¿PAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Posición/Año

Gobierno de EUA

Sector Financiero de EUA

Gobierno de Colombia

Paramilitares

FARC

Otras fuerzas en Colombia (ELN)

Otros actores en Colombia

Fuerzas Armadas Colombia

Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades

Gobiernos Latinoamericanos

Unión Europea

2012

27-5-2012, El informe mundial (2011) sobre derechos humanos que presentó el gobierno de EUA habla de discriminación social, un precario sistema judicial y corrupción. Se suma el hecho de los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el hacinamiento en las cárceles, así como el acoso a activistas y defensores de derechos humanos. Colombia, no es un lugar apto para ser defensor de derechos. A quienes lo hacen los matan o secuestran o amenazan sin ningún tipo de vergüenza. Así lo han informado varias organizaciones y ahora, nuevamente, una serie de informes, recomendaciones y cartas de apoyo. Un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta al Presidente de EUA, Barack Obama, diciéndole de la serie de hechos que se han sucedido contra los defensores de los derechos humanos en Colombia: amenazas a líderes sindicales en Buenaventura; el asesinato de Daniel Aguirre, el 27-4-2012, por hacer negociaciones para ayudar a unos trabajadores a integrarse al régimen laboral; declaración como -objetivos militares- por parte de las llamadas bacrim, entre otros. Los congresistas están preocupados porque Colombia no pueda cumplir con algunas exigencias del tratado de libre comercio y llaman la atención a Obama para que trabaje con Santos en la protección de los derechos de los trabajadores 1.

29-10-2012, El Presidente de EUA Obama, que ya había manifestado antes su apoyo al proceso de paz en Colombia, dijo que Washington ha trabajado con el gobierno colombiano durante muchos años para tratar de llevar paz al país suramericano y se han visto progresos significativos. “Nuestra esperanza es poder crear una Colombia pacífica y próspera, donde las FARC dejen las armas y se encaminen en un proceso político”. Sin embargo, el problema del narcotráfico no se puede solucionar solo con el proceso de paz en Colombia, sino que se debe trabajar por toda la región de manera cooperativa para combatir las redes transnacionales del tráfico de drogas, que no solo golpean a Colombia sino también a México y el Caribe. El gobierno estadounidense se ha aliado con algunos de estos países para ofrecerles los recursos que no tienen para poder combatir a esas organizaciones criminales. EUA tiene responsabilidad en el auge de las redes de tráfico de drogas, por la magnitud de su demanda (EUA es el mayor consumidor de cocaína a nivel mundial). Por eso, Washington tiene que tomar medidas en la región para trabajar también a nivel interno para desincentivar el uso de drogas y los malos hábitos en la población norteamericana 2.


11-1-2012, Las bandas criminales (bacrim) de origen paramilitar, al estilo de los Urabeños, son una amenaza en Colombia. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa dijo: “Este tipo de organizaciones trata de mostrar un poder que no tiene. Son organizaciones bastante irregulares y su capacidad y fortaleza es limitada y no debe amedrentar a los ciudadanos”. El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras dijo “El gobierno tiene una política (de combate a las bacrim) muy definida y la ha venido aplicando. Las amenazas que han hecho no son más que el reflejo del éxito de esa política 3.

25-1-2012, Frente al comunicado de las FARC confirmando los uniformados que serían liberados en los próximos días, el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que “el secuestro no puede ser un instrumento de lucha”. Además, manifestó que “celebramos el anuncio de liberación de policías y soldados pero el tema del canje que proponen es inaceptable. No se puede equiparar el status y la condición de un secuestrado a la de un guerrillero judicializado legalmente”. El Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que no es necesario un show publicitario y político para realizar la entrega de los uniformados que llevan más de una década en cautiverio. “No hay derecho a que esa organización, que acude a métodos terroristas o actividades ilegales como el narcotráfico, siga jugando con la vida de las personas como la de los secuestrados que llevan 13 años en cautiverio y con la vida de las familias al pretender un show publicitario. Si los quieren liberar, libérenlos mañana mismo, hoy mismo, que nos digan a dónde hay que ir y vamos por ellos, porque si se tiene voluntad inmediatamente se puede entregar una persona que se tiene torturada por el flagelo del secuestro. El Gobierno mantiene siempre la voluntad de que estas personas regresen sanas y salvas al seno de su familia. El gobierno siempre ofrece garantías, son los criminales los que no ofrecen garantías al pueblo colombiano, ellos son los que atentan contra los colombianos”. Rechazó la posición de las FARC, que mediante el uso de expresiones humanitarias, no asume su responsabilidad en el secuestro de los uniformados a los que “usan como mercancía política”. El ex-Presidente Ernesto Samper Pizano, uno de los expertos en temas humanitarios en Colombia, dijo que “es un paso positivo, pero es indispensable que las FARC piensen en liberar a todos. Eso sí podría ser interpretado como un hecho de paz y podría ser respondido con otro hecho. Estamos tratando de que liberen a los diez. Me parece razonable que tengan inquietud sobre las personas que están en las cárceles y estoy seguro que el gobierno está dispuesto a tomar medidas sobre ese aspecto. Frente a constitucionalizar…no es importante porque no hace falta. Todo el derecho internacional humanitario forma parte del bloque constitucional. De forma que todos los acuerdos entre gobierno y sectores en armas tienen fuerza de ley en ese sentido, y no sólo en el intercambio humanitario sino en todos los campos, como desminado o escudos humanos. Así que no entiendo que pretenden con eso, porque ellos tienen en sus manos la posibilidad de hacer acuerdos que tienen fuerza de ley” 4.

3-2-2012, El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras insistió que cada día es más lejana la posibilidad de llegar a un diálogo con las FARC. Calificó de absurda la escalada terrorista desatada por la guerrilla de las FARC en los últimos días y agregó que estos hechos lo que hacen es cerrar la puerta a cualquier posibilidad de diálogo: “Con hechos como estos cada vez se aleja más la posibilidad de iniciar un diálogo como lo han venido proponiendo las FARC. Por el contrario, generan el repudio de los colombianos y del propio Gobierno y nos conduce a extremar las medidas de seguridad en todo el país. Los últimos tres hechos violentos reflejan el viejo estilo de las FARC que, cuando está de por medio la entrega de secuestrados o cuando creen que van a avanzar hacia un diálogo con el Gobierno, tratan de expresar que aún están fuertes. Se equivocan si piensan que esto va a conducir a un diálogo. Así no es”. Convocó a la ciudadanía a colaborar con el Gobierno y la Fuerza Pública para trabajar de la mano en la lucha contra el terrorismo 5.

9-2-2012, Juan Manuel Santos señaló que la mejor forma de ahuyentar la paz es hablando todo el tiempo del tema. Les manifestó a los violentos que no es con terrorismo ni con el asesinato de inocentes como se puede lograr el diálogo. No permitirá que nadie juegue con las posibilidades de paz, ya que abusar del tema acaba por ahuyentar las posibilidades. “A los violentos les digo que NO es con bombas ni matando inocentes como se puede abrir la puerta del diálogo. Haciendo eso, el efecto que produce es totalmente contrario”. El Gobierno no necesita portavoces dentro o fuera del país para manejar el tema de la paz. “No necesitamos de voceros -ni nacionales ni internacionales- para este asunto. Muchas gracias, pero -por ahora- no. Todo en su momento”. Como lo señaló al tomar posesión “la puerta del diálogo no está cerrada con llave” y aspira a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. “Un desarme real de los espíritus construido sobre cimientos perdurables que no alimenten falsas esperanzas, que no permitan más engaños y que no conduzcan a nuevas frustraciones en un país que, desde lo más profundo de su alma ensangrentada, lo que más desea es la paz. A eso sólo cabe agregar que la llave del diálogo está en mi bolsillo y que no permitiremos que nadie juegue con ella -varias veces he explicado que la mejor forma de ahuyentar la paz es hablando todo el tiempo del tema-”. Sólo si se dan las condiciones, él mismo abrirá esa puerta. “Mientras tanto, los colombianos debemos cuidar este cultivo llamado Colombia, que hace 10 años estaba incendiado -que tardamos ochos años en recuperar- y que ahora, con las semillas que hemos sembrado, es una fuente de enormes oportunidades” 6.

21-2-2012, El Presidente Santos respondió a la carta que el ELN dio a conocer a través de Piedad Córdoba planteando una “Tregua Bilateral, en el marco de una mesa de diálogos y dentro de una agenda de Salida Política Al conflicto, que a su vez abarcara otros asuntos sustanciales, tanto en el respeto al Derecho Internacional Humanitario, en la atención a los reclamos y luchas populares, como parte esencial del camino de superación definitiva del conflicto, hacia la justicia y equidad social, la democracia y la soberanía”: “El Gobierno Nacional no está interesado en ceses al fuego, ni en circos públicos temporales. El hecho de que nos concentremos en el mañana no significa, de ninguna manera que no aprendamos de los errores y las experiencias del pasado”. El único interés del Gobierno Nacional es acabar con el conflicto armado de manera permanente, por lo que: “Vamos a continuar nuestra lucha contra el terrorismo, el crimen y la violencia, con todo lo que esté a nuestro alcance, es nuestro deber”. El Gobierno va a poner todo el empeño “para recuperar hasta el último centímetro del territorio nacional, y no sólo con nuestra Fuerzas Militares y nuestra Policía, sino con todo el Estado en su conjunto”. Como corresponde a cualquier gobierno democrático, hay una mano extendida a los grupos armados que tomen la decisión responsable y seria de acabar definitivamente con la violencia. “No nos interesan las pausas; nos interesa el fin definitivo del conflicto”. El país puede tener la “seguridad de que, si estos grupos nos muestran que son serios, los tomaremos muy en serio. Hoy, cuando se cumplen 10 años desde la terminación del proceso del Caguán, sabemos que dicho escenario se intentó pero que fracasó no por falta de voluntad del Gobierno y del pueblo colombiano, sino por la obstinación de la guerrilla en la violencia y los actos terroristas7.

27-2-2012, Frente al comunicado de las FARC de decisión de liberar a 10 integrantes de la Fuerza Pública colombiana que mantenían privados de la libertad hace 14 años y el fin de los secuestros extorsivos, el Presidente Santos optó por tomar un camino intermedio: valoró el anunció, pero les advirtió a los comandantes guerrilleros que este no es suficiente. “Valoramos el paso de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta” 8.

5-3-2012, El Vicepresidente Angelino Garzón dijo que el Gobierno Nacional no va a dialogar con las FARC si esta organización ve ese diálogo como “una estrategia de guerra” para ganar tiempo y si no acepta ciertas condiciones: “Las puertas de la paz y del diálogo no están cerradas pero el Gobierno no va entrar en el juego perverso de sentarse a dialogar con una organización ilegal que puede estar ganando tiempo para seguir con su actividad ilegal”. Entrar en un diálogo si la guerrilla lo ve como una estrategia de guerra sería “un error político, porque ya lo hemos ensayado en gobiernos anteriores y nos ha costado políticamente muy caro”. El Presidente Juan Manuel Santos ya calificó el comunicado de las FARC de positivo pero insuficiente, y en ese sentido, aseguró que “no estamos obsesionados sólo con un triunfo militar, pero si hay negociaciones deben ser con condiciones. Deben ser liberados todos los secuestrados” por la guerrilla, “cesar sus actividades con el narcotráfico, “cesar esa práctica inhumana” que es el empleo de minas, “liberar a todos los niños y adultos reclutados forzosamente y abandonar el camino del terrorismo y de la delincuencia”. El Vicepresidente recalcó que “la existencia de esas organizaciones no tiene razón de ser”. Durante 62 años han causado un gran sufrimiento al país. “No estamos luchando contra monjitas de la caridad. En algunos campos de concentración del nazismo no se hicieron las crueldades que han hecho las FARC”. La lucha contra la guerrilla, las organizaciones ilegales y el narcotráfico “debe hacerse siempre en el marco del respeto más absoluto a los derechos humanos” 9.

6-3-2012, El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, en cartas dirigidas a la ex-Senadora Piedad Córdoba y varios congresistas, expresó su decisión de remitir al despacho del Presidente de la República la solicitud elevada ante él para que se autorice el ingreso de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios” a diferentes cárceles del país. El Ministro se mostró “sorprendido con los últimos pronunciamientos públicos en el sentido de que tales visitas tendrían como población objetivo a los 'presos y presas políticos, de guerra y de conciencia' -que, como dije, no existen en Colombia- y de que la Comisión de Mujeres tendría la misión de 'mediar', sin que el Gobierno la hubiera autorizado para ello”. El Ministro basó su decisión en el hecho de que, a la luz de los últimos comunicados y declaraciones a los medios de comunicación, trascendió que el carácter de estas visitas no era precisamente el que se había enunciado. “Mientras que siempre fueron planteadas como de carácter humanitario para verificar las condiciones de quienes se encuentran privados de la libertad, ahora ha venido a decirse que se trata de la 'cuota inicial' del proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno. Me resulta imposible conceder el permiso requerido (…) habida cuenta de que dichas declaraciones cambian por completo el sentido de lo solicitado y de que un proceso de tales dimensiones pasa a ser del resorte exclusivo del señor Presidente de la República” 10.

18-3-2012, Frente a la condición puesta por las FARC de que a cambio de la liberación de prisioneros de guerra, el Presidente permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país; el Presidente Juan Manuel Santos aseguró “que el Gobierno ha cumplido y seguiremos cumpliendo; que las FARC cumplan su palabra, que las FARC le cumplan a los familiares, al país y a la comunidad internacional y que liberen a la mayor brevedad posible a estos secuestrados. Hemos tenido muchas reuniones con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) con el Gobierno de Brasil, con los representantes de Colombianos y Colombianas por la Paz. El Gobierno colombiano ha cumplido absolutamente todo lo que se comprometió a hacer, y sigue comprometido. En ningún momento aquí se había puesto como una condición algún tipo de acción diferente al cumplimiento del protocolo. Ahora, con este comunicado, una vez más las FARC le mienten a las familias, al país y a la comunidad internacional, poniendo una condición que nunca estuvo presente para la liberación de los secuestrados11.

18-3-2012, El Presidente Juan Manuel Santos reiteró el ofrecimiento de millonarias recompensas por información que conduzca a la captura de los cabecillas de las FARC señalados como los responsables de varios ataques como el registrado en Arauquita, en el que perdieron la vida 10 soldados y un cabo del Ejército. Hay una recompensa de 1.250 millones de pesos, por información que conduzca a la captura de alias ‘Efrén’, cabecilla del frente décimo, y una suma igual por alias ‘Rafael’, cabecilla del llamado mini bloque ABC. Por alias ‘el boyaco’, quien según el Presidente Santos es uno de los responsables del asesinato de los 11 militares, hay una recompensa hasta de 450 millones de pesos, y por alias ‘Robinson’ otra recompensa por el mismo monto. El Jefe de Estado explicó que la muerte de los uniformados fue producto de un error en los procedimientos que deben seguir las tropas. “Infortunadamente en esta ocasión eso sucedió. La falta de rigor, la falta de seguir con los procedimientos al pie de la letra le dio una oportunidad al enemigo, y esa oportunidad fue lo que desencadenó este triste resultado. Es un golpe de oportunidad que las FARC tuvo, por esta falta de seguir con el rigor necesario los procedimientos. (…) Esto es un revés, sí, pero un revés que nos deja unas lecciones de las cuales vamos a aprender para no cometer errores hacia el futuro. Pero seguiremos avanzando como venimos avanzando. (…) Vamos avanzando y por eso quiero simplemente dar una señal de perseverancia, y no vamos a bajar un minuto la guardia” 12.

20-3-2012, El Presidente Santos dio como respuesta a una de las exigencias que las FARC pone de permitir la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país: “Una vez más las FARC les mienten a las familias, al país y a la comunidad internacional”. Las FARC aseguraron en su momento que derogarían la absurda “ley” 002 promulgada por el Estado Mayor, en la que regulaban esa práctica macabra. Así, con un acto como éste, se podría humanizar un poco más la guerra que vive Colombia hace décadas. El secuestro extorsivo no ha terminado: la liberación unilateral y sin condiciones es un elemento de la fórmula que no existe. Por lo tanto sus palabras de hace un mes no son tan ciertas 13.

25-3-2012, La orden del Presidente Santos es que sólo él tiene las llaves de la paz, pero que se debe mantener la ofensiva militar. La prioridad sigue siendo la seguridad, pero que no se pueden trancar las puertas de la paz. En Cuba habló con Raúl Castro y Hugo Chávez: Cuba podría ser el destino final de los jefes guerrilleros para lograr un acuerdo del cese al fuego y de liberación de todos los secuestrados. Suiza ayudaría a crear un escenario de entendimiento. Las liberaciones unilaterales de 10 militares y policías y el reciente anuncio de esa guerrilla de renunciar al secuestro extorsivo, son señales esperadas por el gobierno que demuestren avances reales en materia de entendimiento y cesar la interferencia que, sin quererlo, producen tantos actores sociales en torno a los secuestrados de la guerra. Comisiones civiles, políticos, periodistas: la idea en la estrategia de paz del gobierno es reducir intermediarios. Debe ser exitosa la etapa en la que las partes, estén realmente seguras de que van a iniciar un proceso negociador en el que tendrán que ceder algo y no derivará en nada. Para Santos el modelo Caguán -contrariamente a la idea de las FARC- es impensable y tampoco el mejor ejemplo es Ralito. En el Congreso se desarrolla el marco legal para la paz, la reforma constitucional que busca consolidar instrumentos de justicia que faciliten la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera. {LDP: ¿La reforma constitucional contempla un nuevo modelo de Estado incluyente o sólo la manera en que se va a resolver el fin del conflicto, pacificando?}. La reforma, entre otros aspectos, pretende un trato diferenciado a las distintas partes del conflicto a las cuales se les aplicarían instrumentos de justicia transicional, creando incentivos para contribuir de manera definitiva a la verdad o satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas. Objetivos que serían obligatorios por mandato de la Constitución. Normas como la Ley de Víctimas, la Ley de Restitución de Tierras o los desarrollos de la Ley de Justicia y Paz, indirectamente apuntan hacia el mismo propósito: garantizar que si eventualmente se dan las condiciones para un proceso de paz con los grupos guerrilleros, desde la Constitución y la ley, se pueda contar con piso firme a la hora de negociar. Los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera. Dichos instrumentos buscarán la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. La ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las partes que hayan participado en las hostilidades y el Congreso, a iniciativa del Gobierno, determinará mediante ley los criterios de selección y, en consecuencia, podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o a la suspensión de la pena. Los instrumentos de justicia transicional no podrán aplicarse a los miembros de grupos al margen de la ley que no hayan suscrito un acuerdo de paz. Esta estrategia también pasa por la guerra. A través de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo busca demostrar que el Estado es superior a la insurgencia. La orden es: no cesar en la búsqueda de objetivos específicos de la guerrilla, e identificar de sus fisuras en el mando. La instrucción desde la Casa de Nariño es que por ahora nadie está autorizado para hablar de paz a nombre del Ejecutivo y debe sostenerse la ofensiva militar. La experiencia del proceso con las autodefensas dejó un ejemplo que no puede repetirse: improvisación a la hora de la definición de los prontuarios, que se ha prestado para una confusión sin límites. De la mano de la justicia, el Estado quiere tener claro cuáles son las cuentas pendientes de la guerrilla, para centrar los esfuerzos de la investigación penal hacia los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La transición pacífica en el criterio del Presidente, es que hay una sola llave hacia la paz: la suya propia. La paz se juega en lo militar y en lo político. La guerrilla tiene que dar muestras de que está dispuesta a cambiar su agenda de guerra y que quiere dar el paso hacia un movimiento político. En la Casa de Nariño, no hay ambiente propicio para el diálogo y la orden es dar más golpes, contrarrestar las acciones terroristas y llevarlos a pensar que el mejor camino es la paz 14.

7-4-2012, El Presidente Santos, dijo estar dispuesto a negociar sin intermediarios la paz con las FARC si esa guerrilla demuestra una “verdadera voluntad” de diálogo. “Si hubiera voluntad por parte de las FARC, realmente querría que (la negociación) fuera directamente conmigo, así como hice las paces con Hugo Chávez”. Destacó la reciente entrega por las FARC de 10 militares y policías y el anuncio del grupo de renunciar al secuestro con fines económicos. “Son ejemplos, pero no considero que haya demostraciones suficientes”. Enfatizó que no empezará ninguna negociación hasta que no esté seguro de que “pueda ser exitoso”. “La experiencia con los procesos de paz ha sido muy negativa. La guerrilla siempre uso esos momentos para ganar tiempo y oxígeno”. Se declara dispuesto a negociar bajo condiciones 15.

2-5-2012, Ante las críticas de José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, Carlos Edward Osorio, representante a la Cámara del partido de “la U” y ponente del marco jurídico para la paz, defendió el proyecto de reforma constitucional. “La lectura de Human Rigths Watch desafortunadamente es parcializada, no es una lectura que responda a una visión objetiva del marco jurídico para la paz. Este proyecto no puede ser una política de Gobierno sino de Estado. No es un camino a la impunidad. Si se revisa lo que ha ocurrido con la Ley de Justicia y Paz se puede evidenciar, sin profundizar demasiado, que desafortunadamente se creó un marco muy importante, pero se han producido muy pocas condenas. Esto nos llama a reflexionar sobre el particular”. Uno de los principales cambios es que la renuncia a la persecución penal o el otorgamiento de la libertad a los líderes e integrantes de grupos armados ilegales que se hayan desmovilizado estará condicionada a tres requisitos: 1) la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad; 2) la reparación de las víctimas; y 3) la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos. El otorgamiento de la libertad deberá ser solicitado por el Gobierno y aprobado por el Congreso. Este beneficio solamente se aplicará a desmovilizados que no estén inmersos en investigaciones de supuestos delitos cometidos en medio del conflicto armado interno. Si la justicia decide investigar un hecho, quienes estén vinculados a esta indagación no serán cobijados con el beneficio de la libertad. Se fija un plazo de cuatro años para la expedición de leyes que desarrollen el marco para la paz, que busca darle herramientas al Presidente de la República para emprender procesos de paz con organizaciones al margen de la ley. Se deja en cabeza del Fiscal General de la Nación el establecimiento de criterios para priorizar los casos que serán investigados por la justicia 16.

7-5-2012, El Gobierno Nacional le insistió a las FARC la necesidad de dejar en libertad al periodista francés Roméo Langlois. El Ministro del Interior, en tránsito a la cartera de Vivienda, Germán Vargas Lleras, dijo que la guerrilla debe entender que esta persona debe retornar de inmediato a la libertad: “no se compadece el anuncio de que no continuarían secuestrando” con la ahora retención del comunicador galo. El Derecho Internacional Humanitario les obliga a dejarlo en libertad pues permanece herido y debe recibir la atención médica necesaria. Le pidió a la guerrilla “no convertir en un nuevo round político” la entrega de Langlois. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y los altos mandos militares y de policía han reiterado que las prendas que utilizaba Langlois eran exclusivamente para su seguridad y se limitaban a un casco y un chaleco blindado 17.

16-5-2012, El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón defendió con vehemencia el proyecto de reforma constitucional de Justicia Penal Militar. Dijo que es necesario que se permita que los miembros de las Fuerzas Armadas “estén adaptados y armonizados” bajo el contexto del Derecho Internacional Humanitario. La reforma es indispensable porque el riesgo de los miembros de las Fuerzas Militares en su actividad “es muy alto no solo por el tipo de amenaza sino por los riesgos profesionales; está en juego la vida de hombres y mujeres de esas instituciones”. Defendió que existan centros especializados para que sean recluidos los militares que eventualmente terminen condenados. “Debe existir el derecho a que una vez exista detención o sentencia definitiva sean llevados los militares a centros penitenciarios especializados porque los uniformados persiguen a organizaciones criminales y no se puede permitir que terminen pagando penas en los mismos lugares de quienes persiguieron anteriormente. Si queremos Fuerzas Armadas que responda ante los retos que le imponen necesita del marco para poder actuar de manera decidida contra el terrorismo”. Se crea un fuero carcelario para militares con el fin de que no terminen detenidos con delincuentes comunes. Se crea el tribunal de garantías donde se busca una composición equilibrada entre miembro de la Fuerza Pública y miembros de la población civil. Se crea la defensoría técnica militar adscrita al ministerio de Defensa. Además, se crea un fondo para alimentar económicamente la misma defensoría. Se estipula la posibilidad de crear por vía de ley un Código Penal Militar y otro Policial 18.

1-6-2012, El Gobierno está verificando la autenticidad de un comunicado supuestamente difundido por la guerrilla diciendo: “Para los enemigos del pueblo, que siempre creyeron que la guerrilla nunca nos someteríamos a la entrega de las armas y la desmovilización, ésta es la oportunidad para decirles que con el Marco Jurídico para la Paz' sí vemos una ventana abierta para que ello ocurra”. El escrito indica que el proyecto que discute el Parlamento puede ser una herramienta de discusión y solución de los problemas que aquejan al país. El Presidente Juan Manuel Santos dijo que si hay hechos reales y no sólo palabras por parte de las FARC habrá paz en el país. Indicó que su Gobierno está verificando la autenticidad de un comunicado supuestamente difundido por la guerrilla, en el que se habla por primera vez de desarme. “Me están preguntando sobre un comunicado que supuestamente expidió las FARC, un comunicado donde hacen una serie de afirmaciones hacia un proceso de paz. Vamos a verificar su autenticidad”. Si el mensaje “es auténtico le damos la bienvenida a esta actitud, pero nuevamente el pueblo colombiano, por la experiencia que ha tenido, es escéptico. Nos hemos vuelto como Santo Tomás, que para creer tenemos que meter el dedo en la llaga. Y las palabras, por más bonitas que sean, no son suficientes. Queremos hechos. Si hay hechos habrá paz” 19.

6-6-2012, El Congreso envió a sanción presidencial el nuevo Estatuto Registral que establece un límite al intento de usurpación de los terrenos baldíos. El proyecto de Ley de Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos establece varias medidas en favor del mismo Estado pues se acabará con el robo de terrenos baldíos. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, destacó que el nuevo Estatuto reduce la informalidad en la propiedad inmobiliaria y previene irregularidades como las denunciadas por su despacho, relacionadas con el despojo jurídico de bienes inmuebles. Entre los principales puntos del Estatuto están: 1) Se establece un nuevo sistema de información registral que contendrá, en formato digital, toda la información acerca de la historia jurídica de los inmuebles, los índices de propietarios y de inmuebles y los antecedentes registrales. Para tal efecto, a partir de la entrada en vigencia de ley, la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá un término de cinco (5) años para la sistematización o digitalización de la información contenida en los libros del “antiguo sistema de registro”. 2) Se establece un mecanismo novedoso de apertura de folios de matrícula inmobiliaria para predios baldíos. Con esto, los baldíos adjudicables ingresarán a un Sistema de Registro Inmobiliario, en donde el propietario inscrito será la Nación -a saber, el Incoder o Parques Nacionales Naturales de Colombia, según el caso-, con miras a evitar más casos de despojo en contra de la Nación. 3) Se crea la “unidad móvil de registro” que permitirá realizar jornadas especiales de servicios registrales y, en particular, de formalización de la propiedad de inmuebles ubicados en zonas apartadas sin oferta presencial del servicio, priorizando a la población desplazada. 4) Se crea una Carrera Registral en donde los méritos profesionales y académicos serán el factor preponderante para el nombramiento de los Registradores de Instrumentos Públicos, previo un concurso abierto para el efecto. Asimismo, se crea el Consejo Superior de la Carrera Registral como el organismo rector de la Carrera Registral. 5) Se amplían las funciones de inspección, vigilancia y control y se faculta a la Superintendencia de Notariado y Registro para hacer intervenciones de oficinas de registro de instrumentos públicos y designar interventores que asuman las funciones de los registradores mientras dure la intervención. 6) Se moderniza el sistema o proceso de registro con el fin de prestar un mejor servicio al ciudadano. Por ejemplo, la radicación de instrumentos públicos y los pagos por los servicios podrán hacerse a través de medios electrónicos. 7) Se conforman cinco regiones registrales: Caribe, Región Pacífica, Central, Andina y Orinoquía- Amazonía, con el fin de poder ejercer un mejor control de las oficinas de registro 20.

12-6-2012, El Presidente Juan Manuel Santos pidió a las Fuerzas Militares intensificar las operaciones contra las FARC. “Si esos bandidos quieren hablar de paz y las circunstancias se dan, es porque ustedes -oficiales, suboficiales y soldados- obtuvieron la victoria”. La labor y la contundencia de las Fuerzas Armadas tiene a los bandidos hablando de paz y diciendo que “están dispuestos a sentarse a buscar un camino diferente”, lo cual demuestra que “hemos sido efectivos”. Sólo habrá un diálogo de paz, cuando el Gobierno esté convencido de que las circunstancias son las apropiadas. “He dicho en forma muy clara: este Gobierno, este Presidente, al mismo tiempo que estamos haciendo todo el esfuerzo militar y ejerciendo toda la presión, no cerramos la puerta para un diálogo que le dé una salida a este conflicto. Pero solamente cuando estemos absolutamente convencidos de que las circunstancias son las apropiadas y que ese diálogo será en nuestras condiciones y bajo nuestro dominio, ahí pensaremos en abrir ese diálogo. Esas circunstancias no se han dado. Si se dan, el país lo conocerá. Pero mientras tanto la presión militar tiene que ser toda. Por eso la palabra perseverancia tiene que ser la consigna. No le tengan miedo a la paz, porque la paz es la victoria. Cualquier oficial en cualquier lugar del mundo lo que quiere es la paz. Y cuando se va a la guerra, es para lograr en últimas la paz. Vamos a lograr esa paz que, como dijimos el día de mi posesión, lo haremos por las buenas o por las malas. Pero la paz la vamos a lograr21.

11-7-2012, Frente a la posición indígena en la región del Cauca, de exigir el retiro de guerrilla y ejército de la zona, Santos no cedió y les advirtió a los indígenas que no desmilitarizará un solo milímetro del territorio colombiano, pero que aprobará en el Consejo Nacional de Política Económica-Social (CONPES) más de u$s 550 millones para inversión social en el Cauca y agregó que se van a reparar las casas afectadas por el conflicto armado y que Toribío tendría próximamente en marcha un proyecto de acueducto y saneamiento básico. El primer mandatario dejó claro que el Ejército “no se va a ir de ninguna parte” y pidió a la población apoyar a los soldados y policías. “La población indígena pertenece a esos colombianos que nuestra Fuerza Pública tiene la obligación de defender, que yo tengo la obligación de defender”. Más de 2 mil miembros de la Fuerza Pública han llegado al departamento para reforzar la seguridad de la ciudadanía. “Llegarán más para asegurar que todos los caucanos puedan vivir en paz. Sabemos que hay muchas dificultades pero nuestra Fuerza Pública, el Gobierno y el Estado las están enfrentando, y no vamos a disminuir la guardia un solo minuto” 22.

15-7-2012, Frente al gesto de los indígenas del Cauca de enfrentar a los soldados en reclamo para que se retiren junto con la guerrilla de la región, El Presidente Santos rechazó categóricamente el desalojo de los militares apostados en el municipio Toribio por parte de los indígenas de la zona. Afirmó que abrirá una investigación penal en contra de los dirigentes indígenas que desalojaron a efectivos militares apostados en el municipio de Toribío, en el departamento del Cauca, calificando el incidente como “inaceptable”. Durante una reunión de la Comisión Nacional, Santos sostuvo que “como Presidente de todos los colombianos rechazo categóricamente dicha actitud y hago un vehemente llamado para que cesen las hostilidades. El Gobierno respeta a las comunidades indígenas y ha expresado su deseo de dialogar con ellos. Personalmente así se lo manifesté y así lo reitero. Pero lo que sí resulta inadmisible y condenable son los hechos que se han presentado en el día de hoy, en el que algunos sectores de las comunidades indígenas han atacado a nuestros soldados” 23.

15-7-2012, Luego de los hechos sucedidos 10-7-2012 cuando miembros de la Guardia Indígena desalojaron a la fuerza a las tropas que se encontraban en la base del cerro Berlín, el Presidente Santos dijo que 'no quiere ver un solo indígena en las bases militares' y agregó, que se desplazará al Cauca luego de visitar el Vichada, para enterarse de primera mano de la situación que se vive con la Guardia Indígena. El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, rechazó la acción de los indígenas en el Cauca y reiteró que las Fuerzas Armadas no saldrán de ese departamento. Señaló: “Lo que ocurrió fue inaceptable. Los que atacaron a los militares deben ser individualizados y judicializados. Una cosa es el derecho a la protesta y otro que sobrepasen la ley. Ya hablamos con la Fiscalía para que inicie las acciones judiciales contra estas personas. Hay fotos y videos que permitirán individualizar a las personas que trasgredieron la ley”. Enviaron de nuevo tropas, apoyadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para “enfrentar la situación con la fuerza proporcional que se requiera. Allí hay una población y unas torres que hay que proteger. En la madrugada regresaron las tropas y el ESMAD para tener la fuerza que se requiere. Acá los enemigos no son los indígenas, sino las FARC y por eso hemos incrementado las tropas para contrarrestar este grupo delincuencial”. El Cauca es estratégico para los grupos ilegales, por ser el corredor para la salida de droga. De ahí, el recrudecimiento del conflicto. El gobierno es consciente de que la operación requiere un esfuerzo integral y el Presidente Santos habló de un fuerte plan de inversión, que deben acompañar de la fuerte presencia militar en la zona. “El país lo debe saber y por eso tenemos que entrar. Hay una determinación de las tropas por proteger la seguridad de la población y de contrarrestar el narcotráfico. Hacemos un llamado a los indígenas, para que se comporten con cordura, que entren en razón, que entiendan que el gobierno quiere trabajar con ellos. De ahí la importancia de que esté el Ministerio del Interior en Santander de Quilichao. Esa es una zona que requiere la presencia del Estado y el Gobierno está dispuesto, como nunca antes. Pero debemos mencionar que las tropas tienen derecho a la legitima defensa y deben protege ciertas zonas. Las tropas mantienen el principio de no confrontación ante los indígenas, pero usarán la fuerza de ser necesario. La población debe entender, que el Gobierno sabe que el Cauca ha estado sometido al yugo de las FARC, por lo que la Fuerza Pública no van a abandonar a la población” 24.

31-7-2012, Respecto de las declaraciones del Comandante del bloque Sur de las FARC, José Benito Cabrera, alias “Fabián Ramírez” sobre que las FARC está dispuesta a negociar un acuerdo de paz con el Estado “sin odio, sin ventajas, cediendo”; el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que nada tiene que decir frente a las opiniones de un terrorista, narcotraficante y responsable de actos de secuestro. Lo que debe saber el país es que apenas en las últimas 48 horas se produjeron 14 capturas de guerrilleros de las FARC y el ELN, y la Fuerza Pública sigue a la ofensiva 25.

5-8-2012, Presidente Santos: “Me conmociona emocionalmente ver cómo este conflicto genera tanto dolor y tanta angustia. Por eso para mí, finiquitar este conflicto sería un sueño realmente hecho realidad y espero que se den las circunstancias para poder decir que en efecto eso se puede lograr. Cuando vea que existen las condiciones para sentarme a dialogar con los grupos que sean para la finalización del conflicto, eso se lo anuncio al país y me siento a dialogar. Hasta este momento, esas condiciones y esas circunstancias no se han presentado”, señaló Santos, al apuntar que “ha habido manifestaciones en esa dirección, pero por supuesto no han sido suficientes”. Santos impulsó una ley para reparación a las víctimas del conflicto armado y restitución de tierras, que entró en vigor el 1-1-2012. Ha titularizado la propiedad sobre un millón de hectáreas, aún no ha podido restituir propiamente los terrenos arrebatados. “Con esta ley no ha habido una sola hectárea (restituida), pero porque no se podía físicamente hacerlo antes. Las dificultades que yo he encontrado las esperaba. No ha sido más difícil de lo que pensaba. Sí ha sido difícil y ahí hay enemigos. Pero desde el principio lo dije: aquí hay unas manos negras de la derecha y de la izquierda que están en contra de esto. Y han venido apareciendo. Pero yo estaba consciente de que iba a ser así” 26.

28-8-2012, Santos anunció un diálogo con las FARC. Confirmó que buscará un acuerdo de paz con los guerrilleros. La agenda de las negociaciones estaría centrada en seis puntos básicos, entre los que se incluirían la desmovilización de guerrilleros, el cese de hostilidades y la entrega de armas. El diálogo de paz también incluiría la no extradición de los máximos jefes de esa guerrilla, muchos solicitados por EUA por cargos de narcotráfico y terrorismo. Santos y las FARC suscribieron en La Habana un acuerdo para empezar negociaciones de paz el 5 de octubre, con el apoyo de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Noruega. Los puntos más sensibles se negociarían en Oslo y luego el diálogo se trasladaría a La Habana. Las negociaciones, en tanto, estarían conducidas por Gaviria. Del lado de las FARC, el vocero sería Jaime Alberto Parra, alias “Mauricio Jaramillo” o “El Médico”, aunque también se señala al llamado “Canciller” de la guerrilla, Rodrigo Granda. Santos dijo que “cualquier proceso debe llevar al fin del conflicto, no a su prolongación”. Agregó que se mantendrán las operaciones militares en el país. La propuesta de negociación del gobierno de Santos tiene como antecedente las negociaciones que realizaron en Caracas y Tlaxcala, México (durante el gobierno de César Gaviria, entre 1991 y 1992) y San Vicente del Caguán (en el gobierno de Andrés Pastrana, entre 1999 y 2002). Santos dijo que el objetivo es aprender de los errores para no repetirlos. El terreno para una eventual negociación viene siendo anticipado por la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras -que reconoció la existencia de un conflicto armado- y la aprobación del Marco Legal para la Paz, que le permite al gobierno recurrir a instrumentos de justicia transicional. Santos también propuso al ELN que, dentro del marco de estos principios rectores ellos podrían ser parte del esfuerzo por terminar el conflicto. Los temas que se negociarían: 1) Reconocimiento político para las FARC. Los diálogos podrán servir para definir el acceso a las corporaciones de elección popular a los subversivos que se reinserten. 2) Entrega de tierras. 3) Cese de hostilidades. 4) Beneficios judiciales con pequeñas penas: La justicia transicional sería el mecanismo a seguir por el Gobierno. 5) No extradición 27.

30-8-2012, La Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, María Angela Holguín, aseguró en la ONU que, pese al anuncio de diálogo entre el Gobierno colombiano y las FARC, las autoridades van a seguir persiguiendo a los guerrilleros. “Lo que buscamos realmente es el fin del conflicto, no su prolongación. No va a haber cese en ningún momento de la persecución a las FARC y a toda la delincuencia. Ha habido los primeros acercamientos y vamos a ver en los próximos días los resultados”. Abogó por “aprender de los errores del pasado, de todos esos procesos de paz que desafortunadamente nunca llegaron a nada”. Se deben “tomar esos errores y mirar cómo se puede llegar a un final feliz para Colombia, que tanto lo necesita”. El Presidente Santos tiene el “mandato constitucional de buscar la paz en Colombia” 28.

4-9-2012, Discurso del Presidente Santos sobre el acuerdo con las FARC para la terminación del conflicto. Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Dije que un proceso para terminar el conflicto en mi gobierno sólo sería posible si éste sigue tres principios: 1) aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas; 2) lograr efectivamente el fin del conflicto -no su prolongación- y, 3) no ceder un solo milímetro del territorio nacional. Hoy les quiero anunciar que esas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno nacional y las FARC que establece un procedimiento -una hoja de ruta- para llegar a un acuerdo final que termine, de una vez por todas, esta violencia entre hijos de una misma nación. El acuerdo lleva el nombre de “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto” y tiene su origen en unos canales que había establecido el gobierno anterior y que nosotros retomamos y continuamos. Las conversaciones exploratorias, realizadas de manera directa y con toda discreción, se llevaron a cabo durante seis meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. En ellas se construyó una visión compartida del fin del conflicto y se acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego de un proceso que debe ser serio, digno, realista y eficaz. Luego de estas conversaciones exploratorias, tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Se trata de un camino difícil, sin duda -muy difícil-, pero es un camino que debemos explorar. Cualquier gobernante responsable sabe que no puede dejar pasar una posibilidad como ésta de acabar con el conflicto. ¡Y eso sí que lo entienden las millones de víctimas! ¿Cuántos colombianos no han sufrido el conflicto en carne propia? ¿Cuántos colombianos no tienen un familiar que haya sido víctima de la violencia? Estamos ante una oportunidad real por dos razones fundamentales: La primera, porque Colombia ha cambiado, y el mundo ha cambiado. La segunda, porque este acuerdo es diferente. Lo primero: ¿Qué ha cambiado? Hoy podemos hablar de paz porque Colombia crece y se abre al mundo. Nuestra economía es ya una de las más prósperas de América Latina, similar a la de Argentina y sólo superada por Brasil y México. Es una economía que está creando empleo, como pocas en el mundo, en medio de una fuerte turbulencia internacional. Hoy podemos hablar de paz porque millones de colombianos están saliendo de la pobreza y porque seguimos avanzando en esa dirección. Hoy podemos hablar de paz porque el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado. Ningún país de la región lo tolera, y en varios hay gobernantes que dejaron atrás la lucha armada y optaron por el camino de la democracia. No sólo Colombia: el continente entero quiere vivir en paz y nos respalda en ese propósito. Hoy podemos hablar de paz gracias a los éxitos de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, y gracias a la creciente presencia del Estado en todo el territorio nacional. Hoy podemos hablar de paz gracias al esfuerzo diario de nuestros soldados y de nuestros policías, a quienes en este momento quiero rendir un homenaje. Yo sé lo que es la guerra porque fui Ministro de Defensa en un momento crucial y conocí de primera mano el sacrificio de nuestros hombres. Hoy podemos hablar de paz porque la visión de mi gobierno es una visión integral: no combatimos por combatir; combatimos para alcanzar la paz. Y también estamos construyendo paz. Lo hacemos cuando reparamos a las víctimas, lo hacemos cuando restituimos tierras a los despojados, lo hacemos cuando buscamos mejorar las condiciones de vida de quienes han permanecido olvidados en los confines de nuestra geografía. Hoy podemos hablar de paz porque este gobierno ha avanzado mucho -de la mano del Congreso- en crear condiciones para la reconciliación nacional. Lo segundo: ¿Por qué es diferente este acuerdo? ¿Por qué no repite los errores del pasado? Es diferente porque es un acuerdo para terminar el conflicto. Contiene las condiciones que el Gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantías, aunque, por supuesto, el éxito NO se puede dar por descontado. Por eso un punto de la agenda es, precisamente, “el fin del conflicto”, es decir, lo que pasa cuando cesen definitivamente las acciones militares. Este acuerdo no es ya la paz, ni se trata de un acuerdo final. Como ya lo dije, es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final. Este acuerdo es diferente porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Es diferente porque las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia, para seguir trabajando con seriedad y discreción. Comenzarán en Oslo la primera quincena de octubre y luego continuarán en La Habana. Es diferente porque las conversaciones NO tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. En todo caso, acordamos que la duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo y, si no hay avances, sencillamente no seguimos. Es diferente porque el acuerdo establece un proceso con una estructura clara, dividida en tres fases: La primera fase -la fase exploratoria- definió una agenda cerrada y unas reglas y procedimientos para evacuarla, que es lo que ya se firmó. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Será una discusión, sin interrupciones y sin intermediarios, sobre los puntos acordados para llegar al Acuerdo Final. Y con ese acuerdo final se terminaría formalmente el conflicto. La tercera fase es la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y participación ciudadana. Este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre cinco puntos concretos. El 1) es el desarrollo rural. Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo. Es repartir las oportunidades de manera más equitativa por todo el territorio. El 2) son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. No sólo en la norma, sino en la realidad. Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor, y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas. El 3) es el fin mismo del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación. El 4) es el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance. Y el 5) son los derechos de las víctimas. Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que -precisamente- es lo que comenzamos a hacer con la Ley de Víctimas. Satisfacer los derechos de las víctimas es una obligación de todos. Eso significa también emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad porque no sólo las víctimas, sino todos los colombianos, tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables. Todos estos puntos tendrán su correspondiente verificación y, en su conjunto, constituyen una fórmula integral para la terminación efectiva del conflicto, y para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Y son, además, consecuentes con las políticas de este gobierno. Nosotros seguiremos haciendo en el terreno lo que prometimos a los colombianos: restituir tierras, reparar a las víctimas, garantizar justicia, disminuir la pobreza, crear empleo. Hemos trabajado con seriedad, y debo reconocer que las FARC también. Todo lo que hasta ahora se ha acordado, se ha respetado. Si las FARC abordan la siguiente fase con la misma seriedad, tenemos buenas perspectivas. Para la fase que comienza, vamos a establecer mecanismos para informar sobre los avances y para garantizar una adecuada participación de la sociedad, manteniendo -eso sí- el carácter serio y discreto de las conversaciones. En el entretanto -repito- el Gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares -ministro Pinzón, general Navas, señores comandantes- continuarán con la misma intensidad. Tampoco nos dejaremos amedrentar por los extremistas y los saboteadores, de cualquier sector, que suelen aparecer en estos momentos. Le pido al pueblo colombiano templanza, paciencia, fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia, que de todas maneras serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia. Por último, quiero agradecer a los gobiernos de Cuba y de Noruega por el generoso apoyo que nos han brindado. Sin su concurso no habría sido posible llegar a este punto. Cuba y Noruega seguirán actuando como anfitriones y garantes en la segunda fase. También quiero agradecer al gobierno de Venezuela por su permanente disposición a ayudar en todo momento, y al gobierno de Chile por haber aceptado apoyarnos en la siguiente fase. Estos dos países -Venezuela y Chile- serán acompañantes. Agradezco, finalmente, a una serie de expertos internacionales que -desde el principio- con su conocimiento, con su experiencia y con gran dedicación, han enriquecido enormemente este proceso. Compatriotas: Hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los problemas fundamentales de su nación. Éste es uno de esos momentos. Sin duda hay riesgos, pero creo que la historia sería mucho más severa con todos nosotros si no aprovechamos la oportunidad que hoy se nos presenta. En todo caso, la responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más. Eso sí, quiero poner muy de presente a mis compatriotas que -si no somos exitosos- tendremos la tranquilidad de que hicimos lo correcto; de que no hicimos concesiones ni cedimos un centímetro del territorio, ni tampoco desatendimos las tareas del gobierno. Hemos procedido y procederemos con la debida cautela, pero también con determinación. Los invito entonces a que miremos este proceso con prudencia, pero también con optimismo. Si somos exitosos, habremos puesto fin a esa oscura noche de medio siglo de violencia. NO podemos seguir siendo un país con uno de los conflictos internos más largos del planeta, y el último del hemisferio. NO podemos dejar que sigan naciendo nuevas generaciones-como la mía- que no conozcan un solo día de paz. No hay duda de que es hora de pasar la página. Hace unos días, una madre cabeza de familia, con cuatro hijos -de los cuales había perdido dos en este conflicto- se me acercó y me dijo: “Presidente, busque la paz. En paz seremos mejores personas. En paz los dos hijos que me quedan tendrán más oportunidades”. Así lo creo. Si ponemos fin al conflicto, los colombianos estaremos frente a un mundo lleno de oportunidades. Si terminamos el conflicto, se desatará todo nuestro potencial, y a Colombia no la parará nadie. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos todos para hacer que el sueño de vivir en paz se convierta por fin en una realidad. Gracias y buenas tardes” 29.

6-9-2012, El Presidente Santos reiteró que el objetivo de los diálogos con las FARC es lograr la Paz y aclaró que pedir la presencia en la mesa de diálogos de “Simón Trinidad”, guerrillero preso en Estados Unidos, no es realista. “Hemos dicho que este proceso tiene que ser eficaz, serio, digno y realista, y eso (lo de ‘Simón') no es realista. Lo importante aquí es concentrarse en lo básico, en la agenda que se acordó, en los puntos. Si hay voluntad eso sigue y ojalá pronto podamos tener acuerdos sobre esos puntos. Lo demás son comentarios que no contribuyen”. La fuerza pública seguirá combatiendo a la insurgencia hasta que se firme el fin del conflicto. “Nosotros hemos dicho que parte de las diferencias con otros procesos es no ceder ni un centímetro del territorio ni cesar operaciones militares. Y eso se mantiene hasta la culminación del proceso, hasta terminar la segunda fase. Hemos hablado de meses no de años. Yo esperaría que si hay voluntad, en seis u ocho meses podamos decir que terminamos la segunda fase, se pueda decir que se ha terminado oficialmente el conflicto” 30.

12-9-2012, La decisión del Presidente Santos es que si para julio del 2013 no hay avances firmes para llegar a acuerdos concretos de paz, se suspenderían las conversaciones con la guerrilla. Si las FARC tienen una voluntad similar a la del Gobierno, las negociaciones de paz pueden avanzar más rápido, incluso de lo que la gente espera 31.

22-9-2012, El Presidente Santos, antes de iniciar los diálogos en Oslo pidió a las Fuerzas Militares insistir en la seguridad de los colombianos, reiterando a las FARC que no cesarán las operaciones militares contra ellas. “Este proceso lo iniciamos con la mayor voluntad pero con unas reglas de juego claras. No vamos a cesar las operaciones militares hasta que lleguemos al acuerdo final… mientras tanto la orden es seguir garantizando la seguridad” 32.

26-9-2012, El Presidente Juan Manuel Santos durante la Asamblea General de la ONU, presentó el proceso de paz con las FARC. Confía poder entregar un balance positivo de este proceso en un año: “sabiendo que este proceso debe tener plazos breves y términos concisos para ser exitoso”. Las conversaciones con la guerrilla para procurar el fin del conflicto armado se harán “sin descuidar la seguridad de los colombianos, ni ceder un milímetro en la lucha contra el terrorismo y el delito”. Los contactos exploratorios con las FARC empezaron hace dos años, sobre la base de una agenda corta y concreta, que gracias a los países garantes (Cuba y Noruega) las conversaciones se instalarán en Oslo en la primera quincena de octubre y continuarán en La Habana, con el acompañamiento del gobierno de Chile y Venezuela. El palo en la rueda del desarrollo del país es el conflicto armado. “Colombia sufre hoy el conflicto interno armado más prolongado del hemisferio y uno de los más largos del mundo, un conflicto cada vez más anacrónico e inexplicable frente al desarrollo de nuestra democracia y nuestros progresos sociales” 33.

28-9-2012, Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón anunció que el gobierno seguirá aumentando el número de uniformados del país, a pesar de estar cerca el inicio de los diálogos de paz con las FARC. En el Senado de la República dijo que actualmente hay 465 mil uniformados en las Fuerzas Militares y se espera que al finalizar el periodo del Presidente Santos estén al menos 490 mil hombres y mujeres. Colombia necesita prepararse para el posible post-conflicto, sin disminuir el número de militares. “Lo que se ha demostrado donde se acaban los conflictos es que luego vienen unas fases de violencia criminal, diferente al conflicto y que por lo mismo, se requiere una Fuerza Pública que anticipe y garantice esa estabilidad y esa paz. El país no debe olvidar que así como hemos comprometido a las Fuerzas Militares en la misión de orden público tantos años, hay otra cantidad de misiones como la protección de las fronteras y garantizar que los recursos naturales se protejan. El país más que estar en una presión o guerra de un tipo u otro, lo que tiene es una infraestructura de seguridad que le va dando estabilidad. La victoria de las Fuerzas Armadas es la paz” 34.

11-10-2012, Frente a los reclamos expresados en el VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas para que participe la sociedad civil en sus diferentes expresiones en las negociaciones de paz, el Presidente Santos explicó que sólo le compete a los negociadores del Gobierno y de las FARC ponerle fin al conflicto, puesto que son esas dos partes las que combaten a diario en las selvas colombianas 35.

19-10-2012, El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón dijo que “Cualquier ajuste que se haga a la doctrina de las Fuerzas Armadas será para ser más efectivos contra los terroristas, los narcotraficantes, los criminales o cualquier otra organización que atente contra los ciudadanos de Colombia”, frente al comentario de Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, de que hay que repensar en la reestructuración de las Fuerzas Militares. El Ministro aseguró que el país debe estar orgulloso del profesionalismo y la efectividad de sus Fuerzas Armadas. “Así como Colombia tiene muchas cosas de las cuales puede sentirse orgullosa una de esas sin duda es de tener unas Fuerzas Armadas con la doctrina más desarrollada y el nivel de profesionalismo más alto, tal vez en el hemisferio. Tenemos una Fuerza Pública profesional con altos estándares, cada vez mejor equipada para cumplir con las misiones propias que requiere el pueblo colombiano. Estamos incrementando las capacidades de las Fuerzas Armadas. En los próximos dos años el país tendrá 25 mil hombres más, 20 helicópteros más, cerca de 20 lanchas más, 10 aviones más y tendrá sistemas de inteligencia de última generación, pero esto no es un anuncio, es una afirmación porque todo esto ya está decidido y financiado” 36.

22-10-2012, El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, explicó los alcances de las órdenes de captura contra miembros de las FARC que se levantaron para permitir la movilización de los guerrilleros y facilitar las negociaciones de paz con el Gobierno en La Habana. Entre el 21 de septiembre y el 17 de octubre del 2012 se expidieron varios actos administrativos que permitieron levantar 191 órdenes de captura que pesaban sobre 29 miembros representantes de las FARC en la mesa de negociación; 132 de las órdenes correspondían solo al jefe de las FARC 'Iván Márquez', quien tiene condena en 30 procesos por delitos como toma de rehenes, homicidio en persona protegida, terrorismo, rebelión, entre otros. Contra la holandesa Tanja Nijmeijer pesan dos órdenes de captura, que también fueron levantadas. Tanja fue reconocida por el Gobierno como representante de las FARC en los diálogos de paz, siendo la única extranjera que formará parte de las negociaciones. La suspensión de las órdenes de captura opera únicamente en los sitios autorizados para el desarrollo del proceso de paz: La Habana (Cuba) y Oslo (Noruega), y no en otros lugares del mundo. “Si algún miembro de los 29 representantes de las FARC acuden a un sitio no autorizado por el Gobierno o el Comisionado para la Paz, se harán efectivas las órdenes de captura”. Tampoco podrán “salir de Cuba ni regresar a Colombia sin autorización del Gobierno Nacional”. La suspensión de las órdenes de captura no supone la suspensión de los procesos contra los miembros de las FARC. Si se llega a romper la mesa de diálogo o se termina sin avance, de inmediato las órdenes de captura volverán a ser efectivas. “La suspensión es temporal y sólo va a durar por el término de la instalación de las mesas y mientras dure el desarrollo y trámite del proceso de negociación con las FARC” en los lugares donde determine el Alto Comisionado para la Paz. El organismo prepara un plan de contingencia para impulsar todos los procesos en contra de las FARC y la suspensión de las órdenes de captura no implica que se va a paralizar tampoco la actuación de los jueces de la República. “Vamos a hacer una organización para que los principales casos de las FARC, los casos mas graves (que impliquen violación de los derechos humanos), sean priorizados por la Fiscalía” 37.

19-11-2012, El vocero de la delegación de las FARC, ‘Iván Márquez’ anunció una tregua navideña que irá hasta el 20-1-2013. La tregua anunciada tomó por sorpresa tanto al Gobierno como a las Fuerzas Militares. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió con escepticismo a la tregua: “ojalá cumplan con esto que han prometido. Pero, la verdad esta organización nunca ha cumplido con nada”. Las Fuerzas Armadas seguirán en ofensiva, a pesar del anuncio de las FARC. En la actualidad las Fuerzas Militares tienen operativos militares de gran envergadura en curso y es muy probable que algunos tengan como objetivo campamentos guerrilleros y la localización de jefes guerrilleros de importancia. Ni las acciones de inteligencia, ni las labores de vigilancia sobre frentes guerrilleros van a detenerse 38.

25-11-2012, Mientras el Gobierno y las FARC abordan en La Habana el primer punto de la agenda del proceso de paz: desarrollo agrario, en el país persiste el debate en torno a la manera como se debe regular la llegada de la inversión extranjera al campo. El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explica los alcances del proyecto de ley que radicó en el Congreso, que busca que no se le cierre la puerta en las narices al capital extranjero para el agro nacional. La Ley de Restitución de Tierras no es negociable ni forma parte de las negociaciones con la guerrilla. La iniciativa tiene que ver con el desarrollo de una tesis simple, pero muy importante: la inversión extranjera en tierras se controla, pero no se prohíbe. La inversión extranjera de calidad -que acredite traer tecnología, capital, modernidad- es buena para el desarrollo agrario del país. Y así como puede llegar inversión extranjera a minería, hidrocarburos y comercio, también puede llegar al campo. Debe estar regulada de tal manera que se sepa qué capital trae y qué va a desarrollar. No nos interesan inversionistas que vengan a comprar tierra para dejarlas ociosas y que simplemente busquen valorizarlas. Y también tiene que ser una cantidad de tierras razonable. El proyecto contempla que se analice caso por caso. Si es seria y razonable, se le dará el registro y si no, se niega. Hay un visto previo que lo da el Ministerio de Agricultura. Después pasa al registro para fines cambiarios en el Banco de la República. No se le cierra en las narices la puerta a la inversión extranjera, como algunos quieren. El proyecto contempla un punto que tiene que ver con un fallo que profirió la Corte Constitucional, el cual el Gobierno respeta y acata. Dicho fallo dijo que quien haya recibido del antiguo Incora o del Incoder una parcela, que no puede ser mayor que una Unidad Agraria Familiar (UAF), no podrá venderla a alguien que al comprarla esté acumulando más de una UAF. El fallo señala que no puede ni siquiera aportarla en sociedad. Un fallo que responde al fenómeno de acaparamiento de tierras. Lo que está proponiendo el Gobierno es que si bien no se podrá vender la tierra a alguien que al adquirirla tenga más de una UAF, eso no quiere decir que no se pueda asociar en diferentes formas, las cuales no impliquen la transferencia de la propiedad ni su venta. De esa manera respetamos el fallo de la Corte, pero damos una opción voluntaria de asociarse en procesos de modernización y economía de escala. Lo que se busca es que el inversionista extranjero pueda asociarse en la explotación de la tierra. El y el capital colombiano. Claro que sólo sí el inversionista extranjero ha pasado los filtros mencionados. Otro punto del proyecto es una interpretación por vía de autoridad, que pedimos que haga el Congreso, diciendo que la aplicación de la Ley 160 de 1994 es a partir de su vigencia y no hacia atrás. Lo que se busca es que haya claridad jurídica para las normas de juego de las transacciones sobre los bienes rurales, que hoy en día traen tantas confusiones consigo. La Ley 160 de 1994 dice que quien haya recibido del Estado un baldío no puede venderlo a nadie que al comprarlo ya tenga más de una UAF. Del 94 para atrás, hasta el siglo XIX, hubo muchos otorgamientos de baldíos que no obedecieron a fines agrarios. Por ejemplo, el Estado pagó con tierra los servicios que los generales prestaron en las guerras o a los concesionarios que hicieron muchas vías a comienzos del siglo XX. Si la interpretación de la ley la hiciéramos retroactivamente, generaría una inseguridad tremenda en el mercado de tierras en el país. En la misma ley está dicho que el baldío colombiano nunca se adjudica a un extranjero. Todo el acaparamiento de tierras que fue a través de despojo se tramita y se sanciona con la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución, sea que el despojador hubiera sido de las FARC o de los paramilitares. Y ese tema no está sometido a negociación alguna ni aquí ni en La Habana, ni en Oslo. Es una ley que está vigente y se aplica, no se negocia. Toda inversión extranjera, del pasado y del futuro, debe registrarse para que sepamos quién es, en qué está y qué está haciendo. Hoy en día, salvo la información fraccionada que puede haber en todas las notarías del país con el registro de inversión extranjera para efectos cambiarios, no existe ese registro. Hay preocupación por el acaparamiento de tierras que hacen países como China o Corea, algo que ya ha sucedido en Africa. Las cifras indican que Colombia no es un caso como el de Africa. En el 2011 llegaron u$s13 mil millones de inversión extranjera directa al país, de los cuales sólo 150 fueron para el agro. Eso no es ni el 2%. En el futuro esto va a poder evitarse precisamente con los estudios y registros previos. La idea es poner un tope, como pasa en Argentina, que sólo deja que los extranjeros lleguen a tener el 15% de la tierra agrícola en el país. Pensamos que los controles de la calidad de cada proyecto son más eficaces que los que se limitan a unos cálculos. También hay iniciativas que dicen que un extranjero máximo sólo puede comprar dos UAF y eso es decirle que puede comprar dos solares, cuando hay ciertos proyectos que necesitan 10 o 15 mil hectáreas, como puede ser el de una reforestadora. No existe en el país un censo, por eso proponemos que se cree el registro. Incluso para los que ya están instalados. La información es precaria, como precaria es la información de los baldíos. A partir de que esta ley se apruebe, se revisará caso por caso, pero simultáneamente todo el que ya tenga inversión extranjera se tiene que inscribir. La tesis de fondo es que la manera de controlar la inversión extranjera no puede ser una reforma constitucional, sino que debe ser una ley. Sería un error histórico restringir la inversión extranjera per se. Iría en contra de la modernización de la agricultura y terminaría afectando al mediano y pequeño agricultor, al cual se le privaría en determinado momento de asociarse, con inversionistas extranjeros o nacionales. Uno no puede adelantar una política de restitución a las víctimas cerrándoles las puertas en las narices a los que quieren invertir sana y honestamente en el campo, sean nacionales, extranjeros o mixtos. La ley dice que se le restituye al campesino sin importar quién haya sido el despojador. Y según testimonios de los propios reclamantes, más de un tercio de los despojos corrieron por cuenta de las FARC. Por eso digo que la ley se cumple, no se negocia y no va para La Habana 39.

25-11-2012, Gobierno y FARC en cumplimiento del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, han convenido poner en marcha la Página Web de la Mesa de Conversaciones para facilitar la difusión de los comunicados conjuntos y demás información proveniente de la Mesa, así como abrir el espacio de participación virtual que establece el Acuerdo. Se abre el 7-12-2012 en www.mesadeconversaciones.com.co 40.

29-11-2012, El Ministro del Interior, Fernando Carrillo llamó la atención sobre la necesidad de crear una instancia para llevar las propuestas del Encuentro Nacional de Alcaldes a la mesa de diálogo, ahora que el Gobierno y las FARC acordaron poner en marcha un espacio de participación política para que la sociedad civil plantee sus propuestas sobre el tema agrario (primer punto de la agenda del proceso de paz). Será a través de los alcaldes que las organizaciones populares y gremiales podrán transmitir sus expectativas, que luego resonarán en la mesa de La Habana (Cuba). “Se trata de buscar que ciudadanos y organizaciones de todos los sectores puedan hacer propuestas relevantes y útiles para la discusión de la agenda pactada en el acuerdo general. Con esos insumos y las conversaciones directas que estamos teniendo, esperamos alcanzar acuerdos que lleven al fin del conflicto”. Los mandatarios locales son una parte fundamental en el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. “Yo les he dicho que el Gobierno es el interlocutor natural. Que no se dejen llevar por las voces de sirena de actores armados regionales, que les están diciendo que pueden llevar las propuestas a la Habana” 41.

2-12-2012, Presidente Santos: “¿En el fondo cuál es el meollo del problema? ¿Cuál es realmente dónde se va a determinar si hay paz o si no hay paz? Si las FARC quieren terminar el conflicto y pasar de las balas a los votos, encontrarán en el Gobierno toda la disposición. Pero si lo que pretenden es nuevamente poner sobre la mesa hacer su revolución por decreto ahí en la mesa en Cuba y transformar la Constitución y el país y sus políticas públicas, ahí no habrá paz. Por eso la agenda que se acordó y se firmó, tiene que ver con lo segundo y no con lo primero: con la forma como pasan de las balas a los votos. Que hagan política, que se constituyan en un partido, que tengan garantías, todo eso estamos más que dispuestos. Pero no pueden hacer política armados. Y mucho menos que lo que no lograron conseguir por la violencia, que lo consigan en la mesa de negociación en materia de sus aspiraciones de cambios de estructura en nuestro Estado colombiano42.

4-12-2012, El Director del INPEC, Gral. Gustavo Adolfo Ricaurte, reveló que se ha hecho un conteo del número de internos que están presos por delitos relacionados con la rebelión. En éste se determinó que cerca de 3.000 personas han sido encarceladas por rebelión y delitos conexos y que al menos 2.000 ya han sido condenados. En el documento se estableció que 3.361 guerrilleros se encuentran recluidos en los 142 penales del país. La mayoría de éstos se encuentran en las cárceles de Valledupar, Chiquinquirá, Popayán y Picota (de Bogotá). Según el informe, actualmente hay 2.076 personas condenadas por rebelión, sedición u otros delitos “políticos”, mientras 1.285 están esperando a que se les resuelva su situación. Desde que se produjo la liberación de los últimos secuestrados en poder de las FARC, el 2-4-2012, ésta agrupación insurgente viene insistiendo en la necesidad de que se permita la verificación de las condiciones en que están recluidos en las cárceles del país los militantes de su agrupación 43.

11-12-2012, Respecto del Fuero Penal Militar, el Gobierno y su bancada apelando a la “soberanía legislativa”, aprobaron su ampliación. Con la suposición de que cualquier acción en que incurran los miembros de la Fuerza Pública son actos del servicio y serán conocidos por los tribunales marciales -excepto los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado, que irían a la justicia ordinaria- el acto legislativo que reforma la justicia penal militar fue aprobada por la plenaria del Senado, por 54 votos a favor y cinco en contra. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, adujo la tesis “de recuperar el sentido de la seguridad jurídica”. Ante los temores de que con esta iniciativa se podía abrir camino a la impunidad para aquellos miembros del Ejército involucrados en falsos positivos, tratos inhumanos o crueles, detenciones arbitrarias, mutilaciones, acceso carnal violento y toda suerte de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitarios (DIH), el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, invocó la “soberanía legislativa” afirmando que “es el Congreso el que toma las decisiones y no por imposición; lo hacemos nosotros por una convicción absoluta y estoy seguro de que la norma que va a salir va a garantizar que no va a haber impunidad en Colombia”. El coordinador de ponentes, Senador Juan Manuel Galán, sostuvo que “el fuero busca la salvaguarda de la institución militar, incluso sobre aquellos militares y policías que a través de conductas delictivas buscan debilitar a una gran mayoría que tiene como función principal defender nuestra soberanía y la existencia y seguridad del Estado”. Galán le hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que asuma el compromiso de defender la legitimidad del Estado y la institucionalidad, como órgano de cierre incluso en los proceso contra uniformados. “El derecho de los Derechos Humanos a diferencia del Derecho Internacional Humanitario se aplica en tiempos de paz y no se aplica en tiempos de conflicto. Por eso, una cosa es aplicar el fuero militar en tiempos de paz y otra en tiempos de conflicto. Nuestra Fuerza Pública está enfrentando un conflicto armado interno, por eso debe ser juzgada y se le debe aplicar el Derecho Internacional Humanitario, que es el que rige para los conflictos armados”. El Senador Juan Carlos Vélez Uribe, defensor del proyecto, recalcó que “nuestros soldados y policías no son ningunos criminales, son héroes de la patria. Lamentablemente les hemos venido recortando sus garantías por decisiones de la Corte Constitucional y de organizaciones internacionales. Esta es la oportunidad para devolverles sus derechos”. El Tribunal de Garantías Penales tendrá la competencia de servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública. Se encargará de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar. El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho magistrados: cuatro miembros de la Fuerza Pública en retiro y cuatro miembros que serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. El Ministro de Defensa Pinzón defendió la reforma. La seguridad de los miembros de la Fuerza Pública redunda en seguridad para todo el pueblo colombiano. “Las Fuerzas Militares y de Policía son los principales defensores de derechos humanos del país, pues ellos juran con su vida defender la Constitución y la ley”. La reforma al fuero militar no será una ventana a la impunidad. Se ha logrado un texto equilibrado, respetando los acuerdos internacionales que tiene Colombia: “La justicia de las víctimas no puede pasar por la injusticia contra los miembros de la Fuerza Pública”. La reforma crea un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública. Este fondo estará bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional. En el proyecto se incluyó que los miembros de la Fuerza Pública cumplan la detención preventiva en centros de reclusión especializados. Cumplirán igualmente la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública. El proyecto especifica que los casos penales que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública por los delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar que se encuentran en la justicia ordinaria, continuarán en ésta. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un periodo de un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. El Gral. Alejandro Navas señaló que el objetivo es reforzar el aparato judicial. El Ejército se comprometió a trabajar en el fortalecimiento del aparato judicial para lograr posicionarla como una justicia independiente. El Comandante del Ejército, Sergio Mantilla dijo: “Estamos trabajando en lograr una justicia que brille, que sea reconocida por su independencia y que vuelva a tener el lugar preponderante que tuvo alguna vez en la historia. Se está en una revisión completa, en cabeza del Ministerio de Defensa. Tenemos una serie de recursos para la construcción de un edificio independiente, donde se garantice que los que está ahí son solo los de justicia militar”. El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del acto administrativo suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General para investigar presuntos delitos en operaciones militares denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”. El alto tribunal consideró que dentro de una operación militar se pueden presentar ocasionalmente situaciones que no guardan relación con el servicio, pero no por ello debe ser la Fiscalía la que asuma su conocimiento o determine a qué jurisdicción le debe corresponder su investigación. En el acto firmado el 14 de junio de 2006 por los entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, y el Fiscal, Mario Iguarán Arana, se establecía el procedimiento que se debía seguir para investigar las muertes que se presenten con ocasión de las operaciones que realizan las fuerzas militares. Dicha disposición dejaba en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía la facultad para decidir si la investigación de un hecho era competencia de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria. “Luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realice sus labores de inspección, búsqueda, recolección y aseguramiento de las evidencias físicas en el lugar de los hechos, así como las entrevistas de los posibles testigos, estos funcionarios deberán remitir sus informes, ya no a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, sino al Juez de Instrucción Penal Militar para que éste defina la competencia para conocer el proceso”. La Procuraduría General había manifestado que el procedimiento establecido en las normas demandadas era violatorio del debido proceso de quienes podrían verse investigados y juzgados en un procedimiento y por un juez, distintos al que establecen la Constitución y la Ley. Para el Ministerio Público era necesario definir expresamente el procedimiento a seguir tanto por la Fiscalía General de la Nación como por el Ministerio de Defensa Nacional, con ocasión de la comisión de delitos de homicidio simple y de homicidio en persona protegida en desarrollo de las operaciones propias de las fuerzas militares en las que se amerita la inspección técnico científica de los lugares donde ocurren los hechos. Ante esto se consideró como determinante el establecimiento de las competencias de los funcionarios para efectos de optimizar la investigación judicial sobre la legalidad de tales acciones y especialmente para esclarecer la aplicación y vigencia del fuero penal miliar en cada caso particular. Se indicó que el hecho de señalar para definir quién tiene la competencia para adelantar una investigación sobrepasa los alcances naturales y jurídicos de los actos administrativos y las competencias constitucionales y legales de los funcionarios que lo profirieron. La sentencia declaró la nulidad de los numerales 4, 5 y 6 del Acto Administrativo “Apoyo a la Justicia Penal Militar”. Los numerales anulados establecían: “…4. Que luego de la búsqueda, fijación, recolección, embalaje y aseguramiento de las evidencias físicas y elementos materiales de prueba hallados en el lugar, así como las entrevistas de los posibles testigos, los servidores del CTI remitan los respectivos informes a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía. 5. Que el Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata asumirá las diligencias a prevención, atendiendo lo previsto en la Carta Política, en concordancia con el artículo 250 ibídem; del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal y la sentencia C-358 de 1997 de la Honorable Corte Constitucional. 6. De ser evidente la existencia de los factores subjetivos y funcionales que justifican el reconocimiento del fuero instituido en el artículo 211 de la Constitución en concordancia con el artículo 250 de la Carta Fundamental, el fiscal de la justicia ordinaria decidirá con prontitud el traslado de la investigación a la Justicia Penal Militar en cuyo caso se mantendrá el apoyo técnico científico del CTI; si no se evidencian los factores enunciados, continuará conociendo la Fiscalía General de la Nación, informando de esta situación a la Justicia Penal Militar 44.

18-12-2012, El Presidente Juan Manuel Santos dijo que unas de las principales víctimas del conflicto han sido los ganaderos, por eso los invitó a hacer propuestas para el primer punto de la Agenda de Paz que se negocia en La Habana, calificando como “irracional” la negativa del Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Felix Lafaurie, de no participar en el debate agrario. “Esa es un posición política del Presidente de FEDEGAN que desde el principio ha estado en contra del diálogo. Yo respeto su posición pero creo que los ganaderos han sido las principales víctimas del conflicto en el país. En Palacio estuvieron el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y del Consejo Gremial y nos dejaron claro que el único gremio que no está a favor es FEDEGAN. El foro agrario se ha hecho con toda la seriedad, se trata de hacer propuestas y escuchar posiciones. Es el único tema que sí estamos dispuestos a discutir. Nosotros tenemos una visión muy progresista del campo en Colombia y eso si lo vamos a dialogar. Si no tuviera optimismo no estaría sentado. No va a ser fácil, después de 50 años de conflicto, terminarlo requiere perseverancia, paciencia y buena voluntad. Del lado nuestro existe la mejor disposición, creo que no encontraremos mejores condiciones para terminar el conflicto como las que tenemos hoy. Todo eso nos lleva a ser moderadamente optimistas” 45.

17-12-2012, Después de 43 años se volverá a hacer un censo nacional agropecuario, para saber cuál es la realidad del campo. El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo dijo: “Si queremos tener una radiografía actualizada y seria para que el debate agrario y el debate de ruralidad, que es el gran tema que está sobre la mesa en Colombia, transcurra por senderos serios y bien documentados, es indispensable el Censo Nacional Agropecuario”. El censo, que estará a cargo del DANE, se realizará entre el 2013 y el 2014, cubrirá 3,8 millones de predios rurales, recolectará datos que permitirán caracterizar la actividad agropecuaria del país y tendrá un costo de u$s 110 millones. “El Censo Agropecuario se hará. Esta es una de las grandes necesidades que tiene el país para entender mejor qué se está haciendo en la ruralidad colombiana”. Según la FAO, los censos agropecuarios deben realizarse en cada país máximo cada diez años. En América Latina los últimos países que han realizado este ejercicio han sido Brasil y Venezuela (2006), Chile (2007), Argentina (2008), Bolivia (2009) y México (2011). Con la ilusión de que diversos sectores de la sociedad civil puedan presentar y discutir sus propuestas para resolver el conflicto social y armado del mundo rural se instaló en Bogotá el foro sobre política de desarrollo agrario integral, con enfoque territorial -primer punto de la agenda de diálogos entre Gobierno y FARC-. Al evento asistieron 1200 participantes de un amplio espectro político y cultural. Gremios empresariales, sindicatos, campesinos, defensores de derechos humanos, políticos, organizaciones de mujeres, de LGBTI, de víctimas, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, para oír y entregar sus percepciones sobre el agro colombiano y las iniciativas para cambiar esta realidad, desde la idea de un proceso de diálogos. Frente a la ausencia crítica de FEDEGAN, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lamentó que no asistieran al evento y replicó: “Para estar en la democracia hay que participar en ella y no solo criticar. Esperamos que este foro nutra con sugerencias, ideas, controversiales y discrepantes, el diálogo que se está iniciando en La Habana en búsqueda de la paz”. La Federación Nacional de Ganaderos representa un 15 a un 20 % de los ganaderos del país; confío que otras organizaciones ganaderas se hagan presentes y den a conocer sus puntos de vista, para dar una visión más moderna y más democrática que ésta. El Presidente del Congreso, Senador Roy Barreras, respondió: “La negativa de Lafaurie al Foro de Paz es inaudita. En las nueve Mesas Regionales y en los Foros de Paz que hicieron todos los participantes expresaron su voz buscando paz para todos. Negarse incluso al diálogo académico y pacífico es apostarle todo a la violencia. En las mesas regionales de paz y en foros académicos nadie cede nada, cada quien expresa su opinión y se escucha la voz de otros colombianos”. La Representante Angela Robledo, co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara, expresó: “El doctor Lafaurie es un enemigo claro y directo de la paz y esto no es un desplante para las FARC, es un desplante a Colombia, a la sociedad civil que está cansada del conflicto”. Iván Cepeda, también co-Presidente de la Comisión de Paz, le pidió a FEDEGAN dar la cara en un evento en el que se está discutiendo sobre los problemas del mundo rural. “Es la perdida de una oportunidad para poder debatir de una manera muy franca los temas del mundo rural, en los cuales sin lugar a dudas el gremio que representa el señor Lafaurie tiene una responsabilidad muy clara, especialmente en lo que tiene que ver con el acaparamiento de tierras en zonas donde ha habido un alto nivel de violencia, principalmente por estructuras paramilitares”. Bruno Moro, Coordinador del sistema de Naciones Unidas para Colombia, dijo que FEDEGAN debería “reconsiderar” su posición y asistir al evento 46.

29-1-2012, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” ex-Paramilitar extraditado a EUA en mayo del 2008, confesó a una comisión de la Fiscalía colombiana, que funcionarios del gobierno Uribe trabajaron con los “paras” para “chuzar” (intervenir los teléfonos de forma ilícita) a magistrados, en el marco de la investigación por el escándalo de las “chuzadas” del DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y opositores del gobierno de Alvaro Uribe Vélez. “Don Berna” aseguró que Bernardo Moreno, Secretario General de la Presidencia de la República durante la administración Uribe Vélez, conocía del plan para infiltrar a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de desacreditar a los investigadores de la parapolítica. Daniel Coronell, una de las víctimas de las “chuzadas” afirmó que si el testimonio de “Don Berna” es corroborado por la justicia, “quedará claro que la llamada reunión de la “Casa de Nari” (en abril de 2008) fue un eslabón más de una operación criminal que incluyó interceptaciones, seguimientos y rastreos financieros contra magistrados y periodistas”. Según “Don Berna”, los paramilitares tenían contacto directo con la cúpula del DAS: “Hace mucho tiempo, es bueno anotar que cuando fue elegido el doctor Jorge Noguera (como director del DAS), pues el comandante “Jorge 40” nos comentó a la mayoría de los comandantes que había llegado a la cúpula alguien de su entera confianza y que podríamos contar con él para lo que necesitáramos”. Además, señaló que “al principio de 2005 hubo una reunión en la zona de Ralito, a la que asistieron varios miembros de la cúpula del DAS, entre ellos Fernando Tabares (director de Inteligencia del DAS) y el capitán Jorge Alberto Lagos (jefe de Contrainteligencia), así como otros personajes, “donde expresaron que estaban a disposición para colaborar con la organización” 47.

11-9-2012, Jefes de las autodefensas alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’, autores de la carta “La paz con grandeza”, respaldan proceso con las FARC, pero sin discriminaciones. Desmovilizados del paramilitarismo creen que no habrá paz si se limita sólo a algunos actores de la guerra. Los ex-Jefes del paramilitarismo, en representación de los desmovilizados de las autodefensas, instaron al Ejecutivo a que se los tenga en cuenta en el propósito de alcanzar una paz integral. La petición está basada en su idea de que a la reconciliación debe llegarse “sin discriminaciones ni exclusiones”, pues ellas viciarían el resultado final y mermarían sus efectos benéficos. Los desmovilizados del paramilitarismo también quieren sentirse amparados por el Marco Legal para la Paz que se quiere estructurar para darle solidez al proceso con las FARC, de tal modo que también puedan contar con los mismos derechos y obligaciones ante la ley y ante la Constitución. Las autodefensas no pueden ser ciudadanos de segunda por haberse desmovilizado como grupos de autodefensas y no como integrantes de la guerrilla. “Esto no sería justo, no contemplaría la igualdad de derechos entre combatientes que fuimos de lado y lado, y sembraría la duda sobre la naturaleza de los marcos jurídicos y políticos acordados entre Gobierno y guerrillas; además dejaría en miles de desmovilizados y millones de compatriotas el sabor amargo del distinto rasero utilizado”. La paz no puede limitarse a unos actores de la guerra, dejando a la deriva y sin solución a los otros combatientes 48.

17-10-2012, El Jefe de las AUC Salvatore Mancuso solicita al Presidente Santos participar en los diálogos de paz y que a los desmovilizados del paramilitarismo se les de los mismos beneficios que otorguen a los miembros de la guerrilla. Se negó a seguir colaborando en Justicia y Paz porque a sus colaboradores los estaban asesinando. Pide participar del proceso de paz o bien en una mesa única con la guerrilla o en una paralela. También exige que se le otorgue derechos políticos y advierte que de no incluirse a los paramilitares no habrá una paz sostenible ni duradera. Un Proceso de Paz que no incluya a la gran mayoría de los actores del conflicto resultará insuficiente para evitar que las zonas desocupadas al momento de la desmovilización por unos, sean fatalmente retomadas por otros, exclusiones y vías de hecho que han sido una tendencia histórica, que han convalidado y reeditado la violencia y promovido la lucha armada como expresión política para defender intereses cuando democráticamente se está impedido, perpetuando la guerra, la continuidad de daños inenarrables en la vida de miles de personas y retrasando en amplias regiones el desarrollo socioeconómico y la democracia incluyente y plural. Está reciente el ejemplo, con la desmovilización de las AUC, el de los grupos guerrilleros que dejaron las armas, como el EPL, el M19, la Corriente de Renovación Socialista, el ERP, el Quintín Lame, etc., lecciones que ciertamente no fueron benéficas para fortalecer la institucionalidad y la democracia o alcanzar una paz estable y duradera y que no debemos desdeñar. No será la inclusión política de los desmovilizados y sus bases sociales la que impida la solución negociada, ni tampoco la participación en el Proceso de Paz de la mayor cantidad de los actores del conflicto, sino su invisibilización y exclusión política, la de sus comunidades, las que harán inviable la solución. Cuál sería el interés que no se puedan expresar democráticamente con razones y argumentos, las ideas de quienes deponen las armas y durante años representaron los intereses de tantas comunidades, para que dentro de la institucionalidad, puedan ayudar a resolver los enormes problemas que aquejan especialmente a la Colombia marginal y periférica. Acaso desconocen que sin armas dentro de la contienda política democrática nada se puede imponer y todo lo que dentro de ella se pretenda conseguir se obtendría convenciendo con la fuerza de las ideas, de la razón, de las promesas cumplidas, o es que allí no existen todos los controles y mejor aún la participación de todas las variables políticas. ¿Quiénes son los pocos que se benefician de esta exclusión y sus funestas derivaciones? No es el pueblo colombiano. Resulta inevitable que haya ciudadanos que deseen que guerrilleros y autodefensas, quienes tenemos iguales responsabilidades en cuantiosos hechos de guerra, nos pudramos en una cárcel o regresemos a la sociedad con nuestros derechos humanos y políticos cercenados. No puede ser el castigo el único remedio que exija una sociedad que busca justicia pero también Reconciliación y Paz. Las FARC-EP aspiran a transformarse en una fuerza política legalmente reconocida, también nosotros, así lo hemos manifestado innumerables veces, como el día de la instalación oficial de la mesa de negociaciones en Ralito, el 1 de julio de 2004, cuando dije: “para eliminar toda posibilidad que conduzca a un nuevo resurgimiento de la opción armada antisubversiva, nosotros como Autodefensas Campesinas avanzaremos, no hacia la desaparición como organización, sino hacia la transformación en un movimiento político de masas a través del cual la retaguardia social de las Autodefensas pueda constituirse en una alternativa democrática que defienda, custodie y proteja los intereses, derechos y demandas de nuestras comunidades ante los poderes del Estado”. Las FARC aspirarán a ser en la legalidad líderes sociales en las diferentes zonas donde actuaron y también en otras. ¿Cómo evitar que no vean las comunidades a sus integrantes como una amenaza si los otros desmovilizados no pueden competir políticamente con los mismos derechos y garantías que reciban los miembros de las FARC? ¿Por qué unos actores desmovilizados del conflicto sí harán proselitismo político y otros no? ¿Por qué propiciar esa diferencia de criterios, estratificar la violencia, las víctimas y los actores del conflicto armado según la posición política o ideológica? ¿Será socialmente viable un posconflicto parcializado que incluya a unos y rechace a otros? ¿Que los desmovilizados como autodefensas, e incluso los ya desmovilizados como guerrilleros en los años recientes, no recibamos un trato equivalente al que reciban los mandos y los soportes políticos y logísticos de las FARC y por el contrario quedemos confinados a la cárcel, extraditados, proscritos de la sociedad y seamos los únicos a los que se nos exija reparación y verdad? ¿Conducirá a la paz la iniquidad y extravagancia que representa la asimetría de condenar a unos por los mismos actos de guerra dentro del conflicto armado irregular, mientras que simultáneamente, no solo se ignora la barbarie de los otros, sino que también se premian? ¿Habrá auténtica paz si se le da un trato diferenciado a guerrilleros, autodefensas y militares cuando estos últimos han dicho: “no queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y militares que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados, y confinados en las distintas cárceles del país”? Por estas argumentadas razones, le pedimos, señor Presidente Santos, que retome el Proceso de Paz inconcluso con las AUC, que fue truncado por el Gobierno anterior que suspendió el componente político de las negociaciones, al negarse a firmar los acuerdos pactados en la mesa cuando así se lo exigimos, vulnerando a los desmovilizados, a las comunidades directamente afectadas y decepcionando al país, cuando ya habíamos desmovilizado todos los hombres y mujeres de las autodefensas, dejándonos en el limbo, anclados exclusivamente al componente judicial transicional, sumido en total incertidumbre, plagado de vacíos, indefiniciones, inseguridades jurídicas y físicas; cercenados los derechos políticos y civiles, silenciados, extraditados, proscritos y encarcelados al lado de los líderes de nuestras bases sociales, apoyos políticos, empresarios, militares y amplios sectores de la sociedad que en su momento, cuando el país estuvo a punto de colapsar a manos de las guerrillas, nos empujaron, pidieron ayuda o nos apoyaron. Y aunque hemos recurrido a la justicia buscando solución a estas falencias, ha sido imposible que la justicia las resuelva sola, ella no tiene las herramientas y aún más, digámoslo con franqueza: en la forma como se ha abordado el componente judicial transicional, ni el Estado, ni el aparato judicial, tienen las herramientas, ni los recursos, mucho menos, la capacidad para evacuar el universo de hechos a juzgar -que abarcan todo el código penal- cometidos por las partes en contienda durante más de 50 años de conflicto armado. Señor Presidente Santos: le pedimos relance y dé continuidad al Proceso de Paz con la AUC para proseguir adelantándolo de manera conjunta o en simultáneo con las FARC-EP y con los otros actores que deben tener asiento en esa mesa única o paralela, para darle solidez, consistencia y sustentabilidad a los acuerdos finales. Señor Presidente Santos, dirigencia de las FARC-EP y Pueblo Colombiano: Se necesita del compromiso del Estado en su totalidad, de la mayor cantidad de actores del conflicto, de los medios de comunicación y de toda la sociedad y la Comunidad internacional para alcanzar la Paz, para que los compromisos y los acuerdos pactados no sean malogrados por hechos y lógicas siniestras que nos excedan desde las ‘manos oscuras’ de quienes están dispuestos a utilizar todos los recursos legales o ilegales, estatales o paraestatales de izquierda o de derecha habidos y por haber, en contra de la Paz y la Reconciliación, y del País donde quepamos todos. A la dirigencia de las FARC-EP, a sus negociadores, a sus tropas y bases sociales y políticas, les pedimos evitemos se siga reciclando en un solo colombiano y colombiana y con cualquier pretexto, la exclusión que los llevó a empuñar las armas. Les pedimos que participemos conjuntamente en la construcción de la Paz, compromiso con el que indeclinablemente debemos desnudar las verdades del conflicto, para que podamos subsanar las profundas causas que lo originaron y mantienen, cuáles y de quiénes las responsabilidades asumiendo las que nos correspondan, sin revanchismos, procurando mirar hacia adelante para evitar se sigan repitiendo los males y lograr así una Paz duradera. La paz, el perdón y la reconciliación son posibles. Estimulémoslos, sembrémoslos con nuestro ejemplo. A nombre de todas las Autodefensas que como yo tengamos el corazón dispuesto, les pedimos perdón por los hechos de guerra y les perdonamos, los daños infringidos, el dolor y los sufrimientos causados entre nosotros, y producto de esa confrontación, a Colombia entera, a la que también imploramos perdón. Esperamos de corazón, que los diálogos de Paz que inician una fase decisiva en Oslo y en La Habana incorporen el bien común de la sociedad entera, como criterio rector que prevalezca humanitariamente por sobre las legítimas posiciones políticas de unos y de otros, reconstruyendo el tejido social ultrajado durante este largo conflicto armado. No se trata de pretender cheques en blanco ni inmunidades ni privilegios a futuro, sino de disfrutar, todos igualitariamente, la oportunidad de un nuevo renacer. De poder participar política y democráticamente, en igualdad de derechos y obligaciones, dentro del ordenamiento legal y constitucional, para que se verifique aquello de que no habrá vencedores ni vencidos, todos igualmente dedicados y comprometidos con la realización de los imperativos de la Ley y de la Paz. Salvatore Mancuso Gómez, Warsaw, Virginia, USA 49.

28-11-2012, Los ex-jefes paramilitares Edward Cobos Tellez, Ramón Isaza, Manuel de Jesús Pirabán quieren mesa de trabajo con la Comisión de Paz que emprendieron el Gobierno y las FARC. Piden que se organice una mesa de trabajo con los representantes de la Comisión de Paz en las instalaciones de la cárcel La Picota, de Bogotá, para que su proceso de desmovilización, que empezó en 2003, pueda ser analizado de acuerdo con lo establecido en el pacto firmado recientemente en La Habana, entre el Gobierno y las FARC. “Fuimos en su momento actores políticos y militares del conflicto, actualmente sometidos al nuevo marco de Justicia Transicional, por lo cual consideramos pertinente se tengan en cuenta nuestros hechos efectivos de Paz, dentro de este proceso de reinserción a la vida normal, para que las comisiones de Paz del Congreso, de manera conjunta o individual, vea la importancia de conocer directamente esta experiencia, como un aporte propositivo a la sostenibilidad del actual proceso Colombiano de Paz”. Nueve ex-Comandantes paramilitares firman la misiva y se reconocen como “Miembros Representantes, Negociadores y Voceros autorizados de las extintas AUC”. El día de instalación en Oslo (Noruega) de la Mesa de Diálogo, se conoció una carta del ex-Comandante extraditado Salvatore Mancuso en la que afirmaba que “un Proceso de Paz que no incluya a la gran mayoría de los actores del conflicto resultará insuficiente”. Ahora que las FARC y el Gobierno anunciaron la puesta en marcha de los mecanismos para escuchar a la sociedad civil, la Comisión de Paz del Congreso empieza a cobrar importancia como la plataforma que puede llevar a La Habana ideas y perspectivas 50.

9-1-2012, Comunicado del Comandante del Estado Mayor de las FARC-EP Timoleón Jiménez: Se puede ser seguidor y adorador de Dios. Pero no debería hacerse abstracción del hondo contenido de los mitos religiosos. Por lo regular se los interpreta en su sentido más obvio, el facilista, y se evaden las consecuencias inevitables que implican sus otras significaciones. Los cristianos, por citar un ejemplo, apelan al Génesis como la explicación real o figurada del comienzo de las cosas. Y hasta sin ser fanáticos, aceptan la expulsión del paraíso como la consecuencia lógica del pecado de desobediencia. Pero, ¿qué pensaba Adán? ¿Estarían resignados él y Eva a que se los condenara de ese modo para toda la eternidad? Jack London trae a cuento un verso insuperable, que refleja de modo magistral su situación: El ser que arrojaste del Jardín del Edén, ¡Era yo, señor! Allí estaba yo, desterrado. El grito herido de los padres de la humanidad entera. Tal vez Dios fuera omnipotente, pero su lógica reñía con la de los pobres mortales. Había otra manera de mirar las cosas, quizás más justa y válida. En términos de hoy podría decirse que la verdad no es única. Se halla en dependencia de quién y con qué difusión la afirme. Cuando se cuenta con el monopolio del poder mediático, se refuerza el propio dicho a escala galáctica. Y se minimiza y ridiculiza al opuesto. Voces cada vez más creíbles y respetables nos confirman formales razones oficiales acerca de la urgencia de hablar. Mientras eso sucede, se escucha una y otra vez que con nosotros no puede conversarse porque todo el tiempo engañamos. Cuando se reclama sinceridad, es pésimo precedente comenzar de ese modo. Aquí podríamos argüir algunas cosas. Tras los deplorables hechos del 26 de noviembre en el Caquetá, nadie quiso revelar que Herwin Hoyos, de Caracol Radio, tras embaucar a los familiares de los prisioneros con su caravana, marchaba al área donde sabía se iba a realizar la operación, con el propósito de recibir los rescatados, montar otra cruzada de glorificación al Ejército y alardear del éxito de su campaña de Vamos por ellos. Todo lo cual demuestra el conocimiento que el Establecimiento y el alto gobierno tenían acerca la liberación unilateral prometida, y cómo pensaron sabotearla con un espectáculo transmitido en directo por internet al mundo entero. Como era de esperarse, la ruleta rusa fracasó y la derrota quedó huérfana de nuevo. Había entonces que salir a condenar con acritud al natural chivo expiatorio, la guerrilla de las FARC, al tiempo que jurar que nunca se había preparado un rescate. Persistir en la misma dirección nos condena a testarudos por parte de las raposas de la verdad oficial. Por encima de ellas, insistimos como 5 siglos atrás lo hacía Fray Antonio de Montesinos ante los encomenderos de La Española, Ego vox clamantis in deserto. Resulta apropiada la recordación del fraile dominico, para referirse a la inminencia de la agresión que se cierne sobre la región del Catatumbo y en general el Norte de Santander. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? El saliente comandante de la XXX Brigada lo definió con claridad: El gobierno ratificó la voluntad de incrementar la presencia militar en El Catatumbo por el ingreso de nuevas empresas. Hoy en día tenemos solicitudes de empresas para trabajar en las áreas del carbón y del petróleo, así como el incremento del cultivo de palma a 16.500 hectáreas. La intención es permitir la llegada de las empresas, continuar con el crecimiento de los cultivos de palma y atacar de frente el narcotráfico. Era su dicho meses atrás. ¿Por qué ahora, cuando miles de soldados y decenas de naves artilladas en plan de guerra se ubican en Cúcuta, Ocaña, Tibú y otras localidades, listas para el ataque, se sale a decir que toda esa furia tiene como propósito ubicar y dar de baja al jefe máximo de las FARC? Cualquier oficial medio de inteligencia. Cualquier persona con sentido común, sabe lo que alguien puede hacer, sabiendo lo que se avecina. El gobierno y la cúpula militar saben bien lo que se traen entre manos. Como muñecos de Collodi, le mienten al país. En acto de impudencia, el Ejército Nacional se acerca a las comunidades indígenas del Catatumbo simulando brigadas de ayuda, a sabiendas de que lo que habrá de sobrevenirse será la persecución infame y el destierro de los indígenas Barí, cuyos asentamientos se encuentran en la mira de las grandes compañías transnacionales que vienen por el carbón, el petróleo y los agrocarburantes. Cincuenta años atrás esas mismas comunidades poblaban extensas áreas del departamento. Y peleaban con arcos y flechas por sus tierras. Hoy habitan refugiados en los riscos más escarpados, de donde serán expulsados por la inhumana explotación global capitalista. Que predará zonas de reserva y parques naturales en bien de la ganancia de los accionistas. Igual suerte correrán las comunidades campesinas de colonos y cultivadores. La sentencia de muerte contra los pequeños mineros está dictada hace meses. Es eso lo que llegan a hacer las tropas, Santos. A garantizar aún más prosperidad a los más prósperos. Y a hundir en inefable suerte a los más pobres. Estos lo saben, lo gritan, lo lloran. Pero son voces cuyo eco se pierde en la montaña, como las de los monos aulladores. Se trata de la misma historia que ha ocurrido en este país por décadas. Por siglos. Una casta enquistada en el poder ha puesto siempre por delante sus intereses y los del amo extranjero antes que los de sus nacionales. De estos y similares asuntos, con participación activa de los afectados, nos interesa tratar en una hipotética mesa de conversaciones. De cara al país. Poner en cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, la doctrina militar. Retomar la Agenda que quedó pendiendo en El Caguán. El gobierno del que usted formó parte, se negó a abordarla diez años atrás, condenándonos a todos a esta Troya sangrienta que sin toma de Ilión se apresta a repetirse. Nosotros, al igual que la inmensa mayoría del pueblo colombiano, pertenecemos a la estirpe mundial de mujeres y hombres a quienes un soberbio poder celestial desterró del paraíso. Siempre nos negaremos a aceptar la imposición de verdades absolutas. Nuestro destino es recuperar lo que nos pertenece. Proclamamos nuestra verdad: este conflicto no tendrá solución mientras no sean atendidas nuestras voces. Sin mentiras, Santos, sin mentiras. Timoleón Jiménez, Comandante de Estado Mayor Central de las FARC-EP 51.

25-1-2012, En un comunicado de las FARC grabado en video, el Comandante Iván Márquez, confirmó los nombres de tres uniformados que serían liberados en los próximos días, tal como lo había manifestado la ex-Senadora Piedad Córdoba. Según el jefe guerrillero, en el grupo de los seis liberados estaría el Cabo primero Luis Alfonso Beltrán Blanco, secuestrado el 2 de marzo de 1998 en El Billar, Caquetá; el Sargento segundo César Augusto Lasso Monsalve, secuestrado el 1 de noviembre en la toma de Vaupés y el Subintendente de la Policía Carlos José Duarte, retenido el 10 de julio de 1999 en Puerto Rico, Meta. Además de los anteriormente mencionados, se encuentran los Subintendentes de la Policía Jorge Trujillo Solarte y Jorge Humberto Romero, y el Cabo primero José Libardo Forero. Este proceso de liberación se haría efectivo tan pronto se acuerden los protocolos de seguridad, entre los que se contempla un cese de operaciones en la zona señalada por las FARC para realizar la entrega. Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ señaló: “Los protocolos de seguridad son indispensables para una liberación sin sobresaltos, no queremos que el gobierno se embarque en la aventura de un nuevo rescate militar como el que produjo la innecesaria e injustificada muerte de cuatro uniformados que iban a ser liberados el pasado 26 de noviembre en el Caquetá. Los familiares de los prisioneros de guerra quieren que sus familiares regresen a casa vivos y no en féretros, como quiere el Gobierno al señalar que persistirá en los rescates militares”. Estas liberaciones responden al compromiso que asumieron con la ex-Congresista Piedad Córdoba, lider de Colombianos y Colombianas por la Paz y otras líderes latinoamericanas del grupo Mujeres del Mundo Gestoras por la Paz en una carta fechada el 1 de diciembre, en la que las FARC señalaban que “seguiremos explorando todas las vías que nos puedan conducir a este noble propósito y a concretar, en el marco de la nueva situación generada, y en cumplimiento de la voluntad del inmolado Comandante Alfonso Cano, la liberación unilateral de los prisioneros de guerra que en misiva anterior les anunciamos, a pesar de que algunos de ellos cayeron en el insensato intento de rescate militar” 52.

1-2-2012, Señoras: Lucía Topolanski, Jody Williams, Elena Poniatowska, Alice Williams, Mirta Baravalle, Isabel Allende, Rigoberta Menchú, Socorro Gómez, Elsie Mongue, Ángela Jeira y Piedad Córdoba. El área que habíamos escogido para la liberación de los prisioneros de guerra Luis Alfonso Beltrán, César Augusto Laso, Carlos José Duarte, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero y José Libardo Forero, todos integrantes de las fuerzas armadas estatales, capturados en combate, ha sido militarizada injustificadamente por el gobierno de Colombia, lo cual nos impone aplazar su concreción. Militares patriotas nos habían alertado de las intenciones del gobierno Santos de procurar a toda costa un rescate militar, sin importar que este pudiera derivar en un resultado luctuoso, como el del pasado 26 de noviembre. Esta actitud se corresponde con la determinación gubernamental reciente, de impedir el concurso internacional humanitario en la anunciada liberación. Los queremos liberar vivos, pero parece que el gobierno prefiere entregarlos en catafalcos a sus familiares. A pesar de estas circunstancias, distinguidas señoras, nuestra determinación unilateral, decisión surgida de la soberanía política de las FARC y de un profundo sentimiento de humanidad, se mantiene en pie. Tan pronto amaine la insania que se ha apoderado del Palacio de Nariño, haremos un nuevo intento para que ustedes puedan recibir a los que serán liberados. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia febrero 1 de 2012 53.

6-2-2012, Comunicado de las FARC-EP: Es absolutamente falso que hayamos emprendido algún tipo de campaña terrorista. Nada más lejano de nuestras convicciones que las acciones indiscriminadas contra la población civil. Nuestros únicos objetivos militares son las fuerzas armadas del Estado colombiano y las bandas criminales a su servicio. Ellas tienen a su cargo la guerra y son por tanto nuestro blanco. En el reciente asalto al cerro de Santana en el Cauca, los integrantes de la Policía Nacional encargados de la seguridad de las instalaciones, emprendieron la huida al reconocer la superioridad de la fuerza guerrillera. Ese comportamiento habitual, obliga a la insurgencia a penetrar a los poblados a fin de golpearlos. Allí, rodeados de la población que usan como escudo, y resguardados por las tropas del Ejército que patrullan los alrededores, sienten que ningún brazo justiciero puede alcanzarlos. La actividad de inteligencia que les permite, según se ufanan, dar de baja a un alto número de insurgentes o encerrar en prisión miles de luchadores sociales, no les parece reprochable ni criminal. El grado desproporcionado de violencia y horror que hace llorar de alegría a Santos cuando produce la muerte de revolucionarios y demócratas, no merece ningún tipo de respuesta por parte del pueblo indignado. Los amos del capital y de la tierra, su aparato de terror y sus apoyos extranjeros se niegan a admitir que su actitud asesina es la única causante de esta guerra. Guerra que puede ser regularizada con acuerdos de canje de prisioneros y de conductas con la población no combatiente y los combatientes heridos o capturados. Y que puede ser terminada con una salida dialogada, política, sin imposiciones arrogantes, que atienda a la solución de las causas originarias del conflicto. Con amenazas y calumnias no vamos a ninguna parte. Las construcciones mediáticas repetidas miles de veces por las cadenas de radio, televisión y la gran prensa escrita, apuntan a desvirtuar la naturaleza política y social de nuestra lucha ante un pueblo que sufre las graves consecuencias de las políticas económicas, sociales y militares de corte neoliberal desarrolladas por la actual administración. Ellas revelan el miedo del Establecimiento al estallido social por los cambios, la paz, el diálogo y la democracia. Colombia no es el país más feliz del mundo que pretenden hacernos creer a todos desde las alturas del poder. Aquí hay grandes masas inconformes, millones de seres que esperan un futuro mejor y que no tardarán en sacudir los pilares de este podrido régimen. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 6 de febrero de 2012 54.

21-2-2012, Comunicado del Secretariado de las FARC-EP. Diez años atrás llegaron a su fin las conversaciones de paz en el Caguán. El gobierno de Andrés Pastrana decidió cerrar las puertas del diálogo y apostar por la guerra total contra nosotros. Fuimos acusados de todas las perversidades del mundo. Hordas inmensas de soldados mercenarios entrenados por asesores gringos fueron enviadas a aplastarnos. Helicópteros artillados y aviones de todos los tipos partieron con el fin de reducirnos a cenizas. Las FARC-EP, a tres años de haberse inaugurado los diálogos, seguíamos insistiendo en la discusión de la Agenda Común acordada, en la remoción de las causas que originaban el conflicto armado. El Establecimiento en cambio tan sólo quería escuchar de rendición y entrega, ostentaba del enorme incremento de su gasto militar, y se esmeraba por hacernos entender lo que nos esperaba si rechazábamos la última oportunidad que nos concedía para someternos. Millones de colombianos eran víctimas del terror estatal en campos y ciudades. Los mismos medios de comunicación que denigraban de la insurgencia revolucionaria, se obstinaban en presentar como salvadores de la patria a los principales cabecillas del paramilitarismo. El fascismo que se adueñaba del poder del Estado mediante la penetración descarada en todas sus oficinas, imponía como única salida el advenimiento del criminal uribismo. El Pentágono promovía su guerra preventiva por el mundo calificando como terroristas a todos aquellos que se opusieran a las políticas del imperio. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se encargaban de generalizar sus políticas neoliberales de saqueo y sobreexplotación, imponiendo en cada país el gobierno que garantizara la libre penetración al gran capital transnacional. Colombia al parecer no podía aceptar otra cosa que la resignación y el silencio. Como gentes del pueblo, los guerrilleros asumimos la responsabilidad que nos imponía la historia. Defender con las armas las ideas de vida, soberanía nacional, democracia, y justicia social que terminaron por ser prohibidas y ridiculizadas por completo en el lenguaje oficial. Sólo tenían derechos los que claudicaban, los que se vendían, los que traicionaban, los que callaban. Al precio de nuestra sangre y sufrimiento hemos defendido por diez años la libertad y la decencia. Y estamos dispuestos a hacerlo por todo el tiempo que sea necesario. Hasta que el pueblo colombiano se levante imbatible a cambiar el régimen. O hasta que el Establecimiento comprenda la inutilidad de su guerra, y acepte sentarse a dialogar sobre la única salida política que excluye en definitiva la confrontación: la eliminación de las causas estructurales del conflicto. Sin garrotes ni zanahorias, con respeto por el pueblo de Colombia. Todas las voces de la ultraderecha, apertrechadas en el militarismo santista y ahítas gracias a la hartura que obtienen de sus locomotoras corruptas, depredadoras y elitistas, se encuentran empeñadas en clamar porque se propine a las FARC el golpe de gracia o se las someta a la más humillante rendición. Se ve que no son ellos ni sus hijos quienes marchan a morir en combate. Como sea, ha sido muy larga nuestra firme resistencia como para asustarnos por eso. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 20 de febrero de 2012 55.

26-2-2012, Comunicado: Cada vez que las FARC-EP hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación. De inmediato se nos endilgan las más perversas intenciones, sólo para insistir en que lo único que cabe con nosotros es el exterminio. Por lo general, los mencionados incendiarios nunca van a la guerra, ni les permiten ir a sus hijos. Son casi 48 años en lo mismo. Cada intentona ensayada ha redundado en un subsiguiente fortalecimiento nuestro, frente al cual vuelve a agrandarse la embestida y a reiniciarse el círculo. El fortalecimiento militar de las FARC de hoy se levanta en las narices de quienes proclamaron el fin del fin y los incita a proclamar la necesidad de acrecentar el terror y la violencia. Por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones. Por eso queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder. Al agradecer la disposición generosa del gobierno que preside Dilma Rousseff y que aceptamos sin vacilación, queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales. En atención a ellos, quisiéramos solicitar a la señora Marleny Orjuela, esa incansable y valiente mujer dirigente de ASFAMIPAZ, que acuda a recibirlos en la fecha acordada. A tal efecto, anunciamos al grupo de mujeres del continente que trabajan al lado de Colombianas y Colombianos por la Paz, que estamos listos a concretar lo que sea necesario para agilizar este propósito. Colombia entera y la comunidad internacional serán testigos de la voluntad demostrada por el gobierno de Juan Manuel Santos que ya frustró un feliz final en noviembre pasado. Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia. {LDP: Las FARC ya habían firmado con el gobierno colombiano de Belisario Betancur, el 28 de marzo de 1984, el Acuerdo de la Uribe, en el que, entre otros temas, acordaron que: “Condenarán y desautorizarán ... el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.”} Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente. Y la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política por parte nuestra. Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos. Deseamos finalmente expresar nuestra satisfacción por los pasos que se vienen dando hacia la conformación de la comisión internacional que verificará las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de reclusión y el desconocimiento de los derechos humanos y de defensa jurídica, que afrontan los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y los presos sociales en las cárceles del país. Esperamos que el gobierno colombiano no tema y no obstruya esta legítima labor humanitaria propulsada por la comisión de mujeres del continente. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 26 de febrero de 2002 56.

3-3-2012, Señora: Marleny Orjuela, ASFAMIPAZ, Bogotá. Aparte de considerarla de manera especial por su condición de mujer colombiana que trabaja por la paz, me dirijo a usted por su condición de líder del movimiento de familiares de militares y policías prisioneros de guerra, por cuya libertad ha librado durante años una incansable batalla. Sabemos que usted encarna el dolor y la esperanza de muchas familias, a quienes nos dirigimos por su intermedio, y a todas las cuales procuramos satisfacer con las liberaciones prometidas. La acidez característica de los comentaristas de la gran prensa, muy bien pagados para denostar de nuestra lucha, repudia enfurecida, de común acuerdo con el alto gobierno, cada una de nuestras actitudes de reconciliación. Las clases privilegiadas de Colombia no sólo han hecho un credo de la guerra, sino que aspiran a que ese credo sea el único que alimente la conciencia de 46 millones de compatriotas. Nosotros, en cambio, siempre hemos pensado diferente. Es una lástima que todos los días se esté derramando sangre de colombianos humildes en un largo enfrentamiento. No deberían morir militares ni policías. Tampoco tenían que morir los guerrilleros. Quizás fuera mejor que no existieran ni los unos ni los otros. Que no tuviéramos que hablar de prisioneros de ambos bandos. Que hubiera una democracia real en Colombia. Que no se asesinaran sindicalistas ni opositores políticos. Que no se desplazaran millones de campesinos. Si como sentenciara alguna vez Balzac, es cierto que detrás de toda gran fortuna hay un crimen, se comprende por qué en nuestro país existe una desigualdad social tan escandalosa. Han sido tantos los muertos como gigantesca es la riqueza de la elite financiera, industrial y terrateniente. Militares y policías son adoctrinados y entrenados para defender los intereses de esa minoría selecta. La misma que se muestra insensible y soberbia cuando los ve en desgracia. Es por eso que permanecieron tantos años en nuestras filas. Aunque no tantos como los guerrilleros condenados a penas de 50 y 60 años en las tenebrosas mazmorras del Estado colombiano o de EUA. La realidad es dura, es cierto, pero tiene dos caras. Los soldados y policías que serán liberados contaron con mejor suerte que los miles y miles de desaparecidos, que las miles de víctimas de los falsos positivos. Que los decapitados por las motosierras, que los colombianos a quienes se abrió el vientre antes de arrojarlos a los ríos, o los que fueron lanzados a los criaderos de caimanes. Todo ello con la complicidad abierta de las fuerzas militares y de policía colombianas. Con el patrocinio de la clase política y el beneplácito de los sectores pudientes. Las marchas de aplausos organizadas por el Presidente Santos en las áreas controladas por el paramilitarismo, no reviven los dirigentes de los reclamantes de tierras que están siendo asesinados con absoluta impunidad. Es asombroso el manejo mediático con el que se pervierte la realidad en nuestro país. Toda la parafernalia informativa ha sido puesta al servicio de la máquina asesina del régimen, formando parte integral de sus planes de guerra. Con ella se pretende apoderarse de la conciencia de la ciudadanía, del más elemental de sus análisis. A ustedes, cuyo dolor jamás fue sentido por las alturas del poder, es obvio que intentarán usarlos para azuzar aún más el odio y la guerra. Para que otros militares y policías sigan muriendo, sigan siendo heridos, o sigan cayendo prisioneros. Nosotros creemos que vale la pena intentar romper ese círculo maldito y apostarle más bien a la reconciliación y la paz. Un Ministro de la Defensa que presume de haberse criado en los cuarteles por ser hijo de un oficial, tal vez haya ido a los saunas del Club Militar a sacarse sus borracheras, pero no tiene la menor idea de lo que significa un combate. Eso lo sufren los hijos, los hermanos, los padres de los humildes policías y soldados que por un sueldo miserable se juegan todos los días la vida. Cuando públicamente asumimos el compromiso de no realizar retenciones con fines financieros, culminamos un proceso interno promovido por el camarada Alfonso Cano, encaminado a poner fin definitivamente a esa práctica. Los mismos predicadores de la guerra salen a descalificarnos ahora con rebuscados pretextos. Recientemente brotan frecuentes noticias acerca del empleo por nuestra parte de toda clase de atentados contra la población civil. Un transeúnte en el Cauca supuestamente activó un minado cuando cayó de su bicicleta justo encima de él. Un extraño campesino apareció con los labios cosidos con alambre porque se negó a activar un burro bomba por cuenta nuestra. Un supuesto minado nuestro afectó en El Tarra a los niños de una escuela. Semejantes barbaridades son creación de la inteligencia militar. Ninguna resistiría la más sana indagación probatoria. Pero los medios las repiten cientos de veces en obediencia a su señalada tarea. Observamos que ahora se la intenta convertir a usted en adalid de la lucha por la liberación de no sé cuántos centenares de secuestrados. Todas esas cifras son también falsas. Los precisos porcentajes que País Libre asigna a las FARC, obedecen a quizás qué elaboraciones preconcebidas. Hasta la expresión usada en nuestro comunicado para invitarla a usted a tomar parte en la comisión que reciba los prisioneros en la fecha acordada, es decir en la que se acuerde tras los necesarios protocolos, ha sido maliciosamente manipulada por algunos para insinuar que ya existe un previo acuerdo entre usted y nosotros sobre el asunto. Así son de miserables. Los peores enemigos de la paz buscan ahora el modo de aprovecharse de ustedes. Convertir en crimen cualquier intento por encontrar una salida política distinta a la rendición y entrega que presiona Santos. No hay que dejarles cumplir sus planes. Fraternalmente, Timoleón Jiménez, Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 3 de marzo de 2012 57.

11-3-2012, El gobierno de Santos ha dicho que el crecimiento económico de Colombia va por buen camino, que las 5 locomotoras impulsadas por su gobierno darán al país una competitividad aceptable a nivel internacional y que con ayuda de la inversión extranjera, la economía colombiana crecerá en el 2012 entre el 4.5 y el 5 por ciento, siendo los sectores minero y financiero los más rentables. En el 2011, el sector financiero obtuvo una tasa de ganancia cercana al 25%, seguido del minero con una ganancia del 20%. Otros rubros como construcción y turismo crecieron un 15%. Con un crecimiento económico de estas características, Colombia debía de ocupar sino uno de los 10 primeros puestos en las economías más prosperas del mundo, al menos un lugar de privilegio. Según el FMI y otros entes internacionales encargados de monitorear el crecimiento económico mundial, nuestro país ocupa el puesto número 105, a la vez que el cuarto puesto entre los países más desiguales de la Tierra, con 30 millones de pobres y los salarios más bajos del planeta. Aquí está la gran contradicción. Cabe preguntarse ante este boyante crecimiento: ¿quiénes son los ricos y quiénes son los pobres? La respuesta es muy sencilla. El grupo Sarmiento Angulo, magnate de las finanzas en Colombia, pasó en el 2011 de 5.600 millones de dólares a 10.500 millones, con una ganancia mensual de 408. 3 millones de dólares. Es decir que en el año gana 4.899.6 millones de dólares; lo que da un promedio de ganancias diarias de 13.425.000 dólares. A la tasa de cambio vigente, contabilizando horas, minutos y segundos, nos da una ganancia aproximada de u$s 172,6 por segundo. Un trabajador gana al mes un salario mínimo de u$s 309,26, menos del equivalente a dos segundos de ganancias del grupo Sarmiento Angulo. Si tiene una familia de 3 integrantes, paga un arriendo en un barrio marginal de u$s 111,11 y por concepto de servicios públicos u$s 83,33, con los restantes u$s 113,88 tendrá que atender la comida, el vestuario, la salud, la educación el transporte y todos los demás gastos que implique el sostenimiento de su mujer y su hijo. Si su familia está compuesta por 4 o más personas, el trabajador tendrá que sostenerlos a todos con la misma suma, que descontado el arriendo y servicios sería de menos de un dólar al día. El contraste es evidente. La mujer del obrero no gana sueldo pero si tiene que trabajar cuidando los hijos y al esposo que diariamente se va al trabajo. El ingreso por cabeza en Colombia, tratándose de personas de bajos recursos o sin empleo, no alcanza siquiera el nivel de un dólar diario. Según cifras de entes no gubernamentales especializados, en Colombia hay 16,4 millones de personas que viven con ingresos mensuales de u$s 103,93 y 5,4 millones con ingresos mensuales de u$s 46,43. Las dos cifras son alarmantes. Los primeros son personas que viven del rebusque, vendiendo cigarrillos en los semáforos, los segundos son realmente indigentes. Todas esas personas, hombres o mujeres son cabeza de hogar y mínimo son entre dos y tres personas por familia. Mientras 26.8 millones de personas viven con estos paupérrimos ingresos, congresistas, magistrados, ministros y generales de la fuerza pública, ganan u$s 10.000 mensuales. El Presidente gana u$s 17.777,77 al mes. Un obrero con el salario mínimo recibe en un año u$s 3.666,66, trabaja 44 horas a la semana, 172 horas al mes, un poco más de 2000 horas al año. El Senador acude 4 horas de la semana a las sesiones del Congreso y le pagan viáticos. La diferencia entre empleadores y empleados es enorme. Los patronos están amparados con las políticas gubernamentales de confianza inversionista, nada distinto a la descarada entrega de gabelas, rebaja de impuestos y entrega de nuestras riquezas y de nuestra soberanía a las multinacionales y al capital privado. Las ganancias de sus empresas son multimillonarias, por cada dólar invertido se llevan 10, lo que genera beneficios del orden del 1.000 por ciento. La mayor parte de estos réditos no son invertidos en Colombia. El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), ente estatal responsable de monitorear la calidad de vida de los colombianos, entrega sus informes cada mes, pero suele manipular los datos y exhibir cambios en los sistemas de medición para dar datos mentirosos y amañados. Un ejemplo resulta ilustrativo: según este ente, el año pasado la tasa de desempleo cayó hasta ubicarse en un sólo digito, alrededor del 9 por ciento. Eso riñe de frente con la realidad. Según sus cuentas, la persona que trabaja por contrato 10 ó 12 días al mes, ganando mucho menos del salario mínimo, ya no es desempleada. Igual sucede con los millones de colombianos que viven del rebusque y la informalidad. De ese modo resulta posible cuadrar cualquier cifra para hacer creer la idea de que los inversionistas extranjeros y nacionales generan riqueza para la nación, generan empleo y en consecuencia mejoran el nivel de vida de los colombianos. Con semejantes realidades, es fácil comprender las razones de la asombrosa desigualdad social y todas las consecuencias que ellas acarrean en la vida social y política de la nación. He aquí la verdadera fuente de todas las violencias 58.

16-3-2012, Comunicado de las FARC-EP sobre proceso unilateral de liberación: 1. Informamos al grupo de Mujeres del Mundo por la Paz coordinado por Piedad Córdoba, y a la organización ASFAMIPAZ, que estamos listos para iniciar el proceso de liberación, en dos jornadas, de 10 prisioneros de guerra en nuestro poder. 2. Manifestamos nuestro acuerdo con los ítems del protocolo de seguridad. Sólo hace falta que el Presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país. Es un contrasentido que el gobierno de Colombia niegue la existencia de estos solo para obstruir dicha visita, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, atendiendo un derecho de petición, acaba de reconocer la existencia de 15.000 prisioneros políticos. Esta es una realidad inocultable en un país que sigue atravesando décadas de conflicto armado. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, marzo de 16 de 2012 59.

26-3-2012, Comunicado FARC-EP: 1. Ante las dificultades expuestas por el CICR para garantizar el apoyo logístico a las liberaciones en la fecha del 26 de marzo, no tenemos inconveniente en aplazar una semana más la liberación de los 10 prisioneros de Guerra, en consecuencia ésta tendrá lugar el día lunes 2 de abril. 2. A los familiares de estos prisioneros les pedimos un poco de paciencia. Hemos planificado esta liberación para que todo salga bien. Confiamos que muy pronto podrán abrazar a los suyos. En contraste con esta eventualidad feliz, los guerrilleros y el conjunto de prisioneros políticos están desarrollando actualmente una jornada de protesta al interior de las cárceles del Estado reclamando el fin a las condiciones infrahumanas de su reclusión y garantías procesales y jurídicas. Esperamos que el gobierno cumpla su palabra de permitir la visita de la comisión de “Mujeres del mundo por la paz” a los nuestros, imputados de rebelión y de todos los cargos que se les ha ocurrido endilgarles, sólo para desdibujar el delito político y cobrar así venganza por su rebelión armada, a pesar de que esta es reconocida por los Estados como derecho universal. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, Marzo 26. Día del derecho universal de los pueblos a la rebelión armada 60.

2-4-2012, Los prisioneros políticos y de guerra recluidos en las cárceles del país saludamos fraternalmente a las Mujeres del Mundo por la Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz en cabeza de la Doctora Piedad Córdoba, a la señora Marleny Orjuela de ASFAMIPAZ, a familiares y amigos de los prisioneros de guerra policías y soldados, y demás delegados y garantes de este proceso de liberación unilateral de los uniformados retenidos en combate por las FARC-EP. Compartimos la alegría de las familias que buscaron sin descanso tener la libertad de los suyos y que hoy, gracias a la voluntad de paz expresada por las FARC-EP a través de la liberación unilateral de los retenidos en su poder, se hace realidad. Estas familias lloran de alegría por ver a los suyos libres, sin embargo nuestras familias, las de los más de 7000 prisioneros políticos y de guerra, lloran por vernos podrir en las cárceles por condenas de hasta 40 y más años que se prolongan como consecuencia de la ausencia de voluntad de paz del gobierno nacional que se manifestó abiertamente en la imposibilidad de adelantar un acuerdo humanitario. Conscientes de esta realidad comunicamos: 1. Que contrario a lo expresado por el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en las cárceles del país existimos más de siete mil (7.000) prisioneros políticos y de guerra. 2. Que durante la semana del 20 al 26 de marzo del año en curso 617 prisioneros políticos realizamos una jornada simultánea de protesta y visibilización de nuestra existencia, consistente en una huelga de hambre que tuvo lugar en 21 cárceles del país, de la cual tuvo conocimiento la opinión pública nacional e internacional y en cuyo desarrollo recibimos mensajes de solidaridad de un amplio sector de la población reclusa, ONG’s de derechos humanos, organizaciones populares, sindicales, estudiantiles de Colombia y el mundo. Estas expresiones de solidaridad fueron un reconocimiento de la existencia de los prisioneros políticos en Colombia, como consecuencia del conflicto social y armado que vive el país, y de la existencia del delito político que además está reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos como los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen defender. 3. Es de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en general la población reclusa del país, que asciende a más de 130.000 personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de reclusión alejados de la familia y los amigos, nos aíslan en patios de castigo, nos condenan a una vida de tortura y en la práctica nos imponen cadenas perpetuas, es el caso del compañero Jorge Augusto Bernal, miembro de las FARC-EP, hecho prisionero por el Estado hace más de 17 años, de los cuales 8 ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, sin acceso a atención médica, y demás violaciones a una vida digna. Este es uno de muchos casos de prisioneros políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como el del compañero Diomedes Meneses Carvajalino del ELN, recluido en el Patio 1 de la Cárcel Modelo de Cúcuta, que se encuentra en silla de ruedas, parapléjico por torturas en el momento de la captura y quien aun cumpliendo los requisitos para la libertad condicional, hasta el momento le ha sido ilegalmente negada. 4. Ante el aislamiento y castigo y luego de procesos de ablandamiento moral, se instiga a desmovilizarnos y a renegar de nuestros principios y de nuestra organización, como ocurre actualmente con el compañero Bernardo Mosquera Machado, prisionero en un calabozo, con problemas respiratorios y del corazón, de 67 años de edad, y ante sus problemas la única respuesta dada por el INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados gubernamentales lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de algunos beneficios jurídicos como su reubicación en cárceles privilegiadas donde están los amigos presos del gobierno. Estos entre muchos casos, deben ser investigados por las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos y organizaciones de la comunidad nacional e internacional. Exhortamos a Colombianas y Colombianos por la Paz, Mujeres del Mundo por la Paz y demás organizaciones que vienen acompañando estos procesos de humanización del conflicto hacia una salida política, a que mantengan los esfuerzos de visibilización y verificación de la problemática de los prisioneros políticos y de guerra del país, así como la búsqueda incansable de caminos para alcanzar la paz para los colombianos. De igual manera hacemos un llamado a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena a mediados del mes de abril, a que se pronuncien sobre lo antes mencionado y unan esfuerzos en la construcción de una salida política al conflicto que vive Colombia. Finalmente, exigimos del Gobierno nacional que ante los hechos reales de paz realizados por la insurgencia con la liberación unilateral de los prisioneros de guerra en su poder, responda con reciprocidad abriendo las puertas a un proceso de reconciliación que permita aliviar el dolor de miles de familias, amigos y organizaciones de los presos políticos y de guerra recluidos en las cárceles colombianas y estadounidenses, empezando por quienes padecen situaciones críticas de salud, con discapacidades y enfermedades terminales. Exigimos que el gobierno nacional abandone la actitud de intransigencia que ha tenido frente a los hechos reales de paz que hoy se han llevado a cabo por parte de la insurgencia y cese sus artimañas mediáticas para desconocer la existencia del conflicto político, social y armado y por tanto la existencia de los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles del país. En consecuencia, exigimos del gobierno nacional que tan pronto se produzca la liberación de los uniformados en poder de las FARC-EP, se otorgue autorización inmediata y sin condiciones para la realización de la Visita de Verificación de la Comisión Internacional de Mujeres por la Paz en las cárceles colombianas, de forma que se visibilice nuestra situación de reclusión actual y el estado de nuestros derechos humanos. Reiteramos nuestro compromiso con el pueblo colombiano de mantener las banderas de la construcción de la Nueva Colombia que soñó Bolívar, y la paz y justicia social. Fraternalmente, Prisioneros Políticos y de Guerra, Cárcel de Alta Seguridad Palogordo (Girón-Santander), Cárcel de Cómbita (Boyacá), Cárcel de Bellavista (Medellín), Cárcel de Anayansi (Quibdó), Cárcel El Reposo Santa Helena (Uraba), Cárcel Santa Inés (Apartadó-Antioquia), Cárcel La Picota (Bogotá), Reclusión de Mujeres El Buen Pastor (Bogotá), Reclusión de Mujeres de Jamundí (valle del Cauca), Penitenciaria El Barne (Boyacá), Cárcel de Palmira (Valle), Cárcel Modelo (Bucaramanga), Cárcel Modelo (Cúcuta), ERON Cúcuta (Norte de Santander), ERON Picota (Bogotá), Cárcel La Vega (Sincelejo), Penitenciaria de Alta Seguridad Doña Juana La Dorada (Caldas), Cárcel de Popayán (Cauca), Cárcel La Tramacúa (Valledupar), Cárcel El Pedregal (Medellín), Cárcel Puerto Triunfo (Antioquia), Cárcel de Yopal (Casanare) 61.

8-4-2012, El Presidente Santos y todo su gobierno exhiben una doble moral que se manifiesta sin disimulo en variados ámbitos de la vida nacional al medir con raseros diferentes distintos aspectos del conflicto social y armado del país, dependiendo del bando al que se refieran. “El conflicto colombiano es de los colombianos y lo resolvemos los colombianos”, dijo para descalificar la importante contribución de representantes del grupo de mujeres del mundo por la paz en Colombia, en el proceso de devolución por parte de las FARC-EP de los últimos diez prisioneros de guerra que quedaban en su poder. Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz, representantes de las madres de la plaza de mayo (Argentina), y de Colombianos y Colombianas por la Paz, liderados por Piedad Córdoba, acompañaron hasta el final el proceso que terminó exitosamente con la entrega de los retenidos el 2-4-2012. Muchos de ellos continúan en el país esperando a que el gobierno cumpla su compromiso de permitir su ingreso a las cárceles colombianas a verificar las condiciones en que se encuentran los presos políticos. El Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra reversó el permiso, que ya había dado el Presidente, aduciendo que en Colombia no hay presos políticos. ¿Cómo entender esta opinión cuando el mismo gobierno ha reconocido el conflicto armado, cuando en los códigos colombianos figuran los delitos de rebelión, sedición y asonada como delitos políticos y cuando en las cárceles de las distintas ciudades hay innumerables detenidos por esos delitos políticos? Incluso los delitos llamados de lesa humanidad como el secuestro y otros, cuando han sido cometidos por guerrilleros en desarrollo de acciones insurgentes, están asociados al delito político de rebelión o sedición. Todo preso en Colombia por delitos políticos, en virtud del conflicto armado, es un prisionero político y en nuestro país se calculan en más de siete mil. Mientras excluye a las guerrillas de su condición política, la doble moral del régimen utiliza como argumento la existencia del conflicto armado a fin de sacar ventaja a su contraparte, al intentar devolverles el fuero militar a las Fuerzas Armadas para que sigan cometiendo fechorías en total impunidad. A solo dos días de la entrega de los últimos prisioneros de guerra (todos habían sido capturados en combate, no secuestrados) y con el compromiso de las FARC-EP de no realizar más retenciones con motivación financiera, empieza una nueva campaña en contra de las minas antipersonales, las que han dado eficacia a las guerrillas en la guerra en tierra contra las tropas oficiales. Las armas explosivas de construcción casera son descalificadas por no convencionales, mientras se avalan las bombas de media tonelada que en forma de racimos arrojan los aviones para realizar masacres de 30 o 50 guerrilleros, para regocijo de la oligarquía, sus áulicos y periodistas arrodillados. En realidad lo que quiere el establishment es dejar a la insurgencia sin dientes, mientras ellos recurren a desmedidos presupuestos, traen tropas norteamericanas con armamento y tecnología moderna con el propósito de seguir escalando en el territorio nacional una guerra sin reglas con la que esperan doblegar al adversario y ahorrarse las reformas sociales y políticas que requiere el país. Si el conflicto colombiano lo resolvemos los colombianos, ¿por qué entonces existen tropas de los Estados Unidos asesorando y conduciendo la guerra? ¿Por qué los 3.500 millones de dólares del plan Colombia y la prolongación de la contribución financiera y militar gringas en los años subsiguientes? ¿Y por qué el anuncio de que vendrán a Colombia comandantes de brigada de las tropas norteamericanas que regresan de cometer atrocidades contra los pueblos de Afganistán e Irak? Tropas que traerán nueva tecnología, entre la que se cuentan los famosos aviones no tripulados, para descargar con mayor saña el poder militar y la tecnología de guerra de última generación contra nuestro pueblo, por el solo hecho de aspirar y luchar por una sociedad con justicia social. Si el conflicto colombiano lo resolvemos los colombianos, entonces desechemos todo el apoyo que dan los norteamericanos a la oligarquía colombiana y construyamos escenarios de manera democrática, participativa, para encontrar soluciones políticas a la guerra y a las causas sociales que subyacen en el fondo y que son el combustible que la aviva. Santos al tiempo que se arma hasta los dientes y llama a la intervención a la mayor potencia militar de todos los tiempos y mientras exige a las guerrillas que se desarmen para aplastarlas indefensas, quiere además que no haya participación de la comunidad internacional y de otros gobiernos en un eventual proceso de diálogo y negociación con la insurgencia para alcanzar la Paz. La sociedad colombiana ha empezado a movilizarse exigiendo la construcción de la paz con participación del la nación entera, es decir, la reinvención soberana del país colombiano, que sea tan democrático y justo que la guerra se vuelva innecesaria 62.

3-4-2012, Seguridad para la Prosperidad con Justicia Social, bien puede sintetizar los dos proyectos de sociedad en activa confrontación político militar en Colombia. Desde abajo, el pueblo organizado y armado está perfilando un futuro socialista a través de sus prácticas solidarias. Construye una sociedad de seres humanos libres, una economía en armonía con la naturaleza, con una repartición democrática de los beneficios generados y con salarios dignos; construye la democracia con soberanía popular y una planeación participativa que democratice las decisiones; está construyendo un nuevo poder legitimado sobre la base del bienestar social que prioriza la satisfacción de las necesidades humanas. Desde arriba, la oligarquía articulada con sumisión y dependencia a los intereses de las transnacionales, desnacionalizando la economía, con una idea de progreso fundamentada en la explotación de los seres humanos, la depredación de la naturaleza, la concentración de la riqueza y la dictadura en la conducción del Estado militarista. Un modelo de desarrollo que tiene como prioridad el crecimiento económico. Desde abajo, la Paz con Justicia Social, definida en el Manifiesto de las FARC, es un proceso, un bien común que requiere de todos la preparación del terreno para que germine. Necesita nuevas estructuras económicas, políticas y sociales que la sustenten, cambios como los que sugiere la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia. No habrá paz de los sepulcros. La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington, empeñado en la mayor suma felicidad posible para el pueblo según el mandato del Libertador. Desde arriba, seguridad para la prosperidad es un lineamiento estratégico del Plan de Desarrollo Neoliberal 2011-2014 del gobierno de Juan Manuel Santos. Entre sus principales acciones, está “Generar condiciones que permitan el desarrollo de las locomotoras como medios para avanzar la prosperidad.” Principalmente las locomotoras minero energéticas y la de agricultura y desarrollo rural, en una clara primarización de la economía. Parte de que “No obstante el esfuerzo realizado, los estándares de seguridad óptimos para el desarrollo económico sostenido de la nación aún no han sido alcanzados.” Por seguridad entiéndase el cielo de los ricos: el disfrute pacífico de la propiedad privada y de las garantías que ofrece el Estado para la sostenibilidad de sus privilegios. Súmese la protección de instalaciones de las empresas nacionales y transnacionales que puedan ser objeto de la inconformidad popular y generar garantías jurídicas y militares al saqueo y el despojo. Agréguese la penalización y la represión de la protesta popular, el silencio de los fusiles y el desmonte de los campamentos insurgentes. Seguridad es un concepto que resume las condiciones óptimas para que los ricos gocen de su botín. La prosperidad se mide por las altas ganancias reportadas y no reportadas por parte de las empresas y los individuos capitalistas. Entiéndase también por el crecimiento económico y la concentración de la riqueza. Desde abajo, el ejército de Manuel, construye una Nueva Colombia, propone un proyecto de soberanía y autodeterminación de los pueblos, aportando al encuentro bolivariano en la Patria Grande, proponiendo un Congreso Anfictiónico del siglo XXI. Desde arriba, se promueve una Colombia subordinada y dependiente a los intereses del imperialismo, cuya presencia militar y económica es cada vez más notoria y las cifras son elocuentes: 8 mil millones de dólares reconocidos oficialmente en la lucha anticomunista y antibolivariana en el derrotado Plan Colombia; acaban de anunciar nueva presencia de mandos militares de EUA con experiencia de sangre en Irak y Afganistán; la inversión extranjera directa aumentó el 91,85% en 2011 y alcanzó 13.234 millones de dólares. En nuestro país tiene presencia el Consejo de Empresas Americanas (CEA), que reúne a más de 120 firmas estadounidenses. Desde abajo se ejerce el Derecho universal de los pueblos a la rebelión ante la tiranía y el terrorismo de Estado. Un ejército popular que goza de la simpatía y la solidaridad internacionalista y bolivariana. Y nos preparamos para la segunda y definitiva independencia. Desde arriba continua la guerra contra el pueblo, en la cual los lacayos se benefician con la ayuda financiera, militar y tecnológica de Estados Unidos con participación de Inglaterra e Israel. Con esto se consolida aun más la dependencia y la subordinación a los intereses del imperialismo. Desde debajo se liberan los prisioneros de guerra en manos de la insurgencia. Desde arriba se niega la existencia de prisioneros y prisioneras políticas y de guerra en las mazmorras del régimen. Desde abajo promovemos un proyecto de sociedad profundamente humanista. Desde arriba se intenta consolidar el salvajismo neoliberal. Los de abajo tenemos la moral en alto y mantenemos el compromiso revolucionario. Los de arriba hacen esfuerzos financieros y jurídicos por mantener “la fe en la causa” de sus soldados 63.

14-4-2012, Es sabido que el talante conservador de Aristófanes, el gran dramaturgo ateniense, lo llevó a satirizar a Sócrates, cuyas reservas sobre los valores griegos tradicionales le parecieron peligrosas para el Estado. Pese a ello, gran parte de su obra es una condena a la guerra, en particular a las llamadas guerras del Peloponeso libradas largamente entre su ciudad natal y Esparta. Acontecimientos recientes traen al recuerdo su comedia La Paz y ponen de presente su vigencia. Trigeo, nativo de Atmón, viñador honrado, enemigo de pleitos y delaciones, como se presenta ante Hermes en las puertas del Olimpo, decide, en ausencia de Zeus y aprovechando que el artífice de las guerra duerme, ejecutar la audaz hazaña de desenterrar a La Paz, la diosa perseguida que ha sido confinada en la profundidad de una caverna bajo los más grandes peñascos, en donde la custodia además Cerbero, el fiero y monstruoso can de tres cabezas. Para conseguirlo se ve obligado a aplacar la furia de Hermes, dispuesto a cumplir la orden de Zeus de asesinar a quien lo intente. Para ello se apoya en el Coro, conjunto virtual de voces que representan el sentir de gran parte de los pobladores de Grecia. El rescate de La Paz resulta una experiencia reveladora acerca de los verdaderos orígenes de la guerra, los pretextos que se buscan para hacerla y las ambivalentes posiciones de muchos de quienes afirman desear la concordia cuando en realidad la odian. Conviene develar qué grandes negocios han logrado ocultarse tras la guerra en Colombia. Para referenciar uno solo de ellos, conviene leer la reciente crónica de Alfredo Molano titulada Paramilitarismo y palma en el Catatumbo. Una certeza parece danzar en su trasfondo. Cuando el empresario palmero Carlos Murgas fungió como Ministro de Agricultura de Andrés Pastrana, ese gobierno decidió implementar un proyecto nacional de expansión de la agroindustria de la palma. Para ello creó el Banco Agrario e ideó las alianzas productivas. En la misma Administración se cumplió la incursión de Salvatore Mancuso y sus hordas asesinas al Catatumbo. Tras asesinar, amenazar y desterrar a miles de campesinos y familias, con evidente complicidad policial y militar, esas bandas criminales pasaron a controlar la propiedad de la tierra en amplias zonas del Norte de Santander. Sobrevino entonces la subasta al por mayor de pequeños y medianos predios. Esto ocurría en tiempos del despeje. Dispuesta por Uribe la desmovilización paramilitar, las empresas palmeras del señor Murgas se convierten en principales adquirentes de esas tierras. También en los montes de María, donde había ocurrido lo mismo. Aceleran a fondo sus proyectos agropecuarios, fortalecidos por decretos que imponen que el veinte por ciento del combustible usado en el país debe contener biocombustible derivado de la palma, asegurando así el mercado y el beneficio a los pacíficos y ecologistas empresarios. Ahora que Santos habla de restituir tierras a las víctimas, está claro que los terceros adquirentes de buena fe que adelantan proyectos agroindustriales no serán afectados de ningún modo. Todos felices con el negocio redondo. Las FARC, que combatimos con energía y coraje la avalancha militar y paramilitar, fuimos elevados a la oprobiosa categoría de terroristas y narcotraficantes, y transformados en los enemigos número uno del país y del progreso. Satán tenía su nido en el Caguán. Recuerdo ahora a la respetable cacica Consuelo Araujo Noguera, cuya vida se perdió en el demencial intento militar por rescatarla de manos de un frente de las FARC. Cuánto se dijo y sentenció contra nosotros. Muchísimo, pero muchísimo más que lo que se dijo cuando el país se enteró que su hijo Hernandito, gobernador del Cesar, era un reconocido jefe paramilitar. O cuando se publicó que su hermano, sus sobrinos y su cuñado estaban metidos hasta el cuello con Jorge 40. Eran los tiempos en los que el Presidente Uribe no perdía oportunidad de viajar a Valledupar. Muy bien asistido por su director del DAS, horroroso capítulo sobre el que los poderes establecidos consideran haber conseguido echar tierra suficiente. Se equivocan. Un proceso de paz con las FARC no puede ser secreto ni a espaldas del país, ha de ser el escenario en el que el pueblo colombiano pueda volver a denunciar y conseguir por fin justicia por tanta barbaridad sufrida. A cosas así las llaman con desprecio en la gran prensa shows mediáticos, seguramente con la correspondiente indicación de las alturas. Cada vez que los de abajo pronunciamos las palabras democracia, justicia o equidad social, se irritan furibundos los poderosos mercaderes que asimilan el crecimiento de sus fortunas a la suerte general de los demás nacionales. Si ya todo eso está logrado, repiten orondos y burlones. Eso, precisamente, es lo que discutimos. El enriquecimiento desaforado y salvaje de unos cuantos ha significado el envilecimiento de las condiciones de vida de la mayoría. Y el aparato estatal de gobierno, legislación, justicia y fuerza desempeña el exclusivo papel de aplastar la inconformidad al precio que sea. Por encima de tanta infamia mediática, ninguna otra causa produce la guerra que se libra en Colombia. Son esas las realidades que deben abordarse y situarse en vías de solución en una mesa de diálogos. Con esa convicción estamos dispuestos a conversar de paz con el actual gobierno. Para que no se diga después que las FARC le mentimos al país. No tememos en absoluto debatir y demostrar que han sido los grandes empresarios del capital y la tierra quienes han renovado una y otra vez su carnicera brutalidad, a fin de firmar grandes negocios sobre la sangre de los desposeídos. Si un importante sector de inversionistas muestra interés en dar el paso hacia la paz, lo acompañamos. Eso sí, muy alertas. El día de su posesión, Santos farfulló acerca de su intención de diálogo con las FARC. Unos días después molía a bombas el campamento del Comandante Jorge Briceño. Durante más de un año abusó con su ficción de la llave, lo cual no excluyó el ataque mortal al Camarada Alfonso Cano, el hombre que tomaba más en serio el asunto y movía al resto del Secretariado a posibilitar contactos. Santos sabía muy bien eso, lo que no le impidió llorar emocionado. La doble moral siempre ha sido imputada a nosotros. Por nuestra parte, sentarse a conversar no apunta a ningún tipo de rendición y entrega. La reincorporación a la vida civil implica y exige una Colombia distinta. El gran capital inversionista tendrá que asumir que la realidad puesta de presente por la crisis, requiere un cambio profundo en su modo de actuar, una nueva manera de relacionarse con los pueblos. Confiamos en que sea esa la voluntad oficial. Así, sin duda, podremos entre todos desenterrar la Paz. Sin más ases bajo la manga, Santos. Timoleón Jiménez. Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, abril 14 de 2012 64.

22-4-2012, Descarado y ridículo resultó el show que el gobierno y su cúpula militar con el concurso de los monopolios de la desinformación montaron alrededor de la liberación de policías y militares realizada por las FARC-EP como gesto unilateral de humanidad. Nada de eso sorprende, estos uniformados sólo son la carne de cañón que la oligarquía colombiana utiliza para la defensa de sus riquezas y las del capital transnacional. De sobra sabe la opinión pública nacional e internacional, que todos esos agasajos a los liberados: entrevistas, homenajes, visitas a centros comerciales y demás pantomimas, son sólo un recurso para echarle tierra a la indolencia del gobierno, que los abandonó 14 años en la prisión de guerra de la selva. Sin duda también se sabe que las acciones que el gobierno descalifica como secuestro forman parte del derecho legítimo e irrenunciable de nuestra fuerza beligerante de tomar prisioneros en combate, determinación que permanecerá invariable mientras perdure la confrontación. Cómo pueden el gobierno colombiano y los enemigos del acuerdo humanitario, explicarle al mundo, que debieron pasar 14 años para que estos agentes recobraran la libertad, y no precisamente por sus gestiones sino como un nuevo gesto de buena voluntad de las FARC- EP, que debe servir para abonar el camino de la solución política al conflicto social y armado. No podrán ocultar sus falsos homenajes que estos combatientes fueron condenados a 14 años de prisión a causa de la sordera y terquedad del gobierno y sus instituciones, que ha cerrado absurdamente las puertas a la posibilidad del intercambio humanitario, sólo porque asimila esta decisión con el reconocimiento del carácter político de nuestra organización, como si este no estuviese determinado por 48 años de históricas luchas y el contenido político de nuestras propuestas y banderas. Ni presidentes, ni los generales, ni políticos oligarcas se interesaron jamás por el clamor desesperado de amigos y familiares que durante largos años, mediante caminatas, solicitudes de toda índole, tocaron las puertas de su indolencia sin que fueran escuchados; tampoco fueron tenidas en cuenta las reiteradas propuestas de la guerrilla para que se acortara su estadía en la selva mediante acuerdos que permitieran una solución en el menor tiempo posible que pusiera fin al cautiverio de aquellos militares. Por el contrario, durante estos 14 años su empeño estuvo dirigido en llevar a cabo la estrategia de rescatarlos por la vía militar poniendo en grave riesgo la vida de soldados y policías como quedó demostrado en los intentos de rescate donde murieron algunos de ellos. En el colmo del descaro, después del retorno a la libertad de estos hombres olvidados en todas sus expresiones por el Estado colombiano, no se les permitió el reencuentro con amigos y familiares que los esperaban a la llegada de la misión humanitaria en el aeropuerto, sus jefes militares y políticos debían instruirlos previamente y asegurarse de que aún respondían a sus intereses. Qué descaro, que para cada soldado y policía les esperaba una “chica de acero” luciendo batas blancas, previamente adiestradas para que los tomaran por el brazo y a empujones los echaran por una calle de deshonor conformada por ejército y policías privándolos así del derecho al tan anhelado reencuentro familiar. También les fue aplicada la mordaza para que no tuvieran la oportunidad de rendir declaración alguna a los medios. En el club militar el show llegó a su clímax, los grandes medios de la manipulación montaron su espectáculo. Abundaron los saludos, abrazos, discursos, y hasta con lágrimas de plañideras; presidente y generales arreciaron su espectáculo mediático aprovechándose del estado emocional de los recién liberados para que rindieran declaraciones a unos medios de comunicación que se han caracterizado por la habilidad para deformar y manipular las informaciones. Con estos mismos recursos tramposos han inducido a los recién liberados para que públicamente condenen a las FARC-EP por supuestos malos tratos y violación de los derechos humanos durante su cautiverio y como parte de la dramatización se escuchan las expresiones: “se estaban pudriendo en la selva” “eran sometidos a crueles castigos” y alimentan campañas de reclamación de más gestos unilaterales y la devolución de secuestrados que no existen o que no están en poder de las FARC-EP. En cambio, gobierno, medios de comunicación y personas opuestas a soluciones decorosas que involucren al Estado, olvidan que el régimen colombiano, complaciente con las políticas de los EUA, lanzaron a Simón Trinidad, a Sonia e Iván Vargas, así como a muchos otros colombianos a las mazmorras del imperio condenados a largas penas, encadenados por los pies, la cintura, las manos, enterrados bajo túneles sin la posibilidad de recibir los rayos del sol y sin derecho a ningún tipo de visita familiar. Esto no lo ven como violación de los derechos humanos. Qué infamia. A lo anterior cabe preguntarles a aquellas personas (instituciones, politólogos y periodistas), que tanto han leído e investigado si los centenares de desaparecidos que hoy reclaman no los han buscado en las fosas comunes de la Macarena y de tantas otras a lo largo y ancho del territorio colombiano donde fueron arrojados miles de cadáveres de los que hay clara responsabilidad en organismos de seguridad y fuerza pública en conexión con el paramilitarismo. Cabe preguntarles, igualmente, si no les merece alguna reflexión que mientras las FARC-EP, ha cumplido con su palabra en todos los gestos humanitarios y que mientras la misión humanitaria encabezada por Piedad Córdova logró traer de regreso a la libertad a unos prisioneros, para el gobierno y para los enemigos de salidas civilizadas, sólo les conforma que las FARC-EP, acepte responsabilidad en hechos que no han cometido. Porqué no tienden la mirada al otro punto de la discusión; a las cárceles nacionales donde se encuentran miles de colombianos soportando, ahí sí, aberrantes violaciones de los derechos humanos y que el gobierno ni siquiera acepte la visita por parte de prestantes personalidades del mundo a los prisioneros que viven sin derechos ni garantías procesales, en condiciones infrahumana, castigos y hacinamiento. Alvarez, Bertulfo, integrante del Secretariado de las FARC-EP, 16 de Abril de 2012 65.

7-5-2012, Declaración Pública FARC-EP: La retención en calidad de prisionero de guerra del periodista francés Romeo Langlois por unidades del XV Frente de las FARC-EP pone de presente lo siguiente: 1. Los periodistas que las fuerzas armadas colombianas llevan consigo en sus operaciones militares, no cumplen el propósito imparcial de informar sobre la realidad, sino el de manipular ésta para que sirva al proyecto de guerra contra el pueblo colombiano. 2. Cabe preguntar cuál sería la actuación de las autoridades colombianas, si un periodista que con sano criterio informativo acompañara unidades guerrilleras, resultara capturado por el Ejército regular tras un combate. 3. La concepción contrainsurgente del Estado colombiano apunta a involucrar de su lado en la guerra a todo el mundo, incluida la prensa. Que una cámara puede jugar el papel de un arma lo corrobora la diaria manipulación mediática que se practica en nuestro país. 4. Las libertades de pensamiento, expresión e información no pueden operar sólo para el beneficio de los dueños del capital y de la tierra. Nuestra página web es atacada y bloqueada permanentemente, nuestras emisoras son molidas a bombas. 5. El régimen colombiano asesina, amenaza, encarcela o destierra a los periodistas nacionales o extranjeros que intentan investigar o informar sobre la versión no oficial del conflicto. Son conocidos y demasiados los casos como para enumerarlos. 6. Romeo Langlois vestía prendas militares del Ejército regular en medio de un combate. Creemos que lo mínimo que puede esperarse para la recuperación de su plena movilidad es la apertura de un amplio debate nacional e internacional sobre la libertad de informar. 7. Es vieja costumbre del Ejército colombiano emprender aventuradas operaciones de rescate con el deliberado propósito de que se pierda la vida de los prisioneros. Considera más cercana la victoria si nos echa la prensa encima. Esperamos que no sea este el caso. Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP, Montañas de Colombia, 3-5-2012 66.

13-5-2012, Las FARC-EP anunció su disposición de entregar al periodista francés Romeo Langlois, en una declaración pública del Secretariado del Estado Mayor Central. Subraya que en aras de garantizar aún más su vida e integridad, proponen entregarlo en un lugar seguro a una comisión formada por la Cruz Roja Internacional, la es-Senadora Piedad Córdoba y un delegado personal del nuevo Presidente de Francia Francois Hollande. “Aprehender en medio de un combate a quien en una operación militar viste uniforme del enemigo y lo acompaña, en nada lesiona nuestro preciso compromiso. Sólo una visión francamente sesgada puede considerarlo un secuestro”. Recuerda la nota que el 27-2-2012 comunicaron oficialmente que nunca se volvería a realizar retenciones de personas con fines financieros. Cada vez es mayor el número de personal militar y paramilitar estadounidense o a su servicio que interviene en la guerra civil colombiana, y los mandos militares se ufanan de usar infiltrados y espías para propinarnos golpes severos. Es evidente que en casos como este, las FARC-EP tiene pleno derecho a detener e investigar, trátese de un nacional o un extranjero. El caso de Langlois resulta ideal para develar el papel que desempeñan los grandes medios de comunicación en el orden social impuesto por el gran capital, que antes de informar y promover el pensamiento libre, la gran prensa tergiversa la realidad para convertir en única verdad la versión de sus patrocinadores. Hace escasos dos años, los periodistas Hollman Morris, Leonardo Acevedo y Camilo Raigoza fueron arbitrariamente detenidos por el Ejército en el Caquetá, cuando de modo independiente cubrían la entrega de dos prisioneros de guerra. Vestían de civil y hasta el Presidente de la República los acusó de propagandistas de las FARC-EP. La gran prensa se mostró totalmente indiferente con ellos. Una vez libre, el periodista Langlois podrá terminar de cumplir con el papel esperado por el gobierno de Colombia, sus fuerzas militares y los grandes medios; o podrá permanecer fiel a su conciencia y referir la verdad; si fuere este el caso, pudiera ser que los mismos que hoy exigen su libertad inmediata se ensañen con él hasta destruirlo por completo 67.

27-5-2012, Comunicado: Los cuarenta y ocho años de lucha que cumplimos las FARC-EP el 27-5-2012 son la mejor demostración de que un pueblo consciente, organizado y disciplinado no puede ser vencido ni siquiera por los más poderosos enemigos. Desde Marquetalia a la fecha, las crecientes y cada vez más entrenadas fuerzas armadas colombianas han estado tras nosotros en una feroz actividad predadora, contando a su vez con la asesoría militar del Pentágono y la ayuda financiera de EUA. Cada uno de los sucesivos gobiernos oligárquicos que ha prometido vencernos, ha visto frustrados sus propósitos y dejado en cambio tras de sí un país ensangrentado. Las clases dominantes colombianas poseen muy mala memoria cuando se trata de recordar sus crímenes, a los que endilgan además un nombre emblemático a fin de hacer desaparecer sus culpas. A la primera matanza generalizada por el despojo de las mejores tierras, promovida en la cuarta década del siglo pasado, le pusieron el nombre de La Violencia, expresión mágica que sirvió para ocultar a terratenientes, empresarios, gamonales, generales y agentes norteamericanos y locales de la guerra fría, verdaderos azuzadores y ejecutores de la aterradora mortandad que les permitió enriquecerse bajo la institucionalidad del estado de sitio. Cincuenta años después inventaron la historia de una disputa territorial por el control de los cultivos ilícitos entre distintos actores armados. De ese modo, cubriendo a unos y otros con el mote de los violentos, pretendieron disimular la configuración de un modelo de acumulación de capital fundado en el despojo violento de la propiedad agraria y en el abierto desconocimiento de las condiciones de trabajo conquistadas en el pasado por la fuerza de trabajo nacional. El terror paramilitar desplazó millones de campesinos y golpeó de manera despiadada al movimiento sindical colombiano. Siempre ha estado inspirado desde el poder y sirviendo a sus intereses. No puede mirarse en Colombia el fenómeno del narcotráfico y las mafias como una trágica desgracia que cayó quizás por obra de qué pecado sobre el país, y menos ir imputándole la responsabilidad por todos los males que nos aquejan. Con ese discurso se oculta que los dineros del narcotráfico se convierten en tierras, inundan la banca, las finanzas, las inversiones productivas y especulativas, la hotelería, la construcción y la contratación pública, resultando funcionales y hasta necesarios en el juego de captación y circulación de grandes capitales que caracteriza al capitalismo neoliberal de hoy. Igual pasa en Centroamérica y México. Por lo mismo, mafias y paramilitarismo forman parte del modelo violento de acumulación y terror que caracteriza la actual fase neoliberal del capitalismo. Nada tienen que ver con la lucha popular, se hallan al servicio de sus más encarnizados enemigos. Pretender como se hace hoy que el conflicto armado colombiano hunde sus raíces en el narcotráfico desconoce una realidad incontrastable. Desvía la atención hacia el lado equivocado. Las distintas etapas de la guerra contra las drogas implementada con el Plan Colombia han puesto de presente su propósito de clase. Golpear a las FARC envuelve la persecución a todas las luchas del pueblo colombiano. Los verdaderos responsables de toda la infamia padecida por Colombia son los propietarios del capital y de la tierra, que siglo tras siglo reservan a los de su linaje el derecho exclusivo a ampliar aún más sus fortunas y gobernar el país, a costa del trabajo y el sudor de la inmensa mayoría de compatriotas desposeídos y violentados por soñar con cambiar el orden de cosas heredado. Mediante una fachada de democracia formal, mal esconden el verdadero carácter del régimen político impuesto. Ellos implementaron en nuestro país la práctica del terrorismo para defender a sangre y fuego sus privilegios. Pero llaman terroristas a quienes buscan justicia. En la actualidad dirige los destinos del país un típico representante de esa élite extranjerizada e indolente: Juan Manuel Santos practica como el mejor, aquello de llamar por eufemismos a las cosas a fin de transformarlas en algo distinto. Bautizó el llamado Plan de Desarrollo de su administración con el nombre de Prosperidad para todos, cuando éste está concebido, de principio a fin, para el beneficio de los poderosos capitales transnacionales y los sectores de la economía local que orbitan como satélites en torno a él. Y aunque afirma haberse convertido en un traidor a su clase, sus medidas de gobierno apuntan a enriquecerla mucho más. Suele decir que aspira a convertirse en el Presidente que consiguió pacificar el país y se declara amigo de buscar una salida política a la confrontación. Pero ni uno solo de sus actos de gobierno ha demostrado algún propósito de atenuar las causas generadoras del conflicto. Su ley de víctimas y restitución de tierras conmueve por su inoperancia, a la par que crecen los crímenes contra campesinos y organizaciones que aspiran a recobrar sus tierras. Ha hecho carrera en los medios la existencia de un supuesto ejército anti restitución, el cual no ha sido golpeado de ningún modo por los comandantes de Ejército y Policía que con tanto ahínco combaten las guerrillas. La supuesta inversión legal de la carga de la prueba a favor de los despojados fue convertida en su decreto reglamentario en un simple respaldo estatal a la búsqueda de pruebas, burlándose frontalmente del significado de las palabras. Y ya fue demostrado en el Congreso de la República que las abultadas cifras sobre restitución en realidad correspondían a viejos programas alternos del Ministerio de Agricultura que nada tenían que ver con ellas. Ha sido tan desafortunado el curso de esta ley que difícilmente va a servirles a los titulares de grandes proyectos agropecuarios para poner en regla la propiedad de las tierras a la que aspiraban. No se entiende cómo puede hablar de paz un gobierno que ha hecho de la convivencia de las bandas criminales con la Policía y el Ejército la renovación de la vieja actividad paramilitar. Y que continúa adelante y con mayor sevicia la ocupación militar de inmensas regiones del país destinadas a ser entregadas en condiciones leoninas a inversionistas extranjeros, al costo de desterrar a las comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas y mineras que las han poseído y explotado ancestralmente. Un gobierno que con tal de facilitar fuentes de energía baratas al capital extranjero no vacila en atentar contra ecosistemas como el río Magdalena. En procura de salvar la responsabilidad del régimen político y sus personeros en la actividad criminal contra el movimiento popular, el Presidente vocifera acerca de una supuesta mano negra, enemiga de la paz y la reconciliación, que se dedica a asesinar a diestra y siniestra. Al hacerlo confiere existencia tangible a una actividad terrorista supuestamente anónima y omnipresente, capaz de disciplinar a los opositores mediante el miedo y la muerte. Dicha fuerza escapa a cualquier control judicial, político o social y exculpa a su gobierno de cualquier crítica por violación de los derechos humanos. A eso precisamente se le conoce como terrorismo de Estado. Sin el menor sonrojo, con la argumentación fácil de trabajar el camino hacia la paz, este gobierno promueve de manera transitoria en la Constitución un marco legal bajo cuya excusa introduce la impunidad para militares y policías involucrados en crímenes horrendos, bajo la absurda pretensión de obrar de modo correspondiente con el tratamiento conferido a los alzados. Como quien dice, aquí en Colombia no ha pasado nada. En otra de sus reformas intenta introducir la santificación del fuero militar de impunidad, a fin de dotar a su aparato oficial de exterminio de todas las garantías para su exculpación por las atrocidades cometidas y por cometer. Pese a que al obtener la aprobación de su Plan de Prosperidad para todos anunció que destinaría más de u$s 13.900 millones para la reparación de los daños ocasionados por las catástrofes invernales, a las que llamó maldita niña, los habitantes de Gramalote en Norte de Santander van a completar dos años esperando la ayuda prometida. Del mismo modo ocurre con los cientos de miles de damnificados que ven como las aguas arrastran de nuevo lo poco que les habían dejado. De su locomotora de vivienda y ciudades amables queda la promesa de regalar cien mil viviendas a los pobres. Cabe imaginar el entorno, el tamaño y calidad de ellas. Recién celebró la entrada en vigencia del TLC con EUA, al que se sumarán los firmados con la Unión Europea y Corea del Sur, ya anunciaba un acuerdo semejante con China. La desindustrialización del país, el aumento del desempleo y la informalidad, la invasión de mercancías extranjeras de bajo costo, la ruina de las actividades agropecuarias, la dilapidación de nuestra biodiversidad, cultura y conocimientos ancestrales de las comunidades autóctonas, forman parte del precio que tendremos que pagar los colombianos distintos a los poderosos monopolios inversionistas que supuestamente conseguirán penetrar los gigantes mercados del extranjero. Algo está claro en los actos del gobierno continuista de Santos, que al reñir con su antecesor pretende posicionarse como progresista sin diferenciarse en la realidad de él. Su mayor preocupación la constituye servir en bandeja el país al gran capital transnacional para que se apodere de los tres sectores de nuestra economía, a la par que entregar a inversionistas privados la mayor parte de los servicios y deberes a cargo del Estado. Como neoliberal confeso, el Presidente forma parte de quienes consideran que al permitir la acumulación excesiva de riqueza en una pequeña élite, la fortuna rodará finalmente hasta llegar a los más necesitados. Es por ello que ninguna de sus reformas ha apuntado a algo que no sea la facilitación de las condiciones de inversión y explotación para los monopolios transnacionales. Desde la ley del primer empleo, la sostenibilidad fiscal, el régimen de regalías, los planes para la educación superior y la salud, hasta las proyectadas reformas de tierras, pensiones y tributaria, todas lesionan gravemente las condiciones económicas de los colombianos del montón, pese a ser presentadas como la redención para ellos. También ello explica la sumisión y el aplauso del gobierno colombiano ante el accionar violento del imperialismo en diferentes lugares del mundo. Todo lo cual conduce a comprender su culto a la guerra. A nadie que esté en desacuerdo con el proyecto de país que el imperio y los de su clase conciben, se le deben garantizar sus derechos a opinar y proponer opciones políticas. La gran prensa y los aparatos formales e informales de terror cumplen con el papel de destruir cualquier esfuerzo de organización de los de abajo. La manifiesta hostilidad de la fuerza pública y el bloque de poder en pleno contra la reciente experiencia de la llamada Marcha Patriótica que ya comienza a cargar sus primeros muertos, pone de presente la ruindad de la democracia colombiana y la vigencia indiscutible de la lucha armada de su pueblo. Frente a lo cual sorprende la actitud de la denominada izquierda democrática que no vacila en alinearse del lado del poder. El Vicepresidente Angelino Garzón, que aún no alcanza a comprender por qué fue elevado a esa inútil posición, se cree de verdad gobierno y condena antes que él cualquier manifestación auténtica del movimiento popular, al que exige comportarse como esperan los de arriba. Traidor a su clase, simple anzuelo para la cooptación y la conciliación de los sectores medios y el sindicalismo venal, despreciado tras usado, todavía cree tener derecho a representar a los trabajadores. La misma actitud de toda esa izquierda vergonzante que rodea a Santos. Alfonso Cano, Jacobo Arenas y Manuel Marulanda en Casa Verde, que fue bombardeada el 9-12-1989, el día cuando el pueblo de Colombia fue a las urnas para elegir representantes a una asamblea constituyente. Así mostró el Estado colombiano su voluntad de paz, rompiendo -El Acuerdo de Cese el Fuego- entre las FARC y el gobierno colombiano, que fue firmado en mayo de 1984 en La Uribe. Ya han pasado más años y el Estado esta en el mismo callejón sin salida de la guerra. Las FARC-EP no iniciamos esta guerra, nos fue declarada por la oligarquía que gobierna a Colombia. Cada vez que el eco de nuestra propuesta de una salida política ha tomado suficiente fuerza para imponer unos diálogos encaminados a la paz, el poder se ha negado a considerar la remoción de las causas que dan lugar al conflicto, cerrando de un portazo violento las posibilidades de reconciliación. El país no olvida que tras cada proceso frustrado ha sobrevenido la promesa de aniquilarnos y la agudización de la guerra a extremos inéditos. Las FARC persistimos porque un inmenso clamor popular de justicia alimenta y acompaña nuestro sacrificio. Santos simplemente repite lo que han hecho siempre los de su clase. Nos exige una vez más la entrega y el desarme, a cambio de admitir a medias nuestro ingreso a su podrido régimen político. Sin desmontar ni un ladrillo de su aparato terrorista de dominación. Sin que se afecte en nada su proyecto de país colonial y empobrecido. Como si nosotros pudiéramos a cambio de miserables prebendas personales, volver la espalda al sentir de millones de compatriotas hundidos en la desesperación y la violencia. Como si el destino natural del pueblo colombiano fuera el de trabajar eternamente para el enriquecimiento de una élite privilegiada. Así no vamos a ninguna parte. Las FARC-EP, a los 48 años de lucha armada rebelde, reiteramos al pueblo de Colombia nuestro juramento de vencer. Jamás nos sumaremos a la campaña por legitimar y honrar el capitalismo y el terror de Estado que se hacen llamar democracia en nuestro país. Sabemos que no estamos solos, hasta nosotros llega el rumor de inmensas masas humanas que avanzan inconformes y decididas, por encima de las amenazas y la represión, exigiendo cambios profundos. Se trata de un clamor universal. Por la conservación del planeta y nuestra especie, por darle a los hombres y mujeres un sentido diferente al de vulgar capital humano, por una paz efectiva y justa. Los más recientes efectos del libre comercio son las desgracias de los pueblos de Irak, Palestina, Afganistán, Libia, Egipto, Túnez, Honduras, y Méjico, para no hablar de España o Grecia. Destrucción, muerte y horror tejidos con los más bellos discursos sobre las virtudes de la democracia de mercado. Saqueo y miedo garantizado por la amenaza militar de la OTAN y los marines. A los pueblos se los aplasta sino sirven a los planes imperiales. Un saludo de solidaridad a todos ellos. Y gloria eterna a la resistencia de los pueblos de Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba y Venezuela, asediados, dignos y triunfantes frente a la brutal agresión imperialista. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2012 68.

27-5-2012, Comunicado del Secretariado de las FARC-EP a la Opinión Pública en la entrega de Romeo Langlois: En una campaña de devastación que pretendió eliminarnos en sólo un año y que ya cuenta con más de una década sin poder borrarnos del mapa, nuestra historia es la historia de los múltiples esfuerzos del pueblo colombiano por lograr una paz definitiva y verdadera. Desde la cartas de los campesinos de Marquetalia hasta nuestra actual política de paz, pasando por la Unión Patriótica y por los diversos escenarios del diálogo hemos siempre sido abanderados de la solución política, de la paz, dignidad y justicia social. Los verdaderamente sordos y tercos ante nuestras propuestas han sido los dueños del poder político y económico del país que le tienen miedo al poder popular y al cambio social. Los tiempos que corren son propios de cambios profundos no sólo en nuestra América, sino en el mundo entero. Los pueblos se levantan decididos a luchar por alternativas al capitalismo cada vez más decadente, más injusto y más explotador. En Colombia el pueblo está harto de los gobiernos oligárquicos, represivos y corruptos que no los representan y que se niegan a responder y atender sus reivindicaciones, iniciativas unitarias de lucha recorren todos los rincones de la patria tejiendo resistencias que saludamos festivos sabiendo que el camino que debemos recorrer todos es el mismo, el camino de la unidad de popular. Los últimos acontecimientos nos demuestran que hay un fervor masivo por las necesidades de alcanzar la paz con dignidad y con justicia social. Organizaciones cívicas, campesinas, sindicales, estudiantiles, gremiales y de todo tipo están enmarcadas en una tarea de mostrar que alcanzar la paz democrática es la premisa de cualquier cambio social de verdadera profundidad en este país. Sabemos que el futuro de Colombia está en lo que decida su pueblo, soberanamente y en la convicción de los destinos de la patria. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en ello, por eso este nuevo aniversario nos obliga en momentos clave para el futuro de nuestra nación. Sabremos estar a la altura de las circunstancias como combatientes y como compatriotas. Con el ejemplo y el legado de Manuel, Jacobo, Jorge, Alfonso, Raúl, Iván y todos nuestros mártires seguiremos a la victoria final con la paz como bandera y el bienestar de nuestro pueblo como horizonte. Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP, Montañas de Colombia, 27-5-2012 69.

2-6-2012, Declaración pública del Secretariado del EMC de las FARC-EP: 1. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, nada tienen que ver con el extraño comunicado difundido el viernes pasado por algunos medios, referido a llaves y cerrojos de la paz, a la denominada ley de justicia transicional que cursa en el Congreso, y al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. 2. Es evidente que los verdaderos autores de estos papeles buscan generar confusión en la opinión pública. 3. Al pueblo de Colombia reiteramos nuestro irrevocable compromiso con la paz. Ella es nuestra Bandera al viento. En consonancia con los anhelos del común, persistiremos en el esfuerzo por hallar una solución política al conflicto, fundada en la justicia social y en la superación de las causas que lo han generado. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 2-6-2012 70.

16-6-2012, Desde las montañas de Colombia, las FARC-EP hacemos llegar nuestro saludo a los organizadores y asistentes al evento “Lucha anticapitalista, Prisioneros políticos y de guerra”. Iniciativas como estas son oportunas en tiempos en los que el imperialismo se afana en resolver por la vía de las guerras de invasión su crisis generalizada e irreversible. Constituyen un mensaje de alternativas y esperanza, levantando en lo más alto la bandera de una paz con justicia social que garantice el bienestar de las mayorías. “No hay mejor medio de alcanzar la libertad que luchar por ella”, como nos enseñara Simón Bolívar, el padre libertador. En Colombia, gobierna una clase guerrerista y apátrida que a fin de garantizar la seguridad e intereses de las multinacionales aplica el Terrorismo de Estado contra nuestro pueblo como instrumento de disciplinamiento y control social. La voracidad de estos pulpos económicos se dirige principalmente al saqueo de los recursos minero-energéticos, a establecer grandes extensiones de monocultivos destinados a la producción de etanol, a la destrucción de fuentes hídricas y la biodiversidad, así como a la precarización de la condiciones laborales, todo esto encaminado a multiplicar cada vez más sus ganancias. Para contener la inconformidad e indignación de las pobrerías, el Estado Terrorista ha diseñado un marco jurídico que criminaliza la protesta ciudadana y niega la libertad de opinión y conciencia. Como consecuencia directa, se observa el aumento vertiginoso de la población carcelaria y la construcción de grandes e inéditos complejos penitenciarios que imitan en su estructura y funcionamiento a los reclusorios gringos. Con la diferencia de que en Colombia se desbocan el hacinamiento y la violación de los derechos más elementales de la población confinada. Según algunas organizaciones de Derechos Humanos, en Colombia hay alrededor de 9000 prisioneros políticos amontonados en estos centros de tortura, sin que se les reconozca siquiera la condición de opositores políticos del régimen. Las FARC-EP, seguiremos impulsando tal como hemos hecho a lo largo de nuestros 48 años de lucha y resistencia, la salida política al conflicto social y armado como única alternativa verdaderamente civilizada a la confrontación prolongada que desangra al país. La paz que soñamos y proponemos pasa por dar solución a los problemas políticos, económicos y sociales que más afectan a la población; debe garantizar una reforma agraria integral que restituya la tierra que ha sido despojada a los campesinos a través de la violencia latifundista y paramilitar; sanar al país de los estragos causados durante tres décadas de neoliberalismo y establecer un sistema político verdaderamente democrático, donde no impere el exterminio físico del opositor político. Con igual determinación seguimos impulsando la propuesta de canje de prisioneros, en el entendido que mientras persista la confrontación armada derivada de los profundos problemas sociales que afectan a las mayorías empobrecida, habrá prisioneros de guerra y el canje será siempre la vía más apropiada para evitar la prolongación del cautiverio y para amainar de alguna manera los dolores de la guerra. Nuestros combatientes, hombres y mujeres que a diario dan muestras de firmeza y elevada moral, convirtiendo las cárceles en trinchera de lucha pueden tener la certeza que su organización, las FARC-EP jamás los abandona y no ahorran esfuerzos para alcanzar su liberación. A nuestros combatientes en las cárceles colombianas y de los EUA les son negadas todas las garantías y derechos humanos. Son sometidos a toda clase de ultrajes y humillaciones en procura de destruirlos moralmente. Pero el combatiente fariano crece ante la adversidad, muestra de ello es la actitud digna, ejemplar y valerosa de nuestro camarada Simón Trinidad, cuya conducta cimera simboliza la estirpe marulandiana del combatiente fariano. En el marco de la más reciente liberación de militares y policías prisioneros de guerra en poder de las FARC, realizada como gesto unilateral de paz por parte de nuestra organización, los prisioneros políticos de trece centros carcelarios del país presentaron a la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos en las Reclusiones Colombianas, un informe y denuncia donde se resaltan los siguientes aspectos: 1º. Existe una especie de “reglamento escudo”, que permite a los funcionarios del INPEC abusar y extralimitarse en sus funciones sin riesgo de sanción alguna. Ningún documento escrito entra ni sale de las cárceles sin la censura previa, razón por la cual las denuncias terminan en la basura; 2º. El 95% de los requerimientos en salud de nivel 2, 3 y 4 son sólo atendidos por vía de tutela fallada a favor del interno y en cuanto al nivel uno, la EPS presta un pésimo servicio, a lo que se suma la negativa del INPEC a efectuar las remisiones médicas. De 1.300 internos, que aproximadamente hay en la Tramacúa, 200 tienen problemas siquiátricos, pero no son atendidos terapéuticamente. 3º. Bajo el argumento de que los reclusos son “población sedentaria” el INPEC suministra una cuota nutricional precaria, de hambre, suministro que a su vez es recortado por las empresas privadas que preparan los alimentos, para aumentar sus ganancias; esto sin hablar de las condiciones de higiene en las que se preparan los alimentos. 4º. A los prisioneros políticos les son negados los beneficios de libertad condicional, trabajo y estudio para redimir pena, con el argumento de que son personas de alta peligrosidad que deben pagar la totalidad de la pena; 5º. A la población L.G.TB.I, se le niegan derechos asociados a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo: se les impide la vida en parejas. 6º. Abundan los montajes judiciales; casos donde el Estado colombiano siguiendo la misma línea de los gringos “empapela” a los ciudadanos, especialmente si se trata de opositores políticos. 7º. El régimen desnaturalizó y desapareció el Delito Político desde que estableció que la muerte en combate de soldados y policías se tipifica como homicidio. Agreguemos finalmente que el gobierno no autorizó la visita de verificación y constatación de la comisión internacional y se limitó a decir que en Colombia no existen prisioneros políticos. Escrito por Comisión de Atención a los prisioneros de guerra de las FARC-EP. Sábado, 16 de Junio de 2012 71.

22-6-2012, Declaración FARC sobre la paz y la solución política al conflicto. Juan Manuel Santos, en una nueva muestra de desespero, expresó ante el país el 11-6-2012, en la Escuela Militar José María Córdoba, que si las guerrillas estábamos hablando de paz era gracias a la contundencia de las Fuerzas Armadas. Y añadió otra manifestación que dice mucho de su compromiso con la reconciliación y la paz democrática: sólo se producirá la posibilidad de diálogos cuando se tenga la seguridad de que estos se realizarán “bajo nuestras condiciones y nuestro dominio”. Tan disparatada interpretación de la realidad pone de presente la concepción que inspira el discurso oficial. La vía pacífica, democrática, dialogada, para solucionar el gravísimo conflicto que aqueja a Colombia, ha sido bandera de las FARC desde su nacimiento. La levantó el movimiento agrario de Marquetalia al conocerse en 1962 la proyectada agresión oficial. La guerra, el aplastamiento violento de la organización popular y la oposición política, ha sido el histórico mecanismo de dominación de la oligarquía colombiana y su amo imperialista. La intolerancia del régimen se corresponde con los intereses hegemónicos del gran capital transnacional, expresados para nuestro continente desde el llamado Consenso de Washington. Libre comercio, privatizaciones, flexibilización laboral, apertura total a la inversión extranjera directa, es decir, la más pura ortodoxia neoliberal en el campo de la economía, requiere para su imposición la absoluta dominación ideológica y cultural en el campo de la política. El extraordinario esfuerzo de Santos por entregar en lotes el territorio nacional a las corporaciones mineras y agroindustriales, su desprecio por las condiciones de vida de las comunidades y las condiciones laborales de la mano de obra colombiana, sus reiterados privilegios al gran capital en desmedro del medio ambiente y la producción nacional han sido convertidos en dogmas sagrados. A nadie se le permite ponerlos en duda o discutirlos. Se trata ni más ni menos que de los derechos del capital, mucho más importantes que los derechos de la sociedad, los derechos humanos o cualquier otra categoría de derechos. Si hasta hoy, pese a los sucesivos espacios conquistados por la lucha popular para hablar de paz en los últimos 30 años de historia, ha sido imposible llegar a un acuerdo de solución dialogada, ha sido precisamente por la negación de las clases dominantes a admitir la mínima variante en sus proyectos de dominación económica y política. Eso vuelve a ponerse de presente con el actual gobierno. Lo que el régimen pretende a costa de las FARC y de los derechos de la inmensa mayoría de compatriotas es re-legitimar ante el concierto mundial su modelo terrorista de Estado. Borrar de un plumazo la horrible y larga noche de crímenes y horror mediante la cual el gran capital y los terratenientes, representados en los poderes públicos, han acumulado fortunas y propiedades para adelantar sus gigantescos proyectos de enriquecimiento. Por ello se escuda hipócritamente en una supuesta intervención de la justicia internacional en contra de los alzados. No son los guerrilleros colombianos quienes deben responder por las prácticas atroces y genocidas que el Estado colombiano, por mano de sus fuerzas armadas oficiales y paramilitares, bajo la orientación de las agencias de inteligencia norteamericanas y el Pentágono, se ha encargado de practicar de modo sistemático contra su población durante muchas décadas. No va a ser a costa de acusaciones infamantes y gratuitas contra la lucha popular, que los gorilas y monstruos que han ensangrentado y sembrado de tumbas a Colombia van a salvar su responsabilidad, como de modo cínico se consagra en el llamado marco legal para la paz. El descaro del Congreso que lo expide se refuerza con la vergonzosa reforma judicial recién aprobada a instancias del gobierno. La retórica de Santos pone cada día más al desnudo su verdadero contenido. El único acuerdo de paz que espera es un contrato de adhesión, en el que una guerrilla arrepentida y llorosa se rinde de rodillas ante el gran capital, agradecida de haber sido perdonada como el hijo pródigo. Un ícono económico, militar, ideológico, político y cultural para sellar materialmente su dominación de clase ante la sociedad entera, el triunfo hegemónico del capitalismo salvaje. Tan elitista y soberbia es su actitud oligárquica, que pretende centrar el debate en si el Comandante de las FARC puede ser o no congresista, como si se tratara de que la lucha del pueblo colombiano y la insurgencia apuntara apenas a una simple reinserción a su podrido régimen político. Ahora se intenta poner al señor Uribe a desempeñar el papel que en su tiempo jugara el Senador Alvaro Gómez Hurtado, como una especie de símbolo de la ultraderecha al que había que manejar con cuidado y complacer, así no se estuviera de acuerdo con él en todo. El Partido Liberal compartía el poder con el hijo de Laureano, tal y como hace Santos con su publicitado rival hoy. El pueblo colombiano aprende de la historia, la oligarquía parece que no, e insiste en repetirla neciamente. La solución política al conflicto colombiano es parte inseparable de nuestro acervo ideológico y político, no es el producto de ninguna presión militar. Las FARC-EP somos pueblo colombiano en armas, seguimos combatiendo y seguiremos combatiendo hasta que desaparezcan las causas que dieron origen y siguen alimentando el conflicto colombiano. Nuestra voluntad de paz se enmarca en ese criterio elemental. El régimen político, el manejo económico y social del país requieren profundas reformas que deben nacer del debate abierto y democrático con todas las fuerzas del país. No entendemos por qué si Santos desea tanto la paz le tiene tanto temor a eso. Ahora habla de drones (aviones no tripulados) y otras locuras, como si lo que Colombia requiriera fuera de más muertes y derroche. Lo que la nación colombiana está reclamando a gritos en calles y plazas es que se abran las puertas del diálogo y la reconciliación, que se le dé la real oportunidad y el derecho a hablar, a exponer, a movilizarse y decidir acerca del futuro del país. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, 22 de junio de 2012 72.

21-7-2012, Declaración de las FARC sobre la situación actual del país y las tareas que demanda. Recientes acontecimientos de honda repercusión nacional, ponen en evidencia que la imagen de esa Colombia paradisíaca, que los dos últimos gobiernos se encargaron de difundir ante propios y extraños, no pasa de ser una creación mediática y virtual, inventada con el objeto de atraer el capital inversionista transnacional en crisis en otras latitudes y animada por el deliberado propósito de enriquecer a una élite local privilegiada, en grave perjuicio de los intereses de las grandes mayorías colombianas y de nuestra existencia misma como nación soberana. Serios analistas independientes y oficiales registran con alarma la vanidad incrustada en la afirmación de que la economía nacional disfrutaba de suficientes blindajes ante la crisis mundial. El supuesto crecimiento económico desbordado e imparable, que uribistas y santistas difundieron presuntuosa y repetidamente, comienza a dar muestras palpables de desaceleración y retroceso, alertando además sobre el peligro inminente que significa haber apostado a un proyecto de desarrollo fundado en el sector primario exportador minero y agroindustrial, cuando lo que se avizora en el horizonte es la caída en la demanda y los precios internacionales. De profundizarse esa tendencia, la economía colombiana, ya de por sí golpeada por más de veinte años de apertura económica y enrumbada a la desindustrialización por causa de la agudización de las políticas neoliberales, arriesga ser arrollada del todo con la vigencia plena de los tratados de libre comercio con EUA, la Unión Europea, Corea del Sur y demás pactos ansiosamente buscados y suscriptos. El beneficio de los sectores ligados al comercio de productos terminados y servicios del primer mundo, no va a compensar la ruina del empresariado nacional, la agricultura y la ganadería y menos va a mejorar la suerte de los millones de desempleados e informales que pulularán por todo el país. El régimen impositivo de escandalosos privilegios y las extremas facilidades competitivas que los últimos gobiernos establecieron a favor del gran capital inversionista, unido a la creciente debilidad de la producción nacional, apuntan a vaciar las arcas del fisco en aumento de la perniciosa dependencia del crédito externo. Está visto con los ejemplos de las naciones europeas hundidas hasta el cuello en la crisis financiera, que la banca internacional carece por completo de decencia. Aquí también serán los trabajadores y el pueblo despojado de la prestación de pensiones, subsidios, bienestar social, servicios como salud y educación, los que tendrán que poner la plata para pagar la deuda. Suficientes evidencias impiden ignorar esa dolorosa realidad. La Colombia real es un país gobernado por las imposiciones de las entidades multilaterales de crédito, con un modelo de economía totalmente al servicio de los capitales transnacionales, un gobierno obsesionado por el rápido enriquecimiento de los grupos económicos que representa, unas fuerzas militares subordinadas al mando del Ejército de EUAy una población mayoritariamente hundida en la desesperanza. No sólo representamos el país con la mayor desigualdad del continente, sino que los índices de pobreza y miseria, de desempleo e informalidad, de corrupción política y violencia nos avergüenzan ante el mundo. Los bochornosos episodios puestos al descubierto con la frustrada reforma a la justicia, la judicialización en EUA del Gral. Santoyo, la detención con fines de extradición del narcotraficante Camilo Torres, las elecciones del Valle, las acusaciones y captura en contra de Sigifredo López, la posesión del Gral. Naranjo como asesor en México, la publicación del video de Romeo Langlois, la rebelión indígena y campesina del Cauca contra la ocupación militar y hasta el derribamiento del avión Supertucano al tiempo que Santos celebraba su Consejo de Seguridad en Toribio, suman algunos de los hechos de mayor impacto político con los que Colombia entera aterriza del mundo de ilusiones forjado largamente por la propaganda oficial. Nada de ejemplar y respetable quedó en pie de las llamadas instituciones democráticas colombianas tras el episodio de la reforma a la justicia. Congreso de la República, Rama Ejecutiva y Poder Judicial pelaron el cobre de su mezquindad, hipocresía y corruptibilidad. Como si no hubiera sido suficiente con el mercado de intereses personales que pujó por la impunidad total a la narcoparapolítica, el saqueo de las arcas del Estado y la arbitrariedad de la burocracia uribista, el Presidente Santos, revolcado en sus propias heces, optó finalmente por violentar una vez más la Constitución del 91 en su afán por sostener un dudoso prestigio con miras a la reelección. La Colombia real se debate en medio del drama de su derrumbamiento económico, institucional y político, atada de pies y manos por un impresionante aparato militar, paramilitar y policial al que se suma el más descarado divertimento mediático que pretende ocultar la gravedad de lo que ocurre. Nuestra nación ni siquiera cuenta con una Constitución Política, acaban de deshojarla y pisotearla en las narices de todos. Los grandes centros del poder mundial nos condenan a ser un país atrasado y dependiente, suministrador barato de recursos naturales, mientras la oligarquía encargada de cumplir fielmente tal propósito se enzarza a dentelladas por la mejor tajada. No puede entenderse de otro modo la disputa entre el ex Presidente Uribe y el actual gobierno. Ninguna diferencia ideológica los separa. Tampoco, como queda visto, ninguna práctica política. El recurso excesivo a la violencia ciega que caracteriza abiertamente al primero y que el segundo modera tan solo en el discurso, tiene su origen en sus tradicionales nexos con la mafia narco paramilitar de la que el Presidente Santos intentó vanamente deslindarse. Allí nació la furia uribista contra la ley de víctimas y restitución. Así como su frenética oposición a cualquier tipo de conversación con las FARC. En su concepción no cabe una idea política distinta a las suyas. La contratación pública y una mayor cuota de poder alimentan el fanatismo de Uribe, del que Santos fue su mejor mentor en el pasado. La guerra declarada ni siquiera llega a una renuncia formal de su participación ministerial o a otras altas posiciones del Estado. Uribe, que en sus mandatos tejió la red de privilegios al capital transnacional, teme que Santos la rasgue un poco tras su anuncio de hacer chillar los ricos con su reforma tributaria. Por eso su ruptura resulta propicia a estas alturas. Todo seguirá como está. Además, Uribe necesita blindarse con un gobierno incondicional contra cualquier actuación judicial futura. Santos ya no le inspira confianza. Aquí salta el otro aspecto de la farsa publicitaria sobre los éxitos de la seguridad democrática. La supuesta derrota al narcotráfico obtenida con el Plan Colombia. Los últimos gobiernos vendieron esa idea ante el mundo y ahora viene a descubrirse la escandalosa verdad. Sólo se ha conseguido un sucesivo rodaje del negocio entre unos y otros capos, al tiempo que la Policía Nacional aparece involucrada al más alto nivel jerárquico en vínculos con la red narco paramilitar. Santoyo, el inseparable jefe de seguridad de Uribe y el ex-jefe antinarcóticos y de la Dijín Gral. Cesar Pinzón, son apenas los primeros nombres de la larga lista. ¿A qué va Naranjo a México? ¿Acaso a servir desde más cerca a los carteles mexicanos? La DEA pretende cumplir en ese país una experiencia semejante a la fracasada en Colombia. Y por lo visto lleva a los hombres ideales para eso. Al fin el cabo a EUA jamás le ha interesado poner fin al negocio, sino usarlo como pretexto para sus intervenciones políticas. El reciente intento por investir de impunidad al parlamento y altos funcionarios públicos que todo el establishment apoyó en la reforma judicial, desnuda el grado de descomposición de la clase en el poder, que ahora acaba de entregar el Valle a la Unidad Nacional, contra el repudio ignorado de su población. Uribe teme que sus vínculos mafiosos no puedan seguir siendo disimulados como en el pasado. Pasos de animal grande lo rondan, por lo que anhela con desespero volver a repetir el embrujo mediante el cual consiguió importantes apoyos en el 2002 para acceder a la Presidencia. Por eso su obsesión fundamentalista contra las FARC y todo lo que en su parecer puedan representarlas. La resurrección de la vieja farsa de la farcpolítica que el Fiscal de su confianza emprendió contra Sigifredo López, así como su renovado odio contra la Venezuela bolivariana y revolucionaria, forman parte de ello. Su ceguera le impide comprender que el país cambió y que cada día más consciente del engaño de que fue víctima, sólo espera su dura caída. La fuerza reveladora de las imágenes captadas por la cámara de Romeo Langlois antes de ser aprehendido por las FARC en abril pasado, destapa la otra gran mentira de la seguridad democrática. La de la derrota de las FARC-EP. La insurgencia permanece presente, combativa e invencible allí donde la militarización por parte del Estado es completa, mientras las poderosas fuerzas militares y policiales conformadas y financiadas por los gringos lucen asustadizas, arrogantes sí contra la población civil de campesinos inermes, mujeres y niños. A su vez, los grandes laboratorios que reportan, resultan ser en verdad pequeños cambuches de miseria. De no haberse producido el combate que filmó el periodista francés, el Ejército regular habría difundido mundialmente su propaganda difamatoria y calumniosa. La que sirve a los intereses norteamericanos de intervención militar en Sudamérica, la que se presta para encubrir los negociados que se celebran alrededor del mercado de la guerra, la que permite que generales de la República llenen sus arcas al servicio de los grandes capos del narcotráfico, mientras despotrican en público contra las mafias y acusan a las FARC de ser el verdadero cartel. La guerra que permite a los apoyos uribistas concentrar más tierras y despojar más campesinos. Del mismo modo, el accionar militar de las FARC en la Guajira, Norte de Santander, Meta, Antioquia, Guaviare, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima, y en general en todo el territorio nacional, atrae especialmente la atención sobre el departamento del Cauca, pues en aquel escenario confluyen de modo particular las incidencias de la lucha armada guerrillera con las del movimiento campesino, indígena, negro y popular contra el modelo neoliberal de Santos y sus locomotoras. Nadie que se precie de ser medianamente objetivo, puede desconocer en la Colombia de hoy la simbiosis fundamental que existe entre los grandes proyectos mineros, energéticos o agroindustriales y la ofensiva militar que se cumple contra los territorios ocupados por colonos, pequeños mineros, comunidades negras e indígenas. Lo que la gente del Cauca y gran parte de Colombia está exigiendo, es que cese la guerra contra ella. La guerra de las operaciones militares y paramilitares, de los bombardeos y ametrallamientos, de los allanamientos y capturas masivas, la guerra del despojo y el arrinconamiento. Lo que Santos y toda la oligarquía rendida de rodillas ante el gran capital sostienen en sus discursos y medios de comunicación, es que son las FARC, a quienes no vacilan en calificar con los más groseros adjetivos, quienes llegaron al Cauca a perturbar la vida de sus habitantes. Por eso proclaman que todo el mundo debe rodear la arremetida contra nosotros, al tiempo que señalan furiosos a quien se les oponga. La verdad es muy distinta, son ellos los agresores, son ellos los ladrones y violentos. Así ha sido desde cuando en 1965 un aristócrata Presidente nacido en Popayán y fallecido dicientemente en Rochester, Nueva York, desató la nefasta Operación Riochiquito contra los indígenas y campesinos caucanos. La historia de Colombia no miente, aunque intente borrársela y hasta se excluya su enseñanza de las aulas de secundaria. Lo que Santos busca en el Cauca o la Sierra Nevada de Santa Marta, como fiel heredero de los conquistadores y encomenderos españoles, es comprar con espejitos y pequeñas migajas que halaguen la recién fomentada ambición de algunos caciques indígenas, la pasividad y el sometimiento de sus gentes ingenuas. Y a leerles el bando en que anuncia que aquellos que se opongan a su religión de prosperidad democrática, van a conocer el peso de su fuerza militar o judicial. Por eso obtiene rechiflas y repudio. Por eso las comunidades se niegan a escucharlo. Por eso les grita irritado desde lejos que el Ejército y la Policía no abandonarán jamás sus posiciones. Por encima de las patrañas políticas y politiqueras, por encima de las campañas mediáticas de embrutecimiento, por encima de la ofensiva terrorista del Estado con sus aviones bombarderos que ya comienzan a ser derribados, son cada día más los colombianos que despiertan del engaño al que estuvieron tanto tiempo sometidos, son cada vez mayores las filas de la gente decente indignada con lo que la casta gobernante está haciendo con Colombia. Por todas las esquinas de la patria se levantan las voces y los brazos de los afectados con las políticas del régimen, de las mujeres y hombres que comprenden la necesidad de la lucha, de las ciudadanas y ciudadanos que anhelan vivir en un país democrático, en paz, justo, soberano y libre de tanta inmundicia. El decoro generalizado y furioso que obligó a Santos a recular con su reforma judicial, del mismo modo que la dignidad contundente y masiva del estudiantado que lo obligó a echar atrás su reforma de la educación superior, requieren multiplicarse de modo organizado y consciente en la actual y decisoria coyuntura. Para la reconstrucción de Colombia no resultan suficientes la inconformidad, el desprecio de su clase política, la repugnancia hacia su proyecto de país. Es necesario pronunciarse enérgicamente contra eso, con la fuerza de la expresión multitudinaria. Resulta urgente por tanto recurrir a la unificación de fuerzas con todos los sectores indignados, conformar un inatajable torrente popular que se lleve por delante la indecencia. Con el movimiento obrero, campesino, indígena, de negritudes, de mujeres, de desempleados, de pequeños y medianos mineros, de estudiantes, de profesionales empobrecidos, pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciantes, la academia, la intelectualidad, el profesorado, los informales y trabajadores independientes, los partidos y organizaciones de izquierda o de clara definición democrática. Con los liberales y conservadores aterrados con tanta podredumbre, hasta con los policías y militares retirados y olvidados por el régimen que los usó, con los creyentes, los cristianos, los ateos, los jóvenes, los ancianos y todas las minorías discriminadas. Concientización, organización, protesta, resistencia y movilización activas. He allí la tarea prioritaria. Sumar y unificar la rebeldía del pueblo colombiano por los cambios. Siendo claros de que la guerra civil colombiana enfrenta la arrogancia brutal del capital y su modelo de dominación contra las masas populares alzadas en armas contra su violencia, y conscientes de que con ella como pretexto el poder ha impuesto el despojo como tradicional medio de acumulación de la propiedad, y la represión como su forma natural de gobierno, la primera misión de ese poderoso movimiento popular unificado tiene que ser la de luchar por poner fin al conflicto armado, por presionar al ejecutivo nacional, a su clase política corrupta y a sus fuerzas militares, a aceptar el camino de una solución dialogada, pacífica y democrática. Sin imposiciones que la hagan imposible. Y con todo el país tomando parte en ella. Basta ya del cuentecillo de la llave oculta en el bolsillo. La paz no le pertenece a la oligarquía militarista y violenta, le pertenece al pueblo que la reclama para poder vivir mejor. Una solución política necesariamente entraña profundas reformas en el campo institucional, en materia de distribución de la tierra y las riquezas, en cuestión del proyecto económico de país, del papel a desempeñar por las fuerzas armadas, de la atención social de los colombianos. Por eso las voces de estos deben ser escuchadas, respetadas y atendidas en cualquier proceso hacia la reconciliación. Y si esto no fuera posible con el actual gobierno, habrá que llevar al poder a otro que sí tenga esa disposición. Lo cual implica el reto para el palpitante movimiento por la dignificación de la patria, de pensar con seriedad en la posibilidad de trabajar en una campaña política de claro carácter renovador. Es de importancia cardinal plantar una alternativa limpia, nueva, democrática, amplia, capaz de arrebatar de las manos el dominio del Estado a la corrupta clase dirigente actual. Un movimiento de colombianos honestos por el poder, que abra la esperanza en el oscuro panorama que le depara al país continuar bajo la égida de una u otra de las seguras alternativas que planteará la oligarquía en el 2014. Masas organizadas, unidas, con propósitos claros, son capaces de imponer finalmente sus propósitos. Es fundamental creer en ello. Un nuevo gobierno democrático, amplio y pluralista podrá por fin soltar las amarras que nos atan a los colombianos a la horrible noche de la violencia. Posibilitar acuerdos de paz, construir unas fuerzas armadas que defiendan el interés de todos los nacionales y no los de una casta antipatriótica, materializar una existencia democrática en la que la voz de las mayorías sea quien determine el camino a emprender, enrumbar al país por un desarrollo económico basado en la producción y el trabajo de todos los colombianos, velar por la salud, la educación, el empleo y el bienestar general, sin favoritismos, entregar la tierra a quienes quieran y puedan trabajarla, y asistirlos en su actividad y crecimiento, usar las riquezas naturales para el bien de todos, rescatar nuestras culturas y solucionar en justicia los más graves problemas sociales. Se habla ahora de otras posibles vías, como la convocatoria a un referendo que revoque los actuales poderes, o la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente que tenga la potestad de recomponer por completo al país. Todos los recursos de la lucha popular cuentan para unificar contra el régimen. Sin perder de vista que la senda de someter en algún momento el anhelo por los cambios a la decisión de los mismos poderes establecidos, puede terminar en un simple maquillaje que re-legitime el orden de cosas vigente. La Constituyente de 1991 disolvió el parlamento, y pese a ello la misma clase política contaminada volvió a controlarlo todo. El poder constituyente no puede dejarse enredar en consideraciones legalistas. El crea, él hace, él puede. Está claro que las FARC-EP no vamos a traicionar el legado de nuestros fundadores y mártires. Ni a volver la espalda a la gente humilde de nuestro país que conoce a diario el peso de la arrogancia, el despojo y el terror por parte del Estado. Así como en una mañana de mayo 48 años atrás, los heroicos campesinos de Marquetalia decidieron empuñar las armas y soñar con la toma del poder para el pueblo, los combatientes de hoy ratificamos de nuevo que jamás entregaremos nuestros sueños tras una denigrante rendición y desarme. Solo una transformación profunda de las condiciones vigentes en nuestra patria puede posibilitar y garantizar la paz, que es la paz en la que hemos creído desde nuestro nacimiento. Queríamos y soñábamos con un cambio por vías pacíficas y democráticas, pero nos han sido cerradas violentamente una y otra vez desde el gobierno de Guillermo León Valencia. Hoy podemos asegurar que un diálogo lejano y a espaldas del país, como lo pretende Santos, sólo terminará por intensificar más la confrontación. Nuestros sentidos permanecen atentos al avance de la rebeldía y la organización de los de abajo. Con ellos sí estaremos en todos los escenarios a los que los conduzca su accionar por la paz y los cambios. Sean cuales sean los rumbos que el destino depare al esfuerzo por democratizar a Colombia, tan inmensamente renovado y latente hoy, las FARC-EP estaremos siempre al lado de nuestro pueblo. Y venceremos con él, lo juramos. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 22-7-2012 73.

25-7-2012, Respuesta de Timoleón Jiménez a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca. Apreciados compatriotas: He tenido conocimiento de la comunicación recientemente dirigida por Ustedes, la cual cuidé de leer con sumo respeto y atención. Con la misma claridad y franqueza con que su Asociación expresa su pensamiento y propósitos, procedo a responder sus inquietudes en mi condición de Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, organización que como ustedes conocen, nació en 1964 a la vida política colombiana como expresión de la resistencia popular a la guerra, y se acerca a cumplir cincuenta años de lucha indeclinable por la paz. Que ustedes expresen con tanto fervor su anhelo por la paz, confirma nuestra convicción de que las grandes mayorías colombianas claman en las cuatro esquinas del país por ese preciado bien. La guerra civil colombiana no ha sido una decisión del pueblo de este país, sino una imposición de sus clases pudientes dominantes. Es natural que el pueblo que la sufre la rechace con ahínco. Nosotros somos los primeros. Por eso la combatimos en todas las formas posibles. Es un hecho reconocido por numerosos estudiosos de la realidad colombiana, que la guerra en nuestro país responde a un modelo de acumulación de capital. El despojo de la propiedad rural y su concentración en cada vez más pocas manos, ha coincidido de manera asombrosa con las sucesivas agresiones contra las zonas agrarias por parte de las fuerzas oficiales y para-oficiales. Pretextos para ellas nunca han faltado. Las FARC no estamos integradas por soldados pagos ni conscriptos, sino por gente sencilla del pueblo de Colombia que se ha levantado a la resistencia. Campesinos, indígenas, negros y mestizos que decidimos enfrentar con las armas la agresión. Es absolutamente cierto que el despojo contra los indígenas americanos lleva más de cinco siglos. Razón de más para luchar por su justa reivindicación. Compartimos completamente todas las aspiraciones de las comunidades indígenas y de hecho las estamos apoyando al riesgo de nuestra propia vida. Pero la fuerza de los hechos históricos impone también que los indígenas no son las únicas comunidades violentadas y perseguidas en Colombia. A veces parece desprenderse de sus sinceras alegaciones, que las comunidades indígenas sólo miran por ellas mismas, desconociendo la suerte de los demás desposeídos y perseguidos de Colombia, que suman por lo menos treinta millones de compatriotas. El grave conflicto colombiano no puede ser solucionado sólo para las comunidades indígenas, simplemente porque ustedes forman parte de Colombia, habitan en territorios codiciados por los mismos terratenientes e inversionistas que despojan a colonos, mineros, trabajadores y demás sectores explotados. Con todo el respeto y la consideración que merecen, me permito expresarles que no es aislándose del resto de colombianos que claman fervientemente por la paz y la justicia social, como van a lograr conquistar sus viejos anhelos. El Ejército colombiano no sólo ocupa resguardos indígenas, sino que cumple su labor predadora por todo el territorio nacional. Su misión es prestar seguridad a inversionistas, empresarios y terratenientes nacionales o del extranjero, al precio de aplastar cualquier oposición al modelo de saqueo y empobrecimiento que defienden. Nosotros no sólo creemos que el Ejército debe salir de las comunidades indígenas, sino de todo el campo colombiano. Su misión natural es guarnecer las fronteras en defensa de la soberanía nacional, pero las clases dominantes lo han convertido en una máquina al servicio de poderosos intereses extranjeros, dirigida directamente por generales norteamericanos. El reconocimiento de la autonomía y la autoridad de las comunidades indígenas no nos hace ciegos ante la suma de intereses que llegan a ellas. Si los conquistadores españoles se valieron de la Iglesia, los halagos personales y hasta de la corrupción de muchos caciques como mecanismos de avanzada para su presencia expoliadora, sabemos que igual sucede hoy con diversas organizaciones de rostro humanitario, benefactor o clientelista. Fenómenos así minan la credibilidad de muchos liderazgos en la propia base indígena y descomponen su organización. Sentimos sincero respeto por su oposición al empleo de la violencia como mecanismo de lucha. En una humanidad civilizada, ajena a los intereses de clase, seguramente que tal pretensión será generalizada. Por eso luchamos. Pero no es menos cierto que las realidades de Colombia, gobernada secularmente por una casta violenta y agresora, terminaron por producir la respuesta digna de los de abajo. Y esa también es una forma respetable de lucha, que no puede ser condenada por principio sin borrar de un plumazo la historia y rozar los límites de la utopía. Como se infiere de su aspiración de poder desarrollar un proyecto de vida, sin que cambien las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que dominan el resto del país. El problema de ustedes no puede ser examinado a la simple luz de la no presencia del Ejército o la guerrilla en los resguardos, porque como dice Santos, el Ejército jamás va a abandonar sus bases. Porque su presencia encarna un modelo de dominación nacional, continental, de aspiraciones mundiales. Lo que hay que derrotar es ese modelo, y para ello hay que comenzar por el cambio del régimen. Esa es nuestra lucha y la de millones de colombianos que estamos seguros los apoyan en este momento, los cuales verían fortalecidas sus aspiraciones si ustedes también apoyaran sus reivindicaciones. El asunto en la hora es unir fuerzas, no separarlas. Las guerras son cruentas, más las que enfrentan a los pueblos con regímenes terroristas al servicio de potencias imperiales. Toda la maquinaria militar, económica, ideológica y política es puesta en juego por estos últimos en aras de su victoria. Ella incluye la propaganda negra, los infundios y provocaciones más groseras. Nosotros más que nadie somos víctimas de todo eso junto. Si a nuestra gente llegan muchachos indígenas sanos, desesperados por la miseria en que crecieron, ansiosos por luchar para mejorar la suerte de su pueblo, no los rechazamos. No podemos, así es la lucha. Igual sucede con campesinos, mineros, obreros, estudiantes y toda la juventud colombiana que decide unirse a la lucha. Las normas del Derecho Humanitario que ustedes citan prohíben ubicar bases y cuarteles de guerra en medio de la población. Nosotros jamás lo hacemos, ustedes saben que la tropa sí, y de manera permanente y dolosa. Ustedes exigen que no empleemos nuestras armas con riesgo para la población civil. Nosotros somos población civil a la que la violencia estatal y paramilitar obligó a alzarse. Jamás podríamos tener en la mente la idea de afectar gente inocente. En eso compartimos por completo su reclamo con plena disposición a evitar que ocurra. ¿Pero qué hacer con las fuerzas terroristas de ocupación? Consideramos válidos y legítimos los heroicos esfuerzos que ustedes cumplen hoy. Si en Colombia cesan las operaciones militares, los bombardeos y ametrallamientos, los desplazamientos forzados, el despojo de la tierra, los crímenes contra el pueblo y la impunidad, con toda seguridad que no tendrá sentido la existencia de las guerrillas. Si el Ejército, la Policía y los paramilitares salen del Cauca, si termina su guerra contra indígenas, campesinos, mineros y pueblo en general, nosotros no tendremos problemas para salir también. En toda Colombia crece un ruidoso clamor por la paz. Por una salida política a la confrontación. Esa ha sido entre todas la más vieja de nuestras banderas. Es el régimen el que jamás se ha aprestado a poner fin a su predilección por la violencia. Es a él al que hay que obligar a abrir un diálogo. Ustedes, que hoy más que nunca sufren el estilo característico de responder en Colombia a las aspiraciones de paz, son bienvenidos sin duda al trabajo por ella. Con su presencia combativa estaremos mucho más cerca de ella. Reciban todos mi afectuoso abrazo, que es el de todas las FARC-EP, el de todo el pueblo colombiano que los admira, aplaude y respalda.Timoleón Jiménez, Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP; Montañas de Colombia, 20-7-2012 74.

31-7-2012, El Comandante del bloque Sur de las FARC, José Benito Cabrera, alias “Fabián Ramírez” dijo que las FARC está dispuesta a negociar un acuerdo de paz con el Estado “sin odio, sin ventajas, cediendo”. Pero el argumento de que esa paz llega únicamente con la entrega de las armas no puede ser el fin pretendido. La guerra termina cuando se eliminan las causas que la originaron. Como lo dijo alguna vez Manuel Marulanda Vélez cuando estaban negociando la paz, en el Caguán, la guerra no hay que humanizarla sino acabarla, porque en el fondo es un negocio y se mantiene para favorecer intereses económicos. Reiteró el anuncio en el sentido de que no volverán a secuestrar con fines económicos. Sin embargo, si un soldado cae en un combate, eso no es un secuestro, sino que ese militar se convierte en prisionero de guerra. También desestimó que en algo cambie esa guerrilla con la muerte de importantes líderes de la organización. “Si muere uno, queda el otro”. Los causantes de la corrupción tendrán que enfrentar el juicio del pueblo, porque la plata que se roban les quita posibilidades de sobrevivir a los demás, porque Colombia es un país muy rico con altos niveles de pobreza y lo que hacen los corruptos es asesinar al pueblo 75.

4-8-2012, Trabajo de investigación del Comandante e integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Jesús Santrich, analiza el tema de la tierra en Colombia. La “restitución de tierras”, dentro de la llamada “revolución agraria” Santos, no es un acto humanitario y de reconciliación social, sino el procedimiento engañoso para darle marco jurídico a la desposesión violenta que se ha venido haciendo a lo largo de décadas y que se acentuó especialmente durante el gobierno de Uribe. El gobierno conoce perfectamente que al menos 2.428 familias de oligarcas controlan aproximadamente el 53,5 % de la tierra apta para cultivar; esto en contraste con 2,2 millones de familias campesinas que sobreviven de cualquier manera en el área restante. No es este grueso problema el que pretende resolver; menos cuando está claro que en dos décadas las pobrerías agrarias han sido despojadas de alrededor de 7 millones de hectáreas por los agentes del Terrorismo de Estado. Es inocultable el objetivo de darle legalidad a lo que hasta ahora sólo fue un despojo violento y criminal, definiendo derechos de propiedad y ordenando la geografía de la misma, delimitando las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes, formalizando el dominio estatal de los baldíos, para desenvolver con más rigor y eficacia la acumulación capitalista: Organiza el mercado de tierras. Favorece la incursión y consolidación de las trasnacionales en lo que respecta al acaparamiento del espacio para su depredación. Facilita la explotación a fondo, “dando garantías” al capital, a los inversionistas, para que accedan a las concesiones sobre los territorios, y a lo que llaman derechos de superficie. Proyecta con la legalización, un despojo en términos legales porque responderá a un ordenamiento que se presentará como necesidad o prioridad nacional sobre la que no se permitirá obstáculo alguno. Cuando se requiera que alguien transmita su derecho de propiedad esto tendrá que hacerse porque así lo define la ley o simplemente, a las buenas o a las malas, se debe ceder la tierra en renta; algo muy “democrático” seguramente; la democratización del rentismo, que es una forma más cínica del despojo. Así, se le “restituye” la propiedad a los despojados para luego obligarles al arrendamiento. Se trata de lo que los especialistas llaman “solución financiarizada de la cuestión agraria”. Esta reprimarización y desnacionalización de la economía, cuya base es el despojo de la tierra, reforzará el procedimiento con las pretensiones del “Proyecto de Ley General Agraria y de Desarrollo Rural”, que reordenará el territorio en función de la depredación; la dictadura de la entrega del país a las trasnacionales: por ahora, 38 millones de hectáreas para la exploración petrolera; 11 millones de hectáreas para la exploración y explotación mineras; 12 millones de hectáreas para la explotación forestal también extractiva; 39,2 millones de hectáreas para la ganadería extensiva; 3,6 millones de hectáreas de producción agrícola, cuando se tiene un área cultivable de 21,5 millones de hectáreas, de un total de 114 millones de hectáreas que tiene nuestro país. La insurgencia, aparece como un factor incómodo para que las transnacionales y sus lacayos oligarcas criollos continúen el saqueo de la riqueza de los colombianos. De ahí deriva el sufrimiento de Santos por la existencia de la insurgencia, más cuando se había convencido de su propia invención que hablaba del fin del fin de la guerrilla. Nada le importan los destrozos ambientales y sociales que produzca en el Huila la hidroeléctrica El Quimbo, nada le importa la suerte de las 500 familias que serán desplazadas de manera obligada sino el lucro que obtendrá la transnacional EMGESA; nada le importa la suerte de los cuatro millones de colombianos cuyo abastecimiento de agua depende de las fuentes de La Colosa en Cajamarca; su interés se centra en las ganancias que puedan generarle a los capitalistas los 9.000 títulos de explotación y los 20.000 que están en trámite (4 % y 20 % del territorio nacional respectivamente), dispuestos para alimentar el hambre de oro de las trasnacionales. Negocios son negocios. Por qué preocuparse por la pauperización creciente de los 12 mil trabajadores tercerizados en el enclave petrolero de Campo Rubiales. Lo importante es que en el balance del año 2011 la empresa duplicó sus ganancias netas. En esta historia lo que impera es la diseminación de los enclaves extranjeros que nos succionan la sangre, la precarización laboral para nuestros hermanos trabajadores, la destrucción de nuestros bosques, la degradación de la tierra con los proyectos que aspiran a la generación de los agro-combustibles, la entrega desvergonzada de la Orinoquia y de la Amazonia, del Pacífico, del país entero…, la reprimarización, la desnacionalización, el favorecimiento al capital financiero, la mentalidad apátrida contra el bienestar popular. ¿Esta cruda realidad expresa voluntad de paz de parte del régimen? 76.

11-8-2012, Declaración de las FARC en el aniversario número 22 de la inesperada muerte del camarada Jacobo Arenas en Casa Verde. Pocos hombres como él tan convencidos de la urgencia de encontrar una solución política, por la vía de diálogo, a la gravísima confrontación en que se debate Colombia. Durante el difícil camino recorrido hasta llegar a los Acuerdos de La Uribe, escribía a los delegados oficiales: “En nosotros no cabe el pesimismo, por el contrario, somos de aquellos que cabalgan en el más grande optimismo. Por eso estamos convencidos que cualquier día de estos vamos a reunirnos para probar nuestra disposición por la paz”. 24 años atrás, el gobierno de Virgilio Barco promulgaba una iniciativa de paz inspirada en el principio de “mano tendida y pulso firme”. Según ella, la reconciliación plena sólo sería posible cuando se lograra la disolución de los grupos armados, su desarme y reincorporación a la sociedad dentro de un contexto de garantías efectivas y específicas. Exigía “Compromisos precisos dentro de plazos definidos”. Jacobo Arenas redactó para la historia la respuesta insurgente: “Querer ahora resolver los problemas de la más honda crisis de toda la estructura y superestructura tradicional del país, con un plan de paz que es… ‘un ultimátum militar envuelto en amena retórica’, es la vieja equivocación de los gobiernos oligárquicos de este hemisferio”. Equivocación en la que fatalmente se sigue persistiendo. El Comisionado Alberto Rojas Puyo enteraba al Secretariado de las FARC en noviembre de 1983: “Ultima campaña psicológica-política de los guerreristas de fuera y de dentro del Ejército: que las FF.AA. están en capacidad de liquidar las FARC pero que no les dan la libertad necesaria para ello. En consecuencia, que les quiten las ligaduras, que les dejen las manos libres”. Tras 29 años de violencia y terror, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón afirma orondo que la confrontación colombiana “apenas” afecta al 4,6% de su población, pese a lo cual advierte que en los próximos meses se aumentará el pie de fuerza en 20.000 policías y 5.000 soldados, se comprarán diez helicópteros Black Hawk y más vehículos blindados para el transporte de tropa, 52 botes para operaciones fluviales, 21 lanchas rápidas para guardacostas, cuatro aviones de transporte y se modernizarán los aviones Kfir. Paradójico que para dar el puntillazo final a unas guerrillas vencidas sean necesarios semejantes refuerzos. Siempre lo tuvo claro el camarada Jacobo Arenas: “La paz mata a los guerreristas. La paz es la apertura democrática a la que el militarismo le teme más que el diablo a la cruz. Imponerles la paz a los altos mandos militares, tendrá que ser una labor de Colombia entera. La maquinaria bélica actual del Estado Colombiano es un monstruo dispuesto a hundir el país en la violencia y el terror al precio que sea. A sus personeros les tiene sin cuidado el prestigio internacional de la Nación, ni la vida de sus hijos. Les dieron la misión de hacer la guerra para evitar los cambios reclamados por la opinión. Aquí, aquellos, no quieren correr la suerte de sus congéneres del Cono Sur del Continente y se aferran al clavo ardiendo de lo que suelen llamar institucional. Cuando en justicia son acusados se defienden acusando. Para ellos todo lo que no sea fascismo es “subversión”. Todo lo que no sea reacción es revolución. Y se hacen pasar como cruzados de la tradición legalista de la Nación para evitar ser localizados como lo que son: agentes pagados del complejo militar industrial de Estados Unidos de Norteamérica”. Inspirados por la conciencia aguda de Jacobo Arenas, podemos asegurar sin la menor vacilación, que lo que la ultraderecha reprocha a Santos como debilidad de su política de seguridad, no es más que la expresión material del fracaso histórico de la estrategia de guerra total en Colombia. La demencia uribista que pretende arrastrar el país al abismo de la devastación general y a la que Santos no ha sido ajeno en sus dos primeros años de gobierno, es la expresión actual del mismo fanatismo inútil que condujo a la agresión contra Marquetalia, sin otros resultados que una creciente y pavorosa confrontación entre colombianos. Nuestro llamado a la paz es sincero, removamos las causas que generan la confrontación. Las clases dominantes en Colombia debieran considerar con toda seriedad hasta donde nos ha conducido su obcecación. Repetimos con Jacobo Arenas hoy: “En esta lucha por la paz democrática nosotros estamos poniendo todo lo que tenemos y una indoblegable voluntad de concordia nacional. Si no lo logramos, el verdadero derrotado sería el pueblo Colombiano ya harto de sangre y muerte a manos ya se sabe de quienes, y se incrementaría la represión, pero también la guerra popular. Ojalá eso no vaya a ocurrir”. Pero más que a las clases dominantes, es al pueblo colombiano a quien le corresponde levantar y hacer suya la bandera de la paz democrática. Es claro que la oligarquía no va a sacar con simpatía la llave que escondió en su más recóndito bolsillo. Ya lo había sentenciado Jacobo Arenas en 1988 con lucidez impresionante: “Sólo un poderoso movimiento de opinión podría detener y hacer cambiar la política de guerra del actual gobierno. Tal movimiento parece vislumbrarse y ojalá haga presencia pronto”. ¡Comandante Jacobo Arenas!… ¡Estamos cumpliendo! Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 10-8-2012 77.

5-9-2012, Las FARC-EP deseamos hacer del dominio público, el anuncio oficial del inicio de conversaciones de paz con el gobierno de Colombia. En la ciudad de La Habana, en la Cuba revolucionaria de Fidel y el Che, en la patria socialista de José Martí, nuestros delegados suscribieron el 26-8-2012, el denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Con él se desata de nuevo un proceso de diálogos encaminado a la consecución de la paz en nuestra patria. Una noble y legítima aspiración que la insurgencia colombiana defiende desde hace ya medio siglo. Consideramos un deber insoslayable reconocer la invalorable colaboración del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Presidente Hugo Chávez, que resultó determinante para la conclusión de este Acuerdo, así como la inmejorable actuación del gobierno del Reino de Noruega, que jugó papel fundamental en los momentos más difíciles de esta brega. Sin la preocupación y gestión del gobierno presidido por el Comandante Raúl Castro, esta larga faena no habría llegado a tan exitoso puerto. A todos ellos nuestro agradecimiento. No nos cabe duda de que nuevas Naciones seguirán sumándose al propósito de blindar este nuevo esfuerzo. Transcurrieron diez años desde cuando Andrés Pastrana decidió echar en saco roto sus propósitos de paz y decretar una nueva etapa en la larga confrontación civil colombiana. Daba así cumplimiento a la persistente amenaza de su primer Ministro de Defensa, quien nos advertía comenzando el proceso del Caguán, que tendríamos dos años para pactar nuestra entrega, so pena de sufrir un exterminio ejemplar por cuenta de la arremetida que preparaba el Estado contra nosotros .Es claro que todo fue una ardid oficial para ganar tiempo. ¡Cuánta muerte y destrucción!¡Cuánto dolor y lágrimas! ¡Cuánto luto y despojo inútiles! ¡Cuántas vidas y sonrisas cercenadas! Para finalmente concluir que la salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Pueda ser, y Colombia entera debe ponerse en pie para impedirlo, que no suceda lo mismo esta vez. Una década atrás no sólo se vino sobre Colombia y su pueblo una espantosa embestida militar, paramilitar, judicial, económica, política y social que hoy parece reconocerse como vana. También cayeron sobre nosotros como aves de presa, los propagandistas del régimen con su discurso difamatorio y venenoso. ¡Cuál de los más viles adjetivos no se lanzó contra quien asumiera una posición política próxima a nuestra palabra! ¡De qué estigma infamante no fuimos cubiertos quienes hicimos frente a la guerra y la violencia desatadas con frenesí desde el poder! ¡Cuál de los más horrorosos crímenes dejó de sernos imputado! Volvemos a una mesa, reconocidos como adversarios militares y políticos, convidados y protegidos por quienes nos persiguieron, acompañados y avalados por la comunidad internacional. Tanta manifestación de odio carece de sentido. Quizás para la satisfacción de quiénes, el gobierno nacional ha reiterado una y mil veces, tanto en el escenario exploratorio como en sus múltiples declaraciones públicas, su inamovible decisión de no permitir ninguna de las que califica como concesiones en el terreno de la guerra. En su extraño parecer, cualquier posibilidad de cese al fuego, tregua, armisticio o despeje únicamente contribuye a la creación de incentivos perversos. Es claro para nosotros entonces, que pese a las manifestaciones oficiales de paz, los alzados llegamos a este nuevo intento de reconciliación, asediados no sólo por el mismo embate militar desatado una década atrás, sino compelidos abiertamente mediante su acrecentamiento, a recoger nuestras aspiraciones políticas y sociales a cambio de una miserable rendición y entrega. Pese a tales señales, las FARC-EP guardamos la sincera aspiración de que el régimen no intenta repetir la misma trama del pasado. Pensamos simplemente que están en evidencia las enormes dificultades que tendrá que afrontar este empeño. La consecución de una paz democrática y justa merece afrontar los más difíciles retos. Por encima de ellos, somos optimistas. La historia siempre ha sido labrada por las fuerzas sociales que apuntaron al futuro. Estamos convencidos de que la realidad nacional impondrá la voluntad de las grandes mayorías que creen y necesitan de la paz con justicia social. A un lado del camino deben quedar los firmantes de fabulosos contratos derivados de la guerra, los que encuentran en los grandes presupuestos de defensa un rápido camino al enriquecimiento, los que acrecientan velozmente sus propiedades e inversiones con base en el pillaje contra los indefensos. A la obsesiva e indolente posición de identificar la paz exclusivamente con la victoria, de alcanzarla mediante brutales operaciones militares y policiales de aniquilamiento, de conquistarla con base en devastadores bombardeos y ametrallamientos, de identificarla con la consagración de la impunidad para la arbitrariedad de sus agentes, de tejerla con millares de capturas masivas, allanamientos, persecuciones, desplazamientos y toda clase de represiones contra la población colombiana que reclama sus derechos, de asimilarla a la aceleración de las locomotoras de la infamia, resulta urgente enfrentar una concepción distinta, justa, realista y constructiva. Una paz fundada en la verdadera reconciliación, en el entendimiento fraterno, en las transformaciones económicas, políticas y sociales necesarias para alcanzar el punto de equilibrio aceptable para todos, en la extirpación definitiva de las razones que alimentan la confrontación armada. Sobre tales certezas se elaboró conjuntamente la parte introductoria del Acuerdo General. Un importante logro en las discusiones del encuentro exploratorio. Se reconocen allí, entre otros hechos incontrovertibles, que este proceso de paz atiende al clamor de la población colombiana, que construir la paz es asunto de la sociedad en su conjunto y por tanto requiere de la participación sin distinción de todos, que deben respetarse los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, que el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso, que el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, nos permitirá crecer como país, que la ampliación de la democracia es condición para lograr bases sólidas de paz. A pesar de ello, aún se escuchan con fuerza voces oficiales que abiertamente persisten en la salida militar. Las FARC-EP asumimos, identificados con el pueblo de Colombia, que la introducción de esos axiomas en el Acuerdo General, constituye el marco teórico de principios que deberá ser materializado en los acuerdos finales sobre la agenda pactada. Seis meses batallando por estas verdades, nos permitió por fin conseguir del gobierno nacional su inclusión. Para nosotros es perfectamente claro que la llave de la paz no reposa en el bolsillo del Presidente de la República. Tampoco en el del Comandante de las FARC-Ejército del Pueblo. El verdadero y único depositario de tal llave es el pueblo de este país. Es a los millones de víctimas de este régimen elitista y violento, a los afectados por sus políticas neoliberales de desangre, a los que sueñan con una democracia real en una patria amable, en desarrollo y en paz, a quienes corresponde jugar en adelante su rol protagónico por una nueva Colombia. A ellos estamos dirigiéndonos las FARC-EP con nuestro corazón en la mano. Porque ha vuelto a abrirse la puerta de la esperanza. Porque repican las campanas llamando con fuerza a la plaza central. Para que salgan de sus veredas, de sus viejas minas, de sus comunidades y resguardos, de sus barriadas pobres, de sus centros de trabajo, de las factorías que los consumen, de sus talleres domésticos, de su rebusque agónico de todos los días, de sus centros de estudio, de su confinamiento carcelario, de su incesante búsqueda de empleo, de sus pequeñas empresas, de sus fábricas amenazadas por la quiebra, de sus culturas ignoradas, de su nicho de desplazados, de sus escondites de amenazados, de sus rincones de víctimas, de sus hogares destruidos. Se trata de marchar por la paz, por la construcción entre todos del nuevo país, se trata de cerrarles el portón a los amos violentos, de luchar por profundas modificaciones del orden vigente. El espacio para la lucha de millones de colombianos está abierto. Es eso lo que significa que la paz es una cuestión de todos. Tenemos que hacer de esta oportunidad un nuevo grito por la independencia. Poco más de dos siglos atrás clamaba José Acevedo y Gómez desde un balcón capitalino: “…si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, mañana seréis tratados como insurgentes. ¡Mirad las mazmorras, los grillos y las cadenas que os esperan!” La situación de hoy es asombrosamente semejante. O los colombianos del montón, los secularmente humillados y ofendidos, los oprimidos y explotados, nos ponemos de pie en defensa de nuestro territorio y sus riquezas, de nuestro trabajo, de nuestras libertades, familias, vidas y culturas amenazadas por completo, o terminaremos con la marca del hierro candente en las espaldas, constreñidos por las bayonetas, lamentando sin consuelo haber sido inferiores a nuestro compromiso con la patria y nuestros hijos. O seguiremos sufriendo la prolongación indefinida y lacerante del conflicto para impedir por la fuerza semejante destino. No puede calificarse como bochinche y ruido innecesario la participación general del pueblo colombiano en las discusiones de paz, menos cuando ha sido éste quien ha puesto la mayor cuota de sangre y sufrimiento en el conflicto. Llamamos por eso a Colombia entera a pronunciarse, a exigir su participación o a asumirla en las calles y carreteras como ha aprendido a hacerlo por siglos. Ella también tiene su agenda. Nadie como las guerrillas para dar fe de la entereza y valor de los soldados y policías de Colombia. Combatimos a diario en todo el territorio nacional. Ellos nos causan nuestras bajas y son a su vez alcanzados con el fuego de nuestras armas. Saben bien que la necesidad los ha impelido a jugarse la vida, que alimentan a sus familias con el miedo permanente a la muerte o la invalidez. Son colombianos del pueblo, que aman la vida y sueñan con prolongarla. Que sufren necesidades y ven a sus hijos crecer en medio de tan aciago panorama de incertidumbre social y violencia. Que junto con los suyos, no pueden querer esta guerra. Habrá en su cúpula elementos guerreristas y ambiciosos, que se prestan a los más sucios propósitos. Gentes como Rito Alejo del Río o Santoyo, penetrados hasta los tuétanos por las doctrinas imperiales de seguridad nacional que convierten en hongos a los hombres. Pero también debe haber patriotas, militares honestos que se preguntan por qué razón las fuerzas armadas colombianas se encuentran al servicio de poderosas compañías multinacionales que saquean las riquezas del país, por qué su papel se reduce a la intimidación, al aplastamiento de la población inconforme con las políticas antipatrióticas de gobiernos corruptos, que se cuestionan por su papel de garantes de un injusto orden de cosas, que se irritan al ver cómo sus altos mandos dan sumisos partes a generales extranjeros. A todos ellos extendemos en esta hora nuestras manos abiertas en procura de reconciliación. Otra Colombia es posible y entre todos podremos modelarla. Haber llegado a la Habana no fue solo el fruto de la resistencia indoblegable de la insurgencia colombiana. Es sobre todo el triunfo del clamor nacional por la paz y la solución política. Es el resultado de la protesta social, de la lucha contra las fumigaciones, de los paros y huelgas contra el gran capital transnacional, de todos esos encuentros de mujeres, de artistas, de estudiantes y jóvenes, de Colombianas y Colombianos por la Paz, del Congreso de los Pueblos, de la Minga Indígena, de la movilización de múltiples sectores, del grito adolorido de los habitantes del Cauca y Putumayo, del Cesar, del Huila y la Guajira, del Caquetá, los santanderes y Arauca, de todos los rincones de nuestra geografía patria. Semejante torrente ya no podrá detenerse. Por nuestra parte, llegamos a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancias. A plantear al gobierno nacional que considere importantes los de abajo, que no juzgue como ingenuidades sus anhelos, que no los crea incapaces de emprender grandes empresas, que les reconozca su derecho a tomar parte en las grandes decisiones nacionales. Con el cerrado apoyo de enormes muchedumbres, no pensamos en levantarnos de la mesa sin haber hecho realidad esas banderas. ¡Hemos jurado vencer!… ¡Y venceremos! Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 5 de septiembre de 2012 78.

5-9-2012, A diferencia de la Agenda común acordada en el Caguán esta es una agenda que No incluye la discusión sobre el Modelo Económico imperante en el país que es el neoliberalismo, ese modelo de explotación que ha condenado al país a la miseria, las privatizaciones y el saqueo. La máxima aspiración del imperialismo y la oligarquía que hoy representa Santos es lograr en la mesa de diálogos lo que no ha podido lograr en el campo de batalla tras una confrontación social y armada que se acerca al medio siglo. La Agenda tampoco incluye el tema del Estado, su estructura burocrática excluyente, su esencia y Doctrina, que ha sido durante décadas la Doctrina de la Seguridad Nacional, la misma que cabalga sobre la premisa de la guerra preventiva. No aparece en la mencionada Agenda el tema de las Fuerzas Militares, su práctica paramilitar de machete y motosierra implementada contra el pueblo, al que identifica como “El enemigo interno”. Hace pensar que la única intención del gobierno es conseguir en la mesa la Desmovilización de la guerrilla y la entrega de las armas; sueña que mandos y combatientes guerrilleros se acojan a los parámetros de la llamada “justicia transicional”. Los combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado, aparecemos según este marco jurídico como Victimarios, de rodillas ante los tribunales judiciales corruptos de la clase gobernante mafiosa que controla el poder en Colombia. Ese es el escenario de “diálogos de paz” que sueña el gobierno de Santos y los grupos económicos que controlan el país, para quienes las FARC-EP somos un obstáculo en su ambición de saquear todos los recursos de la nación. El pueblo Colombiano debe tener certeza que en nuestros planes no se contempla la desmovilización ni la entrega de las armas, porque como sentenció el Comandante Jorge Briceño, en las FARC no tenemos alma de traidores sino de patriotas”. Afirmó el Presidente Santos que para el avance de este proceso, “vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos”. Precisamente uno de los errores más notables de los diálogos del Caguán fue el no haber podido concretar un cese bilateral del fuego; haber adelantado aquellas conversaciones mientras en el resto del país seguían sonando los tiros fue uno de las debilidades de los diálogos del Caguán que en esta oportunidad no debiera repetirse. Diversas voces de la vida política y social ya se vienen pronunciando favorablemente al respecto. Sin duda un Cese bilateral del fuego generaría mayor confianza al proceso. Solo habrá paz cuando se instaure la justicia social 79.

7-9-2012, Cuando el Presidente considera entre los presupuestos para conversar el aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas, en realidad está forcejeando porque el proceso no vaya a agitar banderas económicas o sociales que puedan ser seguidas por otros sectores de la población. A su juicio, el diálogo debe ser discreto y lejano. Lograr efectivamente el fin del conflicto y no su prolongación, está expresando que de no lograrse algún acuerdo definitivo, de todas formas el conflicto terminará aquí. Por las buenas o las malas. De lo dicho se colige su convicción de lograrlo a las malas. En la misma dirección apunta su tesis de no ceder un solo milímetro del territorio nacional. De lo que se trata es de intensificar los esfuerzos por cerrar todo espacio a la insurgencia armada y con ella a la inconformidad social o política de los colombianos. Al expresar su propósito de llegar a un acuerdo final que termine, de una vez por todas, esta violencia entre hijos de una misma nación, parece que asume de modo imparcial el conflicto, cuando en realidad parte de la base de que la violencia es producto de una sola de las partes, la alzada en armas. En su parecer ni el Estado ni el régimen colombiano son violentos. De ese modo, cuando afirma tener la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno, lo que de veras está diciendo que cree llegado el final de las FARC. El Presidente trae dos argumentos centrales para fundar su incierta esperanza: 1. “Que Colombia ha cambiado”, como se evidencia de lo siguiente: a. Disputamos el tercer lugar en las economías del continente y estamos disminuyendo la pobreza: Lo último sólo es cierto con base en la manipulación de unas cifras absurdas sobre la línea divisoria entre pobreza y no pobreza, la cual además no desaparece la vergonzosa realidad de que en cuestión de desigualdad social competimos por el primer lugar en el continente y el mundo. b. El uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado: difícil aceptarlo cuando el Estado esgrime un gigante aparato de guerra en plena acción como argumento para imponer sus razones, cuando subsisten en el país variadas formas ilegales de terror en contra de la lucha popular y cuando incluso la amenaza y la persecución judicial se ciernen todo el tiempo sobre la oposición política. c. Porque las fuerzas militares y de policía han logrado grandes éxitos y el Estado tiene presencia en todo el territorio. Los relativos éxitos sólo se explican por el agigantamiento de las fuerzas armadas, la ayuda extranjera y la multimillonaria inversión de recursos. Frente al tamaño de tales esfuerzos, esos éxitos resultan más bien nimios. Por sobre la propaganda, los sonoros golpes no han conseguido quebrantar la voluntad de lucha de la insurgencia, ni su estructura organizativa, ni su capacidad militar, ni mucho menos su apoyo popular. d. Porque el gobierno está construyendo paz al resarcir a las víctimas, restituir tierras y mejorar las condiciones de vida de los marginados. Es evidente que estas no pasan de ser expresiones de voluntad que no se ven materializadas en hechos. Al contrario, cada día de conflicto aumentan las víctimas y crece la concentración de la propiedad. e. El gobierno ha avanzado mucho, de la mano del Congreso, en crear las condiciones para la reconciliación nacional: Ligera alusión al llamado marco legal para la paz que el propio Presidente sabe es absolutamente rechazado de plano por toda la insurgencia. 2. “Que este proceso es distinto”: a. Porque es un acuerdo para terminar el conflicto: Sin embargo, a continuación, reconoce que el éxito no está garantizado. b. Porque no contiene despejes de territorio ni cese de operaciones militares: Es decir que se dará en medio de la confrontación, error en que también se incurrió en el pasado y que todo el mundo consideró garrafal. c. Porque las discusiones se darán fuera de Colombia para trabajar con discreción y seriedad: Es decir que está previsto que las discusiones se den lo más alejado posible de la población inconforme y sus clamores que juzga irrespetuosos. d. Porque las conversaciones no tendrán término ilimitado, se medirán en meses y no en años: se deduce que su propósito es conseguir el acuerdo final antes de un año o poner fin al asunto. De tal modo, la disyuntiva entre continuar o no estará sujeta a las conveniencias reeleccionistas, lo cual le otorga al proceso una base deleznable y frívola. e. Porque está concebido en tres fases: exploratoria, de formalización de acuerdos y de implementación de los mismos. En realidad, desde La Uribe se ha trabajado siempre con el mismo esquema. La única diferencia estriba en la aspiración a que la segunda fase se concrete de modo reservado y discreto. f. Porque cuenta con una agenda realista de cinco puntos concretos. Si bien es cierto que no se trata de una relación tan ambiciosa como en el pasado, cuando el Estado se negó a abordar siquiera la discusión de uno de ellos, da la impresión de que para el Presidente la tierra, el régimen político, el narcotráfico y las víctimas y la verdad son cuestiones triviales. Asuntos para despachar en dos sesiones, a fin de proceder al único punto de su interés. Las cosas no son así. Además, debiera pensar que el punto sobre el fin del conflicto es duro. Comienza con una sucinta dejación de armas. En ninguna parte dice que de las FARC. Se entiende que en el proceso hay dos partes. Y para que haya paz, las dos deben hacer dejación de armas. Entonces el proceso es serio, y no debiera ser tomado de modo tan alegre. Refiriéndose precisamente a la seriedad, Santos afirmó que ambas partes han obrado con ella. Sin embargo decidió añadir que las perspectivas son buenas si las FARC abordan con la misma seriedad la siguiente fase. Un buen entendedor comprende que está sentando las bases para en un futuro afirmar, si las cosas no resultan, que el fracaso obedece a la falta de seriedad de las FARC. Ni siquiera por diplomacia disimula la tradicional óptica de la oligarquía dominante en Colombia. Desde luego no podía dejar de reiterar, para satisfacer su corte de extrema derecha, que no habrá ninguna concesión en el campo militar. De manera teatral, vuelve a expedir en público la orden de mantener la misma intensidad en la confrontación. Con sorprendente irresponsabilidad invita a los colombianos a tener paciencia frente a las acciones de la contraparte, las cuales, advierte, serán respondidas con toda contundencia. De semejante actitud sólo puede deducirse su afán de rendir por la fuerza la insurgencia en el campo de batalla, a fin de conducirla en breve plazo a la firma de su rendición y entrega en la Mesa. Lo fundamental para él será que se reconozca que no hicimos concesiones ni cedimos un centímetro del territorio, ni tampoco desatendimos las tareas del gobierno. Al decir esto último, intenta hacer pasar por tareas sus bellas promesas de gobierno: restituir tierras, reparar a las víctimas, garantizar justicia, disminuir la pobreza, crear empleo. Promesas que no sólo se halla supremamente lejos de cumplir, incluso forzando las cifras oficiales, sino que ocultan además sus verdaderos objetivos de gobierno: entrega total de la soberanía nacional y los recursos del país al capital extranjero, abandono y guerra abierta a las víctimas de sus políticas entreguistas, desmejoramiento acelerado del medio ambiente y de las condiciones de vida de los trabajadores, instauración del terror militarista en todo el territorio nacional. Es con ese gobierno de Santos que las FARC-EP estamos iniciando conversaciones de paz. Algo que el conjunto del pueblo colombiano no debe perder de vista cuando se movilice por ella. Mejor leer con atención el discurso del Comandante Timoleón Jiménez ese mismo día. Se verá claro quién en Colombia lucha por una paz verdadera 80.

10-9-2012, Una vez que el gobierno colombiano y las FARC-EP han decidido llevar adelante conversaciones para posibilitar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto social y militar, es necesario hacer algunas reflexiones. No se puede entender lo que sucede en Colombia, si no se comprenden las causas sociales que dieron inicio al conflicto, las mismas que tienen su origen hace ya más de un siglo atrás. El problema de la tierra es fundamental para entender lo que sucede en el país. En Colombia existe una alta concentración de la tierra en pocas manos. Renán Vega Cantor dice que: en el país hay 114 millones de hectáreas, de las cuales 51.3 millones se consideran como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes; 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura y de ellas la mitad se dedica a actividades agroindustriales y en el resto, laderas y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y colonos, de los cuales sólo tiene título de propiedad el 15 %; un 0,43% de los propietarios (grandes latifundistas) es dueño del 62,91% del Area Predial Rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios (minifundistas y pequeños propietarios), tiene un ridículo 1.66% de la tierra. En Colombia 12 mil terratenientes son propietarios de 22 millones de hectáreas de las 51.3 millones que componen las tierras aptas para el cultivo, mientras 3 millones de campesinos pobres poseen apenas 2,5 millones de hectáreas. En promedio cada terrateniente en Colombia posee 1850 has, mientras los campesinos pobres poseen 1,2 has. El despojo de los campesinos de sus tierras, ha sido posible por la aplicación de la violencia brutal ejercida por el Estado colombiano al servicio de la oligarquía santanderista, a través de sus fuerzas militares y paramilitares. José Antonio Gutiérrez D. manifiesta que: Está bien documentada la relación que han establecido varias empresas con las bandas ultraderechistas formadas como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado colombiano. Empresas multinacionales como la Chiquita Brands en la región bananera del Urabá, han utilizado al paramilitarismo desde hace décadas como un mecanismo tanto para “despejar terreno” (desplazar comunidades para acceder a sus tierras o recursos) como para amedrentar a sus trabajadores y deshacerse de los “elementos” molestos (sindicalistas) si es necesario. José Gutiérrez expresa además que: Uno puede darse cuenta la relación que existe entre los 5.200.000 de desplazados colombianos (280.000 solamente en el 2010) y la creciente concentración de tierras así como la creciente penetración de agronegocios como la palma africana, el caucho o megaproyectos extractivos, uno de los pilares económicos del gobierno de Santos. Se estima que el paramilitarismo, en cosa de poco más de dos décadas, ha robado más de 6,5 millones de hectáreas, las cuales hoy se encuentran en manos de latifundistas, multinacionales realizando megaproyectos y de la agroindustria. La pobreza es otro de los graves problemas a los que se enfrenta el pueblo colombiano y que está relacionada directamente con el problema agrario. Según cifras oficiales en Colombia existen 8 millones de personas indigentes y 20 millones de pobres de un total de 46.608.585 habitantes en la actualidad. Colombia es el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58%. En Colombia los ricos se han enriquecido en base a la explotación de la mayoría de la población pobre del país, siendo así que “el 10 % más rico de la población se queda con la mitad del PIB mientras al 10 % más pobre apenas le caen de la mesa las migas del 0,6 % del PIB.” Para paliar el hambre, en muchos barrios de Bogotá la gente pobre toma sopa de periódico. En Colombia se considera pobre a un hogar integrado por cuatro personas, con ingresos mensuales inferiores a 1,1 millones de pesos (u$s 611) e indigente a aquel hogar con cuatro personas con ingresos que no alcanzan los 450.000 pesos mensuales (u$s 250). El costo mínimo de la canasta básica para las y los colombianos es de 950.000 pesos mensuales (u$s 528). En el caso de los pueblos indígenas y de los afrocolombianos la situación es todavía más grave. Más de la mitad de los cerca de 1,37 millones de los indígenas de Colombia está en la pobreza estructural y la mayoría de niños y niñas de esta minoría étnica sufre desnutrición crónica, según un estudio divulgado en Bogotá por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La coordinadora general de la investigación, Tania Guzmán dice que los aborígenes bajo la línea de pobreza representan el 63 % del total de su población y, de estos, el 47,6 % está por debajo de la línea de la miseria. Informe PNUD “Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”: En los municipios con población afro superior al 30 % se dobla la concentración de pobres: 43,1 % frente a 27,8 % de promedio nacional. En el departamento de Chocó la pobreza es de 70,5 % frente a 45,5 % a nivel nacional. Las políticas neoliberales aplicadas en Colombia en las dos últimas décadas han conducido a un empobrecimiento mayor de la población, mientras la acumulación por desposesión en beneficio de la oligarquía Colombia y las multinacionales imperialistas se ha incrementado. El pensador marxista David Harvey es el fundador del concepto de acumulación por desposesión, basada en la depredación, el fraude y la violencia. La acumulación por desposesión es el “enriquecimiento capitalista a través de la explotación y privatización de todos los recursos naturales, servicios básicos y derechos sociales”. Los gobernantes colombianos han mentido y engañado al pueblo a quien han ofrecido la paz, la prosperidad, el bienestar y la justicia social. Lo único que han hecho a lo largo de sus mandatos ha sido sumir en la pobreza al pueblo, posibilitar el enriquecimiento cada vez mayor de los grupos oligárquicos y las transnacionales y reprimir brutalmente a todas y todos quienes se han rebelado legítimamente contra este orden social injusto. La pobreza rural es crítica. El 62.1% de los hogares rurales está por debajo de la pobreza, de una población de 11.838.032 personas. En Colombia, uno de cada dos habitantes del sector rural es pobre. El 40% de los hogares rurales no cuenta con agua potable, mientras el 15% no tiene acceso a la electricidad. Anualmente 5.000 niños mueren por desnutrición. Renán Vega Cantor dice que “en los 8 años del gobierno de Uribe (…) se cerraron 800 hospitales públicos en las grandes ciudades. En cualquier pueblo alejado, el hospital fue convertido en una Empresa Privada de Salud (EPS), simplemente en un negocio privado de la salud en donde la gente cotiza y se le brinda salud de acuerdo a lo que paga”. Las causas económicas y sociales que han sido expuestas son las que dieron origen al conflicto colombiano. Estas no han desaparecido, sino que, por el contrario, se han agudizado. No son, por tanto, las FARC-EP las responsables del conflicto militar y de la violencia en Colombia: Los verdaderos responsables de toda la infamia padecida por Colombia son los propietarios del capital y de la tierra, que siglo tras siglo reservan a los de su linaje el derecho exclusivo a ampliar aún más sus fortunas y gobernar el país, a costa del trabajo y el sudor de la inmensa mayoría de compatriotas desposeídos y violentados por soñar con cambiar el orden de cosas heredado. Mediante una fachada de democracia formal, mal esconden el verdadero carácter del régimen político impuesto. Ellos implementaron en nuestro país la práctica del terrorismo para defender a sangre y fuego sus privilegios. Pero llaman terroristas a quienes buscan justicia. La insurgencia revolucionaria surgió como respuesta a la violencia social y militar desatada por la oligarquía colombiana y el imperialismo. Las guerrillas, constituidas por hombres y mujeres del pueblo, se organizaron para luchar contra estas injusticias. La solución política al conflicto colombiano tiene entonces que pasar, necesariamente, por la búsqueda de acuerdos concretos que pongan fin a los problemas económicos y sociales que vive el pueblo colombiano. Las respuestas a esos problemas implican afectar el régimen de propiedad privada en Colombia, los intereses de la oligarquía colombiana, así como de las grandes empresas multinacionales. Las FARC-EP, enfrentadas al Estado burgués colombiano y al imperialismo, jamás han dejado de luchar por lograr la paz para Colombia. Varias han sido las ocasiones en las cuales han demostrado la voluntad política de encontrar una salida negociada al conflicto colombiano. Los Comandantes de las FARC-EP, Jacobo Arenas y Alfonso Cano, fueron los máximos exponentes de la necesidad de encontrar una solución dialogada al conflicto colombiano. Han sido la oligarquía santanderista, los sectores guerreristas del ejército colombiano y el imperialismo quienes no han querido llegar a acuerdos concretos, puesto que sus verdaderas intenciones han sido que la insurgencia entregue las armas, se desmovilice, se integre al sistema institucional burgués, sin solucionar los problemas del pueblo colombiano, o simplemente doblegar política y militarmente a quienes, frente a la violencia estatal, se levantaron para oponerse a la explotación social, a la injusticia y a la opresión: Las FARC-EP no iniciamos esta guerra, nos fue declarada por la oligarquía que gobierna a Colombia. Cada vez que el eco de nuestra propuesta de una salida política ha tomado suficiente fuerza para imponer unos diálogos encaminados a la paz, el poder se ha negado a considerar la remoción de las causas que dan lugar al conflicto, cerrando de un portazo violento las posibilidades de reconciliación. El país no olvida que tras cada proceso frustrado ha sobrevenido la promesa de aniquilarnos y la agudización de la guerra a extremos inéditos. Las FARC persistimos porque un inmenso clamor popular de justicia alimenta y acompaña nuestro sacrificio. Virgilio Barco, Presidente de Colombia en el período 1986-1990 promulgó una iniciativa de paz inspirada en el principio de “mano tendida y pulso firme”. Según ella, la reconciliación plena sólo sería posible cuando se lograra la disolución de los grupos armados, su desarme y reincorporación a la sociedad dentro de un contexto de garantías efectivas y específicas. “Compromisos precisos dentro de plazos definidos” exigía. Jacobo Arenas redactó para la historia la respuesta insurgente: “Querer ahora resolver los problemas de la más honda crisis de toda la estructura y superestructura tradicional del país, con un plan de paz que es… ‘un ultimátum militar envuelto en amena retórica’, es la vieja equivocación de los gobiernos oligárquicos de este hemisferio”. Fue bajo la administración de Virgilio Barco que se desató la persecución y el asesinato por parte de las fuerzas represivas del Estado colombiano y sus aliados paramilitares, de todas y todos quienes consideraron honestamente que se podía alcanzar una solución política del conflicto. Miles de dirigentes campesinos, mujeres trabajadoras, luchadores sociales fueron asesinados a través de un plan orquestado por los detentadores del poder para impedir que las fuerzas revolucionarias, progresistas, de izquierda se expresen políticamente y, con el apoyo del pueblo, logren derrotar a las fuerzas de la reacción en los procesos electorales. El “Baile Rojo” fue el nombre del plan que se ejecutó para exterminar a quienes militaban o simpatizaban con la Unión Patriótica, organización de izquierda que surgió como resultado de las conversaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Esa ha sido la respuesta del capitalismo gansteril a la búsqueda de la paz. El 9-12-1990 el Presidente César Gaviria Trujillo ordenó el ataque a “Casa Verde”, con lo cual una vez más la oligarquía colombiana, a través de su representante de turno en el Palacio de Nariño, demostró su voluntad de no continuar alcanzar la paz por la vía del diálogo democrático. El “Acuerdo de Cese al Fuego” firmado entre las FARC y el gobierno colombiano de Belisario Betancur en la Uribe, llegó a su fin con la Operación Colombia, cuyo propósito criminal era el de acabar con Estado Mayor Central y el Secretariado de las FARC-EP. Igual de traicionero fue el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), cuando el 20-2-2002 ordenó lanzar un ataque demoledor contra la zona de despeje en San Vicente del Caguán. “El gobierno de Andrés Pastrana decidió cerrar las puertas del diálogo y apostar por la guerra total contra nosotros. Fuimos acusados de todas las perversidades del mundo. Hordas inmensas de soldados mercenarios entrenados por asesores gringos fueron enviadas a aplastarnos. Helicópteros artillados y aviones de todos los tipos partieron con el fin de reducirnos a cenizas.” Servil frente a los dictados de Washington, Pastrana ponía así en ejecución el criminal Plan Colombia, mediante la operación Thanatos. El narco-Presidente Alvaro Uribe Vélez jamás dio muestras de alcanzar la paz por la solución política. Al contrario, a través de la llamada “Seguridad Democrática”, endureció la política militarista del régimen y la represión contra el pueblo. El Plan Patriota constituyó la continuación del Plan Colombia. Mientras los guerristas del Pentágono y de la oligarquía santaderista colombiana se han cerrado a la posibilidad de una paz que beneficie a las mayorías pobres de Colombia, pretendiendo únicamente que la insurgencia se desmovilice y entregue las armas, las FARC-EP han sido honestas en su intención de lograr acuerdos concretos para alcanzar la paz con dignidad, con libertad y con justicia social, pero sin claudicar en absoluto en sus principios revolucionarios. “Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana”. Como una organización bolivariana, marxista-leninista las FARC-EP están conscientes de que los cambios no van a darse únicamente por la vía parlamentaria. También tienen claro que la paz no significa ir a ocupar puestos en las instituciones de ese Estado burgués. Saben perfectamente que la lucha en esas instancias no es, como decía Rosa Luxemburgo, más que la tendencia a llevar la violencia de los oprimidos al poder. Violencia necesaria que se da como respuesta para detener el arrebato de la oligarquía para imponer, en situaciones de aparente normalidad bajo el régimen capitalista de “democracia” formal, medidas contrarias a la clase trabajadora y al pueblo en general. Las FARC-EP tienen claro, además, que la lucha no tiene únicamente como objetivo la “democratización” del capitalismo colombiano, sino su destrucción. Porque la oligarquía y el imperialismo pueden ceder momentáneamente en algo, pero jamás estará dispuesta a renunciar al poder que se sostiene en la propiedad privada burguesa: Las FARC-EP, a los 48 años de lucha armada rebelde, reiteramos al pueblo de Colombia nuestro juramento de vencer. Jamás nos sumaremos a la campaña por legitimar y honrar el capitalismo y el terror de Estado que se hacen llamar democracia en nuestro país. Sabemos que no estamos solos, hasta nosotros llega el rumor de inmensas masas humanas que avanzan inconformes y decididas, por encima de las amenazas y la represión, exigiendo cambios profundos. Se trata de un clamor universal. Las FARC-EP están conscientes de que los problemas del pueblo colombiano solo se resolverán mediante la lucha popular y no mediante la conciliación de clases. En la primera declaración leída por parte del Comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez en nombre del Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP, frente a los acuerdos que se llevan adelante para lograr la paz en Colombia entre ésta organización insurgente y el gobierno de Santos, se manifestó: Para nosotros es perfectamente claro que la llave de la paz no reposa en el bolsillo del Presidente de la República, tampoco en el comandante de las FARC-EP. El verdadero y único depositario de tal llave es el pueblo de este país. Es a los millones de víctimas de este régimen elitista y violento, a los afectados por sus políticas neoliberales de desangre, a los que sueñan con una democracia real en una patria amable, en desarrollo y en paz, a quienes corresponde jugar en adelante su rol protagónico por una nueva Colombia. Y a ellos, estamos dirigiéndonos las FARC con nuestro corazón en las manos. Porque ha vuelto a abrirse la puerta de la esperanza, porque repican las campanas llamando con fuerza a la plaza central, para que salgan de sus veredas, de sus viejas minas, de sus comunidades y resguardos, de sus barriadas pobres, de sus centros de trabajo, de las factorías que los consumen, de sus talleres domésticos, de su rebusque agónico de todos los días, de sus centros de estudio, de su confinamiento carcelario, de su incesante búsqueda de empleo, de sus pequeñas empresas, de sus fábricas amenazadas por la quiebra, de sus culturas ignoradas, de su nicho de desplazados, de sus escondites de amenazados, de sus rincones de víctimas, de sus hogares destruidos. El llamado de las FARC-EP es preciso: la paz solo se conquistará con la movilización popular, con la organización del pueblo y con la lucha frontal de los diversos grupos sociales explotados y vilipendiados contra los detentadores del poder. En la segunda declaración hecha por el Secretariado de las FARC-EP a través de Timoleón Jiménez, publicada el 6-9-2012 se expresa: “Tenemos la certeza de que este pueblo terminará por alzarse en un poderoso torrente que pondrá freno a las desmedidas ambiciones del gran capital, desarmará su máquina criminal y violenta y dará de verdad sentido a la palabra justicia”. El pensador marxista, Iñaki Gil de San Vicente explica: Aunque estas poderosas fuerzas irreconciliables tarden algún tiempo en enfrentarse de nuevo a muerte, siempre terminan haciéndolo siguiendo el dictado de la ferocidad sanguinaria burguesa, que es la que prepara concienzudamente el primer ataque sangriento, obligando a defenderse a la clase explotada. La política en el sentido marxista no consiste en otra cosa que en la doble tarea de estudiar esta constante histórica y en prepararse lo más posible para que su próxima irrupción sea lo menos devastadora y destructiva posible, logrando que el parto de la nueva sociedad sea exitoso al menor costo humano, con la menor sangre y dolor posibles. La política marxista consiste en facilitar que el nuevo vuelo del ave Fénix, la revolución que vuelve a alzar sus alas para tomar el cielo por asalto destino al socialismo, sea lo más armonioso y feliz. Por esto, la política marxista es la síntesis entre la economía concentrada como realidad objetiva y la conciencia concentrada como realidad subjetiva. Así, la lucha economicista, por el aumento salarial y por las mejoras de las condiciones de vida y trabajo de la humanidad explotada, se fusiona con la lucha por la reducción del tiempo de trabajo alienado y por el aumento del tiempo disponible, creativo y libre. Las estadísticas económicas quedan así penetradas por las pasiones humanas más íntimas, y viceversa. Y ambos, menos explotación y más creatividad, van dando forma y contenido a nuevos sentimientos y pasiones. En busca de este objetivo esencialmente humanista y ético, la política marxista insiste en los tres puntos antagónicos con el capital: la explotación económica ejercida por la burguesía, la opresión política ejercida por el Estado y la dominación ideológica ejercida por el fetichismo. E insiste en que debajo de ellos, a modo de piedra basal, está la propiedad privada de las fuerzas productivas. Desarrollando la dialéctica inserta en esta triple realidad que se yergue sobre la propiedad, son fácilmente comprensibles el resto de explotaciones, injusticias y miserias que se multiplican día a día, inherentes a la civilización del capital. La misma teoría organizativa marxista es inseparable de la praxis que combate al monstruo burgués, y por eso tiene a la vez un contenido moral y ético que palpita en cada lucha, en cada lágrima y en cada alegría. Las contradicciones de clase no se resuelven en una mesa de diálogo, sino al calor de la lucha revolucionaria. La burguesía colombiana no quiere “suicidarse alegremente”. Por el contrario, quiere conducir a que el pueblo acepte sus condiciones, sin ceder absolutamente nada. El 27-5-2012 las FARC-EP expresaban a través de un comunicado: Santos simplemente repite lo que han hecho siempre los de su clase. Nos exige una vez más la entrega y el desarme, a cambio de admitir a medias nuestro ingreso a su podrido régimen político. Sin desmontar ni un ladrillo de su aparato terrorista de dominación. Sin que se afecte en nada su proyecto de país colonial y empobrecido. Como si nosotros pudiéramos a cambio de miserables prebendas personales, volver la espalda al sentir de millones de compatriotas hundidos en la desesperación y la violencia. Como si el destino natural del pueblo colombiano fuera el de trabajar eternamente para el enriquecimiento de una élite privilegiada. Así no vamos a ninguna parte. En la alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos sobre el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, dada el 4-9-2012, el mandatario expreso que: Hoy podemos hablar de paz porque Colombia crece y se abre al mundo. Nuestra economía es ya una de las más prósperas de América Latina, similar a la de Argentina y sólo superada por Brasil y México. Es una economía que está creando empleo, como pocas en el mundo, en medio de una fuerte turbulencia internacional. Hoy podemos hablar de paz porque millones de colombianos están saliendo de la pobreza y porque seguimos avanzando en esa dirección. Hoy podemos hablar de paz porque el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado. Los datos señalan lo contrario a lo manifestado por Santos, puesto que la pobreza y la desigualdad social siguen siendo uno de los problemas fundamentales que vive el pueblo colombiano, mientras los ricos cada día se hacen más ricos. Por otro lado, Santos encubre en su discurso que la principal violencia que vive el país, es la violencia social y que, además, es el Estado colombiano, con sus fuerzas militares y paramilitares, el que ha ejercido durante décadas el uso de la violencia sistemática contra el pueblo, lo que ha significado que en Colombia hayan 5 millones de personas desplazadas y que sea la nación con mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo. El Presidente Santos reiteró que las acciones militares continuarán y que no dejarán de actuar contra la insurgencia. “El gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar”. Mientras se habla de la paz, se niega la posibilidad de llegar a un cese de las operaciones militares y a un alto al fuego. En cambio, las FARC-EP han manifestado su voluntad de ir por el camino contrario al que, en este aspecto, ha planteado el gobierno colombiano: Volvemos a una mesa, reconocidos como adversarios militares y políticos. Convidados y protegidos por quienes nos persiguieron. Acompañados y avalados por la comunidad internacional. Definitivamente, tanta manifestación de odio carece de sentido. Quizás para la satisfacción de quiénes el Gobierno nacional ha reiterado una y mil veces, tanto en el escenario exploratorio como en sus múltiples declaraciones públicas, su inamovible decisión de no permitir ninguna de las que califica como “concesiones en el terreno de la guerra”. En su extraño parecer, cualquier posibilidad de cese al fuego, tregua, armisticio o despeje, únicamente contribuye a la creación de incentivos perversos. Es claro para nosotros, entonces, que pese a las manifestaciones oficiales de paz, los alzados llegamos a este nuevo intento de reconciliación asediados, no sólo por el mismo embate militar desatado una década atrás, sino compelidos abiertamente mediante su acrecentamiento a recoger nuestras aspiraciones políticas y sociales a cambio de una miserable rendición y entrega. Pese a tales señales, las FARC-EP guardamos la sincera aspiración de que el régimen no intenta repetir la misma trama del pasado. Pensamos simplemente que están en evidencia las enormes dificultades que tendrá que afrontar este empeño. La consecución de una paz democrática y justa merece afrontar los más difíciles retos. Por encima de ellos, somos optimistas. La historia siempre ha sido labrada por las fuerzas sociales que apuntaron al futuro. El tono guerrista del establishment colombiano no ha desaparecido e incluso se pretende hacer ver a la insurgencia como un actor debilitado, al que solamente se le debe exigir la desmovilización y la entrega de armas. El Comandante Timoleón Jiménez en la segunda declaración dada a conocer el 6-9-2012, fue claro al señalar que se sientan en la mesa de diálogo “de igual a igual” con el gobierno colombiano, “con el propósito de acordar una agenda de discusiones con miras a la concertación de un acuerdo que ponga fin al largo conflicto social y armado que padece Colombia”. El Comandante Timoleón señaló que “al dar este primer paso hacia la reconciliación queremos dejar presente que son vanas las ínfulas triunfalistas de quienes juzgan que acudimos a la mesa de diálogo a firmar nuestra rendición y entrega” y añadió que “en cuanto hace a las FARC-EP, nunca hemos estado más fuertes y unidos. Se equivocan por completo quienes intentan leer debilidad en nuestro incansable accionar por la paz”. Los enemigos directos de la paz en Colombia, sin ningún rubor, han expresado su malestar ante estos diálogos. La jefa de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EUA, Ileana Ros-Lehtinen, conocida como la “Loba Feroz”, criticó que el gobierno de Santos por iniciar un diálogo de paz con las FARC-EP “sin condiciones previas”. La “Loba Feroz” es conocida por sus vínculos con la mafia de la gusanera terrorista cubana, la misma que realiza sus acciones criminales desde Miami contra Cuba. Por su parte, el ex mandatario colombiano Alvaro Uribe Vélez expresó que los diálogos constituyen una “bofetada a la democracia”. Uribe está acusado por los propios líderes paramilitares de haber mantenido estrechos vínculos con ellos. De igual manera, el ex-mandatario fue investigado por el FBI y la DEA por su estrecha colaboración con Pablo Escobar Gaviria. El narcoparamilitar de Uribe es el mayor enemigo de la paz en Colombia. Sus serviles columnistas, como José Obdulio Gaviria, el “Rasputín” colombiano, son las y los encargados de “opinar” cada día en contra de los diálogos de paz y, por supuesto, de las FARC-EP. Pero igual de peligrosos son aquellos que hoy hablan de paz como sinónimo de desmovilización y entrega de las armas por parte de las FARC-EP. Es decir, lo que quieren es mantener el estado de cosas actuales sin que haya un actor político y militar serio que les enfrente. Santos no es ningún santo y su estrategia apunta, fundamentalmente, a imponer a la insurgencia sus condiciones y no buscar soluciones claras a los problemas de los colombianos, sino más bien de los capitalistas colombianos y las multinacionales, para así dejarles libre el camino a que sigan saqueando los recursos de la nación y explotando al pueblo: La apuesta de las clases dominantes por la paz, independientemente de las intenciones de Santos o Uribe, no busca resolver los problemas fundamentales de la nación o traer bienestar a la población sino permitir que la industria de la extracción funcione a su máxima capacidad, situación que la ‘seguridad democrática’ no logró y que la guerra tampoco permite: como señaló Santos, ‘es fundamental terminar el conflicto’, pero las clases dominantes buscan que esto se dé con acomodo a sus intereses, sin responder a las necesidades del pueblo colombiano y generando máximos beneficios a la inversión extranjera. José Antonio Gutiérrez dice que desde la perspectiva santista, paz o guerra no son sino estrategias para imponer un insostenible proyecto económico-social neoliberal, basado en el Plan de (Sub) Desarrollo Nacional del santismo, cuyos pilares son la agroindustria y la megaminería”. Pese a todo ello, las FARC-EP, una vez más tienen la voluntad política de alcanzar la paz por la vía del diálogo y la solución política. Las FARC-EP son ante todo una organización política con una estrategia clara en todos los ámbitos. No actúan a la ligera. El Comandante en Jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez señalaba que “cuando nosotros (las FARC-EP) damos un paso ya lo hemos analizado 5 o 6 veces. Nosotros no improvisamos nada, absolutamente nada. Paso que damos es paso que estamos seguros que vamos bien. Y si notamos que algo va a pasar, entonces volvemos a reconsiderarlo”. José Antonio Gutiérrez explica claramente: Este acercamiento no es gratuito ni nace de una buena voluntad del mandatario: es obvio que la tesis del “fin del fin” carece de sustento y que el Plan Colombia tocó techo. La insurgencia ha respondido al desafío planteado por el avance del militarismo y un nuevo ciclo de luchas sociales amenaza con el deterioro de la situación política en el mediano plazo, a un nivel que será difícil de controlar para la oligarquía. El escenario político parece, a veces, peligrosamente volátil. Por otra parte, tampoco sorprende la voluntad de la insurgencia para acercarse a una mesa de negociaciones: por una parte, porque es la insurgencia la que ha venido planteando desde hace 30 años, en todos los tonos posibles, la solución política al conflicto social y armado, y por otra parte, porque la insurgencia ha mejorado notablemente en los últimos años su posición de fuerza, no sólo en lo militar, sino sobre todo, en lo político. Ahí radica la fuerza de las FARC-EP. Son una organización marxista-leninista, con un carácter marcadamente político. Por ello saben que la concienciación de la gente es fundamental, que las tareas dentro de las organizaciones de masas son fundamentales. En esta tarea ha jugado un papel fundamental el Partido Comunista Clandestino Colombiano y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Será esa gran movilización popular, concienciada y organizada políticamente, la única garantía de que se concreten positivamente para la mayoría del pueblo colombiano los acuerdos establecidos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, los mismos que no podrán dejar de lado temas fundamentales como la transformación radical de la política agraria, el problema de la tierra, la solución de los graves problemas sociales, el tema de los derechos humanos, el papel del ejército colombiano y su necesaria reorganización y redefinición de su política, el papel de la injerencia de EUA, etc. La insurgencia fariana trabajará en función de ello. ¿Lo hará el régimen colombiano? ¿Lo permitirán las fuerzas reaccionarias? ¿Lo aceptará con tranquilidad EUA? Por parte de las FARC-EP estamos seguros de que habrá seriedad en el camino para alcanzar la paz. Hombres como Iván Márquez o Jesús Santrich, nombrados por la insurgencia fariana como parte del equipo que emprenderá las negociaciones con el gobierno colombiano, son garantía de que los anhelos del pueblo tendrán las voces adecuadas para hacerle frente a los gritos de la burguesía y el imperialismo. Ojalá que Simón Trinidad pueda integrase pronto a este proceso en forma activa. Patria Grande, 10-9-2012 81.

21-9-2012, Las FARC siempre hemos estado abiertos a la búsqueda de soluciones distintas a la guerra. Con Uribe no fue posible, por su abierto desconocimiento de nuestra condición política. Santos no es sólo heredero de la seguridad democrática, sino además uno de sus protagonistas estelares. De hecho, con maquillajes al nombre, ha continuado con ella. Pero como él mismo lo dice, decidió asumir los riesgos de dialogar y dio pasos positivos en ese sentido. Cualquier colombiano diría que el verdadero riesgo es la guerra y no el diálogo, por eso no vacilamos en aceptar las conversaciones para buscar la paz. En cuanto al modo de abordar el nuevo proceso, diría que lo hacemos con grandes expectativas de alcanzar el fin del conflicto. El Presidente repite que no piensa cometer los errores del pasado y confiamos en que así sea. El principal error de todos los procesos anteriores ha sido el de llegar a la mesa a exigir rendiciones, sin voluntad real de atender a la solución de las causas que dieron origen y siguen alimentando la confrontación. Carecería de sentido iniciar un proceso encaminado a conseguir la terminación definitiva del conflicto, sin contemplar la dejación de armas como punto de llegada. Dejación de armas consiste en la abolición del empleo de la fuerza, de la apelación a cualquier tipo de violencias, para la consecución de fines económicos o políticos. Es un verdadero adiós a las armas. Si lográramos que en Colombia eso fuera una realidad, nuestro país daría un salto enorme hacia adelante. Confiamos nuevamente en que la administración Santos, y todos los sectores empeñados en la violencia como método de acción económica y política, coincidan en este criterio con nosotros. La oligarquía dominante en Colombia, apoyada sólidamente por los gobiernos de EUA, lleva ya casi 50 años apostándole al exterminio de las guerrillas. Doce Presidentes, uno con mandato repetido, han prometido invariablemente nuestro fin y dado manos libres al aparato militar para cumplirlo. Cuando Santos ordena incrementar las operaciones no está dando satisfacciones a los sectores de extrema derecha, lo hace porque cree con ellos, como todos los anteriores gobiernos, que de veras podrá rendirnos por obra de la fuerza. Precisamente es ese el círculo vicioso que se necesita romper. se observa el plebiscito general de aprobación a las conversaciones de paz, se dará cuenta de que la inmensa mayoría de los colombianos no comparte la salida militar, entre otras cosas porque con mayor cordura que sus gobernantes, sabe que no será posible. Nosotros partimos de la idea de que este proceso será exitoso, en la medida en que esas grandes mayorías que se inclinan por la solución política tengan oportunidad de hablar, de movilizarse, de influir, de decidir al respecto. Y las estamos invitando a hacerlo. Estamos completamente de acuerdo en la propuesta de diversos sectores de tregua, cese de fuegos y ceses de hostilidades. Siempre ha sido uno de nuestros primeros planteamientos al producirse aproximaciones con los distintos gobiernos. Desafortunadamente, la oligarquía colombiana se ha inclinado porque los diálogos se produzcan en medio de la confrontación. Si el despeje del proceso pasado hubiera estado acompañado de un mecanismo de esa naturaleza, otra hubiera sido la suerte del mismo. En Colombia, las clases dominantes, su clase política y sus medios de comunicación sufren la manía de mirar sólo a uno de los lados. Informar de la matanza de 30 guerrilleros en un bombardeo aéreo despierta sus aplausos, mientras que las bajas oficiales en combate se repudian como asesinatos. Con esa manipulación se busca además presionarnos groseramente en las mesas de diálogos. El número de víctimas en Colombia se equipara al espantoso holocausto judío en la Europa ocupada por los nazis. Entonces adquiere singular importancia el papel de los distintos movimientos sociales, sindicales, agrarios, populares, que el Estado colombiano pretende ignorar al abordar con migajas de manera individual uno que otro caso emblemático. Esa Colombia ignorada y victimizada es la que tiene que ponerse de pie ahora para reclamar por sus muertos y desaparecidos, para exigir el fin definitivo de la guerra, para impedir que se consagre la impunidad, para exigir la satisfacción de los viejos clamores por los que fue violentada de modo tan generalizado y atroz. Los 6 a 8 meses de negociación presupuestos por el Presidente Santos se tratan de una expectativa que él está generando por su cuenta, en contravía de lo pactado en la letra y el espíritu del Encuentro Exploratorio. Allí se concertó no poner fechas fatales, ni siquiera la palabra meses, así que lo expresado por el Presidente nos indica lo difícil que va a ser este camino que emprendemos. De paso evidencia de manera clara la estrategia que van a implementar: cuando no logren algo en la mesa intentarán imponerlo en los medios. Para llegar a La Habana y realizar el Encuentro Exploratorio duramos dos años, cuando inicialmente se creyó que sería cuestión de semanas. Y no fue precisamente por causa de la insurgencia, tema del cual no quiero dar pormenores por respeto el compromiso de mantener por el momento en reserva los detalles al respecto, aunque por las crónicas que han salido en los medios, la contraparte parece haberse olvidado de ello. La propuesta política que le hacen las FARC-EP a los colombianos al comenzar el diálogo es movilizarse en torno a la terminación definitiva del conflicto. La guerra o la paz son asuntos que nos conciernen a todos los colombianos y estamos obligados a pronunciarnos. El gobierno pretende que los diálogos se realicen exclusivamente entre sus voceros y los nuestros, de modo discretísimo, sin bochinches, como repite insistentemente. Como cuando Laureano Gómez y Lleras Camargo firmaron en Europa los acuerdos de Sitges y Benidorm. Además pretende que las FARC demos allá el espaldarazo a sus planes de gobierno, como lo más conveniente para el país. Es decir, que se desconozca otra vez a la población colombiana, que se pacte a sus espaldas lo que en verdad sólo interesa y conviene a las transnacionales, banqueros, empresarios y terratenientes. Eso no puede suceder más en este país. Las grandes mayorías deben ser escuchadas y atendidas. Nuestra propuesta apunta a eso. Quienes afirman que la presión militar ha sido definitiva para movernos a una negociación política, olvidan que esta década de guerra se desató cuando Pastrana puso fin de manera unilateral al proceso de paz que se celebraba en el Caguán. Es el Estado quien regresa a la Mesa de Diálogos con las FARC, para lo cual habrá hecho sus valoraciones internas. Una de ellas, así no la hagan pública, tiene que ser el reconocimiento de que el enorme esfuerzo realizado para vencernos ha resultado inútil. Las FARC seguimos ahí, combatiendo, resistiendo, avanzando. Ahora volvemos al escenario natural de la política, los diálogos civilizados. Es absurdo afirmar que nos han obligado a sentarnos a la Mesa, cuando fue el Estado quien se levantó furioso de ella. Dialogamos, porque la solución política ha sido siempre una bandera nuestra y del movimiento popular. No puede negarse que hemos recibido serios golpes. Y sumamente dolorosos. Las muertes de cuatro miembros del Secretariado Nacional no pueden ser minimizadas. Son muy duras también las muertes de combatientes bajo el fuego de los bombardeos. Sin embargo, hemos asimilado con coraje todos esos casos. Ninguno de los actuales miembros del Secretariado cuenta con menos de treinta y cinco años de experiencia guerrillera, lo cual puede aplicarse también a casi a todo el Estado Mayor Central. Los relevos no se improvisan. 48 años de lucha continua han producido un formidable engranaje. Seguimos adelante, con dolor en el alma, pero más avezados y convencidos de nuestras razones. En toda guerra hay muertos. La campaña mediática insiste en presentarnos como una organización derrotada y sin futuro. Igual ha sido siempre. Si se tratara de hacer frente a una fuerza vencida, no estarían trabajando en incrementar aún más el pie de fuerza y el ya de por sí enorme arsenal adquirido. Son verdades que el Estado y los medios ocultan deliberadamente. Las FARC-EP operamos y nos movemos en los mismos territorios que ellos ocupan. El supuesto control ejercido por los comandos conjuntos, fuerzas de tarea, brigadas y batallones es puesto en ascuas con frecuencia por la actividad de las guerrillas móviles. El número de bajas de las fuerzas armadas ha venido en alza de tiempo atrás. Claro, también nosotros recibimos golpes, mucho más publicitados por los medios. Es que ese es el conflicto. Una guerra se libra según las circunstancias, no existen modalidades operativas válidas para todas las situaciones. Es obvio que las condiciones de hoy no son iguales a las de una década atrás, sobre todo por uso masivo de la aviación militar, pero se combate diariamente. En todos los Bloques de las FARC se trabaja en función de variar esa ecuación en cualquier momento. Sea como sea, la perduración del conflicto implicará mayor muerte y destrucción, más luto y lágrimas, más pobreza y miseria para unos y mayor riqueza para los otros. Imagínese las vidas que se hubieran ahorrado estos diez años. Por eso buscamos los diálogos, la solución incruenta, el entendimiento por vías políticas. Con ese propósito vamos a La Habana. Confiamos en que el gobierno nacional también entiende la necesidad de poner fin a tan larga violencia practicada contra el pueblo colombiano 82.

22-9-2012, Antes de entregar su cargo como Jefe del equipo negociador de las FARC en Cuba, Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘Mauricio Jaramillo’ que ahora lidera el ala militar de las FARC, el rango que tenía el abatido ‘Mono Jojoy’, propone un cese de hostilidades. En el primer punto de la Agenda de negociación, el tema agrario, ellos creen que ahí está contenida nuestra reforma agraria. Nosotros creemos que el asunto va más allá. Se necesitan cinco reformas agrarias para solucionar el problema. Colombia ha cambiado. La economía está planteada desde el punto de vista de los TLC, desde un punto de vista neoliberal. Todas esas tierras de las que desplazaron a un poco de gente están ocupadas por gente de mucho dinero, narcos que tratan de lavar, que sembraron palma africana y están trabajando para hacer extracción de minerales. Ahora se ve un gran problema ecológico que no será fácil superar. Esos territorios de palma africana se vuelven desiertos, la palma africana acaba con la capa vegetal. Ese es el panorama de la mitad del país; la otra mitad está comprometida con la extracción. Sólo un porcentaje pequeño es de gente que tiene su tierra. Mientras haya esos TLC es muy difícil, porque nunca habrá soberanía alimentaria, eso está proscrito en la economía neoliberal. ¿Qué siembra la gente en una economía de narcotráfico, una economía de superexplotación? Hay 11 TLC y acuerdos firmados. Es muy difícil reversarlos. Tocará buscar una solución. No sé si Juan Manuel Santos alcance a hacerlo, pero toca echar reversa. Puede que Santos no salga reelegido; por eso esta conversación tiene que cubrirla el Estado, para tener la seguridad de que vamos para donde vamos; se tiene que llevar al parlamento y a la justicia para que estén de acuerdo. No estamos de acuerdo con la ley de Restitución de Tierras para reparar a las víctimas del conflicto, porque es una forma de expropiar, de quitarles territorio a los campesinos. Se los entregan para que siembren palma y eso no es lucrativo para los campesinos, porque se meten como socios, invierten su propia tierra, una tierra que va a convertirse en estéril. La reforma agraria que proponemos nosotros tiene que ver con garantizar la tenencia de la tierra y el territorio. Hay que devolverles el territorio a los indígenas y a sus dueños primitivos, los campesinos. El Gobierno debe subsidiar para que la economía florezca, que el campesino pueda sembrar. Es una forma distinta de asistencia a la tierra para que el campesino vuelva a las tierras. El latifundio tiene que acabarse. El Estado debe inventar formas para hacerlo. Sé que en Francia no es apetecible para la gente tener grandes extensiones de tierras, por los impuestos que hay que pagar. En algún momento el Gobierno tiene que expropiar, pero no sé si esa sea la figura. La insistencia de que haya un militar en ejercicio en la mesa de negociaciones es porque podemos abordar temas reales como la concepción del Estado en torno a lo militar. Hay que cambiar el Ejército, cambiar los instructores y cambiar la doctrina, que es nefasta. Es implantar un concepto como el que planteaba Simón Bolívar, para defender la patria, la soberanía, no para atacar a la gente. Por qué tener un Ejército tan grande. No hay necesidad de que nos peguen con tanta gente. Si fuéramos 100 mil lo entendería, pero no tenemos 50 mil. Para qué un ejército que consume gran porcentaje del PIB, que debería ir a escuelas, a la salud. Que no sea un ejército matón, que no existan falsos positivos, que no consiga mentiras para imputar a otro, sin relaciones con delincuentes. La gente no tiene confianza en el Ejército. Nosotros creemos que en el Ejército hay gente patriota, que tiene cojones, es combativa, hay posibilidades porque hay gente distinta. Hablamos de cese el fuego pues en todos los intentos, nunca se avanzó más allá del primer punto. Nosotros decimos que es necesario y vamos a estar peleando porque lo haya. Por ahora el primer punto es el de tierras. Que se callen los fusiles. Las formas y mecanismos de verificación no se han discutido, pero se tiene que buscar una fórmula. Hacer acuerdos humanitarios previos: nosotros no tumbamos torres y el Estado no bombardea. Un punto de lado y lado. Todo se hablaría en su momento. En la mesa tenemos mecanismos para recoger propuestas de la gente, proporcionar oficinas en Bogotá, Caracas y La Habana, garantizar que la mesa financie formas para que la gente se pueda reunir y presentar propuestas. Estamos hablando de que debe haber una democracia donde participe todo el mundo. Que todos tengan el mecanismo para hablar, discutir, que no haya arrodillados por la represión del Estado, por falsos positivos, por asesinatos selectivos. No sé cómo lo llamará la gente; yo le hablo de democracia activa, es paz democrática, donde todo el mundo pueda participar, sin hambre, con salud y educación. El apoyo popular hay que disputarlo en la arena política. Nosotros defendemos la idea de hacer esos cambios. Si el Gobierno quiere, vamos juntos. El Partido Comunista Clandestino es el partido en el que actuamos y militamos, es nuestra organización base. Ahí están los miembros de las FARC y de las milicias y otra gente que está con nosotros. Tiene normas y estatutos que cumplimos. El Movimiento Bolivariano es un movimiento de masas muy importante, en el que hay gente de toda clase, liberales, conservadores y de otros movimientos que están de acuerdo con nuestra plataforma. No nos pararemos de la mesa de negociación hasta alcanzar la paz. Hemos tenido muchas frustraciones. Hemos hecho todos los esfuerzos y nunca se ha pasado del primer punto. Ustedes tienen la memoria histórica y saben que nunca rompimos un proceso. Siempre fue el gobierno con alguna disculpa. Nosotros cogimos un político y por eso rompieron y a nosotros nos han matado gente en cantidades y no nos paramos. Hay que discutir en la mesa una posible comisión de la verdad. Ese tema hay que enfrentarlo con realismo. Todo tiene que ser aclarado. Le repito que ese problema tiene que ver con paramilitarismo, delincuencia común, organismos del Estado. Nos estaban imputando 2.700 secuestrados. Alfonso Cano preguntó a todos los frentes cuántos retenidos había y dio la orden de soltarlos. Entonces, ¿dónde están los 2.700? Todas las personas fueron liberadas. Nos han imputado muertos que no existen. Hemos dado listas completas apenas los capturamos. Lo que sabemos fue que en algunos casos no recogieron sus muertos 83.

28-9-2012, Declaración política conjunta FARC-ELN: El ELN y las FARC-EP, inspirados en los más profundos sentimientos de hermandad, solidaridad y camaradería, con optimismo y elevada moral de combate, estrechados en un fuerte abrazo de esperanza en el cambio revolucionario, nos hemos reunido para analizar la situación política nacional e internacional, los problemas de la guerra y de la paz en Colombia y avanzar en el proceso de unidad que desde el año 2009 venimos forjando paso a paso, con el propósito de hacer converger ideas y acciones que permitan enfrentar junto al pueblo a la oligarquía y al imperialismo como elementos que imponen la explotación y la miseria en nuestra patria. Indoblegable determinación nuestra, es continuar la búsqueda de una paz que para Colombia y el continente signifiquen el establecimiento de la verdadera democracia, la soberanía popular, la justicia social y la libertad. Realizamos esta reunión, en momentos en que se desarrolla la más profunda crisis del sistema capitalista mundial, caracterizada por una desaforada carrera de guerras de invasión, saqueo y sobreexplotación de los recursos de la naturaleza, precarización de las condiciones de trabajo, que condenan al hambre y la muerte a millones de seres humanos en un planeta conducido por la voracidad del imperialismo, hacia el caos y la destrucción. En nuestra patria las calamidades generadas por este sistema de inhumana sobre-explotación y exclusión de los pobres, ha escalado la desigualdad y profundizado la confrontación de clases en dimensiones nunca antes vistas, que derivan directamente de la aplicación sostenida y desbocada de políticas neoliberales que favorecen a los grandes grupos financieros y grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las mayorías nacionales. Dentro del panorama internacional de crisis sistémica del capital, que muestra sus rostros múltiples de debacle financiera, económica, ambiental, urbanística, energética, militar, política, institucional, moral y cultural, Colombia se configura como un país de economía reprimarizada y financiarizada. A esa condición la han llevado los detentadores del poder, para permitir el saqueo que significa la extracción desaforada, el robo de sus recursos naturales y la especulación financiera. Millones de compatriotas han sido lanzados a la miseria y la guerra, impuesta por las élites para acallar la inconformidad de las mayorías frente a esta iniquidad. El gobierno de Santos fue instaurado para garantizar la continuidad de los planes de desposesión por despojo que sobre el pueblo colombiano impone el imperialismo. Una nueva espacialidad del capital acompañada de ordenamientos jurídicos y disposiciones militaristas de seguridad y defensa inmersas en la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y terrorismo de Estado, se afianza en nuestro país para blindar los “derechos” del capital, el bienestar de los ricos a costa de los trabajadores y del pueblo más humilde. Dentro de esa perspectiva se define la nueva etapa de despojo de tierras que hoy se disfraza con el falso nombre de restitución. En la práctica, a los millones de desplazados y víctimas de las sucesivas etapas de despojo violento auspiciadas por el Estado, se suman ahora nuevas legiones de campesinos, indígenas y gente sencilla en general, a los que se les arrebatará o se les niega ya la tierra mediante procedimientos de engañosa legalidad, engrosándose aún más las cifras de pobreza y de indigencia que colocan a Colombia en el rango del tercer país más desigual del mundo.

Es este el sentido cruel de la seguridad inversionista y de la prosperidad que difunde el Presidente Santos, mientras se sigue encarcelando, asesinando y reprimiendo a sus opositores. Frente a esta realidad no puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías por cuenta del terrorismo Estado de la casta gobernante cuyas tendencias más guerreristas han conducido los destinos del país durante la última década. No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al Pentágono que se alcanzará la paz; no es con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el “Plan Patriota” o el “Espada de Honor” como se logrará la reconciliación de los colombianos. Mucho menos dando ultimátum a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz. Nuestra voluntad de paz radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía. Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable. Por ello la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales para, sobre la base de la justicia, construir la paz, son la verdadera llave de su conquista. Comando Central, ELN. Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP. Montañas de Colombia, septiembre de 2012 84.

18-10-2012, Discurso de Iván Márquez en apertura de Diálogos de Paz en Oslo. Venimos a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Esta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones. La pretendida paz exprés que algunos promocionan, por su volátil subjetividad y por sus afanes, sólo conduciría a los precipicios de la frustración. Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto, es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas, como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, para que la paz sea estable y duradera. No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación, venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas. Venimos aquí con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar, codo a codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. No obstante, nuestra determinación tiene la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que creen que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social. No se puede encadenar este proceso a una política enfocada exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al 70% de la población. Ellos sólo piensan en el incremento de su botín, no en la reducción de la miseria. Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave. En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo general remite a asumir el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano “las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos…” Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia. Para las FARC, Ejército del Pueblo, el concepto Tierra está indisolublemente ligado al territorio; son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio-históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo y el sentido del buen vivir. Al respecto debiéramos interiorizar la profunda definición del Libertador Simón Bolívar sobre qué es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: “Primero el suelo nativo que nada -nos dice-, él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración”? Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda: la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustibles que alimentarán automóviles. En el mejor de los casos, la gente del campo quedará con una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie se acordará del verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de la titulación, acabará “tumbándole” la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agro-negocios y sus cadenas agroindustriales. Están en juego la soberanía y la vida misma. En estos términos, la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de Estado. Para una trasnacional es más presentable decir “tengo un título minero” a que se le sindique de haber financiado grupos paramilitares y desterrado a una población para hacer viable su proyecto extractivo. Dentro de esta dinámica en Colombia el régimen asesina no sólo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados, como verdugo de pueblos y fabricante de muerte. No nos engañemos: la política agraria del régimen es retardataria y engañosa. La verdad pura y limpia, como dice el Libertador Simón Bolívar, es el mejor modo de persuadir. La mentira sólo conduce a la agudización del conflicto. El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro. Independientemente de que exista o no la insurgencia armada, ésta política multiplicará los conflictos y la violencia. Acumulación por desposesión y nueva espacialidad capitalista, eh ahí la fórmula del proyecto político-económico de las élites neoliberales haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies. Las FARC no se oponen a una verdadera restitución y titulación de tierras. Por años hemos luchado, como pueblo en armas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las trasnacionales. La ley general agraria y de desarrollo rural, es esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la promoción de una agroecología que permita una interacción amigable con la naturaleza. Por otro lado, la restitución de tierras tiene que aludir a las tierras que les arrebataron violentamente a los campesinos, indígenas y afro descendientes y no a baldíos distantes de sus sitios raizales de existencia, también codiciados hoy por las multinacionales. Pero resulta que este es un problema que tiene que ver con todo el pueblo colombiano y que de hecho está salpicando de conflictos todo el territorio. Hay una profunda inconformidad del país nacional con el hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía. Ahora han aparecido unos tales “nuevos llaneros” que de llaneros no tienen nada, como los magnates Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo (hijo), los terratenientes Eder del Valle del Cauca, el señor Efromovich, el ex Vicepresidente Francisco Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital), los hijos de Uribe Vélez, entre otros filibusteros, que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que sólo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura. Abordar el asunto agrario es discutir con el país sobre estos problemas. Que hablen los verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol de los bancos de sabana; esos que por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de las garzas y de los alcaravanes; esos de pies descalzos que con su histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad. El pueblo tiene la palabra: Ahí está la patriótica resistencia de los trabajadores petroleros contra la canadiense Pacific-Rubiales en Puerto Gaitán, cuyo escenario de saqueo fue preparado con sangre por los paramilitares de Víctor Carranza. Diariamente el vampiro trasnacional se lleva más de 250 mil barriles de petróleo, mientras le succiona la sangre a más de 12 mil 500 trabajadores tercerizados que como esclavos tienen que trabajar 16 horas diarias por 21 días continuos por una semana de descanso. Su situación laboral es más atroz que la impuesta por los enclaves bananeros de los años 20. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los debates y decisiones. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización. Decía el comandante Alfonso Cano: “Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana”. Necesariamente tendremos que abocar las causas generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la institucionalidad. En Colombia hay un régimen jurídico que se acompaña con la protección militar de las inversiones. De unos 330.000 efectivos de las Fuerzas Militares, 90 mil soldados son utilizados para cuidar la infraestructura y las ganancias de las multinacionales. El enorme gasto que esto representa, aunado al costo de la tecnología empleada, pone en evidencia los límites de la sostenibilidad de la guerra. Nosotros hacemos un llamado sincero a los soldados de Colombia, a los oficiales y sub oficiales, a los altos mandos que aun sientan en su pecho el latir de la patria, a recobrar el decoro y la herencia del ideario bolivariano, que reclama a los militares emplear su espada en defensa de la soberanía y las garantías sociales. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas. No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón; por eso no pueden ser más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Que se tenga presente, que el alzamiento armado contra la opresión es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos aprobada por la ONU en 1948, y que además es un derecho consignado en muchas constituciones de las naciones del mundo. No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria; en síntesis que responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad. Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social. Presidente Santos, fundemos la paz tomando como base los anhelos de la nación. Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a los Directorios de los partidos políticos, a Colombianas y Colombianos por la Paz, organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó denodadamente por abrir esta senda, a la Conferencia Episcopal y a las iglesias, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOCOL), a los promotores del Encuentro por la Paz de Barranca, a los indígenas, a los afro-descendientes, a los campesinos, a las organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), a las centrales obreras, a las mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a los migrados y exiliados, a la Marcha Patriótica, al Polo Democrático, al Congreso de los Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a los amantes de la paz en el mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución diplomática del conflicto. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP 85.

18-10-2012, Comunicado de Timoleón Jiménez. por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC EP a Colombianos y Colombianas por la Paz: Por medio de la presente respondo la amable e importante misiva que hicieron pública el 26-9-2012, que agradecemos profundamente por ver en ella una muestra del compromiso e iniciativa colectiva de todas las personalidades que componen CCP. Me parece importante resaltar el carácter progresista y humanista que ha demostrado tener CCP desde el inicio mismo del proceso de gestación que le dio vida. La existencia de CCP demuestra la magnitud de las reservas democráticas con las que cuenta la nación. Valoramos altamente el deseo de todos Uds. de aportar en la construcción de un acuerdo nacional que traiga la paz con justicia social y una auténtica democracia a nuestro país. Es una nueva muestra del sentimiento patriótico que caracteriza a sus integrantes, quienes con su altruista labor, han tendido puentes y allanado caminos para la reconciliación entre los colombianos. Su carta llega en momentos en los que todo el nervio de nuestra organización se apresta a participar resueltamente en las conversaciones de paz con el gobierno nacional, que en nuestra opinión, han de conducir hacia la superación definitiva de los factores que dieron origen a la expresión armada del conflicto social y político que hoy compromete la vida de toda la nación y el futuro de nuestro pueblo. Es un compromiso de toda la guerrillerada y como tal será asumido con toda la seriedad y la altura que el momento requiere. Los integrantes de las FARC-EP compartimos con CCP la convicción de la urgente necesidad de lograr una resolución concertada y tratada a profundidad de los diversos puntos que resultan problemáticos para la población civil dentro del escenario de la guerra que se desarrolla en nuestro país. Compartimos igualmente la preocupación no solo por la prolongación en el tiempo de esta confrontación y sus dolorosas consecuencias sobre la población, sino también por la degradación que ha sufrido el conflicto con la introducción, la creación y el apoyo, a veces abierto, a veces soterrado por parte de variados organismos del Estado a los grupos paramilitares y las graves infracciones a la dignidad humana cometidas por las Fuerzas Militares, reconocidas pero hipócritamente denominadas “falsos positivos”. Coincidimos también en que el mayor sufrimiento a causa de esta confrontación recae sobre los dolidos hombros de nuestro pueblo. Por eso mismo hemos insistido en que no es posible llegar a una paz verdadera sin realizar modificaciones estructurales al injusto andamiaje sobre el cual se erige el régimen político colombiano. Como lo han reafirmado públicamente nuestros voceros para el diálogo, consideramos que la discusión de los puntos por Uds. planteados será un elemento de gran ayuda para el avance en la mesa de conversaciones. De nuestra parte planteamos que, en caso de no ser posible alcanzar el fin de la confrontación en esta oportunidad, avancemos hacia la construcción de un tratado de regularización de la guerra, que incluya la cuestión del uso y empleo bilateral de explosivos y de operaciones de bombardeo indiscriminado en zonas densamente pobladas; el seguimiento a las denuncias de las víctimas; el tratamiento digno de nuestros prisioneros en las cárceles; así como la verificación de todo el proceso y de los acuerdos salidos del mismo, por parte de una comisión encabezada por organismos internacionales escogidos a mutuo acuerdo entre las partes. Eso, en consideración a que en Colombia existe una guerra civil, inmensamente desproporcionada en medios y combatientes, degradada y sucia por parte del Estado, en la que nuestros prisioneros de guerra ni siquiera son reconocidos como tales y en consecuencia las normas del DIH resultan insuficientes; en esa misma dirección, nos parece cardinal poder generar un marco interno que permita trascender los estrechos límites del DIH (el cual, desde su constitución misma, ha desconocido las peculiaridades de los conflictos armados de orden interno). En igual sentido, vemos con interés también la propuesta de cese bilateral al fuego y hostilidades, y manifestamos nuestra disposición a discutir con el gobierno nacional las condiciones en que podría darse, teniendo como horizonte un tratado como el que se mencionó anteriormente. Con toda franqueza, el Estado debe reconocer que en Colombia viene empleando métodos de guerra sucia desde hace más de 30 años (eso, en privado lo reconocen hasta los mismos altos mandos militares); el Estado utiliza la población civil como escudo, ubicando ex-profeso bases militares y puestos de policía en el centro de bienes protegidos, plazas públicas y caseríos. En las FARC-EP tenemos centenares de guerrilleros amputados, lisiados y desaparecidos, como consecuencia de las minas antipersona y kleimor que siembra el ejército alrededor de las bases y en desarrollo de operativos. Esta realidad, invisibilizada por todos los medios de comunicación, hace aún mucho más oportuno su planteamiento. Las propuestas que CCP plantea tienen por virtud, que representan el aporte de las organizaciones populares y los movimientos sociales a una lucha que, en nuestra opinión, es de todo el pueblo colombiano. Y resulta importante, además, porque no vienen solas sino que son partícipes del torrente de iniciativas surgidas de diversas organizaciones como el MOVICE, el movimiento estudiantil, el Congreso de los Pueblos, el COMOSOC, la Marcha Patriótica, la Minga Indígena y diversas organizaciones y ONG’ s, quienes también se han manifestado a favor de la apertura y profundización de los diálogos, por alcanzar la paz con justicia social, que pretendemos adelantar y llevar a cabo. Hemos sostenido, desde los acuerdos de La Uribe de 1984, que es imposible el logro de la paz sin la participación de las fuerzas vivas de nuestro país. De allí que consideremos que las conversaciones de paz competen a todos los ciudadanos y ciudadanas, organizaciones comunitarias, cívicas, movimientos sociales, partidos políticos, iniciativas populares, asociaciones de víctimas, convergencias gremiales, en conclusión: a Colombia entera. El escenario que mejor recoge ese espíritu participativo y democrático, debe incluir la reunión de los principales procesos organizativos, sociales y políticos a nivel nacional y regional, las etnias y minorías políticas, así como generar los mecanismos que permitan la participación del pueblo en las esferas locales. Estamos seguros que CCP como parte de ese escenario dará un importante aporte para que el movimiento popular de nuestro país no se quede al margen ni disperso, sino por el contrario, se unifique en la construcción de ese espacio y propicie la apertura de una compuerta de comunicación con la mesa de diálogo en la que el pueblo, que es quien ha padecido con rigor la guerra, sea protagonista también en la construcción de la paz. Nuestro equipo de trabajo para las conversaciones de paz está comprometido con la evaluación y puesta en discusión de los puntos y propuestas aportadas por Uds. y así mismo invita a toda la ciudadanía a participar de estas conversaciones que no son un conciliábulo secreto sino que le pertenecen a todo nuestro pueblo en su conjunto. Porque, como nos enseñara nuestro gran maestro y paladín de la lucha por alcanzar una paz democrática en Colombia, Jacobo Arenas: El destino de esta patria no puede ser el de una guerra civil permanente. Timoleón Jiménez. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, Octubre 18 de 2012 86.

20-10-2012, En comunicado las FARC dio sus opiniones sobre el proceso de paz en La Habana. Se nos ha indagado de manera reiterada sobre si las FARC-EP han pretendido sentar una agenda paralela a la firmada en la Habana para iniciar el proceso de diálogos por la paz de Colombia. Hemos respondido que no, y si algo lo muestra es el contexto mismo del discurso de instalación de Oslo. No obstante, de manera precisa nuevamente decimos que el Acuerdo, puesto en conocimiento del público formalmente a partir del anuncio de la primera semana de septiembre, tiene un contenido que se puede reafirmar indicando los siguientes aspectos generales, sobre los cuales nos iremos pronunciando cada semana tratando de responder con precisión a las inquietudes que se nos plantee: 1. El diálogo parte de un Acuerdo General que tiene el propósito de terminar el conflicto, un conflicto que es armado, político y social, a fin de construir la paz estable y duradera, que no puede ser otra cosa que la paz con justicia social. 2. Terminar el conflicto implica, de fondo, acabar con las causas que lo generaron y son razón de su permanencia en el tiempo. Es apenas obvio que en este esquema sencillo las bases para la construcción del edificio no son otras que la solución de los problemas que han generado la confrontación. Sin bases no puede haber edificio. 3. Cuando se plantea que “poner fin al conflicto” es “condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera”, las FARC entienden que acabar con sus causas se erige en una necesidad insoslayable para alcanzar la paz con justicia social. Este, es un compromiso mutuo de las partes firmantes del Acuerdo General, pero tomando en consideración que el diálogo que de él se desprende debe tener la participación protagónica del pueblo. Esto se reconfirma en la idea plasmada en el Acuerdo General, consistente en que se parte del reconocimiento de que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”. 4. Cualquier punto que se aborde del Acuerdo, implica un desarrollo en el que se incluya considerar “el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional”, “el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente”, “el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías”, “ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz”, contando con el acompañamiento de la región y de la comunidad internacional. 5. En procura de estos aspectos que se incluyen en el Acuerdo General, desde su preámbulo hasta su culminación se desarrollarán conversaciones directas e ininterrumpidas hasta alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto; es decir, de sus causas de fondo, para que se haga efectiva la construcción de la paz estable y duradera, que como hemos insistido desde las primeras aproximaciones con el gobierno, es una paz con justicia social. 6. Existe el deseo de que el diálogo se desenvuelva de manera efectiva, expedita y en el menor tiempo posible y que su duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances. En cuanto expedito, la idea es que el diálogo esté libre de estorbos durante su desenvolvimiento. No debería colocarse como estorbo, por ejemplo, eso de hacer pender amenazas sobre el proceso, pues su inicio y permanencia no se deben ver como si se tratara de una concesión ni como expresión de debilidad de alguna de las partes. Parafraseando a Cervantes, cuando lo perros ladran, efectivamente es ello señal de que se cabalga, pero poco aportan los ladridos feroces que salen del Ministerio de la Defensa, en la sostenibilidad de este fundamento. 7. Sobre la agenda. Se pactó hablar sobre 6 puntos: el primero, política de desarrollo agrario integral, acceso y uso de la tierra; el segundo, participación política; el tercero, fin del conflicto; el cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas; el quinto, víctimas y el sexto, implementación, verificación y refrendación. 8. El proceso ha tenido diferentes momentos, pero es un mismo conjunto que no se puede someter a esquemas tecnocráticos que lo descuarticen en etapas o fases simplistas que den la idea equívoca que de lo que se trata es de un itinerario breve de la capitulación insurgente a partir de promesas insubstanciales del gobierno en cuanto a que el régimen terrorista que impera comenzará a cambiar como por arte de magia al instante en que se coloque los fusiles en el cuarto de San Alejo. Los seis puntos de la agenda, aún enumerados como aspectos, son un todo indisoluble cuyo desarrollo implica una interpretación crítica y completa del texto firmado por las partes, que se deberá completar con los aportes fundamentales que manen de la participación popular. En fin, ver el texto objetivamente, examinarlo en su contexto general histórico y cultural, en el plano de los anhelos del constituyente primario que es el pueblo, es la clave para el entendimiento. Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) 87.

27-10-2012, Comunicado de las FARC sobre primer punto de la Agenda de Diálogo de Paz en La Habana. Comienza el proceso de diálogos por la paz, no de negociación ni de capitulación, con una Agenda práctica, de sencillo entendimiento cuyo análisis conlleva a entender que para las partes el punto de arranque, el primer punto del Acuerdo General, implica referirnos a la concepción que tenemos de lo que es la tierra. Nuestra visión no se delimita a lo que comúnmente se define como suelo, ni el sentido de nuestra lucha a la reivindicación solamente de la formalización de la propiedad del mismo. Para las FARC-EP, el elemento tierra es componente esencial del territorio; de tal manera que es a partir de este concepto que se han de dar nuestras consideraciones fundamentales, tomando como base de esa territorialidad aspectos como soberanía en general, la relación amigable con la naturaleza, el problema de la soberanía alimentaria como algo más específico y el bienestar social, entre otros aspectos. La definición de territorio toma en cuenta las relaciones socio-históricas y socio-ambientales. El territorio es factor fundamental de existencia, abrigo de vida y de estancia armónica con la naturaleza, cuya apropiación la concebimos en perspectiva social y no mercantilista. De tal concepción se desprende una visión no utilitarista ni de dominio antropocentrista, de relacionamiento con el suelo, el subsuelo y el sobre-suelo como conjunto en el que se desenvuelven relaciones socio-históricas, incluyendo el aspecto de definición de la soberanía, que pongan freno a la apropiación desaforada de sus componentes orgánicos e inorgánicos. En tal sentido, nuestra visión propende por un manejo de interrelación humanidad-naturaleza, que entraña respeto a la tierra, a las aguas, a la flora, a la fauna, los elementos todos de la espacialidad, distantes de la cosificación y mercantilización de sus componentes en las formas de objetivación destructiva de la vida en que lo impone el capitalismo de libre mercado. Nuestra concepción tierra-territorio, se opone al desafuero del capitalismo por dominar y manipular la naturaleza sin medir o sin que le importen las consecuencias, que ya ha generado irreparables daños, exterminio de especies, destrucción de tejidos sociales, desarticulación de la economía campesina, desequilibrios ambientales y sociales, al punto de estar empujando al planeta a su destrucción. El derecho a la tierra va más allá del derecho al suelo y a su titulación; se trata de un derecho a la reapropiación colectiva, social, del territorio, como parte esencial del derecho a la vida, al disfrute de la naturaleza en armonía con ella, a la reafirmación y desarrollo de las relaciones sociales y de la cultura en el marco de un desarrollo socio-económico sustentable. Consideramos el territorio desde la naturaleza y desde la cultura, en el plano de la sustentabilidad, asumiendo que el poder no puede ser dominio sobre la naturaleza sino existencia armónica con y dentro de ella. Con esta perspectiva compartimos el planteamiento de vía campesina en cuanto a que los pueblos libres deben poseer la facultad para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible, entendiéndose éste como el desarrollo que busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Denunciando que todos los proyectos que derivan en entrega del patrimonio nacional surgen de las élites gobernantes de manera inconsulta, queremos recordar a Orlando Fals Borda cuando en su preocupación por que se reformule la idea del territorio a partir de un ordenamiento del mismo que promueva la paz, la vida y la soberanía alimentaria. Al respecto, nos dice: “una indiscutible prioridad para estos fines… es el retorno a la tierra y valorar el mundo rural con todo su entorno y sus historias. Es el cosmos verde que nos ha alimentado como nación desde que el mundo es mundo. Ignorar el tópico es suicida y miope. Entregarlo en manos de intereses de otros contornos es traición”. Delegación de Paz. Habana Cuba 88.

5-11-2012, La Delegación de las FARC en la Habana llama al gobierno colombiano a facilitar la participación del pueblo en el proceso de paz: “Solicitar al gobierno se sirva explicar sin más demora los procedimientos, mecanismos, metodologías, dinámicas que posibilitará que las expresiones diversas de la sociedad puedan desenvolver el proceso de dialogo por la paz en Colombia, con todos los recursos y garantías que ello requiera. No puede haber república donde el pueblo no esté seguro del ejercicio de sus propias facultades”. En el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, las partes hemos convenido atender el gran clamor de la población por la paz, tomando en consideración que su construcción es asunto de la sociedad en su conjunto. Por ello, “la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras, a las que invitamos a unirse a este propósito...”, ha sido colocado como aspecto central del ropaje democrático que debe tener el proceso que iniciará sesiones el 15 de noviembre en la Habana (Cuba). Necesitamos al pueblo, al constituyente primario, definiendo la ruta del diálogo desde ya. Reiterándonos una enseñanza de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, cuando decía que “La propiedad colectiva debe ser la regla y la propiedad privada la excepción”, para ver cómo encontramos las claves que nos permitan poner fin a la depredación desastrosa del capitalismo 89.

9-11-2012, Nota de la Delegación de las FARC en Mesa de Diálogo de La Habana al CICR. Nuestro deseo y compromiso ha sido y sigue siendo el de mantener las puertas abiertas al diálogo que permita buscar los caminos del entendimiento y la culminación de la guerra, sobre las bases sólidas de la instauración de la justicia social. Expresamos nuestra determinación de depositar en sus manos la solicitud de formalizar por su conducto, la existencia del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el carácter concreto de Acuerdo Especial según el sentido que le confiere a este tipo de acuerdos el Derecho Internacional Humanitario. Aunque las FARC-EP como organización beligerante, no ha suscrito tratados, convenios o acuerdos diferentes a los suscritos con el gobierno de Colombia en momentos diversos en los que se adelantaron procesos de diálogo, en busca de la paz para nuestro país, es práctica generalizada y obligada por normas internas, la de respetar los fundamentos del derecho de gentes y los principios humanitarios legados por la resistencia de los pueblos a la opresión de las clases explotadoras. Ningún obstáculo hemos colocado nunca en cuanto a admitir los aspectos que dentro del DIH se contemplan en beneficio y protección de la población no combatiente y las normas que sin detrimento de nuestras precarias posibilidades de resistencia que se derivan de la asimetría del conflicto, se consignan también en función del conjunto de los combatientes. Reconocemos la importancia de los Convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los Estados, lo mismo que de sus Protocolos Adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. No obstante habría que generar los escenarios para reflexionar y esclarecer sobre las circunstancias que nos obligan al uso de ciertas armas y tácticas militares, como única manera de hacer contrapeso a la desmesura con que el régimen utiliza la fuerza sobre nuestras unidades y la población inerme. En reiteración de ese reconocimiento que hacemos de la importancia que poseen las normas del Derecho Internacional Humanitario, resaltamos la existencia del artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra, que toca con los conflictos internos. Aún con sus limitaciones, el artículo 3º, en el párrafo penúltimo señala que: “Las partes contendientes se esforzarán, por otra parte, para poner en vigor por vía de acuerdos especiales todas o parte de las demás disposiciones del presente Convenio”. Quiere decir, esto, sin duda alguna, que mediante acuerdos especiales se puede ir más allá del artículo 3º sobre la base de que sea para extender las normas humanitarias. A este respecto dice el artículo 6º del Tratado que: “…las altas partes contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar particularmente”. Lo que tiene mucha trascendencia si tomamos en cuenta que los acuerdos especiales no pueden restringir pero si aumentar los derechos y condiciones que mejoren las expectativas de la sociedad civil del país en conflicto. Como quiera que solo un artículo, el tercero común a los cuatro tratados, trata asuntos relativos al conflicto interno, existe el Protocolo II de 1977, que conoce de la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Recuérdese que por mandato del artículo 93 de la Constitución Nacional y de las decisiones de la Corte Constitucional, los acuerdos de Ginebra forman parte del “bloque de constitucionalidad”, que significa que se agrega el articulado de dichos acuerdos a la Constitución  como si se tratara de artículos adicionales, con la misma jerarquía y valor. Se les da esta jerarquía según el artículo 93 a los tratados internacionales suscritos por Colombia y aprobados por el Congreso que tocan con derechos que por ningún motivo puede ser suspendidos, ni siquiera durante los estados de excepción. Por otro lado, el Derecho Internacional Humanitario ha tomado como  parte integral de su normativa desde hace más de cien años la llamada Cláusula Martens. A finales del siglo XIX, el Canciller Friederich Martens, delegado Canciller ruso en la primera Conferencia de Paz de 1889, en la Haya hizo incluir como parte de los textos humanitarios con valor normativo el principio de que a falta de norma concreta sobre un asunto se procedería así: “En tanto no se apruebe una codificación más completa del derecho de guerra, las Altas Partes Contratantes acuerdan declarar que en los casos no incluidos en las reglas adoptadas por ellos, la población y los combatientes estarán bajo la protección de los principios del derecho de gentes, tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”. En el Preámbulo del Protocolo II de 1997, que establece los motivos por los cuales se expide tal protocolo, se recoge: “Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”. Nadie disputa o controvierte en el presente que los preámbulos de todos los acuerdos y tratados son vinculantes. Los acuerdos especiales deben cumplirse en toda su extensión; de forma cabal, particularmente si favorecen a la población civil del país en conflicto. El Acuerdo Especial, denominado “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP para dar inicio a los diálogos de paz está fundado para favorecer a la población colombiana sin excepciones. Su mantención se convierte en un insumo fundamental para la búsqueda de la justicia y la reconciliación nacional, que es una prioridad insoslayable. Los acuerdos especiales, por su nivel normativo forman parte del Bloque de Constitucionalidad, de tal manera que unilateralmente, como está permitido para este tipo de situaciones, las FARC-EP solicitan al CICR dar el trámite formal que requiere el reconocimiento de este pacto entre gobierno e insurgencia, como Acuerdo Especial, según el sentido que le confiere a este tipo de acuerdos el Derecho Internacional Humanitario y que en consecuencia deberá pasar automáticamente a formar parte del Bloque de Constitucionalidad, generando la obligación a las partes de mantener el escenario de diálogo, como un compromiso inquebrantable sobre el que no se podrán pender amenazas de suspensión o rompimiento, más aun si se toma en consideración que gobierno y FARC han pactado “Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas” hasta “alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera”. Estado Mayor Central de las FARC-EP 90.

19-11-2012, Comunicado de las FARC sobre cese unilateral del fuego. El Secretariado de las FARC-EP, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional, el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada, durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre de 2012, hasta las 00:00 horas del día 20 de enero de 2013. Esta decisión política de las FARC-EP es una contribución decidida a fortalecer el clima de entendimiento necesario, para que las partes que inician el diálogo, alcancen el propósito deseado por todos los colombianos. Como una muestra más de nuestra voluntad para generar un medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones, en aras de alcanzar el compromiso de acordar un verdadero Tratado de Paz que ponga fin al conflicto social y armado, como es el anhelo de la mayoría de los colombianos. La determinación de las FARC-EP, en el inicio de los diálogos de paz, se da en el ocaso de un año en el que desde la Casa de Nariño y desde el Congreso de la República, se ha incrementado la guerra económica contra el pueblo. Desventurado ha sido el 2012 para los colombianos que sufren las consecuencias de estas políticas y justo sería que en tiempos de Navidad el régimen de Juan Manuel Santos y las clases dominantes, anuncie el cese de la guerra social impuesta con sus reformas y leyes de miseria y hambre. El fuego de la acumulación capitalista, de la concentración y centralización de la riqueza y del ingreso, del despojo del territorio, de la marginalidad social, de la persecución, la represión y el desangre de los pobres, debe parar poniendo freno a los proyectos de Ley e iniciativas que benefician a las trasnacionales a costa de los intereses del país. No más privatización de la propiedad estatal y de la función pública, no más favorecimiento del negocio financiero, no más ampliación de la base gravable, no más precarización laboral y pensional, no más recortes a la inversión social, ¡alto al fuego y a las hostilidades gubernamentales! El pueblo tiene derecho a tomar la palabra en la mesa de conversaciones, para trazar el destino de Colombia! Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, noviembre 19 de 2012 91.

25-11-2012, Declaraciones de Santrich negociador de las FARC sobre vigencia de la lucha armada y el llamado marco jurídico para la paz. Quien ha implementado el terrorismo de Estado, quien ha despojado al campesino y acumulado tierras, debe responder. No se puede pretender que un congreso desprestigiado con nexos con el narco paramilitarismo y la corrupción venga a enarbolar un “marco jurídico para la paz”. Todos llamamos y debemos llamar a la terminación del conflicto, pero comenzando por resolver las causas que lo generan. Ese es el orden lógico y justo de este clamor: terminar las causas de la confrontación para que así cese el conflicto. Y esto entonces no es un asunto de desmovilizarse simplemente. Si de ello se tratara ya hubiéramos visto los cambios en Centroamérica luego de los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala. La insurgencia puso todo su empeño en forjar una paz confiando en lo convenido a partir de la desmovilización, pero aumentó la violencia. Se dice que hay más muertos ahora que los que se presentaron durante la confrontación político-militar entre derecha criminal e insurgencia. nunca someteríamos a la gente que cree en el cambio revolucionario a una aventura de muerte, de engaño. Está el deber de hacer cambios profundos a la injusta estructura de tenencia de la tierra; está por delante recuperar la soberanía pisoteada por las bases militares yanquis que insultan a Colombia con su presencia; hay tratados de libre comercio que hay que extirpar porque son un cáncer para nuestro país, tanto como lo es la economía extractiva. Respecto del llamado marco jurídico para la paz y la llamada Justicia Transicional, quien ha implementado el terrorismo de Estado, quien ha despojado de las tierras al campesino, quien ha hecho esa horrenda acumulación latifundista por desposesión a los largo de tantas décadas, los que firmaron el pacto de Chicoral, los que ahora están entregando a pedazos el país con sus medidas neoliberales apátridas son los que deben someterse a un marco jurídico de justicia transicional. En el caso de la insurgencia que es resistencia legítima popular armada, al hacerse cualquier pacto de establecimiento de la justicia debe ser de cara al país y su refrendación debe darse sobre un nuevo cuerpo normativo pactado por las partes, una de las cuales -la insurgencia-, forma indisoluble cuerpo con el pueblo, con las masas 92.

25-11-2012, Gobierno y FARC en cumplimiento del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, han convenido poner en marcha la Página Web de la Mesa de Conversaciones para facilitar la difusión de los comunicados conjuntos y demás información proveniente de la Mesa, así como abrir el espacio de participación virtual que establece el Acuerdo. Se abre el 7-12-2012 en www.mesadeconversaciones.com.co 93.

1-12-2012, Declaración política de las FARC. La Mesa de La Habana es el punto de encuentro de dos maneras de ver la problemática nacional y de plantear su resolución. De un lado está la óptica del gobierno, que defiende las clases pudientes y la inmovilidad del orden vigente. Del otro, la propuesta de la insurgencia, construida desde la visión de los sectores populares que urgen y claman por cambios. Nos parece normal que en un comienzo las posiciones se presenten lejanas. El esfuerzo consiste en poner a prueba el arte de construir salidas satisfactorias para las dos partes. Es sobre los hombros del grueso de la población que se descargan las más funestas consecuencias del conflicto armado, y es en su modo de vida miserable donde subyacen las causas del alzamiento. Es la población colombiana quien soporta la enorme carga tributaria que el Estado impone para poner en marcha el gigantesco aparato militar con el que se pretende acabar a la insurgencia. El ciudadano del común ve crecer incesantes las cargas presupuestales destinadas al mantenimiento de un desproporcionado Ejército, en detrimento de la inversión en salud, educación, vivienda, obras públicas, ciencia y tecnología. Todo lo cual explica las motivaciones y el papel cardinal desempeñado por las organizaciones sociales colombianas en el impulso a la apertura del escenario de diálogo y concertación. En el contexto de la participación popular en la construcción de la paz, debe ser centro de la discusión la creación y consolidación de una democracia auténtica, democratizar la propiedad de la tierra y el uso del suelo, la vida política, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los medios masivos de comunicación, la vida misma al interior de las familias. La paz no podrá ser resultado de un diálogo alejado del pueblo de Colombia, de una decisión por las alturas, de imposiciones unilaterales de cualquier orden. El país entero tiene que movilizarse a exigir su participación decisoria en el proceso de paz. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 1-12-2012 94.

5-12-2012, Las FARC-EP consideran que existen las condiciones para que se reconozca su status de beligerancia en el conflicto armado en curso en Colombia. El guerrillero Andrés París, integrante del equipo de las FARC-EP en la mesa de diálogo, opinó que el proceso de búsqueda de la paz es una muestra de la condición de beligerante de la insurgencia. “Si el Gobierno está sentado en la mesa y si la Cruz Roja ha sido la garante del traslado a La Habana de nuestros combatientes y mandos, quiere decir que los requisitos de los Protocolos de Ginebra para ser reconocidos como fuerza beligerante están dados”, al tratarse de una fuerza con una propuesta política, un mando único, el control de territorio y la participación en una guerra sostenida. En un reciente encuentro con la Cruz Roja Internacional le explicaron “las asimetrías que se dan en ese sentido en el conflicto armado colombiano, las cuales favorecen a los poderosos”. Que el gobierno reconozca ese estatus echaría por tierra el discurso mediático de que las FARC-EP son una organización terrorista y narcotraficante. La manipulación del tema de la beligerancia implica además el calificativo de bandidos, terroristas y narcotraficantes para los insurgentes detenidos, así como la negativa de considerar prisioneros de guerra a los soldados y oficiales del Gobierno capturados en acciones combativas. “Tratan a nuestros prisioneros como delincuentes comunes, entonces estamos ante el manejo de la ley internacional para sus propios objetivos y fines”. La guerrilla “seguirá luchando por la liberación de nuestros compañeros” y mantendrá el “trato con humanidad a los soldados capturados, en cumplimiento a nuestros reglamentos y principios revolucionarios”. El ex-Presidente Uribe (2002-2010), se empeñó en aplicar una estrategia de ganar tiempo para acabar con los insurgentes. “Tenían las manos libres de que la ley internacional no los obligaba, se emplearon a fondo pero no lograron derrotarnos, la guerra continúa y siguen habiendo prisioneros de lado y lado. Entonces en el fondo hay una batalla política, la de no reconocerles a las FARC-EP ni el carácter político ni el beligerante, en una utilización vulgar del derecho internacional”. La discusión en torno a esta cuestión se actualizará, porque el cese unilateral de operaciones ofensivas anunciado por la guerrilla al instalar la mesa de diálogo el 19-11-2012 termina el 20-1-2013; entonces continuarán los combates y es previsible que caigan en nuestras manos oficiales y soldados, a quienes el Gobierno niega la categoría de prisioneros de guerra. “Pero capturados, seguirán puestos nuevamente como condición de una negociación que reconozca el carácter de prisioneros de guerra de los soldados de las fuerzas armadas oficiales y también de nuestros combatientes presos en las cárceles de Colombia” 95.

6-12-2012, “Las FARC exigen a quienes (...) nos conminan a hacer claridades y sentar posición sobre el importante asunto de las víctimas del conflicto, a que le rindan cuentas al país por su responsabilidad inocultable en la imposición de la tragedia bélica que ha sumergido a Colombia en una profunda crisis humanitaria sólo para complacer los intereses económicos de los más ricos”. Las FARC denuncian que las autoridades colombianas niegan tener prisioneros de guerra, así como presos políticos y de conciencia, pero “suman ya alrededor de 8.000 entre hombres y mujeres”, los cuales “sobreviven hacinados en las cárceles” en “terribles condiciones de existencia” 96.

11-12-2012, FARC llaman al gobierno a menos guerrerismo y a más diálogo. Reiteran que la solución al conflicto social y armado en Colombia pasa por la justicia social, y de ninguna manera por el exterminio de la oposición que implementa el gobierno. Ya que el gobierno negó a los colombianos la posibilidad de un cese bilateral de fuegos que amainara el derramamiento de sangre y le diera sosiego al pueblo en Navidad, conminamos al Ministro de Defensa para que al menos cese el fuego de su hostilidad verbal que incesante dispara contra el proceso de paz. No son los soldados perros de presa adiestrados para morder a su adversario, como recientemente lo afirmara Luis Carlos Pinzón. Para las FARC-EP los soldados son también hermanos de patria, que deben jugar su papel en la búsqueda de la justicia social y la reconciliación de nuestro país. Sabemos con certeza que al interior de las Fuerzas Armadas, en un amplio sector de la oficialidad que actúa en los teatros de operaciones, la denominada “solución final” de los guerreristas, es una veleidad sin esperanzas, y como la gran mayoría del pueblo colombiano, también anhelan la solución política del conflicto. Y los envuelve la experiencia histórica de que en gran parte las guerras han terminado en acuerdos, como lo reclaman las costumbres civilizadas. Evidente es que el camino de los sabios es obrar sin combatir. A ellos y a todos quienes sienten en su pecho el espíritu patriótico del Libertador, los llamamos a inspirarse en el ejemplo de generales latinoamericanos, como Velasco Alvarado que estatizó los diarios y canales de televisión, nacionalizó el petróleo, hizo la reforma agraria liquidando la concentración de la tierra y el privilegio de los latifundistas, al tiempo que defendió la industria peruana limitando las importaciones. Los instamos a tomar la senda de generales como Juan José Torres, Omar Torrijos y el Coronel de Abril, Francisco Alberto Caamaño, que defendieran a los humildes y resistieran al imperio. Las partes beligerantes debemos dejarnos conducir sin reticencias por la voluntad nacional que clama paz, soberanía y justicia. La victoria de la paz en Colombia no depende sólo de la voluntad de los contendientes, sino fundamentalmente del protagonismo del país nacional, de la gente del común, en la construcción de ese bien superior que entraña un profundo acto de humanidad. Una paz mal concebida puede ser peor que la guerra. Delegación de paz de las FARC-EP, La Habana, 9-12-2012 97.

20-12-2012, La Delegación de Paz de las FARC se refirió a las palabras del Jefe paramilitar Salvatore Mancuso prisionero en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, sobre la actuación del Presidente de los ganaderos colombianos FEDEGAN, José Félix Lafaurie, quien hizo referencias contra el Foro sobre política de desarrollo agrario integral, enfoque territorial que se realizó en Bogotá: “Lafaurie me pidió que apoyara la elección del entonces candidato a Fiscal General, Mario Iguarán”. Saludamos desde la Habana la pluralidad y representatividad del evento y nos declaramos a la expectativa frente a sus conclusiones, que serán insumos fundamentales para la construcción colectiva de la paz. El gobierno tiene que escuchar la voz del pueblo. Nadie mejor que el constituyente primario para trazar la ruta de la convivencia y sentar las bases del nuevo país, anhelado por todos. Cumplimos hoy un mes de cese unilateral de acciones ofensivas contra la fuerza pública y la infraestructura económica, determinación de la insurgencia, que se siente en todo el territorio nacional. Las FARC han silenciado sus fusiles y han logrado rodear de sosiego las conversaciones de paz. En contraste con nuestra actitud de humanidad, el Presidente Santos anuncia que arreciará la guerra en todo el territorio nacional; una insensatez carente de sintonía con el clamor mayoritario de la nación. Lo ideal sería pactar más adelante un cese bilateral de fuegos y de acciones ofensivas como aporte de las partes beligerantes al esfuerzo por encontrar una solución incruenta al largo conflicto que desangra a la patria. Pero si el gobierno sigue empecinado en la guerra, debiera al menos, amainar sus efectos en la población con la firma de un tratado de regularización que norme, sobre la base de las especificidades del conflicto colombiano, la conducta de los contendientes, buscando siempre, preservar la vida de la gente y el respeto de sus derechos, así como el tratamiento que se debe dispensar a los combatientes caídos en combate, a los prisioneros y a la población en zonas de operativos militares. El Derecho Internacional Humanitario que tanto dicen defender, contempla esta posibilidad. Delegación de Paz de las FARC-EP 98.

28-12-2012, La apertura de la Mesa de Conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP, en La Habana, abre la posibilidad de encontrar una salida civilizada al enfrentamiento entre colombianos. Llegar a este punto no ha sido fácil. Se trata de vencer la resistencia de sectores económicos, políticos, sociales y militares muy poderosos que apoyados en la intervención norteamericana, se niegan a aceptar la necesidad de una solución política para el conflicto social y armado que desangra al país, porque consideran que sin la guerra estaría amenazada su hegemonía de clase y por esa razón le temen a la paz. Le temen a la paz porque saben que para llegar a ella se debe garantizar la justicia social, construir una verdadera democracia de esencia popular y recuperar la soberanía patria. Una paz así concebida significa el fin de sus privilegios, porque la justicia social no es otra cosa que la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, pensiones a todos los nacionales, sustrayendo tales derechos de las manos de la empresa privada a quien se los entregaron para convertirlos en negocios rentables a costa del drama que significa para millones de colombianos verse privados de los mismos, por no tener con qué comprarlos; saben que una verdadera democracia implica participación popular en las decisiones fundamentales, en la planeación de la economía, la política, lo social y las relaciones internacionales, es decir el fin del predominio que ejercen mediante el aplastamiento del contrario por la vía de la fuerza y saben que un régimen de dominación política, violento y criminal como el que regentan, solo se puede mantener por medio de la fuerza y para eso necesitan la guerra y el apoyo de Estados Unidos, a cambio de empeñar la soberanía y permitir el saqueo de nuestros recursos naturales. Por eso no es cierto, como quieren hacer ver a través de sus medios de desinformación, que la apertura de los diálogos sea una dádiva del gobierno y una última oportunidad para la insurgencia producto de su generosidad. Nada más lejano de la realidad. Si la Mesa de La Habana existe hoy es gracias a la persistente lucha de millones y millones de colombianos, que mediante las más diversas formas de resistencia no nos resignamos a que la guerra fratricida, decretada desde el poder, sea el destino último de las próximas generaciones de compatriotas. Dos cosas ciertas hay en torno a esta cuestión: 1) la responsabilidad primera de la clase dominante en esta guerra que nos desangra desde hace décadas; y 2) que solamente el pueblo está en capacidad de imponer por la fuerza de su movilización, el fin del enfrentamiento cuyos únicos beneficiarios son una indolente minoría de privilegiados. Tampoco es cierto que el dueño de la paz sea el Presidente Santos, como parece que lo considera desde la grotesca arrogancia propia de la oligarquía colombiana. Acostumbrado desde la cuna a ver satisfechos sus caprichos, basta escucharlo decir en tono imperativo y en forma de ultimátum que si la Mesa no avanza como él desea, no tendrá ningún problema en levantarse de la misma, ahogando en sangre las esperanzas de millones de colombianos humildes que padecen en la carne y el espíritu las consecuencias del conflicto. Para la burguesía es fácil decretar la guerra porque para ellos la misma es la condición esencial para sostener sus privilegios, gracias a ella han podido mantenerse en el poder frenando a sangre y fuego las transformaciones que las fuerzas progresistas de la nación reclaman. Muy poco o nada los afecta la confrontación. Finalmente los combatientes muertos en las filas de las fuerzas armadas oficiales y en las de la insurgencia son hijos del pueblo, como lo son los dirigentes sindicales y populares asesinados en esa otra forma de la guerra que llaman sucia y también los campesinos, indígenas y afros desplazados de sus tierras por las bandas al servicio del narco-para-latifundismo y de las compañías transnacionales, así como lo son las comunidades que hoy ven amenazada su existencia por la arremetida de la locomotora minero-energética contra sus territorios. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la paz le pertenece al pueblo y su conquista no podrá ser sino obra suya. Esta verdad tan simple es necesario no olvidarla porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el destino de la patria, con todo lo que ello significa. Es vital entender la Mesa como el escenario donde se enfrentan dos visiones diametralmente opuestas de país. La tradicional que ha imperado desde cuando una mezquina minoría frustró el sueño del Libertador en los albores de nuestra nacionalidad y la otra, la idea de nación que emerge como construcción y sueño colectivo del sudor y la sangre de millones de compatriotas. Es importante tener en cuenta que, como pocos, el año que se inicia, será decisivo para el futuro de Colombia. De un lado de la Mesa, ya el establishment ha venido hablando por boca de sus voceros. Presidente, ministros, gremios, directores de medios de comunicación, congresistas de los partidos de la coalición de gobierno, opinólogos y expertólogos pagos, algunos altos mandos militares, el jefe de la delegación de gobierno en La Habana. Todos repiten en coro: Esta es la última oportunidad, si no aceptan las generosas condiciones de la sociedad serán aniquilados, el modelo económico no está en discusión, el sistema democrático no es negociable, las reformas que requiere el país ya están siendo discutidas por el Congreso, la seguridad inversionista y los derechos del capital están garantizados, si las FARC aspiran a algunos cambios deben entregar las armas, desmovilizarse y cuando sean elegidos por las mayorías podrán hacer los cambios que quieran y un larguísimo etcétera que desnuda de pies a cabeza la verdadera catadura de la clase dominante. La reciente aprobación del TLC con la Unión Europea, del fuero militar, la reforma tributaria y los anunciados incrementos del presupuesto de guerra, el píe de fuerza y todo el demagógico y reaccionario paquete de leyes y reformas impulsado desde el gobierno ratifican el rumbo por el que pretenden mantener el país. Las FARC-EP, al saludar a los colombianos al inicio del 2013 no puede más que convocarlo a que asuma un papel protagónico en ese escenario de discusión de los grandes temas nacionales que es la Mesa de Conversaciones, algo que sabemos no podrá conseguirse sino a través de su propia movilización y lucha, única forma de romper el aislamiento y la distancia que busca imponer el gobierno a la Mesa respecto del país. Requisito indispensable para avanzar en esa dirección es la convergencia de los distintos sectores alternativos, de las diversas formas de resistencia que, mediante variadas formas de acción de masas se han venido oponiendo al modelo oligárquico y anti patriota imperante. Que se escuche al otro lado de la Mesa. Que junto a la insurgencia, el pueblo tome la palabra. Que la otra visión de país haga escuchar su voz: trabajadores, campesinos, desplazados, indígenas, afros, mineros artesanales, jóvenes, estudiantes, defensores de derechos humanos, partidos y movimientos políticos distintos a los tradicionales, las iglesias, organizaciones sociales, personalidades democráticas, mujeres y hombres del común, la comunidad LGBTI; todos, absolutamente todos los matices que integran el arco iris de nuestra nacionalidad deben estar allí presentes, si de verdad lo que se pretende es la construcción de una paz estable y duradera. Entender que no se trata solamente de solicitar al gobierno que permita su participación, se trata de imponer este derecho mediante la movilización de todos los sectores interesados en la construcción de una verdadera paz con justicia social, democracia y soberanía. Que se abra la Mesa a la participación de todos aquellos interesados en la reconstrucción del país, que confluyan en un solo proceso las conversaciones con todos los grupos insurgentes, que se posibilite el más amplio y democrático intercambio entre los colombianos y el resultado sea un nuevo contrato social que refleje la diversidad y riqueza de nuestra nacionalidad. Solo así, estaremos cimentando sobre bases ciertas una nueva Colombia. Alcanzar la paz es una necesidad inaplazable para Colombia. Por esto, no podemos permitir que los afanes electorales del gobernante de turno primen por sobre el interés de todos los colombianos; poner plazos perentorios no solo no es realista, es una actitud criminal. La paz es el bien más preciado de una nación. La paz le pertenece al pueblo y su misión histórica es imponerla a quienes insisten en el camino de la guerra. Esa debe ser la tarea central que predomine en la agenda de todos los colombianos en el año que comienza. Desbordar con una masiva participación los escenarios convocados por la Mesa e imponer la paz a los enemigos del pueblo mediante la movilización y lucha en las calles y carreteras del país. Nuestra vocación por la paz, hoy testimoniada en la orden unilateral de cese al fuego por 60 días, se levanta como muralla frente a los que insisten en el camino de la guerra, seguros como estamos que la paz con justicia social, democracia y soberanía, es el mayor anhelo de los colombianos, su necesidad más imperiosa, la más revolucionaria de todas sus aspiraciones. Esa es la senda que desde 1964 nos dejaron trazada los indómitos marquetalianos 99.

30-12-2012, El líder de las FARC, Timoleón Jiménez, acusó a la Federación de Ganaderos de ese país (FEDEGAN), de difamar a la guerrilla “para tapar con un dedo sus propias atrocidades”. Con el argumento de que las FARC han destruido el campo durante más de medio siglo, FEDEGAN rechaza que asuntos como el desarrollo rural y la tierra sean negociados en los diálogos de paz. “No sólo los grandes ganaderos promovieron y financiaron el paramilitarismo para persistir con su vieja tarea expropiadora”. También lo hicieron grandes compañías agrícolas y mineras en vergonzoso contubernio con la fuerza pública y buena parte de la clase política. La negativa del Presidente de FEDEGAN de asistir al foro, nada tenía que ver con que los acusaran allí de paramilitares y asesinos. “Se relacionaba más bien con su desacuerdo en celebrar un evento, capaz de despertar un sinnúmero de reclamaciones y aspiraciones sobre el destino del campo, completamente distintas a lo ya definido por el gobierno”. La carta de FEDEGAN en la que explica su ausencia, “deja al descubierto que el gremio está pensando seriamente en reconvertir su actividad tradicional, amenazada por la lógica neoliberal de los tratados de libre comercio”. Todo esto, a fin de ponerse a tono con las posibilidades de la creciente demanda mundial de alimentos y biocombustibles. Sus nuevas banderas son la gran agricultura empresarial de exportación y la ganadería moderna y sostenible, coincidiendo con el inocuo estribillo oficial de generar de este modo empleo y bienestar general. Para ellos el desarrollo rural, no puede significar reparto de tierras destinadas a la proliferación de nuevos minifundios. Se trata de crear condiciones para que los campesinos que tercamente aún sobreviven, puedan asociarse libremente con la gran empresa y obtener conexión con los mercados. En la mesa de conversaciones con los delegados del Presidente Santos, no les interesa negociar nada. Nunca hemos entendido la paz como el producto de un acuerdo de intereses entre el Gobierno y los guerrilleros, sino como el resultado del diálogo abierto con todos los sectores de la realidad nacional. La democracia y la paz significan eso, un foro permanente de discusión sobre el destino del país y la sociedad 100.

19-2-2012, El ELN en carta enviada a la ex-Senadora Piedad Córdoba Ruiz y a Colombianos y Colombianas por la Paz, ha planteado la necesidad de llegar a una “Tregua Bilateral”. De nuevo nos dirigimos a ustedes, con el reconocimiento por sus denodados esfuerzos por la paz de Colombia, para que se abra un verdadero proceso de Salida Política al Conflicto y se supere el estado de guerra que conduce el país a la sin salida social y política. Recibimos con especial atención e interés, su carta del mes de Enero, con la propuesta de Tregua bilateral, así como las enviadas a los compañeros de las FARC y al gobierno nacional. Consideramos que dicha iniciativa, es un aporte valioso en los esfuerzos por concretar caminos en la creación del clima, que permita un alivio humanitario a la población y aportar en un proceso de diálogos entre la insurgencia y el gobierno nacional. Siendo que lo anterior sería lo más acertado en la dirección que ustedes lo han planteado, observamos la postura reiterada del Presidente Santos, de rechazar cualquier aporte a la paz, que salga de niveles diferentes a su mismo gobierno, que hasta hoy solo ha expresado una postura guerrerista y pacificadora, lo cual bloquea valiosos aportes a la paz de Colombia, expresados por importantes organizaciones nacionales y de gobiernos, interesados en la paz para nuestro país. Ante esa realidad, pensamos que sería más conducente, que las partes nos planteáramos la Tregua Bilateral, en el marco de una mesa de diálogos y dentro de una agenda de Salida Política Al conflicto, que a su vez abarcara otros asuntos sustanciales, tanto en el respeto al Derecho Internacional Humanitario, en la atención a los reclamos y luchas populares, como parte esencial del camino de superación definitiva del conflicto, hacia la justicia y equidad social, la democracia y la soberanía, en un proceso donde el pueblo y la nación, sean sujetos del país que todos queremos y soñamos y donde la Comunidad internacional, aporte con su sabiduría y experiencia. En todo caso, estamos abiertos a que sigamos un intercambio fluido y conjugando esfuerzos, porque es indispensable recoger todas las iniciativas conducentes a la verdadera paz, para esta patria herida y al borde del abismo. En el espíritu de mantener nuestro intercambio epistolar y directo, les reiteramos nuestra admiración y respeto. Cordialmente, Comando Central del ELN, Montañas de Colombia 101.

26-5-2012, El ELN les envía un saludo respetuoso y expresa su sincero deseo porque sigan incansables sus esfuerzos en el camino de la paz en el que ustedes y muchos otros colombianos y colombianas nos empeñamos. Señora Gobernadora del Valle, señores gobernadores de Cauca y Nariño, señoras alcaldesas y alcaldes de dichos departamentos, reunidos en Villa rica Cauca el pasado 11 de mayo de los Corrientes; señoras y señores participantes en la Minga por la vida, el territorio y la paz, realizada en Caloto y Villa Rica, departamento del Cauca, los días 9, 10 y 11 de mayo de 2012; compatriotas luchadoras y luchadores por la paz de Colombia: Como fuerza guerrillera colombiana respondemos solícitos a su convocatoria, para que trabajemos por crear un solo torrente por la paz y en ese espíritu nos sentimos interpretados, porque igual que ustedes estamos convencidos que el camino para Colombia es la paz y no la guerra. En el empeño de compartirles nuestros esfuerzos por la paz, nos permitimos expresarles lo siguiente: En 1991, hace 21 años, junto a otros compañeros guerrilleros de la entonces Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, ocupamos sin violencia la Embajada Venezolana en Bogotá, para presionar al gobierno del Presidente Cesar Gaviria a desarrollar diálogos por la paz de Colombia. Desde entonces jamás hemos dejado de desarrollar diversos tipo de esfuerzos en la búsqueda de la paz, incluidas mesas de dialogo con los gobiernos de Cesar Gaviria, Andrés Pastrana y Alvaro Uribe, pero desafortunadamente, nos hemos encontrado con una posición cerrada e intransigente de parte de todos ellos, porque consideran que la paz es sinónimo de rendición, desmovilización y entrega de armas por parte de la insurgencia. Hemos planteado con meridiana claridad, la urgencia de resolver el conflicto social y armado mediante una salida política, en la que participe toda la sociedad, la insurgencia y el gobierno, considerando que la paz es un derecho constitucional de todas y todos los colombianos y nadie los puede reemplazar en ese histórico propósito, asunto que rebasa el criterio de que la paz es asunto de una discusión o una mesa de dialogo solamente. Consecuentes con lo anterior, hace varios años, nos empeñamos en plantear con diversos sectores sociales, una Convención Nacional, que nacida de todas y todos, desembocara en una Asamblea Nacional Constituyente que legitimara la voluntad del pueblo y la nación para enrumbarse a la paz y la reconciliación que todos queremos y nos merecemos. Pero clase gobernante no solo desestimó este esfuerzo sino que se opuso a él. Conscientes del grave deterioro de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que padece Colombia en esta guerra fratricida, planteamos públicamente la urgencia de humanizar el conflicto mientras este finalizaba y en ese sentido asumimos los retos de ello para cumplir tan importante asunto; sin embargo nunca se obtuvo de la contraparte, una consideración al respecto. Los siguientes asuntos reafirman nuestra disposición y flexibilidad en la búsqueda de un proceso de paz, serio estable y duradero para Colombia: 1- Pusimos en libertad de forma unilateral y sin condiciones medio centenar de militares y policías, hechos prisioneros en diferentes combates. 2- Hemos decretado treguas unilaterales, como muestras de flexibilidad para atemperar el ambiente y las hemos cumplido plenamente. 3- Hemos planteado nuestra disposición a un cese bilateral del fuego y las hostilidades, para el inicio de un proceso de diálogos por la paz de Colombia. 4- Hemos sido reiterativos en nuestro compromiso de respetar el Derecho Internacional Humanitario, estando abiertos a discutir asuntos particulares del conflicto interno colombiano. Hemos manifestado nuestra entera disposición, para discutir todos los temas polémicos del conflicto social armado colombiano y buscar soluciones, en el marco de la bilateralidad entre las partes, con la participación de la sociedad colombiana sin exclusiones. En todo este esfuerzo de mas de 20 años, hemos realizado un sin número de eventos y actividades de diverso tipo, en los que han sido muy importante el decidido respaldo de importantes sectores sociales colombianos, de las iglesias católica y protestante a nivel nacional internacional, así como de un numeroso grupo de gobiernos y países entre quienes se han destacado Cuba, Venezuela, México, Noruega, Suiza, Alemania, España entre otros. Nuestra agenda de discusiones y planteamientos siempre ha sido pública y de cara al país porque no tenemos ningún tema secreto ni vedado, ya que son asuntos de carácter social y político, del interés de todas y todos los luchadores por la paz de Colombia. Todos estos esfuerzos, encabezados por la comandancia de nuestra organización, han sido ignorados o presentados a la opinión pública por el establishment, de manera tendenciosa y distorsionada, para generar animadversión, rechazo o para ganar adeptos, aprovechando su monopolio sobre las grandes Medios de Información, tal como lo hace con todos los acontecimiento que no favorecen su imagen y sus políticas. Estamos de acuerdo con ustedes, que el futuro de Colombia no es la guerra, como hoy se empeñan en demostrarlo sus agenciadores, que la han convertido en uno de sus más jugosos negocios, encontrando a todos los luchadores populares en el pretexto para incrementarla. Para sostener esa guerra, contra si mismos, los mas de 46 millones de colombianos pagamos cada año 120 dólares independientemente de nuestra condición económica y social; En el resto del continente sus habitantes pagan solo 17 dólares al año por razones de defensa. La alta militarización del país, hace que exista un militar por cada 100 habitantes, mientras en el resto del continente hay uno por cada 300 habitantes. El mal llamado presupuesto para la defensa de Colombia en 2012 se estimó en más de u$s 12.800 millones para gastos de la guerra y algunos funcionarios lo consideraron insuficiente. Debido entre otras razones, a que una gruesa suma de dinero de tan alto presupuesto destinado a la guerra, es para engordar las arcas personales de quienes la agencian, no podemos soñar que a ellos les interese la paz. Esta tiene que ser llevada a cabo por quienes la padecemos. Cuando hablamos de paz nos identificamos con ustedes cuando plantean: a- Queremos una paz democrática. Una paz con cambios en la vida política y económica. Queremos una paz con paz. No porque pretendamos resolver en una mesa de diálogo político todos los problemas del país. Sino porque la única opción realista es acompañar el fin del conflicto armado con transformaciones importantes en las condiciones políticas y sociales de la vida nacional. El alcance de esas transformaciones no puede ser decidido en un espacio cerrado entre los actores armados, sino y precisamente en un espacio amplio y plural de la sociedad colombiana, donde todos los actores políticos, económicos, militares, acuerden un nuevo pacto político que permita a la sociedad vivir sin guerra y al movimiento popular luchar por la realización de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales sin temor a la muerte, al señalamiento o el desplazamiento.- b- La paz del país… demanda la adopción de una estrategia de impulso a programas de desarrollo rural integral como única alternativa sustentable para la sustitución de cultivos de uso ilícito, uno de los factores generadores de mayor violencia e inseguridad en distintas regiones de Colombia-. Señoras y señores, el ELN seguirá luchando por la paz igual que lo hacen ustedes y desea mantener en tal sentido una comunicación fluida con ese propósito, deseamos finalmente lo siguiente: El gobierno del Presidente Santos, fiel al pensamiento de su clase en el poder, no solo no quiere la paz, sino que se siente propietario y único responsable de definir como y cuando se pueden iniciar diálogos de paz en Colombia. Este contrasentido, como ya ustedes lo han planteado, viola un mandato constitucional que debe impugnarse por ilegal y absurdo, porque la llave de la paz la tienen todos los colombianos y colombianas, no solo como derecho constitucional sino como perspectiva de vida, de futuro y ello nos otorga la potestad de luchar por alcanzarla. Lo anterior deja ver el gran esfuerzo que debemos hacer todos los amantes de la paz para concretarla y desde nuestras filas les proponemos a ustedes y a todos los colombianos y colombianas que asumamos esfuerzos permanentes, convertidos en un plan especifico, para concretar dos objetivos: A- crear una organización nacional con el propósito de alcanzar la paz y que en ella tengan cabida todas y todos los colombianos que nos identificamos con dicho objetivo, en los términos que ustedes lo han planteado, B- Que trabajamos por construir un nuevo gobierno, que represente a todas las expresiones sociales y políticas del país y tenga como objetivo principal, alcanzar la paz para Colombia, como la manera de lograr el gran sueño de todas y todos, sin que hoy desestimemos los esfuerzos y exigencias al actual gobierno, para buscar la paz, a pesar de las barreras que encontramos para ello. La paz de Colombia debemos buscarla no solo dentro de las fronteras, mas allá de ellas, muchos pueblos, naciones y gobiernos, la apoyan y respaldan, porque esta guerra también los afecta a ellos, en particular a los pueblos y gobiernos del continente, porque quienes la agencian y promueven la usan como pretexto para amenazar y socavar la paz de la región y el proceso democrático que está impidiendo que la gran potencia del Norte sea el amo y señor en la tierras que Bolívar y tantos otros soñaron en verla unida y al servicio de la humanidad. Es por ello que tenemos la seguridad, que todos los que luchamos por tan noble causa vamos a contar con el respaldo de muchos gobiernos y pueblos hermanos del continente y de otras partes del mundo que anhelan como nosotros; justicia y equidad social, democracia, soberanía, reconciliación y paz para Colombia. Desde las montañas colombianas: ¡Colombia para los trabajadores! Por el Comando Central del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, Primer Comandante 102.

28-8-2012, Luego del anuncio de Santos de un diálogo con las FARC, el ELN manifestó está dispuesta a un diálogo de paz. El máximo Comandante de esa organización, Nicolás Rodríguez alias Gabino, dijo que quiere “un espacio para un diálogo abierto y sin condiciones”. Sin embargo agregó que “él (Santos) dice que tiene las llaves de la paz en el bolsillo, pero a lo mejor ya se le perdieron porque por ninguna parte aparecen las posibilidades de un diálogo serio” 103.

27-8-2012, Para comprender la historia del poco avance de los procesos de dialogo con la insurgencia en Colombia, basta con observar los “inamovibles” impuestos por la clase dominante, constituidos en una barrera que impide avanzar hacia la paz. Con excepción del ex-Presidente Belisario Betancourt, que durante los diálogos reconoció “las causas del conflicto interno”, los sucesivos gobiernos han ignorado éstas, desconocido el carácter político de la guerrilla calificándola de amenaza terrorista e imponiendo un modelo que pone como condición la suspensión unilateral de hostilidades, desmovilización y desarme. Los distintos gobiernos en representación de los intereses de la oligarquía, han pretendido que el proceso de paz se inicie con lo que debe ser el final. Los gobiernos evaden la responsabilidad constitucional de buscar y propiciar la paz real, estable y duradera que tienen como fundamento las transformaciones estructurales que el momento socio-político colombiano exige. El mayor referente a que acuden y en lo que coinciden guerreristas y “pacifistas”, los llamados “tanques de pensamiento” de las ONGs al servicio del régimen, es en el modelo de negociación y acuerdos con el M–19 y las otras guerrillas desmovilizadas a finales de la década del 80 y principios del 90. Este modelo fracasado, ha sido utilizado como otro “inamovible”, exigiendo a la insurgencia que siga el mismo proceso endilgando que no tiene la voluntad de paz. Los acuerdos de paz con las guerrillas a finales del siglo pasado no significaron mayores avances hacia la paz, el país ni siquiera siguió igual, sino peor con menos democracia, más injusta distribución del ingreso nacional y menos justicia social, más violencia, degradación ética y moral y se disparó la corrupción, como se constata en los distintos índices de medición de la realidad del país. El modelo de paz de los años 90 no se puede tomar como un inamovible; por el contrario tiene que ser superado con sensatez y ecuanimidad, pues éste no superó el conflicto interno y sólo sirvió para acrecentarlo, ahogar los clamores de justicia social, democracia, dignidad, soberanía nacional, y apuntalar el modelo neoliberal. Aquél fue un proceso de desmovilización y desarme con mínimas garantías para los desmovilizados, no fue más que eso, no trascendió en la superación del conflicto social y armado, porque no se ocupó de soluciones a las causas que generaron y alimentan el mismo. La oligarquía y el gobierno que la representa tienen que dar igualmente, manifestaciones de tener real voluntad de paz y no de pacificación, como ha sido hasta el momento. Hay que pensar en soluciones realistas a los grandes problemas que afligen a los colombianos y ser generosos con el país que es de todos y no solo irradiar beneficios para unos pocos, que se empecinan en mantener como sagrado el Estado y orden actual. Los procesos de paz hasta ahora no han avanzado, porque no abordaron las causas del conflicto y se evadió las soluciones, reduciéndose a acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, de espaldas al pueblo El acuerdo para la paz real, estable y duradera, tiene que abrir procesos de justicia social, democracia real y participativa, dignidad y soberanía nacional; buscar soluciones a los problemas aplazados que tiene el país. No se trata por lo tanto de cambiar desmovilización y armas por unas mesadas, el acceso a becas, cupos de taxis o compartir burocracia estatal. El ELN está dispuesto a abrir el diálogo con el actual gobierno, en un proceso serio, responsable, respetuoso, sin trampas y sin hostilidad, que facilite el restablecimiento de la confianza y genere un ambiente favorable para abordar las causas del conflicto armado y social, donde se apunte a levantar las bases sobre los cuales construir la paz real, estable y duradera 104.

3-9-2012, Comunicado del ELN: Es positivo el anuncio de paz del Presidente, luego de sus más recientes y reiterados pregones llamando a la guerra. La urgencia de la paz ha sido reclamada por las grandes mayorías durante todo el tiempo de este conflicto fratricida, a través de todas sus expresiones de lucha; por eso para quienes estamos del lado de las mayorías, el anuncio del Presidente es positivo, así como todas las expresiones de respaldo a la paz de Colombia desde todo los ámbitos del país como de la Comunidad internacional, mucho más cuando unas son expresiones teóricas y otras, las más importantes, acciones de gobiernos y pueblos que en actitud prudente y denodada, asumen la responsabilidad de trabajar por los anhelos de paz de todas y todos los Colombianos. Por parte del ELN, nos hemos comprometido y realizado serios esfuerzos por la paz, desde hace mas de 20 años, incluida la firma de una agenda de acuerdos que el Presidente Pastrana reversó por presión de los paramilitares, respaldados desde entonces, por quienes hoy alzan su voz en contra de un posible acuerdo para la paz de Colombia. Los fracasos en el proceso de paz, no nos han amilanado, al punto que incluso en el gobierno de Uribe, conociendo sus propósitos guerreristas y sus posturas retardatarias, se estableció una mesa que ese gobierno cerró de manera abrupta e irresponsable. Por eso reafirmamos que no es solo ahora, sino desde hace mas de dos décadas, que hemos hecho esfuerzos por un proceso serio, responsable e incluyente de la sociedad y hemos ratificado esa postura de manera reiterada. Sin embargo, expresamos otra vez, que buscamos una paz que es esquiva porque ese genérico PAZ, no tiene para todos las mismas connotaciones, contenidos y esencia. Para los pobres de Colombia, paz es justicia y equidad social, democracia real, soberanía y de manera muy particular pero profunda, el resarcimiento efectivo por los estragos de este conflicto social y armado fratricida, que ha destruido y generado profundas malformaciones en la sociedad, perdiéndose los parámetros que permite la convivencia, la tolerancia, el reconocimiento a la diferencia y la diversidad, dentro de principios éticos. Para la clase en el poder, la paz es diferente, ella ve la paz que las mayorías reclamamos como un estado de cosas donde no se afecten sus intereses económicos y políticos, su poder, sus aspiraciones capitalistas y su futuro personal, concebidos dentro del sistema capitalista. Lograr conciliar estas dos concepciones contrapuestas, requiere para la clase gobernante hacer concesiones, grandes esfuerzos y sacrificios, pero es el arte y el camino para construir la paz estable y duradera. Por eso la gran pregunta, ¿tiene la clase gobernante la disposición de transitar el camino hacia una paz de profundo contenido social y político? Para los pobres de Colombia y los revolucionarios, la paz es la recuperación de los derechos siempre negados, mientras que para los ricos, la paz les exige grandes esfuerzos porque implica reconocer los derechos de todos y asumir ese reto en lo político, lo económico y lo social. Consientes de estos escollos, debemos reiterar y hacer el llamado a comprometernos por la paz auténtica, desafiando las dificultades que existen y trabajando para que entre todas las expresiones de la sociedad y el decidido apoyo de la comunidad internacional, se pueda blindar el proceso contra los atranques por desacuerdos, como por los ataques de sus enemigos. Hemos planteado que la llave de la paz está en manos del pueblo y la nación, el Presidente era quien debía abrir los espacios del dialogo con la insurgencia como el primer paso, ya que un proceso de paz real, es mucho más complejo porque debe interpretar todas las expresiones políticas y sociales que no se logra solamente en una mesa insurgencia gobierno. Es entonces indispensable que ahora, todas las organizaciones populares y sociales, en su más variada composición, sean parte del proceso de paz porque, como varias de ellas lo han expresado, en este propósito nadie las va a reemplazar y solo con su participación activa, será posible hacer de la paz un proceso real, estable, duradero y profundo, que supere las causas que originaron y alimentan el conflicto y que colme los sueños y aspiraciones de la Colombia que nos merecemos todos, porque se haya superado la larga noche de más de medio siglo de conflicto social y armado, que hoy tiene a nuestro país en la más profunda crisis de su historia y en la que la guerra es el camino a la destrucción. Entendida la paz dentro del contexto expuesto arriba, Colombia y la comunidad internacional pueden contar con el ELN para tan importante reto y aspiración 105.

10-9-2012, Ya hemos expuesto las dificultades a superar, en un camino hacia la paz y ésta semana han abundado los ejemplos, no por ello, perdemos la confianza, por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso en la monumental empresa. Si hemos resistido medio siglo de guerra, continuar buscando la paz, sigue siendo nuestra apuesta. En ello nos animan millones de humildes de esta patria herida y mancillada, a quienes se les ha negado ese derecho, consagrado en la Constitución Nacional, hasta ahora como adorno. En los días pasados, el Presidente Santos, nos convocó públicamente a participar en el proceso de paz y entendemos su llamado, como respuesta a nuestras reiteradas solicitudes y exigencias, para iniciar ese camino. Señor Presidente, usted sabe que la paz que considera válida y sensata el ELN, es la que significa cambios estructurales para Colombia y ello se sintetiza en justicia y equidad social, democracia real y soberanía. Alcanzarla no es sencillo, ni es un acto, por el contrario, es bien difícil, pero es el único camino de futuro y compartimos con usted que debemos ser realistas comenzando por la manera como debemos iniciar el intercambio y establecer la agenda. Luego de sus anuncios respecto de la mesa con los compañeros de las FARC, se han expresado los políticos, los gremios, los expertos, los militares y ex-militares principalmente, usted ha conformado con ellos, la delegación del gobierno en la mesa de diálogo. Del otro lado, están los negociadores de las FARC. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿en qué parte de la mesa se van a sentar los otros representantes de la sociedad colombiana que deben tener voz y voto para que la mesa no quede coja y la paz trunca? Nos referimos a los trabajadores, campesinos, estudiantes, académicos, maestros, intelectuales y el resto de fuerzas vivas de la sociedad. Solo con su inclusión, la paz será posible. Usted planteó que era indispensable corregir los errores cometidos en las experiencias anteriores de diálogos, ese fue uno de ellos. Es indispensable reconocer, que ni el gobierno ni la insurgencia puede abrogarse el derecho, de reemplazar la sociedad en la mesa y definir por ella. Por lo tanto expresamos la urgencia de que las organizaciones populares y sociales organicen sus agendas con sus representantes. Esta es una tarea en la que nadie puede remplazarlos y en la que sin ellos, el camino de la paz comienza equivocado. El venidero mes de Octubre, histórica fecha de resistencia y lucha, el movimiento popular y social se expresará en las calles; sin duda en su agenda, la paz ocupará el lugar preponderante y nada más sensato que incorporarla como parte de la mesa, de manera integral y no delegada. Estamos de acuerdo que el camino hacia la paz, implica apuntar a terminar el conflicto y no ha prolongarlo, ese conflicto es social y armado, solo abordándolo en sus dos componentes, la paz será real y posible. Es contradictorio iniciar y mantener un dialogo en medio de la guerra, eso representa un peligro grave para el proceso de paz. ¿No son suficientes cinco décadas de guerra para quienes quieren contar la paz en montones de cadáveres y charcos de sangre? No hay duda que, es un mal precedente para comenzar y es indispensable cambiar la lógica. Estamos obligados Presidente Santos, a actuar con sensatez y escuchar los clamores de los colombianos y las colombianas que solicitan un cese al fuego bilateral, o una tregua bilateral, porque ellos están en medio del conflicto y son las víctimas. No debe sorprender a nadie que las luchas venideras de las masas colombianas, abogarán por el cese bilateral del fuego y las hostilidades porque son las víctimas del conflicto, pero además, ese paso le dará certezas al proceso por la paz de Colombia. No podemos dejar de mencionar, un serio escollo para alcanzar la paz, expresado en un reciente comunicado de los militares retirados, firmado por el Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, allí se dice: “La paz podría ser la victoria, pero, como bien se dice, para alcanzarla, hay que ganar la guerra. Ganar la guerra es quebrar la voluntad de acción de los terroristas. Es debilitarlos tanto como sea necesario para lograr que renuncien a sus aspiraciones y se sometan a las leyes de la República”“Debe modificarse la agenda, e imponer un cese al fuego unilateral que prohíba expresamente el accionar terrorista indiscriminado contra la población civil, el uso de campos minados, el desalojo de tierras, el secuestro, la extorsión, la comisión de otros delitos atroces y la utilización del movimiento “Marcha Patriótica” como brazo político de la organización terrorista. Este movimiento político deberá ser liquidado hasta tanto no se llegue a un acuerdo final de suspensión del conflicto armado”. Para los representantes de esta corriente de pensamiento, no son suficientes 50 años de guerra con más de medio millón de muertos entre otras desgracias y sigue soñando con “ganar la guerra” acudiendo a exterminar las organizaciones populares, como es el caso de la amenaza a la Marcha Patriótica, lo cual merece la más enérgica condena porque son los métodos terroristas de Estado que llevaron a Colombia a esta encrucijada, una mesa defendiendo esas posiciones, deja demasiados sin sabores. Toda Colombia debe pronunciarse sobre esta grave amenaza, lo mismo que la comunidad internacional, mucho más cuando existen los antecedentes del aniquilamiento de organizaciones de masas como La Unión Patriótica, A Luchar y el Frente popular, y particularmente ahora que se empieza a abrir, la posibilidad de un camino para la paz. La paz nos exige grandeza, el conflicto no se supera con la vieja aspiración guerrerista de una insurgencia rendida y desmovilizada, ese es un camino fracasado, tampoco es como dicen algunos, hacer la revolución por contrato. Solo la sensatez, racionalidad y arduo trabajo de todos los luchadores por la paz, sacará a Colombia del túnel donde los señores de la guerra la internaron. Blindar el proceso, es lograr que las mayorías marginadas de siempre, asuman el protagonismo de la paz. Ese es el reto, las organizaciones populares y las sociales, los patriotas y demócratas de Colombia tienen la palabra 106.

20-9-2012, Entrevista al Comandante Nicolás Rodríguez Bautista “Gabino”, histórico dirigente del ELN, para hablar sobre las negociaciones de paz. Sólo en los diálogos con el Presidente Gaviria en la década de los ‘90 siglo XX, la insurgencia estuvo en la misma mesa. Las demás experiencias han sido dialogando por separado cada fuerza guerrillera. El ELN considera como lo más acertado para el proceso de paz, la mesa única de la insurgencia. Debemos esforzarnos para que así sea. Esto requiere niveles de unidad y estamos caminando para lograrlo. Somos respetuosos del proceso que ha iniciado el gobierno con los compañeros de las FARC y les deseamos muchos éxitos. Confiamos que más adelante, el proceso que ahora se inicia por separado, pueda confluir en una misma mesa ya que, salvo algunas diferencias, somos fuerzas con objetivos similares, que es lo más importante. Los requisitos para la paz que todos los colombianos y colombianas queremos está en que la entendemos y queremos de diferente manera, de acuerdo a intereses en juego. Las grandes mayorías de Colombia, incluida la insurgencia, consideramos que paz es justicia y equidad social, democracia y soberanía. En cambio para la clase dominante la paz se logra cuando se haya vencido al enemigo interno en el campo de batalla, reafirmación hecha por el Presidente Santos días antes al anuncio del inicio de los diálogos con las FARC. Un proceso de paz en las condiciones colombianas, para que sea estable y duradero, requiere de la participación no solo de la insurgencia y el gobierno, sino también de los diversos sectores populares que son los que están llevando el peso de la guerra. Es un proceso largo y dispendioso, donde se atraviesan poderosos enemigos que le sacan inmensos dividendos a la guerra. En las comunidades donde el ELN tiene presencia se vive un verdadero estado de guerra, esos territorios son comúnmente conocidos como “zonas rojas” y sometidos a permanentes operativos militares y policiales. A su población se le controla sus movimientos, se le raciona las provisiones, particularmente los alimentos y medicamentos con el pretexto de que van con destino a las guerrillas. Las fuerzas punitivas del gobierno, aliadas de las fuerzas paramilitares, actúan con la población como si fuesen una fuerza de ocupación, someten a la población a todo tipo de vejámenes y acciones represivas. Las regiones donde los campesinos subsisten de los cultivos de uso ilícito, como la hoja de coca, son judicializados por ser propietarios de cultivos y sometidos a la aspersión permanente del fungicida Glifosato, que destruye los cultivos de hoja de coca y también los agrícolas y causa daños irreparables en animales y la población sobre todo a los niños, ancianos y mujeres embarazadas. Esta represión le ha hecho perder la legalidad a una masa considerable de pobladores, que no pueden salir a los centros urbanos y deambulan huyendo de manera permanente por tales territorios porque las fuerzas armadas los consideran objetivo militar. Esto genera una situación muy grave a numerosas familias cuya única protección es la insurgencia, por lo que ésta debe asumir su protección en los operativos de las fuerzas gubernamentales. Esta realidad no es nueva y es una de las explicaciones de por qué muchos jóvenes campesinos no tienen otra opción que la de convertirse en guerrilleros o guerrilleras. A pesar de los diálogos no exitosos anteriormente, miramos hoy con expectativas, la posibilidad de un proceso serio y realista que abra caminos a la paz, como lo reclaman las mayorías nacionales, agotadas en más de medio siglo de un conflicto social y armado que ha desbordado cualquier límite. La clase dominante, no ha podido derrotar la insurgencia ni derrotar al movimiento popular, a pesar de que la crueldad de la guerra sucia y el terrorismo de Estado. Las fuerzas gubernamentales asesoradas por EUA e Israel, han ensayado y aplicado las experiencias de otras guerras; pero a pesar de la crueldad, tanto el movimiento popular como la insurgencia se mantienen. Creemos que ante esa tozuda realidad, el camino cierto a transitar es lo que llamamos una “salida política al conflicto”, que significa que mediante un dialogo abierto donde se involucre no solo la insurgencia y el gobierno sino las más variadas expresiones populares y sociales, se logren llegar a un acuerdo responsable para superar las causas que produjeron el levantamiento armado y que pare la confrontación de manera bilateral y se asuma la reconstrucción del país, superando la crisis profunda que ha destrozado el tejido social y que rompió la normal convivencia. El ELN ha planteado la salida política al conflicto desde hace más de 20 años. Los cinco gobiernos anteriores asumieron esta propuesta como debilidad y trataron de aprovecharla como ventaja militar. En esta ocasión, pareciera que la clase en el poder asume con más realismo la responsabilidad con la construcción de la paz, como lo reclaman las mayorías nacionales. Nos levantamos en armas hace casi 50 años porque la lucha popular amplia y legal no ha tenido las garantías políticas y jurídicas. Cuando esa lógica perversa se modifique y haya garantías y respeto para la lucha popular, el pueblo no se verá obligado a empuñar las armas para alcanzar sus derechos; pero esa decisión está en manos de la clase dominante colombiana, como quien dice, son ellos los que tienen la palabra. Y si luego de 50 años de guerra fratricida, se disponen a reconocerle a las mayorías el derecho a la justicia y equidad social, la democracia y la soberanía, se marchará hacia la paz. Claro que esta no se alcanza con un decreto, pero es urgente que se abran los causes en esa dirección. Por eso no concebimos que la solución sea la desmovilización y el desarme de la insurgencia, esa fórmula ha sido ensayada y fracasada porque la esencia del conflicto es social y ello dio origen al levantamiento en armas, entonces hay que ir a las causas que lo originaron para buscar soluciones, solo así se irá a la esencia del asunto para cambiarlo y superarlo. En este medio siglo de lucha guerrillera no ha habido territorios liberados, entendidos como territorio donde no pueden penetrar las fuerzas gubernamentales. Los desarrollos de esta guerra de cuarta generación, no permiten territorios vedados ni para las fuerzas del gobierno ni para las fuerzas insurgentes. Lo que sí existen son extensas regiones donde la insurgencia ha permanecido hace medio siglo y aún penetrando allí la fuerza militar enemiga, no ha podido ni aniquilar ni expulsar a la insurgencia. A esos territorios varios analistas los denominan “zonas rojas”; son regiones de población campesina de cientos de kilómetros, donde el Estado solo hace presencia con sus fuerzas represivas. Nosotros hemos planteado a los gobiernos y al país una propuesta soberana y de beneficio social para la explotación del petróleo, pero los gobiernos han sido sordos porque su política en explotación de recursos mineros y energéticos es impuesta por el capital internacional, a cambio de financiar la guerra contra el pueblo. Hemos denunciado la irracional explotación del petróleo en Arauca y el país, en detrimento de los intereses de la población colombiana, el daño a las comunidades indígenas, la destrucción de la biodiversidad y el grave daño al medio ambiente. Nuestra política tiene muchas identidades con la de los trabajadores del petróleo y la de la población de esa región. Es urgente la discusión de una propuesta de explotación de los recursos mineros y energéticos, basada en la soberanía y el bienestar para los colombianos, particularmente para los trabajadores y las gentes de la región araucana y en armonía con el medio ambiente. Hay que pensar en el bienestar y el buen vivir de las futuras generaciones; la política del Presidente Santos en materia minero energética es antipatria, al servicio del capital transnacional. Y si ella no se impide, Colombia será a futuro un inmenso socavón sin vida para los humanos y de gravísimas consecuencias para la madre tierra. Una mesa de diálogo con el gobierno debe colocar al centro la discusión sobre este asunto de sensible interés nacional. El ELN se dispone a suspender su accionar revolucionario contra la infraestructura petrolera, si se abre la discusión sobre este tema para darle paso a una salida soberana y en beneficio de las mayorías. Es una realidad contundente que Venezuela en el mandato del Presidente Chávez, le ha marcado un rumbo al hermano país, que deslinda campos con el imperialismo norteamericano y ello, junto a otro grupo importante de países entre los que se destacan Bolivia y Ecuador, le rompen al imperio su sueño de tener consolidado su llamado Patio Trasero. La existencia de UNASUR, MERCOSUR, el ALBA, la CELAC y el Banco del Sur, son entre otras, claras expresiones de democracia, soberanía y autodeterminación de los pueblos y países del continente americano. No cabe duda que el triunfo que amigos incluso enemigos le reconocen al presidente Chávez, en esta campaña electoral, son parte importante de la continuidad de ese desarrollo. La clase gobernante colombiana no es monolítica y una de sus expresiones de ello son sus mandatarios. El ex presidente Uribe representa a la llamada clase emergente que es aquella oligarquía que amasó grandes riqueza fruto de los negocios ilícitos principalmente del narcotráfico y la concentración de la tierra y a través de los años se hizo a una parte importante del poder, lavando los dineros por la vía de los negocios legales. Hoy tanto los capitales como sus propietarios están fundidos en la oligarquía y el poder económico, político y militar colombiano, con fuerte arraigo del agro colombiano. Uribe llegó a la presidencia respaldado por esos sectores guerreristas, de las agremiaciones de terratenientes y ganaderos, una parte importante de la cúpula militar, sectores políticos retardatarios, vinculados a la bandas narcoparamilitares. En los tiempos más oscuros del terrorismo de Estado en pleno mandato de Uribe, los paramilitares no dudaron en decir que ellos se identificaban ideológicamente con el Presidente Uribe y que el 35% del congreso los representaba. Tanto en el primero como en el segundo mandato de Uribe, buena parte de los votos para su elección y reelección, los consiguieron los paramilitares a sangre fuego y terror. Estas cosas en Colombia son de conocimiento público. El lema de Uribe como Presidente, fue la lucha sin cuartel contra el terrorismo, para alcanzar la llamada “seguridad democrática”. Esa concepción delirante lo llevó a ver sus acérrimos enemigos en todas aquellas organizaciones que fueran críticas a su gobierno, así como organizaciones, personalidades o gobiernos del exterior que le criticaran. A todos ellos los califica de terroristas o auxiliadores de terroristas; dentro de esta concepción atacó al hermano país del Ecuador y participo en las intentonas golpistas contra el gobierno del Presidente Chávez. Recientemente, el ex Presidente Uribe manifestó que le faltó tiempo para atacar a Venezuela y realizó una campaña en la frontera buscando canalizar los sectores mas retardatarios en un esfuerzo desesperado por desestabilizar el gobierno Bolivariano y fortalecer la oposición. El Presidente Santos es parte de una acaudalada familia de raíces políticas históricas entroncadas con el poder económico y político colombiano, representante de la oligarquía tradicional. Santos gana la presidencia con la cauda electoral de los partidos políticos que representan ese poder oligárquico, pero también de muchos votantes seguidores e intimidados por el uribismo, para quienes su campaña no mostraba diferencias políticas con su antecesor, sino que era su continuación. El Presidente Santos no es que tenga profundas diferencias con Uribe, sino otra manera de gobernar y hacer los énfasis donde no los colocó Uribe. Uno de ellos son en las relaciones internacionales, darle fuerza a la institucionalidad y un paquete de leyes reformistas del Estado con un fuerte componente de publicidad. Sin duda la política internacional de Santos es inteligente y está a tono con los tiempos del capitalismo, mientras la de Uribe fue torpe y aisló a su gobierno del ámbito exterior, importante para cualquier país. Los gobiernos de Cuba y Venezuela han brindado generosos y valiosos aportes en esfuerzos anteriores por la paz realizados por el ELN, con los gobiernos de Cesar Gaviria, Andrés Pastrana y Alvaro Uribe y tenemos la seguridad que ahora tienen la misma disposición de antes, asunto que valoramos altamente y con respeto. Otros gobiernos del Continente y de otras regiones del mundo, entre ellos Noruega, están interesados en aportar al proceso de paz de Colombia. La participación de la comunidad internacional es vital para que tenga éxito y confiabilidad el proceso hacia la paz 107.

24-9-2012, Carta Abierta de ELN a Colombianas y Colombianos por la Paz. En días pasados recibimos el documento que Colombianas y Colombianos por la Paz dio a conocer titulado “La paz como rehén y la necesidad de un cambio urgente para lograrla”, difundido, un día después de que el Presidente Santos diera a conocer que avanzaba un proceso de aproximación y acuerdos con las FARC. Un destinatario esencial del documento es el conjunto del pueblo colombiano, que a través de sus organizaciones y movilizaciones será quien defina el rumbo del proceso entre las FARC y el Gobierno y muy posiblemente con el ELN. Es necesario llenar de propuestas el proceso de paz, sumando su energía al torrente de esperanza y dignidad que para las clases populares significa, pues son ellas las que merecen las mejores condiciones para que la paz no sea la de los cementerios, el hambre y la sumisión, sino la de los frutos generosos de un país de bienestar para las y los trabajadores, para los despojados y desplazados, para quienes han sufrido tanto en esta guerra de medio siglo. Ustedes hacen una lectura, que compartimos, de lo que pasa en el país y el llamado de atención de las partes y de Colombia entera, en medio del escalofriante intento que, los sectores más retardatarios, hicieron para sembrar mayor impunidad y corrupción con la fracasada “Reforma a la Justicia”. Fue tan escandalosa que el propio gobierno que la patrocinó tuvo que contribuir a hundirla. Ustedes plantean algo fundamental, regenerar la política; ello es elemental para construir espacios y medios para un proceso de paz sólido. Sin una mínima ética es imposible avanzar. No se nos escapa por eso, quiénes estaban detrás y siguen estando en la maquinación de todo cuanto conspire para que Colombia permanezca en el atraso, en la más aberrante injusticia, corrupción y en permanente conflicto interno, lo cual les proporciona grandes beneficios. Hay quienes proponen un marco que es para la guerra; y la reforma constitucional que el Presidente Santos ha mostrado, como avance para un proceso de paz, no se desmarca de ese enfoque. Dicho Marco Jurídico que es evidentemente contradictorio, no consultó la opinión de la insurgencia, parte natural en el desenvolvimiento de cualquier intento de paz, ni tuvo una verdadera discusión pública y además desconoce principios básicos de derecho y de trato político que deben ser tenidos en cuenta para restablecer las mínimas condiciones hacia una solución racional, participativa, no represiva, ni denigrante. El Marco Jurídico para la Paz abre la puerta a la impunidad de crímenes cometidos contra el pueblo por políticos, militares, policías y paramilitares; y no reconoce plenamente la realidad del delito político y del derecho internacional. A la vez prosigue la criminalización y persecución contra activistas y líderes, como en días pasados sucedió con miembros de la Marcha Patriótica y de otras expresiones, haciéndose también acusaciones contra Colombianas y Colombianos por la Paz. Ustedes destacan que hay cambios en el presente Gobierno, lo cual quisiéramos nosotros fuera verdad y se viera reflejado en la toma de decisiones valientes para un verdadero proceso de paz. Pero no es así, es un escollo grave mantener una legislación represiva que no sólo va acompasada con operaciones militares y paramilitares contra la población y las zonas de presencia guerrillera, sino que se aplica contra quienes se movilizan a favor de propuestas sociales y políticas. ¿Es esa la voluntad que guía el Marco Jurídico para la Paz? ¿Es esa la voluntad para las normas que lo reglamentarán para favorecer el clima propicio de conversaciones para una solución política? ¿Es así como se recibe la construcción de propuestas ciudadanas que desean y tienen todo el derecho a participar en los diálogos de paz? El documento que nos han hecho llegar y que esperamos lo haya leído el Presidente Santos y su Comisión negociadora, toca cuestiones esenciales como son la justicia transicional y el derecho humanitario, tema que está ausente del debate y nosotros consideramos debe ser retomado, sin que signifique que no sea la aspiración máxima terminar el conflicto. Hay que humanizar el conflicto mientras perdure, mucho más cuando el gobierno se niega a cesar el fuego y las hostilidades. La humanización de la guerra es necesaria mientras se acaba con el conflicto, prepara condiciones para allanar obstáculos y generar confianzas en la salida política entre partes que asumen los derechos de la población respetándola y respetando los derechos de los combatientes caídos o capturados. Sirva esta carta de respuesta a ustedes, para denunciar al mundo la terrible contradicción que se vive en estos momentos de esperanza en el proceso de diálogos. Mientras a las cárceles llega el eco de pasos para hablar de paz, desde las prisiones de Colombia nos llegan trágicas noticias de más muerte y desolación. ¿Se puede hablar de paz y de justicia y dejar morir presos políticos a los que se les niega la más elemental asistencia? Se cuentan por decenas los casos de presas y presos políticos en condiciones degradantes, de crueldad y maltrato generalizado en los antros que son las cárceles en Colombia, en las que permanentemente se humilla y abandona al recluso. Es hora de encarar la situación de las cárceles, la lógica del sistema penitenciario colombiano que envilece también a quien lo diseña y aplica; de tratar en especial el problema del delito político, cómo se encuentran y qué derechos tienen las presas y presos políticos. No pueden ser olvidados ni sacrificadas sus aspiraciones de libertad; sus derechos básicos tienen que ser respetados, incluso tras las rejas. Es una cuestión de humanidad a la que no renunciamos. Este es uno de los puntos urgentes a ser retomado, cuando se busca la perspectiva de la paz. Como ELN ratificamos la disposición a asumir con ustedes y otras organizaciones la discusión de medidas para la humanización de la guerra, quedando abiertos para escuchar y acoger sus observaciones críticas. El espacio idóneo para encontrarnos es en torno a las mesas y espacios de conversaciones de paz, el cual concebimos como un proceso dinámico y abierto a toda la Nación, donde las aspiraciones de paz de las mayorías, superen las amenazas de una minoría decidida a obstaculizar cualquier fórmula de entendimiento y así prolongar la guerra. Es indispensable reconocer que ni el gobierno ni la insurgencia pueden creerse con el derecho de reemplazar a la sociedad o definir por ella. Es urgente que las organizaciones populares y sociales, entre ellas Colombianas y Colombianos por la Paz, se hagan partícipes y organicen sus agendas, estudios y asesorías a la mesa con sus representantes y delegados, con quienes han estado trabajando desde años atrás. Les invitamos a que nos acompañen y acompañen al conjunto de los esfuerzos por la paz que se están desplegando y que lo hagan con las recomendaciones, investigaciones y facilitaciones que estimen más acertadas para el logro de este noble e ineludible objetivo que es la paz con justicia social. Les animamos a desarrollar una labor diplomática, política y comunicacional que conlleve al acompañamiento internacional y a verdaderas garantías de seguridad y respeto a todos los que deben participar en el desarrollo de un proceso de paz para una Colombia en bienestar y con futuro de libertad. Montañas colombianas, Comando Central del ELN. Nicolás Rodríguez Bautista, 24-9-2012 108.

24-9-2012, Los representantes del régimen y del gobierno colombiano, igual que sus pensadores, han estado muy activos en publicitar la paz, como resultado de conjurar y hacer desaparecer, el conflicto armado colombiano. Nos distanciamos de esa manera unilateral de ver el problema, porque el conflicto armado es efecto del conflicto social y mientras un nuevo esfuerzo por la paz no busque resolverlo, estaremos repitiendo soluciones ensayadas y fracasadas. ¿Resolvieron los conquistadores acallar la rebeldía de los aborígenes asesinándolos ante su rebeldía? ¿Resolvieron el conflicto cazando como fieras los negros palenqueros rebelados contra sus enemigos? Para retornar a nuestros días preguntamos: ¿Cuáles problemas se resolvieron con la desmovilización de las guerrillas de comienzos del 1950, con la promesa de resolver los reclamos de entonces que eran problemas sociales, respeto a la vida y cese de la represión? Las guerrillas del M–19 y EPL bajo la premisa de buscarle solución a los grandes problemas del país, se desmovilizaron y desarmaron. Han pasado más de 20 años de la desaparición de estas dos guerrillas y es el momento ahora que está la paz en la agenda del país, hacer un balance y preguntar ¿qué cambios se produjeron en la solución a la injusticia social, la pobreza y el respeto a la vida? Algunos pocos logros, se plasmaron en la Constitución del 91, pero ellos han ido siendo borrados por nuevas reformas impulsadas por la elite en el poder, lo que forzosamente lleva a concluir que tales logros fueron un fracaso, pues el país está peor. En todas las experiencias anteriores, la argumentación ha sido la misma: hay que acabar el conflicto armado para abordar el conflicto social. El ELN, considera que tanto ayer como hoy, trabajar por la paz requiere ir a las causas que han originado el conflicto social y lo alimentan, generando la resistencia y levantamiento en armas ante la imposibilidad de encontrar el curso político de las soluciones. Es urgente que la sociedad en sus diversas expresiones, se vincule al proceso de construir la paz, incluidas por su puesto, las partes en conflicto, facilitando las condiciones y acordando como desarrollar ese proceso de construcción para que los colombianos logremos la paz real, estable y duradera. Ese es, a nuestro entender el papel de una Mesa de Dialogo y del proceso en la que las diferentes expresiones sociales y políticas participen. Por lo anterior acudiremos a ella, con todo entusiasmo, buscando hacer confluir las diferencias. No tenemos duda, que los esfuerzos por buscar puntos de coincidencia ante las grandes diferencias, es parte vital en la búsqueda de una paz auténtica y en ello estamos empeñados. Cuando enfatizamos en que los sectores populares y sociales, tengan activa participación en las discusiones y construcción de la paz, es porque si los orígenes del conflicto son sociales, mal puede concebirse la ausencia de las diversas expresiones de la sociedad en este proceso. Ya están nombrados los delegados del gobierno en la mesa de diálogo con las FARC, los cuales representan los intereses de un sector minoritario del país, los gremios económicos y la clase política pero están ausentes las expresiones sociales críticas y contradictoras, que no están representadas en los delegados que escogió el gobierno. Bajo este esquema y condiciones, la mesa queda coja, le falta una pata. La paz de Colombia requiere de flexibilidad, realismo y confianzas para construir las confluencias que haga posible llegar a ella, actuar con exclusiones, es equivocado y el nuevo esfuerzo estaría condenado al fracaso. El Presidente planteó en el anuncio de diálogos con las FARC, que no se podían repetir errores de diálogos anteriores; la ausencia de los sectores sociales en dichas discusiones, y la pretensión de imponer el gobierno su lógica y fines, fueron unos de los graves errores. Reiteramos a todos los sectores sociales del país, ponerse de pie en este nuevo momento por la paz, como oportunidad para caminar en la dirección de superar la crisis política y social que padece Colombia; dejar sola la mesa haría fracasar este esfuerzo. Los pueblos son los dueños de su propio destino, los revolucionarios actuamos bajo esa premisa y es la hora de la lucha activa por una paz que signifique justicia y equidad social, democracia y soberanía. Decimos de nuevo, ni el régimen ni el gobierno colombiano, representan los intereses de las inmensas mayorías de mujeres y hombres del país. Por tanto ellas y ellos, mediante sus organizaciones, son los sujetos de toda contienda y hoy esa contienda es la paz de Colombia. En la gran jornada de lucha popular del próximo Octubre, deberá expresarse en toda su dimensión, el clamor por la paz de todas las fuerzas vivas del país 109.

28-9-2012, Declaración política conjunta FARC-ELN: El ELN y las FARC-EP, inspirados en los más profundos sentimientos de hermandad, solidaridad y camaradería, con optimismo y elevada moral de combate, estrechados en un fuerte abrazo de esperanza en el cambio revolucionario, nos hemos reunido para analizar la situación política nacional e internacional, los problemas de la guerra y de la paz en Colombia y avanzar en el proceso de unidad que desde el año 2009 venimos forjando paso a paso, con el propósito de hacer converger ideas y acciones que permitan enfrentar junto al pueblo a la oligarquía y al imperialismo como elementos que imponen la explotación y la miseria en nuestra patria. Indoblegable determinación nuestra, es continuar la búsqueda de una paz que para Colombia y el continente signifiquen el establecimiento de la verdadera democracia, la soberanía popular, la justicia social y la libertad. Realizamos esta reunión, en momentos en que se desarrolla la más profunda crisis del sistema capitalista mundial, caracterizada por una desaforada carrera de guerras de invasión, saqueo y sobreexplotación de los recursos de la naturaleza, precarización de las condiciones de trabajo, que condenan al hambre y la muerte a millones de seres humanos en un planeta conducido por la voracidad del imperialismo, hacia el caos y la destrucción. En nuestra patria las calamidades generadas por este sistema de inhumana sobre-explotación y exclusión de los pobres, ha escalado la desigualdad y profundizado la confrontación de clases en dimensiones nunca antes vistas, que derivan directamente de la aplicación sostenida y desbocada de políticas neoliberales que favorecen a los grandes grupos financieros y grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las mayorías nacionales. Dentro del panorama internacional de crisis sistémica del capital, que muestra sus rostros múltiples de debacle financiera, económica, ambiental, urbanística, energética, militar, política, institucional, moral y cultural, Colombia se configura como un país de economía reprimarizada y financiarizada. A esa condición la han llevado los detentadores del poder, para permitir el saqueo que significa la extracción desaforada, el robo de sus recursos naturales y la especulación financiera. Millones de compatriotas han sido lanzados a la miseria y la guerra, impuesta por las élites para acallar la inconformidad de las mayorías frente a esta iniquidad. El gobierno de Santos fue instaurado para garantizar la continuidad de los planes de desposesión por despojo que sobre el pueblo colombiano impone el imperialismo. Una nueva espacialidad del capital acompañada de ordenamientos jurídicos y disposiciones militaristas de seguridad y defensa inmersas en la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y terrorismo de Estado, se afianza en nuestro país para blindar los “derechos” del capital, el bienestar de los ricos a costa de los trabajadores y del pueblo más humilde. Dentro de esa perspectiva se define la nueva etapa de despojo de tierras que hoy se disfraza con el falso nombre de restitución. En la práctica, a los millones de desplazados y víctimas de las sucesivas etapas de despojo violento auspiciadas por el Estado, se suman ahora nuevas legiones de campesinos, indígenas y gente sencilla en general, a los que se les arrebatará o se les niega ya la tierra mediante procedimientos de engañosa legalidad, engrosándose aún más las cifras de pobreza y de indigencia que colocan a Colombia en el rango del tercer país más desigual del mundo.

Es este el sentido cruel de la seguridad inversionista y de la prosperidad que difunde el Presidente Santos, mientras se sigue encarcelando, asesinando y reprimiendo a sus opositores. Frente a esta realidad no puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías por cuenta del terrorismo Estado de la casta gobernante cuyas tendencias más guerreristas han conducido los destinos del país durante la última década. No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al Pentágono que se alcanzará la paz; no es con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el “Plan Patriota” o el “Espada de Honor” como se logrará la reconciliación de los colombianos. Mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz. Nuestra voluntad de paz radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía. Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable. Por ello la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales para, sobre la base de la justicia, construir la paz, son la verdadera llave de su conquista. Comando Central, ELN. Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP. Montañas de Colombia, septiembre de 2012 110.

1-10-2012, Colombia se define constitucionalmente como República y un sistema político democrático, donde la soberanía de la Nación descansa en el pueblo. Pero la realidad es otra, lo existente es una caricatura de democracia, reducida al ejercicio electoral. La “democracia” que reivindica la oligarquía y la clase política que la representa, es tramposa. El pueblo, en quien radica la soberanía de la Nación, ha sido marginado y excluido de las decisiones y la democracia real secuestrada por una minoría apátrida, sirviente de los intereses de trasnacionales y geopolíticos del imperialismo. Los ciudadanos que eligen supuestamente a sus representantes, lo hacen dentro de un sistema electoral corrupto y tramposo, donde quien elige es la maquinaria que tiene dinero para montar oficinas electorales paralelas, cambiar, comprar y trastear votos, hacer votar a los muertos y pagar los fusiles de los narco-paramilitares que obligan a votar por el candidato que ordena el “patrón”. Esto último reconocido por narcoparamilitares que participaron decisivamente en los resultados electorales. En estos días el extraditado Salvador Mancuso, reconoció haber financiado y puesto los votos para elegir al ex Presidente Uribe y a más de la tercera parte del Congreso. Esta forma de hacer política se basa en la trampa y el engaño. Los gobiernos y legisladores que dicen tomar las decisiones en nombre y supuestamente en representación del pueblo, lo hacen es en beneficio de aquellos intereses que históricamente han impedido, por todos los medios, incluida la violencia, que el país pague la deuda social y resuelva los grandes problemas represados, que asfixian y tienen sin futuro a las grandes mayorías de la Nación. El sistema político y la forma de hacer política en Colombia es una vergüenza, donde es válido recurrir a los medios ilícitos, con tal de conseguir el fin, que es acumular riqueza y concentrar poder. El modelo económico impuesto a los colombianos está diseñado para concentrar en unas pocas familias más del 70 por ciento del ingreso nacional; condenando a las mayorías nacionales a la pobreza y la miseria. La Reforma Agraria la impiden menos del 0.4 por ciento de propietarios, dueños del 62 por ciento de la tierra cultivable. Los derechos de los trabajadores que habían sido conquistados durante dolorosas y sangrientas luchas en más de medio siglo, fueron arrebatados mediante sucesivas reformas laborales y el asesinato sistemático de más de tres mil líderes sindicales. La reforma a la educación la impiden los intereses privatizadores que se oponen a la educación gratuita, científica y de buena calidad. Igual sucede con la reforma a la salud. Las riquezas naturales de la Nación que deben servir para financiar el desarrollo del país y el bienestar colectivo, se entrega a las trasnacionales que las saquean y se llevan lo producido a sus países. Igual ocurre con las empresas estratégicas y productivas del Estado, vendidas a menos precio a trasnacionales. Esta oligarquía apátrida entrega los recursos naturales y además el territorio nacional al imperialismo norteamericano, para que instale bases militares que ocupan nuestro país y son una grave amenaza contra los gobiernos democráticos y populares del Continente. El sistema político, económico y social imperante en Colombia, la militarización del país y la guerra sucia contra la oposición política, constriñen la libertad y hieren de muerte la democracia real. Allí están las causas generadoras de la resistencia social y armada, de la violencia de todos los tipos, del trabajo “indigno” y el desempleo, de los niveles de pobreza y marginalidad social, de la indignidad y entrega de la soberanía nacional, y del estado de degradación ética y moral en que se encuentra la Nación. Las causas de los males y desgracias históricas, radica y están en el sistema político y la forma de hacer política, en que la democracia real ha sido secuestrada y la soberanía de la Nación ha sido usurpada por la reducida elite en el poder, que desplazó al pueblo. Para que la solución política al conflicto social y armado sea real, estable duradera, tiene que romper los atranques que impiden que se resuelvan los grandes problemas del país y se pague la deuda social. Mientras no se siga este camino, la paz seguirá siendo una quimera y las generaciones futuras condenadas a vivir en guerra. El ELN invita al pueblo colombiano a que sumemos esfuerzos por entender la realidad y ser conscientes que la paz está en las manos del pueblo, en quien descansa la soberanía de la Nación, y no en quienes son atranque para lograr la paz, porque la continuidad de la guerra les proporciona mayores beneficios 111.

2-10-2012, La paz que queremos, es justicia social, donde todos tengamos acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, es decir a las básicas necesidades humanas entre ellas también a vivir en sociedad y como tal a decidir sobre el futuro del país con verdadera democracia y derecho a la resistencia, a la oposición. En este país no se ha permitido la oposición. El establishment ha exterminado la oposición. Sólo permiten gobernar a quienes no les atranquen su modelo de explotación, a su contrario lo eliminan, lo desaparecen. En la mayoría de las guerras, las partes contendientes se han sentado a dialogar cuando el conflicto es de tal magnitud, que se hace necesario establecer acuerdos entre los enemigos. Colombia, que al iniciarse el siglo XX tenía a su haber una revolución conservadora, 9 guerras civiles de carácter nacional y 14 de carácter local, 2 guerras con Ecuador, 3 cuartelazos y 11 constituciones. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores fueron sangrientos, cada uno tenía su grupo armado. Ya en el siglo XX se alternaron en el poder, pero la violencia regresó cuando la confrontación política derivó en el asesinato del líder liberal Eliécer Gaitán. El país espera que le demos certezas diseñando un proceso de paz, entendido como proyecto de sociedad, como proyecto de Nación. Tampoco la sociedad espera ser convidada de piedra, en este sentido el ELN se la juega por la paz, por una paz con sentido de Nación que nos incluya a todos. Colmar las expectativas de un proceso de paz más estable requiere que propiciemos un ambiente favorable hacia el país, pero no solo favorable para algunos sectores de la sociedad, sino para las mayorías y sobre todo para quienes soportan los más grandes dolores. Un acuerdo base debe tener en cuenta la participación de la sociedad en el proceso, la acción política, la generación de un ambiente para la paz nacional y la participación de la comunidad internacional. En cuanto a participación de la sociedad en este proceso, reiteramos que es nuestra voluntad generar las condiciones propicias para la construcción de paz con la participación de la gente, para ello se requiere de un diseño que propenda por una participación nacional incluyente y ascendente, que articule los procesos regionales. La participación de la sociedad es esencial en una estrategia de paz, de lo contrario es quemar pólvora en gallinazos. Se debe poner énfasis en la solución del drama de los cuatro millones de desplazados, así como la amnistía para los presos políticos y sociales. La población más afectada por el conflicto armado, como lo es el Movimiento Indígena colombiano, la población afro descendiente y campesina del país, los despojados, mujeres, jóvenes, quienes deben estar presentes en los posibles diálogos y concertación. Este proceso, si ha de ser verdadero, debe propiciar las garantías para que todos los sectores sociales y políticos se conviertan en actores y puedan participar sin miedos por las amenazas contra sus vidas. Desde las FARC-EP también hay la voluntad y tienen una agenda que puede ser base de inicio. El conflicto interno colombiano carga mucha complejidad por sus raíces históricas profundas; por las causas políticas, económicas y sociales que lo generan; por la diversidad de componentes y de manera especial el fenómeno de la corrupción de la clase en el poder y del narcotráfico integrado este último a la estrategia contrainsurgente del Estado, desde la década de los `80 del siglo anterior, bajo la modalidad de narcoparamilitarismo. La estructura terrorista del Estado y el narcoparamilitarismo son dos puntales del poder oligárquico que están en plena vigencia y no se ve por parte alguna la decisión real del régimen de desmontar esta estructura de la muerte contra la oposición política y social y parar la guerra sucia. El ELN está decidido a contribuir en la superación del conflicto pero no es tarea fácil, ni un problema de voluntad política; se trata de crear condiciones reales y ganar las mayorías de la Nación para superar los problemas y abrir el camino que conduzca a la paz estable y duradera construyendo un proceso que afronte los cambios que el país necesita. El ELN considera que es posible la salida política al conflicto en base a un gran consenso nacional, una política de Estado favorable para la paz y la participación de la sociedad en dicho proceso. Es desde este enfoque que concebimos los diálogos. Mientras que para el gobierno no existe conflicto social y armado sino grupos terroristas y la paz es igual a pacificación, desmovilización y desarme de las guerrillas para que el país siga igual. Para el ELN la paz implica partir de abordar un proceso hacia las transformaciones que conduzca a superar las causas originarias y que alimentan el conflicto interno actual. El ELN tiene la disposición, como aporte al ambiente de paz, un acuerdo de cese al fuego y hostilidades con verificación por un tiempo determinado, experimental y bilateral. El pacto es que se desmontan los operativos y dispositivos ofensivos, nadie ataca al otro y todo el mundo mantiene la actitud defensiva. Se lleven de cara al país y garanticen la más amplia participación. No de rendición, nosotros no tenemos por qué entregar las armas a nadie, porque nadie no las ha dado. Pero a la vez exige que el gobierno haga igualmente aportes para generar ambiente de paz con medidas reales frente al desplazamiento, medidas que neutralicen la persecución a opositores políticos y dirigentes sociales, medidas que lleven un alivio frente al problema de la desaparición forzada. El Estado debe cesar las muertes, desapariciones, desplazamientos, bombardeos, terror en la población campesina y daños a sus bienes y enseres. Nuestra población no resiste más acciones bélicas en sus territorios, ni la barbarie de la intolerancia e impunidad. El respeto a los derechos humanos es siempre vehículo imprescindible para llegar a la paz. Ya se han desarrollado experiencias de movimientos que se han desmovilizado, pero que no hay solución al conflicto social y armado, entonces el problema no es la entrega de las armas. Los crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados y que continúan en la impunidad, por lo menos con respecto a los altos mandos militares o sectores políticos, económicos y aún sociales que los determinaron y permitieron. Las estructuras paramilitares y su actuación, han constituido expresiones no superadas en toda su dimensión hasta el presente, lo que ha atentado y atenta de fondo contra las posibilidades de cualquier proceso de paz. Mientras avanzan los juicios contra los generales del paramilitarismo, el gobierno de Santos, continúa empecinado en dotar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía de un nuevo instrumento que refuerce la impunidad de ciertas operaciones militares. El proyecto de reforma de la denominada justicia penal militar, radicado el 16-3-2012 fue aprobado en cuarto debate en el Senado el 6-6-2012. El 13 de junio se aprobó la conciliación en la Cámara de Representantes. A la iniciativa, que desborda el concepto de fuero militar, le restan cuatro debates. Está interesado el gobierno porque considera la insurgencia como un obstáculo para atraer capital extranjero para la explotación; quiere reencausar la fama de paramilitarismo y mafia en el Estado; y necesita territorios sin conflicto para la explotación minera y macro proyectos energéticos, acabando con el agua y la biodiversidad. Reafirmamos nuestra vocación de paz y proponemos como mecanismo un Campamento de organizaciones populares para que discutan sobre la paz que quiere el país. ¿A quien no le gusta vivir en paz?, el tema minero ambiental debe estar incluido en la agenda, mujeres, niños, tierras, situación carcelaria, presupuesto para víctimas del conflicto armado, justicia transicional, comisión de la verdad y la necesaria legitimidad. Que se discutan las formas de lucha de todos, las de los revolucionarios y las del establishment, las de la élite. Una discusión nacional donde se establezca con claridad qué pasó, porque aquí hay miles de muertos, se cuentan por decenas de miles los asesinatos, encarcelamientos, exiliados y desplazados, producto de la criminalización de la acción y lucha política, hay responsables, hay un genocidio que no se ha detenido y hay que parar la máquina que lo hace y que se sepa la verdad sobre esto, que se mire en qué términos de justicia se actúa y se pacta para que se dé un paso definitivo hacia la paz. Esa no puede ser una discusión solo de una mesa. Afirmamos al mundo que creemos en la construcción colectiva de la solución política al conflicto social y armado, en tanto el Estado colombiano se comprometa de verdad a ella. Esta oferta de diálogo la desarrollan simultánea a golpes contundentes a la insurgencia, al tiempo que le hacen exigencias públicas unilaterales. La esencia genocida del régimen colombiano, sostenida por sus diversos gobiernos, cuyos niveles de corrupción, esencia mafiosa, terrorista y de entrega al imperialismo no tiene límite; éste régimen no permite una activa participación política del movimiento popular como hemos dicho, mucho menos de parte del movimiento guerrillero. Nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida, el futuro, el sistema social que debemos darnos, la firmeza en nuestros ideales y objetivos, trazados desde nuestro surgimiento y demostrar en el terreno teórico y práctico que hemos estado, estamos y estaremos siempre del lado del pueblo y la Nación para integrarnos todos, en la lucha popular, un Gobierno de Nación, Paz y Equidad, que sustituya al actual. Construir una Solución Política para el conflicto interno, tiene hoy la gran oportunidad de ser una obra colectiva, que va más allá del esquema tradicional, de ser una mesa de diálogo entre dos Partes. No pedimos nada para nosotros, es decir no es un negocio que me da y que le doy, no, es de diálogos, acuerdos, salida política. Por ejemplo, que se libere a todos los presos políticos que sean de organizaciones gremiales, comunitarias, sindicales, partidos de oposición, que tiene detenidos bajo el cargo de rebelión o como disidentes políticos. Nosotros queremos alivio para la sociedad, no para el ELN. Luego la paz no es un negocio, es la construcción de una sociedad en paz, sin desigualdad. Por eso nuestra propuesta de nueva sociedad con justicia, paz y equidad. Dirección Frente de Guerra Central-FGC. Montañas del Oriente Antioqueño, del Eje Cafetero y el Tolima, Octubre de 2012 112.

8-10-2012, Mirar la realidad con un prisma superior al propio y que una guerra es la manifestación de contradictorias maneras de ver, ser y percibir el país, es una de las claves para un proceso de paz exitoso en Colombia. Si el conflicto social, político y armado tiene un largo recorrido y no ha podido ser superado por la guerra, caminar hacia el fin del conflicto, de manera integral, no es asunto de meses como lo ha pregonado, en reiteradas oportunidades el Presidente Santos. Hacerlo así es, a lo sumo, tocar las superficialidades de los problemas, quedarse en lo que ha sido visibilizado de manera artificial por los medios de comunicación oficiales aduciendo que los males de Colombia, son resultado de la existencia de las guerrillas. Los poderosos gobernantes de Colombia, comenzando por el mismo Presidente, tienen que ser capaces de ver a Colombia no con sus anteojos sino con las miradas de todos, para poder forjar unas salidas sólidas. Aún más, tener la claridad de que esas distintas miradas que expresan el arco iris de la realidad de país tienen que ser sujetos activos y no pasivos. Desde la presidencia se vende la idea que lograr la paz es muy sencillo, pues muchas de las políticas públicas para la paz, ya se han convertido en legislación y cuentan con el marco jurídico para la paz aprobado por el Congreso en sesiones pasadas. Se alude a la ley marco de víctimas y restitución de tierras y la ley de ordenamiento territorial. Esta última desconoce que somos un país de pueblos y regiones y todo lo ordena alrededor de una institución vetusta como son los departamentos. También considera el Presidente Santos, que hay una ley de primer empleo, la ley de sostenibilidad fiscal, la de regulación de las regalías y la ley de la prosperidad y seguridad democrática de alcances globales que orienta el curso de Colombia en sus próximos 20 años. O sea, no hay que hacer cambios, todo está resuelto. En consecuencia, están pensando los gobernantes del país que solo faltan retoques, entre ellas una nueva ley de justicia un poco distinta a aquella que la indignación nacional tumbó, ver de qué manera manejar la cuestión educativa porque el propósito de privatizarla fue estropeado por la lucha estudiantil, hacer unas cuantas concesiones de orden económico y personal a la insurgencia para que sea firmada la paz y se desmovilice. Pareciera que la mirada que tienen hacia la paz es la de una simple negociación (cuanto ganas tu cuanto gano yo) en el altar del mercado neoliberal. Pareciera que el discurso cortoplacista y amenazante del Presidente, apunta a que si no se consigue la paz que él concibe en pocos meses, se suspenderían los diálogos responsabilizando la insurgencia de un posible fracaso de las conversaciones de paz, y con ello, legitimaría una escalada guerrerista, manipulando los sueños y anhelos de paz de una sociedad en la cual estas generaciones no conocen un día de tranquilidad y justicia social. Esto es posible porque la clase gobernante, cuando se ha sentado a dialogar con la guerrilla, siempre ha buscado justificar la guerra genocida responsabilizando la insurgencia de los fracasos de la paz. Algo se trama desde las altas esferas del poder con el estribillo de que debe ser un proceso rápido. Afortunadamente desde orillas distintas a la insurgencia, han comenzado a manifestarse otras voces, miradas y maneras de percibir el proceso de paz, que ayudan a darle mayor comprensión y rodearlo de certezas. Alcanzar un país en paz requiere de remover muchos obstáculos que la impiden, uno de ellos es la existencia de un sistema económico y social que genera altísimos niveles de desigualdad. “Siempre hemos estado entre los peores en este campo en América Latina, pero la mayoría de nuestros vecinos ha mejorado”. Esto nos lleva directamente a un tema fundamental para una paz duradera y nos referimos con ello a como debe ser una economía para posibilitar y sostener la paz, una política económica que signifique coronar la aspiración de todos los colombianos para una vida plena y digna donde los derechos fundamentales sean universales porque son satisfechos por todos y todas, en las necesidades sociales y espirituales, a las que tenemos derechos por el hecho de ser seres humanos. Lo otro sería la política económica del país aceptando, como válida la acumulación de ganancia, como el valor referente de la economía, despreciándose otros valores como la vida y su reproducción en condiciones de soberanía y dignidad. O será un tratado de paz que solo admitirá la propiedad privada como única o también se permitirán, se estimularan y se posibilitaran otras formas de propiedad y relaciones sociales más efectivas como la propiedad comunitaria o colectivas, se reconstruirá la destruida economía estatal con participación social que tenga como cometido, estar al servicio de erradicar la pobreza y las grandes desigualdades sociales. O la paz seria más de lo mismo de este neoliberalismo voraz que permite que los agentes privados succionen todos los beneficios del crecimiento económico y de la salvaje explotación de nuestros recursos naturales que poco deja a las mayorías empobrecidas y el país vaciado de la biodiversidad para las generaciones del futuro. Todos estos son temas que no se pueden despachar de un día para otro y mucho menos pensar que todo seguirá lo mismo, feriándose el país a los monopolios nacionales y extranjeros mientras los pobres sucumben en la agonía que se desborda por todos los rincones de la geografía del país. Un camino hacia la paz no es un caramelo sino el inicio de un proceso consensuado para la convivencia plena por la justicia y equidad social, la democracia y la soberanía, solo ese proceso, nos dará la paz, ese es el reto al que asistimos 113.

22-10-2012, El ELN ha cuestionado de manera reiterativa las políticas públicas de privatizaciones de sectores estratégicos de la economía, la des-industrialización y des-agrarización del país. La producción agrícola pasa por una profunda crisis, hasta el punto que de ser autosuficiente y hasta exportar productos del campo, hoy Colombia importa más de 10 toneladas al año de productos agrícolas que antes producía, con perjuicio de la seguridad alimentaria. Los últimos gobiernos siguiendo el credo neoliberal, renunciaron a fomentar los planes de desarrollo de la industria nacional y el apoyo a la agricultura campesina, volcando los esfuerzos hacia la producción exportadora y priorizando los planes hacia convertir a Colombia, por excelencia, en un país minero y productor de biocombustibles. A más de dos años J. M. Santos empieza a recibir tropiezos en la ilusión de implementar el “plan Minero-2019”, del ex-Presidente Uribe y que él adoptó como una de las llamadas cinco locomotoras para el desarrollo del país. Este plan neoliberal en beneficio de una pequeña minoría y corporaciones extranjeras, agrava la situación y el entorno social de las comunidades, que viven en las cerca 30 millones de hectáreas, entregadas a las trasnacionales para la explotación minera. La posición y exigencia del ELN sobre la extracción de los recursos naturales, es que éstos sirvan para el desarrollo nacional, el bienestar de las comunidades y que se haga con protección de la naturaleza. Así mismo que las mayorías nacionales sean partícipes en el análisis, discusión y definición del país que todos queremos y en las transformaciones y cambios necesarios para que la solución al conflicto social y armado y la paz, sea una realidad concreta 114.

25-10-2012, La declaración Conjunta ELN- FARC constata los esfuerzos de las dos fuerzas para unir voluntades en la lucha por transformaciones en el país y la paz de Colombia. Por ahora no es fundirnos en una sola organización, sino coordinar actividades político-militares en un plan de esfuerzos conjuntos, que permita avanzar en la paz si ese proceso logra salir adelante. Cada fuerza es soberana para desarrollar sus actividades y el hecho de que las FARC hayan avanzado más que nosotros en los diálogos con el gobierno, no nos distancia. Nosotros respetamos tal decisión; es posible que de abrirse los diálogos nuestros con el gobierno y en un esfuerzo, mas adelante confluyamos en una sola mesa. La tragedia generada al pueblo colombiano por el conflicto social y armado, ha causado un número escandaloso de muertos, lisiados, desaparecidos, desplazados, exiliados y la ruptura del tejido social; de ahí la urgencia de construir la paz para terminar la guerra, así lo hemos reiterado desde hace mas de 20 años. Ahora que se abren posibilidades de un proceso de paz, coincidimos con los compañeros de las FARC en apostarle y plantear dialogar en medio de un cese al fuego y las hostilidades de forma bilateral, que le de credibilidad al proceso y genere confianzas. Este punto de vista es compartido por las organizaciones populares y buena parte de la sociedad; sin embargo la oligarquía persiste en prolongar la guerra para ganarla en el campo de batalla; ella no le apuesta a una paz que implica cambios, sus esfuerzos los dirige hacia la pacificación para eliminar al opositor. La oligarquía colombiana ha cerrado las posibilidades de avance de la lucha política de la oposición, por medio del terrorismo de Estado y la guerra sucia narco-paramilitar. Esta conducta es histórica y es lo que ha obligado a sectores de la juventud colombina a levantarse en armas. La paz de Colombia la va a definir el pueblo mismo, que es quien sufre los efectos de la guerra, por la vía de sus luchas y la exigencia de ponerle fin, exigencia que viene en aumento. El conflicto desaparece y la guerra se acaba, si se solucionan los gravísimos problemas políticos económicos y sociales que la originaron y alimentan; si se abren los causes y garantías reales para que el pueblo desarrolle la lucha política, no sería necesario tener que recurrir a las armas. ¿Tendrá la oligarquía, después de 50 años de guerra, la voluntad de facilitar los cambios que requiere Colombia y dar garantías a la oposición política? Si así fuere, seguro que habrá paz. El carácter guerrerista y de gendarme internacional de EUA, es inherente a su condición de imperio, por eso es un impedimento para la paz de Colombia y de hecho, esta ha sido una de las dificultades para llevar a cabo un verdadero proceso de paz. Ellos solo velan por sus intereses y lo que se los impide, lo bloquean y combaten. Los países de América Latina sin duda pueden aportar mucho, solo un ejemplo, en los procesos de dialogo entre el ELN y gobiernos anteriores, se creó un grupo de países amigos, estuvo Cuba, Noruega, Francia, España, Suiza, Suecia. Al final del proceso de paz con el ELN, Uribe nombró al Presidente Chávez como facilitador del proceso aunque; luego lo suspendió unilateralmente, de manera vulgar y agresiva y unilateral. En este el proceso de diálogos que se ha iniciado con las FARC, participan como facilitadotes los gobiernos de Venezuela Cuba, Noruega y Chile. En un proceso de paz serio y complejo como en Colombia, es importante y necesaria la participación de gobiernos que actúen con respeto e imparcialidad. El ELN siempre le ha otorgado un papel preponderante a la participación y la lucha de masas, en el avance del proceso revolucionario. El movimiento guerrillero surge y existe , gracias al apoyo popular. Ahora que la paz es una exigencia del país, esta monumental obra la debemos construir entre todos y no solo entre gobierno y guerrillas. Hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas, populares y sociales, a los demócratas y patriotas y por su puesto a la comunicad internacional, que la asuman como suya y participen activamente en la construcción de la paz, que le ponga fin a la guerra 115.

11-11-2012, Delegación del ELN para el Diálogo publica Carta Abierta al gobierno colombiano y las FARC, así como amplios sectores de la nación y de la comunidad internacional, que han hecho manifiesto su interés por que el ELN también inicie un proceso de diálogos en la búsqueda de la paz. Reafirmamos que el ELN está comprometido con la solución política, la que entendemos como una construcción colectiva de la Nación, como proceso democratizador social, político, económico y cultural, que dé cuenta de los cambios que el país necesita. Anunciamos al país y a la comunidad internacional que la Delegación del ELN para el Diálogo exploratorio con el Gobierno está conformada y lista para cumplirle a Colombia. Saludamos las conversaciones de La Habana haciendo nuestro el clamor nacional de pactar un cese al fuego bilateral mientras se dialoga. La creación de un ambiente no confrontativo podría ayudar a generar confianza y condiciones para que la sociedad participe de una manera más activa y protagónica, esta es una responsabilidad del gobierno y de la insurgencia. El proceso de paz le atañe al país en su conjunto. Los movimientos sociales en todas sus expresiones, los procesos regionales, las organizaciones políticas, las personalidades democráticas, los intelectuales, los artistas, los gremios, los pueblos originarios y sobre todo las víctimas del conflicto, están en el derecho de participar. Es un imperativo ético. La democracia es el único camino para construir la paz. El complejo problema de la tierra en Colombia, primer punto de la Agenda acordada por las FARC y el Gobierno, es un asunto de la Nación y requiere de la participación del movimiento campesino y agrario, de los movimientos regionales y ambientales. Delegación del ELN para el Diálogo, Montañas de Colombia, Noviembre 11 de 2012 116.

18-11-2012, Ubicar los alcances de una exitosa mesa de dialogo gobierno insurgencia es muy importante, sin adjudicarle más logros de lo que es posible. Firmar un acuerdo entre las partes, producirá un alivio en la intensidad del conflicto, pero no es la superación de la violencia ni de los grandes problemas que tiene Colombia en materia de desigualdad social, corrupción, desempleo, discriminación social, narcoparamilitarismo, para política, narcotráfico, impunidad violación de los Derechos Humanos etc. De manera reiterada hemos planteado que la paz para Colombia se logra, si se superan las causas que originaron el conflicto, que son de carácter económico, político y social y fue ese estado de cosas lo que produjo el conflicto armado. Otorgarle a la Mesa de Diálogos la magia de resolver esos grandes problemas, es una ilusión que le hace daño al proceso. Alcanzar la paz en Colombia es obra de toda la sociedad, particularmente de las grandes mayorías afectadas por el conflicto social y armado. La sociedad colombiana y la mesa de dialogo entre el gobierno y las guerrillas, tiene un escollo a superar y es la existencia de una minoría guerrerista empotrada en las esferas del poder económico político y militar que no quiere la paz y le pone palos a la rueda. Esta minoría cosecha inmensas fortunas a través de guerra. Mucho del presupuesto para la guerra se va a sus bolsillos, además, su accionar corrupto ilegal y terrorista desde el poder, usa el contexto de la guerra para tener mas poder con lo que llaman “defender la patria y combatir el terrorismo”. Mientras esa retórica atraviesa el país, un inusitado crecimiento del paramilitarismo actúa amparado bajo el eufemismo distractor de “Bandas criminales”, con lo que se quiere hacer creer que es un asunto de delincuencia común, para ocultar los resultados de un arreglo descarado entre el Estado y sus asociados que se llamó “El pacto de Ralito” donde quedó en la mas atroz impunidad el terrible baño de sangre sin antecedentes en la historia de Colombia. Esa patética realidad no puede ocultarse ahora, bajo la sombra de un proceso de paz con la insurgencia, porque la mejor manera de que las cosas se agraven es ocultarlas, porque luego aparecen en toda su crudeza. En este nuevo esfuerzo por la paz de Colombia, no se puede desestimar el pedido justo e indispensable de las víctimas, por la Verdad la Justicia y la Reparación que no es solo asunto del pasado, sino también del presente y del futuro. Es urgente que todas las organizaciones populares y sociales comprendan que son ellas quienes pueden lograr la paz, a través de un esfuerzo denodado, que implica sólida organización y valerosa lucha, donde la unión e identificación de los objetivos por lograr la paz como futuro de la sociedad, sea la base y acción de todas y todos los colombianos que soñamos con un país en democracia, soberanía, justicia y equidad social. Afirmamos que la paz para Colombia está más allá de la mesa de dialogo entre el gobierno y la insurgencia, sin desconocer su importancia lo que nos compromete con ella para que tenga éxito. El ELN es una organización revolucionaria con capacidad y autoridad moral, para aportar en la solución de los grandes problemas sociales del país, por ello no vamos a la mesa de diálogos a negociar nuestro derecho a existir, sino que planteamos que en un acuerdo con el Gobierno, se creen los espacio para trabajar por la paz, de la mano de la sociedad; nuestra existencia en bastas regiones del territorio nacional donde asumimos responsabilidades sociales ante la ausencia real del Estado, confirma nuestras afirmaciones. La paz para Colombia es un esfuerzo amplio y sostenido, por ello divergimos de quienes consideran que en una mesa con el gobierno se supera el conflicto y se alcanza la paz. Distinto es que se diga que ese es un buen comienzo y por ello debemos apostarle 117.

26-11-2012, Sin la acción y participación protagónica de la sociedad y de manera particular de quienes son excluidos del poder oligárquico, no es posible un proceso exitoso para la paz de Colombia. ¿Quién puede ignorar que el conflicto armado en Colombia lo parió el conflicto social? Por ello, el conflicto armado es solo una parte de la profunda crisis que vivimos y para que éste se supere deben resolverse las causas que la originaron. Quienes estamos interesados en asumir la paz como derrotero cierto, no podemos engañar ni marginar las mayorías, con salidas parciales que solo generan confusiones y aumentan su dolor porque al no abordarse las causas u origen del conflicto, todo será paños de agua tibia. Alcanzar la paz en Colombia no se logra solo con firmar un acuerdo; este es importante porque manifiesta una decisión, una expresión de voluntad y compromiso de quienes estamos interesados en dicho esfuerzo. Un acuerdo es similar a colocar la base sobre la que se construirá este complejo proceso que solo podrá edificarse con el decidido concurso de las mayorías y donde en ello nos comprometamos de manera responsable y pública, las partes contendientes durante casi medio siglo de guerra. El gobierno nacional y la insurgencia debemos ponernos de acuerdo, para facilitar y estimular la participación de la sociedad en el proceso de paz porque ello es la esencia de la democracia. No cabe duda que las grandes mayorías son el soberano y sujeto en esta monumental empresa. Hay que trabajar y crear mecanismos donde todos podamos actuar de manera protagónica. El ELN ha planteado la Convención Nacional como escenario de encuentro de la toda la sociedad, otros han planteado una Constituyente de paz, Diálogos nacionales y regionales, otros diálogos pastorales. Creemos necesario consensuar estas y otras propuestas que se presenten y proyectarlas con vocación unitaria. El movimiento político y social y todo el tejido popular debe ser creativo para organizarse y participar del proceso de paz y de los escenarios sociales para la paz. El ELN tiene la disposición y acude de manera responsable al dialogo por la paz que le propuso el Presidente Santos en Octubre del 2012. Sin embargo reitera que cualquier proceso de paz que se inicie, debe contar con la activa y protagónica participación de la sociedad en su más amplia composición para que tenga éxito. Cuando se afirma que deben corregirse los errores de diálogos anteriores entre la insurgencia y el gobierno, uno de esos errores fue la carencia de la expresión popular y social, es ahora la oportunidad de corregirlo. Un proceso de paz sin su participación protagónica y activa, está condenado al fracaso y con modestia y franqueza reiteramos lo definitivo y urgen de su participación en él 118.

3-12-2012, Jefe del ELN, Nicolás Rodríguez, alias 'Gabino' dijo que “nuestra respuesta ha sido positiva y por ello resaltamos nuestra voluntad de paz y disposición para desarrollar los diálogos de paz. La mesa es el mecanismo que permite desarrollar los diálogos, entonces estamos de acuerdo con que se cree esta mesa”. Confiamos en que se logre avanzar en el diálogo con el Gobierno y podría haber unión con las FARC, “consideramos muy interesante que en algún momento nos reuniéramos todos para hablar de paz. Tenemos toda la voluntad para unos diálogos serios, realistas, que aborden las causas del conflicto interno que es de carácter social y armado. Obtener resultados es nuestro interés, pero estos no dependen solo de nosotros. Ha habido otras experiencias y consideramos que esto es un asunto a organizar en los acuerdos que den estabilidad para iniciar el proceso. Creemos que eso contribuye al temor de sectores sociales” 119.

18-12-2012, La mayoría de las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso y un sinnúmero de determinaciones políticas del Ejecutivo, van en sentido opuesto al derecho a la paz de los colombianos y alcanzar una solución política al conflicto social y armado. Aquellas leyes que no han logrado cristalizar, es porque la movilización nacional las ha tumbado, como es el caso de la reforma a la justicia y la reforma de la educación o reforma a la ley 30. Mientras se realizan las conversaciones de paz entre gobierno y FARC y se pide que igual escenario se abra con el ELN, los partidos políticos, empresarios, los grupos que conforman la elite en el poder, guiados de la mano de Juan Manuel Santos, desaten una andanada de políticas que se van constituyendo en palos atravesados en el camino de la paz que, seguramente, tocará derribar con la lucha popular de todos los actores y sujetos políticos democráticos y populares de país. El fuero militar aprobado recientemente es la mayor burla al sentimiento de justicia de todo un pueblo, colocándose por encima de este los privilegios de los militares quienes no responderán por los crímenes cometidos por que se ratifica la impunidad. La mentada reforma tributaria, al decir del gobierno, persigue como objetivo una mayor equidad, estimular el empleo y gravar a los que más tienen ingresos. Reforma que viene siendo cuestionada desde muchos sectores de la vida económica, política y social del país, pues nada aportaría a la brecha de iniquidad social. Nuestro país es uno de los más desiguales del mundo, ocupando el deshonroso séptimo lugar entre 243; somos el segundo país más desigual en América Latina y todos los países llamados emergentes están por encima de Colombia con menor desigualdad. Dicha desigualdad significa que la sociedad colombiana es expresión de abismales diferencias sociales, de un lado, una aguda pobreza en un porcentaje bastante amplio de la población, en el medio una capa de clase media, cada día más empobrecida que mantiene una dura pelea por estabilizarse y en otro extremo de la cartografía social, una delgada capa minoritaria de la sociedad que navega en el privilegio. Esta aguda disparidad pretende ser reducida por el gobierno con una política tributaria sin tocar y afectar los resortes del poder económico que generan la desigualdad social 120.

23-12-2012, La guerrilla del ELN, responde a la carta del 9-11-2012 enviada por la Alianza de Medios y Periodistas por la Paz con Justicia Social, a las guerrillas y al Gobierno colombiano, en la que plantean la construcción de paz con una democracia comunicativa. Hemos recibido con alegría y estudiado con atención su carta y saludamos desde el ELN, la iniciativa que distintos medios de comunicación populares, se proponen desarrollar mediante la conformación de una alianza comunicativa cuyo objetivo es contribuir a la paz con justicia social, generando una cultura política que permita construir democracia y activar la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Queremos decirles que pueden siempre contar con el modesto concurso del ELN, pues entendemos que debe surgir un nuevo ente, porque hay una manipulación mediática desde los grandes medios comunicativos, que poco favorece a que los colombianos y las colombianas, podamos ejercer el derecho de construir la paz. La paz viene siendo tratada, por los grandes medios de comunicación, como un asunto vacío de contenidos político y manifestada como la simple ausencia de confrontación política y militar, sin que se ausculten las causas y motivaciones que dan origen a la guerra en nuestro país. Es indispensable un ente de Medios de Comunicación que brinde los espacios suficientes y de manera permanente, que permita a la ciudadanía reflexionar sobre los grandes problemas sociales, políticos, culturales y territoriales de Colombia, que están inmersos en una situación de confrontación que se acerca a los 50 años; que se habiliten escenarios de tal manera que pueda motivar a la sociedad, en su amplia diversidad, a expresar sus opiniones y caminar en la construcción de un pensamiento colectivo de paz con justicia social. La construcción de la paz hace indispensable que se motive y movilice la participación plena de la sociedad y con ella, prioritariamente la del movimientos social popular, de las victimas, de los actores y sujetos que no han sido escuchados y su voz ha sido apagada y silenciada, sufriendo la exclusión y desconociéndose sus aportes a una solución política que perfile una nación de dignidad y vida. Somos muy precisos en anotar que transitar por los caminos de una solución política a la confrontación social y armada, necesita de una aptitud diferente de todos, porque ella necesita que todos los colombianos y colombianas asumamos y defendamos el derecho y respeto a la palabra y ello implica trabajar por que se abran los espacios y escenarios para que por allí fluyan las distintas apreciaciones sobre la situación y realidad del conflicto, para que desde los escenarios colectivos se vayan perfilando las salidas a la crisis del país. En ello, tenemos que decir, que el ocultamiento a los escenarios populares que se van constituyendo, ha sido una tradición histórica en los sectores de poder que controlan los medios de comunicación. Desde el ELN hemos sido explícitos en que la paz con justicia social se gana, como destino común de la nación, si se estimula el protagonismo de quienes han padecido en carne propia el terrorismo del Estado, la pobreza, la desigualad y la marginalidad y convertido en víctimas por los dueños del poder; para ello es indispensable la existencia de medios de Comunicación alternativos identificados con la tragedia y la profunda urgencia de visibilizarla y superarla. Así la lucha y la verdad por la paz, deberá ser abierta y pública como corresponde a un proceso de paz autentico. Sin democratización de la sociedad no hay paz y en ello ustedes, la alianza conformada, tienen un papel muy significativo, de cara a Colombia y su gente, de pie en el futuro de una nación soberana, de dignidad y buen vivir. Democratizar las comunicaciones y la información, es construir la democracia que requiere Colombia. Comando Central. Nicolás Rodríguez Bautista B. Montañas de Colombia, 23-12-2012 121.

17-1-2012, Comandante Timoleón Jiménez; Señores Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia: Queremos en esta carta reconocer en ustedes los últimos gestos de buena voluntad que han tenido, no sólo al responder positivamente el pedido que en el pasado mes de agosto hiciera el grupo de Mujeres del Mundo por la Paz de Colombia sino los sucesivos mensajes, entre ellos, su cartas del 1º y 27 de diciembre, del 10 de enero de este 2012, en el que reiteran su disposición al diálogo con el gobierno nacional. Registramos con esperanza sus comunicaciones, a pesar del doloroso hecho de la muerte de cuatro compatriotas miembros de la Fuerza Pública que se encontraban cautivos. Este hecho lo hemos lamentado y repudiado con transparencia, conocedores de su intención de liberar ese grupo de personas privadas de su libertad. Que no se haya podido llevar a cabo por tal desenlace, demuestra la gravedad del ascenso, sin pausa, de la confrontación militar, que lo único que arroja es grandes sufrimientos, un hondo desgarramiento y pérdida irreparable en cientos de familias tanto de los combatientes, como de las personas civiles en los entornos sociales de los territorios nacionales y fronterizos donde se comprueban enfrentamientos permanentes y una insoslayable tensión. Al tiempo del mantenimiento de las decisiones militares por encima de las del diálogo, se opaca con el conflicto armado la grave situación social y económica del país, cada vez más calamitosa, como lo reflejan los informes de organismos internacionales que nos sitúan como el tercero con más desigualdad del mundo, sólo superado por Angola y Haití, como ustedes lo reflejan en uno de sus últimos mensajes. Situación agravada por la afección desastrosas consecuencias que las inundaciones y el invierno han causado a millones de colombianos y colombianas. La suma de dolor que genera la encrucijada de múltiples violencias y la devastación económica, social y moral que afecta a las inmensas mayorías, así como la posibilidad de abrir la puerta para alguna aproximación constructiva, nos lleva a concluir y a exigir, de manera urgente, que debe pararse ya la guerra fratricida. En consecuencia, les planteamos las siguientes propuestas: Frente a su decisión de proceder a seis nuevas liberaciones, como fue anunciado hace pocos días, expresamos nuestra disposición total para contribuir al desarrollo de la operación humanitaria que las facilite y garantice, tal y como un grupo de Mujeres del Mundo por la Paz de Colombia ha manifestado. En tal sentido, saludamos y nos alegra profundamente esa decisión, al tiempo que reiteramos nuestro pedido y clamor para que la totalidad de los cautivos en su poder sean puestos en libertad y retornados sanos y salvos a sus familias. Tomar medidas imperiosas en sus filas para que el derecho internacional humanitario se aplique en toda situación y se investiguen infracciones a tal normativa. Adoptar de su parte la decisión encaminada a una tregua bilateral o cese al fuego, de la mayor extensión temporal posible, al menos por noventa (90) días, prorrogables. Esta misma petición la elevamos al Gobierno nacional representado por el Presidente Juan Manuel Santos, y a la organización insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN. Será así el marco adecuado para dar inicio a aproximaciones orientadas a diálogos y acuerdos humanitarios. Sabemos de su voluntad de construir una salida política al largo y profundo conflicto social y armado. Todos esos pasos serán sin duda altamente valorados como signos de disposición para diálogos hacia la paz con justicia, por la sociedad colombiana y la comunidad Internacional. Quedamos a la espera de una pronta, pública y positiva respuesta. Atentamente, Colombianas y Colombianos por la Paz @colombianospaz 122.

17-1-2012, Comandante Nicolás Rodríguez Bautista y Comando Central, Ejército de Liberación Nacional-ELN, Montañas de Colombia, Queremos en esta carta saludarles y expresarles que apreciamos con confianza y esperanza su mensaje al pueblo y a la nación, del pasado 26 de diciembre, en el que reiteran su disposición en la búsqueda del diálogo para la solución política del conflicto social y armado que vive Colombia hace más de medio siglo. Por el valor que damos a toda aproximación para esas posibilidades, les pedimos una respuesta a nuestra última misiva del mes de agosto pasado, en la que les señalábamos elementos de diálogo y encuentro para avanzar tanto en la aplicación del derecho humanitario como en escenarios de resolución negociada. Sabemos de su voluntad para la salida política basada en la búsqueda de la justicia y equidad social, tal y como lo manifestaron en su comunicación a la Cumbre de la CELAC, reconociendo que es un proceso en el que es indispensable que se escuchen los clamores del pueblo y la nación. Expresan ustedes que “No es un acto ni un decreto, es un proceso consensuado, donde las partes nos escuchemos y nos coloquemos de cara a las mayorías, como el sujeto de cambio y de futuro”. Efectivamente, al tiempo del mantenimiento de las decisiones militares por encima de las del diálogo, se opaca con el conflicto armado la grave situación social y económica del país, cada vez más calamitosa, como lo reflejan los informes de organismos internacionales que nos sitúan como el tercero con más desigualdad del mundo, sólo superado por Angola y Haití. Situación agravada por las desastrosas consecuencias que ha generado a millones de colombianos y colombianas las inundaciones y la ola invernal. La suma de dolor que genera la encrucijada de múltiples violencias y la devastación económica, social y moral que afecta a las inmensas mayorías, así como la posibilidad de abrir la puerta para alguna aproximación constructiva, nos lleva a concluir y a exigir, de manera urgente, que debe pararse ya la guerra fratricida. En consecuencia, les planteamos las siguientes propuestas: Tomar medidas imperiosas en sus filas para que el derecho internacional humanitario se aplique en toda situación y se investiguen infracciones a tal normativa. En ese sentido, en esta materia, les pedimos responder a las cuestiones planteadas en nuestra pasada carta del mes de agosto. Adoptar de su parte la decisión encaminada a una tregua bilateral o cese al fuego, de la mayor extensión temporal posible, al menos por noventa (90) días, prorrogables. Esta misma petición la elevamos al Gobierno nacional representado por el presidente Juan Manuel Santos, y a la organización insurgente FARC-EP. Será así el marco adecuado para dar inicio a aproximaciones orientadas a diálogos y acuerdos humanitarios. Sabemos de su voluntad de construir una salida política al largo y profundo conflicto social y armado. Todos esos pasos serán sin duda altamente valorados como signos de disposición para diálogos hacia la paz con justicia, por la sociedad colombiana y la comunidad Internacional. Quedamos a la espera de una pronta, pública y positiva respuesta. Atentamente, Colombianas y Colombianos por la Paz 123.

17-1-2012, Señor Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia, Palacio de Nariño: Mediante esta carta le saludamos atentamente y valoramos sus recientes manifestaciones, entre ellas su mensaje de Navidad, en el que se ha referido a la paz, y la de funcionarios del Gobierno respecto a este derecho de las y los colombianos. Consideramos que esas expresiones son un signo que reconoce el clamor por la paz creciente en sectores de la sociedad colombiana y en la comunidad internacional. La gravedad de la confrontación militar sin pausa, arroja grandes sufrimientos, un hondo desgarramiento y pérdida irreparable en cientos de familias de Colombia. Tanto de los combatientes, como de la población civil en los entornos sociales de los territorios nacionales y fronterizos donde se comprueban enfrentamientos permanentes y una insoslayable tensión. Al tiempo del mantenimiento de las decisiones militares por encima de las del diálogo, se opaca con el conflicto armado la grave situación social y económica del país, cada vez más calamitosa, como lo reflejan los informes de organismos internacionales que nos sitúan como el tercero con más desigualdad del mundo, sólo superado por Angola y Haití, y la grave situación que viven millones de colombianos y colombianas por las graves inundaciones y pérdidas que han padecido. La suma de dolor que genera la encrucijada de múltiples violencias y la devastación económica, social y moral que afecta a las inmensas mayorías, así como la posibilidad de abrir la puerta para alguna aproximación constructiva, nos lleva a concluir y a exigir, de manera urgente, que debe pararse ya la guerra fratricida. Hemos escuchado con gran interés sus recientes declaraciones en las que señala perspectivas de diálogo para la paz. En consecuencia, le planteamos respetuosamente como representante y máxima responsabilidad del Estado, las siguientes propuestas: Frente a la decisión de las FARC-EP de proceder a unas nuevas liberaciones, como fue anunciado el pasado 27 de diciembre, expresamos nuestra disposición total para contribuir al desarrollo de la operación humanitaria que las facilite y garantice, tal y como un grupo de Mujeres del Mundo por la Paz de Colombia lo ha manifestado y ha pedido a dicha organización. En tal sentido, reiteramos nuestra disposición a colaborar para que la totalidad de los cautivos en poder de la guerrilla sean puestos en libertad y retornados sanos y salvos a sus familias. Tomar medidas imperiosas en las filas de las Fuerzas Armadas y de Policía para que el derecho internacional humanitario se aplique en toda situación y se investiguen infracciones a tal normativa. Con este mismo carácter, adoptar medidas para la observancia derivada del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de la salvaguarda de la integridad de las presas y los presos de las FARC, del ELN y del EPL, de las y los presos de conciencia, y de millares de personas acusadas del delito de rebelión por el hecho de defender los derechos humanos, por ejercer un liderazgo social o simplemente por habitar en zonas de conflicto, cuyos derechos hemos conocido en muchas ocasiones se ven violados, de manera permanente, extendida dicha situación en las diversas cárceles del país. Adoptar de su parte la decisión encaminada a una tregua bilateral o cese al fuego, de la mayor extensión temporal posible, al menos por noventa (90) días, prorrogables. Esta misma petición la elevamos a las organizaciones guerrilleras FARC-EP y Ejército de Liberación Nacional, ELN. Será así el marco adecuado para dar inicio a aproximaciones orientadas a diálogos y acuerdos humanitarios. Sabemos que ha expresado su voluntad de construir una salida política al largo y profundo conflicto social y armado. Todos esos pasos serán sin duda altamente valorados como signos de disposición para diálogos hacia la paz con justicia, por la sociedad colombiana y la comunidad Internacional. Quedamos a la espera de una pronta, pública y positiva respuesta. Atentamente, Colombianas y Colombianos por la Paz @ColombianosPaz 124.

30-1-2012, En el debate en el Senado sobre la Ley de Víctimas, el Senador Jorge Enrique Robledo planteó que “serán muchos los desplazados que no volverán a sus predios aunque les sean titulados”, seguirán siendo explotados por quien hoy los explota o por un tercero. Santos se burla a las víctimas ya que “restitución no es lo mismo que retorno”. El artículo 99 dice: “Cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución (…) el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar (…) la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el opositor -que es quien posee el predio- que estuviera desarrollando el proyecto productivo”. Aunque no lo diga un texto redactado para que sea confuso, es obvio que se apunta a “contratos” en los que quien tiene el predio y aparece como dueño de los cultivos le pagará algún tipo de arrendamiento por la tierra a la víctima a la que se le restituyó. El artículo 99 agrega que “cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa -de quien tenga el predio-, el Magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros -es decir, de ninguna manera por parte del desplazado al que se le restituyó la tierra- y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución”. El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al contestar la postura expresada en el debate, le da la razón: “no puede confundirse el derecho al retorno al predio, con la restitución del mismo, porque son derechos independientes, según lo establece el numeral 2 del artículo 73 de la ley 1448 de 2011”. Y cuando agrega que puede ser “conveniente para las partes (…) propiciar (…) un acuerdo entre el propietario restituido y quien esté explotando el predio objeto de la restitución”. Luis Jorge Garay, Director del Equipo Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, concluye: “si el propósito de una política de tierras es lograr la restitución jurídica y material de los predios, permitiendo el ejercicio pleno de la propiedad como garantía de no repetición, no es válido establecer limitantes en las que el propietario restituido tenga que renunciar” 125.

30-1-2012, Piedad Córdoba aseveró que Colombianos y Colombianas por la Paz debatirá la logística de las liberaciones. Propondrá medidas financieras para los operativos debido a que el gobierno de Colombia se ha mostrado renuente a cancelar los costos. Una de las propuestas del grupo humanitario ha sido buscar (por cuenta propia) el apoyo de transporte aéreo, y también se analiza la opción de que los empresarios del país financien la logística para la operación de entrega de los retenidos por el grupo insurgente: “Apelaremos a empresarios y a personas que puedan sufragar los costos en que se deba incurrir para la liberación de quienes son considerados como héroes de la patria”. Una manera más fácil de resolver la logística podría ser la salida a la postura del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, contraria a que sea Brasil el que facilite (como en el pasado) los medios de transporte para la misión humanitaria. “El Gobierno, seguramente, no va a facilitar aeronaves de Brasil ni de ningún país”. La búsqueda de una alternativa a este tropiezo ha estado en manos de la Presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), Marleny Orjuela. Además de la logística para las liberaciones, en la reunión que lleva a CCP, tienen previsto el análisis de la situación de los prisioneros de guerra y presos políticos, así como debatir sobre las agendas de paz. A la cita asisten como invitados el estadounidense Marck Chernik, experto en resolución de conflictos, y el colombiano Carlos Arturo Velandia, de la Escuela de Cultura y Paz de Barcelona (España): asimismo, hay una treintena de miembros del CCP, creado hace más de tres años para promover una salida política al conflicto interno que azota a esta nación suramericana desde hace más de medio siglo 126.

1-2-2012, Piedad Córdoba en el evento de la Coordinadora Humanitaria, liderado por el ex-Presidente Ernesto Samper, ante las expresiones del Presidente Juan Manuel Santos de descartar la posibilidad de que un país amigo sirviera como mediador en la liberación de los seis uniformados que permanecen en poder de las FARC desde hace más de una década y que afirmara que “lo mejor a estas alturas es que no hagan nada, que no se metan, que esperen a que si el día de mañana -como lo hemos dicho tantas veces- se presentan las circunstancias adecuadas, pues ya veremos cómo procederemos”, diferentes personalidades de la vida pública le han advertido que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos. A ellos Santos les envió un mensaje: “Lo más inconveniente es precisamente que comiencen a crear grupos de estudios, grupos de trabajo, a hacer propuestas públicas, porque eso no contribuye sino que, todo lo contrario, genera un ambiente negativo y contraproducente. Se han presentado todo tipo de iniciativas, mandan razones personajes nacionales, personajes internacionales que quieren hacer una propuesta, que quieren crear un grupo, que quieren intervenir”. Sin embargo, las leyes colombianas establecen una serie de mecanismos y entidades creadas con el fin de trabajar en temas de paz. El ejemplo más evidente es el Consejo Nacional de Paz (CNP), creado por la Ley 434 de 1998 con el fin de que, junto con los Consejos Territoriales de Paz y autoridades nacionales, trabajen en el desarrollo de las políticas de paz. El CNP está conformado por el Presidente de la República, autoridades de las ramas Ejecutiva y Legislativa, y los órganos de control, además de representantes de sectores económicos, sociales y políticos. A pesar de que la ley consigna que este Consejo debe reunirse cada dos meses, el Presidente Santos nunca lo ha convocado. Esta es precisamente la razón para que la representante del Polo Democrático Alba Luz Pinilla instaurara una acción de cumplimiento contra el Presidente de la República. “No entendemos cómo este gobierno, por un lado, manda mensajes de reconciliación, reparación y abre la posibilidad de una eventual negociación, y, por otro, se niega a dar voz y a activar un espacio tan importante como es este Consejo, incumpliendo de paso la ley”. Mediante el artículo 66, de la Ley 5 de 1992, se crearon las Comisiones Accidentales de Paz tanto de Senado como de Cámara. Comisiones que desempeñaron un importante papel durante el proceso de diálogo con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana. Y que incluso fueron las primeras entidades en buscar acercamientos con las autodefensas desde el gobierno Samper. El 4 de agosto de 1995, se convocó la Comisión de Conciliación Nacional, que en su momento, fue presidida por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz. Para Samper ha habido una mala interpretación de las palabras del presidente. “Entiendo que lo que ha señalado es la necesidad de que primero se haga la liberación de los secuestrados y luego se empiece a pensar en si hay ambiente para buscar caminos de diálogo de paz. Lo que dice es que la paz es responsabilidad del Presidente, lo cual es obvio, y les ha pedido a los países amigos que no intervengan sino cuando lo solicite el Gobierno Nacional”. Sin embargo, Samper asegura que la paz no es un asunto exclusivo del Gobierno. “La sociedad civil es la que tiene más cabida en esto, porque es la que paga los platos rotos de la violencia. Precisamente en mi gobierno se estableció una Comisión Nacional de Paz para que la sociedad civil tuviera la oportunidad de participar organizada y activamente en estos temas”. El representante y miembro de la Comisión de Paz de la Cámara Iván Cepeda le pidió al Gobierno diferenciar entre “intervenir de manera indebida en gestiones que requieren una alta discreción y que deben ser desarrolladas bajo la conducción del Gobierno Nacional y otra es que los ciudadanos no podamos hablar y sobre todo actuar por la paz”. Para Cepeda la Constitución es muy clara: “La paz no es sólo un derecho, sino un deber de los ciudadanos y, por lo tanto, nada puede impedir que instemos a las personas a que hagan esfuerzos y actúen por la paz”. La ex-Alcaldesa encargada de Bogotá y Presidenta del Polo Democrático, Clara López, sostuvo que las declaraciones de Santos son de un entendimiento demasiado estrecho y deficiente para lo que se requiere en este momento. “Creo que es excluyente, porque la Constitución es diáfana. Pedirles a los países amigos y a todas las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales y políticas, que nos callemos y no hablemos de paz, me parece una profunda equivocación”. La ex-Senadora Piedad Córdoba sostuvo, que la respuesta a las declaraciones de Santos son las movilizaciones civiles encaminadas a buscar la paz. “Un ejemplo es la conformación del Consejo Patriótico Nacional, que ha recibido una asistencia masiva. La gente ya ni oye esas cosas. La paz es un derecho y no sólo para mirarla, sino también para militar en ella. Nosotros tenemos que construirla. Es obvio que los acuerdos políticos se hacen entre el Presidente y la insurgencia, pero la sociedad no puede ni va a estar ausente de esos procesos”. Las organizaciones sociales y de derechos humanos están empeñadas en seguir buscando caminos de paz y hacen un llamado para que la sociedad civil sea protagonista en un eventual proceso de diálogo 127.

26-2-2012, El ser humano, no el capital, debe constituirse en el eje del desarrollo para el país. La agro-ecología es la mejor alternativa ante el saqueo y ante la desertización que la minería a gran escala nos dejaría. Las siguientes son las principales conclusiones del foro: 1- Llamar a todos los quindianos a una gran consulta popular sobre el establecimiento de la minería a gran escala en esta región. La construcción de esta propuesta debe hacerse con todos los habitantes del departamento, tanto en la zona rural como en la urbana, al ser un tipo de emprendimiento que cambiaría para siempre nuestra vocación agrícola y nuestro modo de vida campesino, de pequeña ciudad. 2- Impulsar la creación de las zonas de reserva campesina en el departamento del Quindío. Estas áreas se constituirían en zonas de manejo por parte del campesinado, comunidades negras e indígenas, quienes deben participar en su diagnóstico, la definición de las estrategias y políticas para su manejo y, por supuesto, en la dirección ejecutiva y de control de lo acordado; serían estas comunidades las responsables de su administración, producción y sostenimiento. La agroecología como estrategia de producción consigue no sólo un mejor manejo y uso de los suelos, logra recuperar nuestra soberanía alimentaria. Esta es para nosotros como alianza la mejor alternativa ante el saqueo y ante la desertización que la minería a gran escala nos dejaría. Es inaceptable que en Colombia se tengan que importar anualmente 7.5 millones de toneladas de productos del agro, cuando tenemos más de 51 millones de hectáreas abiertas, diez aptas para la agricultura, muy mal repartidas y pésimamente aprovechadas, pues solamente 4.5 millones de hectáreas están cultivadas. 3- Anular, derogar definitivamente el actual código minero de Colombia y crear la comisión nacional de energía con participación no solo del Estado sino también de los trabajadores del sector minero, representantes y organizaciones civiles de las regiones, organizaciones ambientalistas, etc. Esta comisión planificará la política energética, el aprovechamiento de los recursos minerales y el manejo eficiente y transparente de las regalías para las regiones, el respeto a la biodiversidad y al ambiente. Así se asegura la prosperidad y la verdadera participación de todos en los grandes proyectos productivos que se adelantan en Colombia. 4- Renombrar las zonas de reserva natural o forestal en el departamento del Quindío. Los páramos, los bosques de niebla, los senderos ecológicos, los nacimientos acuíferos, los humedales, las zonas de reserva, etc., deben ser áreas sagradas, orientadas hacia la formación ambiental y la conservación de los recursos naturales. En el departamento del Quindío, la corporación autónoma regional ha nombrado más de cinco áreas de protección y manejo, un promedio de 9.096 hectáreas, y no se tiene claro que va a pasar con estas zonas de manejo especial ante el emplazamiento de grandes megaproyectos en el departamento del Quindío. 5- Evaluar y organizar las funciones de la CRQ como entidad comprometida con el manejo de los recursos naturales del departamento, de una forma eficaz, responsable y transparente. En esta reorganización de la corporación autónoma se debe contar con el elemento ciudadano como ente fiscal o veedor del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Corporación en cuanto al manejo de las capitales naturales en el Quindío. Debe asegurarse y respetarse la función de la CRQ como ente autónomo en la región, no como garante de intereses económicos de las multinacionales o de los consorcios extractivos nacionales. 6- Nacionalizar las empresas de hidrocarburos del país. La exploración, explotación y venta de los recursos minerales debe hacerse por y desde Colombia, generando con ello el verdadero desarrollo que este tipo de industria promete para las regiones. La inversión de capital extranjero debe limitarse a porcentajes mínimos o asesorías tecnológicas que en el ramo de la minería se han desarrollado e implementado mejor en otros países del mundo como Canadá, Japón, Inglaterra, etc. De esta forma impulsamos y dirigimos mejor nuestra propia economía. 7- Construir colectivamente unos nuevos conceptos de desarrollo humano, social y económico para todos, aplicables a nuestra región. Estos deben orientarse más hacia el desarrollo humano y social de los territorios que hacia la modernización de las ciudades y a la expansión irresponsable de las empresas extractivas en el departamento, lo cual deja de lado la búsqueda de soluciones efectivas para los problemas de pobreza, desempleo, drogadicción e inseguridad que afectan al departamento del Quindío. El ser humano, no el capital, debe constituirse en el eje del desarrollo para el país. Hay que pensar en una sociedad educada, atendida y con conciencia ciudadana. 8- Impulsar la educación ambiental, la formación de conciencia ambientalista en todos los centros docentes del país. Si somos el segundo país con la más amplia biodiversidad del mundo, ¿cómo es posible que no contemos con un Ministerio del Medio Ambiente totalmente independiente, responsable del manejo de nuestros recursos naturales? En un país megadiverso como el nuestro la educación ambiental como cátedra debe aplicarse a modo de pilar en la creación de políticas que nos eduquen y nos guíen hacia la conciencia conservacionista que no hemos logrado despertar en todos nosotros. La ignorancia nos condena no sólo a la violencia, sino al despilfarro, al hambre y a la miseria 128.

31-3-2012, Con el homicidio de Manuel Ruiz Torrelosa, integrante del Consejo Comunitario de Curbaradó y Jiguamiandó en Chocó, el 27-3-2012, ya son 17 los líderes asesinados desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos no se cansan de advertir que esta situación se repite. Eso sin contar a los 52 dirigentes campesinos asesinados en los últimos tiempos. Ya es innegable que existe una fuerza empeñada en bloquear la política bandera del gobierno Santos. Primero se hablaba de una reconfiguración del paramilitarismo en aquellos territorios donde mantuvo su influjo, sobre todo después de que el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno Uribe entró en crisis. Luego tomó forma la denominación de bandas criminales (bacrim), asociando la recomposición de estructuras armadas al fenómeno del narcotráfico desdoblado en ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’, ‘Paisas’ o ‘Águilas Negras’, entre otras facciones. Ahora comienza a surgir una nueva amenaza con un nombre que demuestra a las claras hacia dónde apuntan los gatillos: los ‘ejércitos antirrestitución de tierras’ contra la Ley de Víctimas. En el departamento del Cesar fue donde aparecieron las primeras intimidaciones a través de tarjetas fúnebres en sobres de manila firmados por el supuesto grupo armado de antirrestitución de tierras. La misiva llegó a la casa de Fredy Antonio Rodríguez, la persona que lidera el proceso de retorno a las tierras que ocupó la hacienda Bellacruz, en el municipio de Pelaya. Aunque este parecía un pleito saldado, a raíz de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011, 95 familias se unieron para reclamar títulos en la zona. Lo que no se imaginaron es que una vez más la sombra del paramilitarismo llegara a ahuyentar.También fue creciendo el radio de acción de los supuestos ejércitos antirrestitución de tierras, al punto de que se reportaron acciones para amedrentar a los líderes campesinos en los departamentos del Magdalena y La Guajira. En ese momento, como lo resaltó el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, el fenómeno parecía circunscrito a los departamentos de la Costa Atlántica, donde ya existe un alto registro de solicitudes de restitución de tierras que fueron despojadas en la guerra. Sin embargo, el tema se complicó aún más cuando cinco organizaciones no gubernamentales del departamento de Nariño fueron notificadas de que el “grupo antirrestitución” había resuelto declararlas objetivo militar, pues no iban a permitir la entrega de una sola hectárea de tierra. Esta misma amenaza la habían exteriorizado los llamados ‘Rastrojos’, cuya composición cuenta con exintegrantes de las autodefensas. La irrupción de panfletos amenazantes en dos extremos del país, con la misma carga ideológica, demuestran que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras tiene acérrimos enemigos sueltos. El reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, “los mecanismos de encuesta de la sociedad civil dan cuenta de al menos 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas en diversas modalidades, sin contar las tierras de propiedad colectiva”. Con una dificultad aun mayor: el reconocimiento de que el riesgo y la vulnerabilidad de los líderes de procesos de restitución de tierras “son extremadamente altos, habida cuenta de los intereses criminales en los predios objeto de recuperación”. El dominio sobre la tierra fue el botín principal. Y quizá sigue siéndolo. Por eso, los enemigos de la restitución quieren defender lo que ganaron con la misma violencia. Al menos los testimonios de los amenazados así lo indican. “El rearme paramilitar tiene como objetivo defender lo que ganaron con las armas. Y no sólo matando a líderes como quieren hacerlo. También están reclutando abogados para entrabar procesos. La orden es hacer contratos de arrendamiento o echar a andar proyectos agroindustriales antes de cualquier acción judicial para que prevalezca el argumento de la posesión de buena fe”. El Estado y la sociedad no se dan cuenta, pero en pocos meses, en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, van a empezar a quedar libres muchos combatientes rasos de las autodefensas y ya están en marcha planes para que se ubiquen estratégicamente en aquellas zonas donde pueda estar ganando terreno la guerrilla o sus simpatizantes. Que a nadie se le olvide que mucha gente que ha estado presa, en la cárcel hizo un posgrado en delincuencia. Basta que se mire cómo están creciendo las extorsiones desde las cárceles. Las cifras de la Alta Consejería para la Reintegración hablan por sí solas: de 55 mil desmovilizados, 35 mil pertenecieron a las autodefensas. El 7% ha reincidido. 1.074 perdieron los beneficios otorgados por la ley. 1.886 podrían correr la misma suerte. Algunos de los que se mueven afuera eludiendo a la justicia, o bien terminaron en bandas criminales alentando el narcotráfico o están copiando la idea de los ejércitos antirrestitución de tierras. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) aportó recientemente un informe en el cual detalló el drama que está viviendo la asociación campesina de la vereda La Europa, en el municipio de Ovejas, donde los hostigamientos, la inseguridad y el trabajo campesino están siendo perseguidos por gente extraña. El propio Estado ha valorado los riesgos de la población y hay reportes que piden acciones concretas en favor de los derechos humanos. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras significó un importante avance hacia la eventual terminación del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, está claro que una cosa es la letra y otra aplicarla. La prueba es la renuncia del gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, por diferencias con su amigo de vieja data, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Y si eso pasa en el Estado, en el terreno la cosa es más compleja. El paramilitarismo no ha muerto, la guerrilla está viva y los líderes campesinos siguen poniendo la cuota de sangre. El representante a la Cámara Guillermo Rivera, quien obró como ponente de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reveló que desde que empezó a discutirse el articulado ya van 17 líderes campesinos asesinados. Por tal razón, instó al Gobierno y a la sociedad a hacer un frente común para superar la indiferencia en estos caos. Rivera manifestó que el mayor dilema consiste en que de continuar esta situación, la ley se va a volver inviable y las víctimas nunca van a obtener una reparación o a conseguir una justa retribución por el patrimonio del que fueron despojados. Por eso propuso una acción concreta de las autoridades para salvar el proceso 129.

3-4-2012, El Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien participó en el proceso de liberación del cabo Moncayo, pide que las FARC sigan dando muestras de paz, para al fin sentarnos a dialogar. Aconsejó que para negociar, el ser humano necesita sentirse entre pares en una mesa, entre iguales sin juzgarse de lado y lado, con misericordia y con la idea de que su palabra vale. La liberación de los 10 uniformados no es un favor de las FARC, sino que ellos tenían que hacerlo hace rato. Reconozco el esfuerzo pero no es favor, hay que plantear que no podemos dejar olvidados a los civiles que todavía están secuestrados y una vez los entreguen a todos con la promesa de no volver a hacer extorsión ni secuestro, podremos sentarnos en mesas de paz. El país necesita espacios de aire nuevo. Es un pueblo que se deprime sin esperanza y esto da una enorme satisfacción, hace cargar nuestros esfuerzos para continuar la lucha de paz, para trabajar por una salida. Que este sea un momento para que todos nos dispongamos a eso y decirle a las FARC que es el momento para que sigan mandando muestras definitivas de paz y sin odios relaciones y mucha reconciliación y perdón sin eso no habrá paz nunca. Respecto del dicho del Presidente que el manejo de la paz le corresponde exclusivamente a él, yo creo que todos podemos opinar, todos podemos ofrecer nuestros buenos servicios y oficios, pero sí debe haber una cabeza que coordine los procesos. Que escuche a todos, que se valga de los buenos oficios de los que se necesiten en cada momento, pero que lo coordine él de lo contrario se vuelve un caos 130.

6-4-2012, Según Gloria Gómez, Directora de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), para los familiares de los desaparecidos, la liberación de 10 uniformados les generó sentimientos encontrados. Sus familiares seguían sin regresar a casa, pero una oportunidad se abría para ellos, la de que la sociedad por fin mirara hacia los desaparecidos. Mientras los cuatro militares y seis policías volvían a sus hogares, la ex-Congresista Piedad Córdoba aseguraba: “Ahora vamos por los desaparecidos”. Y un halo de esperanza se abría para los personajes invisibles de un drama de más de 30 años. “La sociedad y el Estado nos han dado la espalda, nos han invisibilizado”. Recuerda que durante una de las primeras manifestaciones a las que asistió para pedir por los desaparecidos, una persona se le acercó y le dijo que por qué era tan loca. La gente prefiere no escuchar sus historias, hacer como que ese drama no existe. Esto a pesar de que en Colombia hay 61.404 desaparecidos que no han regresado a sus casas y que cualquiera de nosotros podría un día no volver. “La sociedad es parte de la impunidad” 131.

23-4-2012, Más 1700 organizaciones forman el Movimiento Político Marcha Patriótica: Declaración política: 1. Con convicción y firmeza, partiendo de los más distantes puntos de la geografía nacional ha confluido en la ciudad de Bogotá la Marcha de la Esperanza, la Alegría y la Dignidad. Desde las sierras, los llanos, el piedemonte y la costa, nos hemos dado cita más 1700 organizaciones que con espíritu deliberativo y constructivo hoy avanzamos un paso más en la edificación de la Segunda y Definitiva Independencia. En la más profunda hermandad y solidaridad de los pueblos que luchan por soberanía y autodeterminación, delegados y delegadas de América Latina, Europa, Australia y Norte América, han acompañado solidariamente la realización del Consejo Patriótico Nacional, que de manera decidida declara: 2. Anunciamos a las gentes del común y al pueblo colombiano, en general, así como a la comunidad internacional, que durante los días 21 y 22 de abril de 2012 nos hemos encontrado para constituir el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, con el propósito de contribuir a producir el cambio político que requiere nuestro país, superando la hegemonía impuesta por las clases dominantes, avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad y al logro de la segunda y definitiva independencia. Precisamente en momentos en los que el capitalismo se encuentra en una de sus más grandes crisis, mostrando sus cada vez más evidentes límites históricos. 3. Marcha es el lugar de encuentro de múltiples procesos de organización, resistencia y lucha que han decidido hacer suyo el ejercicio de la política y aspira a ser una expresión organizada del movimiento real de las resistencias y luchas de las gentes del común y de los sectores sociales y populares que cotidianamente en todos los rincones del país, en forma heroica y pese a las adversidades, actúan por una patria grande, digna y soberana. 4. Pese a que el gobierno de Santos se ha empeñado en aparecer como renovador y modernizante, en Marcha consideramos que éste es representativo de una continuidad en el proyecto hegemónico y de intentos de reacomodos en el bloque en el poder precisamente para garantizar esa continuidad. Sin dejar de percibir conflictos y diferencias entre las facciones que conforman dicho bloque, promovidos por los sectores más guerreristas y ultraderechistas, ligados al narcoparamilitarismo, no se aprecia -más allá de la retórica- el surgimiento de nuevas condiciones que permitan afirmar que se está en camino de superar las estructuras autoritarias, criminales, mafiosas y corruptas que caracterizan el régimen político colombiano. Tendencias recientes de los desarrollos legislativos en diversos campos parecen más bien reforzar el manto de impunidad que ha prevalecido en el país, buscan institucionalizar el ejercicio de la violencia contra la población, al tiempo que pretenden perseguir y criminalizar la protesta y la movilización social. 5. El gobierno de Santos ha venido profundizando el proceso de neoliberalización de la economía y de la sociedad iniciado hace más de dos décadas. Ese continuismo favorece esencialmente al capital financiero transnacional y a los grandes grupos económicos que, pensando exclusivamente en su afán de lucro, han impuesto un modelo económico empobrecedor. Tal modelo ha desindustrializado el país, sumido la producción agrícola y, en especial, la producción de alimentos en una profunda crisis, propiciado una terciarización precaria, estimulado al extremo la especulación financiera y promovido -sobre todo durante la última década- la explotación intensiva de nuestra riqueza en hidrocarburos, minerales y fuentes de agua, acompañándola de la producción de agrocombustibles, de explotación forestal y de megaproyectos infraestructurales. En desarrollo de este modelo, se ha diseñado todo un andamiaje jurídico-institucional y militar para proteger los intereses del gran capital, el cual se ha venido perfeccionando durante el actual gobierno a través de múltiples reformas de alcance constitucional y legal. La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y de otros tratados de similar contenido es una buena manifestación de ello. 6. Este modelo económico ha conducido a una creciente degradación de la soberanía, a una mayor concentración y centralización de la riqueza, a la desigualdad social en aumento, a la precarización y pauperización del trabajo, a la depredación socioambiental, así como a la continua apropiación de riqueza social y de los frutos del trabajo mediante el despojo y el desplazamiento forzado de la población. También ha propiciado una mercantilización extrema y profunda de toda la vida social. Asimismo, se ha constituido en fuente de apropiación de dineros públicos, mediante el despliegue generalizado de estructuras corruptas. 7. En Marcha Patriótica señalamos la necesidad de producir un cambio político en el país que siente las bases para la derrota del actual bloque hegemónico de poder y genere las condiciones para las transformaciones estructurales económicas, políticas, sociales y culturales que demandan las gentes del común y el pueblo colombiano en general. Marcha pone su acumulado y sus proyecciones al servicio de ese propósito, llama a la más amplia unidad del pueblo colombiano y, en especial, a los diferentes procesos sociales y populares existentes tales como el Polo Democrático Alternativo y otros partidos y organizaciones políticas de la izquierda, el Congreso de los Pueblos, la Minga Social e Indígena, la Coordinadora Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas, el COMOSOC, la MANE, así como a las demás fuerzas políticas, económicas y sociales que así lo consideren, a la construcción de acuerdos programáticos que permitan avanzar hacia la superación del modo de vida y de producción imperante en el país, a la transformación estructural del Estado, de la economía y de la cultura. 8. En Marcha Patriótica manifestamos la decisión política de luchar por un nuevo modelo económico, de Estado y de sociedad, que posibilite la transformación estructural del modo de vida y de producción, permita garantizar y materializar los derechos humanos integrales, dignificar y humanizar el trabajo, reparar integralmente a las víctimas de la violencia y terror estatal y paramilitar, organizar democráticamente el territorio, realizar reformas agraria y urbana integrales, emprender las correspondientes transformaciones socioculturales, dignificar el arte y la cultura, luchar por un nuevo orden internacional basado en los principios de la soberanía, la no intervención, la autodeterminación y el internacionalismo de los pueblos y contribuir a la integración de Nuestra América. Todo ello, en dirección a la construcción de un proyecto alternativo que supere la prevaleciente organización capitalista de la sociedad. Marcha Patriótica se compromete al desarrollo de su plataforma programática con la más amplia participación de las gentes del común y, en general, de los sectores sociales y populares. Para lograr ello, llevará a cabo los Cabildos abiertos. 9. En la coyuntura actual, en atención a las dinámicas de las luchas, así como a las tendencias de política gubernamental en curso, Marcha Patriótica considera de vital importancia y de suma urgencia lograr acuerdos entre los diferentes procesos políticos y organizativos del campo popular, así como con las demás fuerzas políticas económicas y sociales interesadas, para enfrentar en lo inmediato y construir alternativas relacionadas con la política de tierras, la defensa del territorio, la reivindicación del trabajo, la educación superior, la salud y la seguridad social y los tratados de libre comercio, entre otros. En todos los casos se trata de juntar esfuerzos y de avanzar en la construcción de acumulados hacia la movilización como principal vía del accionar colectivo y tendientes a la realización de un gran Paro Cívico Nacional. 10. Pese a una retórica gubernamental que con alguna intermitencia señala considerar la necesidad de la paz para nuestro país, todo indica que tal propósito es concebido en términos de una solución militar, a la que presionan, además, en forma continua y con persistencia, los sectores militaristas y de ultraderecha. La actual política contrainsurgente se fundamenta en un creciente intervencionismo militar extranjero con el que, además de pretender inducir un cambio en el balance estratégico de la guerra, se responde a los intereses geopolíticos y económicos del imperialismo estadounidense para garantizar el acceso a recursos estratégicos, proteger las inversiones trasnacionales y contener cualquier amenaza frente a esos propósitos, sea ésta de movimientos sociales o insurgentes, o de Estados soberanos en la región. 11. La política de la solución militar encuentra su actual expresión en la Plan Espada de Honor, que se une a otras experiencias del pasado reciente, inscritas todas ellas dentro del Plan Colombia y sus diferentes fases de ejecución. Con ella se busca la rendición y la desmovilización de la insurgencia. La experiencia de nuestro país durante los últimos cincuenta años enseña, no obstante, que propósitos similares no han sido más que empresas fallidas, que le han terminado imprimiendo nuevas dinámicas y formas de expresión a la confrontación. Y no puede ser de otra manera, dadas las raíces históricas y la naturaleza política, económica y social del conflicto colombiano, así como la dinámica específica de una guerra irregular y asimétrica. 12. Una prolongación indefinida del conflicto social y armado, además de lo que ello representa en términos del sufrimiento de la población y del continuo aumento de los gastos para la guerra que bien pudieran ser destinados para atender las necesidades de las gentes del común, conduce a la peligrosa militarización de la vida política, económica, social y cultural. Marcha Patriótica manifiesta su compromiso ético y político con la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado. En consideración a que ésta debe ser apropiada socialmente, Marcha manifiesta su decisión de impulsar procesos constituyentes regionales y locales por la solución política y la paz con justicia social, tendientes hacia la realización de una Asamblea Nacional. Asimismo, propone a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales aunar esfuerzos para transitar caminos que permitan hacer realidad los anhelos de paz de las gentes del común y del pueblo colombiano en general. Ello podría tener una expresión inicial en la realización de un encuentro nacional por la solución política y la paz con justicia social. 13. Marcha presenta su saludo solidario a todas las movilizaciones, resistencias y luchas populares; manifiesta su compromiso de acompañarlas, hacerlas suyas y participar activamente en ellas. Saluda igualmente a todos los hombres y mujeres que, en campos y ciudades, entregan lo mejor de sus vidas para contribuir al buen vivir de las clases subalternas, oprimidas y explotadas. Llama la atención sobre la situación de los prisioneros de guerra y manifiesta su solidaridad con los prisioneros políticos y de conciencia. Asimismo, declara su vocación internacionalista y su irrestricto apoyo a todos los luchadores y luchadoras que en el mundo y en Nuestra América buscan la superación del modo de vida y de producción impuesto por el capitalismo. En Marcha hemos llegado las y los patriotas para afirmar la existencia de sueños colectivos; para trazar rutas de dignidad; para abrir puertas de esperanzas realizables. Siguiendo el legado de las y los libertadores de la Primera Independencia y de los luchadores populares de las resistencias en nuestra nación, somos participes de este nuevo capítulo en la historia que habrá de forjarse en la más amplia unidad popular. Salimos convencidos y convencías que el sueño no solamente existe, sino que se hace realizable en el trabajo colectivo de cada organización y en la propuesta colectiva que seguimos construyendo. Entregamos al país este aporte de esperanza decidida, invitando a marchar, a caminar, a luchar y a construir 132.

23-4-2012, Las organizaciones sociales, populares y políticas de campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores, barriales, culturales y en general, compuestas por miles de hombres y mujeres explotados de este país, que desde el 20-7-2010 nos articulamos y organizamos en la Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia. Convocamos: Al conjunto del pueblo colombiano, a sus organizaciones, a todas aquellas personas que en nuestro país y en todas las latitudes del mundo comparten con nosotros este anhelo de transformación, de verdadera democracia, de paz con justicia social, en síntesis, a todos y todas aquellas que comparten los sueños y propuestas planteados en la proclama por la segunda y definitiva independencia. Fruto de la voluntad popular y soberana de miles de mujeres y hombres de nuestro país, al Lanzamiento del Movimiento Político Marcha Patriótica y Constitución de su Consejo Patriótico Nacional, una propuesta de organización eminentemente política, social y democrática, profundamente comprometida en la defensa de la causa popular y de las reivindicaciones de los sectores menos favorecidos de la sociedad o afectados por las políticas neoliberales del Estado; un movimiento que dinamice la variedad de formas de organización y movilizaciones existentes en cualquier región de Colombia, que crezca y se fortalezca, hasta convertirse en una verdadera alternativa de cambio democrático para todo el pueblo colombiano. El Lanzamiento del Movimiento Político Marcha Patriótica y la Constitución de su Consejo Patriótico Nacional se da en medio de un importante y vigoroso aumento de la movilización social y popular no sólo en nuestro país sino también en diferentes latitudes del mundo, contra la crisis del capitalismo y por la generación de alternativas verdaderamente democráticas que posibiliten la existencia de sociedades justas y dignas. Unas vez más el capitalismo ha entrado en crisis demostrando su incapacidad estructural de resolver los problemas materiales mínimos de las mayorías, además de su ya probada esencia depredadora, que pone cada vez más en cuestión la existencia misma de nuestro planeta. En esta ocasión la crisis tiene su centro en la financiarización promovida por el modelo neoliberal, la cual pone como eje principal de la economía y por qué no decirlo, de nuestras sociedades, al sistema financiero, caracterizado por ser fundamentalmente especulador y parasitario, afectando la producción real de riqueza y generando acumulación para una ínfima minoría sobre la base de la negociación por parte de estos pocos, de los bienes y el bienestar del conjunto de nuestros pueblos. Frente a esta crisis las clases poseedoras en el gobierno de la mayoría de los países del mundo, han salido presurosos a salvar a los bancos y al conjunto del sistema financiero, mientras que le imponen a las grandes mayorías los costos de la crisis, a través de fuertes recortes a la inversión social por parte de los Estados, promoviendo nuevas olas de privatización de la salud, la educación, el ordenamiento territorial y de mayor precarización de los derechos de los trabajadores, todo esto por su puesto acompañado de fuertes dosis de represión y de cinismo contra los reales afectados por estas medidas. Ante este panorama, la digna movilización no se ha hecho esperar en todas latitudes del mundo, en el Magreb, en la beligerante resistencia del pueblo griego, en el paro que muestra un resurgir de la histórica clase obrera inglesa, en el grito de “democracia real ya” de miles de Indignados en España, en los miles de estudiantes que contra el modelo neoliberal vuelven a colmar las grandes alamedas de Allende en Chile, demostrando en la práctica que “la historia es nuestra y la hacen los pueblos” y por supuesto, la lucha singular que muchos norteamericanos vienen dando en Wall Street. En Colombia valerosamente a pesar de tanta muerte y oprobio por parte del régimen, asistimos a una importante reactivación del movimiento social y popular contra las manifestaciones de la crisis en nuestro país, la profundización del modelo neoliberal con su necesario componente de guerra, adelantado por Juan Manuel Santos y por la recuperación de los derechos más mínimos de nuestro pueblo. Parte activa y muy importante de la reactivación del movimiento social y popular, es nuestro proceso de Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia, heredero y continuador de la gesta independentista, democratizadora y soberana, emprendida por Bolívar, Nariño, José Antonio Galán, Benkos Biojó, Policarpa Salavarrieta, Manuela Beltrán y miles de hombres y mujeres que a lo largo de estos más de 200 años han ofrendado su vida en la consecución de tan altos propósitos. Nuestro proceso ha significado el encuentro y la articulación de campesinos, estudiantes, indígenas, trabajadores, organizaciones barriales, personalidades democráticas y expresiones de todos los sectores sociales, construyendo una propuesta alternativa de país, invocando la soberanía directa del pueblo a través de los cabildos abiertos, retomando la movilización y las calles como elemento indispensable para la transformación, con vocación unitaria y reafirmando día a día la importancia de la organización popular, todo esto con miras a conquistar para el pueblo su participación decisoria en el gobierno de la patria, elemento que hoy se constituye en el principal motivo de la conformación de nuestro Consejo Patriótico Nacional. El gobierno de Santos ha significado la apuesta de las clases dominantes por la recomposición del régimen político colombiano fundamental para la perpetuación de sus intereses, régimen ciertamente maltrecho en algunos elementos importantes después de los ocho años del gobierno anterior. Dicho fin se ha logrado con relativo éxito a través de la llamada Unidad Nacional, verdadero pacto de élites, que con el mayor descaro ha repartido los puestos y los recursos del Estado como verdadero botín pirata, con el fin de comprar cualquier tipo de oposición garantizando el unanimismo al interior del congreso y la mayoría de los partidos políticos, asegurando la implementación de la profundización del modelo neoliberal, principal objetivo de este gobierno. La Cultura no es como nos han querido hacer creer, un lujo de unos cuantos iniciados o, unas actividades masivas de entretenimiento. Es una necesidad vital del pueblo y de las personas, un asunto fundacional de la política por cuanto tiene que ver con nuestra manera de ser y de habitar el mundo, con nuestro sentido de memoria y de pertenencia, con nuestra capacidad de prefigurar el porvenir. Y por lo tanto, con la voluntad de actuar en el ¡aquí y ahora! Amilkar Cabral, un poeta africano, decía que la Cultura está hecha de la capacidad que tienen los pueblos de responder a las crisis. Nosotros, a la vez que reconocemos la crisis, vemos, en la búsqueda de su salida, una gran oportunidad de cambio. La Cultura es el puente entre la memoria heredada de las tradiciones y la decisión colectiva y personal presente de luchar para que otro mundo sea posible. La configuración de la Marcha Patriótica como movimiento político, no significa la disolución de las organizaciones políticas, sociales y populares que la componen, ni mucho menos que estas se alejen de su acciones, reivindicaciones sectoriales; por el contrario, significa la constitución de un movimiento de movimientos, que potencie mucho más la actual reactivación de la movilización y articule las luchas de cada sector y las proyecte a la disputa estratégica por un modelo de país y de sociedad. Para dicha tarea resulta indispensable y determinante, disputar el poder político del gobierno y del Estado a las actuales clases dominantes, que han llevado al país a ocupar el vergonzoso segundo lugar entre los países más desiguales de América y el tercero en el mundo. Nuestro país necesita urgentemente un movimiento político compuesto en su carne, hueso y razón, por las luchas y organizaciones sociales, populares, intelectuales y sectores democráticos, que tenga como principios transversales, el trabajo de base, la movilización, la organización y la unidad del pueblo colombiano, y el profundo compromiso de defender los intereses populares y de las mayorías nacionales, para que puede lograr la sinergia emancipadora entre las luchas sociales, las reivindicaciones y la disputa del poder político para ponerlo al servicio de todos los colombianos y no de una élite oligárquica 133.

14-5-2012, Crece la tesis de que se le estaría entregando un cheque en blanco al Gobierno para hacer negociaciones de paz sin que sean reglamentadas por el Congreso. Las críticas de las organizaciones internacionales, la preocupación por la posibilidad de que se presenten casos de impunidad de forma sistemática, los intereses políticos y hasta los celos entre parlamentarios son los motivos que tienen a la reforma constitucional, denominada como marco legal para la paz, cerca de naufragar en su trámite legislativo. El marco legal para la paz es una de las prioridades del Gobierno, pues con la aprobación de esta norma el Presidente Juan Manuel Santos recibiría del Congreso lo que él mismo ha denominado como las llaves para la paz, que son, en síntesis, las bases jurídicas para iniciar diálogos con grupos armados y lograr una salida negociada al conflicto. El Representante Obed Zuluaga, es autor de una proposición de archivo, con el argumento de que “le estamos firmando un cheque en blanco al Gobierno y de una vez la escritura de liquidación del Congreso, porque en cualquier momento van a reglamentar un proceso de paz quitándonos estas funciones”. El Representante Alfredo Bocanegra afirmó que “los desarrollos legislativos deben estar en manos del Congreso, no podemos permitir que mutilen sus funciones para que de la noche a la mañana se haga una negociación a espaldas del país, con unos protagonistas que tienen muchas ganas de aparecer en los medios y conseguir dividendos políticos”. Gómez Martínez advierte que “se está partiendo de la base de que la paz va a surgir de la impunidad y sólo puede hacerlo de la justicia. Esta reforma plantea que el Estado pueda suspender la acción legal contra personas que hayan cometido crímenes atroces, así los delincuentes quedarán impunes y con garantías políticas plenas”. La ex-Ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez también la considera inconveniente y propone su archivo, al señalar que “si hay conversaciones y negociaciones, cuando ya se hayan puesto puntos claros sobre la mesa, en ese momento el Congreso podrá abordar el tema de cara al país. Como está sucediendo no es claro, transparente ni conveniente” 134.

14-6-2012, El Congreso de la República aprobó el marco legal para la paz, en último debate en la plenaria del Senado. Según la reforma constitucional, el Presidente de la República tiene las herramientas jurídicas para futuras negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley. El autor del proyecto, Senador Roy Leonardo Barreras, dijo: “es un instrumento que autorizará al Presidente de la República para que si las condiciones del país mejoran pueda plantear la posibilidad de una desmovilización masiva y total de los grupos armados ilegales para alcanzar por fin la paz. No es un instrumento de impunidad, no le rebaja un día de cárcel a nadie, ni le regala beneficios a nadie… hoy desafortunadamente no hay condiciones para la paz, hoy lo que todos los colombianos sabemos es que se necesita mano dura del Estado para combatir a los violentos”. La nueva enmienda constitucional advierte que “si los violentos algún día dejan de serlo por apostarle a la democracia, encontrarán un instrumento jurídico constitucional que les permita desmovilizarse, apostarle a la democracia y a la paz, y cambiar las balas por la palabra. Si deciden seguir siendo secuestradores y terroristas pues seguimos en lo que estamos con la confrontación militar y policial”. La reforma “no es indulto, no es amnistía y es falso que se vayan a elegir los autores de crímenes atroces (…) no es cierto que vaya a salir de la cárcel los guerrilleros autores de crímenes execrables; no se le dará curul a ‘Timochenko’. Impunidad es lo que hay hoy porque actualmente en Justicia y Paz hay en curso 340 mil delitos y sólo se han dado dos condenas toda vez que no hay manera de seleccionar los casos más graves”. El marco para la paz permite aplicación de justicia porque se seleccionan los casos más graves y permite que las víctimas al fin tengan derecho a la verdad. El Senador Juan Lozano Ramírez, Presidente de La U, incluyó una idea que deja claro que no será conexo al delito político, los crímenes de lesa humanidad: “No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos. El proyecto de Acto Legislativo del Marco Legal para la Paz: Incluye un artículo transitorio en la Constitución Nacional que establece instrumentos jurídicos de justicia transicional, los cuales tendrán carácter excepcional para facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos. Sus instrumentos, judiciales o extrajudiciales, garantizan los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos complementarios de carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

El Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante Ley Estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. El Congreso podrá determinar los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; y la posibilidad de autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de los casos no seleccionados. La aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en hostilidades se limitará a desmovilizaciones colectivas en el marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual de conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional. En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a quienes no sean parte en el conflicto, ni a aquellos desmovilizados que sigan delinquiendo. La suscripción de cualquier acuerdo de paz requerirá la liberación previa de los secuestrados en poder del grupo armado al margen de la ley 135.

1-7-2012, El 5-7-2012 el ex-Presidente Uribe, el ex-Ministro Fernando Londoño y el ex-Consejero presidencial José Obdulio Gaviria presentarán en público el llamado “Frente contra el Terrorismo”, una acción que, aunque sus inspiradores no lo asuman de manera tan expresa, tiene claros objetivos políticos. El “manifiesto” de esta cruzada está marcado por fundamentos ideológicos. El Centro de Pensamiento Primero Colombia ha sido el animador de esa idea; también ha estado Fernando Londoño, y el ex-Presidente Uribe acogió la propuesta. Hemos hablado con sectores de los gremios, de la academia y actores sociales, que inmediatamente respondieron positivamente. Lo que se está haciendo es convocar a todos los sectores políticos en contra del terrorismo. Estamos abocados a un peligro evidente, están fabricando bombas lapa en Bogotá, como si fuese producción industrial, y el lenguaje del Gobierno es amistoso y apaciguador frente al terrorismo. El ex-Presidente Uribe es el orientador de esa corriente de pensamiento. El manifiesto de la cruzada antiterrorista: “Los terroristas son delincuentes; no delincuentes políticos (...), por haber cometido crímenes, se autoexcluyeron del derecho a ser elegidos, aún si se desmovilizaren voluntariamente (...). Con ellos (los terroristas) no puede haber diálogo político sino acuerdos de desmovilización (...). El verdadero marco jurídico para la paz es el respeto de la Constitución. Predicar una política de apaciguamiento con los terroristas es evadir las obligaciones constitucionales que ordenan al Estado ejercer con firmeza el monopolio de la fuerza” 136.

8-7-2012, Carta abierta del pueblo ACIN a la opinión pública, guerrillas y gobierno nacional: Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra casa. Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en nuestros territorios. Mas de 400 tomas guerrilleras en Toribio, más los muertos, heridos, desplazados, viviendas destruidas, campos minados, cosechas perdidas, estudiantes sin clases, dolor, impunidad, tristezas, huérfanos, viudas, amenazas, señalamientos y toda clase de atropellos que van contra la vida, las normas, la dignidad y la justicia; son motivos suficientes para decir no más guerra, no más grupos y ejércitos armados sea quien sea, no más atropellos, no más irrespeto, no más violaciones, no más invasiones a nuestros territorios. Déjenos tranquilos, déjenos en paz señores de la guerra, es la exigencia, que las comunidades y autoridades indígenas del Pueblo Nasa, determinan en clave de Mandato a los grupos y ejércitos armados que combaten en medio de la población desde hace más de ocho días en el municipio de Toribio - Cauca. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando como nos matan y destruyen nuestros territorios, comunidades, planes de vida y nuestro proceso organizativo, por esto, enraizados en la palabra, la razón, el respeto y la dignidad, iniciamos caminar en grupos hasta donde están atrincherados los grupos y ejércitos armados, para decirles frente a frente, que en el marco de la autonomía que nos asiste, les exigimos que se vayan, que no los queremos, que nos cansamos de la muerte, que están equivocados, que nos dejen vivir en paz. Empezamos hoy en Toribio, pero la gente se esta alistando para moverse de manera pacifica en todo territorio que este intervenido y hagan presencia los grupos y ejércitos armados. La idea es que las jornadas se desarrollen de manera alterna en todas las comunidades. Evaluamos la resistencia en Toribio y accionamos nuevamente si es necesario hasta armonizar todo el territorio. Como es una acción riesgosa dado el contexto que se presenta, exhortamos a la fuerza pública y a la guerrilla acantonada en la región para que detengan los operativos militares a fin de evitar riesgos a la gente que recorre las veredas, bases y campamentos militares. Dado que Toribio es uno de los resguardos que cuentan con Medidas Cautelares emitidas por la CIDH desde el pasado mes de septiembre, la ACIN y las autoridades indígenas, responsabilizan al gobierno nacional y a las comandancias de la guerrilla de las FARC sobre lo que le suceda a la gente dado que nunca se ha tenido una respuesta de protección adecuada y no se acato las medidas solicitadas por la CIDH. Cxhab Wala Kiwe - Territorio del Gran Pueblo. Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, Acin-Cxhab Wala Kiwe. Santander de Quilichao Cauca, julio 08 de 2012 137.

11-7-2012, Fracasó el intento de conciliar con los indígenas caucanos que expulsaron a la Policía de Toribío, pues le dieron un portazo al Jefe de Estado Santos, quien dijo que no desmilitarizará y las FARC siguen en la zona. Los indígenas Nasa de la región se negaron a reunirse con el Presidente, en cambio le hicieron llegar a él y todo su gabinete copia de una propuesta de tres puntos: 1) reconocer a la guardia indígena como la encargada del control territorial; 2) propender para que el norte del Cauca se convierta en una zona de paz; y 3) que reconozcan los territorios ancestrales y autónomos. Los hechos de violencia en el Cauca no son un fenómeno nuevo y mucho menos aislado, años atrás la región se convirtió en trinchera de organizaciones guerrilleras, paramilitares, bandas emergentes y carteles de drogas que se dividen en cada uno de los eslabones del negocio del narcotráfico, que encuentra en el departamento una de las principales rutas de salida. Con este panorama y el reforzamiento de la presencia de la Fuerza Pública en la región, los indígenas Nasa han sido las principales víctimas del fuego cruzado. Feliciano Valencia, uno de los líderes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) dijo “Aquí han llegado el mandatario y sus ministros sin ser convocados por las autoridades indígenas. Pero han venido a reunirse para debatir sobre asuntos internos de su gobierno, no a escucharnos a las comunidades. Entonces no nos va a dedicar tiempo, en consecuencia nuestra decisión es que hable con toda la comunidad, porque nosotros no nos vamos a hacer tomar la foto a su lado para legitimar lo que vino a hacer”. La visita del gobierno deja un balance negativo porque la comunidad no tuvo participación en la discusión de los problemas de orden público y seguridad del departamento 138.

15-7-2012, Indígenas y campesinos de la región del Cauca, en el sudoeste de Colombia, se enfrentaron con soldados luego de que un efectivo fuera levantado y retirado en andas de su lugar de consigna, en un gesto simbólico del reclamo que hacen para que liberen su región. Centenares de aborígenes desmontaron trincheras levantadas por policías y militares en la región, con el argumento de que su presencia incentiva ataques guerrilleros. Feliciano Valencia, miembro de la comunidad Paez, explicó que “la intención no es agredir a nadie, sino decirles con la razón que nos asiste que nos cansamos de la guerra y no aguantamos más”. El Gobernador del cabildo indígena de Corinto, Héctor Vircué señaló que “Es falso que estemos infiltrados por la guerrilla”. Aunque es cierto que algunos nativos se enrolaron en la insurgencia, “en términos generales no puede decir que la comunidad esté de acuerdo con ese grupo y que prueba de ello es que la movilización pretende excluir a la guerrilla” de ese territorio. “No estamos intentando revertir el orden constitucional, sino garantizar el derecho a la vida. Igual estamos esperando a que el gobierno quiera iniciar un diálogo serio con nuestros pueblos”. Frente a la negativa del Presidente Santos de ordenarla salida de la fuerza pública de ninguna zona del país, los indígenas invitaron a Cauca al ex juez español Baltasar Garzón, que se desempeña en Colombia como asesor de la OEA en temas de derechos humanos, para explicarle la situación. Los líderes paeces afirman que la guardia indígena, conformada por cerca de 10 mil miembros que usan un bastón de mando como arma, puede hacerse cargo de la seguridad en la zona 139.

20-7-2012, 15 mil campesinos e indígenas exige, como poder constituyente, la paz y justicia social para el departamento del Putumayo. Como en el Cáuca, está en curso una gigantesca movilización campesina en el territorio del Putumayo, en la frontera con Ecuador y Perú, parte de la Amazonía occidental. Demandan la eliminación de la guerra que realiza el Estado y su aparato militar de muerte contra la población civil. Viven campesinos oriundos de Nariño y se encuentran comunidades indígenas Ingá, Quillacingas, Huitotos y Nasa. El Putumayo dispone de amplios recursos agropecuarios y petrolíferos que son explotados por grandes propietarios y las multinacionales que extraen combustible para atender la demanda del mercado norteamericano, cuyo Estado hace grandes aportes para la guerra contra los campesinos. Con los dineros del Plan Colombia se organizan batallones, brigadas, fuerzas conjuntas y escuadrones paramilitares que violentan la población agraria, mediante falsos positivos, desapariciones forzadas, masacres, homicidios, torturas y liquidaciones extrajudiciales. Los 15 mil manifestantes organizados por la Asociación de Campesinos del Sur Oriente del Putumayo (Acsomago), en su Asamblea han formalizado un Pliego de Peticiones/memorial de agravios que recoge las demandas centrales de la mayoría de la sociedad putumayense. Los puntos centrales del reclamo campesino e indígena son: a) El cese definitivo de la guerra y de toda su infraestructura bélica. b) Sacar a los civiles del conflicto armado y plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, eliminando los actos violentos contra la población civil. c) Desactivación de las minas anti persona que en lo corrido del año han provocado cerca de 50 víctimas entre niños, estudiantes, mujeres y ancianos. d) Regulación democrática de la minería y suspensión del Distrito Minero, parte de la Locomotora minera santista, que impide la titulación de tierras a campesinos e indígenas, porque todo se le ha entregado a las multinacionales de la draga y la explotación a cielo abierto con abierta afectación del medio ambiente amazónico. e) Suspensión de las fumigaciones con glifosfato que daña los cultivos de pan coger e ignora la reducción real de los cultivos de coca (1000 hectáreas después de que existían 10 mil), particularmente en Piñuña Negro, Piñuña Blanco, San Miguel, Puerto Nuevo, Puerto Asis y Teteye. f) No a la desaparición forzada, a los falsos positivos santistas, a las masacres, a las torturas, a los atropellos de la tropa estatal en contubernio con los paramilitares reactivados desde los batallones en las localidades de Puerto Garzón, Santiago y Teteye. g) Ampliación de la inversión pública en salud, educación, vías, servicios públicos, empleo, recreación e infraestructuras sociales. h) Castigo a la corrupción de la clase politiquera liberal/conservadora santista que manipula a su amaño los recursos estatales para enriquecer familias y clanes de contratistas. El Memorando debe ser atendido por las entidades gubernamentales lo más pronto posible pero debe estar acompañado de los mecanismos de presión correspondiente para evitar el engaño estatal que acude a la estigmatización con los medios de comunicación, con la supuesta infiltración de las guerrillas, para no resolver los problemas planteados por el Poder constituyente popular que se moviliza para exigir la paz y el bienestar 140.

20-7-2012, La Mesa de Unidad Agraria presentó el proyecto de Ley General de Tierras, Reforma Agraria y Desarrollo Rural Integral desde la visión de las comunidades y los pueblos rurales. El capitalismo en Colombia, caracterizado por los investigadores sociales como de desarrollo medio y agroindustrial, tiene una enorme deuda con el campo: jamás se realizó una verdadera reforma agraria para satisfacer las necesidades básicas del campesinado y está lejos aún de una política de soberanía alimentaria, como lo plantean las organizaciones sindicales agrarias. La oligarquía se ha negado rotundamente a dicha reforma, porque no acepta tocar la exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra. En el lenguaje del poder en Colombia no existen las palabras latifundio y terrateniente. Ni siquiera, porque el tema agrario está en los orígenes mismos del conflicto de casi seis décadas. Las luchas agrarias en la primera mitad del siglo XX en demanda de la “tierra para quien la trabaja” fueron reprimidas por grupos paramilitares al servicio de los terratenientes y con el apoyo de las dictaduras conservadoras de la época, que incluyeron el asesinato y la masacre de dirigentes y activistas en las regiones. Es una situación que persiste, abarcando en la actualidad a las comunidades indígenas y afrodescendientes, hasta el punto que la consigna original se extiende ahora a la defensa de los territorios. Es lo que explica, en buena medida, la resistencia armada campesina a la violencia latifundista, que devino en las organizaciones insurgentes. Es tan fuerte el vacío de la democratización del campo colombiano, que la solución política y dialogada al conflicto está estrechamente ligada a la reforma agraria integral, entre otras reformas políticas y sociales. La Mesa de Unidad Agraria, presenta un proyecto alternativo al del Gobierno Nacional, fundamentado en la economía del libre comercio neoliberal y en las líneas de los tratados de libre comercio (TLC) con EUA y Europa, que abre las puertas a las transnacionales en la explotación minera y energética y a la competencia desleal en la oferta de alimentos. Los TLC afectarán la producción de alimentos y la soberanía nacional y alimentaria. El objetivo de la reforma agraria es apostar a la superación del “conflicto histórico, relacionado con la tierra, con territorios y con la problemática agraria”. Denuncia la expansión permanente de la frontera agrícola en la disputa entre los nuevos latifundistas, agentes de las transnacionales, que acumulan tierra, con los viejos latifundistas, que muchos se hicieron a la tierra por la vía de la violencia, en las distintas guerras y conflictos de la historia colombiana. El desalojo y el desplazamiento han sido factor de la emigración campesina a las ciudades. La población rural es apenas del 29 %. “Hay una política sistemática del capital para desalojar el campo. Los campesinos requieren vida digna, quieren ser constructores de la democracia y vivir en armonía con la naturaleza. El proyecto es de construcción colectiva, es una apuesta por la democracia y un nuevo país”. Hay conquistas como las zonas de reserva campesina para que las personas tengan territorio propio, alejando toda posibilidad de latifundio. El “campo debe volver a tener vida, porque está en peligro la soberanía alimentaria” debido a la penetración de las transnacionales y de los TLC. El proyecto difiere con el del Gobierno porque se aleja del interés privado y se sustenta en la defensa de los campesinos y del territorio. Plantea el proyecto, igualmente, una política de Estado para el campo y la creación de un Consejo Nacional de Política Económica-Social (CONPES) rural que proyecte planes decenales de desarrollo. Entre sus objetivos está acabar con la inequitativa concentración de la propiedad sobre la tierra. Es la cuestión fundamental. “La reforma debe ser redistributiva de la tierra”. Los objetivos son defender la economía campesina, frenar la despoblación del campo y la soberanía alimentaria. Incorpora elementos nuevos y fundamentales como los derechos de la mujer, el patrimonio genético y el medio ambiente. Así como el acceso a factores de producción y productividad, al crédito y a la tecnología. La filosofía del proyecto, es para un país en conflicto. “Es un asunto de la economía política”, más allá de la productividad; apunta a problemas no resueltos en el origen del conflicto y “fomenta la economía campesina”; plantea los derechos del campesinado, “ubicando a las comunidades rurales y a la economía campesina como el sujeto de la reforma”. Es una carta de derechos fundamentales de las comunidades rurales y campesinas. “Derecho a la madre tierra y a la paz. El concepto de campesino es un elemento residual del desarrollo”, hasta el punto de que el Gobierno habla es de “población rural”. Mientras que voceros gubernamentales y analistas desde la misma perspectiva califican toda propuesta de reforma agraria de obsoleta. “Si se quiere la paz hay que tener en cuenta al campesinado” 141.

21-7-2012, Mientras Santos ordena “más plomo”, los movimientos sociales optan por el diálogo y reformas estructurales. Si el gobierno nacional no entiende la exigencia de diálogo político para resolver el conflicto hecho desde las comunidades locales, articuladas en lo nacional en el movimiento político y social, tendrá que dar un paso al costado y permitir que un nuevo gobierno popular y democrático cumpla con el llamado que hacemos desde el campo de lo popular y lo alternativo. ¡Presidente Santos: su guerra fracasó! El Presidente Santos en su discurso de posesión anuncio estar dispuesto a abrir la puerta de la paz, pero durante estos dos años de período presidencial no ha hecho otra cosa que mantener la estrategia de guerra. En contraste, las organizaciones sociales y populares que confluyen en distintas plataformas de unidad como la Marcha Patriótica, hemos alzado la bandera de la solución política al grave conflicto que vivimos los colombianos y de forma terca Santos permite que siga el desangre. Lo que estamos viviendo en el departamento del Cauca es la manifestación de una bomba de tiempo provocada por la testaruda política de Guerra de los distintos gobernantes. Desde años atrás hemos advertido el cansancio por una guerra hecha por las fuerzas militares a nombre nuestro, supuestamente por nuestra seguridad, cuando es la misma política militar la que nos produce mayor inseguridad, siendo puerta de entrada a las políticas económicas y sociales que garantizan el despojo de nuestros territorios campesinos, indios y negros, llevándonos como desplazados a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades. En su trinchera, un soldado en el casco urbano de Toribío dispara utilizando la población civil como escudo. Los sectores sociales y populares del Cauca se encuentran hartos de protestar y hacer llamados al gobierno nacional para que se siente a dialogar, como primer responsable ante la Constitución Política y los tratados internacionales de garantizar el derecho fundamental a la paz. Ante este llamado democrático la respuesta son los oídos sordos del mandatario y más violencia, por lo que de manera legítima y amparados en la misma Constitución, las comunidades caucanas exigen su derecho a la paz y han decido expulsar de sus territorios a quien provoca la confrontación armada. Hacemos evidente una vez más que existe la tendencia a generalizar en todo el territorio nacional estas acciones de paz, ya que las gentes del común, quienes vivimos a diario el conflicto, sabemos y hemos asumido que la responsabilidad de la paz está en nuestras manos, por lo que haremos lo necesario para marchar hacia la solución política del conflicto. Si el gobierno nacional no entiende la exigencia de diálogo político para resolver el conflicto hecho desde las comunidades locales, articuladas en lo nacional en el movimiento político y social, tendrá que dar un paso al costado y permitir que un nuevo gobierno popular y democrático cumpla con el llamado que hacemos desde el campo de lo popular y lo alternativo. Presidente Santos: su guerra fracasó. Quienes instigan la guerra lo hacen desde clubes sociales, casinos militares, palacios de gobierno y estudios de grabación de grandes medios de comunicación. Ninguno de ellos va al campo de batalla; desde lejos ven y dirigen la guerra, promoviéndola desde lejos para mantener los privilegios económicos y sociales que les da su posición dominante. Se equivoca una vez más el gobierno nacional al criminalizar y reprimir estas acciones de paz de las gentes del común. Rechazamos y demandamos al gobierno por su responsabilidad política y jurídica por los campesinos e indígenas asesinados y heridos en las acciones adelantadas el día de hoy en el Departamento. Si el gobierno aún no se siente con la capacidad para superar la guerra y avanzar en un proceso de paz, le demandamos aceptar el retiro de las estaciones y tropas militares de los centros poblados, sus bienes protegidos y de la misma población civil, lo que por Constitución está obligado a cumplir, estipulado además en el Derecho Internacional Humanitario. Las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas del Cauca son ejemplo digno de constructores de paz, como muchos en otros lugares del país; consideramos que la paz es nuestro objetivo y por lo tanto somos parte integrante de su búsqueda. El nivel de organización y de conciencia de las comunidades caucanas es conocido por toda la opinión pública. Lo que estamos encontrando en esta zona del país son proyectos sociales y políticos construidos desde la base de la sociedad que buscan el reconocimiento étnico, social, económico, político y cultural, a evidenciarse en el derecho concreto a la paz con justicia social. Con estos proyectos nos contraponemos a las aspiraciones guerreristas que hoy se materializan en los planes de consolidación militar. Viendo el avance del caminar de la palabra en la Minga Social y Popular y la construcción de la Segunda Independencia de la Marcha Patriótica, saludamos a la Minga por la Paz, resaltando que nos une nuestro anhelo a la paz con justicia social. Es la hora del cambio, es la hora de los movimientos sociales, es la hora de la unidad, de estar juntos en Minga y en Marcha por la paz y la solución política. Toda la Marcha Patriótica se solidariza con la resistencia indígena, campesina y negra en el Cauca, en especial las resistencia contra la guerra en Caloto, Miranda, Toribío, Jámbalo, Caldono y Argelia. Somos parte de esta lucha, no somos ajenos al Cauca, porque en el Cauca también estamos en Marcha; consideramos que no habrá paz en Colombia sin paz en el Cauca y para ello el “Diálogo es la Ruta”. La vía de la solución política es la única garantía para lograr paz efectiva y duradera, ya que se trata de resolver los graves problemas económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales que dan origen y continuidad a la confrontación armada. La lucha que hoy vemos en el Cauca es una lucha por la paz. Llamamos al pueblo en marcha, a estar alerta y a continuar con las actividades programadas; la coyuntura política que se provoca a raíz de la acción por la paz en el Cauca ambienta nuestra legitimidad en los pasos fuertes y seguros organizativos que estamos dando, como lo son la Constitución de los Consejos Patriótico Departamentales en el marco de la conmemoración del grito de la independencia este 20 de julio. Invitamos a todos y todas a levantar pancartas y mensajes los días de las manifestaciones públicas de nuestro Movimiento llamando una vez más a la solución política y en solidaridad efectiva con nuestros hermanos Caucanos 142.

28-7-2012, Carta Abierta de Piedad Córdoba a las Ciudadanas y Ciudadanos del Partido Liberal Colombiano y a la Opinión Pública Nacional e Internacional. Hace un mes, en mi calidad de dirigente política y social, expresé en el Municipio de Miranda, Cauca, mis puntos de vista acerca de los derechos de la población. Hoy, me he enterado de la polémica que generó, debido a unas imágenes editadas y publicadas por algunos medios de información que las recibieron de fuentes oficiales. Conociendo las reacciones del Presidente del Partido, Sr. Simón Gaviria, en las que se refiere a mis palabras como alejadas de los postulados ideológicos del Partido Liberal y las del procurador Alejandro Ordóñez, que junto con algunos otros altos funcionarios piden se me procese por diferentes delitos, deseo manifestar que estoy dispuesta a aclarar mi responsabilidad jurídica y política, y ante todo mi responsabilidad moral con Colombia. Es irónico que quienes han promovido de una u otra forma decisiones políticas a espaldas de los intereses del país, indiferentes a las injusticias, exclusiones, discriminaciones que viven cientos de comunidades indígenas, campesinas, afro descendientes, sectores urbanos empobrecidos, sectores medios, mujeres, y personas con diversas opciones sexuales, y en general amplios sectores sumidos en la desigualdad, se asuman como jueces, desbordando nuevamente sus competencias o pretendiendo ganar legitimidades para sus intereses. Me acusan de "instigar al delito", "asonada", "concierto para delinquir" e "incitar a la violencia" por referirme básicamente al retiro de las bases militares que ponen en peligro a la población y por sumarme al llamado que pide la revocatoria del Congreso y que algunos sectores plantearon al mandato del Presidente. Mis declaraciones son legítimas, justificadas y precisas y acuden al supremo recurso del pensamiento y la libertad de opinión que convoca la acción civilista y pacífica, como lo vengo sustentando sin dobleces hace muchos años, siempre en el marco de los principios de un Estado democrático moderno... Parte de ese legado histórico del derecho y del humanismo se encuentra en obras y valores incluso anteriores a la Revolución Francesa de 1789, en Tomás de Aquino, Tomas Moro, Pedro Claver. O en nuestra historia, basta detenerse en pasajes de la vida de José Antonio Galán, asesinado en 1782, hace 230 años, o en el pensamiento de Gaitán, Uribe Uribe, López Pumarejo. O en una mirada universal al repasar la obra de Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil, o a autores como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. En la modernidad, en un Estado de Derecho se comprende con nitidez la diferencia entre los delitos que desean se me imputen instigación y la legitimidad de la actuación en libertades, en conciencia y en Derecho... Lo que he hecho, en relación con la situación que padece el norte del Cauca y también, otras regiones, es recordar que hay al menos dos derechos de primer rango a los que la población no puede ni debe renunciar: 1. El derecho humanitario, que prohíbe que las partes contendientes, sean militares o guerrillas, se instalen entre la población civil para convertirla en escudo, protegiéndose indebidamente, exponiéndola o haciéndola objetivo de acciones bélicas. El derecho internacional es claro en este aspecto, por lo tanto invito a un debate público, pluralista y respetuoso de las diferentes posturas jurídicas y políticas sobre esta materia. Colombia necesita un cambio en la política, cuyo primer objetivo debe ser no acrecentar más la militarización y el saqueo, sino abrir la puerta para un diálogo de todo el país, de todos los sectores, de todas las regiones porque son necesarias la paz y el logro de la justicia social. 2. El derecho a la protesta, a la opinión, a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia, respaldado en el pensamiento humanista liberal y social. Se expresa, en este caso, de dos maneras: en primer lugar llamando a la defensa pacífica por y desde la población civil atacada, velando por su protección, su libertad, derechos y recursos, desde su propia cosmovisión, a favor del territorio que está siendo militarizado y cruzados por dos modelos de desarrollo de la guerra. En segundo lugar, adhiriéndome al torrente que muchas ciudadanas y ciudadanos han desatado, de la necesidad de revocar el mandato de poderes que no están salvaguardando intereses sociales o públicos sino amparando solamente los intereses privados. En el transcurso de mi quehacer político siempre he acompañado las justas reclamaciones en derecho de comunidades indígenas, de campesinos, de mujeres, de afro descendientes; así como otras expresiones para que los derechos de los colombianos sean una realidad. Mi presencia en Miranda, respondió al acompañamiento solidario, humanitario y humanista que durante años he realizado a procesos políticos y sociales y mi compromiso con la búsqueda de la paz y la justicia social. Es claro, y es un menosprecio a su memoria ancestral, su creatividad y valentía, que las comunidades indígenas, quienes padecen, como otros sectores, el conflicto armado claman por la humanización y la paz, que sus movilizaciones, que han desarrollado por sí mismos hace muchos años, sin mis expresiones de solidaridad y de preocupación, en el Cauca y decenas de regiones del país, son una prueba de esa firme voluntad colectiva que busca hacer realidad el sagrado Derecho a la Paz, que consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional. Estas manifestaciones, al igual que las campesinas y afrodescendientes, y de otros sectores de la sociedad, indican la necesidad de dialogar, ante los costos en vidas y daños irreparables para los civiles, para los combatientes de los bandos enfrentados, para la economía del país, por los efectos sociales y ambientales que hacen inviable una sociedad reconciliada en una democracia profunda 143.

1-8-2012, Desmilitarizar la cabecera de Toribío y desarrollar una agenda humanitaria, además de la reglamentación de la jurisdicción indígena, fueron las propuestas que presentaron en Popayán el ex-Presidente Samper y el ex-Secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolff, después del fallido encuentro entre las autoridades indígenas del Cauca y el Gobierno, para negociar la solicitud de los nativos de que los actores armados legales e ilegales salgan de sus territorios. El debate sobre la guerra en la región continúa y se siguen escuchando propuestas por parte de líderes de opinión en el país. En el desarrollo de las ponencias, tanto Samper como Navarro coincidieron en que la militarización no ha dado los resultados esperados en materia de seguridad en Colombia. Navarro Wolff dijo: “Una de las cosas que nadie ha dicho, pero que es evidente, es la ineficacia del Estado para brindar seguridad. Toribío ha sufrido más de 400 ataques en los últimos 10 años, y todas las promesas de que va a haber seguridad no se han cumplido hasta ahora. Por ello, creo que el Estado debe aceptar un acuerdo para que la seguridad, especialmente en la cabecera de Toribío, la realice la Guardia Indígena. Que no haya Fuerzas Militares en esta cabecera”, lo que garantizaría dar un pequeño paso en concreto, antes de avanzar en una negociación de paz a nivel nacional. El ex-Presidente Samper recordó que un primer paso fundamental es humanizar la guerra: “No estoy de acuerdo con el señor Fabián Ramírez, que dijo que hay que acabar la guerra pero no humanizarla. Hay que hacer las dos cosas”. Sería muy interesante que un proceso de reconciliación como en el que está empeñado el país comenzara por una región como el Cauca, “porque aunque la paz es un propósito nacional, su construcción tiene que hacerse regionalmente”. Se debe establecer una agenda humanitaria para sacar a la población civil del conflicto. Cuatro puntos resumen la agenda frente al tema del conflicto en el Cauca: 1) No creo que la conducta de los dirigentes indígenas que participaron en el desalojo de la base militar del cerro Berlín, en Toribío, sea judicializable. “Me aparto de los conceptos del procurador, que sostiene la teoría de la criminalización de la protesta social, porque hay unos factores de diversidad cultural que son reconocidos por la propia Constitución y que les dan a ellos la condición de no imputables. Ayer hablé con el Fiscal General y él está comprometido con la tesis de que la conducta de los indígenas no es imputable y va buscar una fórmula dentro de los establecimientos legales para poder establecer esta condición”. 2) Respetando las normas del derecho internacional humanitario o utilizando los buenos oficios de una misión internacional, se podrían establecer áreas de protección humanitaria para que en ellas -las zonas de conflicto, que son nueve municipios, unos 4.000 kilómetros cuadrados- se lleve a cabo una experiencia piloto de centros urbanos con escuelas y hospitales, donde no se pudieran construir instalaciones militares ni establecer campamentos. “Los hechos de violencia de los últimos años prueban que de manera irresponsable se han construido en zonas que afectan a la población civil”. 3) “Habría que hacer un esfuerzo para que las FARC se comprometan a sacar a los niños de la guerra, porque está claro que seis de cada diez combatientes son indígenas y de ellos por lo menos la mitad son menores de edad”. 4) Los desminados son responsabilidad de las dos partes: “No se pueden seguir utilizando las minas en los campos como un instrumento de guerra”. Samper propuso apoyar a las autoridades ancestrales para llevar un proyecto al Congreso que permita reglamentar la jurisdicción indígena que quedó pendiente desde la Constitución de 1991: “Hoy en día lo que tenemos es una especie de campo franco, que debe existir por razones étnicas, pero no está establecido cuáles son las competencias, las reglas de juego dentro de esas zonas, hasta dónde llegan las autoridades, cuál es el alcance, cuál es la jurisdicción indígena en estas zonas”. Aida Quilcué, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), insistió en que la desmilitarización de sus territorios, tanto de la Fuerza Pública como de las guerrillas, es para ellos un punto