la impone el Departamento de Defensa norteamericano y la hacen valer las dóciles fuerzas armadas internas; Santos advirtió: “Hay líneas rojas que no permitiré que se traspasen y una de esas líneas rojas son nuestras fuerzas armadas”. Las demás líneas de tipo social y económico, también, responden a los intereses geoestratégicos de dominación global de EUA, quien en última instancia dice qué se puede o no acordar con los insurgentes. Es un hecho que la caótica situación sociopolítica colombiana está ligada al desarrollo del capital transnacional, principalmente a los intereses estadounidenses. Por ahora, el imperio necesita intacto al paquidérmico estamento militar, junto con las renovadas estructuras paramilitares, para controlar internamente a todo aquel que amenace los privilegios de las clases dominantes internas y externas y, sobre todo, al díscolo Gobierno de la vecina República Bolivariana de Venezuela. La Subsecretaria de Defensa de Estados Unidos Mary Beth Long, “…piensa que hay que prepararse para enfrentar a Venezuela. (…) las fuerzas militares de Colombia se están preparando para eventuales ataques de países vecinos”. El Senador Republicano de EUA, Paul Coverdale, manifestó: “Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia”, para lo cual el imperio ya cuenta con nueve bases militares y cientos de mercenarios en territorio colombiano. Las demás líneas rojas, que el régimen impone como condición sine qua non para pactar Acuerdos con la insurgencia, responden a la preservación de los privilegios acumulados por las variopintas y sanguinarias clases que mantienen el poder central. Cada sector dominante impone su condición, por ejemplo, la estructura de tenencia de la tierra es un inamovible impuesto por la burguesía terrateniente, la que se ha nutrido a través del tiempo con la ratería de la sabia campesina e indígena. Los remedos de reforma agraria, que tímidamente se ha intentado en Colombia, contienen un componente perverso, pues se han hecho no para dar tierra a los sin tierra sino para despojar a los minifundistas para traspasarle sus tierras a los latifundistas. Incluso la Ley de restitución de tierras de Santos, mayormente, no ha hecho más que legalizarle los títulos a los propios despojadores. Los TLC, son unas desequilibradas líneas rojas impuestas por el capital transnacional, desde su puesta en marcha vienen arruinando aceleradamente al sector agropecuario y la pequeña y mediana industria. Estas tampoco son objeto de revisión y menos de anulación, pues de su observancia depende la estancia en el poder de los vasallos de turno. El capital privado a través de las Empresas prestadoras de Salud EPS, alcantarilla de la corrupción de cuello blanco, ha creado a su antojo su propia línea roja. La salud y seguridad social son el más grande de los negocios inmorales en Colombia, su rentabilidad es directamente proporcional a la desatención, sufrimiento y muerte de los afiliados. ¿La oligarquía colombiana y el capital transnacional están convencidos que la Paz les saldrá gratis? ¿Creen que son posibles Acuerdos de Paz con la insurgencia, que no impliquen modificación alguna al statu quo? El desarrollo de los Acuerdos hasta el momento entre Gobierno y FARC, con sus ajustes y desajustes, hacen pensar que nada o muy poco les va a costar. Si se revisa cuidadosamente lo que se ha dado a conocer sobre lo acordado, no hay nada que atente contra los privilegios de la oligarquía ni contra los intereses del imperio. La Mesa de conversaciones más parece una mesa de sometimiento que una de Acuerdos entre negociadores donde no hay vencidos ni vencedores. Hasta el momento las clases dominantes van cantando victoria. Pero las FARC han sacado su as escondido bajo la manga, la carta lanzada por la insurgencia sobre la Mesa corresponde a la verdad, esta es una inflada línea roja, que determinará el éxito o el fracaso de las negociaciones de Paz en La Habana ¿Los determinadores de la debacle social, ganaderos, banqueros, dueños de medios de comunicación, industriales, funcionarios públicos, legisladores, transnacionales, políticos y militares, entre otros, se someterán a subir al estrado a decir la verdad de lo que han hecho para avivar el conflicto social, político y económico? Este será el límite de la Paz negociada. Entonces, no quedará más que preguntarnos, como lo hizo el Alfonso Cano, al instalarse las negociaciones entre el Gobierno del Presidente Gaviria y las FARC en Caracas en junio de 1991: “¿Nos veremos otra vez dentro de diez mil muertos?” 105.

18-6-2015, El “comunicador social” Ricardo Galán, cuya larga carrera en la conformación del “oligopolio mediático contrainsurgente” (OMCi) lo ha convertido en uno de los más importantes e influyentes “spin doctors” de la clase dominante colombiana, ha descrito en su última columna on-line de la revista Semana, el desconcierto que debe estar imperando en los sórdidos entretelones del Poder de Colombia, a raíz de la ultimas escalada del conflicto armado. Después de priorizar la conocida ficción ideológica de que Santos representa a “todo el pueblo colombiano”, “el desafío de las FARC no es contra el Gobierno de Juan Manuel Santos, es contra todos los colombianos”, pasa a describir la incertidumbre del no saber qué hacer para abandonarse con la ineptitud de un “amen” a los hechos militares cumplidos, que los colombianos conocemos muy bien con la imagen del “corcho en un remolino”. (…) “Aceptar el cese el fuego bilateral significa entregarles una zona de confort de la que no van a querer salir. No sólo porque podrán seguir enriqueciéndose e intercambiando droga por armas y pertrechos por si acaso, sino porque desde allí ejercerían un poder muy parecido al cogobierno. Pararse de la mesa no parece ser una opción porque, como bien lo recordó el Presidente Juan Manuel Santos, el país aceptó negociar en medio de las balas y no resulta coherente romper el proceso de Paz ante una ola terrorista por cruda, insensata, salvaje y desproporcionada que nos pueda parecer. ¿Qué camino escoger? Confieso que me ha sorprendido la incapacidad de nuestras fuerzas militares y de policía para reaccionar ante las últimas salvajadas de las FARC. Las veo desinformadas, lentas, inseguras, desorientadas. Cómo si no entendieran cuál es el momento y cuál es su papel. La explicación podría estar en la falta de Jefe. (…) Y entonces, ¿qué hacer? Aguantar. (…) El Gobierno, dijo el Señor Presidente, ni se para de la mesa, ni cederá al cese el fuego bilateral. Las Fuerzas Militares tienen la orden de contraatacar. Amén” (…) Versión a la cual se le pueden “acotar” varias cosas: 1) Es una grave irresponsabilidad histórica y política, seguir persistiendo contra las enseñanzas de la experiencia y de la historia, de manera torpe y obstinada en la vieja idea oligárquica del siglo XIX, que tanto daño nos ha causado y con la cual se desarrollaron las llamadas nueve guerras civiles; de que los problemas políticos y sociales en Colombia tienen una “solución militar”. Creer que contando muertos y cadáveres en bolsas negras (de guerrilleros y claro también de soldados y de “colaterales”) va a llevar a una solución de la espantosa problemática social, económica y política que vive Colombia desde hace más de siete décadas, cuando la vida y los hechos han demostrado lo contrario: Que el conflicto social y armado colombiano no tiene solución militar sino política. ¿Cuántos muertos más (eso sí, de colombianos pobres) costará aceptar esta verdad confirmada por los hechos reales? 2) Que precisamente por tratarse de una imprescindible Solución Política, es necesario que el “Jefe militar” reclamado con ansiedad y urgencia por el comunicador Galán, sea mejor un Jefe político. Y aunque su liderazgo está en cuestión, disputado por su rival Uribe Vélez, nadie mejor que el Presidente Santos, quien está revestido por la ficción de legalidad y legitimidad por el aparato electoral oficial de Colombia y por la Comunidad Internacional. Es a él a quien le corresponde tomar las decisiones políticas necesarias para avanzar en la mesa de la Habana de donde no se piensa levantar para avanzar hacia la finalización de la confrontación, por ejemplo, en dos temas esenciales, la justicia bilateral pactada y la Constituyente. 3) Porque de lo contrario, con esa posición ambigua y típica del liberalismo dominante de “dejar hacer y dejar pasar” lo que se está llevando es, la descomposición y podredumbre del régimen (el remolino) a la mesa de la Habana (el corcho) para que se detenga y no fluya. Se corrompa. Se acabe. 4) Y finalmente entender que, la solución al conflicto colombiano es una situación socio-histórica y geo-estratégica única, irrepetible e incomparable, en donde consejeros salvadoreños como Villalobos, el guanaco asesino del poeta Roque Dalton, o guatemaltecos, o nicaragüenses, o sud africanos, etc., o de cualquier otro país donde se hayan realizado otros procesos de solución política de conflictos sociales y armados, en otros contextos socio históricos y dinámicas geopolíticas, con otras contradicciones, y de donde se extrajo el concepto diletante y poco sostenible del post-conflicto, tiene muy poco que decir frente a lo nuevo, dinámico, contradictorio y cambiante del conflicto colombiano. Que no es, ni debe ser, ni tiene porqué ser, una fatalidad lo dicho por Villalobos (asesor de la Inteligencia militar Británica parte interesada en el conflicto colombiano) de que la finalización de un conflicto es muy sangrienta. En Colombia puede no serlo si como lo ha dicho la dirigencia de las FARC, “se dejan de lado las desavenencias” y las dos partes avanzan rápidamente en los dos puntos esenciales antes mencionados de la Justicia bilateral pactada y la Constituyente. Se supera la abulia e indecisión presidencial, se reconstruye la confianza entre las partes y se avanza vigorosamente hacia el final del conflicto como fue lo pactado. Después vendrán, si se quiere seguir en la “moda post”, el post-Acuerdo y las nuevas condiciones para dar el salto cualitativo esperado por tantos años. Entonces, ni siquiera entonces se podrá decir Amén 106.

24-6-2015, El informe de Human Rights Watch hecho público 23-6-2015, sobre la responsabilidad del “generalato” colombiano en los llamados “falsos positivos”, ocurridos durante Gobierno de Uribe y su Ministro de Defensa Juan Manuel Santos (fusilar jóvenes desempleados o minusválidos vestidos de guerrilleros para decir que van ganando la guerra y cobrar las recompensas del conteo de cuerpos o “body counter”) muestra cifras importantes. Son más de tres mil casos sobre los que hay informaciones sustentadas y declaraciones, que comprometen “masivamente” a ciento ochenta batallones del ejército colombiano; es decir que, “no son unas cuantas manzanas podridas sino todo el manzanar”, y con el agravante de que sus dos responsable directos y quienes dieron las ordenes Presidente y Ministro de Defensa, siguen impunes en la casa de Nariño, protegidos por todos los blindajes legales imaginables. El Gobierno de los EUA primer gran implicado y algunos de los Senadores protectores de los militares colombianos, conocieron de primera mano y hace meses el informe, que al parecer es tan obvio y evidente que no pudieron evitar su publicación final. Todo parece indicar que la salida forzada y en contra del Presidente, del hercúleo Ministerio de Defensa Pinzón, quien era la garantía de que nadie se iba a meter con sus dos jefes Uribe y Santos, y su lento reemplazo (para evitar más sorpresas) por el empresario Villegas, ex-Embajador colombiano en Washington previamente aleccionado sobre lo que tiene y debe hacer con el generalato colombiano, para lavarle la sangre al colectivo militar, es una parte del libreto anterior. Es un poco tarde, porque con un ejército asesino y sin ninguna moral, por más tecnología de última generación, drones y bombas de doscientos cincuenta kilos para despedazar guerrilleros, no van a ganar ninguna guerra en Colombia, ni siquiera con el pretexto de querer hacer la Paz. Todo lo contrario, cada día se hundirá más en el pantano de la degradación y desmoralización que estamos viendo. Ha quedado claro finalmente porqué el hercúleo Pinzón actuó como lo hizo: como un “francotirador sin control” contra la mesa de la Habana, filtrándole todo tipo de información a Uribe con el visto bueno de Santos. Ha quedado claro que Pinzón no era una rueda suelta en toda esta estrategia, para proteger y sacar a sus dos jefes junto con el generalato y la cúpula militar impunes, ante un posible acuerdo sobre justicia bilateral en la Habana, sino todo lo contrario: una pieza maestra de la estrategia militarista de negociar en medio de la guerra. Ha quedado claro porqué Santos se aferra como “última ratio” a ese modelo militarista viciado y perverso de “negociar en medio de la guerra”. También hay luz en las razones por las cuales Uribe (con sus acólitos) insiste en continuar succionando los dólares que sostienen la guerra contrainsurgente “eterna” en Colombia; pues mientras haya guerra, no será posible encontrar la verdad para hacer justicia, o dicho de otro modo: la justicia será imposible y la impunidad seguirá siendo la ley, como hasta ahora lo ha sido. El farol o blof de Santos, de presentarse amenazante y muy poderoso ante sus opositores en Colombia, e incluso ante sus “amigos de ocasión” como el Presidente Venezolano Maduro, finalmente ha quedado desinflado. Forzó a las FARC a suspender la tregua unilateral que estos habían decretado, haciendo saltar en pedazos a medio centenar de guerrilleros incluido el delegado de Paz Jairo Martínez, para luego salir a añorar aquellos meses en que la confrontación disminuyó ostensiblemente. El heroico y gigantesco ejército colombiano, contrario al mandato de nuestro padre Simón Bolívar no puede defender la soberanía de su país porque está empantanado en su interior fusilando a su propio pueblo para hacerlo pasar como enemigo interno o como guerrillero, para cobrar recompensas sobre sus cadáveres. Por esto, la gente del común lo expulsa de los pueblitos como pasó en Argelia, Cauca. Porque es un ejército de ocupación extranjera, desmoralizado y políticamente resquebrajado que ya no puede ganar ninguna guerra, ni siquiera contando con el pretexto de la Paz, o teniendo a mano la inmensa ayuda, militar, tecnológica, económica y política que le dan las nueve bases de EUA en Colombia 107.

7-7-2015, Los países garantes del proceso de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, pidieron a las partes establecer un Acuerdo de cese el fuego bilateral. “Hacemos un llamado urgente a las partes al desescalamiento urgente del conflicto armado. Instamos a las partes a restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimiento a Colombia e intensificar la implementación de medidas de construcción de confianza” 108.

15-7-2015, Desde el 20-7-2015 el proceso de Paz vive un momento de auge merced al desescalamiento recíproco acordado entre el Gobierno y las FARC por cuatro meses. La Paz sale adelante y sus enemigos quedan en evidencia ante millones de colombianos. No mas guerra ni violencia uribista parapolítica, demanda la nación entera. El ajuste realizado al trabajo de la Mesa de conversaciones de Paz entre el Gobierno del Presidente Santos y las FARC, ha modificado substancialmente el ambiente de escepticismo de los meses recientes y se asiste a un nuevo círculo virtuoso en que los integrantes del dialogo se retroalimentan y oxigenan. En gran medida el consenso alcanzado refleja las grandes ventajas de la exclusión de las esferas gubernamentales de ex-Ministerio de Defensa Pinzón, quien operó como ficha fatal del sabotaje ultraderechista al proceso de Paz, hasta el punto de arriesgarlo colocándolo al borde del abismo y la disolución. En toda esta reestructuración hay que entender un asunto básico. La Mesa de La Habana fue conformada y organizada con un objetivo central: acabar con la guerra y establecer las condiciones fundamentales de la Paz, que no son diferentes a los temas de la Agenda acordada y los procedimientos de su legitimación democrática. Atribuirle otras intenciones a dicho instrumento es un despiste, como por ejemplo pretender que de la misma se derive una “revolución socialista” merced a lo que finalmente se pacte. Claro que pactar la Paz, dadas las terribles consecuencias de la violencia, es todo un salto revolucionario para la sociedad y la nación, y una manera de generar mejores condiciones para luchar por la eliminación del neoliberalismo depredador. Por ahora, suficiente con que nos sacudamos la camarilla violenta y sanguinaria que ha hecho de la muerte su principal negocio, que es el ABC del protagonismo de la ultraderecha paramilitar uribista. La facción ultraderechista del jefe paramilitar antioqueño le quiere hacer creer al país que el desescalamiento es inútil. Sin embargo, basta con mirar las cifras de la tregua realizada por las FARC durante cinco meses, entre diciembre-2014 y mayo-2015. Son contundentes. Si se comparan los muertos y heridos de la Fuerza Pública del 2013 con los del 2014 se puede observar que la cifra disminuyó en mil miembros de las Fuerzas Militares y de Policía afectados en su integridad física o muertos. También hubo 14.000 desplazados menos en la población civil. El país se ahorró 15 mil víctimas. Esto sin contar las muertes de guerrilleros revolucionarios que se evitaron. En el 2015, el cese unilateral de las FARC, mostró cifras aún más importantes. Entre muertos y heridos, ya sea de miembros de la fuerza pública o miembros de grupos guerrilleros, se logró evitar la muerte o lesiones a cerca de 600 colombianos. Para 2015 el total de heridos entre enero y abril fue de 620, en ese mismo periodo de 2014 la cifra llegó a 706. La reducción fue del 12%. Al comparar los primeros 4 meses del 2015 con los primeros 4 meses del 2014 se dio una reducción del 47%. Murieron 61 militares. Las cifras también muestran una reducción de guerrilleros muertos. Entre enero y abril de 2014 murieron 107 guerrilleros y en 2015 fueron 51, es decir una reducción del 52%. Antes de la negociación las FARC y las Fuerzas Militares hacían entre 180 y 200 acciones mes. Durante la tregua se bajó a un promedio de 20. El avance fue espectacular. Según cifras consolidadas por Avila, durante los seis meses del cese unilateral de las FARC, las acciones armadas se redujeron en un 90 %. Pasaron de 1.200 a 180. Se pasó de posibles 895 acciones armadas, que se realizaron en promedio en los primeros cinco meses del año 2011 a 91 acciones en los cinco meses de tregua entre finales de 2014 y 2015. Es decir, se presentó una reducción cercana al 90%. En cuanto a desplazamiento forzado la mejoría fue importante. En el 2012 fueron desplazadas 89100 personas; en el 2013, 89200; en el 2014, 66100; y en el 2015, 2841. Conclusiones: 1) la tregua funcionó, redujo la intensidad de la confrontación en cerca del 90%. 2) La fuerza pública continuó operando, es decir, aquella versión sobre un cese bilateral por debajo de la mesa se cae. 3) A pesar de las doce acciones violatorias se comprueba que las FARC no solo cumplieron la tregua en un alto porcentaje sino que además no se encontró un parámetro sistemático de desobediencia por parte de los frentes de las FARC. No existe indicio que indique que las FARC están desunidas o que algunos frentes estarían en contra del proceso. 4) El desescalamiento de la confrontación tiene una repercusión directa en la vida humana, que disminuye las víctimas y alivia la situación en las regiones del conflicto. Lo más importante, lo más trascendental, de las treguas y de la reducción del conflicto, es la disminución de muertos y heridos de la fuerza pública o de los guerrilleros y sobre todo de la población civil inerme. La disminución de los desplazados. La disminución de las víctimas. Nadie calcula esto. Nadie le pone atención a la vida que es lo más importante. Los opositores ultraderechistas a las negociaciones de Paz siempre ponen el ojo en cualquier acción violatoria de la tregua y quienes defienden las negociaciones y el desescalamiento raras veces hacen una ponderación del ahorro en vidas humanas 109.

25-9-2015, De acuerdo con el Director de HRW para América, José Miguel Vivanco, el Acuerdo sobre Justicia Transicional firmado entre el Gobierno y las FARC, conlleva impunidad para los autores de delitos graves, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) podría no aceptarlo. “Permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión”. La Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, afirmó que revisará en detalle y analizará cuidadosamente las disposiciones acordadas entre el Gobierno colombiano y las FARC, aunque las consideró un “paso significativo hacia el fin del conflicto armado. Noto con optimismo que el Acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves” 110.

29-9-2015, La Directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, tras una de sus intervenciones ante la Asamblea General de Naciones Unidas señaló a medios colombianos su beneplácito por la Paz en cualquier lugar del mundo, de cara a la economía mundial. “He visto procesos como estos en todo el mundo y debo decir que de cualquier forma la Paz siempre será bienvenida para la economía”. Jorge Restrepo, Director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dijo: “Hay dos miradas que uno debe considerar. En un escenario de transición al terminarse el conflicto va a desaparecer un obstáculo formidable al desarrollo que ha sido la guerra, en ese sentido un primer dividendo que va a traer la terminación del conflicto es que esa guerra desaparezca y eso va acelerar el desarrollo. Y no estoy hablando de crecimiento económico, estoy diciendo que el conflicto armado ha sido un obstáculo al desarrollo. Ya hay muchas regiones del país en las que ha empezado a desarraigarse el conflicto y se ha visto procesos muy dinámicos de valorización del precio de la tierra, de las unidades productivas y comerciales. Por ejemplo, el Huila estuvo severamente afectado por el conflicto armado interno por muchos años y hoy en día es uno de los principales polos de atracción de la inversión y uno de los principales lugares de desarrollo regional. Esto básicamente porque se ha ido la violencia”. Arnaud Peral, Director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Colombia señaló: “hablar de posconflicto es hablar de un proceso de construcción de Paz, de cierre de brechas sociales y de fomento del desarrollo económico más inclusivo y sostenible. Adicionalmente, todos en Colombia hemos experimentado los efectos perversos que tiene el conflicto en el medio ambiente” 111.

1-10-2015, Johan Galtung sociólogo noruego y referente en el campo político afirma que el proceso de Paz se debe reforzar con un plan para socorrer a los municipios más pobres de Colombia. Evidente en Colombia existe una tradición de violencia, algunos dicen que empezó con la conquista. Cinco siglos atrás, por supuesto existe una raíz. Los factores que han agudizado la violencia en Colombia tienen que ver con los poderes fácticos. La organización política con forma de institución ibérica que tienen les da muchísimo poder a los latifundistas que han robado la tierra, a los militares que les protegen y el clero que en muchos casos, no todos, mantienen el statu quo porque no intervienen en cuestiones terrenales. Se tiene mucha tradición de la violencia en el país. Encarar estos factores premodernos de la sociedad colombiana podría ser uno de los pasos para superar el atraso y el abandono. Es necesario analizar mucho más lo que paso en el primer siglo de constitución del país, y analizar los poderes fácticos. Además, buscar comprender por qué algunas regiones tienen un buen funcionamiento como el departamento de Antioquia. Colombia no es una catástrofe. Publiqué mi perspectiva sobre Colombia en el año 1998 y ha tenido muy poco impacto, han hecho todo lo contrario a lo que he dicho. He venido muchas veces invitado a Colombia para hablar de mis estudios y paradójicamente no los aplican. Analistas han coincido en que la culminación del proceso de Paz en La Habana con las FARC y luego con el ELN traerán mayor estabilidad económica y bienestar social al país. A los grupos que se oponen a la Paz no hay que atacarlos. En algunos casos son demasiado fuertes, hay que buscar que su relevancia sea mínima. Actúan así porque tienen miedo del 60% de la sociedad. Hay que ver el pasado a los ojos. Estos sectores no están amenazados por este nuevo escenario, porque también van a poder seguir produciendo sus alimentos, existiendo, no desaparecerán. Asimismo quienes se reintegran a la sociedad, van a encontrar su lugar, es políticamente factible, quienes se oponen van a ver que su miedo no tenía justificación. Hay que hacer un trabajo social muy grande para la participación política de las FARC. Los sectores que se desmovilizan, van a ver que pueden acceder al poder y van a demostrar que se puede hacer sin violencia, esa es una de las grandes pedagogías del siglo XXI. Lo que hemos visto en La Habana es el proceso de normalizar a las FARC; desmovilización sin desmovilizar el ejército, -que tiene más dinero que nunca antes-; es decir de lo que se trata es traerlos de nuevo a la sociedad. No sé si van a sacar la mayoría. Pero el problema no es ese, sino cómo lograr que accedan a la política. Pueden pasar décadas para que logren el apoyo popular. No he dicho que esté en contra de la participación política de las FARC. Lo que estoy diciendo es que estoy a favor de que un Presidente, puede ser Santos, que utilizando su nombre, impulsar está participación, en realidad cuesta muy poco. Los medios de comunicación sólo tienen un universo reducido de palabras; guerrilleros, terroristas, entre otros. La importancia del lenguaje es clave. Por ejemplo, lo que ha pasado con la reforma agraria, que es un término que estuvo en la vida política de Colombia desde el siglo XIX, pero es en La Habana que vuelve a tomar fuerza. Claro, una reforma agraria sin las cuestiones prácticas, no vale nada. Hay que implementar de planes de acompañamiento a los municipios más pobres. Créditos para formar una cooperativa, garantizar el agua, vestido, techo, servicio médico y educación. Darles la dignidad y esperanza es lo clave. Por supuesto, no estamos diciendo que los municipios más pobres sean los más violentos, esto es algo que en la literatura mundial está descartado 112.

15-11-2015, Una reflexión crítica sobre los avances de las negociaciones entre Gobierno y FARC y la necesidad de sacar la discusión del ámbito puramente jurídico. Cuando el 23 de septiembre de 2015 el Presidente Juan Manuel Santos y el Comandante de las FARC anunciaron al mundo que los negociadores de Paz en La Habana habían llegado a un Acuerdo sobre el tema de Justicia Transicional, muchos en el mundo creyeron que ya se había firmado el Acuerdo definitivo. Resultó sorprendente que esa misma semana el Gobierno colombiano declarara que el Acuerdo de setenta y cinco puntos era apenas un borrador, al tiempo que las FARC sostenían que era algo acordado en firme. El Gobierno se ha negado a publicar el documento, por considerarlo todavía en desarrollo, pero ha dejado en pie el plazo de seis meses a partir de ese Acuerdo para la firma de la Paz definitiva con las FARC. No es este el único punto de tensión. El Acuerdo sobre Justicia Transicional al parecer resuelve el tema de si los protagonistas de la guerra pagarán pena de prisión, o si se verán libres de ella por el hecho de confesar cabalmente lo que hicieron. Ya en el punto anterior, sobre las víctimas, el diálogo había avanzado hacia la configuración de las víctimas particulares como protagonistas centrales del proceso de pacificación. En caso de confirmarse el Acuerdo de Justicia Transicional, las víctimas estarán en condiciones de citar a los tribunales a todos los que han participado en la guerra, y no se trata solamente de la guerrilla, de los paramilitares o de las Fuerzas Armadas de la República, sino políticos, funcionarios, empresarios, todo aquel que haya jugado algún papel como victimario o como cómplice en este largo conflicto. El Gobierno cree estar ajustando un Acuerdo para que la guerrilla quede sujeta a procesos efectivos de juzgamiento y de castigo, pero todo parece conducir hacia algo que el Gobierno no buscaba: que todos los actores de la guerra, algunos totalmente inadvertidos hasta ahora, tengan que acudir a los tribunales. Una de las consecuencias de esta derivación del proceso de Paz hacia un escenario puramente jurídico podría ser que Colombia dedique las próximas décadas a una interminable sucesión de procesos particulares, con las víctimas como acusadores y los actores de la guerra como acusados, y a seguir girando en círculos alrededor de la guerra, de la enumeración de los crímenes, de la denuncia y de la vindicta. Existen dudas de que una guerra inconclusa de medio siglo, pueda liquidarse en los tribunales. Sobre todo que la verdadera solución del conflicto se agote en una fórmula jurídica, hecha para fingir que se está restaurando el imperio de la ley, tras una suspensión transitoria de la normalidad institucional. Lo que ha ocurrido en Colombia es más grave, y no se sabe si hay una normalidad a la cual retornar, o si de lo que se trata es de instaurar por fin una normalidad de la que se ha carecido en el último siglo. Para el Gobierno puede resultar más cómodo formular la tesis de que la guerra se limitó a un conjunto de delitos o de crímenes obrados por unos particulares que deben ser procesados y castigados. Y ello resultaría fácil si los únicos responsables terminaran siendo las guerrillas. Todo parece avanzar hacia un momento en que, sin negar las responsabilidades y los crímenes de la guerrilla, todos los bandos se verán cada vez más implicados en la responsabilidad del conflicto, y el Estado mismo terminará siendo uno de los responsables. Ya se ha visto en distintos momentos a los altos poderes pidiendo perdón en nombre del Estado por este delito, por aquel crimen, por aquella masacre; ya se ha visto a la nación condenada por los tribunales internacionales. ¿Hasta dónde se pueden individualizar o particularizar las responsabilidades de una guerra? ¿Hasta dónde se puede clausurar una guerra -y una guerra aún inconclusa, que requiere de la buena voluntad de los combatientes para ser superada- con soluciones meramente jurídicas? No se pretende con ello negar que en el conflicto haya hechos que deben resolverse jurídicamente, sino que el proceso no puede ser un proceso jurídico: la Paz es un hecho político y la política exige la toma de decisiones superiores que no giren sólo alrededor de los hechos particulares, los victimarios y sus víctimas, sino del asunto central de la Paz como derecho de toda la sociedad. La Paz, definitivamente, tiene que ser algo más que la suspensión de la guerra; que el silencio de las armas; tiene que ser la corrección de las causas que desencadenaron el conflicto y de las condiciones que lo favorecieron durante décadas. Tiene que ser la garantía de que las víctimas serán indemnizadas, pero también de que la sociedad entera será reparada del terrible mal de la guerra y del peligro de un recomienzo de esa confrontación que ha sido el pretexto para mantener un orden injusto, para demorar la modernización del país, y para aplazar la reivindicación de la nación entera contra largos hábitos de exclusión y de miseria moral. Quienes pretendan limitar el proceso de Paz a una mera ordalía de tribunales no sólo debilitan los alcances de esa Paz sino que impiden la transformación positiva del país, que es lo único que puede evitar que la violencia recomience y que el desorden se perpetúe. Aunque el Gobierno se haya dejado deslumbrar por la esperanza de convertir la Paz en un juicio a unos culpables, los otros puntos de la Agenda son tan importantes como este de la Justicia Transicional, y tal vez no será posible impedir que otros temas y otros protagonistas hagan irrupción en el proceso. El Gobierno ha afirmado repetidas veces que los diálogos de La Habana no van a poner en juego el modelo económico ni el modelo político del país; pero debe pensarse que no habrá Paz si el modelo económico y el modelo político no se ciñen a nuevos desafíos, aunque no son las FARC las que pueden proponer esas alternativas. Quizás la Mesa de negociación de La Habana no sea el espacio adecuado para una discusión sobre las reformas que el país requiere con urgencia, pero los ciudadanos tienen el derecho de exigir una Paz más compleja y más verdadera que la que actualmente se negocia. Esa negociación, siendo tan importante, esa desmovilización, siendo tan urgente, ese Acuerdo de los guerreros en la Mesa de La Habana, siendo tan indispensable para el destino del país, no serán suficientes para llevar al país a un nuevo comienzo. Colombia necesita un nuevo comienzo. El Gobierno, y toda la discorde dirigencia colombiana, pretenderán que sólo haya que referirse a los puntos de la Agenda, que sólo se hable de eso que llaman en un lenguaje cada vez más irreal el posconflicto, pero la Agenda de la Paz sólo pasa parcialmente por los Acuerdos de La Habana. Es más: los Acuerdos de La Habana podrían seguir empantanándose en discusiones bizantinas, como lo han hecho ya en estos años, si al proceso no llega el aire fresco de una sociedad comprometida con un cambio histórico. Santos puede ir a Naciones Unidas a prometer con una sonrisa triunfal que en el 2016 volverá a ese foro llevando un Acuerdo firmado con las guerrillas, y puede asegurarles que ese Acuerdo significará por fin la Paz de Colombia y el final del último conflicto armado del continente. Pero ya se ha visto que nada más el Punto de la Justicia Transicional, que dio pie a los seis meses de plazo, sigue atascado como rueda en el barro. La guerrilla ha dicho que el plazo de seis meses sólo echará a andar a partir del momento en que se reconozca que el Punto está acordado. Aún faltan por resolver los temas de la desmovilización, de la dejación de las armas y de la ratificación democrática de los Acuerdos. Por fuera de los consensos de La Habana, el Gobierno juega cada día a inventar para esa refrendación popular una fórmula, que anteayer se llamaba referendo, que ayer se llamaba congresito, que hoy se llama reforma constitucional para la Paz, que mañana se llamará consulta o plebiscito, pero en todos los casos la guerrilla ha salido a decir que aquí están ensillando sin traer las bestias, que el tema de la refrendación de los Acuerdos no puede ser decretado por el Gobierno sino acordado por las partes, y sigue insistiendo en que la terminación del conflicto exige la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Es lícito pensar que si la desmovilización del M-19 y su incorporación a la vida política justificaron la convocatoria a una Constituyente, mucho más se justificaría hacerlo para desmovilizar a las FARC y poner fin a un conflicto de medio siglo. El Gobierno debe tener razones muy fuertes para oponerse a esta idea, y posiblemente esas razones no tengan tanto que ver con los Acuerdos de La Habana sino con la conservación de su poder efectivo sobre la sociedad. Las dos elecciones en que ha ganado Santos, lo ha hecho con votos ajenos y con las aplanadoras de la maquinaria clientelista, y quién sabe si para una Asamblea Constituyente sea tan fácil movilizar la corrupción electoral que caracteriza al establishment colombiano. La Constituyente podría caer en manos del “uribismo”, cerrilmente opuesto al proceso de Paz, pero también, dado que Uribe siempre pierde las batallas decisivas, cabe el riesgo de que alguna fuerza inesperada, de esas que Santos suele declarar inexistentes hasta cuando ya no puede ocultarlas, ponga en evidencia el creciente descontento de la sociedad. Hasta no hace mucho, el proceso de Paz era el escenario donde se dirimía el forcejeo entre distintos sectores de la dirigencia colombiana. Santos, propiciando el diálogo, procuraba mantener el poder de su coalición; Uribe, oponiéndose a él, procuraba beneficiarse del escepticismo ciudadano y recoger al final la cosecha de otro proceso frustrado. Pero en una realidad tan dinámica, donde el desenlace no está prefijado, las circunstancias cambian, y en los recientes movimientos del tablero Santos ha logrado hacer avanzar el proceso y despertar una nueva expectativa, en tanto que Uribe ha perdido influencia y ha visto palidecer su prestigio en las elecciones regionales. También la izquierda parlamentaria ha perdido fuerza ciudadana, aunque no podía ser de otra manera, pues embriagada con las mieles de la esperanza ha renunciado a toda oposición y se ha convertido en irrestricta aliada del poder, no sólo con su presencia en el proceso de Paz sino con su ausencia en todo el resto del espacio político, y precisamente ante uno de los Gobiernos que más merecería una oposición decidida. El fracaso de la economía extractiva, el deterioro de la capacidad productiva, el agravamiento de la depredación ambiental, la parálisis del proyecto de restitución de las tierras arrebatadas, la súbita necesidad de reactivar el campo después de décadas de abandono consciente de la agricultura, el intempestivo llamado “a sembrar un millón de hectáreas”, que sólo revela cuán capaz de improvisación es el modelo y cuán sujeto está a las volteretas del mercado mundial, el ahondamiento del déficit comercial, la persistencia de la violencia social, el modo como el alarmante subempleo permite disfrazar la tragedia del desempleo, la imprevisión frente a los avatares del clima y la permanencia del clientelismo y de sus corrupciones como principal sustento del poder, exigirían una oposición democrática menos sumisa o siquiera un apoyo menos irrestricto a una política de Paz no por necesaria menos errática. Una de las causas más evidentes de la proliferación de las guerrillas en el último medio siglo, ha sido el cierre del espacio para el debate político. Se podría pensar que el llamado a la Paz es un llamado a que las guerrillas abandonen las armas y acepten participar desarmados en la lucha política. Por eso es tan sorprendente que en medio de las bengalas del proceso de Paz, parezca abrirse camino la decisión de negar a la guerrilla desmovilizada un espacio activo en la democracia. El hundimiento en los debates del Congreso de la posibilidad de que los guerrilleros participen de la vida pública muestra cuán en contravía del proceso de Paz marcha el mundillo político, y cuán difícil será aclimatar una reconciliación verdadera. Sin embargo, es un deber creer en la Paz y esforzarse porque avance. Se podría pensar que al proceso, antes que una adhesión rendida, le ayudaría más un apoyo crítico, exigente, que vea más allá de los Acuerdos y de los estrados, de la venganza y de la victoria, y que se reafirme en la convicción de que los Acuerdos valen no tanto por lo que obtengan para los bandos negociadores sino por lo que obtengan para ese país humilde que ha padecido décadas de violencia, que ha perdido a sus hijos y a sus padres en la guerra, que ha visto marchitarse sus esperanzas y cerrarse sus oportunidades, y que es sin embargo el país que podría hacer la Paz porque es el que más la necesita, y el que finalmente podría garantizársela a todos. El actual proceso de Paz, amenazado por un esquema burocrático y conservador, hostil al cambio social, carece de una visión de la ciudad como escenario de la Paz posible, carece de un proyecto de juventudes verdaderamente audaz y renovador, cosa que es gravísima porque aquí la juventud es la guerra, carece de un proyecto cultural dinámico, imaginativo y creador que ayude a convertir el sueño de la Paz en un hecho de las calles y de los barrios, de las veredas y de los pueblos, de las comunidades más vulnerables y de la juventud capaz de abnegación y de fiesta. El esfuerzo por mantener la Paz en el ámbito de un forcejeo entre guerreros y de una partida burocrática está privando a Colombia de una primavera de amistad y de solidaridad, de afecto y de creatividad, de trabajo solidario, de renovación de los hogares y de los afectos, de reinvención de las costumbres y de los rituales. Pero ese esfuerzo mezquino por hacer de la Paz el mero botín de unos políticos, paradójicamente podría hacer que se les salga de las manos y se convierta en una súbita siembra de esperanza en los sectores siempre excluidos, y en una inesperada cosecha de iniciativas en manos de una juventud ávida de tomarse el futuro. Hace un siglo el mundo vivió la guerra más terrible de la historia. La Primera Guerra Mundial fue tal vez la más desesperada y la más capaz de herir a la imaginación, porque por primera vez puso al servicio de la muerte en gran escala todos los progresos de un siglo de optimismo industrial. El telégrafo, el teléfono, los ferrocarriles, la dinamita, los aeroplanos, las metralletas, los vehículos automotores y los barcos acorazados, todo entró en la danza del horror y puso la suma del talento humano a luchar contra la humanidad. Una Europa que acababa de pasar por una época suntuosa de sofisticación y de refinamiento se precipitó de repente en el infierno. Nunca el espíritu occidental había vivido un desconcierto mayor ni había enfrentado una realidad más desalentadora. En el vórtice mismo de la guerra, los espíritus más sensibles de Europa respondieron de un modo muy curioso a ese desafío. En la segunda década del siglo XX surgieron, en todos los campos del arte, unos esfuerzos desmesurados por volver a tejer con los lenguajes del arte el tapiz de la civilización desgarrada. Leer: En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust; La montaña mágica, de Thomas Mann; El hombre sin atributos, de Robert Musil; el Ulises de James Joyce, es ver al espíritu humano tratando de rescatar minuciosamente la memoria de ese mundo en pedazos. Un esfuerzo conmovedor por recuperar el tejido de la normalidad perdida, reanudar el hilo de la cultura, recuperar la fe en el orden, en el sentido, en la sensibilidad y en el pensamiento. La guerra sólo había durado cuatro años, aunque poco después renació de sus cenizas como un pájaro mitológico y volvió a hundirlo todo en el horror. Sin embargo, los esfuerzos de la sensibilidad supieron sobreponerse a esa doble prueba, y las dos guerras mundiales fueron una lección que Europa aprendió bien, de la que derivó grandes principios y grandes acciones. ¿Qué decir de quienes han vivido una tormenta bélica de cincuenta y aun de setenta años? La guerra en Colombia tal vez no ha tenido la intensidad y la calcinante enormidad de las guerras mundiales, pero ha desgastado persistentemente sus valores, desgarrado el tejido social, socavado los principios de convivencia, obrado lo que debe llamarse una degradación totémica, y ha dejado una inocultable trama de horror en varias generaciones. La Paz exige superar todo eso. La Paz no puede ser apenas un pacto de élites armadas. Ese Acuerdo debe ser un comienzo, pero todos deberían estar construyendo desde ya ese relato de complejidad y solidaridad colectiva. Más aún, acaso nunca se verán de verdad los Acuerdos si no ocurre ese despertar ciudadano que, sin privarse de mirar al pasado y de exigir la indemnización de las víctimas, ponga el énfasis en el futuro, en inventar la normalidad desconocida y en adivinar la Colombia que les ha negado la guerra. Tal vez lo que están necesitando los diálogos de La Habana es ese viento fresco de una sociedad que, sin esperar permiso de nadie, comience las tareas de la reconciliación, y se reencuentre con su maravilloso territorio y con las posibilidades que le ha negado el vicio hereditario de la discordia 113.

18-11-2015, Omitiendo la bilateralidad que debe primar en cada paso y Acuerdo de la Mesa de diálogos de Paz de La Habana, el Señor Santos pretende, con acciones unilaterales, sacar ventajas e imponer una Paz a la medida de los intereses de la oligarquía dominante y el imperialismo norteamericano. El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera que dio origen a la Mesa de conversaciones de Paz de La Habana entre el Gobierno de Santos y las FARC estableció unas reglas del juego para el desarrollo de sus actividades y la formalización de consensos y coincidencias entre las partes. El principio de la bilateralidad es uno de los elementos centrales en la operación y gestión del mecanismo de diálogos y coincidencias en los múltiples temas que se abordan en cada una de las rondas de encuentro, las que ya superan los cuarenta. La construcción, refrendación e implementación de la Paz es materia que se debe abordar y adelantar de manera bilateral, conjunta y concertada. Han transcurrido casi tres años de reuniones en el escenario de la Mesa y la terminación del conflicto ha ganado en complejidad. Son muchos los temas y los asuntos discutidos y consensuados. Más recientemente un Pacto estableció el trabajo simultáneo de subcomisiones para acelerar los resultados específicamente en lo atinente a la terminación del conflicto. Resultado de tal modificación ha sido la determinación de una fecha, el 23 de marzo del 2016, para firmar el Pacto de cierre y determinar un mecanismo de refrendación y la ruta de la implementación de cada uno de los Acuerdos. Es justamente en este sitio en que una de las partes, más concretamente el señor Santos, se ha lanzado en una cascada de determinaciones de corte unilateral y sesgado afectando gravemente este delicado tejido de la Paz. Ciertos temas de la terminación del conflicto (Punto tres), la refrendación y la implementación han sido sometidos a una precipitada estrategia de presiones y ultimátum con un cierto tufillo de amenazas. Casos: Respecto de un eventual cese el fuego y de hostilidades bilateral, el Jefe de la Casa de Nariño, ha proclamado por cuenta propia unas concentraciones y una verificación que pretenden dar ventaja a los aparatos militares oficiales empeñados en la derrota y rendición de la insurgencia revolucionaria. Al funcionario no parece interesarle un Acuerdo con las FARC en el aspecto de la tregua bilateral previa y en la definición de un mecanismo de verificación en el que intervengan los sectores sugeridos por las partes de la Mesa. La refrendación, según Santos, debe hacerse con un plebiscito tramposo armado por los gamonales del poder legislativo, omitiendo de esa manera el instrumento de la Asamblea Constituyente soberana y popular planteada por la delegación de la resistencia campesina revolucionaria. En la implementación de los Pactos se quiere proceder también de manera unilateral. Santos ignora que esa es una tarea a desarrollar conjuntamente en la que se ha previsto que las FARC y el Estado deben marchar mancomunadamente para que se cree un sistema en el que se de especial importancia a las regiones y Municipios, con comisiones de seguimiento y verificación, con la existencia de unos mecanismos pertinente de resolución de diferencias; mecanismos con capacidad de poder y ejecución, conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso. Además, con acompañamiento internacional, cronogramas, presupuestos y herramientas de difusión y comunicación. El unilateralismo santista le hace un enorme daño al proceso de Paz, pues las maniobras señaladas lo único que logran es sembrar desconfianza y prevención, alejando la posibilidad de una firma cercana del fin del conflicto. Añádase a lo anterior la permanente provocación de los generales con sus brigadas y batallones para producir la interrupción de la tregua unilateral ordenada por las FARC desde el mes de julio del 2015. Bilateralidad, señor Santos, es la regla de oro que le da fortaleza al proceso de Paz. El unilateralismo es juego sucio y ventajismo para imponer el modelo neoliberal que le interesa a la gran oligarquía 114.

3-12-2015, OEA pidió al Gobierno colombiano garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto y también de los desmovilizados de las FARC, al considerar que la cifra de muertes violentas de ex-guerrilleros supone un “eslabón débil del proceso de justicia transicional” planteado en los diálogos de Paz. Francisco Guerrero, Secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA indicó que “En lo relativo a desmovilizados y víctimas, hemos señalado la necesidad de que se sigan los protocolos internacionales que están establecidos en todos los acuerdos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. Lo que es importante es que el diseño de los Acuerdos de Paz esté acompañado de garantías para todas las partes, para quien se desmoviliza, para los ciudadanos que viven en las comunidades afectadas por el conflicto y ahí el Gobierno tiene un papel fundamental”. Una de las conclusiones del informe de la Misión de la OEA, es que la cifra de desmovilizados que han perdido la vida de forma violenta constituye “un eslabón débil del proceso de justicia transicional” puesto que los beneficios de acogerse a los procesos de sometimiento a la ley “se vuelven difusos”. “Resulta imperativo para el proceso de paz dar prioridad a la investigación y esclarecimiento de las muertes violentas de desmovilizados”. En Colombia han muerto violentamente unos 3.700 combatientes que abandonaron diferentes grupos armados ilegales entre 2003-2004. “Para garantizar el desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil, en el proceso deben discutirse y acordarse medidas que permitan garantizar la seguridad de los desmovilizados de las FARC en el escenario del posconflicto. Además, se tienen que garantizar las condiciones para el desarrollo económico de los municipios y ciudades en las que posiblemente se lleven a cabo los procesos de reintegración, y escenarios e instrumentos para la participación y reintegración de los excombatientes en los contextos comunitarios” 115.

7-12-2015, La solución política al conflicto armado en Colombia no pasa necesariamente por una Constituyente, al contrario, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente pasa por la solución política al conflicto armado. La última es condición necesaria, mientras que la primera es condición suficiente. A pesar de los avances extraordinarios en la Mesa de negociación, es clara la percepción de que aún hay nudos complejos por abordar y dirimir. Además de las salvedades pendientes correspondientes a los tres puntos iniciales de la Agenda, están los puntos relacionados con participación política, territorios de paz, paramilitarismo, dejación de armas y refrendación de los Acuerdos. La complejidad de estos puntos pendientes de la Agenda hace que las partes asuman con mayor cautela las propuestas y criterios a plantear en la Mesa. Se trata de puntos cuya aplicación son de corto plazo y deciden en buena medida la suerte futura de la fase del post-conflicto, que en rigor convendría llamar mejor como fase de post-Acuerdo. Son los puntos correspondientes en la Agenda General inicialmente pactada, como Fin del Conflicto e Implementación, Verificación y Refrendación. El último punto: Implementación, Verificación y Refrendación se ha convertido en el principal escollo en esta fase final de la negociación. Aquí hay que distinguir de manera general dos debates políticos, interrelacionados, pero distintos. El primero tiene que ver con la forma unilateral como el Gobierno Nacional pretende definir el diseño de los mecanismos correspondientes a cada uno, a través de sus iniciativas legislativas que cursan en el Congreso con la casi certeza de ser aprobadas antes de que concluya la actual legislatura. Se trata de una iniciativa unilateral que, como bien lo han denunciado públicamente las FARC, contraviene los criterios mismos de la Mesa en el sentido de que tales definiciones deben pasar previamente por el debate y el consenso en la misma; deben ser producto de un Acuerdo entre las partes. Con esta actitud, de manera ilegítima e irregular, el Gobierno Nacional coloca a las FARC ante hechos cumplidos. Así lo entendió la bancada del Polo Democrático en el Congreso y por eso no votaron tales iniciativas, puesto que no correspondían a un Acuerdo de la Mesa. Este es el primer escollo que las partes están obligadas a afrontar y dirimir. El otro debate es más substantivo, especialmente el que tiene que ver con el mecanismo jurídico-político concebido para la refrendación ciudadana de los Acuerdos pactados entre las partes. La refrendación popular de lo pactado en la Mesa de la Habana está incluida entre los acuerdos preliminares establecidos entre las FARC y el Gobierno, y forma parte de la Agenda General de negociación como se ha dicho. Como es sabido, en un comienzo el Gobierno tomó la iniciativa política y formuló la propuesta de referendo como mecanismo refrendatario aprobatorio de los Acuerdos, iniciativa que abandonó sobre todo por su aparente complejidad jurídica y política, optando finalmente por el mecanismo del plebiscito, un instrumento político de participación ciudadana mucho más expedito consagrado por el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y reglamentado por la Ley 134 de 1994. Las FARC han planteado desde un primer comienzo la fórmula de la Asamblea Nacional Constituyente, precedida de un Acuerdo político nacional y con integración plural de sus miembros (política y corporativa). Adicionalmente, el Centro Democrático en cabeza de su líder, Alvaro Uribe Vélez, formuló la propuesta de un órgano legislativo transitorio (congresito) con el fin de aprobar o desaprobar lo acordado en la Mesa de La Habana, la que abandonó a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente con integración y signo diferente a las de las FARC. Es claro que en el centro del debate, más que un asunto de orden jurídico, está el asunto político relacionado directamente con la necesidad de dotar de la mayor legitimidad ciudadana los Acuerdos de la Habana o el de inhabilitarlos políticamente. Lo que más sorprende a primera vista entre estas tres fórmulas de refrendación de lo acordado, son las coincidencias fundamentales entre la propuesta de las FARC y la del uribismo. Tal como están concebidas, de entrada las dos pondrían en vilo o en entredicho lo que se acuerde en la Mesa de negociación ya que lo allí acordado estaría sometido al albur, siempre contingente e impredecible, de una instancia de representación popular (constituyente o congresito), que por su propio carácter, en el caso de la Constituyente (pluralista, soberana, investida de plena autonomía), puede aprobar o desaprobar lo acordado, puesto que una constituyente así como puede sellar acuerdos también los puede deshacer, tal como lo han subrayado correctamente muchos analistas. Uribe es mucho más explícito, y sabe muy bien por qué lo propone, al referirse a un “órgano transitorio, de elección popular” (Constituyente o Congresito), como “un mecanismo para la discusión, aprobación, rechazo o modificación de los acuerdos de La Habana”. Las dos fórmulas, aparentemente distintas, convergen incluso en poner en entredicho la razón de ser de la misma Mesa de negociaciones. La pregunta que salta al respecto es: ¿tiene sentido el inmenso esfuerzo político, institucional y de tiempo, invertidos en la obtención de unos Acuerdos, que más tarde podrían ser desvirtuados, modificados o negados, por otra instancia de naturaleza y composición política distinta? La respuesta de Carlos Lozada, delegado de las FARC en la mesa de negociaciones, a estos interrogantes que califica de temores, no es tranquilizadora, cuando dice: “Un Acuerdo político con todos los sectores, sin ningún tipo de exclusión, que abra paso a su convocatoria y a la vez determine su composición, alcances y límites, es la salida a esos temores. La constituyente (…) permite poner sobre los Acuerdos el sello indeleble de la voluntad soberana del pueblo, única garantía cierta para evitar que hacia el futuro, los devaneos de un gobernante de turno puedan desconocer lo pactado”. La pregunta que sigue es: si “un Acuerdo político con todos los sectores” puede hacer posible la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por qué ese mismo “acuerdo político” no puede hacer posible la refrendación de los Acuerdos, sin arriesgar la incertidumbre política que encierra toda constituyente? Si el temor que ronda en las FARC es por la utilización de un mecanismo jurídico político que garantice fuerza vinculante de constitucionalidad de los Acuerdos, que impida que cualquier gobernante de turno más tarde ponga en entredicho dichos Acuerdos, ¿por qué creer que sólo una Constituyente puede disiparlos? ¿Por qué no negociar un plebiscito, con ese mismo poder vinculante de constitucionalidad que se espera sólo la Constituyente puede proveer? Riveros ha observado que: “La idea, incluso de las FARC, de que se acuerda una cosa en Cuba y después una Asamblea Constituyente vuelve a redactar todo como le parezca es poco menos que absurda, porque le quita todo sentido a la actual negociación, si así fuese bastaría con que se acordaran las condiciones de convocatoria de la Asamblea, que lo demás se decide allá, no como la guerrilla y el gobierno convenga, sino como la mayoría de ese cuerpo quiera”. Para hacer justicia con las FARC y con el mismo uribismo, hay que decir que esta convergencia entre sus fórmulas respectivas de refrendación de los Acuerdos de La Habana, se da por motivos y razones diferentes. Mientras que en Uribe es clara una apuesta estratégica por disputar en un escenario político distinto al de la negociación directa la hegemonía en la conducción política del proceso según su versión estrecha de la Paz y de paso catapultarse políticamente en el corto y mediano plazo, las FARC parecen motivadas por una actitud épica de la política acompañada de una sobreestimación de su fuerza y legitimidad políticas. Dice Lozada: “la Constituyente abre la posibilidad de adecuar la carta de navegación del país, a la nueva realidad surgida de los Acuerdos. No es cualquier acontecimiento, en la vida de una sociedad, la terminación de un conflicto tan prolongado y traumático como el que hemos padecido los colombianos. Así, la Asamblea Nacional Constituyente se nos presenta como una gran oportunidad para que todos los sectores que hoy conformamos la Colombia del siglo XX, nos sentemos a hacer lo que nunca hemos podido hacer, a causa de las sucesivas guerras que nos han enfrentado a lo largo de la historia: diseñar entre todos un Pacto Social que nos recoja y nos comprometa con el futuro de la Nación. Ese es el verdadero Tratado de Paz duradero que necesitamos”. Es comprensible que las FARC pretendan hacer de la refrendación de los Acuerdos con el Gobierno Nacional un “hecho histórico”. Pero llevados de ese espíritu mesiánico, las FARC no sólo estarían cercanas a incurrir en un elemental acto de candidez política sino, peor aún, de cometer un error estratégico, que las dejaría “con el pecado y sin el género”. En cualquiera de estos dos escenarios, lo que se pondría en juego es que la oportunidad histórico-política, nunca antes vista en procesos de negociación anteriores, de poner fin al conflicto armado que por más de cincuenta años ha desangrado al país a través de la salida negociada. Lo que se requiere, una vez firmados los Acuerdos, es dotarlos de legitimidad popular y garantizar su realización durante la fase del “post-conflicto”, fase que seguramente surgirá colmada de nuevas posibilidades y horizontes de futuro. Lo adecuado es consensuar un instrumento jurídico-político expedito de refrendación de los Acuerdos, que podría ser un referendo con pregunta cerrada o un plebiscito de igual característica con carácter vinculante. Ni el escenario del “congresito” ni el de la Constituyente llenan ese requisito. El lugar y el tiempo de una Asamblea Constituyente no pueden ser el de la refrendación de los Acuerdos, sino el del “post-conflicto”. Hay una relación estrecha entre Acuerdos y Constituyente, pero no en los términos en que lo plantean las FARC: “Desde las FARC-EP, hemos venido sosteniendo la tesis de la necesidad de una asamblea nacional constituyente, como un paso necesario en el camino de la solución política del conflicto”. Tampoco se puede concebir una Asamblea Constituyente como resultado de Acuerdos por arriba, entre élites, sino el producto de una vasta y amplia movilización popular, cuyo cometido no puede circunscribirse a lo pactado entre esas élites, sino a lo que en equivalencia al Poder Constituyente, el pueblo, decida. La Constituyente, lo dice Toni Negri, es el tiempo de las masas, de la multitud, no de los poderes constituidos ni de las élites. La Constituyente es una exigencia democrática de primer orden, que va más allá de la Paz negativa pactada entre las guerrillas y el Gobierno. Su agitación como consigna programática de carácter democrático o transicional debe estar articulada estrechamente a la movilización nacional por una Paz positiva, duradera y estable, a la configuración de nuevos y vigorosos sujetos sociales y políticos, que instituya un nuevo orden social y político fundado en criterios de justicia social y democracia popular, que sólo el escenario del “post-conflicto” puede hacer posible. El Poder Constituyente es siempre tiempo fuerte y futuro según Negri. Tiempo y sujetos por construir, no por administrar. No se puede condicionar el Acuerdo Final a la convocatoria de una Constituyente 116.

21-12-2015, El trascendental Acuerdo sobre la Justicia Especial para la Paz se va implementando gradualmente por el Gobierno en el tema de los militares involucrados en delitos previstos por el Derecho Internacional Humanitario. Conviene incluir todos los otros aspectos contemplados en esta nueva justicia penal alternativa de clara estirpe restaurativa, no punitiva y carcelaria como la vigente en los ámbitos de la actual judicatura carcomida por la corrupción. Cada vez se conocen más detalles del Acuerdo sobre los derechos de las Víctimas, en el campo de la justicia para la Paz. Son 75 puntos que configuran una justicia penal alternativa en los marcos de la denominada justicia retributiva que irrumpe en el modelo punitivo y carcelero del actual régimen judicial reaccionario colombiano. Me refiero a la aplicación del principio de favorabilidad penal, a la vigencia de las normas del Derecho Internacional Humanitario, a la soberanía e independencia del Tribunal de Justicia, a las implicaciones de lo consensuado en la situación de los prisioneros políticos (sindicados y condenados) y de aquellos encarcelados por ser parte de la protesta social, a las sanciones y los proyectos que se deben presentar, a los alcances de la Ley de amnistía e indulto que se debe aprobar por el Congreso Nacional, a la responsabilidad penal de los empresarios y terratenientes financiadores del paramilitarismo. El tema de los militares y la Justicia Especial para la Paz se ha perfilado como uno de bastante jerarquía en el debate publico dada la implicación de muchos agentes estatales encargados del monopolio legitimo de la violencia, en masacres, falsos positivos, desapariciones, torturas y conformación de grupos paramilitares y bandas criminales. El Presidente Juan Manuel Santos ha dado a conocer en las ultimas horas un conjunto de criterios e indicaciones sobre la materia. Lo hace a partir de un documento elaborado por los Ministros de Defensa y de Justicia. Cuales son las tesis del gobierno a este respecto: “Los militares, policías y otros agentes del Estado involucrados en ilícitos se les juzgara por la Justicia Especial de Paz con base en el Derecho Internacional Humanitario y la jurisprudencia correspondiente, para los funcionarios oficiales del Estado habrá un régimen especial diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo, basado en el Derecho Internacional Humanitario”. El trato diferencial para los agentes del Estado se basa en que los miembros de la fuerza pública ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales. Dicha tesis supone que si bien para evaluar la responsabilidad del mando y otros superiores debe tenerse en cuenta el Derecho Internacional Humanitario, la determinación de dicha responsabilidad no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. En otras palabras, que la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información y en los medios que existían para prevenirla. Hipótesis que por supuesto debe extenderse en la valoración jurídica a los combatientes revolucionarios de las FARC. Esta jurisdicción prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por miembros de la fuerza pública, por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto. Esta especificidad judicial fortalece el principio de seguridad jurídica que ya fue anunciado para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, columna vertebral del Acuerdo sobre las víctimas firmado en Cuba con la delegación de las FARC. Esto se traduce en que todas las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz harán tránsito a cosa juzgada y se garantizará su inmutabilidad. Dichas decisiones sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo tribunal. Las sanciones que se impongan a miembros de la fuerza pública que impliquen privación de la libertad, se cumplirán en los establecimientos previstos en el régimen carcelario establecido para ellos. Sin embargo, el Gobierno advirtió que también podrá reglamentar las modalidades de ejecución garantizando mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control. En términos generales, la Jurisdicción Especial para la Paz está abierta a los agentes del Estado que tengan claro que para acceder a ella deben contribuir con el esclarecimiento de la Verdad, Reparación a las Víctimas y garantías de No Repetición. Aquellos que aporten información falsa, por tratarse de una conducta dolosa, perderán el tratamiento especial que prevé la justicia. Para garantizar la preservación de los otros factores, el Gobierno se comprometió a impulsar leyes para definir la naturaleza y alcance de la reparación de Víctimas por agentes del Estado. En algunas especificidades técnicas, el Gobierno manifestó que la Jurisdicción Especial para la Paz permite que, a petición de los condenados, la Sección de Revisión del Tribunal podrá revisar sentencias proferidas por la justicia por inexistencia de los hechos, errores manifiestos en la calificación jurídica o conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Lo primordial es que se cumplan estrictamente las condiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá resolver la situación penal de agentes del Estado cuando no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos graves y representativos. Para aquellos que hayan cumplido con las condiciones generales del Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto, según los niveles de responsabilidad, se podrán aplicar medidas tales como la suspensión de la ejecución de la pena o la renuncia a la persecución penal, entre otras. Estos planteamientos del Gobierno lo que pretenden es avanzar en la implementación política y administrativa de los consensos en materia de justicia para el postconflicto. Lo que no está mal, pero lo adecuado sería avanzar en todos los temas previstos, al ritmo de esta reglamentación acelerada para los integrantes de la fuerza pública, con quien resulta oportuno adelantar un debate abierto y desprevenido en las instancias de la infraestructura militar estatal existente, tanto en el Ministerio de Defensa como a nivel regional en las brigadas, batallones y comandos de la policía nacional 117.

22-12-2015, Según José Miguel Vivanco director de Human Rights Watch el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de Víctimas del conflicto. Es una “piñata de impunidad” y un retroceso en América Latina. “Acá no se discrimina. Ésta es una piñata de impunidad”. Aunque está “plagado de alusiones a necesidad de garantizar la justicia, verdad y reparaciones, y asegurar la no repetición de los hechos. Es un Pacto entre el Gobierno y las FARC que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto colombiano. No hay ningún tribunal internacional que se haya creado en los últimos veinte años donde no se haya contemplado la prisión efectiva, es decir la privación de la libertad por crímenes de guerra y de lesa humanidad” 118.

16-10-2015, Desde el 2014, el Gobierno colombiano dialoga preliminarmente con el ELN para instalar un proceso de Paz formal y paralelo al que ya sostiene con las FARC. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de “exitosas” la media docena de reuniones reservadas que mantuvieron representantes del Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN en territorio ecuatoriano, con miras a un eventual proceso de Paz. “Por obvias razones fueron reuniones confidenciales. Fueron muy exitosas, el Gobierno colombiano está muy agradecido. Eso permitió que se avance mucho en las conversaciones de Paz con el ELN y pronto esas conversaciones ya empiecen a ser abiertas, formales, con una metodología como la de las FARC, y también se logre la Paz con el ELN. Sobre las negociaciones con el ELN no se ha decidido que sean en Ecuador, pero si eligen a Ecuador, serán bienvenidas” 119.

27-11-2015, El Gobierno mexicano anunció la creación del Grupo de Amigos de México por la Paz en Colombia, en el que participan escritores, académicos y diplomáticos. La Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, presentó a los integrantes del grupo, cuya tarea será “acompañar el diálogo y los Acuerdos que se alcancen en el proceso de Paz colombiano. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó en un comunicado que la formación de este grupo “honra la vocación de México por mediar y ayudar en los procesos de Paz en Latinoamérica” y se suma a las iniciativas emprendidas por Chile y El Salvador. El Grupo de Amigos está conformado por Leonardo Curzio, Juan Ramón de la Fuente, Enrique Florescano, Javier Garciadiego, Guadalupe González, Rosario Green, Ángeles Mastretta, Federico Reyes-Heroles, Bernardo Sepúlveda Amor y Diego Valadés. Ruiz Massieu destacó “la relación de amistad, hermandad y solidaridad que ha unido históricamente a México y Colombia, y se congratuló por los avances conseguidos en este renovado proceso de Paz”. El Gobierno confió en que las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana conduzcan en el menor tiempo posible a un Acuerdo definitivo que “traiga Paz y prosperidad a Colombia y a Latinoamérica” 120.

2-12-2015, Se creó el Fondo de la Unión Europea para el Posconflicto en Colombia una vez se firme el Acuerdo de Paz con las FARC en La Habana, y España puso el dinero para abrir la cuenta de dicho fondo. Lo que ahora corresponde y lo que sucederá es que los países de la UE comiencen a contribuir a ese Fondo, para poder tener los recursos suficientes para empezar a invertir en los diferentes proyectos del posconflicto 121.

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA




Foto AutorEsta página fue hecha por  Luis DALLANEGRA PEDRAZA

* Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.


e-Mail: luisdallanegra@gmail.com

© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, "¿Pax o Paz en América Latina?: Conflicto en Colombia",  Diciembre del 2015.
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1 Gobierno de EUA designó enviado especial para el proceso de paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/Gobierno-de-eeuu-designo-enviado-especial-el-proceso-de-articulo-545255.

2 EUA reconoce que proceso de paz en Colombia está en una fase “crítica”, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/eeuu-reconoce-proceso-de-paz-colombia-esta-una-fase-cri-articulo-568315.

3 Acuerdo entre Colombia y FARC es un avance histórico hacia la Paz: EUA, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-9-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/acuerdo-entre-colombia-y-farc-un-avance-historico-paz-e-articulo-588298.

4 Santos sanciona ley que permite a los colombianos refrendar acuerdos de paz en elecciones, en Diario El Espectador, Bogotá, 6-1-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-sanciona-ley-permite-los-colombianos-refrendar-a-articulo-536457.

5 Santos desmintió un supuesto cese al fuego bilateral con las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 6-1-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-desmintio-un-supuesto-cese-al-fuego-bilateral-fa-articulo-536429.

6 Gobierno y ELN anunciarán instalación de mesas de diálogo, en Diario El Espectador, Bogotá, 31-1-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/gobierno-y-eln-anunciaran-instalacion-de-mesas-de-dialo-articulo-541201. También, Santos dice que no habrá anuncio de mesa de diálogo con el ELN, en Diario El Espectador, Bogotá, 31-1-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-dice-no-habra-anuncio-de-mesa-de-dialogo-el-eln-articulo-541295.

7 Santos insta a FARC seguir ejemplo del M-19, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-3-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-insta-farc-seguir-ejemplo-del-m-19-articulo-548389.

8 Cese bilateral dejaría expuesto al país si proceso fracasa: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/cese-bilateral-dejaria-expuesto-al-pais-si-proceso-frac-articulo-556897.

9 Asciende a 26 el número de guerrilleros abatidos tras bombardeo a FARC en Cauca: El Presidente Juan Manuel Santos confirmó que el operativo se ejecutó contra el Frente 29 de las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asciende-26-el-numero-de-guerrilleros-abatidos-tras-bom-articulo-561953. También, Nuevo golpe contra las FARC, siete guerrilleros abatidos en la mañana del sábado, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/nuevo-golpe-contra-farc-siete-guerrilleros-abatidos-man-articulo-562160.

10 No hay condiciones para declarar un cese el fuego bilateral: Mininterior, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/no-hay-condiciones-declarar-un-cese-al-fuego-bilateral-articulo-562101.

11 Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en PazFARC-EP.org, 4-6-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/2764-informe-conjunto-de-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-nacional-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-ejercito-del-pueblo.

12 Quien acude a Comisión de la Verdad tendría derecho a tratamiento penal especial, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/quien-acude-comision-de-verdad-tendria-derecho-tratamie-articulo-564706.

13 Aldecoa, Matías, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, un Salto Adelante, en PazFARC-EP.org, 12-6-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/2764-informe-conjunto-de-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-nacional-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-ejercito-del-pueblo.

14 El proceso de Paz de Colombia está en su “peor momento”, dice el Gobierno, en BBC Mundo en Español, 5-7-2015, http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150705_colombia_farc_paz_delacalle_dificultades_wbm.

15 Santos acoge propuesta de países garantes sobre desescalamiento y rechaza la de las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-acoge-propuesta-de-paises-garantes-sobre-desesca-articulo-571082.

16 Comunicado Conjunto No. 55: Agilizar en la Habana y Desescalar en Colombia, en PazFARC-EP.org, 12-7-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/2853-agilizar-en-la-habana-y-desescalar-en-colombia. También, http://goo.gl/1sRuuH.

17 No hay que confundir decisiones sobre desescalamiento con condiciones de cese el fuego: De la Calle, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/no-hay-confundir-decisiones-sobre-desescalamiento-condi-articulo-572134.

18 En 4 meses tomaré la decisión de si seguimos con el proceso o no: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 12-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/4-meses-tomare-decision-de-si-seguimos-el-proceso-o-no-articulo-572193.

19 “FARC debe aceptar que será juzgada y condenada; si no lo hace, no hay Paz”, en Diario El Espectador, Bogotá, 15-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-debe-aceptar-sera-juzgada-y-condenada-si-no-hace-n-articulo-572942.

20 Colombia: Tras acuerdos con las FARC para desescalar el conflicto, Santos pone plazo de cuatro meses para evaluar si continúan los diálogos, en Kaosenlared.net, 15-7-2015, http://kaosenlared.net/colombia-tras-acuerdos-con-las-FARC-para-desescalar-el-conflicto-santos-pone-plazo-de-cuatro-meses-para-evaluar-si-continuan-los-dialogos/.

21 Santos suspende bombardeos aéreos a campamentos de las FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-suspende-bombardeos-aereos-campamentos-de-farc-articulo-575065.

22 El Jefe del equipo negociador del Gobierno en Cuba así respondió a la propuesta de la guerrilla, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-8-2015, “http://www.elespectador.com/noticias/paz/no-habra-treguas-o-armisticios-temporales-cese-al-fuego-articulo-576799”http://www.elespectador.com/noticias/paz/no-habra-treguas-o-armisticios-temporales-cese-al-fuego-articulo-576799.

23 “Posibilidad de cese bilateral solo se dará después de superar tema de justicia transicional”, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-8-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/posibilidad-de-cese-bilateral-solo-se-dara-despues-de-s-articulo-579150.

24 Santos explica el alcance de la “reforma constitucional para la Paz”, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-9-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-explica-el-alcance-de-reforma-constitucional-paz-articulo-586554.

25 Comunicado Conjunto sobre el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, en PazFARC-EP.org, 23-9-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/3047-comunicado-conjunto-sobre-el-acuerdo-de-creacion-de-una-jurisdiccion-especial-para-la-paz.

26 El abecé de la Jurisdicción Especial para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-9-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-abece-de-jurisdiccion-especial-paz-articulo-588319.

27 No está definido alcance de restricción efectiva de libertad a guerrilleros: Gobierno, en Diario El Espectador, Bogotá, 2-10-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/no-esta-definido-alcance-de-restriccion-efectiva-de-lib-articulo-590302.

28 FARC faltan a la verdad al hablar sobre Acuerdo en justicia: Gobierno, en Diario El Espectador, Bogotá, 8-10-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-faltan-verdad-al-hablar-sobre-Acuerdo-justicia-gob-articulo-591513.

29 Comunicado Conjunto 62, en PazFARC-EP.org, 17-10-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/3108-comunicado-conjunto-62.

30 Puntos Clave del Acuerdo sobre Desaparecidos den Colombia, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 19-10-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/2321-puntos-clave-del-acuerdo-sobre-desaparecidos-en-colombia.

31 Cese al fuego bilateral contará con la verificación de la ONU, en Diario El Espectador, Bogotá, 29-10-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/cese-al-fuego-bilateral-contara-verificacion-de-onu-articulo-595924.

32 Abecé del indulto otorgado a guerrilleros de las FARC presos, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-11-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/abece-del-indulto-otorgado-guerrilleros-de-farc-presos-articulo-600861.

33 Gobierno da a conocer los principios para la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 29-11-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/gobierno-da-conocer-los-principios-Paz-articulo-602367.

34 Santos explica cómo funcionará la justicia transicional para civiles, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-12-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-explica-funcionara-justicia-transicional-civiles-articulo-607299.

35 Ministro de Justicia asegura que indultos a guerrilleros serán efectivos en 2016, en Diario el Espectador, Bogotá, 26-12-2015, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/ministro-de-justicia-asegura-indultos-guerrilleros-sera-articulo-607777.

36 'El cese al fuego seguirá si las FARC no son agredidas', en Diario El Espectador, Bogotá, 12-1-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-cese-al-fuego-seguira-si-farc-no-son-agredidas-articulo-537499.

37 Aldecoa, Matías, FARC-EP exige que la reparación a las víctimas sea integral y con garantías constitucionales, en PazFARC-EP.org, 5-2-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/reporte/2436-farc-ep-exige-que-la-reparacion-a-las-victimas-sea-integral-y-con-garantias-constitucionales.

38 FARC saluda designación de enviado de EUA a diálogos de paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/FARC-saluda-designacion-de-enviado-de-eeuu-dialogos-de-articulo-545296.

39 “Mantengamos la cabeza fría”: FARC, en Diario El Espectador, Bogotá 15-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/mantengamos-cabeza-fria-farc-articulo-555207.

40 “Al que está quieto hay que dejarlo quieto”: FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/cese-bilateral-dejaria-expuesto-al-pais-si-proceso-frac-articulo-556897.

41 FARC suspenden cese el fuego unilateral, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 22-5-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/542-santos-provoco-a-las-farc-a-suspender-el-cese-al-fuego-unilateral.

42 “Hay una Rotunda Incoherencia del Gobierno entre su Discurso y sus Acciones”: Jesús Santrich, FARC-EP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 26-5-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/589-hay-una-rotunda-incoherencia-del-gobierno-entre-su-discurso-y-sus-acciones-jesus-santrich-farc-ep.

43 Cdte. Mireya Andrade, ¿Están las Víctimas en el Centro del Acuerdo?, en PazFARC-EP.org, 2-6-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/2753-estan-las-victimas-en-el-centro-del-acuerdo.

44 'Es la lógica de la guerra': FARC sobre hostigamientos en varias regiones, en Diario El Espectador, Bogotá, 2-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/logica-de-guerra-FARC-sobre-hostigamientos-varias-regio-articulo-564098.

45 Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en PazFARC-EP.org, 4-6-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/2764-informe-conjunto-de-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-nacional-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-ejercito-del-pueblo.

46 FARC celebran Comisión de la Verdad pero rechazan normas penales unilaterales, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-celebran-comision-de-verdad-rechazan-normas-penale-articulo-564589.

47 “Sin Verdad no hay Justicia”: Pablo Catatumbo, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 7-6-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/739-sin-verdad-no-hay-justicia-pablo-catatumbo.

48 FARC crearían subcomisiones adicionales frente al tema de justicia, en Diario el Espectador, Bogotá, 8-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-crearian-subcomisiones-adicionales-frente-al-tema-articulo-565173.

49 ¡Cese al fuego bilateral, ya!, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 12-6-2015, http://anncol.eu/index.php/opinion/item/790-horacio-duque.

50 Dice Iván Márquez (FARC) que el Procurador Ordóñez Pretende “ser un Director de Orquesta a Distancia de todas las Partituras”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 12-6-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/798-dice-ivan-marquez-farc-que-el-procurador-ordonez-pretende-ser-un-director-de-orquesta-a-distancia-de-todas-las-partituras.

51 Aldecoa, Matías, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, un Salto Adelante, en PazFARC-EP.org, 12-6-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/2764-informe-conjunto-de-la-mesa-de-conversaciones-entre-el-gobierno-nacional-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-ejercito-del-pueblo.

52 Por un Acuerdo sobre Derechos Integrales de las Víctimas para la Paz y la Reconciliación Nacional, en PazFARC.org, 18-6-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/2790-por-un-acuerdo-sobre-derechos-integrales-de-las-victimas-para-la-paz-y-la-reconciliacion-nacional. También, FARC instan a cerrar acuerdo sobre víctimas en el actual ciclo negociador, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-instan-cerrar-acuerdo-sobre-victimas-el-actual-cic-articulo-567000.

53 FARC-EP Declara Cese el Fuego Unilateral, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 8-7-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/1082-farc-ep-declara-cese-al-fuego-unilateral.

54 FARC confirman que quieren convertirse en organización política pero sin “la zozobra de las amenazas”, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/FARC-confirman-quieren-convertirse-organizacion-politic-articulo-57145.

55 Comunicado Conjunto No. 55: Agilizar en la Habana y Desescalar en Colombia, en PazFARC-EP.org, 12-7-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/2853-agilizar-en-la-habana-y-desescalar-en-colombia. También, http://goo.gl/1sRuuH.

56 Colombia: Tras acuerdos con las FARC para desescalar el conflicto, Santos pone plazo de cuatro meses para evaluar si continúan los diálogos, en Kaosenlared.net, 15-7-2015, http://kaosenlared.net/colombia-tras-acuerdos-con-las-FARC-para-desescalar-el-conflicto-santos-pone-plazo-de-cuatro-meses-para-evaluar-si-continuan-los-dialogos/.

57 “Ninguna unidad está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas”: FARC sobre cese al fuego, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/ninguna-unidad-esta-obligada-dejarse-golpear-fuerzas-en-articulo-573700.

58 Las Juntas Campesinas de Acción Comunal, las FARC y el Postconflicto, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 21-7-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/cultura-sociedad/item/1271-las-juntas-campesinas-de-accion-comunal-las-farc-y-el-posconflicto.

59 Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Ya, en PazFARC-EP.org, 23-7-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/2875-comisi%C3%B3n-de-esclarecimiento-de-la-verdad,-ya.

60 FARC dice que no son los únicos culpables del conflicto en Colombia, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/FARC-dice-no-son-los-unicos-culpables-del-conflicto-col-articulo-574996.

61 FARC dice que Gobierno incumple suspensión de bombardeos, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-8-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-dice-gobierno-incumple-suspension-de-bombardeos-articulo-579648.

62 Congresito contraviene la agenda de negociaciones: FARC, en Diario El Espectador, Bogotá 26-8-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/congresito-contraviene-agenda-de-negociaciones-farc-articulo-581695.

63 Entrevista a Jesús Santrich, FARC: “Como Insurgentes no Vamos a Pagar un Segundo de Cárcel”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 1-9-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/1775-entrevista-a-jesus-santrich-farc-como-insurgentes-no-vamos-a-pagar-ni-un-segundo-de-carcel.

64 FARC dicen estar listas para iniciar discusión sobre entrega de armas, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-9-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-dicen-estar-listas-iniciar-discusion-sobre-entrega-articulo-586816.

65 Intervención del Comandante Timoleón Jiménez En el cierre del Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 23-9-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/2051-intervencion-del-comandante-timoleon-jimenez-en-el-cierre-del-acuerdo-sobre-jurisdiccion-especial-para-la-paz.

66 Comunicado Conjunto sobre el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, en PazFARC-EP.org, 23-9-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/3047-comunicado-conjunto-sobre-el-acuerdo-de-creacion-de-una-jurisdiccion-especial-para-la-paz.

67 La delegación de Paz de las FARC rechaza declaraciones de su contraparte sobre la interpretación del Acuerdo de “La Jurisdicción Especial para la Paz”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 29-9-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/2098-la-delegacion-de-paz-de-las-farc-rechaza-declaraciones-de-su-contraparte-sobre-la-interpretacion-del-acuerdo-de-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz. También, https://app.box.com/s/tmxq6bmheglxpn3qmp9qvsccr5x7udyk.

68 Fuerte Reacción de las FARC Contra Nueva Interpretación del Acuerdo por Parte del Gobierno, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 3-10-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/colombia-no-una-catastrofe-experto-resolucion-de-confli-articulo-590129.

69 Diez Propuestas Mínimas para Garantizar el fin del Conflicto, la Reconciliación Nacional y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 6-10-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/2175-diez-propuestas-minimas-para-garantizar-el-fin-del-conflicto-la-reconciliacion-nacional-y-la-construccion-de-la-paz-estable-y-duradera.

70 “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz”, en PazFARC-EP.org, 7-10-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3079-diez-propuestas-minimas-para-garantizar-el-fin-del-conflicto,-la-reconciliacion-nacional-y-la-construccion-de-la-paz-estable-y-duradera.

71 Sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en PazFARC-EP.org, 17-10-2015, http://www.Pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-Paz-farc-ep/3109-otro-paso-adelante-en-reivindicacion-de-las-victimas.

72 Comunicado Conjunto 62, en PazFARC-EP.org, 17-10-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/3108-comunicado-conjunto-62.

73 Puntos Clave del Acuerdo sobre Desaparecidos den Colombia, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 19-10-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/2321-puntos-clave-del-acuerdo-sobre-desaparecidos-en-colombia.

74 Conformación del “Fondo Nacional para el Fin del Conflicto, la Reconciliación y la Construcción de la Paz, FONAPAZ”, en PazFARC-EP.org, 5-11-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3143-diez-propuestas-minimas-para-garantizar-el-fin-del-conflicto.

75 Normalización de la Vida Nacional y Transformación de las FARC-EP en Movimiento Político (Síntesis), en PazFARC-EP.org, 7-11-2015, http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3148-normalizacion-vida-nacional-y-transformacion-farc-ep-movimiento-politico-sintesis.

76 Las FARC proponen un plan para convertirse en movimiento político, en Kaosenlared.net, 11-11-2015, http://kaosenlared.net/63819-2/.

77 Fin de ciclo sin Acuerdo de justicia: FARC dicen que la mesa está bloqueada y Gobierno aclara que fue un cierre normal de ronda de diálogos, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-11-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/fin-de-ciclo-sin-acuerdo-de-justicia-articulo-599147.

78 Aclaración Necesaria, en PazFARC-EP.org, 3-12-2015, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3215-aclaracion-necesaria.

79 Bojayá es un grano de semilla de la reconciliación que germinará en la Paz de Colombia, en PazFARC-EP.org, 7-12-2015, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/3226-las-farc-ep-al-pueblo-de-bojaya.

80 Timochenko asegura que existen “trabas” en caso de guerrilleros indultados, en Diario el Espectador, Bogotá, 25-12-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/timochenko-asegura-existen-trabas-caso-de-guerrilleros-articulo-607669.

81 Colombia. Antonio García, Jefe militar del ELN, revela que ya acordaron con el Gobierno una agenda de 6 puntos, en Kaosenlared.net, 20-1-2015, http://kaosenlared.net/antonio-garcia-jefe-militar-del-eln-revela-que-ya-acordaron-con-el-gobierno-una-agenda-de-6-puntos/. También, “Ojalá Fuera Mañana el Momento de Firmar los Acuerdos de Paz”, en ELN, Voces de Colombia, 20-1-2015, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comunicados-entrevistas/1143-ojala-fuera-manana-el-momento-de-firmar-los-acuerdos-de-paz.

82 Perdón Eterno para el Terrorismo de Estado, en ELN, Voces de Colombia, 23-2-2015, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comando-central/1181-perdon-eterno-para-el-terrorismo-de-estado.

83 “Que la sociedad sea protagónica”, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/sociedad-sea-protagonica-articulo-554412.

84 Colombia y la guerrilla ELN comenzarán diálogos de Paz en Ecuador, en Kaosenlared.net, 7-8-2015, “http://kaosenlared.net/colombia-y-la-guerrilla-eln-comenzaran-dialogos-de-paz-en-ecuador/”http://kaosenlared.net/colombia-y-la-guerrilla-eln-comenzaran-dialogos-de-paz-en-ecuador/.

85 La Paz Fracasa Si El Estado no Asume Su Responsabilidad En La Guerra, en ELN, Voces de Colombia, Escrito por Editorial N.497, Revista Insurrección, 5-10-2015, http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/comando-central/editorial/417-la-paz-fracasa-si-el-estado-no-asume-su-responsabilidad-en-la-guerra.

86 Colombia. Nicolás Rodríguez Bautista ‘Gabino’: «Poco sirve a la Paz que una parte asuma sus responsabilidades y otra no», en Kaosenlared.net, 27-12-2015, http://kaosenlared.net/colombia-nicolas-rodriguez-bautista-gabino-poco-sirve-a-la-paz-que-una-parte-asuma-sus-responsabilidades-y-otra-no/.

87 Espaldarazo de Mindefensa a propuesta de César Gaviria sobre justicia transicional, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/espaldarazo-de-mindefensa-propuesta-de-cesar-gaviria-so-articulo-544305.

88 Santos insta a FARC seguir ejemplo del M-19, en Diario El Espectador, Bogotá, 9-3-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-insta-farc-seguir-ejemplo-del-m-19-articulo-548389.

89 Arjona Martín, Silvia, (Periodista y socia fundadora de la Asociación Extremeña de Comunicación Social - AECOS), Andrea Bautista, abogada colombiana: “Seguimos en un conflicto armado, no es un postconflicto como dice el presidente Juan Manuel Santos”, en kaosenlared.net, 5-4-2015, http://kaosenlared.net/andrea-bautista-abogada-colombiana-seguimos-en-un-conflicto-armado-no-es-un-postconflicto-como-dice-el-presidente-juan-manuel-santos/. También, http://www.revistapueblos.org/?p=19076.

90 Comunicado a la opinión pública: Asociación de víctimas y reclamantes Tierra y Paz, en Arcoiris.com.co, 6-4-2015, http://www.arcoiris.com.co/2015/04/reclamantes-de-uraba-piden-mesa-de-concertacion-con-el-gobierno-nacional-ante-el-fracaso-de-la-restitucion/.

91 Frente Amplio por la Paz insiste al Gobierno y a las FARC un alto bilateral al fuego, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/frente-amplio-paz-insiste-al-gobierno-y-FARC-un-alto-bi-articulo-558568.

92 Uribe le dijo al Departamento de Estado que “no hay condiciones para continuar” el proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 14-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-le-dijo-al-departamento-de-estado-no-hay-condicio-articulo-560548.

93 “La Paz no llegará con más bombas, llegará parando la guerra”: Marcha Patriótica, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/paz-no-llegara-mas-bombas-llegara-parando-guerra-marcha-articulo-562046.

94 “El proceso de Paz está en crisis, hay que rescatarlo”: Ordóñez, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-5-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-proceso-de-paz-esta-crisis-hay-rescatarlo-ordonez-articulo-562600.

95 Procurador General reitera su solicitud al Gobierno para suspender el proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/procurador-general-reitera-su-solicitud-al-gobierno-sus-articulo-566786.

96 Cesar Gaviria propuso que Santos tenga facultades extraordinarias en proceso de Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-6-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/cesar-gaviria-propuso-santos-tenga-facultades-extraordi-articulo-567377.

97 Los reparos de Uribe al acuerdo entre Gobierno y FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-9-2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-reparos-de-uribe-al-acuerdo-entre-gobierno-y-FARC-articulo-588320.

98 Que el Acuerdo de jurisdicción para la Paz no deje en la impunidad crímenes de Estado, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 26-9-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/2071-que-el-Acuerdo-de-jurisdiccion-para-la-Paz-no-deje-en-la-impunidad-crimenes-de-estado.

99 FARC defraudaron la confianza de los colombianos: Comandante del ejército, en Diario El Espectador, Bogotá 16-4-2015, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/farc-defraudaron-confianza-de-los-colombianos-comandant-articulo-555318.

100 Comisión Histórica del Conflicto presenta sus informes finales, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/comision-historica-del-conflicto-presenta-sus-informes-articulo-543191. También, Comisión Histórica del Conflicto difiere sobre legitimidad de lucha armada de FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/comision-historica-del-conflicto-difiere-sobre-legitimi-articulo-543291. Igualmente, EUA “ha alimentado” el conflicto colombiano, dicen académicos, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 10-2-2015, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/9395-la-comision-historica-del-conflicto-social-y-armado-en-colombia-presenta-su-informe-leelo-en-anncol.

101 Orozco Tascón, Cecilia, La propuesta de Gaviria: difícil de digerir, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 19-2-2015 http://anncol.eu/index.php/anncol-debate/9471-la-propuesta-de-gaviria-dificil-de-digerir.

102 Proceso de paz debe cumplir mínimos de justicia: Kofi Annan, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-2-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/proceso-de-paz-debe-cumplir-minimos-de-justicia-kofi-an-articulo-546231.

103 Se Acabó la Pelea de Comadres entre Santos y Uribe, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 29-4-2015, http://anncol.eu/index.php/opinion/item/327-horacio-duque.

104 Colombia. “Uribización” de la Paz de Santos: números de los últimos días de ofensiva militar, en Kaosenlard.net, 30-5-2015, http://kaosenlared.net/colombia-uribizacion-de-la-paz-de-santos-numeros-de-los-ultimos-dias-de-ofensiva-militar/. También, http://www.colombiainforma.info/politica/ddhh-conflicto-y-paz/2394-uribizacion-de-la-paz-de-santos-numeros-de-los-ultimos-dias-de-ofensiva-militar.

105 Sánchez Gómez, Libardo, Colombia. Las líneas rojas del régimen, en Kaosenlared.net, 10-6-2015, http://kaosenlared.net/colombia-las-lineas-rojas-del-regimen/.

106 Ni Paz, ni guerra, sino todo lo contrario: dejar podrir la mesa de La Habana, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 18-6-2015, http://anncol.eu/index.php/opinion/item/852-alberto-pinzon-sanchez.

107 Santos no va a ganar ninguna guerra en medio de la Paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 24-6-2015, http://anncol.eu/index.php/opinion/item/922-alberto-pinzon-sanchez.

108 Países garantes piden a Gobierno y FARC decretar cese el fuego bilateral, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-7-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/paises-garantes-piden-gobierno-y-farc-decretar-cese-al-articulo-570880.

109 Duque, Horacio, Desescalamiento en cifras, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 15-7-2015, http://anncol.eu/index.php/opinion/item/1194-horacio-duque.

110 Acuerdo sobre justicia conllevaría impunidad para los autores de delitos graves: HRW, en Diario El Espectador, Bogotá, 25-9-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/acuerdo-sobre-justicia-conllevaria-impunidad-los-autore-articulo-588828.

111 Franco García, Daniela, La Paz siempre es bienvenida para la economía: Christine Lagarde sobre proceso de Paz, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 29-9-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/Paz-siempre-bienvenida-economia-christine-lagarde-sobre-articulo-589271.

112 Navarrete Cardona, Steven y Rivera, Mónica, “Colombia no es una catástrofe”: experto en resolución de conflictos armados, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-10-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/colombia-no-una-catastrofe-experto-resolucion-de-confli-articulo-590129.

113 Ospina, William, Lo que falta en La Habana, en Diario El Espectador, Bogotá, 15-11-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/falta-habana-articulo-599497.

114 Duque, Horacio, Colombia. Paz, bilateralidad y unilateralismo, en Kaosenlared.net, 18-11-2015, http://kaosenlared.net/colombia-paz-bilateralidad-y-unilateralismo/. También, Farc advierten al Gobierno que 'unilateralismo' perjudica proceso de paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-11-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-advierten-al-gobierno-unilateralismo-perjudica-pro-articulo-599967.

115 OEA insta a Colombia a garantizar la seguridad de los ex-guerrilleros, en Diario El Espectador, Bogotá, 3-12-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/oea-insta-colombia-garantizar-seguridad-de-los-exguerri-articulo-603166.

116 Nieto, Jaime Rafael, Colombia. La Paz: ¿Plebiscito o Constituyente?, en Kaosenlared.net, 7-12-2015, http://kaosenlared.net/jaime-rafael-nieto/.

117 Duque, Horacio, Los militares y la Justicia Especial para la Paz/JEP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 21-12-2015, http://anncol.eu/opinion/item/2785-horacio-duque.

118 Pacto de justicia en Colombia es una “piñata de impunidad”, denuncia HRW, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-12-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/pacto-de-justicia-colombia-una-pinata-de-impunidad-denu-articulo-607243.

119 Como 'exitosas' califica Correa reuniones entre Gobierno y ELN en Ecuador, en Diario El Espectador, Bogotá 16-10-2015, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/exitosas-califica-correa-reuniones-entre-Gobierno-y-eln-articulo-593119.

120 México crea un grupo para apoyar el proceso de Paz de Colombia, en Diario El Espectador, Bogotá, 27-11-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/mexico-crea-un-grupo-apoyar-el-proceso-de-paz-de-colomb-articulo-601865.

121 España puso dinero para abrir cuenta para el Posconflicto: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá 2-12-2015, http://www.elespectador.com/noticias/paz/espana-puso-dinero-abrir-cuenta-el-posconflicto-santos-articulo-602935.