ņPAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Posición/AĖo

Gobierno de EUA

Sector Financiero de EUA

Gobierno de Colombia

Paramilitares

FARC

Otras fuerzas en Colombia (ELN)

Otros actores en Colombia

Fuerzas Armadas Colombia

Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades

Gobiernos Latinoamericanos

Unión Europea

2013

29-4-2013, El Director General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Rajiv Shah, dijo luego de reunirse con el Presidente Santos, que “Estados Unidos permanece como un socio estratégico clave para el desarrollo del Plan Colombia. Creemos que la sociedad debe ser amplia y debe ser integral para cubrir temas como el desarrollo agrícola, el desarrollo de las personas, los derechos humanos. Principalmente hablamos de la oportunidad de traer la inversión privada para el trabajo de las áreas rurales en Colombia”. “Acabo de tener la oportunidad de reunirme con el Presidente Santos y su equipo de liderazgo. El objetivo de la reunión era transmitir el mensaje del Presidente Obama y del Secretario Kerry sobre las reuniones de paz. Esta fue una oportunidad para resaltar todos los éxitos que ha tenido el Plan Colombia a través del Gobierno de Colombia y todas las actividades que se han realizado. El Presidente Santos expresó también que el desarrollo rural es una oportunidad para la reintegración de las personas y para la reducción de la pobreza. Y a través de Estados Unidos y del Presidente Obama, queremos reafirmar nuestro compromiso para el soporte del apoyo económico y para ser uno de los principales aliados para Colombia en su proceso de paz. Como hablamos con el Presidente, en el Gobierno de Estados Unidos estamos muy optimistas de que el proceso va a ser muy fructífero y vamos a continuar prestando nuestro apoyo”. Estados Unidos “está orgulloso de trabajar en conjunto con Colombia para la construcción de escuelas, de vías y, sobre todo, para la restitución de las tierras para el proceso que en este momento se encuentra en camino. Como ya ha mencionado el Presidente Obama y lo ha hecho claro en diferentes oportunidades, Estados Unidos continuará prestando su apoyo a Colombia durante todo este proceso. Y como ya se ha mencionado, nosotros vamos a dar respuesta a todas las solicitudes que haga el Presidente Santos para ayudar a desarrollar este proceso” [1].

 

21-1-2013, Fernando Carrillo, Ministro del Interior de Colombia se refirió al fin de la tregua armada que las FARC adelantaron entre el 20-11-2012 y el 20-1-2013: “Cualquier tipo de acción de parte de la guerrilla en este momento es una gran muestra de cobardía y una seĖal de gran debilidad”. Anunció que habrá total determinación de parte de las Fuerzas Militares para impedir cualquier tipo de actividad armada de las FARC. “Lo importante es que la acción de la Fuerza Pública sigue con todo, tal y como lo anuncio el Presidente Juan Manuel Santos” [2].

30-1-2013, Por la supuesta captura de dos policías en el departamento del Valle, por la guerrilla de las FARC, el Jefe de la Delegación gubernamental, Humberto de la Calle, amenazó cancelar definitivamente el proceso de Paz. “No hagan perder el tiempo”. “Las FARC se equivocan si creen que con ese tipo de acciones van a obligar al Gobierno a un cese bilateral del fuego. No vamos a entrar en conversaciones para regularizar el conflicto, como dicen las FARC”, porque esta “es su vieja pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente” [3].

30-1-2013, El Jefe de la Delegación del gobierno nacional para los diálogos de paz con las FARC en La Habana, Humberto de la Calle, rechazó la declaración hecha por la guerrilla respecto a que se reserva el derecho a capturar como prisioneros de guerra a los miembros de la Fuerza Pública. “A las cosas hay que llamarlas por su nombre: un secuestro es un secuestro”. No habrá conversaciones para regularizar el conflicto, como lo pretenden las FARC, pues, en su criterio, esta postura no es otra cosa que “su pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente”. La razón de ser de la mesa de conversaciones en La Habana es discutir la terminación del conflicto, pues eso fue lo que se pactó. “Si no es así, que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al Gobierno y a los colombianos” [4].

31-1-2013, El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, dijo que las FARC son despojadoras de tierras. “Las propias víctimas que en número superior a 30 mil se han acercado a las oficinas de restitución de tierras a contar cuándo, cómo y en qué circunstancias fueron despojadas, seĖalan a las FARC de ser las autoras de cerca de un tercio de los despojos de tierras que se han documentado en Colombia. Estamos hablando de unas 800 mil hectáreas”. Calificó como “un disparate mayor” las afirmaciones de un vocero de las FARC al afirmar que la Unidad Restitución de Tierras era la Unidad de los victimarios. “Eso no solo es una mentira más sino una grave falsedad al propósito inquebrantable del Gobierno de echar adelante la restitución de tierras como lo manda la Ley”. La Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, no es negociable y se cumplirá, como se está haciendo, a “rajatabla, con todo el compromiso histórico y con igual rasero cualquiera sea el despojador. Nosotros no vamos a paralizar ni la agenda legislativa ni la gubernamental; no vamos a dejar de presentar ni a dejar de tramitar proyectos de Ley en curso; no vamos a paralizar al gobierno, ni más faltaba. Mal haríamos en paralizar esto porque hay unas conversaciones en La Habana que tiene su propia agenda” [5].

23-2-2013, El Jefe de Estado recordó que la decisión de negociar en medio del conflicto fue calculada para evitar cometer los mismos errores del pasado, al hacer referencia a los recientes pronunciamientos de las FARC en los que insisten en sus críticas al Gobierno por proteger a los latifundistas mientras acusa a la guerrilla de arrebatar tierras a los campesinos. “Lo que esperamos es que sigamos avanzando en Cuba para llegar a los acuerdos. Y ahí sí firmar la paz a través de los acuerdos; no de cartas, no de expresiones, de manifestaciones, sino de acuerdos concretos. Las reglas son muy claras, acá no habrá ningún tipo de tregua”. Si no hay avances el gobierno no seguirá negociando indefinidamente.  “En la medida en que avancemos, estaremos satisfechos, sino avanzamos, nos paramos de la mesa. Yo espero que sigamos avanzando y mientras tanto las reglas de juego son también muy claras. Aquí no hay tregua de ninguna naturaleza” [6].

5-3-2013, El Presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que entre marzo y junio debe darse un acuerdo. Defendió la visita que un grupo de legisladores hizo a las FARC en La Habana (Cuba) y consideró “banalidades” las críticas por estar en medio de risas con las FARC. Explicó a qué fue el pequeĖo grupo de congresistas a reunirse con la guerrilla en La Habana, sede de los diálogos de paz. Les recordó a la guerrilla que es “imperativo” considerar los tiempos que hay en el Congreso para legislar sobre la paz. “Es necesario que las partes sepan las realidades electorales inevitables y las condiciones políticas y jurídicas para no equivocarse en diálogos eternos que se echen a perder por desconocimiento de los tiempo”. Teniendo en cuenta que hay elecciones del nuevo Congreso en marzo del 2014 y de Presidencia de la República en mayo del 2014, debe adelantarse a la mayor brevedad la firma de los acuerdos. “Gobierno y FARC, tiene entre marzo y julio para firmar el acuerdo de paz. El aĖo 2013 debe ser el aĖo de la paz. O la paz se hace ahora o no se hará por las inevitables circunstancias de tiempo antes mencionadas”. Los acuerdos que se logren en Cuba deben ser reafirmados por el Congreso a través de una reforma estatutaria que tiene que ser presentada a más tardar en agosto de 2013. De ahí los afanes del Congreso. “El Congreso no legislará sobre ningún tema de fondo, mientras no esté firmado el acuerdo del fin del conflicto” [7].

13-3-2013, Las Zonas de Reserva Campesina fueron creadas a través de la Ley 160 de 1994 y se utilizaron como mecanismo para proteger a los agricultores tradicionales. Hoy esta figura territorial vuelve al debate. El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo: “Una cosa es que las FARC digan que quieren 59 Zonas de Reserva Campesina con independencia política y 9,5 millones de hectáreas, pero eso no es lo que la ley dice, ni lo que el Gobierno piensa o está planteando en La Habana”. Para Restrepo las Zonas de Reserva Campesina son una figura útil, que por demás no fue creada por este gobierno. Sin embargo, reconoce que la política agraria de esta administración incluyó desde un comienzo el fortalecimiento y la reactivación de estas zonas, ya que durante la administración anterior fueron duramente estigmatizadas y perseguidas. “Si se dan condiciones de seguridad, se puede justificar la creación de alguna nueva en Montes de María, pero el tema no va a ser como lo proponen las FARC, porque eso conduciría a crear una constelación de republiquetas independientes[8].

15-3-2013, El Gobierno por intermedio del Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en contestación a la misiva de ANZORC dijo que, “las Zonas de Reserva Campesina no son para crear republiquetas independientes” y rechazó de plano el anhelo del campesinado de crear nuevas Zonas de Reserva Campesina en 9.5 millones de hectáreas de tierra. “El Gobierno no comparte, de ninguna manera, la opinión presentada desde La Habana, por algún vocero de las FARC, de instalar zonas de reserva campesina en 9 millones de hectáreas. Esto no solo sería un disparate, sino que de ninguna manera se le podría dar autonomía o soberanía a dichas zonas. “Esto iría contra la Ley, contra Constitución misma de Colombia y contra el espíritu con el que fueron creadas”. Al Gobierno del Presidente Santos no se le ha pasado por la cabeza ni aceptará lo sugerido en La Habana porque, entre otras consecuencias, supondría fraccionar el país como si fuera un mosaico. Aunque hay muchas solicitudes no ha autorizado nuevas ZRC y sólo se consideraría la creación de otras cuando estén dadas a satisfacción todas las condiciones de seguridad requeridas [9].

18-3-2013, La reglamentación de la reforma al fuero militar establece nuevas medidas para solucionar la cadena de ataques cometidos por las bandas criminales (bacrim). Con el proyecto se les dará el status de grupos armados ilegales para permitir que las Fuerzas Armadas puedan ir al ataque de esos grupos. El Presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, dijo que como ya se había garantizado la seguridad de las Fuerzas Militares en el ataque a la guerrilla, ahora se deben establecer medidas para combatir a las bacrim. “En 2012 hubo 14.800 muertos de los cuales menos del 10% son del conflicto con la guerrilla, en cambio sí muchos forman parte de la confrontación con las bacrim”. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) no permite que la Policía vaya de frente en contra de las bacrim por tratarse de civiles. “Con esa legislación podrá la Policía y el Ejército jugar el papel de protección a la población” [10].

20-3-2013, El Ministro Juan Carlos Pinzón explicó los alcances de la Ley Estatutaria de reforma a la Justicia Penal Militar. “No es preciso afirmar que con la Ley Estatutaria se dé vía libre a un bombardeo en zonas urbanas, porque allí es donde actúan las Bacrim, lo que se busca es establecer unas reglas claras de juzgamiento”. Contrario a lo que muchos afirman, la Ley Estatutaria no está diseĖada para “permitir” que las Fuerzas Militares persigan a las organizaciones criminales, sino que establece en esencia el cómo debe operar la Justicia Penal Militar en el ámbito del DIH que establece normas para el uso de la fuerza, limitándolo o aclarándolo. “Si me preguntan si se va a bombardear la banda criminal de Santa Marta, por ejemplo, pues no, porque está en una zona urbana y allá lo que se requiere es una intervención policial y judicial, pero si me dicen que aparece un grupo armado, sin importar el nombre que tenga, la fuerza militar podrá ser empleada con los límites y la proporción que seĖala esta ley, siempre pensando en proteger a los ciudadanos de cualquier amenaza que afecte su tranquilidad”. Según el articulado de la Ley Estatutaria, los grupos armados quedan definidos como aquellas organizaciones criminales que exceden en violencia la capacidad de las instituciones que manejan el orden público, que por su intensidad influyen y aterrorizan una área completa y que tienen mando, control y estructura de carácter pseudomilitar. La iniciativa tiene un capítulo dedicado a la independencia de la Justicia Penal Militar del mando, tal cual quedó establecido en el Acto Legislativo que reformó esta justicia especializada. “Lo que buscamos es otorgarle a la comunidad la garantía de que no se aceptará impunidad, ni comportamientos irregulares o por fuera de lo que de ser el comportamiento ético de la Fuerza Pública” [11].

5-4-2013, Frente a la solicitud al Alto Tribunal de la inconstitucionalidad de la mayoría de artículos del llamado Marco Jurídico para la Paz, por el Jefe del Ministerio Público Alejandro OrdoĖez, indicando que en varios de sus artículos “hace imposible” que se les garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, afectando los procesos judiciales, el Presidente Juan Manuel Santos advirtió en la base militar de Larandia en Caquetá, que la justicia transicional no sólo cobijaría a los guerrilleros, sino a los militares que hoy pagan condenas [12].

9-4-2013, El Presidente Santos, desde el monumento de los Héroes Caídos, emitió el discurso que abrió la marcha en favor de las víctimas y la búsqueda de la paz, jornada que ha unido al país. Ante más de doce mil policías y soldados, el Jefe de Estado habló de cómo las primeras víctimas del conflicto son los soldados, por lo cual son los primeros interesados en la paz. “La paz es la victoria de cualquier soldado, de cualquier policía. Y eso es lo que vamos a conseguir, la victoria, la paz. Imagínense lo que podríamos ser como sociedad y patria en un entorno de paz y sin conflicto”. Que las tropas no escuchen las “voces disonantes” que dicen que serán las Fuerzas Armadas y la Policía las víctimas de la paz. En este momento se está adelantando el proceso de paz, gracias a que están combatiendo a las FARC. “Se combate para darle tranquilidad a nuestra patria, todo soldado a través de la historia ha combatido para buscar la paz. Ahora que vemos esa posibilidad… gracias porque no estaríamos hablando de paz si no fuera por ustedes, por este trabajo contundente, por ese trabajo decidido, por la paz. Para ustedes es la victoria. La paz es la victoria para cualquier soldado o policía  Nuestra patria es muy grande, nuestra geografía es muy difícil. No vamos a disminuir la presencia de nuestros soldados en ninguna parte del país. Necesitamos más presencia de nuestros soldados y nuestros policías, la seguridad es la base del progreso” [13].

28-4-2013, Humberto De la Calle Lombana, Jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, se refirió acerca del foro que se abrió sobre la participación en política de los eventuales desmovilizados. Destacó que desde la Constitución de 1991, en Colombia se viene abriendo paso a una “mayor participación ciudadana”. Admitió la necesidad de explorar caminos para que exista desde el Estado un derecho a la oposición con un estatuto concreto. “En el compromiso de brindar garantías es útil que el Estado amplíe el marco de la participación y consolide en un estatuto las garantías y derecho de la oposición. Esto hace parte del ímpetu reformista que comenzó en 1991 y que es necesario preservar”. Frente a la elegibilidad de los posibles futuros desmovilizados, De la Calle dijo que “en cada caso para ser elegido, corresponde al punto donde se aborden los temas de justicia, más adelante. Este es un asunto que debe ser tratado luego en el escenario de justicia transicional en el que no sólo cuenta la voluntad del Gobierno. Hay decisiones de otras ramas del poder y hay compromisos internacionales de Colombia que debe ser respetados. Es posible revisar con carácter general los mecanismos y formas de participación para continuar ampliando y modernizando nuestra democracia. En el presente contexto es pertinente profundizar los mecanismos orientados hacia las comunidades locales pues allí debe tomar nuevo impulso la participación ciudadana, la que se expresa en el qué hacer diario y no sólo en las grandes decisiones nacionales[14].

16-5-2013, La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, habló del proceso de paz con las FARC y las exigencias frente a la justicia para los guerrilleros. Se respetarán las “obligaciones internacionales” del Estado colombiano. “Como dije y reitero de forma clara, en modelo de Justicia Transicional se deben y se van a respetar obligaciones internacionales del Estado”. Para lograr la transición se debe realizar una estrategia integral de verdad, justicia y reparación. “Hay unos mínimos inquebrantables. El acuerdo debe considerar lineamientos de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional frente a delitos de lesa humanidad. Debe haber juzgamiento. El acuerdo determinará las bases para la aplicación de justicia por medio de los jueces de la República” [15].

26-5-2013, Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC dieron a conocer 23-5-2013 que se logró llegar a un acuerdo en el primer punto de la mesa de negociaciones: tema agrario denominarlo “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”. El acuerdo “será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, en el pequeĖo productor”. El pacto habla del acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. “Busca que el mayor número de habitantes sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a ella mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, sujeto al ordenamiento constitucional, todos los predios que posean los campesinos en Colombia”. Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del fin común. Debe acompaĖarse a los campesinos con planes de vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. Acordaron que habrá una fórmula para revertir los daĖos cometidos contra los campesinos víctimas del desplazamiento forzado. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y se restituyan las víctimas del despojo y desplazamiento forzado”. Temas: 1) Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2) Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3) Infraestructura y adecuación de tierras. 4) Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5) Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6) Políticas alimentarias y nutricionales. Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia. Está acompaĖado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. Incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información. Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental. Buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición. Uno de los principios que guían estas conversaciones es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos. Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado en Bogotá sobre los temas Agrario y de Participación Política. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia [16].

28-5-2013, El saliente Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, habló sobre el acuerdo agrario logrado entre el Gobierno y las El acuerdo es sobre todo un compromiso para profundizar la política de desarrollo agrario que el gobierno Santos venía implementando y el mundo rural vivirá una transformación muy importante. El compromiso no comprende un número determinado de Zonas de Reserva Campesinas ni de hectáreas destinadas para esta figura. Se descarta que estas figuran reciban el derecho a la consulta previa. Si se lee con cuidado el acuerdo entre las FARC y el Gobierno se ve que la mayoría de los puntos corresponden a la política agraria de Santos; aunque hay temas novedosos, como la creación de la gran jurisdicción agraria nacional, que es diferente a la que existe para efectos de la restitución de tierras. La novedad es que se adquiere el compromiso de profundizar la política, que donde se estaban invirtiendo 10 pesos, en el posconflicto se invertirán 100, buscando reducir sensiblemente los indicies de pobreza en el mundo rural. En el Acuerdo no es que se entre a decir que habrá 45 Zonas de Reserva Campesina o que éstas se extenderán en 9 millones de hectáreas. Se hace un reconocimiento genérico de que son un instrumento útil, entre los muchos que existen, para hacer esquemas territoriales de desarrollo rural. Se dice que así como existen seis Zonas de Reserva Campesina, puede haber más. Pero en función de lo que dispone la ley y en ningún caso rodeadas de “soberanismos jurídicos”. Las Zonas de Reserva Campesina no tendrán el estatus especial que hoy contemplan los resguardos indígenas. Los campesinos colombianos no son una minoría sino el núcleo racial y étnico predominante en el campo colombiano. El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para formalizar dos millones de hectáreas y lo se está pensando formalizar siete u ocho millones. Esto está acompaĖado de dos pilares fundamentales en cuanto a la información estadística sobre el territorio colombiano: uno es el censo rural, que hace 41 aĖos no se hace en Colombia y otro es la actualización del catastro rural, que tiene áreas en las que ni siquiera esta formado y otras en las que tiene un rezago de más del 50%. Cuando se mira la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia se observan dos fenómenos corroborados estadísticamente: primero, ha habido una efectiva concentración de la tierra, que se dio sobre todo en la década de los 80 y 90, cuando se acentuó la compra de tierras por parte de narcotraficantes. El índice de Gini se acentuó negativamente. Pero al mismo tiempo, las cifras muestran algo aparentemente paradójico pero que no lo es: 80% de las parcelas que se trabajan en Colombia no tienen un área equivalente a media Unidad Agrícola Familiar (UAF). Eso habla de atomización en la tenencia de la tierra. En Colombia conviven dos fenómenos aparentemente contradictorios: alta concentración en la propiedad de la tierra y sofocante minifundización. En el acuerdo se dice: vamos a crear un gran banco de tierras que el Estado utilizará para hacer poblamientos campesinos, que serán los grandes ganadores de este proceso. Las tierras saldrán de varias fuentes: la recuperación de baldíos, tierras decomisadas a los narcotraficantes -que hoy duermen el sueĖo de los justos en Estupefacientes-, viejas tierras del fondo agrario, podrán comprarse algunas, aplicarse las figuras jurídicas para la expropiación con indemnización, cuando se justifique, o extinción de dominios. Son muchos riachuelos que conducirán a formar el banco de tierras, que serán entregadas a los campesinos que carecen de ella. A los que tienen, se les está formalizando o restituyendo, se les acompaĖará con asistencia técnica, riego y drenaje, vivienda rural, etc. Todo esto se hará de conformidad con la ley y la Constitución. A nadie se le va a atropellar su derecho a la propiedad. Quienes tenga tierras bien habidas y debidamente explotadas no tiene que temer de este programa agrario. El Estado colombiano se ha empezado a preparar para que fiscalmente haya los medios para hacerlo. Hay que mejorar la institucionalidad para hacer ese gran desarrollo rural y hacer los cambios legales que requiere. Si de los acuerdos llegasen a salir propuestas de cambios legislativos y los acuerdos mismos, habrá un proceso de refrendación popular. No creemos que deba ser una Asamblea Nacional Constituyente. Los mecanismos que están en ciernes, la actualización del catastro por ejemplo, conduce a que las normas tributarias empiecen a ser eficaces, concretamente el impuesto predial. De forma que el mercado de tierras y el uso de las mismas empieza a ser determinado por un factor fiscal que no va a justificar tierras ociosas, ni tenencia para fines especulativos. En ese mismo momento se empieza a generar un círculo virtuoso en el que el latifundio improductivo se lo van a comer los impuestos y el minifundio se va a estimular mediante formas colectivas que lo hagan más viable. De manera que el juego de ‘garrote y zanahoria’, las unas con impuestos severos que desestimulen tierras ociosas y los otros con estímulo a la agricultura productiva, con énfasis en los pequeĖos, conducirán a un país con menos ganadería extensiva y con más agricultura. Las FARC han declarado que si está bien controlada, no son enemigos de la inversión extranjera. Nuestra posición está plasmada en el proyecto de ley en el que decimos que si la inversión extranjera es sana, si se sabe quién llega a invertir, si hay registros y controles y quien llegue a comprar tierras no venga a especular sino generar empleo, no riĖe con el programa de desarrollo rural sino que es un factor de incorporación de tecnologías. No nos gusta lo que se ha dado en algunos países africanos, en donde inversionistas han comprado porciones desmedidas de territorio para tener reservas rurales para la geopolítica y enfrentar la famosa crisis alimentaria. Pero una inversión debidamente controlada no vemos por qué deba prohibirse. Si Colombia invierte cinco (u$s 2.750.000.000), seis (u$s 3.300.000.000) u ocho (u$s 4.400.000.000) billones anuales menos en guerra y se los pone al desarrollo rural, ahí habrá un impulso importante. El posconflicto no es un asunto sólo de plata -que requerirá mucha- sino de instituciones. Vamos a necesitar unas instituciones de desarrollo rural mucho más fuertes. Pusimos en marcha las instituciones de la Ley de Restitución de Tierras y es un hecho irreversible; y a pesar de las dificultades que ha tenido la agricultura, hemos tenido un crecimiento importante: 2.4% en el 2011 y 2.6% en el 2012. Es decir, el sector creció en dos aĖos sensiblemente más de lo que creció en la segunda mitad del gobierno Uribe. Todavía no vamos a la velocidad de crucero de la minería o los hidrocarburos, pero la locomotora ya se está moviendo. Quiero resaltar de mi gestión que le dimos valor al apellido de este Ministerio: el desarrollo rural. Encontré un Ministerio con un alto grado de corrupción y de cooptación por intereses turbios, especialmente de paramilitares, de que llegó a ser objeto el Incoder [17].

17-6-2013 El Jefe de la cartera de Defensa dijo que la reforma al fuero penal militar se hizo al amparo del DIH que es la protección de los civiles por fuera de las hostilidades del conflicto armado. Frente a los temores que suscitó el artículo que establece el ‘blanco legitimo’, está claro que se fijan algunas condiciones para actuar de manera previa en todas las operaciones de los uniformados. Un ‘blanco legítimo’ es un grupo armado con ciertos parámetros: Violencia inusitada contra la población civil o las entidades del Estado. Tiene mando y control unificado. Deber haber superado la capacidad del Estado. Frente a los civiles, sólo la Fuerza Pública actuará aduciendo que es ‘blanco legitimo’ en la medida de que esa población esté actuando en defensa del grupo armado. En cada caso específico se entrará a revisar cómo proceder para no perjudica a los colombianos. “Los miembros de los grupos armados precisamente tratan de disfrazarse de civiles para adelantar sus acciones con mayor efectividad”. Los casos de falsos positivos, fueron cometidos por uniformados que “deshonraron a la institución”. “Si algo quedó claro desde el primer momento es que conductas como quedan para siempre en la justicia ordinaria”. En la reforma constitucional se dejó claro que los casos de lesa humanidad, genocidio y violencia sexual, entre otros, no serán de conocimiento de la justicia militar. “Vale la pena recordar que aquello que va a la justicia militar está armonizado con el marco del Derecho Internacional Humanitario”. El Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, dijo que este cambio a al fuero militar “significa seguridad jurídica y cero impunidad. Yo creo que las Fuerzas Militares necesitan confianza y seguridad jurídica, además de que no haya impunidad en los 'falsos positivos' y ese es el propósito del Gobierno Nacional con esta ley”. El Representante Oscar Fernando Bravo, ponente del proyecto en la Cámara, dijo que “nunca hemos pensado en impunidad para los militares y al contrario hemos empezado por exceptuar desde la misma Constitución una serie de delitos que nunca podrán ser investigados por la justicia castrense y que seguirán en la justicia ordinaria”. Varios delitos que puedan cometer eventualmente los uniformados, que estén evidentemente por fuera de los actos de servicio, seguirán siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. “Delitos que cometan militares de lesa humanidad, genocidio, delitos sexuales y falsos positivos no serán juzgados por la justicia militar sino por la Fiscalía General de la Nación como cualquier delincuente”. En caso de duda, se establece que será un Tribunal de Garantías, integrado por cuatro miembros de la misma Fuerza Pública en retiro y cuatro jueces ordinarios elegidos por el presidente de la República mediante una terna, el encargado de decidir qué competencia judicial asume el caso en disputa. En el articulado, se definen criterios de obligatorio cumplimiento en el escenario del combate, como el respeto a la dignidad humana, la distinción entre combatientes y población civil, la proporcionalidad, la necesidad militar y la seguridad jurídica, siempre y cuando los actos se den en el marco de la aplicación del derecho internacional humanitario. En el artículo 49 quedó planteada la independencia de justicia castrense del mando militar. “Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que formen parte de la línea de mando, no podrán ejercer funciones en la justicia penal militar o policial” [18].

19-6-2013, En carta enviada a José Miguel Vivanco, Director de Human Rigths Watch, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, insistió en que la reforma al Fuero Penal Militar no estableció nada diferente a lo ya previsto en el DIH, al tiempo que le hizo un llamado “a la rigurosidad y a sustentar sus reparos en algo más que la especulación y el eco de la desconfianza”. “Este ministerio estima desacertada su afirmación. El contexto de las hostilidades y la participación en las mismas, tal y como lo define la norma, siempre está atado al apoyo a un grupo armado, lo que directamente hace que la participación en hostilidades, para encuadrarla en el concepto de blanco legítimo, esté ligada al conflicto (…) la norma está acorde a los parámetros fijados por el DIH”. Es “lamentable” la apreciación de José Miguel Vivanco en el sentido de que en virtud de la tipificación de la conducta denominada ‘ejecución extrajudicial’, los llamados ‘falsos positivos’ irán a parar a la justicia militar, amparándose en el principio de retroactividad de la ley penal favorable. La pena establecida para la ejecución extrajudicial es igual a la establecida para el homicidio agravado y el homicidio en persona protegida, es decir, un máximo de 50 aĖos de prisión. La norma es clara al afirmar que los casos de ejecución extrajudicial son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria y que incluso, si existiese concurso de delitos, prevalece la ejecución extrajudicial para fijar su competencia. “El hecho de que una conducta sea conocida por la jurisdicción penal ordinaria o la penal militar, no puede significar que para el caso concreto reinará la impunidad. Los jueces de ambas jurisdicciones se sujetan al mismo principio de legalidad en sus actuaciones y tienen en tal sentido las mismas obligaciones y sanciones en caso de desatender el ordenamiento jurídico que nos rige”. Partiendo del principio de legalidad, “nadie puede ser investigado y castigado por un delito inexistente al momento de cometer la conducta, luego los hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, no serán calificados como ejecución extrajudicial. Las investigaciones y juzgamientos que se han iniciado a partir de la conducta de homicidio, en cualquiera de sus calificaciones, deberán continuar bajo dicho derrotero”. La Constitución, a través del Acto Legislativo 02 de 2012, estableció un mecanismo de cooperación liderado por la Fiscalía, para que se revise caso por caso a fin de determinar la jurisdicción competente. “(…) esa entidad ha hecho públicas medidas internas expedidas con tal propósito. A la fecha, no se conoce de ningún proceso adelantado por un mal llamado falso positivo que haya pasado a la competencia de la jurisdicción militar” [19].

21-6-2013, El Presidente Santos, le envió un fuerte mensaje a las FARC en el que corta de tajo varias de las declaraciones que el grupo guerrillero ha hecho. Dijo que las aspiraciones de una constituyente no están en la agenda de los diálogos de paz. “Si quieren reformas del Estado, pues que las persigan en las plazas públicas y si ganan las elecciones que las propongan, pero por ningún motivo vamos a hacer la revolución por decreto en la mesa de negociación. Si hay buena fe, estos seĖores de las FARC deben dejar de pedir lo imposible porque saben perfectamente que no se les va a conceder, ellos saben perfectamente que una constituyente no es un punto de llegada sino un punto de partida y que eso es totalmente inaceptable”. Respecto a la no entrega de las armas por parte de las FARC, Santos se preguntó: “ņEntonces para qué estamos conversando?” Ese grupo armado “se viene con un decálogo de reformas que son de fondo del Estado, que no son negociables. Serán discutibles cuando dejen las armas en los escenarios democráticos. Quiero dejar eso muy claro, para que el pueblo colombiano no vaya a creer que eso que están proponiendo tenga alguna posibilidad de salir adelante en la mesa en La Habana. Está muy claro, y lo dije desde un principio, donde están nuestras líneas rojas y eso es lo que vamos a negociar. Para llegar a la paz, para llegar a los acuerdos, se requiere buena fe, de parte nuestra está esa buena fe” [20].

22-6-2013, El Presidente Santos le hizo un nuevo llamado a los negociadores de las FARC para que no hagan solicitudes o referencias a temas que no están en la agenda del proceso de paz que se adelanta en la actualidad: “He dicho que la guerrilla no debe pedir imposibles porque eso debilita el proceso, la gente está entusiasmada con el proceso esto mengua la confianza. Para bailar se necesitan dos, ahí está la voluntad por parte del Gobierno, pero que no nos vengan a meter otros temas que no son aceptables, ni por el Gobierno, ni por el pueblo colombiano”. Presentó fuertes cuestionamientos a la propuesta para convocar a una nueva Constituyente, planteada en los últimos días por parte del grupo de negociadores de las FARC. “Todos sabemos que no es punto de llegada sino punto de partida, lo que puede hacer una constituyente es borrar todo lo que hemos hecho en la Habana para volver a comenzar de cero”. Para el Jefe de Estado, este tipo de propuestas “no forma parte de las reglas de juego. Ahora dicen que no entregan las armas, entonces para qué conversamos. La reforma al Estado que proponen la pueden presentar, pero solo en los escenarios democráticos, porque será el pueblo el que decida si eso se puede. Si quieren reformas del Estado, pues que las persigan, que las propongan en los canales normales de la democracia, en las plazas públicas. Y si ganan las elecciones, aprueben esas reformas. Pero por ningún motivo, se lo dijimos desde el primer día, vamos a hacer la revolución por decreto en la mesa de negociación en La Habana”. Si hay buena fe en las FARC, “deben dejar de pedir lo imposible, porque ellos saben perfectamente que no se les va a conceder” [21].

2-7-2013, El Presidente Santos respondió a la petición de las FARC de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente al finalizar la mesa de conversaciones en La Habana, negando cualquier posibilidad. “Una Constituyente es el inicio y no el final de un proceso de esta naturaleza”. Promover esa iniciativa llevaría a que sea “nulo” todo el esfuerzo del proceso de paz. “Imagínese una Constituyente que lo primero que haga es que todo lo que se ha acordado hasta el momento, después de tanto esfuerzo, queda nulo… la revolución no se hace por decreto” [22].

25-7-2013, En la audiencia pública sobre el Marco Legal para la Paz, el Presidente Santos inició la defensa de la reforma constitucional que establece las “reglas de juego” para suscribir acuerdos con los grupos armados del país. Ante la demanda en contra de la norma, el Jefe de Estado acudió a la Corte Constitucional para defender el acto legislativo. “Estamos ante una posibilidad real de paz, tal vez la más cercana de nuestra historia. Este modelo (el marco) es todo lo contrario de lo que alegan nuestros opositores. No solo no abre espacios a la impunidad sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado. Esta es la primera vez que en Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en el conflicto armado, no para pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir, sino para construir una estrategia realista y transparente que en cambio permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas”. El compromiso con las expectativas y derechos de las víctimas “es serio” pues “no se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia. Queremos una justicia entendida en todas sus dimensiones. Cómo establecer responsabilidades por los crímenes más graves, cómo conocer la verdad sobre lo sucedido, cómo reparar a todas las víctimas del conflicto y sobre todo, cómo asegurar que no vuelva a haber víctimas” [23].

5-8-2013, El Presidente Santos reiteró su decisión de perseverar en procura de la paz, porque “es un imperativo para cualquier gobernante”. El país está avanzando y por eso “mi obsesión en silenciar los fusiles. Por eso imaginen ustedes: si hemos logrado todo lo que hemos logrado en medio de conflicto, lo que podíamos hacer en un país en paz. Un país en paz no lo para nadie. Colombia en paz no tiene límites y por eso yo voy a seguir perseverando en materia de buscar la paz”. La paz “no la estamos buscando a cualquier precio. Sabemos perfectamente para dónde vamos y qué podemos entregar y qué no podemos entregar”. De forma paralela con la búsqueda del fin del conflicto se continúa fortaleciendo a las Fuerzas Militares puesto que “la ofensiva militar tiene que continuar hasta que lleguemos a la paz. Si bajamos la guardia ahora habrá un incentivo perverso para que la guerrilla prolongue las conversaciones indefinidamente y eso no lo vamos a permitir”. La paz no solo es silenciar los fusiles, sino que también se construye “entregándole casas, educación, salud al pueblo colombiano, empleo, y oportunidades para todos” [24].

5-10-2013, El Procurador Alejandro OrdóĖez y el Fiscal Eduardo Montealegre en debate sobre viajes de congresistas a La Habana. El Fiscal Eduardo Montealegre, argumentó hace unos meses que los guerrilleros no tenían delitos de lesa humanidad. Ahora quiere saber qué funcionarios están viajando a Cuba a conversar con las FARC. El Procurador Alejandro OrdóĖez se limita a decir que: “No es un delito acudir a La Habana sin permiso del Presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con las FARC o con el ELN en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están expresamente seĖaladas en el Código Penal”. Desde el 25-9-2013 la Procuraduría abrió una indagación preliminar para saber qué están haciendo funcionarios en Cuba. El Ministerio Público no sólo busca saber quiénes han viajado y con qué propósito, sino también si la información obtenida tiene algo que ver con los hallazgos de la justicia en las operaciones en las que fueron abatidos Alfonso Cano y el Mono Jojoy. El documento está firmado por el procurador primero delegado Juan Carlos Novoa y la procuradora segunda delegada María Eugenia CarreĖo. El documento expresa que, según información recibida por el despacho del Procurador OrdóĖez, en desarrollo de las operaciones “Odiseo” y “Sodoma”, se conocieron supuestas conductas que “podrían enmarcarse en hechos punibles y/o faltas disciplinarias cometidas por particulares y/o servidores públicos”. AĖade el documento que la Procuraduría conoció que servidores públicos, “al parecer sin recibir las autorizaciones o los trámites previos para el efecto, se han desplazado a la ciudad de La Habana con el fin de participar en reuniones con grupos al margen de la ley”. En consecuencia, dispuso abrir una indagación preliminar para averiguar los nombres de los presuntos responsables. Por este motivo el país está debatiendo sobre la legalidad de esas visitas, aunque el Fiscal sostenga que son válidas. El Procurador le pidió a la Presidencia que certifique qué servidores públicos han sido autorizados para viajar a La Habana e intervenir en el proceso de diálogo con las FARC. Al Congreso le pidió que explique si esta corporación ha efectuado trámites para viajar a La Habana y quiénes han sido autorizados por el Ejecutivo. A las comisiones de paz de Senado y Cámara, si han gestionado permisos para intervenir en el proceso de diálogos entre el Gobierno y las FARC. La idea de la Procuraduría, explícita en el último de los apartes del documento, es que una vez se conozcan los reportes de la Presidencia y el Congreso, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, le envíe al Ministerio Público la relación de las salidas del país de los servidores públicos que estén en los informes. De esta manera, salta a la vista que el propósito es conocer a qué fueron a Cuba y, de ser posible, si se reunieron con las FARC sin el permiso del Gobierno. Los defensores del proceso de paz sostienen que se quiere satanizar cualquier acercamiento de paz a las FARC. Los detractores afirman que no se pueden “caguanizar” los diálogos de La Habana. Si se tiene en cuenta que por acudir a citas no autorizadas por el Ejecutivo, hoy están detenidos varios congresistas que en su momento se reunieron con los paramilitares, es evidente que los viajeros pueden verse en aprietos judiciales, o al menos tendrán que explicar qué fueron a hacer. El Gobierno prefiere que pare la peregrinación política a la isla, aunque sabe que si la Procuraduría extrema su vigilancia algunos de sus aliados pueden quedar en problemas. El Procurador OrdóĖez quiere saber el objeto y los parámetros jurídicos del viaje, cuál fue el procedimiento acordado para escoger a los parlamentarios que van a viajar, bajo qué título o calidad van a actuar en Cuba y a través de qué mecanismos se va a controlar el ejercicio de sus funciones o la misión específica encomendada [25]. {LDP: La lectura de estas noticias deja como resultado que el sistema político en Colombia, así como el de casi toda América Latina, es “Presidencialista”, por lo que no se considera “Gobierno” a los miembros del Congreso o del Poder Judicial. Que por motivos estratégicos el Poder Ejecutivo intente establecer pautas, podría entenderse, pero que los otros poderes del Estado tengan límites impuestos por el Poder Ejecutivo, muestra que lo que llamamos “democracia” o “sistema republicano”, en realidad es algo formal, pero no real.}

9-11-2013, El Jefe de la Delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, presentó precisiones sobre lo pactado con las FARC en el segundo punto de la agenda: la participación política. Busca poner en marcha una nueva apertura democrática para la paz. Un diseĖo estratégico de gran alcance: generar un proceso de profundización de la democracia ampliando sus linderos. Ya en la Constituyente de 1991 se avanzó notablemente. Ahora el acuerdo es un nuevo impulso dirigido a recuperar el espíritu reformista. Silenciar los fusiles es un paso necesario, pero no suficiente. Para lograr una paz sólida es preciso ampliar, modernizar y robustecer nuestra democracia para hacerla más fuerte, participativa, pluralista y transparente. La nueva apertura democrática abre el camino para arraigar definitivamente la paz en la terminación del conflicto. En las 20 cuartillas que contienen el acuerdo se trataron al menos 22 temas relevantes. Muy pronto habrá un informe conjunto para comunicar con más detalles a la ciudadanía. En un ejercicio pedagógico se podrían agrupar esos temas en tres capítulos: 1) Se ocupa de garantías: se establece un mecanismo para que los partidos políticos, luego de la firma del acuerdo final, convengan los lineamientos que permitan al Gobierno presentar el proyecto de estatuto de la oposición para su aprobación y se logre por fin convertir en realidad un viejo anhelo nacional. Se reconoce la irrupción de los movimientos sociales. Es un fenómeno mundial inédito hasta hace poco. En esto Colombia sería innovadora sobre la manera de reconocer y regular el papel de estos movimientos, su interlocución con los gobernantes y la instauración de mecanismos que atiendan en forma oportuna las manifestaciones del derecho a la protesta pacífica. A los movimientos que logren una determinada envergadura y que deseen ingresar a la política, se les tendería un puente para facilitar ese tránsito. De igual modo, se establecen mecanismos para la discusión democrática con esos movimientos una vez firmado el acuerdo final. La dignificación de la política y la seguridad de sus practicantes es algo esencial para una Colombia en paz. Mediante la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política iríamos más allá de las esenciales labores de protección y vigilancia. No es sólo una herramienta administrativa. Es, sobre todo, un conjunto de nuevos valores en materia de seguridad cuyo eje es el respeto al opositor. La dignidad de la persona, la tolerancia y la visión pluralista serían la fibra de este sistema, el cual debe prevenir, desarticular y neutralizar todas las fuentes de violencia contra quienes ejercen la política. Se generaría todo un proceso de reconciliación y se crearían los medios para ejecutarla. 2) Es el de la participación: se revisaría todo el sistema buscando que no se limite a un ejercicio retórico sino que adquiera un mayor nivel de incidencia en la formulación de políticas públicas, al lado de la vigorización de la planeación participativa y el robustecimiento de las veedurías ciudadanas. 3) Contiene los cambios en el sistema político. Desligar el reconocimiento y la vigencia de la personería de los partidos de la noción del umbral es un paso significativo. El umbral se deja intacto, pero su aplicación se limita al método de asignación de escaĖos. Se abriría un espacio enorme para partidos que, sin lograr esa representación, poseen una expresión política válida. Se crearía un esquema de reconocimiento escalonado de diversos derechos que incluirían financiación y acceso a medios de comunicación. La organización y el sistema electoral padecen fallas innegables. Se convocaría una comisión de expertos de alto nivel para que aconsejen sobre las líneas de revisión que luego deben ser discutidas por todas las fuerzas políticas para impulsar una reforma tendiente a robustecer la autonomía y apertura de los organismos de dirección de la organización electoral, la claridad en la financiación de la política y la transparencia del voto. Adicionalmente, se buscaría que exista mayor equidad en el régimen de partidos. Por fin, se crearían las circunscripciones territoriales de paz. Es una idea inédita, bien distinta a iniciativas anteriores. En efecto, no se trata de mecanismos para fomentar la representación del movimiento que surja de las FARC, sino de aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de Representantes de aquellos territorios que por razón del conflicto se han visto marginados del sistema representativo. Serán a la manera de círculos electorales dentro de los departamentos para que se elijan representantes adicionales. Algunos dijeron que son circunscripciones para las FARC. Falso. Todos los habitantes pueden aspirar a ejercer esa representación en nombre de movimientos u organizaciones tales como víctimas, campesinos, mujeres y sectores sociales, eso sí, diferentes a los partidos ordinarios. Esta es una idea estratégica cuyo objetivo es la integración de territorios marginados y la reparación de ciudadanos excluidos por la fuerza del conflicto. Todo lo acordado acoge integralmente las líneas esenciales del Estado democrático de derecho. Pero, como se ha seĖalado antes, nada estará acordado si no está acordado todo. Una condición esencial para la puesta en marcha de estas iniciativas es la desmovilización de la guerrilla. En este punto hablamos de democracia, de participación, de equidad, de seguridad y de transparencia del sistema político. Es una apertura democrática conveniente para el país. ņQue se ha discutido con la guerrilla? Sí. Porque el propósito es terminar el conflicto. Porque, como seĖalé, el fin del conflicto debe desembocar en transformaciones que permitan arraigar firmemente una paz duradera. Cuando se conoció el acuerdo sobre participación política al que llegaron el Gobierno y las FARC, el Presidente Juan Manuel Santos dio una alocución para explicar en sus palabras qué significa este paso que calificó de histórico para el país. Recalcó que “sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por cálculos políticos o cuestiones de tiempo, así como lo sería romper o hacer una pausa cuando se ven avances”. Reconoció, lo que las encuestas de opinión siguen mostrando, que aún el proceso de paz con las FARC no cuenta con un respaldo mayoritario de los colombianos. “Ha sido un camino difícil y lo será aún más. Por eso necesito su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos en este esfuerzo. No tengamos más miedo, el miedo nos encadena al pasado. Esta debe ser la generación nacida en la paz” [26].

26-11-2013, El Presidente Santos, dio por descartadas las amnistías o indultos y aseguró que lo que sí habrá será una justicia transicional que por primera vez reconoce los derechos de las víctimas. Si va a haber un acuerdo de paz, los soldados y policías implicados en errores también tendrán beneficios. “No voy a permitir, ni nadie va a permitir, que se presente esa situación que se está presentando, de unos militares acusados y condenados por 40 aĖos, y la contraparte libre haciendo lo que le da la gana. Eso no va a suceder en este proceso”, dijo y aĖadió que habrá “una consonancia en materia jurídica” que no va a permitirlo [27].

 

5-1-2013, Mauricio Jaramillo, Comandante del Bloque Oriental de las FARC-EP e integrante del Secretariado, máximo órgano de la guerrilla, rechaza las declaraciones hechas por el hermano mayor del Presidente Santos, Enrique Santos Calderón, quien reveló cómo fueron los preparativos durante dos aĖos para llegar a formalizarse el proceso de diálogo de paz en Oslo y la Habana. “Creo que para Semana Santa debe haber salido siquiera el primer punto. Conozco a mi hermano, él está jugado con esto, pero su paciencia no es infinita. Tampoco la del país”. Con tales palabras termina el periodista Enrique Santos Calderón su reciente escrito acerca de su participación en la fase exploratoria de las conversaciones con las FARC en La Habana. Es obvio que cada persona guarda en su memoria y parecer lo que le llama particularmente la atención. No todos miramos los acontecimientos desde una misma óptica, lo cual se nota sobremanera cuando se trata de hechos con trascendental significación política, en los cuales la visión de clase ejerce una poderosa influencia. Un integrante de la más rancia oligarquía capitalina, describirá siempre sus experiencias de un modo radicalmente distinto a como lo harían los alzados en armas que combaten a los de su clase. Es el caso del artículo en mención. El solo título de su crónica, Yo estuve negociando con las FARC en Cuba, revela cierto tono individualista y fatuo, como si se tratara de un acto heroico, algo que a diferencia del seĖor Santos, consideran absolutamente normal los miles de campesinos y colombianos en general que se relacionan con la insurgencia diariamente. Y que no negocian nada con ella, como tampoco lo hizo el seĖor Santos, quien formó parte de una comisión oficial que estuvo discutiendo con nosotros los términos de un Acuerdo encaminado a posibilitar conversaciones formales y públicas de paz. Entendemos que el seĖor Enrique Santos releva con su escrito a las FARC del compromiso de confidencialidad acordado. El, integrante de la delegación gubernamental y hermano mayor del Presidente, reconocido periodista nacional, aborda la tarea de exponer al público su versión acerca de hechos cubiertos hasta ahora por la reserva. Así las cosas, es obvio que nosotros también podemos hacerlo. En realidad no entendemos cómo puede considerarse clave al papel desempeĖado por el hermano mayor en la fase inicial de las conversaciones. Participó en ellas, sí, como todos los integrantes designados por el Gobierno y jugó su papel. Pero de ahí a definirlo como clave hay una gran distancia. Ambas delegaciones contaron con dos tipos de integrantes, unos plenipotenciarios y otros llamados de la comisión técnica. Desde un principio se nos aseguró que Enrique Santos sería plenipotenciario, pero al final no figuró como tal, sino como una especie de asesor, de delegado personal del Presidente, subordinado por completo al propio Jefe de delegación, el seĖor Sergio Jaramillo, el tipo clásico del arrogante y presumido, siempre empeĖado en hacer sentir su importancia, especialmente a los de su propio equipo. Quizás por ello escribe ahora el hermano mayor, urgido de inflar su disminuida influencia a la hora de las conversaciones. Ocurrió más de una vez que tras haber acordado alguna cuestión con él, en alguna ausencia del seĖor Jaramillo, al llegar éste último ignorara con evidente displicencia la palabra comprometida por el periodista Enrique Santos. Era como si le recordaran aquello de zapatero a tus zapatos. Es cierto que el proceso estuvo a punto de morir por la dificultad en concertar la sede de las conversaciones. Pero había un elemento de gran peso contra la posición oficial de que los diálogos no podían desarrollarse en Colombia. La primera reunión entre delegados del Gobierno y FARC se produjo en territorio colombiano, en la región del Catatumbo, con delegados de parte y parte, sin que existiera formalmente proceso, lo que demostraba que eso no era imposible. Las FARC, en aras de echar adelante las conversaciones, terminamos pasando por alto la primera violación flagrante de la palabra del Gobierno, pues en el momento de acudir a la cita con los camaradas Andrés París y Ricardo Téllez, los dos miembros de Estado Mayor Central autorizados, los delegados enviados por el Presidente no fueron los de más alto nivel que había prometido, sino dos burócratas medios completamente distintos. Aduce exageradamente el hermano mayor, que el traslado de Mauricio Jaramillo a Cuba entrabó durante un aĖo el inicio de las conversaciones. Por encima de la hipérbole cabe aclarar que cualquier demora en ese sentido sólo se puede achacar al Gobierno. ņAlguien podría considerar serio que los delegados oficiales sostuvieran que sólo se podía trasladar al Comandante del Bloque Oriental de las FARC-EP por tierra, desde las selvas del Meta o Guaviare hasta la frontera venezolana en el Norte de Santander? ņNo podía el gobierno nacional disponer que un helicóptero rodeado de toda clase de garantías lo trasladara de una vez hasta Venezuela? La desconfianza obviamente no podía derivarse de lo acaecido con la operación Jaque, un hecho que todo el mundo reconoce hoy como otra de las grandes farsas de la Seguridad Democrática, al lado de la desmovilización paramilitar y los falsos positivos. El Presidente, que ejerciendo como Ministro de Defensa ordenó la invasión militar al territorio ecuatoriano en marzo del 2008, mal podía alegar que, aun contando con la autorización formal del gobierno de Venezuela, el traslado aéreo era imposible por cuanto violaba los controles antidrogas acordados con EUA. Salta a la vista la pobre idea que tienen de la soberanía nacional. Al final el traslado se cumplió como lo planteábamos nosotros. No sin que antes se generara otra discusión, porque según los delegados gubernamentales el avión sólo podía llegar hasta Cúcuta, donde los trasladados debían descender para continuar su recorrido en carro hasta San Antonio, en el Táchira, donde debían abordar otra aereonave que los conduciría al aeropuerto de Maiquetía. Resultaba elemental pensar que tras la febril argumentación santanderista que imponía cruzar innumerables retenes del Ejército Nacional, se escondía otra intención non sancta. Múltiples empecinamientos de ese orden, todos atravesados en el camino por los delegados oficiales, han conformado la fuente real de los grandes retardos. El hecho de que tras exponerlos tercamente, el Gobierno termine cediendo de un momento a otro, basta por sí solo para preguntar acerca de su contribución efectiva a la celeridad de todo este asunto. Algo de naturaleza semejante sucedió con la formalización de Alexandra, la guerrillera holandesa, como delegada por las FARC. Son cosas que no conoce el gran público y que por tanto aprovecha mucha gente, en particular la gran prensa, para manipular y tergiversar la verdad de lo ocurrido. Sin duda alguna que el seĖor Enrique Santos cuenta con varias maestrías en tal tipo de materias. De otro modo no dedicaría espacio a su imaginaria descripción de la partida del Comandante del Bloque Oriental desde un lugar situado a escasos kilómetros de San José del Guaviare, cosa de la que él jamás fue testigo, pues los delegados del gobierno nacional no tuvieron la menor injerencia en la ejecución de ese procedimiento. Lo que tal vez sí sea cierto, es que como todo miembro de la alta burguesía nacional que se respete, el seĖor Enrique Santos pasa más tiempo en Miami que en su propio país, del cual no obstante se considera uno de sus propietarios exclusivos. No hizo mención en su nota al aplazamiento que tuvo que cumplirse en cierta etapa, porque un largo viaje de descanso familiar del periodista al exterior impedía su presencia. Resulta increíble que por minucias de ese orden la paz del país tenga que esperar. Como si se tratara de cuestiones baladíes, el hermano mayor insiste en seguir culpando a las FARC de las demoras en la firma de un Acuerdo, por haber puesto de presente hondas diferencias y problemas de lenguaje y semántica, dentro de los cuales ejemplifica las dificultades presentadas con el término desmovilización. Las cosas fueron distintas. Desde un comienzo el gobierno nacional dejó ver que lo único que esperaba de un proceso de diálogos con las FARC, era la firma de nuestra rápida y sumisa desmovilización. Haber logrado sobrepasar esa inamovible muralla tras seis meses de discusiones puede considerarse de verdad un logro importante. Cualquier dificultad nacida de la confrontación armada en Colombia, o como lo recuerda el seĖor Enrique Santos, de la liberación de los prisioneros de guerra en nuestro poder, únicamente puede imputarse a los delegados del Gobierno. Este último asunto, como todos los demás, era completamente ajeno al tema que discutíamos, el acuerdo de una agenda y unas reglas de juego para conversar. Eso había quedado suficientemente claro desde el cruce de razones con el Presidente. Cuando ante la arremetida de los delegados gubernamentales tuvimos con cierto énfasis que recordar esta regla, el hermano mayor terminó cerrando el asunto con una especie de autocrítica, que culminó con la mirada fija en sus colegas mientras sus labios recordaban: adjetivo que no da vida, mata. La pretendida infidencia que el hermano mayor sugiere al hablar de la presencia del camarada Timoleón Jiménez en marzo pasado en La Habana, no tiene en realidad nada de ello. A ruego del Presidente Santos y previa solicitud formal del gobierno colombiano, el Presidente Chávez, aun desde su lecho de enfermo, tuvo la gentileza de intervenir en algunos momentos difíciles, a fin de contribuir con su enorme prestigio para que fueran limadas ciertas asperezas. Las reuniones siempre contaron con el visto bueno del Presidente Santos y su hermano mayor debe saberlo bien, a menos que por prudencia no se lo hubieran comentado. Hay algo que quisiera aclarar al seĖor Enrique Santos. Cuenta que al despedirse de Mauricio Jaramillo, al que él insiste en llamar siempre El Médico, a manera de apodo, para sembrar la matriz de un alias que nunca han usado para él sus camaradas de las FARC, percibió que a ese hombre de pocas palabras le hacía falta el monte. Tareas de diversa índole hicieron necesario mi relevo por el Camarada Iván Márquez al frente de la delegación fariana. Eso no tiene nada que ver con un presunto apego montaraz, pese a los treinta y seis aĖos de lucha guerrillera que llevo encima. Había sí cierta nostalgia por nuestra gente y quizás no la podía ocultar. Todas las aproximaciones y luego el encuentro exploratorio estaban cubiertos por la más absoluta reserva y confidencialidad. A diferencia de los delegados gubernamentales que viajaban de continuo a Colombia o incluso a tours de recreación al exterior, nosotros permanecíamos en Cuba dentro del secreto más absoluto. Prácticamente nadie podía vernos y no podíamos dejarnos ver por nadie, lo cual convertía nuestra prolongada estancia allí en algo semejante a una clausura monacal. Nuestros interlocutores habituales no eran otros que los integrantes de la delegación gubernamental encabezada por el pesado seĖor Jaramillo. En esas condiciones renacen todas las aĖoranzas. Por Colombia, por nuestro pueblo, por nuestros guerrilleros que combaten con heroísmo contra la maquinaria de muerte del Estado. Allí están sembradas nuestras raíces. Amamos nuestra patria y a su gente. No nos interesa ningún otro lugar del mundo para vivir. Y lo soĖamos libre de explotación e injusticia. Seguro que el hermano mayor pensó algo diferente. Pero sería volver al comienzo y ya esto se convirtió en una epístola. Hubo algo que me conmovió y agradó del seĖor Enrique Santos. Su enfática afirmación de que cree en este proceso, porque lo considera una obligación moral y política. Pueda ser que sea cierto. Que pese más esto que la frase con la que cierra su escrito y que yo elegí entre comillas para empezar el mío. No deja de tener cierto aire de amenaza. Debiera dejar esas cosas para su hermano menor, el Ministro Pinzón o los Generales de la República [28].

16-1-2013, Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura: Agradecemos el gesto de su respuesta a nuestra invitación para que explique en la Mesa de Diálogos de La Habana, los alcances de la Ley de Tierras que el gobierno tramitará en el Congreso de la República en la próxima legislatura de marzo. Nos preguntábamos si esa Ley acogería o no las recomendaciones surgidas de la Mesa de Diálogos, si podría modificarse con sugerencias surgidas de eventos de amplia participación ciudadana, como las mesas regionales de paz auspiciadas por las comisiones de paz de Senado y Cámara; si tendría en cuenta las trascendentales iniciativas aportadas por el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral que reunió a organizaciones populares y gremiales en suceso inédito en Bogotá, conducido por Naciones Unidas y el Centro de pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia. Sería inexplicable que el mencionado proyecto de ley inicie su recorrido en las cámaras sin escuchar los puntos de vista sobre tierras emanados de la mesa de paz de La Habana y que marche sordo a las aspiraciones de las organizaciones sociales y políticas del país, frente a un tema considerado causa fundamental del conflicto. En un proceso de construcción colectiva de la paz, tanto la Mesa de Diálogos entre gobierno y las FARC-EP, como los eventos y foros, donde diríamos, se expresa la opinión del constituyente primario, no pueden terminar convertidos en espacios para “botar corriente” {realizar una labor que por lo general resulta infructuosa} y de formulación de propuestas que jamás serán escuchadas por la soberbia de unas élites. Es doloroso escuchar que el gobierno no tocará el sacrosanto latifundio por el profundo respeto que le profesa a la propiedad, que la extranjerización de la tierra y el despojo legal no tendrán reversa y que permitirá que los derechos de los tenedores de “buena fe” de tierras despojadas, muchas veces en manos de testaferros de los despojadores, serán garantizados. Así no se construye paz. Sin escuchar el clamor del pueblo, no se construye paz. Con amenazas de judicialización a la gente que venga a La Habana a hablar con la guerrilla de solución política del conflicto, no se construye paz. Debiera el gobierno detener la marcha precipitada de sus proyectos de ley en el Congreso relacionados con la paz, hasta que el pueblo fije su posición apoyado en este proceso que es de todos. Delegación de paz de las FARC-EP [29].

17-1-2013, Las FARC comunican: Su reiteración en exigir celeridad en el análisis profundo e integral -pensando en los intereses de las mayorías nacionales-, del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En tal sentido, conminan al gobierno de Juan Manuel Santos a cesar en la retórica guerrerista que acompaĖa de falsas promesas de solución a los problemas sociales y se comprometa públicamente a presentar soluciones prontas, tangibles, apartadas de la demagogia, para los problemas de miseria que han generado la terrible confrontación que desangra al país. La Delegación gubernamental que dialoga con las FARC-EP debe demostrar voluntad para avanzar, poniendo sobre la Mesa propuestas claras que le indiquen al país que el gobierno no prolongará indefinidamente en el tiempo las soluciones al grave problema del latifundio y de los despojos de la tierra por métodos violentos o disfrazados de legalidad, que han profundizado la guerra generando desplazamientos, masacres, luto y desolación, para favorecer a las élites y a las trasnacionales que saquean la patria. Las FARC-EP han estudiado con atención las propuestas que el pueblo presentó en eventos como las Mesas Regionales de Paz impulsadas por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz, el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial), las propuestas enviadas a la página Web dispuesta por la Mesa de Conversaciones, entre otras iniciativas que deben motivar la máxima participación y la presencia directa de la ciudadanía en el proceso de paz. Del estudio de tales propuestas y reflexiones, hemos tomado las conclusiones centrales para esbozar una posición preliminar referida al primer punto del Acuerdo General, que apunta a resolver la injusta estructura latifundista de la tenencia de la tierra, causa fundamental de la miseria y la guerra que padece Colombia. Nuestra propuesta, que iremos presentando a consideración de nuestros compatriotas en el curso de este nuevo ciclo de intercambios, la hemos titulado Diez Propuestas para una Política de Desarrollo Rural y Agrario Integral con Enfoque Territorial y con respecto a ella presentaremos paulatina y públicamente los argumentos de sustento que están construidos observando las iniciativas de la población. Las FARC-EP, en ejercicio de su soberanía política y en desenvolvimiento de su interlocución constante con el pueblo, ponen en conocimiento del país  la primera de las diez propuestas: Primera Propuesta. Realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, fundamentada en los siguientes propósitos: a) Superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales y provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones. b) Transformación de las relaciones rurales, que contribuya a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población. c) Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza rurales; restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social. d) Construcción de una nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de las relaciones urbano-rurales. e) Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso. f) Promoción al acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial. g) Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra. h) Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo. i) Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de los pequeĖos y medianos propietarios. j) Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de futuras Zonas de Producción de Alimentos. k) Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. l) Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos productivos. m) Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio. n) Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de alimentos. o) Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población. Delegación de Paz de las FARC-EP [30].

15-1-2013, Entrevista al Comandante Iván Márquez de las FARC. En los Diálogos de Paz en La Habana, uno de los aspectos del Acuerdo General para la terminación del conflicto, el tema agrario, hay un diagnóstico común de la situación de miseria que como maleza invadió el campo colombiano. El índice Gini del 0.89 es un espejo que refleja la terrible desigualdad que hay en el sector. Ni siquiera el gobierno tiene las fuerzas ni los argumentos para cuestionar esos números de la injusticia. En La Habana hemos escuchado la voz de los expertos de la ruralidad, como son nuestros campesinos, indígenas, empresarios, catedráticos, etc. Ya están fluyendo importantes insumos, producto de foros y eventos organizados por iniciativa popular, por la ONU y la Universidad Nacional y por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, que contienen la esperanza de solución del problema rural que ha anhelado mucha gente, por mucho tiempo, por la certeza, que nadie les quita, de que ahí está la clave de la paz. Estamos dando los primeros pasos en un camino que todos sabemos complejo. Necesitamos instrumentos de navegación. Para llegar a nuestro destino de paz, requerimos como GPS y brújula, la estadística, las cifras y el catastro, pero en Colombia esas ayudas no existen o son muy deficientes. Se necesita saber qué es lo que se va a redistribuir, restituir y formalizar. No pueden ser baldíos solamente. Para las FARC-EP hay un monstruo cebado en sangre y despojo que subyace en el fondo del problema: el latifundio, pero algunos de las elites prefieren no nombrarlo, lo protegen, lo disimulan, caminan en puntillas cuando pasan frente a él. Ese ha sido el error de todos los intentos de reforma agraria, si es que se les puede dar ese nombre. Pero saben que si las cosas siguen como van, en poco tiempo podrían arrendar o vender esas grandes propiedades a las trasnacionales minero-energéticas. Negocio es negocio. Para las FARC-EP lo fundamental es lo que determine la voluntad nacional, el soberano, el constituyente primario, frente a la guerra y la paz y en este caso, frente al tema específico de la ruralidad y el territorio. En la mesa somos su voz y sus soldados. Estamos ciertos que la dinámica del proceso la imprime la iniciativa popular. Hay derechos de participación política que la gente tiene que hacerlos valer. Con la movilización si es preciso. Ningún colombiano, ninguna organización política o popular, puede admitir mordazas bajo el chantaje de la judicialización si llegare a hablar con una de las fuerzas beligerantes en la mesa, como lo pretende el Ministro del Interior, Fernando Carrillo. No hay nada más absurdo. Ese chantaje que pretende que no podemos dialogar con las organizaciones sociales hasta tanto no nos desmovilicemos, es todo un disparate, que no habla de grandeza ni de buenas intenciones del gobierno frente a la paz y denota en cambio una ignorancia total frente al decoro que destella la guerrilla de Manuel. La mesa y sus protagonistas tienen que estar al servicio de la gente. La paz de Colombia no será resultado de un conciliábulo, ni la reconciliación se forja a espaldas de la nación. Por eso valoramos lo producido hasta hoy por los foros y eventos realizados. Sus conclusiones serán insumos esenciales para la construcción de la paz. Saludamos la iniciativa en proceso del Foro Ciudadano Permanente por la Paz. La Web, por su poca accesibilidad, no colma por ahora las expectativas, pero si es un mecanismo práctico que habrá que mejorar. Finalmente, las ideas son muy importantes, pero debemos acompaĖarlas con grandes movilizaciones, para que tomen forma concreta en la nueva realidad que se está forjando. Los aportes de las mesas regionales promovidas por las comisiones de paz de Senado y Cámara, así como las conclusiones del Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral organizado por la ONU y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, que recibimos las FARC en la Habana y el gobierno en Bogotá y aportes de otras iniciativas populares, todas esas ideas y sueĖos empezarán a ser estudiados a partir del 14 de enero cuando la mesa reanude actividades. Claro que las FARC ya lo están haciendo y los estamos sometiendo a debate a través de nuestros canales. Reiteramos su inmenso valor y nuestra intención es que ninguno de estos esfuerzos pase a la historia como espacios que se abrieron para “botar corriente” {realizar una labor que por lo general resulta infructuosa}. Debe recordarse que habrá un mecanismo para refrendar lo convenido, que también debe definirlo el pueblo. El Presidente Santos, el ex-Ministro De La Calle, el presidente de la SAC, el doctor Mejía han reiterado que el modelo económico no está en negociación. Esa es una aspiración del gobierno, muy respetable por cierto, pero no concuerda con el espíritu ni la letra del Acuerdo General de La Habana. Por otra parte, es imposible que la profundización de la política neoliberal que promueve Santos, la entrega del territorio a la industria extractiva trasnacional, se escape a la discusión del primer punto sobre tierras, acceso y uso, soberanía alimentaria, ruralidad digna. Este no es un país de ignorantes ni cafres {rústico}. Lo que viene avanzando con redoble de tambores y artificios mediáticos, es la extranjerización de la tierra, la desnacionalización de la economía, la pérdida de la soberanía, la destrucción del medio ambiente, el tejido social, nuestras costumbres. Viene avanzando con ruido de locomotora, el hambre y la desposesión, la victoria definitiva de la injusticia. La verdad pura y limpia es necesaria. Todos los colombianos debemos colocarnos al frente, en la trinchera de la patria, para decirles a los nuevos colonialistas que, no pasarán. ņLos mínimos? La reforma rural integral y la reversión del infrahumano coeficiente Gini. El reciente Foro sobre política agraria en Bogotá mostró diversas maneras de abordar la problemática rural, algunos partiendo de qué no es posible negociar el modelo, otros afirmando la necesidad de modificar el modelo. Sin embargo, todos coincidían en la identidad de los problemas como la pobreza, la marginación rural, la ausencia de bienestar social para los trabajadores rurales, algunos aspectos del ambiente y del cambio climático y la ausencia de infraestructura de telecomunicaciones, sistema férreo, sistema de carreteras, déficit técnicos, tecnológicos entre otros. En la mesa hay consenso entre las partes de que es urgente construir la dignidad rural, asunto que ataĖe a toda la nación. La vida digna en las ciudades depende de la estabilidad rural y viceversa. Se debe estrechar esa relación simbiótica para que Colombia salga adelante. Atender las justas reclamaciones de la población rural y urbana, desoídas por décadas, abriría las puertas, por primera vez, al ejercicio de la construcción de democracia verdadera. Hay que democratizar la vida nacional, empezando por la democratización de la tenencia de la tierra. El sector empresarial, la industria nacional, los agricultores, los ganaderos, están siendo apaleados por la política económica del gobierno que tiene su corazón vendido a los intereses económicos de las trasnacionales. Para la inversión extranjera, todo: exención de impuestos, gabelas para que coloquen todas sus ganancias en el exterior, seguridad legal que prioriza los derechos del capital sobre los derechos sociales y sobre la propia industria nacional. Mientras una trasnacional paga menos del 15% y hasta el 5% en impuestos, los industriales colombianos tienen que pagar el 30%. Cuando quieran, las multinacionales se pueden llevar su maquinaria y su tecnología. La política del gobierno está arruinando la industria nacional. Y para rematarla, le clava impunemente el puĖal de los TLC. En Oslo nos dimos cuenta que el gobierno Noruego cobra a las trasnacionales impuestos del 76% y que esa tributación redunda sagradamente en el bienestar colectivo. No estamos pidiendo aportes al proyecto político de las FARC-EP; estamos impulsando un proyecto nacional que beneficie a todos. Unas comunidades campesinas, bien organizadas, deben asociarse con la industria nacional en condiciones que favorezcan en justicia a cada una de las partes. El Estado colombiano no puede seguir actuando de espaldas al país, para feriar, como lo está haciendo, las riquezas naturales que debieran ser utilizadas en la solución de los graves problemas sociales que nos aquejan. La desnacionalización, la reprimarización, están destruyendo lo poco que queda del alma y la industria nacional. La gente del común, las capas medias que están siendo golpeadas sin piedad, ya no se comen el cuento de la prosperidad y el crecimiento del país, porque saben muy bien que todas esas multimillonarias ganancias reportadas no benefician al país nacional, sino a las transnacionales que están exportando, desde el territorio de Colombia, las riquezas que extraen de manera exacerbada, del subsuelo patrio. Y para ello Santos les ha dado luz verde y patente de corso. Con los legisladores sumisos al Ejecutivo, muy pronto dejaremos el tercer lugar para escalar el podio de la vergüenza del primer país más desigual del mundo. La actitud de esa coalición de bolsillo es repugnante, profundamente antisocial y antipatriótica. Que tributen los pobres y las capas medias, no los inversionistas. Terrible y desconcertante realidad. Mientras dialoga de paz en la mesa, el gobierno dispara contra el pecho de la gente el fuego de su insania económica. Y esos son apenas los primeros disparos de unos francotiradores atrincherados en unas curules. Ya vendrá el fuego atronador cuando empiecen a disparar el paquete legislativo de reforma pensional, ley estatutaria de salud, reforma educativa, extranjerización de la tierra… Tenemos que confiar en la capacidad de movilización del pueblo para atajar estos despropósitos. Aunque no tenemos afanes electorales, ojala pudiéramos tener para antes de noviembre una reforma agraria integral. Que para entonces se haya frenado el fatídico carrusel de tierras del Urabá chocoano, antioqueĖo y cordobés que pone en escena, para las graderías, una falsa entrega de tierras a favor de testaferros de los despojadores. Que se haya atacado antes de noviembre ese latifundio improductivo acumulado a bala y motosierra, parasitario y evasor de impuestos. Qué bueno que todos podamos ver florecer antes de noviembre, cambios de estructuras injustas y que podamos apreciar avances en la desmilitarización del Estado y de la sociedad, identificar a los autores intelectuales de los falsos positivos, los que firmaron la luctuosa directiva 029. La Delegación de Paz de las FARC-EP está actuando en perspectiva de la paz, no de la guerra, pero podemos afirmar que los pueblos son capaces de derrotar cualquier asimetría. Los Generales del Comando Sur, del ejército colombiano, el Presidente Santos no deben esperar la derrota que anhelan, en sus bombas ni en sus microchips. Esa es una quimera taciturna, sin esperanzas. No busquen la derrota, busquen la paz, la solución diplomática de este largo conflicto, que sería un ejercicio mucho más práctico. Un General colombiano aseguraba hace poco, que casi todos los conflictos han terminado en una mesa. Y tal vez tenga razón, pero se requiere que haya voluntad y determinación para recurrir a las costumbres civilizadas en la búsqueda de una solución. Para los que persisten en la guerra injusta que solo protege intereses de los poderosos, “por fortuna se ha visto con frecuencia un puĖado de hombres libres vencer a imperios poderosos”, decía nuestro padre, el Libertador Simón Bolívar. Deben tener en cuenta, además, que las FARC no son solamente hombres y mujeres alzados en armas; las FARC son un pueblo. Sería muy desalentador que el Presidente Santos estuviese supeditando el proceso de paz a su reelección y que los plazos que se fijan para su concreción, obedezcan a cálculos en ese sentido. Por la paz se debe trabajar desinteresadamente y de corazón, con generosidad. Un proceso de paz con temporizador, que lo vuele al cabo de un tiempo, es una aberración. El colmo sería que apareciera por ahí algún tecnócrata reclamando la patente de esa modalidad. A veces da la impresión que algunos de esos estrategas confunden proceso de paz con sometimiento. Con relación a las FARC y las elecciones: coincidimos con muchos compatriotas en que es necesario abrir espacios a la participación política y para ello es fundamental reformar el actual sistema electoral, templo sagrado de los ladrones, el fraude y la impunidad, impenetrable por su asquerosa podredumbre. Mantienen el conteo manual de votos para poder alterar los resultados y solo recurren a medios electrónicos para vender gobernaciones, curules de Senado y Cámara, alcaldías. Es un sistema tan democrático que votan hasta los muertos y los no inscritos. Ganan los socios de las empresas que cuentan los votos. La policía entra a la base de datos de la Registraduría, porque es la policía. Los que han logrado penetrar el antro aseguran que en sus salones de la fama hay un monumento erigido al fraude en que aparece Uribe flanqueado por el narco-paramilitar, Jorge 40 y el muchacho bueno, Jorge Noguera. Hay que cambiar esa vergüenza nacional, crear una nueva institucionalidad digna del crédito ciudadano, para que todos participemos confiados en la honradez y probidad de los funcionarios públicos que la representan. Un nuevo sistema electoral, confiable e impoluto, fundado en la democracia verdadera, generaría ganas y deseos de participación electoral. El gesto unilateral de paz, que se extendió generosamente durante 60 días, inobjetablemente generó un ambiente favorable a los diálogos y conformó un clima de tranquilidad que arropó a los hijos de Colombia en Navidad y AĖo Nuevo. !!!Qué tal que el gobierno hubiese hecho lo mismo, entendiendo que una determinación de humanidad no echa a pique ninguna estrategia militar ni política. Hay que tener en cuenta que el cese unilateral aludía a acciones ofensivas. Si las FARC eran atacadas, tenía todo el derecho a responder. Le preguntamos al CICR su evaluación de esta decisión unilateral y nos respondió que todos sus delegados reportaban un ambiente de tranquilidad en sus áreas de trabajo. Valdría la pena preguntarles a gerentes de las trasnacionales su valoración del cese unilateral de acciones ofensivas. Nosotros podemos asegurar que aprovecharon la circunstancia para saquear más petróleo, más carbón, más oro y ferroníquel de las entraĖas de nuestro territorio. Deben estar frotándose las manos. El Tratado de regularización de la guerra que proponemos es consecuencia de la negativa del gobierno a pactar un cese bilateral de fuegos por un tiempo determinado. Y lo hacemos pensando fundamentalmente en la población, en cómo sustraerla, lo más que se pueda, de los efectos de la confrontación. Un puesto de policía o una base del ejército ubicada en el centro de un pueblo, por ejemplo, es utilizar a la población como escudo humano, arguméntese lo que se quiera. Por otra parte, ateniéndonos a las especificidades del conflicto colombiano, podemos acordar normas entre los contendientes para resolver prontamente situaciones de caídos en combate, heridos y prisioneros, entre otros temas. Una fuerza insurgente no vive del aire. Tiene que comer, vestirse, curarse, transportarse, adquirir pertrechos, renovar su armamento, financiar sus escuelas… La Ley 002 sobre tributación para la paz, promulgada por las FARC-EP en el 2000, sigue vigente, excepto la privación de la libertad por evasión del impuesto. Hace un aĖo las FARC dejaron, por razones ya expuestas, la práctica de las retenciones con fines económicos. El lavado de activos en Colombia es del orden de los 12 mil millones de dólares al aĖo y el mayor porcentaje de esos dineros se mueven libremente por los circuitos financieros. El mismo Estado imperial, inmerso hoy en una devastadora crisis sistémica, utiliza grandes masas de dinero provenientes del narcotráfico en inútiles operaciones de salvamento financiero. Aquí hay mucho sepulcro blanqueado por fuera, pero podrido por dentro. Álvaro Uribe fue un Presidente mafioso. Laboratorio de Tranquilandia, pistas para operaciones de narcotráfico en la selva autorizadas por él, siendo director de la Aeronáutica civil. También permitió a sus congéneres paramilitares, cuando era Presidente, la exportación de cocaína… En la época de los “Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar) el cartel de Cali financió el Bloque de Búsqueda. Esa institución no tenía plata y con lo que recibió de la mafia, adquirió carros, equipos de inteligencia, pagó sobresueldos a los oficiales. El DAS, durante el gobierno de Uribe, pasó a la historia como el cartel de las Tres Letras. Abrió la ruta de la cocaína a EUA a través del cartel de los Beltrán Leyva de México. Y hacía la vuelta completa, porque también entraba los dólares desde EUA, a través del aeropuerto El Dorado de Bogotá, directamente a las manos de los capos. Los narcotraficantes eligieron a casi todos los Presidentes, desde Turbay hasta Uribe. Eligieron parlamentarios. No se puede olvidar lo que dijo aquella vez Salvatore Mancuso: “elegimos más del 33 por ciento del Congreso”. Y después la narco-parapolítica y eso sigue. Para las FARC la producción de hoja de coca por los campesinos es la consecuencia de una problemática de orden social. La represión no soluciona nada. Algunos se molestan porque las FARC “toleran”, pero ya lo dijimos, ese es un problema social que debe abordarse como tal y además, las FARC no somos policías antinarcóticos. Hicimos a través del Comandante Manuel una propuesta de sustitución de cultivos ilícitos dirigida al campesino, pero el gobierno la desestimó, porque necesita el pretexto para seguir agrediendo y justificar la injerencia de EUA en nuestros asuntos internos. También propusimos en el pasado la legalización del consumo, pero respondieron negativamente porque el problema era global. Ahora hay ex-Presidentes muy ilustres, como Gaviria, abogando por la legalización y no porque haya entrado en razón, porque crea que así como ocurrió con el tabaco y ron puede ocurrir con la cocaína, sino porque detrás están las trasnacionales farmacéuticas que de repente descubrieron que allí hay un gran filón de oro para sus negocios.ņPara qué tienen a las denominadas BACRIM? Para garantizar el Carrusel de las tierras en Urabá y alimentar la farsa de la entrega de tierras que ha sido puesta en escena en esa región. Su tarea es revictimizar a los despojados para que las tierras vuelvan a los despojadores, los bananeros, ganaderos, palmicultores, a Gabriel Harry, a los Vélez, a los Gaviria, a los Sierra, a los Argote. Y tienen a las BACRIM también para colocarlas como guachimanes en los sitios que serán objeto de extranjerización y de explotación minero-energética. Después les darán una patada y los extraditarán a EUA, como a los otros. Las BACRIM son grupos para estatales. Hay unos Generales retirados reactivando el paramilitarismo. El anhelo de transformaciones políticas, económicas y sociales crece y crece todos los días en Colombia y moviliza gente y en esa motivación fincamos todas nuestras esperanzas de articular un contingente unificado de sectores sociales en torno a algo nuevo para Colombia, una forma distinta de hacer política que tenga como propósito la dignidad humana ante todo, la soberanía, la democracia verdadera. Hay un ataque abusivo y desproporcionado del gobierno contra las capas medias del país a través de la tributación. El gobierno quiere mandarnos a todos al inframundo porque en su soberbia y actuación impune cree que la gente va tolerar que le pisoteen mansamente, todo el tiempo, su dignidad. Las víctimas, son víctimas del conflicto, en el que el Estado tiene una responsabilidad histórica por acción y por omisión. Para no irnos muy lejos en esta triste historia está el genocidio de 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. Hay que identificar a las víctimas, informar cómo marchan los procesos de incriminación de los victimarios. El Estado, que es el victimario por antonomasia, debe responder por las masacres y las fosas comunes perpetradas por el paramilitarismo de Estado, el desplazamiento forzoso de 5 millones de campesinos, los falsos positivos, por los que se debe responder jerárquicamente, empezando por el ex-Presidente Uribe y su Ministro de Defensa Camilo Ospina, los generales y todos los involucrados en estos crímenes de lesa humanidad, que estamparon sus firmas en la fatídica Directiva 029, sobre todo ahora que están atados al Estatuto de Roma. En cuanto a las FARC, ya hemos explicado, que sólo hacemos uso de un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de alzarse en armas contra la opresión. La nuestra es una respuesta a los victimarios. Las FARC no proyectan acciones contra la población civil, sino contra objetivos militares. En medio del fuego seguramente se afecta a la población, pero no es el cálculo y la intención de la guerrilla. Con la invención del gobierno de que nos apropiamos de 800 mil hectáreas, buscan seguir golpeando a la gente que estorba al proyecto de extranjerización de la tierra que ya tienen diseĖado. Muy poco se habla, por ejemplo, de la titulación del INCODER a testaferros de los despojadores de más de 312 mil hectáreas de tierra. Los 92 predios de la hacienda Las Tangas supuestamente devueltos a sus dueĖos, siguen en manos de poderosos despojadores en fundos dedicados a la ganadería [31].

18-1-2013, La Habana, República de Cuba, Sede de los Diálogos por la Paz con justicia social para Colombia. Sin duda hay quienes creen que la paz es una limosna y no la concreción de la justicia y por ello siguen burlando ese derecho y deber de la paz, que han consignado en el cuerpo constitucional de la institucionalidad que dicen defender, de manera tan pomposa como demagógica, supuestamente en favor de todos. Ciertamente, se les hace difícil juntar el poder con la concordia. Aunque hace unos días Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura, aseguró demagógicamente que habrá más regulaciones a la presencia del capital foráneo en Colombia, multinacionales como la estadounidense Cargill -la mayor comercializadora del mundo de materias primas agrícolas- emprendió en la altillanura un proyecto de producción de cereales que involucra 90.000 hectáreas en el departamento del Meta y ya invirtió u$s 55 millones en la compra de tierras. De manera inaudita, mientras los negocios que conducen a la propiedad extranjera sobre la tierra son motivo de alarma para la FAO y por ello advierte contra sus consecuencias adversas para la población, en Colombia el fenómeno toma impulso y es visto por los funcionarios estatales no como un problema sino como una oportunidad. ņPero oportunidad para quién? Esto no es para alimentar al 12 % de la población colombiana que padece desnutrición ni para evitar que 5 mil niĖos mueran de hambre anualmente en nuestro país. No, esto es para llenar los bolsillos de las multinacionales y de sus reverentes socios locales, a los cuales sirve este gobierno y por supuesto su Ministro de Agricultura. No es de extraĖar la desafortunada frase de Juan Camilo Restrepo cuando dice que “no podemos caer en esa exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero”. Pedazo a pedazo se están feriando el país entero: 12.000 hectáreas a la empresa Mónica Semillas en Puerto Gaitan; 10.000 hectáreas en Pivijay (Magdalena), para el grupo empresarial israelí Merhav, para poner en marcha proyectos de producción de etanol; no menos de 1000 hectáreas en el Magdalena Medio para el Grupo Ingacot, que explota cultivos de soya y maíz, tomando tierras en arriendo, que es la otra modalidad del despojo legal...; y hay casos como la entrega de 100.000 hectáreas para la sueco-ecuatoriana MS Timberland Holdings o Reforestadora el Guásimo, a la europea Smurfit-Kappa, a las chilenas CompaĖía Agrícola de La Sierra y Reforestadora del Sinú, y par los fondos de inversión multinacionales Inverbosques y Forest First, etc. Incluyendo fracasados proyectos de producción de etanol con remolacha en Tuta (Boyacá) y con caĖa panelera en la hoya del río Suárez, porque resulta que ahora los productos agrícolas no son para resolver el problema de desnutrición y de hambre sino que la idea con la agroindustría consiste en generar agrocombustibles para alimentar maquinarias, carros y aviones. Si no quiere venir a la Habana, no importa que el Ministro responda como si lo hiciera desde las oficinas de Cargill o de la Monsanto, pero el país debe tener en claro el juego al que juega el gobierno. Ojalá tengan el valor ciudadano de darle algunas explicaciones ciertas al país, porque hasta el momento lo que se le ha entregado al pueblo es una notificación de que ninguna de las opiniones que se están vertiendo en la Mesa de Conversaciones, en los foros y en los espacios de participación del proceso de paz, será tomada en cuenta porque, según palabras del ministro, el Gobierno, desde un comienzo y ahora, tiene una política agraria “que impulsará haya o no negociaciones con las FARC y que esto se hará respetando el derecho privado, respetando la propiedad y respetando los derechos adquiridos de buena fe”, que es lo mismo que decir los derechos de los despojadores [32].

18-1-2013, Las propuestas concretas presentadas por la Delegación de Paz de las FARC, generaron importante reacción del gobierno nacional y sus delegados a La Mesa de Conversaciones en La Habana, lo que es positivo. Sin embargo es negativa y desobligante la forma prepotente y errática en que lo hacen. Todo indica que piensan más en beneficios mediáticos para mezquinos intereses políticos que en soluciones. La discusión de los temas de coyuntura nacional está al orden del día, estamos construyendo las bases para un nuevo país, así el nombre no le guste al establecimiento, pero esa es la realidad. Las organizaciones populares demandan los cambios necesarios para lograr la paz, para eso se movilizan, se reúnen, se manifiestan. Dice Juan Manuel Santos que por nada del mundo habrá constituyente. Por fin se acordó del sexto punto de la Agenda, el que quieren desconocer junto con la introducción. Lo pactado es encontrar entre las partes mecanismos de refrendación, sin olvidar la soberanía popular. Una constituyente es perfecta para ello. Por qué la niega el Presidente Santos? Y coincidimos, forma parte de la discusión. Dice además que no es posible adelantar los diálogos a través de los micrófonos, claro, cuando ya él habló. Es su peculiar interpretación y práctica de democracia. De eso se trata, por más que sea pesada la carga para las espaldas del pueblo, este debe callar, debe aceptar; el plan gubernamental es perfecto y por tanto intocable. Se nota a lo lejos que vive de la realidad. Lo acostumbrado que está a la ley del embudo. La relatividad es característica del actual gobierno, por tanto de sus funcionarios, varían sus planteamientos y recuerdan el adagio de estar para donde el sol alumbre. Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura, asegura en su respuesta a la Delegación de Paz de las FARC, que no contesta pues “quienes reaccionan, opinan y dan declaraciones frente a las propuestas de una y otra parte, son los propios voceros”, refiriéndose a un tema cardinal para el logro de la paz, la solución de los problemas del mundo rural. Pero para impulsar los obstáculos a esa solución pone toda su energía como cuando defiende la entrega del país a las transnacionales a través de la extranjerización de la tierra. Fernando Carrillo Ministro del Interior, asevera “La agenda sigue su curso y no entra al congelador. Su objetivo es equidad, paz, reforma social y fortalecimiento democrático”, hablando de la agenda legislativa, además también niega hasta la posibilidad de discutir la propuesta de constituyente. Ojalá mostrara igual celeridad cuando de buscar soluciones a los problemas populares se trata. Demostrado está, el pueblo insiste en su clamor por la paz y aporta ideas y propuestas de solución, las FARC persisten en sacarlas adelante en La Mesa de Conversaciones, eso sí muy pocas, casi ninguna de ellas tiene resonancia en los medios, pero eso no quiere decir que no existan. Sin embargo la gran prensa seĖala a la insurgencia como responsable de la falta de dinamismo en los diálogos y ahora vuelven con su trasnochado cuento que las propuestas no se ciĖen a lo acordado. Delegación de Paz FARC-EP [33].

20-1-2013, Declaración de las FARC-EP con ocasión de cumplirse la finalización del período de cese el fuego unilateral decretado por nuestra organización a partir del 20-11-2012. La inmensa mayoría de la población colombiana puede dar fe de que las FARC-EP hemos cumplido en forma seria y responsable el compromiso adquirido hasta las 24 horas del 20-1-2013. Por encima de la venenosa campaĖa de difamación lanzada por nuestros enemigos, en el período seĖalado suspendimos por completo las acciones ofensivas contra la fuerza pública, al igual que los actos de sabotaje contra la infraestructura pública y privada. Lamentablemente este nuevo gesto unilateral de paz por parte nuestra, jamás fue correspondido por los representantes del Estado. Sus mismas declaraciones inmediatas, sus órdenes de arreciar el fuego y las constantes operaciones contra nuestras unidades propiciaron y materializaron diversos hechos de sangre que nosotros lamentamos profundamente, no sólo por los daĖos en vidas y tranquilidad producidos, sino porque se elevan como testarudos obstáculos a los esfuerzos de reconciliación entre los hijos de la patria. Revisando nuestros archivos de la confrontación, constatamos que durante el mismo período un aĖo atrás, es decir, entre el 20-11-2011 y el 20-1-2012, los 292  enfrentamientos armados presentados entre las FARC-EP y el Estado colombiano produjeron al menos 284 muertos y 278 heridos en los miembros de la fuerza pública. Realidad tan abultadamente dolorosa, no puede ser equiparable de ninguna manera, a la situación vivida durante los dos meses que ahora terminan, pese a los patéticos esfuerzos de distintas agencias estatales y la gran prensa por torcer la fuerza de los hechos. Nadie que tenga la cabeza en su puesto puede desconocer que durante los dos últimos meses las FARC-EP no realizamos ni un solo ataque a bases o instalaciones fijas de las fuerzas militares, ni a cuarteles o puestos de Policía. Los muertos, heridos o lisiados de la fuerza pública que se hayan presentado en este período, tuvieron lugar en combates de tipo defensivo librados por nuestra fuerza, cuando  se requirió hacer frente a la inmensa arremetida ordenada de manera pública por el seĖor Presidente de la República. Durante el mismo período registramos con intenso coraje revolucionario las muertes de varios camaradas guerrilleros en distintos puntos de la geografía nacional, la mayor parte de ellos como consecuencia del ejercicio brutal de los bombardeos ejecutados por la fuerza aérea. Honor y gloria a nuestros muertos. La población colombiana y la comunidad internacional están enterados de cómo la oligarquía colombiana responde a las manifestaciones de paz del pueblo de este país. Esa ha sido su constante histórica y permanece fiel a ella. Versiones insanas surgidas del Ministerio de Defensa con el propósito de disimular la vocación criminal que lo anima, hablan de una subcontratación de las FARC con el Ejército de Liberación Nacional y la delincuencia común para que ellos cumplieran por nosotros diversos actos de guerra. Argumentación rebuscada para desconocer el accionar de otras fuerzas revolucionarias y la grave situación de inseguridad que se vive en el país como consecuencia de la convivencia entre la fuerza pública y las bandas criminales. Las FARC-EP no decretamos un cese unilateral de fuegos para complacer al gobierno de Colombia ni a las fuerzas armadas que dirige con cuidadosa asesoría norteamericana. Tampoco para conmover la rancia oligarquía vinculada de lleno con el proyecto “santista” de las locomotoras. Sabemos que de ellos no podemos esperar nada distinto a la violencia. Lo hacemos para evidenciar la inmensa satisfacción que le reporta a la mayoría de los colombianos el alto en la confrontación. Para invitarlos a profundizar la lucha por la paz. Cada acontecimiento sucedido en nuestro país contribuye a precisar la responsabilidad por el grave conflicto que vivimos. A la más odiosa desigualdad del continente se suma la propensión enfermiza del régimen al empleo del terror contra quienes claman por cambios encaminados a conquistar justicia. La paz sólo podrá nacer de hondas transformaciones en la vida nacional y únicamente el pueblo colombiano, unido y movilizado, podrá conquistarlas. Es esa la larga lucha de las FARC-EP. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP [34].

23-1-2013, La Mesa de Diálogos de La Habana, ha arrancado, se han producido anuncios, actos formales de instalación, ruedas de prensa y múltiples declaraciones, pero la verdadera discusión de los temas de la agenda apenas comienza. El Foro sobre desarrollo agrario integral abrió la puerta a la participación de la población colombiana en el proceso. También han llegado a la Mesa por otros conductos innumerables propuestas sobre la materia. Se ha empezado a hablar en la Mesa con distintos sectores vinculados al problema de la tierra. Todo eso tiene gran importancia, es indicativo de que las cosas marchan bien, sobre todo porque como informan los delegados nuestros desde La Habana, esa oleada de voces coincide en un auténtico clamor por cambios estructurales. La posición del gobierno ha sido pública y enfática, en el sentido de no admitir debates sobre modelos de desarrollo en ninguno de sus aspectos. Pero, es su posición, la posición de una de las partes que se sienta con otra a buscar la solución política al conflicto. Por eso creemos que dicha posición está sujeta a cambios en el curso de las conversaciones. Para eso es una mesa de diálogo. Nosotros podríamos partir de exigir el poder o la extinción total de la gran propiedad rural, que siguen siendo parte de nuestras metas, pero sabemos que de ese modo no llegaríamos a ningún lado. El gobierno debe tener compromisos políticos y pactos de lealtad con intereses muy poderosos en el campo, sin embargo, ellos no pueden constituir la exclusiva guía para su conducta. La dinámica política puede conducir a la prevalencia de otros intereses. Al respecto somos optimistas. No cabe duda que las movilizaciones sociales que seguramente se producirán este aĖo tendrán grandes repercusiones en todo esto. Lo razonable es no comprometer plazos, aunque voces interesadas interpreten esto como la eternización de unos diálogos inocuos. Los enemigos de las paz y de este proceso siempre se hayan prestos a las exageraciones y distorsiones. Se trata de partir de realidades. En Mayo cumpliremos 49 aĖos de confrontación armada que se prolongarán quizás mucho más si no se logra un acuerdo de reconciliación. Frente a esto ņQué sentido tiene armar un escándalo por unos meses más o un par de aĖos más de diálogos, cuando de lo que se trata es de consolidar la terminación del conflicto y la paz en nuestro país?  Tras uno o más lustros de guerra siempre se volvería a una Mesa; así que es mejor, sin afanes, ahorrarle toda esa sangre a Colombia. La experiencia del Foro Agrario Integral abrió la puerta a la participación popular en el proceso. En adelante, esta debe crecer como una bola de nieve. El pueblo Colombiano no necesita permisos del gobierno para pronunciarse y movilizarse. En gran medida esa es la paz que buscamos, la de la participación decisoria de la nación en las grandes definiciones que ataĖen a su futuro. Eso ya no se puede seguir prohibiendo en Colombia. El actual gobierno es heredero de la seguridad democrática, un practicante devoto del credo neoliberal, desempeĖa a cabalidad su papel de agente del imperio en el sur del continente, confía ciegamente en la Espada de Honor, su plan militar de exterminio. Su apuesta a la paz por vías del diálogo pone de manifiesto la fuerza que en el interior de su coalición toman determinadas conveniencias de momento, pese a la tozudez de algunos contradictores internos.  Lo que está claro es que su idea de paz no coincide con la de las grandes mayorías desfavorecidas, y ese es el verdadero debate. Gran parte de la intelectualidad y  la academia cooptadas por el unanimismo neoliberal desde los aĖos 90, se especializó, no sabemos de qué modo, en el estudio de las FARC. Ustedes los escuchan o leen todo el tiempo pontificando sobre nosotros. En realidad todos ellos son agentes a sueldo del gran capital, cumpliendo con su deber de satanizar las alternativas políticas y sociales al modelo depredador, cuando no forman parte de las operaciones sicológicas desarrolladas por la inteligencia militar. La Mesa de La Habana esta muy lejos de ser la Notaría encargada de avalar las antipopulares y antipatrióticas políticas del gobierno de Juan Manuel Santos. Precisamente allá estamos sentados también las FARC con el propósito indeclinable de denunciar y contradecir esas políticas que por servir de modo exclusivo a unas elites se convierten en combustible permanente del conflicto. La Mesa es una conquista del pueblo Colombiano, una ventana a la verdad, una puerta que se le abre a la muralla de la intolerancia y la violencia, para luchar por grandes transformaciones en el país. Su legitimidad y peso real se encuentra en el protagonismo que el movimiento popular y social de Colombia asuma por la conquista de una nueva patria. En esa lógica, las políticas neoliberales de Santos solo podrían fortalecer la importancia de la Mesa de Habana como instrumento de lucha para combatirlas. La guerra no puede ser el destino de esta nación. En el primer punto del Acuerdo General quedó planteada la invitación a los demás grupos insurgentes a sumarse a este proceso. Guardamos el más absoluto respeto por las decisiones de las direcciones de esas organizaciones revolucionarias, lo que no nos impide considerar que en una sola Mesa la unidad del movimiento popular tendría mucha mayor relevancia. Sobre todo cuando voceros de la oligarquía, como Enrique Santos Calderón, se han expresado en términos tan despectivos con relación a la importancia de esas organizaciones [35].

23-1-2013, Diez propuestas de las FARC referidas al primer punto de la Agenda del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Primera Propuesta. Realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, fundamentada en los siguientes propósitos: a. Superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales, y provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones. b. Transformación de las relaciones rurales, que contribuya a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población. c. Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza rurales; restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos, y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social. d. Construcción de una nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de las relaciones urbano-rurales. e. Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso. f. Promoción al acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial. g. Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra. h. Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo. i. Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de los pequeĖos y medianos propietarios. j. Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de futuras Zonas de Producción de Alimentos. k. Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. l. Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos productivos. m. Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio. n. Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de alimentos. o. Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población. Segunda Propuesta: Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales, y compromiso con el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, mediante el acceso y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Ello implica, de manera prioritaria, la puesta en marcha de programas masivos de nutrición y alimentación y de empleo rurales, de dignificación y laboralización del trabajo agropecuario atendiendo estándares de normatividad internacional, así como la provisión de la correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompaĖada de la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público. Tercera Propuesta: Construcción de una nueva ruralidad basada en la democratización de las relaciones urbano-rurales, y en el principio de la justicia territorial, que supere visiones extractivistas y utilitaristas del mundo rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el desarrollo del país y el buen vivir de su población. Ello implica la puesta en marcha de medidas excepcionales para cubrir la deuda histórica política, económica, social y cultural del Estado con el campo y sus pobladores, deuda que ha producido violencia, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y segregación territorial; impone la desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la estigmatización del campesinado; conlleva el ordenamiento y la regulación del territorio urbano-rural con base en criterios de equidad, mutuo beneficio y participación democrática; demanda medidas reales y efectivas para la apropiación de la riqueza pluriétnica y multicultural del mundo rural, incluyendo valores, modos de vida y de organización de la economía. Cuarta Propuesta: Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población; reconozca y respete las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria; contemple una organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaĖos a los centros de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeĖos y medianos productores en esos espacios; establezca límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles; establezca regulaciones específicas de acompaĖamiento a la pequeĖa y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales. Quinta Propuesta: Garantía de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes comunes de la tierra y el territorio, considerando de manera especial el derecho de las mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se propone la creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico. Con base en la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y productividad de las tierras que conforman el Fondo, se procederá a su distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de propiedad y de producción de los pequeĖos y medianos propietarios, incluida la superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra. Economías campesinas asociativas y de cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales y reasentamientos provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra serán concertados con los campesinos. El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros técnicos. Sexta Propuesta: Reconocimiento de los territorios colectivos y las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afro-descendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la titulación colectiva de sus tierras y territorios, el respeto real y efectivo de la autonomía y la organización política, económica, social y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias, y la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. En el mismo sentido, se propone el establecimiento de territorios interétnicos, definidos como territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, con regulaciones colectivas propias y atendiendo principios de autonomía y autogestión. Séptima Propuesta: Reconocimiento y definición de los territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político del campesinado. Los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de las otras formas de territorios colectivos. En consecuencia se fundamentan en el respeto real y efectivo por la autonomía y la organización política, económica, social y cultural, en el establecimiento de jurisdicciones campesinas propias, y en la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. Estos territorios asumirán dos formas: Primero, como territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina; segundo, como Zonas de Producción Campesina de Alimentos. Todo lo anterior, ha de acompaĖarse de medidas que garanticen la vida y las concernientes a la dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas por parte del Estado, lo cual debe empezar con la adopción de la declaración de los derechos del campesino de la ONU, así como del acuerdo 141 de la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación en el ordenamiento jurídico. Octava Propuesta: Compromiso con la soberanía alimentaria mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda crear condiciones de producción, circulación, comercialización y consumo de los alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia y de mutuo beneficio entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de infraestructura física, especialmente de vías de comunicación y de riego, de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de otros medios de financiación. La economía campesina merece especial protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior, también comprende la posibilidad de encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción agrícola, con fundamento en estrictas regulaciones que garanticen organización y distribución equitativa de la producción y sus beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Se incluyen igualmente las economías rurales de carácter agroindustrial, orientadas al mercado mundial, siempre y cuando no afecten la soberanía alimentaria y garanticen sostenibilidad socioambiental. Novena Propuesta: Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológicos, a la protección y promoción del conocimiento ancestral y propio, a las semillas nativas, con miras a garantizar la conformación de una base técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial. Estímulo a la investigación socioeconómica de la economía y sociedad rural, apoyada en la producción y sistematización permanente y actualizada de información, para apoyar el diseĖo de las políticas de desarrollo rural. Ello impone la realización inmediata de un Censo Rural y Agrario. Décima Propuesta: Denuncia o revisión de los acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio, inversiones o propiedad intelectual, que menoscaben la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población, propicien la extranjerización de la tierra y el territorio, promuevan su acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen la especulación financiera, propicien la producción transgénica o la imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios o de la alimentación. Mientras ello se produce, expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en marcha de los tratados de libre comercio. Las diez propuestas aquí presentadas, demandan la conformación de una nueva institucionalidad estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana. De igual manera, implican la activación de mecanismos que garanticen su seguridad jurídica, una Asamblea Constituyente y legislativa es el camino [36].

30-1-2013, Las FARC-EP han sentado un compromiso en cuanto a no realizar más retenciones de carácter económico, aunque se mantenga la vigencia de la Ley 002 referida a impuestos para nuestra financiación. De igual manera nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendidos en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra, y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo. En reiteradas ocasiones hemos hecho llamados al gobierno para que se produzca un intercambio de prisioneros de guerra, lo cual fue respondido negativamente. Seguimos abogando por la humanización del conflicto y la suscripción de un tratado de regularización de la guerra. Delegación de Paz de las FARC-EP [37].

31-1-2013, Las FARC, desde La Habana, Cuba, respondieron al ultimátum del Gobierno al proceso de paz, luego de que la guerrilla anunciara que tomará prisioneros de guerra a policías y militares. El Jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, dijo que el Gobierno debe dejar de buscar un ‘florero de Llorente’ {o Reyerta del 20 de julio de 1810. Excusa para crear una Reyerta} para levantarse de la mesa de diálogos adelantada desde octubre. “No conviene al país que el Gobierno empiece a buscar, como se evidenció el miércoles en Bogotá, un florero de Llorente para romper la mesa”. Lo que se requiere ahora es “inventiva, pasión y que con hechos concretos, sin demagogias, el Gobierno dé pasos definitivos sacando a la gente de la miseria para acabar la guerra que desangra a la Patria. El proceso debe llegar a su fin con una Asamblea Nacional Constituyente. Definitivamente cualquier proceso debe llevar a una constituyente. “Independientemente de que el Gobierno quiera o no constituyente, definitivamente no hay otro camino para alcanzar un verdadero pacto de paz” [38].

31-1-2013, La Delegación de Paz de las FARC-EP, dentro del análisis que hemos hecho de las diferentes propuestas provenientes de la sociedad colombiana en su conjunto, quisiéramos tratar un tema específico que, desde un punto de vista integral, interactúa e influye sobre los temas de la agenda. Se trata de la extranjerización de la tierra, entendiéndose el tema de la política minero-energética y de grandes proyectos agroindustriales que se vienen aplicando cada vez con más fuerza dentro del marco global del neoliberalismo. Primero un cuadro general, que después nos ayudará a entender mejor cuál es la realidad que las diferentes sectores sociales y populares de Colombia enfrentan y por qué a través de los diferentes foros, páginas web y formularios físicos nos han llegado tantas propuestas e inquietudes sobre este tema específico. En Colombia hay 114.17 millones de hectáreas de área terrestre. Los llamados “bloques petroleros” ocupan el 58.2% del territorio nacional. ņQué quiere decir bloque petrolero? Es una extensión de tierra que, si no está siendo explotada ya, es considerada por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), área reservada -regiones donde se considera que hay posibilidad de que haya petróleo- o área disponible, listos para iniciar un proceso de concesión. En otras palabras: aunque no signifique que en la totalidad de esas 66.5 millones de hectáreas (el 58.2%) se esté efectivamente explotando petróleo, sí quiere decir que dependiendo de los estudios, se podría explotar petróleo y están en riesgo los modos de vida de las comunidades que ahí habitan. Echemos un vistazo a la minería. De los ya mencionados 114.17 millones de hectáreas, 4.848.471 de hectáreas están utilizadas para la explotación minera, mientras que 26.348.039 están solicitadas para tal fin. Cabe hacer el mismo seĖalamiento que con el petróleo: son 31.196.510 hectáreas, aunque no siendo explotadas en su totalidad en este momento, sí existe una amenaza pendiente sobre las cabezas de los habitantes de esas regiones. Cabe recordar otro “detalle”: Las áreas que son denominadas reservas mineras estratégicas (áreas potenciales de explotación minera por su gran cantidad de recursos mineros) son puestas en venta por la Agencia Nacional Minera, bajo el principio: el que más ofrece, lleva. David contra Goliat: Los pequeĖos y medianos mineros pierden, las grandes multinacionales llevan. Las metas de crecimiento para el aĖo 2020, según Fedepalma (Federación Nacional de cultivadores de Palma de Aceite), son hacer crecer el área sembrada de 170.000 hectáreas en el aĖo 2000 a 743.000 en el 2020, teniendo en cuenta que en Colombia hay 3,5 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo de la palma de aceite. Además, las metas para extender las áreas de producción de caĖa de azúcar, caĖa panelera y yuca para la producción de Etanol son de 215.000 hectáreas (Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), sumando un total de 958.000 hectáreas. Según un informe de la FAO en 2008, “El rápido crecimiento de la demanda de materias primas para biocombustibles ha contribuido a un aumento de los precios de los alimentos y amenaza la seguridad alimentaria de compradores netos de alimentos, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas”. Asimismo, “El impacto más importante está determinado por el cambio en el uso de la tierra, por ejemplo a través de la deforestación, dada la expansión de la superficie destinada a la agricultura. Otros posibles efectos medioambientales negativos en la tierra y los recursos hídricos, así como en la biodiversidad, también dependen en gran medida de los cambios en el uso de la tierra”. Después de este panorama muy general, que se limita a ser una mirada fugaz sobre el ordenamiento territorial de los proyectos de extracción minero-energética y de proyectos para el cultivo de agrocombustibles, vamos a publicar algunos de los múltiples planteamientos que nos han llegado a través del Foro “Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) que tuvo lugar en Bogotá el 17, 18 y 19-12-2012. Muchas organizaciones hacen primero un diagnóstico del problema, cada una desde sus propias experiencias vividas, pero a la vez muestran un conocimiento teórico profundo de la problemática. La Delegación de Paz de las FARC-EP planteamos, en la cuarta propuesta de nuestra iniciativa de Desarrollo Rural para la Democratización y la Paz con Justicia Social en Colombia: “Establezca regulaciones específicas de acompaĖamiento a la pequeĖa y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socio ambiental o a su reconversión”. Otra propuesta recurrente es la de la consulta previa a las comunidades sobre los grandes proyectos que quieren llevar a cabo dentro de sus territorios. La Delegación de Paz de las FARC-EP planteamos como elemento para la discusión la idea de que no se debería solo hablar de consulta, sino también de consentimiento, es decir, se puede consultar sin aplicar las opiniones que se hayan recogido. Otro planteamiento es que esa consulta y consentimiento debe ser aplicada desde la fase de “Area Disponible”, ya que en este momento se hace la consulta previa en la fase de “Explotación”, cuando ya el mal está hecho. Y si la acción de las empresas afecta a comunidades que están por fuera del área (por ejemplo por el agotamiento de fuentes hídricas): ņQué se debe hacer? Las organizaciones en muchas ocasiones exigen que las empresas multinacionales que llevan a cabo proyectos de extracción minero energética salgan de sus territorios o que se detenga la concesión de títulos. En otros casos, el planteamiento consiste en ponerle riendas a esas empresas. En nuestra 4Ľ propuesta de Desarrollo Rural para la Democratización y la Paz con Justicia Social en Colombia, las FARC-EP proponemos que se “establezcan límites y estrictas regulaciones socio ambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles”. Hay un llamado generalizado al Gobierno nacional y al Congreso de la República a revisar el modelo económico (neoliberal) que están llevando a cabo y que no siga con la locomotora minero energética. Hay una preocupación generalizada por los efectos de la extracción minero-energética y los cultivos para agrocombustibles. Hemos reproducido diferentes planteamientos -algunos concretos, otros más generales- sobre el problema de la extranjerización de la tierra, concretamente en la extracción minero-energética y las plantaciones para agrocombustibles. Las FARC-EP hemos publicado 10 planteamientos que esperamos sea una síntesis de lo planteado por organizaciones e individuos en los diferentes foros y a través de la página web. Reiteramos que esas propuestas no tienen punto final; el debate sigue, debe seguir, cada vez con más fuerza, para aportar más elementos a las conversaciones de paz. Cabe recordar lo expresado por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo): “El problema está en que los ciudadanos sí tenemos el derecho de reclamar al Gobierno y a los congresistas, que dicen representar al pueblo, no aprobar políticas como la minero energética y los agronegocios, que responde al modelo neoliberal y que favorecen intereses de las empresas nacionales y transnacionales, a nombre de la confianza inversionista para incrementar la prosperidad, especialmente, de los banqueros”. El Gobierno Nacional, en reiteradas ocasiones, ha declarado que no está dispuesto a negociar el modelo económico (neoliberal) de este momento; sin embargo, gran parte de los problemas aquí planteados -y muchos otros- derivan de este modelo, que como un pulpo extiende sus brazos sobre Colombia. La movilización popular es un factor determinante para curarle la miopía al Gobierno Nacional en determinados asuntos que son claves para lograr nuestro sueĖo de un país más equitativo, con una economía basada en el bienestar de las mayorías y la sostenibilidad medioambiental [39].

1-2-2013, Los No del Gobierno: Las FARC propusieron que los diálogos se desarrollaran en Colombia, de cara al país. El gobierno dijo NO. Solicitamos que el camarada Simón Trinidad se le posibilitara formar parte de la Delegación de Paz, mirando en que el aporte de su enorme experiencia y su vocación en el ámbito de la reconciliación, fuera catalizador del entendimiento. El gobierno dijo NO. Propusimos el cese bilateral de fuegos para suscitar en el país un ambiente de tranquilidad que permitiera un avance más dinámico de las conversaciones de Paz. El gobierno dijo NO. Propusimos, que si no era posible el cese bilateral de fuegos, suscribiéramos un tratado de regularización de la guerra. El gobierno dijo NO. Invitamos al Ministro de Agricultura a entablar un diálogo que permitiera esclarecer los planteamientos que en materia agraria se vienen desarrollando en paralelo a la mesa de diálogos. El gobierno dijo NO. Invitamos al Ministro Pinzón y al General Navas a que de manera serena analizáramos la necesidad de un cese bilateral de fuegos y hostilidades, o en su defecto un Tratado de Regularización de la guerra. El gobierno dijo NO. Su Ministro de Defensa agregó que no hablaba con bandoleros, mas sin embargo la insurgencia prosigue dialogando con voceros gubernamentales en la Habana. Al contrario de la visión gubernamental que mira como bochinche la presencia de la gente del común en la Mesa de Conversaciones, propusimos posibilitar la plena participación ciudadana en todos los momentos del proceso. El gobierno ha dicho NO. Planteamos la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo refrendario que ponga al constituyente primario como protagonista cimero de un nuevo contrato social de Paz y justicia social. El gobierno dijo NO. ņQuién ha institucionalizado el conflicto armado y la guerra sucia en Colombia, quién es el victimario en esta confrontación que viene despojando al campesino desde los aĖos cuarenta; quién aniquiló a la Unión Patriótica; quién ha realizado las masacres o crímenes de lesa humanidad que eufemísticamente son llamados falsos positivos? Frente al escalamiento de la guerra que ordena el gobierno, desde nuestra legítima resistencia, nuestra insistencia es que escalemos los intentos por alcanzar la Paz y que hagamos una gran campaĖa para proteger la Mesa de Conversaciones, entendiendo que es preferible darle tiempo suficiente a una iniciativa de diálogo, que perpetuar la injusticia y la guerra sin otra opción. Delegación de Paz FARC-EP [40].

2-2-2013, El Gobierno miente al desconocer que el Derecho Internacional Humanitario, en el caso de miembros de la Fuerza Pública capturados en combate por la insurgencia, estipula que no tienen el status de “secuestrados” sino son presos de guerra. Santos menosprecia la vida de los policías en poder de las FARC al pretender rescatarlos a sangre y fuego. Según el Derecho Internacional Humanitario en casos como estos la responsabilidad sobre la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad, recae exclusivamente en  el bando que intenta el rescate a sangre y fuego. A cada momento el Presidente Santos y su Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, repiten y amenazan que no habrá cese bilateral del fuego y que continuarán su guerra frontal contra las FARC. El Presidente reiteró que el Gobierno no está dispuesto a negociar la regularización del conflicto y aseguró que “la guerra la vamos a ganar por las buenas o por las malas”. “Humberto de la Calle ha reiterado que la orden presidencial a la Fuerza Pública es seguir persiguiendo a las FARC en todo el territorio nacional. Entonces resulta insensato que mientras se hacen declaraciones de escalar la guerra se eleven quejas por las consecuencias que esta desata”. A los militares, policías o guerrilleros, que pierden la libertad en manos de sus adversarios por efectos de la guerra, el DIH (Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II) los denomina: “Personas que han perdido la libertad en acciones inherentes al conflicto”. El Estado colombiano continuamente infringe gravemente el DIH con las y los guerrilleros que pierden la libertad en acciones del conflicto, porque les viola los derechos estipulados en el Artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el Protocolo II del DIH, los cuales son de  obligatorio cumplimiento [41].

3-2-2013, La campaĖa de la ultraderecha contra el proceso de paz de La Habana arrecia su intensidad. Lo que algunas cadenas radiales y otros medios de comunicación califican como la primera gran crisis de los actuales diálogos entre gobierno y FARC, no pasa de ser otra de esas creaciones virtuales de los medios de comunicación a fin de crear falsedades inexistentes en la realidad. Las conversaciones en la Mesa prosiguen de modo normal, nadie se ha puesto de pie o amenazado formalmente con retirarse. Por el contrario, las dos partes trabajan en busca de puntos de aproximación sobre el tema agrario, con el afán de producir acuerdos significativos que representen avances ciertos hacia la terminación del conflicto y la paz. Lo demás es especulación, escándalo promocionado con fines malintencionados. Los hechos de guerra que sacuden el país y que afectan personas e intereses de las dos partes involucradas en la confrontación, son precisamente eso, los avatares del conflicto que se procura solucionar en la Mesa. Pretender destruir la vía de la paz apelando a ellos es una verdadera locura. Antes que echar leĖa al fuego, aquellos que se califican a sí mismos como patriotas y bienhechores del país, debían de promocionar de modo franco y positivo el fortalecimiento de la vía dialogada. El ex-Presidente Uribe difunde histérico las fotografías de unos agentes de la Policía caídos en una emboscada, pero aplaudía emocionado en su momento las de Raúl Reyes o Iván Ríos mutilados. Eso para citar solo un ejemplo. Los sucesores de los Generales de la República que dieron partes orgullosos acerca de la aniquilación de las guerrillas en el Chocó o la Guajira, para no ir más lejos, exponen hoy su preocupación por el accionar de las FARC en esas mismas regiones. Escarbar hasta encontrar y solucionar las causas de la confrontación resulta más práctico y humano. Si algo debe ser puesto en duda y condenado es el recurso de invocar sentimientos humanitarios con el fin de azuzar la agresión y la muerte. Suele criticarse por excesivo el calificar a alguien como fascista. Pero eso de considerar que en un país existen grupos humanos que no pueden ser objeto sino de la eliminación física, con los que no cabe ningún trato o acuerdo porque se trata de terroristas despreciables, omitiendo protuberantes realidades históricas y sociales, no puede ser llamado de otro modo. Y así precisamente piensan todos esos fanáticos furiosos que sueĖan con unas FARC humilladas y vencidas. Valerse del uso de la fuerza, de la violencia extrema para aplastar a sus contradictores. Como si la guerra popular no hubiera brotado de la sangre y los cuerpos torturados o despedazados de la oposición política revolucionaria en Colombia. Toda vida humana es sagrada, incluida la de los policías y soldados de Colombia, claro está. Pero si estos llevan décadas triturando compatriotas sin piedad, cabe pensar también en el valor de la vida de sus víctimas. Cualquier parte victorioso del Ministerio de Defensa pone de presente que se ha conseguido con la actuación conjunta de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Todo el poder armado del Estado e incluso poderes criminales paralelos a su servicio, en una cifra que rebasa el medio millón de hombres y mujeres, apoyados por la inteligencia y la tecnología de guerra de Estados Unidos, se dedica las veinticuatro horas del día a localizar y matar colombianos en pie de lucha. Mal puede pensarse que resultan intocables. Hay una guerra. Y una guerra en la que la parte fuerte y bufona miente, engaĖa, desinforma. Con el pleno respaldo de los grandes medios de comunicación. El Ejército y los paramilitares asesinaron impunemente miles de personas en Urabá y desterraron decenas de miles. Cuando la Corte Suprema de Justicia ordena al Estado pedir perdón sólo a la Comunidad de Paz de San José de Apartado, todos callan. Uribe y su Vicepresidente Santos que el mismo día de la masacre de 2005 acusaban falsamente a las FARC, los primeros. El gobierno actual, los segundos. Los mandos militares, los terceros. Los grandes medios de comunicación, los cuartos. Ninguno de ellos daría el mínimo apoyo a una marcha que exija el cumplimiento de lo ordenado por la Corte. El plan de los fascistas es claro. Generar un escándalo de dimensiones internacionales con relación a los presuntos crímenes de humanidad cometidos por los insurgentes, llevar supuestas víctimas a los micrófonos y estrados, exacerbar y utilizar el dolor de las familias de los soldados y policías víctimas de la confrontación. Para obtener el repudio universal contra los insurgentes. Igual a como procedieron los nazis con las comunidades judías. Con el propósito de conseguir la aprobación generalizada al genocidio. Mientras hacían pública ostentación de su poder militar de aplastamiento. Mientras se perseguía con saĖa a comunistas, gitanos y negros. Mientras se pisoteaba la dignidad y la libertad de naciones enteras. Los métodos y fines son idénticos. Los matones adiestrados en las academias militares y policiales reciben el título de héroes. Los horrores cometidos en el país por semejante fuerza sencillamente no existen, deben ser desaparecidos del imaginario popular. La sangre y el dolor que esparcieron no se pueden llamar violencia, fueron apenas el ejercicio legítimo de la fuerza. Su Excelencia el Cardenal bendice. Semejante monstruosidad en construcción no puede ser tolerada. Precisamente las FARC vamos a la Mesa de Conversaciones a luchar contra eso. Y sabemos que millones de colombianos de buena voluntad nos acompaĖan en este histórico empeĖo. La paz no es eso que nos quieren meter por los ojos. La paz es verdad, la paz es justicia. Esa sí es la Gran Marcha que debe cumplir Colombia. Estado Mayor Central de las FARC-EP [42].

5-2-2013, Frente a un ordenamiento autoritario del territorio, en el que éste se concibe como un mero instrumento para la obtención de jugosas ganancias mediante la extracción inmisericorde de los recursos naturales, o es inscrito dentro de estrategias militares de consolidación para proteger a los grandes capitales, o para imponer relaciones de poder basadas en el ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar, las FARC-EP proponen: 1. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio. Referido al ordenamiento territorial fundamentado en la más amplia democracia y participación social, para construir una sociedad que supere la injusticia y la desigualdad, capaz de atender sus requerimientos alimentarios, estabilizar sus comunidades y realizar un manejo sostenible de su entorno en busca del buen vivir de la población. Proponemos, convocar un gran debate nacional acerca de la reorganización espacial y territorial y de los impactos socioambientales que viene imponiendo la explotación minero-energética. Abogamos además, por el reconocimiento y el estímulo del derecho a la consulta previa, libre e informada. 2. Reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la población. Se ha de fundamentar el uso de la tierra considerando su vocación agroecológica, la sostenibilidad socioambiental y la garantía de la soberanía alimentaria, lo cual implicará la actualización y definición precisa de las zonas de reserva forestal y de parques naturales, la protección especial de las fuentes de agua y su uso racional. En los procesos de sustracción de territorios de zonas de reserva forestal se deberá favorecer a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El reordenamiento territorial debe conducir al desestímulo de la ganadería extensiva, liberando no menos de 20 millones de hectáreas para propósitos agrícolas. Se definirá el cierre de la frontera agrícola, aumento de la producción alimentaria, frenar la deforestación y las actividades de extracción minero-energética, especialmente la minería a cielo abierto. Al respecto, se deberá crear un ente de amplia participación y decisión popular encargado de trazar y establecer pautas generales de ordenamiento territorial, de definir los usos de la tierra, y los conflictos que de él se deriven. 3. Sostenibilidad socioambiental, derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles. Reconocimiento del derecho humano al agua y definición de medidas de protección especial o restauración, según el caso, de ecosistemas frágiles y estratégicos, de las cuencas, los páramos, humedales, fuentes y recursos hídricos en general, así como de las zonas coralinas, entre otros. Abogamos por asuntos de interés nacional como la suspensión definitiva de proyectos de represas e hidroeléctricas, orientados a la exportación de energía, como el megaproyecto de El Quimbo. 4. Definición de territorios de producción agrícola y de alimentos. En el marco del reordenamiento territorial colocamos como primordial el propósito de la producción agrícola que garantice el abastecimiento nutricional y alimentario de la población. Se propone el aumento de las áreas efectivamente cultivadas, al menos a 20 millones de hectáreas y se reivindican la economía campesina y sus territorios (Zonas de Reserva Campesina y Zonas de producción campesina de alimentos) como principales productores y abastecedores de alimentos que son. Los territorios indígenas y afrodescendientes también deben ser considerados territorios de producción de alimentos y ser estimulados con programas específicos. 5. Creación de nuevos asentamientos rurales para la producción agrícola y de alimentos. El reordenamiento territorial debe contemplar la construcción de nuevos asentamientos para la organización de la producción de bienes agrícolas. Tales proyectos se harían en espacios aledaĖos a los centros de consumo. 6. Recursos naturales no renovables en función del interés nacional y del buen vivir de la población. El nuevo ordenamiento debe poner freno a la expansión desordenada y anárquica de las economías minero-energéticas y extractivistas, estableciendo prohibiciones, límites o regulaciones estrictas, según el caso. Conlleva tomar medidas como la de suspender el otorgamiento de títulos mineros y de concesiones para la exploración y la extracción petrolera. Se debe derogar la Resolución 0045 de junio de 2012, por medio de la cual se declaran como áreas estratégicas para la gran minería una importante parte de la región amazónica y un alto porcentaje de zonas de tradición y vocación agrícola. 7. Minería artesanal digna. PequeĖa y mediana minería con sostenibilidad socioambiental. AcompaĖamiento y protección de la minería artesanal con miras a garantizar el bienestar de las comunidades rurales, cuya economía se concentra en esta ancestral actividad. Se deberán reconocer y legalizar los títulos mineros que están en manos de pequeĖos y medianos mineros. 8. Cultivos de uso lícito de marihuana, amapola y hoja de coca y sustitución de cultivos de uso ilícito. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de comunidades rurales que actualmente dedican su actividad económica, por razones de subsistencia, a los llamados cultivos de uso ilícito, se propone cesar la política de criminalización y persecución, suspender las aspersiones aéreas y otras formas de erradicación que están generando impactos negativos socioambientales y económicos. Hay que reorientar el uso de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles e incluso considerar planos de legalización de algunos cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales. Delegación de Paz de las FARC-EP [43].

9-2-2013, Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino: i. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos, en los términos establecidos en la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos de la ONU, la cual será incorporada de manera inmediata al ordenamiento constitucional. Se adoptará en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se crearán las condiciones institucional para hacerlo eficaz. ii. Constitucionalización de la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afro-descendientes. En tal sentido, los territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles. En consideración a las formas de propiedad existentes en estos territorios-individual, asociativa, comunitaria o colectiva- y con miras a evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra, habrá en ellos regulaciones específicas sobre la transferencia de derechos. 1. Sin perjuicio de otras formas, los territorios campesinos estarán conformados por Zonas de Reserva Campesina o por Zonas de producción campesina de alimentos. 2. Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente. 3. Se reconocerá el carácter estratégico de las comunidades campesinas, de sus organizaciones y de los territorios campesinos en la protección de ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, para la sostenibilidad socio-ambiental en general y para la soberanía alimentaria. 4. Con miras a garantizar su estabilización y proyección, así como los fines para los cuales han sido creados, los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos. Sin perjuicio de otras fuentes, los recursos provendrán del sistema general de participaciones, de las regalías, de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado, así como de una cuenta específica creada dentro del presupuesto general de la nación, con un porcentaje fijo sobre el total. Todos estos recursos conformarán el Fondo nacional de financiación de territorios campesinos. 5. Los territorios campesinos serán dotados con medios de producción, asistencia técnica y recursos de crédito, que permitan garantizar su función de protección y sostenibilidad socio-ambiental, así como el usufructo sostenible de la tierra y de la producción campesina. 6. Se reconocerán y afianzarán las Zonas de Reserva Campesina como espacios de protección socio-ambiental, de producción de alimentos, forma de organización territorial y expresión histórica, organizada, de las luchas campesinas por la transformación agraria, que merecen el respeto por parte del Estado, el cual debe saldar su deuda histórica con la población rural. 7. Para responder a las expectativas de acceso a la tierra de las comunidades campesinas que las habitan, se destinará una extensión no inferior a 9 millones de hectáreas sobre las cuales se fundamentarán formas de propiedad individual, asociativa y comunitaria, cuya titularidad estará en cabeza de la respectiva organización campesina, única facultada para solicitar su reconocimiento y creación; es decir, su formalización, mediante simple manifestación de voluntad. 8. Se crearán las Zonas de Producción Campesina de Alimentos, en una extensión territorial no inferior a 7 millones de hectáreas. Las zonas se crearán con tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, obtenidas ilícitamente mediante el ejercicio de la violencia, baldías, restituidas a los campesinos, o de minifundios. 9. En los territorios campesinos se privilegiará el autoabastecimiento alimentario, se propiciarán relaciones de intercambio con otros territorios campesinos, indígenas, afro-descendientes, interétnicos e interculturales. 10. En atención al carácter estratégico de los Territorios Campesinos, se propenderá por su protección especial frente a la estigmatización por parte de la inteligencia militar o su uso dentro de estrategias contrainsurgentes y de guerra. Los Territorios Campesinos serán protegidos del ejercicio estructural de la violencia y el despojo, de las presiones de cambios en el uso de la tierra y el territorio por megaproyectos infraestructurales, minero-energéticos o de agro-combustibles, del mercado especulativo de tierras, de los abusos del llamado “derecho de superficie”, de la extranjerización de la tierra y de la especulación financiera, entre otros factores, como las políticas de mercantilización de la naturaleza y el comercio con bonos de carbono, que lesionan la existencia de las pequeĖas y medianas economías rurales. De manera especial, se reconocerá el derecho a la consulta previa, libre e informada. Todas las propuestas aquí formuladas, demandan la conformación de una institucionalidad especializada que garantice y posibilite su implementación. Delegación de Paz de las FARC-EP [44].

21-2-2013, Carta abierta del Comandante de las FARC-EP al Presidente Santos. En nuestro país las cosas siempre han ocurrido así. Las clases dominantes, ensoberbecidas por una mal disimulada arrogancia, resuelven todos los asuntos según su particular e interesada visión de la realidad.  Despreciando y desconociendo las opiniones contrarias. Sus facciones, enfrentadas a veces por mezquinos propósitos económicos y políticos, como sucede hoy con Uribe, se reconcilian hermanadas cuando se trata de aplastar las mayorías que rechazan sus designios rectores. Aquí su palabra y sus caĖones son la ley, lo único que vale y cuenta. Por eso existe una previa elaboración de los diálogos de paz y sus resultados, la que el gobierno concibió de antemano, sin considerar lo que pensemos nosotros ni mucho menos la inmensa mayoría que puja por tomar parte en el proceso y a la que se amenaza con cárcel si llega a conversar con nosotros. En San Vicente del Cagüán, en el acto de entrega de títulos de tierras a unas cuantas familias campesinas, con el consabido recurso de acreditar planes y programas de la actual administración, lo que en buena parte corresponde en verdad a viejas políticas distintas, el Presidente de la República dio parte de un millón seiscientas mil hectáreas tituladas por su gobierno y más de ciento cincuenta mil víctimas reparadas. De ese modo aparece como el gran benefactor que materializa sus proyectos legislativos de redención social. Ni una sola voz de los millones de desterrados o víctimas fue consultada por el Estado acerca de las leyes con que se pretendía favorecerlos. No se trataba de eso, sino de atender otra clase de conveniencias. Santos las puso en evidencia al decirles que ahora podrán acudir a los bancos, para que les presten, en adelante se llamarán sujetos de crédito. Su intención es convertirlos en grandes productores de alimentos para el mercado mundial, tal y como lo recomienda la FAO, la entidad mundial que jamás ha podido solucionar las hambrunas en Africa, Asia o Haití, pero que en cambio ha servido para implementar la globalización del mercado de alimentos en beneficio de grandes corporaciones. La historia de la lechera es antigua, la pobre soĖaba con una enorme fortuna hasta que el tropiezo la trajo a la triste realidad. Esos campesinos deberán asociarse con grandes capitales para producir lo requerido y endeudarse. Serán los seguros perdedores. Su suerte me recuerda a las uvas de la ira, la famosa novela de John Steinbeck. Arroceros, caĖeros, cafeteros, gremios poderosos que alguna vez lideraron la economía, enfrentan hoy duras realidades y el gobierno se niega a atenderlos. No son su prioridad. Lo más indicado para ellos, al decir de los expertos, es buscar nuevas actividades productivas en las que puedan ser competitivos. Cuestión de las leyes del mercado, se trata de flexibilizar y tener iniciativa. Ese  lenguaje de Santos para los campesinos, de alejar las diferencias, trabajar juntos, rápido, ir de la mano para lograr los objetivos de prosperidad y empleo, rememora la cálida palabrería con la que desde la antigüedad los avarientos han embolatado al pobre infeliz al que se aprestan a privar de sus centavos. El negocio será para los grandes banqueros y consorcios, son sus intereses los que representa el gobierno. No nos digamos mentiras, Santos. No puede resultar indiferente para nosotros que el Presidente de la República que desde el comienzo mismo de su gobierno buscó contactarnos para dialogar de paz, argumentando que reconocía buena parte de justicia en nuestras reclamaciones, aunque no los métodos que empleábamos para hacerlas, se presente a San Vicente un 20 de febrero, rememorando el fin de los diálogos del Cagüán, en una acto calificado por él mismo como doblemente simbólico, para denostar de todos los modos posibles contra las FARC y sus Comandantes más queridos, sin hacer la más mínima mención al proceso de paz que se cumple con su gobierno en La Habana. ņEs que acaso al calificar de experiencia triste y muy lamentable aquel esfuerzo frustrado de reconciliación, sintió vergüenza y horror de referirse a las actuales conversaciones? Creíamos que Santos era sincero al manifestar que soĖaba con pasar a la historia como el Presidente que consiguió la paz para Colombia. Lo mandó a decir de tantas maneras, dio tantas muestras de querer en realidad alcanzarlo, que su comportamiento y sus palabras en San Vicente del Cagüán nos han dejado perplejos. Ni una sola vez mencionó la que consideró bandera fundamental de su gobierno, en cambio pudiéramos decir que pareció el vivo retrato de su paso por el Ministerio de Defensa en la administración Uribe, el viejo maestro del Pinzón de hoy. ņEs esa la forma como se crea un ambiente propicio para el proceso y los diálogos? ņAsí es como el gobierno nacional aporta su cuota a la reconciliación, Santos? Eso de que las FARC hemos arrebatado no sé cuántas hectáreas a no sé cuántos miles de campesinos, así como toda la cantaleta con relación a que estamos obligados a darle cara a las víctimas del conflicto, como si alguna vez hubiéramos manifestado nuestra negativa a hacerlo, podemos solucionarlo de un modo sencillo y práctico. Conformemos una comisión de alto nivel, integrada por delegados de las FARC-EP y el gobierno nacional, con participación de gremios y diversas organizaciones sociales, con los garantes que sean necesarios, para que en Colombia, en condiciones de seguridad, se encargue de visitar y verificar la situación real de los predios que se dicen arrebatados por nosotros. Y que convoque a todas las posibles víctimas para atender sus casos y precisar responsabilidades. Pero que se convoquen también las víctimas del Estado, los desterrados por el Ejército y los grupos paramilitares. Y se aclare también lo mismo. Y cada quién responda. Podemos discutir en la Mesa de Conversaciones, con participación del país, la atención que deben merecer los informes finales. Diversas personalidades internacionales, Estados y organizaciones regionales han manifestado su apoyo al proceso de paz en Colombia. Con todos estamos sinceramente agradecidos. Por eso nos parece oportuno que el Presidente Jimmy Carter, el ALBA, UNASUR, la CELAC y los que proponga el gobierno, tomen parte en la comisión mencionada. Si bien es cierto que en la Mesa se han adelantado importantes avances de acuerdos, las actitudes oficiales que con los pretextos mencionados se repiten, amenazan con hundirlo en un pantano. Saquémoslo de ahí, ya, Santos. La tan estrecha y calculada concepción del proceso apunta a ahogarlo. Salvémoslo. Timoleón Jiménez, Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP [45].

26-2-2013, Los avances en la Mesa de Diálogo de La Habana, los primeros pasos hacia la construcción del Acuerdo de Paz, no pueden arriesgarse desfigurando la verdad en torno a la responsabilidad histórica de la acumulación violenta de la tierra, como una de las causas del conflicto. La verdad pura y limpia, debe guiar los pasos de Colombia hacia el bien superior de la paz como derecho. Discursos pensados para repuntar en las encuestas, dictados por veleidades electorales o por el prurito de desprestigiar al interlocutor insurgente, no se corresponden con la majestad de este anhelo nacional. Si “el medidor sobre los avances o no del proceso de paz, está en Cuba, no en cartas ni declaraciones” como asegura Santos, tampoco está en discursos desafortunados como el de San Vicente. Resulta sorprendente oír que si no hay avances en La Habana el gobierno se levanta de la mesa, cuando las FARC han presentado más de 40 propuestas para dinamizar el proceso. Frente a esta circunstancia, en sintonía plena con su Jefe, el Estado Mayor Central de las FARC-EP, declara: 1. De forma mal intencionada y perversa se pretende desviar la atención acerca de las causas ciertas y de los verdaderos responsables del despojo de tierras en cerca de 8 millones de hectáreas, ocurrido en nuestro país en las últimas dos décadas, fruto de la violencia estatal y paramilitar. Como es de amplio conocimiento, tal despojo fue concebido como política de Estado para facilitar la entrega de buena parte del territorio nacional a las transnacionales que hoy explotan, gracias a contratos leoninos, nuestros recursos minero-energéticos, produciendo además severos daĖos ambientales. 2. La ocupación de tierras baldías del Estado por parte de colonos campesinos, sea en forma individual u organizada, es decir, la reforma agraria de facto realizada por campesinos sin tierra a lo largo de varias décadas para reivindicar sus aspiraciones por la tierra y por una vida mejor, quiere ser presentada hoy como una acción criminal y de enriquecimiento por parte de las FARC-EP, distante de toda verdad y realidad. El Estado-victimario y despojador pretende transformarse en el Estado-víctima despojado. 3. Tras las afirmaciones seĖaladas, se encuentra en realidad el pretexto de realizar un nuevo ciclo de despojo, acompaĖado de la criminalización de campesinos que durante décadas han tenido la posesión sobre esas tierras, declarándolos como testaferros de propiedades, cuyos títulos ni siquiera existen. 4. Tal como lo plantea el Comandante Timoleón en su misiva al Presidente Santos, proponemos la activación de una comisión de alto nivel para que esclarezca la verdad sobre el supuesto despojo de las FARC-EP, integrada por representantes del gobierno nacional, de los campesinos, de las FARC-EP y de la comunidad internacional, para que de manera inmediata se defina una ruta de trabajo y se presente a la mayor brevedad posible un informe sobre nuestras supuestas propiedades y los presuntos testaferros. Por nuestra parte sugerimos, como veedores internacionales, a la CELAC y al ex-Presidente de EUA, Jimmy Carter. 5. Dicha Comisión deberá ocuparse también de la investigación y verificación de las múltiples denuncias y testimonios acerca del despojo que compromete a grandes terratenientes, empresarios, funcionarios del Estado y empresas transnacionales. 6. Reiteramos frente a la sociedad colombiana nuestro compromiso por no escatimar esfuerzos en la Mesa de diálogos de La Habana para contribuir al anhelado acceso a la tierra que las clases dominantes le han negado a los campesinos sin tierra, a los trabajadores y obreros agrícolas, a los desposeídos de las ciudades y a las mujeres de Colombia. Esperamos que al gobierno no se le ocurra patear la mesa. Llamamos al pueblo de Colombia a movilizarse en defensa del proceso de paz, a no permitir que se nos arrebate esta esperanza. A nombre de las FARC-EP, nuestro saludo y voz de aliento a las Constituyentes por la Paz que hoy tienen lugar en todo el territorio nacional. Estado Mayor Central de las FARC-EP [46].

1-3-2013, Comunicado de las FARC: Terminamos este ciclo de conversaciones con avances que hablan bien de nuestra voluntad de paz, a pesar de las infundadas afirmaciones del Presidente Juan Manuel Santos en un evento mediático, el 20-2-2013 en San Vicente del Cagüán. Avanzamos a pesar del dolor que nos inflige a todos los colombianos el trato represivo y desproporcionado que el gobierno está dispensando a través del ESMAD a las justas protestas de los caficultores y los cacaoteros, causando muertes, decenas de heridos y capturados. Avanzamos a  pesar de la sordera estatal frente a las reclamaciones de los trabajadores del Cerrejón y de los que se oponen a la privatización de la salud y, en general, a las consecuencias antipopulares y antipatrióticas de la política neoliberal. Para ese pueblo en pie de lucha, nuestra solidaridad y al gobierno, un ŃDialogue con el pueblo, escúchelo, deje la soberbia! Con artificios como el de San Vicente, no podrá Santos ocultar la progresiva entrega del territorio nacional, de nuestras riquezas minero-energéticas, a la voracidad de las trasnacionales. No podrá tapar los nuevos planes de despojo y de extranjerización de la tierra, ni el propósito avieso de feriar las 15 millones de hectáreas de nuestra altillanura, entre los ríos Guaviare y Meta, rica en petróleo, uranio, coltán y litio; tierras miradas con ojos de agronegocios y ganancias y con los hombros encogidos, frente al terrible impacto socio-ambiental.

Detrás de la humareda de las declaraciones de San Vicente, está el latifundio que ningún gobierno ha querido tocar. Ha regresado el fantasma de Chicoral a impedir que se toque el sacrosanto latifundio y a perseguir nuevamente a los campesinos que desterró a las fronteras para que no siguieran ocupando, machete en mano, las grandes propiedades. Desde la época de la violencia de los aĖos 50, no han tenido paz los campesinos, se les ha arrebatado la tierra y expulsado con violencia de su entorno natural. El vergonzoso Pacto de Chicoral fue firmado por las élites de los partidos tradicionales, los terratenientes y el Estado, jamás por Manuel Marulanda Vélez. Pero hasta esas fronteras remotas donde fueron arrojados, les enviaron a los paramilitares para masacrarlos y desplazarlos nuevamente. No es justo, que ahora se pretenda expulsar al resto con violencia y ley. Las tierras del comandante Jorge BriceĖo no eran las mencionadas en las falaces cifras del Presidente, sino 114 millones de hectáreas que tiene país, las que quería produciendo, para dignificar la vida de todos los colombianos. Pensábamos que Juan Manuel Santos se iba a referir en San Vicente a las 17 mil hectáreas de palma africana que el jefe paramilitar “Don Berna” transfirió al Estado para que fueran entregadas a los campesinos, sus verdaderos dueĖos, tierras que no han llegado aún a sus destinatarios; pero nada dijo el Presidente. Pensábamos que le entraría duro en su discurso a su amigo Víctor Carranza, quien recientemente celebrara con bombos y platillos su primer millón de hectáreas de tierra. Pero nada dijo el Presidente. Es mucho lo que hay que decir y denunciar en torno a la actual política agraria del gobierno. La supuesta titulación y entrega de tierras en Urabá, es una farsa triste. Allí lo que hay es un carrusel de tierras, en el que a través de poseedores de mala fe, se entregan títulos con relumbre mediático, pero al final esos predios vuelven a manos de bananeros y palmicultores despojadores. A los “urabeĖos” les han asignado la tarea de revictimizar para facilitar el despojo con apariencia legal. La entrega de tierras que proyectan en Urabá y Chocó los paramilitares El Alemán y Hasbún, es para echarle tierra al engaĖo de la entrega de tierras que está haciendo el gobierno en Urabá. En las Tangas asignaron 192 parcelas, pero se las arrendaron a precios irrisorios a unas empresas ganaderas, que todo indica, son del mismo dueĖo. Este gobierno, en apariencia, les tiene miedo a los terratenientes, y con ese presupuesto difunde que si se tocan esos intereses criminales se despertará el demonio del paramilitarismo, como si en algún momento lo hubiesen desmantelado. Su determinación es no afectar el latifundio improductivo, ocioso y evasor de impuestos. Por lo visto, ni siquiera se le dará un pellizco. Ahora los latifundistas están esperando a las trasnacionales para vender o arrendar. En lugar de castigo, recibirán un premio. Esa tierra fue amasada con sangre campesina, masacres paramilitares, fosas comunes, más de 5 millones de desplazados, falsos positivos, y por lo tanto, ņpor qué no llamarlos delincuentes y aplicarles sin tantas vueltas la extinción de dominio reservada a los grupos delincuenciales? Un tercio del territorio del país está manos de los ganaderos… ņQuiénes son entonces los latifundistas despojadores? ņQuiénes son los responsables del índice GINI del 0.87 referido a la desigualdad en el campo? Que alguien del gobierno le explique al país cómo fue posible que el INCODER le entregara 315 mil hectáreas de tierra a testaferros de los seĖores del despojo. ņPor qué el INCODER intentó eliminar los resguardos indígenas coloniales? El escándalo de Agro Ingreso Seguro pretendió descargarse contra la modelo, Valery Domínguez, mientras que beneficiarios poderosos pasaban de agache: “El programa Agro Ingreso Seguro, creado por la ley 1113 de 2007, otorgó en los primeros dos meses de 2009, bajo una línea especial de crédito, u$s 15.165.000, de los cuales una sola compaĖía, Palmeros del Pacífico Sur, recibió más dinero que todos los beneficiarios en cualquier otro departamento del país, pues obtuvo u$s 2.375.000 (más del 15% del total). De igual forma, tres empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Sarmiento Angulo (Palmas Pororó, Palmas Sicarare, Palmas Tamacá) recibieron u$s 2.171.000 (14,27% del total de los créditos). Si se suman dos palmicultores más -Asociación de Agricultores Palma de Caunapí y Palmar El Diamante-, los palmicultores recibieron casi el 40% de los dineros entregados”. No solamente entonces, es el despojo de la tierra, sino el de los recursos públicos, usurpados para entregárselos a los más ricos, a gente como Sarmiento Angulo, ranqueado por la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo. Pareciera que el alzhéimer se ha apoderado de algunos altos funcionarios del Estado y ya no saben de dónde proviene ni dónde está el latifundio. No hay catastro confiable, no hay estadísticas rigurosas. Engordan tierras, no tributan, todo está en el cajón del olvido, resguardado por la complicidad. No se puede atacar a los gamonales y caciques de la tierra, porque las elecciones están cerca. Se necesita un catastro alternativo en el que participen organizaciones agrarias y sociales, las víctimas, los desplazados, con veeduría internacional, para no dejar que esta tarea, tan trascendental para la paz, sea asumida por la desprestigiada y parcializada oficina de “restitución” de los victimarios. Que no nos vaya a tragar la geofagia de las trasnacionales. Colombia no es de Cargill, Pacific Rubiales, Corficolombiana, Mavalle, Pajonales, Valorem, Refocosta, Riopaila, Bioenergy, Mónica, Firmenish, Amaggi, Merhav, Aliar, Anglo Gold Ashanti, Billiton, Anglo American, Xstrata, Efromovich, Eike Batista y demás usurpadores que pretenden despojarnos el territorio que nos pertenece a todos. Llamamos a los colombianos, a sus organizaciones sociales, políticas y gremiales, a las Fuerzas Armadas con sentimiento de justicia y patria, a defender este proceso de paz, esperanza de reconciliación y de nuevo país. Reiteramos: el proceso de la Habana está caminando. La paz se construye con la verdad pura y limpia, no con falsificaciones mediáticas, ni mezquindades. Estamos dispuestos a discutir con pasión, llegado el momento, el tema de la participación política, de la refrendación ciudadana de los acuerdos, para que desbrozado el camino, salgamos todos al encuentro de la anhelada paz, de la dignidad humana. Delegación de Paz de las FARC-EP [47].

4-3-2013, El Canciller de las FARC, Rodrigo Granda, dijo que en la dirección de la guerrilla no hay interés en llegar al Congreso: “En la dirección de las FARC no hay ese tipo de aspiraciones porque hay mucha gente que lo puede hacer mejor que nosotros (…) no somos politiqueros de turno, tenemos convicciones exageradamente definidas y detrás de nosotros hay un pueblo que puede construir y de ahí surgir líderes”. Esa negativa a una aspiración política “nos diferencia en las FARC de la politiquería que se registra a diario. Siempre actuamos con mucha tranquilidad porque no tenemos ese tipo de aspiraciones. En general en las FARC nadie aspira a puestos de representación en las condiciones actuales que está el país”. En las FARC consideramos que para una eventual participación en política “tendrían que crearse unas condiciones tradicionalmente excepcionales de poder realizar política, no solamente para la guerrilla sino para el conjunto de los partidos de izquierda”. Es necesario un Estatuto de la Oposición y un cambio del régimen electoral, temas que están demasiado “atrasadas y obsoletos” en Colombia. “Nosotros en esta cosa somos parcos porque creemos que no le hace mucho bien al país demasiada especulación (…) Esperamos que se vayan produciendo los acontecimientos y en esa misma forma los vamos transmitiendo. Uno no se va a pasar peleando toda la vida para ir a pelearse una curul... a mí me daría vergüenza” [48].

5-3-2013, Las FARC afirmó que el Presidente del Congreso, Roy Barreras, se comprometió a no legislar sobre temas que forman parte de los diálogos de paz, durante una reunión con los guerrilleros en La Habana. “El Presidente del Congreso manifestó el compromiso de que el Parlamento no legislaría sobre asuntos que son materia de la Agenda de Diálogos hasta cuando las partes lleguen a acuerdos concretos que deberán ser tenidos en cuenta por esta rama del poder público”. Indicó que Barreras hizo este compromiso en el Palacio de las Convenciones de La Habana, en un encuentro entre seis parlamentarios colombianos y los delegados de las FARC, encabezados por Iván Márquez. Respecto del tema de las víctimas del conflicto armado, es un “asunto que reviste la mayor importancia para la insurgencia y respecto al cual persistiremos en levantar nuestras voces en su defensa. Todas las víctimas del conflicto deben ser resarcidas integralmente considerando la condición de imputable último que por acción o por omisión tiene el Estado como generador de la confrontación”. Hay que darle “máximo respaldo” al proceso de paz y “protegerlo de presiones coyunturales de cualquier índole” [49].

13-3-2013, Informamos a la opinión nacional, que recibimos carta de saludo de los 50 procesos, territorios y organizaciones que construyen Zonas de Reserva Campesina en Colombia, organizados en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). En la misiva que dirigen a la Mesa de la Habana, se solicita participación directa en las conversaciones, partiendo de la consideración sensata de que en el desenvolvimiento del punto de la Agenda titulado “Desarrollo agrario integral con enfoque territorial” se prevé abordar el asunto importante de las Zonas de Reserva Campesina y ello debería implicar escuchar a sus protagonistas. Reiteramos que en nuestras iniciativas de cierre de frontera agrícola, zonificación ambiental y construcción catastral, entre otros, tal como antes se ha manifestado al público, insistiremos en defender la participación de las comunidades rurales en la toma de decisiones, siempre observando en darle prioridad a los intereses sociales, al desarrollo sostenible, a la protección ambiental y la producción alimentaria soberana, dentro de una concepción de amor y equilibrio con la naturaleza. Defenderemos las iniciativas populares que apuntan a exigir que los procesos de sustracción territorial de las Zonas de Reserva Forestal se destinen fundamentalmente a dar acceso gratuito a la tierra a quienes no la tienen o poseen muy poca, mirando en atender el fortalecimiento de la producción agrícola familiar y en recuperar la vocación forestal de origen de estos territorios, previendo la protección de estos escenarios de las pretensiones voraces de la gran explotación extractiva que puedan afectar la sostenibilidad ambiental. Siendo las Zonas de Reserva Campesina una iniciativa agraria de paz, merecen todo el respeto y apoyo institucional posible y el compromiso inmediato del Gobierno Nacional de formalizar el total de las 9.5 millones de hectáreas de tierra que hoy comprenden sus procesos organizativos a nivel nacional, comenzando por el cumplimiento sin más dilaciones del proceso administrativo de constitución e impulso de las Zonas de Reserva Campesina del Catatumbo, el Lozada- Guayabero, las cuencas de los ríos Güejar y Cafre en San Juan de Sumapaz, los Montes de María y el Cesar, entre otros acuerdos y compromisos gubernamentales que en el presente y de manera ilegal, tienen el veto inquisidor del Ministerio de Defensa. En desarrollo de una política de paz sincera y creíble, el gobierno nacional debe cesar la estigmatización y persecución pertinaz que viene haciendo desde el mismo Ministerio de Agricultura contra las Zonas de Reserva Campesina y sus dirigentes, lo cual es notorio y de suyo contradictorio en tiempos en que se avanza en unos diálogos de paz que supuestamente tienen a los pobladores rurales y especialmente a los campesinos como sus beneficiarios principales. Urge que el gobierno nacional sustraiga las Zonas de Reserva Campesina de sus planes de guerra, suspendiendo la represión, las continuas violaciones a los derechos humanos y su pretensión de cobijar estos espacios de paz y desarrollo rural dentro de sus planes de consolidación. Las FARC-EP propenderán por que la sustracción de tierras de Zonas de Reserva Forestal mediante la Ley 2 de 1959, que comprende 7 zonas de reservas, que abarcan 51.376.621 hectáreas, redunden en beneficio de la creación y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y territorios de producción alimentaria como entes territoriales autónomos, con planes de desarrollo rural integral financiados, e insistirán en la suspensión sin demoras de las licencias ambientales y los megaproyectos de exploración de las empresas petroleras, minero-energéticas y los agro-negocios en dichos escenarios, haciendo especial énfasis en la hidroeléctrica del Quimbo [50].

19-3-2013, Con el propósito de avanzar en la democratización de las relaciones urbano-rurales y en atención a un principio de justicia social territorial se formulan las siguientes nueve propuestas: 1. Reparación de la deuda histórica, política, económica, social, ambiental y cultural con el campo y su población, producto del ejercicio de la violencia estatal y paramilitar y de la guerra, de la depredación socioambiental y de la política económica imperante. Para tal efecto, se dispondrán durante los siguientes 10 aĖos recursos extraordinarios adicionales, equivalentes al menos al cinco por ciento del PIB anual. Con tales recursos se conformará un “Fondo extraordinario para la justicia social territorial”. 2. Fondo extraordinario para la justicia social territorial que tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos (base 1995) (u$s 164.836 millones), sin perjuicio de los recursos anuales de presupuesto que actualmente se destinan para la financiación de la política sectorial y social en el campo. Será de destinación específica, para contribuir principalmente a la superación de las profundas desigualdades sociales y la pobreza de la población rural y de las desigualdades entre el campo y la ciudad. Serán fuentes de financiación del Fondo, entre otras la impuesto a la gran propiedad latifundista, el establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes, el impuesto de “Justicia social territorial”, preveniente de una sobretasa al impuesto de rentas y utilidades de grandes contribuyentes, el aumento al impuesto a las regalías, la renegociación de la deuda pública externa e interna, etc. 3. Desmilitarización de las zonas rurales, de la sociedad y del Estado, que implique el abandono de la doctrina de la “seguridad nacional” impuesta por el Pentágono; la no estigmatización de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el reconocimiento y el respeto por sus territorios, y su exclusión de estrategias contrainsurgentes. 4. Protecciones especiales frente a la política macroeconómica y de comercio exterior neoliberal, elaborada en los centros urbanos del poder económico y político, la cual ha afectado de manera significativa la economía de la sociedad rural y de manera particular, la economía campesina y la economía de producción de alimentos. Mientras se producen los cambios necesarios en el modelo económico y la política económica general, se adelantarán acciones de protección frente a la revaluación del peso, el endeudamiento, incluida la condonación de las deudas campesinas, y los impactos generados por los tratados de libre comercio. 5. Encadenamientos equitativos entre economías rurales y urbanas, privilegiando la consolidación y la estabilidad de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a los consumidores urbanos de los sectores medios y pobres de la población. Se promoverá un sistema de compras estatales de los productos de las economías rurales, especialmente de alimentos, basado en precios de sustentación y la eliminación de la intermediación. Se estimulará la agregación de valor de esas economías. Se propiciarán formas asociativas y de cooperación entre productores rurales y consumidores urbanos. Se apoyarán asociaciones y cooperaciones urbanas para compras de producción rural; así como asociaciones y cooperaciones rurales para compras de pequeĖas y medianas producciones urbanas. 6. Desarrollo y ordenamiento territorial para el buen vivir de la población mediante programas fundamentados en criterios territoriales que posibiliten la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural y, en especial, que proteja en primera instancia el derecho a la tierra y el territorio de la población y genere las condiciones para el disfrute de los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Tal ordenamiento debe atender a principios de justicia social territorial, al respeto del territorio y de las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, procurando la dotación con infraestructura física y social que garantice condiciones dignas de vida y de trabajo, así como la protección y el apoyo a la ruralidad urbana. 7. Fiscalidad para un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo, a partir de un sistema de transferencias específicas del gobierno central en la forma de una bolsa de recursos que permita financiar la organización territorial basada en el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como en un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo. 8. Reconocimiento de la riqueza pluriétnica y multicultural de la sociedad rural, hasta ahora sometida a la marginalidad y la exclusión. Para ello se requiere el impulso de programas especiales tanto en la ciudad como en el campo que contribuyan a la aprehensión social de tal riqueza, de sus aportes al conocimiento, a la organización de la vida, la economía, la producción, y al relacionamiento con la naturaleza. 9. Organización institucional para la democratización de las relaciones entre la ciudad y el campo con participación política de las comunidades rurales, mediante circunscripciones especiales que desarrollen y amplíen las existentes. La justicia social territorial conlleva una redistribución democrática del poder que reconozca y respete las comunidades actualmente excluidas o débilmente representadas. Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana [51].

22-3-2013, Nueve propuestas mínimas para la reafirmación de la soberanía frente al capital transnacional de la Comisión de Paz de las FARC-EP: Teniendo en cuenta los efectos negativos de los TLC y, en general, de las regulaciones de comercio, inversiones, servicios, propiedad intelectual y de solución de controversias, sobre el campo colombiano y con la finalidad de rescatar y reafirmar la soberanía nacional y de contribuir a garantizar la soberanía alimentaria y mejorar sustancialmente las condiciones de nutrición y alimentación de la población, de proteger y estimular la producción nacional y, en especial, de propiciar la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural, en general y, en especial de las economías campesinas, se formulan las siguientes nueve propuestas: 1. Denuncia o revisión de tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio suscritos por el Gobierno colombiano con gobiernos extranjeros serán denunciados, o en su defecto revisados, si a ello hubiere lugar. 2. Denuncia o revisión de acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones. Los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones firmados por el Gobierno colombiano con Gobiernos extranjeros serán denunciados, o en su defecto revisados, si a ello hubiere lugar. 3. Solución de controversias en la jurisdicción nacional. Las controversias derivadas de tratados o acuerdos de libre comercio o inversión serán resueltas en la jurisdicción nacional. Por tanto, el país será retirado del Centro Internacional del Arreglo de Diferencias relativas a Inversión, CIADI, del Banco Mundial. En general, se desestimará la solución de controversias a través de instancias de arbitramento privado internacional [LDP: El CIADI es la instancia, cuando fracasa la solución de controversias a nivel nacional; aunque se denuncie, la empresa privada buscará una instancia neutral]. 4. Prohibición de la extranjerización de la tierra. Se prohibirá la compra de tierras en grandes extensiones por parte de empresas transnacionales. Se podrán considerar excepciones, estableciendo límites a tales compras. En ningún caso se podrá afectar la soberanía alimentaria. Se desestimará toda compra destinada a proyectos de agrocombustibles, o que implique cambios en el uso de la tierra distintos a los agrícolas. 5. Regulaciones especiales contra el acaparamiento y la especulación financiera. Se establecerán regulaciones especiales para impedir el acaparamiento de tierras en manos de empresas transnacionales, o de grupos económicos, o de grandes empresarios nacionales, o de alianzas o asociaciones entre ellos. De manera especial, se implementarán medidas contra la especulación financiera de la tierra y el territorio. No se permitirá el derecho de superficie. 6. Protecciones especiales a la propiedad intelectual de las comunidades rurales. La propiedad intelectual de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes gozará de protecciones especiales. Los conocimientos y saberes sobre la producción agrícola, el relacionamiento con la naturaleza, la biodiversidad y sus usos, así como las semillas nativas, serán protegidos frente a las pretensiones de apropiación y privatización por parte de empresas transnacionales. 7. Prohibición del uso de transgénicos y sustitución de agroquímicos. Se prohibirá el uso de transgénicos y paquetes tecnológicos impuestos por transnacionales de los agronegocios, considerando sus efectos nocivos sobre la salud humana. Los agroquímicos serán sustituidos gradualmente hasta su prohibición con el fin de promover una producción agrícola ambientalmente sostenible. 8. Fomento a la integración regional. Se fomentarán procesos de integración en América Latina y el Caribe que contribuyan a la soberanía alimentaria de la Región, y estimulen la producción y el abastecimiento regional de alimentos. Se propiciarán relacionamientos y encadenamientos productivos entre las comunidades campesinas de la Región, en el entendido que la integración es sobre todo de los pueblos. 9. Incentivos y protecciones especiales frente a los efectos de los TLC. Mientras se surten los efectos de la denuncia, o revisión de los tratados de libre comercio, se pondrán en marcha medidas de incentivo, protección y subsidio a la producción interna de alimentos y, en especial, a la producción campesina, indígena y afrodescendiente. Delegación de Paz de las FARC-EP [52].

27-3-2013, Si se llega a lograr la paz, las FARC no aceptarán ir a la cárcel. “No es para nada realista pretender que las conversaciones entre gobierno e insurgencia, para poner fin al conflicto y sentar las bases de una paz estable, no toquen para nada el modelo económico”. Es “cínica e irreal” la propuesta del Gobierno: “Rendición incondicional de las guerrillas, entrega de las armas, sometimiento a sus políticas, todo a cambio de dos o tres puestos en el Congreso, el paseo por unos meses de un comandante en el cargo de ministro de Trabajo o de Salud, unas cuantas promesas y hasta unos aĖos de cárcel para los principales líderes de la insurgencia nos anuncian y listo. ņIngenuidad o cinismo? Tal vez las dos cosas”. Presidente Santos, identifique los enemigos del proceso de paz en su propio gabinete, que son “francotiradores del proceso” que buscan perturbar el normal desarrollo de los diálogos en La Habana. Estado Mayor Central del Secretariado de las FARC-EP [53].

17-4-2013, El terror, la mentira y el acoso a los amigos y familiares de los guerrilleros son parte de la podrida ética de las fuerzas armadas y de sus emisoras Colombia Estéreo. Con ellos busca confundir a la población y doblegar nuestra voluntad de lucha. El terror: Es ejecutado por bandas paramilitares, dirigidas desde los batallones y puestos de Policía de Caucasia y El Bagre, que a diario asesinan, torturan e intimidan a todos aquellos que se rebelan y expresen su inconformidad. Y si necesitan un “Positivo” las mismas fuerzas del Estado lo crean, sin importar el crimen que deban cometer. Son los métodos de control a los legítimos levantamientos populares que los regímenes de terror han empleado desde siempre. La mentira: Falsos guerrilleros y milicianos con testimonios e historias ficticias elaborados por expertos en propaganda negra, guerra mediática y supuestos beneficios y planes de reinserción orquestados desde emisoras como Colombia Estéreo, RCN y Caracol, mientras se oculta el paradero de muchos desertores asesinados por la espalda mientras servían de guías a la fuerza pública. Falsos partes de guerra que sólo muestran sus pírricas victorias mientras ocultan los golpes recibidos. Acoso a los amigos y familiares de guerrilleros: Como buitres, se presentan los esbirros del Estado, que en el afán de golpear a nuestras estructuras, acosan a los más cercanos familiares de los guerrilleros, descargando en ellos su impotencia por no podernos golpear, tratando por todos los medios de chantajearlos, intimidarlos y mediante variadas amenazas conseguir la colaboración que les permita dar de baja a los líderes o bombardear nuestros campamentos. Promesas de recompensas, paraísos en otros países, cambios de identidad, protección a la familia y muchas más mentiras son los pajaritos que pintan en el aire, cuando en realidad son abandonados a su suerte o, cuando más, terminan deambulando con la carga de la traición en sus conciencias. Para que quede claro: Tantos aĖos de combate y lucha enfrentando a la oligarquía más hipócrita y violenta del continente no han sido en vano. Los conocemos y sabemos de sus sucios métodos. Las comunidades y pueblo organizado nos conocen muy bien y saben de nuestro compromiso indeclinable con sus justas luchas. A tanta mentira y falsedad responderemos con la verdad y la denuncia. A tanto acoso a la población, con organización y disciplina. Y a tanto terror oficial responderemos con la justa resistencia armada y guerra de guerrillas móviles. Ninguna campaĖa de propaganda enemiga lograrán cambiar nuestra firme determinación de luchar hasta vencer. El pueblo lo sabe y nos acompaĖa en esos firmes propósitos. CompaĖía Gerardo Guevara, Bloque Magdalena Medio - FARC EP [54].

24-4-2013, Reforma del Estado e institucionalidad democrática y participativa: 1.  Reforma y reestructuración del Estado. Las políticas y medidas aquí formuladas (Cien propuestas), sólo serán posibles si se emprende un proceso de reforma y reestructuración del Estado que garantice contenidos y diseĖos de política pública en función de los intereses de la sociedad, en general y de la población del campo en particular. Ello implica, des-neoliberalizar y desprivatizar el Estado para ponerlo al servicio de la soberanía nacional y de la transformación democrática y del desarrollo del campo; recuperar su capacidad de liderazgo y promover su acción planificada. Además de su función productiva y de provisión de infraestructura, se requiere un Estado profundamente comprometido con la superación de la desigualdad y la pobreza y el buen vivir de la población. 2. Institucionalidad para la transformación democrática del campo. Se requiere la conformación y el fortalecimiento de una nueva institucionalidad estatal democrática y participativa en capacidad de dar respuesta a los requerimientos de la política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social, aquí formulada. Tal institucionalidad, además de posibilitar la participación activa de las comunidades rurales y de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en el diseĖo y la ejecución de la política pública para el campo, debe reconocer la capacidad de autogobierno y autogestión de estas comunidades y organizaciones, lo cual implica un nuevo tipo de relacionamiento entre el Estado y la comunidad organizada. 3. Nueva institucionalidad fiscal. En atención a que las transformaciones aquí propuestas, demandan la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto durante un período de al menos diez aĖos, mientras se generan y consolidan las condiciones para una paz estable y duradera y que existe actualmente una institucionalidad fiscal de nivel constitucional, que impone la sostenibilidad fiscal y de nivel legal, que obliga a la regla fiscal, se hace necesario realizar las reformas que garanticen tal disposición de recursos, sin menoscabo de las condiciones de una macroeconomía razonable. 4. Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que el conjunto de políticas y acciones aquí propuestas requieren un marco jurídico institucional adecuado, que las más importantes de ellas superan los diseĖos constitucionales actuales y que una paz estable y duradera sólo es posible con la más amplia participación social y popular, se hace imperiosa la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo de refrendación y diseĖo definitivo de la nueva política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social. Delegación de Paz de las FARC-EP [55].

30-4-2013, Desde La Habana, Jesús Santrich seĖaló que la justicia colombiana no tiene la competencia para juzgarlos y criticó la reforma al fuero militar. “Los tribunales colombianos no tienen el decoro y la competencia, porque este ha sido un Estado criminal. Tiene que haber una política de Estado para resolver el problema de la guerra”. Las FARC comparten la idea de la ONU en el sentido de que cuando el conflicto está acabando, hacer una expansión de la jurisdicción militar implica una contradicción. “Por ello mismo consideramos sumamente importante atender la preocupación que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado respecto a la reforma que impone el fuero militar, al indicar que sitúa a las fuerzas de seguridad bajo la jurisdicción militar, aumentando con ello el riesgo de impunidad. Y, decimos, en tiempos que se busca la paz, de manera absurda entrega patente de corso a quienes han ejecutado terribles crímenes de lesa humanidad en desarrollo de políticas de Estado que deben cesar, juzgarse y repararse sin más demoras” [56].

6-5-2013, El decálogo de las FARC tiene la particularidad de que incluye gran parte de las propuestas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas en materia de desconcentración, acceso a la tierra, autonomía, ordenamiento territorial, ambiental, productivo y reconocimiento político campesino. El decálogo agrario representa una actualización del programa agrario de los guerrilleros de las FARC, un documento fundacional de esta guerrilla que data de 1964. En cuanto a la refrendación de los acuerdos en materia de desarrollo agrario integral, las FARC han sido enfáticas al manifestar que el único camino posible para legitimar los eventuales acuerdos del proceso de paz es la Asamblea Nacional Constituyente. La séptima propuesta de las FARC recoge de manera central la figura territorial de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las organizaciones campesinas han reclamado que los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas, pero manteniendo la titulación individual de las fincas campesinas, con una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que limita la propiedad y con una reglamentación que las proteja del latifundio, los agro-negocios y los intereses de las empresas minero-energéticas. Texto completo del preámbulo, de las 10 propuestas presentadas que actualizaron el programa agrario de las FARC y de las cien propuestas que lo desglosan, que presentaron de manera detallada al gobierno y la sociedad colombiana, fundamentales para el debate y para la solución de los problemas de la tierra, la cuestión agraria y el desarrollo rural en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del pueblo (FARC-EP), comunican: 1. Su reiteración en exigir celeridad en el análisis profundo e integral -pensando en los intereses de las mayorías nacionales-, del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En tal sentido, conminan al gobierno de Juan Manuel Santos a cesar en la retórica guerrerista que acompaĖa de falsas promesas de solución a los problemas sociales y se comprometa públicamente a presentar soluciones prontas, tangibles, apartadas de la demagogia, para los problemas de miseria que han generado la terrible confrontación que desangra al país. 2. La Delegación gubernamental que dialoga con las FARC-EP debe demostrar voluntad para avanzar, sentando sobre la Mesa propuestas claras que le indiquen al país que el gobierno no prolongará indefinidamente en el tiempo las soluciones al grave problema del latifundio y de los despojos de la tierra por métodos violentos o disfrazados de legalidad, que han profundizado la guerra generando desplazamientos, masacres, luto y desolación, para favorecer a las élites y a las trasnacionales que saquean la patria. 3. Las FARC-EP han estudiado con atención las propuestas que el pueblo presentó en eventos como las Mesas Regionales de Paz impulsadas por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz, el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial), las propuestas enviadas a la página Web dispuesta por la Mesa de Conversaciones, entre otras iniciativas que deben motivar la máxima participación y la presencia directa de la ciudadanía en el proceso de paz. 4. Del estudio de tales propuestas y reflexiones, hemos tomado las conclusiones centrales para esbozar una posición preliminar referida al primer punto del Acuerdo General, la cual apunta a resolver la injusta estructura latifundista de la tenencia de la tierra, causa fundamental de la miseria y la guerra que padece Colombia. Nuestra propuesta, la cual iremos presentando a consideración de nuestros compatriotas en el curso de este nuevo ciclo de intercambios, la hemos titulado Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial y con respecto a ella presentaremos paulatina y públicamente los argumentos de sustento que están construidos observando las iniciativas de la población. 5. Las FARC-EP, en ejercicio de su soberanía política y en desenvolvimiento de su interlocución constante con el pueblo, ponen en conocimiento del país la primera de las diez propuestas: PRIMERA PROPUESTA. Realización de una reforma rural y agraria integral, socio-ambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, fundamentada en los siguientes propósitos: a. Superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales y provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones. b. Transformación de las relaciones rurales, que contribuya a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población. c. Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza rurales; restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social. d. Construcción de una nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de las relaciones urbano-rurales. e. Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso. f. Promoción al acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial. g. Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra. h. Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo. i. Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y producción de los pequeĖos y medianos propietarios. j. Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afro-descendientes, raizales y palenqueras, así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de futuras Zonas de Producción de Alimentos. k. Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. l. Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos productivos. m. Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio. n. Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de alimentos. o. Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población. p. Definición precisa de medidas para evitar la especulación financiera con la tierra y las economías rurales. SEGUNDA PROPUESTA: Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales y compromiso con el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, mediante el acceso y disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Ello implica, de manera prioritaria, la puesta en marcha de programas masivos de nutrición y alimentación y de empleo rurales, de dignificación y laboralización del trabajo agropecuario atendiendo estándares de normatividad internacional, así como la provisión de la correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompaĖada de la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público. TERCERA PROPUESTA: Construcción de una nueva ruralidad basada en la democratización de las relaciones urbano-rurales y en el principio de la justicia territorial, que supere visiones extractivistas y utilitaristas del mundo rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el desarrollo del país y el buen vivir de su población. Ello implica la puesta en marcha de medidas excepcionales para cubrir la deuda histórica política, económica, social y cultural del Estado con el campo y sus pobladores, deuda que ha producido violencia, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y segregación territorial; impone la desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la estigmatización del campesinado; conlleva al ordenamiento y la regulación del territorio urbano-rural con base en criterios de equidad, mutuo beneficio y participación democrática; demanda medidas reales y efectivas para la apropiación de la riqueza pluri-étnica y multicultural del mundo rural, incluyendo valores, modos de vida y de organización de la economía. CUARTA PROPUESTA: Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población; reconozca y respete las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria; contemple una organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaĖos a los centros de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeĖos y medianos productores en esos espacios; establezca límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles; establezca regulaciones específicas de acompaĖamiento a la pequeĖa y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales. QUINTA PROPUESTA: Garantía de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes comunes de la tierra y el territorio, considerando de manera especial el derecho de las mujeres y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se propone la creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo y tierras incautadas al narcotráfico. Con base en la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y productividad de las tierras que conforman el Fondo, se procederá a su distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de propiedad y de producción de los pequeĖos y medianos propietarios, incluida la superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra. Economías campesinas asociativas y de cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales y reasentamientos provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra serán concertados con los campesinos. El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros técnicos (Ver *). SEXTA PROPUESTA: Reconocimiento de los territorios colectivos y las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afro-descendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la titulación colectiva de sus tierras y territorios, el respeto real y efectivo de la autonomía y la organización política, económica, social y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias y la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. En el mismo sentido, se propone el establecimiento de territorios interétnicos, definidos como territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, con regulaciones colectivas propias y atendiendo principios de autonomía y autogestión. SEPTIMA PROPUESTA: Reconocimiento y definición de los territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político del campesinado. Los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de las otras formas de territorios colectivos. En consecuencia se fundamentan en el respeto real y efectivo por la autonomía y la organización política, económica, social y cultural, en el establecimiento de jurisdicciones campesinas propias y en la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. Estos territorios asumirán dos formas: Primero, como territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina; segundo, como Zonas de Producción Campesina de Alimentos. Todo lo anterior, ha de acompaĖarse de medidas que garanticen la vida y las concernientes a la dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas por parte del Estado, lo cual debe empezar con la adopción de la declaración de los derechos del campesino de la ONU, así como del acuerdo 141 de la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación en el ordenamiento jurídico. PROPUESTA OCTAVA: Compromiso con la soberanía alimentaria mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda crear condiciones de producción, circulación, comercialización y consumo de los alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia y de mutuo beneficio entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de infraestructura física, especialmente de vías de comunicación y de riego, de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de otros medios de financiación. La economía campesina merece especial protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior, también comprende la posibilidad de encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción agrícola, con fundamento en estrictas regulaciones que garanticen organización y distribución equitativa de la producción y sus beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Se incluyen igualmente las economías rurales de carácter agroindustrial, orientadas al mercado mundial, siempre y cuando no afecten la soberanía alimentaria y garanticen sostenibilidad socioambiental. PROPUESTA NOVENA: Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológicos, a la protección y promoción del conocimiento ancestral y propio, a las semillas nativas, con miras a garantizar la conformación de una base técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial. Estímulo a la investigación socioeconómica de la economía y sociedad rural, apoyada en la producción y sistematización permanente y actualizada de información, para apoyar el diseĖo de las políticas de desarrollo rural. Ello impone la realización inmediata de un Censo Rural y Agrario. PROPUESTA DECIMA: Denuncia o revisión de los acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio, inversiones o propiedad intelectual, que menoscaben la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población, propicien la extranjerización de la tierra y el territorio, promuevan su acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen la especulación financiera, propicien la producción transgénica o la imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios o de la alimentación. Mientras ello se produce, expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en marcha de los tratados de libre comercio. Las diez propuestas aquí presentadas, demandan la conformación de una nueva institucionalidad estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana. De igual manera, implican la activación de mecanismos que garanticen su seguridad jurídica, una Asamblea Constituyente y legislativa es el camino. Propuestas mínimas para el acceso a la tierra y la democratización de la propiedad * (Referente a la Quinta Propuesta, fundamentalmente). En este punto no se toca aún lo relacionado con el uso de la tierra. Al respecto hay que tomar en cuenta que al momento de desarrollar tal asunto, obligadamente se deberá hacer referencia al ordenamiento territorial. 1. Fondo de tierras y democratización de la propiedad. Con el propósito de avanzar hacia la desconcentración de la propiedad, la consecuente superación del latifundio y la democratización de la propiedad sobre la tierra, se creará un Fondo de Tierras, conformado por 20 millones de hectáreas provenientes de: a) Tierras improductivas, ociosas, inadecuadamente explotadas, que no cumplen su función social y ecológica, a adquirir por razones de equidad o interés público, a través de procesos de expropiación por vía administrativa, o mediante sentencia judicial, según el caso. b) Tierras despojadas a campesinos a través de la guerra y el ejercicio de la violencia y tierras incautadas al narcotráfico, a adquirir por razones de reparación, equidad e interés público, mediante procesos de expropiación por vía administrativa, sin indemnización. c) Baldíos, con vocación para la actividad agrícola. d) Explotaciones en las cuales se establezca hayan ocurrido graves violaciones de los derechos humanos (masacres u otras) o de los derechos laborales (persecución sindical, asesinato de dirigentes o de sindicalistas). 2. Tributación para la desconcentración y la democratización de la propiedad. Con miras a contribuir a la desconcentración de la propiedad, la superación del latifundio y la democratización de la propiedad sobre la tierra, se impondrá la siguiente política de tributación: a) Tributación directa y progresiva sobre la propiedad de la tierra, con base en el principio: A mayor extensión de la propiedad mayores impuestos. b) Sobretasas impositivas a tierras ociosas, inadecuadamente explotadas. c) Incentivos tributarios (incluidas exenciones) por reasentamientos poblacionales y localización o relocalización de producciones agrícolas de alimentos. d) Exención tributaria a pequeĖos y medianos campesinos. 3. Restitución de tierras, reparación integral de víctimas y catastro alternativo. La política de restitución de tierras, si bien puede ser útil para restablecer la titularidad sobre las tierras expropiadas a través de la guerra y el ejercicio de la violencia, resulta a todas luces insuficiente respecto de la situación de las víctimas y de sus derechos. Por ello, se adoptará, como parte de la política de acceso, una política de reparación integral basada en la propuesta de un catastro alternativo. El catastro alternativo comprende componentes: a) Territorial-técnico, de reconocimiento espacio-temporal de los predios despojados y de los bienes abandonados forzosamente. b) De identificación de daĖos materiales (bienes muebles e inmuebles) e inmateriales, individuales y colectivos, en la búsqueda de la reparación integral. c) De identificación de la relación jurídica existente con la tierra y el territorio, antes y después de la expropiación violenta, para definir rutas jurídicas de restitución. d) Político-organizativo, de identificación y denuncia de las causas estructurales del despojo, con miras a garantizar la no repetición. La reparación a las víctimas no consistirá en “restituirlas a sus condiciones originales” puesto que en ellas se produjo el despojo: se trata de asegurar una “reparación transformadora” mediante la cual se asegure a las comunidades la restitución de los bienes y el acceso a la tierra de manera que se proporcione a las comunidades estabilidad y mejoramiento cualitativo de sus condiciones de vida. 4. Adjudicación gratuita de tierras a campesinos sin tierra, trabajadores y proletarios agrícolas, pobladores urbanos en condiciones de pobreza y, en especial, a mujeres sin tierra. La democratización de las actuales relaciones rurales de producción se fundamentará en la distribución del Fondo de Tierras entre una población beneficiaria conformada por campesinos sin tierra, trabajadores y proletarios agrícolas y pobladores urbanos en condiciones de pobreza con disposición a reasentarse en Zonas de producción campesina de alimentos; de manera especial, entre las mujeres sin tierra. La población beneficiaria de la política de adjudicación se definirá mediante censo. La población beneficiaria obtendrá una determinada cantidad de Unidades Agrícolas Campesinas -UAC, equivalentes a su capacidad de provisión de las condiciones necesarias para garantizar vida e ingresos dignos-. El número de UACs se definirá regionalmente de manera diferenciada. La población beneficiaria obtendrá el respectivo título de propiedad, el cual será inalienable e inembargable durante los primeros diez aĖos después de la adjudicación y la titulación. 5. Reestructuración y superación del minifundio. La superación de la concentración de la propiedad sobre la tierra va de la mano del mejoramiento de las condiciones de propiedad y de producción del minifundio. Ello implica su reestructuración y superación. Para ello, se distribuirá tierra del Fondo de Tierras entre cultivadores en minifundios o en pequeĖas propiedades, adjudicando en cada caso el número de UACs adicionales requeridos para garantizar vida e ingresos dignos. El número adicional de UACs se definirá regionalmente de manera diferenciada. La población beneficiaria obtendrá el respectivo título de propiedad, el cual será inalienable e inembargable durante los primeros diez aĖos después de la adjudicación y la titulación. 6. Promoción de propiedad basada en formas asociativas, comunales y de cooperación. La transformación de las relaciones de propiedad sobre la tierra comprenderá políticas de estímulo a las formas asociativas, comunales y de cooperación de la producción campesina, especialmente de cultivadores en minifundios, de pequeĖos y medianos productores. Se trata de la definición de incentivos por asociación, en dinero o en especie. 7. Formación de asentamientos y reasentamientos campesinos en tierras fértiles y productivas. La política de adjudicación y titulación de tierras, seĖalada en los puntos 5 y 6, comprenderá una política de formación de asentamientos o de reasentamientos concertados de la población beneficiaria en los casos a los que hubiere lugar. Tal población deberá ser ubicada en tierras fértiles y productivas, con las características agroecológicas, que posibiliten condiciones dignas de vida y de trabajo. La formación de asentamientos y los reasentamientos demandan políticas excepcionales de inversión en infraestructura física y de servicios, así como el impulso de proyectos de producción campesina, especialmente de producción de alimentos; serán declarados como Zonas de producción campesina de alimentos; y deberán conducir a relacionamientos equitativos con la ciudad. 8. Protección de la propiedad campesina y de los territorios campesinos. El acceso a la tierra y la democratización de la propiedad exige la puesta en marcha de políticas de protección de la propiedad campesina y de reconocimiento y respeto de los territorios campesinos. La protección es frente al ejercicio de la violencia y el despojo, la especulación financiera, el no pago de deudas, los impactos de políticas macroeconómicas y de comercio exterior, los cambios inconsultos en los usos de la tierra para actividades distintas a las actividades agrícolas, los desastres naturales y los efectos del cambio climático, entre otros; comprende el rechazo al derecho de superficie. Para cada caso, se diseĖarán mecanismos específicos de protección. De manera especial, se reconocerá el derecho a la consulta previa, libre e informada. Serán reconocidos y protegidos los territorios campesinos en las formas de Zonas de Reserva Campesina, de Zonas de producción campesina de alimentos y de otras modalidades de producción campesina del territorio. Las tierras baldías ocupadas por colonos y campesinos serán adjudicadas y tituladas a favor de éstos, considerando modalidades de titulación individual, o colectiva a comunidades campesinas, según el caso. En el evento en que estas tierras se encuentren en zonas de reserva forestal, se procederá a la adjudicación y titulación sin necesidad de proceder a los trámites de sustracción, considerando el correspondiente equilibrio socio-ambiental entre la vocación forestal y el interés campesino. Las tierras declaradas como territorio campesino tendrán el mismo status normativo de imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios de las comunidades indígenas y afro-descendientes. Los minifundios, así como la pequeĖa y mediana propiedad cafeteras, serán objeto de medidas inmediatas de protección, tales como subsidios, compensaciones y salvaguardas extraordinarias, tendientes a la superación de la crisis estructural del sector. 9. Dotación de las tierras distribuidas y restituidas con medios de producción. Las tierras adjudicadas o restituidas y tituladas en forma individual o colectiva, así como los territorios campesinos serán dotadas con medios de producción que permitan el usufructo ambientalmente sostenible de la tierra y de la producción campesina. Para tal efecto, se diseĖarán programas específicos de dotación, con la correspondiente disposición de recursos extraordinarios de presupuesto. La dotación con medios de producción se orienta a la cualificación de la propiedad. 10. Reconocimiento y respeto de la tierra y los territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Reconocimiento de territorios interétnicos e interculturales. El acceso a la tierra y la democratización de la propiedad conllevan el reconocimiento pleno del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas, afro-descendientes, raizales y palenqueras, incluido el saneamiento predial, si fuere el caso y la titulación colectiva sobre esos territorios. También su protección en los mismos términos seĖalados para la propiedad campesina y los territorios campesinos. En el mismo sentido, deben considerarse el tratamiento a la propiedad en los territorios interétnicos e interculturales. Todas las medidas aquí propuestas exigen la conformación de una institucionalidad del Estado y una amplia participación de las comunidades rurales para garantizar su materialización. Ocho propuestas mínimas para el ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra. Con el propósito de contribuir al desarrollo rural para la democratización y la paz con justicia social se formulan las siguientes ocho propuestas: 1. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio. 2. Reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la población. 3. Sostenibilidad socio-ambiental, derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles. 4. Definición de territorios de producción agrícola y de alimentos. 5. Creación de nuevos asentamientos rurales para la producción agrícola y de alimentos. 6. Recursos naturales no renovables en función del interés nacional y del buen vivir de la población. 7. Minería artesanal digna y pequeĖa y mediana minería con sostenibilidad socio-ambiental. 8. Cultivos de uso lícito de marihuana, amapola y hoja de coca y sustitución de cultivos de uso ilícito. 1. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio: Frente a un ordenamiento autoritario del territorio, en el que éste se concibe como un mero instrumento para la obtención de jugosas ganancias mediante la extracción inmisericorde de los recursos naturales, o es inscrito dentro de estrategias militares de consolidación para proteger a los grandes capitales, o para imponer relaciones de poder basadas en el ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar, se propiciará: 1. Un ordenamiento territorial fundamentado en la más amplia democracia y participación social, orientado a la construcción de una sociedad que supere la injusticia y la desigualdad, capaz de atender sus requerimientos alimentarios, de estabilizar sus comunidades, de realizar un manejo sostenible de su entorno y en búsqueda del buen vivir de su población. 2. La convocatoria a un gran debate nacional acerca de la profunda reorganización espacial y territorial y de los impactos socio-ambientales que viene imponiendo la explotación minero-energética. Dicho debate debe producir un acuerdo político que permita reorientar el proceso de ordenamiento territorial con base en el uso de los recursos naturales en función de los intereses nacionales y del buen vivir de la población en general. 3. El reconocimiento y el respeto por toda forma democrática, comunitaria, participativa, autónoma de construcción del territorio y, en especial, de los territorios campesinos, indígenas, afro-descendientes, raizales, palenqueros, interétnicos e interculturales. 4. El reconocimiento y el estímulo del derecho a la consulta previa, libre e informada, extendido a las comunidades campesinas y, en general, a todo grupo poblacional cuyo modo de vida se pueda ver afectado por la implementación de proyectos minero-energéticos, infraestructurales, o de otra índole. 2. Reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la población: El nuevo ordenamiento territorial que requiere el país se debe fundamentar en usos de la tierra que consideren su vocación agroecológica, se orienten a garantizar el abastecimiento nutricional y alimentario de la población y la soberanía alimentaria en general, así como la sostenibilidad socio-ambiental. Los conflictos derivados del uso de la tierra siempre se deben resolver atendiendo este propósito. De manera específica se propone: 1. Actualización y definición precisa de las zonas de reserva forestal y de parques naturales. 2. Protección especial de las fuentes de agua con miras a garantizar el derecho al agua de la población y a propiciar su uso racional y controlado en la actividad económica. 3. Reconocimiento y formalización de sustracción de territorios de zonas de reserva forestal a favor de comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes. 4. Desestimulo a la ganadería extensiva y “desganaderización” del uso de la tierra en 20 millones de hectáreas, acompaĖada de programas de reconversión tecnológica. 5. Definición precisa y cierre de la frontera agrícola; aumento del área de cultivos agrícolas hasta llegar a un equilibro entre tierras aptas para la agricultura y tierras efectivamente destinadas para esa actividad, privilegiando la producción de alimentos. 6. Solución de conflictos de usos de la tierra, derivados de las economías de extracción minero-energética, a favor de la preservación de las condiciones de sostenibilidad socio-ambiental o de la producción agrícola, especialmente de alimentos, según el caso. Ello implica, prohibición o regulación estricta, según el caso, de las actividades de extracción minero-energética, especialmente de la gran minería a cielo abierto. Con igual criterio, se procederá con la explotación forestal con fines comerciales. 7. Creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio, encargado de trazar y establecer pautas generales de ordenamiento territorial, de definir los usos de la tierra, así como de los conflictos que de ella se deriven. Además de los representantes de los poderes públicos y de los organismos de control, de los gremios sectoriales, el Consejo se conformará con representantes de las comunidades de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, interétnicos e interculturales, así como de las organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas, escogidos por ellas mismas. 3. Sostenibilidad socio-ambiental, derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles: En desarrollo de este propósito se impondrán medidas para: 1. Protección especial o restauración, según el caso, de ecosistemas frágiles y estratégicos, de las cuencas, los páramos y humedales y, en general, de la fuentes y recursos hídricos, así como de las zonas coralinas, entre otros; ampliación de los bosques y de las áreas protegidas; promoción de programas de reforestación masiva; definición de zonas de alta biodiversidad y protección de las variedades y especies nativas. 2. Prohibición o regulación estricta, según el caso, de actividades económicas mineras, energéticas, forestales, agrícolas o turísticas, que afecten la sostenibilidad socio-ambiental. 3. Reconocimiento y materialización del derecho humano al agua, según la resolución 64/292 de 2010 de Naciones Unidas. En consecuencia, priorización del uso del agua para el abastecimiento de las generaciones presentes y futuras, el riego y los cultivos; suspensión definitiva de proyectos de represas e hidroeléctricas, orientados a la exportación de energía, en particular del megaproyecto de El Quimbo. 4. Reconocimiento y estímulo a las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes por su indiscutible función en la preservación de condiciones socio-ambientales dignas y sostenibles mediante la implementación de programas específicos, el cubrimiento de la deuda ambiental contraída con ellas y la protección frente a mecanismos desarrollados por el negocio financiero transnacional con los bonos de carbono, incluido el llamado mecanismo REDD+ [Programa de reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques]. 4. Definición de territorios de producción agrícola y de alimentos: El reordenamiento territorial debe conducir a una definición precisa de los territorios de producción agrícola, en general y de producción de alimentos en particular. Teniendo en cuenta que el propósito primordial de la producción agrícola está orientado a garantizar el abastecimiento nutricional y alimentario de la población y, en general, la soberanía alimentaria del país, se pondrán en marcha las siguientes medidas: 1. Aumento del área agrícola efectivamente cultivada al menos a 20 millones de hectáreas, privilegiando el aumento del área de producción de alimentos. 2. En atención a que la economía campesina es la principal productora y abastecedora de alimentos y registra de manera demostrada los más altos niveles de productividad, se crearán Zonas de producción campesina de alimentos, en una extensión que sumada no será inferior a 7 millones de hectáreas. 3. Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se comprenden como parte del proceso de reordenamiento territorial. Considerando las zonas que ya tienen vida jurídica, las que se encuentran en trámite y los cerca de 30 procesos de hecho, la definición territorial de estos procesos demanda al menos 9 millones de hectáreas. Parte importante de la economía de estas zonas se sustenta en la producción de alimentos. 4. En los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y zonas de producción campesina de alimentos se estimularán e impulsarán producciones orgánicas y agroecológicas de alimentos. 5. Los territorios indígenas y afro-descendientes también se comprenderán como territorios de producción de alimentos y deberán ser estimulados con programas específicos para ese propósito. 6. La producción de alimentos no excluye la agricultura para la exportación, ni la agroindustria. Los territorios para esta agricultura deberán delimitarse igualmente. Los territorios de producción cafetera merecerán especial atención y protección. En el caso de los cultivos de larga duración, orientados a la producción de agro-combustibles, su localización, sus límites territoriales o su prohibición, según el caso, se fijarán atendiendo la sostenibilidad ambiental, la afectación de fuentes de agua y los requerimientos de abastecimiento alimentario. Explotaciones agrícolas desarrolladas con tecnologías intensivas en utilización de agroquímicos serán desestimuladas. 7. En el caso de un ordenamiento territorial basado en encadenamientos productivos entre grandes productores y productores campesinos y/o trabajadores asalariados agrícolas deben garantizarse acuerdos equilibrados que posibiliten repartos equitativos del excedente, condiciones dignas de trabajo y de existencia y atención a estándares laborales, incluido el aseguramiento social. 8. Se hace necesario impedir cambios en el uso del suelo rural por la imposición de la lógica urbana, incluyendo las reconversiones derivadas del mercado de servicios y el turismo, del cambio en las unidades de medida para la comercialización del suelo, o de la presión impuesta por los procesos de urbanización. 5. Creación de nuevos asentamientos rurales para la producción agrícola y de alimentos: El reordenamiento territorial contemplará la construcción de condiciones de trabajo y de vida adecuadas y atractivas en los medios rurales, propiciando la formación concertada de nuevos asentamientos mediante la canalización hacia ellos de inversiones y servicios. Con los nuevos asentamientos rurales se busca fortalecer la organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaĖos a los centros de consumo, propiciando y afianzando el establecimiento y la estabilización de pequeĖos y medianos productores en esos espacios. Los asentamientos podrán conformarse con la tierra distribuida gratuitamente a campesinos sin tierra, pobladores urbanos en condiciones de pobreza y miseria, trabajadores y proletarios agrícolas, mujeres sin tierra, que estén dispuestos a ello. También se conformarán con parcelas individuales y formas cooperativas o asociativas de propiedad. Estos asentamientos demandarán el impulso de proyectos de producción, transformación y provisión de bienes de origen agrícola para otros asentamientos, lo centros urbanos y la exportación. La formación de los asentamientos, concertada con grupos poblacionales específicos, implica inducir cambios en la distribución espacial de la población, establecer las modalidades de asignación de recursos por parte del Estado, definir los rasgos de la economía rural según la vocación agroecológica de la tierra y fijar su localización atendiendo criterios de conveniencia y de dotación de infraestructura. 6. Recursos naturales no renovables en función del interés nacional y del buen vivir de la población: Las economías de extracción de recursos naturales no renovables, en especial minero-energéticos, vienen transformando y afectando de manera significativa los derechos y la vida de las personas y de comunidades enteras, los usos del suelo, las fuentes de agua, los ecosistemas y, en general, la sostenibilidad socio-ambiental del país, así como las posibilidades futuras de la producción agrícola. El ordenamiento territorial que demanda el país impone ponerle freno a la expansión desordenada y anárquica de esas economías estableciendo prohibiciones, límites o regulaciones estrictas, según el caso. En desarrollo de ese propósito se deben emprender las siguientes acciones: a. Declaración del carácter estratégico de los principales recursos naturales energéticos y mineros y recuperación de éstos en cabeza de la nación mediante la redefinición de las modalidades contractuales que han dado lugar a su usufructo en condiciones leoninas por inversionistas extranjeros; reformulación del régimen de regalías elevando de manera significativa el porcentaje de recursos a favor de la nación; eliminación del régimen de incentivos tributarios a inversionistas extranjeros. b. Delimitación territorial precisa de las economías de extracción de recursos naturales no renovables y aprovechamiento de los recursos recuperados en función del interés nacional, del buen vivir de la población, del fortalecimiento de la base técnico-material del país y del procesamiento industrial para el mercado interno. c. Destinación específica y preferencial de las rentas producidas por la extracción de recursos minero-energéticos para resolver los problemas económicos y sociales más agobiantes de la población en condiciones de pobreza y miseria. d. Suspensión indefinida del otorgamiento de nuevos títulos mineros y de nuevas concesiones para la exploración y la extracción petrolera hasta tanto no se establezca, mediante estudios previos y consulta previa con las respectivas poblaciones, la viabilidad y sostenibilidad socio-ambiental de tales actividades; suspensión inmediata de las licencias ambientales de todos los proyectos minero-energéticos en curso que afecten los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de la población; endurecimiento de las condiciones de otorgamiento de nuevas licencias ambientales mediante regulaciones más estrictas que garanticen el cubrimiento integral de la deuda socio-ambiental producida por la ejecución de los proyectos. e. Regulación estricta o prohibición, según el caso, de la gran minería a cielo abierto; prohibición de manera efectiva de la explotación minero-energética en zonas de páramos, con ecosistemas frágiles y de reserva agroecológica. f. Imposición de obligaciones de reparación integral a las víctimas de la depredación socio-ambiental minero-energética, en cabeza de las empresas concesionarias y con responsabilidad compartida por el Estado; requerimiento de cumplimiento de condiciones de vida y de trabajo dignas, mediante a la atención de parámetros internacionales de legislación laboral, para los trabajadores que laboran en esas economías. g. Derogatoria inmediata de la Resolución 0045 de junio de 2012 por medio de las cual se declaran como áreas estratégicas para la gran minería una gran parte de la región amazónica (incluyendo Caquetá y Putumayo) y un alto porcentaje de áreas de tradición y vocación agrícolas. 7. Minería artesanal digna y pequeĖa y mediana minería con sostenibilidad socioambiental: Con miras a garantizar el bienestar de las comunidades rurales, cuya actividad económica se concentra en la ancestral minería artesanal, así como en la pequeĖa y mediana minería, se llevarán a cabo las siguientes medidas: i. AcompaĖamiento y protección especial a la minería artesanal, contribuyendo a preservar a su sostenibilidad socio-ambiental. Ello supone garantizar los derechos de los mineros artesanales y tradicionales, así como el respeto por su cultura. ii. Asistencia integral, económica, social, tecnológica, a la pequeĖa y mediana minería, con miras a hacer de ella una minería sostenible socio-ambientalmente, garante de trabajo y vida digna, o a provocar, según el caso, la reconversión de esta actividad minera hacia otro tipo de economía rural que posibilite la estabilidad socioeconómica de la comunidad. iii. Reconocimiento y legalización de los títulos mineros en manos de pequeĖos y medianos mineros; terminación de la persecución y la criminalización de esta actividad; definición de regulaciones específicas por parte del Estado. 8. Cultivos de uso lícito de marihuana, amapola y hoja de coca y sustitución de cultivos de uso ilícito: Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de comunidades rurales que actualmente dedican su actividad económica, por razones de subsistencia, a los llamados cultivos de uso ilícito, se implementarán las siguientes acciones: a. Cesación de la política de criminalización y persecución a estas comunidades. b. Suspensión inmediata y definitiva de aspersiones aéreas y de otras formas de erradicación considerando los impactos negativos socio-ambientales, económicos y sociales. c. Legalización y definición expresa de usos de la tierra para cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales, según el caso. Las zonas de cultivo y la producción se regularán en función de la demanda. d. Reorientación de los usos de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles, mediante la implementación de programas integrales de sustitución de cultivos, concertados con las respectivas comunidades rurales. Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesinado y definición de sus territorios. Con el propósito de contribuir al reconocimiento político y de todos los derechos del campesinado se formulan las siguientes diez propuestas: 1. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos. 2. Constitucionalización de la figura del territorio campesino. 3. Autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural y en la administración de justicia. 4. Carácter estratégico en la protección de ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, para la sostenibilidad socio-ambiental en general y para la soberanía alimentaria. 5. Financiación estatal mediante transferencias de origen constitucional y recursos del presupuesto. 6. Dotación con medios de producción, asistencia técnica, crédito, infraestructura física y social. 7. Reconocimiento y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina. 8. Creación de Zonas de producción campesina de alimentos. 9. Procesamiento industrial, encadenamientos productivos, inserciones en el mercado nacional y en el mercado mundial. 10. Protecciones especiales de los territorios campesinos. 1. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos: En consideración al papel central desempeĖado en la historia de nuestro país, así como a la deuda política, económica, social, ambiental y cultural contraída fruto del ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar; en atención a la capacidad de resistencia, movilización, organización y lucha en defensa de sus reivindicaciones y derechos a lo largo de toda la historia republicana, se dignificará y reconocerá política- y culturalmente al campesinado, así como su condición de sujeto de derechos en los términos establecidos en la Declaración internacional de los derechos de los campesinos de la ONU, la cual será incorporada de manera inmediata al ordenamiento constitucional. Las mujeres campesinas merecerán especial atención y trato. Con miras a dar cuenta de su especificidad social y cultural, de sus modos de vida y de producción, de sus formas de relacionamiento con la naturaleza, de sus formas organizativas y particularmente de su derecho a la tierra y el territorio, se reconocerán los territorios campesinos, se creará la jurisdicción campesina, se establecerá la circunscripción electoral campesina y se dispondrán los recursos de presupuesto necesarios para el goce efectivo de los derechos. Dada las condiciones de precariedad y pobreza de los trabajadores y proletarios agrícolas, se adoptará en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se crearán las condiciones institucional para hacerlo eficaz. 2. Constitucionalización de la figura del territorio campesino: El modo campesino de producción social del territorio se expresará en la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano. La figura de territorio campesino se elevará al nivel constitucional en los mismos términos en los que éste existe para las comunidades indígenas y afro-descendientes. Los territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles. En consideración a las formas de propiedad existentes en estos territorios-individual, asociativa, comunitaria o colectiva- y con miras a evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra, habrá en ellos regulaciones específicas sobre la transferencia de derechos, adoptadas autónomamente por las comunidades campesinas y sus organizaciones o concertadas con ellas, según el caso. Sin perjuicio de otras formas, los territorios campesinos estarán conformados por Zonas de Reserva Campesina o por Zonas de producción campesina de alimentos. En cada caso, se producirán las definiciones territoriales correspondientes. Tales definiciones se fundamentarán en una cartografía social geo-referenciada. En los casos en lo que fuere necesario, se adelantarán procesos de sustracción de zonas de reserva forestal para garantizar la formación de territorios campesinos. 3. Autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural y en la administración de justicia. Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente. La autonomía contempla igualmente la definición de formas de relacionamiento con la organización política y administrativa del Estado en general. La autonomía presume la creación, administración y control propios de sistemas de información del territorio, así como la formulación de planes de vida y de desarrollo y de manejo socio-ambiental. El Estado garantizará el acompaĖamiento técnico de los diseĖos a que hubiere lugar. 4. Carácter estratégico en la protección de ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, para la sostenibilidad socio-ambiental en general y para la soberanía alimentaria. Se reconocerá el papel central de las comunidades campesinas y de sus organizaciones en la protección del medio ambiente, en atención a sus formas sostenibles de relacionamiento con la naturaleza. Se declarará el carácter estratégico de los territorios campesinos en la protección de los ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad, fuentes de agua y para la sostenibilidad socio-ambiental en general. Se declarará igualmente el carácter estratégico de los territorios campesinos para el abastecimiento nutricional y alimentario no solo de sus campesinos habitantes, sino de la población en general. Se reconocerá, por tanto, su valiosa contribución para garantizar la soberanía alimentaria y se adelantarán todas las medidas necesarias para su estímulo y protección. 5. Financiación estatal mediante transferencias de origen constitucional y recursos del presupuesto. Con miras a garantizar su estabilización y proyección, así como los fines para los cuales han sido creados, los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos. Sin perjuicio de otras fuentes, los recursos provendrán del sistema general de participaciones, de las regalías, de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado, así como de una cuenta específica creada dentro del presupuesto general de la nación, con un porcentaje fijo sobre el total. Todos estos recursos conformarán el Fondo nacional de financiación de territorios campesinos. Los criterios de asignación de recursos, así como el monto a asignar, serán definidos de manera concertada con las comunidades campesinas y sus organizaciones, las cuales administrarán autónomamente los recursos asignados. De acuerdo con la localización geográfica, habrá fuentes adicionales de financiación provenientes de un porcentaje fijo de los presupuestos de los departamentos y municipios en donde se halle el respectivo territorio campesino. La economía rural y agraria del territorio campesino proveerá recursos propios. 6. Dotación con medios de producción, asistencia técnica, crédito. Los territorios campesinos serán dotados con medios de producción, asistencia técnica y recursos de crédito, que permitan garantizar su función de protección y sostenibilidad socio-ambiental, así como el usufructo sostenible de la tierra y de la producción campesina. Para tal efecto, se diseĖarán programas específicos de dotación, asistencia técnica y crédito, concertados con las comunidades campesinas y sus organizaciones, con la correspondiente disposición de recursos extraordinarios de presupuesto por parte del Estado. Estas acciones se encaminan a la cualificación de la propiedad campesina, a la estabilidad de sus economías, de las comunidades campesinas y de la sociedad rural en general. 7. Reconocimiento y afianzamiento de Zonas de Reserva Campesina. La Zonas de Reserva Campesina son una expresión histórica organizada de las luchas campesinas por la reforma agraria que merece el respeto y reconocimiento por parte del Estado para contribuir a saldar la deuda histórica del Estado con el campesinado. En la actualidad son un importante baluarte de la defensa del derecho al territorio, de la protección socio-ambiental y de la producción de alimentos, de cierre de la frontera agrícola, contra la concentración de la propiedad sobre la tierra y las presiones de cambio en su uso por proyectos minero energéticos, infraestructurales y de agro-combustibles. Son la mejor expresión existente de una sociedad rural organizada, basada en la cultura, el modo de vida y de producción campesinos, de apropiación social colectiva del territorio. En atención a ello, serán reconocidas como una de las formas de territorio campesino. Se destinará una extensión no inferior a 9 millones de hectáreas, para responder a las expectativas de acceso a la tierra de las comunidades campesinas que las habitan. Las Zonas de Reserva Campesina se fundamentan en la propiedad individual sobre la tierra, así como en formas asociativas, comunitarias o colectivas de propiedad. Su titularidad estará en cabeza de la respectiva organización campesina, única facultada para solicitar su reconocimiento y creación, es decir, su formalización, mediante simple manifestación de voluntad. Las ZRC ya existentes serán refrendadas; lo procesos que se encuentran en trámite y los que aún no se han iniciado formalmente, merecerán reconocimiento inmediato mediante el perfeccionamiento del correspondiente acto administrativo. Los requisitos de creación y puesta en marcha se simplificarán en formas y tiempo. Una vez reconocidas formalmente las Zonas de Reserva Campesina se activarán todos los dispositivos estatales para su fortalecimiento. Sin perjuicio de relacionamientos directos con el gobierno central, la personería del conjunto de comunidades campesinas y de organizaciones que hacen parte del proceso de Zonas de Reserva Campesina se encontrará en cabeza de su organización de segundo piso. Las ZRC se crearán con tierras baldías, tierras sustraídas de zonas de reserva forestal, tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, obtenidas ilícitamente mediante el ejercicio de la violencia. 8. Creación de Zona de producción campesina de alimentos. Se crearán las Zonas de producción campesina de alimentos, en una extensión territorial no inferior a 7 millones de hectáreas. Las zonas se crearán con tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, obtenidas ilícitamente mediante el ejercicio de la violencia, baldías, restituidas a los campesinos, o de minifundios. Dentro de sus propósitos se encuentran: garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de sus pobladores; contribuir a la reestructuración del minifundio y a la estabilización socioeconómica de la pequeĖa y la mediana producción campesina; evitar la concentración de la tierra en pocas manos; estimular formas asociativas, comunitarias o colectivas de la producción; propiciar producciones orgánicas y agroecológicas, principalmente de alimentos; garantizar producciones agrícolas basadas en el uso racional del agua; contribuir a la sostenibilidad socio-ambiental; estimular relacionamientos más equitativos de las comunidades campesinas y rurales con los centros urbanos. Se propiciarán procesos organizativos tendientes al fortalecimiento de la capacidad autonómica política, administrativa y técnica de los campesinos y sus organizaciones. 9. Procesamiento industrial, encadenamientos productivos, inserciones en el mercado nacional y en el mercado mundial. Aunque en los territorios campesinos se privilegiará el autoabastecimiento alimentario, se propiciarán relaciones de intercambio con otros territorios campesinos, indígenas, afro-descendientes, interétnicos e interculturales, mediante el establecimiento de redes de producción y comercialización. Se estimulará el procesamiento industrial y, en general, la agregación de valor de las producciones campesinas, para mejorar su capacidad adquisitiva y de ingreso. Se organizará la comercialización directa de los excedentes para el abastecimiento alimentario de los centros urbanos, a través de un sistema de compras únicas y precios sustentados por parte del Estado. Si las condiciones y los niveles de producción lo permiten se apoyará la comercialización de parte de los excedentes en el mercado mundial. Los encadenamientos productivos con formas de agricultura comercial o para el procesamiento industrial serán regulados de manera estricta garantizando repartos equitativos del excedente y condiciones de vida y de trabajo digno para los campesinos y los trabajadores agrícolas asalariados. 10. Protecciones especiales de los territorios campesinos. En atención a su carácter estratégico, los territorios campesinos gozarán de protecciones especiales frente a: a) La estigmatización por parte de la inteligencia militar o su uso dentro de estrategias contrainsurgentes y de guerra. Ello implica excluir a la población civil campesina atendiendo el Estado las normas del Derecho Internacional Humanitario o según acuerdos de regularización de la guerra. b) El ejercicio estructural de la violencia y el despojo. c) Las presiones de cambios en el uso de la tierra y el territorio por megaproyectos infraestructurales, minero-energéticos o de agro-combustibles. d) El mercado especulativo de tierras, el derecho (real) de superficie, la extranjerización de la tierra o la especulación financiera. e) Los impactos de las políticas macroeconómicas y de comercio exterior, incluidos los tratados de libre comercio. f) Las políticas de imposición de transgénicos o de paquetes tecnológicos de transnacionales de los agro-negocios. g) Las políticas de mercantilización de la naturaleza, incluido el comercio con bonos de carbono. La protección es frente al ejercicio de la violencia y el despojo, la especulación financiera, el no pago de deudas, incluidas las obligaciones contraídas con la banca transnacional, los impactos de políticas macroeconómicas y de comercio exterior, los cambios inconsultos en los usos de la tierra para actividades distintas a las actividades agrícolas, los desastres naturales y los efectos del cambio climático, entre otros; comprende el rechazo al derecho de superficie. Para cada caso, se diseĖaran mecanismos específicos de protección. De manera especial, se reconocerá el derecho a la consulta previa, libre e informada. Se protegerán las semillas nativas y el conocimiento ancestral campesino. Como mecanismo de protección se reconocerá la consulta previa libre e informada. Todas las propuestas aquí formuladas, demandan la conformación de una institucionalidad especializada que garantice y posibilite su implementación. Delegación de Paz de las FARC-EP [57].

12-5-2013, SeĖores voceros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca. El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC, en relación con los sucesos del 28/29-4-2013 en San Francisco Toribio nos permitimos hacer las siguientes precisiones: 1. Las FARC desde su nacimiento ha estado comprometida con las luchas populares, incluida la justa y valerosa lucha indígena por la tierra, encarnada por importantes representantes de su etnia a lo largo de la historia, entre ellos José Gonzalo Sánchez, Manuel Quintín Lame, Eutiquio Timoté, Juan De la Cruz Perafán, Alvaro Ulcué Chocué y Avelino Ul, entre otros. 2. Esta política está consagrada de la siguiente manera en el punto 6 del programa Agrario del movimiento guerrillero, firmado el 20-7-1964: “se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras auto suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que le han usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivo […] las comunidades indígenas gozaran de todos los beneficios de la reforma agraria revolucionaria. Al mismo tiempo se estabilizará la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, sus formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de organización”. 3. Las políticas de las FARC en favor del pueblo colombiano guardan coherencia con los principios revolucionarios y con las conclusiones emanadas de nuestras conferencias y plenos del Estado Mayor Central, así como con las disposiciones y orientaciones del Secretariado Nacional. Rechazamos enfáticamente la calumniosa, pérfida y provocadora sindicación al Comandante Matías de estar desarrollado un “plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano. Nunca han respondido al capricho y querer de determinados comandantes, como lo sugiere el comunicado de la ACIN y CRIC leído el 29-4-2013, con ocasión del juicio adelantado contra seis comuneros del resguardo de San Francisco. 4. Nos mantenemos fieles a los principios del respeto a los intereses de las comunidades; a la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, amenazados por la cultura mercantilista del capitalismo, por las políticas neoliberales promovidas por el Estado, por las trasnacionales que codician las riquezas de esos territorios; al rechazo al paramilitarismo; y a la confrontación de la fuerza pública, que viola los derechos humanos a los comuneros y comuneras, haciendo que organicen las redes de sapos y sirve de avanzada de las multinacionales que tiene como mira el campo colombiano. 5. Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular y en particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es el caso del seĖor Alcibíades Ulcué quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios indígenas. 6. Resultados de esta política es el “juicio” adelantados el 29-4-2013 en el resguardo de San Francisco en contra de 6 comuneros indígenas y los pronunciamientos verbales y escritos hechos con ocasión del mismo. En el juzgamiento resultaron condenados a 40 aĖos de cárcel 3 comuneros indígenas de manera injusta (sin pruebas y sin garantizarles plenamente el derecho a la defensa). Este veredicto emitido por un grupo minúsculo en una asamblea manipulada por la ACIN y la “amenaza” de detener a milicianos y guerrilleros para entregarlos al INPEC y hacer que purguen largas condenas en las cárceles del régimen, le mereció al seĖor Feliciano Valencia el reconocimiento y felicitación publica por parte del comandante de la 3 división del ejército. Justamente, el ejército y los organismos de inteligencia del Estado tienen en la actual dirigencia de la ACIN una eficaz avanzada contrainsurgente. 7. Ante esta situación y el propósito expreso de los dirigentes de la ACIN de continuar con la requerida política de persecución a los revolucionarios, hemos dado la orden a todos los milicianos y guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC. 8. Hacemos un llamado a las autoridades indígenas que aún les queda sensatez y no se han comprometido con los organismos de seguridad del Estado, a que reflexionen en bien de las comunidades y asuman posiciones consecuentes con sus intereses, dejando de lado el discurso y la actitud belicista y macartista contra sus propios hermanos, y buscando la unidad y el reconocimiento como sujetos de derecho a todos los comuneros NASA, para luchar mancomunadamente contra las injusticias de que han sido víctimas por quienes detentan el poder desde siglos. 9. Reiteramos el respeto a los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía; nos solidarizamos con las reivindicaciones de las comunidades indígenas; reafirmamos nuestra voluntad por atender y solucionar de manera dialogada las dificultades que se puedan presentar entre nosotros y la comunidad indígena. 10. El conflicto armado colombiano tiene cobertura nacional, con raíces en la problemática social, y por tanto la solución del mismo debe ser también nacional. En consecuencia mientras el conflicto no se resuelva ni se cambien las estructuras económicas, el régimen político ni las políticas de despojo articuladas al modelo agro industrial y extractivo destinado a la exportación que tiene el gobierno para el campo colombiano, tampoco los indígenas, como ningún otro sector popular podrán resolver su problemática de forma estructural. 11. Nuestra presencia no representa una amenaza para los intereses de los pueblos indígenas. La aplicación de las normas que rigen la actividad de los guerrilleros de la FARC protege a las comunidades indígenas, campesinas y afros. Mantenemos nuestro espíritu unitario y nuestra disposición de lograr acuerdos concertados porque estamos convencidos que es el pueblo el mayor afectado por los enfrentamientos entre organizaciones populares. 12. Nuestra lucha armada es histórica y ha sido sostenida por la vinculación a nuestra organización de campesinos, indígenas, afros y mestizos; toda una amalgama de pueblo con su esfuerzo y sangre ha contribuido al logro de buena parte de las reivindicaciones del movimiento popular. Como forma de lucha asumida por el pueblo colombiano, y en particular por el pueblo NASA, debe ser respetada por quienes también se proclaman luchadores populares. 13. Mantenemos nuestra disposición de dialogar con las autoridades indígenas que tengan legitimidad en sus bases, en un espíritu de mutuo respeto, con el objetivo de superar de manera concertada las contradicciones y de llegar a un acuerdo en relación con la humanización de la guerra. Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano. CompaĖías del Suroccidente Colombiano [58].

12-5-2013, Reciban el cordial saludo de nuestra organización revolucionaria.  Me dirijo a ustedes en mi condición de Comandante del Estado Mayor Central de las FARC con el  propósito de dar respuesta a su carta de fecha 29-4-2013. Comenzaré por decirles que nada más lejano a la intención del Secretariado Nacional de las FARC que caer en provocaciones y asumir una actitud conflictiva con las comunidades indígenas del Cauca. En nuestro ánimo pesan muy antiguos y profundos lazos de afecto y solidaridad hacia las comunidades aborígenes del país y el continente, razón por la cual mal podríamos abrigar algún sentimiento de hostilidad o confrontación hacia ellas, menos todavía cuando nuestros principios y banderas de lucha contemplan la cabal reivindicación de sus seculares derechos violentados. Pese a ello me veo obligado a hacer algunas precisiones, más con el propósito de invitarlos a analizar las cosas con la serenidad y la sensatez que ameritan la situación y el momento. Con previa invocación a su dignidad y responsabilidad, nos acusan ustedes en su nota de tener un cuidadoso plan de guerra elaborado contra los gobiernos autónomos, legítimos y ancestrales de los pueblos indígenas del país. Honradamente, humanamente, políticamente, podemos asegurarles que tal apreciación está rotundamente equivocada, no se corresponde para nada con la realidad y más parece el producto del envenenamiento por parte de terceros interesados. De nuestra parte existe toda la disposición para entendernos positivamente con ustedes, como comunidad, como autoridades indígenas, como hermanos de sueĖos y de luchas. Nosotros estamos seguros que del diálogo, de un franco y sano intercambio, sin terceros azuzadores de por medio, brotará un completo entendimiento. Nosotros también hemos sido víctimas del comportamiento individual de algunos dirigentes indígenas, sin que por ello nos atrevamos a sindicar a toda la comunidad o a sus autoridades. Estamos seguros, por ejemplo, de que el trabajo del médico tradicional Benancio Taquinás con los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y el Ejército, que condujo a que unidades nuestras fueran reiteradamente bombardeadas o asaltadas, con diversas pérdidas humanas y materiales, no era producto de la orden de ninguna de las dignidades indígenas. Por su propia voluntad, él optó por ponerse al servicio directo de las fuerzas militares en el desarrollo de la guerra. Si ustedes tienen quejas o denuncias contra guerrilleros o milicianos que de algún modo han cometido abusos o conductas delictuosas contra los indígenas o su comunidad, estamos en disposición plena de recibirlas y tramitarlas, aplicando los correctivos que contemplan nuestros estatutos y reglamentos disciplinarios. Poseemos una normatividad y unos principios muy rigurosos, que todo combatiente nuestro conoce porque se le enseĖan y exigen. Tenemos el convencimiento de que una relación normal y respetuosa entre nosotros permitiría nuestro conocimiento y debida solución de cualquier atropello contra ustedes. Pensamos que del mismo modo, esa relación propiciaría que ustedes dieran la debida solución a las conductas abiertamente hostiles contra nosotros que provengan de cualquier miembro de sus comunidades. Lo que en cambio perjudica y abre heridas muy difíciles de reparar, son procedimientos sumarios y desacertados como los que refieren en su carta del 29-4-2013. Como Comandante del Estado Mayor Central de las FARC les aseguro que ninguno de los indígenas capturados, juzgados y condenados por ustedes en un día, tiene la menor responsabilidad en los hechos que les imputaron, pese a lo cual varios de ellos fueron sentenciados a 40 aĖos de cárcel. Tales absurdos, cometidos por ustedes mismos contra su propia gente, antes que generar unidad y respeto hacia las autoridades de la comunidad, apuntan a dividir esta y a sembrar futuros y graves enfrentamientos que con sabias y prudentes decisiones hubieran podido evitarse. Ya le expresaba yo a la ACIN, en carta del 20-7-2012,  nuestros puntos de vista y actitud hacia las comunidades y autoridades indígenas del Cauca. Al tiempo que los invito a repasar entre todos esa misiva, les expreso nuestra voluntad abierta y sincera de dialogar y encontrar entendimientos que nos permitan avanzar satisfactoriamente hacia nuestros mutuos anhelos de paz y justicia social. Les reitero que no somos sus enemigos, incluso la mayoria de sus propias comunidades así lo entiende y asume, hecho que por alguna razón que podríamos definir y aclarar, parece producir algún grado de irritación en cierto sector de sus autoridades. En esas condiciones nos declaramos a la espera del contacto para reunirnos. Comprenderán que se trata de asuntos que no pueden hacerse públicos por cuanto un enemigo mortal de ustedes y nosotros permanece a la espera de la menor oportunidad para golpearnos, reprimirlos o encarcelarlos a ustedes por relacionarse con nosotros. Les reitero nuestro abrazo de compaĖeros y hermanos. Hernán Cortés logró sojuzgar a las comunidades aztecas de México porque sumó a su ejército otras tribus indígenas que engaĖadas lo apoyaron. Huáscar, el hermano de Atahualpa, se alió con Francisco Pizarro y precipitó el hundimiento de los Incas. Aún nos sangra a todos la herida del terrible drama de los indígenas de Agualongo, ganados por los espaĖoles para luchar a favor de la Corona y en contra del ejército libertador de Bolívar. Esas historias jamás debieron producirse y estamos obligados a impedir que vayan a repetirse algún día. Por Colombia, por todos los perseguidos de este país, por la justa causa indígena de América es indispensable nuestro entendimiento. Estamos dispuestos a todo por conseguirlo. Timoleón Jiménez [59].

20-5-2013, En Colombia no existen garantías para que el pueblo se manifieste en las instancias presuntamente participativas y representativas. Esto se sustenta en la práctica sistemática de la eliminación selectiva de los líderes populares, de oposición o demócratas, por parte del Estado. La andanada de acciones antipopulares y entreguistas de los 8 aĖos de Uribe, se tradujeron en la multiplicación y convergencia de las luchas de los sectores que constituyen el campo popular colombiano. Es así como en la última década hemos asistido a movilizaciones masivas de campesinos, indígenas, estudiantes y trabajadores, así como al resurgimiento o aparición de importantes luchas urbanas, juveniles, culturales, de género y de reivindicaciones de derechos políticos, económicos, sociales, sexuales y reproductivos. La multiplicidad de expresiones de resistencia ha mostrado que nuestro pueblo está presto para la lucha; que la resistencia popular no se amilana a pesar del Terrorismo de Estado y las mentiras de los grandes medios. La heterogeneidad y diversidad de las expresiones de lucha no es algo negativo, por el contrario es necesario reacción a las distintas injusticias sociales que existen en nuestro país. Injusticias que se convierten en razones para organizarse y luchar. Ha existido cierta tendencia intelectual que considera que las expresiones armadas de la resistencia popular, como en nuestro caso las FARC-EP y el ELN, serían contrarias a los movimientos sociales: se trata de teóricos que pretenden desconocer los procesos históricos que han dado origen a las guerrillas y que bajo la fraseología postmoderna, en muchos casos estipendiada, anhelan dividir al pueblo. Desde las FARC-EP, tenemos más que claro que nuestro camino revolucionario es convergente con el que se han trazado las diferentes expresiones de los movimientos sociales. La versión oficial de la historia del conflicto colombiano presenta a las guerrillas revolucionarias como implante foráneo de la guerra fría, nada más alejado de la realidad: las guerrillas en Colombia son la manifestación de la no resolución de la cuestión agraria. La latencia de un mundo rural pleno de contradicciones sociales y la inexistencia de unos mínimos democráticos es lo que da sustento al surgimiento de un movimiento campesino, al que no le queda otro camino que el desarrollar la guerra de guerrillas. Después de agotar todas las vías pacíficas, la insurgencia armada es entonces movimiento social y popular en armas. En la historia y en el cuerpo programático de los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC-EP, nunca se ha considerado que el tránsito de Colombia hacia la democracia y el socialismo se derive únicamente de la actividad militar de la resistencia popular; y hemos sido conscientes de que será la movilización intensa de las masas a partir de la unidad de todo el campo popular, la que impondrá los cambios que el país requiere. Y por ello mismo las FARC-EP se imbrican y retroalimentan de las múltiples luchas que libera el pueblo. Los medios masivos de comunicación han desbocado una fuerte campaĖa de desinformación acerca del pasado Foro de Participación Política, llevado acabo en la Universidad Nacional, sede Bogotá, el pasado 28-4-2013. Según ellos, el objetivo de éste era discutir la manera sobre cómo los farianos y farianas entramos a pelear curules parlamentarias en nuestra, supuestamente, “inminente desmovilización”. El absurdo de tal afirmación, repetida miles y miles de veces en la radio, la televisión y las redes sociales era evidente. No hemos hecho inmensos esfuerzos al lado de nuestro pueblo durante décadas y se han sacrificado vidas tan valiosas como las de nuestros camaradas, Alfonso, Raúl, Mariana Páez, Jorge, Lucero Palmera, Cristian Pérez, Iván Ríos y millares de compaĖeros más, simplemente para terminar apoltronados en ese establo parlamentario, que cada día se encuentra más desacreditado frente a nuestro pueblo. Quienes desdibujan nuestras intenciones altruistas demuestran no solo su interés en sabotear la Mesa de Diálogos en la Habana, sino que tienen una miopía política evidente: la de considerar las elecciones de la democracia burguesa como forma única de acción política y de democracia posible. Las FARC-EP insistimos en la necesidad de abrir un debate intenso y masivo sobre las formas de participación política en Colombia. Pues estamos convencidos de que en nuestro país no existen garantías para que el pueblo se manifieste en las instancias presuntamente participativas y representativas. Esto se sustenta en la práctica sistemática de la eliminación selectiva de los líderes populares, de oposición o demócratas, por parte del Estado. En Colombia son perseguidos y exterminados los liderazgos de oposición al régimen. El gobierno Santos no es ajeno a dicha herencia: la desaparición reciente de los líderes de la restitución de Tierras en Córdoba, Urabá y Sucre, las amenazas al movimiento sindical, y la persecución al periodismo crítico dan muestras de que en poco, o en nada, cambia la respuesta terrorista oficial al disenso y a la oposición. A esto hay que sumar la existencia de un entramado jurídico administrativo que aumenta y reproduce la naturaleza asimétrica del régimen político. Las talanqueras para la participación, veeduría y gestión de los sectores populares dentro de las decisiones del país, hacen que éstas resulten prácticamente negadas. A eso referimos las FARC-EP cuando hablamos de participación política en la mesa de diálogos: Colombia requiere de un edificio institucional y jurídico que sea realmente democrático, en el que el pueblo participe y mandate sus derechos y exigencias. De allí que insistamos en una Asamblea Nacional Constituyente que de participación a todo el pueblo movilizado: a los movimientos sociales, organizaciones políticas, plataformas de DDHH, víctimas, y cómo no, la las expresiones armadas de la lucha popular [60].

25-5-2013, El nuevo ultimátum del Ministro Fernando Carrillo de poner como fecha para terminar negociaciones Navidad del 2013, pareciera revelar una falta de compromiso frente al proceso de diálogos, que ante todo expresa desconfianza respecto a las mismas capacidades que la Delegación gubernamental tiene para hacer posible el propósito de la reconciliación. Sus desafortunadas comparaciones “navideĖas”, que trivializan las propuestas que las FARC-EP han hecho a la Mesa de la Habana interpretando los intereses de las mayorías, en nada se sintonizan con el ambiente de optimismo que reina entre los colombianos que le apuestan y tratan de aportarle ideas positivas al objetivo de encontrar una salida incruenta al conflicto político, social y armado que padece Colombia. Nuestras formulaciones recogiendo las reivindicaciones populares, no son una “lista de regalos” sino el registro de los derechos que le han sido conculcados al pueblo y es deber del Estado garantizarlos sin más demora. Al gobierno es a quien corresponde abrir los espacios políticos y devolver lo despojado a las víctimas de su terrorismo secular, para que el soberano pueda expresarse en un escenario de democracia verdadera. Con esperanza, Ad portas de un acuerdo parcial sobre el primer punto de la Agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con enfoque territorial, la Delegación de Paz de las FARC-EP reitera su invitación a la organización y la lucha de los sectores populares en función de una Reforma Agraria estructural que se sume a la realización de los cambios profundos que requiere el país para lograr el establecimiento de la verdadera democracia y de la justicia social. Nuestro propósito de potenciar al máximo la producción campesina y de las comunidades rurales, en función de la soberanía alimentaria y el mejoramiento pleno de las condiciones de vida de la empobrecida población del campo y de los desplazados como consecuencia del conflicto impuesto por las élites en el poder, puede ser ahora una realidad, si entre todos logramos que la restitución de la tierra se dé en favorecimiento de los verdaderos despojados, la formalización para quienes la poseen de manera precaria o insuficiente, -tal como ocurre con los hombres y mujeres que con sacrificios adelantan los procesos de construcción de Zonas de Reserva Campesina- y, en fin, la redistribución se produzca en el sentido de superar el latifundio, limitar la propiedad y entregar la tierra de manera equitativa, justa y en fortalecimiento de la economía interna y la soberanía. El cierre de la frontera agrícola deberá implementarse pensando en la sostenibilidad socio-ambiental, la preservación de nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y nuestras fuentes hídricas, considerando que cualquier sustracción que se haga para poner límites a la depredación de nuestras áreas y conservar así los cerca de 89 millones de hectáreas de bosques que sobreviven , deberá ser para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, y no para llenar las arcas de las transnacionales de la explotación minero-energética o de la extracción agroindustrial y de los agro-combustibles. Urgente y necesario será que, aun teniendo Colombia una relación potencialmente favorable en la ecuación “tierra-población”, acabemos ya con la gran concentración de la propiedad territorial que se ha traducido en la profundización de una desigualdad extrema, expresa en un coeficiente de Gini superior al 0.89, el más escandaloso e injusto del continente. Colombia debe asistir sin más demora a la cesación del sometimiento respecto a las comunidades por parte de las élites, sobre las que se aplican métodos de explotación, de extracción de rentas o de violencia para el despojo, que potencian la acumulación y se establecen como causa fundamental de la historia de los conflictos agrarios desde los orígenes de la república; una historia en que la apropiación de los baldíos, para el Estado ha significado su principal fuente de activos fiscales, para los comerciantes y latifundistas fuente de sus principales rentas, pero para las comunidades agrarias ya sean campesinas, indígenas, afros-descendientes o raizales y palenqueros empobrecidos, era y sigue siendo su fuente esencial de supervivencia. No hay mejor medio para alcanzar la paz que luchar por ella [61].

26-5-2013, Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC dieron a conocer 23-5-2013 que se logró llegar a un acuerdo en el primer punto de la mesa de negociaciones: tema agrario denominarlo “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”. El acuerdo “será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, en el pequeĖo productor”. El pacto habla del acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. “Busca que el mayor número de habitantes sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a ella mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, sujeto al ordenamiento constitucional, todos los predios que posean los campesinos en Colombia”. Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del fin común. Debe acompaĖarse a los campesinos con planes de vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. Acordaron que habrá una fórmula para revertir los daĖos cometidos contra los campesinos víctimas del desplazamiento forzado. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y se restituyan las víctimas del despojo y desplazamiento forzado”. Temas: 1) Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2) Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3) Infraestructura y adecuación de tierras. 4) Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 5) Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6) Políticas alimentarias y nutricionales. Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia. Está acompaĖado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. Incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información. Pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental. Buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición. Uno de los principios que guían estas conversaciones es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos. Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado en Bogotá sobre los temas Agrario y de Participación Política. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia [62].

26-5-2013, Compatriotas: Luego de discutir durante meses en torno a nuestra problemática rural y de buscar soluciones que efectivamente reivindiquen y rediman al campesino, a las comunidades indígenas y afro-descendientes y que favorezcan el buen vivir de los colombianos, hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas, antes de la concreción de un acuerdo final. Las Cien Propuestas mínimas orientadas al desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social de colombia, son una muestra fehaciente de la profundidad de nuestro compromiso. Allí están plasmadas las ideas de justicia que los de abajo han querido que se les escuche y se les reconozca. Luego de 22 aĖos de vigencia de una Carta Magna que consagró derechos en el papel, mientras desató su política neoliberal generadora de miseria, desigualdad y violencia, es hora de exigir que la letra muerta de beneficio social de la Constitución y la Ley, resuciten, recobren vida y sea cumplida por las elites empotradas en el Estado. En La Habana estamos abriendo una senda para que el pueblo actúe, se movilice, en defensa de sus derechos y siga haciendo escuchar su voz como protagonista principal de la construcción de la paz. Pero preocupa que mientras las mayorías claman reconciliación y expresan sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de medidas y políticas económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad de las transnacionales, se siga profundizando la desigualdad y continúen cayendo compatriotas, de lado y lado, en una guerra de medio siglo que urge una salida política. Este acto de cierre de un ciclo temático es al mismo tiempo la apertura al trascendental debate en torno a la democracia colombiana. Muchas preocupaciones orbitan nuestra conciencia de voceros de los anhelos populares con relación al trascendental asunto de la Participación Política, que abordaremos en la Mesa de Diálogo de La Habana. Urgentes cambios estructurales están tocando las puertas del Estado, reclamando participación ciudadana en las decisiones y en la adopción de políticas que comprometen su futuro de dignidad. Tenemos que volver la mirada hacia nuestros orígenes, para encontrarnos con la enseĖanza del Libertador que nos dice que: “La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”, que “El destino del ejército es guarnecer la frontera. ŃDios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos! Basta la milicia nacional para conservar el orden interno”, “las minas de cualquier clase, corresponden a la República” y, “La hacienda nacional no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso que han hecho de ellos”. En las actuales circunstancias nos preocupa, por ejemplo, la captura del Estado por parte de grupos de poder que aprueban leyes y regulaciones que solo favorecen su egoísmo mientras desprecian el interés común y llevan la desigualdad y la defensa violenta de sus capitales, más allá de los límites de lo infrahumano. Una suerte de “macrocriminalidad”, en la que reinan la corrupción y la impunidad, se ha apoderado del Estado colombiano. Sigue éste enredado en la telaraĖa de la ilegalidad narco-paramilitar. Y pululan todavía los comisionistas que hacen el puente entre el Estado, empresas legales y la ilegalidad, para lavar activos, celebrar contratos, robar los recursos de la salud y saquear las arcas de la nación. Todos estos, son elementos que hoy obstruyen la posibilidad de construir una alternativa de solución diferente a la guerra, pero confiamos en la sabiduría de las organizaciones sociales, políticas y populares de Colombia, que sabrán desbrozar el camino hacia la paz. El esfuerzo colectivo por la paz de Colombia tendrá que ser compensado con un tratado justo y vinculante rubricado por una Asamblea Nacional Constituyente que funde nuestra reconciliación a perpetuidad. El Estado colombiano espera una transformación estructural profunda, que complemente  medidas trascendentales similares a las que ahora hemos acordado, como la de la formalización progresiva de todos los predios que ocupan o poseen los campesinos de Colombia. La Habana, Cuba, Sede de los Diálogos de Paz [63].

7-6-2013, Nadie entiende por qué el gobierno rechaza la necesaria tregua bilateral propuesta por las FARC desde el inicio de las conversaciones, si de lo que se trata es de parar la guerra. La progresión de un acuerdo tan trascendental no debe ser interferida ni por los tiempos electorales ni los plazos legislativos. Un gobierno que realmente quiera la paz no está marcando a cada rato las líneas rojas de su intransigencia, de sus inamovibles, sino que actúa con grandeza para facilitar el entendimiento. Lo que se ve es una gran inconsecuencia y también una gran mezquindad cuando se defiende con argumentos tercos privilegios indignantes. Esas actitudes poco contribuyen a la construcción de una atmósfera de paz. ņLos diálogos para qué? Hay que entender que éste no es un proceso de sometimiento, sino de construcción de paz. No se trata de una incorporación de la insurgencia al sistema político vigente, así como está, sin que se opere ningún cambio a favor de las mayorías excluidas. ņPara qué fue la lucha? El mejor epílogo de esta guerra debe ser rubricado por cambios estructurales en lo político, económico y social que propicien la superación de la pobreza y la desigualdad. Tenemos que defender este proceso de paz, esta esperanza. Todos, resueltamente, gobierno, guerrilla de las FARC y las organizaciones sociales y políticas del país, debemos sumar voluntades para alcanzar, luego de décadas de confrontación bélica, la anhelada reconciliación con justicia social. Qué nos importan Uribe y Fedegan si estamos resueltos a alcanzar la paz. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP [64].

8-6-2013, Andrés París, miembro de la Delegación de Paz de las FARC, habló sobre la participación en política, segundo punto de la agenda de diálogos. Tenemos la idea de incorporar al debate las garantías a la guerrilla en el eventual caso de una participación en política, pero este es sólo un aspecto de una visión más amplia. Los colombianos pueden tener la convicción de que cualquier ofrecimiento para que la guerrilla participe en política, si no está acompaĖado de un cambio general, va a significar que a esos líderes, a esos comandantes que salgan a hacer política, los van a asesinar. Si están amenazados dirigentes de fuerzas de centro y de izquierda, cómo será cuando comandantes guerrilleros salgan a hacer política. Esto requiere un proceso constituyente y de reforma. Que la ilusión de encontrar la paz no nos enceguezca para no ver las realidades que necesitamos construir para que el acceso a la participación política en forma legal sea seguro. Porque esos peligros existen, esas fuerzas enemigas son, por ejemplo, las que quieren atizar la guerra entre Colombia y Venezuela. Las FARC siempre han planteado el ensanchamiento de los espacios políticos para las fuerzas que se mueven en la oposición. Siempre hemos luchado por una apertura democrática y hemos confrontado el restringido sistema bipartidista que hay en Colombia. Este es, si se quiere, en el terreno político, uno de los aspectos que explican la aparición de la insurgencia armada. En el tema agrario, primer punto de la agenda, se abordaron las razones económicas de la confrontación armada en Colombia. En el segundo punto tendremos que insistir en que el sistema antidemocrático también es una de las razones de este conflicto y llegar a una solución política implica abrir los horizontes de la democracia para todos los colombianos. Hablamos de participación en política no para la guerrilla, sino para todos. Colombia marcha nuevamente hacia el bipartidismo. Las reformas que le han introducido a la Constitución después de 1991 favorecen a los grandes bloques de partidos y perpetuán el bipartidismo. Una de las últimas medidas en esa dirección es el llamado umbral, que obliga a los partidos a sacar más de 450 mil votos. Eso ha hecho que paulatinamente desaparezcan pequeĖos movimientos y el régimen colombiano vuelve a caracterizarse por el monopolio de los dos partidos, metamorfoseados en distintas corrientes. Entonces, dentro de este enfoque es que vamos a dar la batalla de la participación política. No son garantías para la insurgencia sino reestructuración, reforma, remodelación del aparato institucional en lo que tiene que ver con el régimen de partidos; estatuto de la oposición. El mismo régimen electoral colombiano, el monopolio sobre los medios de comunicación. Tenemos banderas históricas que se concretan en ideas contemporáneas. Partimos de una reforma estructural que dé garantías para la presencia de fuerzas políticas que puedan salir de la insurgencia. El momento hoy es el de una contrarreforma que favorece a los bloques principales y lleva a la aniquilación de otras fuerzas. No hay espacio para que exista el contrapeso que debe existir en toda democracia. Esto requiere un proceso constituyente y de reforma [65].

13-6-2013, A propósito del rotundo no manifestado por el gobierno a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, es preciso decir que nadie puede pretender limitar la condición de soberano del pueblo. No es comprensible que ad portas de iniciar la discusión sobre Participación Ciudadana, desde la Delegación de Paz del Gobierno se le pongan obstáculos a una propuesta fundamental de las organizaciones sociales y políticas, expuesta en el Foro que para tratar el asunto se reunió en Bogotá a finales de abril del 2013. En ninguna parte del acuerdo especial de La Habana aparece definida la forma de refrendación que tendrá lo que se convenga. Tampoco se ha firmado el no a la Constituyente. Que se nos diga en dónde se prohíbe hablar de este importante asunto, cuando por el contrario, el espíritu del Preámbulo y la Agenda, lo que manifiesta es que la paz es un asunto de todos los colombianos. Tenemos que recordarle al Dr Humberto de La Calle, que el artículo 376 fue incluido en la Carta del 91 por iniciativa del gobierno de César Gaviria, del cual él formaba parte. No hay que tenerle miedo a un texto que a letra dice: Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Nacional Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte del censo electoral. Es una paradoja que precisamente en el punto de participación política a la gente le coloquen un bozal, impidiendo la opinión, desde ya, de congresistas, partidos, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios, etc. Por el bien supremo de la paz, que es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, hay que hacer hasta lo imposible [66].

16-6-2013 Jesús Emilio Carvajalino, alias “Andrés París”, negociador de las FARC, dijo que la aspiración de esta guerrilla es adoptar un modelo como el de Irlanda del Norte, donde no hay conflicto armado oficialmente desde hace 14 aĖos. En el proceso de Irlanda porque se establecieron principios y, por ejemplo, ellos las armas no las entregaron. El Ejército Republicano Irlandés (IRA) decretó un alto el fuego en 1994 y cuatro aĖos después, en 1998, se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, con el que se puso fin oficial al conflicto de Irlanda del Norte. Las FARC le han dicho “reiteradamente” al Gobierno que “nunca tendrán” la foto de un acto simbólico de entrega de armas y que estas “se silencian cuando la voluntad de dispararlas cese y eso ocurrirá en Colombia cuando se cumplan todas estas situaciones que estamos llevando a la mesa”. Debe convocarse una Asamblea Nacional Constituyente, que pese al reiterado rechazo del Gobierno es “la llave de la paz”. El proceso de paz que las FARC quieren transitar “debe significar cambios históricos de todos y para bien de todos los compatriotas”, y el único vehículo para ello es la Asamblea Nacional Constituyente. Las FARC “ya” hicieron “la gran concesión” que podían hacer, que es “no exigir los cambios revolucionarios en la mesa”, lo que ratificó su intención de mantenerse firme en el reclamo de la Constituyente. “No pensamos ir a la cárcel y hay que encontrar las figuras que están ahí en la Constitución para que las apliquemos”. Respecto de la participación en política: “Estamos buscando una forma distinta a la armada de estar en el espectro político, pero a diferencia de otras fuerzas que entregaron armas e ideología, que entregaron política y principios, nosotros no encaramos un proceso sobre la base de la cooptación del régimen y a las reglas establecidas y a la ideología del régimen actual bipartidista”. De cara a las elecciones presidenciales de 2014, las FARC consideran “una estupidez” presentar una candidatura porque no quieren participar “con el actual régimen electoral y el mecanismo de compra de votos y trampas”, por el contrario, abogan por “una reforma profunda al régimen electoral”. “Nosotros vamos más allá de la simple participación y garantías para hacer política por otros métodos; la esencia de este punto está en la raíz del conflicto armado. (...) Este punto político le va a mostrar al país que la raíz del conflicto es que no hay democracia real [67].

18-6-2013 Delegación de Paz de las FARC-EP: A propósito de la opinión personal del Dr. Humberto de la Calle sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, hacemos las siguientes consideraciones: Téngase en cuenta que la Constituyente no puede existir si no hay refrendación de la ley que la convoque con la competencia, su termino de duración y la manera de cómo ha de lograrse su integración, seĖalada, obviamente, por la misma ley convocatoria. Al incluir como parte de la competencia de la Constituyente, temas acordados en La Habana, estos se refrendarían con el voto del pueblo. ņQué mejor manera de resolver los puntos de contradicción de las partes cobijados por las salvedades? Ya verá la Constituyente en su sabiduría si los mejora, los aprueba o los imprueba durante el término de su duración. ņPor qué tenerle miedo a la opinión del pueblo, a la verdadera democracia? El ejercicio del poder constituyente es sin duda, genuina expresión de la afirmación de que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”. Si la Constituyente del 91 abrió sus puertas y sesiones sin marco referencial que la limitara, ņpor qué no abrirle paso a la aplicación del Artículo 376 de la actual Carta para resolver una situación de guerra que ya no la soporta el país? “Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término seĖalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.” Nosotros somos constructores del acuerdo de La Habana y sabemos bien que el desarrollo del segundo punto de la Agenda que ahora se inaugura, tiene todas las posibilidades para que la participación ciudadana encuentre el camino de la paz. El tema no se restringe a analizar exclusivamente cómo las FARC hacen política; la semilla de la Participación Política está en la construcción de la democracia y de la transformación estructural del Estado. Si se convocó un Foro que reunió fuerzas vivas para revisar este asunto, es porque no todo está dicho, es porque no se puede aplazar más el sagrado compromiso de actuar de cara al país. Como dice Humberto de La Calle, la refrendación es un argumento angular en todo el diseĖo de las conversaciones, pero el momento en que la ciudadanía interviene no está reservado a la visión de exegetas desactualizados, pues el sexto punto del Acuerdo de La Habana no desarrolla el concepto, precisamente porque está subordinado al espíritu preambular del mismo, que indica sí, que habría un periodo de amplia difusión y debate abierto y que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”. Por lo demás, lo reservado son las discusiones internas de la mesa, que de ninguna manera sugiere el secretismo en torno a conclusiones que deben ser del dominio público. Las FARC no han llegado a La Habana a realizar conciliábulos. No estamos hablando de una Constituyente para después de la dejación de las armas, sino de una Constituyente como tratado de paz y nuevo contrato social. La Constituyente es más que un escenario de refrendación; es el espacio que define la paz. Está llamada a discutir sobre el eventual acuerdo de La Habana y a superar las salvedades y disensos que van quedando en el congelador. En consecuencia, no puede ser el colofón de la dejación de las armas en que tanto insiste el gobierno. Obviamente no lo estamos planteando como punto final del diálogo, pero tampoco como comienzo del mismo; su establecimiento ya sería el triunfo del clamor nacional porque no se siga aplazando la participación efectiva del país en la solución de los problemas de la guerra y la paz que lo están afectando. ņDe dónde se inventó el doctor Humberto de La Calle que la Constituyente revisa y niega lo pactado? El pueblo no puede ser un convidado de piedra que llega a última hora solamente a refrendar lo que otros acordaron. La revisión no es negación. Si algo no tiene hoy en día la Constitución del 91, es el vigor político que le atribuyen algunos, pues su espíritu descentralizador, la pluralidad partidista de otrora y la fuerza administrativa y política para los municipios, han sido aniquilados por el tsunami neoliberal de su ejecución. Contrarreformas son las 38 modificaciones amaĖadas que convirtieron la Constitución del 91 en una Constitución andrajosa e irreconocible. La manosearon para imponer la reelección presidencial. Exacerbaron el presidencialismo. Transfiguraron el valioso enunciado de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en una fórmula vacía. Subordinaron todas las ramas del poder y hasta los organismos de control a las veleidades del Ejecutivo. Desatendieron el mandato de hacer en breve tiempo la formulación de un ordenamiento territorial que respondiera a los intereses de las comunidades. Si contrariando los postulados de reivindicación social que contenía, hoy tenemos una escandalosa deuda social, ņpor qué no podemos discutir la política económica? Lo que se escucha en la calle, en los clubes sociales, en los mentideros, en las esquinas de las ciudades, es que la gente, todo el mundo está molesto con la corrupción en la justicia, con los llamados “carruseles” en la contratación administrativa, con la centralización administrativa que desconoce las regiones y con la manera como se explotan los recursos naturales no renovables a expensas del pueblo y de lo ambiental. Hoy nadie confía en el sistema electoral corrupto y fraudulento, y el ejercicio de la política no cuenta siquiera con un estatuto de la oposición, pero sí con el terrorismo de un régimen que criminaliza la protesta social y extermina a los contradictores. ņAcaso la regla fiscal no hiere de muerte la inversión social y la tutela? Su afán es concentrar recursos para la guerra y saciar la voracidad de la banca internacional y la corrupción. El cáncer de la justicia hoy, es la politiquería. En una justicia que está más corrupta que nunca, los magistrados de las cortes con pocas excepciones, están cuestionados por la opinión pública. Hecho que obliga a su reforma. No hay vuelta de hoja, no puede haber paz si no hay un aparato jurisdiccional que la garantice. Se debe depurar y regresar a la rama judicial, su independencia orgánica. Los partidos políticos, organizaciones sociales, gremios y movimientos, etc., que vayan a ser parte de la Constituyente, deben ir preparando sus proyectos de reforma a la justicia para ser debatidos democráticamente. Invitamos a los decanos de derecho de todas las universidades y a los estudiosos a que se pronuncien sobre la reforma a la justicia. Para qué traer a cuento un marco jurídico que ni siquiera existe. Con artificios no se debe endosar responsabilidades a quien no las tiene. Incluso, son más responsables las élites oligárquicas del país que los mismos militares, que siempre actuaron subordinados al poder, con pocas excepciones. No es cierto que la justicia internacional esté por encima de la Constituyente y el soberano y cualquier transicionalidad solo la concebimos como producto de un acuerdo [68].

19-6-2013, Delegación de paz FARC-EP en La Habana presenta Diez Propuestas Mínimas para la Participación Política. Con el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de contribuir a la superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares, criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las condiciones de la participación política, así como de propiciar la más amplia participación social y popular y de territorios y regiones, hasta ahora excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas: 1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política. Se requiere una reestructuración del Estado, que garantice una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo ello, acompaĖado de la correspondiente disposición de recursos de presupuesto. La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado; con el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el rediseĖo constitucional del orden jurídico-económico; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. De manera especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz. La reestructuración del Estado se acompaĖará de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral. Se reformará el poder electoral y se garantizará la participación de las fuerzas políticas opositoras. Se reformarán los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas. 2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno. Se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores. Su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Se expedirá un Estatuto de la Oposición, contentivo de garantías políticas y de seguridad individual y colectiva a proveer por Estado, de la proscripción de prácticas de estigmatización, seĖalamiento y persecución, de medidas de financiación y de acceso a la información y a los medios de comunicación, entre otros. Se generarán condiciones para el control político efectivo por parte de la oposición. El Estado suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas, que impiden el ejercicio de la oposición política y la participación política y social de los sectores sociales y populares. Se implementarán medidas efectivas para proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de “seguridad nacional” en las Fuerzas Militares. Se promulgarán medidas de reparación integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron objeto; se restablecerá su personería jurídica; y se comprometerán garantías de no repetición. 3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final. De pactarse un Acuerdo final para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política, encuadrado en el orden constitucional y legal. Ello implica proveer todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros; conlleva igualmente el diseĖo y la implementación de manera concertada de los mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes. 4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación. Con miras a estimular y fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la democratización de la información y la comunicación, que favorezcan a sectores sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Se garantizará la cofinanciación estatal de medios, en prensa escrita, radio, televisión, internet y otros, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, especialmente, a través de pauta publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software libre se implementará un programa nacional de acceso gratuito a la internet para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes y un programa nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseĖará de manera concertada un programa especial de información y comunicación para la paz con justicia social y la reconciliación nacional. 5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios. La participación política conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes territoriales y territorios en los diseĖos y las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensar el excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones -definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, de los departamentos y municipios, y de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan; Se redefinirá la representación en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y se profundizará el proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias, acompaĖada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características particulares de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a la categoría de entidad territorial especial. 6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica. El proceso de diseĖo, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes; se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio. En particular, se garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República. Los planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de ordenamiento territorial serán participativos en todas sus etapas. Se garantizará igualmente la participación de las regiones y territorios. El régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central será rediseĖado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población. 7.   Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos. 8.   Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América. 9.   Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular. 10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Delegación de Paz de las FARC-EP [69].

3-7-2013, Las FARC propuso en La Habana una reestructuración del Estado colombiano para finalizar el conflicto armado de casi medio siglo y alcanzar la paz, “la reestructuración democrática del Estado orientada hacia la mayor participación ciudadana, social y popular, se acompaĖará del diseĖo de un cuarto poder, el Poder Popular. Dicho poder, además de dar vida, reconocimiento y representación institucional a las múltiples formas de ejercicio autónomo y democrático de poder (...) participará activamente, con capacidad decisoria y de incidencia real y material en los diferentes asuntos públicos, y cumplirá funciones de veeduría y control sobre las diferentes actuaciones del Estado”. Incluyeron esta iniciativa dentro de “once propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política”. Propusieron participación ciudadana para limitar la concentración del poder público, en la creación del Poder Popular; en el rediseĖo del orden económico; en la reconversión de las Fuerzas Armadas y la Policía; en una reforma a la justicia y en la elección de representantes de los organismos de control y de otras instituciones públicas [70].

25-7-2013, El Jefe paramilitar Salvatore Mancuso lo ha dicho: “El Estado creó el monstruo paramilitar”. Según el “El Informe Basta Ya” el paramilitarismo es responsable por 65 de las masacres y asesinatos selectivos en Colombia. Los investigadores, aplaudidos por el inventor de los llamados “Falsos Positivos”, Juan Manuel Santos, no ven un Estado Colombiano como “actor” en su informe. El Informe “Basta Ya” comienza exculpando al Estado de su responsabilidad cuando plantea que las guerrillas de tinte izquierdista “irrumpen” en el país desde 1964. Se soslaya así la responsabilidad del Estado y sus gobiernos y se le quiere presentar como si la existencia de las guerrillas fuera del mero capricho de los fundadores de las FARC y no por el ataque de las Fuerzas estatales que convirtieron así a Colombia en un laboratorio contrainsurgente. El Informe es incompleto, como todas las cifras en la materia, que nosotros siempre seĖalamos en nuestros escritos. Iremos mostrando nuestras diferencias y nuestra aceptación con el Informe en cada una de los puntos publicados. Enfatizamos que hay formas de presentar unas estadísticas que disminuyen el efecto de la gravedad de las infracciones cometidas por el principal violador de derechos humanos en el país, el Estado. Un ejemplo son los tantos informes que se publican en Colombia y que atiborran la mente de los lectores con datos que las esferas gubernamentales y estatales desechan. Llama poderosamente la atención que se coloque en igualdad de condición a las Masacres con los Secuestros. Al colocarlas y publicarlas la sensación que queda al lector desprevenido es que las guerrillas violan más porque “secuestran más”. En Delitos más cometidos dicen que “las guerrillas secuestraron a 24.482 personas (de un total de 27.023), mientras los paramilitares masacraron a 7.160 (de 11.751)”. No podemos categorizar que “la guerrilla cometió más secuestros y los paramilitares cometieron más masacres” porque no hay punto de comparación en las dos acciones. Así presentadas las cifras son de una mentira absoluta, total. No es más grave secuestrar que masacrar una población. Las Masacres en Colombia desde 1985 hasta hoy superan las 4.000, según nuestros propios registros. Las víctimas de las masacres son hijos del pueblo, campesinos, indígenas, obreros, etc, que soportan el Terrorismo del Estado colombiano y no están inmersos en el Conflicto Interno. En tanto, las víctimas de los secuestros son “oligarcas, terratenientes, ganaderos, etc.” que se han lucrado de la guerra que se adelanta contra el pueblo colombiano -para superexplotar a los colombianos-, y pagan gustosamente al estado para que los proteja con el pago del impuesto al Patrimonio, entre otros, involucrándose así en el Conflicto Interno. “Las cifras demuestran además que no fue, como han alegado muchos, que el desmadre secuestrador de las guerrillas produjo después la reacción masacradora del paramilitarismo. El incremento demencial de los dos delitos se dio en los mismos aĖos, cuando la violencia del uno, motivaba la del otro y la de la otro reforzaba la del primero en una espiral que hizo pico entre 2000 y 2002” [71].

28-8-2013, El optimismo de los colombianos en la posibilidad de lograr la reconciliación nacional real, sobre bases de justicia social, no puede ser atropellado por quienes, mientras lanzan al mundo discursos de paz, persisten en mantener y profundizar las causas de la confrontación, una de las cuales es sin duda el problema de la tenencia y uso de la tierra. De nada serviría hablar en La Habana de la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la soberanía nacional, si el gobierno convierte lo acordado en palabras vacías que se las lleva el viento. La inaplazable reforma agraria ligada al anhelo de paz, no puede quedar reducida a una burla de poderosos grupos económicos, banqueros y propietarios de emporios azucareros que posan de “nuevos llaneros”, con “repentinas” ansias de tierra, que avanzan poniendo por delante a abogados tramposos y mafiosos que operan bajo el manto de la más descarada impunidad y protección gubernamental. Como se deduce del tratamiento infame que se le está dando a las justas protestas de los pobladores del Catatumbo, al gobierno no le interesa defender al campesino pobre, sino los sacrosantos derechos del capital. Hasta se ha inventado un nuevo proyecto de ley, como supuesta solución salomónica, para que los forajidos enmascarados que ostentan un gran músculo financiero y han actuado con probado ingenio delictuoso en sus labores de acaparamiento de tierras y Unidades Agrícolas Familiares, no vayan a perder su inversión. ņAcaso vamos a permitir que la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo, que pretendía abrirle paso al acaparamiento de las tierras por parte de grandes empresarios, sea escamoteada por el Bufete de abogados de la firma Brigard y Urrutia que trabaja para Riopaila Castilla S.A., Cargill, Fazenda y Sarmiento Angulo? ņVamos a permitir que por atajos y con triquiĖuelas empresarios apátridas y trasnacionales representados en Poligrow, Cementos Argos, Mónica Semillas o Inversiones Manuelita, montados en la llamada “locomotora de la prosperidad” violen todas las prohibiciones que existen para acumular baldíos y atropellen impunemente las pocas normas decentes de la legislación colombiana, haciéndose a propiedades situadas en zonas donde se produjeron masacres y desplazamientos forzados, como si no pasara nada? El país necesita saber quiénes son esos “campesinos” sospechosos que vendieron sus UAFs de 1.100 hectáreas a las trasnacionales, a mil millones de pesos, cada una. Urge conocer la verdad, porque la mayoría de esas tierras fueron despojadas violentamente por el paramilitarismo de Estado. El gobierno en vez de inventarse trucos para feriar la Altillanura y legalizar los acaparamientos producidos antes de 1994, o los posteriores, en vez de reeditar su intento de tomar las UAF con el cuento de la “flexibilización necesaria” y el argumento de que se requieren los “favores” de la inversión extranjera o del músculo financiero de “inocentes empresarios” que no sabían que violaban la ley, debiera quitar el antifaz a estos negociantes, a sus testaferros y a sus notarios y jueces de bolsillo, para demostrar con hechos que no está dispuesto a permitir que se acreciente la injusticia que ahoga al campo y la ilegalidad que ha capturado al Estado. El gobierno está obligado a defender la diafanidad de su compromiso con la paz propiciando que se devuelvan urgentemente las tierras acaparadas, como los subsidios y exenciones tributarias que fluyeron también hacia estos timadores. La justica ejemplarizante contra estos sujetos y la reivindicación de los derechos de la gente del campo que clama por que se le formalice la tierra y sus zonas de reserva, forman parte fundamental de la construcción de paz. Recordemos que el acuerdo parcial sobre tierras logrado en La Habana consigna textualmente, que: “El gobierno nacional en concertación con las comunidades y teniendo en cuenta lo planteado en los principios del presente acuerdo, promoverá el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina… se promoverá la participación activa de las comunidades que habitan en las Zonas de Reserva Campesina en la ejecución de sus planes de desarrollo”. Y más adelante plantea que: “:La constitución de las zonas estará acompaĖada de procesos de formalización de la propiedad… Con el propósito de regularizar y proteger los derechos de la pequeĖa y mediana propiedad rural, es decir, garantizar los derechos de los legítimos dueĖos y poseedores de la tierra…, y como garantía contra el despojo de cualquier tipo, el gobierno nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia”. Es hora de empezar a cumplir y dejar de reprimir. Es extraĖo que este asunto lo maneje el Ministerio de Defensa -que sólo mira con el ojo de la consolidación militar- y no el Ministerio de agricultura. Es hora de abandonar el argumento rebuscado de que no se dará paso a la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo por su ubicación geográfica colindante con la República Bolivariana de Venezuela. Delegación de Paz de las FARC-EP [72].

2-8-2013, No es lo mismo causa y consecuencia. Si la causa y los causantes tienen una gran responsabilidad a la hora de analizar los fenómenos, esa responsabilidad se acrecienta hasta llegar al 80 o 90% cuando los causantes son los máximos violadores de derechos humanos, tanto en cantidad de actos violatorios como en la calidad de la sevicia con que son cometidas las violaciones. En Colombia la oligarquía y el imperio -causantes- adelantan una guerra contra el pueblo desde 1964 -aunque el fenómeno data desde antes de 1948-, la cual ha arrojado más de 500.000 muertos, 75.000 desaparecidos -18.000 forzados dice la propia Fiscalía estatal-, 4.000 masacres, incontables ejecuciones extrajudiciales y casi 6 millones de desplazados forzados internos y externos. Se demuestra así que en tanto las guerrillas nunca tuvieron como estrategia afectar a la población civil, la contraparte gubernamental adelantaba estratégicamente el Terrorismo de Estado para implantar sus planes militares y económicos. Ello es más claro al analizar el Informe Basta Ya!, que con mala contabilidad y el maquiavelismo de tratar de excusar al Estado, patentiza que las violaciones de los derechos de los colombianos -en primer lugar el derecho a la vida- son realizados por los agentes estatales muy por encima del 75%. Los planes militares entregados por el imperio a la oligarquía -LASO, Estatuto de Seguridad, Guerra Integral de César Gaviria, Plan Colombia y sus fases Colombia, Patriota y Consolidación- tenían -y tienen- por objetivo implantar los planes económicos imperiales -ALCA, TLC y demás-, al tiempo que adelantaban estratégicamente el desplazamiento forzoso para la tenencia latifundista de la tierra para adelantar los megaproyectos de los “empresarios” del campo como la ganadería extensiva y la producción de biocombustibles a partir de la palma africana, por ejemplo. Por ello, el Estado y su gobierno debe pedir perdón a las víctimas de verdad. Desde luego que juega un papel importante el resarcimiento del honor de las víctimas y el pago de obligaciones económicas a que hubiere lugar. La guerrilla por su parte también lo haría en los casos en que se compruebe la inocencia de las víctimas y que éstas no estaban comprometidas en la guerra como parte de ella. Hablamos de clarificar los miles de casos de ganaderos, empresarios, etc., que violaban los derechos laborales de sus trabajadores y sus derechos humanos de personas que no estaban inmersos en el conflicto interno, convirtiéndose en víctimas del accionar criminal de los usufrutuarios de la guerra y por ello recibían de parte de las guerrillas el tratamiento de enemigo de clase. El perdón, para ser real y efectivo, tiene que partir de la base de la sinceridad del victimario y de la disposición de las víctimas a otorgarlo. Si vemos los perdones que ha pedido el gobierno veremos que adolecen de sinceridad. Máxime cuando sigue practicando las mismas doctrinas que le han dado sustento al Terrorismo de Estado. Por descontado que las víctimas y su familia serán liberadas de la carga de culpa cuando se realice el acto del perdón. Lo cual naturalmente no significa amnesia o liberación de la culpa de los victimarios. Significa un acto de liberación y de reconciliación. Con la propuesta del Senador Cristo y del MinInterior Carrillo no estamos transitando hacia la reconciliación, sino hacia una carga mayor de culpa al tratar de manipular a una parte de las víctimas en contra de las guerrillas. Error fundamental que demuestra que el gobierno carece de disposición para superar el Conflicto Interno [73].

6-8-2013, El marco jurídico para la paz es una “iniciativa unilateral del gobierno” que no tiene ningún papel positivo en el proceso que se adelanta en La Habana. “Esa iniciativa unilateral del gobierno que hoy debate la Corte Constitucional ningún papel positivo jugará en el proceso de paz en que se han comprometido las FARC”. Está “fuera de contexto. Jamás nuestra contraparte en la confrontación consideró tomar en cuenta los planteamientos que tiene la insurgencia sobre el tema de la juridicidad o de los parámetros de la llamada transición a un estadio posterior a la firma de un Acuerdo final de paz o, más aún, para la antesala de esa época”. Ese marco legal “debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas. Los diálogos que se adelantan en La Habana sin que la guerra haya culminado no son de ninguna manera un proceso de sometimiento a la institucionalidad vigente, ni mucho menos un paso de la insurgencia hacia la capitulación”. Ese tipo de herramientas de justicia transicional se ha usado en países que ya superaron el conflicto o dictadura y “generalmente los ganadores le han impuesto sus normas a los perdedores”. La guerra continúa y el propio Presidente Juan Manuel Santos “aceptó la existencia de un conflicto interno” y reconoció que el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido durante la confrontación. “La aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. (...) ņCómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?” [74].

25-8-2013, La reciente presentación de proyecto que busca reformar la ley para permitir que la realización de un referendo pueda coincidir con la fecha normal de otra convocatoria electoral pública, no es un hecho tan límpido como pretende presentarlo el gobierno nacional. El Presidente Santos expone que busca generar las condiciones que posibiliten, ante un eventual acuerdo en la Mesa de La Habana, que se pueda realizar de manera expedita el referendo aprobado en el Acuerdo Final, a fin de poder materializar el Pacto de Paz. Como si buscara restarle importancia al tema, argumenta que si no se logra ningún Acuerdo en la Mesa, o si allí no se define que el procedimiento de refrendación de los acuerdos sea un referendo, simplemente no va a pasar nada, la ley aprobada no se aplicaría. Reflexionemos un instante sobre eso. ņTiene alguna presentación, se ha visto en algún país del mundo, que un gobierno proponga una ley, presuponiendo algo que no se sabe si se va a dar y afirmando que si no se da, no importa nada? ņPuede un gobierno poner en funcionamiento la máquina estatal entera, involucrar los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con carácter de urgencia, a fin de obtener una ley que le permita ejecutar algo que él mismo admite que es probable que no se dé? Las razones para hacerlo tienen necesariamente que ir mucho más allá de la simple generosidad bonachona. Santos debe tener serias motivaciones. Y es a ese respecto que vale la pena convidar al país a pensar con detenimiento y no tragar entero como parece indicarle la gran prensa. El propio Humberto de La Calle, reconoce que el tema forma parte del punto 6 de la Agenda, que ni siquiera se ha comenzado a discutir. Cuando se discuta, puede ser acordada una fórmula bien distinta, caso en el que la ley propuesta sería una simple medida de prevención por si acaso. Eso no puede creerse, no se puede ser tan ingenuo. Durante varios meses, como queda visto desde ya, los grandes medios y el país entero van a estar ocupados en las incidencias del proyecto de ley sobre referendo, que será elevado de ese modo a la fórmula de una panacea salvadora. Cuando el tema del mecanismo de refrendación sea abordado en la Mesa, va a suceder que el argumento central del gobierno para imponer la vía del referendo, va a ser precisamente el del engranaje estatal puesto ya en marcha y la expectativa nacional al respecto. Cualquier otra fórmula, verbigracia una Constituyente, será desechada de inmediato con el solo argumento de que implicaría más trámites y demoras. La nación entera quiere poner fin al conflicto ya, dirán. Así la fórmula gubernamental del por si acaso resultará impuesta por inercia. En caso de que en la Mesa las FARC, por su inclinación a cualquier otro, se nieguen a admitir que el mecanismo de refrendación sea el referendo, es seguro que el gobierno nacional y los grandes medios van a lanzarse en masa contra ellas acusándolas de haber engaĖado al país. Van a decir que después de haber embarcado al Congreso, la Corte Constitucional, los grandes medios y la opinión pública en la fórmula salvadora del referendo, se echaron atrás en una demostración de su mala fe habitual y su manía de mentir al país. Que el Presidente Santos pretenda arrinconarnos de ese modo con su por si acaso, no resulta lo más grave del asunto. Desde hace medio siglo pretenden hacer lo mismo con bombas y metralla, lo cual, como organización, nos ha enseĖado a desarrollar un blindaje a toda prueba. En un país donde probadamente han sido elegidos presidentes con dinero de las mafias y apoyo paramilitar, en el que ya es costumbre valerse de algún modo de las FARC y el tema de la paz para llegar a la primera magistratura, no es raro que Santos recurra al proceso para reelegirse. La agitación legislativa y mediática se encargará de preparar la opinión para ello, sin importar que el Presidente tenga previsto el filo de la espada contra las FARC en caso de que no se sometan a sus imposiciones. Si no logró la paz por las buenas, de todos modos lo conseguirá por las malas. Pero hay algo más serio. El gobierno nacional no ha dicho aún una palabra pública sobre la ley que convocaría el referendo. Ha hecho creer que ella dispondría una elección en la que la ciudadanía votará por el sí o el no a cada uno de los puntos del Acuerdo Final de La Habana. Cuando no hay nada más lejos de su propósito. Lo que Santos pretende con ese Referendo es que el país vote sí o no, a dotar de facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley encaminados a poner en vigencia los Acuerdos firmados en La Habana. Para lo cual el país debe votar sí o no a la conformación de un pequeĖo Congreso o cuerpo legislativo encargado de redactar los decretos. Ese Congreso estaría conformado por voceros de todos los partidos políticos y en él tendrá cabida una pequeĖa representación de las FARC. Es esa la segunda parte sobre la que el gobierno calla. Así y tal fue informado en reunión informal a un grupo de voceros de las FARC en La Habana, los cuales plantearon un tiempo prudencial para pensar sobre ello. El gobierno, sin embargo, decidió arrancar con su idea sin esperar respuesta. Así que las FARC estamos envueltos ahora en un carrusel que desborda de largo el Acuerdo General firmado en La Habana hace un aĖo, sin contar con nuestra opinión y al cual, según el gobierno, no podremos oponernos sin que aparezcamos como falsarios y enemigos de la paz. Esa es toda la verdad. Nuestra intención es seguir adelante con el proceso de paz, de acuerdo con lo pactado en el Acuerdo General, haciendo caso omiso de las maniobras que el gobierno intente paralelamente. Colombia y el mundo deben saber quién está violando las reglas. Es claro que el gobierno presiona en todas las formas por un acuerdo antes de fin de aĖo. Pero sus posiciones en la Mesa siguen siendo inamovibles en cuanto a no tocar un solo aspecto del orden establecido. Insistimos en que lo que pretende es nuestra simple adhesión a sus políticas. Eso no sería un acuerdo. Tampoco la paz por la que han luchado y entregado su vida tantos colombianos y tantos guerrilleros patriotas. Menos la paz por la que el pueblo raso de este país clama hoy día en calles, carreteras y plazas. Timoleón Jiménez. Comandante del Estado Mayor Central de las FARC [75].

4-9-2013, Las FARC rechazan el intento de Santos de imponer un referendo como mecanismo de solucionar 50 aĖos de guerra interna en Colombia. Santos tiene mucha prisa para cerrar las negociaciones en un acuerdo que podría darle un empuje en su campaĖa para ser reelecto. El Referendo sería la herramienta. Comunicado: 1. El proyecto de Ley Estatutaria sobre un posible referendo que por iniciativa unilateral del gobierno se debate hoy en el Congreso, por más que se le vincule con el propósito de paz no logra escapar a la sospecha de su utilización electoral. Se le sube el volumen a los parlantes que le otorgan falsas bondades para ocultar la gravedad de la crisis social que estremece a Colombia, al tiempo que con sus argumentos de que se trata de una solución del conflicto incluye la imposición de un esquema de sometimiento de la insurgencia, exonerando al Estado de sus inocultables responsabilidades que tiene como generador del conflicto y victimario. 2. Para efecto de las audiencias públicas del Congreso convocadas para escuchar las posiciones de quienes se oponen o apoyan el referendo, aunque las FARC no han sido tenidas en cuenta, reiteramos como contraparte de la mesa de conversaciones de paz, que nos oponemos a la utilización de este mecanismo y que estimamos debe considerarse que el gobierno ha empeĖado su palabra en el compromiso de que lo atinente a la refrendación de los acuerdos se definirá bilateralmente al abordar la discusión del punto sexto de la agenda de diálogo. 3. Por la importancia que el asunto reviste para evitar traumatismos en el desenvolvimiento del diálogo y de la concreción del derecho síntesis de la paz, el Congreso debe valorar la necesidad de acudir a la sede de las conversaciones para contribuir a la resolución de las contradicciones e impases que la actuación del gobierno ha generado innecesariamente al echar a andar iniciativas unilaterales como ésta, o la del marco jurídico para la paz. Al respecto de lo anterior, en el día de ayer conversamos telefónicamente con el seĖor presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestándole nuestra extraĖeza por la persistencia del gobierno y del legislativo en mantener la unilateralidad en el proceso de definir el mecanismo de refrendación que tendrían los acuerdos de La Habana. En la misma conversación se le invitó para que una delegación parlamentaria se reuniera con la Delegación de Paz de las FARC-EP a fin de escuchar nuestros planteamientos sobre el asunto de la refrendación. 4. Nos preguntamos: ņcon el referendo se establecerá la responsabilidad del Estado más allá de la estigmatización que se viene haciendo de las FARC como victimarias de la confrontación? ņCon el referendo desaparecerá la facultad para el gobierno y los fiscales de seĖalar quién debe responder penalmente y quiénes pueden ser habilitados para hacer política? ņDesaparecerá la absurda pretensión de que el gobierno se constituya en juez y parte al mismo tiempo? ņY las reiteradas amenazas con la juridicidad internacional y la extradición, desaparecen con el referendo? ņEn qué queda el marco jurídico cuya condicionada exequibilidad ya felicitó la Casa de NariĖo? Estos son asuntos que es necesario precisar. Delegación de Paz de las FARC-EP [76].

10-9-2013, Nueve propuesta mínimas para las “Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, así como de otros sectores sociales excluidos”. 1. Ampliación de la participación política y social a los sectores excluidos, discriminados y segregados. La construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho se fundamenta en la ampliación de las garantías de participación política y social a los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados históricamente. Se trata principalmente de los trabajadores asalariados e informales, de los campesinos y de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, de las mujeres, de los jóvenes, de la comunidad LGTBI, de los pensionados, entre otros. En atención a ello, se proveerán los diseĖos institucionales para que, además de la participación efectiva, real y material, en el sistema político y de representación por la vía electoral, se garanticen y reconozcan constitucionalmente mecanismos, iniciativas, formas de organización social y popular que promuevan de manera real la organización democrática del Estado y la sociedad. 2. Garantías a la iniciativa social y popular de participación política y derecho a la consulta previa. Sin perjuicio de los diseĖos existentes, se incorporará en el ordenamiento constitucional la garantía de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa social y popular. De igual manera, se proveerán los mecanismos institucionales del nivel constitucional para reconocer y garantizar de manera efectiva, real y material, la iniciativa social y popular en los procesos de la política pública, de la planeación y del presupuesto. Con miras a ampliar la participación social, se extenderá el derecho a la consulta previa, libre e informada, a las comunidades campesinas, así como a las comunidades indígenas y afro descendientes, y se les propiciarán las condiciones para su disfrute efectivo, real y material. Cualquier desarrollo legal o reglamentario de este derecho, no podrá limitarlo o ir en su desmedro. Se ampliará el alcance del derecho a la consulta previa a la consulta sobre otras definiciones de política pública que puedan afectar los territorios de estas comunidades, así como su integridad cultural, social y económica, tales como los tratados de libre comercio y las políticas de inversión extranjera. Se garantizará el derecho a la consulta previa a comunidades urbanas organizadas, cuando planes de ordenamiento territorial o proyectos de inversión puedan afectar o transformar de manera sustantiva sus condiciones de vida y de trabajo. 3. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos. En consideración al papel central desempeĖado en la historia de nuestro país, así como a la deuda política, económica, social, ambiental y cultural contraída fruto del ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar; en atención a la capacidad de resistencia, movilización, organización y lucha en defensa de sus reivindicaciones y derechos a lo largo de toda la historia republicana, se dignificará y reconocerá política y culturalmente al campesinado, así como su condición de sujeto de derechos en los términos establecidos en la “Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos de la ONU”, que será incorporada de manera inmediata al ordenamiento constitucional. Las mujeres campesinas merecerán especial atención y trato. Dada las condiciones de precariedad y pobreza de los trabajadores y proletarios agrícolas, se adoptará en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se crearán las condiciones institucional para hacerlo eficaz. En concertación con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y de los consejos comunitarios, se diseĖarán los mecanismos para garantizar la participación política y social de los campesinos que vivan en sus territorios. En el caso de los territorios interétnicos e interculturales, se diseĖarán instancias y mecanismos de participación interétnica e intercultural. 4. Reconocimiento y garantías de la participación política y social a las comunidades campesinas. Con el propósito de garantizar la participación política y social del campesinado y de las comunidades campesinas, además del reconocimiento de los territorios campesinos en el nivel constitucional, se creará la jurisdicción electoral especial campesina para Senado y Cámara Territorial. Para Senado se reconocerán tres (3) curules. Para Cámara, se reconocerán cinco (5) curules. La participación electoral de las comunidades campesinas gozará de garantías plenas, incluyendo las de seguridad y financiación estatal. Las comunidades campesinas tendrán representación en las instancias y organismos de participación tales como el Consejo de la Participación Territorial, Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa, en el Consejo Nacional de Política y Económicas y Social, en el Consejo Superior de Política Fiscal, en la Comisión de seguimiento de decisiones de política monetaria y cambiaria. Todo ello, sin perjuicio de instancias de participación ya existentes. 5. Ampliación de participación política y social de las comunidades indígenas y afro descendientes. Con miras a ampliar la participación política y social de las comunidades indígenas y afro descendientes, se incrementará a tres (3), en cada caso, el número de curules en la jurisdicción electoral para Senado. En jurisdicción especial para Cámara Territorial, el número de curules será de cinco (5) respectivamente. Las comunidades indígenas y afro descendientes tendrán representación en las instancias y organismos de participación tales como el Consejo de la Participación Territorial, Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa, en el Consejo Nacional de Política y Económicas y Social, en el Consejo Superior de Política Fiscal, en la Comisión de seguimiento de decisiones de política monetaria y cambiaria. Todo ello, sin perjuicio de instancias de participación ya existentes. 6. CampaĖa de cedulación masiva, depuración del censo electoral e inscripción en el Registro civil de nacimiento. Con el propósito de contribuir a generar condiciones para facilitar la participación electoral o en otros mecanismos de participación política y social, así como el acceso y la exigibilidad de los derechos definidos constitucionalmente, se llevará a cabo una campaĖa nacional de cedulación masiva, con prioridad en las zonas marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales. Para tal efecto, se proveerán recursos extraordinarios a la Registraduría Nacional del Estado Civil, incluidos aquellos destinados a garantizar el acceso efectivo de la población no cedulada a la campaĖa. Se procederá de igual manera a la depuración del Censo electoral, para lo cual se diseĖará un programa especial. Se conformará una Veeduría política y social a la depuración del censo, con participación de representantes de los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales. Adicionalmente, con el propósito de contribuir a generar condiciones para el acceso y exigibilidad de los derechos definidos constitucionalmente, especialmente de los derechos de los niĖos y niĖas, sin perjuicio de políticas existentes, se emprenderá una campaĖa de inscripción masiva en el Registro civil de nacimiento, con prioridad en las zonas urbanas marginadas y en las zonas rurales. El Estado deberá proveer las condiciones materiales para la efectividad de la campaĖa. 7. Reconocimiento y estímulo a formas autónomas de participación política y social. Con miras a propiciar una verdadera expansión democrática, y a reconocer y estimular formas autónomas de participación política y social, se garantizará constitucionalmente la democracia directa, autogestionaria y comunitaria, así como sus variadas expresiones organizativas sectoriales, urbanas o rurales, en la formas de Asambleas ciudadanas y Cabildos, Juntas y Consejos comunales o comunitarios, Consejos interétnicos e interculturales, Constituyentes o Congresos. Sin perjuicio de su autonomía, se definirán los relacionamientos con la organización política y administrativa del Estado. Sus mandatos tendrán carácter vinculante y deberán contar con el apoyo estatal para su implementación, incluida la financiación. La democracia directa, autogestionaria y comunitaria conlleva el reconocimiento de funciones básicas en la organización y la gestión del territorio, en asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales, de producción de derecho propio, de pluralismo jurídico y de regulación de conflictos. Los planes de desarrollo alternativo de las comunidades campesinas, los planes de vida de las comunidades indígenas, los planes de las comunidades afro descendientes, así como los planes de manejo socio ambiental elaborados por estas distintas. 8. Estímulo a la participación política y social de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGTBI. Con miras a estimular la mayor participación política y social de las mujeres, se debe garantizar el reconocimiento efectivo, real y material, de la Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De manera particular se trata de propiciar y apoyar todas las formas de organización política y social concebidas autónomamente por las mujeres, incluida la financiación estatal; de propiciar su participación en las instancias y organismos de decisión del Estado, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y del naciente Poder popular, considerando el sistema de cuotas; en especial en los asuntos relacionados con los procesos de la política pública, de planeación y del presupuesto, en los cuales se debe garantizar un enfoque de género y de mujeres. En los mismos términos, se promoverá la participación política y social de los jóvenes trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas y afro descendientes, así como de la comunidad LGTBI. 9. Reconocimiento y constitucionalización del Poder popular. Las formas autónomas de organización y participación política y social, promovidas por los sectores sociales y populares, por las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, por las mujeres, los jóvenes, las comunidades LGTBI, los trabajadores asalariados e informales, los pensionados, y demás sectores populares organizados, constituirán un cuarto poder, el Poder popular. El Poder popular será reconocido y garantizado constitucionalmente; es un poder basado en los principios de la autonomía y la soberanía popular; se funda en la aspiración de ejercicio de la democracia real, directa, autogestionaria y comunitaria; en el reconocimiento de la capacidad del pueblo soberano, no sólo para atender asuntos prácticos y puntuales, sino para incidir sobre definiciones políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales, incluido el ordenamiento territorial, en los niveles nacional, regional, departamental o municipal, e incluso internacional, según el caso. El Poder popular se fundamenta de igual manera en el estímulo y el apoyo a formas de economía social y popular, alternativa, organizadas en redes o circuitos, bajo los principios de la solidaridad, la cooperación y el intercambio equitativo, así como en la participación activa en la ejecución de los planes de desarrollo y presupuestos públicos. El diseĖo constitucional del poder popular implica su organización institucional; la definición de funciones y de relaciones con los poderes públicos, incluida la obligación de éstos a promover, apoyar y acompaĖar las iniciativas populares; el reconocimiento y transferencia de competencias. Delegación de Paz de las FARC-EP [77].

5-10-2013, Razón tiene el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, cuando afirma que “con la legitimidad que gane el proceso de justicia transicional dentro de la ciudadanía, podemos responder a los apologistas de la guerra”. Pero habría que agregar que tal legitimidad sólo puede originarse en la idea de que cualquier normatividad que tenga que ver con la transicionalidad, debe ser consensuada entre las partes y sometida al escrutinio del soberano. Razón tiene también cuando expresa que “el gran desafío del posconflicto va a ser la guerra sucia”. Por ello cobra valor la necesidad de pactar y poner en práctica los mecanismos que permitan desmontar la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo, como factores que han hecho posible el terrorismo de Estado. En Colombia nunca más deberán sucederse operaciones sanguinarias como el denominado Baile Rojo que exterminó al movimiento Unión Patriótica. Como observamos, en las apreciaciones del Fiscal Montealegre, hay realismo y sensatez; por eso entre todos tenemos que evitar que se haga realidad el mensaje premonitorio que expresa que “va a haber guerra sucia en Colombia, durante el posconflicto, y ese va a ser uno de los grandes desafíos del Estado Colombiano”. De ahí que se haga más necesario que nunca, entender que un acuerdo de paz para Colombia, no puede ser si no se pactan efectivas garantías políticas y de respeto a los derechos humanos para todos los movimientos sociales y organizaciones políticas que emprendan el camino del ejercicio de la verdadera democracia. Sin duda, nuestro país necesita “un discurso social, un discurso moderno, como el que expone el Presidente Santos de reformas estructurales a la tenencia de la tierra”; se requiere hablar, sí, “de reforma agraria, de reforma urbana, de hacer ajustes estructurales al modelo de Estado en Colombia”, como lo plantea Montealegre. Pero deben estar estos propósitos entretejidos con los anhelos, con las reivindicaciones, que durante décadas han levantado las inmensas mayorías desposeídas de compatriotas, que hoy claman, mediante la protesta popular en ascenso, que por fin se instaure la justicia. Poseído de tanto juicio y cordura el doctor Montealegre deberá entender entonces, que un proceso así, no puede ser posible o factible si se pretende que el Estado, responsable fundamental en la generación y la permanencia de la confrontación, actúe como juez de la misma, o que, luego de medio siglo de lucha, la legítima resistencia armada deba terminar con sus protagonistas tras las rejas. No está de más recordar e insistir en que, si se desea identificar a los máximos responsables, pertinente sería conformar ya la Comisión de revisión y esclarecimiento de la historia del conflicto interno colombiano, que comience a analizar circunstancias de la guerra como las que hoy rodean el caso, entre otros, del General, Freddy Padilla de León, publicado recientemente en un dossier del Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos, (ECCHR). Como se podrá notar, este asunto de los máximos responsables resulta más complejo de lo que se piensa, no es un asunto meramente punitivo, o que deba ser tratado inmiscuyendo jurisdicciones foráneas que no saben suficientemente de nuestra realidad. Para el logro de la paz debe prevalecer la soberanía jurídica. {LDP: Desde el caso Pinochet (1998) el concepto de “soberanía jurisdiccional” quedó fuera}. Así se debe construir la paz que requerimos, y en tal sentido, además de poner fin al militarismo, al guerrerismo que nos desangra, es cierto que, como dice el Fiscal, “la solución está en que sigamos involucrando a la población civil y al pueblo colombiano en el proceso de paz”. Debe convocarse al poder creador, al constituyente primario, para que delibere y defina sobre su destino. Delegación de Paz de las FARC [78].

13-10-2013, Hemos alcanzado hoy otro punto intermedio en la línea del tiempo que conduce al destino de paz que la historia le ha reservado a Colombia. Las guerras no son eternas; ellas deben tener un final. Si ambas partes tienen voluntad sincera, nadie podrá contra la paz. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de no permitir que se nos escape esta esperanza, porque posee en sus manos la decisión de los cambios, de abrir las puertas a la democracia, y de atender al clamor de un pueblo que exige paz con justicia social. La paz no es el silencio de los fusiles. Concedemos al gobierno que para dar curso a la construcción de la paz hay que detener la confrontación. Sí, pero la razón impone que antes de rubricar el acuerdo final, es necesario convenir el contenido de las reformas institucionales, que el mismo gobierno reconoce, deben ser implementadas luego de su firma. Es indispensable para la generación de confianza, pactar lo que se desarrollará más tarde, acorazar jurídicamente el eventual Acuerdo, convertirlo en norma pétrea para que ningún gobierno caiga en la tentación de desconocerlo; y sobre todo, hay que guarecerlo de las injerencias de la juridicidad internacional con el despliegue de la bandera de la soberanía jurídica. Ningún entramado jurídico internacional puede estar por encima de la decisión del soberano, del constituyente primario {LDP: en materia de derechos humanos, ya no hay soberanía jurisdiccional}. Sería un sofisma pensar que el gobierno en la mesa representa a toda la sociedad. Es obvio que a lo que se enfrenta la contraparte, es a los anhelos de las mayorías pobres, delineados en los foros temáticos convocados a iniciativa de la mesa de diálogo, y que las FARC han asumido como insumos para el debate y la formulación de propuestas al gobierno, porque entienden que una verdadera agenda de paz solo es legítima si responde a esos intereses de las mayorías nacionales. El pueblo no es un convidado de piedra en el proceso; según el espíritu del acuerdo, él debe ser un creador, y al final, el protagonista principal de la refrendación. De eso se trata cuando se dice que “la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”. Nadie podría concebir, por ejemplo, que en un país donde la mayoría de su población vive en las ciudades, para definir los fundamentos de la paz, no sea de agenda tocar la problemática urbana. Uno de los compromisos pactados entre gobierno y FARC, es que “las discusiones de la mesa no se harán públicas”. En ningún tramo de lo acordado se utiliza la palabra confidencialidad, y mucho menos referida a lo ya convenido. Esto es importante porque, aparte de que se quiere transparencia, nunca será pertinente el secretismo, y para que el pueblo pueda opinar y decidir, es necesario que tenga conocimiento de los avances que se concretan. Luego de presentar cerca 100 propuestas para la Participación Política, después de que en el mismo tiempo respondiéramos a todas las inquietudes que fuera del orden de la agenda presentó el gobierno, y tras mostrar un desempeĖo que colma las 24 horas del día para destrabar disensos y mostrar soluciones cargadas de discreción y absoluta voluntad de reconciliación, no es sensato que se pretenda mostrar a la insurgencia como la parte del diálogo que frena los ritmos para el avance del proceso. A pesar de que en la práctica el tratamiento represivo que se le da a la protesta ciudadana no muestra una real voluntad de solución a los problemas sociales; si se observa bien, si se analiza con detenimiento lo que en materia de acuerdos se ha pactado en La Habana, la opinión nacional podrá percatarse que de nuestra parte, los puentes que hemos tendido están soportados sobre los cimientos y columnas de preceptos y normativas que no desbordan el ordenamiento constitucional. Pero por lo visto hasta ahora, para el gobierno, cumplir con un mandato constitucional entraĖa una auténtica revolución de alzados en armas. Por eso nos invita a convertir en banderas preceptos constitucionales, lanzarnos con ellas a unas elecciones, triunfar, y ya en el gobierno, hacerlas realidad. No es realista pretender que admitamos que haga carrera la unilateralidad en las determinaciones sobre temas cruciales, como el marco jurídico para la paz y el asunto del referendo, respecto a los cuales existía el compromiso de convenirlos en la mesa de conversaciones. ņQuién coloca entonces los obstáculos, si de lo que se trata es que el diálogo sea expedito, es decir, sin estorbos? Si cuando hablamos de celeridad nos referimos a tiempos necesarios, estos no pueden tener una dimensión tan breve que haga imposible reflexionar de la mejor manera sobre los problemas que han causado una guerra de más de medio siglo. Mucho menos los ciclos deben desperdiciarse andando y desandando laberintos gramaticales ni distrayendo la atención en nimiedades en detrimento de la solución a los problemas fundamentales, concretos,  que con lenguaje sencillo está planteando la gente en las calles. Si se mantiene el absurdo de no dar a conocer con más frecuencia la plenitud de lo que se conviene en cada ciclo, ņde dónde se saca la maltrecha idea de que el lento avance le resta apoyo a las conversaciones? ņCómo puede saber el país cuál es la dimensión de ese avance si se le priva de una información a la que tiene derecho? Desde Oslo y mucho antes el gobierno sabe que cuando tomamos la decisión de iniciar el proceso de paz, nuestro propósito de fondo era discutir y buscarle solución a los problemas estructurales que generaron el conflicto político, social y armado que desangra a nuestro país. Con esa convicción se firmó el acuerdo de La Habana, tal como de manera muy breve pero precisa, se deja sentado en su preámbulo. Así que no son pertinentes ni correctas las interpretaciones restrictivas que como constante se le pretender imponer, ahí sí como obstáculo, al desarrollo de las discusiones. Solo quienes siempre han creído ignorante a nuestro pueblo, pueden considerar que Colombia esté confundida o no tenga claro el propósito de las conversaciones. Nosotros tenemos confianza en la sabiduría  de la gente del común y por eso hemos retomado sus aportes, sus reivindicaciones, sus sueĖos de nación, para hacer posible lo que siempre se le ha negado: expresarse y tener vida digna. Delegación de Paz de las FARC-EP [79].

27-10-2013, A los buitres que viven de la muerte, a los seĖores del miedo y de la guerra, como llamó el Presidente Santos, a los que se oponen a la paz, los exhortamos desde La Habana, a nombre de los 30 millones de pobres de Colombia, víctimas de la política neoliberal, que dejen sentar las bases de una paz estable y duradera, con transformaciones estructurales en lo político, económico y social. La injusticia social, la ausencia de democracia, de soberanía, esa es la verdadera mula muerta atravesada en el camino de la paz. Ese es el escollo que debemos apartar del camino si queremos llegar a la reconciliación. Pero, Ńpreste atención Presidente Santos!, es una necesidad morigerar el lenguaje de candela que ordena sin reflexión a las Fuerzas Militares y de Policía continuar la ofensiva militar hasta exterminar a la contraparte insurgente. La historia ha demostrado que eso no es fácil, que con órdenes y palabras sonoras dirigidas a la galería, no se puede doblegar la creciente inconformidad social que despierta y moviliza pueblos en Colombia. Como lo afirma el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, es un mensaje contradictorio decir que se busca la paz exhibiendo al mismo tiempo en cada mano, con sonrisa exultante, las cabezas de los líderes de la insurgencia con quien se dialoga de paz. ņPara qué restregar sal en heridas que no cicatrizan fácilmente? De esa manera no se impulsa ningún proceso de paz, no se genera confianza entre las partes. El gobierno no debe caer en el error de siempre, de pretender hacer del proceso de paz, un sainete de sometimiento. Nuestra voluntad es de reconciliación, no de rendición. Del huevito de la seguridad democrática de la que habla el Presidente, está renaciendo el buitre del guerrerismo uribista; de nada sirve disfrazarlo de gallo. De lejos se nota, que como buen carroĖero, quiere ver muerta la paz para devorarla. Mucho ojo, seĖor Presidente, con semejante engendro. Siempre hemos estado de acuerdo en meter el acelerador para seguir avanzando en los acuerdos, pero el carácter expedito de un proceso no es un problema solamente de velocidad en el tiempo. Se requiere además que no se sigan colocando obstáculos innecesarios a cada propuesta que hacemos para lograr las transformaciones sociales de las que usted mismo habló en sus discursos, pero que los millares y millares de hombres y mujeres que salieron a protestar, no ven por ningún lado. Es difícil creer que las brechas se están cerrando con supuestas obras e infraestructura, empleo, vivienda y educación gratuitas, subsidios a familias en acción, becas de créditos para los bachilleres, etc. La tendencia de crecimiento de la desigualdad entre los ricos que se hacen cada vez más ricos y los pobres que se hacen más pobres; esa enorme brecha, no se cerrará mientras se sigan ejecutando absurdos como ese de aumentar en 8 millones de pesos (cerca de 4.000 dólares) las primas de parlamentarios, ministros y magistrados, en un país donde 12 millones de compatriotas sobreviven con menos de un dólar diario tratando de resolver sus necesidades fundamentales. Será una empresa imposible sacar de la pobreza a la gente, mientras se sigan quemando más de 6 puntos de nuestro PIB en el fuego de la guerra. A nuestro modo de ver, mucho ha sido lo construido hasta el momento en materia de acuerdos a lo largo de este aĖo de conversaciones en medio de la confrontación. ņCuánto más habríamos logrado si el gobierno hubiese aceptado brindarles a los colombianos la tranquilidad que puede derivar de una tregua bilateral de fuegos y un cese de hostilidades? El país debe saber que ya son más de 30 las cuartillas que recogen los convenios construidos entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP en la mesa de La Habana, y este avance cierto nos llena de optimismo para continuar. Por eso creemos que ahora, más que nunca, todos los colombianos y la comunidad internacional en general, deben darle un decidido apoyo a los esfuerzos de paz. Delegación de Paz de las FARC-EP [80].

3-11-2013, El 21-10-2013 el ex-Ministro de Estado, Alvaro Leyva Durán, dirigió a los plenipotenciarios de las partes en la mesa de conversaciones de La Habana, una carta abierta en la que, haciendo ejercicio de los derechos y los deberes que constitucionalmente tiene todo colombiano para contribuir a la búsqueda de la paz, puso a consideración de la mesa, seis importantes propuestas que marcan posibles rumbos para hacer más expedita la marcha hacia el objetivo de la solución política al conflicto interno colombiano. Las FARC-EP, por medio de su Delegación de Paz, hizo de conocimiento público el comunicado que contiene las seis iniciativas de alto valor para la Paz nacional, formuladas por el doctor Alvaro Leyva Durán, que de ser tenidas en cuenta, enrumbarían de manera ágil y positiva el proceso que se adelanta. 1) “Blindar el proceso de paz de eventuales interferencias electorales”. Se entiende como la no utilización de la coyuntura actual de los diálogos, con fines políticos-electorales, alejados del verdadero propósito de alcanzar la reconciliación. 2) “Ambientar la ruta de la reconciliación con la materialización de un armisticio bajo veeduría de la ONU, UNASUR y CELAC”. Significa ampliar el marco de participación donde organismos de esta naturaleza, constaten el cumplimiento de lo acordado entre las partes. La Paz de Colombia, es la Paz del Continente. 3) “Propone a las partes un convenio para avanzar en labores de desminado. 4) Sugiere abordar, también con participación internacional, la solución del problema de las drogas ilícitas”. Las FARC-EP están dispuestas a abordar esta temática; pero al momento de poner en la balanza los hechos, tocaría mirar qué artefacto es más devastador: si una bomba de mil libras de explosivo o una mina, cuyo único propósito es detener el avance de las tropas en las operaciones de exterminio contra la insurgencia. A las diversas garantías, partiendo de la posibilidad de ejercer libremente la política, se refiere en este punto cuando 5) “Plantea analizar fórmulas que permitan ampliar los alcances de los beneficios de la Paz respecto a los actores de la confrontación”. Y retomando una iniciativa de las FARC, insiste en su preocupación por 6) el esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad en torno a la historia del conflicto, algo en lo que han insistido las FARC-EP en su reiterada propuesta de conformar la Comisión que, de manera independiente, establezca los grados de responsabilidad de los diferentes actores involucrados en el largo conflicto interno de Colombia [81].

6-11-2013, Acuerdo Político de La Habana. Se firmó Pacto sobre el tema de la democracia, la participación política, los derechos de la oposición y las garantías para los nuevos movimientos sociales. Se han logrado consensos suficientes sobre los siguientes puntos: 1 1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. El acceso a medios de comunicación es una medida trascendental. 1. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversas materias. 2. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad frente a la violencia de los grandes poderes locales y regionales. 3. Lo que se ha convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece la democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. 4. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática. 5. Es una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de la participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación de lo acordado. 6. El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política. 7. Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. 8. Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente. 9. Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación. 10. En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada. 11. Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana. 12. Se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos. 13. Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompaĖar a las autoridades en la implementación de lo convenido. 14. Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción. 15. Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana. 16. En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos. 17. En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz. 18. Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso. 19. Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes. 20. Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompaĖamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final. 21. Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC-EP a la actividad política legal. 22. Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda. 23. La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política y, de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación. 24. Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer [82].

12-11-2013, El diario limeĖo El Comercio reseĖó el día 12 de febrero de 1998, bajo el título Drogas, ņuna guerra injusta?, unas declaraciones del famoso economista norteamericano Milton Friedman: “Nuestra política antidrogas ha provocado miles de muertos y pérdidas fabulosas en Colombia, Perú y México (…) Todo porque no podemos hacer cumplir las leyes en nuestro propio país. Si lo lográramos no existiría un mercado de importación (…) Países extranjeros no sufrirían la pérdida de su soberanía (…) ņPuede una política ser moral si conduce a la corrupción generalizada, en tanto, tiene resultados racistas, destruye nuestros barrios pobres, hace estragos entre la gente débil y acarrea muerte y desintegración en naciones amigas?” El padre de la Escuela de Chicago, aseguraba categóricamente  que el gobierno de su país debía legalizar el consumo de las drogas y cesar unilateralmente la guerra contra ellas. Recordaba amargamente que, debido a ella, Estados Unidos había multiplicado por ocho el número de su población carcelaria, fundamentalmente población negra y latina de muy bajos recursos. Ese tipo de posiciones, carentes del mínimo asomo de sospecha, han sido expuestas una y otra vez por respetables personalidades. Baste recordar que en el aĖo de 1979, Alberto Lleras Camargo, dos veces Presidente de Colombia, prestigioso periodista y primer Secretario General de la OEA, declaraba al diario El Tiempo, de Bogotá, que habían sido las políticas represivas del gobierno norteamericano, la persecución policíaca, costanera, de servicios secretos, las que habían elevado a tal valor el precio de las drogas, que habían animado la creación de unas mafias dispuestas a conseguirlas en cualquier parte del mundo, para llevarlas a los Estados Unidos y allí hacer su gran negocio. El patriarca liberal no dudaba en advertir cómo a nuestro país se le iba a convertir en el chivo expiatorio por una responsabilidad que únicamente le competía al gobierno gringo: “La guerra y las drogas teĖirán la reputación de nuestros compatriotas en ese tiempo futuro”. Las dos décadas trascurridas desde las declaraciones de Lleras Camargo, cuando Colombia apenas alcanzaba la folclórica condición de exportadora de Cannabis,  a las de Milton Friedman, al igual que los quince aĖos transitados desde entonces, nos permiten pensar en varias cosas con relación a este asunto que será objeto de discusiones en la Mesa de La Habana. Prácticamente existe coincidencia entre los distintos estudiosos de la economía capitalista mundial, en el sentido de que los treinta aĖos gloriosos de ascenso y expansión de la producción industrial que siguieron al fin de la segunda guerra mundial, y que significaron el más asombroso crecimiento económico registrado en la historia, llegaron a su fin en los primeros aĖos de la década de 1970. El estancamiento sobreviniente, producido por la evidencia de una crisis de súper producción inminente, obligó a los grandes capitales a frenar su inversión en la economía material, dando lugar a un descenso constante de la cuota de ganancia. Fue necesario buscar otras esferas de inversión. La crisis petrolera de entonces y la fabulosa riqueza que derivó para el mundo árabe abrieron las compuertas a la especulación financiera. El crédito internacional, las bolsas de valores y la infinitud de negocios especulativos derivados de ellas, se encargaron de estimular y legitimar las más diversas formas de generación del capital y la ganancia. El comercio de las drogas adquirió entonces inusitada importancia como fuente de riqueza e inversiones. La disputa por el destino final de esas inversiones terminó en la declaratoria de guerra contra las drogas por el gobierno de los Estados Unidos. Se trataba del control de los miles de millones de dólares que sumaban los pagos por las dosis consumidas por sus ciudadanos, cuantiosos capitales que salían al exterior en manos de desconocidos. Además de la cobertura moral que se podía imprimir a esa cruzada, la niĖez y juventud que había que salvar de tan nefasto flagelo, ella podía servir a intereses políticos inmediatos, como compensar la muerte de cuatro millones de vietnamitas a manos de las tropas norteamericanas invasoras, con el pueril argumento de que prostitutas indochinas adiestradas por comunistas, habían iniciado en las drogas a los soldados norteamericanos, equiparando el daĖo producido por la horrorosa matanza y librando a Estados Unidos de las obligatorias compensaciones. Y convertirse en un poderoso instrumento de control social dentro de sus propias fronteras. Las poblaciones conflictivas de los odiosos negros e inmigrantes podían ser reprimidas y encarceladas de modo masivo. Y, sobre todo, garantizar un efectivo instrumento de injerencia directa en los países del tercer mundo, su patio trasero especialmente, en los que las luchas sociales y políticas amenazaban con hacerlos salir de la órbita políticamente correcta. Todas las anécdotas y crónicas sobre cualquiera de las áreas de cultivos de plantas usadas para la producción de drogas, dan cuenta, sospechosamente, de que fueron unos generosos gringos los primeros en aparecer promoviendo y enseĖando el cultivo de la mata. Después vendría el control total sobre los cuerpos de policía locales, y finalmente, con la misma excusa de la heroica y justa lucha contra las drogas, la dirección y el control de las fuerzas militares de país involucrado. Colombia es un ejemplo destacadísimo del desarrollo de esa estrategia de dominación. Desaparecida la Unión Soviética, esfumado de repente el fantasma del comunismo con el que se pretextaba la persecución contra todas las formas de inconformidad política y social, en desarrollo de la doctrina norteamericana de seguridad nacional, el poder hegemónico del gran capital transnacional representado por Estados Unidos y la OTAN, se encontró de repente sin una excusa que pudiera justificar sus actos de intervención y piratería a escala internacional. Había que crear un enemigo que justificara el enorme aparataje bélico y las políticas injerencistas. Hicieron aparición nuevos fantasmas: el terrorismo, el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos, la amenaza de las armas de destrucción masiva, los atentados contra el medio ambiente, etc., un largo listado caracterizado por la hipocresía y la manipulación, que bien podía ser aplicado en primer término al poder imperial, el primer Estado entre todos que ha utilizado armas nucleares y armas convencionales de todo género, en forma masiva, contra naciones y pueblos enteros, que ha depredado al planeta en su avidez de ganancias, que ha promovido sangrientos golpes de Estado y apoyado dictaduras sanguinarias y gobiernos títeres que pusieron en práctica los métodos de tortura, guerra sucia y paramilitarismo enseĖados en sus escuelas de formación militar y policial. Para el caso que nos ocupa, el narcotráfico resultó ideal. Mientras que buena parte de los grupos y movimientos rebeldes de América Latina cedieron ante el enorme peso que significó la debacle del socialismo real, incluso en Colombia, donde buena parte del movimiento insurgente arreó sus banderas ante los cantos de sirena de la globalización financiera y el fin de la historia, otros grupos, verdaderamente revolucionarios y comprometidos con su pueblo, como las FARC y el ELN, persistieron en sus proyectos políticos y militares. En adelante no seríamos tratados como fichas del comunismo internacional, sino como grupos narcotraficantes, terroristas y demás. No han faltado incluso los intentos de vincular las FARC con negocios internacionales de uranio y otros minerales para la producción de armas nucleares. Las llamadas operaciones sicológicas, tan difundidas y practicadas en su momento por la CIA, hoy verdaderos instrumentos de propaganda negra en manos de fuerzas militares y policiales dirigidas directamente por el Pentágono, se encargan de sembrar en la mente de la población nacional y mundial las representaciones más sucias en torno a las organizaciones revolucionarias. Dentro de las cuales se destaca nuestra vinculación con el narcotráfico. Un país como Colombia, montaĖoso y con grandes extensiones de selva, a cuyas regiones más apartadas fueron lanzados por sucesivas oleadas de violencia latifundista campesinos y colonos, abandonados además a su suerte por el Estado, resultó ideal para el crecimiento de los cultivos prohibidos. Esos campesinos hallaron en ellos el modo de sobrevivir y elevar medianamente su miserable condición de vida. Las guerrillas, enfrentadas desde varias décadas atrás al régimen, asentadas fundamentalmente en las áreas campesinas, no teníamos el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única actividad de la que derivaba su pírrica subsistencia. La responsabilidad fundamental por el problema de las drogas radica en la esencia misma de la economía capitalista, en la incapacidad o falta de voluntad del gobierno norteamericano para hacer cumplir las leyes prohibitivas, y hasta en el carácter absurdo de éstas. Dicen los que estudian esos temas, que producen más muertes el consumo de alcohol o de comida chatarra que el de drogas. Y que la violencia que genera el narcotráfico es producto de la actividad mafiosa e ilegal que deriva de la prohibición del consumo. Y que la guerra contra las drogas genera más violencia, corrupción y descomposición social y estatal, que la propia degeneración adictiva. Así que al asumir en La Habana el tema de las drogas ilícitas, las FARC-EP marchamos de la mano con la voluntad expresada por las comunidades campesinas afectadas con la guerra que la oligarquía colombiana, como siempre, de rodillas ante el imperio, decidió declarar contra ellas. Pese a que el Presidente Juan Manuel Santos masculla en algunos escenarios la necesidad de aplicar una política distinta en el combate a ese problema, en la práctica ha asumido la fiel interpretación de las directrices de guerra total emanadas del gobierno de Estados Unidos. Las FARC en cambio seguimos firmes en lo planteado en nuestra Octava Conferencia Nacional, que ya en 1993 incluyó en nuestra plataforma política: “10. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social  que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”. El gobierno y el pueblo de Colombia, así como la comunidad internacional, pueden estar seguros de que  el tratamiento en la Mesa al problema de las drogas ilícitas, en todo lo que tenga relación con programas de sustitución de cultivos ilícitos, planes de desarrollo, ejecución y evaluación con participación de las comunidades, así como la recuperación ambiental de las áreas afectadas, incluidos programas de prevención del consumo y salud pública, que podrían contemplar su legalización, se desarrollará con nuestra inquebrantable y decidida voluntad de contribuir de la mejor manera a poner fin a la sempiterna injusticia sufrida por las comunidades campesinas del país, una de las razones históricas de nuestra lucha de cinco décadas continuas. Entendemos que satisfechas las comunidades campesinas en sus aspiraciones básicas como producto de acuerdos en la Mesa de La Habana y en las diversas mesas de interlocución que se desarrollan en el país, el problema de los cultivos ilícitos habrá desaparecido para siempre de Colombia. Nuestra satisfacción por una Colombia sin coca será enorme. Mucho más, si de paso acarrea una Colombia sin pobreza y miseria rurales, que pueda hacer uso de sus derechos políticos sin ningún tipo de amenazas y violencias. De ese modo habrán desaparecido del país, de modo objetivo, como consecuencia inmediata y directa, la producción de drogas y su comercialización, las que sin embargo, no van a desaparecer del entorno de la economía capitalista de que emergen. Otros escenarios y luchas habrán de ocuparse de la erradicación definitiva del problema mundial. En lo que esté a nuestro alcance, y al alcance de nuestro pueblo, habrá que colaborar activamente a ello. La utilización política y estratégica de la guerra contra las drogas por el imperio de los Estados Unidos, seguramente que buscará trasladar el conflicto a algunos países vecinos, cuyo régimen político democrático está interesado en combatir. Esa consideración y advertencia final debería hacer parte del arreglo pacífico que consigamos en Colombia. La solución política del grave conflicto que sufre el país desde hace más de cinco décadas, pasa por la recuperación de nuestra soberanía nacional, de nuestras libertades de análisis y decisión como nación independiente. Los intereses geopolíticos del gobierno norteamericano, promotores de la pérfida intención de mancillar nuestra condición de revolucionarios con estigmas criminales, que resultan tan del agrado de las clases dominantes colombianas y sus aparatos de represión, tendrán que ser hechos a un lado y desechados por infames. Podemos discutir y debatir cuanto se quiera nuestra condición ideológica, política, organizativa y militar, de donde no puede esperarse jamás nuestra disposición a aceptar las bajas sindicaciones y condenas que trama el Establecimiento. Las FARC-EP no seremos los chivos expiatorios por los crímenes contra la humanidad cometidos por el imperio y la oligarquía. Es hora de que comiencen a responder por sus hechos. Se lo exige la historia [83].

29-11-2013, La construcción de acuerdos sobre el cuarto punto de la Agenda, tercero en la discusión, demanda esfuerzos por superar caracterizaciones simplistas del problema, que pretendan  reducirlo a un asunto de campesinos productores de “cultivos ilícitos” frente a los cuales debe imponerse la política criminal del Estado. Con miras a ello, la delegación de las FARC-EP propone algunos contornos necesarios para una discusión que vaya a la raíz del problema y contribuya de esa manera a la formulación de propuestas comprensivas y ajustadas a la realidad de la problemática social que hay en la tras escena, en la búsqueda de un necesario acuerdo político en esta materia. 1.- El problema de las llamadas drogas ilícitas debe abordarse como algo consustancial al modo de producción capitalista y, en especial, a sus formas criminales. Se trata de un negocio corporativo transnacional, cuya mayor expansión se origina en las demandas crecientes por nuevas fuentes de acumulación y rentabilidad, en el contexto de la crisis capitalista mundial de 1974-1975. El negocio cubre todas las fases del proceso de producción (producción, circulación, distribución y consumo); se encuentra estimulado por un creciente consumo proveniente de los países del capitalismo central, en especial, de Estados Unidos y Europa, y sobre todo por su carácter ilegal, el cual le confiere altísimas tasas de rentabilidad; se sustenta en una división internacional capitalista del trabajo, en la que los eslabones más fuertes y de mayores dividendos se encuentran en el lavado de dinero, sea a través de “alianzas estratégicas” con empresas capitalistas legales productivas y de prestación de servicios o de su incorporación en los circuitos financieros. Las políticas neoliberales se han convertido en un importante estímulo al negocio transnacional al haber reducido de manera significativa e incluso eliminado los controles estatales a los flujos de capital. En atención a lo anterior, el narcotráfico debe considerarse esencialmente como una empresa capitalista transnacional de carácter criminal. 2.- La llamada guerra contra las drogas es en lo fundamental el producto de un diseĖo geopolítico imperialista, que adquiere mayor sentido y contenido luego del derrumbe del “socialismo realmente existente” en la Unión Soviética y Europa Oriental. Como lo demuestran múltiples documentos de inteligencia estadounidense, tras la desaparición del “enemigo comunista” se hizo necesaria la invención de un nuevo enemigo que justificara la persistencia de los elevados gastos en seguridad y defensa, y posibilitara nuevas formas de la injerencia y la intervención militar, así como de la dominación y control social. La invención del nuevo enemigo se acompaĖó en nuestro país de operaciones ideológicas de producción lingüística dirigidas contra la guerrilla revolucionaria,  orquestadas por los grandes conglomerados de las comunicaciones: Primero se habló de narco-guerrilla, y luego -cuando se instaló el discurso terrorista- apareció el término de narcoterrorismo.  La “guerra contra las drogas” no ha combatido los componentes más lucrativos del negocio, sino que se ha erigido contra los más débiles. En el caso de la cocaína, se ha encauzado contra los cultivadores de la hoja de coca, los procesadores primarios de la pasta de coca, y los consumidores de cocaína, al tiempo que sus principales beneficiarios -grandes narcotraficantes, altos funcionarios del Estado, incluidas sus fuerzas militares y de policía, empresarios capitalistas y banqueros transnacionales- amasan gigantescas fortunas que son reinvertidas en el proceso de acumulación o destinadas al consumo extravagante. 3.- Como lo demuestran numerosas investigaciones científicas, dentro de las que se destacan los trabajos del profesor Andrew Weil de la Universidad de Arizona, que reafirman y amplían los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades originarias, la coca no es la mata que mata. Por el contrario, la hoja fresca o seca alimenta como verdura, harina, infusión o mascándola; sirve como medicina para la diabetes, la obesidad, la gingivitis, inhibe células cancerígenas, atenúa la hipertensión; y se considera como fertilizante natural. Los cultivos de coca no son más que otra de las modalidades de la producción agrícola, con raíces ancestrales y culturales indiscutibles. Lo que los ha hecho ilícitos son los usos capitalistas que los terminaron convirtiendo, en la mayoría de los casos, en componentes esenciales de un proceso capitalista de producción de altísima rentabilidad: el de cocaína. En efecto, de la hoja de coca, luego de un procesamiento primario, resulta la pasta de coca; ésta, sometida a tratamientos químicos, arroja la cocaína, producto de alta demanda en los mercados internacionales. 4.- Sectores del campesinado colombiano y de algunas comunidades indígenas fueron empujados por la dinámica de la acumulación capitalista al cultivo de la hoja de coca. La imposibilidad de acceder a la tierra por la alta concentración de la propiedad latifundista y por el ejercicio secular de la violencia contra el campo, además de ser una de las causas del surgimiento de las guerrillas revolucionarias, propició procesos de colonización a lo largo y ancho del territorio nacional. Decenas de miles de familias de labriegos desposeídos, expropiados y desplazados fueron obligados a ocupar tierras inhóspitas y a adecuarlas para producir el sustento diario, en condiciones no sólo de total abandono estatal, sino sometidos incluso a su continua persecución. Las tierras fértiles fueron reservadas para la agricultura capitalista de plantación o para la ganadería extensiva del latifundio improductivo. La producción campesina emergida de los procesos de colonización, aunque logró garantizar la subsistencia, lo hizo en condiciones de precariedad, pobreza y miseria. Cuando se tuvo la capacidad de producir excedente, éste no pudo ser realizado en el mercado por las inexistentes condiciones de comercialización, incluida la falta de vías y de medios de transporte. En ese contexto, frente al creciente consumo de cocaína en Estados Unidos y Europa y el consecuente mayor estímulo a la producción de esa droga, la demanda por hoja de coca se incrementó igualmente de manera significativa. Entre tanto, la “guerra contra las drogas” en Bolivia y Perú, había generado a lo largo de la década de 1980, un desplazamiento de los cultivos hacia el territorio colombiano. Los campesinos encontrarían en la hoja de coca un cultivo alternativo que, además de no perecedero, gracias a un tratamiento básico, les brindaría la posibilidad de mejorar relativamente sus precarias condiciones de vida y de ingreso. 5.- En muchos de los territorios campesinos en los que se han desarrollado los cultivos de hoja de coca, ha habido una presencia histórica de la guerrilla. En ellos avanzamos hacia la construcción de un nuevo poder y sentamos las bases de un Estado guerrillero en formación, en medio de la más intensa confrontación con las fuerzas militares del Estado. Nuestro Comandante Timoleón Jiménez ha dicho con razón que “no teníamos ni el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única alternativa de que se derivaba su pírrica subsistencia”. Nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones realizadas por los campesinos, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a abusos de intermediarios y narcotraficantes, sin desatender nuestro propósito político mayor: La toma del poder y la construcción de la Nueva Colombia. 6.- Las clases dominantes y sus gobiernos de las últimas décadas, en lugar de enfrentar las causas estructurales que dieron origen a los cultivos campesinos de hoja de coca usados con fines ilícitos, esto es, de poner en marcha la realización de una reforma agraria integral, se allanaron por completo a la estrategia imperialista estadounidense de la “guerra contra las drogas”. Al tiempo que sectores de ellas se lucraban con sus altísimos rendimientos económicos, encontraron en esa guerra nuevos argumentos para dar continuidad a la estrategia contrainsurgente iniciada desde la heroica resistencia de Marquetalia, promovieron alianzas con el narcotráfico, contribuyeron directa e indirectamente a la creación de estructuras mafiosas, desarrollaron nuevas formas del terrorismo de Estado al participar activamente en la conformación de organizaciones narco-paramilitares, y  activaron toda una maquinaria de destrucción, persecución, estigmatización y criminalización contra el campesinado, así como de depredación socioambiental a través de fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato, que han producido daĖos de difícil -pero necesaria reparación- sobre la vida humana, vegetal y animal. Todo ello, con el continuo apoyo y financiación del gobierno de los Estados Unidos. Expresión de ello ha sido el fracasado Plan Colombia con todos sus relanzamientos y nuevas denominaciones. 7.- Es indiscutible que se está frente a un incremento del consumo de drogas sico-activas a nivel mundial y de manera especial en los países del capitalismo central. Son múltiples las causas que lo explican; pero en lo esencial, más allá de situaciones particulares, éstas se encuentran en la naturaleza misma de la sociedad capitalista que no ofrece una perspectiva humana y humanista frente a la vida y el trabajo, especialmente para las nuevas generaciones. Las rentabilidades espectaculares que produce el consumo han desatado múltiples fuerzas para estimularlo y ampliarlo a través de los más variados mecanismos, constituyendo organizaciones empresariales criminales orientadas a ese propósito. El prohibicionismo es una fiel representación de la doble moral promovida por la formación capitalista. Al tiempo que se estimula el consumo por los rendimientos que éste produce, se persigue, estigmatiza y criminaliza a los consumidores, convirtiéndolos en foco de las políticas de “seguridad ciudadana”; en sentido estricto, en objetos de políticas de dominación y control social. En lugar de tratos en términos de salud pública, la “guerra contra las drogas” resulta útil en este aspecto para promover el proceso de militarización de la vida social. 8.- Tras décadas de “guerra contra las drogas”, sus beneficiarios saltan a la vista y no han sido precisamente los campesinos, ni los consumidores, ni las guerrillas revolucionarias. La presencia e intervención militar estadounidense se han intensificado hasta poner a disposición gran parte del territorio nacional al servicio de sus intereses geopolíticos; la desocupación forzada de territorios ha generado desplazamientos internos y producido alistamientos para la explotación de la riqueza natural minero-energética por parte de empresas transnacionales, el desarrollo de megaproyectos infraestructurales y la promoción de cultivos de larga duración para la producción de agrocombustibles; el negocio financiero se ha visto incentivado por la incorporación de los capitales ilícitos en sus circuitos. La vinculación obligada de sectores del campesinado en la empresa capitalista transnacional de las drogas ilícitas no ha sido para su provecho. De ahí el interés por desarticularse de ella, como se ha visto a lo largo de la historia reciente en recurrentes movilizaciones campesinas en las que se ha demandado la atención estatal frente a este problema social y se han formulado numerosas propuestas para un tratamiento alternativo. 9.- De nuestra parte, desde la Octava Conferencia Nacional realizada en 1993, hemos insistido en que este problema, de naturaleza social, no puede ser resuelto por la vía militar. Esta posición la reafirmamos en los diálogos de San Vicente del Caguán, en los que nuestro Comandante Manuel Marulanda Vélez presentó los fundamentos de una propuesta de desarrollo alternativo, que continúa vigente en aspectos esenciales y sirve de referente para ser complementado y rediseĖado en La Mesa de conversaciones. La inclusión de este tema en la Agenda pactada por la partes es un reconocimiento del fracaso de la política antidrogas y de la necesidad de encontrar, también en este campo, una salida que contribuya a poner fin a la profunda injusticia a la que han sido sometidas las comunidades campesinas. Las propuestas que presentaremos recogen no sólo las aspiraciones inmediatas del campesinado en esta materia, sino aquellas con las que nos hemos comprometido a lo largo de nuestra lucha. También expresan nuestra preocupación por considerar el consumo de drogas sicoactivas desde la perspectiva de la salud pública. Aspiramos a un país sin coca, a la que se le den usos ilícitos; aspiramos a un país con coca para usos alimenticios, medicinales e industriales, y de reconocimiento pleno y respeto a los usos culturales que nos enseĖan nuestras comunidades indígenas ancestrales. Deseamos un país sin cocaína, aunque somos conscientes que ello depende más bien de regulaciones y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados que de manera directa o indirecta se encuentran involucrados en la organización de esta empresa capitalista transnacional de carácter criminal. Dado el reconocimiento en múltiples sectores de la opinión pública mundial, del fracaso de la “guerra contra las drogas” y de las políticas prohibicionistas, en la actualidad existen condiciones para abordajes de la solución al problema de las drogas ilícitas más ceĖidos a la realidad, incluidos los enfoques de salud pública y las políticas contra el lavado de dinero. Delegación de Paz de las FARC-EP [84].

8-12-2013, En desarrollo del punto cuatro de la Agenda de conversaciones, correspondiente a la “Solución al problema de las drogas ilícitas”, las FARC-EP presentan las siguientes diez propuestas mínimas: 1. Política anti-drogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores. 2. Condiciones estructurales para la superación de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola. 3. Reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola. 4. Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo. 5. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas. 6. Desmilitarización de la política anti-drogas, no intervencionismo imperialista y descriminalización de los pobres del campo. 7. Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores. 8. Política anti-drogas centrada en el desmonte de estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado. 9. Política anti-drogas centrada en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico. 10. Responsabilidad de los Estados del capitalismo central, compromisos regionales y requerimientos para la implementación de una política antidrogas de carácter global. Desarrollo punto 1 de 10 - Solución al problema de las drogas ilícitas: Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores: 1. Política antidrogas de carácter integral y diferenciado: El diseĖo y la implementación de la política antidrogas será de carácter integral y diferenciado. Ello implica la superación de enfoques reduccionistas que tienden a privilegiar políticas centradas en la interdicción y la criminalización de los eslabones más débiles del proceso de producción, es decir, los campesinos productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y los consumidores de drogas ilícitas. La situación de los campesinos productores será tratada como problemática social; la de los consumidores como problema de salud pública. Considerando que los análisis de impacto económico demuestran que las rentabilidades extraordinarias se encuentran en las fases de la circulación, la distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los circuitos legales de la economía a través del lavado de activos, la política antidrogas privilegiará acciones y medidas orientadas a su persecución y desarticulación. La política criminal del Estado se encauzará en esa exclusiva dirección. 2. Política antidrogas soberana: En atención al fracaso de la política antidrogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos, a sus negativos efectos sociales y ambientales, a su incidencia sobre la prolongación del conflicto social y armado, entre otros, se diseĖará e implementará una políticas antidrogas que contemple los principios de soberanía y autodeterminación. Ello compromete diseĖos en consonancia con la especificidad y la naturaleza socioeconómica del problema tal y como se presenta en el territorio nacional, incluido el reconocimiento de la capacidad de administración de justicia en la jurisdicción nacional. 3. Política antidrogas democrática y participativa: En la medida en que la política antidrogas impacta sobre el conjunto de la sociedad, su diseĖo e implementación debe ser democrático y participativo, e involucrar a representantes del conjunto de fuerzas políticas y sociales de la Nación que se ocupen de la problemática. De manera especial, debe incluir a representantes de productores de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a los consumidores organizados, así como a instituciones y organizaciones no gubernamentales especializadas. Se conformará un “Comisión para el diseĖo y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”. 4. Aportes de la comunidad académica, científica e internacional: El diseĖo de una política nacional antidrogas democrática y participativa deberá apoyarse en los aportes de las comunidad académica y científica nacional e internacional. Para tal efecto, se conformará una “Misión de expertos” encargada de producir lineamientos, propuestas y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta por la “Comisión para el diseĖo y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”. De manera especial, se invitará a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para que presente sus aportes y experiencias y asesore en el diseĖo de políticas contra el tráfico de drogas ilícitas y, en particular, contra el lavado de activos. 5. Protecciones especiales a los productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas: Teniendo en cuenta que los productores de hoja de coca y los consumidores de drogas ilícitas, antes que beneficiarios, son víctimas de la empresa capitalista transnacional del narcotráfico, la política antidrogas contemplará un capítulo de protecciones especiales. Las protecciones especiales se refieren al conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales, y jurídicas, así como a los diseĖos institucionales, que deben ser provistos por el Estado a fin de garantizar que productores y consumidores no sean estigmatizados, perseguidos y criminalizados, sino más bien se constituyan en sujetos de política pública para la superación de su situación de pobreza y miseria, o de tratamiento terapéutico de la adicción, según el caso. Delegación de Paz de las FARC-EP [85].

8-12-2013, Rodrigo Granda, integrante de la Delegación de Paz de las FARC, dijo que “no queremos cambios cosméticos, sino reformas estructurales que el pueblo deberá refrendar asumiendo de manera plena su poder creador y su condición de soberano”. El proceso de conversaciones debe concluir en una Asamblea Nacional Constituyente, en el entendido de que “la generación de condiciones para transitar hacia la paz con justicia social exige la mayor legitimidad. La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de Paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana”. Para ello, presentan doce propuestas mínimas para una Asamblea Nacional Constituyente para la paz: 1. Proceso de paz y poder constituyente: Un Acuerdo final que permita avanzar hacia la construcción del noble propósito de la paz con justicia social, la democratización real y la reconciliación nacional; de dejar a un lado las fuerzas militaristas y de ultraderecha empecinadas en una prolongación indefinida de la confrontación armada; de dotar dicho Acuerdo con la mayor participación social y popular y legitimidad posible, se apelará a la voluntad del pueblo soberano, al poder intrínseco del constituyente primario y soberano, en consonancia con lo seĖalado en el Preámbulo del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado por las FARC-EP y el Gobierno nacional”, 26-8-2012, cuando estipula que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos (...)”. 2. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para la paz: Se convocará la Asamblea Nacional Constituyente como máxima expresión del constituyente primario y soberano. 3. Gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente: El propósito del Acuerdo consiste en darle viabilidad jurídica y política a la iniciativa; establecer los criterios para el logro de la más amplia movilización y participación social y popular; concertar propósitos y principios, naturaleza, composición, materia y alcances legislativos de la Asamblea, sin perjuicio de las definiciones propias del constituyente soberano. El “Gran Acuerdo Político Nacional” se comprende como una expresión elevada de la participación social en la construcción del Acuerdo final... 4. Movilización social por una Asamblea Nacional Constituyente: Se estimulará la participación de los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, comprendidas las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. 5. Poderes públicos y Asamblea Nacional Constituyente: El alzamiento armado no ha sido contra algún gobierno en particular, sino contra el Estado en su conjunto, el “Gran Acuerdo Político Nacional” debe comprometer a todos los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y funciones que les han sido conferidos. La convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente han de ser expresivas de una voluntad de Estado en la búsqueda de un bien común mayor: la paz con justicia social, estable y duradera. 6. DiseĖos normativos: Serán parte del “Gran Acuerdo Político Nacional” los diseĖos normativos, incluidos las reformas, el procedimiento y los tiempos a que hubiere lugar, para darle una viabilidad jurídica y política a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente. 7. Propósito y principios: a. Definir los fundamentos normativos para la reconciliación nacional y una paz con justicia social, estable y duradera. b. Preservar y reafirmar el compromiso con el catálogo de derechos de la Constitución de 1991, incluido el reconocimiento de los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas y afro descendientes. c. Sentar las bases normativas para una profundización real de la democracia política, económica, social y cultural. d. Reafirmar los principios universales de soberanía y autodeterminación en lo concerniente a la búsqueda de alternativas entre el bien común de la paz y la denominada justicia transicional. ... La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de Paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana. 8. Naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente: Posee un doble carácter. a) Es una Asamblea de refrendación de acuerdos, en la medida en que éstos comprometan el orden constitucional vigente o de acuerdos no logrados en la Mesa de diálogos, frente a lo cual se atenderá la voluntad del constituyente primario y soberano. b) Es también de proyección y expansión democrática real de asuntos propuestos por el constituyente primario y soberano. Al momento de refrendación de la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente también se someterán a consideración los temas que hayan sido acordados entre el Gobierno y las FARC-EP. Dichos temas no serán objeto de estudio por parte de la Asamblea. 9. Composición: Las Asamblea Nacional Constituyente será conformada con 141 integrantes; combina un carácter estamental, asignando cuotas de participación, con uno de elección general. Con miras a garantizar la más amplia participación social y popular y la mayor representatividad y legitimidad posibles, la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado, en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final; por representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, por representantes de los trabajadores organizados; de las víctimas del conflicto; de las mujeres organizadas; de los estudiantes organizados; de las comunidades LGTBI; de los militares retirados; de los nacionales residentes, refugiados, o exiliados en el exterior; y el resto, por representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación. 10. Designación y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente: Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente serán escogidos por designación directa o mediante elección popular, según el caso. Los miembros designados de manera directa corresponden a las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado. La designación directa se ejerce en representación de la totalidad de los combatientes, como reconocimiento y parte del tránsito al ejercicio pleno de la política, y en atención a las previsibles condiciones de asimetría en la competencia política. Los miembros escogidos mediante elección popular serán de dos tipos: a) Los electos en circunscripciones especiales, que serán creadas en reconocimiento de una historia de exclusión, segregación y abandono estatal, y de la asimetría en la competencia electoral. Las circunscripciones especiales se les concederán a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, a los trabajadores organizados, a las víctimas del conflicto, a las mujeres organizadas, a los estudiantes organizados, a la comunidad LGTBI, a los nacionales residentes, refugiados o exiliados en el exterior. Asimismo, a los militares retirados. b) Los demás miembros de la Asamblea serán escogidos a través de elección general y directa. 11. Materia de la Asamblea Nacional Constituyente: Sin perjuicio de las definiciones propias de la Asamblea Nacional Constituyente, la materia de la Asamblea será concertada en el marco del “Gran Acuerdo Político Nacional”. Se trata de perfeccionar diseĖos actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales y de reconocimiento de derechos de comunidades indígenas y afro descendientes. La Asamblea se ocupará de igual manera de los temas que no hayan sido objeto de acuerdo en la Mesa de Conversaciones. 12. Alcances legislativos: Los eventuales alcances legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de leyes orgánicas, de leyes marco, o de leyes estatutarias, según el caso, en aquellas materias que contribuyan a la consolidación de un verdadero Estado social y democrático de derecho y propicien una mayor democratización política, económica, social y cultural de la Nación, serán definidos por la propia Asamblea en sus deliberaciones, atendiendo los propósitos y principios del “Gran Acuerdo Político Nacional”. Si a ello se llegare, se conformará por un período preciso un cuerpo legislativo especial, cuya composición será determinada por la propia Asamblea [86].

28-1-2013, El ELN ha sido una organización que se ha transformado en el tiempo. De foco guerrillero, pasó a proyecto de ejército y de éste a organización política en armas. No hay en su discurso nada que tenga más vigencia, como programa político, ajustado al lenguaje actual, que los principios programáticos formulados en sus orígenes: Primero, desde ese tiempo se plantea la toma del poder por las clases populares como requisito básico para la formación de un gobierno democrático y popular que garantice la plena igualdad social del pueblo, otorgue libertades democráticas a los sectores populares, conceda a la mujer sus derechos y garantice el respeto de la dignidad humana y el libre desarrollo de los colombianos. Nada de esto es imposible alcanzarlo por las vías de la lucha democrática. Segundo, se plantea una revolución agraria que elimine el latifundio, el minifundio y el monocultivo; realice una distribución justa y un acompaĖamiento técnico a los campesinos que la trabajan; otorgue créditos e insumos de trabajo a los agricultores, impulse la mecanización de la agricultura y su tecnificación; que cree mecanismos adecuados de distribución de la producción de alimentos que elimine los intermediarios, la especulación y el acaparamiento; asegure la asistencia médica y educacional a los campesinos, así como el desarrollo de sistemas de riego, de electrificación de vivienda y de vías de comunicación. Plantea la confiscación de latifundios y propiedades de grandes compaĖías extranjeras y de los terratenientes y latifundistas nacionales, asegurando respetar las propiedades que benefician positivamente la economía nacional. Define fomentar la creación de cooperativas de producción, distribución y consumo, y de granjas estatales, mediante la planificación de la producción agropecuaria que diversifique los cultivos y desarrolle la ganadería. Tercero, se plantea el desarrollo económico e industrial mediante una política proteccionista de la industria nacional, el impulso de la industria semi-pesada. Define como política central del desarrollo económico la protección y el impulso a los pequeĖos industriales y comerciantes no especuladores, la diversificación de la industria y el desarrollo de una economía independiente, basada en los propios esfuerzos y recursos con que cuenta el país que mediante la planeación científica garantice el pleno empleo de la mano de obra. Igualmente, el ELN, se plantea desde sus comienzos la nacionalización del subsuelo y su adecuada explotación en beneficio de la economía nacional; la elaboración y realización de un plan de electrificación, de irrigación y de aprovechamiento de los recursos hídricos del país. A nivel de la actividad comercial abierta, establece como orientación el intercambio con todos los países del mundo, sin ninguna otra consideración que el interés colectivo y el beneficio del pueblo. Aun provisto todo este discurso del enfoque antiimperialista contiene propuestas que sirven a las discusiones y procesos nacionales de desarrollo económico y social. Cuarto, el ELN define como uno de los fundamentos de su programa, la realización de una reforma urbana y un plan de vivienda que garantice un hogar higiénico y adecuado a los trabajadores de la ciudad y del campo y elimine las prácticas de arrendamiento de los casatenientes. Establece la erradicación de los tugurios, en la ciudad y en el campo. Hoy, la creciente necesidad de vivienda ha llevado al gobierno nacional a impulsar la construcción de 100.000 viviendas de interés social y al fortalecimiento de las políticas de mejoramiento de la vivienda rural. Quinto, propone la creación de un sistema popular de crédito que elimine a los usureros y a los agiotistas y fomente el desarrollo económico, industrial, agropecuario y comercial de tal manera que favorezca el nivel de vida de los colombianos. Sexto, toma en consideración la organización de un plan nacional de salud pública que haga posible la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria a todos los sectores de la población sin gravar su economía; el desarrollo de la medicina preventiva y la lucha contra las enfermedades endémicas. Se propone la creación de puestos de salud y hospitales en ciudades y campos, así como una eficaz protección a la niĖez y a los ancianos. Propone la creación de un organismo centralizado que se encargue de proyectar y realizar los programas de salud pública y la reglamentación del seguro social para que responda adecuadamente a las necesidades de la población. Séptimo, fija la elaboración de un plan vial que sirva para articular a la economía nacional y preste un servicio eficiente a las regiones densamente pobladas o con posibilidades de desarrollo económico. Considera necesario la apertura de vías de comunicación en las zonas agrícolas y ganaderas de gran potencial económico marginadas del desarrollo global. Propone la organización estatal del transporte y la fijación de tarifas técnicamente estipuladas por los organismos del Estado. Octavo, al referirse a la educación, propone una reforma que elimine el analfabetismo, promueva la construcción de instituciones escolares rurales y urbanas y la formación de maestros competentes. Concibe la educación obligatoria y gratuita; plantea una reforma a los programas de estudio para adecuarlos a las necesidades del país y en consonancia con la ciencia moderna; la vinculación con la realidad nacional e internacional y la elaboración del nivel técnico de los trabajadores; proyecta la nacionalización de la enseĖanza a todos los niveles, buscando que la misma cumpla una función social y esté a tono con los avances científicos, tenga el pueblo acceso a ella, se elimine el oscurantismo y el dogmatismo de las cátedras y pueda desempeĖar el papel de vanguardia intelectual y cultural de los trabajadores. Plantea la creación de una academia nacional de ciencias que sirva al desarrollo de la investigación científica la cual debe ser impulsada en los centros de enseĖanza superiores; así mismo considera necesario la creación de residencias y comedores estudiantiles y el otorgamiento de numerosas becas, al igual que la ampliación de las redes de bibliotecas públicas y la dotación de los establecimientos educativos de los materiales académicos y docentes necesarios para que su labor sea eficiente y de calidad. Concibe entre las preocupaciones de la educación el fomento y estímulo del deporte y la cultura física. Por último, seĖala que el Estado se preocupará por la defensa, difusión y desarrollo de la cultura nacional, del arte popular y folclórico y la protección de escritores y artistas nacionales. En este mismo sentido seĖala la obligatoriedad de divulgar con amplitud todas las manifestaciones artísticas que revistan formas populares y democráticas de otros pueblos. El programa también asume una posición frente a la cultura y a las manifestaciones de existencia social, política y económica de las minorías nacionales (afro, indígenas, raizales…), en esta medida un nuevo punto plantea la incorporación a la economía y a la cultura de la población indígena, respetando sus costumbres, tierras, lenguas y tradiciones y desarrollando su vida cultural. Es decir, el otorgamiento de la totalidad de sus derechos de colombianos a la población indígena. Todos los elementos de este programa del ELN fueron esbozados con algunos matices y énfasis en la realización del Foro de Política Integral Agraria con Enfoque Territorial, desarrollado por la sociedad civil y los empresarios a finales del 2012 y, son materia de discusión en la mesa de conversaciones de la Habana entre el gobierno nacional y las FARC-EP [87].

29-1-2013, El ELN informa a la comunidad Nacional e internacional que el día 18-1-2013, tropas especiales del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro desarrolló “La operación Soberanía y Dignidad”, en la que fueron retenidos seis empleados de las CompaĖía Minera Canadiense Inversiones Kumi que realiza trabajos en el Sur de Bolívar. En lo posible, el ELN tratará de salvaguardar la integridad de los retenidos, teniendo en cuenta que el vasto operativo emprendido por la fuerza pública, pone en riesgo la vida de dichas personas y es responsabilidad del gobierno, cualquier desenlace lamentable. El ELN lucha por la Soberanía Nacional, contra las multinacionales y las políticas entreguistas del Estado y el gobierno colombiano y consecuente con la política de defensa de los recursos estratégicos de la nación, ha desarrollado permanentemente campaĖas político-militares e impulsado la realización de espacios de análisis y reflexión para que el conjunto de la nación discuta esta problemática y se formule socialmente la política pública al respecto; hoy seguimos en ese mismo esfuerzo. La Operación Soberanía y Dignidad se realiza en el marco de la defensa soberana de los recursos mineros que el gobierno nacional viene entregando a las compaĖías extranjeras, subsidiarias y contratistas a través de la locomotora minero energética, en franco detrimento del patrimonio y la soberanía de la Nación; mientras persigue, desplaza y asesina a los campesinos mineros que desarrollan trabajos de pequeĖa minería y minería artesanal, de dónde sacan el sustento diario y buscan dignificar su existencia y la de sus familias. La locomotora es la causante de la crisis del agro, de la pérdida de la seguridad alimentaria y de estar importando millones de toneladas de alimentos, siendo Colombia un país con gran potencial agrícola. El ELN ha llamado permanente la atención del gobierno nacional y de la nación colombiana para la formulación de una política minero energética que salvaguarde los intereses nacionales de la voracidad de las empresas transnacionales que se benefician de una legislación entreguista. Hemos propuestos debates nacionales con participación de las comunidades sobre los lesivos contratos con las multinacionales para su aplicación, regulación y fiscalización; hemos planteado la necesidad del impulso de una agresiva y vigorosa política de inversión social que saque las regiones del atraso y las lleve al bienestar de las comunidades y, hemos insistido en los impactos ambientales y el daĖo ecológico que produce la minería a gran escala; hemos cuestionado permanentemente las economías del despojo que condena a la población y a las regiones mineras a la pobreza y el abandono institucional. Mediante diversas acciones, el ELN ha venido planteando al gobierno y a la Nación varias iniciativas y propuestas sobre esta materia minero energéticas y manteniendo esa línea, hoy reiteramos las siguientes: 1. Sustraer de los planes minero energéticos, los territorios de Parques Naturales y Páramos, de Reserva Indígena o de los afrodescendientes. 2. Reparar, compensar e indemnizar los daĖos ambientales y sociales que ha ocasionado la explotación petrolera y minera por las trasnacionales. 3. La creación de un Impuesto Social, que debe ser pagado por las multinacionales y entregado directamente a las comunidades para el desarrollo de sus planes de vida, superando la corrupción e impunidad gestada en torno a las regalías. 4. Una revisión de la política de precios a los combustibles y de las tarifas a la electricidad, que encarecen el costo de vida de los colombianos y colombianas. 5. Que el Estado despenalice y descriminalice la pequeĖa y mediana minería y en cambio le brinde protección y apoyo. 6. Modificar los contratos con las compaĖías mineroenergética, para evitar la devastación ambiental y para garantizar que la mayor parte de la ganancia le corresponda a la Nación y no al capital extranjero. 7. La realización de un debate nacional minero energético, sobre el impacto de la política minera del gobierno colombiano, en el que participen distintos sectores de la sociedad y en el que se realice una consulta popular para definir la política pública minero-energética y el Código Minero. El ELN está en confrontación al Plan Nacional de Desarrollo: “Prosperidad para el Capital”, en especial de su locomotora minero-energética. El ELN ratifica su voluntad indeclinable de transitar los caminos de la paz con justicia social y refrenda su disposición para la solución política del conflicto social y armado [88].

4-2-2013, La comandancia del ELN, integrada por el Comando Central, la Dirección Nacional y los Comandantes Regionales, se reunió para conmemorar los 48 aĖos del lanzamiento público del ELN, realizada con la histórica acción militar en la Población de Simacota, Santander, 7-1-1965. Casi medio siglo después, los idearios que motivaron el alzamiento armado siguen vigentes y cobran mayor validez ante la ausencia de voluntad de la oligarquía para responder al clamor y esperanzas de las mayorías de Colombia. No existe ninguna duda que el capitalismo en los últimos 200 aĖos y su continuidad imperialista, encabezada por EUA, ha arrastrado a la humanidad a una crisis de civilización de proporciones descomunales que han colocado en riesgo la vida y la existencia misma del planeta. La economía capitalista sustentada y dependiente de los combustibles fósiles, el consumo ilimitado de los recursos naturales, donde la finalidad es la acumulación de riqueza en unos pocos y el consumo desenfrenado, ha desencadenado complejos y casi imparables fenómenos, frente a los cuales el capitalismo es incapaz de ofrecer alternativas, pues su esencia depredadora se sustenta en la necesidad del aumento de la tasa de ganancia. Esta crisis de civilización se manifiesta en múltiples crisis: ecológica, energética, alimentaria, demográfica, urbana, intergeneracional, del agua, basuras y de valores, entre otras. La ciencia y la tecnología dejan ver sus limitaciones para resolver los requerimientos de la sociedad, por que responden a la lógica del mercado y del gran capital. El mundo capitalista, el de los poderosos, pensaba que los fantasmas ya no volverían a recorrerlo, ahora no es el discurso mediático del “peligro comunista”, sino las grandes masas de desposeídos, de los sin empleo, de los olvidados, de los miserables que hoy se levantan con su indignación hecha fuerza social que exige cambios al desastre producido por el bárbaro capitalismo neoliberal. La globalización neoliberal ha globalizado la miseria y la desesperanza, pero al mismo tiempo ha globalizado la lucha en sus propios países, centro del capitalismo mundial. Ya no estamos en el fin de la historia, es evidente que el camino continúa y el capitalismo no será el punto de llegada, es algo diferente y está en construcción como obra de toda la humanidad. Hoy la humanidad, los pueblos están en la construcción de una concepción renovada sobre la sociedad que requiere el presente y el futuro, nutriéndose de otras experiencias y saberes, entre estos el de los pueblos ancestrales. Un paradigma que reconcilie al ser humano con la naturaleza, que conciba el futuro como el buen vivir, que satisfaga las necesidades materiales y espirituales de la población, atendiendo que los recursos renovables y no renovables son de carácter limitado y que futuras generaciones necesitarán de ellos. A este nuevo camino se opone el imperialismo norteamericano y despliega sus tropas y armas por el mundo para adueĖarse por medio de la guerra y todo tipo de intervenciones militares disfrazadas con siglas que son manejadas cuales marionetas. Un imperio en crisis se hace más peligroso y sanguinario, pese a ello los pueblos y sus esperanzas resisten y un mundo cada día más consciente mira atento que el unipolarismo Yanqui va siendo desplazado gradualmente por iniciativas que se inclinan por la paz, la democracia y otro tipo de relaciones económicas y políticas. En esta dirección camina Nuestra América, la que queda al sur del río Bravo. Esa por la que tanto batalló el Libertador Simón Bolívar, ha podido resistir a los planes imperiales. Nuevas instituciones internacionales como El ALBA, UNASUR, MERCOSUR y la CELAC, entre otras, van estrechando manos y fundando nuevas solidaridades. El Imperio Yanqui persiste en hacer retroceder el curso de la historia, se prepara siempre para dar el zarpazo militar y cuando las condiciones lo permiten no lo duda, aunque ahora lo haga disfrazándolos de “golpes suaves” no descansa en preparar la reconquista. Colombia no podrá ser la excepción en esta búsqueda colectiva del continente del sur, por la libertad, la democracia y el bien vivir de nuestras gentes. Luego de 8 aĖos del gobierno mafioso y paramilitar de Uribe con su guerrerismo, que arrastró a todas las instituciones a la corrupción para favorecer a sus amigos y socios, llega el gobierno de Juan Manuel Santos a continuar la tarea de aniquilar el Movimiento Guerrillero por medio de los planes militares y a la vez para tratar de recuperar la institucionalidad deteriorada por su antecesor, buscando recomponer las alianzas de los sectores burgueses y paliar el aislamiento internacional. Su plan de gobierno está centrado en servir a los intereses del capital transnacional, afectando seriamente el interés nacional con su modelo extractivista de los recursos naturales mineros-energéticos, que junto a los TLC conducen al país a una grave desindustrialización, convirtiéndonos en exportadores de materias primas y en importadores de todo cuanto el país puede necesitar para subsistir. Un país que en materia laboral a retrocedido un siglo, los trabajadores no cuentan con estabilidad laboral y menos con garantías de seguridad social. La persecución a los dirigentes sindicales dejan tres decenas de muertos al aĖo, amenazas por centenares, así como la criminalización de la protesta popular. La crisis social se profundiza, la salud padece de cáncer terminal, pues el interés al negocio prevaleció sobre el carácter de bien público, unos cuantos se enriquecieron y otros tantos paramilitares financiaron las masacres con los dineros que debían destinarse a cubrir la salud. La educación se pretende llevar por el mismo camino de la privatización, pero la resistencia creciente de los estudiantes, jóvenes y el conjunto de la sociedad lograron parar las leyes que Santos ha querido imponer. La crisis del agro y la secuela de víctimas que dejó el despojo militar y paramilitar para favorecer a los terratenientes y transnacionales, sigue sin resolverse y quiere engaĖarse al país con las llamadas “Ley de tierras” y “Ley de víctimas”, diciendo que serán la bondadosa solución de este gobierno, pero no son otra cosa que la legalización del despojo y la impunidad de los criminales. Dura tarea le ha tocado al pueblo. Resistir y luchar ha sido la única alternativa para abrirse camino en medio de tanta barbarie e ignominia de la oligarquía y sus gobiernos. El Movimiento Popular en sus diversas expresiones: trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, afrodescencientes, mujeres y pobladores se han hecho sentir con sus protestas y movilizaciones. En cada paso se construye el camino de la confluencia y la unidad, donde la esperanza se va tejiendo en los mandatos que vislumbran la Nueva Colombia, la de muchos colores, la de todos. Estos gobiernos oligárquicos sólo le ofrecen al pueblo guerra o rendición, y que las cosas sigan igual, pero la sociedad en su conjunto ha tomado partido por la salida política, que conduzca a la sociedad a una transformación de sus estructuras de injusticia e inequidad, y se abra paso a la construcción de la democracia, donde las mayorías dejen de ser las excluidas de siempre. La insurgencia como parte de la lucha popular, también le ha tocado resistir a una máquina de guerra que tiene el apoyo, el dinero, la tecnología y las armas del más grande y poderoso imperio en toda la historia de la humanidad, no ha sido fácil, pero somos una guerrilla que aprende de cada combate y ha echado profundas raíces en las comunidades de esta geografía nacional, de donde nos erguimos para continuar el camino. Aunque en las Organizaciones Insurgentes aún persisten diferencias y han sido muchas las dificultades que produjeron los irracionales y nefastos enfrentamientos ya superados; hoy, estamos avanzando en estrechar el caminar conjunto de las guerrillas y hemos comprendido que la Unidad insurgente y popular son la garantía de un futuro victorioso. Esta reunión de Comandantes del ELN, se ha nutrido con nuevas reflexiones para avanzar más unidos que nunca, más firmes en el compromiso con nuestro pueblo, con esta Colombia que tanto amamos. En tal sentido ha reafirmado una vez más su compromiso por la salida política al conflicto y su disposición a trabajar por ella, entendida como un camino que se construye conjuntamente con la sociedad, donde ella es su principal protagonista. La paz no es un camino fácil, pero es necesario transitarlo, estamos listos para hacerlo, pero no será el camino de la entrega ni la rendición, ha de ser el camino que nos lleve a otra realidad de Colombia, por la que hemos luchado y seguiremos luchando. Quienes resisten y luchan contra los poderes injustos, siempre logran la victoria, porque sus sueĖos anidan en los corazones de los pueblos. Comando Central, ELN [89].

18-2-2013, Las comunidades de Arauca y Boyacá exigen a las trasnacionales del petróleo y el gobierno, que realicen planes para el desarrollo de la región que está abandonada por el Estado y la riqueza que produce el petróleo, se invierta en bienestar de las comunidades y del pueblo colombiano en general. Se evidencia en las luchas del pueblo y los trabajadores, el drama que genera las políticas de la clase dominante, concertadas con el neoliberalismo, la globalización y la economía de mercados en la que se ve a los desposeídos como cantera de fuerza de trabajo barata, indispensable para acrecentar las ganancias, al tiempo que se miran las riquezas naturales de los países llamados subdesarrollados como la materia prima que engorda el capital. Por ello, nada más justas las luchas y protestas de las grandes masas desposeídas y los sectores productores de riquezas afectados por las llamadas políticas macroeconómicas, como son los TLC que arruinan a pequeĖos y medianos productores nacionales. Considerando que el futuro económico de Colombia con los TLC, la llamada locomotora minero energética y los ajustes políticos y económicos para favorecer al gran capital, generaran mayor explotación a los trabajadores, mayor opresión para acallar la protesta social e incremento desaforado de nuestras riquezas naturales, urge los niveles de unidad en las organizaciones sociales y populares porque solo de esa manera se hará frente a la avalancha neoliberal pactada por este y los anteriores gobiernos. La desfachatez del gobierno actual para ofertar al capital transnacional, mas de 22 millones de hectáreas para la gran minería, no puede ser más cínica y escandalosa ante las urgencias que hoy reclama el planeta y su medio ambiente que en este caso será lacerado de manera inmisericorde, representando la más terrible amenaza para las futuras generaciones colombianas. El ELN, en su reciente reunión de Comandantes, profundizó en su análisis de Coyuntura, esta crítica situación y reafirmó la urgencia de un proceso de Paz, que se inicie por examinar por parte de las Comunidades la grave situación social y económica por la que atraviesa la sociedad colombiana y sobre tales diagnósticos se busquen las soluciones, priorizando el beneficio de las mayorías. No es suficiente que en la Constitución Nacional se caracterice el régimen colombiano como democrático, es indispensable que la democracia no se quede en letra muerta, que sea real en claro contraste con la realidad y que las grandes mayorías sean las protagonistas del rumbo que requiere el país. En este asunto radica nuestra disposición al dialogo con el gobierno y con todos los sectores de la sociedad a quienes consideramos interlocutores válidos para buscarle salidas a la grave crisis del país. Un proceso de paz no es un conciliábulo, a puerta cerrada, lo cual no es contradictorio con la necesidad de que las partes expresen lo que piensan de cómo organizar el proceso, en el que las mayorías participen a plenitud, como corresponde a un camino cierto y en democracia, que asume la paz como gran objetivo de futuro. Por ello, la paz no es sinónimo de pacificación, ni de acallar las luchas populares, por el contrario, la paz se alcanza mediante la lucha de las masas donde se evidencien sus problemas y se planteen caminos y soluciones reales; la paz es justicia y equidad social, es democracia, soberanía, es autodeterminación, es vivir en armonía entre los seres humanos y la naturaleza, es despejar los caminos del futuro para las próximas generaciones [90].

23-2-2013, El ELN siempre ha sostenido que la guerra de Colombia -al igual que todas las demás guerras del mundo- obedece razones estructurales. “La prolongación de política por otros medios”, al decir de Von Clausewitz. Ellas no son el resultado del capricho de los actores armados; no hay guerras porque hay guerreros; éstos son consecuencia y no causa. La lógica maniquea que siempre ha empleado el Estado colombiano respecto a una posible paz para el país es la siguiente: al eliminar uno de los actores armados (en este caso, la insurgencia), la guerra termina. A esto se le llama “pacificación”, que se logra históricamente por una combinación de dos estrategias: la vía militar seguida por la vía de la mesa de diálogo. Frecuentemente, estas dos se combinan como sucede ahora con la actual mesa de negociación, o cómo sucedió en los diálogos de paz de El Salvador o en el Caguan. Esta ruta la han seguido todos los presidentes colombianos que protagonizaron procesos de diálogo desde 1982: Cada mandato presidencial se dividió en dos: dos aĖos de paz, seguidos por dos aĖos de guerra (Betancourt, Gaviria, Pastrana, Uribe) o el modelo invertido: dos aĖos de guerra seguido por dos aĖos de paz (Barco, Santos). En cualquier caso, la apuesta ha sido siempre la misma: “la combinación de las formas de lucha” como estrategia contrainsurgente diseĖada para lograr la desmovilización y desarme de la insurgencia. Los procesos de diálogo, desde la perspectiva del Estado, al formar parte de la estrategia general de contrainsurgencia no son más que una continuidad de la guerra. Para comprender la guerra y, por ende, para empezar a dimensionar objetivamente los caminos de una paz duradera, hay que mirar más allá de los actores y fijar la mirada en las causas estructurales. Estas obedecen no solamente a la dinámica histórica de confrontación de clase que ha padecido Colombia desde más de un siglo, sino del creciente valor geoestratégico y geopolítico que ha adquirido nuestra patria desde finales del Siglo XIX. Colombia ha representado desde el siglo XIX un inmenso valor geoestratégico para el poder imperial del norte. Goza de acceso a dos mares, es la “bisagra” entre Mesoamérica y América del sur, vigila al canal interoceánico de Panamá, goza de amplias reservas de petróleo y biodiversidad y es un país riquísimo en recursos minerales. El imperialismo norteamericano siempre ha utilizado Colombia como una plataforma para su proyecto de guerra. Miremos los hechos: En la Guerra de los Mil Días (1899-1902), EUA tuvo una injerencia significativa, al proveer armas a los contendientes y atizar las llamas de la conflagración civil que dejó hecho trizas a la sociedad colombiana. El resultado concreto fue la escisión de Panamá de Colombia y el apoderamiento del canal interoceánico por parte de los EUA. Vale notar que el pacto que puso fin a esta guerra fue firmada en el acorazado estadounidense “Wisconsin”. Abril 1948, fecha que recordamos por el asesinato de Gaitán, marcó el inicio de la Guerra Fría en América Latina. La visita a Colombia del General Marshall de EUA, con el fin gestionar la creación de lo que sería la OEA y alinear las naciones de América Latina en la gran cruzada anti-comunista mundial, da constancia de que Colombia ha sido desde mucho un proyecto de guerra de EUA y la oligarquía colombiana. La guerra ha sido la forma predilecta de lograr la dominación, control y acumulación capitalista para Colombia y para la región caribeĖa-andina-mesoamericana desde hace más de un siglo y por ello se debe considerar como un proyecto estructural de raíces profundas y de largo alcance. No es casual que a escasamente un aĖo de la primera elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela (1998) se anuncia la creación del Plan Colombia (1999), un plan supuestamente contra-narcótico, pero en realidad contrainsurgente, que fue diseĖado y redactado en Washington y no en Bogotá. Además del apoyo económico-militar directo para las fuerzas represivas de nuestra patria, el Plan Colombia significó también un despliegue de pequeĖas bases de avanzada (Forward Operating Locations FOL), logrando un posicionamiento estratégico en la región del Andina, la Cuenca Amazónica y el Gran Caribe. Desde el surgimiento del bloque progresista de naciones (Venezuela 1998, Bolivia 2005, Ecuador 2006, entre los casos más destacados) el imperio del norte le otorga mayor peso a Colombia como plataforma contrainsurgente continental; la concibe como una base desde la cual se pueden desplegar los planes desestabilizadores por toda la región andina y sudamericana. El Plan Colombia prontamente fue redimensionado y rebautizado como Iniciativa Regional Andina (IRA) y en 2009, EUA pactó con el gobierno de Alvaro Uribe Vélez la implantación de 7 bases militares yanquis en territorio nacional. En el lapso de una década (1999-2009), Colombia se reingenierizó como un verdadero andamiaje contrarrevolucionario para la región. Formando parte de la Alianza para el Pacífico, iniciativa impulsada por EUA, Colombia ahora juega parte en la estrategia de posicionamiento del imperialismo en el Pacífico, como parte del proyecto estratégico de contención de la expansión China. Un dato más: gracias en gran medida a los casi 6 mil millones de dólares de “ayuda” estadounidense y la designación del 6% del PIB de la nación a la defensa y seguridad, las fuerzas armadas colombianas aumentaron en tamaĖo hasta contar con 500 mil efectivos, convirtiendo al ejército de Colombia en el más grande del hemisferio después de EUA. Obviamente, ese despliegue militar tiene objetivos que rebasan las fronteras colombianas y trascienden lucha contra-guerrillera nacional. Ante todo lo anterior urge plantearnos la siguiente pregunta: ņSe desactivará todo ese andamiaje militar en caso de una posible firma de la paz con la insurgencia? ņSe desmilitarizará Colombia y la región? Vale seĖalar que con el fin de la Guerra Fría los presupuestos militares, antes de disminuir, aumentaron y los conflictos bélicos se multiplicaron por el planeta. Desde inicios de 1990, el complejo militar industrial y los traficantes de armas obtuvieron astronómicas ganancias. Si bien la frontera norte de Colombia -en términos geográficos- es Panamá, en sentido político, es EUA. ņCuál es el interés del imperialismo norteamericano en una solución política negociada a la guerra interna de Colombia? Conseguir la solución política no implica necesariamente la desmilitarización de Colombia o la región, de la misma manera que el fin de la Guerra Fría no significó mayor paz para el mundo, sino la intensificación de las conflagraciones bélicas. La oligarquía tradicional colombiana, representada fielmente por Santos, busca la modernización capitalista del país y entiende que el negocio los miles de millones en inversión extranjera directa, prometidos por empresas y gobiernos y las millones de hectáreas proyectadas para el saqueo minero, venta de biodiversidad y producción de biocombustibles, no puede fructificar mientras el movimiento insurgente, no cede su  influencia sobre los territorios estratégicos del país. El éxito de las “locomotoras” de desarrollo del gobierno de Santos, va a depender de que la insurgencia desaparezca como obstáculo. El imperialismo, a su vez, parece estar ejecutando una nueva estrategia del Pentágono para la dominación militar. El abismo fiscal en el que ha caído el imperio no le permite desplegar tropas y gran infraestructura militar por todo el planeta, como lo ha hecho en Irak y Afganistán. Ya no puede continuar financiando proyectos como el Plan Colombia. Tiene que reducir gastos y a la vez ganar en agilidad y efectividad. La reingeniería del Pentágono parece estar caminando en esa dirección. No obstante, el complejo militar-estadounidense sigue fabricando armas y seguirá necesitando de guerras y conflictos para poder vender sus arsenales. Donde no existen, seguro los crearán. La clase dirigente colombiana entiende bien que el capitalismo va resolviendo su crisis retornando a la “acumulación originaria”, al decir del viejo Marx, que no es otra cosa que la “acumulación por despojo” de tierras, territorios y recursos. Los recursos primarios (commodities) y la tierra misma se han convertido en un nicho especulativo para el capital financiero, permitiendo una revitalización del sistema financiero mundial. El resultado es: altísimos precios de materias primas, minerales estratégicos, alimentos y de las tierras mismas. En gran medida, a esto se deben las tasas de crecimiento económico que gozan los países de Nuestra América. El extractivismo como motor modelo de crecimiento económico implica mayores presiones sobre los territorios. A mayor presión, mayor resistencia social y comunitaria. Es por ello que David Harvey, geógrafo y teórico marxista, plantea que “la acumulación por despojo” tiene que ser necesariamente una “acumulación militarizada”, ya que las grandes inversiones de las transnacionales, que son el motor de la recomposición capitalista, necesitan proteger sus inversiones de todas las formas de resistencia que provocan. Las guerras de hoy, como es el caso del reciente asalto francés y estadounidense a Mali, tienen como telón de fondo la lucha por el control de los recursos estratégicos. Es improbable que una paz firmada en la mesa de negociaciones conlleve a la des-militarización de Nuestra América y que desactive el complejo militar-industrial. Eso solo se logrará mediante la transformación de las causas estructurales que son el motor de todas las guerras. Es por ello que el ELN seguirá insistiendo en que la paz es más que el “fin de la guerra”; es luchar por transformaciones estructurales y en defensa de las comunidades en resistencia es la esencia de nuestro compromiso. Pero esa no es una tarea que le compete única y exclusivamente al pueblo colombiano. Solamente el concurso de todos los pueblos del continente, avanzando hacia un horizonte superador del capitalismo, modificará las raíces que fomentan las guerras y los conflictos en Nuestra América. Los pueblos de Nuestra América deben tener conciencia que sus destinos están atados a la lucha paz en Colombia [91].

6-5-2013, En el discurso inaugural, dando apertura al actual proceso de conversaciones de paz entre Gobierno y FARC, el delegado del primero, Humberto de la Calle Lombana, expreso de manera categórica que si las FARC pretendían, que de las conversaciones se derivaran cambios para el país, tenían que ser gobierno y para ello contar con 9 millones de votos. Pero que para alcanzar tal propósito debían participar en política pero sin armas. Esta posición de parte del gobierno se ha mantenido durante todo este tiempo de conversaciones, repetida una y otra vez. Todo esto puede entenderse de muchas maneras por parte de la población colombiana y la comunidad internacional. Una de ellas, es que no habrá cambios estructurales para el país producto de las conversaciones de paz entre gobierno e insurgencia. Esto es sumamente grave, pues concebirlo así, es entender de manera reducida y simplista la paz, la cual consistiría en el mero desarme y desmovilización del movimiento guerrillero colombiano. O cuando mucho se puede entender como la desmovilización y desarme de la guerrilla dándole a cambio unas garantías políticas para que pueda participar del juego político. Bajo este entendido, las conversaciones de paz entre gobierno y FARC y seguramente las que deban realizarse con el ELN, se reducirían a dos puntos: la participación política y a cambio de ella, que se deje de existir como insurgencia. Esto es un razonamiento carente de toda seriedad por parte del gobierno hacia un país que ha estado en guerra durante más de medio siglo. Hay cosas que deben ser examinadas con más profundidad. La existencia del movimiento guerrillero no se debe sólo porque a sus integrantes se les haya negado la participación en el ejercicio de la política, pues ello llevaría a la conclusión, falsa por cierto, de que lográndose su vinculación al llamado juego democrático se lograría sellar la paz en Colombia. Visto así, se le hace mucho daĖo al proceso de una paz sólida, no coyuntural. Le hace perder seriedad al logro de una paz de alcances estratégicos o sea duradera; no contribuye a generar certezas en la población. Lo que ha sucedido en Colombia reviste mayor gravedad para ser tratado con simplezas. Hay que decirnos entre todos con claridad que el Estado, comandado por una elite arrogante y antidemocrática, ha ejercido la violencia política de manera sistemática para impedir que Colombia sea gobernada o conducida por partidos y agrupaciones políticas con un proyecto político distinto al hegemónico, el liberal-conservador. No es que el movimiento popular e insurgente se haya negado a ensayar la vía política para los cambios. Todo lo contrario, sus aspiraciones han sido molidas a punta de fuego y metralla. El asesinato del gran líder popular y revolucionario, Jorge Eliécer Gaitán, hace 65 aĖos es la mejor de las evidencias de una oligarquía que ha gobernado de manera excluyente. Toda la violencia política, que ha llevado también, a estructurar un Estado terrorista criminal, no ha tenido este único objetivo. También han sido parte de ello, hacer de la violencia un instrumento permanente para propiciar el establecimiento y práctica de una política que desprecia forjar una autentica patria. La existencia de un Estado fuerte y militarizado, muy poderoso para atacar a su pueblo, pero débil para ejercer los derechos de soberanía ante los imperialistas del norte, se ha impuesto a sangre y fuego, arrasando los derechos de una mayoría de colombianos que viven en la desigualdad social y muchos de ellos, en la mendicidad. La injusta distribución de las riquezas que hace más pobres a los empobrecidos y más poderosos a los ricos, se ha impuesto sin miramientos. El disfrute de la vida se ha concentrado en una pequeĖa proporción de la pirámide social y en la base de ella se acrecienta la insatisfacción social y el desamparo. La violencia política, que emana de un Estado arbitrario, premio Nóbel en violación de los derechos humanos, ha sido el soporte de gobiernos tiránicos y, por tanto ilegítimos, que se han adueĖado del ejercicio del poder político por la intimidación que ha producido la maquinaria narco-paramilitar, demostrada legalmente por miles de investigaciones y testimonios, que esta poderosa maquinaria ha estado asociada a los partidos gobernantes, saqueando y chupándose el erario público. Gobiernos que gozan de la legalidad amparada por las poderosas mafias de la compra venta de votos, favorecidos por todas las prácticas de corrupción y de hacer de lo público una feria y un festín, fuentes originarias de violencias y de mal vivir. No es casual que desde hace tiempo, los informes sobre la situación de derechos humanos constatan que las víctimas producidas por el enfrentamiento entre guerrilla y gobierno, es menor al producido por la crisis social y de valores. Las víctimas producto de la delincuencia social, las conectadas al microtráfico de drogas y de otros tipos de violencias, representan el 90 por ciento de las muertes producidas en Colombia. Silenciar sólo la guerra entre las fuerzas armadas gubernamentales y la guerrilla contribuye pero no es el fin de la violencia. No es un secreto para nadie que las calles de Colombia están ausentes de verdad y reparación. La impunidad se mantiene en el 98 por ciento a pesar de leyes y más leyes de víctimas y otras promulgadas en este periodo, mal-llamadas “leyes transformadoras” por los gobernantes. De 100 casos de muerte de mujeres que debían ser investigadas y sus responsables castigados, que fueron denunciadas en el marco de la guerra sucia de los paramilitares, sólo se ha esclarecido el dos por ciento. El compromiso de verdad y justicia pactado como compromisos, en el amaĖado acuerdo político entre gobierno y paramilitares, ha sido burlado. No es ningún secreto que hay una violencia que se produce por la ausencia de seguridad social y la tercerización de la fuerza laboral. Millones de seres humanos condenados a soportar la miserabilización de sus vidas, viviendo en un país inmensamente rico en recursos humanos, viendo pasar millones de barriles de petróleo, toneladas de oro, carbón y otros, viviendo en total desamparo. A la lucha por la paz hay que llenarla con mucha fuerza y convicción para que otra Colombia emerja; hay que expresarlo con mucha claridad, hemos carecido de gobiernos que esgriman la paz como una política redentora de los pobres y superadora de la pobreza, que no sean excluyentes ni discriminatorios, porque los derechos humanos son para todos y todas. Ha estado ausente un gobierno que construya de la mano con todos los ciudadanos y ciudadanas, una política de paz, política que no dependa de los afectos y desafectos de un gobernante o de sus caprichos guerreristas, que sea una política permanente concebida como un proyecto de nación de largo aliento. Si el actual gobierno cree que dando garantías solo a la guerrillas se gana la paz, está equivocado. Las garantías deben ser para todos los excluidos de la política y se constituyan en sujetos activos de los destinos de un país, enganchado en la ola de democracia, soberanía y patria que recorre a Nuestra América. Las garantías deben ser para que todos los movimientos sociales y políticos puedan existir y participar en igualdad de condiciones, sin las trampas de la corrupción y los privilegios. Y estas garantías no deben depender de unas conversaciones de paz. De así ser, se convierten en un chantaje. El movimiento para la paz que comienza a caminar en Colombia, que crece todos los días con vocación de sociedad que transforma sus desigualdades en oportunidades de vida, le corresponde desde ya asumir con valentía, con pujanza y con firmeza el sentido de que luchar por la paz es al mismo tiempo estar decididos a forjar un gobierno de paz, nación y equidad, garantía de que definitivamente Colombia supere la guerra. Luchar por la paz es pensar en un nuevo gobierno. Son dos caras de una misma búsqueda. Por ello es perentorio apostar desde las fuerzas y sectores del cambio que se habilite un gobierno que asuma las transformaciones estructurales como un mandato de todos los colombianos [92].

14-5-2013, Comando Central ELN: En Colombia se disputan tres modelos de paz: la que esgrime El ex-Presidente Uribe desde la extrema derecha, la que impulsa el Presidente Santos desde la derecha y la paz popular. La paz de Uribe es el sueĖo de una parte del bloque dominante, que empieza y termina con la eliminación de la insurgencia armada y la oposición política de izquierda, ésta se propone lograrla mediante dos formas de lucha: con la derrota militar o mediante la desmovilización en la mesa de diálogo. El propósito es mantener todas las estructuras económicas y políticas intactas a través de la neutralización del opositor. Esta paz se logra con la profundización y continuación de la guerra contra-insurgente. La paz del presidente Santos liderando otro pedazo del bloque dominante consiste en la desmovilización de la insurgencia, sumando algunas garantías de participación y reinserción políticas en el sistema democrático existente. Las reglas de la institucionalidad existente son las que rigen y éstas no están sujetas a la negociación. Cualquier cambio o reforma se tendría que lograr mediante el juego electoral, donde la otra insurgencia, convertida en partido político, disputaría alcaldías, gobernaciones, curules parlamentarios y hasta la presidencia misma dentro de unas reglas del juego que ya están delineadas y calculadas para que los sempiternos duelos del poder, ganen. El modelo de paz democrática es el que caracterizó el proceso del FMLN en El Salvador (1992) y el de la desmovilización del M-19, Quintín Lame, EPL y PRT en el proceso con Barco y Gaviria (1989-1990). Es también el modelo que Santos le pretende imponer hoy a la insurgencia y que se expresa por el gobierno en la mesa de la Habana. La paz popular es el resultado de un profundo proceso participativo de debate y deliberación que produzca, como resultado, la arquitectura de un nuevo proyecto de nación, en el cual se pueda vivir sin guerra. Naturalmente, ello implica transformaciones estructurales a las causas que originaron y perpetúan la guerra. Es decir, parte del supuesto que la resolución del conflicto armado empieza por la resolución del conflicto social, político y económico que lo parió y estimula. Lo determinante de la paz popular es el protagonismo popular en el proceso. El pueblo que ha sufrido los rigores nefastos de la guerra es quien define la agenda, el contenido y la temática. Por tanto, la metodología es profundamente democrática y participativa. La paz popular se sustenta en la ética de la unidad y congruencia de medios y fines. Dicho de otra manera, si se espera un resultado democrático, el proceso mismo debe serlo. No se puede esperar como resultado una sociedad incluyente si se parte de un proceso de paz excluyente. La apuesta del ELN es por la paz popular. Es esa la esencia de la Convención Nacional, propuesta de paz para la nación que hicimos pública en 1997, ya hace quince aĖos. Convencidos estamos que esa propuesta no ha perdido vigencia, pues el clamor del pueblo colombiano por ser partícipe en el actual proceso de paz, ha crecido en los últimos tiempos. Desde el aĖo pasado el país viene siendo testigo de intensas movilizaciones sociales y populares que exigen su protagonismo en el proceso de paz. Tanto la masiva Marcha por la Paz del 9-4-2013 como la del Congreso Nacional para la Paz, demuestran claramente que el pueblo colombiano está dispuesto y preparado para empezar a construir la Nueva Nación, al tiempo que se supera el conflicto armado. Es por ello que el ELN acudirá a una mesa de diálogos, la cual sigue incierta, para crear mecanismos que generen confianza y den garantías a la participación protagónica de la sociedad, priorizando los sectores sociales que más han padecido los estragos del prolongado conflicto social y armado. Sus justos reclamos y demandas, alcanzados en arduas luchas, son mandatos definitivos y base de la arquitectura del proceso de paz que debe darle futuro y reconciliación a Colombia y en la que es muy importante el aporte de otros pueblos hermanos y gobiernos amigos. El ELN concibe la paz popular como el camino hacia un nuevo paradigma político, social, cultural y ecológico. Como tal, debe haber congruencia total entre medios y fines porque el camino y la forma de recorrerlo son tan importantes como el destino mismo [93].

11-7-2013, El ELN envía esta carta abierta al Presidente Santos, como repuesta a sus declaraciones públicas por los medios de comunicación, colocándole condiciones al ELN para dar inicio a una mesa de diálogo. Hemos sido reiterativos de manera pública y en particular, sobre nuestra disposición al dialogo con el gobierno, concretando que es un dialogo sin condiciones para buscar la paz con justicia social en Colombia. Pero el Presidente ha usado los medios de comunicación poniéndole condiciones al ELN para desarrollar los diálogos. Si de ello se trata, el ELN tendría igualmente muchos condicionantes, por ejemplo: que aparezcan los desaparecidos por los agentes del Estado, que se den las garantías para que retornen a los lugares de origen los más de 5 millones de desplazados, que se haga justicia con los responsables intelectuales y materiales de los mal llamados “falsos positivos” y que mejoren las condiciones carcelarias de los prisioneros políticos y de conciencia. Vemos muy necesario que como parte del clima para seguir caminando hacia los diálogos, el gobierno actúe de manera coherente, porque mientras se nos solicita confidencialidad, el Presidente se atribuye el derecho de usar los micrófonos y los medios para poner condiciones. Todos los temas que hoy pueden ser parte del conflicto o un obstáculo para la paz, son los temas que deben tratarse en una mesa de diálogos. Colocarlos como condiciones para el diálogo es ponerle palos a la rueda. Fue el gobierno, quien de manera expresa y pública, definió que se dialogaría en medio del conflicto, mientras seguiría desarrollando sus operaciones militares, argumentando que un cese de fuegos beneficiaría a la insurgencia. Si es así, ņpor qué ahora condicionar el dialogo ante determinado accionar insurgente? ņNo podríamos nosotros usar ese mismo recurso para poner condiciones? Sobre la puesta en libertad del directivo de la trasnacional minera canadiense Braewal Mining, el seĖor Jernoc Wobert, hemos solicitado que tanto el gobierno colombiano como la empresa canadiense, devuelvan a las comunidades del Sur de Bolívar 4 títulos mineros que la empresa adquirió de manera fraudulenta y bajo sobornos. Ante esa solicitud, la  empresa guarda silencio y el gobierno responde militarizando el Sur de Bolívar en su intento de lograr un rescate por la vía militar. Usted, seĖor Presidente, ha impuesto la fórmula del diálogo en medio del conflicto, realidad que hemos aceptado. No obstante, seguimos dispuestos a continuar los esfuerzos para que se adelanten los diálogos de paz. Usted sabe que es así, seĖor Presidente. Por el Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista [94].

15-7-2013, A través de una carta abierta, el Comando Central del ELN le respondió a la Conferencia Episcopal sobre la pretensión, de algunos obispos, en el sentido de que la guerrilla debe desarmarse como elemento condicionante para que el Gobierno inicie un proceso de paz -como el que se desarrolla en Cuba con las FARC-. “Abrimos esta misiva afirmando que consideramos desafortunado dicho comentario (…) ello evidencia que la jerarquía católica desasocia la paz con la lucha por la justicia social, dónde éste último queda nuevamente postergado. La postura de la jerarquía eclesiástica demuestra su total sintonía con el discurso de la clase dominante, al reproducir una mirada carente de visión histórica o crítica de la realidad nacional. El llamado al desarme de la guerrilla desconoce factores decisivos en el conflicto armado que vive Colombia, que son determinantes para alcanzar una paz duradera. Hay armas y ejércitos de lado y lado. Si los llamados que hace la iglesia católica por la terminación del conflicto armado son auténticos, hay que partir del hecho que a ambos contendientes de la guerra les corresponde ceder y hacer concesiones y de esa manera llegar a acuerdos. Plantear el desarme de las guerrillas desconoce que la guerra tiene hondas raíces históricas y estructurales que se reflejan, entre otras cosas, en la inmensa desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana. La paz no es sinónimo del silenciamiento de los fusiles, sino resultado de grandes reformas que han sido negadas durante más de medio siglo. La posibilidad de hacer política sin armas implica, necesariamente, un sistema de garantías políticas donde la oposición no sea estigmatizada” [95].

29-7-2013, El ELN ha sido claro en plantear la urgencia y aportar para construir una política de Paz, mediante el diálogo y la Solución Política al Conflicto social y armado que vive el país por más de 50 aĖos. Somos una fuerzas insurgentes que ha resistido y luchado buscando siempre respaldar y acompaĖar las luchas y organización del pueblo y la nación en pro de las transformaciones que demanda las mayorías. En los momentos en que hemos dialogado con los gobiernos de turno, hemos planteado que es indispensable que en dichos esfuerzos haya reconocimiento mutuo, teniendo en cuenta que somos dos fuerzas contendientes que nos plantamos el propósito de buscar la paz. En el transcurso de los diálogos, gobiernos y los grandes medios de información, han sido reiterativos en que la insurgencia debe hacer gestos unilaterales de buena voluntad, como expresión de querer la paz. No somos partidarios de tales solicitudes por considerarlas un condicionante, en la medida que esta misma exigencia no se le hace al gobierno. Pero además, cuando la insurgencia se ha dispuesto a ello, tanto el gobierno como los grandes medios de información lo han interpretado como debilidad y ese manejo ha desgastado tal figura de modo que está invalidada. El Estado Colombiano fue quien impuso leyes del capital con sus desigualdades, miseria y explotación de las grandes mayorías en beneficio de unos pocos ricos y las Empresas Transnacionales mediante la exclusión política, la violación de los derechos humanos, la persecución política y la criminalización de la protesta social que son, entre otras, las causas que siguen alimentado el conflicto social y armado. La guerra sucia y el terrorismo de Estado han sido políticas sistemáticas durante décadas. Los gobiernos sucesivos han acudido a la acción legal e ilegal a la hora de reprimir y silenciar la voz popular, de truncar las posibilidades de cambio y transformación en el país. Más de 5 millones de desplazados, 1982 masacres en los últimos 50 aĖos, cometidas por paramilitares y militares, en su gran mayoría y más de 25 mil desaparecidos son un doloroso testimonio de las políticas oficiales. ņNo podríamos nosotros poner como condición para iniciar un dialogo, que retornen los desplazados? no solo a un pedazo de tierra sino con plenas garantías brindándole las demás condiciones que los repare a plenitud. También podríamos plantear que aparezcan los desaparecidos y que sobre estas 1982 masacres haya verdad justicia y reparación o por lo menos que el gobierno empeĖe su palabra en iniciar una verdadera investigación. Consideramos sin embargo, que todos los asuntos a tratar y resolver, son precisamente los temas de una mesa y no condición para que esta se establezca. Las locomotoras del modelo de acumulación para “la prosperidad del capital” del gobierno de Santos, consiste en permitir el saqueo de las Empresas Transnacionales del carbón, oro, petróleo, níquel, cobalto y tungsteno entre otras; para reemplazar la crisis del agro: café, maíz, arroz, cacao, papa, y todo lo que los TLC han arruinado en la industria y agricultura colombiana; a esta barbarie y sus consecuencias es que llamamos crisis social y humanitaria. En ese contexto, la lucha por una Nueva Nación crece y continúa. Con diálogos o sin ellos la represión se mantiene y también crece. La minería a gran escala, fuera de ser un saqueo, es un robo descarado a la nación que ha generado enorme ola de protestas que crecerá día a día. La solución para Santos y su gabinete es aumentar el píe de fuerza de los batallones contraguerrilla, batallones energéticos y los contingentes criminales de escuadrones antimotines. Una de las banderas de lucha del ELN es la defensa de la soberanía nacional, en esa dirección ha realizado acciones fuerza y el respaldo a las luchas populares para confrontar la política entreguista de los diferentes gobiernos, denunciar las consecuencias nefastas que ellas tienen para la nación y proponer una política soberana en el manejo de los recursos naturales y energéticos y la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad. En Colombia, la oligarquía ha sabido administrar la guerra junto a sus privilegios, a costa de la miseria y hambre de las mayorías. Somos un país de ciudades y regiones donde a la mayoría de la población se le niegan y desconocen sus derechos elementales como ciudadano; debido a eso es urgente la búsqueda por construir entre toda la comunidad nacional, un Nuevo País que sea gobernado por la ley de las mayorías. La “ley” de la oligarquía, como elite minoría, no puede ser jamás la “ley” para las mayorías; tendríamos que legislar con una vocación de participación popular y directa; superar la exclusión política implica cambiar el esquema y metodología de la supuesta democracia representativa que hizo crisis en las democracias burguesas. Colombia es uno de los países más desiguales y leguleyos, donde cada rato se hacen reformas para acomodarlas al antojo y privilegios oligárquicos y justificar la guerra contra la oposición política. Es dentro de ese contexto que Santos le dijo a los militares: “ La victoria es la paz”. El ELN reconoció la aplicación del DIH desde mediados de los aĖos 80. El Protocolo II referido a los Conflictos Internos, muchos aĖos antes que el Estado lo mencionara, pues no los aplica. Hemos insistido en la necesidad de la Humanización de la Guerra, que significa acordar normas en lo más crítico del curso de la guerras, pues al no asumirse se camina al despeĖadero, que fue lo que no midió el Estado, al agenciar el paramilitarismo y vincularse al narcotráfico. La mayoría de los colombianos y colombianas exigen cambios y transformaciones profundas que motivaron el alzamiento armado y que continúan vigentes; sin embargo, el gobierno ha manifestado reiteradamente que en un proceso de diálogo el modelo económico no será tema de agenda, esta posición evidencia el propósito de no afectar los intereses de la clase dominante en el país y seguir manteniendo el sistema de privilegios de los ricos, la explotación de la clase trabajadora y la entrega del país al capital transnacional. Entre tanto, todos los condicionamientos que Santos vocifera, dejan ver la falta de voluntad del gobierno para acordar cambios de fondo. El gobierno se empeĖa en un acuerdo de forma, sin ir a la esencia de los problemas que originaron y profundizan el conflicto. El gobierno ha ideado un esquema de paz y pretende que la insurgencia lo acepte. Le gusta la confidencialidad, pero se desboca por hacer público lo que le conviene, busca la paz incrementado las operaciones militares, se niega a acordar un cese al fuego bilateral, pero si pretende que la insurgencia renuncie a su accionar; es decir quiere un proceso con amplias ventajas para el establecimiento. Un grave problema en el camino hacia la paz es que el Estado no tiene una política de paz y ello lleva a que los funcionarios de turno manejen a su antojo tan delicado asunto y de paso excluyen los aportes de la sociedad; hoy para Santos como ayer para otros gobiernos, la paz es el desarme, la desmovilización de las guerrillas, sin ningún cambio estructural. Todo lo anterior unido al bárbaro y criminal método usado por el Estado contra los pobladores movilizados, seĖala su visión anti popular con que gobierna y pretende resolver los graves problemas del país. Reiteramos la disposición de hablar y dialogar sobre la base del respeto mutuo, sin condicionamientos; cualquier tema, la agenda de país se irá construyendo y será parte importante de ella las necesidades que las comunidades ayer y hoy demandan [96].

30-9-2013, La paz es una obra colectiva que incluso rebasa las fronteras y desde el ELN estamos convencidos que las voces mayoritarias que quieren estar participando, lo hacen con su derecho a ser constructores de paz y tienen, sin duda, los mejores propósitos. En tal sentido el ELN celebra que diversos países del continente y del mundo, deseen aportar en el proceso de paz de Colombia; de hecho en experiencias de diálogos anteriores entre el ELN y anteriores Gobiernos, se constituyó importante equipo de Países amigos, de lo cual nos quedó una experiencia positiva porque consideramos que entre mas rodeado esté el proceso de quienes quieren la paz, más posibilidades habrá, de superar los normales obstáculos, de un dialogo entre la insurgencia y el gobierno, como los que hoy atraviesa la mesa de La Habana. Nada extraĖo son las dificultades en un proceso donde las partes contendientes buscan resolver en una mesa de diálogos, lo que no ha sido posible resolver en 50 aĖos de confrontación armada, para tratar de superar un conflicto que es mas antiguo que la aparición del movimiento guerrillero en la escena político del país. El ELN reiniciará los diálogos con este gobierno consiente de las profundas diferencias que existen y que en repetidas oportunidades hemos expresado públicamente: 1- Mientras el gobierno pretende alcanzar en la mesa de diálogos, la desmovilización y el desarme, el ELN considera que la mesa es para discutir los grandes problemas económicos políticos y sociales que originaron el conflicto social y armado que padecemos hace más de 60 aĖos, para buscarles solución. 2- El gobierno piensa que el conflicto que vive Colombia se debe a la existencia de las guerrillas y de allí su fórmula de la desmovilización; mientras el ELN coincide con muchos investigadores, sociólogos y analistas de nuestra historia, que el conflicto tiene orígenes económicos, políticos y sociales y que precisamente el surgimiento de la insurgencia es consecuencia del conflicto y que la única manera de superarlo, es  resolviendo las causas que lo originaron. 3- El gobierno valora que el camino a la paz se inicia con un país sin guerrillas donde éstas desmovilizadas se reinserten a la sociedad capitalista existente, para que a partir de allí se puedan implementar algunas reformas. El ELN valora que el camino hacia la paz requiere de una salida política al conflicto y en ella es importante el dialogo bilateral insurgencia gobierno, donde las dos partes se reconozcan tal cual son y no pretendiendo que uno desaparezca como condición para construir la paz. El ELN considera que un proceso de dialogo debe ser incluyente y a partir de allí encontrar acuerdos donde las dos partes se tracen un plan para superar la crisis, construir el nuevo país, y alcanzar la paz en un proceso donde participe de manera plena la sociedad, incluida de forma prioritaria la mayoría excluida históricamente del poder y de las decisiones trascendentales; si este proceso se desarrollara, llegará un momento en el que las armas sobran y las guerrillas pueden cambiar su carácter por el de un movimiento político, pero esto será fruto del desarrollo y no por exigencia de la contraparte, bajo unas promesas de respeto a unos acuerdos que históricamente se ha demostrado que se violan y mucho mas en los diálogos de hoy, donde la carencia de una política de paz de Estado, hace que los gobiernos los conduzcan con altas fragilidades y debilidades, como se ve claramente en el actual gobierno. 4- El gobierno considera que los diálogos con la insurgencia deben transcurrir en un tiempo relativamente corto y esto determina el carácter del proceso. Por el contrario el ELN considera que el tiempo no puede ser camisa de fuerza y debe estar determinado por los desarrollos mismos del proceso, por ello encasillarlos en determinado tiempo, es pernicioso y atentatorio contra el éxito del proceso de paz. 5- La agenda a discutir en un dialogo debe recoger los pedidos y exigencia de las comunidades en sus luchas y encontrar los mecanismos para su participación en el proceso y en las definiciones. Las partes contendientes no pueden reemplazar ni las luchas ni las exigencias de las masas, sino estimularlas y hacerlas parte de la agenda, ese derecho no se lo puede abrogar nadie mas que ellas mismas [97].

11-11-2013, El reciente acuerdo sobre participación política, logrado entre el gobierno de Santos y las FARC–EP, anticipa el regalo navideĖo, que tradicionalmente los colombianos le pedimos al NiĖo Dios. La lluvia de regalos anunciados para que exista democracia, dice que de acuerdo al comportamiento, por fin va a haber un Estatuto para la oposición, Participación ciudadana democrática, Garantías para la protesta y la movilización, Medios de comunicación comunitarios, Consejos para la reconciliación y la convivencia, Veeduría ciudadana y observatorios de transparencia, Participación ciudadana en los planes de desarrollo, Facilidades para la constitución de nuevos partidos, Revisión de la organización y el régimen electoral, Circunscripciones de paz,  Protección para los líderes políticos y Participación de las mujeres. El único problema que tienen estos regalos, es que es una canasta navideĖa virtual, que requiere del toque de una varita mágica, para convertirla en algo real. Hasta ahora las clases dominantes no han tenido voluntad política para construir democracia en Colombia. Han tenido el poder y todo el tiempo del mundo para desarrollarla y no lo han hecho. El gobierno de Santos ahora dice que quiere construir democracia en este país y “a la gente hay que creerle”, decía un líder conservador. Nos quedan, sin embargo, dos preguntas, ņel siguiente gobierno, cualquiera que sea, cumpliría este acuerdo, como una política de Estado? El mismo Santos, ņconcretaría estas promesas de democracia, así no se firme un acuerdo de paz con la guerrilla? [98].

25-1-2013, El ex-Presidente Uribe arremetió contra el Jefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, a partir de la críticas del ex-Vicepresidente, quien manifestó su rechazo por la “manipulación truculenta” que hacen los ganaderos a las propuestas del tema agrario que se discutió en La Habana con las FARC. “El negociador del Gobierno se congracia con terroristas y maltrata al sector agropecuario, víctima del descuido de este mismo Gobierno”. SeĖaló que Humberto de la Calle en 1991 dijo que era “inadmisible la política con armas y hoy valida la política del terrorismo. El negociador del Gobierno parece ignorar los nuevos ataques del terrorismo, se congracia con cabecillas y amenaza al sector agropecuario”. Humberto de la Calle “quiere imponernos el modelo de hambre de Cuba y Venezuela. Este país importa el 70% de los alimentos” [99].

4-2-2013, El Procurador General, Alejandro OrdóĖez Maldonado precisó que en el marco del proceso de paz que adelanta el Gobierno de Santos y las FARC se debe dejar en claro que los miembros de ese grupo guerrillero que sean condenados en delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no podrán participar en política. No se les pueden entregar beneficios jurídicos específicos a las personas que hayan cometido estos delitos puesto que así está establecido en la Constitución Política de Colombia y acuerdos internacionales. “El tratamiento de quienes han incurrido en delitos de carácter internacional es más complejo, al encontrarse una clara limitación jurídica en el bloque de constitucionalidad, que impide que puedan ser beneficiarios de amnistías, de indultos y de derechos políticos”. El Jefe del Ministerio Público citó el asesinato de policías con tiros de gracia, incineración de heridos y cadáveres, reclutamiento forzado de niĖos, desplazamiento forzado, así como la masacre de 70 civiles que se refugiaban en un templo religioso en Bojayá en el departamento del Chocó. En este sentido reiteró que la Procuraduría General cumplirá con el mandato constitucional de seguimiento a los acuerdos a los que se lleguen en la mesa de negociación con dicho grupo armado ilegal ya que “el anhelo de paz no puede ser alcanzado a cualquier precio”. OrdóĖez Maldonado manifestó que se debe impedir al máximo que se llegue a la impunidad, que ha sido un factor común en procesos adelantados en otros países de América Latina en los que se ha llegado a entregar amnistías o indultos totales a violaciones graves de Derechos Humanos. “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. Entre más alto sea el umbral de exigencia para las FARC en materia de verdad y reparación, más legitimidad tendrán las eventuales concesiones que se realicen en materia de justicia. En últimas, verdad y reparación son igualmente parte integral de hacer justicia. No debe olvidarse que las FARC son victimarios y no víctimas”. Tal como lo confirmó el Fiscal General, Eduardo Montealegre, fueron 191 órdenes de captura vigentes contra los negociadores de las FARC que tuvieron que ser levantadas al momento de iniciar los diálogos. Solo Iván Márquez, máximo jefe de la guerrilla, tiene 132 órdenes de captura por diferentes procesos, 30 de ellos con sentencias condenatorias por toma de rehenes, terrorismo, rebelión y secuestro. Los argumentos jurídicos de OrdóĖez aseguran que “el tratamiento de quienes han incurrido en delitos de carácter internacional es más complejo, al encontrarse una clara limitación jurídica en el bloque de constitucionalidad, que impide que puedan ser beneficiarios de amnistías, de indultos y de derechos políticos (…) La participación en política quedará proscrita para los miembros de las FARC que hayan sido condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, pues así lo dispone el Artículo 122 de la Constitución”. El Marco Legal para la Paz que tramitó el Gobierno con la finalidad de contar con una herramienta que garantice el éxito de las negociaciones indica: el Artículo Transitorio 67 dice que “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político (…) No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistémica, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por ese delito. Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas” [100].

23-2-2013, Angela María Buitrago, la ex-Fiscal que desempolvó las investigaciones por los desaparecidos del Palacio de Justicia, se declaró consternada por el veto que le impusieron los militares al abogado Jorge IbáĖez para representar al Estado ante la CIDH en el proceso que allí se adelanta por el holocausto de noviembre de 1985. Según ella, en Colombia a la justicia “la tachan, la tildan y ultrajan y aquí no pasa nada” mientras se desconocen fallos y se eluden responsabilidades en este expediente. Causa estupor reconocer que después de casi 28 aĖos seguimos igual. El pacto de silencio continúa y se sigue trabajando sobre la pretensión de ocultar las realidades del Palacio de Justicia. El abogado Jorge IbáĖez se apartó de la defensa del Estado porque lo vetaron los militares. Tienen ellos tanto poder y lo demuestran las presiones que se ejercieron para mi salida como fiscal del caso o las manifestaciones del doctor IbáĖez: causa estupor que a pesar de que dos ministros (Interior y Defensa) y una alta funcionaria lo eligieron como agente del Estado ante la CIDH para ese proceso, por cartas de oficiales activos y, en particular, de un oficial retirado que hoy tiene una condena por estos hechos, se decidiera contratar al doctor Rafael Nieto. Los militares vetaron al abogado IbáĖez, porque no estaban de acuerdo con que el Estado admitiera responsabilidades. Reconocer errores forma parte de la reconciliación, de la garantía de protección de derechos, de la no impunidad. Por la sentencia al Cnel. (R) Plazas Vega un gobierno entero, con todo su estamento, salió a discutir para quitarle peso a la decisión de la Jueza Jara. Yo no sé si sea tan importante pero, lo dice el doctor IbáĖez, la carta era por la molestia en particular de esa persona y salieron a removerlo del cargo. Yo no sé si sea tan influyente pero todos los generales en retiro han intervenido por la situación de Plazas Vega. El Ejército, aunque forma parte, no es todo el Estado. Que la defensa del Estado se articule bajo la línea de los militares es incomprensible y lo más grave de esta situación. Al margen de las declaraciones del doctor IbáĖez, surge el cuestionamiento de que el Estado está funcionando solamente desde una óptica: cumpliendo lo que el Ejército quiere que se haga. Los argumentos centrales que se tomaron para la defensa del Estado ante la CIDH son los mismos que se plantearon y fueron rechazados por distintos jueces de la República. Si se revisan los alegatos podrá darse cuenta de que tienen un origen claro: las intervenciones de estos militares en audiencia. En especial, la postura de defensa del Cnel. (R) Plazas Vega. El ex-Presidente Uribe salió a defender a Plazas Vega, el Ministro Silva salió a defender a Plazas Vega, inclusive el doctor Santos y todo el estamento detrás suyo salieron a respaldar la posición de que los jueces formarían parte de un Estado delincuente. Aquí ha habido violaciones a la Convención Americana muy grandes. No ha existido plazo razonable en la investigación. Llevamos 28 aĖos y no hemos acabado de hacer todas las investigaciones. Además, las sanciones no se han cumplido y terminan siendo discriminados y atacados los funcionarios judiciales. Aquí lo que estamos viendo es una repetición de violaciones de derechos. Yo no soy profeta ni quiero decir si van a condenar o no al Estado, pero frente a todas estas realidades lo cierto es que el Estado tiene una responsabilidad [101].

10-3-2013, El paro cafetero dejó en evidencia que el problema de fondo es el modelo económico establecido con los Tratados de Libre Comercio. El paro se resolvió a través de un consenso entre gobierno y caficultores mediante un subsidio del Banco Agrario de Colombia sólo por el 2013. El problema de fondo no son los subsidios, sino el modelo del “Libre Comercio” que permite la entrada de productos más baratos gracias a subsidios y ventajas que se garantizan a las transnacionales. Quedó claro que no hay ni presente ni futuro ni paz posible bajo este modelo. Con la imposición de los TLC le pusieron la lápida al agro y a toda la producción nacional. Ahora, no sólo nosotros lo seguimos afirmando, hasta los empresarios lo reconocen. Emilo Sardi, empresario del Valle del Cauca dijo: “El paro cafetero le demostró a Colombia la necesidad de establecer un modelo económico lógico, libre de ideologías y de imposiciones extranjeras, con el que recupere el empleo y la soberanía sobre su moneda y sobre sus fronteras. Si esto se logra, el paro se habrá justificado”. “Libre comercio” que campesinos, indígenas, negros y mestizos movilizados en las vías, denunciaron una vez más, por los efectos profundos que ya están afectando a los territorios. Un consejero de ACIN dijo que: “Con la implementación del TLC al gobierno le prohíben subsidiar a los agricultores”. Prohibición que seguramente hacen para evitar que los productos nacionales sean competitivos frente a todos los que entran más baratos gracias a subsidios de gobiernos y transnacionales. Dora Guetio, comunera del resguardo de Cerro Tijeras, afirmó que con el paro también exigían la salida de las locomotoras mineras, porque “la extracción del oro nos da plata por un tiempo, pero nos deja sin agua. Y, ņQuién puede vivir sin agua? Por eso queremos que salgan las mineras no sólo de la zonas cafeteras, sino de todos los territorios donde la vida está en riesgo”. Territorio como Cerro Tijeras, donde el conflicto armado es constante y la agresión contra las comunidades no cesa. Precisamente, porque hay oro y la comunidad consciente que se opone a su extracción, es una piedra en el zapato para el gobierno y las transnacionales. Como en todas las manifestaciones de inconformidad con las políticas neoliberales del gobierno y en contra de la legislación de despojo, la represión es la primera respuesta. Las amenazas de Santos no se hicieron esperar. Un día antes de levantarse el paro aseguró que no enviaría a la fuerza pública a desbloquear las vías para evitar una masacre. Pero “si los bloqueos se prolongan mucho nos va a tocar enviar a la Fuerza Pública”. El mensaje fue claro. También la represión ejercida por el ESMAD. Sabemos, que el problema no es Santos ni Uribe ni el títere de turno que nos gobierne, es el régimen para el que estos sirven. Es el modelo del “libre comercio” que ellos como todos los mandatarios de este planeta tierra deben implementar para las corporaciones transnacionales. Por esto, quienes desde los pueblos en Colombia defendemos la dignidad a consciencia, seguiremos proclamando cambios estructurales y construyendo alternativas que permitan el nacimiento de un modelo otro que privilegie la Madre Tierra y la vida toda. No el modelo económico que nos sigue matando y convirtiendo en mercancía. No es posible hacer una marcha o un paro por cada producto, porque es todo el agro el que está agonizando y son los tratados de “libre comercio” los causantes de la crisis actual. Por esto, proponemos una vez más como lo reiteramos en el 2008, que caminemos juntos y hagamos una gran Minga hacia una agenda común que recoja a todos los movimientos sociales y populares en rechazo al modelo económico del libre comercio; al terror y la guerra y a la legislación del despojo. Minga que nos permita exigir al gobierno nuestros derechos y el cumplimiento de acuerdos con los pueblos. Minga que nos facilite resistir y tejernos para construir alternativas de vida y una agenda propia, distinta a la impuesta por la conquista que 520 aĖos después nos sigue matando junto con nuestra Madre Tierra. Tejido de Comunicación - ACIN [102].

13-3-2013, Las Zonas de Reserva Campesina fueron creadas a través de la Ley 160 de 1994 y se utilizaron como mecanismo para proteger a los agricultores tradicionales. Hoy esta figura territorial vuelve al debate. El Presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie, sostuvo que las Zonas de Reserva Campesinas son “un retroceso”: “No quiero volver a lo de Marquetalia”. Estas zonas sólo son válidas si se convierten en un instrumento para apoyar a un campesino, para darle asistencia técnica y para encadenarlo productivamente, “pero si pretenden ser enclaves políticos excluyentes de campesinos catequizados por la subversión, me niego, porque eso genera conflictos en las diferentes zonas de producción”. Para el ex-Presidente Samper las Zonas de Reserva Campesina son un instrumento necesario en la estrategia de relocalización de los campesinos que retornen con la Ley de Víctimas y Restitución a sus regiones. “Si comenzamos a restituir tierras a nivel individual y a tratar de que los campesinos sobrevivan solos, sencillamente vamos a exponer sus vidas a que los vuelvan a expulsar y violentar. Por eso las Zonas de Reserva Campesina son un instrumento indispensable en la política de avanzar en el reparto de las tierras”. Lafaurie no está de acuerdo con su propuesta de gravar la tierra de acuerdo a su uso y no a su valor comercial. “Esa es la típica posición de los ganaderos, acostumbrados a tener grandes extensiones improductivas de tierra sin pagar impuestos” [103].

15-3-2013, César Jerez, uno de los representantes de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), dice: no somos “republiquetas”. Las zonas de reserva campesina son el acumulado de una lucha del campesinado por la tierra de muchas décadas y lo que buscamos es el reconocimiento político, social, económico y territorial. La figura está en la Ley 160, que creó su régimen normativo y constitucional. Lo que hoy están considerando como una pretensión exclusiva de las FARC corresponde a los 50 procesos que hay vigentes de reconocimiento de Zonas de Reserva Campesina en el país. Hay zonas que tienen 500 mil hectáreas, otras 400 mil o 300 mil. Si a esos procesos les ponemos un promedio de 200 mil hectáreas, estamos hablando de unos 10 millones de hectáreas. Pero eso no es un planteamiento de las FARC, pues nosotros ya lo hemos manifestado en diferentes escenarios. El INCODER, que es la entidad encargada de constituir las Zonas de Reserva Campesina. Hoy hay seis constituidas y seis en proceso de constitución, que ya formularon su plan de desarrollo, llegaron a audiencias públicas -la última instancia- y están esperando que el Consejo Directivo del INCODER las avale. Aún no han sido avaladas porque hay un veto ilegal del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar. El Ministerio de Defensa no tiene competencia en el desarrollo rural ni en el tema de reforma agraria. Lo que sabemos es que en el proceso de negociación de paz, la constitución de las zonas de reserva se convirtió en un problema y el Ministerio dijo que mientras no haya un acuerdo en Cuba se deben parar todos los procesos de constitución. Tenemos una oportunidad reconocida por el Gobierno de sacar adelante un proceso del campesinado, que en esta coyuntura puede ser un aporte fundamental para una reforma agraria, en que se garanticen el acceso a la tierra, su formalización, los derechos civiles del campesinado y, finalmente, hacer en estos territorios lo que el campesino quiere, no las políticas impuestas desde los intereses del poder económico y político. La autonomía de las Zonas de Reserva Campesina ya existe, es de hecho. En la mayoría de zonas no hay presencia del Estado más allá de la presencia militar. La gente ha tenido que solucionarse la salud o la educación. Lo que se está buscando es que haya un reconocimiento normativo e institucional que impida que mafiosos, agronegociantes de palma o multinacionales vendan o exploten esos territorios. El Presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dice que las zonas de reserva son un retroceso, que es volver a Marquetalia. No tiene moral para hablar de retrocesos. ņQué más regresivo que la ganadería extensiva en Colombia? Tienen cerca de 30 millones de hectáreas a las que le hacen un mal uso y ejercen un latifundio improductivo. Es precisamente esa aberrante concentración de la tierra la que genera los problemas [104].

15-3-2013, El Consejo de Estado rechazó la solicitud de nulidad presentada en contra de varios apartes de los decretos que reglamentaron la Ley 975/2005 conocida como Ley de Justicia y Paz. El alto tribunal rechazó las acusaciones contra la Ley que indicaban no contemplaba una justicia restaurativa como estaba contemplado. El alto tribunal explicó que el concepto de justicia restaurativa es parte de la justicia transicional, que incluye las medidas represivas como de reconciliación, siempre que estas últimas no vulneren el derecho que tienen las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de conductas delictivas. Igualmente consideró que la disposición de los artículos son claros en indicar que si una persona quiere acogerse a la Ley de Justicia y Paz también debe entregar información veraz que contribuya al desmantelamiento del grupo armado al que pertenecía. En este punto se hace la salvedad que se deben tener en cuenta las posibilidades de colaboración de las personas privadas de la libertad no son las mismas de aquellas que no lo están. En la Ley no se están dejando de lado o menospreciando los otros requisitos que se deben cumplir para que sean concedidos los beneficios, es decir, se hace referencia expresa a la entrega de bienes, no a todas las demás obligaciones que tienen los victimarios. Para el Consejo de Estado “estas medidas no implican ni reducción de la pena, ni que las víctimas estén obligadas a reconciliarse con los victimarios”. “La inclusión de los reinsertados como beneficiarios de la reparación colectiva de la que habla el artículo 17 del Decreto 3391, no vulnera el derecho a las víctimas, pues el objetivo de la reincorporación es asegurar no solo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sino la resocialización de los victimarios” [105].

18-3-2013, Arcángel Cadena, de la Zona de Reserva de El Retorno-Calamar y San José del Guaviare, dice que la autonomía de las Zonas de Reserva Campesina, les viene “de la ausencia de Estado”. Las FARC piden 9,5 millones de hectáreas para estas zonas, con autonomía administrativa; el Gobierno sostiene que las creará donde haya seguridad del Estado. Las Zonas de Reserva Campesina fueron reconocidas por la Ley 160 de 1994 y han nacido con desplazados que se tomaron montaĖas, tumbaron selva, parcelaron y se instalaron. Hoy, constituidas y admitidas oficialmente son 6, que ocupan 831.000 hectáreas en seis departamentos. Otras 7, que abarcan 1.253.000 hectáreas, piden reconocimiento. Y la Asociación Nacional habla de 50 comunidades que aspiran a ser Zonas de Reserva, con 10 millones de hectáreas y 3 millones de campesinos. Las han acusado de estar infiltradas por las FARC. La del valle del Cimitarra fue suspendida en el gobierno de Alvaro Uribe, y varios de los líderes de estas zonas fueron a la cárcel durante su mandato. Se los llevaron en medio de las capturas masivas y muchas de las demandas que enfrenta hoy el Estado tienen que ver con esos equívocos. Delegados de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina dicen no pretender la autonomía de la que hablan las FARC, ni ser opuestos a la minería. Creen que la decisión del Presidente Santos de integrar estas zonas a la revolución agraria les da esperanzas de que un día el Estado llegue a ellas. Sin embargo, insisten en ampliarlas porque no ven que esto se logre pronto. César Jerez, uno de los líderes de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) dice que es aspiración del  Presidente Santos que impere la ley en todo el territorio nacional, pero si se recorre el país, se da cuenta de que hay muchas zonas sin soberanía del Estado. Por eso es por lo que ha habido guerrillas, paras, bandas o grupos que ejercen territorialidad. La gente no tiene más remedio que hablar con los actores armados para que respeten. Algunas Zonas de Reserva Campesina tienen Estado, pero no hay política de desarrollo rural y los campesinos tienen que organizarse a su manera. No estamos en contra de la minería, pero tiene que hacerse de manera ordenada y en beneficio de las regiones. Debe haber áreas para la minería, para producir energía eléctrica, para la economía campesina y para la agroindustria [106].

20-3-2013, El Representante Guillermo Rivera Flórez seĖaló que, en aplicación de dos artículos de la Ley de Víctimas se podría permitir la Restitución de la personería jurídica de la Unión Patriótica. Se trata de los artículos 151 y 152 que se refieren a la Reparación Colectiva de organizaciones políticas, entre otras, que hayan sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos. “Artículo 151. Reparación Colectiva: Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos: a) El daĖo ocasionado por la violación de los derechos colectivos; b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos; c) El impacto colectivo de la violación de derechos individuales. Artículo 152. Sujetos de Reparación Colectiva: Para efectos de la presente ley, serán sujetos de la reparación colectiva de que trata el artículo anterior: 1. Grupos y organizaciones sociales y políticos. “Sería importante que el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas contemplara la posibilidad de recomendar una Restitución de la personería Jurídica de esa organización política, como mecanismo de Reparación Colectiva” [107].

20-3-2013, Los congresistas Angela Robledo, Iván Cepeda y Germán Navas, junto con Gustavo Gallón, Fátima Esparza, Juan Camilo Rivera y Mary de la Libertad Díaz Márquez radicaron una nueva demanda contra la ampliación del fuero penal militar, aprobado en el Congreso de la República en noviembre del 2012. argumentando que, los militares terminarían “auto-investigándose” por sus propios delitos lo que compromete la transparencia y la independencia de los procesos”. Argumentan que el Congreso se excedió en sus competencias de reformar la Constitución, puesto que la sustituyó parcialmente, revirtiendo sus principios constitucionales de igualdad ante la ley y los tribunales, separación de poderes y deber de investigar la violación de derechos humanos ante jueces independientes, entre otros argumentos. Actualmente, los delitos cometidos por los militares están documentados y buena parte de ellos permanecen en la impunidad. “El fuero militar traslada a la justicia penal militar el conocimiento de los delitos cometidos por militares con ocasión del conflicto armado y que resulten ajenos a las razones del servicio (como es el caso de los crímenes de guerra y las infracciones al DIH)”. Dichas investigaciones podrían verse afectadas, pues el sistema de juzgamiento y recolección de material probatorio se haría dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo. “La ampliación del fuero militar favorece la impunidad y perjudica a las víctimas. Es otro obstáculo para la garantía de los derechos humanos, para la verdad y la justicia”. El fuero militar “no contribuye a la Paz, ni mucho menos a la reconciliación”. “Esta propuesta es un intento más por debilitar el Estado de Derecho en Colombia. Los argumentos utilizados se basan en una supuesta inseguridad jurídica que afecta la moral de la tropa, un mito que jamás ha sido comprobado” [108].

21-3-2013, La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó el informe sobre la Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, en el marco del 147ľ Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La ONIC destacó la grave situación de “riesgo de exterminio físico y cultural en que se encuentran sesenta y cinco (65) pueblos indígenas (es decir, el 62.7% de los 102 existentes). “Sin embargo, lo que se había identificado como un riesgo se ha transformado en una realidad que requiere de acciones urgentes encaminadas a morigerar y a la postre contener esta cruenta situación.” Si treinta y uno de estos pueblos en situación y riesgo de extinción físico y cultural por factores asociados a intereses económicos y conflicto armado son reconocidos como tal por la Corte Constitucional Colombiana, y tienen la condición de especial protección, según la ONIC, quedan excluidos de las órdenes de salvaguarda y protección desprendidas del Auto 004 de 2009 otros treinta y cinco pueblos y que sin embargo se encuentran en un proceso inminente de extinción física y cultural. Patricia Tobón, peticionaria de la ONIC, denunció en particular los hechos de violencia ocurridos el 25-2-2013, por tercera vez en el aĖo, en el resguardo Tahamí del Alto Andágueda, perteneciente al pueblo Embera, el cual fue bombardeado por el ejército nacional colombiano. Mientras, en las comunidades de Andiadó, Ocotumbo y Península se realizaba aterrizajes del desembarco de tropas del ejército. Estas maniobras dirigidas por el Ministerio del Interior no solo afectaron los cultivos y las viviendas de la comunidad, sino que tuvieron como resultado el desplazamiento forzado de 125 personas así como la detención arbitrariamente de dos líderes indígenas . “Los tres episodios de bombardeos tuvieron lugar al mismo tiempo que se llevaba a cabo el Comité de Justicia Transicional, que tenía por objeto definir el retorno de 2.700 personas Embera que se encuentran en situación de desplazamiento y condiciones de mendicidad en las principales ciudades de Colombia” recuerda la ONIC, revelando así mismo la actitud esquizofrénica del Gobierno que por un lado dice proteger los pueblos y por otro les manda bombas para que se desplacen. “Nuestra policía, nuestro ejército, nuestros jueces combaten a los mafiosos del narcotráfico, a la guerrilla, a los paramilitares” justifica el Gobierno ante la Corte. Pero los pueblos indígenas no son ciegos y saben que esta guerra es una guerra por el control del territorio e intereses económicos basados en la explotación de las riquezas naturales que se encuentran en los territorios indígenas. No es una casualidad si en Alto Andagueda el Estado otorgó 13 títulos de concesiones mineras a las empresas nacionales y multinacionales (Anglo Gold Ashanti Colombia S.A, Exploraciones Chocó Colombia, Empresas Capricornio S.O.M, Costa S.O.M y Negocios mineros S.A.) que cubren una área equivalente a un 26,21% del total del área del resguardo, por un periodo de treinta aĖos. Las empresas multinacionales no quieren permitir la autonomía y la soberanía de los pueblos indígenas, ya que sería renunciar a estas fuentes de ganancias gigantescas que representan las minas en estos territorios. “Hasta la fecha se encuentran sin resolver 249 solicitudes de territorios sin protección jurídica alguna, los que están siendo disputados por los grupos armados asociados con intereses extractivos para desplazar a estas comunidades impidiéndoles que reclamen su derecho a la titulación colectiva”. El conflicto armado también es una estrategia para permitir la explotación de los territorios, despojando a los atrevidos pueblos indígenas que pretenden defenderlo dignamente. Esa estrategia los pueblos la vienen denunciando desde aĖos. En su intervención en Washington, la ONIC retoma su informe “Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad en Curso: El Caso de los Pueblos Indígenas de Colombia” que seĖala que “entre 2009 y 2012, tomando únicamente los indicadores de homicidios y desplazamiento forzado, resulta evidente, que nos encontramos en un escenario de lesa humanidad: 348 homicidios y más de 27.000 personas indígenas desplazadas de forma masiva [situación esta que] obedece a condiciones estructurales, por una parte, de una economía política de usurpación violenta del territorio; de otra, del reavivamiento de políticas etnocéntricas encubiertas en el discurso de los derechos”. Frente ese análisis estructural planteado por los Pueblos Indígenas ante la CIDH, el Gobierno se atreve a alabar sus supuestos esfuerzos de protección de los pueblos: “éste gobierno ha mostrado que existe una política integral con los pueblos indígenas”, y lo probó con las mesas de concertación, los foros, las reuniones y tantos otros encuentros que el Gobierno, desde su extrema generosidad, concedió a los pueblos. Hasta Santos vino a la María Piendamó. “Hay muchas políticas, muchas acciones, muchos recursos y quizás lo que necesitamos es una política, un instrumento que nos ayude a articular todo lo que el Estado hace en beneficio de los pueblos indígenas” argumenta el Vice-Ministro. Según el Estado se ha invertido más de un billón de pesos. A esto Patricia Tobón responde que si el Gobierno invierte millones, en virtud del Auto 173 y 04, en la protección real y material de los derechos humanos no hay avances, porque “la mayoría del dinero se queda en la burocracia de la clase política de los contratos”. Es el caso por ejemplo de los contratos de ejecución por las universidades de inventarios y otras investigaciones, pero “en el terreno no hay avances”. El gobierno pretende implementar programas de garantías para que no se vuelvan a repetir los hechos de desplazamiento, mejorar la participación indígena, las consultas previas así como fortalecer los planes de prevención y de protección. Y cuando la ONIC pide que se aplique medidas de protección y de salvaguardia de manera urgente y de manera concertada con los pueblos, el Gobierno dice promover los mecanismos propios de protección y de participación indígena, por ejemplo con el fortalecimiento de la Guardia Indígena. Y ahí se goza de haber otorgado a los Awá del departamento de NariĖo y del Putumayo 647 dotaciones para su Guardia Indígena, o sea: machetes, hamacas, toldillos, chalecos, linternas, etc. Por otro lado, en Santander de Quilichao se acordó la implantación de 400 dotaciones para la Guardia del pueblo Nasa en Toribio, Jambaló, Tacueyó y San Francisco, lo que cuenta con machetes, botas, chalecos antibalas, carpas, impermeables, y hasta bastones de mando.... Y también mandaron vehículos y escoltas. ņCon estas migajas creen que van a impedir los asesinatos, las amenazas, las desapariciones, los combates, los desplazamientos forzados y los despojos de tierras?. Que repuesta más terrible la que el Estado le da a los pueblos que 500 aĖos después los siguen matando. Este es un genocidio que está a punto de acabar con sus últimos miembros. Contexto que para el gobierno es un avance y además, no hay que dramatizar la situación de extensión, pues si la ONIC registra menos de 500 personas miembros del pueblo Jiw y del pueblo Nukak, el gobierno, registra 2620 miembros del primero y 640 del segundo, entonces no se preocupen... Y luego, afirma que Colombia es el país que más ha desarrollado el Derecho a la Consulta Previa, y además “el Convenio 169 forma parte del bloque de constitucionalidad”. Entonces comparte a la Corte su intención de promulgar una ley para el Derecho a la Consulta Previa, con el propósito de combatir la minería ilegal y lograr el respeto por parte de la minería legal. Pero para la ONIC es un engaĖo pues el borrador del proyecto de ley es “casi inconstitucional sin haber nacido” ya que no cumple con los criterios de DDHH de la OIT y de la Corte Interamericana y por eso mismo fortalece las industrias extractivas. En este momento, dice la ONIC, hay una cantidad de solicitudes de consulta pero ninguna sobre minería. Como decía Estanislao Zuleta, “no hay que confundir las causas de las cosas con las condiciones que las hacen posibles”. Las medidas de protección son más “folclóricas que materiales” denuncia Patricia Tobón, no necesitamos chalecos antibalas, “la real protección para nosotros es que anulen los títulos mineros en nuestros territorios”, particularmente por medio de medidas cautelares para prohibir en estos territorios la explotación por terceros y anular los títulos mineros y otros títulos de concesiones para extracción de recursos. El Gobierno dice que busca fortalecer la Guardia indígena pero lo que en realidad ha intentado es hacerla parte de su estrategia y cooptarla para sus propios fines de control del territorio, negando la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces Ńdónde está el fortalecimiento de los procesos indígenas y de la Guardia Indígena, si hay un gigante listado de órdenes de captura contra los líderes del movimiento indígena y ya tienen encarcelado y criminalizado a Manuel Bautista Pequi, Coordinador General de la Guardia Indígena de la ACIN? Los pueblos indígenas no quieren plata o juguetes para protegerse en medio de la guerra, lo verdaderos chalecos antibalas son los derechos que reivindican para ejercer sus autonomías en sus territorios y sacar los proyectos de Muerte de sus territorios. Las linternas que alumbran son los Planes de Vida que se tejen en las comunidades. Tejido de Comunicación - ACIN [109].

5-4-2013, Aunque los conceptos de la Procuraduría no obligan a la Corte Constitucional en sus decisiones de salvaguarda de la Carta Política, el Jefe del Ministerio Público, Alejandro OrdóĖez Maldonado, al solicitarle al Alto Tribunal la inconstitucionalidad de la mayoría de artículos del llamado Marco Jurídico para la Paz, puso a tambalear esta herramienta esencial en la búsqueda de una salida política al conflicto armado que vive el país desde hace cinco décadas, enredando el camino al proceso de paz que se adelanta en La Habana. El Procurador OrdóĖez manifestó que el Acto Legislativo 01 de 2012, que formalizó la reforma constitucional del Marco Legal para la Paz, en varios de sus artículos “hace imposible” que se les garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, afectando los procesos judiciales en los que están relacionados los máximos comandantes de los grupos armados ilegales. Al solicitar la inexequibilidad de buena parte de sus contenidos, OrdóĖez definió el articulado como un camino para la impunidad. El Jefe del Ministerio Público agregó que él “es amigo de la paz, pero de una paz auténtica” y, en su criterio, el Marco Legal aprobado en el Congreso no cumple con los requisitos para llegar a este punto, pues no se están respetando los derechos de las víctimas. “Las personas que se identifiquen como responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio podrían beneficiarse de penas alternativas o modalidades especiales de cumplimiento de la pena. Es decir, podrían ni siquiera pagar un día de cárcel. Al habilitar el Marco Jurídico para la Paz se pone a Colombia en la misma situación que tienen sistemas judiciales inviables como los del Congo, Kenia, Camboya, Sierra Leona o la antigua Yugoslavia”. Explicó que son varios los artículos del Marco Legal para la Paz que implican impunidad, en principio porque permitirían que sólo sean investigados delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidios y no las demás conductas criminales. El Presidente del Congreso y autor del Marco Legal para la Paz, Senador Roy Barreras, sobre las consecuencias del concepto emitido por el procurador, observó que en el momento del trámite de esta reforma constitucional se hizo un trabajo muy cuidadoso en el que incluso se consultó en calidad de ex-Magistrado de la Corte al actual fiscal Eduardo Montealegre. Aunque respeta la posición política y jurídica del jefe del Ministerio Público, cuyo oficio es disciplinar y castigar, confía en la independencia de la Corte Constitucional. “El país debe entender que el justo medio para saldar hoy los procesos de paz es la justicia transicional e incluso en la Corte Penal Internacional se tiene claro que uno es el momento del juez y el otro el de hacer la paz. El término medio entre ambos fines es la justicia transicional, obviamente sin impunidad”. El examen de la Corte Constitucional al Marco Legal para la Paz es clave para el trámite de la ley estatutaria que debe hacerse para que esta reforma pueda aplicarse en situaciones concretas. Después del fallo del alto tribunal no se requiere una sola ley sino dos más: una para concretar aspectos del Estatuto de Desarrollo Rural y otra para definir todo lo relativo a la justicia transicional. Por tales razones, el concepto de la Procuraduría será estudiado exhaustivamente. En caso de un fallo adverso no se acabaría el proceso de paz en La Habana, pero si se dilataría, pues habría que buscar un nuevo mecanismo jurídico. “Sería a través de una nueva reforma constitucional o de la controvertida Asamblea Constituyente. De todos modos tendría que ser un articulado especial que determine aspectos como el delito político, la justicia alternativa o la suspensión de las penas”. En su momento el jefe guerrillero Iván Márquez manifestó: “No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad” [110].

11-4-2013, Según el Fiscal General Eduardo Montealegre, ningún miembro del Secretariado de las FARC está condenado por delitos de lesa humanidad. Eso facilita su participación en política. La prisión no es la única forma de ejercer justicia. “Por Constitución, nosotros vamos a empeĖarnos a fondo por sacar adelante este proceso de paz, porque es un compromiso de todos los colombianos”. Criticó al ex-Presidente Uribe y calificó de imprudente su divulgación de las coordenadas de ubicación de los guerrilleros que iban a partir hacia Cuba, así como consideró equivocado el criterio del procurador Alejandro OrdóĖez en su concepto negativo sobre el Marco Jurídico para la Paz. Es peligroso que se abra camino la creencia de que la paz es sinónimo de impunidad. La justicia transicional es la fórmula para saldar las cuentas de los guerrilleros con la justicia. “En este momento no existe ninguna condena contra un miembro del Secretariado de las FARC por delitos de lesa humanidad. En la actualidad, todos los miembros del Secretariado podrían participar en política”. El 15-3-2013 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali dejó sin validez la sentencia que pesaba contra los Jefes guerrilleros Timochenko, Efraín Guzmán, Pablo Catatumbo e Iván Márquez, por el asesinato del arzobispo de esa ciudad, monseĖor Isaías Duarte Cancino, ocurrido en marzo de 2002. Dos de los absueltos son hoy negociadores en los diálogos de La Habana. El Jefe del bloque Occidental de las FARC, Pablo Catatumbo, acaba de vincularse a la mesa de negociación en Cuba y, además de hacer equilibrio con la posición de Iván Márquez, va a tomar vocería política con una carta regional fuerte que además encaja en el discurso gubernamental en el contexto del posconflicto: la defensa de las comunidades indígenas y campesinas, en especial del departamento del Cauca y sus luchas por el acceso a la tierra y la creación de las zonas de reserva campesina. Más allá de los nuevos roles en La Habana, la hora de las decisiones depende de dos escollos inmediatos: el escenario de justicia transicional para resolver las deudas de la guerrilla con la justicia y, solucionada esta situación, la opción de abrir las puertas a la participación en política. El Fiscal General de la Nación, respaldó el anuncio que hizo el Presidente Santos, en el sentido de que habrá beneficios por igual para guerrilleros y militares. El Senador liberal Juan Fernando Cristo, observó que las posturas del alto funcionario le dan “solidez jurídica a la paz y al avance de las negociaciones”. El Representante a la Cámara Alfredo Bocanegra lo definió en términos jurídicos: “Los delitos de lesa humanidad son los únicos que impiden participar en política. Si no hay, ya no habría problema de ver en el Congreso de la República a comandantes de las FARC” [111].

13-4-2013, Para el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, existe un deber de perseguir delitos de lesa humanidad, pero también otro de buscar la paz. El Marco Legal para la Paz está bien direccionado, pues permite que en desarrollo del concepto de justicia transicional se otorguen beneficios penales a quienes se desmovilicen. La paz es un derecho fundamental que puede limitar otros derechos. Las posiciones ideológicas y jurídicas diversas que sostienen la Procuraduría del doctor OrdóĖez y la Fiscalía General frente al proceso de paz difieren profundamente. El modelo que le está planteando al país la Procuraduría, que en el Derecho Penal Internacional y los Derechos Humanos es maximalista, es decir, implica que todos los delitos y todos los autores en un conflicto armado tienen que ser investigados y sancionados, en la experiencia de justicia transicional ha demostrado su fracaso. Tratar de investigar a todos los responsables se conduce a la impunidad. Ningún sistema penal en el mundo, frente a estos grandes casos de macrocriminalidad -estamos hablando de violaciones masivas a los Derechos Humanos, que en el caso colombiano son más de 300 mil-, puede abarcarlos. El enfoque debe ser minimalista, que va en el sentido de que debemos utilizar los criterios de selectividad, los cuales han sido utilizados por tribunales como la Corte Penal Internacional. Hay que enfocar la investigación, acusación y juzgamiento en los máximos responsables. Ese es el modelo que ya se incluyó en la Constitución con el Marco Legal para la Paz. No estamos en un proceso de sometimiento a la justicia, sino de negociación. Eso implica un reconocimiento de que las FARC tienen un estatus político -por la insurgencia- porque están vinculadas a una concepción tradicional del siglo XIX que es el delito político. Hay que abrirles espacios de participación democrática para que busquen los mismos fines de consecución de reformas sociales, pero con métodos no violentos. Estamos preparando a la Fiscalía para investigar los delitos cometidos por las FARC, desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional. Vamos a determinar si las investigaciones en curso contra las FARC obedecen o no a planes sistemáticos de ataques contra la población civil o de ataques generalizados. Si en este proceso llegamos a comprobar que es así, haremos acusaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los máximos responsables. Al día de hoy, la justicia colombiana no ha declarado por sentencia en firme como delito de lesa humanidad y crímenes de guerra las conductas de las FARC. Mientras no se firme un acuerdo, seguiremos impulsando los procesos y acusando y, si es el caso, por delitos de guerra y de lesa humanidad. La situación judicial hoy es que no han sido condenados por delitos de lesa humanidad y de cara al proceso de paz podrían participar, porque es la única excepción que trae la Constitución. Si cae el Marco Legal para la Paz en la Corte Constitucional, sería un golpe muy duro para la paz, porque este nuevo marco de justicia transicional que se incluyó en la Constitución el aĖo pasado corrige todos los defectos del proceso de desmovilización con las autodefensas, impulsado por el gobierno del ex-Presidente Uribe, en el que no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Si se llega a caer sería una herida de muerte para el proceso de paz. Creo que la Corte debe declarar su exequibilidad, porque el debate en este momento es si sustituye o no el modelo constitucional existente. Eso es lo que sostiene el Procurador y yo pienso que no es así. Hay una jurisprudencia muy decantada en la Corte que establece que cuando hay una colisión entre el derecho fundamental a la paz y los derechos a la verdad, justicia, y reparación, estos últimos pueden ser limitados en ciertos casos. Si Timochenko llega al Congreso y la Fiscalía encuentra posteriormente que participó en delitos de lesa humanidad, es un tema que debe solucionar la ley estatutaria que debe desarrollar el Marco para la Paz. Esa ley deberá prever ese tipo de casos y darle una solución. No va a haber impunidad. El Procurador tiene una concepción de la justicia penal propia del idealismo alemán del siglo XVIII. En el mundo moderno se han abierto espacios, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, sobre un concepto diferente de justicia, que es el de justicia restaurativa. Se entiende que la prisión y la concepción retributiva de la pena no es la única forma de hacer justicia y existen unos modelos distintos para hacerla. El Marco para la Paz busca un equilibrio entre verdad, justicia y reparación. A los máximos responsables hay que llevarlos a una sanción penal y ahí el Estado ya tiene la posibilidad, bajo ciertos requisitos, de suspender la ejecución de la pena. El Estatuto de Roma que dio nacimiento a la CPI, estableció que los Estados tienen el deber y la obligación de investigar, acusar y juzgar las graves acusaciones a los derechos humanos. Pero si vamos a un análisis serio de esa norma, hay que entender que ésta puede ser relativizada en aras de la paz. Existe un deber de perseguir delitos de lesa humanidad, pero hay otro principio que también se desprende del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es el de la paz. En casos de colisión de principios de derecho internacional, se debe resolver con una metodología que han utilizado todos los tribunales en materia de derechos humanos, que es la teoría de la ponderación. Debemos bajar a la realidad y no andar pensando en la utopía, como fue la desmovilización de las autodefensas, que se quiso investigar absolutamente todo y lo que se montó fue un sistema frágil, con serias deficiencias. Lo mío no es una interpretación personal ni caprichosa del ordenamiento jurídico, sino que estoy obedeciendo un mandato constitucional que estableció unas reglas de juego y un modelo de justicia transicional que en este momento está vigente porque la Corte no ha declarado y creo que no lo va a hacer, la inconstitucionalidad del acto legislativo del Marco para la Paz. Si nosotros estamos pensando en una solución negociada y una paz verdadera, esa paz no la podemos construir ni a espaldas de los militares ni de las víctimas. Tienen que entrar todos los actores del conflicto, incluyendo los militares y tienen que hacerlo a través de un marco de justicia transicional especial para los que han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos. Otro de los elementos importantes del Marco para la Paz es que permite que existan marcos diferenciados para las autodefensas, para la guerrilla y para los miembros de la Fuerza Pública. Le corresponde al Congreso, con una ley estatutaria, determinar hasta dónde llegan esos marcos. La llave de la paz la tiene el pueblo colombiano que, en una consulta, va a decidir si avala o no una salida negociada al conflicto. Esa llave no la tiene guardada ni el Presidente, ni las FARC [112].

19-4-2013, Carta abierta al Presidente Santos de dirigentes sindicales colombianos amenazados de muerte. SeĖor Presidente: Bajo el lema “Mi aporte es creer” usted desfiló el 9-4-2013 llamando a los colombianos a confiar en el proceso de negociaciones de paz que su gobierno desarrolla con las FARC en La Habana, Cuba. ŃQuisiéramos creer, pero por ahora no podemos! Somos dirigentes sindicales que, en el marco de la Constitución y la ley vigente, luchamos cotidianamente por la defensa de los intereses de millares de trabajadores. No hemos sido ni somos parte del enfrentamiento armado; igual que millones de colombianos sufrimos sus consecuencias. Con la falsa acusación de ser agentes o miembros de organizaciones guerrilleras, durante las últimas décadas los empresarios, los grandes medios de comunicación a su servicio y diversos agentes estatales han estigmatizado nuestra actividad. La culminación exitosa de un acuerdo negociado entre su gobierno y las organizaciones alzadas en armas mostraría la absoluta falsedad del argumento bajo el cual han asesinado a varios miles de dirigentes sindicales y dejaría al descubierto que el método de la amenaza y el asesinato de los dirigentes de las luchas obreras y populares trasciende los marcos de dicho enfrentamiento armado. Es un método consustancial a los feroces niveles de sobre-explotación del empresariado colombiano, incorporado como parte del propio régimen político por todos los gobiernos anteriores. Por ahora, entonces, no podemos creer; porque mientras transcurren las negociaciones en La Habana y usted llama a que “creamos”, cotidianamente nos llegan nuevas amenazas e intentos de atentar contra nuestras vidas. El mismo 9 de abril, Día Nacional de las Victimas y mientras miles de personas, incluidos los dirigentes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL), usted mismo, y muchos de sus funcionarios marchaban por la paz, fue asesinado el dirigente campesino, Presidente de la Mesa Municipal de Desplazados, Elber Antonio Cordero, en Valencia Córdoba, el 5-4-2013 llegó a la sede sindical de SINALTRAINAL Cartagena el amenazante panfleto que adjuntamos. Por su contenido, no queda la menor duda de que está inspirado y orientado directamente por sectores del empresariado, como mínimo, de nuestra ciudad. Pasando de las amenazas a los hechos, en la madrugada del 13-4-2013, 5 hombres armados, tal como ya conocen las autoridades, intentaron asaltar, en Cartagena, la casa de nuestro compaĖero Wilson Castro para atentar contra él y su familia, tratando de hacer efectiva la amenaza de muerte del 5-4-2013 que incluye al compaĖero Edwin Molina, ambos dirigentes sindicales y trabajadores de Coca Cola. Igualmente, el día 15-4-2013 en casa del compaĖero Jairo del Río Caro, fue dejado un panfleto amenazante escrito con letras recortadas de papel revista, donde se le dan 24 horas para salir de la ciudad so pena de muerte. ņCuántos nuevos asesinatos de dirigentes sindicales más serán necesarios para que un gobierno como el que usted preside adopte medidas reales y efectivas para contener el accionar de los grupos que, inspirados por el empresariado, tratan de impedir que ejerzamos nuestros legítimos derechos de organización sindical, defensa de nuestros pliegos de peticiones y defensa de los intereses de los trabajadores? La defensa de nuestra vida no puede continuar dependiendo de un esquema rutinario de escoltas y permanentes denuncias ante la Fiscalía, sin ningún resultado efectivo en las investigaciones, sin ubicar a los verdaderos responsables de dar las órdenes de amenazarnos y asesinarnos. Demandamos de su gobierno medidas inmediatas, radicales y efectivas para contener a los asesinos y para obligar a los empresarios a adoptar cualquier clase de medida necesaria para garantizar la defensa de nuestras vidas, que es, a la vez, el respeto a los derechos de organización y actividad sindical en el país. Para discutir directamente con usted, seĖor Presidente, las medidas y acciones inmediatas que deberán adoptarse le solicitamos públicamente una entrevista con una delegación de los abajo firmantes. Enviaremos copia de la presente carta a la OIT, a los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y políticas de los demás países. Atentamente, Fredis Marrugo – Ustrial, Coordinadora Sindical de Solidaridad de Cartagena [113].

19-4-2013, Palabras de Clara López Obregón en el Congreso para la Paz, Universidad Nacional: Saludo al Congreso de los Pueblos, a las organizaciones sociales y fuerzas políticas hoy presentes en la Universidad Nacional para debatir sobre el futuro de la paz en Colombia. Existen varios modelos para concretar los acuerdos que permitan a la sociedad toda ponerse en la tarea constructiva de afianzar las condiciones, los fundamentos esenciales de una paz sostenible y duradera. Uno es el modelo tradicional que conjuga el verbo de la participación de una manera muy particular. Yo participo, tu participas, nosotros participamos, pero ellos deciden. Este Congreso busca abrir la deliberación pública democrática para que el conjunto de la sociedad no solamente sea escuchada sino que se convierta en parte de la solución. Un diálogo entre iguales políticos, sin exclusiones que celebramos todos y todas las demócratas de Colombia. El conflicto armado no tiene solución militar y la transformación que proponemos se tiene que conquistar en el terreno de la política, mediante la movilización social y lucha electoral. Me gustaría entonar con fuerza las palabras de Nelson Mandela, aquello de que las personas valientes no temen perdonar por el bien de la paz. Por ello también reclamar que la Comisión de la Verdad prevista en el marco jurídico especial para la paz, sea también una comisión para la reconciliación. Una verdadera Comisión de Verdad y de Reconciliación no fomente la retaliación sino que garantice la no repetición y que permita edificar caminos de paz, no sobre bases endebles de una reconciliación vacua de frases vacías, sino que implique el reencuentro de todos y todas las colombianas en un esfuerzo de metas y sueĖos compartidos de democracia real. Quisiera también que pudiéramos repetir con entusiasmo aquel otro enunciado de Mandela que invita a “alejarnos del pasado para concentrarnos en el presente y el futuro.” El Gobierno Nacional, quién ha dado un positivo paso en materia de entablar los diálogos, planifica en forma ostensible crear las condiciones para atornillar en el poder a su coalición gobernante de mesa de unidad nacional. El Presidente Santos hizo un anuncio sorpresivo: que se lanza a la reelección por dos aĖos más. No se trata simplemente de la reelección de una persona, en este caso del Presidente Santos o de uno de sus alfiles. Se trata de una reforma constitucional ideada para la reelección permanente de un modelo político, económico y social de élites. Se trata de la reelección del modelo neoliberal, en crisis no solo en Colombia, sino en todos los países del llamado mundo occidental. ņPodemos administrar el posconflicto con el modelo económico neoliberal y la democracia recortada que le es funcional? ņPueden los voceros auténticos del neoliberalismo proyectar, gestionar y administrar exitosa y constructivamente el complicado periodo del posconflicto que se avecina, en el cual se deben sentar las bases políticas, económicas y sociales para construir una paz sostenible y duradera? La respuesta es no. El modelo neoliberal y la democracia formal en que se finca no son ni pueden ser el sustento material de la construcción de la Colombia que necesitamos reconciliada y en paz. Quienes histórica y tradicionalmente, con sus políticas excluyentes, sectarias, anticomunistas y de dominación económica y militar han dirigido al país en el último siglo, son los principales responsables naturales de la violencia, constituyen el virus que ha enfermado a la sociedad colombiana que vive un proceso de descomposición que toca todos los ámbitos de la vida nacional. Ellos son los responsables de la desigualdad y de la violencia. Ellos son los responsables de la pobreza, del desalojo, de la acumulación de las tierras y de la riqueza en pocas manos. Ellos son los responsables del déficit de democracia que ahora pretenden ahondar. Francamente no tienen autoridad política y moral, ni la mentalidad de cambio para aspirar, mediante la reelección y el golpe de gracia institucional, a continuar rigiendo los destinos del país. La paz supone una renovación política y democrática. El modelo no solo afecta a los desocupados, a los asalariados e informales, sino también a sectores empresariales muy importantes de la economía colombiana. Es increíble que se insista en firmar más y más tratados de libre comercio. Estos instrumentos de manera maĖosa están convirtiendo a nuestros industriales en importadores y destructores de empleo, para no hablar de los empresarios del campo. La firma de los acuerdos de la Habana que tenemos a la mano, nos abre una bifurcación en el camino: la paz para el cambio democrático o la paz para el continuismo [114].

23-4-2013, Para los miembros del sector campesino del Nororiente en el Congreso de Paz en la Universidad Nacional de Bogotá, la paz no se puede lograr en el marco del sistema económico actual, en particular si no se da un alto a las políticas de locomotora minera. Se plantea la necesidad de una paz desde abajo, desde los pueblos, que tiene que ser el producto de una reflexión y una construcción popular con mandatos populares. En el Catatumbo, se está aumentando el desarrollo de la locomotora minera con la explotación de 80.000 hectáreas de minas de carbón a cielo abierto. El cese, también a la minería es un tema clave para una paz con justicia social, pues es parte del modelo de economía capitalista liberal que se implanta cada vez más en el país, para dar paso a las transnacionales, apoderarse de las riquezas naturales y esclavizar a los pueblos. La paz no se puede construir sin hacer un análisis de contexto que recoja la lógica del modelo económico y  político del país, relacionándolo con lo que se está moviendo al nivel mundial.  Dentro de este modelo caben muchas temáticas denunciadas por las diferentes organizaciones, como son la justicia y los crímenes impunes por parte de todos los actores armados; la represión y de los presos políticos; la criminalización de los cultivadores de coca y la fumigación de los cultivos; el respeto y el cuidado de la Madre Tierra. Se reitera la necesidad de unidad entre los pueblos y los diferentes sectores. El Congreso de los Pueblos es hijo de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del 2008, que nació con una agenda 5 puntos, proclamando: 1) “No al TLC porque representa un modelo económico de despojo y un “proyecto  de Muerte”. 2) Rechazando y exigiendo la derogatoria  de las reformas constitucionales y legales que sirven a los intereses del modelo económico y a la codicia transnacional. 3) Denunciando el terror y la guerra como estrategias de despojo que en Colombia se implementan a través del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática. 4) Convocando al pueblo colombiano a establecer mecanismos propios de soberanía, paz y convivencia en 5) una agenda de los pueblos que permita reemplazar la institucionalidad ilegítima del Estado que se nos impone, por una institucionalidad legítima tejida desde nuestro dolor y experiencia compartida”.  Desde ahí se soĖó y se intentó hacer realidad la idea de unidad entre los diferentes sectores del pueblo colombiano para construir juntos una agenda desde y para los pueblos. Desde Honduras, una portavoz, vino a “reconocer y saludar la fuerza del movimiento social” y recuerda que las voces de Colombia son indispensables para la paz con justicia social al nivel del continente y en otras partes del mundo. Nos desea que “este espacio sea un espacio de creación colectiva, un espacio articulador y que surjan las propuestas de paz integral, desmontando las diversas formas de dominación llámense capitalismo, patriarcado o racismo”. Llamó a acabar con el negocio mundial de la guerra y a echar para atrás “el proyecto golpista internacional y de las transnacionales. Nos dimos cuenta en Centro-América que después de firmar la paz no hay paz compaĖeros. No se puede hacer procesos de maquillaje, hay que tocar las causas estructurales”. Una verdadera paz no se logra solo con el cese al fuego y la negociación entre los que hacen la guerra, sino con transformaciones estructurales que toquen ese modelo que aún sigue intacto en las actuales negociaciones de paz. Desde el movimiento indígena surgen reflexiones y opiniones críticas frente al proceso de paz que se está negociando en la Habana, entre el Gobierno y las guerrillas,  dejando por fuera a la sociedad civil y los procesos populares. Si no hay políticas de salud, educación, de empleos hacia los diferentes sectores de la población, los armados no van a querer soltar las armas para quedarse en la miseria. Después de firmada la paz o después del conflicto armado, con seguridad continuarán la minería y las políticas de despojo y de infiltración de los pueblos para controlarlos y neutralizar sus autonomías. En los proyectos mineros, vienen unas empresas grandísimas y prometen empleo a tantas personas y la comunidad por necesidad los acepta, se dejan engaĖar. Por un lado le dan plata a los indígenas, a los campesinos, a los afros, etc. por medio de proyectos, y por otro lado, al Ejército para que haga guerra. Frente a este alboroto des-armonizador, caminemos la palabra de los pueblos y fortalezcamos los cinco puntos de la Minga Social y Comunitaria [115].

26-4-2013, Con un documento en el que descalifican la gestión del gobierno de Santos en materia agrícola y en el que critica la negociación de paz en La Habana (Cuba), el ex-Presidente Uribe presentó el borrador de la propuesta agraria del Puro Centro Democrático. Defiende el modelo agropecuario de su mandato, e incluso plantea el polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS) como ejemplo a seguir. “El aumento sostenible de productividad debe estar basado en permanentes avances científicos y de incorporación de tecnologías, tal como lo dispuso Agro Ingreso Seguro, ahora con dineros de regalías debe estar disponibles a tiempo, no en vísperas electorales tal cual ocurre en este Gobierno”. Plantea que el actual Gobierno “simplemente los desconoció seĖalándolos de corruptos. Algo parecido ha ocurrido con la ley Agro Ingreso Seguro, la mantienen vigente, le cambiaron de nombre y desaceleraron la aplicación”. La propuesta del Puro Centro Democrático desconoce las Zonas de Reserva Campesina que están siendo debatidas en La Habana, al advertir que “se discute con el terrorismo” cuando han sido “utilizadas como refugios de delincuentes, con la premisa de someter lo acordado a posterior decisión de la comunidad, que muy probablemente estará interferida por la ilusión mediática de la paz”. Su propuesta es por el cooperativismo que “sigue siendo la forma de integración más importante no solamente para los pequeĖos sino para todos los productores”. Ante la crisis que enfrenta el sector cafetero plantean convertir la federación en el laboratorio de esta iniciativa. “Con los cafeteros, como con todos los sectores de la producción. El precio interno del grano, los costos de insumos, la renovación de la plantación, el apoyo prioritario a los pequeĖos y también la promoción de nuevas plantaciones, grandes y medianas, son elementos que pueden llevar a Colombia a ocupar de nuevo posición de vanguardia en la producción mundial. La mejor contribución del ingreso cafetero es su capacidad de irrigar toda la economía nacional, dado que se dedica en un 100% a la adquisición de bienes básicos para las familias, como calzado, vestuario y alimentación”. Plantea además puntos como la implementación de mecanismos control de calidad en la producción para cumplir con estándares internacionales, el uso de nuevas tecnologías, la afiliación obligatoria del campesinado a seguridad social, apoyo económico al pequeĖo productor y al grande como soporte de la economía agropecuaria, cubrimiento académico básico y apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en las regiones, incentivos tributarios al productor y altos impuestos para predios ociosos [116].

27-4-2013, “La palabra sin acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega, la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad, son la muerte” (Pensamiento Nasa). Esta es la frase que debería recoger lo sucedido en el Congreso para la Paz realizado en Bogotá. Este texto recoge el principio del mandar obedeciendo, que debería orientar todo espacio de reflexión y debate colectivo. Principio de la diversidad de perspectivas y posiciones que deben ser respetadas y escuchadas para tejer desde abajo. En este sentido, el Congreso para la Paz, hijo del Congreso de los Pueblos, nacido en el espíritu de construir colectivamente un país de los pueblos sin dueĖos, debe evitar a toda costa, que solo unos y unas hablen por los diversos pueblos y procesos. En coherencia con esta principio y comprometidos con el Congreso por la Paz desde abajo, planteamos la siguiente lectura de la que tenemos absoluta convicción en camino a que la palabra y la acción de los pueblos en el espíritu de la comunidad no tengan dueĖos. En los cuatro días del Congreso las mesas temáticas fueron los espacios más “fructíferos” en la construcción de una propuesta real de paz: las intervenciones giraban en torno a romper los paradigmas del modelo neoliberal en el que está sumergido el país; y desde el debate y la reflexión, los distintos pueblos que acudieron a este llamado, dialogaron y compartieron sus experiencias con la diversidad y las diferencias que a cada pueblo caracteriza. Las siete mesas planteadas fueron: Economía para la vida digna; Política para la vida digna; Caminos de vida, justicia y paz (modelo de justicia); Tierras, territorios y soberanías; Derechos de los pueblos para la vida digna; Cultura, identidad y ética de lo común; Internacional: integración solidaria de los pueblos. Sin embargo, quedó un sin sabor y un enorme vacío en las conclusiones de cada mesa. Inicialmente porque la estructura de los siete puntos invita a hacer el debate, pero no a que este debate sea en sí mismo la invitación a acciones concretas y reales frente a la problemática de fondo: el modelo económico. Partiendo desde este punto, es imprescindible resaltar toda vez que sea necesario, los cinco puntos de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria realizada en el 2008, que a diferencia del Congreso para la Paz, plantea un accionar y un rechazo real frente al modelo de muerte que violenta la integridad de los pueblos y sus territorios: 1. Rechazamos los Tratados de Libre Comercio. 2. No más terror y guerra. 3. Derogación de toda la legislación de despojo. 4. Cumplimiento de Acuerdos y Convenios. 5. Creación de Mecanismos de Soberanía, Paz y Convivencia. Se siente la necesidad de actuar: “accionar más que hablar”, reafirmaron las comunidades participantes del Congreso para la Paz, teniendo en cuenta la coyuntura actual de las negociaciones en La Habana y el proceso histórico que conlleva esto para el país. Pero sobre todo, frente al posible pos-conflicto, es decir, ņcómo se preparan las distintas comunidades indígenas, afros, campesinas y demás sectores sociales a fines a un proceso de paz construido desde la base?, que evidentemente, contrasta con la “paz” que se gesta entre el gobierno y las FARC-EP (proceso al que pronto se le unirán las demás insurgencias) y que en el único punto en el que coinciden, es en la dejación de las armas, por parte de la insurgencia. Acuerdo que aunque no implica por ningún motivo la paz que anhelamos desde abajo, es un paso necesario para que nos podamos levantar a construir nuestra paz. Nos parece también contradictorio que en el Congreso para la Paz, por un lado, se hable de construir la paz desde las comunidades y desde procesos que resisten la arremetida del aparato del modelo económico. Desde y con los pueblos movilizados de todas las regiones del país que se encontraron para compartir y tejer propuestas diversas. Desde la conciencia de la gente que en las mesas identificara las estrategias del gobierno para acallar las luchas. Además de la corrupción, la judicialización, la persecución del Estado a cualquier tipo de oposición, la imposición de leyes de invasión y despojo, la impunidad y la destrucción de la Madre Tierra. Y por otro lado, el Congreso para la Paz, habla de la participación de los sectores populares en las negociaciones realizadas en La Habana. Sentimos que no se puede mezclar el agua con el aceite, porque la guerra de estos actores armados continúa, la población sigue en medio del fuego cruzado, la lista de muertos y víctimas sigue en aumento y la sangre sigue corriendo en nuestros territorios. Ni el Gobierno ni las FARC-EP hablan en nombre de la gente, por ende no hablan de la paz. Cada uno tiene sus intereses particulares y estos intereses giran en torno a los “Tratados de Libre Comercio” y el capital extranjero. Un ejemplo claro de esto, es que la insurgencia se jacta de hablar de las Zonas de Reserva Campesina-ZRC en nombre de los campesinos. Pero una cosa son las ZRC planteadas por los campesinos, por las cuales han muerto y luchado toda la vida, y otra muy distinta, son las “ZRC” planteadas por las FARC, que en realidad son Zonas de Desarrollo Empresarial-ZDE. En un posible pos-conflicto, las ZRC pasarían a ser incorporadas a las ZDE de acuerdo a la Ley 160 (Articulo 82). Esto implicaría el acceso del capital privado a las zonas baldías consideradas como Zonas de Reserva Campesina y que estos territorios sean blanco de la voracidad de un modelo agroindustrial, afianzado en el capitalismo extractivista comercial agrario y la proletarización del campesino. Sabemos que la dejación de la armas no es por ningún motivo paz. La guerra sigue. Frente a todas las estrategias planteadas por el gobierno como el fuero penal militar, el plan de consolidación territorial, las locomotoras del desarrollo, la privatización de los recursos naturales y los servicios y la destrucción de la Madre Tierra. Los pueblos que buscamos y estamos en una construcción de la paz, debemos estar preparados para las consecuencias de estas negociaciones. El llamado pos-conflicto es inminente. Los que luchamos por la libertad de nuestros territorios, por la soberanía alimentaria y en sí por nuestros derechos, todo en defensa de la Madre Tierra. Nos preparamos en caminar la palabra hacia un plan para la vida, un plan de vida, que por ningún motivo obedezca a intereses de burócratas, ya sean del gobierno, de las insurgencias que negocian o no en la Habana, o de cualquier otro que camine al ritmo del modelo económico, con las banderas de los TLC, del despojo y de la destrucción de la Madre Tierra. Por esta razón, desde el pueblo Nasa, se debe mandar obedeciendo a la máxima autoridad que es la comunidad por medio de la asamblea. Así como la marcha por la paz se convirtió para las estructuras establecidas en un desfile de políticos y burócratas de todos los partidos y grupos insurgentes, mientras miles de personas marcharon por la construcción de paz desde abajo y duradera. Fue evidente que la “paz” que hablan ellos es una y la de los pueblos es otra. En el Congreso para la Paz sucedió algo similar con las paradójicas intervenciones de un comandante del ELN, a través de un video y con la intervención de las FARC-EP, a través de un comunicado, que manifestaban su apoyo a comunidades indígenas, afros, campesinos y sectores populares. Comunidades a las que ellos mismos dan muerte y siguen acabando en el territorio. Los únicos con autoridad y los mayores conocedores de la paz son los pueblos que viven la guerra provocada por los grandes capitales económicos. Son estos primeros quienes deben caminar este pensamiento Nasa: “La palabra sin acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega, la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad, son la muerte”. Tejido de Comunicación ACIN [117].

29-4-2013, En Colombia la ausencia de democracia real y de participación política ha sido la constante de nuestra vida republicana. La Marcha Patriótica considera que la democracia es inconcebible sin la participación directa del pueblo en los procesos políticos. La participación política supera de lejos el estrecho marco de los comicios electorales, atraviesa el conjunto de la vida social del país y pasa por el poder decisorio del constituyente primario. La convocatoria directa al pueblo soberano es una necesidad durante el actual proceso de paz y único garante de su éxito. Los acuerdos en los que avance la mesa de diálogo requieren de la refrendación popular; por el calado y profundidad de las temáticas de los acuerdos y el necesario blindaje de éstos, la Asamblea Nacional Constituyente, se presenta como el desenlace lógico dentro del proceso de solución política. Presentamos a la Mesa de Diálogo, 9 propuestas básicas para la Participación Política y las garantías democráticas del pueblo colombiano, de acuerdo a lo contemplado en el punto 2 de la Agenda entre el gobierno nacional y las FARC-EP: 1. Desmonte efectivo del paramilitarismo. La finalización del conflicto solo será posible, si se logra una desactivación real de las bandas paramilitares que han germinado históricamente dentro de una política de Estado. Partiendo de reconocer la responsabilidad política del Estado colombiano y el derecho a la verdad, justicia y reparación de sus víctimas, se trata no solo de atacar el epifenómeno paramilitar armado sino sus raíces sociales, económicas y políticas. El desmonte efectivo del paramilitarismo incluye la desarticulación de las actuales redes que pretenden ser camufladas en eufemismos y nuevas denominaciones; la purga de sus auspiciadores dentro de las fuerzas militares; y la condena a sus financiadores y tribunos entre empresarios, prensa, partidos y Estado, todo ello con verificación internacional y de los movimientos sociales colombianos, prestando especial atención a ofrecer garantías especiales a nivel regional y rural para la democratización efectiva del poder local y la eliminación de las auténticas “republiquetas” gansteriles y clientelares construidas por el terror paramilitar. 2. Transformación del régimen político y reforma a las instituciones actuales. Ante el desbarajuste institucional producido por las sucesivas reformas a la actual constitución (38 en 22 aĖos) en especial el desbalance que introdujo la figura de la reelección presidencial y los mismos límites democráticos consagrados en 1991, se agudiza una revisión profunda del régimen institucional colombiano, repensándolo desde el principio rector de la participación democrática del pueblo. El equilibrio de contrapesos entre las ramas del poder público -hoy claramente favorables al ejecutivo-; la elegibilidad y veeduría popular sobre instituciones cardinales como la Junta Directiva del Banco de la República rompiendo con la autonomía tecnocrática neoliberal instituida por la Constitución de 1991; la participación de la rama judicial en la designación de magistrados de las altas cortes; así como la eliminación de corporaciones vetustas como la Procuraduría General de la Nación, son aspectos sustanciales a ser tenidos en cuenta para la transformación orgánica del Estado colombiano, refundado en función de los principios de participación popular y democracia efectiva. 3. Nuevo sistema electoral participativo y con garantías, que logre atacar el clientelismo y los lastres que mellan el ejercicio democrático del voto. Un sistema político azotado por más de 40 aĖos de abstención mayoritaria, y donde el reducido ejercicio del voto es expresión predominante de alteraciones y anomalías, no puede considerarse democrático. Se requiere la construcción de un poder electoral independiente, con participación directa de todas las fuerzas vivas del país, que garantice equidad de condiciones en términos materiales y políticos de todas las opciones partidistas. Gran aporte para el saneamiento de este sistema electoral corrompido y ventajoso para la actual clase política, pasa por la modernización institucional y técnica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el CNE y el mismo sistema de identificación de la población y el censo electoral, que hoy paradójicamente incluye muertos que votan y excluye a campesinos sin cédula. La implementación del voto electrónico y la necesaria veeduría de UNASUR son herramientas a ser tenidas en cuenta en esta transformación. En aras de garantizar la equidad de las diversas fuerzas políticas se requiere de una clara reglamentación electoral que prohíba la financiación privada de las campaĖas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y que garantice el apoyo estatal a todas los partidos políticos y el acceso proporcional a sus medios de información. De igual forma la eliminación de las múltiples cortapisas que como el umbral excluyen de facto la participación electoral de nuevos movimientos políticos y sectores minoritarios representativos de la diversidad propia del país nacional. A contrapartida se debe avanzar en una reglamentación que promueva la democracia interna de los partidos y otorgue cuotas claras a la presencia de mujeres y jóvenes en las listas y cargos de elección popular. El replanteamiento del ordenamiento territorial base del actual sistema electoral es otro aspecto sustancial. El reconocimiento de las zonas de reserva campesina, autonomías indígenas y afro-descendientes, -no como circunscripción especial sino como entidades electorales y de gobierno propias-, en el marco de la construcción de una representación política que exprese la diversidad y el pluralismo característico de la nación colombiana, es una necesidad de primer orden en una auténtica reforma política que transfor