ņPAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Posición/AĖo

Gobierno de EUA

Sector Financiero de EUA

Gobierno de Colombia

Paramilitares

FARC

Otras fuerzas en Colombia (ELN)

Otros actores en Colombia

Fuerzas Armadas Colombia

Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades

Gobiernos Latinoamericanos

Unión Europea

2014

15-4-2014, El Gobierno de Estados Unidos debe comenzar a planificar una nueva estrategia de asistencia a Bogotá con miras a un eventual acuerdo de paz, y necesita duplicar su ayuda económica y devolverla al nivel del Plan Colombia si quiere garantizar el éxito del postconflicto. La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), un centro de estudios centrado en la promoción de la democracia y los derechos humanos en el continente, divulgó el informe que analiza el futuro del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC y evalúa el papel de Estados Unidos. Adam Isacson Director del programa de seguridad regional de WOLA dijo: “Tan pronto como se firme un acuerdo de paz, habría que eliminar, y revertir, la reducción paulatina del 10% al 15% anual en la ayuda (de Estados Unidos) a Colombia en los últimos aĖos”. Entre 2003 y 2007, Estados Unidos “entregó a Colombia entre 600 y 700 millones de dólares al aĖo”, mientras que “la ayuda hoy no llega a los 300 millones”. Isacson dijo que “Una vez alcanzado el acuerdo de paz, y durante algunos aĖos, la ayuda estadounidense debería volver a esos 600 o 700 millones de dólares. Si podemos pagar por la guerra, deberíamos pagar por la paz. Ayudar a Colombia a afrontar sus desafíos posteriores al conflicto será costoso y por momentos frustrante, pero es absolutamente necesario. Está llegando el momento de comenzar a planificar la ayuda al postconflicto”. Esa ayuda será clave para “llevar la presencia del Estado a áreas sin gobierno, reintegrar a los combatientes, facilitar el retorno de las poblaciones desplazadas, proteger a los defensores de derechos humanos, ayudar al cumplimiento de los acuerdos sobre tierras o apoyar la creación de mecanismos de justicia transicional”. Estados Unidos también debe “facilitar la transición” de los militares colombianos a tiempos de paz, y “financiar una presencia de verificación y monitoreo” de la que podría encargarse la ONU o la OEA [1].

 

22-1-2014, Santos dio parte a colombianos en EspaĖa sobre recientes operaciones de las fuerzas militares. “La contundencia de nuestras Fuerzas se mantiene y se mantendrá hasta que lleguemos al final del conflicto a través de la firma de los acuerdos de paz. La ofensiva militar que protege la vida y los bienes de los colombianos continuará en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar la seguridad de la población. “En estos tres días, para darles un ejemplo, el sábado, hubo una operación donde se neutralizaron 16 miembros de las FARC, se dieron de baja 14, dos se capturaron; eso fue en Arauca el fin de semana”. Igualmente, en el sur del Tolima, cerca de Planadas, se realizó otra operación en horas de la madrugada en la que fueron neutralizados 7 miembros de las FARC, 7 fueron dados de baja y 5 fueron capturados. Este miércoles, en un operativo realizado en el departamento del Meta, cerca de Vista Hermosa, fueron neutralizados 13 miembros del frente Séptimo de las FARC, 5 fueron dados de baja y 8 capturados. Mientras no se firmen los acuerdos de paz la ofensiva continuará. Precisamente en este Gobierno se dio de baja al número uno, al número dos y a 47 cabecillas de frente de las Farc, hechos que demuestran el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad de los colombianos [2].

23-2-2014, Santos afirma que no se discute “el sistema político colombiano o el modelo económico” sino las condiciones para que “la guerrilla pueda desmovilizarse e ingresar en la vida democrática. Que cambien las balas por votos”. El Presidente Juan Manuel Santos, asegura que “nadie va a cambiar un modelo de Estado en una mesa de diálogo”. En el proceso “no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de como lograr la paz con un máximo de justicia”. No habrá impunidad por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Será un proceso de aĖos, tal vez de décadas”. La incorporación a la vida política de los ex-guerrilleros, “es lo que siempre hemos deseado: que cualquier debate se de en los escenarios de la democracia y no con violencia” [3].

27-3-2014, El Presidente Juan Manuel Santos ha tomado la decisión de reactivar el Consejo Nacional de Paz que fue creado mediante la ley 434 de 1998, luego de una reunión con la ex-Senadora Piedad Córdoba y otros integrantes de la Marcha Patriótica, movimiento que surgió recientemente a raíz de los diálogos que se realizan en La Habana entre el Estado y las FARC para poner fin al conflicto social y armado. El Consejo Nacional de Paz es un órgano asesor y consultor en materia de política de paz, encargado de velar por el constante fomento de la colaboración entre las entidades estatales para cumplir los fines de la misma. Sus funciones incluyen la presentación de propuestas para la superación del conflicto, un monitoreo del mismo y la formulación de sugerencias para las entidades públicas en materia de diseĖo y aplicación de política de paz. De acuerdo con lo dicho por el Consejero presidencial para asuntos sociales, Dr. Luis Eduardo Garzón, esta etapa del Consejo de paz debe caracterizarse por la participación central de los movimientos sociales que tienen una representación de 24 delegados en dicho organismo. Se trata de normalizar un mecanismo institucional de articulación entre el Estado y la sociedad civil para los efectos de la construcción de la paz. El Presidente Santos, quien tiene el merito de la apertura de los diálogos de paz que se vienen realizando desde hace casi 40 meses en la ciudad de La Habana con las FARC,  y quien además ha garantizado sus sostenibilidad no obstante los ataques de las facciones ultraderechistas, ha dicho que se avanza con una visión de “paz total” para implementar el post conflicto, con la aplicación de los acuerdos en que se han logrado consensos suficientes, no obstante la clausula que dispone que nada está acordado hasta que todo este acordado y que en los textos de los Acuerdos para superar el conflicto se ha establecido una etapa de implementación de lo pactado. Las encuestas recientes están indicando que el proceso de paz tiene una amplia aceptación entre los colombianos de cara a las elecciones presidenciales. El discurso de la guerra está muy aislado y los candidatos más opcionados como el Presidente Santos, el Dr. PeĖalosa y la Dra. Clara López enfatizan uno u otro aspecto de la paz como tema central en la agenda pública, pero coinciden en defender su continuidad. La puesta en funcionamiento del Consejo de Paz es una buena medida del Presidente y el liderazgo que tendrá en el mismo Lucho Garzon es una garantía de las interfases del Estado con la sociedad civil nacional, dados sus antecedentes como dirigente sindical y de los movimientos ambientalistas. La paz requiere del concurso de todo y exige superar prejuicios, prevenciones y malos entendidos. Exige dejar atrás odios y rencores derivados de diferencias conceptuales sin mayor contenido. El post conflicto es una responsabilidad de la sociedad nacional en su conjunto [4].

21-4-2014, El candidato a la Vicepresidencia del Presidente Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, aseguró que en la ley de Orden Público que impulsó como Ministro del Interior hay una parte que impide el despeje del territorio. “Saben por qué se está negociando en La Habana, y eso no lo dicen los contradictores políticos, porque como Ministro del Interior, en la prórroga de la Ley de Orden Público, incluí una norma para que nunca más haya un despeje en Colombia, ni en un centímetro del territorio nacional”. El Gobierno del Presidente Santos no ha bajado ni bajará la guardia un solo día en su lucha contra la insurgencia. La entrega de las armas es un elemento fundamental para la firma de cualquier acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, “el 25 de mayo los colombianos se van a pronunciar refrendándole el mandato al presidente Santos para que el proceso concluya el próximo semestre” [5].

22-4-2014, El candidato a la Vicepresidencia de la República, Germán Vargas Lleras, advirtió que la entrega de las armas es un elemento fundamental para la firma de cualquier acuerdo que permita poner fin al conflicto en Colombia. El 25-5-2014 los colombianos se van a pronunciar refrendándole el mandato al Presidente Santos para que el proceso concluya el próximo semestre. Sostuvo que en La Habana la negociación se limita a lo rural, al tema de las drogas y a la forma como va a operar la desmovilización. Rechazó la manera cómo la oposición, “con información falsa”, busca sacarle provecho electoral a la coyuntura de las negociaciones de paz. Recordó Vargas Lleras que los “huilenses” han sido muy golpeados por la violencia, pero resaltó que en esta ocasión hay optimismo para lograr un acuerdo que lleve a la firma del fin del conflicto. Si ese objetivo se logra, permitiría disponer de enormes recursos en programas sociales y de infraestructura para todas las regiones del país porque serían liberados para inversión social, recursos que hoy van para la guerra. El Gobierno del Presidente Santos no ha bajado ni bajará la guardia un solo día en su lucha contra la insurgencia. “Saben por qué se está negociando en La Habana, y eso tampoco lo dicen los contradictores políticos, porque como Ministro del Interior, en la prórroga de la Ley de Orden Público, incluí una norma para que nunca más haya un despeje en Colombia, ni en un centímetro del territorio nacional” [6].

13-5-2014, El mandatario le entregó a los uniformados un mensaje de tranquilidad de cara al proceso de paz. Tras un encuentro con miembros de la cúpula militar, el Presidente Juan Manuel Santos resaltó a todas las unidades de las Fuerzas Armadas que de cara al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana pueden estar tranquilos, desestimando así los rumores de que miembros de éstas se verían afectados de firmarse un acuerdo de paz con las FARC. En Colombia “tenemos la economía más sólida de nuestra historia, creando empleo, reduciendo la pobreza, creando obras de infraestructura nunca antes vistas. Todos los avances se deben a la confianza y seguridad que nuestras Fuerzas Militares han venido gestando gracias a su sacrificio diario en todos los rincones de la patria”. Entre los anuncios se destacó el restablecimiento de primas que habían sido suspendidas en el gobierno de Alvaro Uribe. “Anunciamos dos primas importantísimas que hemos venido discutiendo con el Ministro de Hacienda y de Defensa desde hace mucho tiempo, se trata de la prima de subsidio familiar para soldados e infantes de marina profesionales. A partir de enero del próximo aĖo se empezará a entregar”. Se trata de “un paso importantísimo porque esa prima se había retirado en el gobierno pasado y la restituimos porque creemos que es lo justo con nuestros héroes”. Finalmente el Jefe de Estado anunció la prima de retorno a la experiencia que beneficiará a más de 50 mil patrulleros y subintendentes de la Policía [7].

16-5-2014, Declaración del Jefe de la Delegación del Gobierno en los diálogos con las FARC al concluir el punto sobre drogas ilícitas. Tal como lo anunciamos hoy en un comunicado conjunto, hemos llegado, en La Mesa de Conversaciones, a un acuerdo sobre el punto cuarto de la Agenda, tercero en discusión, que se refiere al narcotráfico y la solución al problema de las drogas ilícitas. Representa un hito importante en el proceso de conversaciones, ya que se trata de uno de los más graves y dolorosos problemas que ha enfrentado la sociedad colombiana en las últimas décadas, y que constituye además, uno de los flagelos continentales y mundiales que ocupan prioritariamente la agenda de naciones y organismos internacionales. Se trata de soluciones concretas y efectivas en torno a los aspectos centrales que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico y las drogas ilícitas, para enfrentarlos con mayor contundencia y efectividad, una vez pongamos fin al conflicto. El fin de la confrontación es una oportunidad que vamos a aprovechar para diseĖar nuevas políticas y ser más efectivos en esta lucha. Es posible que el problema de las drogas ilícitas no desaparezca totalmente de Colombia con el fin del Conflicto; pero sin el conflicto atravesado en el camino es muchos más fácil poner en marcha programas que transformen los territorios y resuelvan los problemas de los campesinos y de la coca de una vez por todas, y concentrar esfuerzos en atacar las estructuras del crimen organizado, que es lo que va a quedar luego de la firma del acuerdo final. El objetivo es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos, de la siembra de coca y la producción de cocaína. Pero el objetivo es más ambicioso: es trabajar con la gente, transformar el campo, abrir nuevas oportunidades para las comunidades y los territorios y garantizar los derechos de esos colombianos rurales, no solo de los cultivadores de coca. Es una apuesta por Colombia y no solo por resolver un grave problema. Lo acordado aquí se relaciona directamente con lo pactado en el primer punto sobre la reforma rural integral. Todas las zonas afectadas por cultivos ilícitos coinciden con regiones donde es necesario revitalizar la economía campesina. Queremos también poner a raya lo que por décadas ha financiado y alimentado el doloroso conflicto, la guerra que vive Colombia. La solución del problema de las drogas en el campo es también una medida de no repetición. Tres aspectos fundamentales deben entenderse y valorarse del acuerdo que acabamos de suscribir. Primero, tanto el Gobierno como las FARC reconocemos que el fenómeno del narcotráfico ha alimentado el conflicto que se vive en Colombia. Ambas partes manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva del problema de las drogas y contribuirán al esclarecimiento de la relación entre conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas. Segundo, las FARC, en un escenario del fin del conflicto, se comprometen a: i. Contribuir de maneras efectiva mediante acciones prácticas con la solución de este fenómeno. ii. En un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. Es necesario asegurar el desminado de los territorios. El gobierno a la firma del Acuerdo Final pondrá en marcha un programa de limpieza de las áreas afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar. A ese propósito mancomunado contribuirán ambas partes según los medios que correspondan a cada cual, incluyendo el suministro de información sobre la ubicación de tales artefactos. Y tercero, para la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, es necesario, y en este acuerdo así se establece, impulsar una estrategia integral que garantice la plena vigencia del Estado Social de Derecho en los territorios afectados. El Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública. Dicha estrategia debe incluir por supuesto todos los aspectos del desarrollo rural integral, la vigencia de los derechos y libertades y la integración de estas regiones al progreso y desarrollo del país y la garantía de seguridad en dichos territorios mediante el fortalecimiento y la capacidad de las instituciones encargadas de proteger a la población. Es a la vez una estrategia económica, social, política y jurídica, lo que quiere decir que involucra todos aquellos aspectos incluidos en el fenómeno del cultivo de drogas ilícitas y el narcotráfico para su solución. Esta es la palabra clave de este acuerdo: solución. Estamos hablando de futuro. Quiere decir que no nos quedamos en los diagnósticos, en el pasado, sino que basados en el presente, en la realidad actual de este fenómeno, construimos una solución para que Colombia, en el marco del fin del conflicto, sea capaz, gracias a la labor de la instituciones y los ciudadanos trabajando mancomunadamente, de ser un país sin coca y en general sin cultivos ilícitos, y en el cual podamos poner a raya el fenómeno del narcotráfico. Para lograr este sueĖo, en este acuerdo, se fijan las bases de un Nuevo Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos de alcance nacional, cuyo fin es la eliminación definitiva y sostenible de los cultivos de uso ilícito y la ilegalidad asociada a estos en todos los territorios. El programa es ambicioso y bien concebido y está en plena concordancia con todo lo pactado en el primer punto de este acuerdo sobre Reforma Rural Integral. Y es nuevo, porque parte de un enfoque distinto respecto a lo que hasta hoy se ha trabajado en Colombia. La meta acordada con las FARC de que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos se basa esencialmente en un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo que transformará el campo colombiano. La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades en esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará en cabeza de la Presidencia de la República. Acordamos también que en los casos en los que algunos cultivadores no participen del acuerdo o los incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos. Y en aquellos casos donde no haya ningún tipo de acuerdo, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos priorizando la erradicación manual donde sea posible. Quiere decir que tenemos la convicción de que, sin el conflicto atravesado en el camino, podremos sustituir la gran mayoría, ojalá todos los cultivos, de manera voluntaria; que si algunos cultivadores no participan o incumplen, recurriremos a la erradicación manual; y que en los casos excepcionales donde ni siquiera sea posible la erradicación manual porque las circunstancias no lo permiten -cosa que esperamos que no ocurra con el fin del conflicto-, el Gobierno se reservará la posibilidad de recurrir a la aspersión. Es una posibilidad que está abierta para casos extremos. En este punto, las FARC mantienen su oposición a la fumigación en todo el territorio nacional. En desarrollo de esta política, además, por primera vez en nuestro país se ponen en marcha todas las instituciones económicas y del sector rural, los campesinos y los antiguos alzados en armas, debidamente reincorporados a la vida civil luego de la firma del acuerdo del fin del conflicto y la dejación de armas, todos repito, en función de un mismo objetivo, en este caso, un país sin cultivos ilícitos y sin narcotráfico. Con esto le quitaríamos la gasolina que ha avivado el conflicto en Colombia -el narcotráfico- y todas sus secuelas de corrupción sobre las instituciones y los privados. La apuesta del Gobierno al suscribir este acuerdo es grande y es por Colombia. Es para que las nuevas generaciones vivan sin los horrores y el terrorismo que por décadas alimentó el narcotráfico teniendo en cuenta los distintos actores del conflicto. En el acuerdo también trabajamos el tema del consumo de drogas ilícitas, reconociendo que, como sociedad, es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario. Se acordó crear un programa que articule de manera ordenada y planificada la acción de las Instituciones del Estado en una política orientada a frenar el consumo y manejar las variables en él involucradas, política que debe ser participativa. En cuanto a los asuntos directamente relacionados con el narcotráfico, esto es la producción y comercialización de drogas ilícitas, también llegamos a importantes acuerdos. Se trata una estrategia integral que viene a reforzar, ampliar y, en algunos casos, crear nuevos mecanismos y programas en torno a lo que hoy hace el Estado contra las organizaciones narcotraficantes. Estamos hablando de la creación de nuevas instancias de investigación, el fortalecimiento de todas las capacidades institucionales para la detección, control y reporte de las operaciones financieras ilícitas y el impulso de nuevos planes contra el lavado de activos, lo cual incluye el mapeo del delito sobre todo en lo regional para identificar y desarticular la cadena de valor del narcotráfico. Aquí se buscará igualmente crear una cultura contra el lavado que alerte a las comunidades que favorecen esta actividad de manera consciente o inconsciente. De igual modo, se establecerán estrictos controles a los precursores químicos. Bienvenido el debate, la crítica y las opiniones libres sobre este punto. Pero antes de hacerlas, lean, valoren y analicen bien lo acordado. Nos hemos demorado lo suficiente para no improvisar. Sabemos que es un tema de la mayor importancia para todos los colombianos, al igual que para muchas naciones y organismos internacionales. Y hemos sido cuidadosos en extremo con cada punto, en cada palabra contenida en este acuerdo que hoy hacemos público. Nos sentimos satisfechos con lo alcanzado en el entendido que esto es bueno para Colombia y está en concordancia con el enfoque y política del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Conocemos bien los inmensos sacrificios que nuestras instituciones y todos los sectores de la vida nacional han padecido en una lucha sin duda dolorosa, pero también exitosa al preservar y aún fortalecer nuestra democracia, nuestros valores y nuestras libertades. El Presidente Santos nos ha instruido y nos ha guiado claramente en todo este proceso de conversaciones para llegar a este acuerdo. Queremos la paz, pero no a cualquier costo. Queremos la paz, pero con todas las claridades y certezas hacia el futuro. El paso que damos es fundamental para alcanzar el fin del conflicto y para que, a partir de allí, logremos la construcción de una paz estable y firme en nuestro país. El paso siguiente es la instalación de comisiones que preparen el terreno para la continuación de estas conversaciones, después de las elecciones. Invito de nuevo a cada colombiano, a participar de este proceso con sus propuestas, sus críticas y opiniones, con su apoyo. Los canales de participación están abiertos. Esta es la paz de todos, con todos y para todos [8].

16-5-2014, El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió al tercer acuerdo sobre los cultivos ilícitos logrado con las FARC y explicó los alcances. Según el Jefe de Estado en este proceso “ya cruzamos la línea media y podemos decir que adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final que todos queremos: la terminación de la guerra en Colombia. Invita a los colombianos a que mantengan la confianza en el proceso, “en nuestro equipo negociador y en que seguiremos al pie de la letra lo que hemos dicho”. No solo se ha llegado a acuerdos sobre tres puntos: desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas, “sino que también hemos pactado la contribución de las mismas FARC para asegurar su éxito”. Aún quedan dos grandes puntos, el de víctimas y las condiciones para terminar el conflicto armado, por eso “estamos listos para avanzar en ellos. Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra”. Cuando haya que implementar este Acuerdo el Gobierno Nacional va a intensificar la “lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos y al tráfico de insumos, que pretendan seguir utilizando nuestro territorio para cumplir con sus propósitos criminales. Sin duda, el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la única amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final”. Con este acuerdo el Estado se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y “a liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública”. Este “es un proceso sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos mantenido la ofensiva militar, porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los colombianos. Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos para perseverar en esta oportunidad única que se abre a Colombia” [9].

26-5-2014, El Procurador General, Alejandro OrdóĖez Maldonado manifestó que no se puede permitir que los autores de crímenes transicionales, guerra, lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática puedan participar y presentar sus nombres para ocupar cargos de elección popular y funciones públicas. De avalarse el artículo tercero del acto legislativo 01 de 2012 se le estaría dando un mensaje de impunidad a las víctimas del conflicto armado, quienes verían a sus victimarios ocupar cargos públicos en los que estarían revestidos para crear leyes a su propio beneficio e imponer así su verdad. ņNo se revictimiza a la víctima cuando ve que su victimario ocupa un cargo de poder y diseĖa políticas públicas?. Esto estaría creando un caldo de cultivo para generar nuevos victimarios quienes ya no creerían en la justicia y la aplicación de castigos para los autores contra crímenes contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Se les estaría diciendo que el crimen si paga”. La misma Corte Constitucional ha establecido que se deben respetar los derechos de las víctimas y garantizarles la no repetición de estos actos. De declararse inexequible este artículo no se estaría creando un obstáculo para la paz sino quitándole a los victimarios el manto de impunidad. Los tratados y protocolos internacionales firmados por Colombia establecen que las personas que incurran en este tipo de crímenes deben recibir una sanción penal no pueden recibir una amnistía ya que se estaría presentando una problemática a la reconciliación nacional (…) Seria éticamente lamentable que los autores participen en política. No se pueden considerar espacios a sus autores para que dirijan los órganos políticos de la Nación (…) La Corte debe entender la negociación que clama la paz, los victimarios el punto final para no seguir matando. La ley de Justicia y Paz (975 de 2005) estableció limites para la participación en política de los paramilitares desmovilizados. El Estado tiene y siempre ha tenido la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sanciones penales para delitos severos y no la imposición de trabajo social, como lo manifestó el fiscal, eso es para los estudiantes de colegio. No se puede premiar a los victimarios con la creación de políticas públicas de reparación a su antojo, imponerles su verdad a las víctimas y no crear una acción restaurativa. La justicia transicional hace referencia a la guerra y a la paz no a la mera ausencia del conflicto. Investigación, justicia y sanción dependiendo de la gravedad de los delitos y acciones, seĖaló en su intervención de 15 minutos ante la Corte Constitucional [10].

27-5-2014, El Fiscal General, Eduardo Montealegre manifestó que es necesario que mediante la conformación de una ley estatutaria el Congreso de la República abra la puerta que permite la participación en política de los miembros de grupos armados ilegales que hayan sido juzgados y condenados por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios. El Jefe del ente investigador consideró que es menester que se declare constitucional el aparte de la norma que le permite a los desmovilizados de la guerrilla participar en política una vez dejen las armas: “Puedan participar democráticamente en política y fundar un partido”. Será el Congreso de la República el que determine cuáles serán los delitos conexos con el delito político. La participación de los desmovilizados en actividades políticas podría considerarse como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. “No estoy de acuerdo que quién haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad pierda de por vida sus derechos políticos, lo que hace esta norma que estoy solicitando su inconstitucionalidad es consagrar sanciones perpetuas”. No permitirle a los desmovilizados que lleguen a ocupar cargos de elección popular o políticos sería aplicarles una sanción perpetua por lo que deben quitarse estas limitaciones establecidas por la Constitución Política de Colombia. “La inserción en la vida política en nada implica impunidad porque de lo que se trata es llevar por las vías democráticas, una situación que en el pasado fue canalizada por la vía armada” [11].

4-6-2014, El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que luego de la firma de un eventual proceso de diálogo con las FARC la justicia transicional también cobijaría a los militares que se han visto envueltos en crímenes de guerra, aunque precisó, que allí no serían incluidos quienes están siendo, o han sido, juzgados por parapolítica. “La Constitución permite que entren en el marco de una justicia transicional y en el esquema jurídico solo debe excluir un tipo de delitos los falsos positivos los demás es decir las muertes en combate, en donde haya ejercicio excesivo de la fuerza incluso en caso de muertes extrajudiciales, homicidio en personas protegidas, delitos que pudieron haber incurrido los militares durante el conflicto pueden entrar en el marco de la justicia transicional”. Los casos de falsos positivos, al tratarse de “un montaje no entrarían en este tipo de justicia”. Los militares que eventualmente sean cobijados con estos procesos “no necesariamente pueden estar en proceso de juzgamiento, también puede que ya hayan sido juzgados”. Jamás se colocará en el mismo nivel a militares y a ex-militares “no podemos comparar, bajo ninguna circunstancia, la actividad legitima de los miembros de la fuerza pública con las de la guerrilla, no podemos poner en el mismo nivel a unos y a otros. Para que entre a funcionar la justicia internacional no debe haber funcionado la justicia colombiana. Si acá se hace un proceso serio con unas condenas, así estas sean inclusive cometidas por militares, terminan en penas alternativas diferentes a las privativas desde que se haga un proceso serio sería un gran blindaje de la justicia y las fuerzas armadas” [12].

10-6-2014, Comunicado conjunto.. Las delegaciones del Gobierno Nacional - Ejército de Liberación Nacional (ELN) informan que: 1. El Gobierno Nacional y el ELN han iniciado una fase exploratoria de conversaciones el pasado enero de 2014, luego de una serie de contactos y reuniones que tuvieron lugar desde 2013. El objetivo de esta fase exploratoria es acordar una agenda y el diseĖo del proceso que haga viables el fin del conflicto, y la construcción de la paz estable y duradera para Colombia. 2. Las delegaciones acordaron que la agenda de conversaciones incluirá los puntos de víctimas y participación de la sociedad. Los demás temas están por acordar. 3. Expresan a Colombia y la comunidad internacional, la voluntad recíproca de continuar con la fase exploratoria que permita acordar una agenda y establecer una mesa de conversaciones para llegar a la firma de un acuerdo final. 4. Las delegaciones darán a conocer periódicamente y de común acuerdo los avances y resultados de la fase exploratoria. 5. Las delegaciones agradecen a los gobiernos de la República Federativa de Brasil, La República de Cuba, la República de Ecuador, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela, la buena voluntad y el compromiso que han expresado en el acompaĖamiento y garantías de este proceso. 6. La Delegaciones hacen un llamado al pueblo colombiano para que una al propósito común de lograr el fin del conflicto y construir un país en paz y equidad. “La responsabilidad política de este proceso de paz recae sobre mis hombros, sobre los de nadie más. Este proceso integral de paz que involucra a las FARC y ahora al ELN es la mejor garantía para las víctimas y para el país de que este conflicto terminará para siempre”. No habrá cese al fuego, no habrá despeje de zonas y se realizará en el exterior para garantizar parcialidad en el proceso. “Las condiciones en las que se dará inicio al diálogo es lo que estamos acordando en este mismo momento y no será nada diferente a lo que le exigimos a las FARC para iniciar el proceso. Se tendrá en cuenta la dejación de armas, se acordaran puntos específicos que tienen que ver directamente con el fin del conflicto y cómo vamos a resarcir a las víctimas”. La paz es posible para Colombia, sin que temas como la economía y las Fuerzas Militares estén en discusión. “Queremos un proceso serio, digno, realista y eficaz (…) no estarán en discusión ni los fundamentos de la nuestra Constitución, ni nuestro modelo económico y mucho menos nuestras Fuerzas Militares”. Este nuevo proceso de paz no podrá en riesgo lo que hasta el momento se ha logrado con las FARC en La Habana. “Es mi responsabilidad informar al país de la existencia de este esfuerzo de paz que responde a la paz integral que viene proponiendo mi gobierno (…) valoro el esfuerzo del ELN, pero hasta tanto no queden aprobadas todas las condiciones no daremos inicio a la mesa formal de conversaciones con este grupo”. El ex-Procurador General, Jaime Bernal Cuellar calificó como “positivas” las noticias sobre un acercamiento con el ELN para realizar un proceso de paz como el que se está adelantando desde hace dos aĖos con las FARC. “El punto fundamental son las víctimas, alrededor de ellas se estudian otros aspectos necesarios como la paz, verdad, justicia, reparación y la no repetición”. “Lo que ha logrado el Gobierno es una paz exploratoria como lo dijo el presidente Santos. Estamos estableciendo la agenda que es indispensable para que en una mesa paralela se empiecen a discutir diferentes temas”. En este nuevo proceso se tendrán en cuenta además los avances que se han logrado en las negociaciones en La Habana con las FARC. “Son puntos complementarios de contenido social, de problemas de economía y política, ente muchos otros” [13].

28-6-2014, Entrevista con el Presidente Juan M. Santos sobre la Tercera Vía. Reconoció que le gustaría hacerle ajustes para regular el mercado. Dado que hay distintas vertientes de la misma teoría, ņcuál es la tercera vía que necesita el país? La que estamos aplicando, con una mayor dosis de justicia social. La Tercera Vía puede unir a la nación en torno a unas políticas económicas y sociales que hagan de Colombia un país más justo, más incluyente y más moderno. En sus conceptos básicos la Tercera Vía es una sola. Cuando comencé a leer a sus primeros promotores, entre ellos al antiguo rector de la Universidad London School of Economics, Anthony Giddens me comencé a interesar. Fui analizando las propuestas del nuevo laborismo en Gran BretaĖa, de los nuevos demócratas en Estados Unidos, de lo que hizo Felipe González en EspaĖa, el éxito de Cardoso en Brasil y de Ricardo Lagos en Chile. Tony Blair me ha dicho sobre mi primer gobierno en Colombia, que está muy contento con los resultados y que hay que perseverar. Me ha ayudado mucho y estamos montando una unidad especial de ejecución para que desde la Presidencia se pueda acelerar más el desarrollo de los proyectos. a Tercera Vía para hacerla más aplicable al país, a la luz de la experiencia, le daría más énfasis a la regulación de mercados para que los poderosos no se aprovechen de los débiles. El postulado de que el mercado hay que dejarlo actuar hasta donde sea posible y que el Estado debe intervenir sólo hasta donde sea necesario sigue totalmente vigente [14].

5-7-2014, El Presidente Juan Manuel Santos exhortó a las Fuerzas Militares y de Policía a no bajar la guardia y, por el contrario, continuar la ofensiva contra los guerrilleros de las FARC y el ELN y los demás grupos al margen de la ley. Desde el Fuerte Militar de Tolemaida el Presidente dijo que en toda guerra, “como la que estamos nosotros librando, este último tramo” es definitivo. Santos indicó que en estos momentos los grupos guerrilleros evaden el combate y acuden a los actos terroristas para hacerse notar. Ahora es “cuando no se puede bajar la guardia, ahí es cuando ustedes tienen que redoblar la ofensiva” para terminar el conflicto interno lo más rápido posible. En los últimos días, las dos guerrillas han incrementado sus acciones en varios sitios del país teniendo como blancos principales la infraestructura eléctrica y petrolera. “El remate de la paz es el remate de la victoria” e insistió en la necesidad de no bajar la guardia. Desvirtuó nuevamente que el futuro de la Fuerza Pública se discuta con las FARC en La Habana, y reiteró que ese tema está “vedado”. “En esa paz ustedes están ahí, a la vanguardia, porque ustedes han sido los responsables del proceso de paz. Ustedes serán protegidos en forma permanente, antes, durante y después” del proceso [15].

18-7-2014, Desde el 16-8-2014, y durante por lo menos cinco ciclos de conversaciones, las víctimas serán escuchadas en Cuba. Las delegaciones del Gobierno y las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana (Cuba) pusieron fin a las suspicacias alrededor de la participación de las víctimas en el proceso de paz. Mediante un comunicado conjunto, las partes dejaron claro que “se invitará a una delegación por cada ciclo, por lo menos durante cinco ciclos”, que “cada delegación estará compuesta hasta por 12 personas” y que “la primera visita de las víctimas se llevará a cabo el 16 de agosto”. Las delegaciones de guerrilla y Estado establecieron los criterios para la selección de las delegaciones. Esos son “el equilibrio, el pluralismo y la sindéresis (capacidad para juzgar rectamente), que se deberán ver reflejados en la composición de cada una de las delegaciones”. La idea de la mesa es que cada una de esas comitivas refleje “todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional”. La aplicación de esos criterios para la selección de las comitivas de víctimas estará a cargo de “la Organización de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, en consulta con diferentes asociaciones de víctimas del conflicto”, con lo cual quienes no estén en la Mesa Nacional de Víctimas no serán excluidas. Precisamente, mediante el comunicado, las partes advirtieron que “la Mesa revisará el funcionamiento del mecanismo de selección en cada una de las visitas y hará las recomendaciones que sean necesarias”. Gobierno y guerrilla establecieron otros aspectos de la metodología para escuchar la voz de las víctimas. Por ejemplo, que “los miembros de las delegaciones deberán ser víctimas directas del conflicto y participarán en esa condición y no en representación de otros” (una condición que no excluye los casos de victimización colectiva); o también que “las delegaciones y sus integrantes tendrán plena autonomía para exponer sus puntos de vista”. Por otro lado, a la mesa de La Habana ya llegó el paquete de conclusiones que se desprendieron del primer Foro de Víctimas, organizado en Villavicencio por la ONU en Colombia y el mismo Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional. Las propuestas que salieron de ese primer foro giran en torno a tres temas, principalmente: modificaciones en la aplicación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, metodologías y composición de una comisión que esclarezca las causas y los crímenes cometidos por las partes en desarrollo de la guerra y políticas públicas para implementar durante el posconflicto que brinden garantías de no repetición. En las propuestas que enviaron las víctimas de Meta, Caquetá, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Casanare, Cundinamarca y Bogotá hay recomendaciones para ampliar el alcance de la Ley 1448 de 2001, en términos de tiempos cubiertos. Es decir, que quienes hayan padecido con ocasión del conflicto antes del 1° de enero de 1985 (hasta ahora esa fecha es la establecida por la ley como punto de partida para el reconocimiento de hechos victimizantes) sean sujetos de verdad, justicia y reparación. Asimismo, hay propuestas para agilizar la reparación y la restitución que, a diciembre de 2013, había cobijado a cerca de 320 mil personas. En términos de verdad, las víctimas presentes en Villavicencio plantearon fórmulas para garantizar mayor acceso a las comisiones de la verdad que se creen a raíz de las negociaciones en Cuba. Por ejemplo, hay propuestas muy detalladas para que las víctimas tengan acceso a los archivos de las acciones armadas y los delitos cometidos por la guerrilla y a los archivos de inteligencia y de acciones militares del Estado. Además, plantearon que esa comisión de la verdad se divida en subcomisiones que esclarezcan los hechos de la guerra con enfoques regionales, de género y por hechos victimizantes, como el reclutamiento forzado de menores de edad, desapariciones forzadas y secuestro. Para que haya garantías de no repetición, los asistentes al primer foro de víctimas propusieron métodos para que el Estado informe mejor sobre el desarrollo y los acuerdos de la mesa de La Habana, que se creen centros a nivel territorial para informar sobre el transcurrir de las negociaciones y los impactos de los acuerdos en las regiones y, además, recomendaron mejorar el sistema de educación mediante la creación de contenidos en los currículos escolares que, más que enfocarse en el desarrollo del conflicto, se ocupen de las causas de medio siglo de guerra. Con estas propuestas y con muchas más que lleguen de los foros de Barrancabermeja, Barranquilla y Cali, así como con la presencia constante de las delegaciones de víctimas que participarán de la Mesa desde el 16-8-2014, se nutrirán las conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y las FARC. Las partes lo saben y lo tienen como prioridad, la paz sólo será posible si devuelve sus derechos a las víctimas [16].

7-8-2014, El Presidente Santos descartó eventuales juicios contra todos los guerrilleros de las FARC, pues “tomaría cien aĖos”, y aclaró que solo se condenará a sus principales líderes. “No puedes juzgar y condenar a 8.000 personas. Así que debes escoger a los más responsables; serán juzgados y condenados quienes realmente están arriba y son responsables” de crímenes. Las partes ya consensuaron tres de los seis puntos de la agenda de conversaciones en Cuba, entre ellos las pautas para que los guerrilleros se incorporen a la política una vez que abandonen las armas. Santos defendió como pilar de las negociaciones ese objetivo, que excluye de la reincorporación a los acusados por crímenes de lesa humanidad, y que requeriría una enmienda a la Constitución. La Corte Constitucional de Colombia dio luz verde a ese camino. “El proceso de Paz es precisamente para lograr eso. En vez de que (los insurgentes) intenten llegar al poder a través de la violencia, deberían incorporarse al sistema democrático. Les permitiré convertirse en un partido político. Ellos están ya convencidos de que a través de la violencia nunca lograrán sus objetivos”. El gobierno colocó “a las víctimas en el centro de la solución del conflicto”, pero “ņdónde dibujamos la línea entre la paz y la justicia?. Queremos tanta justicia como sea posible que nos permita alcanzar la Paz” [17].

5-9-2014, El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que: “Nunca he dicho que las FARC le van a entregar las armas al ejército colombiano. Lo que he dicho es que van a dejar las armas. Tienen que dejarlas, no es posible que haya un Acuerdo sin que ellos se desarmen”. Recalcó en que el proceso de Paz tampoco puede pasar por un cese el fuego pues “en este momento sigue siendo válido que el mal menor es mantener la ofensiva militar, mantener la guerra, porque es una guerra en medio de las conversaciones, puede que cambien las circunstancias, pero hasta ahora no han cambiado”. Reiteró que “el narcotráfico ha sido el combustible, la fuente de la violencia que hemos sufrido en este país en los últimos 30 o 40 aĖos”. Destacó que en el proceso no se está improvisando ni se está negociando nada que afecte el interés de los colombianos, ni de los empresarios “todo lo contrario. Cuando en la campaĖa yo le dije al país que con Paz haremos más, no estaba exagerando”. No habrá impunidad al final de las negociaciones, “aquí no puede haber amnistías, no puede haber indultos. Tiene que haber justicia. Por eso los que hablan de impunidad, están hablando de algo que no es posible. Lo prohíbe nuestra propia Constitución, lo prohíbe la Constitución Internacional, el Tratado de Roma, el mundo entero está pendiente, porque como somos el primer país en negociar eso bajo el Tratado de Roma, estamos sentando precedente” [18].

25-9-2014, La reforma constitucional de Equilibrio de Poderes presentada por el Gobierno Nacional, superó su primera prueba de fuego, luego de más de tres días de debate, la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto para que continúe su trámite en la plenaria de la corporación. Los parlamentarios aprobaron el Tribunal de Aforados una institución encargada de investigar y juzgar a las personas que producto de su cargo tienen un fuero especial ante la justicia como lo son los magistrados de las altas cortes, el Procurador, el Contralor y el Fiscal. El Congreso también aprobó el voto obligatorio por tres periodos electorales, es decir que los colombianos estarían obligados a sufragar en caso de refrendar un eventual Acuerdo de Paz con las FARC. En la discusión también se aprobó el fin de la reelección del Procurador y la posibilidad de que los Congresistas no deban renunciar un aĖo antes para participar en las elecciones de Gobernador o Alcalde. Según la disposición solo tendrán que dejar la curul un día antes del cierre de las inscripciones. La Comisión Primera logró eliminar la reelección del Presidente de la República y aumentó las sanciones para los partidos que avalen candidatos que tengan problemas con la justicia o vínculos con grupos ilegales. También fue aprobada la lista cerrada para las elecciones que obliga a que los partidos presenten obligatoriamente un hombre y una mujer de manera sucesiva [19].

28-11-2014, El Presidente Juan Manuel Santos, afirmó que es imposible que el proceso de Paz con las FARC esté basado en el perdón y el olvido porque no sería aceptable. “Una Paz con impunidad no es posible, no se puede”. El proceso se basa en la Justicia Transicional, un mecanismo que permite procesar a responsables de delitos durante el conflicto armado. “Es imposible hacer hoy lo que se hacía antes: perdón y olvido” porque el país es parte de la comunidad internacional que ha evolucionado y desarrollado el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. Durante el proceso de Paz se ha situado a las víctimas del conflicto “en el centro de la solución” porque si Colombia quiere tener una Paz duradera y sostenible es necesario “satisfacer el mínimo de derechos de esas víctimas”. Es necesario “abonar el terreno para una Paz sostenible” y por ello están yendo algunas de estas víctimas a La Habana, para que cuenten su experiencia a los negociadores del Gobierno y la guerrilla. “Las llevamos para que las partes escucharan a las víctimas en sus anhelos, en sus frustraciones, en sus temores, en como las víctimas consideraban que sus derechos tenían que ser satisfechos”. Se mantendrán las acciones contra la guerrilla porque el camino más efectivo es “el del garrote y la zanahoria”, de otro modo se puede alargar el conflicto. En La Habana no se está negociando nada “por debajo de la mesa. En Colombia hay campo para todos, tenemos tierra suficiente, no vamos a expropiar a nadie”. “Para que todos estemos absolutamente tranquilos, cualquier beneficio jurídico que se dé a las FARC tendrá que ser un beneficio correspondiente a los miembros de nuestras fuerzas armadas” [20].

18-12-2014, El Gobierno no cesará su actividad militar pese al anuncio de cese al fuego unilateral e indefinido por las FARC. “En todo caso el Gobierno continuará cumpliendo con su indeclinable deber constitucional de garantizar y proteger los derechos de los colombianos”. El Ejecutivo colombiano rechazó la propuesta de las FARC de que organismos internacionales verifiquen su dejación de las armas, sino que deben hacerlo las autoridades. “La exigencia de verificación para el cese unilateral es una condición que el Gobierno no acepta (...) El Gobierno evaluará el cumplimiento de esta decisión por parte de las FARC”. i. Este es un buen inicio para un proceso de desescalamiento de las hostilidades en el territorio nacional que desemboque, si llegamos a un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, en un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo con su debida verificación, en concordancia con la agenda del Acuerdo General de 2012. A este paso inicial se le deben sumar, a la mayor brevedad posible, las medidas de desescalamiento que se han venido discutiendo en La Habana. ii. El Gobierno evaluará el cumplimiento de esta decisión por parte de las FARC. El país no puede ni quiere repetir experiencias del pasado, en las que anuncios de cese al fuego sólo fueron cumplidos parcialmente. Toda actividad armada y toda amenaza contra la población civil debe cesar. iii. La exigencia de verificación para el cese unilateral es una condición que el Gobierno no acepta. Estamos dispuestos a iniciar la discusión sobre el tema de verificación para el eventual cese bilateral y definitivo cuando se dé inicio formalmente a la discusión del Punto 3 de “Fin del conflicto”. iv. En todo caso el Gobierno continuará cumpliendo con su indeclinable deber constitucional de garantizar y proteger los derechos de los colombianos [21].

22-12-2014, El Presidente Juan Manuel Santos afirmó que Colombia cuenta en este momento con el mejor ejército de su historia, lo que forzó a las FARC a iniciar un proceso de Paz al entender que las fuerzas armadas “son invencibles”. Estas Navidades son muy especiales porque el tradicional deseo de “Paz y prosperidad” adquiere “un significado muy especial” ya que en el 2015 podría ponerse fin al conflicto armado que azota Colombia desde hace más de 50 aĖos. Llegar a ese punto ha sido posible gracias a los soldados y policías, ya que su presión ha sido la que ha llevado a la mesa de negociaciones a las FARC. Destacó que el trabajo desempeĖado por las fuerzas armadas ha permitido al país desarrollar una serie de políticas que han reducido la pobreza, impulsado la construcción de infraestructuras o mejorado la calidad educativa. “(La) paz es la victoria de ustedes (los soldados), una paz que va a ser sostenible porque ustedes van a seguir cumpliendo un papel fundamental, porque el coraje y la determinación han sido los responsables de que estemos hablando de paz”. Concluyó transmitiéndoles su agradecimiento en nombre de los 47 millones de colombianos [22].

14-4-2014, Las bandas de La Oficina de Envigado y Los UrabeĖos quieren acordar una negoción de paz con el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, luego de haber acordado una tregua entre ellas. Este anuncio se origina luego de que el Presidente Santos los declarara objetivos especiales de la Policía. Buscando beneficios judiciales, estas bandas estarían dispuestas a dejar las armas y delatar a sus cómplices. Los Jefes de la Oficina de Envigado aseguraron que firmaron un pacto con sus enemigos Los UrabeĖos para acabar la guerra entre ellos que ha durado cinco aĖos y que ha dejado centenares de muertos. Anunciaron además que la ‘nueva organización’ que conformaron con Los UrabeĖos, está lista para sentarse a dialogar. Quieren desmovilizarse y tener beneficios similares a los que tuvieron los grupos paramilitares y los que se presume tendrán las FARC si se firma el acuerdo de paz [23].

14-1-2014, El Comandante Pablo Catatumbo presentó el nuevo programa de substitución de cultivos, como una contribución para avanzar en la solución de la problemática económica y social del campesinado que se ha visto obligado a cultivar la hoja de coca, la amapola o la marihuana, a fin de avanzar en la generación de condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman. En su espíritu y contenidos esenciales se fundamenta en la propuesta de plan piloto para Cartagena del Chairá, presentada por el Comandante Manuel Marulanda Vélez en San Vicente del Cagüán, el 16-6-2000. Esta propuesta ha sido actualizada y rediseĖada teniendo en cuenta los rasgos asumidos por esta problemática durante los últimos lustros, las tendencias del debate político y académico, y las nuevas definiciones que se vienen abriendo paso a nivel internacional en el diseĖo de políticas en este campo, como los avances concretados en los acuerdos parciales referidos a los puntos 1 y 2 del Acuerdo general de La Habana. 1.Propósito general del Programa. Generar condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, que en la actualidad derivan su subsistencia precaria de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, en un contexto de transformaciones estructurales de la sociedad rural, propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, que reclaman el país y los desposeídos del campo. 2. Objetivos del Programa. El Programa busca los siguientes objetivos: 2.1. Contribuir a las transformaciones estructurales de la sociedad rural, propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, que reclaman el país y los desposeídos del campo. 2.2. Superar las condiciones de pobreza y miseria de comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, que se han visto forzadas, por su situación socioeconómica, a la producción de hoja de coca, amapola y marihuana. En igual sentido, de todos los trabajadores vinculados al proceso de producción: recolectores, amedieros y demás obreros. 2.3. Fortalecer las comunidades campesinas con base en el reconocimiento de su capacidad de gobierno y de gestión autónomas sobre el territorio. 2.4. Promover la sustitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo, diseĖados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas. 2.5. A través de la intervención directa del Estado, regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales, a definir en cada caso, así como de sus posibilidades artesanales e industriales. 2.6. Contribuir a la soberanía y la seguridad alimentarias de la Nación. 3. Condiciones para la realización del Programa. Para la implementación del Programa se requieren garantizar condiciones básicas políticas, económicas, sociales, de política criminal y de tratamiento de orden público: 3.1. Definición del Programa Nacional como capítulo especial del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa. El “Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana” será definido como capítulo especial del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa. En ese sentido, el Programa deberá ser contentivo del derecho a la tierra y el territorio, que se debe garantizar a los campesinos y a las comunidades campesinas, así como de todas las políticas e instrumentos requeridos para hacerlo efectivo en términos reales y materiales, de acuerdo con las propuestas formuladas al respecto por las FARC-EP, y en consonancia con los acuerdos parciales pactados con el Gobierno nacional en la Mesa de conversaciones. Particular importancia reviste el reconocimiento efectivo de las Zonas de Reserva Campesina. El Programa deberá incorporarse además en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno. 3.2. Definición concertada de los territorios objeto del Programa. Con base en los instrumentos técnicos propios de la referenciación geográfica y de la cartografía social, se procederá – con la participación directa de las FARC-EP y de las comunidades involucradas – a la definición de los territorios y áreas específicas del Programa. Según el caso y de acuerdo con las definiciones más precisas del Programa, se podrán establecer territorios o zonas geográficas a priorizar. 3.3. No afectación de territorios y zonas objeto del Programa con explotaciones mineras o de hidrocarburos. Teniendo en cuenta que los territorios y zonas objeto del Programase inscriben dentro de un concepto de desarrollo alternativo para la soberanía y la seguridad alimentarias de la Nación, éstos serán excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos. 3.4. Conformación de Consejos para el diseĖo y la implementación del Programa en diferentes niveles. En consideración al carácter político, económico, social, ambiental y cultural del problema a enfrentar, se requiere la más amplia participación de las comunidades directamente involucradas. En ese sentido, se conformarán Consejos participativos de dirección y coordinación del Programa así: a)Asambleas y Consejos comunitarios del Programa. La base el Programa se encuentra en las Asambleas y los Consejos comunitarios. Las Asambleas comunitarias estarán conformadas por los integrantes de las comunidades campesinas de productores de hoja de coca, amapola y marihuana, según el caso. Su función principal consiste en la definición de los lineamientos principales del Programa en la respectiva jurisdicción, así como en la designación de los representantes de las Juntas comunales en el Consejo Comunitario. El Consejo Comunitario, con base en las definiciones de la Asamblea comunitaria, tendrá la función de definir el Programa local, las políticas, los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como el seguimiento a su ejecución y cumplimiento. De las Asambleas y Consejos Comunitarios saldrá el Programa a ser concertado con el Gobierno en los Consejos Locales. b) Consejos locales del Programa. Se conformarán Consejos Locales del Programa, integrados por representantes del Gobierno en el nivel municipal, de las FARC-EP y de los Consejos Comunitarios. Los Consejos locales representan instancias de concertación, diseĖo y definición del Programa en el nivel local, así como de las de las políticas, de los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como en el seguimiento a su ejecución y cumplimiento. c) Consejos Territoriales del Programa. Se conformarán los Consejos Territoriales del Programa, integrados por representantes del Gobierno en el nivel departamental, delegados de los gobiernos municipales, de las FARC-EP, y de los Consejos Comunitarios de los respectivos territorios. Sus principales funciones consisten en el diseĖo concertado del Programa en el nivel territorial, en la definición de las políticas, de los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como en el seguimiento a su ejecución y cumplimiento, atendiendo lo establecido de los Programas locales. d) Consejo Nacional del Programa. Se conformará el Consejo Nacional del Programa, integrado por representantes del Gobierno nacional, delegados de los gobiernos departamentales, de las FARC-EP, y de las comunidades campesinas organizadas. Sus principales funciones consisten en el diseĖo concertado del Programa Nacional, en la definición de las políticas, de los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como en el seguimiento a su ejecución y cumplimiento, atendiendo lo establecido de los Programas territoriales. 3.5. Desmilitarización de los territorios y zonas objeto del Programa. La puesta en marcha del Programa supone la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina que habita los territorios y las zonas objeto del Programa. Por ello, se hace necesario el inicio inmediato de la desmilitarización de dichos territorios, y su consecuente exclusión como zonas de guerra y de los “Planes de consolidación”. Los territorios objeto del Programa serán definidos como “Territorios de construcción de paz con justicia social”. La presencia del Estado deberá concentrarse en la provisión de bienes comunes, de dotaciones infraestructurales físicas, sociales y de recuperación ambiental, así como en el impulso y el apoyo a economías campesinas y populares sostenibles. 3.6. Suspensión de las aspersiones aéreas con agentes químicos y de la erradicación forzada de cultivos. El carácter voluntario y concertado del Programa impone generar confianza en los campesinos productores; conlleva en consecuencia, como contraprestación del Gobierno nacional, la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos como el glifosato sobre los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana en los territorios y zonas del Programa. De igual forma, la suspensión de la erradicación forzada de dichos cultivos. 3.7. Revisión de la política criminal del Estado. El Programa presume la revisión inmediata de la actual política criminal del Estado, centrada en la persecución, la estigmatización y la criminalización de los campesinos productores. En ese sentido, se deben proveer los diseĖos normativos a que hubiere lugar con miras a garantizar un tratamiento de las problemática de los cultivos acorde con su naturaleza económica, social y cultural. 3.8. Medidas extraordinarias de carácter económico y social. En atención a que el Programa será de implementación gradual, se deben convenir con las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las  conforman, en las instancias correspondientes, medidas extraordinarias de carácter económico y social, tendientes a garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo. Para tal efecto, se otorgará a cada familia una renta básica mensual hasta el momento en que se garantice la sostenibilidad económica y social de los planes y proyectos que conforman el Programa. La renta básica también cubrirá atodos los trabajadores de los cultivos, recolectores, amedieros y demás obreros, que conforman una masa laboral móvil vinculada al proceso de producción. En igual sentido, la comunidad campesina, de la que hace parte el núcleo familiar, recibirá una renta especial para la financiación y el sostenimiento de la actividad comunitaria, especialmente en lo referido a sus aspectos organizativos y socioculturales. 4. Contenidos básicos del Programa. El Programa debe partir de una consideración básica: El problema a enfrentar no resulta de los cultivos campesinos de hoja de coca, amapola y marihuana, sino de los usos ilícitos que se le dan a éstos. En ese sentido, más que combatir la producción, de lo que se trata es de regularla o de sustituirla, según el caso. El Programa se distancia en su concepción de políticas prohibicionistas o de interdicción, y pretende más bien buscarle una salida a la problemática económica y social que ha llevado a sectores del campesinado a convertirse en los eslabones más débiles de una empresa capitalista transnacional de carácter criminal. Un fundamento indiscutible de esa salida se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad política de las comunidades campesinas de transitar caminos alternativos, a fin de generar condiciones para garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo, su buen vivir. Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa debe considerar dos componentes: a) Un componente de sustitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo, diseĖados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas. b) Un componente adicional de sustitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, a través de la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado, considerando las cualidades alimenticias, nutricionales, medicinales, terapéuticas y culturales, según el caso, así como su potencial económico. Por ello, las estipulaciones iniciales del Programa se refieren a la definición de los territorios y zonas que serán objeto de sustitución voluntaria y concertada de cultivos por planes de desarrollo alternativo, por una parte. Y los territorios y zonas en los que se mantendrá, por voluntad de los productores, una producción regulada por el Estado sea a través de procesamientos lícitos artesanales o industriales o de un sistema de compras estatales, orientados al abastecimiento del mercado interno o a la atención de la demanda internacional, por la otra. En cada caso, deberá realizarse un diagnóstico del respectivo territorio o zona, de acuerdo con parámetros técnicos, con el fin de establecer la situación política, organizativa, social, cultural, ambiental, así como de dotación de infraestructura física, social e institucional. La formulación del diagnóstico se fundamenta en la participación directa y activa de las comunidades involucradas, en cooperación con técnicos y expertos en diversas disciplinas de las ciencias sociales, técnicas y naturales, que serán provistos por el Programa a petición de las comunidades. La formulación del diagnóstico deberá conducir a la identificación de las diferentes necesidades de las comunidades, así como de las dotaciones de infraestructura requeridas para atenderlas. 4.1. Sustitución de usos ilícitos a través de “Planes de desarrollo alternativo”. En el caso de los territorios y zonas en los que se defina la sustitución de cultivos, el diagnóstico deberá llevar a la formulación de los lineamientos generales de los “Planes de desarrollo alternativo”, de sus propósitos y objetivos, así como al establecimiento de metas y prioridades. Los “Planes alternativos de desarrollo” estarán conformados por programas y proyectos específicos de inversión, elaborados por las propias comunidades, en cooperación con los técnicos y expertos. Los programas y proyectos serán cuantificados en su totalidad a fin de establecer el valor total del Plan y los recursos requeridos para su ejecución. Los “Planes de desarrollo alternativo” tendrán un horizonte de cinco aĖos y serán desagregados en presupuestos plurianuales de inversión, que permitirán hacer seguimiento a las metas y compromisos pactados con el Estado. En todo caso, se sustentan en el principio de la gradualidad de la sustitución de los cultivos, la cual será definida de manera expresa, con metas anuales verificables. Los “Planes de desarrollo alternativo” deberán contribuir a garantizar las condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental de los respectivos territorios y zonas. Por ello, la definición de las actividades productivas y de generación de servicios que sustituirán la producción de hoja de coca, amapola y marihuana ocupan un lugar central. En ese aspecto, los planes deberán promover la producción de alimentos, incluidos procesamientos artesanales o industriales, según el caso, para cubrir en primera instancia la demanda de las propias comunidades, pero también nichos del mercado interno, o incluso para abastecimientos del mercado internacional, especialmente de los países vecinos. De igual forma, deben contemplar formas de articulación o encadenamientos hacia redes interterritoriales de economía popular. El Estado garantizará precios de sustentación para los excedentes producidos, con independencia de las fluctuaciones de los precios de mercado, y desarrollará un sistema de compras estatales de dichos excedentes. Los Planes deberán promover la realización de otras actividades económicas distintas a las agrícolas y pecuarias, de procesamiento industrial o en el campo de los servicios, de acuerdo con las potencialidades de los territorios y zonas. Las diferentes actividades económicas de los “Planes de desarrollo alternativo” deberán garantizar ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman. Mientras se alcanza la sostenibilidad económica, habrá una renta básica y un fondo comunitario de compensación. En el caso de los trabajadores de cultivos, recolectores, amedieros y demás obreros, se contemplará adicionalmente un programa de acceso a la propiedad sobre la tierra, en los términos contemplados en los acuerdos parciales. En todo caso, los “Planes de desarrollo alternativo” no se medirán con el parámetro del costo-beneficio en el sentido capitalista, sino considerando su aporte para enfrentar la problemática derivada de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana. Los “Planes de desarrollo alternativo” contendrán programas y proyectos para la dotación de infraestructura física, especialmente de comunicación y transporte; de infraestructura social, especialmente de vivienda, salud, educación, cultura y recreación. De igual manera, programas y proyectos para garantizar las sostenibilidad socioambiental, incluyendo lo necesario para la recuperación ambiental de los territorios y zonas cuando ello fuere necesario. Especial atención merecerá la protección de bienes comunes como el agua, la biodiversidad y las semillas nativas. Todos los programas y proyectos que conforman los “Planes de desarrollo alternativo” serán ejecutados por las propias comunidades y contarán la debida asistencia técnica y tecnológica. En ese aspecto, representarán una forma de generación de empleo e ingreso, que incluye a los trabajadores de los cultivos, recolectores, amedieros y demás obreros. Los “Planes de desarrollo alternativo” se financiarán con los recursos provistos por los Fondos locales, en consonancia con las asignaciones establecidas en forma concertada. Dichos recursos serán ejecutados de manera directa por las propias comunidades. La contratación de los dineros públicos se hará con las asociaciones u organizaciones de las comunidades campesinas. 4.2. Sustitución de usos ilícitos a través de regulaciones estatales de la producción y el mercado. En el caso de los territorios y zonas en los que se defina la sustitución voluntaria los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, a través de la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado, el fundamento económico de los “Planes de desarrollo alternativo” se encuentra en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, nutricionales, medicinales, terapéuticas y culturales, según el caso, de estos cultivos, tal y como se encuentra comprobado por investigaciones académicas y científicas, y por prácticas existentes en el territorio nacional y a nivel internacional. En este sentido, se trata de materializar las potencialidades económicas de procesamientos artesanales e industriales de estos cultivos. Los “Planes de desarrollo alternativo” deberán definir de manera precisa las áreas de producción, las cuales serán reguladas de manera directa por el Estado y por las propias comunidades involucradas en el Programa. De igual forma se procederá con los procesamientos artesanales o industriales destinados al mercado interno o a los mercados internacionales. En todo caso, la definición de las cantidades a producir se establecerá en función de estudios de demanda potencial tanto del mercado interno como del mercado internacional. Ello conlleva la conformación de un mercado legal de hoja de coca, amapola y marihuana, controlado por el Estado a través de un sistema de precios de sustentación y de compras estatales. 4.3. Consideraciones especiales en Parques Nacionales Naturales. En atención a la importancia estratégica del Sistema de Parques Nacionales Naturales, del patrimonio ambiental y ecológico de la Nación, de su condición de bienes comunes del pueblo colombiano, el Programa contemplará condiciones especiales encaminadas a garantizar su protección y conservación. Ello implica la prohibición expresa de actividades de exploración y extracción minero-energética, el emprendimiento de acciones de recuperación o restauración socioambiental de las zonas afectadas, la consideración de procesos de sustracción, donde se demuestren cambios irreversibles en el uso del suelo como resultado de actividades productivas campesinas, incluidos los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana. La protección y conservación de Parques Naturales no implica la relocalización o reubicación de comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, sino diseĖos que hagan compatibles su habitación, en condiciones de existencia digna y de buen vivir, con los propósitos de protección y conservación. Para ello, se deberán proveer recursos adicionales complementarios. Sólo de manera excepcional y previa consulta y acuerdo con las comunidades se podrán contemplar procesos de reubicación, en condiciones a pactar con ellas, atendiendo el principio de favorabilidad. 5. Mecanismos e instrumentos de financiación del Programa. La financiación del Programa correrá en su totalidad por cuenta del Estado. Para tal efecto se conformará un Fondo Nacional. Las fuentes de financiación del Fondo serán las siguientes: a) Asignaciones establecidas en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo. b) Asignaciones específicas del presupuesto general de la Nación. c) Recursos provenientes del Sistema General de Regalías. d) Recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa. e) Recursos provenientes de la suspensión inmediata de los programas de aspersión aérea con agentes químicos, especialmente con glifosato, y de la erradicación forzada. f) Aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas transnacionales y de organismos no gubernamentales. g) Recursos provenientes de las incautaciones hechas a los narcotraficantes en Colombia y en el exterior. Los bienes incautados que estén en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes pasan a ser parte del Fondo. h) Sin perjuicio de los aportes del presupuesto general de la Nación, en el nivel territorial y local, el Programa contará con fondos provenientes de los presupuestos departamentales y municipales, de los departamentos y municipios comprometidos en su implementación. Los aportes de las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman serán con trabajo a ser remunerado por el Estado. Los recursos del Fondo Nacional serán administrados y distribuidos por el Consejo Nacional del Programa, atendiendo los propósitos y objetivos generales del Programa y los requerimientos de los Consejos Territoriales. Se establecerán Fondos Territoriales, conformados por las asignaciones específicas provenientes del Fondo Nacional, administradas por el respectivo Consejo Territorial, y por los aportes correspondientes de los presupuestos departamentales. Los recursos del Fondo Territorial serán distribuidos atendiendo los requerimientos de los Consejos Locales. Se establecerán Fondos Locales, conformados por las asignaciones específicas del Fondo Territorial, administradas por el respectivo Consejo Local, y por los aportes correspondientes de los presupuestos municipales. Los recursos del Fondo Local serán distribuidos atendiendo los requerimientos de las Asambleas y los Consejos Comunitarios. Sobre éstos recae la administración directa y autónoma de los recursos en función de los planes y proyectos definidos por las propias comunidades. Para efectos legales, las relaciones contractuales a que hubiere lugar se realizarán con las asociaciones campesinas que representen a las comunidades y los núcleos familiares que las conforman. 6. Seguimiento y control. Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y control del Programa, que le corresponden a las Asambleas y Consejos comunitarios, a los Consejos Locales, a los Consejos Territoriales y al Consejo Nacional del Programa, se conformará de manera concertada una “Veeduría internacional de seguimiento y control del Programa” en todos sus niveles. La veeduría estará conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Unasur, y de la comunidad académica. La Veeduría presentará informes semestrales de cumplimiento de metas y compromisos del Programa y podrá hacer recomendaciones para su mejor cumplimiento. Delegación de Paz de las FARC-EP [24].

22-1-2014, Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana: documento sobre el tema del Narcotráfico y la Paz. “Solución al problema de las drogas ilícitas” y la necesidad de concertar una política soberana. Tratando de entregar desde el principio una visión global del problema, hemos presentado un conjunto de propuestas mínimas que poco a poco vamos derivando en iniciativas concretas, todas publicadas, una de las cuales lleva por título Programa Nacional de Sustitución de los Usos Ilícitos de los Cultivos, y que se apega específicamente a presentar soluciones al primer sub-punto sobre “Programas de sustitución de cultivos ilícitos”, que tocan con el conjunto de los demás sub-puntos; a saber: Programas de prevención del consumo y salud pública y Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, en el entendido que este es un fenómeno de impacto internacional que no se puede analizar , de manera provincial o localista sin observar en la interrelación de sus elementos y su vínculo con los intereses del capitalismo a nivel mundial. Necesidad de definir una política soberana. Lo primero que habría que hacer para hablar de solución del problema de las “drogas ilícitas”, es la definición de una política adecuada que supere los cuestionamientos de la que está vigente y depende de manera sumisa de las directrices erráticas de Washington. Definida esta política, entonces se podrán diseĖar los planes y programas que se requerirían para su ejecución, desligados totalmente de la vieja política cuestionada. Tenemos una enorme dificultad en la insistencia del gobierno en proseguir dentro de la senda equivocada, según se observa en las teorizaciones y prácticas que durante varios lustros ha sostenido, ligadas a políticas de “consolidación” y a sus justificaciones que, al reconocerse como parte de la estrategia antidrogas norteamericana, develan la realidad y perspectiva de su fracaso. Si queremos cambiar los balances negativos cargados de muerte y violencia que se desprenden de las políticas cuestionadas a nivel mundial, desde la titulación de lo que construyamos conjuntamente, deberemos indicar que la solución del problema debe ser soberana, integral, concertada y pacífica; lo cual implica que se rechaza el intervencionismo que atenta contra la libre determinación de los pueblos y se rechaza la militarización y el acento punitivo y represivo que hasta el momento se le ha dado a las iniciativas gubernamentales. Este enfoque, entraĖaría una concepción en la que los planes y programas no puedan convertirse en mampara de una política contrainsurgente, que distorsione el propósito eminentemente social que debe inspirarla. En materia de cultivos de uso ilícito, narcotráfico y los problemas de salud pública que genera el consumo, el mal no son las plantas de las que se extraen las sustancias, o son los productos mismos, o el elemento droga de por si solos, sino las políticas que se desarrollan para manejar este fenómeno que comporta efectos de impacto mundial. Lo general es que tales políticas y su manejo se elaboran y se imponen, sustancialmente, desde Estados Unidos, y aunque existen otros factores que pueden influir en su diseĖo, impera una visión norteamericana determinante. Si estas políticas imperantes y determinantes, que son diseĖadas e impuestas por Estados Unidos, no son exitosas, tal como está demostrado por la comunidad científica y académica, porque no resuelven ni el grave problema del consumo y sus secuelas, ni la criminalidad que se deriva del narcotráfico, del cual se lucra sobre todo el sector financiero, el cuestionamiento y responsabilidad principales en la permanencia del fenómeno, radica no en Colombia sino en Estados Unidos. En el documento titulado Estrategia Nacional de Control de Drogas, elaborado por uno de los departamentos ejecutivos de la Presidencia de Estados Unidos en 2013, salta un sofisma que oculta la verdad sobre los fracasos, hablando de una supuesta “Consolidación de las victorias logradas en Colombia”. En el texto se expresa que “La ayuda a Colombia está descendiendo desde los aĖos pico del Plan Colombia”; no obstante, en 2012 el gobierno norteamericano continúa la fumigación aérea que, según ellos, es esencial para bloquear la producción en las zonas más remotas del país. Y explican que la presión constante contra la producción de cultivos ilegales de coca, ha presentado un agudo descenso en el total de cocaína producida en Colombia en la última década, coincidiendo con un descenso en la tasa de cocaína en uso en Estados Unidos. Luego agregan, como si se tratara de una proeza, que Colombia está exportando su experiencia exitosa a países amigos: en 2012, 1985 extranjeros fueron entrenados por la Policía Nacional de Colombia, de los cuales 1476 eran oficiales de policía de otros países. El Plan Nacional de Consolidación apoyado por Estados Unidos, está logrando llegar a partes del país sin presencia del Estado. La revitalización de Colombia se refleja en crecimiento económico, inversión extranjera directa y en la reemergencia como centro de arte y cultura. La intervención de Estados Unidos en este campo es plena, reconocida y de “exportación”, con la circunstancia de que navega entre falsedades que han sido seĖaladas con precisión por los expertos. A propósito, el investigador Ricardo Vargas seĖala en el Informe sobre políticas de drogas No. 4 (septiembre de 2013), del Transnational Institute que: “Una de las mayores dificultades para la previsión de escenarios es la mala calidad de los diagnósticos sobre el estado actual de la economía ilegal de las drogas en Colombia. Cálculos como los que establece el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre producción de cocaína en 195 toneladas anuales con promedios de rendimientos de 2,35 kilos por cada hectárea de hoja de coca, ratifican la impresionante debilidad de las metodologías usadas. La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), calcula promedios de 6,4 kilos de rendimiento por hectárea para 2012, lo que dice bastante sobre el caos de los referentes empíricos para confirmar los resultados”. Sobre esto, el profesor Vargas explica que “La excesiva ideologización de Washington, cuyo interés está más en mostrar a Colombia como un caso exitoso para promover acuerdos bilaterales que repliquen su estrategia hemisférica de seguridad, termina por afectar seriamente el estado de la cuestión en materia de drogas”. El analista Juan Carlos Hidalgo en El Fracaso de la Guerra Contra las Drogas (2010), explica que a la hora de evaluar la guerra contra las drogas, cuando se interroga sobre si las vidas perdidas, el dinero, la violencia, la erosión enorme de las libertades civiles han dado frutos, la respuesta es negativa y, entonces se grafica el diagnóstico citando el Informe “Evaluación Nacional sobre la Amenaza de la Droga”, elaborado por el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice que “en general ha aumentado la disponibilidad de drogas ilícitas”. Este analista agrega que “los números no mienten. En el 2007 -último aĖo para el cual hay datos disponibles-, el precio al detalle de un kilogramo de cocaína en las calles era el más bajo jamás registrado; era un 22% inferior al registrado en 1999, aĖo en que se lanzó el Plan Colombia con el objetivo de detener la producción de cocaína en el país sudamericano”. Juan Carlos Hidalgo precisa en que si bien el terreno sembrado con coca en Colombia ha disminuido en un 60 % en la última década, los avances tecnológicos en la producción de cocaína han facilitado un aumento de la productividad. El rendimiento por hectárea sembrada ha aumentado en casi dos tercios desde el 2000, como reportara recientemente The Economist. Así pues, hay menos área sembrada con coca, pero la cantidad de cocaína producida sigue siendo la misma. Ricardo Vargas también, al hablar de la previsión de escenarios en materia de drogas, nos recuerda que Colombia no siempre ha sido un productor importante de hoja de coca: “Hacia finales de los aĖos setenta, durante los ochenta y los primeros aĖos de la década de los noventa, Colombia importaba y procesaba pasta básica de cocaína (PBC) del Perú y Bolivia, para luego exportar el producto final hacia EUA y Europa”. Esta precisión la hace para indicarnos que “establecer cálculos dogmáticos del potencial productivo de la cocaína para un país, en este caso Colombia, a partir solo de su producción local de hoja de coca es errático. Hoy el denominado éxito colombiano sigue esta apreciación sin auscultar la posibilidad de un retorno a las importaciones de PBC. De hecho el auge de las siembras de hoja de coca en la baja amazonia peruana e incluso en Loreto, están relacionadas con mercados de PBC que involucran la frontera colombiana. Esto para dar un solo ejemplo”. La Comisión Global de Políticas de drogas de junio de 2011, en su informe ejecutivo, entre los principios y recomendaciones que fija, dice: Primer Principio: “Las políticas de drogas deben basarse en sólida evidencia empírica y científica. La principal medida de éxito debería ser la reducción de daĖos a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y de la sociedad”. Segundo Principio: “Las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud pública. Deberíamos terminar con la estigmatización y la marginalización de las personas que usan ciertas drogas y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de drogas como pacientes, no como delincuentes”. La Política Antidrogas del Estado colombiano yerra en la medida en que su perfil prohibicionista, punitivo y militarista, que deriva de la Política Antidrogas estadounidense, marcha sobre una línea que centra sus preocupaciones en el desenvolvimiento de la guerra contrainsurgente, más que en resolver el asunto como problema social. Cuando la mencionada Comisión Global llamó a actuar con urgencia para resolver la derrota, sentenció enfáticamente que “puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya”, no insistir en ellas, como parece ser que es la tendencia de cada gobierno de turno en nuestro país, como si no se comprendiera que las evidencias que se muestran por todas partes en cuanto a que las actuales políticas y estrategias no están siendo exitosas en ningún plano, comenzando por la subyacente lucha contrainsurgente, en la medida en que mientras no se resuelvan las causas también de orden social y político que iniciaron y mantienen la confrontación, ésta no cesará, y por el contrario aumentará el desangre patrio propio de la guerra, y en el plano del problema que tratamos continuarán los encarcelamientos innecesarios, el aumento de la dependencia a las drogas, el detrimento de la asistencia social y de los servicios de salud, o el maltrato de la soberanía nacional, entre otros muchos males. La síntesis que el profesor Sergio de Zubiría hace en un escrito titulado La Política sobre Drogas: Laberinto y Desafíos, nos recuerda que desde la iniciativa de abril de 2008 de los ex-Presidentes latinoamericanos Zedillo (México), Cardozo (Brasil) y Gaviria (Colombia), se habla sobre la urgencia de un replanteamiento de esa política. El Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas 2011, cuya representatividad contaba además de estos ex-Presidentes, con personalidades como Kofi Annan (ex-Secretario General de la ONU), Louise Arbour (ex-Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), George Shultz (ex-Secretario de Estado de EUA), Carlos Fuentes (escritor e intelectual) y George Papandreou (Primer Ministro de Grecia), entre otros, concluye en un llamado de atención a la humanidad: la denominada “guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta aĖos después de la Convención Unica de Estupefacientes, y cuarenta aĖos después que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales”. El profesor Sergio de Zubiría, recogiendo argumentos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, esboza algunos indicadores del fracaso de la “guerra contra las drogas”: A pesar de las medidas represivas, la producción sigue en aumento, al igual que el consumo. Otra evidencia del fracaso es la capacidad de regeneración inmediata de las fuentes de producción y traficantes. Considerar a los consumidores como criminales impide que se generen políticas públicas claras en pro de la salud de los ciudadanos. Los esfuerzos han estado tan encaminados a la represión y la persecución que no se han invertido en iniciativas de prevención y educación, que serían sin duda más efectivas en la reducción de la demanda. Para salir del laberinto se debe apuntar a la construcción de otros caminos y no a la insistencia en la vía que ha refrendado su fracaso una y otra vez. Y dentro de ese camino retoma los principios y recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas, conceptuando que son contundentes y pueden iluminar las alternativas: a) Terminar con la criminalización, marginalización y estigmatización de las personas que usan drogas pero no hacen ningún daĖo a otros; desafiando los conceptos erróneos acerca de los mercados de las drogas, el uso y la dependencia de drogas. b) Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos; esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también debemos intentar otros ensayos de descriminalización y regulación legal. c) Ofrecer servicios de salud y tratamiento a quienes lo necesiten, asegurando una variedad de tratamientos acordes con la especificidad del caso. d) Respetar los derechos humanos de las personas que usan drogas y abolir prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento y que violan los derechos fundamentales. e) Ofrecer la atención a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos y pequeĖos vendedores; muchos de ellos han sido víctimas de la violencia o la intimidación, o son dependientes de drogas. f) Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo para socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación. g) Invertir en actividades que puedan prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas y a la vez prevenir que los que las usan desarrollen problemas más serios, evitando mensajes simplistas al estilo “sólo di que no” o “tolerancia cero”. En lugar de ello, priorizar esfuerzos educativos asentados en información creíble y programas preventivos. h) Iniciar pronto con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas, reemplazando las políticas y estrategias orientadas por la ideología y la conveniencia política hacia políticas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud y los derechos humanos. Asegurar que las convenciones internacionales sean revisadas para adaptarlas a unas políticas que prioricen la reducción de daĖos, la descriminalización y las políticas de regulación legal. La problemática del narcotráfico y el uso de drogas en el mundo, no ha tenido el tratamiento adecuado para su solución. Para el caso colombiano, el problema tiene su fuente de existencia en Estados Unidos, principalmente, porque de allí surgen las políticas equivocadas, allí está el mayor centro de consumo, los mayores proveedores de insumos para la narcoproducción, los suministradores principales de las armas que acompaĖan el negocio, los mayores distribuidores o vendedores de las drogas ilegales, allí residen y actúan los mayores responsables y beneficiarios del lavado de dineros, y desde allí se definen las políticas antidrogas y el manejo de ellas. En Colombia, para el caso de los campesinos y familias de comunidades rurales en general que están involucrados en tal cadena, son solamente parte de uno de los eslabones más débiles, que al mismo tiempo y al lado de los consumidores son víctimas del fenómeno. Por ello es incorrecto e inconveniente que sobre sus hombros recaiga el peso de la represión. Urgen modelos intermedios y de regularización como alternativa de solución. En octubre de 2013, el académico Rodrigo Uprimny decía, refiriéndose a declaraciones de la Canciller María Angela Holguín, que era muy importante la idea de que Colombia lleve a nivel mundial la discusión sobre la política frente a las drogas, incluso al Consejo de Seguridad de la ONU. Mostrando como positivo el criterio de la Canciller “no tiene sentido que mientras ciertos países desarrollados despenalizan y legalizan ciertos consumos nosotros sigamos metiendo a la cárcel al campesino que tiene media hectárea de coca”. El académico hallaba razón en que la Canciller destacara esta contradicción, pero indicando que este planteamiento que se asemejaba al que el Presidente Santos hizo en México, era insuficiente e incluso podría convertirse en un boomerang. “Si el problema es únicamente que existe una contradicción entre el hecho de que en Colombia sigamos estrategias punitivas frente a la producción y distribución de sustancias psicoactivas, mientras que en ciertos países europeos o en ciertas partes de Estados Unidos avanza la despenalización del consumo, entonces la solución puede tomar dos formas radicalmente opuestas: puede uno defender la penalización del consumo o, por el contrario, avanzar hacia la legalización y la regularización de la producción y la distribución”. El profesor Uprimny, al reflexionar sobre los costos y beneficios de la llamada “guerra a las drogas” que ha seguido el Estado colombiano, indica que una eventual reducción de la oferta y el consumo a partir de las políticas y prácticas que se derivan de dicho modelo son mínimos, con costos muy elevados que se traducen en el incremento de una economía ilegal que provoca violencia y corrupción, la expansión de una cultura mafiosa, restricción de libertades, sobrecarga del aparato judicial y una paradoja sanitaria. Al establecer cuadros comparativos entre diversos modelos de tratamiento del problema de las drogas ilícitas, seĖala que para los casos del prohibicionismo y de la liberalización, es evidente el fracaso estructural de sus políticas, de manera tal que las alternativas de solución las ubica en modelos intermedios y de regularización. La alternativa incluye encabezar la discusión sobre el prohibicionismo en los escenarios internacionales, buscando reformulaciones inmediatas que construyan un enfoque de derechos humanos. Esto, no solo por razones éticas, de dignidad humana, sino también porque es deseable políticamente para armonizar obligaciones del Estado y flexibilizar el marco internacional, aparte de que es una obligación jurídica frente a la Carta de Naciones Unidas. Dentro de esta formulación tienen primacía los deberes estatales en el campo de los derechos humanos; los usuarios de drogas deben ser vistos como titulares de tales derechos y no como delincuentes ni enfermos y las políticas se deben basar en evidencia y con criterios de derechos humanos y no sólo observando la reducción de oferta y de consumo. De este tipo de observaciones fundadas en estudios de orden científico, es que se desprenden recomendaciones que hoy tienen el mayor peso en la comunidad académica mundial, como la despenalización del consumo, la reducción de los excesos punitivos, la diferenciación de conductas acordes al principio de proporcionalidad, el garantismo procesal, la experimentación con mercados regulados, etc. y otras que directamente tocan con medidas de moratoria en la fumigación y erradicación forzada, respecto a las cuales hay que propiciar ofertas alternativas, sin perder de vista la relación que existe entre contextos sociales y políticos, y las particularidades del narcotráfico en Colombia, donde la miseria empuja a inmensas masas populares a vincularse a las economías ilegales. El gobierno sugiere en sus desarrollos discursivos frente a la prensa, una “sustitución” de cultivos de uso ilícito, aparentemente ligada a lo que podría ser el desenvolvimiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el formato que se ha publicado dentro de los informes conjuntos referidos a los Acuerdos Parciales de la Habana. Pero el quid del asunto, está en que en la práctica los planes antidrogas son principalmente de erradicación forzada y aspersiones; es decir, que se sigue bajo un planteamiento que se ubica dentro de los parámetros de las políticas antidrogas diseĖadas por Estados Unidos, cuyos fundamentos causan las dinámicas prohibicionistas, punitivas y militaristas equivocadas que hoy se cuestionan desde los sectores más experimentados que abogan por la solución del asunto en condiciones de soberanía y justicia social. Es un error orientar el problema colocando énfasis en la represión y no en la prevención y la educación. Se trata de una política cuyos presupuestos no son suficientes para afrontar el problema en toda su dimensión, considerando que entre lo fundamental debe estar el propósito de resolver los problemas sociales que empujan a la gente pobre a vincularse a este tipo de economía ilegal. Si analizamos cómo se hacen los gastos observaremos que entre 1995 y 2010 Colombia, según Planeación Nacional, gastó en la lucha antidrogas cerca de u$s 9.900.990.099, de los cuales en 2010 se ejecutaron u$s 940.594.000, cifra que es marginal respecto a los u$s 15 mil cien millones de dólares solicitados por Estados Unidos para su lucha antidrogas en este aĖo. Por otro lado todo esto es fútil frente a los 500 a 800 mil millones de dólares que anualmente mueve el mercado de drogas en el mundo.  Colombia, según datos de Planeación Nacional, en 2010 gastó el presupuesto así: el 64% (u$s 595.000.000) se invirtió en lo que llamaron “reducción de la oferta de drogas ilícitas”. De esto, u$s 370.511.000 fueron destinados al rubro “otros”, sin que se especifique de ninguna manera un monto de u$s 207.377.000. De lo especificado, en su mayoría se van en apoyo aéreo, gastos de nómina, armamento y munición. Por otro lado, u$s 495.049 se destinaron para los llamados “gastos reservados” y u$s 2.334.653 en gastos de dotación. u$s 91.491.000 se van en control del tráfico y distribución de drogas ilícitas, u$s 61.046.000 en identificación y erradicación de cultivos ilícitos, de los cuales u$s 43.744.000 son también gastos sin especificar. En misiones de verificación para los programas de aspersión y erradicación se van u$s 7.063.000. En identificación y aspersión de cultivos ilícitos se van u$s 9.512.000. En destrucción de infraestructura de producción de drogas ilícitas se van u$s 24.741.000. Para operaciones de seguridad en erradicación manual, u$s 17.302.000. Hay otros rubros menores. En 2010, solamente se destinaron u$s 52.566.000 para el desarrollo alternativo, lo cual corresponde al 5.5 % de un total de u$s 940.594.000 que se habían destinado a la lucha antidrogas. De estos, u$s 39.604.000 se destinan a familias guardabosques y u$s 11.387.000 a proyectos productivos. Se gastaron u$s 1.385.000 en otros, sin especificar su destino. Existe otro rubro destinado a “fortalecimiento jurídico e institucional” (25.7 %), con un monto de u$s 244.000.000: sistemas de información u$s 1.753.000, adecuación institucional u$s 4.107.000 y capacitación de operadores institucionales en la lucha contra las drogas u$s 906.930. El resto, u$s 237.158.000, en “otros”. En el rubro reducción del consumo se invirtieron u$s 38.774.000 (4.1%) y u$s 2.486.000 (0.3 %), correspondieron a gestión ambiental. En política internacional del problema de las drogas, se invirtieron u$s 1.746.000 (0.2 %). Esta manera de abordar el problema, tratando marginalmente la inversión social y la prevención, tiene todas las características de una derivación de esas políticas estadounidenses inadecuadas, inconvenientes e inútiles, cuya secuencia presenta solamente algunos planos admisibles en lo que concierne directamente a recomendaciones de la UNODC en el campo de la superación del prohibicionismo. Desafortunadamente, el trasfondo camuflado es la contrainsurgencia. La UNODC, apoya al gobierno de Colombia en la gestión de la política pública encaminada a la reducción y eliminación de los cultivos ilícitos retomando los fundamentos de las convenciones internacionales suscritas y de los planes nacionales relevantes para enfrentar el problema de las drogas ilícitas, lo cual podemos decir que está dentro de lo admisible en el camino de la superación del prohibicionismo. Con tal propósito suscribió un convenio con la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT-, adscrita al Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, y es aquí donde se le abre camino a una política que poco o ningún interés cierto tiene en coadyuvar a resolver los problemas sociales de las comunidades rurales vinculadas a la economía de los cultivos de uso ilícito. El convenio con UNODC, tiene la misión de dar apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia, para la “consolidación territorial”, pero con el inconveniente de que el gobierno colombiano bajo esta última categoría, la de “consolidación territorial”, lo ha ligado plenamente a sus políticas contrainsurgentes. En la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial se encuentra la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos (DPCI), que produjo el Nuevo Enfoque de los Programas Contra Cultivos Ilícitos (PCI), versión 1 de 2012. Se plantea dentro de este enfoque, con soterrado lenguaje punitivo y guerrerista, que su gran desafío en las políticas públicas, es la consolidación de presencia efectiva de las instituciones del Estado (léase presencia militarista), en los territorios de mayor incidencia histórica de las organizaciones armadas ilegales, los cultivos ilícitos y las bandas criminales al servicio del narcotráfico, que son las principales amenazas -dicen-, a la seguridad nacional y ciudadana, y han impedido que Colombia alcance su potencial de crecimiento y prosperidad. Intencionalmente se mezcla a la insurgencia con bandas criminales y se le sugiere como sujeto de un negocio del que se oculta a sus fundamentales protagonistas que se encuentran en el sector financiero de la economía, lucrándose al máximo a costa de sectores humildes que sobreviven en la miseria agobiados por la persecución y la represión. Como nos ha recomendado el profesor Sergio de Zubiría, “es necesario que la discusión sobre la política antidrogas pueda desarrollarse en una lógica de diálogo libre de ideologías sesgadas y de visiones moralistas o dogmáticas. En medio del respeto por la diversidad de perspectivas y de experiencias, el diálogo requiere romper ciertos tabúes arraigados en las posturas ante el tema de las drogas y prestar mayor atención a la evidencia científica y a las cifras que han arrojado los estudios sobre la materia”. Lo primero que se requiere para avanzar en un acuerdo sobre Solución al problema de las drogas ilícitas, en la Mesa de la Habana, en consonancia con un rotundo cambio de las políticas ordenadas por Washington, es desvincular los planes que se deriven de las conversaciones de paz, de los propósitos de guerra imperiales y locales de la llamada consolidación territorial que a sangre y fuego impulsa el Estado colombiano bajo las órdenes e intervencionismo de Estados Unidos. Se deberá tener en cuenta que ninguna solución estructural puede limitarse a la sola “sustitución de cultivos”, mucho menos a la erradicación forzada. El marco debe estar definido por concepciones profundas de desarrollo rural alternativo, lo que nos remite a retomar discusiones pendientes sobre la eliminación del latifundio, la definición de un fondo de tierras, los límites a la extranjerización, la formalización, los créditos, la seguridad social para los campesinos y pobladores rurales en general, que les brinde una vida digna, como una de las necesarias bases que hagan posible la paz con justicia social. Según lo dicho por el Presidente Santos 19-1-2013 en Padilla-Cauca, “la Consolidación contribuye con la construcción de paz y la presencia del Estado en zonas recuperadas por la acción militar”. A esto contribuye la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial que está en plena coordinación con UNODC y con la USAID (reconocido instrumento de la CIA). De aquí deriva también el surgimiento de las “Familias Guardabosques”, estableciéndoseles con proyectos de bajo costo que no resuelven los problemas sociales fundamentales, pero sí concreta compromisos de diversa índole en el plano de la contrainsurgencia, lo cual hay que corregir para que los planes tomen carácter verdaderamente social. Valga precisar que la Consolidación Territorial tiene alcances que se apoyan en fuentes conceptuales y programáticas que están definidas en el libro Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial, de septiembre de 2011, publicado por la Fundación ideas para la paz, cuya esencia devela un carácter militarista, de guerra, de las mismas, al que habría que buscarles alternativas inmediatas si verdaderamente queremos andar un camino expedito para concretar un acuerdo final que sirva de base para edificar la paz estable y duradera. Miraremos los componentes que se identifican como fuentes, para entender mejor el trasfondo contrainsurgente global e inconveniente que habría que superar, para adelantar una nueva política antinarcóticos que permita lograr resultados benéficos para la paz de la nación. Esos componentes son: el componente contrainsurgente propiamente dicho, el componente antinarcóticos y el componente de desarrollo regional y social, todos indisolublemente relacionados. Veamos ahora los componentes contrainsurgente y antinarcóticos. Sobre el componente contrainsurgente (COIN) y el componente antinarcóticos. El componente Contrainsurgente (COIN) fue desarrollado durante el siglo XX por los teóricos militares de los principales ejércitos occidentales (británico, estadounidense y francés). Su objetivo es “regular el comportamiento político-militar de un poder estatal que enfrenta un conflicto asimétrico dentro de su territorio, en sus dominios coloniales o en terceros países susceptibles de caer bajo la órbita de influencia de una potencia enemiga (guerra fría)”. La denominada “Política de Seguridad Democrática”, fue puesta en marcha en el aĖo 2002 por Alvaro Uribe Vélez, siendo Presidente de la República, bajo fundamentos contrainsurgentes inspirados en este tipo de componentes. El protagonismo fue de las Fuerzas Militares y de Policía más que de fuerzas o entidades civiles, y el fortalecimiento de estas, cuando se produjo, fue en función de aquellas. La crisis humanitaria que generó es inocultable. En la Colombia actual los principios estratégicos de desarrollo siguen supeditados a lineamientos contrainsurgentes concebidos por potencias coloniales. Tienen un peso específico las políticas estadounidenses, pero juegan un papel muy importante las concepciones sobre todo británicas. Lo importante en estas concepciones, es asegurar el “imperio de la Ley”, la llamada “cultura de la legalidad”, que aunque se defina “inocentemente” como un conjunto de valores, percepciones y actitudes que la persona debe tener hacia las leyes y las instituciones que rigen, cuando esas instituciones han tenido un historial antidemocrático cruzado por la exclusión, la corrupción y la aplicación del terror, no producen ninguna confianza; de tal manera que para el caso de Colombia, “la cultura de la legalidad” se traduce en otra forma de sumisión y conformismo, que debe conducir a aceptar las leyes, no cuestionar sus sesgo de clase, su carácter de factor de control impuesto por el bloque de poder dominante, que sostiene un orden social injusto respecto al cual la mayoría de la población no cuenta con oportunidades o condiciones básicas de existencia. Algunas veces se expresa que la permanencia de las llamadas economías ilegales que se asocian a los cultivos de uso ilícito, generan alteración negativa sobre los valores y la convivencia de las comunidades, y que la mejor manera de crear ciudadanía es mediante una “cultura de la legalidad”, la que se explica como la renuncia a cualquier tipo de vinculación con economías ilegales, perdiendo de vista que estas forman parte de un fenómeno más amplio de miseria que requiere transformaciones estructurales para que puedan tener el entorno que permita su real superación. De tal manera que, antes que hablar de una cultura de la legalidad como instrumento de los procedimientos tácticos de contrainsurgencia, que apuntan no al interés de resolver los problemas sociales de las masas campesinas, sino a su cooptación utilitarista en el plano de la guerra, en el sentido de evitar un supuesto incremento de capital humano para las fuerzas insurgentes, la perspectiva debería trazarse en el rumbo de concertar normativas de convivencia cuya legitimidad surja de la concertación, del hecho de que sean acordadas o consensuadas, participativamente entre los integrantes de las comunidades que se desean vincular al proceso de construcción de la paz. Operaría dentro de esta concepción, una visión en la cual las comunidades participan activamente en la construcción del nuevo orden en libertad y no mediante la acción de la represión, la estigmatización o la criminalización. Un Plan de sustitución, no debe darse como imposición, su legitimidad dependerá de la concertación y la participación que se les dé a las comunidades. De ahí que no es descabellado decir que tiene más legitimidad hoy la cultura de la ilegalidad que cuestiona el gobierno, que la cultura de la legalidad que exige el respeto a normas que han excluido y atropellado al campesino durante décadas; es decir, normas que en gran medida son criminales e ilegítimas. En el texto que comentamos, publicado por la Fundación Ideas para la Paz, al referirse al componente antinarcóticos de la Política de Consolidación Territorial del gobierno Santos, de fondo a superficie está evidenciado que la política antinarcóticos es ese componente, interactuando y haciéndose una misma cosa con el componente contrainsurgente. “La estrategia antinarcóticos, dice la Fundación Ideas para la Paz, analizando la estrategia gubernamental, deberá diseĖarse de manera que no disminuya el capital político del Estado; lo que equivale al incremento del capital para las fuerzas insurgentes. Para esto es necesario promover la seguridad, combatir a los grupos armados, construir instituciones estatales, promover condiciones para el desarrollo económico y afincar una cultura de la legalidad”. Esta formulación establecería lo que consideran una “relación de suma cero”, que implica que “todo incremento en el capital político del Estado lo pierde la insurgencia y viceversa”. En la visión del Estado, esto forma parte de la estrategia de guerra para mantener el dominio del poder, de sus prebendas, de sus privilegios, quitando el obstáculo insurgencia; y por ello se habla de lograr la cooperación entre civiles y militares para ganar la confrontación: “la paz es la victoria” diría algún alto representante de esta política, formulando una doctrina que guíe en el campo de batalla; en esencia la doctrina COIN (Contra Insurgentes) derivada de las concepciones elaboradas por las potencias coloniales a las que se subordinan, apoyándose en la acción militar desbocada, pero maquillándola con la “guerra contra las drogas”, que de manera nodal juega con los mismos objetivos procedimentales contrainsurgentes (ganar las mentes y los corazones de la población), precisando que las estrategias centradas en la población, no son necesariamente amigables con esta. La guerra contra las drogas en Colombia, a lo que menos le apunta es a lograr la erradicación, o la sustitución de los cultivos de uso ilícito; en esencia es guerra contrainsurgente lo que se desenvuelve como otro procedimiento para “quitarle el agua al pez”, derrotar a las guerrillas y así lograr el dominio territorial que permita a las trasnacionales el saqueo de los recursos naturales. Dice la Fundación Ideas para la Paz que “el único factor sobre el cual ejerce pleno control el Estado o un programa estatal determinado es el de las políticas que aplica para enfrentar el problema simultáneo de mercado ilícito y presencia de insurgentes”, y complementa citando a la investigadora del Brookin Institution, Vanda Felbab-Brown, cuando plantea que “el dilema de un gobierno frente a la erradicación de cultivos ilícitos en áreas de violencia política o insurgente se expresa en las siguientes alternativas de acción: a) Se erradica frontalmente con el ánimo de buscar la bancarrota financiera y por ende militar de los grupos subversivos o criminales, y con ello se enfrenta el desapego de la población campesina cultivadora; o, b) Se construyen vínculos entre las fuerzas contrainsurgentes del Estado y la comunidad y se fortalecen e incrementan los flujos de información e inteligencia provenientes de la comunidad para atacar a los grupos insurgentes; en esta forma se debilita el capital político de los insurgentes, pero es posible que se deba renunciar a una erradicación previa y absoluta de los cultivos ilícitos”. En la práctica, esta es la manera de pensar de quienes rigen las políticas antidrogas en Colombia, pues aunque los análisis de costo/beneficio que han elaborado los estudiosos del tema, como es el caso de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, citado por la Fundación Ideas para la Paz, indican que la “interdicción de los procesos del narcotráfico (desarticulación de laboratorios y cristalizaderos así como las rutas de circulación de las drogas) es más costosa que la erradicación de cultivos ilícitos, los objetivos de las políticas se orientan hacia esta, no tomando en cuenta siquiera que en aquel eslabón de la cadena del narcotráfico, la capacidad de las organizaciones para neutralizar los efectos de las políticas son menores que la de los cultivadores”. Agreguemos que es en los laboratorios, cristalizaderos y rutas, y no entre los cultivadores, donde se quedan las ganancias del negocio. Pero como el objetivo de fondo es el contrainsurgente, este último detalle es lo de menos. Lo particular es que, luego de muchos aĖos de prácticas contrainsurgentes disfrazadas de lucha antinarcóticos, como ocurrió con el desenvolvimiento del Plan Colombia, aunque el régimen tiene claridad de que la insurgencia no está compuesta por organizaciones narcotraficantes y que la lucha contra el narcotráfico no es lo que la va a desarticular, se persiste en el desarrollo de las políticas antinarcóticos con propósitos contrainsurgentes. Esto vendría a ser lo paradójico de la Política: la persistencia de la COIN entre sus componentes fundamentales. Al respecto la Fundación Ideas para la Paz seĖala que “los teóricos de dicha doctrina (la COIN), conciben la insurgencia como un problema eminentemente político”, y agrega que “de sobra conocidos son los esfuerzos que hizo el gobierno de Alvaro Uribe por quitarle a la guerrilla el carácter de actor político, soslayando la manifiesta contradicción de que la estrategia fundamental de su gobierno para enfrentarla se fundamentaba en el presupuesto de la naturaleza política de la subversión”. Está claro que el Estado, más allá de la propaganda sucia contrainsurgente en la que incluye sus descalificaciones que etiquetan a la insurgencia como narco-guerrilla, sabe de su naturaleza eminentemente política, y de este presupuesto y del juicio de que la autoridad política es la que determina el objetivo estratégico de la política, y por ende los objetivos militares se subordinan a esta. Es de aquí de donde deriva la máxima de que ganando las mentes y los corazones de los ciudadanos, logrará la derrota militar del enemigo insurgente. Se trata entonces de quitarle el agua (pueblo) al pez (insurgencia), ya sea atemorizando, aniquilando o desplazando; o ya sea “ganando mentes y corazones” de las comunidades, que por las mismas razones de índole social que las mantienen en la miseria y el abandono, han estado bajo el influjo de las guerrillas. La Política Nacional de Consolidación Territorial, se perfila así como iniciativa contrainsurgente. No es la primera en la historia de Colombia, pero si tiene la particularidad de estar ligada a la lucha antinarcóticos, y cuenta con una estrategia de seguridad que pretende establecer un fuerte vínculo entre fuerza pública e institucionalidad civil del Estado, subordinando esta a aquella. Los recursos que se deben destinar a la planificación y ejecución de una efectiva política antidrogas se destinan a la acción contrainsurgente militarista, incrementando la violencia y el desangre patrio, de tal manera que para el caso colombiano, más que el narcotráfico, son las políticas equivocadas que generan miseria y mantienen el descontento social y el alzamiento armado, y las políticas fracasadas de la guerra contra el narcotráfico las que producen el recrudecimiento de la violencia. A través de muchos medios se ha hablado del debilitamiento de las FARC y de la insurgencia en general; de manera especial se ha hablado del debilitamiento de las FARC en la Macarena, ligando el supuesto fenómeno, mediante la propaganda sucia que nos estigmatiza como narcotraficantes, al asunto de la erradicación de cultivos. Pero la misma Fundación Ideas para la Paz indica que “resulta entonces claro que el debilitamiento de las FARC en la región de La Macarena, no es el resultado de la erradicación de cultivos, que produce escasez de ingresos financieros, que conlleva al debilitamiento militar, según la versión convencional del enfoque contrainsurgente”. Esta afirmación es cierta en lo que corresponde al deslinde que hace del fortalecimiento, el sostenimiento o el debilitamiento de las FARC de una dependencia económica respecto al narcotráfico. Pero, aparte, habría que analizar la realidad de la presencia de las FARC en extensas áreas como Cundinamarca, Casanare, Boyacá, Guaviare y Meta que es el departamento donde se encuentra La Macarena. Se dice que han sido desplazadas sus principales estructuras, sin tomar muy en cuenta que en la aplicación de la táctica de la guerra de guerrillas prima la movilidad. Esto lo decimos, también, para hacer caer en cuenta que se trata de áreas donde el Plan de Consolidación ha incluido operaciones de guerra contra la población -esta sí con lugares fijos de convivencia-, generando masacres, desapariciones, desplazamientos por millares y una crisis humanitaria que lo que indica es el debilitamiento del tejido social, como costo muy elevado de esas políticas contrainsurgentes disfrazadas de guerra contra las drogas. Al respecto, El Meta y La Macarena están entre las regiones más golpeadas por esas acciones de guerra realizadas por militares y paramilitares y que han generado la crisis humanitaria de la que hablamos, la cual suma fosas comunes, robo de tierras y desplazamiento forzado como característica, además, de la llamada prosperidad agroindustrial del Llano. Los datos oficiales indican, por ejemplo, que entre 1997 y 2012, del Meta salieron desplazadas 126.151 personas, lo que corresponde a unas 31.431 familias. En el Meta, La Macarena es lugar “símbolo” de la política de Seguridad Democrática, como modelo contrainsurgente a seguir, atendiendo a los parámetros de la COIN como doctrina impuesta por el poder central imperialista. Dentro de ese paradigma, se han dado hechos y realidades como el escándalo del cementerio de La Macarena, que comenzó cuando el Miami Herald denunció el hallazgo de una fosa común con más de dos mil cuerpos, supuestamente pertenecientes a guerrilleros dados de baja en combate y que habían sido llevados a ese lugar por el ejército. Organizaciones de Derechos Humanos como Asfadhes, Movice y Cinep, habían acumulado una serie de denuncias de las comunidades de la zona, sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, entre 2003 y 2004, pero solo después de la publicación se comenzó a hablar de dos mil muertos enterrados en una fosa común. Después de las denuncias de las organizaciones comunitarias que hablaban de la existencia de falsos positivos en esa fosa, el gobierno integró, para esclarecer los hechos, el grupo interdisciplinario del que formaban parte la Fiscalía y la Procuraduría. Se encontraron 449 cuerpos enterrados individualmente en un terreno anexo al cementerio que colinda con la base militar, y estaban catalogados como NN. De estos, se estableció la identidad de 41 cadáveres, siete de los cuales habían sido reportados como desaparecidos. “La fosa común” es consecuencia de las acciones de “consolidación” en una zona también de “consolidación” que, como hemos indicado, aparece como punta de lanza y modelo en la política de seguridad de Santos. Se trata del desarrollo de una zona de acción integral según cánones del Comando Sur de Estados Unidos, cuya aplicación en La Macarena fue impulsada por el seĖor Sergio Jaramillo, desde los días en que era Viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos. La esencia del experimento contrainsurgente, consiste en llevar la presencia del Estado a las zonas supuestamente liberadas militarmente, -Ńcomo si la guerrilla defendiera posiciones geográficas!-, para que las comunidades que las habitan comiencen a confiar en el Estado y a restarle cualquier apoyo popular que tuviera la guerrilla. Juan Manuel Santos ya siendo Presidente llamó a la estrategia de colaboración civil-militar “El salto estratégico” y sería la filosofía que guiaría su política de seguridad. Se supone que en adelante aumentaría la inversión social, priorizándose sobre la asistencia militar que hacía el Plan Colombia; pero lo cierto es que las sumas millonarias para inversión en desarrollo, reformas judiciales y ayuda humanitaria que se harían en las zonas de consolidación, seguirían siendo coordinadas por el ejército y subordinadas a su funcionalidad. Está claro que desde las políticas que se trazaron en el contexto del Plan Colombia hacia 1999, con los supuestos propósitos de luchar contra el narcotráfico, los recursos se dedicaron a la lucha contrainsurgente, con la equivocada idea, además, de que con ello se daría un golpe a las finanzas de la guerrilla al impedirle el acceso a lo que consideraban ganancias generadas por el control de los mercados de pasta básica de cocaína (PBC). Esta falacia no debe continuar pendiendo sobre los planes que se tracen para resolver el problema de los cultivos de uso ilícito ni el del narcotráfico en general. Esta estrategia que se mantiene en las políticas de consolidación combinando las viejas y cuestionadas fórmulas de la fumigación aérea y la erradicación manual forzosa, y que tanto daĖo ha causado a los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas, incluyendo los “programas de desarrollo alternativo” de agencias de cooperación extranjeras como la USAID, deben cesar. Es evidente que si se desea trazar una verdadera política antidroga ilícita, esta vía a lo que conduce es al incremento del desplazamiento forzoso, a mayor crisis humanitaria y a la reproducción de condiciones favorables a la expansión de los modelos productivos basados en la concentración de la tierra. Tras de las fallidas políticas de guerra a las drogas, se han afianzado proyectos agro-industriales que crecen en relación directamente proporcional al debilitamiento de los territorios colectivos y las zonas donde aún existe la pequeĖa y mediana propiedad, y el desplazamiento de la población de las zonas fumigadas ha abierto la posibilidad real de la expansión de grandes propiedades, mediante ocupación de hecho con cultivos de agro-exportación, como es el caso de algunos consorcios de inversionistas de la palma aceitera. Tendríamos que agregar que el accionar militar contrainsurgente se desató también con saĖa contra la población, de tal manera que si algún debilitamiento ha producido el Estado es el de la capacidad de respuesta de las comunidades por efecto de la guerra sin cuartel que les ha tocado soportar; y los cacareados logros en materia de reducción de cultivos, no son más que otra falacia si atendemos a que la productividad por hectárea de hoja de coca ha aumentado a niveles que permite a las mafias mantener la oferta de cocaína, a precios gananciosos, en el mercado mundial. El esquema del Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que lleva la línea secuencial de fumigación de cultivos, erradicación manual forzosa mediante los grupos móviles de erradicación, combinación de fumigación con priorización de la erradicación manual y luego el incremento supuesto de las inversiones en desarrollo alternativo a partir de la entrada del Plan de Consolidación como inversiones sociales en el área, puede estar generando la impresión de otorgar control territorial al Estado, pero la realidad es que lo que ha generado es subordinación vergonzosa al Comando Sur de Estados Unidos, cero avance en la solución del problema del narcotráfico y una acumulación de abusos contra la población civil, violaciones imperdonables a los derechos humanos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, judicializaciones masivas e individuales de los pobladores, allanamientos indebidos, bloqueo de alimentos y combustibles, bombardeos indiscriminados cercanos a los caseríos, acampamientos de fuerzas militares dentro de las fincas, escuelas y caseríos, daĖo en bienes de los campesinos, efectos devastadores en materia ambiental anexos a las fumigaciones, e inenarrables secuelas de desarticulación social que en nada caracterizan lo que debe ser el fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho. Si se toma en consideración que en los debates internacionales en los que se evalúan las políticas antidrogas está creciendo la audiencia en favor de tratar el problema con medidas de orden social, de regulación más que de represión en lo que respecta a sus eslabones más débiles, el rigor militarista, de interdicción y prohibicionismo rígidos que han imperado en Colombia, debe tomar otro rumbo, otras alternativas. Y si tanto peso tienen las decisiones del gobierno de Estados Unidos en el diseĖo de las políticas por parte del gobierno colombiano, debiera tomarse en cuenta que el Presidente Obama ha manifestado que no volverá a utilizar el término de “guerra” para referirse a las políticas de control de drogas. La Fundación Ideas para la Paz ha dicho, reflexionando sobre las palabras de Obama, que “si el control del consumo, tráfico y producción de drogas no es una “guerra” no son válidos todos los daĖos humanos, sociales e institucionales que la implementación de la política acarrea. Se abre por lo tanto un espacio para la ponderación de las estrategias, para reducir los daĖos de las drogas y de las políticas que las combaten. Se abre en últimas un espacio para la innovación y el diseĖo de políticas basadas en evidencias y no en fundamentalismos ideológicos como el prohibicionismo radical. ņNo sería acaso incomprensible que Colombia, el país que más costos ha pagado en la guerra contra las drogas, renuncie a hacer un uso autónomo y creativo del espacio que se abre para impulsar cambios que adecuen las políticas a sus propias prioridades sociales y políticas? ņNo sería el Plan Nacional de Consolidación Territorial el escenario idóneo para impulsar esos cambios tácticos y estratégicos de las políticas antidrogas?”. Es una magnífica reflexión esta, a la que habría que agregarle que es necesario cambiar el Plan en su conjunto, sacándolo de las viejas políticas, distanciándolo de la visión contrainsurgente que entraĖa el concepto consolidación y dándole vuelo a iniciativas concertadas que se enmarquen en el desenvolvimiento cierto de una reforma agraria y rural integral con enfoque territorial que permita la construcción de la paz. La Doctrina Contrainsurgente que fundamenta el Plan Nacional de Consolidación territorial reconoce el carácter político de la insurgencia pero sigue promoviendo, sin que se vislumbre la posibilidad de una tregua, que las estructuras armadas sean enfrentadas militarmente, involucrando plenamente a la población en sus acciones, más allá incluso del tratamiento orientado a “ganar las mentes y los corazones”. La estigmatización, la persecución, el terror…, se desborda con constancia en forma de cacería de brujas que se mantiene en busca de milicias e integrantes clandestinos de la resistencia o la inconformidad. Y mientras se pretende con desplazamiento o aniquilamiento de los frentes insurgentes -lo cual se prefiere a dar solución a las causas sociales que tiene la confrontación-, que las estructuras clandestinas pierdan la orientación estratégica, se hace de Colombia un escenario de guerra y desesperanza, en vez de fortalecer el proceso presente de diálogo, para que un mejor ambiente nos muestre la senda más expedita para llegar a la concreción de un acuerdo final. El componente de la política de consolidación se sustenta en la idea de que existe un vínculo fuerte entre seguridad y desarrollo. Según su tesis, antes la teoría del cambio se estructuraba en sentido contrario: lo primero era combatir la exclusión, el aislamiento, la marginalidad de las regiones, para hacer desaparecer la violencia, lo que validaba la idea de que existían unas “condiciones objetivas” que causaban o justificaban la violencia, superadas las cuales sus efectos desaparecerían. En cierto modo, según ellos, “por ingenuo que parezca, se pensaba que la seguridad era resultado del desarrollo y no al revés”. Concretamente, el Plan Nacional de Consolidación Territorial le proporciona total prioridad a la creación de las condiciones de seguridad, justificando de esta manera los grandes despliegues militares, para crear un ambiente propicio para la inversión extranjera y nacional al servicio del capital financiero, en zonas donde las comunidades claman por condiciones de vida digna. Esto significa que si la Política de Consolidación aspira a crear condiciones para el desarrollo económico, debe establecer primero, a través de la represión y de la bota militar, una estructura de poder que controle las actividades en el territorio, supuestamente para regular eficientemente los procesos de producción y distribución de bienes. Para recrear lo anteriormente dicho, citamos textualmente el siguiente aparte sobre los propósitos de la Política de Consolidación: “Promover la seguridad como generadora de crecimiento económico y rentabilidad social. Las operaciones de la Fuerza Pública deben seguir contribuyendo a generar un clima de confianza y estabilidad que atraiga la inversión privada, produzca crecimiento económico y desarrollo social a través de la reducción del desempleo y la pobreza. Una mayor seguridad debe generar las condiciones para el adecuado desempeĖo de la acción social del Estado en beneficio de los más necesitados” (Ministerio de Defensa Nacional, La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática 2007). Bajo esta visión, además, la Política Nacional de Consolidación Territorial, lejos de orientarse hacia objetivos de desarrollo social y equidad, mediante planes con permanencia que garantice transformaciones económicas y sociales reales y de larga duración, se queda únicamente en el precario objetivo de “crear las condiciones previas, mínimas para que la integración regional y el desarrollo económico se produzcan”; es decir, se queda solo en crear las condiciones pero sin proyectar la inversión a largo plazo. Según sus investigaciones económicas, el periodo necesario para que una zona se desarrolle, no podría tener una duración menor de 20 o 30 aĖos, pero las inversiones en contraste con las necesidades acumuladas, son ínfimas. El distanciamiento del Plan Nacional de Consolidación Territorial del desarrollo social es tal, que los indicadores más utilizados para medir el éxito o fracaso de los procesos de consolidación en nada tienen que ver con disminución de la pobreza, el hambre o la desnutrición, ni mucho menos con la disminución del índice de Gini; estos indicadores del Plan Nacional de Consolidación Territorial son los relativos a la seguridad y a la erradicación de cultivos ilícitos. Por ello, las áreas mejor evaluadas son las de Montes de María y La Macarena, áreas insignes para el gobierno, que dejan mucho que decir en materia de derechos humanos y desarrollo social. Dentro de la visión con la que se arropa el componente de desarrollo regional y social, al establecer el vínculo entre seguridad y desarrollo, se termina colocando como etapa de inicio de un proceso de desarrollo para una región, el despliegue militar con propósitos de control territorial, previendo la eliminación o el desplazamiento de todo lo que se crea vinculado a los grupos armados, a los cultivos ilícitos y a las estructuras del narcotráfico; generando con ello, en la práctica, un despliegue de acciones que hacen de cada zona escogida un escenario de guerra contrainsurgente, donde se multiplica la violencia con terribles consecuencias humanitarias ya conocidas y que bien se inscriben en el plano de la Doctrina del enemigo interno. Luego de esto es que se pasa, como corolario del terror, a etapas de restitución de derechos y de fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo social. Es este esquema, parte de un procedimiento de fuerza que confluye también en la composición de lo que en síntesis es Doctrina Contrainsurgente [25].

6-2-2014, “No más Uribe, no más Santos, no más farsas y violencias”. Un Santos reelegido y un Uribe encabezando la oposición a sus políticas en el Senado materializan la putrefacta naturaleza del régimen político colombiano. Un Juan Manuel Santos reelegido y un Alvaro Uribe encabezando la oposición a sus políticas en el Senado materializan la putrefacta naturaleza del régimen político colombiano. Aplaudidos por los paladines de la democracia del gobierno norteamericano y la Unión Europea simbolizan la nueva era de la alienación total. Por eso los contemplamos a diario disputándose el rol de cruzados por la justicia. Alvaro Uribe afirma ahora que no está contra la paz, sino contra la paz con impunidad. Y en esa dirección apunta a coincidir con los esfuerzos de Santos por criminalizar y obtener el repudio general contra las guerrillas, al insistir en equipararlas, ahora sí, con los horrendos paramilitares. Resulta increíble su prueba de cinismo. Pero la asume y con ella supuestamente consigue las muestras de favorabilidad que publican las encuestas. Vaya uno a saber los manejos sucios que se ocultan tras esas publicitadas consultas a la opinión. Ese vergonzoso modelo de configuración política que ha caracterizado a nuestro país desde hace muchísimas décadas, es precisamente el modelo que debe ser desmontado y remplazado por otro de naturaleza verdaderamente democrática, apuntado a la realización de la justicia social largamente aplazada. Es urgente que la mayoría de los colombianos tome la decisión irrevocable de sacudirse de semejante carga histórica. En realidad no es otra cosa lo que las FARC hemos buscado durante estos cincuenta aĖos de lucha y expresado ahora de diversas maneras en La Habana. No más Uribe, no más Santos, no más farsas y violencias, sí a una nueva Colombia [26].

8-2-2014, Definitivamente nos quedamos con las primeras afirmaciones del Presidente, cuando al referirse a las chuzadas o escuchas ilegales responsabilizó directamente a las “fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz”. Y no solamente. También encontramos consecuente su anuncio de ordenar una “investigación a fondo” y la determinación de relevar, como lo hizo de sus cargos al Jefe de inteligencia del Ejército, Gral. Mauricio Ricardo ZúĖiga y al Director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC), Gral. Oscar Zuluaga. Consideramos, además, muy honestas las palabras del comandante del Ejército, Gral. Juan Pablo Rodríguez, al admitir que la operación de espionaje “Andrómeda” estaba destinada a interceptar ilegalmente a los negociadores de paz. En este contexto nadie entiende la voltereta del gobierno, que de la noche a la maĖana cambia su apreciación, como veleta al viento, frente a tan graves hechos. ŃNo faltaba más! La paz no es “subversiva” ni “terrorista” para que sea sometida a espionaje y seguimiento con la justificación del propio gobierno. Si el Director de la Revista Semana, Alejandro Santos, asegura y reitera con fuerza desde Bogotá, que “en esa fachada de legalidad se hacían trabajos ilegales”, y que “tenemos todas las pruebas, las fuentes, el acervo probatorio y testimonial de lo que ocurrió”, la investigación de la Fiscalía debe proseguir hasta el final. Resulta incoherente que el gobierno le pida ahora al Fiscal General, Eduardo Montealegre, que haga la vista gorda con el cuento peregrino de que se estaba actuando dentro de la legalidad. No se puede irrespetar de esa manera a la opinión, a la gente pensante del país. Se necesita estar ciego para no ver que el propósito de esa actuación ilegal de los enemigos de la paz, es hacer explotar en mil pedazos el proceso de La Habana, un emprendimiento superior y de humanidad que todo el pueblo colombiano, anhela de corazón, llegue a feliz puerto. Es muy grave lo que está ocurriendo en Colombia. El espionaje no estaba dirigido solamente contra las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC, sino contra los más destacados líderes de la izquierda, que además están siendo amenazados de muerte por grupos paramilitares. El establecimiento se ha ensaĖado de manera perversa con líderes como Piedad Córdoba y parece que no le ha bastado matarla políticamente con una inhabilidad por 18 aĖos, sino que ahora quiere exterminarla físicamente para “borrarla del mapa”. Lo mismo ocurre con Iván Cepeda a quien el Procurador de la arbitrariedad lo tiene en la mira. Y con muchos otros, como Petro, Lozano, Abella, y contra la Marcha Patriótica a la que le han asesinado a más de 30 activistas, contra la UP, y contra los reclamantes de tierras que ya suman un centenar de asesinados. Se pretende exterminar todo pensamiento ligado a un proyecto de país regido por la democracia verdadera, la paz con justicia social y la soberanía. Un proceso de paz que ha movilizado la esperanza de millones de colombianos, exige con urgencia se ponga fin a la guerra sucia, porque con guerra sucia no habrá paz. De los eventuales acuerdos de La Habana, con el respaldo de la voluntad nacional, debe florecer un nuevo país en paz que se extienda por los siglos, edificado sobre la base pétrea de una Asamblea Nacional Constituyente que ha de reconstruirnos como nación civilizada. Delegación de Paz de las FARC-EP [27].

10-2-2014, La larga experiencia de contactos y entrevistas encaminados a la materialización de acciones humanitarias o de conversaciones de paz entre gobierno e insurgencia, enseĖa que su utilización por parte del Estado a efectos de cumplir tareas de inteligencia u operaciones militares, no sólo mina la confianza en la seriedad del interlocutor, sino que conduce al fracaso de los propósitos perseguidos con las aproximaciones y encuentros. De la histórica realización de tales prácticas cabe citar dos casos emblemáticos: Desde el mes de mayo del 2000 se cumplieron en el área rural de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, contactos y reuniones entre representantes del ELN, el gobierno nacional y miembros de la comunidad internacional, con miras al inicio de conversaciones de paz. En marzo de 2001, el Ejército Nacional, en alianza abierta con bandas paramilitares, dio comienzo a la llamada Operación Bolívar, con grandes desembarcos de tropas, justo en el área de seguridad elegida para dichos encuentros, cuando se realizaba incluso una reunión en la que participaban además del comisionado de paz Camilo Gómez, embajadores de varios países amigos. Por otro lado, es un hecho que la semejanza de los protocolos de seguridad implementados con ocasión de las liberaciones unilaterales de prisioneros de guerra por parte de las FARC-EP, sirvió de base para que la CIA y el Ejército Nacional acumularan información y prepararan la operación que con el empleo de la perfidia de utilizar emblemas de la Cruz Roja Internacional, entre otros, les permitió presentar a Jaque como una heroica acción de rescate, cuando se trataba de un sucio negocio de traición paga, del que tomaron parte tanto el ministro de defensa de la época como el propio Presidente Uribe. El reciente escándalo conocido como Andrómeda ha puesto al descubierto que esa vieja práctica estatal continúa viva y activa. El seguimiento, la persecución y puesta en mira de dirigentes de la oposición política y de los propios voceros gubernamentales en la Mesa de Conversaciones de La Habana reúnen todos los ingredientes, incluida la presencia de la CIA, para concluir que desde oficinas del Estado se preparan operaciones contra la consecución de la paz y la democratización del país, viejos anhelos de nuestro pueblo que se procuran alcanzar con la Mesa de Conversaciones de la Habana y la aproximaciones entre el gobierno nacional y el ELN. Las manifestaciones de indignación y repudio, unidas a las solicitudes imperiosas de investigaciones disciplinarias y judiciales que todo el país está escuchando en los medios, resultan poco convincentes cuando se tienen antecedentes como el asesinato del Comandante Alfonso Cano en los mismos momentos en que el gobierno nacional y las FARC-EP celebraban las primeras reuniones reservadas con miras a establecer conversaciones. Por encima del mal disimulado desprecio por la insurgencia que se trasluce en diversas declaraciones y entrevistas oficiales, la paz y la reconciliación son bienes invalorables para el pueblo de Colombia, que pueden echarse a perder torpemente si no se apartan definitivamente de sus gestiones las acciones de inteligencia militar y policial. Con mucha más razón si, como se desprende de las primeras excusas públicas, estas operaciones encubiertas resultan achacadas a ruedas sueltas que operan a la sombra de la institucionalidad. ņParamilitarismo oficial? Por el Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista. Por  el Secretariado Nacional de las FARC-EP: Timoleón Jiménez [28].

28-2-2014, La Delegación de Paz de las FARC criticó el “doble discurso” del Gobierno colombiano con relación a la paz: “mientras se habla de posconflicto, aparte de mantener las altas cifras del gasto militar, se pide más apoyo para incrementar la guerra”. El siniestro rostro de la Alianza geopolítica entre Washington y Bogotá se volvió a mostrar tras la difusión de la agenda del Ministro de Guerra, Juan Carlos Pinzón, con motivo de su participación en el “Diálogo de Alto Nivel en seguridad” con la CIA y el Departamento de Estado. Varios asuntos llaman la atención y generan más duda y desconfianza en que el gobierno colombiano esté pensando sinceramente en la paz interna y en las buenas relaciones con sus vecinos. Mientras se habla de posconflicto, aparte de mantener las altas cifras del gasto militar, se pide más apoyo para incrementar la guerra, concretamente buscando nuevos subsidios para el denominado Plan Espada de Honor II que ilusamente apunta al aniquilamiento de Bloques guerrilleros de las FARC. El gobierno maneja un doble discurso, con dos agendas diferentes para la conducción de los destinos del país. Aparte de la Agenda de paz de La Habana, la agenda de guerra se sigue urdiendo en conciliábulos oscuros con el gobierno de los Estados Unidos. En la agenda extraviada de Pinzón aparece como punto de primer orden, el componente de lucha contra el narcotráfico dentro del esquema de las campaĖas militares contrainsurgentes, incluido el intervencionismo de Washington. Aspectos de la justicia transicional, que tratan del favorecimiento a militares involucrados en crímenes de lesa humanidad y alusiones al futuro de la insurgencia, se tramitan en la paralela mesa imperial, que al fin de cuentas parece ser la que traza las políticas y decisiones de nuestra contraparte. Si hay tanto interés del gobierno colombiano en la bendición de los Estados Unidos, las FARC-EP insisten en que se viabilice la participación de un representante del gobierno de este país en el proceso de conversaciones. En el tratamiento de la paz, el gobierno y su Ministerio de Guerra, deben abandonar la ambigüedad. Delegación de Paz de las FARC-EP [29].

14-3-2014, El mundo está librando la lucha contra las drogas en medio de las tinieblas. Todos los esfuerzos están condenados al fracaso si no encendemos la luz de la verdad sobre el nauseabundo crimen del narcotráfico que lacera a la humanidad. Rodeada por esa oscuridad, la pobre Colombia está enredada y perdida en un laberinto más intrincado que el del mito del Minotauro. Se reafirma esta certeza de las impactantes denuncias del ex-Gobernador de Minnesota, Jesse Ventura, Director del programa de Televisión “Conspiracy Theory” (Teoría de la conspiración), un hombre al cual hay que creerle, no solo por haber sido autoridad de un Estado de Estados Unidos, sino por su rigor investigativo y compromiso con la humanidad. No estamos provocando lluvias sobre un terreno mojado al traer versiones muy difundidas por todo el mundo. Simplemente posicionamos como verdad irrefutable, que no se puede tapar ni ocultar más, el sucio rol de la CIA y de la DEA, como motores y generadores de la calamidad humanitaria del flagelo del narcotráfico. Desde hace más de medio siglo, la CIA está utilizando las ganancias criminales del tráfico de drogas para financiar sus operaciones encubiertas de guerra sucia, como recurso pérfido para eludir el tener que rendir cuentas al Congreso y al propio pueblo norteamericano. Esos dineros son usados para desestabilizar gobiernos legítimos, elegidos democráticamente, financiar atentados contra líderes del hemisferio que se oponen a la política hegemónica de Washington… Pero lo más grave, es que esa desviación, sigue siendo consentida y tolerada por autoridades corruptas de Estados Unidos, conductas consideradas como una traición a la Constitución, los principios y las leyes de ese país. Sostiene Jesse Ventura, que la participación de la CIA en el negocio está totalmente documentada. En Francia, entre 1947 y 1951. En el Sudeste asiático en los aĖos 50. Lo mismo que en Indochina, Panamá, Centroamérica, México y Colombia. Afganistán se ha convertido durante la guerra en el mayor proveedor de opio y heroína en Europa, y que el cultivo de amapola, que prácticamente había sido erradicado en el gobierno de los talibanes, volvió a florecer con la invasión de Estados Unidos. Michel Levine, agente encubierto de la DEA durante 25 aĖos, afirma en su libro Deep Cover, que cuando se disponía a capturar a peces gordos del narcotráfico, recibió órdenes de sus superiores de no hacerlo porque se trataba de colaboradores de la CIA. El periodista, Gary Webb, que develó cómo la CIA introdujo a través de Los Angeles, cientos de toneladas de cocaína para ser distribuidas en todo el territorio de Estados Unidos, terminó muerto con dos balazos en la cabeza. Ya en 1976, el inspector general de la CIA había reconocido en C-SPAN que esa institución introdujo la epidemia del “crack”. Tanto la DEA como los barones de la droga, están haciendo el negocio del siglo, porque, según los denunciantes, mueven una gran masa de dinero que oscila entre 500 mil billones y un trillón de dólares al aĖo, una cantidad anual mayor que la del negocio del petróleo y el gas natural juntos, y el doble de la industria de automóviles. Y en ese gran negocio ubican la razón por la cual, el ejército de Estados Unidos, el aparato militar más grande del mundo, con un presupuesto de cientos de billones de dólares, es totalmente incapaz de controlar el ingreso de drogas a su país. Por eso la guerra contra las drogas es un fraude y una farsa total. Esto explica el fracaso de la política antidrogas. La causa de la persistencia en esa política son los negocios, y Colombia y México aportan las víctimas de un prohibicionismo hipócrita. Donde huela a drogas, ahí están las tropas estadounidenses erradicando la cocaína, la heroína y el opio de los demás, y protegiendo a los barones de la droga que blanquean sus dineros a través de los bancos de Estados Unidos y de Europa, como seĖala Ventura. Mientras los insignificantes capos colombianos, lavan su plata y la ponen a circular en los circuitos financieros del país, antes de ser asesinados, encarcelados, o extraditados al norte. Cualquiera puede sentir que en esas condiciones es estéril el esfuerzo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dirigido a castigar a los delincuentes del sector financiero responsables del lavado de activos, y que la legalización del consumo que ahora propone la ONU para desestimular el negocio, no deja de ser una vana prédica esparcida en la soledad del desierto. Todo lo anterior nos obliga a repensar lo que ha pasado en Colombia. ņQué movió a Alvaro Uribe, el Karsai colombiano con antecedentes de narcotráfico, a permitir la instalación de 7 bases militares norteamericanas en nuestro territorio? En esa decisión anti soberana hay muchas cosas ocultas y oscuras. Hay también razones geopolíticas. ņQué papel han jugado realmente varios directores de la policía de Colombia en las últimas décadas?  Al final no se sabe si trabajaban atraídos por los estipendios jugosos de los capos, o trabajaban como agentes encubiertos para la DEA y la CIA. El Ministro de Defensa de Colombia, al acusar a la guerrilla, sólo hace el ridículo. Preguntémonos mejor, qué hacer para salir de este laberinto. De nuestra parte cerramos el 21 ciclo de conversaciones de La Habana presentando 50 propuestas, que de ser asumidas con sensatez por el gobierno, pueden coadyuvar a encontrar un camino, que al menos, mediante la sustitución gradual, saque a los campesinos del pantano de miseria en que se encuentran. Una conferencia de naciones deberá trazar las líneas estratégicas que permitan, con la espada de la verdad, darle la estocada final a ese monstruo, que es el Minotauro del narcotráfico [30].

16-3-2014, Aunque por razones distintas, las FARC, como el ex-Presidente Alvaro Uribe, cuestionan la legitimidad del Congreso elegido en marzo del 2014. Tras la abstención de más del 55%, los votos nulos y en blanco, se llenaron de razones para insistir en que solo una Asamblea Constituyente representará suficientemente al país para hacer viables los eventuales acuerdos de paz con el Gobierno. Las FARC creen que hay intención de “agigantar” el temor hacia Alvaro Uribe para, en las presidenciales, conseguir votos para partidos tradicionales como, según dicen, ocurrió en su momento frente a Alvaro Gómez Hurtado. Andrés París adelanta que ya están trabajando en mecanismos para resolver el tema de las víctimas, basados en la experiencia internacional, que “en ningún caso termina con cárcel para una de las partes”. No hemos hecho una evaluación total del resultado electoral, pero vemos que las fuerzas que lo apoyan alcanzan mayorías. Eso es muy importante, pero que el proceso de paz salga adelante va más allá de este Congreso. Este Congreso lo que demuestra es la necesidad de buscar espacios de apertura democrática. En el proceso electoral hay que mirar el universo de los que participan, pero también el de los que no participan y el de los que participaron pero no vieron opción. No podemos caer en la trampa de la falsa polarización Santos-Uribe. Hay un enfrentamiento por el poder, pero coinciden en el esquema político y económico. No vemos diferencias entre lo que ofertan Santos y Uribe. Frente a la Mesa de Paz significa que el establishment se divide entre derecha y ultraderecha, pero no se abre un matiz de centro o socialdemócrata. El nuevo Congreso es el de las transnacionales, no es el que se requiere para transformaciones profundas. Las elecciones mostraron una abstención de más del 55%. Hay que considerar por qué ninguna propuesta de derecha, ultraderecha y de izquierda mueve a esos colombianos. Eso cuestiona la legitimidad de cualquier elección en Colombia. Además, los votos nulos y los no marcados son más de 3 millones, y hay que sumar a eso los votos en blanco. Hay que darle a la Unión Patriótica la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con las otras fuerzas. Después de 17 o 20 aĖos de desaparición, no se podía pretender un buen resultado. El hecho es que el Congreso y el Gobierno no agotan la expresión política en Colombia, hay otros factores en movimiento, y las luchas agrarias van a mostrar la real influencia de estas fuerzas. Es mentira que lo acordado entre las FARC y el Gobierno, como dice el presidente de la SAC, amenace los intereses de los latifundistas, porque uno de los puntos que quedó pendiente fue el papel del latifundio. Esos temas fundamentales deben convocar a todo el país. Lo que no hace un proceso electoral, que mantiene indiferente a un 75% de los colombianos, puede hacerlo la discusión alrededor de la mesa. Que Colombia pueda opinar sobre unos cambios medianamente profundos y que nos comprometamos los distintos sectores a hacer esos cambios. Este debate electoral no agotó las expresiones políticas ni va a ser el que reforme profundamente a Colombia. Es el constituyente directo el que abrirá las puertas del cambio, y las fuerzas que ahora apoyan el proceso de paz van a coincidir en esa constituyente. Públicamente hemos expresado que solo aceptamos lo que bilateralmente acordemos. El marco jurídico para la paz fue hecho a la sombra del proceso que ya se había iniciado, no fuimos consultados. Vamos a presentar nuestras fórmulas cuando se aproxime el tema de víctimas, que es el que sigue al de cultivos ilícitos. Mecanismos para darle una nueva realidad jurídica al acuerdo. Se están consultando mecanismos, bien alejados de ese espíritu macartista frente a las FARC. Lo principal es que sea bilateral y que tenga en cuenta la experiencia internacional, que no muestra ningún caso en el que una de las partes termina en la cárcel. Todos los acuerdos presuponen una política de reconciliación que permita una nueva etapa. Hemos planteado que las víctimas deben hacerse presentes en la mesa. Pueden decir que las FARC deben pagar al menos un aĖo de cárcel; también pueden venir y decir que los generales de los últimos 30 o 50 aĖos paguen cárcel. El Gobierno se fue la última vez de La Habana pidiendo más acuerdos y menos palabras. Hemos mostrado la voluntad de avanzar en el punto de cultivos ilícitos, hemos hecho varias propuestas y hemos escuchado las del Gobierno. El debate es intenso, pero es posible conciliar. El acuerdo de paz no significa la desaparición del Estado. Pero una cosa es la presencia del Estado y otra, solo la presencia militar. La concepción de consolidación que tiene el Gobierno es un obstáculo, porque es esencialmente un plan de consolidación militar. El Estado ha seguido preparando operaciones militares, y las FARC no preparan atentados sino que responden militarmente. Todo el que atente contra la orden de no atacar a la población civil será sancionado de acuerdo con los reglamentos internos. Dejaremos de usar minas antipersona cuando lleguemos al cese bilateral de fuegos, se lo hemos dicho al Gobierno. Estamos listos para firmar un acuerdo humanitario, que empiece por un cese bilateral del fuego. Es el Presidente quien lo ha rechazado [31].

20-3-2014, En varias oportunidades hemos expuesto la necesidad de crear una comisión que tenga como propósito el esclarecimiento del origen y la verdad de la historia del conflicto interno colombiano. Los plenipotenciarios del gobierno han demorado una respuesta a esta petición. Dicha actitud deja de lado algo que es absolutamente necesario para garantizar el éxito del proceso de paz. Preguntamos: ņCómo pueden establecerse responsabilidades, o cómo puede abordar la mesa el tema de víctimas, de su reparación, del perdón y el compromiso de “nunca más”, si no se establece cómo se dieron los hechos de violencia que derivaron en seis décadas o más de conflicto armado? Presumir que las FARC-EP son los victimarios en un proceso de conflicto social interno que se inicia antes de su misma creación, y afirmar que sobre ellas recae toda la responsabilidad tras la ocurrencia de conductas y episodios violentos e inhumanos provocados por el mismo Estado y sus agentes oficiales y paraoficiales es una apreciación irreal, que mina la intención de lograr una reconciliación nacional definitiva. Han sido múltiples los agentes del terror y de muerte en el conflicto que se pretende dejar atrás. Individuos e instituciones y organizaciones públicas y privadas fueron y siguen siendo actores, ya por acción, ya por omisión, ya como auspiciadores, ya como ejecutantes de primera línea, de conductas atroces; actores responsables de la lucha sangrienta fratricida que aspiramos se supere definitivamente. Concluidos los conflictos internos o internacionales se han integrado comisiones relacionadas con la necesidad de esclarecer hechos y circunstancias propias de las contiendas superadas. No obstante, aunque aún prosiga el conflicto interno de Colombia, en vista de las conversaciones que se adelantan en la ciudad de La Habana para lograr su terminación definitiva, es imperante ir estableciendo las múltiples responsabilidades de los diversos actores sin el prejuzgamiento de que uno solo de ellos ha de ser el imputado y los demás implicados, su juez. Mucho más, cuando no hay o, si se quiere, no existe o no se ha dado un vencedor ni un vencido. Quede claro entonces que las FARC-EP rechazan esta absurda pretensión. La comisión que se propone y que exigimos comedidamente se proceda a conformarse de inmediato, es un instrumento sine qua non si se pretende, si se anhela llegar exitosamente al final del proceso que nos ocupa. No integrarla y no darle instrumentos para su alta misión es minar el esfuerzo en que estamos empeĖados; es decirle no a la paz. Se han integrado comisiones de la verdad o de similar fin en Argentina, Uganda, Chile, Chad, El Salvador, Haití, Sudáfrica, Guatemala, Nigeria, Sierra Leona, Ghana, Timor-Leste, Perú, Marruecos, Liberia, Alemania, Bolivia, Grenada, Indonesia, Nepal, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, República Federativa de Yugoslavia, Sri Lanka, para sólo mencionar algunas. Se pone de presente que en los casos citados los modelos de justicia transicional y las jurisdicciones conocedoras de los crímenes cometidos durante los conflictos superados, las autoridades imputadas o responsables por acción o por omisión no tuvieron a su cargo el juzgamiento de su contraparte. Así, a nadie sensato y conocedor de estos temas -es de esperarse que los plenipotenciarios del gobierno acompaĖen lo que en efecto es un axioma reconocido como tal universalmente-, se le puede ocurrir que un Estado plenamente imputable pueda recurrir al principio de legalidad, de por si viciado por su proceder para alegar suficiente autoridad y capacidad para aplicar un iuspuniendi en tanto que jamás puede ser juez y parte. Para establecer la realidad de lo sucedido en Colombia durante tantas décadas de conflicto social armado hemos sugerido en la mesa, de manera reiterada, la integración de la comisión para el esclarecimiento del origen y la verdad de la historia de la confrontación violenta. Sin que ello tenga lugar, el proceso en que estamos termina siendo inocuo. Esta aseveración no requiere mayor argumentación por su lógica y el sentido común que le abunda. Sin que se establezca el origen del conflicto y su verdad histórica, no puede haber paz, ni reconocimiento de sus víctimas, ni justicia ni reparación. Ninguna de las partes puede ser juez, máxime cuando puede haber sido victimaria. Respecto al Estado colombiano y sus distintos órganos y miembros, son incontables las acusaciones y sentencias judiciales que establecen la implicación de sus funcionarios en la comisión de graves crímenes contra el derecho internacional, así como la responsabilidad del Estado en ellos, al haber sido sus órganos oficiales, brazos ejecutores de esos crímenes en innumerables ocasiones. Existen otros sectores de la sociedad como los partidos y círculos políticos hegemónicos, las asociaciones de terratenientes, los gremios, la gran industria, los bananeros, ganaderos, banqueros y otros actores poderosos, que aun cuando pretendan desempeĖar el papel de meros espectadores, también han sido victimarios; al igual que las empresas que poseen los medios de comunicación social, convertidas de la misma manera en instrumentos de la guerra oficial, no solo desinformando o interpretando la noticia al acomodo del régimen, sino transmitiendo el pensamiento e inclinación de sus propietarios, siempre cajas de resonancia de la versión del gobernante de turno y de los intereses del gran capital nacional y transnacional. Las anteriores son sólidas razones por las que la paz requiere un relato de la historia verdadera del conflicto a fin de que se conozcan los sucesos tal como ocurrieron y se vienen sucediendo. Sin verdad no hay historia; sin historia no hay consciencia nacional. Si no se conoce la verdad del pasado no se puede construir una paz duradera. Un Estado que soslaya su historia carece de capacidad para solucionar un conflicto como el colombiano y para garantizar la no repetición del mismo. Delegación de Paz de las FARC-EP [32].

30-3-2014, SeĖores magistrados y magistradas, Corte Constitucional Colombiana, At.: Magistrada ponente doctora María Victoria Calle Correa, Ref.: Proyecto de ley estatutaria No. 63 de 2013/Senado-No. 73 de 2013/Cámara, “Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado”. Posición de las FARC-EP, frente a la citada ley. Los diálogos de paz que actualmente se adelantan en la ciudad de La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, se circunscriben estrictamente al contenido del llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado por las partes mencionadas el 26 de agosto de 2012, copia del cual se adjunta. Muy particularmente las FARC-EP, representadas por su Delegación de Paz, han sido muy celosas del cumplimiento exacto de los términos recogidos en el documento. Este fue el compromiso adquirido por las partes desde que formalmente se iniciaron las conversaciones el día 18 de octubre del citado aĖo. No obstante lo afirmado arriba, ciertos matices de interpretación por parte del gobierno, dejaron entrever que este llegaba a la mesa de diálogo con una visión restrictiva de lo plasmado en el texto suscrito. Así, para sus representantes, solo los temas seĖalados en cada uno de los numerales de la Agenda habrían de ser objeto de referencia taxativa, estudio y decisión. Lo manifestado como conceptos, principios generales, o afirmaciones relativas al estado del país en el campo social, político y económico por fuera de lo limitado a la rigurosa numeración, no podía ser tenido en cuenta. Como que los conceptos y principios, si bien habían sido útiles para contextualizar los puntos por desarrollar, se mantendrían por fuera del alcance de las observaciones y análisis que cualquiera de las partes pretendiera hacer; se ha rechazado a priori por los plenipotenciarios del gobierno y de forma absolutamente caprichosa, la posibilidad de aludir a ellos como basamento y referencia real de lo acordado. Entre tanto, para las FARC, todo lo suscrito, aún lo incluido por fuera de los temas estrictamente enumerados, constituye, con lo demás, un solo texto; un texto liado, integral, imposible de desmembrar. Tal como los considerandos o preámbulos de los acuerdos o tratados públicos hacen unidad conceptual con el resto del contenido. Y como sucede con el Preámbulo de la Constitución colombiana de 1991. La “precisión” exigida por el gobierno hasta hoy ha conducido a la interpretación meramente exegética de los numerales de la agenda suscrita, empobreciéndola torpemente, ya que ha dejado por fuera del temario realidades nacionales de a puĖo que a nadie escapan. Pero lo cierto es que lo escrito, escrito está, y que por tratarse del acuerdo para la “construcción de una paz estable y duradera”, refrendado para el caso por las fuerzas contendientes, es decir, por el “Gobierno de la República de Colombia”, con las firmas de su “plenipotenciario” Sergio Jaramillo y su “plenipotenciario” Frank Pearl; y por las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo” con las firmas del “plenipotenciario” Mauricio Jaramillo, el “plenipotenciario” Ricardo Téllez, el “plenipotenciario” Andrés París, la “plenipotenciario” (sic) Sandra Ramírez, el “plenipotenciario” Marcos León Calarcá y el “plenipotenciario” Hermes Aguilar, se terminó construyendo y adoptando un convenio especial de los aludidos en el Artículo 3ľ común a los Acuerdos de Ginebra de 1949, para bien de Colombia en general, y la población civil no combatiente en particular. Lo último afirmado es especialmente significativo. La “persona humana” de cada colombiano (por decirlo así), quedó envuelta y expectante por la decisión tomada en La Habana de manera libre y vinculante por las partes. Seguramente -las FARC quieren creerlo así-, al gobierno lo acompaĖó la idea de aplicar los “usos establecidos entre naciones civilizadas”, los “principios de humanidad” y las “exigencias de la conciencia pública”, tras tanto crimen de Estado y después de haber desconocido la existencia de un conflicto interno y provocado una peligrosa confrontación armada, absolutamente asimétrica, con todas las consecuencias que esa realidad generó y sigue generando. No de otra forma cabría entender la búsqueda de la paz en los términos pactados. Para bien de la nación colombiana prevaleció en los momentos del entendimiento -esperan las FARC que haya sido así-, el espíritu de la Cláusula Martens que encierra los conceptos transcritos, vigentes desde 1899, y que fueran consignados con claridad en el Protocolo II (1977), de los tratados referidos. No sobra anotar que sirvieron de testigos de la suscripción del Acuerdo de La Habana dos gobiernos extranjeros. Registraron su presencia mediante las firmas de sus agentes acreditados para aquel efecto, así: “Por el gobierno de la República de Cuba”: Carlos Fernández de Cossío y Abel García; “Por el gobierno de Noruega”: Dag Halvor Nylander y Vergar S. Brynildsen. Igualmente firmaron como testigos nacionales y a la vez “por el gobierno de la República de Colombia”, Enrique Santos C., Alvaro Alejandro Eder, Jaime F. AvendaĖo, Lucía Jaramillo Ayerbe y Elena Ambrosi. El detalle con que nos hemos permitido describir las formalidades del acuerdo de La Habana (aun con excesivo entrecomillado), tiene como explicación el querer destacar muy singularmente la naturaleza y contenido jurídico internacional que contiene su suscripción. Los acuerdos de Ginebra de 1949 y sus protocolos forman parte del llamado bloque de constitucionalidad al que debe someterse la Corte para la toma de sus decisiones. Lo asumimos y tomamos de esa manera; igual lo entienden expertos nacionales e internacionales. Así, los alcances de los convenios especiales surgidos de tal nivel normativo, en tanto tengan como objeto lograr la paz, constituyen una categoría jurídica superior que engendra verdadero derecho sustantivo supra-constitucional, que a su vez deriva derechos y obligaciones inseparables respecto a la esencia del mismo derecho de gentes. Por ello su tratamiento y desarrollo debe estar sujeto a la lealtad de las partes a su letra y espíritu, a la buena fe debida al pueblo nacional colombiano combatiente y no combatiente, a las víctimas de la contienda, y a la comunidad internacional. Todo lo cual informa que del texto mismo del acuerdo, elevado a categoría supra normativa derivada de la naturaleza de su condición, se desprenden conductas imperativas, como también inexcusables exigencias, para ser atendidas por los signatarios del documento aludido; y más, cuando no cabe soslayar la inexistencia de salvedades o reservas que hubieran evitado alcanzar el principio de igualdad que hoy los rige y compromete cabalmente. No sobra anotar que lo que acá se viene exponiendo corresponde estrictamente a lo que internacionalistas afirman con plena autoridad sobre la materia. De la misma manera, lo que a continuación se indica. Valga acotar que copia del texto del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto del 26 de agosto de 2011 fue conocido oportunamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, el cual contribuyó efectivamente al traslado de los delegados insurgentes hasta La Habana, lo cual da fe de que en sus manos se ha depositado el acuerdo siguiendo lo insinuado para estos casos por los doctrinantes. Las afirmaciones ya expuestas ponen de presente la necesidad de que los protagonistas de los diálogos (nosotros uno de ellos), comprendamos que sentados en la misma mesa con una agenda que no supone, ni mucho menos reconoce vencedor alguno, los términos de la relación parte-parte deben corresponder a lo afirmado en el cuerpo del Acuerdo General en el sentido de que, mínimo, nos sujetemos a su espíritu y letra a fin de continuar construyendo la confianza necesaria para culminar de forma exitosa lo que nos hemos propuesto y nos obliga, toda vez que se busca construir la paz con todo lo que ello implica. No cabe entonces derivar del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto competencia exclusiva para una sola parte que le permita arrogarse el derecho de definir inconsulta y unilateralmente la fórmula de refrendación de lo que eventualmente llegare a acordarse. Mucho menos fijar fechas y términos a fin de acomodar a su capricho un referendo jamás acordado. Si bien es cierto que el gobierno tiene la potestad de la iniciativa legislativa y de introducir al Congreso de la República propuestas de actos legislativos y leyes estatutarias, quede claro que el Proyecto de ley estatutaria No. 63 de 2013/Senado-No. 73 de 2013/Cámara, identificado con el título “Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado”, hoy a consideración de la Corte Constitucional para definir su constitucionalidad, es completamente ajeno a la realidad de lo acontecido en la mesa de La Habana. Quede sumamente claro -se manifiesta de manera respetuosa pero terminante-, que para una de las partes, en este caso para las FARC-EP, la ley estatutaria a consideración de la Corte no es vinculante. Para nosotros es inane. Bien define esta palabra el diccionario de la Real Academia de la Lengua: Inane- “1. Adj. Vano, fútil, inútil”. Las cuatro palabras sintetizan nuestro pensamiento. Pero no se trata de una necedad o capricho de nuestra parte. Téngase en cuenta que se desprende de las conversaciones y del desarrollo de la agenda que el punto 6 de la misma que toca con la “Implementación, verificación y refrendación” de lo que pudiera acordarse, no ha sido objeto de estudio aún. Basta revisar las actas o documentos que han surgido de las rondas efectuadas en la ciudad de La Habana para concluir que lo afirmado por nosotros es exacto. Agregando de nuestra parte además, que, tal como se desprende del punto 10 del aparte VI del acuerdo sobre las Reglas de su Funcionamiento, “las conversaciones se darán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado”. ņCómo pudo entonces el gobierno sorprender a su contraparte en los diálogos de La Habana y al país en general con la iniciativa que hoy se encuentra a estudio de la Corte? Y nos preguntamos: Semejante iniciativa, ņpara refrendar qué? De una visión restrictiva del acuerdo que el gobierno ha sostenido como la única viable para dialogar, se desbordó “a la loca” violando sus propios compromisos; y haciéndole creer a la nación entera que el proyecto de ley estatutaria que nos ocupa corresponde a un acuerdo surgido de la mesa de La Habana. Nada más inexacto por no corresponder a la verdad. Permítasenos seĖalar lo siguiente: en la mesa de La Habana los plenipotenciarios de gobierno habían advertido que ninguna de las partes sería sorprendida. Sí hubo en efecto una aproximación informal al tema del referendo, pero por fuera de la mesa. Tuvo lugar como iniciativa de algunos plenipotenciarios del gobierno. La respuesta de las FARC-EP fue clara: Se adujo que en su momento oportuno se estudiarían las formas de refrendación; se agregó que los temas que el gobierno pretendía llevar a dicho referendo no interpretaban las aspiraciones de su contraparte. Los comisionados gubernamentales afirmaron entonces que el tema se dejaba como no tratado. Y se nos manifestó que no se tomarían iniciativas relativas a los asuntos de agenda sin que mediara un acuerdo previo. Cual nuestra sorpresa cuando el gobierno de manera unilateral, desconociendo su palabra y compromiso, sin que se hubiera tomado decisión alguna sobre dicho particular en la mesa de La Habana, resuelve radicar el día 22-7-2013 -se repite: de forma inadvertida e inconsultamente respecto de su homólogo en los diálogos-, un proyecto de ley estatutaria en el Senado de la República dirigido a obtener del Congreso la aprobación de reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Habían pasado escasos días de haberse definido por las partes la requerida claridad y transparencia respecto del manejo que había que dársele al controversial tema. No obstante ello, el gobierno resolvió dejar de lado la confianza que se venía creando entre las partes sorprendiendo, no solo a las FARC-EP, sino al país entero. Lo relatado llevó a las FARC-EP a que el 23-7-2013 tomaran la decisión de hacer una pausa en los diálogos de paz en Cuba. De contera se anunció a la opinión pública nacional e internacional que para nosotros la ley estatutaria no tendría efecto vinculante alguno. Hoy reiteramos dicha posición con más claridad; y con total consciencia respecto de lo que se pretende con el proceso de paz que aún se adelanta. Reiteramos que debemos procurar que los diálogos de paz iniciados en la República de Cuba lleguen a feliz término. Para lograr la meta es imperativo mantener vigente el principio de igualdad alcanzado y plasmado en el documento suscrito, así no se haya hecho referencia a ello explícitamente. Lo cierto es que de su lectura se infiere cabalmente esta realidad político-jurídica. El texto no seĖala ventajas para ninguno de los dos lados ni establece condiciones de tiempo para dialogar; registra, sí, el acuerdo de “concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible”, pero sin fijar calendarios. Y no hace referencia a circunstancias de política partidista o de grupo o de eventuales hechos que pudieran surgir en el camino del diálogo como causal o causales justificativas de modificaciones del Acuerdo General, o a futuros motivos de los que se pudieran desprender limitaciones o beneficios para una sola de las partes. Aceptada la igualdad de los interlocutores como uno de los elementos sustanciales del acuerdo, no es aconsejable afectar el proceso de paz con circunstancias exógenas o elementos ajenos a la agenda que puedan truncar o menospreciar dicha igualdad. Vincular las negociaciones a las estrategias y necesidades electorales del gobierno significa desconocer la necesidad de que la paz debe ser ajena a caprichos de momento. Como igual, no es nada prudente, y más, se torna en un obstáculo para el éxito del proceso, adelantar conductas por iniciativa de una parte que puedan tomar por sorpresa a la otra, so pretexto de crearle hechos aparentemente irreversibles con el mero ánimo de servirse políticamente. Fácil era advertir que la iniciativa gubernamental provocaría severos rechazos. Tanto así como para que le hubiera correspondido a Timoleón Jiménez, Comandante en Jefe de las FARC, dar a conocer algunos de los pormenores de lo que estaba en juego. Tres días después de presentado el proyecto de ley, es decir, el 25 de agosto, en comunicado especial el Comandante Timoleón se refirió al delicado tema. Se transcriben algunos de sus apartes: “La reciente presentación del proyecto que busca reformar la ley para permitir que la realización de un referendo pueda coincidir con la fecha normal de otra convocatoria electoral pública, no es un hecho tan límpido como pretende presentarlo el gobierno nacional. El Presidente Santos expone que busca generar las condiciones que posibiliten, ante un eventual acuerdo en la Mesa de La Habana, que se pueda realizar de manera expedita el referendo aprobado en el Acuerdo Final, a fin de poder materializar el pacto de paz. Y como si buscara restarle importancia al tema, argumenta que si no se logra ningún Acuerdo en la Mesa, o si allí no se define que el procedimiento de refrendación de los acuerdos sea un referendo, simplemente no va a pasar nada, la ley aprobada no se aplicaría y punto. Reflexionemos un instante sobre eso. ņTiene alguna presentación, se ha visto en algún país del mundo, que un gobierno proponga una ley, presuponiendo algo que no se sabe si se va a dar, y afirmando que si no se da, no importa nada?. ņPuede un gobierno poner en funcionamiento la máquina estatal entera, involucrar los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con carácter de urgencia, a fin de obtener una ley que le permita ejecutar algo que él mismo admite que es probable que no se dé?(…). El propio Humberto de La Calle, reconoce que el tema forma parte del punto 6 de la Agenda, que ni siquiera se ha comenzado a discutir. Cuando se discuta, puede ser acordada una fórmula bien distinta, caso en el cual la ley propuesta sería una simple medida de prevención por si acaso. “Eso no puede creerse, no se puede ser tan ingenuo. (…). Eso no sería un acuerdo. (…)”. Otras reacciones a la iniciativa del gobierno no se hicieron esperar. Mientras el Presidente del Senado, seĖor Juan Fernando Cristo anunciaba que “El Congreso tiene la obligación de tramitar, con mensaje de urgencia esa ley, (…)”, con la esperanza de que en tres semanas estuviese lista para ser aprobada, desde La Habana la delegación de paz de las FARC-EP dio a conocer su posición oficial. A continuación, apartes de lo manifestado por esta: “Un acuerdo de paz no es asunto que se pueda resolver o definir de manera unilateral, así como el mecanismo de refrendación no es aspecto que pueda ser resuelto solamente por el gobierno. Tomarse esas atribuciones es flagrante violación del acuerdo general firmado en La Habana. La circunstancia de presentar ante el Congreso un proyecto de ley que prepara el terreno para imponer un mecanismo nodal para el proceso, sin discutirlo con la contraparte, expresa una situación de hecho que ni se comparte ni se acompaĖa. (…) Las FARC-EP no piensan modificar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto de donde se desprenden claramente sus facultades de negociación”(…). En conclusión: La iniciativa presentada ante el Congreso por el gobierno como primer paso para refrendar en el futuro el eventual acuerdo que se llegare a alcanzar en La Habana, no es vinculante. (…)”. Se equivocó el gobierno al menospreciar la lealtad debida al compromiso surgido para los interlocutores en el Acuerdo General firmado en La Habana con terceros Estados como testigos. El burdo aprovechamiento de los diálogos de paz que pretendió hacer el gobierno para beneficio exclusivamente suyo, presentando la ley estatutaria hoy en manos de la Corte para su revisión, vulneró el principio de igualdad analizado antes, dificultando aún más la construcción de una política de paz de Estado que congregue a su alrededor a toda la nación. Pero como si no hubiere sido suficiente el trauma causado al proceso de La Habana por la no solo desdorosa, sino desleal conducta del gobierno al haber procedido como precedió, el mismo título de la norma aprobada y su contenido vulneró en materia grave la salida final del proceso en que estamos. En efecto, reza así el título: “Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado”. Pretendieron el Gobierno y el Congreso con lo manifestado en el susodicho encabezamiento ponerle obstáculos a otros mecanismos de refrendación. Creyeron que con ello echarían por la borda una parte importante del Acuerdo General aprobado en La Habana. Y como si esto fuera poco, se reitera la misma intención en los enunciados de los artículos 1 y 2 de la norma que se revisa, así: Artículo 1ľ.- Referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado. Artículo 2ľ.- Fecha para la realización de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado. Quede claro que nos oponemos rotundamente a que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito de buena fe por las FARC-EP el día 26 de agosto de 2012 en La Habana, capital de la República de Cuba, sea alterado en materia tan grave por el gobierno nacional y sus plenipotenciarios en la mesa de diálogo y por órganos del Estado también asaltados en su buena fe. O, ņes que en algún momento el gobierno informó a las comisiones de Senado y Cámara y a las plenarias de las corporaciones sobre la propuesta formulada a las FARC-EP para ser incluida en el referendo? Sabemos que no. De lo que sí tenemos certeza es que el gobierno jugó con las instituciones a la “gallina ciega”. Mal antecedente para la República todo lo ocurrido con la iniciativa que hoy combatimos y rechazamos tajantemente. El iter escogido por el gobierno ha sido perverso. Invitamos a que el país lo condene. El Acuerdo General, tantas veces referido, es un marco de obligatorio cumplimiento para las partes. Contiene una categoría jurídico-política vinculante que debe ser admitida en los términos acordados y firmados; salvo que las mismas partes firmantes acuerden lo contrario o la modifiquen conjuntamente. Imposible que no importe a este alto tribunal constitucional la palabra empeĖada del Estado. Proceder inadecuadamente y sin acertado tino, sería reconocerle al Acuerdo el valor equivalente al precio del papel que lo contiene. Desconocer el acuerdo es igual a destruirlo. Desconocerlo es darle crédito cero a las palabras y las firmas de los plenipotenciarios del gobierno. ņQué pueden valer, después de darle un hachazo a lo convenido libremente en La Habana, la palabra y la firma de los mismos plenipotenciarios gubernamentales en un acuerdo definitivo de paz? Dejamos constancia, además, que de haber aceptado las FARC-EP el mecanismo de refrendación para las próximas elecciones de Congreso y Presidente de la República, no habría nada acordado aún para refrendar, pues “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Y falta mucho aún por explorar, estudiar y acordar; todo lo cual implica que, -lo repetimos-, de haber consentido las FARC-EP la iniciativa que estudia la Corte Constitucional en el momento presente, el instrumento de por sí sería inocuo. Es que no hay acuerdo alguno que pudiera ser objeto de refrendación el 9-3-2014, ni el 25-5-2014. Así, solo resta preguntar: ņSerá que el espíritu que acompaĖó al gobierno al presentar la iniciativa corresponde a su deseo de adelantar un referendo en el aĖo 2018? ņEl gobierno, el Estado colombiano sí quiere la paz? Delegación de Paz de las FARC-EP [33].

9-4-2014, Iván Márquez, Jefe del equipo negociador de las FARC, habló sobre los diálogos de paz. No puede haber impunidad sobre los delitos que ha cometido el ex-Presidente Alvaro Uribe. Respecto de los delitos que hayan cometido las FARC, no hemos venido a La Habana a negociar impunidades; somos conscientes de que en Colombia hay un conflicto. Que las víctimas son víctimas del conflicto, que el Estado también es responsable por acción o por omisión, que es urgente, muy necesario conocer el relato de la historia sobre cómo se originó el conflicto, quiénes son sus responsables, para -sobre esa base- iniciar una discusión que nos permita dilucidar este aspecto y luego vemos cómo abordamos el tema de justicia. Respecto de si las FARC están dispuestas a pagar por los delitos que la justicia eventualmente les compruebe, nosotros ya hemos hablado de ese tema, estamos dispuestos a un acto de contrición, incluso hay una propuesta que ya hicimos pública en el sentido de escoger un día en el que todos los actores del conflicto, sin excepción, hagamos ese gran acto de contrición y nos comprometamos a un Ńnunca más!  Si eso se da, estaríamos nosotros dando pasos muy importantes, unos pasos que van a rodear de mucha confianza a este proceso y sobre todo va a provocar una tranquilidad interior en todos los colombianos. Se pueden estudiar fórmulas, que arrojen satisfacciones a las partes, pero fundamentalmente que dejen tranquilas a las víctimas, que es el aspecto que las delegaciones de paz estamos intercambiando en La Habana. Debemos tener en cuenta primero a las víctimas. En las últimas elecciones parlamentarias, Uribe obtuvo 20 curules. Nosotros no es que estemos muy satisfechos con la confirmación de este Congreso, ahí se ha producido una reedición del Congreso anterior que arrastra toda una estela de problemas, de corrupción, de narcoparamilitarismo, que hacen que la opinión del país pierda confianza en este tipo de instituciones. Habrá que hablar con este Congreso, si el país quiere la paz, yo creo que ningún Congreso se puede oponer. Nosotros estamos planteando la realización de una asamblea nacional constituyente, pero una constituyente que sea el resultado de un acuerdo político entre todos los actores sociales, los mismos partidos, en torno a la necesidad de involucrarnos en el esfuerzo de una constituyente que tenga como propósito la paz. Y en este sentido habrá que convenir aspectos relativos a contenido, relativos a la configuración y al periodo y esas cosas, se tiene que hablar con el Congreso inicialmente. Es posible que Uribe esté pretendiendo una Constituyente para blindarse jurídicamente a futuro. La campaĖa electoral no deja de emitir ruidos, sonoridades innecesarias, inoportunas en este esfuerzo por construir la paz. Cualquier cosa que digamos las delegaciones en torno a los avances en la mesa va a encontrar cuestionamientos entre los distintos opositores o entre los distintos candidatos que aspiran a la Presidencia de la República. Lo ideal aquí es que exista más bien una política de paz de Estado, no de candidatos, que la paz no dependa de partidos ni de caprichos de ningún líder político en Colombia. {LDP: Salvo los guerristas, toda Colombia quiere la paz; lo que no está en claro es qué significado tiene la paz para cada sector en Colombia}Nosotros hemos decretado dos treguas unilaterales para tratar de rodear las conversaciones de un ambiente sosegado, necesario para avanzar en la construcción de acuerdos. Es que la confrontación en Colombia tiene unas características especiales y para rodear de un ambiente de verdad favorable para el avance de los acuerdos, nosotros pensamos que es necesario un cese bilateral de fuego, sería lo mejor. El Gobierno nos ha dicho que no, y aduce unas razones que no las tenemos muy claras, pero nos da la impresión que lo que se busca es presionar a través de operaciones militares en Colombia resultados en la mesa. En la negociación del punto de narcotráfico, estamos realmente discutiendo un tema nodal, que es la concepción de la política antidrogas. Nosotros queremos que sea una política soberana, propia de los colombianos que no dependa de EUA. La política antidrogas ha fracasado y lo reconoce el propio presidente Obama, lo reconoce la academia mundial. El camino es la sustitución gradual y al mismo tiempo con la puesta en marcha de planes alternativos para los campesinos y de presencia del Estado en estas áreas olvidadas con obras, con infraestructura, esta gente ha estado abandonada durante muchos aĖos, por décadas en Colombia, si se hace esto y desde luego teniendo en cuenta que aquí lo fundamental para llegar al acuerdo es la consulta directa con las comunidades campesinas, todo lo que se haga por esa vía nosotros lo respaldamos. Es fundamental que el acuerdo sea el producto del consenso entre el Gobierno y las mismas comunidades campesinas [34].

17-4-2014, Andrés Paris, vocero de las FARC-EP: pretender desarmar unilateralmente a una de las partes en Colombia, es ilusión de mago filibustero. La fecha, él aĖo de mi incorporación a las FARC-EP es fácil recordarlo. Es la suma de razones ideológicas y políticas las que explican la conducta de hombres y mujeres que de la militancia política legal, dimos el paso a la ilegalidad guerrillera en forma consciente y oportuna. 1984 fue el aĖo en que se dieron los primeros asomos de la experiencia de la U.P. victimizada en la larga guerra de extermino del régimen colombiano. Ya para ese aĖo asistíamos a los entierros de líderes de todo tipo asesinados por las fuerzas del Estado, llámense policía, ejército o escuadrones de la muerte paramilitares. Los espacios legales para la actividad de la izquierda se mantenían, pero ya eran una trampa que amenazaba la vida de miles de dirigentes, que efectivamente fueron asesinados. Fue entonces, creo yo, que se configuro una chispa de razones e intuiciones, lo que me condujo a la selva. Allá, pude continuar mi actividad política en armas, dentro de la idea guevarista que el guerrillero ocupa el escalón más alto, del compromiso revolucionario. Las FARC-EP la sigo viendo como la continuación lógica de más tres lustros de luchas juveniles y estudiantiles donde formamos nuestra visión de resistencia y lucha, hasta ver coronado nuestro esfuerzo en una victoria revolucionaria. Por designación del Secretariado de las FARC-EP he sido incorporado en los equipos de dialogo de la organización en las experiencias de Caracas, Tlaxcala, el Cagüán y La Habana. Mi aporte ha sido modesto, pero la experiencia recogida ha sido muy rica. Los diferentes procesos de paz han permitido poner en desarrollo y enriquecer la concepción estratégica del dialogo, como una opción, para arribar a los cambios democráticos y revolucionarios que figuran en los programas elaborados por el camarada Jacobo Arenas y Manuel Marulanda Vélez. Todo surge en los diálogos de Casa Verde, la mítica región, donde se inauguraron los diálogos con el entonces Presidente Belisario Betancourt. La cuna de nuestra inspiración está en esa región, donde aprendimos, la nueva generación de guerrilleros, cómo era posible enarbolar las banderas de la paz en una mano manteniendo firme el fusil en la otra. Y en eso estamos. El termino máximo o mínimo para firmar definitivamente la paz, no está sino en la loca imaginación de los guerreristas, que identifican ese fin con la derrota militar de las FARC-EP, y se han equivocado siempre poniendo le fecha y plazo fijo. Llevan 50 aĖos buscando la derrota de la guerrilla revolucionaria en el próximo fin de semana. Los anuncios presidenciales al principio jugaban con fechas y calendarios de desmovilización y algunos voceros de esas oficinas creadas para recoger el despojo de una guerrilla derrotada. Las verdaderas intenciones, debemos buscarlas en lo que ellos escriben en sus ilustrados libros de experiencias de negociación. Vale recordar el publicado por Rafael Pardo que después de protagonizar la desmovilización del M-19 escribe un libro sobre la guerra. Recomiendo leerlo en su capítulo de los diálogos con el M-19. El gobierno actual se orienta, vincula esta experiencia victoriosa para el régimen, a los procesos actuales de diálogos con nosotros y con el ELN. Es necesario igualmente repasar, conocer los textos que reseĖan las diferentes fases de la guerra elaborados con pomposos nombres como Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Consolidación y los mas actuales Plan Espada de Honor Versión uno y dos. Francamente son más cándidos los conferencistas de Harvard, expertos en negociación que los manuales que escriben en Colombia los aventajados alumnos que han pasado por dicha Universidad. Aun no asoma, ni asomará voluntad real de gobierno alguno de alcanzar la fecha para poner fin al largo conflicto social y armado. Lo que orienta la conducta oficial, es la búsqueda de una derrota política de las FARC-EP confiando en una inventada derrota estratégica de la organización. En eso andan ellos. Lo demás son los usos y abusos al manipular los anhelos de paz, para forjar éxitos transitorios, lograr gobernabilidad y ganar elecciones. Estamos en una campaĖa electoral donde el régimen y sus candidatos se muestran divididos y muy débiles, se aproxima la victoria más pírrica electoral de toda la historia de Colombia. La izquierda dejará pasar este cuarto de hora por la división y las confusiones de todo tipo. Solo un cambio de régimen, con la vinculación de nuevos sectores sociales al ejercicio del poder político, podrá imponer las bases de una paz definitiva ligada no solo a los anhelos subjetivos de paz, sino acompaĖados con cambios reales sobre todo en el terreno de las libertades democráticas y conquistas sociales. Los gobernantes de hoy son muy tacaĖos. Las elecciones de marzo al Congreso, fueron un recetario de farsas y deformaciones antidemocráticas. Definitivamente por esa vía, la electoral, mientras sectores de la izquierda sigan creyendo que es la única vía para triunfar la cosa se pone confusa y la victoria vendrá en los próximos siglos. Solo el 25 % de los votos emitidos en marzo se hacen efectivos en elegir a los parlamentarios. La otra realidad es más contundente, pero como por arte de magia, desaparece en los análisis de los politólogos tarifados. El voto en blanco, la abstención, los votos nulos, los no marcados, el trasteo de votos de una región a otra, la compra de votos que para las presidenciales llegan a la suma de 200 dólares, los congresistas paramilitares, más de 70, la zonas ocupadas por el ejército más la mermelada, o sea la plata de la corrupción, impiden cualquier victoria popular. Pese a eso, mantenemos la orientación que el camino de los avances en todas las expresiones de la lucha popular pasa por la unidad de la izquierda como parte de una alianza más amplia de los sectores democráticos, estamos por el avivamiento de la lucha social en esta etapa, por la convergencia de todos los sectores del país que buscan la paz con justicia social. Desde La Habana surge un programa de cambios que los candidatos deben agitar en perspectiva de una gran Asamblea Constituyente. El plan de la reforma agraria que necesita el país, está en las 100 propuestas presentadas por la delegación de paz, igualmente las 100 iniciativas para la reforma política. Hay bandera para agitar, una Asamblea Constituyente para concretar contando con todas las fuerzas y sectores que se expresaran por la paz en las elecciones presidenciales de mayo y con los movimientos sociales que ganan en protagonismo y elevan el contenido político de sus exigencias. En esa perspectiva, sabemos qué ofrecerá Santos en caso de triunfar. Igual cosa los dos o tres candidatos que vienen de las filas “uribistas”. Estos sectores que se preparan a ganar, no quieren reforma agraria, no tocaran el gran capital, ni las mafias financieras del narcotráfico, ni modificaran un centímetro la entrega al capital extranjero. Representan la continuidad de la política que combina las formas violentas de gobierno con ofertas de una paz sin cambios ni reformas sociales y democráticas. Trabajamos por una paz concreta y las demoras se encuentran precisamente en la resistencia que oponen los gobernantes a hacer cambios y reformas. Quieren la paz a secas, sin dar nada para el pueblo. Por eso lo más concreto que puedo responderte es que seguirá la lucha en la mesa de dialogo, por arrancar condiciones dignas para nuestro pueblo que enaltezcan los 50 aĖos de lucha de las FARC-EP próximos a cumplirse el 27 de mayo. Las FARC-EP no nació en Marquetalia para diluirse 50 aĖos después en los brazos demagógicos de ofertas mochas de gobiernos neoliberales que están en pleno desarrollo de la etapa más salvaje de la explotación capitalista. Avanzamos tras dura discusión en los dos ítems sobre las drogas ilícitas, faltando el tercero que compromete al gran capital en los negocios del narcotráfico. Esperamos una reacción como en los puntos anteriores de súper protección del capital extranjero que a través del lavado de dinero absorbe el dinero sucio de la coca y que ellos santifican al ponerlo a correr por los circuitos financieros. Rechazamos la visión que inspira la llamada guerra al narcotráfico, que solo persigue a los campesinos colombianos o a los consumidores en todo el mundo, dejando sin tocar el eslabón más fuerte de la cadena: los grandes capitales que cuentan con esos dineros para su hegemonía en el mundo. El optimismo oficial sobre los diálogos no es tal, cuando vemos que no tiene una defensa permanente del proceso. Solo lo usa para propósitos inmediatos. El optimismo nuestro es el que ha construido nuestro pueblo: ver que en la mesa, las partes pacten los cambios que hagan de Colombia un país incluyente, democrático y el país del buen vivir. Las armas dejaran de ser necesarias, cuando todos los bandos enfrentados, renuncien a ellas. Pretender desarmar unilateralmente a una de las partes, es ilusión de mago filibustero [35].

24-4-2014, La Delegación de Paz de las FARC denunció la “presión y chantaje injerencista” del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que insiste en tratar a los comandantes guerrilleros de narcotraficantes. Tanto el Presidente de la República, como sus plenipotenciarios en la mesa han afirmado que la guerrilla de las FARC no es una organización narcotraficante y que por eso están dialogando con ella. El gobierno norteamericano mantiene una doble moral, al financiar en todo el mundo operaciones encubiertas con dineros del narcotráfico. En los diálogos de paz, hay una imperiosa necesidad de cambiar la política de guerra a las drogas, que ha demostrado su completo fracaso. Debe constituirse una Comisión para el esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto, con el fin de “comenzar y dar buen rumbo” al debate sobre las víctimas del largo conflicto armado colombiano. “Solo la Constituyente podrá dar estabilidad institucional y generar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de la democracia” [36].

26-4-2014, Comunicado Delegación de Paz de las FARC: “Comisión para el esclarecimiento del origen y la verdad de la historia del conflicto interno colombiano”, una necesidad para la conquista de la paz. El padre Libertador nos enseĖó que la verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir, y nos dijo Cicerón que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. De manera sencilla, con esas dos certezas respaldadas con un cúmulo de experiencias irrefutables, queremos reiterar que la construcción de los fundamentos de una paz estable y duradera tiene como condición ineludible e inobjetable un acercamiento a las complejas condiciones históricas que originaron el conflicto interno colombiano, así como a las causas y factores que explican su tendencia y persistencia. Todo, dentro un criterio de verdad; dentro de una regla que pueda permitirnos establecer juicios que coincidan con la realidad. Tener un criterio de verdad es tener la posibilidad de discernir y de juzgar. Porque, ņa quién juzgar, sobre quién colocar las responsabilidades del desangre nacional si no se establece la verdad de lo que ha sido la historia de la confrontación que nos han impuesto durante tantas décadas? Las FARC queremos reiterar en los inicios del ciclo 24 de las conversaciones de paz en La Habana la decisión de hacer todos los esfuerzos para alcanzar una solución política a la larga contienda que ha desangrado al país y ha producido centenares de miles de víctimas respecto a las cuales, de manera prioritaria, fundamental, deberemos reivindicar sus derechos a plenitud, lo cual debe ser un propósito mayor que implica el ineludible esclarecimiento del origen y la verdad de la historia del conflicto. Tal esclarecimiento deberá obligar a los distintos actores implicados a reconocer sus responsabilidades y, a quien corresponda, a pedir perdón a toda la sociedad por el daĖo causado en esta confrontación impuesta por el régimen. De nuestra parte jamás, como gente de pueblo y revolucionarios que somos, rehuiremos nuestras responsabilidades. En tal sentido repetimos con convicción y determinación que no hemos venido a La Habana a “pactar impunidades”. Por las convicciones del ideario revolucionario que hemos defendido a lo largo de cinco décadas de lucha política y armada, entendemos que la sociedad colombiana en su conjunto y, de manera especial, las víctimas del conflicto interno, tienen todo el derecho a reclamar la construcción de una verdad histórica que explique la complejidad de lo acontecido, reconozca los impactos sobre la vida y los derechos de nuestro pueblo, esclarezca el rol desempaĖado en la contienda por múltiples actores políticos, económicos y sociales, contribuya a sentar las bases para superar las condiciones y las causas sistémicas originadoras y reproductoras de la violencia, y permita reparar a las víctimas del conflicto proveyendo garantías reales y materiales de no repetición. Esa es nuestra decisión, esto es asunto prioritario de nuestros empeĖos, sin que consideremos que iniciar el camino iluminado de la verdad, el camino del ejercicio de la honestidad, la buena fe, la sinceridad humana, del concierto de la conciencia con los hechos, con las cosas, con las relaciones ciertas de ese todo que ha sido nuestra existencia en el caos de la violencia a la que por décadas nos han condenado las élites gobernantes, sea una excusa para las dilaciones del proceso de conversaciones. Por el contrario, y luego de nueve meses de insistir en el establecimiento de una comisión cuyos resultados debían darse en seis meses, creemos que los obstáculos se presentarán si no se tiene la sensatez de brindar la posibilidad de ir sobre aquello que está más allá de las apariencias y las mentiras asumiendo la historia como la esencia misma de la memoria. Es en ese sentido que proponemos la conformación de una comisión para el esclarecimiento del origen y la verdad de la historia del conflicto interno colombiano que establezca unas conclusiones de índole político, que se conviertan en el marco conceptual e histórico del que parta el trabajo de la necesaria Comisión de la Verdad que permita alcanzar también justicia, reparación y ofrezca garantías de no repetición a las víctimas. Proponemos que la Comisión de Esclarecimiento establezca un relato histórico con conclusiones y efectos políticos, diferenciados del imprescindible efecto jurídico que debe tener una Comisión de la Verdad. Así las cosas, la Comisión del Esclarecimiento de la Historia es un asunto que, en cuanto a marco conceptual, es determinante para el proceso y la Comisión de la Verdad, con implicaciones jurídicas, como derivación, es otro, tan importante como la primera. Con ello, estamos mostrando nuestra disposición a asumir las responsabilidades políticas que se desprendan de una verdad construida con los instrumentos de las ciencias sociales y, en especial, de las disciplinas de la Historia y la Sociología. Siempre en el entendido de que, en este conflicto, además de la violencia generada por el orden socioeconómico y político dominante, ha habido una multiplicidad de actores intervinientes que deben responder en concordancia, sin perder de vista que no son los combatientes -insurgencia y fuerzas militares del Estado- los principales responsables de esta violencia, sino que entendemos que la responsabilidad es de los agentes políticos, sociales y económicos -incluidos poderes económicos transnacionales- que han generado el conflicto, se han servido del mismo y, a través de él, han obtenido beneficios, mientras que el paramilitarismo y las Fuerzas Militares han sido la herramienta utilizada por los citados agentes para asegurarse la obtención de dichos beneficios. Pretender reducir los orígenes y la historia del conflicto a decisiones o determinaciones de las FARC o de otras expresiones previas de la insurgencia que han apelado al derecho a la rebelión de los pueblos contra las injusticias, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es el camino de la reconciliación. El esclarecimiento histórico de la verdad sobre el conflicto constituye un elemento imprescindible para consolidar la perspectiva de una solución política y asentar definitivamente la paz en Colombia. Dentro de esa visión, nuestra propuesta de establecer la comisión la presentamos no solamente al gobierno sino a todos los sectores políticos, sociales, académicos, de víctimas y a la Patria en general, con el fin de darnos todos, en palabras de García Márquez, una segunda oportunidad sobre la tierra. Delegación de Paz de las FARC-EP [37].

29-4-2014, Las FARC critican las recientes declaraciones del Gral. Juan Pablo Rodríguez Barragán en relación con los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana. Para el oficial, “la paz en Colombia sólo será posible alcanzarla cuando los terroristas sean derrotados por completo”. “Resulta descarado que el Comandante de las fuerzas militares pretenda argüir que con más guerra, con más muertes, con más horror, es como se va a obtener la reconciliación entre los colombianos. Tantas veces hemos escuchado pronunciar esas palabras desquiciadas, que ya no nos queda duda alguna acerca de las verdaderas intenciones que abrigan la oligarquía colombiana y el más rapaz militarismo con relación a nosotros”. “Cada vez que se ha ensayado la fórmula de las conversaciones, ha fracasado porque la posición de los gobiernos ha sido la misma, negarse de modo radical a las reformas a su modelo de Estado. O los rebeldes nos sometemos al orden antidemocrático e injusto vigente, o sencillamente seguirá la guerra”. Comunicado: El Gral. Rodríguez volvió a insistir en el discurso tantas veces repetido por el Presidente Santos y su Ministro de Defensa, en el sentido de que la Mesa de La Habana ha sido producto de la violenta arremetida que contra nosotros libraron las fuerzas militares durante los aĖos anteriores. Según lo argumentó el Gral., las FARC fuimos obligadas por los operativos militares y los continuos bombardeos a aceptar conversar de paz sentados a una mesa de diálogos. Por eso insistió en que es absolutamente necesario sostener e incrementar la embestida militar contra nosotros, a fin de inclinarnos definitivamente a la firma de la paz, dejando perfectamente claro qué significa para él y el alto gobierno su cacareada expresión de que la paz es la victoria. El Gral. Rodríguez dice hablar en apoyo al dicho del general Mora Rangel. Para la oligarquía colombiana, sus inspiradores en Washington y los generales cipayos, está bien que en Colombia subsista, en un escenario de post conflicto, que supone la inexistencia de fuerzas insurgentes, un aparato represivo del tamaĖo desproporcionado de hoy, concebido dentro de los marcos de la doctrina de seguridad nacional y cuyo objetivo sea la opresión de sus propios ciudadanos antes que la defensa de la soberanía nacional en las fronteras. Si durante casi una docena de aĖos los colombianos hemos venido escuchando que el fortalecimiento de las fuerzas militares, la compra de equipos y tecnología de guerra, el aumento del pie de fuerza y en general eso que llaman reingeniería, tuvo como propósito reducir la insurgencia a la derrota, o al menos obligarla a sentarse a una mesa de diálogos en donde firme la paz, ņqué sentido tendría que desaparecida esa insurgencia, permanezca y crezca aún más la máquina de guerra del Estado? Cualquiera puede ver que los miles de millones de dólares destinados a eso, podrían destinarse al desarrollo social del país. Los campesinos que se alzaron en armas en Marquetalia no fueron sino 48. Y lo que ellos clamaban era que se les atendiera con ayudas para salir del atraso y mejorar su nivel de vida, es decir con escuelas, puestos de salud, títulos para sus tierras, créditos, mercados, vivienda digna. Pedían encarecidamente un diálogo para acordar esos asuntos. Y todos sabemos que la respuesta del Estado fue la guerra total. ņSolucionó eso el problema, o más bien lo creó y lo agravó? Son la oligarquía colombiana y sus generales orientados desde el Pentágono, quienes se han negado siempre a concertar una solución pacífica. Siempre han pensado como el Gral. Rodríguez, que la Mesa de Conversaciones únicamente tiene por objeto la firma de nuestra rendición y entrega. Cada vez que se ha ensayado la fórmula de las conversaciones, ha fracasado porque la posición de los gobiernos ha sido la misma, negarse de modo radical a las reformas a su modelo de Estado. O los rebeldes nos sometemos al orden antidemocrático e injusto vigente, o sencillamente seguirá la guerra. Si desde 1964 se nos hubiera atendido, esta terrible guerra jamás se hubiera presentado. Los colombianos debemos dejar de matarnos entre nosotros. No podemos seguir haciéndoles el juego a Presidentes, ministros y generales que solamente legan a la patria sangre y dolor con su cuento de ganar la paz con el fuego de los fusiles y las bombas. La verdadera paz no es la victoria, sino la justicia social y la democracia para todos los colombianos [38].

1-5-2014, El proceso de paz con las FARC quedará suspendido si el gobierno colombiano se niega a conformar una Comisión que investigue el origen del conflicto y pretenda montar un “tribunal de Núremberg” para juzgar a la guerrilla. “Si no hay avance en esta Comisión, ahí paran los diálogos”. “Están preparando su base mediática para mostrarnos en el punto de víctimas como los responsables de 600.000 o 700.000 colombianos muertos y desparecidos a lo largo de esta guerra desde 1948”. Las FARC surgieron más tarde, en 1964, “como respuesta a la violencia estatal” expresada en un ataque militar contra una colonia de campesinos comunistas alzados en armas en el poblado de Marquetalia (centro). El gobierno del presidente Juan Manuel Santos intenta convertir la mesa de negociación de La Habana en un “tribunal de Núremberg para juzgar guerrilleros”. Es necesario que aflore la verdad sobre preguntas como “quién inicio el conflicto y quién tiene la mayor responsabilidad”. El tema de las víctimas lo “vamos a enfrentar con todo el peso de la responsabilidad que le cabe al establecimiento y la responsabilidad que le quepa a la insurgencia”. Cuestionamos el estudio del Centro de Memoria Histórica, conformado en 2005, por considerar que muestra a las guerrillas como únicos victimarios y deja indemnes por ejemplo a los partidos y la Iglesia Católica. El gobierno respalda la comisión planteada por las FARC, pero quiere que sea integrada tras el desarme del grupo, que según las autoridades cuenta con unos 8.000 combatientes, aunque éste asegura que la cifra es superior. Las FARC descartan firmar un acuerdo de paz que implique la prisión para sus Comandantes, condenados en ausencia por múltiples crímenes, incluidos de lesa humanidad que no prescriben. “No van a encontrar a las FARC suscribiendo el fin del conflicto y viendo a sus dirigentes en la cárcel. Yo he caminado libremente desde la frontera ecuatoriana a las fronteras brasileĖa, venezolana, y nadie me ha capturado. ņVamos a renunciar a esa libertad que nos da nuestra capacidad militar para terminar encarcelados?”. “Es necesario construir normas de tránsito de la confrontación armada a la participación política, pero esa juridicidad debe emanar de la mesa, no de tratados internacionales que vienen imponiéndose como concepto en este mundo unipolar”. El grupo no puede aceptar normas de sometimiento porque “no ha sido derrotado”. “Se pueden inventar muchas leyes que pueden impedir el acuerdo, pero la solución del conflicto es política”. “Se ve en ese optimismo rampante del Presidente de utilizar la mesa de diálogo para su reelección. No tenemos compromisos electorales con ningún candidato, pensamos que el proceso de paz es mucho más importante, trasciende en el tiempo y en los anhelos de los colombianos”. “Nuestro candidato será la Asamblea Nacional Constituyente que tendrá que ser el mecanismo refrendatorio de los acuerdos para el fin de conflicto y una paz duradera”. “Estamos en condiciones de arrancar al establecimiento soluciones políticas si es que toca, o estamos en condiciones de prolongar la lucha guerrillera por tiempo indefinido si no se llega a acuerdos sustanciales que traigan la paz con justicia social” [39].

16-5-2014, Comunicados, FARC-EP: Un nuevo acuerdo parcial en torno al tercer tema en discusión, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, acaba de ser manufacturado en la mesa de conversaciones de paz de La Habana, acortando distancias hacia el objetivo de la paz de Colombia. Ha sido esta una marcha compleja porque la solución definitiva del problema reside en naciones poderosas más allá de las fronteras, por las obstrucciones del prohibicionismo que agrava el problema, por el absurdo de mantener vigente la fracasada política de guerra contra las drogas cuando la inteligencia humana le ha extendido acta de defunción, por el miedo de un país dependiente a la adopción de una política soberana que no espere la aprobación del imperio para decidir cursos de acción, por el demonio de las fumigaciones que hasta ahora arrastra el gobierno al persistir en la erradicación forzada, el involucramiento de la CIA en el negocio de donde obtiene recursos para financiar sus campaĖas encubiertas, el lavado de activos derivado del narcotráfico por bancos estadounidenses y europeos, por la concentración de la acción punitiva en los eslabones más débiles de la cadena y la complicidad total de las autoridades con banqueros corruptos colombianos que delinquen inyectando ganancias criminales provenientes del narcotráfico en los circuitos financieros sin que nadie los perturbe. Sobre esta temática también -como ocurrió en los puntos referidos a tierras y participación política-, quedaron asuntos pendientes o salvedades que deberán ser abordadas y resueltas, o antes de la firma del eventual acuerdo final, o dirimidos los disensos por el soberano en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. Dichas salvedades, son las siguientes: 1. Nueva política criminal. En el proceso de redefinición de la política anti-drogas se debe proceder con el diseĖo de una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. Las FARC-EP insisten en la conformación de la “Comisión para el diseĖo de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, con grupos de trabajo de académicos y expertos que formule los lineamientos generales para esa nueva política criminal del Estado en esta materia. Sobre todo en momentos en que el país entero cuestiona el sistema judicial que rige. 2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas. Las FARC-EP consideran que en desarrollo de los lineamientos generales de la Nueva política antidrogas se debe proceder con la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato, o cualquier otro agente químico, y con la reparación integral de sus víctimas. Esto implica: i. La identificación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos. ii. La reparación integral de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos. iii. El establecimiento de un fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos. En definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, ha fracasado generando enormes daĖos al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes. 3. Frente al punto 4.2.: i. Reconociendo la importancia de lo acordado en este sub-punto, las FARC-EP consideran necesario concretar el compromiso de transformación estructural del sistema de salud pública, que permita encuadrar el desarrollo del programa y de los planes. 4. Frente al punto 4.3.: i. Las FARC-EP, consideran que es necesaria la realización, a instancias de la Mesa de Diálogos, de una Conferencia Nacional sobre política soberana de lucha contra las drogas, a fin de avanzar, también, en la concreción de los ajustes y adecuaciones normativas y de las acciones que requiere esta lucha, considerando las nuevas tendencias internacionales que enfatizan en el enfoque en derechos humanos, al momento de enfrentar el fenómeno de producción, consumo y comercialización de drogas ilícitas. Una de las tareas principales de esta Conferencia Nacional, debe ser la de analizar y arrojar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas, como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad. En la maĖana de hoy, Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez, comandantes de las FARC y del ELN, anunciaron al país un cese de fuegos unilateral, atendiendo el creciente clamor de múltiples sectores de la sociedad que querían unas elecciones sin las sonoridades de los combates. Esta tregua compromete temporalmente la ofensiva, pero hará uso de la defensa en caso de aproximación enemiga a las posiciones guerrilleras. La decisión de la insurgencia constituye un gran contraste con la testaruda actitud del gobierno de negarle al proceso de paz la posibilidad de una tregua bilateral, que sin duda, rodearía de positividad las conversaciones de paz. No se entiende; nadie entiende la jerigonza tras las que se atrinchera el gobierno para explicar lo inexplicable. De dónde sacarán el presidente y su ministro de Defensa la tesis descabellada de que si pacta la tregua bilateral estaría provocando la prolongación del conflicto, y que solo intensificando las operaciones militares, se espueleará el avance en la mesa de conversaciones. Es hora que el gobierno enderece la lógica de sus pensamientos sobre este tema, y entienda, que este no es un proceso de sometimiento, sino un proceso que busca la solución política a medio siglo de conflicto a través de transformaciones políticas, económicas y sociales que beneficien a las mayorías excluidas. Hemos propuesto la convocatoria y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como componente esencial de la construcción de un Acuerdo final. Dicha propuesta debe ser comprendida en su complejidad. Sin duda, constituye un mecanismo idóneo para la refrendación de lo pactado y también para encontrarle una salida a asuntos esenciales que no logren ser acordados en la Mesa de diálogos. Lo pendiente, que hemos venido consignando a manera de salvedades en los Acuerdos parciales, si no puede resolverse en la Mesa, no debe erigirse en obstáculo en la búsqueda de un Acuerdo final. Tenemos la disposición de someterlo a la voluntad soberana del constituyente primario. La Asamblea posibilita la requerida apropiación social y la legitimación de los resultados del diálogo con la más amplia participación social y popular. Pero va mucho más allá. No se trata de un simple pacto de clases para diseĖar un nuevo ordenamiento constitucional y posibilitar nuevos desarrollos legales. No es nuestra finalidad última. La comprendemos como una estación necesaria, cuyos tiempos y contenidos estarán marcados no solo por el debate que adelantamos, sino por la dinámica de la crisis nacional en todos sus niveles y por el proceso constituyente en curso, que se viene desarrollando en medio de la movilización y la lucha popular, y del cual nos sentimos parte. Somos conscientes de la potencia transformadora del actual momento histórico. Trabajamos con todo nuestro empeĖo para contribuir a desatarla. Por ello, estamos en La Habana, realizando nuestro mayor esfuerzo por lograr un Acuerdo Final que le dé nuevas posibilidades al pleno ejercicio de la política. Delegación de Paz de las FARC-EP [40].

4-6-2014, Los negociadores de paz de las FARC afirmaron en La Habana que no piden “la cabeza de los generales” pero sí exigen un cambio de doctrina militar en Colombia. Andrés París recordó que “es muy difícil llegar a un acuerdo final del conflicto sin que los colombianos reciban con alivio que ha sido tocado y visto y trabajado” el tema referido a “las concepciones de la seguridad” en Colombia, que “son de factura norteamericana”. Paris advirtió que las FARC entiende “el intenso debate que hay sobre distintos aspectos que se han tocado a lo largo del proceso de paz” y seĖaló que son evidentes “las diferencias de concepción” que hay en la mesa de La Habana, entre ellas el tópico de las fuerzas armadas. Jesús Santrich manifestó: “Todavía no hemos llegado al punto en que se ha hablado de la disminución o de la desaparición de ninguna de las dos fuerzas, seguramente que habrá un momento en que habrá que hablar de eso pero todavía no hemos llegado, mucho menos a aspectos de orden salarial para un sector de la sociedad en específico” [41].

26-6-2014, Las FARC-EP recogen propuestas en torno a los temas que aún están por discutirse. Ratifican la importancia de haber firmado la Declaración de Principios. Esclarecer el origen del conflicto y sus causas será un pilar para llevar a buen término un acuerdo. “No negociamos impunidades”. “Estamos trabajando en varias opiniones y propuestas, no solo sobre el tema de las víctimas, sino sobre los tres que restan”. Una comisión técnica trabajará sobre el “fin del conflicto” y continúa el debate de cómo blindar los acuerdos parciales para preservarlos. “En esto jugará un papel fundamental el bloque de constitucionalidad a la luz de los tratados especiales, consagrado en la Constitución Política”. “No vinimos a negociar impunidades, porque este es un problema político y no jurídico”. Debe ser una sola comisión, podrán ser 12 integrantes, la mitad propuesta por el Gobierno y la otra mitad por las FARC, a condición de que sean académicos reputados, de solvencia moral y conocedores del tema. Tendrán que presentar un solo informe que ayude a esclarecer el origen del conflicto y las causas del mismo. La mayoría del país, en unas elecciones en que no participó la mitad de los ciudadanos, respaldó la paz con cambios democráticos y reformas políticas y sociales. No avaló el proyecto de Zuluaga, pero tampoco el de Santos. “El país quiere una paz incluyente, con amplia participación de los colombianos”. El resultado de las urnas, en lo nacional, compromete a las dos partes, no solo a la guerrilla como pretenden decir desde el lado gubernamental y de algunos medios de comunicación. Es necesario blindar los acuerdos parciales. Deben ser elevados a acuerdos especiales. Es la manera de salvarlos y de que tengan acción inmediata, porque la democratización de la vida nacional no depende de los resultados y esfuerzos de La Habana en exclusividad. Es la voz de connotados juristas nacionales e internacionales, que se pronuncian y ayudan en esta dirección. Las libertades y el fortalecimiento político democrático no dependen del acuerdo final, son parte del concepto global del pluralismo ideológico y de las garantías para la participación política en pie de igualdad. Si algo demostraron los comicios electorales de corporaciones públicas y presidenciales son los enormes vacíos del régimen electoral, campean el fraude, la compraventa de votos, el ventajismo, el matoneo y el “todo vale” de los partidos del establishment, sin excluir a la Unidad Nacional y al uribismo. Es lo que se desprende de los resultados electorales y del clamor por la paz con democracia y justicia social. “El gobierno no puede ser incoherente”, porque no les avalaron la vacilación y las concesiones a los enemigos de la paz. Para las FARC-EP hoy está más cerca que antes el acuerdo final, pero falta un largo camino por recorrer. El acuerdo de principios sobre víctimas es importante, pero es clave, además de la participación de las organizaciones humanitarias, la conformación de la comisión de esclarecimiento. Es necesario comenzar, porque de sus conclusiones saldrán las seĖales históricas inequívocas de cómo abordar el tema. Lo que resalta es la pretensión del establishment, ayudado por algunas “organizaciones de víctimas”, avivatos y negociantes de la tragedia del conflicto, que le quieren sacar el bulto a un tema de singular importancia para entender las causas de la violencia y del alzamiento armado de la insurgencia. Preocupan por las trabas del Gobierno Nacional al debate de temas trascendentales como la reforma de las Fuerzas Militares. Para nadie es un secreto el alto grado de descomposición interna que padecen y de sus vínculos con la guerra sucia contra la izquierda y las organizaciones sociales y populares. No es casual que miembros activos de los estamentos militares y de policía hayan apoyado de forma abierta al candidato de la guerra, Oscar Iván Zuluaga. “… perviven fuertes sectores militaristas dentro de la oficialidad, fortalecidos e influenciados por el pensamiento fascista que Uribe representa. Son estos quienes se han opuesto y se oponen fervientemente a la búsqueda de una solución política al conflicto, anteponiendo sus intereses personales a los intereses de la Nación. Pero esa opción es la que poco a poco ha ido siendo derrotada por la opinión nacional que se inclina por la paz. No es posible la paz con unas Fuerzas Armadas manejadas por este tipo de enemigos de ella. Es el colmo, por ejemplo, que en la sede de Acore se reúnan grupos neonazis, que realicen actos públicos a favor del fascismo, que destruyan murales emblemáticos en homenaje a las víctimas, y desde el Gobierno nadie diga nada” [42].

19-7-2014, El número dos y líder negociador de las FARC, “Iván Márquez”, afirmó que la máxima responsabilidad por las víctimas del conflicto llega hasta la presidencia, y culpó también a una lista de “poderosos” que incluye a partidos políticos, prensa, iglesia y al Gobierno de Estados Unidos. Márquez reiteró que la guerrilla no va a “negociar impunidades”, pero subrayó que las estadísticas de las Naciones Unidas “atribuyen al Estado y a sus paramilitares, la responsabilidad de más del 80 por ciento de las victimizaciones”. “Ahora, al hablar de máximos responsables, debemos afirmar claramente, que la cadena de mando no se agota en los Estados Mayores de Ejército y Policía, sino que va más allá y toca al Palacio de NariĖo”. “El asunto no puede ser explicado por las élites como el comportamiento anómalo de unas manzanas podridas, cuando las órdenes a la institución armada partieron del libre albedrío y la premeditación de los poderosos”. “El problema de las víctimas del conflicto es asunto complejo que no se puede despachar con argumentos livianos ni sofismas”. Resaltó la urgencia de que una comisión histórica del conflicto y sus víctimas trabaje para “esclarecer el asunto de las responsabilidades”. “Responsables son los partidos políticos, los ideólogos del paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, los terratenientes, lo ganaderos, los generales, algunos bananeros y palmicultores, ciertos banqueros, la narco-para-política, los comandantes de las fuerzas, quienes idearon los 'falsos positivos'”. Incluyó en su lista a “la gran prensa instigadora de la guerra, connotados purpurados de la iglesia, los implementadores de la política neoliberal (...), el gobierno de Estados Unidos que ha intervenido desde el principio de manera directa en el conflicto”. “Y también la insurgencia, pero en otro plano, que no es el de los que han generado esta guerra” [43].

23-7-2014, Los sobrevivientes de la Unión Patriótica rehúsan que se les considere víctimas del conflicto armado colombiano, por que jamás tomaron las armas para enfrentar el régimen. Fueron y son un movimiento político, producto de los Acuerdos de Paz firmados entre un Gobierno colombiano y las FARC. Su actividad fue siempre pacífica, de masas, de corte electoral. Celebraron su primer Congreso a finales de 1985, elaboraron sus estatutos, fueron reconocidos como fuerza política, inscribieron sus candidatos para las justas electorales de 1986, a los Concejos Municipales, Asambleas Departamentales, Cámara de Representantes, Senado de la República y Presidencia. Realizaron su campaĖa abiertamente, a la luz pública como todos los demás, ajustados a los requisitos de ley. No incurrieron en ninguna conducta prohibida. El Presidente liberal Virgilio Barco Vargas, había prometido a la UP que nombraría en las Alcaldías Municipales a personeros de ese movimiento dondequiera que hubieran obtenido la mayoría de los votos. Y cumplió en buena medida. Para matarlos luego. Todo auguraba que la Unión Patriótica, con algo así como 400.000 votos  en las primeras elecciones que tomó parte y convertida en la tercera fuerza política del país, contaba con un porvenir sonriente en el futuro de la vida nacional. Hasta cuando asesinaron a su primer dirigente, y luego a otros y a otros en una sucesión impresionante. Terminaron por sacarla del espectro político sin el menor remordimiento. Ahora la regresan para escarmentar en su nombre. Detrás de cada asesinato de un dirigente de la Unión Patriótica aparecía siempre el Estado colombiano personificado en un agente del B-2, el F-2, o una operación militar coincidente. Definitivamente había que borrar ese trillo, ensombrecer las pruebas abrumadoras. Como todos los que formamos parte en su momento de esa explosión democrática que nos colmó de esperanza, la UP fue asaltada por la aterradora verdad de que no basta con querer estar por fuera del conflicto cuando los más poderosos enemigos de los pueblos lo incluyen. Es lo que las FARC buscamos debatir en la Mesa de La Habana, y lo que rechaza de plano el gobierno. La URSS se disolvió, pero en la lógica imperial la reemplazan otros enemigos, el terrorismo, el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos, entre otros. En este último capítulo, la misma lógica perversa vuelve a contar con relación a las víctimas y en esa dirección es que apuntan. Resulta de vida o muerte desenmascararlos [44].

3-8-2014, El guerrillero Isaac Arias López, que está muriendo en la cárcel de la Picot/ENRON es un caso clásico que debería ser tratado en La Habana en el tema de los presos políticos y de guerra enfermos en las cárceles colombianas. Son más de 10.000 de esta categoría. Las FARC aseguraron que no vetarán a ninguna víctima que aspire ser escuchada en los diálogos de Paz pero reclamaron que también tengan voz sus “combatientes guerrilleros” que se encuentran presos o heridos por el conflicto. “Lo justo y equilibrado es que integrantes de la insurgencia que hoy se encuentran en estado de hacinamiento, varios de ellos heridos, mutilados, algunos peligrando su vida por problemas de salud en las cárceles de Colombia, también deben ser escuchados”. Argumentaron que si el Gobierno pretende que se escuche a sus militares y policías en las audiencias sobre el tema de las víctimas, debe tener “plena disposición a que se escuchen también los combatientes guerrilleros, e incluso, los representantes de aquellos que como el comandante Alfonso Cano, fueron asesinados, convirtiéndose también en víctimas del conflicto”. Tachan de “inadecuada e indecorosa” la “matriz mediática que se ha desplegado usando el rótulo de víctimas, para hacer pasar como tales a servidores de la fuerza pública, a los que se busca además convertir en héroes desde la perspectiva de unos grupos de poder y sus brazos publicitarios”. Se trata de miembros de una de las partes en contienda militar, que “deberían conocer el estatuto del combatiente y por lo tanto lo que ello implica”. La guerrilla ratificó su decisión “siempre de escuchar y mantener” la defensa de las víctimas, “sin restricción ni discriminación alguna” a través de todos los mecanismos y espacios dispuestos para ello, y afirmó que tampoco “vetan ni vetarán” a ninguna víctima que aspire a ser escuchada. Llaman a las víctimas a defender “su visión, su calidad, su entereza, su dignidad; a no convertirse en objetos, sino a recobrar su titularidad, autonomía y lucidez como sujetos de derecho, con opción política, conscientes de una realidad en la que están convocadas a aportar con plena legitimidad a la superación de la violencia”. Sostiene que la insurgencia “ha surgido del seno de las víctimas, como consecuencia de la persecución del movimiento social y popular, que ha buscado transformaciones en el ejercicio del derecho universal a la rebelión”. Insiste en que la necesidad de pactar el cese al fuego bilateral “es una lógica y fundamental” reclamación que ha surgido con fuerza en cada foro, y pide que “se respete y reconozca esa voz honda que nos convoca a ambas partes a detener ya el conflicto armado”. Las FARC declaran su “optimismo en el logro de la paz” por la vía del diálogo que establezca la justicia social y como “base de la verdadera reparación” y “garantía de no repetición” de violaciones de los derechos humanos. Aseguran que esperan en La Habana a las víctimas del conflicto, “con respeto, con disposición absoluta al diálogo, a escuchar, a corregir, sanar y construir los cimientos de un nuevo país en democracia”. Durante los más de 50 aĖos de enfrentamiento entre las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas del Estado se han contabilizado en el país 220.000 muertos, unos 25.000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 27.000 secuestrados, además de unas 2.000 masacres, según el Centro de Memoria Histórica [45].

13-9-2014, El Gobierno de Santos está vendiendo alucinaciones a los delegados de las FARC y al pueblo colombiano. Con su habilidad de jugador de póker, mueve sus manos para barajar y sacar el mejor partido de la jugada y todos los que la presenciamos vemos que no tiene nada en las manos. Ello ha quedado palpable en un artículo titulado “Y del presupuesto para el posconflicto qué?”, en el que deja al desnudo que, como la mal llamada “Reforma a la Justicia”, tampoco para el “posconflicto” hay plata. Con razón la prisa por llegar “ya” a un Acuerdo, aún cuando en los puntos tratados hasta ahora apenas se ha llegado a Acuerdos parciales. Con razón los “inamovibles” del Presidente Santos en todas las materias tratadas hasta ahora en la Mesa de La Habana. Mencionemos apenas dos o tres de esos “inamovibles”. Según Santos, la tenencia de la tierra es una “institución sagrada”, que no puede ser tocada por nadie, al estilo de TFP (Tradición, Familia y Propiedad). Los terratenientes-ganaderos esgrimieron sus armas y le hicieron saber al Presidente que ellos no iban a aceptar que les quitaran ni un centímetro de tierras de las miles de miles de hectáreas despojadas a campesinos e indígenas, y acrecentaron el asesinato de los líderes reclamantes de tierras, de la mano de las fuerzas militares-narcoparamilitares. De allí saltan enseguida a que el modelo económico -el neoliberalismo, modelo del capitalismo deformado llevado a cabo en Colombia-, no está en discusión en la Mesa de La Habana, como si las políticas de desplazamiento y despojo, victimas (6,3 millones), políticas de desempleo y pobreza (Metas del Milenio), etc., fueran políticas “ideales” y en Colombia no hubiera ningún problema por cuenta de ellas y no fueran políticas económico-sociales. En otro punto, que catalogamos de revolucionario si se cumpliera lo acordado, pretenden que las FARC -y el pueblo- tiren por la borda los 50 aĖos de lucha para dilapidar en unas elecciones burguesas todo el acumulado histórico del pueblo colombiano y se someta al juego electorero corrupto de la oligarquía en el poder, es decir, hacer política con las bandas de militares-narcoparamilitares asesinando a los guerrilleros -desarmados- por todas partes, ellos sí, claro, armados con las armas de los militares, y competir con los detentadores del poder que compran votantes, jurados de votación, funcionarios de Registraduría, etc, vicios cometidos por la “impoluta democracia burguesa” colombiana. Con razón, también, la prisa por elaborar “una hoja de ruta” para la desmovilización y desarme de las guerrillas, porque el imperio está urgido de hacer lo “realmente importante” en la región, apoderarse totalmente del petróleo venezolano, porque ya sabemos que a Colombia si acaso le quedan 7 aĖos de explotación petrolera. Ni hablar de las víctimas que en el lenguaje oficial son un peón de lidia para tratar de “arrinconar” a las FARC y con los medios burgueses diariamente demostrar los “horrores cometidos por las FARC”, en tanto esconde que más del 83% de masacres y ejecuciones extrajudiciales, el 97,7% de desaparecidos, y el 100% de desplazados forzados son responsabilidad estatal e invisibiliza lo horroroso de los asesinatos y sevicia de los “sicarios en moto”, “mochacabezas” -que juegan al futbol con las cabezas de las víctimas-, y los asesinos de la MotoSierra. Así las cosas, ahora además de los “inamovibles” gubernamentales-estatales se suma el “No hay plata” para la Paz y los guerrilleros que se desmovilicen pasarán a engrosar el ejército de desocupados que viven en la miseria y la pobreza extrema [46].

19-11-2014, En un comunicado llegado esta tarde de la Delegación de las FARC en La Habana, se confirma que el Brigadier General Rubén Darío Alzate esta en poder del Bloque Guerrillero Iván Ríos. El comunicado subraya que la insurgencia esta dispuesta de dialogar sobre como llegar a una solución al mismo tiempo que recuerda su contraparte los más de 10.000 presos y presas políticas que se encuentran bajo condiciones infrahumanas en las cárceles del estado. El día 16 de noviembre, unidades guerrilleras pertenecientes al Bloque Iván Ríos de las FARC, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron, en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del río Atrato, el bote en que se trasladaba el seĖor Brigadier General del Ejército Nacional, en servicio activo, Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán que opera en esta zona del país. En compaĖía del General Alzate viajaban el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras Rodríguez y la seĖora Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar.  Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra. Más si se tiene en cuenta la responsabilidad que ocupa el general Alzate en el Ejército Nacional, como cabeza de una Fuerza de Tarea Conjunta, estructura diseĖada por los mandos militares del Pentágono para la guerra frontal contra el pueblo de Colombia y su insurgencia armada. Son grandes las cuentas pendientes del General Alzate con la justicia popular. Seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que balancear muchas cosas. Todos los días, en distintos lugares del país o el exterior, el Presidente Santos reitera la orden de arreciar con todo el poder del Estado contra las FARC. Y eso pese a las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. Su ministro de defensa bufa una y otra vez sobre lo cerca que están de caer las cabezas de los mandos guerrilleros, asegurando que quienes salen a dialogar en la Mesa de Conversaciones lo hacen para huir de la muerte inminente. Buscamos la Paz porque hay un conflicto armado, reconocido legal y políticamente por el actual Gobierno. La soberbia de la oligarquía la lleva a pensar que incluso en medio del proceso de Paz, posee el derecho de matar y despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos tengan el menor derecho a responder a sus violencias. Sin cese bilateral de fuego, las que el Presidente llama reglas del juego, no pueden operar solo para las fuerzas del Estado. Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Las cárceles del país están hacinadas de prisioneras y prisioneros políticos y de guerra. La solución a los grandes males que padece nuestra patria tiene que ser la del diálogo, siempre hemos estado dispuestos a ello. Sin imposiciones, respetando la condición política y personal de los adversarios. No está de más advertir que estamos subordinados a las decisiones que adopten las instancias superiores de las FARC. Se ha expresado repetidamente desde diferentes sectores populares colombianos como de organizaciones internacionales, la necesidad de un cese bilateral del fuego y el peligro de dialogar en medio de la guerra. Esta Paz con justicia social no se construye con amenazas ni con amedrentamientos, sino llegando a acuerdos sobre un país más equitativo, más justo, donde todos participemos, porque en la Colombia que soĖamos la libertad de expresión será un derecho intrínseco de la democracia participativa que no conocemos en nuestra historia. En medio de acciones militares de ambas fuerzas beligerantes surge la excusa para dinamitar este clamor de Paz, la retención del Gral. Rubén Alzate, del Cabo Primero Jorge Rodríguez y de la coordinadora de proyectos especiales de la fuerza Titán del ejército Colombiano la abogada Gloria Urrego, en Zona rural de Quibdó (Choco), por parte del Frente 34 de las FARC. Hemos insistido continuamente en un cese bilateral al fuego, para que estos diálogos de Paz no se desarrollen en medio de la guerra y de esta manera, los sucesos normales del enfrentamiento, no sirvan de excusa para romperlos, para suspenderlos o simplemente atacarlos. Por eso hacemos un llamado repetitivo e insistente al Gobierno, quien se ha empecinado en no frenar las acciones militares, exigimos: 1. Un cese bilateral de fuego; 2. La continuación de los diálogos de Paz con las FARC, el inicio de diálogos con el ELN y con el EPL; 3. La participación del pueblo colombiano en este momento histórico con el fortalecimiento de las constituyentes por la Paz con justicia social y demás organismos participativos en democracia [47].

10-2-2014, La larga experiencia de contactos y entrevistas encaminados a la materialización de acciones humanitarias o de conversaciones de paz entre gobierno e insurgencia, enseĖa que su utilización por parte del Estado a efectos de cumplir tareas de inteligencia u operaciones militares, no sólo mina la confianza en la seriedad del interlocutor, sino que conduce al fracaso de los propósitos perseguidos con las aproximaciones y encuentros. De la histórica realización de tales prácticas cabe citar dos casos emblemáticos: Desde el mes de mayo del 2000 se cumplieron en el área rural de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, contactos y reuniones entre representantes del ELN, el gobierno nacional y miembros de la comunidad internacional, con miras al inicio de conversaciones de paz. En marzo de 2001, el Ejército Nacional, en alianza abierta con bandas paramilitares, dio comienzo a la llamada Operación Bolívar, con grandes desembarcos de tropas, justo en el área de seguridad elegida para dichos encuentros, cuando se realizaba incluso una reunión en la que participaban además del comisionado de paz Camilo Gómez, embajadores de varios países amigos. Por otro lado, es un hecho que la semejanza de los protocolos de seguridad implementados con ocasión de las liberaciones unilaterales de prisioneros de guerra por parte de las FARC-EP, sirvió de base para que la CIA y el Ejército Nacional acumularan información y prepararan la operación que con el empleo de la perfidia de utilizar emblemas de la Cruz Roja Internacional, entre otros, les permitió presentar a Jaque como una heroica acción de rescate, cuando se trataba de un sucio negocio de traición paga, del que tomaron parte tanto el ministro de defensa de la época como el propio Presidente Uribe. El reciente escándalo conocido como Andrómeda ha puesto al descubierto que esa vieja práctica estatal continúa viva y activa. El seguimiento, la persecución y puesta en mira de dirigentes de la oposición política y de los propios voceros gubernamentales en la Mesa de Conversaciones de La Habana reúnen todos los ingredientes, incluida la presencia de la CIA, para concluir que desde oficinas del Estado se preparan operaciones contra la consecución de la paz y la democratización del país, viejos anhelos de nuestro pueblo que se procuran alcanzar con la Mesa de Conversaciones de la Habana y la aproximaciones entre el gobierno nacional y el ELN. Las manifestaciones de indignación y repudio, unidas a las solicitudes imperiosas de investigaciones disciplinarias y judiciales que todo el país está escuchando en los medios, resultan poco convincentes cuando se tienen antecedentes como el asesinato del Comandante Alfonso Cano en los mismos momentos en que el gobierno nacional y las FARC-EP celebraban las primeras reuniones reservadas con miras a establecer conversaciones. Por encima del mal disimulado desprecio por la insurgencia que se trasluce en diversas declaraciones y entrevistas oficiales, la paz y la reconciliación son bienes invalorables para el pueblo de Colombia, que pueden echarse a perder torpemente si no se apartan definitivamente de sus gestiones las acciones de inteligencia militar y policial. Con mucha más razón si, como se desprende de las primeras excusas públicas, estas operaciones encubiertas resultan achacadas a ruedas sueltas que operan a la sombra de la institucionalidad. ņParamilitarismo oficial? Por el Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista. Por  el Secretariado Nacional de las FARC-EP: Timoleón Jiménez [48].

17-2-2014, Los grandes medios de comunicación afirman que la principal carta de Santos para la reelección es la paz. Esto es una verdad a medias. El principal interés del régimen, en cabeza de Santos, es el impulso al modelo económico, fundamentado en la locomotora minero-energética y la agroindustria de monocultivo. La reelección es un medio, para avanzar en el diálogo con las guerrillas, y así superar los obstáculos que el conflicto social, político y armado le pone al avance de este modelo económico. Las cifras de estancamiento de la locomotora minero-energético evidencian el peso de estos obstáculos. Es evidente que el régimen no tiene una única política de paz, y que las mesas de diálogo con la insurgencia, no responden a un honesto interés por superar las causas estructurales del conflicto, sino a una táctica para rectificar el camino de la acumulación. En la campaĖa electoral Santos dice que la seguridad es la paz definitiva, y Uribe sigue diciendo que la solución es el sometimiento y desmovilización de la insurgencia. El movimiento popular ha levantado históricamente la consigna de solución política y paz con justicia social y dignidad. La masacre y persecución con que el régimen ha intentado eliminarlo, hizo que la fuerza de dicha consigna se silenciara, al tiempo que los ruidos de la guerra y de las moto sierras paramilitares subían de volumen. Hoy, el auge de las luchas populares vuelve a poner en alto la bandera de la paz con justicia social y participación de las clases populares. El escenario latinoamericano es una de las grandes ventajas y diferencias respecto a otros momentos de búsqueda de la solución política del conflicto. Como ELN siempre hemos estado por una salida no militar al conflicto social, político y armado que vive el país, desde hace más de 60 aĖos. Supeditamos la acción armada a los objetivos políticos, y hemos optado por las armas, debido a la antidemocracia impuesta al pueblo por la oligarquía y el imperialismo. Es nuestro deber, si la sociedad colombiana clama por paz, obedecer y buscar por todos los medios una salida incruenta al conflicto, y abrirnos a la construcción de un país diferente, con la participación de las grandes mayorías. El gobierno de Santos ha dado un viraje táctico con respecto del gobierno de Uribe, al plantear la disposición de abrir una mesa de diálogo, por lo que nos disponemos a explorar este camino, y  proponemos “Parar la guerra para construir la paz” [49].

18-2-2014, El Comandante del ELN Nicolás Rodríguez, alias Gabino, dijo que de iniciar un proceso de paz con el gobierno, el tema de la reparación a las víctimas es central y abogó por esclarecer la verdad sobre el conflicto que se extiende desde hace 50 aĖos. “La primera parte del tratamiento a la problemática de las víctimas exige un proceso de verdad pública. Es necesario que se aclaren las responsabilidades”. El tema de las víctimas del conflicto armado está “atravesado en el proceso de paz” y son los afectados quienes deben exponer su perspectiva. “Quien tiene que plantearse la reparación de las víctimas, son las víctimas mismas, no un tercero y mucho menos un tercero que sea juez y parte” [50].

24-2-2014, ņPor qué el régimen caracteriza al conflicto, como armado e interno? El gobierno de Uribe (2002-2010) sostuvo que no existía conflicto interno en Colombia, ahora Santos dice que el conflicto es interno, pero de carácter estrictamente armado. Esta reducción del conflicto a un mero asunto de alzamiento armado, es la forma como la elite dominante regatea con el tamaĖo de los problemas, que debe enfrentar y por los que se niega a responder. Equiparar la crisis colombiana a los problemas derivados de la lucha militar por el poder, equivale a intentar tratar las consecuencias y síntomas de la problemática, sin resolver las causas que los generan. Es una lógica simplista decir que el problema apenas son las armas, porque es buscar una engaĖosa solución fácil, circunscrita a qué hacer con las armas, que están en manos de los colombianos, mientras el resto de males del país se siguen agigantando. Prestarse para intentar resolver sólo la parte armada del conflicto, sería una estafa para las esperanzas de paz de la sociedad colombiana. Desde principios del siglo XIX, el país ha estado sometido a los lineamientos de la política del imperialismo norteamericano, en el que la élite cumple la función de aplicarla, al estilo “calco y copia”. Cualquier sociedad debe aprender a resolver sus conflictos, sin necesidad de recurrir a la fuerza para lograr los intereses de cada uno. Los que sueĖan con vivir en una sociedad sin conflicto, deben aterrizar y pensar, que lo inteligente en la vida, es encontrar la forma de tratar adecuadamente los conflictos, que cada día aparecen. El alma del régimen colombiano, desde que inició la vida republicana, ha sido enfrentar los conflictos con represión y guerra contra el que se opone, a cada minoría gobernante. Esto debe cambiar de raíz, para que haya otro futuro para la sociedad colombiana. Comienzan a aparecer sectores burgueses, que sostienen, que el disenso es necesario para la construcción de una sociedad democrática, pero hasta donde se puede observar, aún son una parte minoritaria del régimen. Nuestro país periférico, ha aportado oro, plata, minerales, desde su vinculación al sistema mercantilista, en los tiempos del genocidio negro e indígena, de donde brotan las contradicciones expresadas en luchas centenarias, de las cuales somos continuadores. Estas luchas han sido asumidas sin cobardía por el pueblo colombiano, a pesar de la forma cruenta con que el régimen las ha enfrentado, cumpliendo la directriz expresa del imperio del norte. Hoy, estamos en un auge de luchas contra el modelo de desarrollo, resistentes a un plan imperialista de dominación mundial y de apoderamiento de los recursos, con los que busca aliviar su crisis. El gobierno ha combinado “zanahoria y martillo” como tratamiento a los levantamientos populares de los últimos aĖos. La zanahoria materializada en mesas de negociación para debilitar y dilatar su lucha, y el martillo aplicado con los paramilitares y la represión oficial [51].

3-3-2014, Los escándalos de conspiración y de corrupción en las Fuerzas Armadas, no son accidentales ni son una simple expresión de errores individuales, que desconocen las directivas militares o las políticas oficiales. Tampoco creemos la tesis del Presidente sobre el desmadre de las Fuerzas Armadas, por obra de “manos oscuras”, que   cometen toda clase de fechorías. Existe una tendencia estructural desviada dentro de las Fuerzas Armadas y lo que se requiere es un cambio global en la doctrina, la cultura, los principios y la mentalidad de quienes deben portar las armas de la República, para tener una nueva institución legítima y legal, patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas, que no sea un instrumento al servicio de una minoría oligárquica, emparentado con el mundo de la mafia y subordinado a intereses foráneos, dispuesto para la agresión y el sometimiento del pueblo. Fue puesto al descubierto un inmenso aparato de inteligencia destinado a vigilar a los ciudadanos, fundamentalmente a las organizaciones opositoras al régimen y a todo aquello que huela a corriente política disidente. Cuyos tentáculos alcanzan a afectar al Presidente y a su familia, en una abarcadora conspiración que agrava la desestabilización en el país, y obliga a revisar a fondo todo este andamiaje ilícito. El país entero necesita conocer los objetivos y el destino de estas operaciones de inteligencia, porque en la historia del país conocemos de sobra, que la inteligencia militar ha sido vendida a distintas mafias, para cometer numerosos crímenes de Estado. El gasto militar que mantiene el régimen, coloca a Colombia con un gasto mayor que el de Brasil, que le destina 33 mil millones de dólares cada aĖo, siendo que este país tiene una población 4 veces mayor y un territorio 8 veces más grande, que el nuestro. Este multimillonario gasto, como botín de reparto de la alta oficialidad, ha sido puesto al desnudo con el escándalo de corrupción en la contratación y de corrupción en la administración de justicia, para los militares juzgados por las ejecuciones sumarias, conocidas como Falsos Positivos. La victoria militar anunciada por el régimen, es el triunfo del enriquecimiento ilícito e ilegal, en función de engordar a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, quienes lejos de ser garantes de soberanía nacional, son garantes de la entrega de la geografía patria a las transnacionales, de las cuales reciben dineros que pagan el favor de desplazar a la población y brindar la llamada seguridad inversionista. Está fresca en la memoria de Colombia el engorde de  las chequeras militares producida con los asesinatos de jóvenes y pobladores del campo y la ciudad, los cuales hacían pasar por guerrilleros dados de baja, crímenes denunciados como Falsos Positivos. Cuestionados están los ascensos militares medidos por la cantidad de sangre, producida matando a inocentes a nombre de un exterminio y supuesta derrota de la insurgencia. Las Madres de Soacha y miles de ellas lloran a sus familiares, mientras los militares andan sueltos gozando de sus fortunas y ascensos mal habidos. Cuáles “manos oscuras”, si desde el alto gobierno, no ahora, sino desde hace décadas, se impulsa la aprobación de una agenda legislativa que cierra todo el circuito de la criminalidad estatal y paraestatal, solidifica la solidaridad de cuerpo y asegura la impunidad a todas las violaciones a los derechos humanos. Muestra de ello fue la aprobación de la Ley del fuero militar, cuestionado nacional e internacionalmente por violar toda la juridicidad internacional y amparar a los militares, con una legalidad que ofende la humanidad. Hoy se siguen destapando los lujos y privilegios que gozan en los lugares de reclusión, los militares investigados por la Justicia penal militar. Les convirtieron en palacios de criminalidad, las Bases y Batallones donde están recluidos, dando la impresión de  estar detenidos, pero están más libres cometiendo fechorías. Asegurar que sigan delinquiendo parece ser la misión de la Justicia penal militar. Algunos de los altos oficiales pillados en flagrancia apenas fueron suspendidos de sus funciones, en una operación de maquillaje ante una  ciudadanía molesta, que ve cómo la guerra ha servido para engordar a toda una estructura militar, que piensa más en sí misma, que en el bienestar y dignidad de la patria. Toda esta condescendencia y privilegios permiten demostrar cómo el régimen necesita de los militares y cómo estos viven de él. La paz no puede consistir en un simple retoque a la institución militar, para maquillarlas y hacerlas presentables.  Se requieren cambios de fondos a una institución que está produciendo tan mal ejemplo para el país y el mundo. Colombia necesita de unas nuevas Fuerzas Armadas formadas en las mejores tradiciones de la incorruptibilidad, la defensa de la soberanía y el patrimonio nacionales, la vida de los colombianos y colombianas, de probada integridad ética, para que sea un orgullo pertenecer a ellas y no una vergüenza. Para que la paz sea una certeza que se anide en el corazón de los colombianos es preciso remover toda la estructura y doctrina de las Fuerzas Armadas. Ese es el horizonte de cambios [52].

14-4-2014, El Jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, afirmó que hay interés en comenzar una mesa de negociación con el Gobierno Nacional, aunque este último no tenga intenciones. El ELN se propuso dialogar, desde hace más de 20 aĖos con el gobierno de César Gaviria Trujillo, en un esfuerzo por buscar una salida política al conflicto. Desde entonces buscamos que en Colombia haya una salida no violenta a la lucha por la justicia y equidad social, la democracia y la soberanía, pero la oligarquía se niega a aceptarlo, porque no tienen disposición de permitirles a las mayorías que ellas cuenten en el destino de Colombia y mientras sea así, la lucha continúa. La agenda como el tiempo, tendría que ser definido de común acuerdo. En todo caso, tendrá que ser una agenda que se identifique con la que enarbolan las mayorías, para que estas sean protagónicas, porque no aceptamos acuerdos de élites. Respecto del cese al fuego, lo que toda la insurgencia y varias organizaciones populares y sociales solicitan es un cese bilateral, pero el Gobierno no lo acepta, porque ellos tienen sed de sangre y violencia, y porque además se enriquecen con la guerra. Por ello exigir un cese bilateral al fuego y las hostilidades es otro esfuerzo de todos los amantes de la paz, para que haya alivio a la vida de millones de colombianas y colombianos, mientras llega la paz y se crea la confianza en el proceso de solución política del conflicto. Respecto de la voluntad de paz del Presidente Santos, pienso que ni la oligarquía, ni el gobierno de Santos que la representa, tienen voluntad de una paz de estas características, ellos son mezquinos, prepotentes, guerreristas, desprecian a los humildes y los miran sólo como una fuerza de trabajo que los enriquece, son demagogos, politiqueros y sin sensibilidad social, quieren una paz que no los incomode, sino que los siga proyectando como los poderosos omnipotentes; por ello la paz solo será posible si es una gran obra de todos los que la necesitamos de verdad para vivir con dignidad, fraternidad y armonía, no sólo entre humanos sino con nuestra madre Tierra, hoy en peligro de extinción por la voracidad capitalista. Para que en Colombia el proceso de paz sea exitoso, se requiere que se discuta cuáles fueron las causas que originaron el alzamiento en armas y se resuelvan tales causas, para que la historia no se repita. En esto hay que aplicar una formula sencilla pero profunda; si no se solucionan las causas que originan los problemas, estos no se resuelven, el lío en Colombia es que la oligarquía se niega a aceptarlo, porque ello llevaría a tener que compartir parte de sus jugosas ganancias, las que adquiere apropiándose de lo que debe destinarse a la inversión social, para resolver las grandes desigualdades sociales cuya existencia hoy, no sólo es caldo de cultivo para la existencia de la insurgencia, sino que alimenta una violencia generalizada, que está devorando la vida del país y que lo tiene en crisis. Nosotros no nos vamos a reinsertar a un sistema contra el que nos hemos levantado en armas; un proceso de paz tiene que proyectarnos a un nuevo sistema, que sea incluyente, tolerante, pluralista donde se pueda vivir en democracia, aceptando las diferencias, acordando y respetando reglas del juego, que permitan la armonía y la convivencia y donde los conflictos de todo orden se resuelvan pacíficamente, sin que los ciudadanos se vean obligados a levantarse en armas [53].

10-6-2014, Comunicado conjunto.. Las delegaciones del Gobierno Nacional - Ejército de Liberación Nacional (ELN) informan que: 1. El Gobierno Nacional y el ELN han iniciado una fase exploratoria de conversaciones el pasado enero de 2014, luego de una serie de contactos y reuniones que tuvieron lugar desde 2013. El objetivo de esta fase exploratoria es acordar una agenda y el diseĖo del proceso que haga viables el fin del conflicto, y la construcción de la paz estable y duradera para Colombia. 2. Las delegaciones acordaron que la agenda de conversaciones incluirá los puntos de víctimas y participación de la sociedad. Los demás temas están por acordar. 3. Expresan a Colombia y la comunidad internacional, la voluntad recíproca de continuar con la fase exploratoria que permita acordar una agenda y establecer una mesa de conversaciones para llegar a la firma de un acuerdo final. 4. Las delegaciones darán a conocer periódicamente y de común acuerdo los avances y resultados de la fase exploratoria. 5. Las delegaciones agradecen a los gobiernos de la República Federativa de Brasil, La República de Cuba, la República de Ecuador, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela, la buena voluntad y el compromiso que han expresado en el acompaĖamiento y garantías de este proceso. 6. La Delegaciones hacen un llamado al pueblo colombiano para que una al propósito común de lograr el fin del conflicto y construir un país en paz y equidad [54].

23-6-2014, Es cierto que la realidad del conflicto colombiano es una sola, como lo dijo recientemente el Presidente Santos y asimismo, la ruta para superarlo debe tener unos rasgos principales únicos. El problema aparece, porque desde el lado del régimen caracterizan el conflicto de forma distinta, a como lo percibimos las fuerzas populares. Lo que da lugar a inventar modelos distintos para superarlo. El esfuerzo para sintetizar elementos comunes de visión sobre el conflicto, es un requisito indispensable para poder formular un modelo conjunto para resolverlo. Mientras no logremos esta confluencia de  diagnósticos y de soluciones, los procesos de diálogo y negociación sobre el fin del conflicto, estarán condenados al fracaso. En las últimas décadas se ha intentado en vano desarrollar procesos de salida política al conflicto, teniendo como partida por parte del régimen, que éste es “un estallido terrorista”, mientras que para la insurgencia se trata de un conflicto por el poder entre una elite dominante y las fuerzas populares que nos le oponemos, lo que define su naturaleza política. La exclusión y la represión como medios preferidos por el régimen, para imponer sus intereses al pueblo, son la causa de los levantamientos y de la rebelión popular, en consecuencia la disposición de la insurgencia revolucionaria para explorar una solución política del conflicto, busca proseguir la lucha por el poder de otra forma, y espera que desde el lado contrario se asuma una conducta parecida. Así entendemos la convergencia en un solo modelo de colocarle fin al conflicto. Desde la insurgencia hoy desarrollamos dos esfuerzos de diálogo con el régimen, y al estar más adelantado el proceso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estamos abiertos a aprender de él, además de mantener la disposición a aportar otros elementos, desde el proceso nuestro [55].

23-6-2014, El Consejo Nacional de Paz (CNP) fue creado en la presidencia de Ernesto Samper, el 3 de Febrero de 1998, mediante la Ley 434. Su misión, dice el artículo 3 será  “propender por el logro y mantenimiento de la paz”. El Presidente ha dicho que le hará algunos ajustes y ha conformado un Comité de impulso que está planteando ampliar los participantes, darle juego en las mesas de diálogo con la insurgencia. Es válida la participación de organizaciones y de procesos político-sociales, si se les convoca al Consejo Nacional de Paz, en tanto ello ayuda a su reconocimiento y a su respeto por parte del Estado y les da oportunidad de actuar en un espacio, que actúa en torno a la paz, aunque sus alcances sean limitados. Sin embargo, sería auto-engaĖarse, si en las filas del movimiento popular, se creyese que el Consejo Nacional de Paz es el instrumento idóneo para la participación de la sociedad en el proceso de paz y la construcción de los acuerdos que nos lleven a una paz con justicia y equidad. El Consejo Nacional de Paz es un órgano estatal, limitado en sus alcances y en cuya composición, aunque se le hagan ajustes, van a primar las instituciones del Estado y la voz y decisiones de las clases gobernantes, del poder económico y de los grandes medios de comunicación. Por disposición de la ley que lo creó, este Consejo es sólo “órgano asesor y consultivo del gobierno nacional”. Lo convoca el Presidente y no sus integrantes. Por eso hace varios aĖos no tiene vida. No lo había convocado el presidente Santos ni sus antecesores. No les interesó o no lo necesitaron. Este órgano asesor, está diseĖado para ser un consultor del gobierno, no para ser un instrumento para viabilizar la participación de la sociedad en la construcción de unos acuerdos, para la solución política y la paz. Menos para facilitar la participación efectiva a los de abajo. En su composición están las entidades oficiales en una significativa proporción: varios ministerios, órganos de control del Estado, delegados de los parlamentarios, de los gobernadores, de los alcaldes, de los Consejos municipales y distritales, de los personeros, etc., también tienen mucha importancia, la iglesia, los gremios económicos patronales y en general las representaciones de los de arriba. El porcentaje más pequeĖo, lógicamente es el que se le asigna, a las mayorías del país, a las organizaciones populares, a los de abajo. Está bien que se haga presión buscando que no sea un aparato tan de bolsillo del gobierno y porque se amplíen los integrantes que fijó la Ley 434. Respaldamos esos propósitos. Pero aun si ello se lograse, hay que ser conscientes de sus limitaciones. Esos ajustes pueden ser beneficiosos, pero no cambian su esencia, ni sus diseĖos básicos. Para conseguir la participación de la sociedad y en especial la de las mayorías, la de la Nación, la de aquellos que no forman parte de las elites dominantes, hay que levantar espacios propios del movimiento social, espacios autónomos, que garanticen o faciliten la democracia y la participación. A la vez hay que obligar al gobierno a que los reconozca, que los tenga en cuenta y considere sus propuestas y sus decisiones. Ello no pasará de ser un deseo, sino se tiene fuerza y ésta sólo la da la capacidad de lucha y de movilización, el respaldo social y la legitimidad. Esas son cuestiones de primer orden a tener en cuenta. Esto determina prioridades, indica dónde y en qué centrar las fuerzas, para viabilizar la participación de la sociedad y para ayudar al empoderamiento del pueblo, para que éste sea actor real en la construcción de los acuerdos para la paz, en su proceso y en la paz misma. Los esfuerzos mayores tendrán que darse en el empoderamiento del campo popular-democrático como sujeto, en la conquista del diálogo nacional y social. Los paros agrarios, mostraron cómo, mediante la movilización y el respaldo social, se ha logrado que el gobierno tenga que dialogar o que al menos haya hecho la promesa de dialogar con los pobres del campo, sobre cuestiones de fondo de la problemática agraria del país, contempladas en los puntos del pliego de la Cumbre Agraria. Esto forma parte de la construcción y fortalecimiento del Movimiento Social por la Paz. Pues éste es en esencia, un proceso de masas, de movilización, de acción por la solución política, por la paz y por tanto por la democracia y los cambios [56].

20-10-2014, El Comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, anunció que los diálogos exploratorios de ese grupo con el Gobierno avanzan más allá de los dos primeros puntos de la Agenda revelados en junio del 2014. “Se han seguido desarrollando actividades bilaterales que han ido permitiendo desbrozar otros elementos de la Agenda que en determinado momento el país conocerá”. El 11 de junio del 2014, el Presidente Santos anunció el inicio de diálogos preliminares con el ELN para entablar una Mesa de Negociaciones formal. En ese momento, el mandatario reveló dos temas exploratorios para esos diálogos: víctimas y participación. Rodríguez Bautista aseguró que ya hay Acuerdos en esos aspectos. “Ha sido un proceso importante y complicado a la vez, como el desarrollo de la Agenda y, sobre todo, llegar a Acuerdos en ella”. Agregó, sin embargo, que “no es fácil. Es necesario tener consciencia de que son más de 50 aĖos de confrontación y que se dialoga entre enemigos de verdad”. Sin precisar dónde tendrá lugar ni cuándo empezará una negociación formal, Rodríguez Bautista reiteró la disposición del ELN, para continuar con el proceso. “La urgencia de hallar un camino para encontrar la Paz de Colombia ha hecho posible que nos sentemos a dialogar y encontrar que es indispensable un camino de salida política al conflicto”. Agradeció a los países garantes de estos diálogos: Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela. “Hay que destacar el importante papel de los países garantes y acompaĖantes de este proceso, sin el cual no hubiese sido posible alcanzar los logros hasta dónde vamos”. Insistió en un cese bilateral del fuego, al que Santos se ha negado desde el anuncio de las conversaciones. “Hay un elemento muy importante (…) la urgencia de un cese bilateral entre Gobierno e insurgencia, que crearía un clima muy importante para el proceso de paz y aliviaría significativamente los daĖos del conflicto” [57].

1-12-2014, El ELN aseguró que tras dos aĖos de diálogos exploratorios con el Gobierno, no ha “encontrado un interlocutor unificado y con una voluntad de Paz verificable”, solo se han constatado “diferencias profundas” de cara a alcanzar la Paz. El Gobierno de Juan Manuel Santos “continúa acrecentando la antidemocracia, la pobreza y el despojo”, lo que dificulta un Acuerdo de Paz. “La suspensión (de los diálogos con las FARC) saca a flote la idea de Paz del régimen, que concibe la Paz como un ejercicio mediático, un simple escenario de distracción, en el cual se repite de forma falaz que ‘la Paz está cerca’, porque ‘el desarme de las guerrillas es inminente’. Por esto, algunos han dicho que ‘el Gobierno está vendiendo humo’”. El ELN le pide al Gobierno que deje de “vender humo” y que oriente sus esfuerzos para ofrecerle a la sociedad transformaciones concretas, que favorezcan a las mayorías. “En este camino de rebeldía, desde hace 25 aĖos, hemos dedicado esfuerzos y asumido riesgos, para buscar una salida diferente a la guerra, pero desde el régimen dominante no hemos encontrado un interlocutor unificado y con una voluntad de Paz verificable. Hoy, ésta búsqueda de Paz sigue viva y está por consolidar, hasta que llegue a ser un sentir mayoritario de los colombianos”. El ELN reitera su compromiso por alcanzar un Acuerdo de Paz y llama al pueblo para que se movilice de cara a encontrar una solución política al conflicto. Haciendo oídos sordos, el Gobierno viola el sagrado derecho a la Paz, que tiene todos los hombres y mujeres del mundo, sumándose a la ya larga lista de regímenes anti democráticos articulados al plan de guerra imperialista, que la historia de la humanidad ha condenado en varios momentos” [58].

29-1-2014, La organización insurgente no asume responsabilidad en su “programa nacional” de sustitución de cultivos en temas como desminado de sembradíos y procesamiento de la hoja. Hace dos semanas el equipo negociador de la guerrilla de las FARC reveló el ‘Programa nacional de sustitución de usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana’, calificándolo como “una contribución para avanzar en la solución de la problemática económica y social del campesinado que se ha visto obligado a cultivar la hoja de coca, la amapola o la marihuana”. En cuatro puntos, la organización subversiva, que cumple este aĖo 50 aĖos de lucha armada, pretende poner en la mesa las condiciones sobre las cuales se debe afrontar, desde su perspectiva, el tema de los cultivos de uso ilícito. Su enfoque, en esta ocasión, está centrado en la producción y pone de presente la relevancia que deben tener las comunidades campesinas en la discusión del modelo de sustitución y de regulación que habría de aplicarse en el caso de que los acuerdos logrados en la isla de Cuba con el gobierno nacional sean refrendados por los colombianos. Más allá del rechazo que generó la condición de desmilitarizar de manera inmediata aquellas regiones del país que sean priorizadas para aplicar “el programa” de las FARC, que fue la noticia predominante en los medios de información, observo en la propuesta varios aspectos que revelan que la guerrilla eluden su responsabilidad histórica en por lo menos tres temas: 1) el sometimiento de las comunidades en sus áreas de influencia a cultivar hoja de coca, regulando la producción, estableciendo precios y refinando procesos de elaboración de la pasta base; 2) la criminalización de aquellos labriegos que se niegan a sembrar hoja de coca en sus zonas de dominio armado ilegal; y 3) la recurrencia a instalar minas antipersonal como estrategia de defensa de amplias áreas donde hay sembradíos de hoja de coca bajo su control. Son diversos los relatos de campesinos en diversas regiones del país que seĖalan a uno u otro frente de las FARC como el agente regulador del negocio de la hoja de coca, que impone rigurosas condiciones económicas y sociales para evitar alternaciones en los flujos de producción. En Antioquia, una de las zonas más controladas en ese sentido es el Nudo del Paramillo, en lo que corresponde al municipio de Ituango, donde tiene presencia el Frente 18 de las FARC. En su “programa” propuesto, las FARC en ningún momento admiten que han sido parte del problema al contribuir a la proliferación de los cultivos de uso ilícito y, en cambio,  le echan la culpa a la falta de alternativas económicas que afrontan los campesinos. Sin embargo, el debate tiende a convertirse en un círculo vicioso, porque también podría esgrimirse que esa ausencia de posibilidades productivas se debe a la presencia y control de facciones de la guerrilla, que impide la llegada de iniciativas gubernamentales y no gubernamentales. Esta organización subversiva tampoco reconoce que ha criminalizado a los labriegos que no cultivan hoja de coca en sus zonas de influencia donde predominan estos sembradíos. A mi juicio, la razón es simple: una reducción de las áreas sembradas implica menos ingresos para el grupo subversivo que se nutre del negocio para sostener su aparato bélico. Y mucho menos reconocen el grave problema que se cierne sobre extensas áreas que tienen o han tenido hoja de coca: la presencia de minas antipersonal, ese enemigo silencioso que puede durar hasta 50 aĖos bajo tierra sin que pierda su poder destructor. Una propuesta seria de la guerrilla de las FARC, y complementaria a exigir proyectos productivos para regiones históricamente cocaleras, debería involucrar no sólo la suspensión inmediata de la siembra de minas antipersonal sino la de elaborar mapas de riesgo en los cuales se identifiquen aquellas áreas donde hay presencia de estos artefactos explosivos con el fin de proyectar un desminado efectivo para evitar afectaciones a la población civil, que es la que lleva la peor parte. En diciembre del 2012, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a varios voceros de las FARC en La Habana, uno de ellos expuso un concepto que choca con la realidad: “las minas antipersona son usadas por la guerrilla como arma popular defensiva que busca desequilibrar la gran potencia bélica del Estado”. El problema, lo demuestran las estadísticas, es que caen más campesinos que soldados en esas trampas letales, proscritas por la legislación internacional. Cualquier programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana será limitado en sus alcances si no hay una efectiva erradicación de las minas antipersonal y en ello la insurgencia es la única responsable. Además de eludir la responsabilidad en por lo menos esos tres temas, hay uno asunto en el “programa” de las FARC que proyecta un escenario complejo, se trata de la presencia de la guerrilla en instancias de discusión local y regional sobre la “definición de lineamientos” de la sustitución y regulación de los cultivos de uso ilícito. En la “definición concertada de los territorios objeto del Programa”, se establece que “con base en los instrumentos técnicos propios de la referenciación geográfica y de la cartografía social, se procederá -con la participación directa de las FARC-EP y de las comunidades involucradas- a la definición de los territorios y áreas específicas del Programa”. Me pregunto qué tan libre e independiente se sentiría un campesino sometido durante aĖos al control de la guerrilla en una reunión donde sus integrantes, ya desmovilizados, continúen como líderes sociales en las zonas donde operaron como ilegales armados. ņEl labriego podrá distinguir entre la figura de poder del pasado y la condición de civil de ese posible presente? En el tema de los cultivos de uso ilícito, la guerrilla de las FARC elude sus responsabilidades en este tema y se muestra como “autoridad moral”. Mientras persista en ello, las posibilidades de refrendación popular de eventuales acuerdos en este asunto serán mínimas. La soberbia los puede condenar en las urnas [59].

7-3-2014, El 15-12-2013 la comunidad de Tauramena (Casanare) convocó a consulta popular con la que se opuso a un proyecto petrolero. En Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare), los campesinos y alcaldes que en 2012, a través de consultas populares, dijeron no a actividades minero-energéticas en sus territorios, se encontraban a la expectativa por la respuesta que daría la Corte Constitucional sobre las facultades que tiene cada municipio para tomar este tipo de decisiones. El pronunciamiento responde a la demanda interpuesta a mediados del 2012 por la ciudadana Zulma Blanco contra el Decreto 934 de 2013, con el que el Ministerio de Minas les impidió a los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales tomar decisiones sobre el subsuelo. En principio, la Corte aclaró que el artículo 37 del Código de Minas, en el que se basa el Decreto demandado, está ajustado a la Constitución. Ese artículo indica que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá prohibir actividades minero-energéticas en su territorio y sólo las autoridades nacionales podrán definir el uso que se le dé al subsuelo. Sin embargo, el alto tribunal seĖaló que aunque la Nación es la que tiene el poder de decidir sobre el futuro del subsuelo, “deberán acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural, de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad” previstos en la Constitución. El abogado César Rodríguez Garavito, director del Observatorio de Justicia Ambiental, seĖala que esto podría traducirse en que el Gobierno Nacional deberá acordar con las alcaldías las condiciones bajo las cuales se realizaría una explotación minero-energética. “Las autoridades municipales no pueden vetar la minería, pero hay una serie de medidas sanitarias y ambientales en las que se debe llegar a un acuerdo entre ambas partes. El Gobierno no puede decir simplemente ‘te consulto y yo decido’; debe haber un acuerdo para tomar las medidas”. Si no hay acuerdo, no puede haber explotación minera. Ante la ausencia de detalles de la sentencia, los principales implicados salieron a hacer sus propias interpretaciones. El Ministro de Minas, Amylkar Acosta, considera que el fallo anularía las consultas realizadas en Piedras y Tauramena. “La Corte dejó claro que el subsuelo es del Estado (..) las consultas populares que se han venido convocando quedan sin piso por ser improcedentes, porque irían en contra del ordenamiento legal y constitucional del país”. Todos los proyectos deberán contar con la debida licencia social de las comunidades para desarrollarse “a través de planes de gestión social”. Si existen este tipo de concertaciones, las comunidades no tendrán que recurrir a las consultas populares. Las interpretaciones de las comunidades que ya le dijeron no a la minería en sus territorios son muy diferentes. El abogado Néstor Díaz Rodríguez, que lideró el proceso de la consulta popular en Piedras, asegura que la Corte “dejó las cosas como están. Por un lado les sigue prohibiendo a los pueblos decidir sobre el subsuelo, pero lo condiciona a que las empresas cuenten con el beneplácito de las comunidades. Dejó las cosas como están y no toca a las consultas populares”. Hay otras opiniones más pesimistas, como la del Diputado Carlos Andrés Rodríguez Figueredo, quien nació en Tauramena (Casanare) y fue uno de los impulsores de la consulta popular en ese municipio: “Tiende a empeorarnos un poco la situación, está dejando un antecedente para que la Procuraduría abra procesos sancionatorios por la posible extralimitación de funciones de los gobernantes locales. Atenta contra la descentralización del Estado, contra la autonomía de las regiones”. La Procuraduría publicó un comunicado en el que seĖala que los mandatarios de ocho pueblos en proceso de consulta “estarían extralimitándose en el ejercicio de sus funciones administrativas”, y les recomienda no seguir adelante con estas iniciativas “que le compete adelantar exclusivamente al Presidente de la República” [60].

13-3-2014, La parapolítica vuelve a reinar en las elecciones. Ríos de dinero para la compra de caciques políticos locales al mejor postor, tráfico de influencias, constreĖimiento al sufragante, publicidad ilegal, un cuestionado sistema biométrico, entre otras, fue la fotografía de las elecciones legislativas. El paramilitarismo en cuerpo ajeno se toma la bancada de extrema derecha en el Congreso. El abstencionismo sigue pesando sobre la precaria democracia. En este caso fue del 57.42% con relación a la votación del Senado. En el caso de Cámara fue similar. Mucho más en el Parlamento Andino. Las razones son varias: el desprestigio del Congreso, la apatía política que se fomenta desde las alturas del poder, porque entre menos vote la gente es mayor la posibilidad de que los partidos tradicionales se perpetúen; también pesa una pequeĖa fracción de abstencionistas que desprecian la vía electoral como forma de la lucha revolucionaria. No existe una cultura política que sea estimulada desde el Estado dominante para que la gente entienda el significado de la participación ciudadana como vía de cambio. Se afianza la idea de la antidemocracia, de la violencia desde las alturas del poder, del fraude y los vicios de la politiquería, que hacen ver como imposible la utilidad de esa vía. Los votos nulos de una cifra enorme. Obedece al complicado sistema electoral. El tarjetón es inmanejable y complicado de entender. Facilita el fraude, la suplantación del votante y que se impongan modalidades delictuosas de compra de votos. Se requiere una profunda reforma electoral democrática que purifique el voto y aleje las prácticas clientelistas y corruptas de la politiquería tradicional. La reforma electoral debe ir pareja a la reforma política. El voto en blanco no colmó las expectativas mediáticas. Fue del 5.21%. En las condiciones del proceso político colombiano el voto en blanco favorece a las enormes maquinarias electorales corruptas del sistema. Otra cosa es que como en la novela de Saramago, “Ensayo sobre la lucidez”, el voto en blanco deslegitime el proceso electoral. No es el caso de Colombia. Ganó la derecha. En primer lugar el Gobierno de Juan Manuel Santos y su ambición reeleccionista, porque la U fue el partido más votado y la Unidad Nacional (Cambio Radical y liberales) lograron casi la mitad del Senado y la mayoría en la Cámara, amén de que buena parte de los conservadores están con el Gobierno por aquello de las prebendas. Habrá presencia de la extrema derecha guerrerista del Puro Centro uribista. No lograron los resultados que anunciaban, pero tendrán 19 senadores, algunos asustan con su pasado nefasto en la “Casa de Nari” y en la parapolítica. Empezando por el ex presidente que algún día tendrá que responder ante los jueces nacionales o internacionales por los presuntos actos criminales de su Gobierno. Pierde el país. Pierde la democracia. Aunque si Santos es consecuente con el proceso de paz de La Habana tendrá que poner a la Unidad Nacional en función de los acuerdos y de la salida política con justicia social. Para la izquierda no es una catástrofe. La UP tuvo una presencia digna. Cien mil votos para las Cámaras y 256.779 para el Parlamento Andino. Es positivo. En menos de un mes y medio de campaĖa electoral, sin garantías y bajo amenazas, atentados y hostilidades. Además de las desventajas, porque el dinero del Consejo Nacional Electoral llegó cuatro días antes de los comicios, mientras que los otros partidos lo recibieron con antelación. El Polo, que perdió curules y votos, queda con cinco senadores y un representante. Hay que destacar el respaldo a Jorge Robledo e Iván Cepeda y el ingreso de Luis Alberto Castillo, dirigente agrario del Catatumbo. En la Alianza Verde es importante que estén Claudia López y Antonio Navarro, a pesar de las diferencias que tenemos, pero serán importantes en los proyectos de paz y derechos humanos [61].

17-3-2014, Conclusiones de especialista que discutieron sobre la problemática agraria en la Universidad Nacional de Colombia. Concentración de tierra, el mayor problema agrario en Colombia. En sociedades pobres la fuente principal del ingreso directo es la tierra, por eso no hay duda de que la desigualdad empieza en la agricultura con su distribución. En esto coincidieron la mayoría de los panelistas invitados a la Cátedra Manuel Ancízar de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Entre otros aspectos, se discutió con respecto a que un desarrollo económico agrícola más alto y más igualitario no es el único beneficio de una estructura agraria de pequeĖas propiedades, sino que contribuye a un crecimiento general más saludable. Como un buen ejemplo de este modelo en el último medio siglo se mencionó a Taiwán, Estado que tiene tal vez el nivel de desigualdad más bajo de todos los países en desarrollo; por eso, esta nación ha crecido más rápidamente que casi todos los países del mundo. En el otro extremo, países como Colombia han permitido que la tierra se concentre en pocas manos o que haya sido ambigua la titularidad de muchas tierras. Esto ha ocasionado tensiones continuas, que bajo condiciones desfavorables degeneran en violencia. Una repartición no igualitaria de la tierra contribuye a generar bajos ingresos promedio y su mala distribución, fenómenos que coinciden con una infraestructura rural pobre, mala salud y poca educación, al igual que otros factores que contribuyen a la pobreza. Albert Berry, profesor emérito de Economía de la Universidad de Toronto seĖaló: “Los esfuerzos para modificar la estructura agraria son procesos políticos cuyos resultados dependen principalmente del equilibrio del poder político entre las fuerzas contendientes. De modo que la primera y más importante pregunta acerca de la experiencia en un país se refiere al carácter de ese equilibrio. En América Latina, rara vez ha habido muchas oportunidades para que se creen las condiciones favorables para los enfoques tradicionales de la reforma agraria”. Eduardo Sarmiento, ingeniero, economista y escritor colombiano afirmó que otro de los aspectos que afectó al sector agrícola fue en 1990, cuando el país llevó a cabo una apertura indiscriminada, en donde estableció aranceles para todos los productos de la economía del 12% en promedio, se presentó una entrada masiva de productos de importación que desplazaron la producción agrícola. Las importaciones pasaron de 250 millones de dólares a 1.500 millones de dólares en siete aĖos. Esa entrada de importaciones, aĖo a aĖo, destruyó el área sembrada de cultivos agrícolas. “Esas importaciones se hicieron a cambio de una menor área agrícola, de manera que en siete aĖos el área agrícola del país bajó en la tercera parte, disminuyó 700 mil hectáreas, que están representadas en importaciones de productos del sector agropecuario. ņA cambio de qué? A cambio de nada”. Para Daniel Libreros, Profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el mayor problema es el hecho de que se haya preservado una estructura hacendataria desde el siglo XIX que se profundizó en el siglo XX con la guerra civil interna y el paramilitarismo. “Todo esto llevó a consolidar un régimen que hoy, según las propias estadísticas oficiales, presenta un cuadro donde el 1% de las familias ricas en el campo concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir, eso de alguna manera no es presentable. Y al mismo tiempo ese poder de la tierra económico también da poder político” [62].

19-3-2014, Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria. Mandatos para el buen-vivir, la democracia y la paz: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial. El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias. Por lo anterior, Exigimos: - Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos. El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo: i. Resguardos indígenas y territorios ancestrales. ii. Territorios colectivos afrocolombianos. iii. Zonas de Reserva Campesina. iv. Zonas Agroalimentarias. v. Zonas de biodiversidad. vi. Territorios interétnicos e interculturales. vii. Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades. Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles. Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia forma parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares que participen del proceso. - Que el gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afro. - Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares. Esta política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y urbano-populares. - La construcción de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad, o que atenten contra su vocación natural (el caso de ciénagas y playones) y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria. - Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro. - Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes. - Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos, indígenas y afro. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos. - Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores. - Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT. - Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma. - Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena. - Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra. - El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad. - La restitución integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de reparación. - La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino. - El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres. - La creación de una nueva institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protección ambiental. 2. La economía propia contra el modelo de despojo. El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeĖos productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida asociadas a estos. Por lo anterior, Exigimos: - La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, que se debe impulsar un ente de planeamiento territorial de las comunidades agrarias, las comunidades campesinas, indígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio. - La implementación de una política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades. - Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través del sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado. - Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias. - El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano. - Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, indígenas y afros. - Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por parte de los pequeĖos productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios. - Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de las mismas. - La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional. - La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la resolución 970 del ICA. - La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias. - Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeĖos productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. - El avance en la protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación. - La reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentación se hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos. - Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la pequeĖa y mediana producción especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero energéticos. 3. Minería, energía y ruralidad. La mala gestión y el saqueo de los recursos naturales minero-energéticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeĖos mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas. Por lo anterior exigimos: - Que se inicie un proceso democrático de discusión de una nueva política nacional minero-energética, con participación efectiva de las comunidades campesinas, indígenas, afro y los pequeĖos mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente. - Exigimos la reformulación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversión social y la garantía de los derechos de las comunidades. - Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero- energético del país. - Una moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se aplicará hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y las comunidades. - La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores. - La reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada. - Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal. - Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación. - Que en el desarrollo de la política minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios. - En ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin el requisito de la licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión. - Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afros, y promover la implementación de alternativas de abastecimiento energético a partir de tecnologías apropiadas y limpias. - Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroeléctricas. - La reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida más equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos. - Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos. - Suspender los proyectos de fracking apelando al principio de precaución. 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola. Ante el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola. Por lo anterior, Exigimos: - El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos representantes de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas. - Un programa de sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de usos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deberá hacerse con énfasis en ordenamiento y la planeación territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participación de las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y/o de vida. - Un programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades agrarias (Indígenas, Afro descendientes y Campesinos). - La liberación de las y los presos judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no relacionado directamente con comercialización de estupefacientes. - No aplicación de la extinción de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola. - Una política de sustitución gradual que tenga como base la inversión social en la comunidad y el impulso a cultivos alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la sustitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares. - Una política de sustitución basada en la promoción de cultivos productivos propios de la economía campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se refiere al diseĖo e implementación de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la estabilización y garantía de la integralidad de derechos. - Programas de sustitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformación agregación de valor en el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a mercados. - Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias. - La sustitución debe ser manejada por las comunidades y las organizaciones agrarias (Indígenas, Afrodescendientes y Campesinos). Serán las comunidades quienes impulsen las propuestas de sustitución, no el gobierno nacional. - Implementar propuestas de inversión agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garantías para la producción. - Respeto y promoción la producción e industrialización, por parte del Estado, de alimentos y medicinas basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana. - Garantizar el despliegue comunicativo nacional a través de todos los medios disponibles para difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas, ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y marihuana. - No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de transformación. - El tratamiento del consumidor como un tema de salud pública, con el ingreso al sistema de salud. 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática. Por lo anterior, Exigimos: - La verdad, justicia y reparación integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas. - Desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, propiciando una veeduría internacional y la conformación de una comisión de la verdad. Así como realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre el sector económico, político, y militar con los paramilitares. - La conformación de una comisión de la verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe garantizar el acompaĖamiento psicosocial y pedagógico, así como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de víctimas, de manera concertada. - Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro. - Justicia, verdad, reparación integral y no repetición por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales. - Garantías para el derecho a la protesta social y garantías para la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio. - Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados. - El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía. - Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las víctimas. - Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa por la reformulación de la política criminal actualmente basada en la privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que garantice la prevención del delito, la inclusión social y el respeto de garantías. - Abolir la mal llamada “limpieza social” ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables. - Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la política y la oposición. - Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia. - Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”. - Fin de la doctrina de seguridad nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una doctrina basada en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la nación. - Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar, y se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado. - Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participación política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan sus vidas. - Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niĖas no sigan siendo un instrumento, ni botín de guerra. - Tipificación del feminicidio como un delito autónomo. - Aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008 y el cese de la violencia contra la mujer. - Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que hace trámite en la ONU; exigimos que el Estado colombiano adopción plena y perentoria de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación de estas directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se surte el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos indígenas y negritudes. - Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y otras federaciones. Exigimos la participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural. - Otorgar reconocer y garantizar con carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural. - Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de tierras despojadas así como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos indígenas. - Garantías para la construcción de planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía propias. - Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situación de peligro de desaparición de los pueblos indígenas y afro. - Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en los cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho internacional Humanitario, buscando no involucrar a la población civil en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la población civil mediante montajes judiciales. - Reconocimiento y la no estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares. - Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del fuero penal militar, que deje de aplicarse la figura del blanco legítimo, ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras arbitrariedades similares. - Democratización de los medios de comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de nuevos medios de comunicación con alta difusión y participación de los sectores populares. - Democratización del espectro electromagnético. 6. Derechos sociales. Para los pueblos afro e indígenas y para las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreación serán concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollarán de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades. Por lo tanto, Exigimos: - El aumento de las partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales. - Una política educativa que propenda por un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor formación docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural. - Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional relacionados con la educación; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como derechos. - Derogar la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley de educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la educación como derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial. - Condonación y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta. - Cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e indígenas. - Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud. - Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región. - Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social. - El fin de la política del subsidio a la demanda y se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación, una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993, el fin de la intermediación financiera privada en salud y educación, la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo. - El derecho fundamental al Trabajo digno, por medio de contratación directa, garantías laborales, protección y reparación de la libre asociación, huelga y reparación a las personas perseguidas. - La definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales. - Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida. - El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales. - Que se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. El agua concebida como un derecho y bien común. - Derogatoria de la ley 142 que posibilita la privatización del uso del agua. - La condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y que se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo. - Que se garantice un mínimo vital gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedurías comunales a la prestación de servicios públicos. - El servicio de energía eléctrica rural y agua potable para los lugares que aún no cuenten con estos servicios. - Programas masivos de vivienda rural digna y de educación técnica y acceso a la educación superior. Exigimos la garantía de derechos para los trabajadores rurales, empleo digno con remuneración justa y seguridad social. - Que las escuelas, hospitales y salones comunales no sean ocupadas por los actores armados, y que sus construcciones no respondan a intereses estratégicos de guerra y confrontación. - Respeto por la propiedad comunitaria para administración de espacios de recreación y de servicios públicos, estas deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su función social. - La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar. 7. Relación campo-ciudad. La configuración actual de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial. Por lo anterior, Exigimos: - La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades. Exigimos el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la financiación y administración de los acueductos comunitarios. - La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia. - Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera. - Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos y que éstas sean de carácter estatal con veeduría de las comunidades. - En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere, mediante asociación de municipios (como está previsto en la Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado. - Inversión en vías de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad. - Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios y más bajas para pequeĖos propietarios. - Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de la problemática de la ciudad que surge de modelos de despojo del sector rural. - Exigimos una reforma urbana integral que incluya: - Hábitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente. - El desmonte de la especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado. - La legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado. - La creación de la ley orgánica de plan de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participación de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas construcciones territoriales y planes de vida. - Participación comunitaria en la toma de decisiones y en la generación de políticas urbanas, planificación de presupuestos y/o dirección del recurso público, para la construcción de planes de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y vinculantes de las comunidades. - Transformación del modelo de movilidad urbana que frene la privatización del transporte público, con reducción de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad alternativa. 8. Paz, justicia social y solución política. Las anteriores reivindicaciones y propuestas de país se constituyen en parte de la agenda de paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios. Por lo tanto, Exigimos: - La solución política al conflicto social y armado. El avance de los diálogos que se realizan en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP, el cese al fuego bilateral y la instalación de las mesas de diálogos entre el gobierno nacional, el ELN y el EPL. - Las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus peores manifestaciones exigimos la participación en los procesos de negociación, y propendemos exigimos que no se levanten de las mesas de negociaciones. - La implementación de una política integral para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y financiada por el gobierno nacional. - Garantías para un gran diálogo nacional, que se exprese en la apertura de diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor. - La desmilitarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonomía en los territorios que se encuentran en medio del conflicto social y armado. - La eliminación de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto la reducción del pie de fuerza, depuración de las fuerzas militares, retiro inmediato de las bases militares extranjeras en el país, fin a los tratados de carácter militar con la OTAN, derogar la ley de seguridad ciudadana y desmontar el plan de inteligencia y contrainteligencia. - La reestructuración del presupuesto nacional y limitación del gasto de guerra. El gasto en defensa no puede ser mayor al de la inversión social. - Garantías para que las organizaciones, procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y política para la construcción del movimiento social por la paz; Particularmente el desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos como un mecanismo para el ejercicio del terrorismo de Estado. - Las garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz [63].

22-3-2014, Entre junio y agosto de 2013 en la región del Catatumbo se desató un enfrentamiento entre campesinos y Gobierno y puso al gobierno Santos en jaque. En los últimos 40 aĖos la región del Catatumbo ha padecido las violencias cruzadas de las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. Un escenario de guerra que entre 1999 y 2004 evidenció la naturaleza de la barbarie: se perpetraron 10 mil asesinatos, unas 200 masacres, más de 800 desapariciones forzadas y cerca de 130 mil personas fueron desplazadas. Allí, en uno de los corazones del conflicto armado, está ad portas de hacerse realidad la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. Un proyecto que atraviesa la ecuación de los diálogos de paz con las FARC en La Habana y que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) apura por consolidar cuanto antes. Se trata de una de las más ambiciosas iniciativas del Ejecutivo para redistribuir la tenencia de la tierra, regularizar los procesos de colonización campesina y superar las causas del conflicto con programas de sustitución de cultivos ilícitos. Aunque este proceso inició en marzo de 2011 con la solicitud de delimitación de la zona de reserva en los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Tibú, fuentes consultadas por este diario aseguraron que el Incoder tiene una especie de mensaje de urgencia para concretar este experimento lo más pronto posible. El gobierno Santos busca enviarle un mensaje de tranquilidad a La Habana con la materialización de los primeros pactos con la guerrilla en materia agraria. El documento seĖala que esta zona de reserva corregirá “los fenómenos de concentración de la propiedad, el acaparamiento de tierras rurales o cualquier forma de inequitativa composición del dominio”. Además, hace una radiografía sobre las características agrícolas de la región. En este contexto advierte de la gravedad del fenómeno del narcotráfico que ha permeado y dinamizado la economía local “y se ha constituido en la fuente privilegiada de subsistencia de las comunidades campesinas”. Incluso resalta: “Los precios que las mafias pagan por la pasta de coca y la facilidad para su transporte hace que su cultivo represente una alternativa económicamente viable para la subsistencia de la familia campesina, pues es el único producto que le brinda unos ingresos mayores a un millón de pesos”. El borrador del Incoder asegura que hay cerca de 54 mil hectáreas en conflicto con respecto a explotaciones mineras, que la producción agrícola está en deuda y que el 75% de los habitantes del Catatumbo presentan índices de necesidades básicas insatisfechas. Este diagnóstico concluye que la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo constituye la única salida a una bomba social atizada por el conflicto, en donde más del 40% de las personas carecen de título de propiedad. Sin embargo, este proyecto de acuerdo contiene una perla que ya es objeto de disputa: sostiene que en la Zona de Reserva “no se registra presencia de comunidades indígenas”. Una afirmación que tiene indignados a representantes del pueblo indígena Motilón Barí, que habitan esa zona. Diego Elías Dora, vocero de esta comunidad, en carta enviada el 5-3-2014 al procurador Alejandro OrdóĖez y al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denunció que el Gobierno quiere invisibilizarlos para cumplir unos acuerdos. Según Dora, el acto administrativo de la zona de reserva “provocaría el exterminio definitivo a nuestro pueblo”, golpeado durante el siglo XX por la explotación de petróleo y carbón por multinacionales, que diezmó a esa comunidad de 38 mil a 3 mil indígenas. Además, pidió que se investigara a una funcionaria del Ministerio del Interior y a otro del Incoder por emitir dos conceptos contrarios en los que se desconocen los derechos ancestralmente reconocidos a la etnia. Los Motilón Barí interpusieron una acción de tutela para evitar que se concrete la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo porque, en su criterio, no sólo los borrará del mapa, sino que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989. Paralelamente a este enredo, la Corte Constitucional estudia una demanda contra las Zonas de Reserva Campesina, establecidas en la Ley 160 de 1994 en el marco de la reforma agraria, por razones similares. El 8-8-2013 el ciudadano Edwar Alvarez Vacca le pidió al alto tribunal que tumbara estas zonas de reserva -una de las columnas vertebrales del proceso en La Habana dentro de los acuerdos pactados con las FARC- porque las comunidades indígenas nunca fueron consultadas para la expedición de esta norma. En su demanda aseguró que los indígenas resultaron afectados con esta ley que “incita a la colonización en territorios ancestrales de grupos étnicos (...) y promueve que campesinos y el sector de la agroindustria afecten el mínimo vital de su población”. De acuerdo con Alvarez, en Colombia existen 87 pueblos indígenas en 707 resguardos, con presencia en más de 230 municipios que ocupan más de 31 millones de hectáreas del país. En ese contexto, dijo que los indígenas han sido afectados por procesos de colonización en las misiones evengelizadores de la Iglesia, por la violencia bipartidista de los aĖos 40 que provocó la migración campesina y por el auge de los cultivos ilícitos y las dinámicas propias de la guerra. De ahí que sostuviera que 34 pueblos están en peligro de extinción y que por eso la Corte Constitucional ha tenido que intervenir para protegerlos. Su conclusión es que es supremamente grave que se desarrollen las Zonas de Reserva en territorios que se traslapen con los asentamientos indígenas. Su demanda fue acompaĖada por Luis Fernando Arias, Presidente de la Organización Nacional Indígena, quien advirtió que ante un eventual acuerdo de paz con las FARC “existe el riesgo de proyectarse estas reservas” en los territorios que reclaman los indígenas. Según él, ya se ven los problemas y las amenazas que esta figura representa en el proyecto del Catatumbo y en otro más en la región de Arauca, y que van en contravía de los intereses de los pueblos Motilón Barí e Hitnu. Arias dijo que existe una honda preocupación de que por avalar unos acuerdos en las negociaciones de La Habana se termine por despojar las tierras de estas comunidades. El procurador OrdóĖez, el 5-2-2014, avaló la tesis del demandante Edwar Alvarez y aseveró que las Zonas de Reserva debían caerse en tanto que los indígenas jamás fueron consultados y, para poner dos ejemplos, las Zonas de Reserva Campesina del Guaviare y de la Perla Amazónica hoy coinciden con territorios indígenas. Un escenario calcado se daría en el caso del Catatumbo. El estudio del expediente le correspondió al magistrado Jorge Pretelt, quien alista su ponencia. En esencia, lo que examina la Corte es la tensión entre dos derechos: el de los colonos campesinos, que a través de las Zonas de Reserva podrían mejorar la distribución de la tenencia de la tierra, y las zonas ancestrales que reclaman los indígenas. Sea cual sea el resultado del dictamen del alto tribunal, lo cierto es que el fallo tendrá incidencias en los diálogos de paz. Expertos consultados por El Espectador sostuvieron que de caerse las Zonas de Reserva se les daría una estocada a los acuerdos alcanzados en La Habana en materia agraria. Edwar Alvarez está lejos de esos cálculos políticos y en diálogo con este diario seĖaló que su cruzada es por defender a los indígenas. No obstante, denunció que tiene temor por las retaliaciones que esta demanda pueda generarle. De hecho, ya le advirtió al alto gobierno, a la Fiscalía y a la Corte Constitucional que su nombre apareció en un comunicado de las FARC del 1-10-2013, en donde la guerrilla lo seĖala como aliado del uribismo. En esa comunicación la guerrilla escribió: “Lo que no han logrado ni los ilegales seĖalamientos públicos del Ministerio de Defensa, ni el lobby de los latifundistas palmeros o ganaderos, lo que no pudo hacer Alvaro Uribe en 8 aĖos de mal gobierno, puede ser perpetrado de un plumazo por una eventual sentencia de la Corte Constitucional”. Se refieren a la posibilidad de que se eliminen las Zonas de Reserva Campesina. Edwar Alvarez aseguró que ha sido un defensor de los derechos humanos, que ha trabajado en distintos gobiernos e incluso en el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde ofició durante seis aĖos como asesor, y que nada de su hoja de vida tiene por qué desvirtuar el origen de su demanda. “Me intimida el comunicado de las FARC”. El magistrado Jorge Pretelt, enterado de estas denuncias, remitió a la Unidad Nacional de Protección el caso para garantizar la integridad física del demandante. Entre tanto, mientras la Corte pone punto final a la discusión sobre las Zonas de Reserva, el Incoder y el gobierno de Santos buscan acelerar la implementación del proyecto en el Catatumbo. Un escenario que justamente coincide con el nuevo Paro Nacional Agrario, en el que se denuncian múltiples incumplimientos de los acuerdos pactados con el Ejecutivo en 2013. La discusión está planteada y el Gobierno sabe que este nuevo fallo que prepara la Corte tiene una trascendencia tanto o más importante que la posibilidad de que los jefes guerrilleros de las FARC puedan saltar a la política [64].

28-3-2014, Los indígenas y los afros cuentan con dos Decretos Ley para solicitar la restitución de sus derechos territoriales. La Dirección de Asuntos Etnicos se encarga de documentar sus casos. Llegar a manglares, caĖos, bosques y zonas limítrofes no es tarea fácil. Menos cuando allí grupos guerrilleros o bandas criminales intentan imponer sus dictaduras, buscan controlar recursos valiosos o manejan negocios ilegales. No obstante, investigadores de la Dirección de Asuntos Etnicos de la Unidad de Restitución de Tierras documentan casos de 17 comunidades indígenas y afros, que han solicitado que se les reconozcan oficialmente sus derechos territoriales sobre un millón doscientas mil hectáreas de tierra que en algún momento la guerra les arrebató o los forzó a abandonarla. A diferencia de los campesinos, los indígenas y los afros no hablan de restitución de tierras sino de reconocimiento de derechos territoriales, dice Luis Azcárate, Director de Asuntos Štnicos de la Unidad porque, como explica la cartilla pedagógica de esta dependencia, no es solo la tierra lo que reclaman, “el territorio parte de una relación social y cultural que los grupos han construido históricamente”. Eso significa que para estas comunidades su espacio no solo tiene que ver con la cantidad de hectáreas sino con los hábitos que han generado en ese espacio: vivir, cultivar, preservar la naturaleza, pescar o celebrar un ritual. Los procesos de restitución que adelanta la Unidad de Restitución con campesinos han sido más ágiles que los que lleva en favor de comunidades étnicas. La mayoría de los casos fallados por los jueces son individuales, excepto por algunas demandas en las que el gobierno ha solicitado la restitución colectiva de parcelas para grupos de adjudicatarios del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) a quienes los violentos les quitaron sus predios. Hasta febrero de 2014, los jueces especializados de tierras habían pronunciado 386 sentencias que devolvieron 20 mil hectáreas a campesinos reclamantes. El proceso con comunidades étnicas comenzó en 2013 y aunque hasta el momento no ha habido ninguna sentencia, la Unidad ya ha presentado ante los jueces especializados tres demandas de reconocimiento de los derechos territoriales. Estas demandas se basan en los Decretos Ley 4633 y 4635, que cobijan a las comunidades indígenas y afros de forma respectiva. Una es para el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera en Tumaco, NariĖo que reclama 46 mil hectáreas, y les enfrentan oposición ante la justicia empresarios de palma africana. Las otras dos demandas corresponden al resguardo Alto Andágeda en Bagadó, Chocó, donde el pueblo Embera Katío reclama 50 mil hectáreas en territorio donde la minería ilegal está haciendo estragos; y la más reciente, radicada a principios de marzo de 2014, es de la comunidad Nuevo Espinal, en Barrancas, Guajira por la cual los indígenas Wayúu reclaman 703 hectáreas de terrenos, parte de los cuales hoy sirven a grupos criminales de corredor para sus tráficos ilícitos y movimientos. La Dirección de Asuntos Etnicos estima que entre junio y julio de 2014 el juez de tierras fallará sobre el caso del Alto Andágueda, y en agosto, del Nuevo Espinal. Sobre la primera demanda, la del Bajo Mira, el juez la rechazó argumentando que ésta no se ajustaba a la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que permite la restitución a campesinos despojados por el conflicto. La Unidad apeló la decisión argumentando que las reclamaciones de esta comunidad se ajustan al Decreto Ley 4635, que permiten la restitución de derechos territoriales a comunidades afro. Ahora, la Unidad de Restitución espera una decisión del Consejo Superior de la Judicatura. Aunque la Dirección reconoce que documentar regiones como el Urabá donde la minería y las bandas criminales tienen azotadas a las comunidades o como Puerto Gaitán, Meta, donde antiguos hacendados y actuales empresarios no están interesados en que haya un proceso de reconocimiento de los grupos étnicos, aseguran que bajo riesgo hacen todo el esfuerzo para documentar los casos y presentarlos ante los jueces especializados. La demanda que involucra el territorio más grande (688 mil hectáreas) está siendo estudiada por la Unidad de Restitución y es la presentada por la comunidad indígena Sikuani del territorio Alto Únuma en Puerto Gaitán, otro municipio donde los grupos violentos han controlado territorio desde hace 30 aĖos. Todas las solicitudes de comunidades indígenas y afro para reconocimiento de derechos territoriales son estudiadas por la Dirección de Asuntos Etnicos de la Unidad, dice Azcárate. Sin embargo, explica, el orden de prioridad para tramitarlas es el que recomienden los propios representantes de los grupos étnicos. Con los indígenas, este proceso se realiza en la Mesa Permanente de Concertación y con los afrodescendientes, la Unidad establece diálogos a través de organizaciones como Proceso de Comunidades Negras (PCN) o la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Cuando las condiciones de seguridad lo permitan, la Unidad documenta los casos en terreno, completa los documentos necesarios y cuando tiene listo el reclamo lo presenta en una demanda de restitución ante un juez. En este proceso algunas comunidades pueden correr el riesgo de ser desplazadas o despojadas y en ese caso, el gobierno solicita al juez medidas cautelares, es decir, medidas de protección mientras comienzan los juicios. Estas medidas impiden que las tierras sean comercializadas. Hasta marzo de 2014, los jueces especializados han brindado estas medidas  a cinco grupos étnicos: a los afros de Bajo Mira y Frontera, a los indígenas Embera Katío del Chocó así como a los consejo comunitario Renacer Negro en Timbiquí, en Cauca; Alto Mira y Frontera en Tumaco, NariĖo; y las comunidades indígenas Saliva, Sikuani y Amorúa que integran la comunidad Kanalitojo en Puerto CarreĖo, Vichada. En total, 192 mil hectáreas han sido protegidas y 6 mil familias han sido beneficiadas con las medidas. La Dirección de Asuntos Etnicos, informa que en la actualidad está documentando once solicitudes de comunidades indígenas ubicadas en Unguía, Chocó; Codazzi y Becerril, en Cesar; en Mapiripán y la ya citada de los Sikuani en Puerto Gaitán, en Meta; y en la zona de Telembí, que comprende cuatro resguardos y dos territorios en Ricaurte, NariĖo. Estas reclamaciones suman unas 775 mil hectáreas. Esa Dirección también documenta seis casos de reclamaciones de comunidades afro en Tumaco, NariĖo; Suárez y Timbiquí, en el Cauca; y Riosucio, Bagadó, Lloró y Atrato, en el Chocó. Las solicitudes suman 323 mil hectáreas. A diferencia de los casos de comunidades campesinas, en las que algunos empresarios o particulares les han propuesto alianzas productivas o contratos de arrendamiento sobre las tierras reclamadas; con los grupos étnicos esto es inconstitucional al considerarse que dichos acuerdos pueden legitimar un despojo y vulnerar el derecho de consulta previa. Las normas que protegen a estas comunidades advierten que “los derechos territoriales de los grupos étnicos son inembargables, imprescriptibles e inalienables”. Según la Dirección de Asuntos Etnicos, empresarios o particulares pueden llegar a estos acuerdos sólo después de que un juez de restitución haya emitido un fallo y además se garantice la intermediación del Ministerio del Interior como garante de la negociación. “Aquí se aplica la autodeterminación de los pueblos, pero este es un proceso en que debe haber consulta previa con la mediación del Ministerio” [65].

5-4-2014, De las 20.000 hectáreas restituidas, 8.400 fueron devueltas a una sola familia en el departamento del Meta. Pasados dos aĖos desde que se promulgó la Ley de Restitución de Tierras, expertos y analistas coinciden en que su eficacia está en duda. En ese sentido, la fundación Forjando Futuros alertó que en el proceso 69 víctimas de despojo han sido asesinadas y que solo se conocen 400 sentencias de las 54.000 demandas que hay en curso. A la fecha, 54.000 campesinos han denunciado ante el gobierno y la justicia el despojo y esperan las restitución. Unas mil familias ya regresaron a sus tierras, pero de acuerdo a la fundación Forjando Futuros, solo el 1,7 % de los denunciantes han podido volver y el resto espera que el Ministerio de Defensa garantice la seguridad de las zonas para regresar. Gerardo Vega, miembro de la fundación Forjando Futuro dice: “Más de 30.000 solicitudes están allí a la espera de un concepto favorable de las fuerzas militares, eso no lo establecía la ley y ha sido un trámite inventado por la unidad a través de un decreto, que dificulta el acceso de las víctimas a la restitución”. El Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, indicó que la ley prevé el regreso de los campesinos pero con responsabilidad y seguridad: “Entendió el Congreso que no se podía hacer en todo el país porque en muchas zonas aún el conflicto persiste o los campos están minados”. Los campesinos reclamantes denuncian las constantes amenazas y presiones que reciben de parte de grupos armados que se oponen a la restitución. Alfranio Lozano, desplazado de Guacamayas, Antioquia: “Mis tierras se quedaron en manos de personas que hicieron alianzas con los paramilitares para entrar y comprar los terrenos (…) No se está haciendo nada como quisiéramos nosotros pero el gobierno ha hecho muestras y eso sirve como plan de choque” [66].

2-5-2014, Hemos promovido históricamente la idea de una solución política y negociada al conflicto interno que vive el país por más de medio siglo, por esto hemos respaldado los diálogos de paz en La Habana (Cuba). A las delegaciones del Gobierno colombiano y de las FARC-EP les pedimos que escuchen nuestras propuestas. La voz de las víctimas, la garantía y respeto de sus derechos son indispensables para un autentico proceso de paz en Colombia. Esperamos que se dé inicio al anunciado proceso de negociación con las guerrillas del ELN y el EPL, y que se establezca un mecanismo de participación directa de sectores sociales con agendas y propuestas para la paz. Debe abandonarse la daĖina tesis de negociar en medio de los enfrentamientos bélicos y de escalada militar, y declararse urgentemente un cese al fuego bilateral. Rechazamos la actitud contradictoria de funcionarios de alto gobierno, quienes, como el seĖor Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el procurador Alejandro OrdóĖez, de forma guerrerista y en claro sabotaje se manifiestan de manera continua en contra de los diálogos. También es incongruente con la paz el alarmante aumento del presupuesto del sector defensa para este aĖo en curso (26,9 billones de pesos - u$s 13.518 millones) [67]. Existe un consenso sobre la necesidad de una Comisión de la Verdad para Colombia. No obstante, debe crearse un ambiente apropiado en el país para llegar a su conformación. Históricamente ha existido una sistemática manipulación y tergiversación de la historia y la violencia. Esto llegó al punto que en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez se sostuvo la tesis de que el Estado era una víctima más de la violencia generalizada y de la guerra contra el terrorismo, negando la posición de garante del Estado y de sus obligaciones en materia de los derechos de las víctimas y la existencia de un conflicto social, político y armado. Debemos llegar a una mínima versión conjunta de nuestra historia, no solo para comprender lo que pasó sino para abandonar el estado de negación en el que seguimos como sociedad. Las víctimas demandamos una Comisión de la Verdad que contenga por lo menos los siguientes elementos: i) Un mandato avalado no solo por las partes en conflicto sino por las víctimas y la sociedad. ii) Que esté conformada por personas idóneas ética y moralmente, que no hayan estado comprometidas con hechos de violencia y no hayan sido instigadores ni beneficiarios del proceso de despojo. iii) La Comisión debe ser independiente administrativa y presupuestalmente, debe reconocerse su inmunidad y garantías de seguridad. iv) Un mandato oficial y vinculante con el compromiso de difundir e incorporar al sistema educativo el Informe Final de la Comisión de la Verdad. v) Participación directa de las víctimas en su conformación y monitoreo. Una Comisión de la Verdad no puede exonerar al Estado colombiano de su obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales, de intervenir judicialmente los hechos y sancionar penalmente a sus autores. El reciente Informe General “Basta ya”, aunque es un ejercicio considerable, se encuentra particularmente incompleto en lo que se refiere a la criminalidad de Estado, el intervencionismo extranjero, los genocidios políticos, y los factores estructurales que han dado origen y han reproducido el conflicto social político y armado en el país. La criminalidad de Estado en Colombia se prueba principalmente por el testimonio de los familiares y sobrevivientes de los genocidios políticos, la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y el desplazamiento forzado. Pero además ha sido reconocida por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por Naciones Unidas y por la OIT. Entonces no se puede aceptar la tesis oficial de las “manzanas podridas”, en la que elementos descompuestos de los cuerpos militares habrían cometido delitos puntuales. En su lugar, debe reconocerse que han existido prácticas y políticas sistemáticas de exterminio político y modelos de despojo a gran escala. El conflicto armado ha sido utilizado por el Estado colombiano como pretexto para encubrir la conformación de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, que tienen como función principal generar terror en la población, monopolizar el negocio del narcotráfico y consolidar un proyecto económico depredador y criminal. En Colombia deben darse cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, empezando por un proceso de depuración previa de las tres ramas del poder público, que permita desligar al Estado de las estructuras criminales que han socavado la legitimidad de las instituciones. Solo así se renovará la confianza de la sociedad en el Estado. Es urgente derogar todas las doctrinas y manuales militares que promuevan la violación de los derechos humanos. El tratamiento de los crímenes de la Fuerza Pública en la mesa de negociación debe asumirse como un asunto de Estado. Es fundamental para la sociedad que cese la persecución política y se remueva la doctrina militar de “Seguridad Nacional” que asimila “enemigo interno” con líderes, sectores sociales y políticos de oposición. Al mismo tiempo deben emprenderse reformas que reduzcan y transformen todos los cuerpos de seguridad y defensa. El acuerdo de La Habana no podrá en ningún modo imponer a la sociedad una ley de punto final que indulte a los máximos responsables de la criminalidad estatal. El Estatuto de Roma, suscrito por el Estado colombiano en 2002, establece que ningún cargo oficial puede ser eximido de su responsabilidad penal ni rebajada su pena en casos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra [68]. Todos los Jefes de Estado, miembros del alto mando militar y directores de la Policía Nacional, así como otros agentes del Estado, no pueden evadir su responsabilidad en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometieron y se siguen cometiendo en el país. Como resultado del proceso de Justicia y Paz existen mas de diez mil compulsas de copias contra miembros de la Fuerza Pública y funcionarios públicos, seĖalados de tener relaciones con estructuras paramilitares, esto sin que la Fiscalía General haya podido avanzar en las investigaciones y que hasta el día de hoy no se conoce ningún resultado en esta materia. Por las mas de cinco mil ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de Fuerza Pública no existe ninguna investigación en contra de un alto mando militar y preocupantemente muchos de los procesos en Justicia ordinaria han empezado a ser trasladados a la Justicia militar. Paralelamente se adelantan montajes judiciales en contra de defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y políticos, y se incrementa la criminalización de la protesta social y a sus líderes, lo que demuestra que la administración de justicia no cumple con sus obligaciones constitucionales. La ley 1448 de 2011 ha resultado ser completamente insuficiente para reparar a las víctimas y para restituir las tierras despojadas. Por tanto será necesario un proceso de revisión profunda de todo el modelo de atención y reparación, así como un mecanismo idóneo que permita restituir y garantizar el retorno colectivo y con garantías para la vida de las personas en situación de desplazamiento forzado. Constatamos, por los testimonios de las víctimas, que los grupos paramilitares denominados por el Estado como bacrim, tienen como blanco principal sectores sociales y políticos que históricamente han sido victimizados; conservan el control político, social y económico, y las rentas asociadas a las economías ilegales y al narcotráfico; controlan los mismos negocios y están asociados a los mismos grupos narcotraficantes y de poder en las regiones. Estas estructuras siguen actuando en complicidad y de manera sistemática en el diseĖo, coordinación, implementación y ejecución criminal con organismos del Estado. Operan con la complicidad, aquiescencia y, a veces, con la participación de miembros de la Fuerza Pública, y tienen una organización de alta capacidad y estructura militar. Es preciso que el Gobierno Nacional asuma el desmonte efectivo del paramilitarismo, investigue y sancione a los responsables de dichas prácticas sistemáticas y criminales agenciadas por los organismos del Estado. Para ello es necesario un plan de depuración y de reformas institucionales para el post-acuerdo. La Fiscalía General de la Nación debe adelantar investigaciones y sancionar a los instigadores del paramilitarismo en el país. El Gobierno debe mostrar su voluntad política para abandonar prácticas y políticas de guerra sucia dentro de los organismos del Estado. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, junto con la Coordinación CCEEU, Coordinadora de Familiares de la Unión Patriótica, El Congreso de los Pueblos, el movimiento social y político Marcha Patriótica y el proceso de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, hemos acordado convocar nuevamente a todas las víctimas de la criminalidad estatal en el país para construir un mandato unitario de exigencias fundamentales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, esto en coherencia con la búsqueda de la paz con justicia social para el país. Exigencias y propuestas: 1. El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad ante las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio político y crímenes de guerra. El presidente de la República debe pedir perdón por estos hechos y se debe adoptar una ley que prohíba y sancione las expresiones de negacionismo. 2. Las víctimas tenemos derecho a participar y a decidir sobre nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Nuestras propuestas deben ser escuchadas en la mesa de diálogos de La Habana por las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC. 3. Le exigimos al Presidente Juan Manuel Santos que declare el cese de hostilidades y desacelere el conflicto armado para generar la confianza social que necesita el proceso de paz. Esperamos que se dé inicio a las negociaciones con el ELN y con el EPL, para que se pueda terminar definitivamente el conflicto armado interno. 4. Debe constituirse una Comisión de la Verdad que investigue los hechos, recoja toda la información posible para su esclarecimiento y recomiende las acciones judiciales y las reformas institucionales necesarias para asegurar nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de estos crímenes. Ante esta comisión, el Estado y las guerrillas, partes en un acuerdo de paz, deben hacer un reconocimiento público de su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana. 5. El Estado deberá asegurar medidas de reparación colectiva a las víctimas del genocidio político, más allá de la restitución de las personerías jurídicas a los partidos víctimas de estos genocidios como el de la UP, así como la restitución de las curules y cargos de elección popular perdidos por estos crímenes. 6. Es necesario reducir el tamaĖo de las Fuerzas Militares y su presupuesto para el estricto cumplimiento de sus funciones de “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Constitución Política. Debe proponerse una reforma constitucional que permita separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, entendiéndose esta como un cuerpo civil respetuoso de los derechos humanos. 7. Las tres ramas del poder público deben ser depuradas de aquellos funcionarios involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o con grupos y actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares. Pedimos a la Fiscalía General de la Nación acelerar las investigaciones adelantadas en contra de funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública que se han originado a partir de las compulsas de copias provenientes de las versiones libres rendidas en Justicia y Paz. 8. Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los documentos reservados del Estado, especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que hagan parte de los materiales de consulta para la memoria nacional sobre las víctimas y sirvan de insumo a los procesos judiciales. Derogación de todos los manuales, instrucciones, directivas y documentos de otra índole de las Fuerzas Militares y otros cuerpos de seguridad que califican, expresa o implícitamente, a los movimientos y partidos políticos de oposición como ‘enemigo interno’ o con otras categorías similares, que promuevan actividades ilegales de inteligencia o promuevan la creación de grupos paramilitares. 9. Las víctimas tenemos derecho a que se realice una revisión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por parte de nuestras organizaciones para formular una política justa y eficaz en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. 10. Para asegurar la justicia, debe garantizarse la sanción a todos los responsables de graves crímenes, reapertura de todas las investigaciones penales archivadas o declaradas prescritas, anulación de todas las sentencias surgidas de una administración fraudulenta de justicia y eliminación de cualquier tipo de fuero que no permita que la Justicia ordinaria se encargue de estos delitos. 11. Desmonte inmediato de la estrategia paramilitar, independientemente de la calificación que las autoridades le den a los grupos que la desarrollan en todo el territorio nacional. 12. El Estado tiene la obligación de publicar la identificación de las 20 mil personas desaparecidas estimadas oficialmente y garantizar la búsqueda. Exigimos la revelación de todas las sepulturas clandestinas que existan en el país [69].

8-5-2014, Una investigación en Palmira indica que el 92% de las semillas transgénicas en el país, son producidas por corporaciones multinacionales que podrían apropiarse de las nativas, sin que la legislación lo prohíba. El estudio realizado por Angela Constanza Suárez, estudiante de la Maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, afirma que crece el monopolio de la producción de semillas transgénicas por parte de 10 multinacionales. Esto conlleva a que las leyes en los países, tilden de ilegal la producción de semillas criollas y nativas, manipuladas por los campesinos durante siglos. Quienes utilicen las certificadas transgénicas de forma irregular son judicializados con penas de cárcel y dinero. La normativa solo beneficia a fitomejoradores que han desarrollado nuevas variedades con características propias. Lo preocupante es que si las semillas se parecen a las que mejoran manualmente los campesinos, estos podrían ser judicializados sin haber reconocido su labor. Las semillas, son patrimonio de los pueblos y de la humanidad, si existe una criolla es porque ha tenido un proceso de adaptación, conservación, recuperación y reproducción que han hecho las comunidades a lo largo de la historia. Si llega un investigador y desarrolla un proceso de selección para darle características determinadas y origina una variedad nueva, éste se adueĖa de ella, gracias a una legislación que lo protege, pero que desconoce la labor del campesino que la creó [70].

20-5-2014, Los indígenas colombianos miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), reunidos en un foro por la paz en Bogotá, pidieron que el Gobierno y la guerrilla decreten una tregua bilateral y permitan participar a sus autoridades ancestrales en las negociaciones de paz de La Habana y en el periodo del postconflicto. Con el lema “somos paz desde nuestra cosmovisión”, los pueblos congregados resaltaron que los indígenas han sido “ejemplo de vida en armonía” con sus leyes de origen y de derecho mayor. Establecieron “que es prioritario pactar lo antes posible un cese bilateral del fuego entre los actores armados en confrontación, con el fin de garantizar la vida de nuestros pueblos”, así como “que se garantice la participación real y efectiva de las autoridades indígenas” en los procesos. Una autoridad del pueblo Huitoto del Amazonas expresó su molestia porque el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC estén negociando en La Habana y no ante la ciudadanía. “Esos dos leones (en alusión a la guerrilla y al Gobierno) están guerreando, no están buscando la paz. Para que haya paz propongo como huitoto amazónico que en la mitad de esos dos leones tienen que estar todos los jefes indígenas”. La coordinadora nacional de autoridades tradicionales indígenas del Gobierno Mayor del pueblo Embera Dobida, Miriam Chamorro, dijo que la preocupación de los nativos, que suelen vivir siempre en remotas zonas donde operan los grupos armados, es que persista la violencia en el postconflicto. “Ahora mismo se está concertando la paz, pero ya se hizo un acuerdo de paz con los paramilitares y el resultado son las bandas emergentes. Aquí llamamos la atención sobre el postconflicto porque, ņquién le va a hacer veeduría a quienes supuestamente entregan las armas?”. Miriam Chamorro consideró un mal augurio que mientras se negocia la paz en sus territorios “se estén causando daĖos constantemente por parte de los grupos armados ilegales y también legales” y se preguntó si el Gobierno y la guerrilla han pensado “cómo van a reparar a la Madre Tierra del fragor de la guerra”. Los indígenas también reclamaron que se respete “la autonomía y autodeterminación” de sus territorios y propusieron activar un Consejo Nacional Indígena de Paz para activar su participación en las negociaciones, así como programas de divulgación y construcción de iniciativas basadas en conocimientos tradicionales. Aprovecharon para hacer las habituales peticiones sobre el derecho de consulta previa, la revisión de los tratados de libre comercio, garantías para formular los planes integrales de vida y la reparación de los territorios destruidos por las fumigaciones para erradicar las siembras de coca [71].

26-5-2014, La Mesa Nacional de Víctimas del conflicto armado, propuso al Gobierno Nacional que se hable de este tema pero teniendo en cuenta a sus protagonistas. La solicitud la hizo el representante de esa organización, Jorge Vásquez, que sostuvo que las víctimas le apuestan al proceso de paz pero con unas peticiones específicas. Esperamos que dejen hacer consulta en los 32 departamentos, a los representantes de los hechos para así recoger insumos. Es decir, saber por qué están de acuerdo pero también mirar si han sido reparados y si van a tener la posibilidad de participar en política. Diego Martínez, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo que ese movimiento está de acuerdo con un salida política y negociada, sin embargo, consideran que se les da un trato por igual a los crímenes cometidos tanto por agentes del Estado como por los grupos armados. Se deben considerar las garantías de no repetición, el pleno goce de los derechos humanos y el respeto por la movilización ciudadana [72].

8-7-2014, El 27-5-2014, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública para conocer las diversas posiciones sobre el Marco Jurídico para la Paz. “La Corte Constitucional no va a ser un obstáculo para la desmovilización de las guerrillas”. El Marco Jurídico para la Paz se encuentra en su recta final tras la presentación de la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada por el ex-Viceministro de Defensa, Rafael Guarín, para que se declare inexequible el artículo que entrega al Congreso la facultad de legislar sobre la participación política de quienes se desmovilicen en virtud del eventual acuerdo de paz. “No se puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en democracia de los miembros de alguno de los grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni de los agentes del Estado”, por lo que pide que se declare inconstitucional el artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz que seĖala que “no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática y en consecuencia no podrán participar en política y ser elegidos popularmente quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”. Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio no podrán participar en político así ya hayan quedado a “paz y salvo” con la justicia y con las víctimas lo que -de acuerdo con la ponencia- constituye una restricción inconstitucional a la participación política de estas personas. En su ponencia, Rojas reitera que el Congreso tendrá que “realizar leyes específicas para dichos actores, con el objetivo de brindar una garantía especial de participación en política de todos ellos”. No obstante el magistrado seĖala vehemente que esto no significa que no haya que exigirles condiciones a los desmovilizados como la “dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas, la liberación de secuestrados, así como la desvinculación de menores de edad que se encontraran en poder del grupo”. Es decir: una participación sin restricciones pero con condiciones. El magistrado Rojas les da la razón al Fiscal Eduardo Montealegre y al Director de la ONG DeJusticia, Rodrigo Uprimny, quienes en mayo del 2014 solicitaron declarar inconstitucional el mencionado artículo por limitar la participación política de los desmovilizados. El Jefe del ente investigador sostuvo que no estaba “de acuerdo con que quien haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad pierda de por vida sus derechos políticos. Lo que hace esta norma que estoy solicitando su inconstitucionalidad es consagrar sanciones perpetuas”. Montealegre refirió que esto significaba cercenar “la posibilidad de buscarle una salida negociada al conflicto porque impide la participación en política de los desmovilizados y profundiza la exclusión de sus miembros en la sociedad”. Lo más deseable sería que fuera el Congreso quien definiera este asunto y no el mencionado acto al excluir desde antes estos delitos de lesa humanidad. Para el Fiscal todo esto no hace sino vulnerar un principio fundamental para todos: la paz. “Todas las autoridades del Estado deben propender por el logro de la paz de lo contrario la paz sería un ideal inalcanzable e irrealizable (…) La participación política en nada implica impunidad”. Por su parte, Uprimny indicó que de ser aceptado este artículo se promovería una democracia que “no olvida nada y no perdona nada. Conforme a esa visión, si usted alguna vez fue un guerrillero, usted nunca podrá ir a la vida política y nunca podrá participar en política. A esa visión de la democracia, creo que la Constitución de 1991 le opone otra concepción: una democracia que es tolerante y modesta, que sabe que comete errores, pero escucha y está dispuesta a que quienes la combatieron por las armas, si satisfacen los derechos de las víctimas y rinden cuentas, puedan reincorporarse a la vida política y defender sus ideales por medios democráticos”. El jurista sostuvo incluso en que una norma como esta impediría que en Colombia se dieran historias como la del fallecido dirigente sudafricano Nelson Mandela. “Mandela se levantó en armas e hizo actos que algunos consideraron terroristas, pero pagó su delito en la cárcel, se reincorporó a la vida democrática y permitió la admirable transición surafricana. La visión de la democracia del demandante impide cualquier Mandela en Colombia pues lo sometería a una inhabilidad perpetua”. En la otra orilla del debate está el Procurador Alejandro OrdóĖez, quien ha pedido considerar inconstitucional esta norma pero por razones diametralmente opuestas. “Permitir la participación en política automática de los autores de estos delitos equivale a violar los derechos de las víctimas. ņNo se revictimiza a la víctima cuando se le dice que su victimario ahora ocupa un cargo de poder y que puede imponerle leyes?”. Una postura que coincide con la del ex-Viceministro de Defensa Rafael Guarín, demandante del artículo en cuestión, sostuvo que “habilitar a miembros de las FARC sin importar gravedad de crímenes perpetrados es validar atrocidades como medio de acción política en democracia”. Y se mostró preocupado de que la ponencia permita también la participación en política de ex-paramilitares y agentes del Estado condenados por delitos de lesa humanidad. La ponencia de Rojas seĖala que “la Constitución tiene como fundamento el reconocimiento de interlocutores políticos validos a antiguos sectores del conflicto a efectos de restablecer y consolidar la democracia de una sociedad”. La pregunta es si esto incluye a los desmovilizados de las AUC y a militares condenados. A lo que Guarín contestó: “Habilitar a los ex-paramilitares, sin importar el crimen cometido, para participar en política es habilitar el regreso de los parapolíticos”. Y se preguntó si -de ser avalada la tesis de que los paramilitares y algunos agentes del Estado puedan participar en política- no se llegaría a escenarios tan atroces como “ņMancuso gobernador (de) Córdoba? ņJorge 40 gobernador (del) César? ņDon Berna alcalde (de) Medellín? ņIván Márquez presidente del Congreso? ņEs lo que queremos?”. El Fiscal Montealegre ha propuesto que algunos militares sean cobijados por la justicia transicional en el caso de que se concrete un acuerdo con las FARC. Incluso, en febrero del 2014, el Presidente Juan Manuel Santos seĖaló ante los miembros de las Fuerza Pública que “si llegamos a unos acuerdos, y hay beneficios; tengan la absoluta certeza que yo no permitiré que esos beneficios no sean también para los miembros de nuestras Fuerzas Militares, de nuestras Fuerzas Armadas, que un gran sacrificio han hecho para precisamente lograr que hoy estemos conversando en La Habana sobre la posibilidad de paz”. La posibilidad de que los militares sean cobijados por la justicia transicional ha sido apoyada por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE). En junio del 2014 el Director de esta entidad, Gral. (r) Jaime Ruiz Barrera, sostuvo que “el Fiscal dice que si se adelanta un proceso formal de acuerdo a la ley estatutaria que se vaya a expedir en virtud del Marco Jurídico para la Paz se pueden aplicar penas alternativas. Bienvenido porque tenemos 15 mil hombres involucrados en proceso en la justicia ordinaria por ausencia de fuero militar”. Incluso ha habido reuniones entre la ex-Senadora Piedad Córdoba y algunos militares condenados -como el Gral. (r) Rito Alejo del Río y el Cnel. (r) Hernán Mejía Gutiérrez- para promover que los uniformados cuenten la verdad, apoyen el proceso de paz e, incluso, sean incluidos en un posible marco de justicia transicional. Por ahora falta que la ponencia sea discutida por la Corte Constitucional y ver si se acoge la tesis de Rojas Ríos o no. Y luego que el Congreso defina cuáles delitos van a ser considerados conexos al delito político. Una discusión que tiene de fondo el tema del narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad. Pero al mismo tiempo se abre un nuevo flanco de la controversia: ver si es posible incluir a paramilitares y agentes del Estado en un posible marco de justicia transicional [73].

23-7-2014, El grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL), que tiene presencia en algunos regiones de Colombia, quiere adherirse al proceso de Paz que las FARC y ELN  han iniciado con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Compartimos el ánimo derivado de la apertura de la fase exploratoria para los diálogos del gobierno con el ELN. Es un logro de la persistencia de los compaĖeros del ELN y una conquista de los sectores sociales y políticos que presionan y se esfuerzan por defender los derechos humanos. Creemos que con sus buenos oficios y la acción política también se concretará la apertura de diálogos con el EPL, para cerrar puertas a la idea que desde el Estado se opone a la salida política al conflicto al  volver los diálogos con parte de la insurgencia una ‘patente de corzo’ para imponer esas conclusiones parciales al resto de las guerrillas utilizando bombas y bayonetas, persecuciones, asesinatos y detenciones, cuando realmente el único que tiene poder decisorio es el pueblo y debe contar con los más amplios y completos insumos para debatir y decidir. Consideramos que podemos coincidir en la decisión de exigir al Presidente Santos el cumplimiento del compromiso con la Paz con justicia social proclamado el 15 de junio ante la presión de muchos electores que votaron por él desesperados por lograr la Paz, así como en consignas y voces por la Paz de muchísimos más millones de colombianos que, aspirando a contar con un país en Paz, pero con otra visión de cómo alcanzarla, votaron en blanco o nulo, o se abstuvieron de llegar a las urnas. Destacamos la importancia de sus esfuerzos unitarios por la Paz desde el perfil social de sus actividades, algunas de larga trayectoria y reconocimiento internacional. Esperamos que las sigan desarrollando con independencia y autonomía frente al Estado y las fuerzas que lo sostienen para fortalecer su autoridad de cara a Colombia y la comunidad mundial de naciones y pueblos. Insistiremos junto con ustedes en el clamor popular por el inmediato cese bilateral de fuego y la aplicación cabal del Derecho Internacional Humanitario, para detener de inmediato el desangre y abrir credibilidad a una agenda común por la Paz que no se circunscriba a los diálogos gobierno-guerrilla. Confiamos en seguir coincidiendo con ustedes en los esfuerzos por hacer que los diálogos con toda la insurgencia se conviertan en una realidad convergente que ayude a canalizar todos los aportes surgidos desde la entraĖa popular para lograr configurar una idea de la Paz que necesitamos y los pasos para alcanzarla, que cuente con amplia aceptación y así lograr la convocatoria democrática de una Asamblea Nacional Constituyente que plasme esos derroteros de futuro país y permita suprimir las especulaciones sobre el ‘postconflicto’. Comité Ejecutivo Central, Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista), Mando Central, EPL, Con copia: FARC, ELN, Gobierno Nacional de Colombia [74].

18-8-2014, Desde el uribismo no cesan las críticas al Gobierno Nacional por el tema de las víctimas de las FARC y la pluralidad de representantes de ellas en las delegaciones que empezaron a viajar a Cuba para reunirse con la guerrilla. La Representante María Fernanda Cabal afirmó que el hecho de que viajaran únicamente 4 de 12 víctimas de las FARC a participar en la mesa de diálogo en La Habana, obedece a la intención de “borrar el trazo de sangre que durante 50 aĖos, las FARC y el Partido Comunista, su ideólogo, han dejado en Colombia. Si acá se analizaran los fenómenos sociales con detenimiento, como lo es la guerra y los fenómenos de violencia; veríamos que durante 50 aĖos se campearon por las zonas rurales de Colombia (la guerrilla) asesinando a cualquiera que realizara actividad agrícola o pecuaria. Cabría preguntarle a las FARC: ņdónde están estas víctimas?”. Seguirá la “insatisfacción y nuevamente, las víctimas de las FARC, van a ocupar el triste legado de ser las víctimas no reconocidas, olvidadas, a las que jamás se les dará el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”. La Representante Tatiana Cabello manifestó su inconformidad por las decisiones tomadas por el Gobierno. “Es irrespetuoso lo que está haciendo el Gobierno con las víctimas. No se entiende cómo es que aparecen en el listado víctimas de las AUC, cuando estas últimas no están sentadas en la mesa de negociación. ņEs que acaso las FARC van a reconocer a las víctimas de las AUC? ņEs que acaso las FARC van a indemnizar económicamente a las víctimas de las AUC? ņNo será esta una estrategia para distraer y minimizar el horror que por aĖos ha dejado las FARC en Colombia? ņAcaso se creen con el derecho de ser jueces de las AUC? ņLas FARC también van a responder, entonces, por los delitos del ELN, EPL y otros grupos guerrilleros? Eso revictimiza a todos los que han sufrido la barbarie de las FARC y que hoy se quedan por fuera de los diálogos, a razón de unos extraĖos criterios de selección. Hoy el Presidente Santos es tan victimario como las FARC, porque se está prestando a un juego humillante e indolente que pretende ocultar la historia y la verdad” [75].

18-8-2014, La preocupación de muchos opositores a las zonas de reserva campesina, es el tema de zonas de reserva campesina y las economías regionales, que engloba la disputa territorial, entre latifundistas, terratenientes mafiosos y también entre empresarios de la economía extractiva. El historiador, escritor e investigador, profesor Universitario, Renan Vega Cantor se refirió a la Constitución de 1991 en Colombia, seĖalando que “hay una continuación de políticas de fondo, tanto del Gobierno de Juan Manuel Santos como de Alvaro Uribe Vélez, con relación a lo que esta sucediendo en los últimos veinte aĖos, y una continuidad desde la constitución de 1991, que es una constitución esencialmente neoliberal. Nos sirve de entrada, lo dicho por Vega Cantor, porque de la mano de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana con las FARC, también se habla de la realización de una nueva Constituyente, a la que sectores de la oligarquía se oponen, planteando un referéndum, o cualquier otra cosa que no les afecte sus intereses. Por su parte, desde el campo popular, algunos sectores confluyen en la necesidad de una nueva constituyente, en la medida en que los diálogos de Paz trasciendan la negociación con la insurgencia colombiana y sean las propias comunidades quienes asuman el derrotero de un nuevo país, “con justicia social” dicen ellos. En el sur de Bolívar, Magdalena medio, en la región del Guamocó, del 13 al 25 de agosto del 2014, se llevó a cabo una gira en el marco de las Constituyentes por la Paz. María Kelly Báez campesina y defensora de derechos humanos de la asociación de hermandades agro mineras de Guamoco (AHERAMIGUA), seĖaló: “iniciamos un proceso con las comunidades, yo vi de parte de las comunidades mucho interés y disposición, y es como lo que ellos quieren directamente, estar vinculados, estar integrados a un proceso y que ellos tengan participación; es importante porque nosotros conocemos de fondo, las necesidades, los problemas; es una propuesta al cambio y es lo que realmente nosotros queremos, que si se hace una constituyente, que si se hace un trabajo a nivel nacional, que no sea allá, en el centro del país, que sea desde las bases, desde las comunidades y que nosotros construyamos esas leyes, que todos esos procesos de leyes que sean así, consultados, propuestas desde nosotros. Yo creo que las ganancias son inmensas, muchísimo, porque después de este paro, una apreciación nacional de todas las comunidades que salimos a las carreteras a manifestarnos, a protestar por todas las injusticias, por la violación de derechos humanos, por el abandono estatal, la ausencia que tenemos de estado en este momento, en todos estos sectores, el cual se refleja en la mesa de negociación, en los resultados y en los logros políticos que en este momento tenemos, en una visión de parte de las comunidades, diferente, en como nosotros despertamos, día a día, de cómo nos llevaban, como borregos al matadero y nosotros volteamos la mirada a liberarnos de ese esclavismo que estábamos destinados a llevar; entonces, este paro hizo que las comunidades reflexionaran y de una u otra manera, estén tomando conciencia de que las cosas deben cambiar”. Carmenza Gómez y Elizabeth Pavón de la asociación campesina del Catatumbo, dieron lectura a un comunicado en el que se anuncia la realización del IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva, Interculturalidad y Derechos Campesinos, que se llevara a cabo en el Municipio de Tibú, Norte de Santander del 18 al 21 de septiembre del 2014. La Asociación Nacional de Reservas Campesinas (ANZORC) es un movimiento social campesino que agrupa 54 organizaciones promotoras de Zonas de Reserva Campesina en Colombia”. Cesar Jerez, Presidente Nacional de ANZORC, denunció que existe una intencionalidad de lo que el llamo la expansión del “ladronegocio”, relacionado con el manejo que le han venido dando a los baldíos, que lo que buscan es legalizar el delito. Se le suma, otra denuncia, ahora relacionada con una evaluación no concertada e inconsulta, que busca decirle a la opinión publica que las Reservas Campesinas, no son viables. Jerez también hablo sobre los temas del encuentro, el tema central es el de la interculturalidad y las Zonas de Reserva Campesina, aĖadiendo que es importante, porque hay un escenario de tensión territorial, de conflictos territoriales entre comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinos, en diferentes regiones del país, aunque las Zonas de Reserva Campesina nunca se han opuesto a la convivencia y respeto de los territorios de estas comunidades. Otro tema muy importante, es el de los cultivos declarados ilícitos, de coca, marihuana y amapola. En el Catatumbo actualmente existen 5.000 hectáreas de cultivos de coca. El ejército en estos días, en las veredas de la región del Catatumbo, esta anunciando el regreso de los erradicadores. Un mensaje al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que le gusta mucho las medidas de fuerza, que la llegada nuevamente de los erradicadores al Catatumbo, significa inmediatamente un nuevo paro campesino en esa región. Otro tema a tratar, es el de derechos campesinos y legislación. Zonas de Reserva Campesina, agro-negocios y proyectos minero-energéticos, como también, una iniciativa agraria de Paz. Igualmente el tema de la mujer en las Zonas de Reserva Campesina, y también el de áreas protegidas. Finalmente, las Zonas de Reserva Campesina y las economías regionales, que engloba la disputa territorial, entre latifundistas, terratenientes mafiosos y también entre empresarios de la economía extractiva y cómo se encuentra el campesinado ante esa enorme presión [76].

22-9-2014, “Hoy anunciamos al mundo que el Catatumbo es y será para siempre, e irrevocablemente, libre e independiente de cualquier dominación o potencia nacional o extranjera y no es ni será jamás el patrimonio de ninguna familia o persona”. Los labriegos concentrados en la avenida principal escucharon atentamente la lectura de la declaratoria de Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Catatumbo por Elizabeth Pabón, una de las más reconocidas líderes de la región. Días previos al evento fueron instaladas dos vallas dando la bienvenida a la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, una en el municipio del Zulia vía a Tibú y otra sobre la vía al corregimiento especial de La Gabarra del Municipio de Tibú. Esta decisión fue tomada por la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) ante la negativa del Gobierno Nacional de cumplir con lo estipulado en la ley 160 de 1994 que legitima las ZRC y con lo acordado con el campesinado en la Mesa de Interlocución y Acuerdo, luego de casi un aĖo de discusiones. Se desarrollaron seis audiencias populares en Cartagenita (Convención), en San Pablo (Teorama), El Tarra, La Gabarra (Tibú), San Calixto y en el corregimiento de San José de El Tarra (Hacarí), con la participación de dos mil delegados de 300 veredas y sectores de la región del Catatumbo. El área que de manera autónoma declararon como ZRC comprende 246 veredas de siete municipios y se extiende en un área de 251.231 hectáreas y no traspasa las 188.479 hectáreas que proponen al pueblo barí y a otros procesos campesinos de la región como Territorio Intercultural del Catatumbo. La ZRC del Catatumbo fue declarada en el polígono de los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto, Hacarí y El Carmen que no tienen traslapes con las pretensiones de ampliación de resguardos indígenas del pueblo barí [77].

5-10-2014, El Gobierno ha incumplido totalmente el Acuerdo de financiarles pequeĖos proyectos productivos en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Lo hizo durante el 2013 y los suspendió como quien corta de un machetazo una cuerda. Prometió también celebrar con entidades públicas programas conjuntos para contrarrestar la perversa tesis militar de que las ZRC son una retaguardia guerrillera. Ni siquiera fue capaz el Ministro de enviar un delegado a saludar la IV reunión de Zonas de Reservas Campesinas. En el fondo, el Gobierno demuestra un desdén grosero por lo que llaman los labriegos, que es una imagen palúdica de lo que es un campesino. No quiso saber, por la misma razón, que el censo agropecuario al que tanta propaganda le hace, haya permitido saber cuántos campesinos hay en el país. Con el argumento de que no se ha hecho una evaluación de las ZRC han paralizado la constitución de otras nuevas: Güejar, Puerto Rico, Sumapaz, Catatumbo. ņQuién hará esa evaluación? ņQué participación tendrán las Asociaciones Campesinas en ella? ņO será hecha a medianoche por técnicos de Planeación Nacional que sólo conocen los labriegos de Anapoima? La Cumbre Agraria concentra una muy poderosa fuerza campesina que el Gobierno no puede desconocer. Después de la violenta represión de que han sido objeto los campesinos desde cuando destrozaron la Asociación de Usuarios (ANUC), su poder ha tardado en reconstituirse, pero ahí está vivito y coleando. El Gobierno la recibe con el nuevo proyecto de Ley de Tierras, que busca abrirles la puerta a las grandes empresas para seguir adueĖándose de los baldíos nacionales. Desconoce el Gobierno la historia: la violencia agraria comenzó y se sostiene por la rebatiĖa de los baldíos desde fines del siglo XIX hasta ahora. La pelea de colonos y arrendatarios de Cundinamarca en los aĖos 20, la de los campesinos de Sucre en los 70, la de los colonos de Caquetá hoy han sido causadas siempre por la apropiación de las tierras baldías que hacendados y empresarios ocupan a la fuerza. La nueva ley, por presión de palmeros y azucareros y, claro, de firmas multinacionales como Cargill Inc., ha adoptado la figura de alianzas productivas que son pura aparcería neoliberal, donde el que pone los gastos es el campesino asociado y el que recibe las ganancias es el benemérito empresario. El Gobierno negocia en La Habana una cosa y los gamonales, empresarios y terratenientes, otra. El Gobierno busca substituir la figura de las ZRC con las Alianzas Productivas. Bonapartismo que no llevará a cosa distinta que mantener viva la tragedia de siempre: apropiación de baldíos. En los Llanos Orientales, en el sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, primero entraron los paramilitares a desplazar campesinos y finqueros; el precio de la tierra se puso por los suelos y entonces entraron los palmeros, los agroforestales, los azucareros, a comprar baratas tierras que por ya tener posesión no figuraban como baldíos [78].

8-11-2014, Posconflicto fue quizá la palabra que más pronunció el Presidente Santos durante su gira por seis países europeos, buscando respaldo político al proceso de Paz y ambientando la creación de un fondo para canalizar recursos de cara a la compleja etapa de consolidación de la Paz, después de la firma de un Acuerdo con las guerrillas. Se trata de garantizar la efectiva reinserción de los combatientes a la vida civil y, atendiendo a la premisa de que las víctimas son el eje de las negociaciones. Como lo dijo Diego Bautista, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que se va a firmar en La Habana es el fin del conflicto con las FARC, no la Paz: “Eso implica un verdadero reconocimiento del Estado Social de Derecho y radica en la transformación del país desde lo territorial. No puede ser con fórmulas preconcebidas desde Bogotá, sino pensadas y construidas desde las regiones. Se trata de cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, de transformar los territorios, de unir esfuerzos entre lo público y lo privado, de revisar muchas estructuras locales”. Con una relación que ha sido tan de desconfianza entre los gobiernos nacional y regional, bueno es saber qué se piensa en esas zonas donde se va a vivir ese posconflicto, donde tendrán que convivir los que dejaron las armas, quienes fueron sus víctimas y todos esos ciudadanos que aún guardan la esperanza de que ahora sí, en aras de la Paz, llegue la educación, la salud, los servicios públicos y el bienestar a las zonas que han padecido el abandono del Estado. Jorge Arias, Alcalde de Caloto, pueblo del norte del Cauca, enclavado en plena zona de guerra con las FARC dijo: “En los pueblos pequeĖos la comunidad y las administraciones locales sentimos que estamos que todo está amarrado a Bogotá y que las posibilidades de generar dinámicas que permitan poder aportar desde lo local y lo regional son muy escasas. Nosotros podemos aportar mucho a la Paz, más cuando hemos sufrido con más fuerza los rigores de la guerra. El Gobierno debe concretar la inversión integral. En las regiones hay mucha pobreza y exclusión, y si eso no es superado, el conflicto va a continuar”. Diana Mendoza, Alcaldesa de Cabuyaro (Meta): “La Paz requiere recursos. El Gobierno debe hacer una revisión de la manera en que vamos a ejecutar acciones inmediatas, sin tanto protocolo. Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) han complejizado muchísimo las acciones de los gobiernos locales y regionales. Ese tipo de trabas hace que no se puedan dar respuestas efectivas a las necesidades de la gente”. Héctor José Quintero, Burgomaestre de Girón (Santander), reconoce que los Municipios se quedan muchas veces cortos por todas las exigencias frente a los desplazados y las víctimas, las que seguramente aumentarán con los desmovilizados de la guerrilla. Hay experiencias del reciente pasado de las que es necesario aprender. El municipio de Tierralta (Córdoba) albergó el proceso de desmovilización de las autodefensas en el corregimiento de San José de Ralito. Hoy, según cuenta su Alcalde Carlos Arturo Cogollo, por lo menos 500 ex-paramilitares deambulan por las calles, sin oportunidades de empleo, y son muchos los que han ido a parar a las bandas criminales. La administración se quedó sola y no tiene recursos para atenderlos. A algunos les dieron tierras, pero el mismo Estado se las quitó porque tienen procesos de extinción. “Fuimos sede de las negociaciones con las AUC y eso no le dejó nada al Municipio. Todo quedó igual o peor. No hubo inversión social seria. Nosotros tenemos muchas expectativas en las actuales conversaciones con las FARC, pues el Presidente ha prometido mayores recursos, sobre todo para el agro. Tierralta tiene más de 5.000 km2 y sabemos que los campesinos, que son los que terminan alimentando a los grupos ilegales, son los que requieren la mayor atención. Estamos esperando las directrices, pero debo decir que no estamos preparados todavía, y hasta pienso que el Gobierno tampoco”. Para Elkin Bueno, Alcalde de Barrancabermeja y Presidente de la Federación Nacional de Municipios (FEDEMUNICIPIOS), si bien iniciativas como la Ley de Víctimas, la reforma de equilibrio de poderes y la lucha contra la corrupción son pasos para consolidar la Paz, aún falta mucho por hacer. “El Gobierno va a tener que trabajar duro de la mano con los gobiernos locales, para que eso no sea un nuevo foco de violencia, para que la gente cuyo negocio ha sido la guerra, se reincorpore a la vida civil y sea útil a la sociedad. Hay que pensar en capacitación, empleo digno y estabilidad. Y del otro lado está el garantizar justicia, reparación, verdad y no repetición a quienes han sido víctimas”. Es aquí donde cobra protagonismo la elección de los nuevos Alcaldes y Gobernadores del 2015. Hay quienes creen que el Ejecutivo debe meterle todo a la reforma que habilitaría la posibilidad de que los actuales mandatarios puedan buscar en las urnas su continuidad, por una sola vez y para un período de tres aĖos, pues ello garantiza el afianzamiento de la Paz en el escenario del posconflicto. Armando Mina, alcalde de Padilla (Cauca): “Los actuales alcaldes estamos comprometidos con la Paz, los nuevos no sabemos. La Paz se hace con nosotros y la refrendación de los posibles acuerdos con las FARC se aprueba también es con nosotros. El compromiso no es de discursos ni de titulares de prensa. Tiene que ser con hechos, con realidades, con inversión pública. El Gobierno y el Congreso deben entender que crear condiciones estables para la Paz pasa por los Municipios y que por eso hay que confiar en los Alcaldes, fortalecer la institucionalidad, pensar que cuatro aĖos no son suficientes para ejecutar planes de desarrollo que generen las condiciones de bienestar y prosperidad que la gente necesita”. Gilberto Toro, Director Ejecutivo de FEDEMUNICIPIOS: “Hay que tener visión de largo plazo”. Si bien se viene trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en proyectos de capacitación y sensibilización, eso no es suficiente. “Las reformas que se están aprobando en el Congreso tienen que mirar al Municipio como el aliado del Gobierno para la Paz. Y no se está teniendo en cuenta. Aquí se promulgan leyes con una visión cortoplacista y así es muy difícil hacer las transformaciones estructurales que necesitamos para contribuir al desarrollo y la Paz del país”. Es la visión desde lo territorial. Es la voz de las regiones que han sufrido los rigores de una guerra de medio siglo. Porque ahí será donde la Paz se jugará el todo por el todo. El llamado posconflicto y la Paz territorial están íntimamente ligados con una real descentralización y con reformas profundas que lleven la prosperidad y el bienestar a todos los rincones de Colombia. Y que se pueda desmentir la frase de que “Bogotá no está 2.600 metros más cerca de las estrellas, sino 2.600 metros más lejos de la realidad” [79].

1-3-2014, Las fuerzas armadas colombianas se están preparando para el postconflicto. Los fantasmas de los “falsos positivos” y de la corrupción están en la “agenda” de la opinión pública. Los Grales. Juan Pablo Rodríguez y Jaime Lasprilla, Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, declararon que 2014 es el aĖo de la paz por la vía del diálogo o de la salida militar. En una guerra asimétrica, lograr el aniquilamiento total del enemigo es imposible, pero sí se puede mantener la presión que se ha desarrollado a través del plan “Espada de Honor”, para diezmar estos grupos terroristas hasta lograr que no se haga el menor daĖo al pueblo colombiano. Los soldados jamás bajarán la guardia. Según el Gral. Jaime Lasprilla, para el país es claro que el Ejército ha sido abierto a la Fiscalía y a los organismos de control para realizar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Prueba de eso es la cantidad desafortunada de hombres nuestros, oficiales, suboficiales y soldados que se encuentran en centros de reclusión militar producto del respeto que las fuerzas armadas tienen hacia la justicia. Según la Fiscalía, hay más de dos mil doscientas investigaciones por falsos positivos, con cuatro mil uniformados procesados. Ya hay ochocientos noventa condenas. Para el Gral. Juan Pablo Rodríguez, las fuerzas armadas siempre estan actuando en situaciones de campo difíciles dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario y por eso requieren una protección jurídica para que sus hombres actúen sin temor contra los grupos terroristas. Las fuerzas armadas siempre han respaldado las negociaciones de paz, pero deber ser una paz con dignidad, donde no haya sometimiento para el pueblo colombiano y no se negocien sus fuerzas armadas, ya que son vitales para el futuro de la nación. Los peligros a futuro son de otro orden. No se pueden ceder los espacios que se han ganado para proteger a la población, porque no sería una paz digna, sino con presión. Los aspectos de justicia transicional los maneja el Gobierno y los organismos judiciales para que se cumplan con los estándares internacionales. Las fuerzas armadas, confían en el buen juicio de las instituciones encargadas del tema. Si las FARC se desmovilizan, entregan sus armas, se reinsertan a la vida civil y vuelven a ser ciudadanos de bien, el Ejército los protegerá como a cualquier colombiano. El Presidente dijo que las Fuerzas Militares son un patrimonio del Estado no negociable y sometido a un proceso de transformación. En caso de que el Gobierno contemple una ley de justicia transicional, los miembros de las fuerzas armadas, tendrán los mismos beneficios de los grupos al margen de la ley partícipes del conflicto. Las armadas siempre han sido respetuosas de los derechos humanos y del DIH y nunca han tenido como política su violación. Si se presentó un conflicto ahí tienen que estar los agentes del Estado que por alguna u otra razón, y de manera involuntaria en el marco del conflicto, hayan tenido situaciones especiales por las cuales puedan resultar comprometidos con la justicia. Esto no es igualar a las fuerzas armadas con la guerrilla. La comparación es imposible. En un momento dado, dentro de ese marco del conflicto, si hubo desaciertos presentados por alguno de los dos deben ser analizados dentro de ese contexto de la ley transicional. No sería justo que para unos haya beneficios y para otros no, cuando lo que se busca es la reconciliación y la paz duradera que va a llegar a través de estos beneficios jurídicos. Se ha pedido que si van a existir beneficios para grupos al margen de la ley, pues los miembros de las fuerzas armadas también deben tenerlos. Si hay beneficios jurídicos que se incluyan en una ley de justicia transicional, los miembros de las fuerzas armadas que hayan cometido errores también deben ser merecedores de ellos, pues actuaron para proteger al Estado [80], independientemente de que la Constitución establezca que si el servidor público incurre en ese tipo de acciones es doblemente responsable, pues tiene armas del Estado [81].

24-7-2014, En un país que lleva ya más de medio siglo de violencia armada y que pareciera asomarse por fin a la posibilidad de una paz negociada con las guerrillas, uno de los desafíos más grandes de cara a ese anhelo de reconciliación es, precisamente, el del reconocimiento de las víctimas, que lamentablemente se cuentan por millones y que proceden de todos los sectores posibles. Las ONG con presencia en el país, los familiares y hasta actores estatales de todos los niveles buscaron posicionar el tema de las víctimas, al punto que se adoptó la Ley 1448 del 2011, que las define y sienta las bases para que sean admitidas como tales. El 6 de junio del 2014, mediante comunicado conjunto con el Gobierno, las FARC seĖalaron que es necesario “reconocer” a todas las víctimas. Los familiares de los policías y militares también pueden ser víctimas, dado que la ley seĖala que víctima es toda persona que individual o colectivamente haya sufrido un daĖo por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al DIH o a los Derechos Humanos con ocasión del conflicto armado. Dado que el derecho internacional humanitario establece las reglas que deben seguir los actores de un conflicto y les prohíbe la toma de rehenes, los uniformados que fueron secuestrados por la guerrilla pueden constituirse como víctimas. Incluso sus familias. A eso le apuesta desde hace ya varios meses la Jefatura de Derecho Internacional Humanitario del ejército, que se dio a la tarea de reunir a todas las víctimas de las fuerzas armadas del país para acompaĖar su proceso de acreditación ante el Ministerio Público y la Fiscalía. Parientes de soldados que perdieron sus piernas por alguna mina antipersona, madres de uniformados fallecidos en cautiverio o esposas de algunos de los que lograron escapar de la guerrilla o fueron rescatados del cautiverio, son sólo algunos ejemplos [82].

14-1-2014, La frustración del consenso es la frustración de la democracia, que en Colombia está frustrada además por la impunidad y por los delitos político-mafiosos. Esto es evidente a diario en las crónicas políticas, en la violencia que persigue a sindicalistas y líderes comunitarios y en las actas que llenan los escritorios de los fiscales. Si se considera la corrupción endémica y penetrante que permea la institucionalidad en Colombia, desde lo local hasta lo nacional, hay que cuestionar cuál es la realidad del Estado colombiano, más allá de definiciones teóricas propuestas por la ciencia política. Si la Constitución de 1991 prescribe una Colombia democrática y participativa, la práctica diaria de la política sugiere que Colombia vive bajo el régimen de la corrupción. Hoy la crisis democrática en Colombia aparece en toda su gravedad. Alguien puede opinar que siempre ha sido así o que fue peor en el pasado. Pero hoy, también por la posibilidad concreta de un proceso de paz exitoso, se está manifestando una sociedad civil cada vez más exigente y más consciente. Esto es nuevo. Demasiadas seĖales nos recuerdan a diario que es necesario actuar y hacerlo de forma rápida. Todo confirma la brecha existente entre ciudadanos e instituciones representativas y la reducción de ciudadanos a súbditos de intereses particulares. No tienen sentido alguno las plazas llenas, el crecimiento de la conciencia civil, la indignación por la impunidad y la denuncia de delitos político-mafiosos, no tiene sentido tampoco la revuelta moral, si todo eso no confluye en un proyecto político nuevo que devuelva a la democracia su significado original y que pueda crear nuevas reglas para el actuar político: como la integridad ética, la opción preferencial para los mas débiles, la denuncia de acuerdos entre políticos y mafiosos, la voluntad de construir el bien común y no el bien exclusivo de unos pocos, la capacidad de garantizar una información verdaderamente libre. Es decir, una política y unas reglas que permiten a ciudadanos que se han alejado de la política, porque la consideran sucia, experimentar la participación como premisa indispensable de una verdadera democracia. Un primer paso podría ser que personas militantes de distintos partidos políticos, pero que comparten los valores fundamentales de una nueva política, se unan en un movimiento político trasversal que enfrente la crisis de la política y de la ética pública en Colombia [83].

14-1-2014, Las luchas políticas enmascaradas de ritualismo legal han sido un riesgo antes y después del Procurador General de la Nación, Alejandro OrdóĖez y su innegable fanatismo. Entre nosotros los jueces no sólo terminan decidiendo el tratamiento adecuado para los enfermos, sino las disputas entre enemigos políticos. Todos los caminos conducen al juzgado. De modo que las “sentencias” sobre muchas de nuestras disputas llegan tarde, luego de los tiempos que exigen los medios de defensa, y mediadas por la camisa de fuerza de los códigos. Los debates acaban siempre en la interpretación legal y los ingenieros, los médicos y los economistas olvidan sus libros para subrayar el inciso de un estatuto o una circular. Una enfermedad crónica alimentada por la razón de los más de 200.000 abogados titulados que exhiben su tarjeta profesional en Colombia. El plan de manejo de basuras en Bogotá acabó evaluado bajo la lupa del código disciplinario único de la Procuraduría. Alejandro OrdóĖez, jefe del libro y el ritual, dice que no le gusta esa norma, que tal vez sea injusta pero que legalmente no tenía opción distinta a la de destituir e inhabilitar al Alcalde por sus decisiones. Sólo le faltó encabezar el fallo con un pequeĖo epígrafe: “Muy a mi pesar”. Lo acusa de entregar el negocio a una empresa sin experiencia. Lo que en la práctica significa que el servicio público no podría volver a estar en manos del Estado luego de haberlo entregado a privados. ņCuál empresa pública con experiencia iba a encontrar si ya no existía la EDIS? También dice que limitó la libre competencia y que eso es inconstitucional, pero hay muchas ciudades con un monopolio estatal de la recolección de basuras defendido a ultranza por los políticos que reciben algunas sobras. Y al final, lo sindica de mover bolsas negras en volquetas durante tres días, con lo cual supuestamente puso en riesgo a millones de bogotanos. Medellín lleva meses con una tercera parte de sus compactadores en los talleres y basura en la calle, y el botadero Carrasco tiene grandes problemas en Bucaramanga. Pero la política todavía no ha puesto el asunto en manos de la liturgia disciplinaria del procurador para luego saltar a los embrollos litigiosos. En medio de la maleza jurídica todavía no están claras las cuentas del primer aĖo del nuevo sistema de aseo en Bogotá. El legalismo nos impide evaluar eficiencia de las medidas y convierte lo que debería ser un debate informado sobre las basuras en una maratón de términos y tutelas. Deberíamos estar oyendo a ambientalistas, empresarios del reciclaje, economistas, jefes de cooperativas de recicladores y gerentes de empresas públicas de otras ciudades para sacar conclusiones sobre el tema en Bogotá, pero sólo se oye la voz exánime del ex-Procurador Bernal Cuéllar hablando de plazos y decisiones que requieren ser ejecutoriadas por el Presidente [84].

20-1-2014, Para la ONG Human Rigths Watch, Colombia sigue viviendo una grave crisis en materia de derechos humanos. Impunidad y ataques a civiles son las principales causas. El documento que enumera los principales problemas que, en derechos humanos, enfrentó Colombia en 2013; en el que guerrilla, paramilitares, Fuerzas Armadas y Gobierno son responsables por su manera de enfrentar el conflicto armado. Detalla las principales conductas reprobables de cada una de las fuerzas que participan en el conflicto colombiano. Durante 2013 “se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares”. Continúan presentándose desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y amenazas contra líderes de derechos humanos o reclamantes de tierras. El Marco para la Paz y la ampliación del fuero militar son herramientas para la impunidad. “El gobierno de Santos ha adoptado diversas medidas que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. El Gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las Fuerzas Militares queden impunes”. Tanto las FARC como el ELN siguen cometiendo graves infracciones al DIH, como amenazas y asesinatos de civiles, reclutamiento de menores de edad o la utilización de minas antipersonas. 13 civiles murieron y otros 107 “sufrieron heridas entre enero y agosto de 2013 a causa de minas antipersonas y municiones sin detonar”. El documento critica el proceso de paz que se adelantó entre el gobierno Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia y advierte que las fallas de ese proceso permitieron la reorganización de estas fuerzas en nuevas bandas criminales. “A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares: en mayo de 2013 la Policía informó que los grupos contaban con 3.866 miembros que operaban en 167 municipios, en comparación con la estimación efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían 4.037 miembros en 173 municipios. Estos grupos aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y la connivencia de miembros de la Fuerza Pública local”. Criticó la falta de celeridad de la justicia para condenar a quienes están involucrados en los principales crímenes del paramilitarismo y que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. “En julio de 2013, ocho aĖos después de la aprobación de la ley, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra sólo 18 personas. En 2013, la Unidad adoptó un nuevo método de investigación que dio mayor celeridad”. Desde 2006 más de 50 ex-Parlamentarios fueron condenados por sus relaciones con el paramilitarismo y el último caso fue el del ex-Presidente del Congreso Luis Alfredo Ramos. El “ex-Presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y sus allegados enfrentaron cada vez más seĖalamientos de presuntos vínculos con paramilitares”. Al ex-Mandatario y a su hermano Santiago se les adelanta una investigación por nexos con el paramilitarismo. “La Procuraduría General de la Nación, que lleva adelante investigaciones disciplinarias de servidores públicos, ha conseguido resultados más limitados en lo que respecta a la sanción de miembros del Congreso que colaboraron con paramilitares. Exoneró de cargos disciplinarios a varios ex-Legisladores cuya responsabilidad penal por esta colaboración había sido establecida anteriormente”. La Fuerza Pública cometió un “alarmante” número de ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2008”. Desde 2009 la cifra de falsos positivos ha disminuido. Sin embargo, no tiene “un registro de datos estadísticos que clasifique los casos de falsos positivos como una categoría específica de delitos”. Hasta junio de 2013 la Fiscalía adelantaba investigaciones por 2.278 casos de presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por agentes del Estado, que involucran a cerca de 4.000 víctimas. Hasta ahora sólo hay condenas en 189 casos. “Las condenas alcanzaron a 605 miembros del Ejército, de los cuales 91 eran oficiales (en su mayoría de grados inferiores). Más de 40 coroneles y tenientes coroneles del Ejército estaban siendo investigados, pero solamente cuatro habían sido condenados”. Critica al gobierno Santos por el Marco para la Paz, que la Corte declaró ajustado a la Constitución y moduló sus alcances. Esta es una herramienta “que abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las FARC”. La llamada ampliación del fuero penal militar, que la Corte Constitucional tumbó en octubre del 2013, genera “un riesgo grave de que las investigaciones de falsos positivos fueran transferidas de los fiscales de la justicia ordinaria al sistema de justicia militar” [85].

5-2-2014, El Ejército colombiano está en el centro del nuevo escándalo por escuchas ilegales. Mientras el Comandante del Ejército colombiano Gral. Juan Pablo Rodríguez intentaba arrojar algo de luz sobre el escándalo de las supuestas escuchas ilegales a los representantes de su gobierno en la mesa de diálogo con las FARC, el oficial también trató de despejar cualquier duda acerca del compromiso de la institución con el proceso de paz. “Quien más reza por la paz es el soldado… En nuestro ejército hay un compromiso absoluto de todos los oficiales, suboficiales y soldados… Como ha dicho el seĖor presidente, la paz es la victoria. Nadie más que nosotros estamos convencidos que únicamente derrotando el terrorismo alcanzaremos la paz”. No son sólo las supuestas escuchas ilegales a sus contrapartes lo que preocupa a las FARC, sino también el aumento de las amenazas de violencia en contra de políticos y simpatizantes de partidos y movimientos de izquierda. Han recibido amenazas de muerte de supuestos grupos paramilitares, personalidades como el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el Diputado del opositor Polo Democrático Iván Cepeda, la candidata de la izquierdista Unión Patriótica, Aída Abella, y la ex-Senadora Piedad Córdoba, entre otros. Para las FARC eso, y las escuchas ilegales, son parte de la misma estrategia: “Frente a la guerra sucia y el terrorismo de Estado que no cesan, nos preguntamos si se puede seguir confiando en la posibilidad cierta de encontrar la paz tras la firma de un acuerdo final. Ante el peligro en que se encuentra este nuevo intento de reconciliación, llamamos a que toda la ciudadanía, en cada rincón de la patria, actúe con todas sus potencialidades en defensa y salvación del proceso de paz”. Si la respuesta incluye las interceptaciones denunciadas, la explicación más benévola es que al menos un sector dentro del ejército está interesado en conocer el detalle de lo que se está discutiendo en La Habana para no verse tomado por sorpresa. También cabría la posibilidad de que la intención última sea sabotear el proceso, probablemente en alianza con otros enemigos del proceso de paz. La situación también revelaría problemas con la unidad de mando de las fuerzas militares y con la capacidad de las máximas autoridades para evitar abusos con la inteligencia militar. El experto en temas de seguridad Jairo Libreros dijo: “Ahí hay un problema evidente de comando y control (al interior de las fuerzas armadas). Y es que si bien el principio de compartimentación en materia de inteligencia garantiza que exista un nivel de reserva y cierto grado de autonomía en el manejo de algunos asuntos, este tema va mucho más allá. Porque la información que aparentemente se estaba recopilando es del interés de ciertos sectores de las fuerzas militares y de actores políticos externos que están en contra del proceso de paz”. Esa también parece ser la lectura que ha hecho del asunto el Presidente Juan Manuel Santos: “ņQué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del Ejército, ņa quién le están informando? Estas fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz ņestán involucradas en esto? ņTienen contactos internos? ņQué buscan?”. Jairo Libreros coincide: “Yo creo que esto es una muestra más de los problemas que en tiempos pasados se han dado por cuenta de un sector de las fuerzas militares que no está de acuerdo con el proceso de paz, que se siente inconforme con que se llegue a un acuerdo con la guerrilla en una mesa de negociación y no en el campo de batalla”. Las sospechas sobre la división de lealtades en las fuerzas de seguridad del país, a raíz de la decisión del Presidente Santos de dialogar con la guerrilla, no son para nada nuevas. Las comunicaciones de los negociadores de paz gubernamentales no habrían sido los únicas interceptadas. El ejército aún no ha ofrecido explicaciones satisfactorias sobre posibles filtraciones que en su momento también pudieron afectar las conversaciones, como la de las coordenadas de un vuelo que debía transportar a un grupo de negociadores de las FARC hasta La Habana, publicadas en su oportunidad por el ex-Presidente Alvaro Uribe. Un duro crítico de las conversaciones con la guerrilla, inmediatamente calificó de “infamia” cualquier intento de vincularlo a él con las supuestas escuchas ilegales denunciadas. “No necesito valerme de la inteligencia institucional del Estado, a mí muchos colombianos me tienen confianza”. Los que antes se preguntaban sobre el efecto de posibles divisiones en el seno de las FARC para los acuerdos de paz, ahora parece que también se tendrían que hacer la misma pregunta con respecto a sus fuerzas armadas. En el caso de las FARC la preocupación tiene que ver con la posible no desmovilización de ciertos efectivos, los que podrían terminar engrosando las filas de las denominadas Bacrim: las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Una eventual falta de consenso dentro del ejército, especialmente si hay sectores dispuestos a aliarse con los enemigos del proceso, podría complicar mucho más la negociación, convenciendo a la guerrilla de que no hay garantías para su futura desmovilización. El escándalo ya le costó su puesto al Jefe de inteligencia del Ejército, Gral. Mauricio ZúĖiga, y al Director de la Central de Inteligencia de la institución, Gral. Jorge Zuluaga. Al anunciar el cambio, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se cuidó de no vincularlos directamente con las supuestas interceptaciones y pidió esperar los resultados de las pesquisas oficiales. El Comandante del ejército explicó que “la Constitución Nacional y las leyes de inteligencia nos permiten a los organismos de inteligencia desarrollar actividades legales de inteligencia de manera acubierta (sic) o abierta” [86].

1-3-2014, Dentro del esquema de negociación de Paz, ņincluir o no a los militares en una serie de beneficios jurídicos a la hora de la firma? ņPueden ser cobijados agentes del Estado por un proceso de justicia transicional que aligere la responsabilidad que tienen por la comisión de delitos durante la guerra? ņEs lo correcto desde lo jurídico? ņDesde lo ético? Una salvedad importante: un agente del Estado no es igual a un guerrillero y, por ende, no puede ser tratado de la misma manera. Los militares cargan consigo la responsabilidad de ser la fuerza legítima de ese Estado que contiene a todos: en ellos ha sido depositada la confianza, no solo de no cometer delitos, sino de velar por los intereses de la ciudadanía. Esa responsabilidad no se le ha dado a la guerrilla. Cuando los miembros de la fuerza pública rompen con ese mandato deben ser castigados con severidad, atendiendo a la lógica del derecho. Los militares han pedido que les den exactamente los mismos beneficios que a los eventuales guerrilleros desmovilizados. El presidente Juan Manuel Santos, confirmó que la firma de la paz conllevará beneficios para los agentes del Estado que se encuentren en problemas judiciales por su comportamiento durante la guerra. En aras de la paz, de la sanación de las heridas que se hicieron de lado y lado, y del perdón, es lógico que los agentes del Estado que han pertenecido a esta larga guerra, sean tratados con algún tipo de consideración. Un Estado serio no puede incurrir en la “autoamnistía”, un exabrupto jurídico que tendría repercusiones a la luz de lo que el derecho internacional contempla. Pero, si se confiesa la verdad, se imparte un mínimo de justicia, distinta a la de los guerrilleros, se repara a las víctimas y se garantiza la no repetición, es un escenario posible [87].

8-3-2014, Viabilizar un Proceso de Paz con los movimientos insurgentes, mientras no hay un desmonte institucional del paramilitarismo es complejo. El problema está que el Poder no está en manos del Estado. El hecho que controle la propiedad no significa, que todos los recursos que pueden calcular como elementos de poder, es decisivo. El hecho, es que la insurgencia y las fuerzas populares tienen un gran número de gente que los apoya, entre campesinos, obreros, derechos humanos y estas colectividades, son mayoritarias y el gobierno habla de mayoría, donde tiene gran respaldo económico, las empresas, tienen respaldo militar, pero no controla la ciudadanía. No controla las fuerzas vivas, podríamos decir, de los pequeĖos y medianos propietarios que están perjudicados por el Trato de Libre Comercio. Más que nada, el proyecto actual de Santos, es desarrollar el sector minero, pero no se puede desarrollar mientras los insurgentes controlan territorios, donde están ubicados los metales, las energías, etc. Necesariamente para cumplirle esta tarea de abrir nuevas fuentes de exportación, necesita conseguir la Paz. Ningún inversionista va canalizar miles y millones cuando todos los días están en peligro sus inversiones, etc., entonces no podemos considerar que es una negociación totalmente asimétrica. Hay un grado de proporción en las negociaciones. El gobierno, no puede imponer un contrato unilateralmente, eso simplemente va a llegar a un fracaso, y con el fracaso vuelve todo a una seria de conflictos que pone en cuestión el modelo entero del gobierno actual. Todo proceso de Paz, de negociaciones por parte del gobierno depende de dos cosas: primero, de la capacidad de controlar el conjunto de fuerzas, y el otro es que las fuerzas aglutinadas con el gobierno, que tiene varios conceptos de cómo conseguir la paz, incluyendo una guerra permanente y más violenta o tanto como la del Sr. Uribe Vélez. El problema es que Santos trata de hacer un doble juego aquí y al mismo tiempo, poner una cara negociadora, conciliadora y de otro lado, tiene una cuerda floja tratando con sus aliados militaristas y para-militaristas y esto se va en un tire y afloje de todo lo que está pasando. Si se acordaran los cincos puntos, si el gobierno firma un documento, no hay ninguna garantía y forma independiente de verificar que el gobierno va a cumplir. Esto lo hemos visto lo que pasó con la Unión Patriótica (U.P.), firmaron documentos, lanzaron una campaĖa y después los liquidaran hasta cuatro mil líderes: activistas, líderes y candidatos. Esto me parece una de las cosas más precarias, que debemos reconocer que las FARC, está tratando de conseguir una paz, pero al mismo tiempo, tiene que garantizar y guardar la espalda y más…y todos los activistas que empiezan a tomar posiciones, actividades que enfrentan cada día, amenazas y actualmente asesinatos. El gobierno de Estado Unidos quiere firmar un acuerdo estilo Centroamericano, donde el “farabundismo” y los otros grupos firmaron acuerdos que sacrificarán todas las luchas populares, para conseguir puestos en el parlamento y tener acceso a un proceso electoral y algún grado de seguridad. No hay seguridad de que en Colombia sea posible conseguir hasta estos parámetros. Es más difícil, porque en Colombia la oligarquía nunca aceptó, ningún pacto político hasta ahora, más allá del pacto bipartidario. Lo que enfrenta las FARC es una enorme tarea, pacificar el país, cualquier acuerdo se puede realizar. Desmilitarizar es una condición prioritaria para permitir el libre juego de democracia. Los negociadores con la insurgencia entienden que a partir del pacto, no van a realizar una economía socializante y mucho menos socialista, pero si necesitan condiciones para desarrollar movimientos populares y las condiciones de negociación para avanzar hacia un Estado de bienestar más justo. Pero sí las condiciones no existen, después del pacto para destruir los movimientos de masa, para avanzar en el proceso de construir nuevos espacios, lo probable es que todo termine en un fracaso. El proceso de Paz, en La Habana debe tomar en cuenta lo que está pasando en Colombia: continuidad de la guerra, amenazas a grupos opositores, etc. Los insurgentes deben continuar presionando para cambiar las condiciones a partir de las conversaciones en la Habana y buscar algunas garantías. Las negociaciones no van a terminar la corrupción, mucho menos en salud y otros contextos, lo que si pueden conseguir es el derecho de organizar y luchar contra la corrupción, una vez el marco político está establecido. Las multinacionales no van a desaparecer a partir de las negociaciones, pero si los sindicatos y los movimientos nacionales, tienen la capacidad de organizar y presionar por nuevas legislaciones, nuevas condiciones para tratar con las multinacionales. En el tema del narcotráfico, hay que buscar de donde salen las ganancias del tráfico de drogas. El 90 por ciento de lo que ganan los involucrados en la droga, va a los bancos. Los bancos en Estados Unidos están lavando el dinero de los grandes narcotraficantes, vinculados con las empresas respetables. Hay muchas empresas que reciben esas inversiones desde los grandes capos del narcotráfico, también en Estados Unidos, se ha visto siempre el City Bank y los otros bancos que están lavando miles y millones de dólares, cientos de millones de dólares cada aĖo. Para intervenir sobre el problema de las drogas, la primera cosa es intervenir los bancos a partir de audiencias y castigos, no simple multas, porque siempre plantean multas de millones, pero no sirve para nada, vuelven a repetir. Lo segundo, es que los insurgentes han planteado una forma de terminar con la producción a partir de una agricultura alternativa, esto tiene un problema: el gobierno de Santos está pactando con Estados Unidos, un TLC que va a facilitar la entrada de alimentos, subvencionados por parte del gobierno norteamericano y destruir cualquier producción en Colombia. Para desarrollar siembras alternativas como arroz, maíz y otros cultivos tradicionales, hay que proteger el mercado interno, para que los pequeĖos productores tengan capacidad de sembrar, cosechar y mercantilizar. Pero si el gobierno, por un lado dice: vamos a fomentar el desarrollo de cosechas alternativas y al mismo tiempo permite, la entrada de grandes escala de importaciones alimentarias norteamericanas, no hay ninguna salida. Si no, una vez que cualquier agricultor encuentre demasiada competencia, bajos precios, mercados capturados, va a volver a plantear la coca, racionalmente va a hacer un cálculo donde tiene beneficios y pérdidas. Los beneficios van a estar en el mercado no competitivo que es la Coca, entonces el problema otra vez, las contradicciones, Santos habla de producción alternativa, mientras tanto está perjudicando las condiciones económicas que permiten esta propuesta [88].

10-3-2014, En las elecciones legislativas de 2014, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se registró una participación de 14,3 millones de personas de los 32,7 millones convocados. La Misión de Observación Electoral de la OEA (MVE/OEA) recomendó a las autoridades colombianas que estudien los altos niveles de abstención en los comicios y busquen soluciones para superar este fenómeno, que se une además al de los votos nulos que ascienden a 10,38% para Senado y 12,23% para la Cámara de Representantes; votos sin marcar y en blanco [89].

11-3-2014, Si bien es cierto la contienda electoral es un frente en la lucha de masas y que debiéramos participar, en Colombia no es posible, no es viable, en un escenario dominado por la maquinaria electorera, la corrupción, el Paramilitarismo como herramienta de Estado, la judicialización de lideres populares, con medios oficiales con encuestas arregladas y hasta donde los muertos votan, a lo que se debe agregar la “motosierra jurídica” del Procurador General que sigue muy bien aceitada y funcionando. En estas elecciones ganaron la abstención, los votos anulados y el voto en Blanco. Con respecto a la elección parlamentaria del 2010, la gran Unidad Nacional con la que gobernó Santos, tenía 89 Senadores. Partido de la U = 28 Senadores. Hoy 21 (7 menos). Partido Conservador = 22 Senadores. Hoy 19 (3 menos). Partido Liberal = 17 Senadores. Sigue con esa cifra. Cambio Radical del Vicepresidente Vargas Lleras Lleras = 8. Hoy 9 (gana 1). Opción ciudadana (PIN) = 9 Hoy 5 (4 menos). Partido Verde = 5 Senadores Hoy 5 (pero no está en la coalición de gobierno). Hoy, los conservadores están divididos entre santistas y uribo-pastranistas y no se sabe por quien votarán en el Congreso. Los Verdes pasaron a la oposición. Santos solo cuenta con 52 Senadores seguros (Los de la U, los liberales, los vargaslleristas y los del PIN) y tendrá que seducir con más prebendas y más corrupción a los pocos godos santistas como Jejen Echalabia etc. para continuar gobernando. Mientras que los sectores afines al Paramilitarismo, más los godos uribo-pastranistas que están unidos alrededor de Marta Lucía Ramírez, y algunos otros que le hacen oposición cerrada a Santos, pueden hacer una coalición que le haga difícil el gobierno a Santos y pongan el proceso de paz de La Habana en riesgo. El resultado de la llamada “Izquierda electoral”, donde el Polo Democrático Alternativo perdió tres Senadores y varios Representantes a la Cámara, y los resultados de la martirizada Unión Patriótica muestran como no existen condiciones para desarrollar una política electoral en la Colombia actual. En esas condiciones, es impensable aplicar el segundo punto de la Agenda de Paz sobre Participación Política, ya discutido y parcialmente aprobado en La Habana. Así mismo valdría la pena preguntarnos como este 'nuevo congreso' va a influir en la región, pues para nadie es un secreto que Uribe y su grupo causan escozor en los mandatarios y pueblos de los países vecinos. Los resultados de estas elecciones legislativas empeoran la imagen de Colombia en el exterior. La apertura democrática, como tal, no existe. Los espacios se reducen. “La batalla de ideas” brilla por su ausencia. Candidatos alternativos con opción no se vislumbran aún. ņQué queda en este frente de lucha? ņQué va a pasar con la Mesa de La Habana? Solo queda la lucha popular masiva, amplia y unitaria para demostrar la inconformidad con el sistema político actual e imponerle la paz ansiada por el Pueblo asqueado con el sistema político actual [90].

20-3-2014, La democracia representativa en Colombia se agotó. Lo revelan una serie de hechos que afectan a cada uno de los poderes constituidos o delegados. Esos sucesos demuestran que la institucionalidad colombiana ha caducado históricamente aunque políticamente se sostenga por la falta de claridad y unidad de las fuerzas populares y democráticas. En el ámbito judicial tenemos la frustrada reforma a la justicia; la arbitrariedad medieval del Procurador elegido y sostenido por todos los partidos políticos dominantes; la división del poder judicial en torno al “caso Petro” entre jueces y magistrados del nivel medio y los magistrados del Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, y en general el choque de trenes entre fiscalía, contraloría, procuraduría y altas cortes. En el terreno legislativo la crisis es evidente. La reciente elección de un gran número de para-políticos y/o sus herederos encabezados por Uribe pero presentes en todos los partidos políticos tradicionales; la dependencia de la “mermelada oficial” para hacer política pero su relativo fracaso en los recientes comicios (compran o chantajean escasamente al 30% de los electores); la evidencia de que la mayoría de parlamentarios representan los intereses de la burguesía transnacional y van a aprobar más normas a su favor. Pero la más tremenda catástrofe se presenta en el campo presidencial. No es casual el fracaso electoral del Presidente Santos y de su pareja vice-presidencial Vargas Lleras. La entrega descarada de recursos del Estado al grueso de políticos de la “unidad nacional” sólo sirvió para obtener precarias mayorías electorales. Los partidos políticos son degradados por la acción corruptora del poder ejecutivo que se ha reducido a ser el gerente de los intereses de los verdaderos dueĖos del país: los empresarios capitalistas transnacionales. La crisis de legitimidad de la democracia representativa también arrastra a las fuerzas de la izquierda tradicional. El sector de la izquierda que todavía se esfuerza por demostrarnos que la “burguesía nacional” (medianos empresarios) es revolucionaria y anti-imperialista no logró convencer a ningún empresario de ser la llave para su candidata presidencial. A regaĖadientes aceptaron la candidatura de Aída Abella a la vicepresidencia de Clara López. Pero en general el pueblo no ve allí ninguna alternativa de cambio porque actúa en el marco de una democracia representativa cada vez más ilegítima y se esfuerzan por lavarle la cara en vez de acabarla de hundir. No están sintonizados con la realidad. El otro sector, Progresistas, quedó amarrado al carro de un candidato uribista y neoliberal disfrazado de “verde”, y pareciera entrar en la dinámica de arroparse en las filas santistas para, al mejor estilo de los “garzones”, ayudarle al gobierno a implementar su “nueva apertura democrática” al calor del proceso de Paz, impulsando pequeĖas y mediocres reformas a su sistema representativo, reviviendo sus mejores épocas cuando, una vez reinsertados del M-19, se pusieron al servicio (consciente o inconscientemente) de los proyectos aperturistas y neoliberales de César Gaviria. Vamos a ver si el Golpe de Estado contra Petro y la democracia, los hace reaccionar. Otros sectores de la izquierda (PC, UP y similares), presentan la unidad Polo-UP como histórica y se apegan con todas sus fuerzas a las instituciones “democráticas” de la burguesía sin reflexionar sobre el principal hecho recientemente sucedido: todo un aĖo de fuerte movilización popular contra el régimen neoliberal y la negativa de las mayorías populares a sumarse a la farsa electoral degradada, corrupta y descompuesta. El conjunto de la izquierda tradicional sigue en la dinámica de tratar de canalizar las luchas directas de las masas hacia el campo electoral. Se coloca el parlamentarismo en el centro de la actividad política y se debilita a la organización popular. Se generan así ilusiones en el papel de los representantes de izquierda en el Congreso cayendo en el más romántico y pueril “cretinismo parlamentario” que asume dos formas clásicas: la conciliación total y el oposicionismo legitimante. “Vamos a legislar por la Paz” dicen verdes y progresistas; “vamos a ser la única oposición” contesta en forma reconfortada el Polo. De allí no dan más. El grueso del pueblo colombiano no cree en el fango de la democracia representativa. Ni siquiera los que votan por los partidos de la oligarquía creen en sus promesas. Su pragmatismo clientelista es consecuencia de que saben a qué se enfrentan pero prefieren cobrar bicocas por adelantado y se desentienden del asunto. No hay alternativa dicen y en cierto sentido tienen razón. En el seno de las organizaciones populares se mantiene la idea de la acción directa y la movilización. El problema es que la mayoría de la dirección del movimiento popular está influida por las posiciones que legitiman la democracia representativa y entonces, el movimiento queda preso de los intereses de grupo y de las orientaciones conciliadoras con el Estado. Pero a pesar de todo, en el movimiento popular, en sus organizaciones de base, en los cabildos y organizaciones indígenas, en los consejos comunitarios afros, en las asociaciones regionales campesinas, en las dignidades de paperos, cafeteros, arroceros, etc., en las organizaciones de mineros artesanales y pequeĖos mineros tecnificados, en las organizaciones culturales y barriales de jóvenes de las ciudades, en los movimientos ambientalistas, animalistas, “ciclo-ruteros” de ciudad, raperos, hip-hop, y demás expresiones rebeldes, surge una forma de democracia que pide a gritos que se la oriente y consolide. Esa democracia es la Democracia Directa. Dice Gloria Gaitán interpretando a su padre asesinado por la oligarquía en 1948: “Lo que queremos es la democracia directa, aquella donde el pueblo manda, el pueblo decide, el pueblo ejerce control sobre los tres poderes de la democracia burguesa: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y que, además, garantice la equidad en el aspecto económico. Allí donde el pueblo es el pueblo, el pueblo ordena y ejerce mandato directo sobre, y en control, de quienes han de representarlo. Todo esto exige trabajar honda y apasionadamente en el cambio de una cultura que despierte en el pueblo voluntad para regir directamente sus destinos y exige un profundo cambio constitucional para disponer de una Constitución acorde con la necesidad de un mandato popular directo sobre los destinos de la patria, que elimine los filtros que la democracia burguesa establece y defiende”. La constatación de la falta de claridad política al interior del movimiento popular colombiano, nos lleva a tener que diferenciar entre lo que es un Proceso Constituyente por la Democracia Directa y la simple convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En este instante de la vida política colombiana llamar a la convocatoria de una asamblea constituyente es poner en bandeja la oportunidad a la oligarquía de volver a “adelantarse” -como lo hizo en 1991- para retocar su falsa democracia, engaĖar con una “nueva apertura democrática”, ceder en aspectos no sustanciales algunas zonas y recursos a sectores de la población campesina y colonizadora de regiones marginales, y pintar de “reformista” a un régimen que impulsa la segunda fase de neoliberalismo más violenta y despótica, con más despojo, más explotación, grave arrasamiento territorial y completa subordinación del interés nacional y popular al poder capitalista transnacional. Lo que debemos impulsar son formas de Poder Constituyente (asambleas, comités, cabildos, consejos, etc.) en cada vereda, barrio, resguardo, municipio y departamento, que sean de tipo permanente, con características de la Democracia Directa, es decir, cuya base sea la asamblea comunitaria popular, los delegados sea elegidos y revocables, en donde vayamos discutiendo y construyendo la “otra forma de democracia”, la nuestra, la directa, la única que nos sirve y a la que le temen las clases poderosas y la clase política corrupta. En esas formas de Poder Constituyente debemos discutir y aprobar propuestas en todos los terrenos: lo político, lo económico, lo social, lo judicial, lo cultural, lo territorial y ambiental. Todo debe ser discutido, revisado y aprobado. Y deberemos hacerlo con un espíritu incluyente, participativo, sin que ninguna organización en particular se apodere del proceso. Además, esas formas de Poder Constituyente deben ser permanentes y en la medida de su fuerza, convocatoria y representatividad deberán atender y resolver problemas comunes y cotidianos de nuestras comunidades en cada lugar o región, enfrentando de hecho la corrupción, la politiquería, el tráfico de influencias y la entrega de nuestras riquezas al capital transnacional. Algo así como la consulta del municipio de Las Piedras (Tolima) pero concretada en Poder Popular y Ciudadano de carácter permanente. Sólo en la medida en que a lo largo y ancho del país hayamos podido construir ese Poder Constituyente, organizado y permanente, podremos convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con nuevas reglas, representación proporcional por municipios, distritos, provincias y regiones, creando condiciones para derrotar las empresas electorales de los barones de la corrupción y el chantaje, e imponiendo la voluntad de mayorías conscientes y organizadas [91].

26-3-2014, A siete meses de que se cumpla el período de permanencia que le fijó el Gobierno a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se conoció el informe anual de este organismo sobre Colombia para el aĖo 2013. Graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzado de niĖos por parte de las FARC, desplazamiento y difíciles garantías de reparación de las víctimas siguen siendo las variables de este crudo diagnóstico del país. Felicitando al Ejecutivo por su determinación de sacar adelante una solución negociada al conflicto armado con las FARC y reconociendo los esfuerzos del Gobierno para cumplir con sus obligaciones internacionales, el informe también da cuenta de ese panorama humanitario que seguirá agravándose mientras existan la guerra interna y la lucha contra el narcotráfico. En diciembre de 2013 había 5.966.211 víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Unico de Víctimas, de las cuales 5.155.406 eran desplazadas, unas cifras que, reconoce la ONU, son considerablemente superiores para fuentes no gubernamentales. En el Cauca, seĖala el documento, en 2013 continuaron los homicidios selectivos atribuidos a las FARC, sobre todo de dirigentes indígenas. Durante el primer semestre de 2013, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró ocho asesinatos de miembros del pueblo Nasa, de los cuales tres eran líderes en el norte del departamento. Esto sin hablar de los casos de reclutamiento forzado de niĖos ni de la utilización de minas explosivas. Ni mencionar los episodios en que dos periodistas fueron asesinados, 58 recibieron amenazas y tres se vieron obligados a exiliarse. En cuanto a la Fuerza Pública, las preocupaciones también son variadas. El documento sostiene que el respeto del derecho a la vida de los civiles durante las operaciones militares sigue siendo motivo de alarma, y pone varios ejemplos, como el de un campesino de 19 aĖos que murió el 15 de mayo en La Fonda (Cauca), como resultado de los disparos hechos por una brigada móvil del Ejército por no detenerse en un puesto de control, o el de un hombre de 61 aĖos al que un soldado mató de un disparo en su propio domicilio, el 22 de julio, en Fortul (Arauca). Casos que ante la justicia disciplinaria y penal siguen en etapa preliminar, indica la ONU. El informe también apunta que en junio de 2013 la oficina le presentó al Ministerio de Defensa 32 casos recientemente observados en que el Ejército habría utilizado y ocupado escuelas y otras infraestructuras civiles. Naciones Unidas afirmó que si bien el Gobierno suele abordar con seriedad su legislación en aras de garantizar los derechos humanos y cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, no hizo lo mismo cuando impulsó en el Congreso una reforma para ampliar la jurisdicción penal militar, que luego se cayó en la Corte Constitucional. E informó que entre enero y agosto de 2013, se trasladaron 48 casos de homicidios atribuidos al Ejército, conocidos como falsos positivos, de la jurisdicción ordinaria a la militar, a pesar de que el Gobierno había asegurado que ello no ocurriría. Además de hacer alusión a estos casos, recordó la renuncia del magistrado Henry Villarraga al Consejo Superior de la Judicatura, el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia de estos procesos, cuando se reveló que había prometido al coronel Róbinson González, procesado por un falso positivo, que su causa sería trasladada a los tribunales castrenses. En ese sentido, la ONU lamentó que se sigan concediendo privilegios ilegales a miembros de las fuerzas militares detenidos o encarcelados en instalaciones militares, dos aĖos después de las recomendaciones formuladas en un informe sobre este problema en Tolemaida. En agosto se vence el período de este observador internacional en Colombia y aunque Todd Howland, su representante en Colombia, ha dicho que el Presidente Juan Manuel Santos manifestó tanto en público como en privado que renovará este mandato, su futuro en el país aún es incierto. Lo único claro es que todos los actores armados siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y que, como lo dijo Anders Kompass, quien fue delegado de la ONU en Colombia, “sólo los países donde se cometen las peores violaciones no aceptan la presencia de esta oficina” [92].

9-6-2014, Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia en segunda vuelta, ratificó su tesis de que en Colombia no hay un conflicto armado interno con las FARC sino un grupo terrorista en ofensiva contra el Estado. Pese a que aceptar la existencia un conflicto armado interno implica que bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario (DIH) se acepta la acción militar de la guerrilla, Zuluaga insistió que siguen siendo sólo terroristas. “No entendemos cómo se va a negociar sin ningún tipo de condición permitiendo que sigan cometiendo acciones terroristas. Uno desde el Estado no se puede sentar de igual a igual sin ningún tipo de condición por parte del Estado. El punto central para iniciar un diálogo debe ser suspender las acciones terroristas porque no puede existir la doble posición de la búsqueda de una paz negociada y continúen con hechos terroristas”. “Si yo gano la Presidencia tengo que interpretar lo que los colombianos votaron y el sentimiento de todo un país para la búsqueda de una paz negociada. La búsqueda de una paz negociada no se trata de darle gusto a las FARC sino interpretar lo que los colombianos quieren y sienten” [93].

20-6-2014, Elecciones presidenciales del 15 de junio del 2014 en segunda vuelta. Santos ganó, el pueblo derrotó a Zuluaga. No se venció totalmente a Uribe, que sigue bastante fortalecido. Pasó de 2.045.064 votos obtenidos en marzo de 2014 por el Centro Democrático en las elecciones parlamentarias a 6.995.001 conseguidos en las presidenciales del 15 de junio, un incremento del 342 %. No contó con la totalidad del aparato burocrático del Estado aunque sí, con apoyos económicos y regionales importantes. Un buen porcentaje se alimenta de los que odian a las FARC. Hicieron su aporte las familias de los militares y de los que aĖoran la seguridad democrática de las  acciones espectaculares “contra el terrorismo”. Otros, los más pobres e ignorantes identifican a Uribe con los subsidios de “familias en acción” y otros programas sociales. También, la población de departamentos petroleros castigó a Santos por su Ley de Regalías. La presión de las “Bacrim” no se destacó pero debe haber actuado. En el caso del Presidente Santos pasó de 3.301.815 votos logrados el 25 de mayo a 7.816.986 votos obtenidos el 15 de junio: un crecimiento del 236%. La Costa Caribe, especialmente Atlántico y Córdoba, aportan el 42,4% de la ventaja obtenida. El Cauca, Valle y NariĖo contribuyen con el 34% de esos nuevos votos y Bogotá un 11,8%. Lo demás se obtiene en los Santanderes, Putumayo, Chocó, Arauca, Guainía y Vaupés. El aporte de la izquierda y el progresismo fue muy importante para el logro de Santos. Sin embargo, no se puede ocultar que, especialmente en la Costa Atlántica, la compra de votos y el clientelismo en toda su expresión, jugaron un gran papel en el incremento de votos logrados por Santos. El aparato y poder burocrático se movió y logró importantes resultados en esa región. Esas cifras significan que el uribismo es un proyecto político que está nuevamente en expansión. Uribe tiene intactas sus fuerzas al interior del Estado, tanto a nivel nacional como regional y local. En especial, cuenta con una fuerte influencia en las fuerzas armadas, la Procuraduría e importantes instancias judiciales. Logró conectar con amplios sectores de la población identificando la política de “Paz” con la sumisión del gobierno a la guerrilla y a los supuestos intereses “castro-chavistas”. El miedo a la opresión de las FARC jugó un papel determinante en la estrategia de Zuluaga. Es cierto que el aporte del progresismo, de la izquierda y de otras reservas democráticas independientes fue fundamental para el triunfo de Santos, pero no logró hacerse bien visible. Unicamente en el Cauca se logró conformar una Convergencia por la Paz y la Democracia que unificó a la mayoría de los sectores independientes, alternativos, progresistas y de izquierda para llamar a votar sin complejos por Santos. En todo el país y en Bogotá, cada sector se sumó o adhirió a la campaĖa de Santos sin construir convergencias que permitieran hacer valer su papel en bloque o en forma unificada. Entre los votos obtenidos por Santos en la segunda vuelta existe un gran porcentaje de “votos contra Uribe”. El miedo a un régimen totalitario, a su posición guerrerista, a las mafias que él representa y a la posibilidad de un conflicto con Venezuela, movieron a muchos a votar por Santos así no tuvieran grandes expectativas en su gobierno. También, el anhelo de que durante su segundo gobierno se firmen los acuerdos de La Habana y Colombia entre finalmente en una fase de construcción de Paz estable y duradera, impulsó a amplios sectores de la población a depositar su voto por Santos. Las FARC deberán cuidarse de hacer interpretaciones voluntaristas. La mayoría de votos son contra ellos. Los de Zuluaga son de rechazo directo. Los de Santos, en su gran mayoría, son “para salir más rápido y en forma incruenta de ellas” (Frase de Claudia López, analista y senadora electa de Alianza Verde). La derrota relativa de Uribe y el triunfo precario de Santos, son una derrota política para las FARC y un mensaje para que no se crean ni los intérpretes ni los representantes de las necesidades populares. Entre más poder pretendan negociar en La Habana más resistencia generarán entre la sociedad. Y claro, Uribe aprovechará esa situación. Santos obtiene un triunfo relativo. Una parte de la votación es suya, otra de la burocracia corrupta, una más de la izquierda y una netamente anti-uribista. Uribe se mantiene y logra avanzar. Sabe que tiene una fuerza organizada y centralizada, demostró que se conecta con amplios sectores inconformes, canalizó gran parte del paro cafetero y agrario, y tiene en las familias de las fuerzas militares y de los sectores de población vulnerable una votación cautiva. La confrontación entre Santos y Uribe sigue vigente y la refrendación popular de los acuerdos de La Habana, será la próxima prueba de fuego. La izquierda y el progresismo, así fuera en medio de grandes debates, inocultables vacilaciones y una enorme dispersión, no sólo mostró la capacidad de algunos de sus líderes (Clara López y Gustavo Petro) para sintonizarse con amplias capas de la población en torno a la conquista de la Paz y la defensa de la Democracia, sino que al darle su apoyo a Santos quedaron en una posición inmejorable para avanzar y consolidar su unión de cara a las elecciones locales y regionales de 2015, así como de las presidenciales de 2018. En términos políticos la contradicción entre Santos y Uribe sigue vigente. La discordia es entre el respeto de mínimas normas democráticas o su violación sistemática; entre el avance del proceso de Paz o su saboteo; entre un proyecto burgués de “apertura democrática” o la oposición latifundista-terrateniente a cualquier cambio; entre la concesión de algunas reivindicaciones a campesinos de zonas de colonización o su identificación como entrega del país a las guerrillas; entre la obtención de un nuevo clima para la legitimación de la protesta social o la instrumentalización de la guerra para evitar el avance de la organización popular; entre la “Paz limitada” y la guerra abierta; entre las buenas relaciones con los países vecinos o la desestabilización de la región al servicio de fuerzas neoconservadoras. La lucha es entre defender una democracia recortada o permitir el fortalecimiento de un régimen totalitario que proyecta una dictadura fascista. En términos económicos y sociales la contradicción será entre un gobierno relativamente débil y los movimientos populares que ya se preparan para cobrar su contribución en la re-elección. Ellos no deberán estar interesados en componendas ni en burocracia. Tendrán que reorganizar sus fuerzas que quedaron lastimadas en los paros de 2013 y 2014, y se pondrán a la tarea de presionar la firma de los acuerdos de Paz y el rechazo a los planes neoliberales que el gobierno prepara y quiere presentar como grandes transformaciones cuando no son más que falsas reformas para engaĖar al pueblo. El gobierno de Santos no va a renunciar a su modelo neoliberal. En la medida en que el movimiento popular apriete, va a buscar atenuar la presión del uribismo contemporizando con él. Santos ha sido vacilante y débil frente a Uribe. El mismo lo hizo crecer con su indecisión e indeterminación. Ante el avance del movimiento popular va a hacer lo que siempre ha hecho la burguesía colombiana, va conciliar con el gran latifundismo y con la extrema derecha. Las vacilaciones de la izquierda que no es capaz de ponerse completamente a la altura de los acontecimientos y no se atreve a cobrar con decisión su participación en el nuevo gobierno -con su propio programa y propuestas concretas-, le facilita el campo de acuerdos a Santos con los uribistas. Santos se equivoca si cree que con una política de contemporización va a derrotar al uribismo. Darles participación en el gobierno lo único que hace es otorgarles más herramientas políticas y burocráticas. Además, reafirma aún más su imagen de indeciso y temeroso. Cooptar hacia el gobierno a representantes del Centro Democrático es un falso debilitamiento del uribismo porque como se ha visto, ese proyecto político depende exclusivamente del liderazgo de Uribe. Santos va a utilizar a figuras neoliberales como Mockus para presentarlos ante el gran público como cuotas del progresismo y la izquierda. Seguramente alrededor de los proyectos de “post-conflicto” le dará participación en su gobierno a algunas figuras secundarias del Progresismo, la Alianza Verde y personas independientes con cercanías a la izquierda. La izquierda perderá -por timidez y falta de decisión- la oportunidad de hacer visibles sus propuestas ante el conjunto de la población. Las organizaciones políticas y sociales de carácter popular deben impulsar procesos autónomos e independientes sin renunciar al Frente Amplio. Hoy existen condiciones inmejorables para consolidar un verdadero Movimiento Democrático que se ponga como principal objetivo el de ser gobierno, a nivel nacional, regional y local. Se requiere la elaboración y aprobación de programas nítidamente anti-neoliberales que contemplen el rescate de los recursos naturales, la lucha contra la locomotora minero-energética, por la renegociación de los TLCs., en defensa del medio ambiente, la reforma agraria democrática, contra la tercerización laboral, por salud y educación públicas, por la desprivatización de las empresas de servicios públicos, por la industrialización de nuestras materias primas, y otros puntos de ese tenor. Hay que tener mente abierta para enfrentar la situación. Se puede y debe actuar en un frente amplio pero, debe ser en forma unificada y con gran sentido de independencia política. Algunos mínimos sectores de la burguesía y pequeĖa-burguesía representados por “liberales demócratas”, van a mantenerse aliados al movimiento popular y democrático siempre con la intención de moderar sus pretensiones para “no debilitar a Santos” y “no hacerle el favor a Uribe”. El movimiento popular debe aprovechar la situación para impulsar, fortalecer y consolidar nuevas formas de poder popular o Democracia Directa, “constituyentes populares” de carácter amplio e incluyente, consultas populares, veedurías ciudadanas, y múltiples formas de organización que sirvan de apoyo y sustento a un verdadero “Proceso Constituyente Desde Abajo”, que sea el soporte político-reivindicativo de las grandes transformaciones que requiere el país [94].

20-6-2014, Presentando a la denominada “Tercera Vía” como una corriente “ideológica” progresista, el Presidente Juan Manuel Santos ha convocado en Cartagena de Indias una cumbre con la participación de ex-gobernantes vinculados a crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como ex-líderes hispanoamericanos que luego de dejar sus responsabilidades en el gobierno están dedicados ahora a hacerle lobby a algunas transnacionales caracterizados por la especulación financiera y su afán de saqueo en los países de América Latina. A la “cumbre”, han confirmado su asistencia el ex-Primer Ministro británico Tony Blair, reconocido genocida, implicado por su responsabilidad directa junto a George W. Bush y José María Aznar en la invasión a Irak y su contumaz mentira de la existencia de armas de destrucción masiva en poder de Sadam Hussein; así como el ex-Presidente Bill Clinton uno de los principales actores de la guerra contra Yugoslavia. Fue precisamente Clinton el que ordenó a las fuerzas militares de la OTAN, bajo el mando de Los Estados Unidos, castigar a Yugoslavia con un bombardeo devastador de 79 días, generando entre otros genocidios el de Kosovo en marzo de 1999. También concurrirán el destacado magnate mexicano Carlos Slim y miembro del consejo de administración de la transnacional Gas Natural, el ex-Presidente del gobierno espaĖol, Felipe González, uno de los principales asesores además del dirigente golpista venezolano Henrique Capriles; y los ex-mandatarios Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile, caracterizados por su defensa del modelo neoliberal y críticos acérrimos de los gobiernos progresistas de América Latina. Santos explicó “Vamos en cierta forma a relanzar esa 'Tercera Vía', porque creemos que en este momento de la historia del mundo esos son los principios que nos van a facilitar reencontrar un norte, un rumbo y lo estamos viendo en muchos frentes, tanto en Europa, como aquí en América Latina, inclusive en Asia”, tratando de convencer de las supuestas verdades de esa corriente de derecha neoliberal que trata de disfrazarse de “progresista”. La denominada “Tercera Vía” no es más que un infundio del sociólogo británico Antonny Giddens para barnizar la utilización de las políticas neoliberales por parte de la socialdemocracia europea, como por ejemplo el Partido Laborista de Blair en Inglaterra o el mal llamado Partido Socialista Obrero EspaĖol de Felipe González, uno de los principales impulsores de las políticas de libre mercado y privatización en EspaĖa. En palabras de la politóloga belga Chantal Mouffe, “la denominada tercera vía no es más que la justificación que realizan los socialdemócratas de su capitulación ante una hegemonía neoliberal cuyas relaciones de poder no cuestionan, y ante la cual se limitan a realizar únicamente algunos pequeĖos ajustes”. El sociólogo norteamericano James Petras explica que “la ideología de la ‘Tercera Vía’ ha servido para brindar una justificación del giro a la derecha de la socialdemocracia”. “Al haber tomado el control del aparato político de los antiguos partidos socialdemócratas, los líderes de la ‘Tercera Vía’ controlan las palancas para subordinar a la base trabajadora a los nuevos capitalistas del libre mercado”, agrega Petras en su explicación. Para ello, sus “ideólogos” e impulsores utilizan lemas como “el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”, como escribió en 1999 el propio Tony Blair y que repite el Presidente Santos para tratar de vender las bondades de este embuste que se presenta cínicamente con sustento académico y político [95].

El Profesor James A. Robinson, del departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, coautor del libro “ņPor qué Fracasan las Naciones?” hizo un artículo refiriéndose a la posibilidad de la “Tercera Vía” en Colombia. Luego de ganar su reelección, el Presidente Juan Manuel Santos, viajó a Cartagena para reunirse con Bill Clinton y Tony Blair, promotores de la “Tercera Vía”, una filosofía, con raíces en el trabajo del sociólogo británico Anthony Giddens, que propone una nueva manera de pensar las políticas públicas: ni la tradicional de la socialdemocracia europea con sus grandes Estados benefactores y su hostilidad hacia los mercados, ni la reverencia neoliberal a los mercados que demostró su inefectividad para impulsar el crecimiento económico en América Latina durante los aĖos noventa. La Tercera Vía promete lo mejor de ambos mundos, los beneficios económicos de los mercados junto a la seguridad social de la socialdemocracia. Para observar lo que la Tercera Vía implicaría en Colombia y cómo podría implementarse en la práctica, es interesante trasladarse a Las Bocas de Curay, una vereda de unas mil trescientas personas en el municipio de Tumaco, departamento de NariĖo. No está aislado por las montaĖas o la jungla; de hecho, se encuentra a apenas una media hora de viaje en lancha del segundo mayor puerto en la costa del Pacífico, cruzando la Bahía de Tumaco. Sin embargo, no tiene acueducto ni alcantarillado. Existe un centro de salud, pero quienes lo manejan viven en Tumaco, y son nombramientos políticos, por eso rara vez se aparecen. Existe un generador de energía eléctrica y dicen que al parecer fue proveído por una Senadora, pero solamente funciona entre cuatro y cinco horas al día porque del combustible que deberían obtener del Gobierno sólo les llega una parte. La vereda está a merced del mar. Desde hace siete aĖos, las mareas altas comenzaron a llevarse el pueblo, las casas y la iglesia, y en el 2010 una marejada destruyó la escuela primaria, que no ha sido reemplazada. Un simple muro de contención solucionaría el problema, pero la comunidad no tiene los recursos para construirlo y este es exactamente el tipo de infraestructura básica que el Estado colombiano parece incapaz de proveer. No hay presencia del Estado aquí, excepto por los maestros que han improvisado un nuevo salón de clases en la iglesia reconstruida. Colombia es lo que los politólogos llaman una “democracia representativa”, en la que los que son elegidos -por ejemplo el Alcalde de Tumaco o el Gobernador de NariĖo- son quienes supuestamente representan y rinden cuentas a los ciudadanos. En las Bocas del Curay no hay representación ni rendición de cuentas. De acuerdo con los pobladores, el único momento en que los políticos aparecen, es pocos días antes de las elecciones, para hacer promesas que nadie cree, y a distribuir dinero para los votos. Tampoco existe sentido alguno de responsabilidad de parte de los representantes del Estado colombiano. La única preocupación, es asegurar que la gente vote de manera que se generen los mayores beneficios para aquellos que distribuyen la plata durante la época electoral. Las Bocas de Curay no es la “Tercera Vía” es, como mucho, el “Tercer Mundo” de Colombia. Irónicamente, el único afiche político de la última elección en Bocas de Curay dice: “la Costa Pacífica de NariĖo con Juan Manuel Santos... Que la Paz del SeĖor esté siempre con nosotros... Y con tu espíritu”. La Costa Pacífica votó masivamente en favor del Presidente Santos, aunque si se viaja a Las Bocas del Curay no es claro por qué. En cuatro aĖos, el Gobierno de Santos no entregó absolutamente nada a esta gente en términos de servicios públicos, ni siquiera se preocupó por reemplazar la escuela destruida por el mar. Las Bocas de Curay es representativo de cientos, miles, de veredas en Colombia. Dejadas a la deriva por el Estado colombiano, tienen que sostenerse por ellas mismas, sin recursos ni posibilidades de que el sistema político tome en cuenta sus intereses y sin los bienes públicos básicos ni los servicios que les pudieran ayudar a cambiar su destino. Muestra lo vacía que resulta esa noción de que Colombia puede adoptar la Tercera Vía. Anthony Giddens la define como “un marco de pensamiento y diseĖo de políticas que busca adaptar la socialdemocracia a un mundo que ha cambiado esencialmente a lo largo de las dos o tres últimas décadas. Es una Tercera Vía en cuanto es un intento por trascender, tanto la social democracia a la antigua como el neoliberalismo”. ņDónde hay socialdemocracia o neoliberalismo en Las Bocas de Curay o, de manera más general, en Colombia? Para ser una socialdemocracia, Colombia tendría que tener un Estado que proveyera de servicios básicos y derechos a todos sus ciudadanos. Pero fracasa de manera singular en ello. Colombia tampoco ha sido nunca neoliberal en el sentido de permitir que el libre mercado domine la economía. Por el contrario, es un mar de monopolios y carteles donde las conexiones políticas y las barreras de entrada son el camino para hacer grandes fortunas, como la lista de los colombianos más ricos lo ilustra. La “Tercera Vía” es una serie de opciones de política para un país democrático con un Estado moderno. Colombia no es ni lo uno ni lo otro. Su democracia es de una notable baja calidad, fracturada por el fraude, la violencia, el clientelismo y la compra de votos, lo que rompe el nexo de control entre ciudadanos y “representantes”. El Estado no controla el monopolio de la violencia, es incapaz de conseguir recursos -la recaudación de impuestos como porcentaje del PIB es similar a la de Egipto, Ghana o Benín en Africa- y carece de una administración burocrática moderna, con excepción de unos pocos casos. La evaluación de la OCDE acerca de las instituciones colombianas, seĖala que tiene la burocracia más pequeĖa en relación con la población de toda América Latina y que la mitad de las personas empleadas son “nómina provisional”, por fuera de la carrera apropiada para servidores públicos -para el efecto, nombramientos políticos-. Aun cuando la “Tercera Vía” sea una quimera irrelevante para Colombia, sería bueno que el Presidente Santos leyera el libro de Giddens, pues enfatiza algunas cosas que el país requiere con urgencia, como por ejemplo una lucha contra la exclusión que caracteriza a la sociedad: “La exclusión ...[separa] grupos de gente de la sociedad en general. En la cúspide, la exclusión voluntaria es conducida por una diversidad de factores. Tener los medios económicos para aislarse de la sociedad es la condición necesaria para, pero nunca la explicación completa de por qué, estos grupos deciden hacerlo. La exclusión en la cúspide está causalmente ligada a la exclusión en las bases y además pone en peligro los debates en la arena pública y la solidaridad común. De modo que, limitar la exclusión voluntaria de las élites es esencial para crear una sociedad más inclusiva en la base. No existe mejor expresión de los problemas de Colombia que su exclusión en la cúspide y en la base. Una élite desligada de la sociedad real que no está dispuesta a pagar impuestos para soportar cualquier proyecto con beneficios para la sociedad. La OCDE reporta que mientras el diez porciento más pobre de la población paga 4,5 porciento de su ingreso en impuestos, el diez porciento más rico paga el 2,8 porciento. Esa élite se imagina que administra un país próximo a la modernidad, jugando con ideas como las de la “Tercera Vía”. No es de extraĖarse que el realismo mágico se haya inventado en Colombia. El propio Giddens, sin advertirlo, ilustra lo alejada que está la élite colombiana de la realidad de su país, cuando reproduce en su libro la historia de “un delegado colombiano en una reunión de la Internacional Socialista en 1989”, quien resaltó: “mi partido es llamado liberal, pero es en esencia muy socialista. Con los europeos es todo lo contrario”. Lo que sea que el socialismo signifique en Colombia, claramente no involucra la provisión de bienes y servicios públicos básicos a sus ciudadanos, ni una preocupación por su bienestar y oportunidades [96].

5-9-2014, Se puede gobernar engaĖando a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede gobernar engaĖando a todos todo el tiempo, parafraseando al presidente de EUA Abraham Lincoln. Es en el tiempo propio en el que debe pensar Santos cuando amenaza a las FARC y cuando, con arrogancia advierte que hará la Paz con o sin las FARC. Esta es una de las frases que pronuncia Santos de vez en cuando para verse fuerte y seguro de sí mismo, también para esquivar los cada vez más atrevidos ataques del franquismo criollo. El gobernante reelecto, especialista en propaganda negra, afecto a los anuncios que se vuelven titulares de prensa, a manipular encuestas, a reemplazar con imágenes efectistas la trágica realidad, a inducir en la opinión no el ser sino el parecer: no repara a víctimas pero parece, no hace las reformas que de manera urgente necesita el país pero parece, no combate a los narcoparamilitares pero parece, no mete a la cárcel a los corruptos pero parece, no encara legalmente al uribismo criminal pero parece, no le pone límites al santo inquisidor, el Procurador, pero parece, forma parte de la UNASUR y también de la OTAN. Lo primero que cualquier observador desprevenido se pregunta es: ņsi la burguesía colombiana puede hacer la Paz sin el enemigo por qué no la ha hecho? Por qué en 100 aĖos no se ha hecho en Colombia un Reforma Agraria, cualquiera, burguesa, capitalista, democrática, de la tercera vía, o de la quinta avenida. Nos hubiéramos ahorrado millones de víctimas, 6 millones de desplazados, todos los horrores de una guerra civil prolongada. ņPor qué no hay ferrocarriles, dos o tres, tan siquiera uno que una las tres cordilleras? ņPor qué no hay carreteras, autovías, túneles, puentes? ņPuertos, aeropuertos? Digamos que somos pobres e incapaces y dependientes y por eso no tenemos infraestructura. Digamos que la Paz no es sinónimo de riqueza, abundancia y desarrollo, ni siquiera de cultura. En tal caso EUA, el país más desarrollado, más rico y culto no tendría más de 800 bases militares regadas por todo el planeta (aquí no más hay 9), ni guerras desatadas donde se les ha dado la gana. La Paz como la guerra es un problema político; la guerra es una forma de hacer política, la Paz la política de la inclusión de todo el mundo, la Paz es democracia y participación, la Paz es justicia social, la Paz es soberanía, la Paz es diversidad, la Paz es cuando no te matan por pensar distinto y esto es lo esencial. La Paz en Colombia no se ha hecho porque al poder político, la guerra le ha resultado un magnifico negocio. Matar sindicalistas y mantener a los trabajadores en condiciones de subsistencia: desde 1986 el sindicalismo ha sufrido 12.000 violaciones a la vida, libertad e integridad; 2975 asesinatos, 8 o 9 personas al mes; 800 dirigentes asesinados, 99,84% de impunidad. El terror estatal reemplaza un salario digno, reemplaza préstamos para vivienda y educación, con la muerte el derecho a la salud es ironía y cinismo. El sindicato es una organización de trabajadores para la defensa de sus intereses laborales, nunca el sindicalismo se ha propuesto la toma del poder, derrocar un gobierno por mas ilegitimo y criminal que sea y aun así en Colombia no tienen derecho a la vida. Inglaterra reconoce el derecho a la unión sindical en 1824, y en el mundo es inherente a los Derechos Humanos fundamentales desde 1948. “Hoy los esfuerzos del Estado para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos siguen siendo insuficientes. Esto deberá cambiar si las conversaciones de la Habana llegan a feliz término”. ņY si no? Claro, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los campesinos, los hombres, las mujeres, los niĖos seguirán siendo víctimas del terror estatal. Durante la “política de Paz” de Santos han asesinado a 30 defensores de derechos humanos, 70 reclamantes de tierras, no cesa el desplazamiento forzoso, las amenazas, la intimidación, los falsos positivos. La Paz de Santos son “las eternas variaciones sobre lo mismo”; ese es el problema. El país está sobrediagnoticado, se sabe que Colombia en lo político (democracia, participación, libertades, etc.), económico (producción nacional, relaciones de producción, infraestructura, etc.) social (educación, vivienda, salud, trabajo) y cultural (acaban de proscribir una bellísima obra artística que dignifica a la mujer: “Mujeres ocultas” es la obra de María Eugenia Trujillo censurada, según el Tribunal azuzado por el Procurador, por diabólica) no termina de salir del feudalismo. Pero su clase dominante es incapaz de dar el salto al desarrollo capitalista pleno, así sea para mantenerse en el poder. Someter violentamente al país al atraso es un gran negocio, favorece a los latifundistas, terratenientes, nuevos ricos, narcoparamilitares, al sector financiero que engorda día a día lavando enormes cantidades de dinero producto del narcotráfico. Las FARC han declarado en varias oportunidades el cese el fuego unilateral, muestra inequívoca de querer parar la guerra. Han presentado 100 propuestas para reformar el campo, 100 propuestas para reformar la política, medio centenar de propuestas para salir del narcotráfico. Se ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente con la participación de todos los colombianos para acordar un nuevo pacto político donde la única desterrada sea la guerra. “Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” solía recomendar el genio de Einstein. Santos: deje de decir tonterías, aproveche los siguientes cuatro aĖos que le dieron los colombianos, muy a su pesar, para pasar a la historia como el Presidente que allanó los caminos de la reconciliación entre los colombianos y no como uno más de la mediocre lista [97].

9-10-2014, Los preacuerdos de La Habana son el fruto de la confluencia de los intereses políticos de las partes que negocian. En primer lugar, el de las élites gobernantes por controlar las fronteras y desarrollar las zonas periféricas del país y, en segundo lugar, el de las FARC por presentarse como los voceros de los campesinos que habitan en esos territorios, bajo el entendido de que ellos serán, eventualmente, sus futuros electores. Esta es, sin duda, una coincidencia afortunada que puede dar lugar no sólo a las Paz, sino también al desarrollo regional e institucional del país, a través de lo que se conoce hoy como Desarrollo con Enfoque Territorial (DET). 1. La historia de los territorios periféricos: Colombia ha vivido buena parte de su historia enquistada en las montaĖas, de espaldas a sus fronteras, incluso de espaldas al mar. Es cierto que muchos países en América Latina también han sido incapaces de integrar sus territorios periféricos, pero quizás en ninguno de ellos ese abandono ha sido tan grave y tan prolongado como en Colombia. Desde el siglo XIX la fragmentación del territorio colombiano fue propiciada por cuatro factores: a) una geografía indomable que dificultó la comunicación entre las regiones; b) la falta de vocación exportadora de las élites, lo que redujo la economía a una serie de micromercados incrustados en las montaĖas; c) la debilidad fiscal y administrativa, que ocasionó la compresión del Estado hasta su mínima expresión; y d) la ausencia casi total de guerras internacionales, lo que hizo que las élites gobernantes se olvidaran de sus fronteras y que el ejército se dedicara a reprimir desórdenes internos. {Habría que agregar un quinto que podría ser la falta de vocación por encontrar mercados para exportar productos a la vez que la falta de industrialización de los mismos que no genera demanda externa} {Gran parte de América Latina vive de espaldas al mar, aunque tenga políticas exportadoras, el mar está inexplorado desde el punto de las riquezas alimentarias, minerales y petróleo y gas que hay en sus fondos}. 2. Tres condiciones: Los Acuerdos de La Habana contemplan una larga serie de programas destinados a la integración del campo y de la periferia como parte de un proyecto de construcción de Estado-Nación. Entre esos programas se destacan los siguientes: una reforma rural integral (RRI), un sistema de información catastral (SIC), una serie de programas socioeconómicos con enfoque territorial (PDET), un programa integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) y una larga lista de medidas destinadas a promover la participación libre y segura de las comunidades en los procesos de decisión. De ese tipo de propuestas está llena la historia del país. De hecho, el problema de Colombia no es la falta de buenas ideas, sino la ausencia de las condiciones fácticas y políticas que se requieren para que tales ideas se lleven a la práctica. El éxito del proyecto depende de por lo menos tres condiciones. i) un gran consenso político en torno al sentido (disputado) del DET, lo que, a su turno, depende no sólo de que las negociaciones terminen bien, sino de que la refrendación se logre y se superen los primeros aĖos del posconflicto. ii) de la disponibilidad de recursos cuantiosos para llevar a cabo las obras, sobre todo de infraestructura, que dicho proyecto requiere. iii) se necesitan instituciones locales autónomas y capaces que ejecuten y vigilen la realización de este proyecto. Con respecto a las dos primeras condiciones hay mucha incertidumbre y el Gobierno deberá contar con una combinación de recursos, talento y buena suerte en los aĖos que vienen. La última, en cambio, requiere diseĖos institucionales sofisticados, que se pueden ir pensando desde ya, {buscando experiencias internacionales} con la ayuda de expertos internacionales. 3. Las instituciones locales: Según una investigación reciente hecha en Dejusticia (“El derecho al Estado”), en el país hay unos 229 Municipios que tienen una capacidad de institucionalidad mínima o inexistente. Esos municipios, ubicados casi todos en la periferia, representan un poco más de la mitad del territorio nacional y en él vive el 14% de la población, es decir, casi siete millones de personas. Allí la justicia es casi inoperante (el 31% de los jueces son provisionales), la administración pública no es capaz de llevar a cabo las tareas básicas que corresponden a un Estado (seguridad, protección de derechos, participación política), los índices de pobreza, desplazamiento, presencia de actores armados y de cultivos ilícitos son más elevados que en el resto del país y, como si todo esto fuera poco, los funcionarios públicos suelen estar cooptados o manipulados por los actores fuertes (legales o ilegales) que dominan en el municipio. En síntesis, estos son territorios sin Estado en donde los Municipios no tienen capacidad para imponerse frente a las fuerzas sociales y económicas existentes. El gran obstáculo que enfrentan los preacuerdos de La Habana consiste en tener que llevar a cabo un proyecto de integración nacional y de construcción del Estado sin instituciones locales consolidadas. Es posible que las dos partes de estos Acuerdos (Gobierno y FARC) estén subestimando la dificultad que entraĖa este problema. Pareciera como si las FARC confiaran en que la construcción institucional se irá logrando a partir de la participación de las comunidades. Sin embargo, experiencias anteriores, como la de la descentralización y la de los mecanismos de participación política diseĖados en la Constitución de 1991, muestran cómo el empoderamiento (proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven. {Prefiero utilizar “construcción de poder”}) de las comunidades y de la democracia participativa no funciona bien sin la existencia de instituciones locales fuertes. El Gobierno Nacional, por su parte, parece confiar demasiado en su capacidad para intervenir en las regiones a partir de las instituciones existentes. Esta confianza puede dar lugar a una dirección autoritaria del proyecto, centrada en el tema de la seguridad y desprovista de su contenido social y participativo, que es lo que, en buena parte, ha ocurrido con el Plan Nacional de Consolidación. Un proyecto de integración nacional y de construcción de instituciones locales necesita, pues, un delicado balance entre, por un lado, la participación ciudadana, el compromiso comunitario y el involucramiento de los movimientos sociales y, por el otro lado, el acompaĖamiento legal y democrático (con jueces más que con ejército) del Estado central. Por eso es necesario empezar a pensar, desde ya, en diseĖos institucionales adecuados que hagan frente a las complejas realidades que condicionan el éxito de este gran proyecto de Paz y desarrollo [98].

12-10-2014, Con mucha frecuencia los hombres olvidamos, lo que el filósofo alemán Emmanuel Kant nos recordaba en su opúsculo “La Paz Perpetua” aparecido en 1795: Que así como la guerra es una creatura de los hombres, la Paz también lo es, y que para construirla, se requiere una instancia jurídico política de condiciones mínimas que la hagan permanente hasta llegar al ideal civilizatorio de la Paz perpetua. En Colombia, nos hace falta hacer una pausa reflexiva, para aclararnos la situación en la que estamos y hacia donde nos dirigimos: 1- Lo primero que se debe tener en cuenta es que en Colombia, más que una guerra, ha existido un histórico conflicto interno social y armado sostenido por una de las formas más crueles, brutales y prolongadas de la lucha de clases que haya conocido nuestra América: El terrorismo de Estado paramilitar colombiano; llámese “chulavitas” en los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, “pájaros godos “ en los sesentas, “contraguerrillas” en los setentas, y de ahí en adelante Paramilitares (con sus nombres mutantes de “tiznados” “grillos”, “masetos”, “carranceros”, “convivir”, “autodefensas del Magdalena medio y finalmente AUC de Colombia). 2- Lo segundo, tanto más importante que lo anterior, es que esa violencia política ejercida desde el Poder y el Estado (dos conceptos idénticos en Colombia) desde su inicio estuvo y ha estado soportada sin interrupciones, económica, política, jurídica y militarmente, por el Gobierno “amigo” de EUA. 3- Lo tercero a considerar es que el concepto de Paz siempre ha estado escindido en Colombia: Mientras el Estado y la clase dominante y dirigente siempre tuvieron como única idea fija (que aún no ha abandonado del todo) de una “Paz de los vencedores” (la victoria es la paz que todavía consigna el Presidente actual de los colombianos Santos), los movimientos anti-Estado, víctimas de esta violencia política, siempre y desde su nacimiento propusieron una “Solución Política” no solo a la denominada lucha armada, sino a todo el conflicto social interno de Colombia. 4- En cuarto lugar, si se acepta la “convención periodística” de que el espectro político de los colombianos donde las diferentes clases sociales se representan, está constituido actualmente por una “extrema derecha” presentada por los medios de comunicación del régimen como con el grupo aglutinado por el ex-Presidente Uribe Vélez. Por una “derecha” identificada como los grupos aglutinados por el actual Presidente Santos. Un “centro izquierda” asociado con los grupos Verdes, Progresistas y el Polo Democrático Alternativo, y una “izquierda extrema” identificada con los diversos grupos que conforman el movimiento social actualmente en marcha. Si se acepta la anterior categorización, entonces es preciso considerar que cada uno de esos sectores mencionados tiene una concepción propia, bien diferente de la Paz que se espera para Colombia. a) La “extrema derecha” insiste en la vieja y arraigada concepción entreguista del militarismo oligárquico del exterminio comunista y la Paz de los vencedores, para seguir, como dijo Pastrana padre en 1970, como vamos, que como vamos, vamos bien (sic). Por esta razón considera innecesarios los diálogos de La Habana y se opone con todos los fierros a estos. b) La “derecha gobiernista” no es que se separe mucho de la anterior concepción: Desea seguir “como vamos”, es decir profundizando el neoliberalismo militarista, autoritario y depredador del medio ambiente, y de las condiciones de vida de todo el pueblo trabajador, pero como ha percibido que como vamos, no vamos tan bien como en la era dorada “pastranista” del 70 cuando se firmó el pacto terrateniente de Chicoral, Tolima; ha iniciado un proceso de diálogo con la insurgencia colombiana anti-Estado y según lo han dicho, es solamente para finalizar el conflicto interno y que, las guerrillas puedan seguir defendiendo sus “tesis” sin armas. Para esto está pactando una serie de adecuaciones mínimas (que han debido haberse hecho hace 100 aĖos en un país moderno de la civilización occidental y cristiana) y, ha concretado su visión para el futuro en la argamasa gobiernista-empresarial-mediática del “Soy ca-paz”, donde se ha confundido adrede y para fines mediáticos la Paz, con la finalización del conflicto interno. c) El “centro izquierda”, debate sus concepciones entre las ideas de la “cooptación” de los dos Garzones y los ex M-19, con las del “co-gobierno” de progresistas y representantes electorales de la “revolucionaria burguesía nacional colombiana”. d) Restan los sectores de la movilización social y popular, identificados como “izquierda extrema” por la inteligencia militar, la que tan eficientemente maneja el Ministro de Defensa Pinzón, quienes creen firmemente en una “Solución Política” tanto de la guerra contrainsurgente, como de todo el histórico conflicto interno que desde hace más de 60 aĖos desangra a Colombia; la que demanda la construcción de un instancia jurídico política de reformas esenciales sobre las causas estructurales y objetivas del conflicto y de condiciones mínimas que hagan la Paz permanente soĖada por Kant hace 219 aĖos. Esta Paz se condensa en la consigna cada vez más popular y cercana a la realidad; de luchar hasta conseguir una Paz verdadera con Justicia social, Democracia avanzada y Soberanía…. Lo demás es la inercia vacía y sin consecuencias, de la histeria periodística nuestra de cada día [99].

20-10-2014, Nunca el santanderismo oligárquico dominante desde hace 200 aĖos, se había mostrado más florido que con motivo de la definición jurídica de víctima del conflicto interno colombiano. La maraĖa legislativa se inicia en el Gobierno de Uribe Vélez con la expedición de la tan conocida “Ley de Justicia y Paz”, técnicamente Ley 975 del 2005, donde en su artículo 5ľ dice así: ( …) “Artículo 5o. DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. Para los efectos de la presente Ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daĖos directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daĖos deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la Ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compaĖero o compaĖera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley. Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley. Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compaĖero o compaĖera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la Ley” (…). Pero vinieron las críticas tanto nacionales como internacionales y sobre todo, 6 meses después de esta leguleyada colombiana, se aprobó por unanimidad en la Asamblea General de la ONU, la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, titulada “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, donde se cita toda la legislación internacional existente hasta la fecha relacionada y, donde se condensa de manera sencilla y ejemplar toda la legislación “global” actual. Debieron pasar 6 aĖos de promulgada la resolución de la ONU y de intensas críticas, cuando los fetichistas de la Ley, debieron maquillar el original y produjeron la también conocida “Ley de víctimas y restitución de tierras”, técnicamente Ley 1448 del 2011, que dice así: (…) Artículo 3o. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta Ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daĖo por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compaĖero o compaĖera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daĖo al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Parágrafo 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición seĖaladas en la presente Ley. Parágrafo 2o. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niĖos, niĖas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la Ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente Ley, el o la cónyuge, compaĖero o compaĖera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley serán considerados como víctimas directas por el daĖo sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daĖo sufrido por los miembros de dichos grupos. Parágrafo 3o. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daĖo en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Parágrafo 4o. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente Ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. Parágrafo 5o. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daĖo al que se refiere como hecho victimizante “la presente Ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la Ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente Ley” (…). Réplicas van y vienen, demandas y contrademandas, en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado y en las innumerable s instancias jurídicas “aforadas” existentes en Colombia, a lo que se sumaron las continuas críticas de las distintas organizaciones humanitarias internacionales y nacionales. Y además, se dio el hecho político del inicio de las conversaciones de paz entre el Estado y las FARC el 18 de Octubre del 2012; cuando tres 3 meses después y a las volandas, los “honorables legisladores” colombianos, nuevamente bajo la mirada de avaricia y mezquindad del dibujo de F.P. Santander que adorna el también honorable Congreso de la República, produjeron una nueva modificación y promulgaron el 3 de diciembre de 2012, la Ley vigente llamada “reforma de Justicia y Paz”, técnicamente Ley 1592 del 3 diciembre de 2012, que define definitivamente a las víctimas ante la Ley de Leyes colombiana así: (…) “Artículo 2. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, el cual quedara así: Artículo”5°. Definición de Victima. Para los efectos de la presente Ley se entiende por victima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daĖos directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial  (visual y/o auditiva), sufrimiento  emocional, perdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daĖos deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos armadas organizados al margen de la Ley. También se tendrá por victima al cónyuge, compaĖero o compaĖera permanente, y familiar en primer grade de consanguinidad, primero civil de la victima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de Ia conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. Igualmente, se consideraran como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido” lesiones transitorias o permanentes que ocasionen” algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de alguna miembro de los grupos armadas organizados al margen de la Ley. Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compaĖero o compaĖera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la Fuerza Pública que hayan perdido la vida en desarrollo de aetas del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armadas organizados al margen de la Ley. También serán victimas los demás familiares que hubieren sufrido un daĖo como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la Ley penal cometida por miembros de grupos armadas organizados al margen de la Ley (…). ņQuién que haya sufrido un daĖo producido, no por “unas cuantas manzanas podridas del canasto” como lo han dicho los sucesivos ministros de defensa del régimen desde hace 70 aĖos, sino por uno de los miles de “agentes” militares directos del Estado, o por uno de sus miles de Paramilitares; puede aceptar esta tortuosa definición? ņQuién que conozca o haya leído la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005 va a aceptar este galimatías jurídico producido por santanderismo oligárquico dominante en Colombia desde hace 200 aĖos? ņA quién se le ocurre siquiera pensar, que estas leyes son “mecanismos de justicia transicional en Colombia” como lo promueve el gobierno de Santos? Al contrario: ņquién no se da cuenta inmediatamente de que en Colombia lo que los dominantes llaman “Justicia Transicional” no tiene nada de transición a ninguna parte, y si en cambio, configura una “justicia de emergencia” y de “tribunales de aforados” para tratar de salvar el régimen que se debate en una crisis de legalidad sin precedentes? Esto es lo que debemos seriamente analizar, discutir, debatir y concluir en los foros y Asambleas Constituyentes sobre víctimas del Estado colombiano y sus narco- paramilitares, que se van a realizar próximamente en diferentes lugares del mundo [100].

30-10-2014, Tras la aprobación del proyecto sobre el fuero militar presentado por el Gobierno en Senado, se escucharon duras críticas de varios partidos, incluidos los “santistas”. El Senador de La U, Armando Benedetti Villaneda, dijo que “el proyecto tiene vicios graves de impunidad frente a los falsos positivos. Muchos de esos procesos de falsos positivos mientras se determina si son de justicia ordinaria o de justicia penal militar van a prescribir”. Lo que se ha aprobado y justificado es “la impunidad. No está claro que es un falso positivo ni una ejecución extrajudicial, hay sentencias internacionales que dicen que este tipo de delitos no pueden pasar a la justicia penal militar y eso no se tuvo en cuenta y mientras esto se reglamenta y se pone en marcha van a prescribir muchos de esos procesos”. La Senadora de la Alianza Verde, Claudia López Hernández, dijo que “es evidente que el propósito es impunidad para pasar de la justicia ordinaria a la justicia penal militar los más de 3.400 casos de falsos positivos. Ni siquiera, una cosa tan elemental, se permitió aclarar los tipos penales a los que sí aplica o no este proyecto. Ha dicho el Gobierno que este proyecto ha sido asesorado por ex-Presidentes de la Corte Constitucional y de verdad qué vergüenza que altos magistrados ni siquiera le digan al Gobierno qué tipos penales sí existen y qué tipos penales no existen. Las ejecuciones extrajudiciales no existen en el ordenamiento jurídico colombiano porque en realidad existe es el homicidio agravado y en persona protegida… si se hubiera hecho al menos esa claridad sabríamos si van a pasar o no a la justicia ordinaria”. La Senadora del Partido Liberal, Viviane Morales Hoyos, dijo que la reforma al fuero militar “no le hace bien a la democracia y al Estado de Derecho de Colombia porque contiene una serie de vaguedades, que serían muy peligrosas de quedar consagradas en el ordenamiento jurídico”. Este proyecto al extender el Fuero Militar, está yendo en sentido opuesto a los avances jurídicos de Colombia de los últimos 20 aĖos, porque “se está disminuyendo la obligación del Estado Colombiano de investigar y juzgar la violación de los Derechos Humanos por parte de autoridades independientes e imparciales”. Lo peor de la iniciativa es que la única excepción que se hace para que opere la justicia ordinaria es la de los delitos de lesa humanidad, entendido entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones la violencia sexual. Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por iniciativas de ampliación al fuero militar. “Si bien el Estado colombiano ha impulsado varias reformas legales que contribuyen al respeto y la promoción de los derechos humanos, durante los últimos dos aĖos se han presentado al menos siete propuestas legislativas que pretenden ampliar el alcance constitucional del fuero penal militar y policial. Ello va en dirección opuesta al espíritu y el contenido de los derechos a las garantías y a la protección judicial efectiva consagrados en los principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales sobre la materia”. Las actuales iniciativas en materia de fuero militar recogen los principales problemas de las iniciativas que fueron aprobadas y declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Favorecen la impunidad para los miembros de la fuerza pública involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, ponen en riesgo los derechos de las víctimas y faltan a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en dicha materia. “Los proyectos de actos legislativos amplían la competencia de la justicia penal militar en dos aspectos: en primer lugar, invierten la regla general de competencia en razón de la materia al otorgarle la facultad no sólo para investigar delitos que atentan contra bienes jurídicos militares, sino todos aquellos que no estén expresamente excluidos, que son, por regla general, de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. En segundo lugar, le otorgan competencia para conocer de las infracciones al derecho internacional humanitario”. La oficina en Colombia de Naciones Unidas manifiesta su preocupación porque los proyectos en curso consideran actos del servicio, conductas que pueden resultar delictuales, permitiendo que sean conocidas y juzgadas por la justicia castrense, y seĖala que el hecho de que la justicia penal militar conozca de violaciones al derecho internacional humanitario viola las normas internacionales. Del mismo modo afirma que investigaciones por ejecuciones extrajudiciales o casos de violencia sexual terminarán en manos de jueces militares [101].

15-11-2014, Durante un foro en la Universidad del Rosario sobre el proceso de Paz, Humberto de la Calle, Jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, puso sobre la mesa una idea que suscitó preocupación: la necesidad de redefinir el delito político. “Debemos discutir la línea jurisprudencial del delito político, que es una realidad hoy en el conflicto colombiano (...) se presentó un vaciamiento de la conexidad del delito político que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar. Es válido decir que se debería acabar, pero no es el caso de Colombia. Aquí todavía es necesario”. En la Constitución de 1991, el término “delito político” aparece en el Artículo 35, al mencionar que “la extradición no procederá para delitos políticos”; en el 150, donde se dice que el Congreso puede “conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías e indultos por delitos políticos”, y en el 179, donde se deja expreso que no podrán ser congresistas “quienes hayan sido privados de la libertad (...) excepto por delitos políticos”.  Como en un proceso de Paz estamos, las palabras de De la Calle irremediablemente han llevado a que defensores y críticos de las negociaciones con las FARC en Cuba comiencen a tejer tesis en torno a la posibilidad de que el narcotráfico y el secuestro sean considerados conexos al delito político. “Lo que se busca es premiar a los cabecillas de las FARC e incluir en la justicia transicional los crímenes de lesa humanidad, de guerra y narcotráfico. Modificar el alcance del delito político y conexos, como propone el Gobierno, es otro paso a la impunidad”, dijo, por ejemplo, el senador Ernesto Macías, del “uribista” Centro Democrático. El ex-Magistrado de la Corte Constitucional Sergio Araújo habla de dos teorías en torno a los delitos políticos: i. una que plantea que son los cometidos contra el régimen constitucional del Estado, como rebelión, sedición y asonada, y otra, ii. en un espectro más amplio, que implica la conexidad y que en el caso de las FARC, siendo su objetivo tomarse el poder por las armas, tiene que ver con cometer otros delitos, como por ejemplo el tráfico de armas o montar emisoras clandestinas para hacer propaganda subversiva. Advierte Araújo, el tema del narcotráfico es mucho más complejo: “Es un delito transnacional. Colombia puede hacer lo que se le dé la gana, pero si Estados Unidos o cualquier otro país no está de acuerdo, puede pedir la extradición o capturar a cualquier miembro de las FARC porque para ellos ese no es un delito político. La Convención de Viena y los acuerdos internacionales están por encima de cualquier norma que se establezca en los países, y además genera sanciones. En cambio el secuestro siendo un delito grave, podría ser visto como conexo, en el entendido de que “en otros países se hace casi a diario el intercambio de combatientes”. Para el Senador Jimmy Chamorro, uno de los promotores de la implementación del Estatuto de Roma en el país, si bien puede ser necesaria esa redefinición del delito político -al que se le podría colgar, dado el caso, el porte ilegal de armas-, es claro que es imposible que el narcotráfico y el secuestro sean conexos, pues Colombia acoge convenciones internacionales que no lo permiten y que incluso van más allá de la extradición. “La Convención contra el Trafico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en sus artículos 6ľ y 9ľ, dice claramente que el narcotráfico no podrá ser, bajo ninguna circunstancia, delito político o conexo. Y nosotros estamos obligados a cumplirlo, salvo que se denuncie dicha convención”, explicó. En cuanto al secuestro, según Chamorro, el mismo Estatuto de Roma no lo permite, y si el país llegase a considerar esa opción, “en ese momento estaría renunciando a su jurisdicción penal y estaría activando inmediatamente la justicia de la Corte Penal Internacional”. José Gregorio Hernández, ex-Magistrado de la Corte Constitucional, considera que las FARC han incurrido en crímenes de lesa humanidad y la Paz no se puede lograr sobre la base de perdonarlas, amnistiarlas o pasar por alto dichos crímenes, pues “una cosa es el delito político, otra el delito común y otra los crímenes de lesa humanidad”. Aun así, cree que el narcotráfico -si se puede demostrar que en efecto hay una relación probada, establecida y clara como medio de financiación para incurrir en el delito de rebelión- podría ser visto como conexo. Es claro que la conexidad del delito político puede ser definida por un país soberanamente. ņCuáles son los límites en el marco internacional? Gustavo Salazar Arbeláez, profesor de la Universidad Javeriana, piensa que es conveniente definirlo en relación con la realidad del conflicto: “Con el narcotráfico y el secuestro, los parámetros tienen que ser del ámbito internacional. Y a la Corte Penal Internacional no le interesa, en principio, lo del narcotráfico. No hay una restricción en el mundo que impida que sea considerado delito político, eso es más una discusión política que jurídica”. Salazar cree que Estados Unidos estaría dispuesto a avalar esa postura, aunque el tema es muy complejo. “Lo de las FARC, en sus estadios iniciales, implicó la siembra, producción o cobro de impuestos o extorsiones a pequeĖos productores. Pero otra cosa es cuando se trata de sacar la droga hacia el exterior. En lo primero no habría problema, pero la discusión se vuelve complicada con lo segundo. Aun así, la mayor parte de las veces la exportación de la droga no la hacen las FARC, aunque se ha hablado de algunos frentes involucrados, pero no creo que eso se pueda generalizar a toda la comandancia”. En cuanto al secuestro, el académico explica que es un delito que no existe en el ámbito internacional, donde se habla realmente de la toma de rehenes en el marco de un conflicto armado. “La limitación es que podría declararse conexo de manera excepcional, en la medida en que no constituya delito con el carácter de sistematicidad”. Es claro que el meollo del asunto pasa por encontrar una armonía entre las necesidades de justicia y la Paz. Ya el mismo Humberto De la Calle planteó que los tribunales internacionales flexibilicen sus estándares para permitir que el conflicto colombiano encuentre un final. “Cumpliremos los compromisos para el tratamiento de los crímenes internacionales, pero esperamos que se entiendan las particularidades de lo que estamos haciendo los colombianos”. Falta ver hasta dónde el mundo está dispuesto a flexibilizar y hasta redefinir sus posturas por la Paz de Colombia [102].

16-11-2014, En los foros internacionales se suelen mencionar los casos de Ruanda y Sudáfrica como ejemplos emblemáticos de Justicia Transicional. Sin embargo, sudafricanos y ruandeses critican las experiencias. La Justicia Transicional forma parte del paquete del posconflicto. Trata de conseguir el equilibrio entre la justicia y la Paz. Antes de los aĖos noventa, las víctimas no aparecían en la ecuación del fin de las guerras como sujetos con derechos. Hoy existe todo un sistema de justicia penal internacional que se opone a la impunidad; pero en rigor, todo proceso de Paz implica una cuota de impunidad y su tamaĖo depende de lo que la sociedad decida. En Sudáfrica, en 1948 se estableció institucionalmente una política racial que venía de tiempo atrás. Había playas y transporte público solo para blancos, para citar solo un ejemplo. Eso generó actos de violencia por parte del Congreso Nacional Africano (CNA de Nelson Mandela) contra el régimen del apartheid, caracterizado por un alto nivel de represión contra las comunidades negras. Mandela lideró un proceso de Paz que le permitió finalmente llegar al poder por la vía democrática. En el poder, había que enfrentar el problema del pasado lleno de violaciones a los derechos humanos. Para eso se creó la Comisión de la Verdad y un sistema popular de confesión de crímenes. Pero ese proceso debió pagar un peaje en amnistías e indultos para ser aceptado. Cuando una de las víctimas aceptaba este sistema judicial, renunciaba al camino de la justicia penal y a pedir más reparaciones. Miles de casos llegaron a ese mecanismo de audiencias públicas, tratando de encontrar la verdad y algún tipo de reparación. Hubo sesiones en 65 lugares, entre 1996 y 1997, examinando los crímenes entre 1960 y 1994. La gente contó su verdad y propuso mecanismos de reparación. Casi todas las recomendaciones sobre rehabilitación y reparación, propuestas por la Comisión de la Verdad, fueron ignoradas. De hecho, hubo en el 2005 un único pago igual para todas las víctimas de 5.000 dólares, como forma única y definitiva de reparación; medida criticada porque no diferenciaba el grado de pérdida y, además, porque en las listas no estaba el 100% de las víctimas. El descontento de las víctimas es muy alto. Hubo una alta expectativa en la reparación económica y la verdad que emergió no convenció. La Agenda de reformas económicas y sociales nunca se dio. Hoy, la esperanza de vida al nacer ha disminuido de 61 a 52 aĖos (en el período 1994-2010); 20% de la población vive con VIH-sida; la violencia deja un promedio de 50.000 muertos al aĖo y es uno de los países con mayor índice de desigualdad en el mundo. En el caso de Ruanda, fruto de la invención de diferencias raciales entre comunidades (los hutus y los tutsi), más problemas estructurales como la tenencia de la tierra, generaron la violencia genocida de los hutus que dejó en 100 días, de 1994, al menos 800.000 muertos: 8.000 muertos al día. Los guerrilleros del Frente Patriótico Ruandés, que expulsó a los genocidas fuera del país, tomaron el poder y encarcelaron a más de 120.000 personas acusadas de genocidio, pero la destrucción del país también involucró al sistema judicial ruandés: no había cadena de custodia posible para las pruebas, ni tribunales eficientes; con lo cual finalmente el nuevo gobierno abrió las cárceles del país. La comunidad internacional decidió establecer un Tribunal Internacional para examinar los crímenes en el marco del genocidio. Pero el Tribunal era engorroso, costoso e ineficaz: gastó 2.000 millones de dólares para juzgar tan solo 62 casos. En el 2000, el Gobierno decidió activar un mecanismo local que fuera subsidiario al Tribunal Internacional, conocido como las Gacaca, que funcionaron entre 2002 y 2012 y conocieron de cientos de miles de casos, reuniéndose semanalmente. El problema es que el país no tenía una capacidad jurídica para responder a las necesidad de justicia y esto llevó a “formar” jueces 250 jueces con una breve capacitación de tan solo seis días. Las Gacaca solo costaron 40 millones de dólares y trataron de luchar contra el olvido y contra el revanchismo. Como positivo está la función como espacio de reunir víctimas y victimarios, además del valor simbólico de estos espacios. Pero la lista de errores parece más larga: falsos testigos, falta de debido proceso, y la priorización de la reconciliación sobre los deseos de justicia. Además, algunos victimarios se presentaban como víctimas de las circunstancias, y se estableció un marco de impunidad que fue llamado un “muro de silencio”. Ruanda optó finalmente por un Tribunal local que respondiera lo que no pudo el Tribunal Internacional que, paradójicamente, buscaba responder por la casi inexistencia de un sistema nacional de justicia. Cinco enseĖanzas: La tensión estuvo entre lo ideal y lo posible, en el plano institucional. i. La acción de la comunidad internacional quedó aún más en entredicho tanto por su pasado (apoyar por aĖos el régimen del apartheid en Sudáfrica, así como por no evitar el genocidio en Ruanda) como en su modelo de justicia transicional: el Tribunal de Ruanda fue costoso y lento, con muy pobres resultados. ii. La verdad no sólo libera, la verdad también destroza, especialmente cuando las confesiones no se ven acompaĖadas de mecanismos de reparación. Revivir el dolor sin las ayudas del caso es frustrante, como se vio en los dos casos. iii. Lo jurídico no ofrece todas las respuestas, no puede. Hay elementos de convivencia y del comportamiento humano que buscan respuestas más allá de las normas, pero eso no quiere decir que el andamiaje jurídico no cuente. Cuenta y más aún cuando falla, como fue el caso de las ignoradas recomendaciones de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica. iv. La cultura de la venganza contaminó parcialmente el proceso ruandés, porque algunas víctimas no buscaban justicia en términos legales sino castigo ejemplar, desconociendo las tareas hacia la reconciliación. En el caso de Sudáfrica decía Desmond Tutu: “nos educamos creyendo estrictamente en la justicia como desquite”. A veces la voluntad de perdonar de las víctimas (incluso de perdonar lo imperdonable), no encuentra la voluntad de los victimarios de confesar sus crímenes y de pedir perdón. Es perverso recargar el éxito o el fracaso del proceso de verdad, justicia y reparación en el lado de las víctimas, pidiéndoles que cedan cada vez más, mientras los victimarios se niegan a hablar. v. Un proceso de Paz exitoso pasa por modelos imaginativos de Justicia Transicional, más hoy en día cuando la Corte Penal Internacional (que no existía cuando los procesos de Paz de Centroamérica) recuerda con su presencia que una Paz con total impunidad tampoco es posible [103].

16-11-2014, Juan Manuel Santos, Jefe del Gobierno colombiano, ha tomado la decisión de suspender los diálogos de Paz que lleva a cabo el Estado con las FARC en la Habana desde hace tres aĖos. El pretexto ha sido un incidente asociado con la retención de un Gral. del Ejército por un núcleo de la guerrilla que tiene presencia en el río Atrato, cerca al Océano Pacífico. El oficial, experto en estrategias contrainsurgentes y con formación en fuerzas especiales de la marina norteamericana, se desplazaba vestido de civil en compaĖía de tres subalternos por un área de influencia de la resistencia campesina guerrillera. El desenlace es la consecuencia de no aceptar un cese al fuego bilateral por parte del Gobierno, que ha sido solicitado de manera reiterada por la delegación de plenipotenciarios de las FARC. Hay que sumar otros factores de orden político y económico que gravitan en las conversaciones para la superación del prolongado conflicto social y armado con casi 60 aĖos de duración. La decisión de dialogar con las guerrillas, incluyó la prolongación de las hostilidades militares con asesinatos de integrantes de líderes las FARC, masacres de milicianos, “falsos positivos” ejecutados por el  ejército, asaltos aéreos a campamentos guerrilleros, desplazamientos de población campesina y operación de Bandas Criminales (BACRIM) como nueva marca de los grupos paramilitares organizadas por  batallones y brigadas militares. Las FARC no se han cruzado de brazos, y sus acciones defensivas son la respuesta al ataque de los dispositivos bélicos del Gobierno. Aun así, la guerrilla ha declarado varias treguas unilaterales (2012-2013) con resultados muy positivos que expertos independientes han reconocido. Incluso se han planteado medidas humanitarias parciales que han sido descartadas por las esferas del “santismo”, pues el Jefe de la Casa de NariĖo hace cálculos oportunistas para sacar ventajas militares. Piensa y calcula que mantener la guerra le permitirá debilitar y arrodillar al contradictor. Es parte de su cinismo y vacío ético, características de un politiquero que tercamente pretende sostener la supervivencia de un Estado y un orden político hundido en la podredumbre. Durante los casi 36 meses de conversaciones se han presentado muchos eventos propios de la guerra. Sin embargo, recientes sucesos como la muerte de dos indígenas en Toribio, Cauca, en una reyerta plagada de sectarismo e intolerancia, y la retención, por las FARC, de dos soldados en combates registrados en el departamento de Arauca, han sido manipulados por el Gobierno a través de sus redes mediáticas para sacar ventajas políticas en la Mesa de La Habana. Jugado por una “Paz express”, Santos diseĖo un escenario de asedio a la Mesa de conversaciones, para presionar una firma de pactos que evadan aspectos sustanciales -Punto 3 de la Agenda y refrendación de lo consensuado- del Acuerdo especial que dio inicio a los diálogos en curso. Un foro en una universidad conservadora bogotana fue el lugar escogido por los delegados plenipotenciarios del oficialismo para plantear sus absurdos desafíos, desconociendo lo actuado y construido hasta la fecha. El acelere del Jefe de la Casa de NariĖo, quien completa 100 días de Gobierno, no es casual. Es resultado del deterioro de su imagen que cae en picada como ocurrió en el segundo semestre del aĖo 2013, cuando fue acorralado por un potente movimiento social agrario y minero. En el desplome político de Santos hay varios aspectos que se deben considerar. Primero, está el desconocimiento del apoyo que recibió de la Izquierda democrática y su candidata Clara López, en la segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales, que permitió la derrota del candidato del ultraderechista Centro Democrático “uribista”. El respaldo de la izquierda fue al proceso de Paz y esa decisión se desconoció en la conformación del nuevo gabinete ministerial, empujando el paso de dicha tendencia a posturas de oposición radical. Santos dio continuidad a un esquema gubernamental asociado con el clientelismo, la corrupción y el neoliberalismo. Adicionalmente esta la omisión de los Acuerdos con las organizaciones agrarias para levantar los paros realizados durante el 2013. Los Ministros y demás funcionarios han acudido a múltiples argucias y tretas para no atender los derechos campesinos y simultáneamente promover leyes que entregan los baldíos nacionales a grandes terratenientes. Segundo, han surgido fuertes síntomas de una crisis económica y fiscal con graves efectos en los planes del Gobierno. La caída internacional de los precios del petróleo, la disminución de la producción diaria de barriles de hidrocarburos, los pobres resultados en la Ronda petrolera del 2014 y el declive de los precios de las materias primas en el mercado internacional, ya se dejan sentir con mucha potencia en los ingresos fiscales del Gobierno y en la ampliación del déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial. Los ingresos presupuestales de origen petrolero van a caer de 24 billones a 14 billones, obligando ajustes en el Marco fiscal de mediano plazo y el faltante en la cuenta corriente ya supera los 8 mil millones de dólares. No hay plata para financiar los posibles Acuerdos de Paz. Tercero, el crónico sabotaje a la Paz que lleva a cabo el grupo ultraderechista que encabeza Uribe Vélez mediante la descarada manipulación política de caracterizados generales y oficiales comprometidos en crímenes y arbitrariedades como los “falsos positivos”. El bloqueo fascista a la Paz tiene en el Ministro de Defensa su más prominente aliado. Pinzón ha sido un francotirador permanente de la Mesa de La Habana, coincidiendo  con las campaĖas y la guerra sucia del “uribismo” para descreditar las conversaciones de Paz y sus avances en materia agraria, democrática y de cultivos de usos ilícito. Cuarto, los resultados de la gestión “santista” son bastante mediocres. La justicia está colapsada; el extractivismo se ha favorecido con licencias ambientales express y bloqueos a la consulta previa de comunidades étnicas; en la educación impera el más vulgar mercantilismo como se ha conocido con el descalabro de la Universidad San Martin; la salud sigue en el encuadre neoliberal; la impunidad reina en el juzgamiento de los “falsos positivos”; la casta política tramita una reforma dizque de equilibrio de poderes cuyo principal objetivo es ampliar los privilegios presupuestales y burocráticos de gamonales y caciques regionales; y en Bogotá, el alcalde Petro, ficha del régimen “santista”, se encuentra inmerso en la corrupción que protagonizan los miembros de su familia cercana, con graves consecuencias en el sistema de transporte masivo y el bienestar de millones de ciudadanos. Quinto, el país ya ingresó al proceso que prepara la elección de autoridades locales -Alcaldes y Gobernadores-, lo que debe ocurrir en los primeros días de octubre del 2015; la elite dominante quiere marginar a la izquierda democrática y al movimiento social de dicho escenario popular para así quedarse con todos los Municipios y Departamentos. Es muy probable que tales comicios sean utilizados para el reencuentro de las dos facciones derechistas -santistas y uribistas- hegemónicas en el sistema político. Para esos efectos el paso correspondiente era suspender los diálogos de La Habana, como ya ha ocurrido [104].

2-1-2014, El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que Washington no responde si la CIA apoyó un ataque militar de Colombia contra las FARC en territorio ecuatoriano, tema por el cual el Embajador estadounidense fue convocado a la cancillería en Quito. “Tengo entendido que no, y en una contestación inmediata del Embajador (Adan Namm) fue que Estados Unidos no da declaraciones sobre cuestiones de inteligencia, que las debiera dar. Pero aquí no fueron cuestiones de inteligencia, fue un ataque a un país soberano, que es otra cosa totalmente distinta. Seguiremos esperando y tomaremos las medidas del caso en el momento oportuno. El país fue bombardeado de forma absolutamente injusta por un campamento guerrillero infiltrado en nuestro territorio”, seĖaló el gobernante, anotando que “ese bombardeo ha sido con apoyo de la CIA. Seguiremos esperando las respuestas y reaccionaremos en el momento oportuno. Creemos que aquí hay un afán de daĖar las relaciones con Estados Unidos, daĖar las relaciones con Colombia y, sobre todo, boicotear el proceso de paz de Colombia, que para mí es la noticia más importante de la última década en América Latina. Para mí es un intento de la extrema derecha colombiana y extrema derecha estadounidense internacional para boicotear el proceso de paz en Colombia. La extrema derecha colombiana no quiere la paz, quiere la guerra” [105].

 

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA

 

 




Foto AutorEsta página fue hecha por  Luis DALLANEGRA PEDRAZA

* Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET) 1988-2013.


e-Mail: luisdallanegra@gmail.com

© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, "ņPax o Paz en América Latina?: Conflicto en Colombia",  Diciembre del 2014.
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Conflicto en Colombia  Left  A Colombia Left


[1] Estados Unidos debe duplicar ayuda a Colombia en postconflicto: Así lo indica un informe de la Oficina de Washington para Latinoamérica, en Diario el Espectador, Bogotá, 15-4-2014, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/eeuu-debe-duplicar-ayuda-colombia-postconflicto-articulo-487016. También, Informe de WOLA sobre el papel de Estados Unidos en el posconflicto, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-4-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/los-desafios-tras-firma-de-un-acuerdo-de-paz-colombia-articulo-486942.

[2] Santos dio parte a colombianos en EspaĖa sobre recientes operaciones de las FF.MM., en Diario El Espectador, Bogotá, 22-1-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-dio-parte-colombianos-espana-sobre-recientes-ope-articulo-470287.

[3] Santos dice que no se va a cambiar modelo de Estado en negociaciones con FARC, en Diario El Espectador, Bogotá, 23-2-2014, http://www.elespectador.com/noticias/proceso-de-paz/santos-dice-no-se-va-cambiar-modelo-de-estado-negociaci-articulo-476794.

[4] Duque Giraldo, Horacio, Colombia: El Consejo nacional para la paz, en Kaosenlared.net, 27-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/84124-colombia-el-consejo-nacional-para-la-paz.html.

[5] En Colombia, por ley, no se puede despejar ni un centímetro del territorio: Vargas Lleras, en Diario El Espectador, Bogotá, 21-4-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/colombia-ley-no-se-puede-despejar-ni-un-centimetro-del-articulo-488018.

[6] Entrega de armas es requisito esencial para firma de acuerdo de paz: Vargas Lleras, Diario El Espectador, Bogotá, 22-4-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/entrega-de-armas-requisito-esencial-firma-de-acuerdo-de-articulo-488060.

[7] Santos anuncia restitución de primas de ayuda a militares, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/santos-anuncia-restitucion-de-primas-de-ayuda-militares-articulo-492030.

[8] Declaración de Humberto de la Calle, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/proceso-de-paz/declaracion-de-humberto-de-calle-articulo-492893.

[9] Este acuerdo impulsa el proceso de paz: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 16-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/proceso-de-paz/acuerdo-impulsa-el-proceso-de-paz-santos-articulo-492865.

[10] “Avalar participación en política de las FARC es enviar un mensaje de impunidad”: Procurador, en Diario El Espectador, Bogotá, 26-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/avalar-participacion-politica-de-farc-enviar-un-mensaje-articulo-494761.

[11] Condenados por crímenes de lesa humanidad podrán participar en política: Fiscal, en Diario El Espectador, Bogotá, 27-5-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-crimenes-de-lesa-humanidad-podran-participar-articulo-494773.

[12] Fiscal propone justicia transicional para los militares luego de proceso de paz, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscal-propone-justicia-transicional-los-militares-lueg-articulo-496483.

[13] Gobierno nacional y el ELN inician proceso de paz, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 11-6-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/eln-ejercito-nacional-de-liberacion-nacional/126-archivo-eln/7078-video-gobierno-nacional-y-el-eln-inician-proceso-de-paz. También, Sin cese al fuego arranca proceso de paz con ELN, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/sin-cese-al-fuego-arranca-proceso-de-paz-eln-articulo-497482. Igualmente, “El punto fundamental en el proceso con el ELN son las víctimas”, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-punto-fundamental-el-proceso-el-eln-son-victimas-articulo-497668.

[14] El modelo según Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-modelo-segun-santos-articulo-501279.

[15] Santos exhorta a los militares a no bajar la guardia ante las FARC y el ELN, en Diario El Espectador, Bogotá, 5-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-exhorta-los-militares-no-bajar-guardia-farc-y-el-articulo-502584.

[16] Acuerdo entre el Gobierno y FARC para su participación en la mesa de negociaciones, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/victimas-llegaran-habana-articulo-505074.

[17] Santos descarta juicio contra todos los guerrilleros de FARC: Dice que eso “tomaría cien aĖos”, en Diario El Espectador, Bogotá, 7-8-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-descarta-juicio-contra-todos-los-guerrilleros-de-articulo-509225.

[18] Santos asegura que la guerrilla no entregará las armas al ejército, en Diario el Espectador, Bogotá, 5-9-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-asegura-guerrilla-no-entregara-armas-al-ejercito-articulo-514983.

[19] Aprueban reforma de Equilibrio de Poderes, en Diario el Espectador, Bogotá, 25-9-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/aprueban-reforma-de-equilibrio-de-poderes-articulo-518954. También, Reforma de equilibrio de poderes, en Diario el Espectador, Bogotá, 25-9-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/magistrados-ahora-tendran-quien-los-juzgue-articulo-518928.

[20] Es imposible una Paz en Colombia con “perdón y olvido”: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/imposible-una-paz-colombia-perdon-y-olvido-santos-articulo-530349. También, Santos dice que beneficios jurídicos de FARC serán también para militares, en Diario El Espectador, Bogotá, 28-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/santos-dice-beneficios-juridicos-de-FARC-seran-tambien-articulo-530378.

[21] Colombia: Gobierno no cesa hostilidades pese a anuncio de FARC, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 18-12-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/8884-colombia-gobierno-no-cesa-hostilidades-pese-a-anuncio-de-farc.

[22] Hoy se habla de Paz en Colombia porque cuenta con el mejor Ejército: Santos, en Diario El Espectador, Bogotá 22-12-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/hoy-se-habla-de-paz-colombia-porque-cuenta-el-mejor-eje-articulo-534613.

[23] 'Los UrabeĖos' y 'La Oficina de Envigado' buscan diálogos de paz con el Gobierno, en Diario El Espectador, Bogotá, 14-4-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-urabenos-y-oficina-de-envigado-buscan-dialogos-de-p-articulo-486784.

[24] Las FARC presentan un nuevo Programa nacional de sustitución de usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana Escrito por FARC-EP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 14-1-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/farc-ep/5554-enero-14-frente-antonio-narino-programa-nacional-de-sustitucion-de-usos-ilicitos-de-los-cultivos-de-hoja-de-coca-amapola-o-marihuana.

[25] “Solución al problema de las drogas ilícitas”, elaborado por la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 22-1-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/5648-enero-22-las-farc-publican-en-exclusiva-para-anncol-un-extenso-documento-sobre-el-tema-del-narcotrafico-y-la-paz. También, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/5660-enero-23-2a-reflexion-del-tema-del-narcotrafico-la-denominada-guerra-global-a-las-drogas-ha-fracasado. Igualmente, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/5703-enero-26-3-reflexion-de-las-farc-ep-sobre-la-solucion-al-problema-de-las-drogas-ilicitas. Asimismo, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/5720-4-reflexion-el-caracter-contrainsurgente-de-la-politica-contra-las-drogas-ilicitas. Además, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/5793-documento-farc-v-la-solucion-al-problema-de-las-drogas-ilicitas-y-el-caracter-contrainsurgente-de-la-politica-nacional-de-consolidacion-territorial.

[26] Resignación de las FARC-EP ante espionaje al proceso de paz, asesinatos y encarcelamientos de líderes populares, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 6-2-2014, http://anncol.eu/index.php/component/content/article/127-farc-ep/5863-resignacion-de-las-farc-ep-ante-espionaje-al-proceso-de-paz-asesinatos-y-encarcelamientos-de-lideres-populares.

[27] Las FARC rechaza declaración de Santos que las escuchas ilegales serían lícitas, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 8-2-2014, http://anncol.eu/index.php/component/content/article/127-farc-ep/5893-las-farc-rechaza-declaracion-de-santos-que-las-escuchas-ilegales-serian-licitas.

[28] Comunicado Conjunto de los Comandantes de las FARC–EP y el ELN: ņParamilitarismo Oficial?, en ELN, Voces de Colombia, 10-2-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comunicados-entrevistas/805-comunicado-conjunto-de-los-comandantes-de-las-farc-ep-y-el-eln-paramilitarismo-oficial.

[29] FARC: Agenda de Mindefensa en EUA genera más desconfianza en paz con el Gobierno, en Kaosenlared.net, 28-2-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/81928-farc-agenda-de-mindefensa-en-eeuu-genera-más-desconfianza-en-paz-con-el-gobierno.html.

[30] La guerra contra las drogas, un fraude total: Iván Márquez, FARC-EP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 14-3-2014, http://anncol.eu/index.php/127-farc-ep/6316-la-guerra-contra-las-drogas-un-fraude-total-ivan-marquez-farc-ep.

[31] Gómez Giraldo, Marisol, 'Nuevo Congreso no es el que se necesita para conseguir la paz': Andrés París, FARC-EP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 16-3-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/6325-nuevo-congreso-no-es-el-que-se-necesita-para-conseguir-la-paz-andres-paris-en-entrevista-para-el-tiempo.

[32] Colombia: Una vez más, FARC piden comisión de la verdad, en Kaosenlared.net, 20-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83800-colombia-una-vez-más-farc-piden-comisión-de-la-verdad.html.

[33] Documento de FARC sobre referendo: “Pensando en la paz de Colombia”, en Kaosenlared.net, 30-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/84288-documento-de-farc-sobre-referendo-”pensando-en-la-paz-de-colombia”.html.

[34] No hemos venido a La Habana a negociar impunidad, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 9-4-2014, http://anncol.eu/index.php/noticias/noticias-2014/6652-no-hemos-venido-a-la-habana-a-negociar-impunidad-ivan-marquez.

[35] Garberi, Ida, Responsable de los sitios web en italiano de Prensa Latina y Cubadebate, Andrés Paris, vocero de las FARC-EP: pretender desarmar unilateralmente a una de las partes en Colombia, es ilusión de mago filibustero, en Kaosenlared.net, 17-4-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/85571-andrés-paris-vocero-de-las-farc-ep-pretender-desarmar-unilateralmente-a-una-de-las-partes-en-colombia-es-ilusión-de-mago-filibustero.html. También Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 17-4-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/6734-andres-paris-vocero-de-las-farc-ep-pretender-desarmar-unilateralmente-a-una-de-las-partes-en-colombia-es-ilusion-de-mago-filibustero..

[36] FARC: Estados Unidos se atraviesa contra el proceso de paz, en Kaosenlared.net, 24-4-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/86131-colombia-farc-estados-unidos-se-atraviesa-contra-el-proceso-de-paz.html.

[37] FARC: La verdad sobre la historia del conflicto es una necesidad para la paz, en Kaosenlared.net, 27-4-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/86267-colombia-farc-la-verdad-sobre-la-historia-del-conflicto-es-una-necesidad-para-la-paz.html.

[38] FARC: “La verdadera paz no es la victoria, sino la justicia social y la democracia”, en Kaosenlared.net, 29-4-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/86660-colombia-farc-“la-verdadera-paz-no-es-la-victoria-sino-la-justicia-social-y-la-democracia”.html.

[39] “Si no hay avance en la Comisión de la Verdad ahí paran los diálogos”: FARC EP, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 1-5-2014, http://anncol.eu/index.php/noticias/noticias-2014/6784-si-no-hay-avance-en-la-comision-de-la-verdad-ahi-paran-los-dialogos-farc-ep.

[40] Las FARC y el gobierno colombiano llegan a un acuerdo sobre el “problema de las drogas ilícitas”, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 16-5-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/farc-ep/comunicados-de-las-farc-ep/6925-las-farc-y-el-gobierno-colombiano-llegan-a-un-acuerdo-sobre-el-problema-de-las-drogas-ilicitas.

[41] FARC no piden “cabeza de generales” pero sí un cambio de doctrina militar, en Diario El Espectador, Bogotá, 4-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/FARC-no-piden-cabeza-de-generales-si-un-cambio-de-doctr-articulo-496339.

[42] Lozano Guillén, Carlos A., FARC: “Soluciones son políticas, no jurídicas”, en Kaosenlared.net, 26-6-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/90898-colombia-farc-”soluciones-son-pol%C3%ADticas-no-jur%C3%ADdicas”.html.

[43] FARC afirma que responsabilidad por víctimas llega hasta la Presidencia, en Diario El Espectador, Bogotá, 19-7-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/FARC-afirma-responsabilidad-victimas-llega-hasta-presid-articulo-505403.

[44] El conflicto colombiano, las víctimas y la Unión Patriótica, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 23-7-2014, http://anncol.eu/index.php/anncol-debate/7451-el-conflicto-colombiano-las-victimas-y-la-union-patriotica.

[45] FARC piden que guerrilleros presos y heridos sean escuchados como víctimas, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 3-8-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/proceso-de-paz-en-colombia/7537-FARC-piden-que-guerrilleros-presos-y-heridos-sean-escuchados-como-victimas.

[46] “No hay plata” para la Paz. Alucinaciones gubernamentales, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 13-9-2014, http://anncol.eu/index.php/opinion/allende-de-paz/7933-no-hay-plata-para-la-paz-alucinaciones-gubernamentales.

[47] Carrero Gómez, Luis Manuel, Colombia: Algunas hipótesis alrededor del caso del Gral. Alzate, en Kaosenlared.net, 19-11-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/100392-col-algunas-hipôtesis-alrededor-del-caso-del-gr-alzate. También, Las FARC confirman que el Brigadier General Alzate es prisionero de guerra, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 17-11-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/farc-ep/8620-las-farc-confirman-que-el-brigadier-general-alzate-es-prisionero-de-guerra. Asimismo, Colombia: FARC asume haber capturado al general Alzate, reafirma su decisión de continuar los diálogos de paz y ponen el acento en instar a un cese bilateral de las acciones militares, en Kaosenlared.net, 19-11-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/100372-colombia-farc-asume-haber-capturado-al-general-alzate,-reafirma-su-decisión-de-continuar-los-diálogos-de-paz-y-ponen-el-acento-en-instar-a-un-cese-bilateral-de-las-acciones-militares. Igualmente, Colombia. Comunicado sobre la suspensión de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, en Kaosenlared.net, 18-11-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/100349-colombia-comunicado-sobre-la-suspensión-de-los-diálogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc-ep.

[48] Comunicado Conjunto de los Comandantes de las FARC–EP y el ELN: ņParamilitarismo Oficial?, en ELN, Voces de Colombia, 10-2-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comunicados-entrevistas/805-comunicado-conjunto-de-los-comandantes-de-las-farc-ep-y-el-eln-paramilitarismo-oficial.

[49] Cuatro Preguntas Sobre la Esquiva Paz: ņCuáles son las intenciones de Santos frente a la mesa de diálogo con la guerrilla?, en ELN, Voces de Colombia, 17-2-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/militancia/810-cuatro-preguntas-sobre-la-esquiva-paz.

[50] ELN dice que si hay proceso de paz habrá reparación para víctimas, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-2-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-dice-si-hay-proceso-de-paz-habra-reparacion-victima-articulo-475921.

[51] Gaitán, Ulises, Paz, ņCuál?, en ELN, Voces de Colombia, 24-2-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/militancia/821-paz-cual.

[52] Guerros Ortega, Luis Carlos, Retoques Necesarios u Otras Fuerzas Armadas, en ELN, Voces de Colombia, 3-3-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/militancia/831-retoques-necesarios-u-otras-fuerzas-armadas.

[53] “Este Gobierno no quiere la paz”: Gabino, Comandante del ELN, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 14-4-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/ELN-ejercito-nacional-de-liberacion-nacional/6710-este-gobierno-no-quiere-la-paz-gabino-Comandante-del-ELN.

[54] Gobierno nacional y el ELN inician proceso de paz, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 11-6-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/eln-ejercito-nacional-de-liberacion-nacional/126-archivo-eln/7078-video-gobierno-nacional-y-el-eln-inician-proceso-de-paz. También, Sin cese al fuego arranca proceso de paz con ELN, en Diario El Espectador, Bogotá, 10-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/sin-cese-al-fuego-arranca-proceso-de-paz-eln-articulo-497482. Igualmente, “El punto fundamental en el proceso con el ELN son las víctimas”, en Diario El Espectador, Bogotá, 11-6-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-punto-fundamental-el-proceso-el-eln-son-victimas-articulo-497668.

[55] Un Solo Conflicto y Dos Modelos de Solución, en ELN, Voces de Colombia, 23-6-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/comando-central/939-un-solo-conflicto-y-dos-modelos-de-solucion.

[56] Kuna K., El Consejo Nacional de Paz y la Participación de la Sociedad, en ELN, Voces de Colombia, 23-6-2014, https://www.eln-voces.com/index.php/es/voces-del-eln/militancia/937-el-consejo-nacional-de-paz-y-la-participacion-de-la-sociedad.

[57] Colombia: Comandante del ELN anuncia avances en diálogos con el Gobierno, en Kaosenlared.net, 20-10-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/98345-colombia-comandante-del-eln-anuncia-avances-en-di%C3%A1logos-con-el-gobierno.

[58] ELN asegura que no hay avances en diálogos con el Gobierno, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-12-2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/eln-asegura-no-hay-avances-dialogos-el-gobierno-articulo-530836.

[59] Restrepo E., Juan Diego, FARC Elude Responsabilidad sobre Cultivos Ilícitos, en Nasaacin.org, 29-1-2014, http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/6642-farc-elude-responsabilidad-sobre-cultivos-il%C3%ADcitos. También, Revista La Semana, http://www.pueblosencamino.org/index.php/joomla-stuff-mainmenu-26/search-mainmenu-5/693-farc-elude-responsabilidad-sobre-cultivos-ilicitos.

[60] Gutiérrez Torres, Carolina, Cuevas Guarnizo, Angélica M., Sinsabor por fallo de la Corte Constitucional sobre minería, en Diario el Espectador Bogotá, 7-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/sinsabor-fallo-de-corte-constitucional-sobre-mineria-articulo-479370.

[61] Lozano Guillén, Carlos A., Pierde la democracia: Carlos Lozano, ex candidato por la UP al Senado, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 13-3-2014, http://anncol.eu/index.php/anncol-debate/6301-pierde-la-democracia-carlos-lozano-candidato-por-la-up-al-senado.

[62] Concentración de tierra, el mayor problema agrario en Colombia, en Diario El Espectador, Bogotá, 17-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/concentracion-de-tierra-el-mayor-problema-agrario-colom-articulo-481444.

[63] Cumbre Agraria Campesina, Etnica y Popular, Colombia: Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria, en Kaosenlared.net, 19-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83431-colombia-pliego-de-exigencias-de-la-cumbr