¿PAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Posición/Año

Gobierno de EUA

Sector Financiero de EUA

Gobierno de Colombia

Paramilitares

FARC

Otras fuerzas en Colombia (ELN)

Otros actores en Colombia

Fuerzas Armadas Colombia

Secretario General ONU, otras organizaciones y personalidades

Gobiernos Latinoamericanos

Unión Europea

2011

12-1-2011, EUA acusa a grupo de delincuentes de querer vender armas a un grupo paramilitar colombiano y de tratar a cambio de importar cocaína a EUA. Se trata, según el Departamento de Justicia, de un nicaragüense, dos hondureños y tres colombianos. Franklin William McField-Bent, alias “Buda”, fue acusado de intentar suministrar material a una organización terrorista y de narcotráfico, con la colaboración de los colombianos Jeison Archibold, Juan Carlos Cuao Camacho, Edwin Rodríguez León y de los hondureños Miguel Villela y Fausto Aguero Alverado. Todos ellos fueron capturados en Colombia en el 2010. El grupo se disponía a vender armas a cambio de cocaína con presuntos miembros de las Autodefensas, que en realidad eran agentes antinarcóticos estadounidenses 1.

23-3-2011, El gobierno colombiano planeó usar la información contenida en los computadores del Jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido en el 2008, para vincular a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, con las FARC. El ex-Ministro de la Defensa y actual Presidente, Juan Manuel Santos, indicó al entonces Embajador de EUA William Brownfield que su gobierno “planeaba filtrar selectivamente informaciones obtenidas de los computadores de Reyes para vincular a los presidentes Chávez y Correa y sus gobiernos con el grupo terrorista”. Un cable del 27-3-2008 de la Embajada de EUA en Bogotá precisó que el Viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, “fue designado por el gobierno colombiano para desarrollar la estrategia de uso de los computadores”. El entonces Embajador de EUA Brownfield dijo que el gobierno colombiano deseaba que algún organismo con el cual no se le identificase colocara esa información en una página web, pero “esperará a que Interpol verifique la autenticidad de los documentos antes de divulgarlos en internet. Al gobierno de Colombia le gustaría que Interpol, la Organización de Estados Americanos o alguna otra institución internacional reputada manejase ese sitio web. Pero Jaramillo pensaba que éstas no querrían hacerlo y que finalmente alguna ONG tendría que ocuparse de la tarea”. También pensó en entregar parte de esas informaciones a “medios de comunicación seleccionados” de EUA, Colombia, España y América Latina. Se consideró entregarla por temas: las FARC y Chávez, las FARC y Correa, las FARC y el tráfico de drogas, las FARC y los secuestrados. Antes, revisaría minuciosamente el material para evitar que se filtrase algo que pudiese dañar a Colombia. Santos dio a la Embajada estadounidense “toda la información de los discos duros, pero a condición de que no se divulgase nada sin previa consulta”. En cambio, dijo que proporcionaría 90 documentos al gobierno venezolano y 30 al de Ecuador. Medios de comunicación colombianos y de otros países publicaron efectivamente parte de esas informaciones, lo que agrió profundamente las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el 7-8-2010, día de su investidura presidencial, Santos entregó a Correa toda la información de los discos duros de “Reyes”, lo que abrió el camino al restablecimiento pleno de las relaciones a fines del 2010 2.

7-4-2011, El Presidente de EUA, Barack Obama, recibe a su par de Colombia, Juan Manuel Santos, para hablar del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países que aún debe ser ratificado en el Congreso estadounidense. El tema vuelve a instalarse en la agenda tres semanas después de que la oposición republicana amenazara con bloquear la designación del nuevo Secretario de Comercio, si Obama no enviaba al Congreso para su ratificación a este acuerdo y los que se suscribieron con Panamá y Corea del Sur. Como requisito previo a la aprobación definitiva, el gobierno de Santos tiene que adoptar una serie de medidas que EUA considera necesarias para garantizar los derechos laborales en su país. Los compromisos que debe cumplir Colombia están contenidos en un “Plan de Acción” acordado entre ambos gobiernos. El 22-4-2011 el gobierno colombiano deberá expandir el ámbito de protección de los líderes sindicales, tanto de delegados como de los miembros de las comisiones de negociación colectiva, de quienes tratan de organizarse o afiliarse a un gremio, así como ex activistas que fueron amenazados. Para el 30-7-2011 tendrá que estar solucionado el atraso existente en la evaluación de las solicitudes de protección presentadas por sindicalistas y asegurar que, en el futuro, la policía realizará esa tarea en no más de 30 días. El 15-6-2011, el gobierno de Colombia deberá promulgar una reforma del Código Penal que criminalice y condene acciones intimidatorias que puedan afectar derechos fundamentales de los trabajadores, incluidas las amenazas contra los sindicatos y otras acciones que afecten los derechos de organizarse y de encarar negociaciones colectivas. En este caso la pena debe ser de más de cinco años de prisión. Colombia deberá cumplir además con otras exigencias en ese ámbito, como reformas legislativas que impidan que su utilicen formas de asociación cooperativa o agencias de empleo temporal para violar los derechos de los trabajadores, así como duplicar el número de inspectores laborales en cuatro años. El gobierno colombiano ha insistido repetidamente que, con o sin TLC, está trabajando con efectividad para proteger los derechos de los trabajadores en ese país. El TLC fue firmado en el 2006 por los entonces presidentes George W. Bush y Alvaro Uribe, pero se frustró la ratificación en el Congreso estadounidense en el 2007, a raíz de las objeciones interpuestas por el sindicato de la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL- CIO). Esa organización, con llegada directa a la mayoría demócrata que entonces controlaba ambas cámaras, cuestionó con dureza los asesinatos de sindicalistas perpetrados en Colombia. El contenido del nuevo acuerdo alcanzado entre las administraciones de Santos y Obama en materia de derechos laborales, fue igualmente criticado desde la AFL-CIO. El Presidente de esa organización, Richard Trumka, expresó que el Plan de Acción “no va lo suficientemente lejos para establecer hitos concretos para el progreso en las áreas de violencia e impunidad, ni tampoco enfrenta muchas de las formas en que la ley laboral colombiana incumple los estándares internacionales”. Colombia representa el tercer destino de las exportaciones estadounidenses en Latinoamérica y ocupa el vigésimo puesto a nivel global. Las autoridades de EUA estiman que el TLC incrementará las ventas hacia ese país en u$s1.100 millones anuales 3.

24-4-2011, El conflicto por la propiedad de la tierra en las regiones de Curvaradó y Jiguamiandó y la extensión de cultivos de palma africana en estos territorios del Chocó, constituye uno de los dilemas más significativos para la sociedad colombiana en el contexto de la lucha por los derechos humanos. La prueba de ello es que entre 2007 y 2009, al menos en once ocasiones la Embajada de EUA en Colombia remitió cables diplomáticos a Washington detallando este problema y dejando ver las dificultades para solucionarlo por la polarización de sus protagonistas. En mayo de 2007 la Embajada informó que Colombia seguía aumentando su producción y exportación de palma africana como sustituto de la coca, pero que seguían apareciendo acusaciones de que algunos productores habían concertado con paramilitares para apropiarse ilegalmente de tierras de las comunidades afrocolombianas. En el mismo cable, la Embajada admitió que la agencia norteamericana USAID estaba apoyando a varias comunidades en la región, y que, además de los problemas por la posesión de la tierra, también eran evidentes los dilemas ambientales y el reto de la atención a la población desplazada. Su criterio era que la falta de una correcta demarcación de los títulos facilitaba la explotación, que muchas plantaciones estaban asentadas en tierras comunales y que existían eventuales problemas de corrupción asociados al uso de documentación falsa. En otro cable, la Embajada detalló que el origen del problema fue la confrontación entre las FARC y el paramilitarismo en 1997, que obligó a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó a desplazarse y cuando regresaron sus tierras estaban ocupadas por plantaciones de palma africana. Buena parte de los palmeros argumentaron que ellos habían comprado esas tierras, pero organizaciones de derechos humanos replicaron afirmando que los vendedores habían obrado intimidados por los grupos paramilitares. Entre 2001 y 2002, el Estado reconoció 100 mil hectáreas como territorios comunales de los afrocolombianos, pero la confrontación ya estaba creada. En el cable diplomático quedaron reseñados los avances de la Fiscalía tratando de resolver el conflicto, reconociendo que la mayoría de los investigados eran altos funcionarios de las compañías de palma, pero también admitiendo que el éxito de las investigaciones dependía de los testigos. En la región prevalecía el miedo a entregar testimonios. A comienzos de 2008, en un nuevo cable la Embajada de EUA se mostró confiada en que el gobierno estaba empezando a resolver los problemas legales en Curvaradó y Jiguamiandó, pero admitió que los problemas de seguridad seguían afectando la decisión de las comunidades de regresar a sus tierras. Además, destacó la ausencia de entidades públicas para el tratamiento de la salud y educación y otros servicios humanitarios en la región, lo cual agregaba dificultades a la convivencia en estas regiones de Carmen del Darién. Delegados de la Embajada viajaron al Chocó y escucharon, de viva voz, las quejas de las comunidades. En particular, en el cable que se remitió a Washington registrando los detalles de la visita, se consignó el testimonio del líder campesino Enrique Petro, quien detalló cómo las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó estaban disputando el control de la tierra con trece compañías palmeras, algunas de ellas, según la Fiscalía, con nexos con el paramilitarismo. El líder campesino señaló a las “Aguilas Negras” como colaboradores de algunos palmeros y acusó a los militares de no hacer nada por detenerlos. Por eso, la Embajada resaltó su petición de que se presionara al gobierno colombiano para resolver los problemas de títulos de las tierras, mejorar la seguridad y compensar a las comunidades. El mismo detalló su caso particular, de reclamar su tierra y crear una zona humanitaria para otros desplazados, sacrificando la posibilidad de estar cerca de su familia por los problemas de seguridad. En el mismo reporte, la Embajada detalló el criterio de un alto oficial del Ejército, quien reconoció la presencia de bandas criminales, pero también que había un eje de tensión de posiciones encontradas entre los palmeros y un sector de las comunidades. Según el oficial, aunque no había presencia de Policía, las Fuerzas Militares trataban de garantizar seguridad y, concretamente, le estaban suministrando protección al líder Enrique Petro. El tercer actor del dilema era el gobierno, representado en Acción Social. El cable incluyó la postura del director regional de este organismo, Luis Mario Gaviria, quien rechazó la versión de que no quisiera trabajar con las comunidades. En contraste, atribuyó esas quejas a la carga ideológica con que trabajaba en la región la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En informe a Washington fechado en junio de 2008, una vez más se insistió en este punto. Y citando como fuente al asesor del Ministerio del Interior, Camilo López, anotó que el deseo de Justicia y Paz era imponer su agenda ideológica. Esta permanente división de opiniones fue el denominador común de los sucesivos cables diplomáticos que la Embajada de EUA remitió sobre el tema de Curvaradó y Jiguamiandó hasta 2009. A pesar de que resaltó la presencia de Colombia como el quinto país productor y exportador de aceite de palma, con posibilidades de desarrollar una industria sostenible, también, una y otra vez, registró la estigmatización sobre los cultivos de palma, las tensiones por la propiedad de la tierra y la descoordinación estatal. Uno de los cables fue titulado “Palma colombiana: alboroto en derechos humanos”. En octubre de 2008, al tiempo que registró comentarios de líderes de la comunidad atribuyendo a los palmeros el pago de dinero para dividir a los campesinos, volvió a incluir la postura del vocero de Acción Social, Luis Mario Gaviria, presentado como hermano del Asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien expresó que se sentían bloqueados por la agenda ideológica de Justicia y Paz. Entre la reseña de asesinatos cometidos, los reclamos de las comunidades campesinas por las amenazas en su contra o las apreciaciones de los empresarios de la palma argumentando que la estigmatización de la industria era resultado del abuso contra el crecimiento de este sector, la Embajada de EUA documentó, paso a paso, un problema que sigue sin solución entre los cultivadores de palma y las comunidades afrocolombianas en las regiones chocoanas de El Carmen del Darién y Riosucio. A comienzos de 2009, la Embajada de EUA remitió un informe sobre el crítico problema de Curvaradó y Jiguamiandó, reconociendo que tres compañías dedicadas a la siembra de palma africana habían decidido entregar, de forma voluntaria, 1.269 hectáreas de tierra para que fueran devueltas a sus dueños legales 4.

6-5-2011, El Embajador de EUA Peter Michael McKinley dice que su país desestima que la aceptación de conflicto armado en Colombia determine beligerancia 5.

9-9-2011, Nuevas tensiones políticas entre EUA y Venezuela debido a que el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a un importante militar, un oficial de inteligencia y dos políticos afines al Presidente Hugo Chávez de vínculos con la guerrilla colombiana y de participar en transacciones del narcotráfico. Washington puso en su lista de presuntos “colaboradores del terrorismo” al ex-Alcalde de Caracas, Freddy Bernal, al Diputado y miembro de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Amílcar Figueroa; al General Cliver Alcalá y al oficial de inteligencia Ramón Madriz. Según un comunicado del Departamento del Tesoro, los cuatro son identificados como individuos “especialmente designados”, que habrían servido de enlace de las FARC y los acusa de “actuar para o en nombre de la organización narcoterrorista FARC apoyando su actividad de tráfico de armas y drogas”. Aunque ya en 2008 EUA había incluido en la lista a funcionarios del gobierno venezolano, en el caso de Bernal y Alcalá se trata de figuras del más alto perfil, considerados aliados clave del Presidente Hugo Chávez. En su comunicado, el Departamento del Tesoro ha calificado a los cuatro acusados como “facilitadores clave de armas, seguridad, entrenamiento y otra asistencia en apoyo de las operaciones de las FARC en Venezuela. Al diputado Figueroa se le señala como “vendedor de armas para las FARC y es un conductor de líderes de las FARC basados en Venezuela”. El general Alcalá habría usado su puesto de Jefe de la Cuarta División Armada, una de las unidades con mayor poder de fuego de la fuerza venezolana, “para establecer una ruta de intercambio de armas por drogas” con la guerrilla. Bernal “ha facilitado ventas de armas entre el gobierno venezolano y las FARC”, mientras que Madrid habría usado sus conexiones de inteligencia para ofrecer seguridad a miembros de la guerrilla. Con su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Externos del Tesoro, estos funcionarios no podrán hacer negocios con compañías o ciudadanos estadounidenses, además de ordenar el congelamiento de activos que pudieran tener en EUA. El gobierno estadounidense también cuestiona el compromiso de Caracas en luchar contra el tráfico de drogas, sobre todo desde que suspendió su colaboración con la DEA. Venezuela no es productora de droga, pero tradicionalmente ha servido como puente para el narcotráfico del Sur hacia Centroamérica y Norteamérica, así como rutas hacia Europa a través de Africa 6.


4-1-2011, Gobierno exige celeridad en liberación de secuestrados anunciada por las FARC; el pronunciamiento se produjo luego de que la ex Senadora Piedad Córdoba explicó que las liberaciones serán en cinco sitios. El Gobierno colombiano exigió a las FARC acelerar la liberación de cinco secuestrados que prometió entregar y le reiteró que si abandona la práctica del secuestro y depone las armas iniciaría una negociación de paz, según el Vicepresidente Angelino Garzón. “Lo que le estamos exigiendo a la guerrilla de las FARC es que agilice la libertad de los cinco secuestrados, pero al mismo tiempo el Gobierno reitera que la guerrilla de las FARC debe poner en libertad a todos los retenidos y cesar esta práctica” 7.

7-1-2011, Frente a las declaraciones del Jefe máximo de las FARC, Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Cano”, anunciando que en el 2011 multiplicarán sus “acciones en todo sentido”, el Gobierno colombiano a través del Vicepresidente Angelino Garzón, las tildó de “bravuconadas”. Muchas de las “bravuconadas” de los rebeldes “son sencillamente actitudes para tratar verbalmente de amedrentar a la población. En eso andan desde hace más de 45 años, haciéndole daño a la población”. Garzón invitó a sus compatriotas a que consoliden su derecho legítimo a vivir tranquilos y pacíficamente a que se unan con el Estado “contra todas estas expresiones criminales, violentas, terroristas”. El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, comentó que “no es nada nuevo. Ellos atacan con atentados, con minas antipersonales, con explosivos, atacan a mansalva y sobre seguro a la fuerza pública y a la población civil, pero también atacan con comunicados. Y hay que tener en cuenta eso para que no caigamos en el juego de los terroristas, que es causar terror”. El mensaje del Jefe guerrillero deja ver que el país ha “avanzado mucho” en la lucha contra el grupo insurgente. “Pero no podemos bajar la guardia, no podemos cantar tempranamente victoria”. Se debe mantener el trabajo intenso y determinado, con el apoyo de la población, para garantizar la derrota definitiva de “esa pesadilla del narcoterrorismo de las FARC” 8.

15-1-2011, El Presidente Juan Manuel Santos agradeció el compromiso de los países vecinos en la lucha contra el terrorismo. Destacó la cooperación de las autoridades y de los Presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Panamá, Ricardo Martinelli, en la lucha contra grupos armados ilegales. El Presidente Santos insistió en la importancia que tiene la colaboración de los países vecinos para continuar derrotando el terrorismo 9.

15-1-2011, El Presidente Juan Manuel Santos dio a conocer dos correos que fueron desencriptados de los computadores del ‘Mono Jojoy’ que confirman que las FARC se financian ahora con explotación ilegal de oro. Los golpes que les han dado las autoridades al tráfico de narcóticos, han hecho que los subversivos busquen nuevas metodologías para conseguir recursos. Las FARC a través de la explotación minera están pagando varias deudas, muchas de éstas, por el tráfico de armas. Hay unos correos donde ‘Iván Márquez’, le propone al Secretariado realizar la explotación de minería en la zona del bloque oriental, donde habría varias minas de oro. “Ahí deberían ser mucho más firmes las corporaciones autónomas; todos nosotros, todos tenemos que ser muy firmes en combatir la minería ilegal, porque esa minería ilegal está siendo, en buena forma, controlada por los grupos al margen de la ley, y es la importante y creciente fuente de financiación. En ese orden de ideas, yo también quisiera darles a conocer, como ha sido costumbre, algunos correos que hemos venido encontrando del ‘Mono Jojoy’, que nos indican cómo las FARC han continuado queriendo comprar armas a través del vecindario y a través de diferentes países. Son muchos los correos, pero voy a mencionar solamente unos pocos”. El Presidente Santos reiteró que el proceso de mejoramiento en las relaciones con las naciones vecinas ayuda a evitar los propósitos perversos de las FARC. “Esto lo traigo a colación simplemente para señalar lo importante que es tener buenas relaciones con los vecinos y una buena colaboración para que nos ayuden a que esto que pretenden las FARC no suceda, o lo hagamos cada vez más difícil, y ese es el propósito de todo este proceso de mejoramiento en nuestras relaciones. Y creo que estamos logrando el objetivo” 10.

17-1-2011, El Presidente Juan Manuel Santos, destacó que el plan de choque de restitución de tierras, avanza satisfactoriamente en todo el territorio nacional: “Se han beneficiado ya 38 mil familias, se han adjudicado 121 mil hectáreas, y el proceso va marchando en forma rápida y forma eficaz”. Este es el primer paso en el gran objetivo que tiene el Gobierno de restituirles las tierras a los millones de colombianos que fueron despojados de ellas, “sobre todo restituirlas para producir prosperidad, para ponernos a producir alimentos en un momento en que el mundo está cada vez mas ávido de alimentos”. El potencial que tiene Colombia para aumentar la producción de alimentos es muy grande, en momentos en que el mundo los necesita. “Si nosotros combinamos ese aspecto social de darles la tierra a los campesinos que realmente la sudan y fueron despojados de sus tierras por la violencia, y ponerlos a producir junto con una producción agroindustrial de gran escala, no son excluyentes, todo lo contrario son complementarias, la producción campesina, la producción asociativa, poner varios campesinos a producir junto con el inversionista agroindustrial. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener un salto cualitativo y cuantitativo en la prosperidad del campo colombiano. Un objetivo importante tiene que ver con el impacto social que tiene la política agropecuaria, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la pobreza. Y ahí hay un componente que para nosotros es fundamental, muy importante, y es todo el componente de la restitución de las tierras a quienes fueron despojados por la violencia de sus tierras” 11.

19-1-2011, La Policía Antinarcóticos, en una población del departamento del Meta incautó 7,5 toneladas de marihuana,, informando que la droga estaba siendo comercializada por las FARC. “La Dirección Antinarcóticos de la Policía logró la incautación de 7.500 kilos de marihuana ocultas en tres centros de acopio ubicados en el municipio de Lejanías (Meta). La marihuana, según informes de inteligencia pertenecía al frente 26 de las FARC”. La droga pertenecería a Wilson Valderrama, alias 'El Médico', miembro del Bloque Oriental de las FARC, con influencia en la región. “En los últimos seis meses la Policía ha incautado más de 25,6 toneladas de marihuana en la región” 12.

20-1-2011, El Vicepresidente Angelino Garzón, denunció una “alianza diabólica al servicio del narcotráfico” entre guerrilleros, antiguos paramilitares y ex integrantes del Ejército y la Policía, tras una ola de violencia en el norte del país. “Estas bandas criminales son el resultado de una alianza diabólica entre antiguos paramilitares, gente vinculada a la criminalidad organizada al servicio del narcotráfico, antiguos guerrilleros y, duele decirlo, algunos ex militares y policías. Tenemos conocimiento que en muchas regiones del país la guerrilla ha tratado de volver con la ayuda de las bandas criminales porque tienen un punto en común: el negocio del narcotráfico. Aquí ya se borraron las fronteras ideológicas entre los grupos armados ilegales. Se ha pedido de manera muy especial a nuestras fuerzas militares y de policía proseguir y fortalecer todas las acciones contra estas bandas criminales”. El Presidente Juan Manuel Santos alertó sobre la presencia en al menos 16 de los 32 departamentos del país de estas violentas bandas criminales. Tan sólo en Córdoba, fueron asesinadas 31 personas en las primeras dos semanas de 2011. Por su posición sobre la costa Caribe, Córdoba es una de las rutas que los narcotraficantes usan para enviar cocaína a EUA, generalmente a través de Centro América. Pese a que unos 32.000 integrantes de las paramilitares AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) a cambio de beneficios jurídicos, muchos regresaron a la delincuencia organizada 13.

4-2-2011, El Presidente Juan Manuel Santos Calderón pidió la liberación de todas las personas que se encuentran secuestradas en Colombia, luego de señalar que ya está en proceso la liberación de cinco secuestrados por las FARC. “Hemos dado todas las facilidades. Van a iniciar la semana entrante los procedimientos. Yo les he dicho: liberen a todos. Yo creo que esos cinco secuestrados nunca los han debido secuestrar. Y si dan señales claras, contundentes de querer la paz, la puerta no está cerrada. Mientras continúen actuando como terroristas, reclutando niños a la fuerza, poniendo bombas en sitios que afectan a la población civil, secuestrando, extorsionando, traficando en drogas, mientras continúen actuando de esa forma no habrá respuesta diferente a aplicar la ley con toda su contundencia”. El pueblo colombiano ya se ha vuelto escéptico cuando le hablan de paz, por los constantes engaños de que ha sido objeto. “Por eso necesitamos pruebas claras y contundentes, de lo contrario seguiremos buscando la paz pero también por el camino de la firmeza en la autoridad, en el Estado de derecho y en nuestras fuerzas militares y de policía” 14.

5-2-2011, El Presidente Santos revirtió viejos enfrentamientos con América Latina sin dejar de cumplir sus acuerdos con EUA, saliendo del aislamiento a que lo había llevado su antecesor, Alvaro Uribe. Buscó y alcanzó la reconciliación con Ecuador y Venezuela, normalizando las relaciones diplomáticas y reanudando con ambos países tanto los flujos comerciales privados como la labor conjunta en materia de seguridad, lo cual incluye también las extradiciones de narcotraficantes y terroristas. En la relación con Ecuador, quedó atrás también la acusación judicial contra el Presidente colombiano derivada de las operaciones militares que terminaron con la vida del alto Jefe de las FARC, Raúl Reyes cuando Santos era ministro de Defensa del gobierno de Uribe y, como tal, había autorizado la incursión en el país vecino. Dejó pragmáticamente de lado el debatido acuerdo militar con EUA que también había sido celebrado por su antecesor, Uribe. El mismo que había generado inquietud en la región y hasta reacciones de preocupación por parte de Venezuela en el seno de la UNASUR. Luego de que la propia Corte Constitucional de Colombia decidió que el acuerdo militar debía obtener la correspondiente ratificación parlamentaria, el Presidente Santos decidió no someterlo a ese proceso, en lo que parece ser un esfuerzo más de sus políticas que apuntan a desactivar tensiones. Además, la cooperación militar colombiana con EUA, según Santos, puede continuar perfectamente bien sobre la base de los acuerdos previos 15.

7-2-2011, El gobierno entregó un centenar de títulos de propiedad y anunció la creación de zonas de reserva campesina. Esta figura legal busca evitar que los pequeños propietarios de la región vendan sus propiedades, muchas veces a la fuerza, y alimenten el masivo éxodo desde el campo hacia las ciudades, una de las características más notorias que ha acompañado al conflicto en Colombia. Escogió los Montes de María, una de las zonas que ha sido más golpeada por la violencia de los paramilitares de derecha, para lanzar un proyecto piloto de restitución de tierras a campesinos víctimas del conflicto armado. Las disputas por la tenencia de la tierra están relacionadas de cerca con la violencia política en Colombia. A su llegada al poder, el Presidente Juan Manuel Santos advirtió que enfrentar ese problema sería uno de los programas bandera de su gobierno. Su promesa es restituir al menos 2 millones de hectáreas que les fueron despojadas en todo el país a muchísimos campesinos por los grupos armados ilegales, especialmente los paramilitares. No hay consenso sobre el número de hectáreas que fueron despojadas violentamente en los últimos 20 años; las cifras oscilan entre 4 millones y 6,5 millones de hectáreas. El Ministro de agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, admite que “hay una deuda insoluta con los campesinos que han sido despojados de sus tierras y con las víctimas”. La tarea de la restitución no será fácil. “Hay problemas jurídicos, que esperamos resolver con una ley que estamos tramitando en el Congreso, pero también hay dificultades de tipo político. Hay unas minorías retardatarias, retrógradas, que quisieran que no se hiciera nada, que pasaran otros diez o quince años de inacción hasta que esto se olvide. El gobierno quiere hacer de este proceso de restitución uno de los ejes de nuestra política social y económica. No se trata de devolver la tierra, simplemente, sino de acompañar a las comunidades en procesos productivos y asistencia técnica”. Para eso es fundamental el apoyo de la comunidad internacional. En la ceremonia que se realizó había representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la Misión de Acompañamiento del Proceso de Paz con los paramilitares 16.

7-2-2011, El Presidente Juan Manuel Santos Calderón reiteró, en relación con las libraciones de las FARC, que “para siquiera pensar en una posibilidad de diálogo se requieren hechos contundentes: la renuncia al terrorismo, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación. Valoramos positivamente la liberación, en las próximas horas, de cinco ciudadanos secuestrados por las FARC, proceso para el cual el Gobierno ha dado todas las garantías necesarias. Pero debo decir que con esto no basta. Los colombianos exigimos, demandamos la inmediata liberación de todos los secuestrados” 17.

11-2-2011, Las FARC secuestraron a dos personas en pleno proceso de liberación de otros cinco rehenes, lo que hizo a las autoridades colombianas replantearse la continuidad de ese proceso. El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó de “inaceptable” el secuestro de dos empleados de una fábrica de la empresa Cartón en el departamento de Cauca. Acusó a las FARC de “doble moral” y reconoció que estuvo “tentado de suspender las liberaciones de los secuestrados” 18.

11-2-2011, Presidente Santos anunció que revisará “la política de seguir permitiendo liberaciones gota a gota”. Dijo que aunque le “causa regocijo ver la felicidad de los secuestrados cuando ven a sus hijos” en libertad, todo el proceso “confluye a un show mediático absurdo. ¡Qué tal ayer el concejal saliendo de la selva en corbata! Todo es preparado para producir un efecto. Eso de humanitario tiene muy poco”. Los guerrilleros “son tan burdos que lo hacen en esa forma como si el pueblo colombiano, la comunidad internacional, no se diera cuenta” 19.

23-2-2011, Sobre las denuncias de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación que investiga el presunto montaje de la desmovilización de 70 guerrilleros de las FARC, en marzo del 2006 el ex Comisionado de Paz Restrepo aseguró que estuvo presente “en toda la fase de desmovilización y nunca tuve sospechas de que hubiera alguna irregularidad en el proceso. De haber sido así habría denunciado a las autoridades competentes cualquier anomalía”. El Presidente Santos dijo que la Fiscalía debe establecer si hubo algo ilícito en esa desmovilización. Si hay algo ilícito en la desmovilización del bloque guerrillero llamado Cacica Gaitana, la justicia debe establecer qué sucedió 20.

1-3-2011, El Presidente Juan Manuel Santos, se reunió con el Ministro de Defensa Rodrigo Rivera y la cúpula de las Fuerzas Militares, y dijo: “Uno tras otro de los jefes guerrilleros han venido cayendo, uno tras otro como cayó ‘Jojoy’ y todos seguirán cayendo. Señores comandantes, así como hace tres años fue el marzo negro de las FARC, volvamos a decir a esos bandidos que no sigan en el camino de las armas”. Las FARC sólo tienen dos opciones: “Esos miembros de las FARC que todavía creen que a través de las armas van a lograr algo, que el único futuro que les queda si siguen con la violencia va a ser una tumba o una cárcel”. Dijo que alcanzará la paz en Colombia, a las buenas o a las malas. “Somos los primeros que añoramos un país en paz y vamos a lograr ese país en paz. Por la razón o por la fuerza, pero vamos a lograr un país en paz” 21.

16-3-2011, El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, instalará el Centro Integrado de Inteligencia (CI2), un mecanismo del Gobierno Nacional para brindar seguridad a los beneficiarios de la restitución de tierras y evitar la “re-victimización”. El Centro, en el que tendrán participación todos los organismos de inteligencia y la Fiscalía, permitirá identificar, prevenir y contrarrestar hechos de violencia que afecten el proceso. La principal función del Centro será detectar los sitios de mayor riesgo, lo que permitirá diseñar estrategias efectivas para brindar seguridad y protección en los procesos de restitución. El Presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que si se logran prevenir los asesinatos de líderes que exigen reparación “se dejará sin argumentos a los que se ufanan de luchar por las tierras generando violencia y desplazamiento”. Desde el 7-8-2010, al menos ocho líderes de tierras o representantes de víctimas en Antioquia han sido asesinados. Situación que preocupa al Gobierno y que obligó a tomar medidas severas luego de que se presentara el robo de una memoria USB que contenía información confidencial del proceso de restitución de tierras. 40 dirigentes de desplazados han perdido la vida de forma violenta desde marzo del 2002 22.

16-3-2011, El Gobierno revocó 53 solicitudes de restitución de tierras en Chibolo, sur del Magdalena, porque fueron mal otorgadas y terminaron en poder de los testaferros del paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo dijo “En el sur de Magdalena funcionó lo que pudiéramos llamar la central del crimen de “Jorge 40” y cuando llegaron allí, sacaron a los campesinos que salieron amedrentados y abandonaron sus parcelas en las que los paramilitares tomaron posesión ilegítima; se presentaron al ICODER que en ese entonces estaba cooptado por el paramilitarismo y fueron ellos los que se quedaron con esas tierras”. Señaló que son aproximadamente 4.000 hectáreas las que le serán devueltas a las cerca 150 familias, “vamos a restituir a los legítimos propietarios. Este es un caso emblemático, es la primera vez que el Estado restituye una tierra que había adquirido de manera fraudulenta un grupo armado ilegal. El Incoder está en un proceso de restructuración y de reingeniería administrativa y ética, estamos revisando todos los archivos en busca de posible irregularidades que serán puestas en conocimiento de las autoridades judiciales” 23.

9-4-2011, Los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron en Cartagena 16 acuerdos de cooperación e integración en diversas áreas que tienen que ver con proyectos de infraestructura, que van a fortalecer la integración, construcción de poliductos, oleoductos y carreteras. “Fue una reunión muy productiva. Se cumplen ocho meses desde que se decidió poner en marcha un proceso en diferentes frentes para fortalecer las relaciones entre Venezuela y Colombia”. También convenios en materia de comercio, pago de exportaciones a empresarios colombianos, creación de empresas de salud, turismo, desarrollo fronterizo, suministro de combustibles y lucha antinarcóticos. También se firmaron acuerdos sobre turismo. “El turismo de Venezuela hacia Colombia y de Colombia hacia Venezuela siempre ha sido muy importante y queremos incentivarlo en ambas vías”. Se reanudó el suministro de gasolina de Venezuela en las regiones colombianas fronterizas, y se normaliza gradualmente, y agradeció al Gobierno venezolano la donación de un puente en la región de Norte de Santander en Tibú. “Hoy tenemos un paraguas legal que es la CAN, pero el 21 de abril 2011 Venezuela deja de ser parte de la CAN; estudiamos la situación para que no existiera solución de continuidad, para que no existiera una interrupción, pero como todavía no hemos llegado a un nuevo acuerdo”. Ante esa situación, y pese a la buena voluntad de los dos gobiernos por encontrar un nuevo marco comercial, “se decidió extender las reglas de juego que rigen en el comercio entre Venezuela y Colombia por tres meses prorrogables para que los equipos sigan la negociación”. Los gobiernos de Colombia y Venezuela proseguirán el proceso que busca normalizar la situación de Honduras y su reintegración a la OEA. El objetivo es suscribir un documento base que sirva para lograr este objetivo 24.

15-4-2011, El Gobierno de Juan Manuel Santos invitó a la CIDH a visitar Colombia para analizar “en el terreno” los avances en la protección de los derechos humanos, en respuesta a la decisión de ese organismo de mantener al país en su “lista negra”. El Vicepresidente, Angelino Garzón dijo: “Los invito a que analicen en el terreno la situación de Colombia y escuchen a los diferentes voceros de la sociedad civil y del Estado”. Colombia es “un país abierto al examen y escrutinio de la comunidad internacional”. Se han producido “avances” en materia de derechos humanos, pese a las dificultades, “la mayoría de ellas generadas por las organizaciones armadas ilegales. Me preocupa que la Comisión, hasta donde tengo entendido, poco o nunca aparece por Colombia. Yo, por ejemplo, me reuní con ellos en enero de este año y les reiteré la invitación a visitarnos y aún no definen fecha”. Con el aval del Presidente Santos y de la Canciller María Angela Holguín, se pedirá a la Secretaría General de la OEA que convoque una plenaria para analizar íntegramente la situación de los derechos humanos en América. “Siento que este tema necesita un análisis a fondo. La OEA tiene que ayudar con sus organismos y procedimientos a estimular a los países para avanzar en esta materia y a señalar con criterios propositivos las dificultades”. Los organismos internacionales encargados de revisar la protección de los derechos humanos “no se pueden convertir en figuras de inquisición. No confundamos procedimiento y espíritu de cooperación con posturas inquisidoras que no reconocen avances y dificultades”. El Gobierno ha convocado a una Conferencia Internacional de Derechos Humanos, que se celebrará en Colombia en diciembre del 2011 25.

26-4-2011, El Juez 42 Penal Municipal de Bogotá, con Funciones de Conocimiento, Edgardo Sánchez legalizó la captura del Editor de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, Anncol, Joaquín Pérez Becerra, de quien se dice era uno de los jefes diplomáticos de las FARC en Europa. El periodista fue detenido en Caracas, Venezuela, debido a las investigaciones adelantadas por autoridades nacionales, que lo señalaban como el “Canciller” de esa organización armada, que se disponía a reunirse con jefes guerrilleros. El periodista es sindicado por la Fiscalía de haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y administración de bienes provenientes del terrorismo 26.

2-5-2011, En los próximos cuatro años, hasta 2014, el Gobierno del Presidente Santos anunció que gastará más de 76,5 billones de pesos (equivalente a u$s 31.550.802.139) en los programas para consolidar la paz en el país. La multimillonaria cifra está consignada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que aprobó el Congreso de la República, según documento presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El informe del Gobierno revela que los recursos se obtendrán casi en su totalidad del Presupuesto Nacional. Dentro de los más de 76,5 billones de pesos (de 2010) se encuentran 59,5 billones de pesos para enfrentar a los diferentes grupos al margen de la ley que operan en vastas zonas del territorio nacional. Aclara el documento que se incluyen gastos de personal y generales del sector Defensa y Seguridad por valor de 51.8 billones de pesos de 2010. Dentro del paquete de los 76,5 billones de pesos se contemplan 16 billones de pesos para el sector de Justicia que incluye gastos de funcionamiento del sector Interior y Justicia por valor de 13.2 billones de 2010. Los 76,5 billones de pesos para la consolidación de la paz, es el presupuesto más alto dentro de los programas que pretende ejecutar la administración del Presidente Santos, aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo avalado por el Legislativo y con recursos provenientes del poder central. A los gastos estimados para la consolidación de la paz le sigue el programa Igualdad de oportunidades para la prosperidad social con recursos propios por cerca de 53,9 billones de pesos, pero que al final con los otros recursos del sector privado se eleva a 168,08 billones de pesos. Para el 2011, la administración Santos va a gastar 19,05 billones de pesos para la paz: 14,89 billones de pesos para la seguridad democrática y 4,10 billones para la justicia. El presupuesto para el 2012 indica que el orden público y la seguridad ciudadana va a disponer de recursos por el orden de los 15,01 billones de pesos. Para el 2013 el Plan Nacional de Desarrollo contempla que la seguridad y la paz tendrá recursos por cerca de 16,52 billones de pesos. Para el 2014, último año de la administración del Presidente Santos, se estiman gastos cercanos a los 17,74 billones de pesos para la seguridad ciudadana. En total en este periodo la consolidación de la paz se buscará con un presupuesto superior a los 22.08 billones de pesos 27.

5-5-2011, El Presidente Juan Manuel Santos reconoció que en Colombia existe conflicto armado y no una amenaza terrorista, concepto que será incluido dentro de la Ley de Víctimas. Tras una reunión en la Casa de Nariño entre el Primer Mandatario y los voceros de los partidos de Unidad Nacional, se decidió incluir en la iniciativa esta nueva postura, con el fin de evitar que en la reparación a las víctimas se filtren personas afectadas por la delincuencia común. En una visita a Tumaco, al ser indagado sobre el tema, Santos respondió tajantemente: “Hace rato hay conflicto armado en este país” 28.

10-5-2011, Pese a las críticas públicas del ex-Presidente Uribe, el Presidente Juan Manuel Santos mantuvo su reconocimiento de que hay conflicto armado interno en el país. “Como lo dije en forma espontánea conflicto armado interno tenemos hace mucho tiempo. Aquí no hay nada nuevo, aquí no se está haciendo una adición a algo que se tenía en el pasado sino que continúa una situación muy clara y es que las Fuerzas Armadas están operando bajo el Derecho Internacional Humanitario que presupone la presencia de un conflicto armado interno. Reconocer el conflicto, de ninguna manera significa que los terroristas dejen de ser terroristas porque ellos son terroristas porque cometen actos de terrorismo. De ninguna manera significa que les vamos a dar un reconocimiento especial y mucho menos que estamos allanando el terreno para la beligerancia”. El Presidente Santos dejó claro que seguirá la actitud firme de la Fuerza Pública en contra de los violentos y los narcoterroristas que combaten el Estado Social de Derecho del país. Las víctimas de las bandas criminales (bacrim) no serán reparadas en el marco de la iniciativa de reparación por la Ley de Víctimas. La decisión se da toda vez que las bacrim son delincuencia común y no pueden ser resarcidas sus víctimas en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Si la ley sólo menciona a los grupos armados ilegales, excluyendo a los delincuentes comunes, no quedan precisas las definiciones de organizaciones como las bacrim. Las víctimas que se van a reparar son las de los grupos armados y no de delincuencia común. Se corrigió el posible error que contemplaba que se invertía la carga de la prueba para precondenar al Estado 29.

10-5-2011, En relación con el informe elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, fundado en 1958, una ONG basada en Londres que se declara independiente, sin afiliaciones o alianzas a gobiernos u otras organizaciones políticas. James Lockhart Smith fue el principal investigador de los materiales) británico, titulado “The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of 'Raúl Reyes'”, la Canciller colombiana, María Angela Holguín, dijo “Aspiro a que este informe no traiga un ruido que de alguna manera nos dañe el camino por donde vamos. Conversé con el Canciller Maduro sobre la salida del informe y coincidimos en que pasamos la página. Yo creo que esta nueva relación, este nuevo acercamiento que hemos tenido con Venezuela, igual con Ecuador, hace que tengamos que pasar la página y mirar hacia delante” 30.

10-5-2011, El artículo 3ro de la Ley de Víctimas, que reconoce la existencia de un conflicto en Colombia, ha generado controversia y oposición por parte del ex -Presidente Uribe. El Presidente Santos, con el respaldo de los altos mandos militares, ratificó su postura, aseguró que las Fuerzas Armadas están operando bajo el paraguas del Derecho Internacional Humanitario “que presupone la existencia de un conflicto armado interno” y enfatizó que de ninguna manera significa que los terroristas dejarán de ser terroristas y que no se está allanando el terreno para la beligerancia 31.

14-5-2011, El Presidente Juan Manuel Santos dijo que él y el ex -Presidente Uribe, junto a los Comandantes de las Fuerzas Militares “terminaríamos en La Picota” por los bombardeos a los grupos insurgentes. “Si no hay conflicto armado, no podemos bombardear a los jefes de la guerrilla”. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también han hecho referenciado el conflicto armado interno que sufre el país. “Nuestras Fuerzas Armadas viene operando bajo el paraguas del Derechos Internacional Humanitario porque le da más flexibilidad para sus operaciones. Quiero que entiendan que si decimos que no hay conflicto armado se restringe capacidad de operaciones de las Fuerzas Armadas”. Negar ese concepto haría que “terminaríamos en La Picota” 32.

23-5-2011, El Gobierno Nacional fijó una posición firme en la lucha por conseguir la paz para el país. El Presidente Juan Manuel Santos arremetió contra quienes están en contra de la búsqueda por llegar a la paz en Colombia. “Cualquier persona tiene que estar enferma mentalmente sino quiere la paz. Algunos me acusan de querer la paz; y eso me honra”. La búsqueda de la paz no puede ser a cualquier precio. “No creo conveniente que nadie trate de establecer canales paralelo (al Gobierno) para buscar diálogos con la guerrilla (...) desautorizo cualquier intento en ese sentido. Cuando consideremos que existe el momento, abriremos esa posibilidad”. Debe darse “la forma y oportunidad” para poder establecer contactos con los grupos armados al margen de la ley 33.

24-5-2011, El 68 % de las 330.000 víctimas del conflicto que han pedido reparación son mujeres. De la cifra total, 90.860 víctimas se registraron en Antioquia. Le siguen en número Bogotá y Cesar. Con la Ley de Reparación de Víctimas, cuatro millones de colombianos recibirán reconocimiento y reparación. La norma tiene dos grandes temas: 1) el tratamiento para las víctimas del conflicto armado (cuyo reconocimiento quedó en la ley) y 2) la restitución de tierras para quienes fueron despojados por los grupos armados ilegales. Puntos claves en el tratamiento de las víctimas: 1. ¿Quiénes son en sí las víctimas? Tendrán reparación. La Ley de Víctimas se convirtió en la vía del gobierno de Juan Manuel Santos para reconocer que en Colombia sí hay conflicto armado, a partir del cual el país se pliega a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Así, las víctimas pueden ser reparadas de manera integral. En el artículo 3ro del proyecto se definen a las víctimas. Serán “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, por el conflicto armado interno, por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, siempre que este menoscabo sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. De la misma forma, se consideran víctimas a las personas que hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. Los miembros de los grupos organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos contemplados en los que niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un menoscabo en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”. Se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente Santos, con el fin de que expida un decreto con fuerza de ley, que recoja el acuerdo que las minorías étnicas del país, como afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom vienen trabajando en mesas de concertación. 2. Importa la condición de víctima y no la identidad del victimario. Las víctimas serán reparadas independientemente de que el agresor haya sido un paramilitar, un guerrillero o un agente del Estado. 3. Habrá indemnización. No será necesario esperar un largo proceso judicial, porque las víctimas que se reporten como tales serán reparadas por vía administrativa. Es decir, el Estado las indemnizará. La cifra no pasará, en todo caso, de $ 40 millones (aprox. u$s 21391). 4. 1985 y 1991, fechas para reparación. La ley comprende varios periodos de aplicación. En el caso de la reparación integral de las víctimas, serán favorecidas las personas que se hayan convertido en víctimas a partir del primero de enero de 1985. Y en el caso de la restitución de tierras, esta favorecerá a los despojados desde el primero de enero de 1991. En ambos casos, la vigencia va hasta 10 años después de la entrada en vigencia de la ley. Quienes sean víctimas del conflicto de aquí al 2021, también podrán reclamar. 5. Cerrojo a demandas. La ley incluye un contrato según el cual, si la víctima escoge ser reparada por vía administrativa, desiste “voluntariamente” de demandar al Estado por la misma causa. No queda inhabilitada para demandar al victimario. 6. Agencia especial. Las funciones de Acción Social pasan al Departamento Administrativo para la Reparación y la Inclusión. Tendrá una unidad para la Atención y Reparación. Se crean el Centro de Memoria Histórica y el Registro Unico de Víctimas. Capítulo de la Restitución de Tierras. 1. Restitución mediante procesos rápidos. La ley garantiza la restitución de tierras a campesinos despojados o desplazados, mediante procesos expeditos que deberán dar resultados en máximo 4 meses. Para esto se crea la jurisdicción de tierras, cuya responsabilidad recae en jueces penales del circuito. 2. Poseedores deben demostrar propiedad. Se invierte la carga de la prueba. Basado en el principio de la buena fe, el Estado confiará en las denuncias de las víctimas de despojo. Los denunciados tendrán que demostrar derechos sobre tierras en litigio. 3. Habrá segunda instancia para reclamaciones. Para evitar demandas temerarias y tramposas se creó una segunda instancia en la Corte Suprema, a la que podrán acudir quienes se crean tratados injustamente. La restitución queda en manos del Minagricultura. 4. Castigo a uso de fuerza para obtener predios. Quienes pretendan ocupar por vías de hecho las tierras perderán el derecho a reclamar. Esta es una de las últimas modificaciones a la ley, para evitar que políticos o grupos armados impulsen la invasión de predios, como en Urabá 34.

10-6-2011, El Presidente, Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que busca asistir y reparar a quienes han sufrido por causa de la violencia en Colombia en una ceremonia en la Casa de Nariño, con la asistencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon. “Hoy es un día de esperanza nacional. No sólo los colombianos sino el mundo entero son testigos del propósito de un Estado que está dispuesto a pagar una deuda moral, una deuda largamente aplazada, con las víctimas de una violencia que tiene que terminar, ¡que vamos a terminar!”. El país tiene la obligación y el anhelo de superar el sufrimiento y el llanto causado por el crimen y el terrorismo. “Hemos sufrido mucho, hemos llorado mucho; hemos sentido el golpe de la mano asesina, el dolor de las viudas y los huérfanos, el desamparo de los despojados, y tenemos el reto, la obligación, el anhelo, de sacudirnos las cenizas y continuar el viaje. ¡Y vamos a hacerlo, colombianos! ¡Podemos hacerlo!”. Colombia no está condenada a “cien años de soledad ni a cien años de violencia. Si hemos tenido víctimas, si aún siguen produciéndose víctimas, vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde: ¡al lado de ellas, de su parte, abrazando y comprendiendo su sufrimiento! Que el sol de la prosperidad salga para todos, pero primero salga para los más olvidados, para los más sufridos, para los inocentes que hasta hoy han cargado en soledad el peso de su dolor”. Un claro mensaje que el gobierno quiere enviar a la comunidad internacional en el sentido de que Colombia comienza a transitar ya por el sendero de la reconciliación, antesala para la paz y, de paso, seguir posicionando su liderazgo 35.

11-6-2011, Frente al guiño de negociación propuesto por el líder de las FARC Alfonso Cano al Presidente Santos, este respondió que “el país ya no cree en palabra de las FARC muchas veces nos han engañado” 36.

28-6-2011, La reglamentación de la Ley 1424, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, por medio del Decreto 2244/2011, garantiza que se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas, al tiempo que busca proteger el derecho que tienen las víctimas y la sociedad colombiana de conocer el contexto y las causas de la conformación de grupos organizados al margen de la ley, además de evitar la repetición de hechos violentos. El Centro de Memoria Histórica, creado por la Ley de Víctimas para recolectar, clasificar y analizar la verdad de los hechos violentos, será también el encargado de recibir la versión no judicial que entreguen las personas desmovilizadas en su compromiso de aportar a la reparación. El Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder dijo: “Del compromiso con el proceso de reintegración, con la sociedad y con la paz depende la libertad de cada una de las personas desmovilizadas, la verdad contada por ellos será compilada en el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Victimas, contribuyendo así a la construcción de una visión integral de la historia del país”. Estos decretos fortalecen el marco de la justicia transicional otorgando a las personas desmovilizadas beneficios jurídicos, que les permitirán conservar su libertad, siempre y cuando su único delito sea el de haber pertenecido a los grupos armados ilegales y no estén postulados a la Ley de Justicia y Paz, Ley 975/2005. Se podrán suspender órdenes de captura o la ejecución de la condena únicamente, si las personas que han dejado las armas están cumpliendo con el programa presidencial para la reintegración que coordina la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). Para acceder a los beneficios de la nueva ley, una persona desmovilizada debe: 1) Estar activos o culminar formalmente el proceso de reintegración que lidera la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración - ACR. 2) No haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización. 3) Firmar un formato en el que se compromete a contribuir con la Verdad Histórica y la Reparación. El plazo para presentar la solicitud vence el 28 de diciembre de este año. De no hacerlo, perderán la posibilidad de acceder a los beneficios de esta Ley. 4) Participar de las actividades de servicio social y reparación que establezca la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. 5) Firmar el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación ante el Alto Consejero Presidencial Para la Reintegración. 6) Presentarse ante el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, en donde deberán facilitar el esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley, el contexto general de su participación y garantizar la no repetición de hechos violentos. El Alto Consejero Alejandro Eder destacó que es de vital importancia que la sociedad le tienda la mano a esta población para que se reintegre a nuestros barrios y lugares de trabajo, además enfatizó que con estas nuevas normativas todos los colombianos se beneficiarán porque se dan las condiciones para construir un país en paz 37.

5-7-2011, Cuando se den las circunstancias, el Gobierno Nacional buscará la ayuda de la Iglesia Católica para conseguir la paz en Colombia, señaló el Presidente Juan Manuel Santos, durante el Foro “Juan Pablo II, con la paz de Cristo por los caminos de Colombia”, que se realizó en Bogotá. Hizo el pronunciamiento, luego de resaltar que la Iglesia Católica ha estado siempre dispuesta a trabajar por la paz y la reconciliación en Colombia: “La Iglesia -al igual que el Estado- continúa explorando vías y caminos para la paz. Y tengan la seguridad de que cuando veamos que las circunstancias sean propicias, los llamaremos para que nos ayuden a conseguir ese anhelado objetivo”. Al Gobierno y a los colombianos los anima y reconforta saber que la Iglesia está dispuesta a contribuir con cualquier iniciativa “cuando la guerrilla, finalmente, se dé cuenta de que a través de las armas sólo seguirá encontrando la cárcel o la tumba”. Los jerarcas del catolicismo en el país son los primeros en entender que mientras dichas circunstancias no se presenten, “la Fuerza Pública seguirá actuando con toda la contundencia y toda la eficacia para proteger la vida, la libertad y la honra de los colombianos. En cuanto a eventuales acercamientos con las llamadas bandas criminales, reitero lo que le he dicho a Monseñor Vidal: Si esas bandas se quieren someter a la Justicia, bienvenido sea, y estaremos dispuestos a facilitar dicho sometimiento”. Agradeció la disposición de la Iglesia Católica con la puesta en marcha y la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dicha Ley permite “superar la violencia y las heridas que nos ha causado por tantas décadas” la violencia en Colombia. La Ley de Víctimas tiene como fin ir pagando la deuda que tiene la sociedad con las víctimas de la violencia y es una forma de construir la paz en la Nación. “Por eso, desde ya, acepto su ayuda, que será invaluable, porque son muchos, ¡muchísimos!, los retos que tenemos” 38.

22-7-2011, El Presidente Juan Manuel Santos extendió un nuevo llamado a las FARC para que dejen en “libertad” a los menores de edad que tienen en sus filas. Dijo a la guerrilla que “si quieren hablar de paz” deben primero dejar el reclutamiento de menores y permitir que se desmovilicen los que actualmente permanecen en el conflicto. “Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles a los grupos ilegales un mensaje muy claro: si ellos realmente quieren la paz, como la queremos todos los colombianos, tienen que comenzar a hacer unos gestos, como liberar a los secuestrados, como dejar de reclutar a los niños, como liberar a todos los niños que tienen reclutados en sus filas” 39.

4-8-2011, Al dar inicio al primer foro de inversión entre Colombia y Brasil y pronto a cumplir un año el Presidente Santos dijo que uno de los más fuertes propósitos de su administración es bajar los índices de pobreza y desigualdad. Tenemos el vergonzoso título de ser uno de los países con el mayor índice de pobreza y de desigualdad en la región 40.

7-8-2011, El Presidente Santos llamó a las Fuerzas Militares a ajustar sus operaciones y procedimientos a las nuevas formas de operar de la guerrilla de las FARC, que según él, cambió su estrategia ante los golpes de la fuerza pública. “Tenemos que ajustar nuestra doctrina, nuestras operaciones y nuestros procedimientos a ese modo de operar, sin caer en la trampa de restarle eficacia y vigor a las operaciones que seguiremos haciendo contra ellos”. Pidió al Ministerio de Defensa hacer una revisión “de nuestras capacidades para obtener inteligencia de combate y para que -a nivel estratégico- se asegure la unificación de la inteligencia de los diferentes servicios”. El objetivo de la nueva estrategia es acomodarse al accionar de la guerrilla de las FARC, que frente a los golpes militares de los últimos meses ha optado por enfrentar a las tropas con grupos pequeños, francotiradores y campos minados. Los guerrilleros “pretenden hacerse invisibles vistiendo de civil, en contra de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y pretenden hacer ruido y causar zozobra con pequeñas operaciones “avispa” contra nuestros hombres y, sobre todo, contra la población civil”. Enfatizó en la necesidad de operar en unidades más pequeñas y acentuar el esfuerzo en la inteligencia, estrategia propia, la colaboración con la justicia, la consolidación y la revisión de la situación jurídica de los miembros de la fuerza pública 41.

8-8-2011, El Presidente Santos afirmó que no ha autorizado ni autoriza a nadie para que sostenga algún diálogo con las FARC y el ELN. Como Jefe de Estado “debo reiterar que, por supuesto, me interesa la búsqueda de la paz y, como Presidente de la República, me corresponde liderar cualquier esfuerzo que conduzca a un eventual diálogo, pero sólo cuando se den las circunstancias apropiadas”. Sólo abrirá la puerta del diálogo cuando haya la certeza de que la subversión ha demostrado un verdadero interés para lograr la paz y no se burlará nuevamente del país. “La liberación unilateral y sin condiciones de los secuestrados que hoy tienen en su poder podría ser un paso en la dirección correcta”. Entre tanto el mensaje a la subversión es que las Fuerzas Militares serán implacables en su persecución y combate, pues son grupos terroristas, al igual que se seguirá golpeando a las bandas criminales. “Como lo hemos venido haciendo, con una estrategia que ha aumentado el número de capturas y, lo más importante, su juzgamiento” 42.

13-8-2011, El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que “la puerta está cerrada con llave y la llave la tengo yo en el bolsillo”. Santos ratificó lo dicho en días anteriores en el sentido de que no ha autorizado ningún diálogo con la guerrilla. “Diálogo sí, pero solo cuando estemos convencidos”. Desautorizó cualquier iniciativa para buscar “diálogos paralelos”. Se refirió, sin nombrarla, a la iniciativa de la ex-Senadora Piedad Córdoba, quien al frente de un grupo de mujeres activistas de renombre internacional, invitó a las FARC a liberar a los 18 policías y militares que aún tienen en su poder como gesto para una salida dialogada al conflicto 43.

13-9-2011, Desde su discurso de posesión, el 7-8-2010, el Presidente Juan Manuel Santos dejó entrever la posibilidad de buscar diálogos de paz durante su mandato al afirmar que “la puerta no está cerrada con llave. Aspiro, durante mi gobierno, sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Las condiciones para llegar a acercamientos con los grupos armados ilegales: “La renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación, y la liberación de todos los miembros de la Fuerza Pública que hoy están en poder de las FARC”. El Gobierno está trabajando en la construcción de un marco legal que evite que al momento de sentarse a negociar la paz los resultados sean tan pobres como ha sucedido con la Ley de Justicia y Paz, implementada por el ex-Presidente Alvaro Uribe para la desarticulación de los grupos de autodefensa, con la cual no se ha logrado cumplir con las premisas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El Ejecutivo está tratando de garantizar que tanto víctimas como victimarios recuperen sus derechos y, en el caso de los segundos, la idea es lograr que al momento de dejar las armas puedan entrar al debate político, factor que no se pudo cumplir en el proceso de desmovilización de las autodefensas por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Yesid Ramírez, que negó la posibilidad de que los paramilitares fueran objeto del delito político. Es en esta perspectiva que encuadra el proyecto de acto legislativo radicado en el Congreso por el Senador Roy Barreras, que cuenta con el respaldo del Presidente Santos, y que plantea modificar el artículo 122 de la Constitución Política, según el cual “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, (…) quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”. El proyecto de reforma constitucional agrega un inciso que dejaría en manos del Gobierno y del mismo Legislativo la posibilidad de darle vía libre a la participación política de los desmovilizados, al señalar que “cuando por iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional, así lo disponga el legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara, esta disposición (la del artículo 122) no se aplicará a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el Gobierno”. El Senador Roy Barreras, coautor de la norma, explicó que “este acto legislativo sin duda servirá para superar las falencias de la Ley de Justicia y Paz que hoy demuestra unas debilidades que deben ser corregidas. Es una herramienta que permite hacer fácilmente las desmovilizaciones del presente y del futuro. El Presidente ha dicho que no ha botado las llaves de la paz al mar y nosotros estamos haciendo la labor de orfebres, puliendo la llave y que se usará cuando las condiciones sean las adecuadas”. No se trata del inicio de ningún proceso de paz ni de diálogos de naturaleza alguna. “Hoy los violentos y terroristas siguen siendo eso y lo único que merecen en el presente es la persecución legítima de las fuerzas del Estado, pero si decidieran transitar los caminos de la paz, el Presidente de la República debe contar con los instrumentos jurídicos para recibirlos en sociedad”. El Presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, ve en la iniciativa radicada, la manera de mostrar eficiencia y eficacia, y evitar así la llegada de la Corte Penal Internacional ante el comprobado fracaso de la Ley de Justicia y Paz, que después de seis años y 34 mil procesos, sólo se han fallado cuatro 44.

18-9-2011, Desde Marquetalia, lugar donde hace 47 años nacieron las FARC, el Presidente Juan Manuel Santos los invitó a que renuncien al terrorismo y se desmovilicen. “Aquí desde donde nacieron las FARC, hace 47 años, les envío un mensaje: desmovilícense, dejen las armas, renuncien a la violencia, renuncien al terrorismo y ahí esteremos listos para darles una oportunidad en la vida civil”. Cada vez la Fuerza Pública está mejor preparada para enfrentar el terrorismo, lo que se demuestra con los resultados en contra de la guerrilla. “Cada vez están más mal, llevamos casi dos mil capturados, cerca de 500 dados de baja miembros de las FARC, en suma son 4 mil 500 miembros de las FARC neutralizados en este último año”. La desesperación ha obligado a los miembros de esa guerrilla a reclutar a menores de edad. “Los ha obligado a reclutar a la fuerza a niños de muchas familias, que lo único que tienen hoy en día por las FARC es odio, porque se les llevaron a sus niños a la fuerza, eso no tiene futuro. Por la vía de las armas no van a lograr absolutamente nada, como no lo han logrado nada en 47 años. Aquí estamos donde nacieron las FARC para decirles: por esa vía lo único que van a encontrar es la muerte o una cárcel”. Ninguna zona del país está vedada para el ingreso de la Fuerza Pública, advirtió durante el saludo a las tropas que operan en Planadas (Tolima), sitio en el cual se gestaron las FARC hace 47 años. “Estar en esta base significa muchísimo, significa lo que la política de Seguridad Democrática ha querido mostrar desde su inicio y es que en ningún rincón de la Patria la Fuerza Pública no puede entrar. Yo soy el primer Presidente en la historia de Colombia que viene aquí a Marquetalia, pero no hubiera podido venir si no es por ustedes, por eso quiero agradecerles a nombre de todos los colombianos, ustedes son unos héroes, sigan con su trabajo, cumplan con su deber y en la medida en que ustedes sigan teniendo éxito este país va a ser cada vez mejor, de manera que muchas gracias. Lo que ustedes están haciendo aquí repercute en el resto del país, porque lo que ustedes están haciendo aquí lo que hace es darle más esperanza y más futuro a Colombia, en la medida en que ustedes son exitosos el país es exitoso”. Gracias a las acciones para retornar la seguridad, los inversionistas extranjeros quieren venir a Colombia a generar prosperidad. “Hoy el mundo entero nos esta viendo con ojos muy positivos, vienen de todas partes del mundo a invertir a Colombia. Estuve hace unos días, llegué ayer (sábado) de Corea, del Japón, y el interés es Colombia. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo un buen trabajo” 45.

10-10-2011, El Gobierno Nacional le insistió al Congreso la necesidad de la aprobación del proyecto de justicia transicional para las desmovilizaciones que está en trámite en la Cámara de Representantes. El Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, dijo que “lo importante de este acto legislativo es que busca dar una estabilidad a las políticas de paz no solo en las actuales sino también en las futuras”. Por eso, pidió entender que el proyecto de reforma constitucional “no sólo es para los desmovilizados sino también para toda la sociedad colombiana, si lo que queremos es un país en paz. En este momento en el caso de los desmovilizados actuales ya se han agotado todos los mecanismos y posibilidades legales, entonces lo que queda es tratar de darle en marco constitucional a la justicia transicional para que se permita no sólo que haya más estabilidad al proceso de reintegración sino en todas las herramientas de justicia transicional”. Cerca de 25 mil desmovilizados entre 2003 y 2006 que llevan mucho tiempo en la legalidad, están en el limbo jurídico. Han restaurado sus vidas sentimentales y “no es tan fácil que esas personas vuelvan a la ilegalidad porque se están formando. El problema es que si nosotros como sociedad les cerramos la puerta a la legalidad no les estamos dejando más opciones, pero en su gran mayoría, confío harían lo posible por estar en el marco de la ley” 46.

4-11-2011, Mediante la Operación Odiseo, el Ejército. La actividad de inteligencia para desarrollar este golpe fue aportada por ocho agentes infiltrados de la Policía. También fue capturado El Indio Efraín, Jefe de seguridad de Alfonso Cano, y alias El Zorro, uno de los miembros de su guardia. Ya se habla del nombre de su sucesor, que está entre Iván Márquez y Timoleón Jiménez, alias Timochenko. El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que “gente dentro de las FARC” ayudó a la operación Odiseo. “Nuestras Fuerzas Armadas fueron planeando lenta, pero seguramente, lo que (…) ejecutaron de forma impecable”. No fue un golpe aislado, sino el fruto de una estrategia que venimos adelantando por meses y de la perseverancia del Estado y su fuerza pública en la lucha contra las FARC. Santos insistió en pedir a la guerrilla que se desmovilice y ratificó su expresión de que de no hacerlo les espera “la cárcel o una tumba”. “A los cabecillas que quedan les digo: Piénsenlo, piénsenlo muy bien, porque la intransigencia sólo lleva a la muerte o captura por nuestras tropas”. Tomen ejemplo de la ETA, que a principios de octubre del 2011, decidió dejar las armas. “¡Es hora de desistir!”; deben desmovilizarse. “Las FARC y su carrera absurda de violencia que ya alcanza casi medio siglo, han llegado a un punto de quiebre. Cayó Martín Caballero, cayó el Negro Acacio, cayó Martín Sombra, cayó Raúl Reyes, cayó Iván Ríos a manos de sus propios hombres, murió Tirofijo asediado por la ofensiva de nuestras tropas, cayeron César y el Paisa, cayó Jojoy… y hoy contamos a la historia que cayó su número uno, Alfonso Cano”. El tiempo de las FARC se sigue agotando. No ofrezcan sus vidas por un proyecto fracasado, por defender a unos jefes intransigentes. ¡Desmovilícense! Porque eso es lo que estamos acabando de derrotar hoy: la intransigencia. Alfonso Cano dedicó su vida a la violencia y al ataque a sus compatriotas, y perdió la oportunidad de hacer la paz, perdió la oportunidad de construir país, como lo hacemos todos los colombianos con nuestro trabajo. Décadas de violencia no consiguieron nada, no mejoraron nada: sólo significaron dolor y muerte, sólo ayudaron a perpetuar la pobreza y el atraso. Hoy estamos derrotando el dogmatismo, el extremismo político y aislado de la realidad; de la realidad de un país que está cambiando, que no quiere saber más de la violencia, que no quiere saber más de las FARC, sino que quiere construir y aprovechar las inmensas oportunidades que se nos están presentando para salir adelante, para sacar a la población de la pobreza, para recuperar el campo y las tierras, para crear prosperidad para todos. Los guerrilleros deben saber que tienen dos caminos frente a sí: O se desmovilizan, y gozarán de todas las garantías del Estado, o insisten en la violencia, y en tal caso, como a sus cabecillas, sólo les espera la cárcel o la tumba. De nuestra parte no caeremos en triunfalismos ni bajaremos la guardia. Necesitamos consolidar la paz y la seguridad en todo nuestro territorio, porque la seguridad es el requisito indispensable para seguir creando empleo para los colombianos, para que el país siga progresando, para que millones de compatriotas salgan de la pobreza. El día en que superemos definitivamente esta historia de dolor y muerte que han significado las FARC, nuestro país podrá doblar al fin la página y dedicar todos sus esfuerzos a lo que queremos y necesitamos: más trabajo digno y de calidad, y más ingresos y oportunidades para todos 47.

9-11-2011, El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la cúpula militar hablan sobre la Operación Odiseo: “No nos parece relevante quien será el sucesor de Alfonso Cano porque va a tener que estar más preocupado por huir que por organizar unas FARC que no tienen futuro. Quisiera ver una desmovilización masiva de las FARC, pero si eso no ocurre habrá golpes con la efectividad que el país ya conoce”. El General Oscar Naranjo, director General de la Policía, reconoció el mérito de la Fuerzas Militares en la Operación Odiseo, y envió un mensaje de tranquilidad a los familiares de los secuestrados: “deben tener la tranquilidad de que trabajamos por traerlos sanos y salvos a casa”. Aseguró que estarán “con la lupa puesta” en el nuevo sucesor del abatido cabecilla ‘Alfonso Cano’, para neutralizarlo lo más pronto posible. “Estamos ansiosos de que se anuncie quien va a ser el Jefe de las FARC para enfocar nuestras operaciones en neutralizarlo. Quien quiera que sea el nuevo cabecilla de las FARC se va a enfrentar a un sistema altamente competitivo (…) El país puede tener la conciencia tranquila que por la razón o por la fuerza le vamos a dar tranquilidad” 48.

16-11-2011, El Presidente Juan Manuel Santos, hizo una dura advertencia al nuevo Comandante de las FARC, alias Timochenko, para que reflexione y evite correr la misma suerte de su antecesor, alias “Alfonso Cano”, dado de baja en la operación Odiseo, el 4-11-2011 en Cauca. “Reflexionen, políticamente están derrotados, más del 96-95% de la población rechaza a las FARC. Que militarmente están cada vez más débiles, que la vía de las armas, que la vía de la violencia, no los va a llevar a ningún lado. Que reflexione (Timochenko) o va a correr la misma suerte de ‘Alfonso Cano’”. Pidió un reconocimiento especial para las Fuerzas Militares y recordó los golpes que le han dado a estructuras claves de las FARC. “A frentes que hemos neutralizados casi en su totalidad. A alias ‘Mincho’, que era el ‘Negro Acacio’ del Pacífico, controlaba todo el tráfico de armas, todo el tráfico de drogas para las FARC, cerca a Buenaventura”. Todos los días las Fuerzas Armadas están dando golpes “por un lado al narcotráfico y por otro a las bandas criminales, a la guerrilla, a todos los enemigos que tenemos en este país. No juguemos a la política con nuestras Fuerzas Armadas, más bien apoyémoslas, más bien démosles eso que merecen, todo el aplauso, todo el entusiasmo” 49.

22-11-2011, El Presidente, Juan Manuel Santos, luego de una conferencia en Canning House en Londres señaló, en relación con el conflicto en Colombia, que la salida es a través del diálogo: “La llave está en mi bolsillo y estoy dispuesto a abrir las puertas porque creo que el fin debe ser a través de una solución política, pero necesito claras indicaciones de que esta gente no van a traicionar la confianza del pueblo colombiano”. Se declaró a la espera de que las FARC demuestren voluntad de dejar las armas y se sienten a negociar una salida al conflicto armado. “Necesito claras indicaciones de que ellos se van a sentar a negociar de buena fe y no he recibido estas indicaciones; si las recibo sería el más entusiasta en sentarme para tratar de encontrar un acuerdo. Cualquier presidente colombiano sueña con dejar este país en paz tras 50 años de guerra, yo espero que esto me suceda a mí pero no estoy afanado. Si hay buena fe de su parte habrá buena fe de la mía” 50.

22-11-2011, El Presidente, Juan Manuel Santos, en una conferencia en Canning House, en Londres, dijo sobre el conflicto en Colombia, que la salida es a través del diálogo: “La llave está en mi bolsillo y estoy dispuesto a abrir las puertas porque creo que el fin debe ser a través de una solución política, pero necesito claras indicaciones de que esta gente no van a traicionar la confianza del pueblo colombiano”. Se declaró a la espera de que las FARC demuestren voluntad de dejar las armas y se sienten a negociar una salida al conflicto armado. “Necesito claras indicaciones de que ellos se van a sentar a negociar de buena fe y no he recibido estas indicaciones; si las recibo sería el más entusiasta en sentarme para tratar de encontrar un acuerdo. Cualquier presidente colombiano sueña con dejar este país en paz tras 50 años de guerra, yo espero que esto me suceda a mí pero no estoy afanado” 51.

30-11-2011, “!No nos crean tan pendejos!”, afirmó el Presidente Juan Manuel Santos, al rechazar el comunicado de las FARC, donde ‘lamentan’ el asesinato de los cuatro integrantes de la Fuerza Pública que tenían secuestrados. “El pasado sábado, fueron asesinados a mansalva cuatro de nuestros héroes, a quienes despedimos con los honores que merecen. Las FARC no pudieron haber sido más cobardes. “¡Y ahora sacan un comunicado donde ‘lamentan’ lo que ocurrió, después de haber apretado el gatillo que acabó con sus vidas! Esa declaración merece un puesto de honor en el muro de la infamia y la crueldad”. El Jefe de Estado manifestó que “el país no es tonto y no se deja engañar por comunicados infames”. “Ahora dicen las FARC que ‘extienden su sentimiento de pesar’ a los familiares de nuestros cuatro héroes, cuando fueron ellos quienes los arrebataron de sus hogares por 12 años o más! “¡Ahora dicen las FARC que nosotros ‘impedimos su liberación unilateral’, cuando lo que ellos hicieron fue darles tiros de gracia por la espalda!”. No puede haber acto más pusilánime que mantener a una persona indefensa bajo el yugo del secuestro y ejecutarlo por la espalda “¡y eso fue lo que hicieron las FARC!. Los colombianos sabemos que los únicos culpables, los únicos responsables del secuestro y el asesinato de estos cuatro buenos colombianos son las FARC. ¡Las FARC y nada más que las FARC!”. El Presidente Santos reafirmó la decisión inquebrantable del Gobierno y de las Fuerzas Armadas de seguir combatiendo a los grupos violentos “con toda la contundencia, con toda la eficacia y sin tregua alguna” 52.

2-12-2011, Frente al comentario de la ex-Senadora colombiana Piedad Córdoba, que no quiso responsabilizar a las FARC por la muerte de cuatro rehenes, el Presidente Santos dijo que la posición de Córdoba le causaba “coraje (furia) y lástima. Me produce una combinación de coraje (furia) y lástima escuchar a personas como la que escuché esta mañana, por ejemplo, con lo que pasó con el vil asesinato de estos cuatro héroes de la patria. Que no nos crean tan pendejos, que ahí ya sabemos perfectamente quienes fueron los responsables”. Describió a Piedad Córdoba como una persona “obsesionada con el protagonismo”. El dictamen forense del Instituto de Medicina Legal colombiano determinó que los rehenes habían fallecido como resultado de disparos a la cabeza o la espalda hechos a corta distancia. Esto demuestra que fueron ejecutados para prevenir su liberación, algo que las FARC ya han hecho en el pasado 53.

6-12-2011, El Presidente Juan Manuel Santos aseguró que no contempla un acuerdo humanitario con las FARC porque el país está cansado de engaños. Reconoció que salieron a las calles menos personas de las que se esperaba. A su juicio, por el invierno, o porque para los colombianos las FARC no son el principal problema del país. Santos dijo que las FARC no buscan llegar a acuerdo alguno, solamente buscar fortalecerse en términos políticos y militares, al insistir en que el país no volverá a caer en sus trampas. Agregó que revivirá la figura del alto comisionado para la Paz “cuando las circunstancias lo ameriten”, con uno o dos interlocutores. La versión según la cual él no atendía a los familiares de los secuestrados no es cierta. “Esa queja fue de la señora Piedad Córdoba... No he recibido ninguna solicitud en ese sentido”. Dijo que está dispuesto a escuchar propuestas sin escenas mediáticas. Recordó los “shows” en que se constituyeron otros operativos de liberaciones. “Así no vamos a llevar a ningún lado” 54.

6-12-2011, Desde Villeta (Cundinamarca) donde participó en la marcha contra las FARC y por la libertad de los secuestrados, el Presidente Santos exigió la liberación de los secuestrados que están en manos de la subversión, como demostración de que hay intención de llegar a un acuerdo para la paz. “Exigimos ya la liberación de esos 11 héroes de la patria que siguen secuestrados en manos de las FARC. Esa es otra forma de expresar nuestro sentimiento el día de hoy, de decir: libérenlos ya, sin condiciones, como un paso, si realmente hay voluntad de paz, como un paso y una demostración de que hay intención de llegar a un acuerdo para la paz”. Santos expresó que el Gobierno Nacional, con la Fuerza Pública, seguirá combatiendo a los violentos, como ordena la Constitución. “El Gobierno tiene la obligación constitucional, nuestros soldados de tierra, mar y aire, nuestros policías, el Gobierno y la sociedad colombiana tienen la obligación de continuar combatiendo con la fuerza a quienes insisten en la violencia”. El Gobierno Nacional y todos los miembros de la Fuerza Pública son los primeros en rechazar la violencia y en buscarle un fin, ya que los soldados y los policías son los que ponen el pecho y exponen sus vidas todos los días para que el resto de los colombianos podamos vivir en paz. Ellos son los primeros que están interesados en que no haya más secuestros, en que no haya más violencia, en que consigamos la paz. Lo que nos mueve hoy a todos los colombianos es un rechazo a esa violencia, es un rechazo a ese secuestro. Llevamos demasiado tiempo, llevamos casi 50 años, muchos de nosotros no hemos conocido un día de paz, y queremos dejarles a nuestros hijos, a estos muchachos, un país que pueda prosperar en paz”. El rechazo del país entero a las FARC y al secuestro, reflejado en la marcha, tiene un gran significado, porque es un mensaje contundente de una población que está hastiada de violencia: “Por eso les agradezco tanto a ustedes, los villetanos, y a todos los colombianos que están machando en todas las ciudades del país, en todos los pueblos del país, los que están en el exterior también marchando, expresando lo que sienten en su corazón, en su alma” 55.

13-12-2011, En el cuarto de ocho debates legislativos, se mantuvo que la Justicia Penal Militar es la que conozca primero de los procesos contra las Fuerzas Militares. El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aclaró que este inciso “establece una presunción para efectos de señalar que cuando en el marco de una operación militar o de una operación de policía se llegare a cometer un delito, se presumirá, en principio, como corresponde a una presunción, que se trató de un acto de servicio. Esto no significa contradecir la ley que dice que hay ciertos delitos que en ningún caso serán considerados y admitidos como actos de servicio, por ejemplo los de desaparición forzada, delitos internacionales, delitos de lesa humanidad. En relación con ellos sigue vigente la ley” 56.

22-1-2011, El Jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano alias Don Berna, dijo desde su centro de reclusión en Nueva York (Estados Unidos), que el ex Subdirector del DAS era miembro orgánico de las AUC, comprometiéndolo además en varios delitos, tales como los asesinatos de Jaime Garzón y Manuel Cepeda.. “Quisiera empezar diciendo que el Doctor Miguel Narváez era miembro orgánico de las Autodefensas Unidas de Colombia y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en el año 1997”. La declaración de Don Berna fue tomada en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan, donde permanece recluido desde su extradición en mayo del 2008. El ex Jefe paramilitar sostiene que hacia finales de los años 90 su organización tenía mucha influencia de miembros del Ejército, que “utilizaban como intermediario al señor Narváez, ya que él se jactaba de ser profesor de la Escuela Superior de Guerra y daba información sobre operativos contra las autodefensas o personas que tuvieran vínculos con la guerrilla o la izquierda”. Don Berna aseguró que Narváez dictaba conferencias en un sitio que se denominaba 21, entre Valencia y San Pedro de Urabá, en una zona que podría llamarse como el cuartel general de las autodefensas. “Creo que lo único que le faltaba al doctor Narváez era el brazalete”. Al entrar en detalles, Don Berna relató cómo fue testigo de una discusión entre Carlos Castaño y Narváez, donde el primero le reclamaba porque muchos actos que se habían cometido por orientación suya no habían contribuido al desequilibrio del conflicto en Colombia. En la discusión, Carlos Castaño le preguntó para qué había servido la muerte del congresista Manuel Cepeda Vargas o el humorista Jaime Garzón. El jefe paramilitar expresó que el crimen del congresista Manuel Cepeda se cometió como una retaliación por el asesinato del general del Ejército Carlos Julio Gil Colorado y que se enteró, por boca del comandante Castaño, que quien había sugerido el nombre del doctor Cepeda Vargas fue José Miguel Narváez. Don Berna agregó que en su momento conoció a un miembro de las autodefensas que murió recientemente en Urabá y a quien apodaban El Ñato , que participó en el asesinato del congresista Cepeda Vargas. Por él y por su propia experiencia supo que todas las acciones que se llevaban a cabo en Bogotá contaban con el apoyo de miembros del Ejército o del DAS, y que en especial había un oficial que les colaboraba, que tenía el seudónimo de Don Diego. Se trataba de el Coronel Gonzalo Plazas Acevedo. Según declaró Don Berna, este personaje estuvo vinculado al secuestro de un industrial de ascendencia judía y por eso estuvo preso. Carlos Castaño intentó sacarlo de la cárcel. Era una época en la que Carlos Castaño transitaba tranquilamente por la ciudad de Medellín identificándose con un carné como miembro de inteligencia del Ejército. Además, Castaño se la pasaba en un sitio conocido como Monte Casino, otro cuartel de las autodefensas en plena capital antioqueña. A la pregunta de si él en algún momento se enteró de la existencia del llamado grupo de los 6 o de los 8 que participaban en la planeación de crímenes de las autodefensas, Don Berna contestó que en realidad eran 12, pero que no pueden dar todos sus nombres por motivos de seguridad. Sólo mencionó a Pedro Juan Moreno, Farouk Yanine Díaz y Rodrigo García. Agregó que Narváez era muy importante, pero que los otros lo eran más y además eran fundamentales para el país. “Yo creo, en mi experiencia personal, que sin el respaldo de sectores poderosos de la sociedad, las autodefensas no hubieran llegado a tener la influencia y la capacidad de acción que tuvieron hasta su desmovilización”, finalizó diciendo el jefe paramilitar, quien aseguró que hoy su propósito es reconstruir la verdad y colaborar con las instituciones colombianas, pero insistió en que quiere dejar constancia de la necesidad de que se les garantice la seguridad a los miembros de su familia en territorio colombiano. Con base en declaraciones aportadas por el ex Jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, a los fiscales de Justicia y Paz, el ex Subdirector del DAS José Miguel Narváez debe rendir indagatoria dentro de las investigaciones que se adelantan por el secuestro extorsivo agravado de la Senadora liberal Piedad Córdoba, realizado en Medellín en mayo de 1999. Al proceso fue vinculado también el ex Jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez 57.

6-1-2011, Santos reitera continuidad como Uribe III. La propuesta militarista, como salida al grave conflicto colombiano, persiste como única. La guerra medida por litros de sangre derramada es la tónica, tal como lo afirma el Teniente Coronel Víctor Ramírez C. de la brigada XII, Antioquia. El Teniente del ejército Edgar Iván Flórez Maestre, denuncia la práctica sistemática de muertos civiles, como falsos positivos. La Procuraduría, prevaricadora calla, convirtiéndose en bastión de impunidad, renunciando al poder disciplinario, en caso de militares incursos en violaciones a los Derechos Humanos; cesando las facultades de la unidad de investigaciones y desarchivo de documentos contra policías corruptos y asesinos. La conformación de organismos paramilitares legales dentro de la institucionalidad ejército colombiano-EUA, como DEMIL (Defensa Militar Integral) creada por el ex General Harold Bedoya, hace también, en su interior, de Causa Común , organización de amigos de Uribe, para enfrentar las investigaciones de la Justicia contra uniformados. Santos deja pasar, a sabiendas del caudal de dineros de grupos empresariales, alentando esas formas de organizaciones para-estatales dentro de la institucionalidad castrense. El Procurador, como elemento primordial del proyecto contra insurgente en Colombia habla, después que las FARC-EP anuncian la liberación unilateral de tres prisioneros de guerra y de dos retenidos investigados por corrupción, que gracias o como resultado de su sanción y condena a la valerosa Senadora Piedad Córdoba, es que se da el gesto de la insurgencia. El actual Uribe III, premia a los sindicados por desaparición forzada y posterior asesinato, como en el caso del paraco José Gabriel Castellanos, quien de Cónsul acreditado, lo cambia por Asesor ante la OEA en Washington; elemento detenido por investigaciones de falsos positivos en Urabá. Mantiene en la nomina representativa de Colombia en el exterior a sujetos acusados de crímenes de lesa humanidad y que reiteran la paranoica continuidad de persecución de asilados, exiliados y opositores al régimen bestial contra colombianos en el exterior; tales como el Embajador y ex General Montoya; el ganadero Martelo Visbal, por mencionar algunos. Alienta a prófugos de la justicia popular, como el ex Comandante de las fuerzas militares Manuel José Bonnet a cargos de representatividad popular, en el persistente asalto por enrarecer la política del Departamento del Magdalena. Santos deja pasar. La militarización y estigmatización contra todo lo que huela a oposición, continúa bajo Uribe III. Persiste en la negación del principio de distinción, porque como para Uribe III no existe conflicto interno; todos van al mismo recipiente del enemigo interno; continuando con la política de seguridad democrática, letal para los sectores populares y sedientos de “trofeos” y número de cadáveres mutilados. Uribe III permite la reacción corporativa dentro del ejercito Colombia-EUA, por las investigaciones contra sus miembros. Se registran en la actualidad en 780 el número de jueces y fiscales en el exilio y amenazados por conocer casos en contra de militares, activos o no. Esa casta militar, privilegiada, saqueadora del erario público colombiano, se erige como la intocable y Santos calla, deja pasar. Su política de arrasar, arrasar, arrasar, con el instrumento del ejército invasor colombiano-EUA; continua con la comparación de estimar a las fuerzas insurgentes como a una culebra, sin escatimar esfuerzos en el proceso de privatización de la fuerza pública al servicio de intereses de las oligarquías criollas regionales, enriquecidas con el traqueteo del narcotráfico. De la mano con el secretismo sobre el uso de la fuerza y control militar, alegan que por lo agudo del conflicto armado en Colombia, no permite el acceso a la información de directivas sobre destinos de beneficios económicos por número de muertos, recompensas y falsos positivos. Ante todo eso calla y deja pasar Santos. Continua, al igual que su antecesor, con la apátrida aplicación de la extradición de colombianos y colombianas; que con la violación a la soberanía nacional, condenó a los luchadores populares Simón Trinidad, Sonia, a la felonía del imperio y continua siendo el mecanismo optimo para asegurar la impunidad al enviar al ostracismo a sus compinches jefes narco-paramilitares. Si bien Uribe hundió la Ley de Victimas y no presentó una de Tierras; el Uribe III de ahora se ve obligado, por mandato de la Corte Constitucional, a presentar la actual Ley de Tierras, que cual paliativo, viene a ser el modelo maquillado de perpetuar un modelo rural al servicio de los grandes intereses agropecuarios e industriales para los lavadores empresariales colombianos y legitimadores “inversionistas” extranjeros. También aplica un proyecto de Ley de Víctimas o mejor, ley de victimarios, con la cual aspiran que el genocidio de seis mil militantes de la Unión Patriótica caiga en el olvido por la corrupción e impunidad rampantes. Ante el Terrorismo de Estado Santos calla y deja pasar. Con la visión de incremento de la guerra, bajo la batuta del generalato militarista en Colombia; incrementa el presupuesto para la guerra en perjuicio de la educación pública. Continúan con el negacionismo, como forma de perpetuar la impunidad; impidiendo el conocimiento de directivas tendientes a beneficios económicos por número de muertos, ocultando la realidad, contradicciones y desmoralización al interior de las fuerzas armadas. En la desenfrenada carrera por la generación de ofertas de tierras y el arriendo de las mismas al mercado internacional, desestiman las grandes calamidades que ello acarrea. El gobierno de Uribe III en sucesiva utilización del juego mediático, se ve obligado a aceptar elevado número de bajas a miembros de las fuerzas armadas por parte de la insurgencia, continuando en la tozudez de desconocimiento del conflicto bélico interno. Ante la variabilidad táctica de la Insurgencia y su constante estratégica de toma del poder y voluntad política para negociar; la respuesta militarista es la movilidad en sus mecanismos de combate, mediante el crecimiento de las Brigadas Móviles, así aprobadas por el Departamento de Estado EUA. La existencia de 19 Brigadas Móviles lo enuncia. Pero esas unidades de terror se ven en ocasiones proscritas por los mismos amos imperiales; tal como sucede con la Brigada XI de Córdoba y Sucre; con la Brigada XI y Brigada IX en el Huila; la XXX Brigada en Norte de Santander y el Batallón 15 Santander en Ocaña; en que por violación de los derechos humanos e incremento de las ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos, las han privado de asistencia militar y logística-económica, por mencionar tan solo esos casos en los últimos tres años. Los republicanos estadounidenses pasan por alto que pese a esas sanciones de baja de asistencia concretas, continua el incremento de ejecuciones y descubrimientos de fosas comunes en campos militares, aumentando la proporción entre aumento de asistencia e incremento de delitos de lesa humanidad y que aun en casos de unidades del ejercito sin programas de asistencia, continua el incremento de las violaciones, reiterándose que no se trata de hechos aislados, ni de naranjas dañadas, sino de una dañina institucionalidad, que pese a todo acaban de recibir 80 millones de dólares de asistencia. (Consultar al investigador de la ONG indepediente norteamericana y civilista John Lindsay Poland). La prepotencia de la oligarquía militarista colombiana, ante los llamados a conversar de la Insurgencia, se debe al apoyo criminal a las fuerzas militares por parte del Departamento de Estado de EUA. Al igual que en el gobierno anterior, el de Uribe III, continua con la tónica de desconocimiento y oídos sordos a los llamados de la Insurgencia. En forma insultante la respuesta continúa siendo militarista: la vociferación del rescate a sangre y fuego de los retenidos. Silencio total, absoluto, a la existencia de prisioneros de guerra, insurgentes, en las cárceles colombianas y de EUA. La exigencia de rendición unilateral y desmovilización sin más dar a cambio. Juegan al contubernio de si proceder o no a una negociación sin el Comandante Cano. Ante el imperativo de una Ley de Canje, puesto que la continuidad del conflicto amerita la búsqueda de mecanismos ágiles, legales en pro de lo humanitario, coloca al intermediario Pizarro, creen que nos encontramos en una etapa de post conflicto por obra y gracia de su sagrado corazón. Creen dar un golpe de gracia a la iniciativa de la Insurgencia del ELN a un cese al fuego con motivo del desastre invernal y a las FARC por el Canje Humanitario, sancionando leyes como la de no permitir escenarios de encuentro a las fuerzas contendientes en el país; como si el fondo del conflicto fuere la aceptación o no de una institucional “legal” que per se la Insurgencia desconoce. Todo para conducir a la engañada opinión nacional e internacional que en Colombia no hay nada que cambiar y que todo puede seguir igual. Difunden que 5 secuestrados por la insurgencia fueron liberados por el acoso de las tropas, sin dejar de incluir a un niño, con el montaje y mensaje sublime de que así será con la entrega de los cinco retenidos por parte de las FARC. Santos rechaza la pretensión de libertad al camarada Simón Trinidad y el último día del año, difunden y juegan con las contradictorias cifras de víctimas dejadas por la guerra en Colombia, como si el pueblo colombiano no comprendiera el engaño. Comienzan el año con la iniciativa de los Uribeños de la preparación en la cooptación de su maquinaria electorera, criminal y narco-paramilitar. De novela policíaca califican, dicen que la policía nacional infiltró la “organización” criminal de alias Cuchillo, para justificar el poderío a quien asesinó a mas de tres mil colombianos; siendo ese criminal un protegido de la “institucionalidad” policial al que deciden ultimar para agraciar al criminal mas famosos del mundo: el General Naranjo. Todo lo anterior avizora negros nubarrones sobre el territorio colombiano, que no nacional ni patrio por la pisada de la bota militar de ocupación del ejército colombiano-EUA 58.

7-1-2011, El Jefe máximo de las FARC, Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Cano”, anunció que en el 2011 multiplicarán sus “acciones en todo sentido” y pidió especial atención a los proyectos de restitución de tierras y la reparación de víctimas que están en trámite en el Congreso colombiano; si se tratan “con seriedad” podrían “contribuir a la solución del conflicto”. Es “inaplazable” devolverle la tierra a sus verdaderos dueños, los colonos, los campesinos, las comunidades negras e indígenas. Para que estos proyectos avancen, es necesario liquidar “el latifundio que crece como un cáncer”. “En el 2011 redoblaremos actividades en todo sentido, con la que nos proporcionan nuestras convicciones, el cuidado que nos impone la experiencia y el aliento de todos los caídos”. No dejaremos “un solo instante de luchar por la solución política del conflicto” porque amamos la paz. Mientras no se consiga, entre todos los actores, el camino de la reconciliación y la paz continuaremos “desarrollando la guerra de guerrillas”. Los desastres y las víctimas que dejan las precipitaciones son “consecuencia de la imprevisión, el desgreño” y la mala administración del Gobierno. Los daños provocados por las lluvias son consecuencia de la exploración inclemente y desmedida de los recursos naturales por parte de capitalistas extranjeros 59.

8-1-2011, Según Alfonso Cano, Jefe de las FARC hay que prestar especial atención a las leyes de tierras y reparación, ya que “si se tratan con seriedad podrían contribuir a la solución del conflicto, es inaplazable devolver las tierras a sus verdaderos dueños, a colonos, campesinos, comunidades indígenas y negras. Los dos temas necesitan y eso lo debemos luchar, bases ciertas, se debe dar el reconocimiento de los partidos tradicionales y del Estado, de su responsabilidad en el inicio de esta fase de la confrontación que nos azota desde 1948”. Ese reconocimiento desataría inmediatamente un proceso de reconciliación basado en la verdad”. Según cifras del Instituto Agustín Codazzi y Corpoica del año 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían al 0.4 por ciento de los propietarios que dominaban el 61.2 por ciento de las superficies agrícolas del país. “Una ley de tierras moderna y con visión estratégica, sembradora de paz, deberá incluir inexorablemente ayudas económicas y tecnológicas, facilidades para el mercadeo, vías y sobre todo armonizar lo cultural, lo social, en todos sus considerandos y prospecciones”. En el trámite y aprobación de esos dos proyectos de ley deben participar los sectores afectados 60.

6-2-2011, Las FARC pidió al Presidente Juan Manuel Santos “aprovechar la oportunidad” de las liberaciones anunciadas de dos políticos locales y tres uniformados para entablar un diálogo de paz. “Si en verdad le interesa buscar una solución diferente a la guerra, debe aprovechar la oportunidad para iniciar un diálogo que permita una solución política a este grave conflicto”. Con “la entrega unilateral” de los “cinco prisioneros de guerra, las FARC “demuestra la voluntad de buscar una salida política al conflicto” 61.

20-2-2011, Cada Presidente colombiano, cada nuevo Ministro de la Defensa se posesionaba prometiendo la muerte de Manuel Marulanda. Todos sin excepción anunciaron la muerte, creyendo que ella se moría también la guerrilla marquetaliana. Todos fracasaron y en cada muerte anunciada y luego desmentida, se esfumaba la victoria efímera del régimen que soñaba con acabar la resistencia del pueblo en armas. Santos anuncia con el rostro iluminado por la lujuria de la muerte, que están cercando al Comandante Cano. Siendo fiel a su estirpe y dándole una línea de continuidad histórica al sueño oligárquico, cree que matando comandantes insurgentes se acaba la insurgencia. La oligarquía cree que matando comunistas acaban con las ideas comunistas, o que matando pobres acaban con la pobreza. La oligarquía no aprende, las FARC-EP no son un contrincante coyuntural que aparece o desaparece ante el primer revés militar, o un contrincante efímero, según el deseo eterno del marketing político, no, las FARC-EP son un sujeto político incrustado en la historia reciente y presente del pueblo colombiano. A pesar de los cantos de sirena de la oligarquía, cada vez que ésta se mire en el espejo de su propia barbarie, encontrará un insurgente fariano que les recordará, como en un eterno retorno, que el pueblo colombiano pide justicia social, democracia, reforma agraria. El sueño oligárquico está en contradicción con las aspiraciones del pueblo colombiano. Santos habla como si fuese portador de la inmortalidad; se olvida que las oligarquías también se mueren, los regímenes excluyentes y despóticos se caen, el día que al pueblo le dé la gana. Las FARC-EP han demostrado que su brújula es la dialéctica, y que comprenden que la historia la hacen los hombres bajo condiciones que ellos no controlan, la insurgencia colombiana sabe que confronta a una oligarquía mafiosa y criminal, arrogante frente al pueblo y sumisa-lacaya frente a sus amos del Norte. Las FARC-EP, como la materia, no se destruyen, se transforman, se adaptan, aprenden y vuelven a aprender para que el sueño oligárquico siga sin ser realidad. “No tenemos afán” decía el viejo Marulanda, puede ser en diez, veinte, o cincuenta años, “si no somos nosotros, son todos estos muchachos que están ahí” 62.

2-3-2011, Santos acaba de manosear, sin saberlo, un tema epistemológico clave de las ciencias sociales, tan complejo, que su microscópica inteligencia no logra decantar porque está embutido en su soberbia oligárquica, nos referimos a la recuperación del monopolio de las armas y a la consecución de la paz por la razón y la fuerza. La historia de Colombia esta permeada por la sangre de todos los opositores políticos que osaron oponerse al régimen oligárquico, todo esto data desde antes, de nuestra primera independencia contra el colonizador español. No ha sido la resistencia quien ha escogido el método de lucha, es la oligarquía quien lo ha impuesto. Los primeros guerrilleros eran liberales de pura cepa, como lo fue, el legendario Manuel Marulanda Vélez. Sus primeras armas fueron, clandestinamente asignadas por los caciques liberales, mientras del otro lado, los chuladitas (campesinos conservadores procedentes de la vereda “Chulavita” del municipio de Boavita en el departamento de Boyacá), con armas del Estado, armaban sus grupos paramilitares para acabar con los masones. Unos y otros tuvieron acceso a armas provenientes del Estado. Pero lo de las armas es lo de menos. El monopolio de las armas por parte del Estado, está basado en un principio clave que es la legitimidad del Estado, de su régimen político, económico y de todas las instituciones en su conjunto. En el fondo la cuestión no es que el Estado tenga el monopolio de las armas, ya que la historia reciente nos muestra ejemplos, de países como la Suiza donde cada ciudadano tiene su fusil en casa, y no se tienen los índices de criminalidad que tiene ciudades como Bogotá, Medellín, para sólo citar algunos casos. O el ejemplo contrario, de EUA donde cada ciudadano tiene su arma al cinto, y ocurren crímenes y masacres a diario. Que las armas las tenga el Estado o el ciudadano, es un hecho que puede ser anodino, si no lo contextualizamos en la historicidad de las naciones. El Estado colombiano jamás tendrá el monopolio de las armas, simple y llanamente porque el Estado y el régimen colombiano son un Estado y un régimen fascista. Sólo un indicador nos muestra, el grado de ilegitimidad del régimen y es su concepción militarista de la acción política, que impide ver al opositor político como un alter en la acción política, el militarismo fascista del régimen ve al opositor político como un enemigo que hay que eliminar porque tiene lecturas distintas, del modelo económico, del marco institucional. El régimen político es cavernícola en su acepción más oligárquica. Esos modelos fascistas tienen en la base de su poder, la concepción dual del ciudadano-Fuerzas Militares, eso explica el camino fértil al paramilitarismo, Santos y su plan de recompensas explican el horror de las ejecuciones extrajudiciales, y la imagen de Uribe, con el teléfono en la mano, autoproclamándose informante y colaborador de la fuerza pública, es la imagen macabra de como desde el Estado y su régimen mafioso y paramilitar se concibe su modelo policial-fascista. Otro indicador es la impunidad, una sociedad que tiene el 98% de impunidad jamás podrá vivir en paz y menos tendrá el monopolio de las armas (o de la fuerza en el sentido weberiano). El Estado Colombiano y su régimen oligárquico son el principal motor del delito, sus partidos políticos corruptos, se aliaron con una empresa criminal para llegar al poder. Luego desde sus propias instituciones crearon la ley de justicia y paz para legitimar, en una patente de corso, todos los crímenes que se cometieron en su nombre. No es insurgente el que se acoge a una ley de Justicia y Paz que ha sido concebida para legitimar el trabajo genocida paramilitar. Santos y toda su oligarquía mafiosa, no han entendido que un pueblo se levanta en armas contra un régimen injusto y contra una sociedad antidemocrática. El pueblo en armas, es un proyecto de sociedad en construcción basado en los ideales más humanistas, jamás profesados por la oligarquía colombiana: reforma agraria, salarios decentes, derecho a la salud, a la educación, pero sobre todo, el derecho a disentir y a pensar distinto. La oligarquía no tiene noción de alteridad y simplemente porque tiene una noción fascista del poder. En ese orden de ideas, Santos promete tumbas y cárceles, mostrando su talante genocida, mientras la insurgencia pide salidas políticas o como lo ha dicho, el Comandante insurgente Alfonso Cano, “sentémonos a conversar”. ¿Soportará la oligarquía mafiosa al Comandante Alfonso Cano en el parlamento, debatiendo con argumentos la Nueva Colombia? No, simplemente no, porque tiene una concepción fascista del opositor político. La oligarquía no soportó y asesinó a Guadalupe Salcedo después de su desmovilización, tampoco soportó a Pizarro, M-19, ni a Oscar William Calvo, EPL, ni a Toledo Plata, ni a Enrique Buendía y Ricardo González de la CRS (Corriente de Renovación Socialista, Escisión del ELN), ni a tantos otros que creyeron que dejando las armas, serian acogidos en el seno del Estado fascista. Tampoco soportó, a esos que nunca tomaron las armas, pero que se opusieron al régimen, Luis Carlos Galán, José Antequera, Jaramillo Ossa, Pardo Leal y otros tantos miles que han sucumbido al régimen fascista y que su única arma, era la palabra. Santos en su delirio, ofrece tumbas, cárceles y desmovilización y en su devaneo oligárquico dice que construirá la pax romaine, el sueño oligárquico no será realidad jamás, mientras existan hombres y mujeres con conciencia social y con memoria histórica. Las palabras de Santos demuestran que la oligarquía colombiana está aún inmadura para la paz 63.

19-3-2011, El plan militar “Fin del Fin”, fue creado en la Embajada EUA contando con el alto mando del ejército colombiano. Simple, y basado en la idea de los Imperialistas y sus lacayos de que las armas son omnipotentes y de que el hombre es un apéndice de ellas. Cuando es todo lo contrario. Es el hombre con sus ideas y su voluntad, el factor fundamental de la guerra. El Plan tiene tres partes: Primera Militar: Contando con la última tecnología satelital y militar aérea, dar de baja Uno por Uno a los miembros del Secretariado, y algunos comandantes medios de las FARC, para producir el efecto “desbandada” entre la guerrillerada. Segunda Política: Iniciar una fuerte ofensiva “política” para la desmovilización guerrillera titulada la “Paz Negociada” tendiente a producir el efecto de que primero es la paz y luego viene la negociación. Es la oferta de paz que ha hecho repetidamente como una lora con sotana el “Converso” Angelino Garzón interpretando la orden que le ha dado el Presidente Santos, creador de la teoría de los Falsos Positivos. Tercera Diplomática: Desplegar una fuerte ofensiva diplomática dentro de la llamada “Comunidad Internacional”, donde están en igualdad países tan dispares como los Imperialistas EUA, Canadá, Francia, España, junto con títeres como México, o Perú, o Panamá; encaminada a ejercer una presión internacional muy fuerte para que la guerrilla acepte el “magnánimo” ofrecimiento de desmovilización que ha hecho Santos y Angelino Garzón. Hoy 19-03-2011, el Almirante Cely, viene a reconocer que “tal vez no va a ser tan fácil como lo planearon”, dar de baja UNO x Uno a los comandantes del secretariado de las FARC y algunos comandantes de Frentes, para producir una hipotética “desbandada desmovilizadora” dentro de la tropa guerrillera, y en consecuencia dice la novedad de que “posiblemente” el conflicto social y armado colombiano termine en una negociación, la que desde hace 6 décadas viene proponiendo las FARC. El Almirante, cuando dice “negociación” sigue pensando en la desbandada” y en que los guerrilleros van a negociar con Santos la desmovilización y como quieren los curas: el arrepentimiento, el perdón, y la enmienda reconciliatoria 64.

27-5-2011, Mensaje de las FARC-EP. Colombianas y colombianos, hermanas y hermanos de Latinoamérica, en este mes de mayo se cumplen 47 años de barbarie impuesta a nuestra patria, 47 aciagos años de muerte aleve, de persecución implacable, de encarcelamientos injustos, de negación de derechos fundamentales a los ciudadanos, de despojo de tierras y viviendas, de destierros y desplazamientos, de enriquecimientos inmorales y de empobrecimiento violento, tan violento como la pobreza misma, causados por los distintos gobiernos que han ejercido el poder para la opulenta minoría. 47 años de violencia partiendo desde el día que el bipartidismo liberal-conservador personificado en el excluyente, corrupto e infame pacto de alternación presidencial del Frente Nacional, en el gobierno de Guillermo León Valencia tomó la decisión de enrumbar el curso histórico de la patria por los despeñaderos de la barbarie, lanzando la más grande ofensiva militar que hasta el momento se conociera en Latinoamérica, con más de 16.000 efectivos de la fuerza armada gubernamental y orientada desde la Casa Blanca, en su estrategia para el control geopolítico del continente y contener los vientos de dignidad e independencia que soplaban desde la revolución cubana, articulado en el Plan LASO (Latin American Security Operation) para aniquilar al campesinado de Marquetalia. Es que la violencia y el arrodillamiento ante el amo yanqui, ha sido por excelencia la conducta política de las clases gobernantes en Colombia. Hay verdades que incomodan a las clases que detentan el poder y a sus portavoces, como la de que, la violencia es la característica principal de su conducta política, y por eso lanzan a escena todo su tinglado mediático para hacer de sus trampas y mentiras “verdades oficiales”, como la justificación para la agresión a las comunidades agrarias en Marquetalia, bajo el estigma de “repúblicas independientes”, cuando el corifeo de la sinrazón, en el congreso de la república, encabezado por el senador ultraconservador Alvaro Gómez Hurtado azuzó el terror para desplazar a sangre y fuego la resistencia en Marquetalia, por encima del clamor nacional de paz que los acompañó, y obligándolos a proferir la resistencia de las FARC-EP que crece imbatible acompañada de amor, esperanzas, iniciativas y críticas de los colombianos. Desde Marquetalia hasta hoy, las FARC-EP jamás hemos renunciado a la solución política del conflicto social y armado, que la oligarquía colombiana profundiza en cada ciclo de gobierno, porque la búsqueda de la paz con justicia social es parte de nuestra génesis y razón de lucha, además de la certeza de que es con la participación del pueblo volcado en acciones e iniciativas como la construiremos. Es con el pueblo empujando por la distribución justa de la tierra, por el establecimiento de efectivas políticas de salud que prioricen en el hombre y en la mujer y, no en las cuentas bancarias de los emporios económicos de la corrupción que la comercializan; por alcanzar estrategias sociales que prioricen en vivienda digna en campos y ciudades, educación para todos, democracia plena para la convivencia nacional y el ejercicio pleno e integral de los derechos humanos; por reducción del gasto militar y el redireccionamiento de la política de defensa. Es la movilización de todos los sectores de la sociedad colombina quien impondrá la salida política del conflicto, iniciando con el acuerdo humanitario que libere a todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen y a los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia. Cuando el gobierno ordenó el ataque a Marquetalia, los campesinos agredidos elevaron su voz por salidas de paz y bienestar, pero la ambición bipartidista del Frente Nacional desató el desangre que nos azota. Y todas las amenazas cayeron contra las fuerzas de resistencia encabezadas por los legendarios comandantes Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Isaías Pardo, Hernando Gonzáles Acosta, Jóselo Lozada, Ciro Trujillo, Miguel Pascuas, Fernando Bustos, Jaime Guaracas, Miriam Narváez y los 46 integrantes de la pléyade fecunda de la gesta Marquetaliana y de la insurgencia que hoy representamos las FARC-EP. Y prometieron su aniquilamiento físico y con ello el fin de la resistencia en pocas semanas. Desde entonces las amenazas y el “fue dado de baja”, el “va gravemente herido”, el “le estamos respirando en la nuca”, “en cinco meses los derrotamos”, el “necesito otros cuatro años para derrotarlos”, o el “este es el fin del fin” ha sido el argumento para justificar el exponencial gasto militar, que ha disparado la fuerza pública armada a más de 500 mil efectivos, y que consumirá la quinta parte del presupuesto nacional del año entrante. Y, que además, recepcionó cerca de los casi $10.000 millones de dólares de ayuda norteamericana del fracasado Plan Colombia, ratificando lo falaz de la publicitada tesis gubernamental del “pos-conflicto”, pero profundizando las desigualdades que hoy deja a más de 30 millones de pobres. En este casi medio siglo de confrontación armada, hemos puesto todas nuestras energías por la solución política del conflicto, pero los sectores del poder, que se crecen de privilegios en la guerra, han disparado sus arsenales para que ello no sea posible. Los Acuerdos de la Uribe, firmados hace 27 años y que fueron esperanza de paz y prosperidad para la nación, fueron ahogados en sangre con el asesinato de más de cinco mil integrantes de la UP, el mayor genocidio contra un partido de oposición esperanzado de paz. En Caracas y Tlaxcala pusimos todo nuestro entusiasmo por retomar los caminos de la solución política, pero el guerrerismo de la clase dirigente, ostentado en la guerra integral del gobierno neoliberal de Cesar Gaviria, le apostó al juego de la derrota militar de la guerrilla, y en lo económico a la llamada apertura, que dejó en la quiebra a cientos de medianas y pequeñas empresas elevando los niveles de pobreza. A los diálogos del Caguán llegamos con los equipos espigados con las esperanzas de reconciliación del pueblo, pero la estrategia de la clase dirigente, orientada desde Washington, no era de paz, era ganar tiempo para recomponer las estructuras de su fuerza armada golpeada duramente por el accionar de las FARC-EP y desarrollar los planes de guerra contenidos en el fracasado Plan Colombia y poner el territorio a disposición de las fuerzas de ocupación yanquis y cabeza de playa para la agresión contra los pueblos hermanos de América Latina que construyen soberanía y democracia. La violencia nunca ha sido nuestra razón de ser, la violencia nos la impusieron y es la característica principal de un régimen decadente que medra en ella. Que asesina a los opositores para monopolizar el poder político y crecer las chequeras de la corrupción o alcanzar reconocimiento dentro de la estratificación de la muerte que estableció el Ministerio de la Defensa, para recompensar los crímenes de Estado y que para eludir su responsabilidad, eufemísticamente los han denominado “falsos positivos”. Violencia que ha desplazado a más de 5 millones de compatriotas y desaparecido a más de 19 mil colombianos, solamente en los 8 años de gobierno de Uribe Vélez, para enriquecimiento de industriales, agroindustriales, ganaderos, narco-terratenientes y militares. Nuestra razón de ser es la paz de la vivienda digna, la del desarrollo humano equilibrado, la de la educación gratuita en todos los niveles, la de la salud preventiva para toda la nación, la de la reforma agraria integral que beneficie a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, la del salario justo y del empleo garantizado, la de la protección integral del medio ambiente, la de las garantías políticas para el debate y la participación en los órganos del poder político, la garante del ejercicio pleno de los derechos humanos integrales, la del respeto y garantías a las comunidades LGTV, la del reconocimiento pleno a los derechos de género, la del reconocimiento al aborto como parte sustancial de una sociedad que debe crecer en derechos y la del derecho a la protesta y a la movilización social. Y por esta paz nos la hemos jugado toda, hasta la vida misma, como lo han refrendado con generosidad cientos de combatientes, entre quienes destacamos, con compromiso indeclinable, a los inolvidables comandantes guerrilleros Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Efraín Guzmán, Raúl Reyes, Iván Ríos, Jorge Briceño, Mariana Páez y a todos nuestros héroes farianos. Compatriotas, la paz es un derecho que tenemos que hacer realidad en esta patria inundada de vejámenes. La barbarie no puede seguir siendo parte de nuestro destino durante otros 47 años más, y menos ahora que con la movilización podemos imponernos un futuro cierto y civilizado, ahora que el terror y el miedo acrecentado por el modelo de Estado mafioso que implantó Uribe Vélez se devela de la corrupción que ocultó la exaltada “seguridad democrática” donde la parapolítica, la Yidis-política, los “falsos positivos”, los encarcelamientos masivos, las fosas comunes en todo el país, el robo de recursos destinados al campo mediante el programa “Agro-ingreso seguro” para enriquecimiento de los aliados clientelares del régimen, las zonas francas para beneficio del bolsillo familiar del ex-Presidente, los seguimientos ilegales del DAS, la extradición de sus aliados narco-paramilitares para asegurarse impunidad, las mansiones dentro de guarniciones militares para albergar a oficiales de las fuerzas armadas condenados por crímenes de guerra y de Estado no amedrenta ya a nuestro pueblo, como este lo ha expresado ya en sus reiteradas manifestaciones. Movilizaciones que vienen creciendo desde el año pasado, y crecerán, como el clamor de justicia social que reclama la nación, contra el continuismos del Uribismo que representa la “Unidad Nacional” del Presidente Juan Manuel Santos, su neoliberalismo que propende un modelo de enclave garantista para las multinacionales minero-energéticas que profundizará la crisis humanitaria que afecta al país y la medioambiental que azota inclemente a la nación en cada cambio de estación, de recorte y represión a las libertades públicas, de profundización del conflicto social y armado justificado en una concepción de seguridad nacional impuesta desde Washington y que fundamenta todas las modalidades de crímenes de Estado que se aplican en Colombia, de impunidad a la corrupción que campea en todos los estamentos del Estado como los carteles de la salud que estableció la ley 100. Pero será la movilización y la unidad de todos, de todas las organizaciones y expresiones de lucha como será posible alcanzar la reconciliación y la reconstrucción de la nación, y nuestros esfuerzos, y los de todas y todos los combatientes farianos, se ponen a disposición de esta patriótica empresa. A estos 47 años de barbarie oligárquica, tenemos que imponer la salida civilizada al conflicto con el incontenible poder de la movilización. Invitamos a todas las colombianas y colombianos, y a sus organizaciones para que visibilicemos todas las esperanzas de paz con justicia social que palpitan en el corazón de la patria, con actividades culturales, exposiciones de arte, de música, danza y poesía; en encuentros deportivos, caminatas ecológicas, encuentros literarios, grupos de estudio, foros, conversatorios, encuentros, talleres, movilizaciones y marchas, para que la antorcha de la paz se encienda desde ya, e ilumine las añosas esperanzas que nos han querido cercenar. Y saludamos a todas nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica que han venido acompañando al pueblo colombiano en este empeño. Convocamos a todo el pueblo a la acción y a la movilización, para enrumbar a la nación por el camino de la solución política y dialogada, imponiendo reglas fiscales cuyo propósito consista en beneficiar a los más desprotegidos, con gravámenes más altos para los que mayores ganancias adquieran. A establecer una política de salud pública que haga énfasis en la colombiana y el colombiano común, y no en los bolsillos de los pulpos financieros y de los carteles mafiosos que de ella se benefician como lo evidencia el atraco de Saludcop producto de un modelo diseñado exclusivamente para beneficio económico de los empresarios. Por una política educativa que redima y eleve los niveles de investigación científica de la nación y no la chequera de los monopolios privados de la enseñanza. A establecer una ley de víctimas, restitución de tierras, en beneficio de los sin tierra, de los despojados y de las víctimas, para que la impunidad y repetición de los crímenes de Estado no siga siendo la regla, y que avance hacia una profunda y verdadera reforma agraria y no la pretendida política del Presidente Santos de entregar baldíos a los sin tierra y las tierras fértiles a los empresarios agroindustriales y terratenientes. A que se protejan los recursos naturales de la explotación de las multinacionales que desplaza a la minería artesanal y a la pequeña minería y deteriora el medio ambiente. A derrotar el continuismo de la llamada “seguridad democrática”, ahora denominada “unidad nacional” y que persiste en la militarización de la nación y en la criminalización de la protesta social, de sus organizaciones y dirigentes. A imponer una reforma al infame régimen de pensiones y a las lesivas normas laborales que exprimen al trabajador y holgan a los patronos. En estos 47 años de batallas por la paz de Colombia desde la resistencia armada, nos ratificamos en el empeño de la reconstrucción y reconciliación de la Colombia bolivariana, la patria grande y el socialismo, iluminados por el pensamiento unitario del libertador Simón Bolívar. Porque la unidad y la paz si son posible. Estado Mayor Central de las FARC-EP, 27-5-2011 65.

11-6-2011, Un nuevo guiño hacia la posibilidad de encontrar un camino negociado hacia la paz lanzó el máximo Jefe de las FARC, Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’ el 21-5-2011, quien se declaró optimista frente a la posibilidad de iniciar los diálogos. Se mostró en desacuerdo con el trámite de leyes en las que se les sigue tildando de ser una organización terrorista, por cuanto cree que ello no contribuye a una eventual conversación de paz. Las FARC no secuestran sino que toman como prisioneros de guerra, tal y como las autoridades capturan a sus miembros y los privan de su libertad. Ellos anhelan el retorno a la libertad de sus compañeros tanto como las familias de los cautivos lo hacen con sus seres queridos. No dirijo ninguna narcoguerrilla, pues el grupo armado ilegal se financia de las contribuciones de simpatizantes, que coinciden con la visión política de las FARC. Las causas objetivas de insatisfacción de necesidades por parte de la mayoría de la población y la necesidad de propiciar un viro del Estado hacia el socialismo siguen estando vigentes, y de ahí el porqué de la continuidad de la lucha armada. Nuestros objetivos son la convivencia democrática con justicia social y ejercicio pleno de la soberanía nacional, como resultado de un proceso de participación ciudadana masivo que encause a Colombia hacia el socialismo. En estos 47 años se desató una vertiginosa transformación en la ciencia y en la tecnología, se elevaron los índices de crecimiento económico en muchos países, colapsó el modelo soviético de construcción socialista e irrumpió incontenible la República China. Sin embargo, pese a todo ello y a muchas otras novedades trascendentes, el hambre creció en el planeta, las injusticias, las brechas sociales y los conflictos persistieron y aumentaron mientras que cerca de 10.000 individuos espantosamente adinerados deciden la suerte de miles de millones de personas. Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y nacimos también, como actitud digna y beligerante de rechazo a la injerencia del Gobierno de EUA en la confrontación militar y en la política interna de nuestra patria, tres razones esenciales que gestaron a las FARC tal como se señala en el Programa Agrario de Marquetalia elaborado y difundido en 1964. Una somera mirada sobre la realidad colombiana de mayo de 2011 nos muestra que, a pesar del contexto internacional reseñado, estos tres factores germinales persisten y se agravan en la actualidad. Con el esfuerzo mancomunado de muchos sectores progresistas y democráticos interesados en una solución incruenta del conflicto, siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual pese a que este, empezando con su mandato, redujo las posibilidades al imponer una ley que cierra puertas a diálogos dentro del país. Pero somos optimistas sobre la eventualidad de lograrlo. (…) La negativa actual del gobierno al canje no tiene por qué arredrarnos en la aspiración de tener con nosotros, libres, a los camaradas presos en la actualidad y a que regresen a sus hogares los prisioneros, militares y policías capturados en combate, que tenemos en nuestro poder, a quienes sus familias también aspiran a tener de nuevo en su seno. Por encima de la indiferencia del Estado sobre los propios soldados, vamos a perseverar. Se sabe que mientras perdure una confrontación habrá prisioneros en poder de las partes. El Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo neutral encargado de velar por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. En su último informe indica que “mientras las partes en conflicto adelanten los enfrentamientos armados en zonas rurales, la población que habita estas áreas vive en permanente peligro y está expuesta a violaciones del DIH como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH: desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos tratos físicos y/o psicológicos; y desplazamiento forzado. La falta de respeto al principio de distinción entre combatientes y civiles, las presiones para colaborar generando represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores agravantes que afectan la vida de las comunidades”. Para nosotros, lo primero y más importante de nuestra lucha es la población, no solo por razones de principios políticos e ideológicos, sino prácticos de la guerra. Únicamente en la medida que respondamos a las necesidades objetivas de la población en cada área, podemos resistir, crecer y avanzar. De lo contrario es imposible. Hace años y dada la intensidad de los combates, difundimos unas normas de comportamiento para que la población civil no permitiera su utilización como escudo por parte de la fuerza pública que construye cuarteles en medio de los poblados, utiliza el transporte público para sus movimientos, entrevera caravanas de vehículos militares en medio del transporte civil para sus desplazamientos por carreteras, pernocta en las escuelas y colegios, etc., prácticas que la fuerza pública utiliza, creándole peligrosos riesgos a la población. Eventualmente unidades nuestras pueden violentar las normas, pero como estamos regidos por unos Estatutos, unas Normas y unos Reglamentos de Régimen Disciplinario estricto, cimentados en una concepción revolucionaria de la vida, que armonizan las relaciones entre combatientes y también, las nuestras con la población civil garantizando una profunda, sincera, armónica y sólida relación, tomamos los correctivos que señalan nuestros documentos. Respecto al DIH y a sus Protocolos adicionales, mantenemos algunas reservas porque, en ocasiones, dificultan la aproximación a ciertas situaciones, dado que fue concebido y diseñado para conflictos entre naciones y, pese a los protocolos adicionales, no siempre proporciona el justo equilibrio. Por ejemplo, calificar como “ejecuciones extrajudiciales” la homicida, criminal y sistemática práctica de las Fuerzas Armadas oficiales de Colombia durante los últimos 63 últimos años, de asesinar civiles, vestirlos con ropa militar y colocar armas a sus cadáveres para hacerlos pasar como guerrilleros “dados de baja” en combate, en un país que se ufana de ser un Estado de Derecho y cuya legislación no contempla la pena de muerte, posibilitó un trato benigno y celestino a los criminales, que ha escamoteado una condena drástica, vertical, diáfana y oportuna al terror desarrollado por el Estado colombiano desde hace más de 47 años. La norma sobre el uso de armas no convencionales, es una reglamentación para la guerra entre naciones que no puede abarcar a movimientos populares como el nuestro que se armó desde un comienzo con palos y machetes para defenderse de una agresión gestada y ejecutada por el Estado, con la contribución militar, financiera y tecnológica de la Casa Blanca. Equivale a recriminar al bíblico David porque utilizó piedras para defenderse de la agresión del coloso Goliat. Valdría la pena trabajar un escenario internacional donde analizar, desde diferentes ópticas, estas situaciones y otras del mismo tenor e intercambiar conceptos sobre la “neutralidad” que por encima de cualquier consideración, deben mantener quienes se reclaman sus garantes. Acerca del armamento utilizado por la guerrilla en su lucha de resistencia, en la irregularidad de su táctica y como consecuencia de la asimetría que caracteriza una confrontación como la colombiana, será necesario que en un escenario internacional ampliamente representativo, con la presencia de la guerrilla revolucionaria por supuesto, nos ocupemos de abordar este tema con objetividad, sin mentiras, buscando unas conclusiones realistas que todos podamos acatar rigurosamente, incluyendo a los gobiernos. Es ridículo, por calificarlo de alguna manera, que cuando el Estado colombiano lanza operativos contra insurgentes en una proporción de 100 militares por cada guerrillero, con bombardeos de ablandamiento ejecutados con miles de toneladas de pentolita, realizados por una aviación dotada de cohetes de todo tipo, ametrallamientos desde sus centenares de helicópteros gringos y rusos de última tecnología, fuego de artillería con morteros de 120 mm, salgan luego los altos mandos militares a quejarse y a denunciar, porque muchas de sus unidades cayeron en campos minados en tan desigual teatro de operaciones. O, como también sucede, es criminal forzar a civiles a servirles como guía en sus labores de rastreo y seguimiento con consecuencias muchas veces lamentables para quienes han sido obligados. O, como sucede en otras ocasiones, es perversamente fariseo dar dinero a civiles para que ejerzan como soplones, quienes buscando información, muchas veces son víctimas de la confrontación. Sin duda, nadie puede escatimar esfuerzos por separar a la población civil del conflicto. Esto debe privilegiarse en todos y cada uno de los hechos que se acometan como parte del conflicto, pero como entender esto en el caso de Colombia, donde el gobierno nacional desató una intensa campaña para reclutar civiles como informantes a cambio de dinero, integrándolos a un aparato llamado Red de Cooperantes, ¿se estarán ciñendo a las normas del DIH? ¿O existe una contradicción entre su discurso maniqueo frente a la normatividad internacional y las políticas que desarrolla? Son muchos los temas que deberá abocar una reunión de actualización del DIH, en la que sería vital la participación de EUA para también analizar el discernimiento entre las exigencias que hace al resto del mundo respecto a los Derechos Humanos y su práctica cotidiana y universal. Nuestra lucha por permanecer al margen del narcotráfico no ha sido fácil ya que en los últimos 30 años Colombia ha sido permeada y contaminada, de pies a cabeza, por los dineros del narcotráfico: las instituciones del Estado sin excepción, la industria, la banca, el comercio, la política, el deporte, el agro, la farándula, las fuerzas militares y de policía, y en general, el conjunto del tejido social. La guerra contra las drogas decretada por la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en Colombia pues ha dejado una enorme estela de sangre, desintegración social y pérdida de valores sustantivos de la ética y la moral, mientras que el área sembrada de coca oscila pendularmente entre las 90 mil y las 180 mil hectáreas y el país continúa a la cabeza del tráfico mundial, según informes de diversos organismos internacionales. De tiempo atrás, hemos manifestado nuestro acuerdo con la legalización o con la despenalización que, desde las épocas del Premio Nobel norteamericano Milton Friedman hasta hoy incluyendo a 4 ex-Presidentes latinoamericanos y a gran cantidad de personalidades y organizaciones del mundo entero, se promueve como salida realista para liquidar definitivamente las enormes ganancias de este tráfico, manejar su creciente consumo como un problema de salud pública y desarrollar estrategias preventivas con la certeza de su superación definitiva. En épocas del Caguán, en sesión especial ante embajadores y representantes de diversos países y organismos multilaterales, presentamos un plan detallado para experimentar en un área delimitada una estrategia de sustitución de cultivos que desestimulara a los campesinos cultivadores de coca y les contribuyera en la creación de alternativas económicas ciertas. Muchos narcotraficantes y dirigentes políticos de los partidos de gobierno se atravesaron a la propuesta y la frustraron. El narcotráfico no es un problema de las FARC. Es un fenómeno nacional, latinoamericano y mundial al que se le debe hacer frente con una estrategia nacional y convergente encabezada por los primeros responsables y también grandes víctimas de este cáncer: los países desarrollados. Ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen, pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas. Todo lo demás que se diga, es propaganda. Las FARC-EP tenemos tres fuentes básicas de financiación: aportes de amigos y simpatizantes que creen sinceramente en el compromiso revolucionario de las FARC y en la causa por la que luchamos; impuestos que cobramos a los ricos, a través de la ley 002 y, rentas generadas de inversiones que mantenemos. El golpe más serio y de mayor calado lo recibimos luego de la segunda conferencia guerrillera realizada en 1966, en el departamento de Quindio, donde perdimos gran cantidad de combatientes y el 70% de las armas. Solo hasta la quinta conferencia, después de muchos años, pudo decir el comandante Marulanda: “Por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos liquida”. Operativos como Jaque, desarrollado a partir de la traición del jefe de la unidad guerrillera que vendió los prisioneros de guerra bajo su custodia, no tienen las connotaciones promocionadas por el Gobierno. Innumerables veces hemos rescatado nuestros presos de las cárceles del Estado. Son hechos de guerra que llaman a las partes a tomar nuevas medidas de seguridad. No modifican ni la concepción, ni los diseños operacionales ni mucho menos la estrategia de nuestra fuerza. En los últimos 9 años, y como consecuencia de la mayor injerencia militar de Washington en los asuntos internos de Colombia, la guerra se ha intensificado. Hemos sufrido golpes. Las muertes de Raúl, de Jorge, de Iván Ríos y de muchos camaradas, nos duelen y nos generan ese dolor revolucionario que desata, incontenible, mayor compromiso con nuestros ideales de socialismo. Ya las hemos asimilado. Con el legado y ejemplo de nuestros héroes y mártires, las nuevas promociones toman su lugar y trinchera, nuevas promociones de revolucionarios dispuestos, como los más antiguos, a darlo todo, hasta la vida, por los objetivos de la Nueva Colombia. Estos 9 años, han demostrado el tamaño y la calidad del compromiso de las FARC con nuestros ideales de cambio y de transformación revolucionaria. Como es evidente en los partes militares también hemos golpeado a las fuerzas militares y paramilitares del Estado, a las institucionales y a las para institucionales, a todas, incluyendo aquellas que tiran la piedra y esconden la mano, que cínicamente dicen desconocer la estrategia de los “falsos positivos”, que niegan ante los medios su contubernio con el narco-paramiliarismo, pero le abren en la oscuridad de la noche las puertas secretas de sus palacios, mansiones y haciendas para conspirar contra la convivencia, la democracia y contra el pueblo. Las FARC mantenemos nuestra influencia, sólida influencia, en las áreas donde existimos, por todos los rincones de la geografía nacional, nacida y cimentada en la justeza de nuestros planteamientos políticos, en nuestro trabajo y ayuda permanente a las comunidades, respeto hacia todas ellas y por nuestra autoridad surgida del compromiso sincero del que no pretende nada a cambio de su esfuerzo, salvo la satisfacción de aportarle esperanza al pueblo en su propia capacidad de movilización, organización, lucha y en su futuro bienestar. Accionamos, trabajamos y luchamos en todo el territorio nacional. Los elementos que pudieron haber quedado funcionando, luego del bombardeo sobre la humanidad del Camarada Raúl y su guardia, fueron manipulados al amaño del gobierno. Ni la propia INTERPOL quiso comprometerse con las truculencias de Alvaro Uribe y manifestó públicamente, luego de un detallado análisis, que había sido quebrada la Cadena de Custodia, lo que significa, en buen romance, que luego de la muerte de Raúl se manipularon los contenidos del disco duro “sobreviviente”, si fue que lo hubo luego de semejante infierno de explosivos. Se trataba de inventar y retorcer acontecimientos para chantajear a las FARC y a muchos amigos de la paz de Colombia con ese estilo muy particular que caracteriza al señor Alvaro Uribe y que impuso a toda su administración. La Corte Suprema de Justicia declaró como ilegal cualquier prueba levantada sobre los llamados computadores de Raúl Reyes, precisamente porque se manipularon los materiales supuestamente encontrados y además se desvirtuaron los procedimientos judiciales. Curiosamente, no trascendieron informes que nos llegaban y que el Comandante Raúl debía de conservar, por ejemplo, alrededor de los pagos a altos oficiales de la policía, hoy Generales, que hizo el narcotraficante Wilber Varela y que comentó personal y detalladamente a uno de nuestros comandantes en el Valle del Cauca el Coronel Danilo González, quien aún en servicio activo, buscó a las FARC pretendiendo la liberación de unos sospechosos que habíamos retenido; tampoco se mencionaron informes precisos alrededor de la utilización plena del DAS por parte del paramilitarismo con la total anuencia del Presidente de entonces, ni de los encuentros, whisky en mano, en Bogotá, de jefes paracos con “prestantes” personalidades linajudas para planificar las agresiones contra la izquierda, ni otras muchas y que seguramente no incluyeron en las copias que han ido regalando, a algunos de sus gobiernos amigos, a la CIA, al MI5 y al MI6 ingleses, al MOSSAD israelí y a otros que continúan publicitando inverosímiles historias a través de sus organizaciones de bolsillo. El proceso de desmovilización de paramilitares impulsado por la ley de Justicia y Paz se planificó y ejecutó como una farsa para sacar en limpio a los verdaderos Jefes del paramilitarismo luego que Alvaro Uribe, uno de ellos, ganó las elecciones presidenciales en el 2002. Como cobertura, utilizaron a narcotraficantes y sicarios con ínfulas de jefes contrainsurgentes, a quienes prometieron status político y respeto a sus incalculables fortunas. Luego los desecharon, en una historia que se recicla donde la aristocracia y algunos trepangos delinquen buscando el poder y la riqueza utilizando a criminales y bandidos, a quienes luego condenan, encarcelan o mandan asesinar en un repetido espectáculo de escarnio público. El país sabe que el paramilitarismo es una estrategia del Estado para asesinar sistemáticamente opositores, buscando ocultar la sangre que mancha hasta la médula a las instituciones públicas, detrás de bandas de sicarios y delincuentes de apariencia civil. La oligarquía colombiana, impotente en su lucha contra los avances de la insurgencia revolucionaria, se entregó a la práctica paramilitar a la que posteriormente, en la década de los ‘70, articuló con el naciente narcotráfico dando origen al narco-paramilitarismo, ensalzado y consentido socialmente por los poderosos durante largos años, quienes ahora luchan por zafarse del estigma y por lavar sus propias porquerías. A los narcos que creyeron en sus palabras, los exhibieron y promocionaron como grandes jefes contrainsurgentes y luego, los extraditaron a EUA con el fin de silenciarlos. Tiempo después, cuando desde allá y por la presión de las víctimas procedieron a confesar villanías, a mencionar a sus compinches, socios, contactos, mecenas políticos y militares, la oligarquía utilizó sus medios para sembrar la duda: ¿cómo creerle a un criminal y no a un aristócrata, a un político tradicional o a un prestigioso general de las Fuerzas Militares? La Ley de Justicia y Paz, ha sido una gran farsa, que pasó por la venta de títulos como “comandantes paramilitares” a sicarios narcotraficantes, pasó también por las fotos de grandes “desmovilizaciones” de desempleados y bandidos contratados para la ocasión con fusiles y armas compradas para la fotografía, y terminará con la absolución de Alvaro Uribe, en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Parlamento colombiano, salvo que los millones de afectados por esta criminal estrategia le impriman una mayor dinámica a sus esfuerzos y luchas y se reciba mayor solidaridad mundial. Solo así en Colombia, como sucedió en Argentina y otros países, se podrá condenar también a los responsables materiales e intelectuales de las negras y sangrientas noches en que hundieron el país. ¿ Por qué tiene sentido la lucha armada para las FARC y no la defensa a través de vías democráticas de los ideales políticos y las transformaciones socioeconómicas que consideran necesarias? Porque en Colombia a la oposición democrática y revolucionaria, la asesina la oligarquía. La masacre de la Unión Patriótica es la muestra palmaria. A todo líder, a cualquier organización no oligárquica que amenace los poderes establecidos, lo asesinan o la masacran como parte de una estrategia oficial de Seguridad Nacional. Los poderosos la han instituido como característica de la cultura política y ahora la han incrustado en la concepción del Estado. Extensos pasajes de la historia nacional que datan desde septiembre de 1828 cuando las facciones pro-gringas colombianas de entonces atentaron contra el Libertador Simón Bolívar, hasta estos años, pasando por el asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, del líder liberal Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eliécer Gaitán, de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Ossa, de Manuel Cepeda Vargas y de centenares de líderes más, parecieran ratificar un viejo y descarnado aserto popular: la oligarquía colombiana no entiende sino el lenguaje de los tiros. Aquí en las FARC pensamos que a pesar de esa histórica agresión antipopular que caracteriza el devenir nacional, es realista e inaplazable trabajar la construcción de espacios de convergencia, donde entre todos los colombianos construyamos los acuerdos que cimenten la convivencia democrática. El comandante Jacobo Arenas insistió en que el destino de Colombia no podía ser la guerra civil, en consecuencia hemos luchado, una y otra vez, por encontrar con los distintos gobiernos, la salida política al conflicto colombiano. No se ha logrado porque la oligarquía piensa en rendiciones y nosotros en cambios de fondo, democráticos, a la vida institucional y a las reglas de convivencia, pero no por ello, cejaremos de luchar la solución incruenta como esencia de nuestra concepción revolucionaria y sustento de la Nueva Colombia. La creación del partido Unión Patriótica fue una experiencia tan llena de riqueza como dolorosa, que debemos analizar y referenciar permanentemente. Dentro de sus muchas lecciones podría mencionar algunas como lo difícil que es avanzar en un proceso de solución política, cuando la oligarquía colombiana mantiene sus estrategias de paz de los sepulcros y Pax Romana, pues frente a este proyecto mostró su mezquindad y fue esencialmente sanguinaria y cruel. Prefirió el asesinato de cerca de 5000 dirigentes democráticos y revolucionarios en una razzia de corte hitleriano, que abrir espacios a todas las vertientes de la izquierda, hecho que de haberse logrado hubiese generado una nueva dinámica en la confrontación política y posibilitado la concreción integral de los Acuerdos de La Uribe hace más de 25 años. Con el exterminio de la UP no solo perdió una generación casi completa de dirigentes revolucionarios, la mayoría de ellos de gran dimensión política e inmensos valores éticos, cuya ausencia hoy es notoria en el escenario público de la nación como del continente, también se frustró por muchos años, la posibilidad de firmar un acuerdo de convivencia. La experiencia de la UP nos enseñó que cualquier avance hacia la paz que surja de acuerdos exige la transparencia, que todo tropiezo debe clarificarse antes de emprender un nuevo escalón, pues los Acuerdos de La Uribe, origen de la UP, fueron saboteados por el Alto Mando militar desde el primer momento a pesar de lo cual, todos los comprometidos con dichos acuerdos, luchamos como Quijotes, por sacarlos adelante. Pero lograr la firma de acuerdos de paz en La Uribe en 1984 y garantizar su cumplimiento total hasta culminarlos, fue imposible. Así que los colombianos que emprendimos con gran optimismo y mayor entusiasmo una histórica jornada por la convivencia, perdimos esa batalla civilizada frente a los “enemigos agazapados de la paz”, que hoy ya no se esconden tanto. Un proceso de paz exitoso, tiene como premisa ineludible, el respaldo lento, decidido, transparente y activo, de la mayoría de la población. Digamos genéricamente, que se está a la izquierda si se prioriza lo social, la democracia popular y los cambios revolucionarios, en oposición a quienes privilegian la ganancia económica, el hegemonismo burgués y la defensa del statu quo. No se trata solo de estar al lado izquierdo de la derecha, sino de defender integralmente intereses de clase, populares. Integralmente. En Colombia hay quienes con enorme responsabilidad y altura discrepan de la lucha armada revolucionaria, se apartan de ella, pero entendiendo sus circunstancias históricas, trabajan por encontrar los caminos de la solución política respetando el compromiso de quienes combatimos desde la insurgencia y, priorizando sus debates contra la oligarquía y contra el neo coloniaje imperial, verdaderos generadores de la violencia en Colombia. Existen quienes han militado en la izquierda y ya no defienden sus posiciones originales sino las del régimen, como sucede en muchas partes del mundo. Habrá que respetar sus nuevas posturas, pero sin inscribirlos como defensores de los intereses populares ni ubicarlos a la izquierda en el ajedrez de la política. La lucha nuestra desde Marquetalia es por la democracia, por la posibilidad cierta de desarrollar una acción de masas, abierta, por los cambios revolucionarios y el socialismo. Y esta opción, es la que ha saboteado a tiros la oligarquía colombiana. Asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, legislaron con el anticomunismo como soporte durante la dictadura militar, crearon el Frente Nacional bipartidista para excluir y perseguir a los revolucionarios, y aprobaron una Constitución en 1991, con elementos positivos en su diseño y textos, que dejó intacta la concepción de Seguridad Nacional del enemigo interno que campea desde hace un poco más 47 años en nuestro país. La misma del paramilitarismo y los falsos positivos. La derecha, en Colombia y en todo el mundo, propagandiza y difunde sus pretextos, reales o ficticios, para confundir, atacar y desvirtuar las luchas populares por bienestar y progreso social. Y utiliza variedad de formas para ello, incluyendo a muchos quienes algún día fueron activistas de la izquierda. En los tiempos que corren, con el desarrollo de los medios de comunicación, no hay confusión posible. Quienes defienden el orden existente, no lo pueden ocultar. La confrontación en Colombia se ha prolongado demasiado. Luchar y clamar por la paz es expresión de un sentimiento profundamente popular y revolucionario. Las FARC firmaron un pacto de no agresión con la guerrilla del ELN en diciembre de 2009. ¿Qué obstáculos ha habido en su implementación? Tanto el Comando Central del ELN como el Secretariado del Estado mayor Central de las FARC-EP, hemos reconocido con sentido autocrítico, el error que significó no detener drástica, tajante y oportunamente los roces que se fueron dando en diversas áreas del país, entre combatientes de las dos fuerzas, de tiempo atrás. Ahora, trabajamos con enorme convicción revolucionaria en todas esas áreas por superar, definitivamente, las asperezas, los mal entendidos, las emulaciones mal hechas y los enfrentamientos. Es un proceso complejo, teniendo en cuenta la coyuntura actual, de intensa confrontación política y militar con el Estado. Pero vamos avanzando con solidez. La autocrítica es a fondo y en eso estamos. Falta tiempo, hay mucho terreno por recorrer pero avanzamos en firme haciendo conciencia, a todos los niveles de nuestras organizaciones, que somos parte del mismo contingente de lucha popular, revolucionaria, antiimperialista, bolivariana y socialista. Y que ello es lo que fundamenta la forma de relacionarnos, las convergencias que debemos trabajar y luchar para elevar a nuevos niveles la necesaria estrategia unitaria de los revolucionarios colombianos. Recogimos el legado del gran revolucionario, el sacerdote Camilo Torres Restrepo de enfatizar lo que nos une. Las divergencias las debemos ventilar y airear en mecanismos que estamos creando para ello. Estamos obligados a ser ejemplo de unidad. Y de madurez. Así también le contribuiremos a la unidad popular de los colombianos, proyectando en los hechos la prioridad “del bien común” por encima de cualquier interés particular. Nos falta un buen trecho, pero ya lo empezamos. Y eso es lo estratégico. El mundo se está enterando cómo en el departamento del Tolima se reclutaron bandidos y desocupados, con quienes “formaron” una columna guerrillera, los vistieron con uniformes militares, les dotaron algunos fusiles viejos y otros muchos de palo, llamaron a los periodistas, les tomaron fotos, peroraron una diatriba insulsa, les dieron algún dinero a los farsantes, difamaron sobre muchos ciudadanos a quienes luego encarcelaron y, luego, felices ratificaron que el fin del fin estaba cerca, incluyendo al Presidente de entonces. Nuestras relaciones, que en este momento tienen carácter clandestino, con gran cantidad de organizaciones democráticas y revolucionarias del mundo, armadas y civiles, están regidas por las conclusiones de la Conferencias Guerrilleras que orientan sobre el no desarrollo de acciones militares en otros países, respetando la soberanía de cada país y las luchas de cada pueblo. Siempre hemos percibido positivamente la participación de la comunidad internacional en la solución política del conflicto. El asesinato sistemático de civiles en estado de indefensión por parte de militares y policías, y su posterior presentación como “guerrilleros dados de baja en combate”, es una práctica institucional en Colombia, desde el año 1948. No es algo novedoso ni mucho menos. Hace parte de una guerra sucia desarrollada por el Estado colombiano contra “el enemigo interno” que también concibe y ejecuta el asesinato selectivo de líderes políticos de la oposición, de dirigentes sindicales comprometidos con los trabajadores, la desaparición de activistas revolucionarios, las torturas, el terror y las masacres que intimiden y generen miedo, parálisis, pánico y desplazamiento. Todo ello se ha denunciado y se continúa denunciando. Existen centenares de libros, miles de denuncias, millares de evidencias y de pruebas que demuestran la responsabilidad del Estado colombiano en el desarrollo de esta estrategia, solo que hasta ahora, la comunidad internacional acepta la tesis oficial que señala como hechos aislados, bajo la responsabilidad de algunas manzanas podridas, esta criminal práctica institucional. Son centenares de miles las víctimas civiles de la guerra sucia que el Régimen ha emprendido, según afirma, en “defensa de las instituciones y del Estado de Derecho”. A mediados de los años setenta, la estrategia oligárquica de terror fundió sus prácticas paramilitares con el narcotráfico, bajo la dirección y jefatura de poderosos empresarios, destacadas personalidades de la política tradicional y altos mandos militares, con el objetivo de intensificar sus crímenes y atesorar dineros provenientes del narcotráfico, pero ocultando a sus verdaderos jefes y orientadores. Hoy, muchas evidencias empiezan a salir a flote, desde las farsas de las cárceles asignadas a los militares y políticos responsables de crímenes atroces, pasando por la usurpación masiva de tierras por parte de hacendados, militares, industriales y dirigentes de los partidos tradicionales, acuerdos políticos empapados de sangre entre gamonales y narcos, enriquecimiento desmesurado e inusitadamente rápido de un reducido sector social vinculado a los distintos gobiernos de estos años, institucionalidad permeada casi sin excepción por dineros mafiosos y al servicio de estos, hasta los nexos del alto gobierno con esta estrategia que por lo pronto visibiliza a dos de sus “eminentes” cabezas, el señor Narváez y Alvaro Uribe Vélez. Y, aunque hasta hoy no hay militares condenados por los llamados “falsos positivos”, la sociedad avanza en la lucha por llegar al fondo del problema, por determinar cada situación con precisión, castigar a los autores materiales y también a los autores intelectuales y determinadores, lo que inevitablemente alcanzará la reglamentación militar existente, inspirada, concebida y diseñada bajo la óptica de la Seguridad Nacional pregonada por Washington desde los tiempos de la guerra fría, que fue uno de los temas tabú en la Constituyente de 1991 y causa de fondo de los miles y miles de muertos de todos estos años. Colombia perdió mucho tiempo por ese veto que impuso la oligarquía en los conciliábulos de aquellos años. Tamaña equivocación, no puede repetirse. Las soluciones que requiere el país son estructurales, si queremos la reconciliación sobre bases ciertas y no zurcir otro remiendo como aquel de 1991. Por eso también es trascendente, que si logramos construir un nuevo escenario en función de la solución incruenta, en algún momento puedan participar representantes de la fuerza pública, donde seguramente muchos de sus integrantes, sin responsabilidades en las bajezas de la guerra sucia, también estarán clamando por la reconciliación y la reconstrucción nacional. Como revolucionarios que lo hemos entregado todo por nuestros ideales y el bienestar del pueblo, persistimos en la solución política del conflicto 66.

12-8-2011, Comunicado de las FARC. Saludo al Encuentro Nacional por la Paz. Compatriotas convocantes, organizadores, acompañantes y participantes en este encuentro de iniciativas y experiencias campesinas, afro-descendientes e indígenas por la paz en Colombia. Mujeres y hombres de Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Acompañantes internacionales, Colombianas y Colombianos. Expresamos nuestro saludo a esta iniciativa y reconocemos en ella una posibilidad real para avanzar por los caminos de la reconciliación y la reconstrucción de la nación, posicionando la ruta del dialogo y la solución política en el escenario de las urgencias que estremecen al país. Las FARC-EP reiteramos, ante este encuentro, nuestro indeclinable compromiso de entregar todas nuestras energías y esfuerzos para recibir ideas y acompañar la búsqueda de fórmulas, que despejen la ruta del dialogo, para sacar a la patria de la oscura noche del terror a que ha estado sometida en estos 63 años, por causa de la voracidad y la opulencia del poder de sectores oligárquicos minoritarios de la nación y el extranjero, que se crecen de privilegios manteniendo la violencia como la opción exclusiva, por parte del Estado, para imponer las políticas de exclusión que ha caracterizado a todos los gobiernos. Históricamente, desde la génesis de la resistencia Fariana que ya alcanzó los 47 años, hemos clamado, con toda la fuerza que representa esta palabra. Clamado, por salidas diferentes a la guerra. La guerra por la guerra, por privilegios o enriquecimiento personal, o por sentimientos de venganza, no constituye la razón de nuestra existencia. La razón de nuestra lucha es por un orden social de justicia plena, profundamente humanista y soberano que garantice el ejercicio de la paz como un derecho de la humanidad. Pero este clamor ha sido, también, históricamente desconocido por los diferentes gobiernos que han profundizado y degradado el conflicto interno, publicitando fracasadas promesas de aniquilamiento o exigencias de rendición a la insurgencia, como si se tratara de un problema aislado del conjunto de desequilibrios políticos, económicos y sociales que le ha facturado a Colombia todos sus gobernantes. La guerra con todo el peso de su barbarie, no puede seguir siendo el rumbo de la nación solamente para garantizar el crecimiento de los intereses del capital financiero, de terratenientes y narco-terratenientes, de las mafias en todos los ámbitos nacionales y de trasnacionales que agravan a cada segundo la crisis social y medio ambiental que afecta profundamente a millones de colombianos en cada estación invernal y que ha puesto en peligro la existencia del planeta. El sistemático terror del Estado, la violencia institucionalizada y para-institucional responsables del asesinato, de la desaparición forzada y del desplazamiento masivo tiene que detenerse con acciones independientes y comprometidas con la paz como las que representa este encuentro. La promoción de falacias tan infames y efectistas como el “ fin del fin” o el “pos conflicto” diseñadas para ocultar los abusos, el enriquecimiento familiar, la persecución a opositores, la corrupción y el autoritarismo de los últimos gobiernos, no puede seguir justificando el creciente gasto militar que se divorcia de la inversión social a que está comprometido el Estado. La mayoría de participantes en este encuentro, y que viven en territorios donde se desenvuelve el conflicto, saben que la confrontación se mantiene, que hay terrorismo de Estado o “ falsos positivos “ como eufemísticamente los llama el gobierno, y saben que es una política macabra que se implantó desde lo más alto del Estado para intimidar a la población civil y crear falsas expectativas sobre los avances militares de la fuerza pública oficial. Y ustedes saben que la insurgencia se mueve, unas veces en forma pública y otras en forma clandestina, pero que estamos ahí. Y saben, porque lo palpan a diario y les ha tocado sortear y enfrentar las consecuencias del conflicto, que a la resistencia armada no se le derrota con mentiras, con amenazas, bravuconadas, ni con titulares de prensa. La resistencia armada existe y se mantiene como se mantiene y crece la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, educación, asistencia médica y preventiva de salud, de tierras para la producción campesina, como se mantiene el desplazamiento y crece la violación a los derechos humanos. La desigualdad ha crecido y para equilibrar las cargas sociales que atizan la confrontación, no son suficientes los billones de dólares que se lanzan al fuego insaciable de la guerra, requiere avanzar más allá, se requiere compromiso, esfuerzo e iniciativas nacionales que obliguen al gobierno a abrir caminos hacia la paz. Así lo hemos percibido las FARC-EP en los encuentros diarios en nuestro trajinar por la geografía patria y en la convocatoria de este evento vemos pasos seguros en ese camino. Hemos participado en varios escenarios de dialogo con distintos gobiernos, siempre acompañados de un profundo compromiso de paz y esperanzados de encontrar en la contra parte la misma disposición y la voluntad indeclinable para la generación de los cambios estructurales que reclama el afianzamiento de la justicia social, como base fundamental para la paz, pero los sectores del poder representados en esos gobiernos, han determinado que el único objetivo cierto es el de ganar tiempo para recomponer la estrategia de los planes de guerra prolongando la existencia del conflicto social y armado con todas sus calamidades. Solo la movilización de todas las fuerzas sociales de la nación abrirá el cauce hacia la reconstrucción y la reconciliación nacional, iniciando en forma inmediata la exploración de acuerdos humanitarios que resuelvan el drama de los prisioneros de ambas partes, que innegablemente y por encima de cualquier alharaca mediática para ocultar esta realidad, se seguirán presentando mientras la confrontación armada se mantenga. Así como las dramáticas condiciones que viven, en las cárceles de Estados Unidos, los comandantes guerrilleros Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas que deberán ser repatriados en un proceso efectivo de reconciliación. De igual forma, la libertad para las víctimas de las capturas masivas por el modelo de criminalización y judicialización de la protesta social que ha implantado el Estado contra integrantes de todas las fuerzas políticas y sociales de oposición. Recogiendo los llamados a buscar una salida distinta a la guerra, para resolver el conflicto social y armado que vive nuestra nación y ante la disposición expresada por el señor Presidente para explorar ese camino, manifestamos ante ustedes nuestra voluntad política, para en lo más inmediato, dar los pasos encaminados a crear el escenario propicio para iniciar el diálogo de cara al país, bajo el único condicionamiento que la firme disposición de encontrar los caminos que nos permitan crear el entorno para las profundas reformas económicas, sociales y políticas que garanticen la Paz con Justicia Social, con todos los sectores representativos del pueblo colombiano y la comunidad internacional dispuesta a acompañarnos. Reiteramos nuestro deseo porque este encuentro ayude a abrir los caminos esperanzadores de la paz. Con fraterno respeto. Compatriotas, Secretariado Nacional del Estado Mayor Central. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP. 12-8-2011 67.

4-11-2011, Alfonso Cano, líder de las FARC murió por Operación Odiseo del Ejército de Colombia. El líder de las FARC siempre reiteró la disposición de la organización a encontrar una solución política al conflicto armado: “Creemos en el diálogo que creemos viable la consigna central de este evento, la consideramos justa, 'el diálogo es la ruta”. En agosto del 2011 Cano indicó que al Presidente Santos se le debe recordar que “hace un año, en su discurso de posesión, prometió dejar atrás los odios que habían caracterizado los ocho años del anterior Gobierno (2002-2010). Esa promesa la olvidó”. Como prueba de su disposición al diálogo, el movimiento insurgente liberó en febrero del 2011, unilateral y voluntariamente a seis de sus retenidos. El acto también fue realizado en desagravio de la destitución de la Senadora Piedad Córdoba, que ha expresado en varias ocasiones que la voluntad de los insurgentes era seguir promoviendo la paz en el país por medio de solicitudes de negociación que no han sido respondidas. La caída en combate del líder guerrillero, Alfonso Cano, simboliza “la inmortal resistencia del pueblo colombiano”. La “paz nacional no nacerá de ninguna desmovilización guerrillera” sino de la abolición definitiva de las causas que dan nacimiento al alzamiento. Escuchamos de la oligarquía colombiana y sus generales el anuncio oficial de la muerte del Camarada y Comandante Alfonso Cano. Resuenan aún sus alegres carcajadas y sus brindis de entusiasmo. Todas las voces del Establecimiento coinciden en que ello significa el final de la lucha guerrillera en Colombia. La única realidad que simboliza la caída en combate del camarada Alfonso Cano, es la inmortal resistencia del pueblo colombiano, que prefiere morir antes que vivir de rodillas mendigando. La historia de las luchas de este pueblo está repleta de mártires, de mujeres y de hombres que jamás dieron su brazo a torcer en la búsqueda de la igualdad y la justicia. Nuestro compromiso no queda en la consigna, tampoco en el mural, menos en este articulo. Nuestro compromiso verdaderamente está en el esfuerzo constante de profundizar la revolución, de combatir al enemigo, de luchar al lado del pueblo pobre, contra la burguesía y el imperio. Imprescindible la formación moral e ideológica de cada camarada, de cada vecino, de cada niño, de todos nosotros. Profunda, constante, pues el enemigo nos ataca con sus medios masivos de comunicación así como con sus bombas y balas. Con Alfonso no pudieron, ni con su seductor sistema capitalista, ni con sus alienantes cantos ni modas, ni con el terror de sus armas, pues su compromiso provino de su espíritu, de su sólida ideología, de su claridad política, de su estratégica formación militar. Por ello el enemigo recurrió a suprimirlo, a asesinarle, a eliminarlo físicamente. Y con él intentan eliminar la dignidad de todo un pueblo que no se rinde. Junto a Marulanda, a Raúl Reyes, a Ivan Ríos, al negro Acacio, a Martín Caballero, a Jorge Briceño, y hoy junto a Alfonso Cano, estamos los esperanzados del mundo, los que siempre creeremos de que un mundo más humano sí se puede y nos los merecemos. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 5 de noviembre de 2011. Coordinadora “Simón Bolívar” 68.

13-11-2011, El Asesinato de Alfonso Cano es un mensaje de rechazo al Acuerdo Humanitario y a la Paz de parte del Gobierno de Colombia. Alfonso Cano decía: “Nosotros aspiramos a que nuestras luchas, nuestros esfuerzos, lleven a Colombia a construir con el transcurso del tiempo, con el trabajo y la convivencia un sistema social igualitario”. El reciente parte de guerra del gobierno es un rotundo no al Acuerdo Humanitario y a la solución política y negociada al conflicto, que somete una vez más a la zozobra a los mas de 9.500 prisioneros políticos en poder del Estado y 22 prisioneros de guerra en la selva de Colombia en poder de las FARC y por supuesto a sus familiares, reafirmando la política gubernamental del odio y poco respeto a los derechos a la vida y a la libertad, aplicando la pena de muerte y convirtiendo las cárceles y la selva en cementerios de mujeres y hombres vivos. El gobierno nacional ha pasado por encima de las normas internacionales que regulan la guerra y descaradamente le exige a su contradictor respeto a las mismas, cuando no es capaz de pensar en la suerte que pueden correr sus 22 militares en poder de las FARC, al bombardear indiscriminadamente, ni en los verdaderos intereses del pueblo colombiano en poner fin al prolongado y degradado conflicto social y armado. El asesinato del Comandante Alfonso Cano es un atentado a la paz, pues es bien conocido que el jefe guerrillero representaba la línea política de las FARC, se dio muerte a un hombre de paz, a un hombre de ideas, a un hombre comprometido con la transformación social, a un hombre obligado a vivir en la clandestinidad, se dio muerte a una historia revolucionaria. Rechazamos la política guerrerista, de odio y de desprecio a la vida del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y exigimos la salida negociada y política al conflicto social y armado colombiano que debe empezar con el intercambio humanitario de prisioneros políticos y de guerra entre el Estado y las FARC. Colombia, 9-11-2011. Campaña por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Traspasa los Muros”. Coalición por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas” 69.

13-11-2011, La muerte en combate del Camarada y Comandante Alfonso Cano enluta al conjunto del movimiento anti imperialista mundial, a todas las víctimas de la explotación capitalista, al movimiento universal por el socialismo, a cada uno de los pueblos que alzan banderas de soberanía, dignidad y democracia. Aflige profundamente a toda la gente buena del planeta, particularmente en América Latina, el Caribe y Colombia. Sus ideas y su genial conducción son parte del arsenal ideológico, político y militar de las FARC Ejercito del Pueblo. Nadie podrá jamás arrebatárnoslo. Su talento y actividad revolucionaria crecieron y maduraron a la par con nuestra historia. En los días de Marquetalia militaba ya en las filas de la juventud comunista. Hasta su muerte en combate, nada pudo distraerlo de la lucha. Las reservas petroleras de Colombia, al ritmo que se piensan extraer, estarán agotadas por completo en los próximos cuatro años. Nos pretenden embrujar con la idea de que para entonces se habrá hallado suficiente crudo para otros tantos. Nuestro destino es ahorrar con nuestro crudo las existencias imperiales, y pagar con los ingresos los créditos para la infraestructura funcional al saqueo. Obviamente los créditos serán suministrados por la banca internacional. Y para conseguirlos el país deberá comprometerse a realizar grandes y crecientes recortes al bienestar social de los colombianos. Reformas tributarias, al régimen de pensiones, laboral, en salud y educación. Semejante arremetida avanza ahora a toda máquina en el Congreso de la República. El TLC y la apertura indecente a la inversión extranjera amenazan llevarse por delante lo más valioso del patrimonio humano, ambiental y económico del país. Gigantescos proyectos auríferos, carboníferos, turísticos, agroindustriales, bioenergéticos y agropecuarios, entre otros, además de expoliar nuestras riquezas, exprimirán impunemente la mano de obra en grados intolerables. Se halla en acelerada ejecución un modelo de desarrollo inequitativo y antipatriótico, producto de las manipulaciones urdidas desde el palacio presidencial y los distintos ministerios, aprobado a pupitrazos por el poder legislativo y declarado exequible por las cortes, que no toma en cuenta en lo más mínimo la opinión del pueblo colombiano ni la de sus más inmediatos afectados. No existen en Colombia espacios de discusión que tengan la capacidad de influenciar o determinar de algún modo las decisiones ligadas al modelo de desarrollo. Como quedó demostrado en las recientes elecciones locales, los partidos políticos han sido diluidos en mezquinos liderazgos personales corruptos y carentes de principios. Las fuerzas políticas que podrían discutir el modelo están minadas. Sólo dos formas de lucha se oponen a él de modo corajudo y pertinaz. La lucha callejera en marchas y protestas, y la lucha guerrillera en las montañas. Las recientes disposiciones sobre seguridad ciudadana aproximan la primera de ellas a la delincuencia y le atribuyen penas de prisión. Al tiempo se nos exige la desmovilización a los alzados bajo la amenaza de la aniquilación total. Tal es el marco en el que toma cuerpo el desesperado afán por rendir a las FARC-EP. Sabemos muy bien cuáles son los propósitos del Presidente Santos, enriquecer todavía más a los más ricos y hundir aún más en la miseria a los más pobres. Resulta en consecuencia de cardinal importancia tender los puentes necesarios para fortalecer, unificar y defender las dos formas de lucha vigentes. Movilización de masas y lucha guerrillera están llamadas a converger en un haz estratégico, la solución política al conflicto que se libra en Colombia. La guerra no es más que la determinación imperial y oligárquica de cerrar todos los caminos de la oposición a sus planes de despojo, el mazo con el que las clases dominantes esperan aplastar la inconformidad. La resistencia heroica de la insurgencia colombiana, al igual que la voz en alto del pueblo movilizado en la protesta, no pueden cesar con un falso llamado a la negociación y el consenso. Cualquier intento de desmovilizar la lucha popular sin la concertación de soluciones que erradiquen sus causas estará llamado al fracaso. No puede haber paz con represión y hambre. Por nuestro pueblo y por nuestro Comandante Alfonso Cano, nos comprometemos a persistir en la búsqueda de la solución política hasta alcanzar una paz democrática con dignidad y justicia social. La voz de estudiantes, trabajadores, campesinos, comunidades indígenas y negras, desempleados, pensionados, mujeres y clases medias agobiadas tiene que ser escuchada y atendida en Colombia. Con el camarada Alfonso recordamos a los ilusos: “Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana”. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Noviembre del 2011 70.

15-11-2011, El Secretariado de las FARC-EP anuncia que el reemplazo del Comandante Alfonso Cano, será Timoleón Jiménez. A los guerrilleros de las FARC-EP. A las milicias bolivarianas. Camaradas: El 4 de noviembre cayó en combate el Comandante de las FARC Alfonso Cano en las montañas del Cauca del municipio de Suárez. Desde hacía dos años lo perseguían más de 7.000 hombres guiados por tecnología militar de punta y una flotilla de aviones y helicópteros, bajo las órdenes de asesores militares estadounidenses, mercenarios israelíes y el alto mando militar. Los guerrilleros de las FARC nos sentimos orgullosos de que el comandante haya caído peleando en el campo de combate y muerto como mueren los verdaderos jefes militares, los héroes del pueblo, los valientes. Mostrando con su grito de guerra y con el plomo, con su ejemplo, que así mueren los hombres y las mujeres cabales, consecuentes con lo que piensan, y que juraron por la justicia y la dignidad del pueblo, pelear hasta las últimas consecuencias. Este es el ejemplo que llevarán galvanizado siempre en la conciencia los guerrilleros de las FARC que han jurado vencer, y vencerán. No hay muerte más hermosa que la que sobreviene peleando por la libertad, por una causa altruista, colectiva, vislumbrando en su sueño, como Alfonso, la Nueva Colombia, la de la dignidad humana, la del empleo, la de la educación y la salud gratuitas, la de la soberanía del pueblo, de la tierra para los campesinos, de la vivienda para los que carecen de ella, una patria nueva, socialista, justiciera, bolivariana, propulsora de la concreción en el continente de una Gran Nación de Repúblicas hermanas. Crecerá el raudal sonoro de la protesta y la movilización popular que hoy asusta a la oligarquía neoliberal que lacera la soberanía con su política de “seguridad”, que contra Colombia y su gente, favorece la inversión y los intereses de las transnacionales. Que empiecen a temblar los usurpadores del poder que hasta hoy se han negado a pagar la inmensa deuda social contraída con el pueblo. La indignación está recorriendo el mundo en medio de la crisis sistémica del capital. Pueden estar seguros que no podrán detener el fuego insurgente contra la tiranía, por la paz, y que la guerrilla redoblará su trote hacia la victoria con las banderas del Movimiento Bolivariano desplegadas al viento, con el pueblo. Queremos informarles que el camarada Timoleón Jiménez, con el voto unánime de sus compañeros del Secretariado, fue designado el 5 de noviembre, nuevo comandante de las FARC-EP. Se garantiza así la continuidad del Plan Estratégico hacia la toma del poder para el pueblo. La cohesión de sus mandos y combatientes, como decía Manuel Marulanda Vélez, sigue siendo uno de los más importantes logros de las FARC. Comandante Alfonso Cano: sus lineamientos en el campo militar y político, serán cumplidos al pie de la letra. ¡Viva la Memoria del Comandante Alfonso Cano! Hemos Jurado Vencer, y Venceremos. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP Montañas de Colombia, noviembre de 2011 71.

19-11-2011, Primer comunicado de Timochenko como líder de las FARC-EP. Todos tenemos que morirnos, Santos, todos. De eso no va a escaparse nadie. Unos de un modo y otros de otro. Unos por una causa y otros por otra. Algunos escogen una muerte heroica, gloriosa, profundamente conmovedora. Otros prefieren morirse de viejos, de un infarto o diabetes, tras una larga enfermedad en una cama o endrogados en medio de un burdel. Es como la vida, unos prefieren pasarla haciendo dinero y engordando como cerdos, o practicándose cirugías para conservarse jóvenes, pisoteando a los demás y dándose ínfulas. Otros escogen caminos más nobles. Y son muy felices así. Es un asunto de conciencia. Pretender intimidarlos para que acepten vivir como los primeros es un error. Y todavía más grave es matarlos. Pretender exhibirse como modelo de civilización y decencia dando la orden de despedazarlos a punta de bombas, plomo y metralla. O como sea. Por ejemplo, de dos balazos por la espalda cuando se llega en la noche a casa. O molidos a golpes en una celda. O desmembrados con una motosierra. O con la cabeza mochada a machete. Al expresar el dolor que la torturaba por la muerte de su Jefe, decía una guerrillera que hombres como él quedarán para la posteridad y el pueblo los recordará como lo que fueron, inmortales. Otro enviaba una nota a sus mandos diciendo, aquí estamos para ayudar en todas las tareas que ustedes nos orienten. Les brindamos nuestra solidaridad en este momento. Eso de ostentar poder y mostrarse amenazante y brutal, no puede ganar las simpatías de nadie. De nadie que no sea ostentoso y brutal como el que lo hace. La historia nos enseña que a la inmensa mayoría de seres humanos les repugna ese tipo de fanfarronadas. De niños aprendemos que sólo los ogros más malvados suelen actuar de ese modo. Y con el tiempo aprendemos a asociar esas conductas a los seres más perversos. Matar salvajemente a un ser humano, con métodos notoriamente desproporcionados, para pararse sobre su cadáver y señalar a otros que les tiene reservado el mismo tratamiento, tiene la virtud de producir un efecto contrario. Ningún hombre se dejará humillar de ese modo. Homero fue un maestro en desentrañar el alma. Tras dialogar con Príamo, Aquiles comprende la dimensión de los troyanos y la bajeza de la causa griega. Asume lo miserable de haber paseado el cadáver de Héctor, atado a su carro, frente a sus seres queridos y su pueblo. Por eso decide inmolarse en la refriega, para no aparecer como vencedor con ese ejército. Son los gestos de grandeza moral los que hacen imperecederos a los hombres. Sólo las mentes más enfermas y enajenadas pueden sentir alguna simpatía por Adolfo Hitler. Aunque en su momento muchos lo hubieran aplaudido. El tiempo terminó por ubicarlo en el infame lugar que le correspondía. Creo que a los Santos y Pinzones les reserva una suerte similar el destino. No puede ser de otro modo. El grado de ruindad moral que exhiben horroriza al más sano de los juicios. Muy poca gente conoce en el reinado de cuál emperador romano fue crucificado Jesús. Pero creo que por encima de las propias creencias, en todas partes se profesa el más elevado respeto por él. Porque prefirió el suplicio y la cruz antes que renunciar a sus ideas. Y porque esas ideas abrigaban un altísimo grado de humanidad. Eran buenas, buscaban la felicidad general, ensalzaban a los pobres e incluso fustigaban a los ricos, proclamaban que todos los hombres eran iguales. Sólo proponía a hombres y mujeres que lo abandonaran todo y lo siguieran en la propagación de esa fe, de esa verdad. Pero lo coronaron de espinas, lo abofetearon, lo crucificaron y lancearon. Se burlaron de él. Habían preferido liberar en su lugar al peor de los criminales. Sin embargo fue ese Cristo el que los sobrevivió a todos. Pese a que hubieran perseguido por siglos a sus seguidores. De nada sirvió arrojarlos a los leones ante la aclamación general de la plebe en el circo. Esta gente lleva medio siglo en esto, Santos. Algunos, de cabeza blanca, cuentan historias de sus días en Marquetalia. Otros hablan de los años en el Guayabero, de los primeros diálogos cuando Belisario. Hasta afirman que si entonces el gobierno hubiera pensado mejor, las cosas en el país hubieran sido muy distintas. La soberbia ha podido más que la razón. Muchos cuentan experiencias de la guerra integral de Gaviria y su creación de las brigadas móviles. Y muchísimos más vivieron aquí lo del Caguán. Una enorme masa llegó después a estas filas. En ese devenir, seguramente, se han presentado múltiples deserciones y traiciones. Pero no ha sido lo determinante. Son más y más los revolucionarios y cuadros convencidos. Esta gente ha construido una epopeya sin antecedentes en ningún lugar ni época histórica. No hubiera sido posible sin el más extraordinario altruismo. Ni siquiera las fuerzas especiales del Ejército pudieron operar en el terrible invierno de esas abruptas cordilleras guerrilleras. Pero allá mismo viven ellos, aman, sueñan un mundo mejor y luchan por conseguirlo. Primero, entre groseros chistes, exhibieron el cuerpo despedazado de Raúl Reyes. Después recogieron exultantes la mano arrancada a Iván Ríos. Rugieron orgullosos más tarde cuando con toneladas de bombas quitaron la vida al Mono. Ahora, llorando de felicidad, dan el parte ensangrentado sobre Alfonso. Macabro rostro el de esa bella democracia. La cabeza de José Antonio Galán, así como cada una de sus extremidades, exhibidas a manera de escarmiento para evitar otro alzamiento comunero, no lograron impedir la gesta por la independencia. Ni su triunfo. El pueblo empeñó en ello miles de muertos y heridos, gran ruina y enormes sufrimientos. Hubiera sido mejor de otra manera, pero la Corona no quiso. Las FARC son miles y miles de revolucionarios que soportan las más duras condiciones porque creen firmemente en su causa. No ganan un solo centavo, no poseen nada material, el movimiento les da lo que necesitan. Y el movimiento son todos ellos. Son una impresionante creación histórica, aquí, en Colombia, ante nuestros ojos. Así no es Santos, así no es. Timoleón Jiménez, Comandante del Estado Mayor Central FARC-EP, Noviembre 2011 72.

26-11-2011, Carta Abierta de las FARC. Piedad Córdoba, Colombianas y colombianos por la paz, Lucia Topolanski, Senadora de Uruguay, Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997, Elena Poniatowska Amor, Escritora mexicana, Alice Williams, Escritora afroamericana y feminista. Premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura, Mirta Baravalle, Presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Isabel Allende, Escritora y Senadora Chilena, Danielle Miterrand, Francia, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz, Socorro Gómez, Presidenta del Consejo mundial por la Paz, Hermana Elsie Mongue, Ecuador, Nidia Díaz, Dirigente FMLN, Margarita Zapata, Embajadora Nicaragua, Xiomara Castro de Zelaya, Vocera Frente de Resistencia Hondureño. A nombre del Secretariado de las FARC-EP, a ustedes amigas de la paz y de la solución política de los conflictos, nuestro saludo cordial. Aferrados a la esperanza de que la liberación de prisioneros de guerra, como resultado de un acuerdo entre las partes contendientes, puede encausar la nación hacia el raudal de la solución política, respondemos hoy su misiva de agosto. El conflicto armado colombiano tiene profundas causas sociales, económicas y políticas, que deben ser temas de discusión para su superación definitiva. Compartimos igualmente que la paz de Colombia está ligada a la paz de la región y que, además, es anhelo universal. No permitiremos que se nos escape esta oportunidad para reiterar a través de ustedes, nuestra disposición de dialogar con el Estado, de cara al país, con miras a un futuro de paz. Desde luego, aceptamos la disposición y concurso de ustedes para contribuir en la búsqueda del noble propósito. Nos solicitan en su carta un nuevo gesto de liberación unilateral de prisioneros de guerra. Pero quisiéramos compartir algunas reflexiones sobre el tema: Sería justo que apelando al ejercicio de la razón, el derecho y la ética en el tratamiento del problema, no se invisibilizara a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800. El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos. Durante el gobierno de Ernesto Samper liberamos unilateralmente en Cartagena del Chairá a 80 prisioneros de guerra. En el cuatrienio de Andrés Pastrana, luego de la firma de un acuerdo humanitario, liberamos a 47 militares y policías y en cambio recibimos 13 guerrilleros. Inmediatamente, con la esperanza de generar un medio ambiente propicio para el abordaje del canje, dejamos en libertad en la Macarena, sin ninguna contraprestación, a 305 soldados y policías que habían sido capturados en combate. Más recientemente, durante el gobierno de Alvaro Uribe, gracias a la gestión humanitaria del presidente de Venezuela Hugo Chávez y de la Senadora Piedad Córdoba, liberamos, también de manera unilateral, a algunos senadores, representantes, diputados y concejales, y a otro grupo de militares y policías. La verdad es que nunca hubo reciprocidad por parte del gobierno de Colombia. La disposición de las FARC en este sentido ha sido diáfana. No admite discusión ni cuestionamiento. Seguimos a la espera del momento propicio para pactar con el Estado colombiano un canje de prisioneros de guerra. La realidad es dura. Cuando en Medio Oriente el Estado sionista de Israel libera a más de 1.000 prisioneros palestinos a cambio de uno sólo de sus soldados, el gobierno de Colombia le ha dado la espalda, por 13 años, a los suyos. Aquí hay una indolencia infinita con el sentimiento de los familiares de los soldados prisioneros, pero también un desprecio por la suerte de unos hombres que arriesgando como nadie su vida, cayeron en el campo de combate defendiendo los intereses de quienes hoy los olvidan. En sana lógica, un acuerdo de paz en Colombia debiera estar antecedido por un canje de prisioneros entre las partes contendientes porque, sin duda, un evento tal allanaría la senda del entendimiento y el fin de la guerra, del conflicto social y armado que se prolonga por seis décadas por la intransigencia estéril de los gobiernos. Se debe poner punto final a una larga historia de violencia institucional, de despojo, de paramilitarismo, desapariciones forzadas, masacres, “falsos positivos”, fosas comunes, exclusión, imposiciones neoliberales y manipulación de la opinión. A las mujeres pacifistas del mundo representadas en ustedes les pedimos actuar y extender sus manos solidarias hacia el pueblo de Colombia. Les sugerimos dirigir su mirada sobre la situación que afrontan centenares de guerrilleros presos y unos 7.500 ciudadanos encarcelados por sus ideas, como resultado de la criminalización de la oposición política y la protesta social; la mayoría de ellos acusados de terrorismo y de otros delitos que tratan de ocultar el carácter político de su causa y sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad, violación de sus derechos humanos, hacinamiento y torturas, políticas acentuadas por la injerencia del buró federal de prisiones de Estados Unidos. Les pedimos analizar la posibilidad de constituirse en comisión, o gestionar la conformación de una comisión humanitaria que visite las cárceles de Colombia y constate en el terreno la veracidad de la denuncia. Intercedemos, igualmente, por los presos sociales, por los que casi nadie habla, para protestar por las condiciones degradantes de su reclusión. Les solicitamos considerar, como asunto crucial para aclimatar la convivencia, el estudio de fórmulas que permitan la repatriación y liberación de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, guerrilleros de las FARC prisioneros del imperio, extraditados a los Estados Unidos por el rencor y la retaliación de un ex presidente desquiciado. Su extradición, sustentada en montajes jurídicos urdidos por Uribe Vélez, la inteligencia militar y el ex Fiscal Osorio, fue una flagrante violación de claras disposiciones constitucionales. Simón Trinidad ha sido condenado a 60 años de prisión por una causa ajena a la que fue extraditado. Vaya nuestra voz de aliento a los tres rebeldes farianos, ante su infame y largo cautiverio neocolonial. Permítannos reiterarles, distinguidas ciudadanas del mundo, nuestro mensaje de irrenunciable decisión de continuar y elevar a nuevos niveles la brega por la libertad de los prisioneros de guerra y de los presos políticos. Como un nuevo acto humanitario que respalda esta carta, anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder, los cuales serán entregados a las firmantes de la misiva que hoy respondemos, encabezadas por la insigne dirigente política colombiana, la senadora Piedad Córdoba, previa precisión de los protocolos de seguridad. Esta fue la determinación del comandante Alfonso Cano días antes de ser asesinado por el régimen guerrerista y sanguinario de Juan Manuel Santos. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, noviembre de 2011 73.

29-11-2011, Las FARC-EP lamentamos profundamente el trágico desenlace del demencial intento de rescate ordenado por el gobierno colombiano el día 26 de noviembre en el departamento del Caquetá. Al tiempo que extendemos nuestro sentimiento de pesar a las familias del Sargento Libio José Martínez, el Coronel Edgar Yezid Duarte, el Mayor Elkin Hernández y el Intendente Alvaro Moreno, denunciamos ante la opinión nacional y mundial que tal hecho obedeció al afán del Presidente Santos y el alto mando militar por impedir su inminente liberación unilateral. La Senadora Piedad Córdoba y el prestante grupo de personalidades femeninas de todo el mundo que nos lo solicitara así en misiva que se hizo pública y fue recibida por nosotros en agosto de 2011, podrán dar fe de la respuesta afirmativa a su petición en carta cuyo contenido ya había sido aprobado por el Secretariado en vida del Camarada Alfonso Cano y anexamos a la presente. La necesaria discreción que los contactos encaminados a posibilitar materialmente esa entrega, fue acompañada de la orden de traslado de los prisioneros de guerra al posible sitio que se indicaría en su momento. La comunicación pública estaba a punto de producirse. La muerte en combate del Camarada Alfonso Cano no podía frustrar nuestro propósito de propiciar la concreción de un acuerdo de canje de prisioneros de guerra, tal y como él lo concebía. Correos en ese sentido reposaban en los archivos tomados por el Ejército tras dicha operación. Es evidente que tras hacerse a la información, el gobierno nacional y el alto mando militar tomaron la determinación de frustrar la gestión humanitaria y sus posibles efectos. Los resultados están a la vista. El alud de imputaciones contra nosotros no basta para encubrir la felonía de Juan Manuel Santos. Catorce años no fueron suficientes para que la oligarquía colombiana se condoliera un instante por la suerte de los soldados y policías que entregan su vida, su integridad o su libertad por defenderles sus inmensas fortunas. Cerca de ochocientos guerrilleros revolucionarios y más de siete mil quinientos luchadores sociales, son sometidos a infamantes tratos en las mazmorras del régimen y del imperio. Dialogar sobre un acuerdo que permita el canje de prisioneros y abra las compuertas a la paz es una necesidad histórica por la que clama Colombia. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 28 de noviembre de 2011 74.

1-12-2011, Comunicado de las FARC por muerte de prisioneros. Distinguidas ciudadanas: Piedad Córdoba, Lucía Topolanski, Jody Williams, Elena Poniatowska Amor, Alice Williams, Mirta Baravalle, Isabel Allende, Rigoberta Menchú, Socorro Gómez, Hermana Elsie Mongue, Angela Jeira. Cordial saludo. Deploramos profundamente que cuatro de los seis prisioneros de guerra que íbamos a liberar unilateralmente en respuesta a su petición de agosto, hayan muerto en un irracional intento de rescate militar del ejército colombiano, cuando marchaban hacia el lugar donde proyectábamos entregarlos a ustedes. Sorprende la actitud del gobierno colombiano, que no dudamos, estaba enterado de nuestra determinación. Las FARC querían liberarlos vivos, pero el gobierno de Juan Manuel Santos prefirió devolverlos muertos a sus seres queridos. Indigna la manipulación mediática del infausto suceso por parte del gobierno colombiano. La enrevesada explicación del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de que no se trató de un operativo de rescate, sino de búsqueda, no es más que un precario eufemismo que no alcanza a tapar la perfidia de un gobierno ni su desprecio a normas esenciales del Derecho Internacional Humanitario. Si universalmente es aceptado que el rescate militar entraña un riesgo, la responsabilidad del éxito o fracaso, siempre es imputable a quien lo asume. Durante más de una década los prisioneros que perecieron en la fracasada operación militar en las selvas del Caquetá, fueron mantenidos con vida por los guerrilleros de las FARC. Los queríamos vivos, porque buscamos el canje de prisioneros de guerra que desbroce el camino hacia la paz. Nunca los quisimos muertos. Los mató un gobierno indolente que no entiende de humanidad y no valora la vida de sus soldados. El canje reciente de más de 1.000 prisioneros palestinos por un soldado israelí, laceraba la mezquina conciencia de Juan Manuel Santos. No quería mirarse en ese espejo. Acostumbrados a imponer una guerra sin reglas, a la degradación que encarnan los “falsos positivos”, a la eliminación física del pensamiento revolucionario, a la criminalización de la opinión y la protesta, a las masacres, a las fosas comunes y al desplazamiento forzoso de la población, pretenden ahora que se los consagre el derecho perpetuo a la impunidad. Quien debe ser conducido a los tribunales, es el otrora ministro de los “falsos positivos” que hoy ostenta la banda presidencial. Colombia entera anhela salir de la larga noche de la violación de los derechos humanos desde el poder. Las denominadas “locomotoras del desarrollo” de Santos recorren el país enloquecidas generando muerte, pobreza y destrucción del medio ambiente. El 70% de la población colombiana vive en la pobreza, miles mueren en las puertas de los hospitales porque no hay derecho a la salud pública, no hay gobierno que atienda a los millones de damnificados por el invierno, la privatización avanza implacable en todos los sectores, la actividad secular de los mineros artesanales es criminalizada para dejar en manos del capital internacional la extracción de recursos. Blindadas por la política de la seguridad inversionista, alentadas por una legislación laboral que lesiona los intereses de los trabajadores, las locomotoras de las transnacionales, siguen su avance destrozando la soberanía y el derecho a la vida digna. En el trasfondo de la campaña mediática manipuladora en torno a la muerte lamentable de unos prisioneros de guerra, distinguidas señoras, está el afán del gobierno de distraer la atención de un país que ha empezado a protestar contra los desafueros del poder y a movilizarse por sus derechos. Con su doble moral el Presidente Santos alienta marchas para azuzar la guerra, cuando Colombia lo que necesita es la gran marcha del pueblo por la paz y la soberanía. A pesar de los hechos, la lucha por el canje de prisioneros y por la paz de Colombia, no se detiene. Redoblaremos esfuerzos en ese sentido porque es el anhelo de las inmensas mayorías y porque queremos rendir tributo a un hombre alzado en armas, llamado Alfonso Cano, que siempre se jugó la vida, consecuentemente, por la solución política del conflicto, el canje de prisioneros, la paz con justicia social, la soberanía y la dignidad de los colombianos. Seguiremos explorando con ustedes todas las vías que nos puedan conducir a este noble propósito y a concretar, en el marco de la nueva situación generada, y en cumplimiento de la voluntad del inmolado comandante Alfonso Cano, la liberación unilateral de los prisioneros de guerra que en misiva anterior les anunciamos, a pesar de que algunos de ellos cayeron en el insensato intento de rescate militar. Finalmente, permítannos transmitirles nuestro pesar por la desaparición física de Danielle Miterrand, destacada líder mundial de causas humanitarias y vocera de las mujeres del mundo, que al lado de ustedes, luchaba denodadamente por la solución política del conflicto social y armado que desangra a Colombia. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP 75.

7-12-2011, Comunicado del Comandante de las FARC Timoleón Jiménez. Me siento política y moralmente impelido a decir algo a quienes marcharon el día 6 de diciembre y a quienes no lo hicieron. Al contrario de lo que alguna gente enferma de odio visceral piensa, no estamos muriéndonos de risa por la reducida asistencia con la que contaron las marchas promocionadas. Respetamos mucho esta patria para eso. Reconozco más bien que miramos con profunda seriedad el tema. Porque está visto que el más intenso y palpitante anhelo de los colombianos es la paz, mientras que de la boca de Santos no brotan más que amenazas de profundizar la guerra. Aplastar por completo o reducir a la más baja humillación, por las buenas o las malas, bufa babeante. Y así no puede ser. Estamos seguros de que los millones de colombianos damnificados por el invierno, la desidia y la indiferencia, no miran con buenos ojos el crecimiento de la guerra. En menos de dos años, el conflicto se tragará todo lo que en diez prometen para las víctimas. Más de cinco millones de desplazados, 200.000 asesinados por el paramilitarismo, una cifra casi igual de desaparecidos, centenares de fosas comunes, miles de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Y se pretende reforzar el fuero militar de impunidad. El pueblo ya no está para ser más pendejo. Para ser arrastrado del cabestro por las grandes multinacionales y empresarios locales, por los monopolios informativos, por un régimen sanguinario que posa de civilizado. Ya no se presta para avalar el crimen. Se nos llama cínicos por expresar nuestro pesar a las familias de los prisioneros de guerra recién fallecidos. La verdad nos estremece esta cruda realidad. Fueron catorce años conservando sus vidas en medio de la hostilidad total del Estado. Anhelábamos que se fueran vivos. Por ellos mismos, al fin gente humilde que por un sueldo se somete a eso. Y porque representaban la esperanza de que los prisioneros nuestros también volvieran de sus duros encierros. Y porque cualquier acuerdo humanitario puede abrir las puertas a un diálogo por la paz en Colombia. Y porque definitivamente todos los colombianos y todos los seres humanos tenemos derecho a morirnos de viejos rodeados por el calor de una familia. Pero este derecho sólo se lo han atribuido para sí los dueños de las grandes fortunas en Colombia. Por conservarlas, matan a cualquiera. Nos conmueven las consignas de los marchantes que salen a la calle a exigir el intercambio humanitario, la solución política, el inicio cuanto antes de las conversaciones. Por ellos, los empresarios y los ricos se abstuvieron de meterse la mano al bolsillo para dar su apoyo. Presintieron que la cosa no iba a funcionarles como querían. Su demencial espíritu belicista los induce ahora a la rabia. Retoma total urgencia la expresión general del clamor por la paz y la solución política, para frenar en seco la peligrosa irritación de quienes chillan por la guerra total. Timoleón Jiménez, Comandante de Estado Mayor Central de las FARC-EP 7-12-2011 76.

11-12-2011, General Valencia Tovar: Lamento profundamente que la erudición histórica y política del autor de “El ser guerrero del Libertador”, que el camarada Jacobo Arenas valoró altamente y ordenó editar y reeditar como texto de estudio en nuestra organización revolucionaria armada, se desgaste al final de su vida en la pobreza de argumentos con los que me escribe para convidarme a la defección. Si solicita usted al servicio de inteligencia militar la relación de los comunicados del Secretariado Nacional de las FARC en el último cuarto de siglo, encontrará fácilmente que el seudónimo que me atribuye nunca ha sido usado por mi parte. La guerra fría y su componente ideológico, La Doctrina de Seguridad Nacional, que usted tanto valora, lo dotaron de un anticomunismo tan rabioso, que mientras el Presidente Roosevelt y el Primer Ministro inglés Churchill recurrieron sin dudar a la Unión Soviética para poder salvar sus economías y países del totalitarismo nazi, usted la emprende contra los héroes del Ejército Rojo que hicieron posible tal hazaña. Las FARC nos acercamos a los 48 años de lucha continua. Si eso nos convierte en caducos, qué no podría decirse de usted, que a fines de los años cincuenta ya intentaba hacer con Ciro Trujillo lo que hoy intenta conmigo. Nuestra plataforma para un nuevo gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, producida en la Octava Conferencia Nacional en 1993 y adoptada como programa de lucha del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, contiene unas propuestas de país y sociedad que usted al parecer no conoce, y que le recomiendo estudiar para hablar con alguna propiedad acerca de nuestras concepciones e ideas. Me permito, al igual que muchos millones y millones de colombianos, dudar de su objetividad acerca de los desarrollos de la guerra interna que se libra en Colombia, así como del reconocimiento que usted hace a siniestros personajes como Alvaro Uribe o los generales que menciona. Por muchos que sean los crímenes que usted intente enrostrarnos, jamás podrán oscurecer ante el país y el mundo la horrorosa hecatombe y el desastre sangriento que ha padecido nuestro país, por obra del militarismo y el paramilitarismo que hombres como usted han patrocinado toda la vida en privado y negado en público. No deja de sorprenderme que una insurgencia en desbandada como la que usted describe, tenga que ser combatida con un presupuesto y un ejército tan grandes, que además se aumenta en recursos y pie de fuerza cada año. Ni que un Establecimiento tan bien atornillado al poder, con tan inmenso poder mediático de dominación, se vea obligado a apelar a veteranos momificados en vida como usted, para tratar de lograr lo que no consigue con sus operaciones militares. Cuando usted ordenó ocultar el cadáver del padre Camilo Torres, ni siquiera imaginaba que 45 años después, sus émulos ocultarían del mismo modo los de otros gigantescos comandantes guerrilleros. Los generales que ahora obran como usted, no tienen la menor idea de lo que este pueblo sufrido, empobrecido y perseguido, será capaz de conseguir en un mañana. Soy consciente, señor General en uso de cómodo retiro, de la enorme responsabilidad ante el pueblo de Colombia, ante mis hombres, mi patria y la historia que significa asumir el mando de las FARC Ejército del Pueblo. Comprenderá entonces por qué no puedo menos que sonreír con pesar ante los cantos de sirena de traición que un antiguo hombre de armas se atreve a dirigirme. Cordialmente, Timoleón Jiménez, Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, 11-12-2011 77.

15-12-2011, Carta a Medófilo Medina por Timoleón Jiménez: Apreciado Profesor: Con mi saludo quisiera hacerlo partícipe de la voluntad varias veces expresada por el Camarada Alfonso Cano de dar respuesta a su carta abierta. Es obvio que las circunstancias que lo asediaban hicieron imposible la materialización de su propósito. Muerto el Comandante en combate, intentaré sin pretensión satisfacer en parte sus inquietudes, salvando el hecho de que usted le haya escrito a él en consideración a la relación personal y política que sostuvieron en un ya lejano pasado. A veces me asalta el pensamiento de que quería usted entablar más un intercambio con el antiguo camarada que con las FARC. No es fácil relacionarse en las condiciones actuales del país con nosotros. Existe un prisma mediático establecido, que ubica de inmediato en la picota a quien ose asumir una visión distinta a la pregonada por el poder. Eso del pensamiento único es mucho más que una consigna. Adopta consecuencias letales, trascurre por el ostracismo y el olvido, la estigmatización, el fin definitivo del empleo, la intimidación, la ruina, la cárcel, hasta llegar incluso a una muerte anodina. El primer subtítulo de su carta dice: Los colombianos necesitamos entender el por qué de la guerra, lo cual nos confirma que usted no se encuentra solo y que un importante sector del pensamiento social espera sin prevenciones lo que podamos decir. El movimiento que se firma Colombianas y Colombianos por la Paz parece haberlos decepcionado un tanto, en atención a que en su parecer terminó absorbido por las urgencias emanadas del intercambio humanitario. Quizás no resulte conveniente la generación de ese tipo de distancias. Tal vez lo que en el camino la Senadora Piedad Córdoba y otras personalidades han comprendido, es que resulta más fructífero para la paz de Colombia asumir tareas prácticas y concretas por la vida y la libertad de sus compatriotas, que enfrascarse en sesudos intercambios epistolares que generen un mar de especulaciones. Son puntos de vista, no necesariamente contradictorios, y que bien podrían marchar de la mano en una misma dirección. Es cuestión de sumar antes que dividir. Expone usted en su apoyo argumentos que son respetables. El debate abierto y público de opiniones en torno a la inevitabilidad de la guerra y las posibilidades de la paz es urgente. Creemos que él envuelve una discusión amplia sobre las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional. Nunca le hemos temido a eso, por el contrario, nuestro alzamiento en armas obedece a que siempre se nos han cerrado las puertas para tomar parte en él. Usted no lo sabe, tal vez porque el tipo de vida que le implica su vocación por la investigación social y la enseñanza es muy diferente al nuestro. Eso que llama dificultades políticas y técnicas o los avatares de la guerra que podrían dificultar un intercambio fluido, significan en realidad que las 24 horas del día hay sobrevuelos sobre nosotros ubicando la mínima señal eléctrica, de radio, teléfono o internet para molernos a bombas. Sin hacerle mención de las enormes operaciones terrestres que buscan exterminarnos. Es una verdadera hazaña lograr hoy día comunicarnos con el resto del mundo. No solemos hablar de esto pues automáticamente nos exponemos a la furiosa jauría, siempre presta a escarnecernos por pretender aparecer como inocentes víctimas. Tal vez ustedes logren valorar la importancia de que nuestros adversarios otorguen garantías efectivas para nuestro ejercicio político. Valdría la pena que en aras de la paz intentaran también hacer conciencia en ellos al respecto. Pero no creemos que sus misivas en ese sentido cuenten con la difusión de las que nos dirigen. Muy probablemente los tratarían de algo muy semejante a ingenuos útiles. Precisamente este conflicto es un debate armado en el que una de las partes, representada por el Estado, emplea todo género de recursos con el propósito de impedir la expresión del pensamiento de la otra. En el medio han estado siempre los que inclinados hacia nuestras posiciones terminan siendo víctimas de la persecución, así como quienes en aras de su tranquilidad han asumido que de lo que se trata es de decir cosas que halaguen a los poderosos, recurriendo por pulcritud al ingenio. Qué bien le haría a la democracia y la paz que su carta contribuyera a abrir una brecha por la que el ciudadano corriente pudiera conocer la argumentación de las FARC y sopesar nuestra visión actual del país y nuestra propuesta hacia el futuro. La generalidad de su exposición parece apostar a la idea de que conseguirlo es un asunto sencillo, ligado fundamentalmente a una cuestión de voluntad personal. Así se desprende incluso de su ilación histórica, de acuerdo con la cual haber surgido fue justo, pero en cambio persistir hoy es infundado. Usted debe conocer que al interior del universo de los medios de comunicación circulan diccionarios para uso de redactores y presentadores. En ellos se define de modo categórico el listado de los términos que pueden ser usados y el sentido imperativo en el que deben emplearse. Imperialismo y oligarquía son, por ejemplo, palabras en absoluto desuso, que deben ser puestas en su adecuado lugar de ridiculeces cuando algún trasnochado vocero de extremistas las traiga a cuento. Existe un solo léxico admitido, y con el lenguaje unas únicas realidades permitidas. Según estas, el sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca, es el máximo ideal democrático alcanzado por la humanidad. En nombre de él pueden invadirse y bombardearse países y pueblos enteros, desestabilizar gobiernos no afectos, o imponer por la fuerza autoridades transitorias o definitivas. Siempre con el sano y loable propósito de dar paso a las economías de mercado, a la millonaria inversión extranjera, a la exacción descarada de recursos naturales, al enriquecimiento apresurado de una élite privilegiada. Nuestro modo de ver las cosas es distinto. Se parece más al del asesinado Presidente Lincoln. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sobra decir que el régimen colombiano se ajusta más a las previsiones difundidas por el Washington de Bush y Obama. Se humilla ante ellas. Nosotros creemos que no son coincidentes los intereses de las clases privilegiadas con los de los millones de destinatarios de sus políticas. Creemos que los de abajo tienen su propia visión de las cosas y nos identificamos con ella. Promovemos entonces un régimen político distinto. Que parta de una premisa fundamental, la independencia y la soberanía nacionales. En Colombia debe gobernar un partido o movimiento que se preocupe antes que nada por la suerte de sus habitantes, por elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Para hacer realidad eso, tal vez sea necesario chocar con los intereses de diversos monopolios económicos de aquí y el exterior. Pero las decisiones políticas fundamentales, y todas las demás, deben apuntar a satisfacer el interés de la mayoría de los colombianos. Porque la política como tal, en este país y en la mayoría de las economías de mercado, ha perdido por completo su esencia. No se llega al poder para cumplir un determinado programa. Se llega para ejecutar las directrices emanadas de los grandes poderes internacionales. Las economías y los planes de desarrollo nacionales y locales están condenados a cumplir con el libreto del FMI, el Banco Mundial y la OMC, entre otras instituciones. Cada país y provincia tienen ya su destino fijado en una cumbre previa. Ningún gobierno puede salirse del guión establecido. Si alguno lo pretendiere, será inmediatamente tachado de antidemocrático y quedará expuesto a peligrosas sanciones. Definitivamente eso no puede ser admitido en verdad como democracia. El ejemplo más a mano lo tenemos en Colombia. En la más reciente campaña presidencial los candidatos que quisieron contar con una mínima posibilidad de victoria, estuvieron obligados a declarar en sus propios estilos que continuarían con la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Ninguna otra posibilidad contaba con la más mínima esperanza. Si recuerda usted las últimas elecciones regionales y locales, el tan promocionado ex guerrillero que terminó elegido a la alcaldía de Bogotá, tuvo que romper con el movimiento de izquierda del que formaba parte, declarar sin pudor su disposición a vincularse al proyecto de Unidad Nacional del Presidente y hasta identificarse con el cadáver político de Alvaro Gómez. Sólo con tan denigrante muestra de sujeción a los dictados del gran capital podía contar con su aquiescencia y por tanto terminar electo. Como producto de eso, y no creo que usted se niegue a reconocerlo, el ejercicio de la política en los marcos institucionales de hoy, está vaciado por completo de contenido ideológico. Es que hasta la noción de ideología fue proscrita. Las campañas electorales se reducen a estrategias de marketing en las que cuentan son los capitales invertidos en la orgía publicitaria. Capitales que tendrán que rendir sus beneficios desde las administraciones elegidas. Aspiraciones personalistas ligadas a los más bajos propósitos y encubiertas por floridos discursos que no dicen nada. Ante tamaña realidad, los de abajo, el pueblo raso del que los usos corrientes prohíben hablar, no cuenta con posibilidad legal de expresar sus intereses. Se lo pretende arrastrar dentro de partidos y grupos nepotistas y corruptos, que sólo le producirán enormes decepciones. Por eso, para hacer valer sus derechos, la gente no tiene más alternativa que apelar a las calles, a las carreteras, a los paros y asonadas para lograr ser atendida. Es ese estrecho marco, reforzado por la violencia represiva y criminal del Estado, el que explica la resistencia popular a la represión, y la existencia y persistencia del alzamiento armado en Colombia. Al tiempo que imprime forma objetiva al contenido de una solución política. Esta no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden existente. No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas, ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las mentiras oficiales. De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades. Sin el riesgo de ser asesinados al llegar a casa. O desaparecidos y torturados por una misteriosa mano negra que ya se anuncia que existe, como aquellas fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica bajo la mirada impasible de la clase política colombiana. Es justo que se abra un debate público y libre sobre estos asuntos, que se pueda hablar de estos temas sin ser arrollados de inmediato por los monopolios informativos concertados. Porque hasta de eso se trata en una solución política, de cómo poner freno a la intolerancia del unanimismo mediático. Profesor, créame cuando le digo que admiro su coraje. Es imprescindible en cualquier sociedad la actividad de la gente que adversa con altura. Tal vez no estemos de acuerdo con todo lo que plantea, pero reconocemos su honestidad y nos inspira respeto. Verá, nuestro análisis de la sociedad colombiana no puede restringirse al examen de las individualidades. Usted mejor que nadie sabe que un enfoque científico implica el reconocimiento de que los intereses de las clases inmersas en el proceso histórico tienen mayor relevancia que la actuación de los personajes. Varios de nuestros contradictores, desde espectros distintos, critican lo que llaman nuestra ceguera ante las positivas señales planteadas por Santos desde su llegada misma al gobierno. Que su reconciliación con Chávez y Correa, que su concertación con las cortes, que haber incorporado a Angelino, que sus guiños a la oposición, que su disposición a los derechos humanos, que su ley de víctimas y de restitución de tierras, que su voluntad de paz. Se empeñan en convencernos de que sumarse a Santos refuerza la lucha contra la extrema derecha fascista que representa Uribe, y enrumba el país por la senda de las reformas democráticas. Están confundidos cuando menos. Santos no se distanció un milímetro de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que patrocinó la confianza inversionista de Uribe. Lo que nos muestran sus locomotoras es la extrema radicalización de las prácticas neoliberales, la aceleración incontrolada de la deuda externa, la más desvergonzada entrega de nuestras riquezas naturales, el arrasamiento ambiental en beneficio de los monopolios, la prelación por la agroindustria exportadora en perjuicio de la economía campesina. Las distancias políticas que separan a Uribe de Santos no son muy distintas a las que separan a Bush de Obama o a Mariano Rajoy de Zapatero. Todo eso a la par con la profundización de la guerra, los bombardeos y la multiplicación de operaciones militares en las zonas agrarias, las capturas masivas silenciadas por la prensa en distintas regiones del país, el asesinato de dirigentes sindicales y populares, particularmente de reclamantes de tierras, su ley de seguridad contra la protesta ciudadana, sus programas de multiplicación carcelaria, etcétera. Su proyecto de reforma a la justicia resultó chocando de frente con las cortes y en cambio resucitó la justicia penal militar para reforzar aún más la impunidad. Y ya sabemos cómo, sólo mediante una gigantesca movilización estudiantil, se logró frenar su proyecto de privatización de la educación universitaria. Quizás lo que está influyendo a distintas ONG’s para salir en su defensa, son la fronda burocrática y los acuerdos de asesoría y asistencia, es decir los contratos implicados en la reglamentación de la ley de víctimas y restitución de tierras, para los cuales se hace ostentación de multimillonarios presupuestos que, seguramente, inspiran los buenos sentimientos de muchos sectores. Por la plata baila el perro dice el viejo refrán colombiano, del cual nos sentimos sincera y radicalmente distanciados. Usted insiste en que expresemos una opinión ampliada sobre esta ley. Para ser sincero, las expectativas que nos despierta se parecen mucho a las que nos inspiró la aprobación de la ley de justicia y paz con la que se pretendió embrollar el problema paramilitar y reparar en primera instancia a las víctimas. Astutas maniobras para neutralizar la opinión internacional y cooptar opositores. Sus posteriores desarrollos, ampliamente conocidos, hablan por sí solos de sus falsas bondades. Los mismos personajes que asumieron la Comisión de Reparación vuelven a aparecer encabezando esta nueva aventura, lo cual resulta de por sí bastante diciente. Sectores serios de la izquierda, en diversas publicaciones, han señalado ya repetidamente sus reparos, a los cuales sin dudar nos sumamos. Sería muy largo explayarnos aquí. Pero no sobra advertir que son los intereses de las multinacionales y grandes capitales locales, los que exigen una normalización o legalización de las tierras en las que adelantan o piensan adelantar sus proyectos de inversión agroindustrial. La urgencia de reglas claras apunta a preferir el derecho de terceros ocupantes de buena fe, con los que los modestos despojados tendrán que pactar sus cuotas de participación, perdiendo para siempre la posesión de su tierra y su proyecto de vida. El derecho de las víctimas a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro, se consagra sujeto extrañamente a los marcos de la política de seguridad nacional, lo cual debía resultarles preocupante. Llama la atención que la exclusión del derecho a las víctimas del despojo anteriores a 1991, deja por fuera de plano a los campesinos desterrados en el Magdalena Medio durante la embestida paramilitar de los ‘80. Curiosamente esa región comprende las mejores tierras del país para el cultivo de la palma. Y una mención de Perogrullo, una cosa son los términos judiciales previstos en la ley y otra los reales que consumen los largos contenciosos ante los jueces. Con relación a los sectores extremistas del latifundio, el paramilitarismo y mismo empresariado que se oponen a la aplicación de tal ley, cabe tener presente que si no representan una mayoría significativa en el entorno de los intereses involucrados en la normalización del derecho de propiedad, terminarán aislados. No podrán impedir la realización de los urgentes requerimientos del gran capital. Será éste el encargado de delimitar con el tiempo el verdadero alcance de la norma, y no serán los derechos de los desplazados los que terminarán imponiéndose. A menos que ocurra un cambio radical en este país, el cual no va a provenir, estamos seguros, del que algunos juzgan buen corazón de Santos. Si por desgracia, fueran esos sectores radicales los que cuentan con el mayor peso, nuestro país va a verse abocado a una nueva y terrible ola criminal de masacres, asesinatos y destierros, los cuales solo vendrían a demostrar que Santos no fue más que la vana ilusión de algunos, en el sentido de representar sectores sociales distintos a las mafias y el lumpen que defendió su antecesor. Resulta así sospechosa la proclamada intención gubernamental de profundizar la guerra total contra nosotros antes que contra aquellos. Mal puede salirse a proclamar la necesidad de respaldar al actual gobierno. Antes bien, creemos que adquiere una urgencia acuciante denunciar sus demagógicas promesas y sobre todo su actuación completamente contraria a ellas. La extensión de los temas implicados en su carta riñe con las circunstancias y el tiempo que nos permite la confrontación. El rigor académico exigiría en realidad que los argumentos en los que cifra usted ciertas afirmaciones acerca del pasado histórico, fueran expuestos con mayor lógica y amplitud, para poder sopesarlos en su justo valor. De alguna manera la naturaleza de su escrito lo impide, lo cual puede terminar por conducirnos a un vano enfrentamiento de supuestos inadecuadamente fundamentados. Me permito señalar algunos hechos que creo podrían enriquecer aún más sus apreciaciones. Sin desmedro de la importancia que merece el estudio del paro cívico nacional de 1977, creo que el referente básico para la comprensión de los desarrollos posteriores de la historia colombiana no deja de ser el 9 de abril de 1948. De allí surgió la certeza de que cualquier alternativa política democrática, progresista, antiimperialista y popular estaba sentenciada a muerte por los sectores económicos y políticos dominantes en nuestro país. La convicción de que un levantamiento general de las multitudes inconformes estaba condenado al fracaso si no contaba con una dirección seria, madura, experimentada y consecuente. La legitimación del derecho del pueblo a alzarse en armas cuando la violencia oficial y privada se ensañara contra él. También la inolvidable lección de que por más contradicciones que puedan existir al interior de las clases dominantes del país, estas terminan por unirse en un frente único y brutal cuando quiera que juzgan que el populacho se creció envalentonado a reclamar sus derechos. La pusilánime y ofídica actitud de la dirección liberal reunida con Ospina Pérez en palacio, ocupará siempre la memoria popular cuando se trate de graficar la traición contra toda una nación enardecida. Pero por sobre todo un aspecto de la historia nacional que usted apenas referencia para de alguna manera ponerlo en contra nuestra, la perversa intervención de los Estados Unidos. Casi a la manera de un faro gigantesco que con su haz de luz rompe las tinieblas para conducir a buen puerto una embarcación en medio de la noche oscura, la correcta interpretación del papel desempeñado por la IX Conferencia Panamericana en el asesinato de Gaitán, y el señalamiento posterior contra el Partido Comunista como autor de ese hecho, ponen de manifiesto el trágico destino de nuestro país bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptada tras la segunda guerra mundial por el Estado norteamericano. La teoría del enemigo interno que se encargarían de inculcar a todas las fuerzas armadas del continente dejaría una huella infame. Son demasiadas cosas juntas como para menospreciar la trascendencia del acontecimiento. Es claro que con él se prefigura la suerte actual de Colombia. Hasta en algunos detalles sorprendentes, como que el primer designado a la Presidencia llevaba el apellido Santos. La misma sangre azul de los que pasan y vuelven a dirigir el país. Había también un Lleras, del mismo pedigrí del Ministro del Interior actual. Y así, de prisa, valdría la pena recordar que el afán del fanático falangista Laureano por una salida militar a la crisis, terminó por servir a Ospina para convencer al liberalismo de la conveniencia de un arreglo amigable. Un nuevo episodio de la rivalidad entre esas dos familias conservadoras tuvo lugar durante el paro del 14 de septiembre. El llamado ospinopastranismo, resentido contra la tenaza Alvaro-Lopista que lo excluía de la burocracia, optó por sumarse a la convocatoria de paro, aupando a la UTC a salir a la calle a sumarse a los tres millones de arrepentidos que habían votado en el 74 por Alfonso López. Era su pequeño desquite por el 9 de abril. Cuando la protesta social se desbordó incontenible, los godos echaron atrás, interesados apenas como estaban en puestos y contratos. Son antecedentes que se olvidan a la hora de estimar la sinceridad de la voluntad de paz de Andrés Pastrana, hijo de Misael, cuando decidió jugarse un diálogo en el Caguán. Eso de la intervención norteamericana se convirtió en una atrocidad mundial en los años 60 del siglo pasado. El pavor al imaginario despliegue soviético y a otra Cuba, en medio del renacer independentista de Africa y Asia, sofisticó la Doctrina de Seguridad Nacional a la modalidad de la contrainsurgencia aprobada por John F. Kennedy. De ella provendrían el escalamiento de la agresión a Vietnam, la matanza de medio millón de indonesios en nombre del anticomunismo, el golpe militar contra Juan Bosh y la intervención militar en República Dominicana, el golpe en Brasil contra el gobierno de Joao Goulart. Y el Plan LASO que involucraría a la región agraria de Marquetalia primero, y luego a Riochiquito y otras zonas del país. Mal puede entonces compararse la naturaleza de los conflictos agrarios en el Sumapaz o el Tequendama, en defensa de la vida y de la propiedad de la tierra contra la voracidad latifundista, con la campaña terrorista anticomunista desplegada por el imperialismo en todo el orbe y aprovechada por la oligarquía liberal conservadora para eliminar la oposición a su Frente Nacional. Los intereses en juego eran completamente distintos. Cuando los campesinos marquetalianos se dirigieron al país y al mundo entero, pidiendo solidaridad para evitar ser agredidos como se tramaba, ofrecieron en cambio un diálogo que fue rechazado de plano y se trocó por bombas y metralla. De allí brotaría el histórico Programa Agrario que definió el carácter de su lucha. Se trataba de una lucha de índole política, por el poder para el pueblo. Ni en ese Programa Agrario, ni en ningún documento posterior de las FARC hasta la fecha de hoy, se ha planteado jamás que como organización político militar nuestra meta sea la toma del poder tras derrotar en una guerra de posiciones al Ejército colombiano, como se repite una y otra vez por todos aquellos que insisten en señalarnos la imposibilidad de ese objetivo. Desde nuestro nacimiento las FARC hemos concebido el acceso al poder como una cuestión de multitudes en agitación y movimiento. Así como con la táctica de la combinación de las formas de lucha definimos que no desdeñamos ninguna de las vías que las clases dominantes nos permitan u obliguen a emplear. Desde luego que esa es otra discusión que desborda el tema de que nos ocupamos. Déjeme decirle en cambio, Profesor, que cuando se estudian fenómenos complejos, hay que tener los dos ojos abiertos, para no incurrir en el error de mirar un solo aspecto. Si la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas que se sucedió en el país en el año 1953 no condujo a la paz definitiva, a quienes menos puede imputárseles la responsabilidad es a los comunistas. Los movimientos de autodefensa del sur del Tolima se trasladaron al oriente de ese departamento, a Villarrica y sus alrededores, ilusionados con las promesas oficiales y dispuestos a convertirse en pacífico movimiento agrario. De allá los sacarían a la brava los planes militares de la dictadura de Rojas Pinilla, en uno de los dramas humanos más terribles y conmovedores de la historia colombiana. La guerra de Villarrica aparece en crónicas de la época, como crudo testimonio del trato que confieren los dueños del poder en Colombia a quienes confían ingenuamente en sus palabras. De esa auténtica diáspora terminarían surgiendo las colonias agrarias del Ariari, Guayabero, Duda, perseguidas igualmente con saña en años posteriores. El pequeño foco campesino dirigido por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez, que optó por penetrar a las profundidades de la montaña y fundar la región de Marquetalia, sería atacado una década después, tachado de república independiente. Usted reconoce no ser un experto en las FARC. Al parecer hay especialidades académicas sobre nosotros. Que sepamos, ninguno ha llegado acá nunca a entrevistarnos. Es lo menos que podría esperarse de quienes escriben libros o dictan conferencias sobre nuestra lucha. Cosas de la ciencia social posmodernista. La desconfianza al discurso del poder no es cuestión gratuita. Ya le hablaba de Villarrica. Está también lo sucedido con Guadalupe Salcedo y otros jefes guerrilleros desmovilizados. Carlos Pizarro. ¿Usted de veras cree que tiene alguna presentación decir que el genocidio contra la Unión Patriótica hubiera sido evitado por la reacción ética de fuerzas considerables de opinión surgidas como reacción del abandono de las armas por nosotros? El exterminio de la Unión Patriótica se halla enmarcado dentro de la estrategia del denominado conflicto de baja intensidad, una versión más avanzada de la Doctrina de Seguridad Nacional. La UP era uno de esos partidos antidemocráticos que según el documento de Santa Fe debía ser neutralizado por promocionar el estatismo. Si usted hace memoria, tal vez recuerde que no sólo se persiguió de manera implacable a la Unión Patriótica, sino que con ella perecieron también los más destacados defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, campesinos y populares más comprometidos en el conflicto con las recién aparecidas políticas neoliberales. Más tarde no sólo se asesinó a los líderes sino que fue emprendida una diabólica operación de exterminio generalizado, desplazamientos y terror. Usted dice bien, todo ello producto de una impúdica alianza entre sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero soslaya que aquello se constituyó en una verdadera política de Estado, auspiciada y consentida desde el Pentágono. Excluya los muertos de la Unión Patriótica, caídos, según usted, por obra de nuestra utópica y catastrófica decisión de sentarnos en dos sillas. ¿Cuántos suman? ¿Cinco mil? Resultan en realidad un porcentaje mínimo en el espantoso holocausto en que las clases dominantes sometieron a nuestro país en las últimas tres décadas. ¿Fueron dique de contención de semejante avalancha de sangre las fuerzas políticas y corporativas que hubieran actuado por obra de nuestra desmovilización? Profesor, lo que ha sufrido nuestro país durante décadas es la siniestra práctica fascista de seguridad nacional con traje de democracia. Esa no cambia porque el Presidente haya sido Valencia, Belisario (¿Recuerda el Palacio de Justicia?), Gaviria, Samper, Uribe o Santos. Mientras los colombianos en conjunto no tomemos la decisión real de apelar a todas nuestras reservas políticas, sociales, culturales y éticas a fin de desterrar de los cánones constitucionales y legales esa perversa concepción de Estado, que encarnan en primer término las fuerzas militares y de policía, el fin del conflicto y la paz permanecerán muy distantes. En ese contexto, la voluntad de paz adquiere visos complejos, que superan de lejos la decisión unilateral de entregar armas. Al igual que sucede con el desconocimiento de la situación que soportan en las cárceles del país una considerable proporción de colombianos encerrados por cuenta de su pertenencia a las FARC, al lado de los cuales una porción notablemente mayor de compatriotas paga entre rejas su vocación por la lucha social y política, da la impresión de que para mucha gente en nuestro país los guerrilleros heridos o muertos en combate no existieran, o al menos se tratara de unos seres humanos inferiores cuya deleznable vida puede ser truncada sin que le importe a ninguno. Pero no es así, en verdad, Profesor. Dentro de las miles y miles de víctimas del fascismo en nuestro país, hay que incluir también a las valerosas mujeres y hombres que entregaron su vida o su integridad física combatiéndolo. Y un razonamiento elemental conduce a hacerlo. Se trata de colombianas y colombianos que comprendieron la necesidad de luchar por un país mejor, y asumieron esa tarea conscientes de los enormes riesgos que les deparaba. El alzamiento armado está reconocido como la forma más elevada de la lucha política, es decir que forma parte del aluvión de formas de actividad que persiguen el objetivo del poder para el pueblo. No es ajeno a este, y es más, no podría existir si no contara con una enorme base popular de apoyo. Puede parecer ingenioso y hasta despertar aplausos, pero no resulta convincente trazar una frontera que separe a la guerrilla de la lucha popular, ni reclamarle de manera independiente cuáles puede contar como suyos entre los éxitos conseguidos a favor de las masas oprimidas. Las luchas de todos los de abajo conforman un frente y sus conquistas o reflujos benefician o aplazan el acercamiento al objetivo general de redención social. Desde luego que examinar las cosas así se corresponde a la óptica de clase de los explotados. Otras visiones, animadas muchas veces por la idea de una neutralidad inexistente, en realidad forman parte y sirven a los intereses de los de arriba, a la burlona sonrisa de los sectores dominantes. La lucha popular en su conjunto ha conseguido muchas cosas y la sola pregunta, cuando menos, destila cierto veneno, bien sea de naturaleza nihilista o francamente burgués. De la lucha armada de 20 años que precedió a los Acuerdos de La Uribe, se derivarían para el país efectos verdaderamente modernizantes que implicaron importantes avances. Desde luego que unidos a los clamores y reclamos de muchos otros sectores, ya lo decía atrás. No se trata de metas acabadas, sino especies de postas para el posterior relevo que lleve las cosas más adelante. ¿A quién en Colombia le parece tolerable hoy que el Presidente de la República designe uno a uno los gobernadores y estos luego uno a uno a los alcaldes? ¿Acaso no fueron los tiros y las resonantes denuncias de las guerrillas colombianas las que pusieron en el centro del debate nacional el tema de los derechos humanos? Después se tejería toda una leyenda en torno a la idea de la séptima papeleta que supuestamente sirvió de origen a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿No fue un clamor mil veces repetido al país por Jacobo Arenas, la necesidad de realizar una Constituyente que relevara la vieja constitución del 86? Debe sonarles a bofetada en el rostro a los militares colombianos, y más ahora que se aprestan a que el Congreso santista les reviva su fuero militar, el que las FARC afirmemos que a punta de denuncias y tiros también, desempeñamos un rol determinante en la concepción restrictiva que terminó imponiéndose en nuestro país sobre esa jurisdicción especial patrocinadora de escandalosa impunidad. Plinio Apuleyo Mendoza o José Obdulio Gaviria viven amargados, restregándoles a los demás colombianos cómo permiten que la guerrilla se cuele en todas partes. No es la guerrilla, señores trogloditas, son los avances democráticos de la lucha popular. ¿Y el estado de sitio? ¿Y el arrinconamiento del paramilitarismo fascista? ¿Será cierto de verdad que las armas en manos del pueblo no jugaron un papel considerable en ello? La lista que podría ir completándose es muy larga, Profesor. Incluso podría convertirse en un importante tema de estudio en foros universitarios. Nuevamente el tiempo y el espacio me impiden extenderme más. Además de que al hacerlo, de buena fe y sin intención de perjudicar a nadie, podría acrecentar el disgusto de personajes y sectores supremamente peligrosos para la salud de los heroicos compatriotas que, en distintos momentos y lugares, han levantado tan dignas banderas. Hasta cierta etapa de la lucha armada, anterior a la generalización de la táctica estatal de combatirnos con la fórmula de secarle el agua al pez, nuestra presencia y combatividad en muchas regiones del país, dio origen a que en las alturas del Estado se enteraran de la existencia de esas gentes y la suma de adversidades que pasaban. El afán de aislarlas de nosotros, condujo por una especie de carambola, a que así se tratara de trochas llegaran a muchos pueblos y veredas, vías por las cuales circulara un carro de línea, escuelas donde los niños pudieran educarse, puestos de salud en donde al menos una promotora les suministrara una elemental asistencia. Hasta la consolidación actual que pregonan practicar en 14 zonas del país las fuerzas militares, ha implicado la atención de algunas de las necesidades angustiosas de la gente. Mal haríamos nosotros en sobrestimar este aspecto sobre los desplazamientos, los encarcelamientos masivos, las persecuciones, los crímenes y el terror generalizado que impone la ocupación militar de extensas áreas, así como el repoblamiento de las mismas con gentes de su fiar. La asistencia social de programas como Familias en Acción, que forma parte de todo lo anterior, no deja de tener el sabor amargo de que jamás habría surgido si la guerrilla no hubiera puesto antes un pie allí. Esto suena indignante, pero no deja de ser útil para dimensionar la mezquindad de los planes oficiales. En su reciente viaje a Londres, Santos se convirtió en presa de caza de los medios por haberse atrevido a hablar de despenalizar las drogas. En el Pleno de Estado Mayor Central del año 2000, en pleno proceso del Caguán, de manera oficial, las FARC planteamos al pueblo norteamericano, a su Congreso y al gobierno de Estados Unidos la legalización de las drogas. Y los campesinos de este país llevan décadas hablando del asunto en distintos espacios. Si tal eventualidad llegara a producirse un día, la historiografía oficial se encargaría de ensalzar al actual Presidente como el artífice de tan trascendental medida. No sería la primera vez en la que las clases dominantes colombianas se apropian de viejos anhelos populares para presentarlos como suyos y negar de paso la actuación de los desposeídos en la historia. Hablando del Caguán, lo invito Profesor a realizar un desprevenido estudio histórico de los Acuerdos que posibilitaron la zona de despeje y los diálogos cumplidos allí. A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas. Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza. La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona, eran en realidad antiguas carreteras. Pero la embestida mediática adquirió tal dimensión en contra nuestra, que Osama Bin Laden o Hussein resultaban ángeles comparados con nosotros. Lo que jamás ningún analista objetivo se ha detenido a examinar, es la actitud del gobierno, que en la Mesa hablaba un lenguaje y por fuera de ella el contrario. Uno de los Acuerdos fundamentales a que llegamos se llamó la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia, la relación precisa de los temas que ocuparían la discusión en la Mesa de Diálogos: El contenido de los acuerdos de paz, la doctrina militar, las reformas democráticas al sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico. En tres años de conversaciones, el gobierno se dio maña para que ni siquiera uno de esos puntos fuera abordado en los diálogos. En medio centenar de audiencias públicas a las que concurrieron más de 30 mil colombianos con sus propuestas sobre los temas específicos de las convocatorias, y en un sinnúmero de formales Mesas Redondas con sectores de la producción y la academia, fueron debatidos temas de trascendencia para la vida y el futuro del país. Se suponía que la Mesa de Diálogos se encargaría del examen de lo concluido en todos esos eventos. En eso consistía el proceso, de conformidad con las reglas pactadas. Ni una sola vez, absolutamente ni una, el gobierno posibilitó dar paso en el orden del día de las reuniones a ese asunto. Contrariamente a lo que se comprometía en la Mesa, públicamente declaraba todo el tiempo que temas como el Plan Colombia, los acuerdos de ajuste con el FMI, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas constitucionales tipo régimen de transferencias, o legales como el nuevo código minero no formaban parte de ningún tipo de debate con la guerrilla. O sea que borraba con el codo los compromisos firmados con Manuel Marulanda Vélez, difundidos ampliamente por la prensa nacional. Y sin embargo, nadie hablaba de ello. Era como si no estuviera pasando. Lo que se revelaba todos los días al país era que las FARC no tenían la menor voluntad de paz, que en cada respiración estaban violando los acuerdos. De ese modo quedaba patente la verdadera intención oficial, lo único que nos reservaba era el derecho a la rendición sin condiciones. El gobierno era consciente de que si no lo lograba, al menos ganaba el tiempo que necesitaba para readecuar a las fuerzas armadas para la guerra de exterminio. Ningún estudioso del tema puede dejar pasar por alto el inmenso significado de lo expresado por el Comisionado de Paz de entonces, Víctor G. Ricardo, al periodista Hollman Morris, en su documental sobre el encuentro “El diálogo es la ruta” celebrado en Barranca en agosto pasado: si las FARC en ese momento hubiesen sabido que el Estado no contaba con qué comprar un cartucho, no se hubiera sentado a dialogar en el Caguán. Era el Establecimiento quien se burlaba abiertamente no sólo de nosotros sino de la comunidad nacional e internacional que acompañaba el proceso. La gran prensa desempeñaba con lujo de detalles su nefasto papel en esa conspiración contra Colombia. De lo que se trataba en realidad era de aniquilar de una vez y para siempre la oposición a la radicalización de las políticas neoliberales impuestas por la banca transnacional y aceptadas de buen grado por la oligarquía gobernante. Basta con observar quiénes integraban el equipo de gobierno de Pastrana y quiénes lo integran hoy. Es el mismo grupo de tecnócratas formados y devotos por la Escuela de Chicago, cuyas realizaciones hacen hoy aguas en todo el mundo. Es por eso que no se encuentran diferencias de fondo entre lo que se nos exigía por debajo de la mesa una década atrás y lo que se nos conmina a hacer hoy día con la famosa llave oculta de Santos. Hace diez años, además, se hallaba en esplendor el dominio abierto de los llamados halcones en el gobierno norteamericano. La reconocida alianza entre el poderío militar de ese país y las grandes corporaciones industriales y financieras, que suele agruparse en la denominación complejo militar industrial del Pentágono, abría sus fauces guerreristas ansiosas de más negocios por cuenta de la guerra en cuanto rincón de la tierra le fuera posible. Vale la pena indagar cómo se contabilizan aquí los centenares, los miles de millones de dólares de la ayuda norteamericana a la guerra. ¿Formarán parte del superávit en la balanza de pagos? ¿Influirán en la cifra de crecimiento de la inversión extranjera? ¿Se reflejan en el avance del PIB? Lo que estudiosos muy serios sostienen es que tan grande avalancha de recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos de Estados Unidos, constituye en realidad un escandaloso chorro de subsidios a las grandes empresas ligadas al sector bélico. Los dineros nunca entran a Colombia, sino que con ellos se pagan todas las armas e implementos que fabrican esos pulpos empresariales y que se trasladan aquí con el benévolo nombre de ayuda. Ellos más que ninguno, animados por su satánica idea de guerra contra el terrorismo, presionaban la escalada del conflicto colombiano. La guerra total contra las guerrillas, en la concepción de seguridad nacional, serviría a la vez para golpear indistintamente al movimiento social y popular que se enfrentaba decidido a las medidas neoliberales de privatización, flexibilización laboral y libre comercio. Todas ellas, como tenemos cada día más claro, nos condenan cada vez más al saqueo descarado de nuestros recursos naturales, a la eterna soga al cuello del crecimiento de la deuda, y sobre todo al recorte acelerado de los servicios públicos y derechos conquistados por los trabajadores en tiempos pasados, sin posibilidad de marchar hacia adelante. ¿No es que ya anuncian un nuevo régimen de jubilaciones que alarga aún más la edad para tener derecho a una pensión? Como ve, Profesor, eso que usted y muchos colombianos percibieron como el síndrome del Caguán, y que los llevó en un arrebato emocional a inclinarse hacia la extrema derecha que representaba Uribe, no pasa de ser una fábula, si se la examina de modo objetivo, ligándola a los demás aspectos de la realidad. Señalarnos más encima con el dedo índice a nosotros como directos responsables de ella, sobre todo desde la respetable posición de intelectualidad pensante, resulta un despropósito tan bien elaborado, que haría merecedor del galardón de oro a los publicistas y propagandistas de la globalización neoliberal. Voy a decirle algo que a mucha gente le podrá parecer inadmisible. Si el ganador de las elecciones del año 2002 en Colombia hubiera sido Horacio Serpa, hubiera sido él el encargado de desarrollar con leves diferencias de matiz el Plan Colombia, el Patriota y la consolidación. Hubiera sido él quien firmara el TLC con Estados Unidos y quien recorriera el mundo afanado por más acuerdos de libre comercio, del mismo modo como le señalaba con relación a quienes miran en Santos un campeón de la democracia. Nuestros Estados se hallan condenados a desempeñar un rol subordinado en el entorno de los intereses del gran capital transnacional. Es por eso que retoma toda su urgencia la recuperación de la soberanía e independencia nacionales, así como la necesidad de la integración latinoamericana que nos permita enfrentar con éxito al monstruo. No creo que merezca debate su apreciación de lo que sucede en el entorno latinoamericano. Es justa y acertada. Apenas podría agregarle una mención. Es la que se refiere a los dos modelos de izquierda que se implementan en nuestro continente. Uno, el del Brasil, decididamente inclinado a la asistencia social, mientras en todo lo demás se ciñe a la cartilla dictada por los poderes internacionales del capital, y el otro, el de Cuba y Venezuela, que apuntan a construir un modelo socialista acorde con sus realidades nacionales, pero completamente autónomo en materia de políticas económicas. Usted sabe que Lula obtuvo incluso el título de personaje mundial del año en el 2010, mientras los Castro y Chávez reciben el trato de demonios en los círculos dominantes. Fidel y Chávez son considerados los peores dictadores internacionales por las agencias de prensa norteamericanas y europeas. En Colombia, en el entorno de las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, el proceso revolucionario venezolano es visto con la misma saña y repudio con que lo mira la 14 veces continuas derrotada oposición de ese país. La imperiosa necesidad económica impuso el acuerdo de Santos con Chávez, por el que el primero se comprometió a respetar lo que hacía el segundo en su país. Pero todos los colombianos sabemos lo que en realidad piensan Santos y su corte. Todos, al unísono, se unieron al coro de felicidad por el golpe del 11 de abril de 2002. La actitud sigue siendo la misma. No nos engañemos. Aquí tenemos un ejemplo contundente de lo que significan las políticas neoliberales que no admiten Cuba y Venezuela. Se encuentra en La Guajira y se llama el Cerrejón. Hace casi tres décadas que se anunciaba la milagrosa redención que operaría la mina más grande de carbón a cielo abierto del mundo. La realidad dice más que las palabras. Los miles y miles de millones de dólares se fueron para otra parte. ¿Y los wayú? ¿Y el acueducto de Riohacha? ¿Y la miseria galopante en la región? Hasta tuvimos en un comienzo una empresa minera carbonífera asociada con la transnacional. Se la tragaron también. El cuento de las locomotoras de Santos es más de lo mismo. Sería bueno indagarle sobre su inclinación por la guerra total en lugar de la paz. No lo culpo a usted. Nos han hecho mucho daño con eso. Resulta más cómodo estigmatizarnos así y echar bombas encima de nosotros, que dejar que hablemos y expongamos en igualdad de condiciones nuestro pensamiento y nuestra propuesta de país. Es su ventaja competitiva, al decir de ellos. El apoyo de los medios imperiales y locales para construir cuanto quieran. La cooptación de la inteligencia. La cárcel y la tumba para quienes sostengan lo contrario. Me ratifico sin vacilaciones en lo expresado por el Camarada Alfonso Cano en relación a nosotros y el narcotráfico. Sin ínfulas de prestidigitador. Voy a añadirle tan solo una cosa, dada su cortesía al escribirnos. Me imagino los adjetivos que me acarreará esto. Si hay un oficio ingrato y malquerido es ser agente del fisco. Crear un impuesto que grave a los compradores de pasta de coca significa cobrarlo. Sucede que quien envía sus emisarios a buscar la mercancía, palabra de uso en su jerga, es la mafia crecida a la sombra del Establecimiento. Se trata de personas que han adoptado una decisión en la vida, hacer la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible, al precio que sea. Para pasarla tan bien como los capitalistas esos que ven en el cine y la televisión. A quienes también les salvan capitales en tiempos de crisis económica. Tratar con gente así no es fácil. Sus emisarios siempre tendrán el oculto propósito de burlarnos. Con esa intención inventan todo tipo de artimañas. No quedaba otro remedio que salirles al paso con algunas medidas, como fijar sitios exclusivos de venta, entre otras. Sobre gestiones de ese tipo es que nuestros enemigos han edificado la leyenda. En realidad nosotros cobrábamos un derecho a las mafias por entrar a comerciar en las áreas de nuestra influencia. Ese tipo de relación, que no es precisamente de buenos amigos, nos convierte en demonios. A otros, relacionados con propósitos mucho más reprochables, les va mejor en su carrera económica, política o militar. El gobierno de Estados Unidos sí que sabe hacerlo, como se vio en el famoso escándalo Irán-Contras. El problema con nosotros tiene motivaciones muy distintas. La siembra y la recolección de la hoja de coca obedecen a situaciones suficientemente explicadas en este país. Lo demás es carreta, como dijo Alfonso. Antes de despedirme de usted, quisiera expresarle mis agradecimientos. Aunque con muchas interrupciones, el esfuerzo por responder de algún modo sus agudas inquietudes, que honradamente espero no vaya a terminar de algún modo en una afrenta, me ha resultado inmensamente placentero. En medio de nuestras diferencias, que no creo sean tantas como pudiera pensarse a primera vista, me veo obligado a reconocer en usted a un hombre francamente preocupado por la realidad y el futuro de nuestro país, a un colombiano hastiado de la violencia que hace enormes esfuerzos por contribuir a que se abran las puertas del diálogo y la salida civilizada al conflicto. Ese solo hecho lo hace acreedor a nuestro fraterno abrazo. Cordialmente, Timoleón Jiménez, Comandante Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, diciembre de 2011 78.

15-4-2011, Comando Central ELN. Por la paz con justicia social!. Doctora Piedad Córdoba. Señoras y señores, integrantes de Colombianas y Colombianos por la Paz: El Ejército de Liberación Nacional, les expresa de nuevo un respetuoso saludo, exaltando el gran sentimiento patrio y el valiente compromiso, al levantar la bandera de la paz, en medio de tantas amenazas, provocaciones y agresiones, por quienes han hecho de la guerra un lucrativo negocio. El éxito del evento de Buenos Aires, el pasado Febrero, está, en sus alcances concretos, en las perspectivas y acertadas conclusiones, así como en la capacidad y esfuerzo de sus participantes, que impidieron que desde el gobierno y sectores guerreristas colombianos, lograran abortarlo. Destacamos también los esfuerzos del Gobierno y pueblo Argentino, que recibió presiones para impedir el evento. Sin embargo pudo más el compromiso por la paz de Colombia y la región. El tamaño y profundidad del objetivo por alcanzar la paz, es un desafío enorme y es preciso persistir hasta el final. En ese sentido se ha ido creando una conciencia y compromiso en Colombia y la Comunidad Internacional, que valoramos profundamente. En la filas del ELN y la insurgencia Colombiana, existe una decisión indeclinable, por alcanzar la paz, dentro de principios y definiciones conocidas por ustedes y nos alegra encontrar importantes identidades en las conclusiones del evento de Buenos Aires. No nos cabe duda que hay un camino largo por recorrer, que requiere del decidido aporte de la mayoría de colombianos y colombianas amantes de la paz para Colombia, entendida como el logro de la convivencia armónica, en democracia, soberanía, equidad y justicia social, propósitos mancillados e impedidos a sangre y fuego, por la clase en el poder, que llevó a la rebeldía popular, al levantamiento en armas. El objetivo de los señores de la guerra, al colocar a los luchadores del mundo, el mote de “terroristas” y con ello su satanización, es una clara maniobra guerrerista que coloca impedimentos para que la bandera de la paz pueda ser asumida por todos los que quieren enarbolarla, ya que el hecho de identificarse con ella, los hace objetos de persecución y exterminio. El conflicto colombiano llegó a un nivel que rebosó los cálculos de quienes se empeñan en desconocerlo, al tiempo que lo exacerban con sus políticas. Hoy es un imperativo el camino para resolverlo. Apostarle a la paz, requiere claridad de cómo la concebimos en su andar; necesita la unión, la coordinación y el establecimiento de planes y propósitos concretos, que nos permita a todos, actuar y trabajar en un marco de respeto y reconocimiento, para hacer eficaz tal empeño. El evento de Buenos Aires dejó aportes importantes. Crear mecanismos para coordinar los esfuerzos que ello demanda de aquí en adelante, es indispensable, porque andar cada uno por separado no solo es tortuoso, sino que perdemos valioso tiempo. Según lo consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional, la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos; por tal razón, la agenda de lucha de todas las organizaciones y fuerzas políticas debe abrazar la paz, dándole la preponderancia que se requiere. Por todo lo anterior, desde el ELN alentamos los esfuerzos de Ustedes, y de otras expresiones por la Paz, a seguir trabajando por tan noble propósito. Las fuerzas contendientes en los conflictos, tienen dos maneras de encaminar sus esfuerzos para llegar a la paz; una, mediante la imposición de la fuerza, de una parte, para obligar a la otra, a capitular e imponerle las condiciones y conseguir la pacificación mediante la lógica de vencidos y vencedores. El régimen colombiano y sus gobiernos le han apostado a esa lógica. La segunda opción para buscar la paz es la Solución Política, donde tengan protagonismo el pueblo y la nación, con el concurso de la comunidad internacional. A esta opción es a la que le apuesta el ELN y lo ha sustentado desde la década de los años 80, cuando planteamos Una Salida Política al Conflicto. Este planteamiento está sustentado en la premisa que siempre hemos defendido, de que es el pueblo y la nación quienes rigen su destino y su futuro, que en ello son irremplazables y que las fuerzas revolucionarias somos expresión de su rebeldía, para contribuir en el camino cierto de la justicia, la soberanía y la paz. Todos los amantes de la paz, pueden contar siempre con el ELN. Colombia para los Trabajadores. Ni un Paso Atrás Liberación o Muerte. Montañas de Colombia, Nicolás Rodríguez Bautista, Primer Comandante del ELN, Abril de 2011 79.

19-5-2011, En Carta el ELN comenta sobre la declaración de existencia de un conflicto en Colombia por el Presiente Santos. Desgraciadamente tuvo que aceptarse el asunto como una necesidad, como lo reconociera la Casa de Nariño, para tapar el agujero por donde se podían entrar a la Ley de Reparación de Víctimas, todas las causadas por la violencia colombiana, que según cifras conservadoras están por encima de las 30.000 personas cada año. El motivo por el cual se reconoce la existencia del Conflicto Armado, es un simple cálculo mezquino para minimizar los costos de la reparación. A esto se suma la manera acomodada como se caracteriza a las víctimas reparables. En Colombia existe un Conflicto Social y Armado desde 1948, cuando producto de la política oficial y en contubernio con EUA, la oligarquía colombiana acuerda con la CIA, asesinar al líder popular y candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán. Aun cuando en 1953 se pactó una amnistía con los alzados en armas de entonces, sin embargo, a finales de la década de los 50, una comisión del Pentágono vino a Colombia para asesorar a la cúpula militar en la creación de grupos de civiles armados clandestinos, que entrenados y armados por las estructuras de la inteligencia militar, formaran parte de las fuerzas de inteligencia y realizaran ejecuciones de personas que el Estado consideraba una amenaza para la estabilidad del país. Así nace en Colombia la estructura que posteriormente lleva el nombre de paramilitarismo y que en las décadas de los ‘60 y ‘70 del siglo XX comprometió gravemente a la Brigada XX y al batallón de Inteligencia militar Charry Solano, entre otros. Desde entonces, el Conflicto Armado lejos de disminuir se ha recrudecido, pues el terrorismo de Estado no le dejó otro camino a la rebeldía popular y a los revolucionarios que su levantamiento en armas, para reclamar su derechos y desarrollar sus convicciones, con niveles elevados de organización y clandestinidad que les permitieran resistir y desarrollar su accionar político-militar. No es casual, que para las décadas de los ‘60 y ‘70 cuando arreciaba el terrorismo de Estado, aparecieran diversas organizaciones levantadas en armas, de las cuales hoy son las FARC y el ELN su más claro testimonio. Las guerrillas no somos las causantes del Conflicto Armado, sino una consecuencia de él. Hoy, a propósito de la ley que busca reparar a algunas de las víctimas, como un acto publicitario para ponerse a paz y salvo con el genocidio cometido, el gobierno reconoce la existencia del Conflicto Armado en Colombia, por eso es necesario recalcar que es un reconocimiento importante, aunque demasiado tardío. ¿Cuál es la razón de la tardanza? Que en Colombia, las verdades políticas y sociales son reconocidas por el Estado y sus gobiernos, de acuerdo a las conveniencias políticas y no de acuerdo a la realidad. Por esa razón, hasta hace un par de días en Colombia no existía Conflicto Armado; al darse este reconocimiento, es necesario formular una serie de preguntas: 1) ¿Se dirá la verdad sobre la magnitud de los desterrados, desaparecidos y asesinados por la violencia oficial? 2) ¿Se reconocerá la existencia de los 7.500 presos políticos, que se pudren en las mazmorras oficiales y se mueren por falta de atención médica? 3) ¿Los guerrilleros dejaremos de ser simples terroristas y se nos reconocerá nuestra condición de interlocutores políticos? 4) ¿Los defensores de los Derechos Humanos, sindicalistas y luchadores populares asesinados por los sicarios estatales, dejarán de ser calificados como simples terroristas? 5) ¿Los que siguen activos como contradictores políticos del Estado, dejarán de ser señalados, como lo rubricara el ex-Presidente Uribe, idiotas útiles del terrorismo? Reconocer la existencia del Conflicto Armado es un primer paso para su superación. El país ha sufrido por parte del Estado un genocidio y padece una grave crisis humanitaria. No basta con desarmar y desmovilizar a las guerrillas, ni con eliminar a la oposición política legal, para alcanzar la paz. Se requieren serios cambios estructurales al Estado y a la sociedad, para hacer de Colombia un país vivible para todos. El ELN reitera otra vez, a propósito del reconocimiento por parte del gobierno, que es hora para que todas las organizaciones populares y la sociedad colombiana, encaminemos las luchas por la justicia social, por la democracia, en un gran esfuerzo de todos por encontrar una Salida Política al grave Conflicto Social y Armado que destruye a Colombia 80.

4-6-2011, El Frente de Guerra Oriental, del Ejército de Liberación Nacional, ELN. A seis meses de haber realizado nuestra XIII Asamblea, informamos que: 1. Seguimos avanzando y fortaleciendo la unidad revolucionaria con los camaradas de las FARC-EP, para bien del pueblo y la revolución colombiana. 2. Que nuestra fuerza guerrillera ha retomado todas las zonas de operación sin ningún contratiempo. 3. Que Santos viene implementando una serie de políticas represivas impopulares y antidemocráticas que hacen mucho más precarias las condiciones de vida del pueblo colombiano y los trabajadores; decreta paupérrimos salarios, acelera las privatizaciones de las empresas rentables del Estado, la salud, la educación, el transporte, etc., en detrimento del pueblo y la soberanía nacional; con el plan de desarrollo y la ley orgánica que anula lo que quedaba de la constitución de 1991, centraliza las economías regionales y regalías para financiar la guerra. Se sigue propiciando la impunidad en los casos de la para-política, la corrupción administrativa, agro-ingreso seguro, el carrusel de las contrataciones, y como si fuera poco impulsa las 5 locomotoras con lo que pretende la prosperidad para los ricos. 4. El Presidente Santos quien le hizo propuestas de dar golpe de Estado en la década de los ‘90, hoy se presenta como el ideólogo de la “unidad nacional” hablando de paz con propios y extraños mientras firma acuerdos de guerra; alertamos a los gobiernos progresistas de América Latina de este santo de alas de ángel y dientes de vampiro a estar atentos en la defensa y resistencia de los procesos soberanos que se desarrollan. 5. Que ante nuestro avance y fortalecimiento, el gobierno del Presidente Santos desata la represión al movimiento popular y revolucionario intensificando la guerra sucia y el terrorismo de Estado a través del destierro, expropiación de tierras, penalización de la protesta popular y judicialización de líderes. La operación “Desafío” es para desarticular al frente de Guerra Oriental que defiende los intereses populares y revolucionarios. Santos sigue al igual que su antecesor arrodillado a los intereses del imperialismo norteamericano, las transnacionales y conglomerados financieros internacionales; sigue vendiendo el patrimonio de los colombianos como los parques nacionales, el petróleo y los demás recursos naturales, priorizando el departamento de Arauca como un campo de batalla. Ni un paso atrás, liberación o muerte. Ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo. Mando político militar estratégico. Frente de guerra oriental. Ejército de Liberación Nacional. Montañas, selvas y sabanas del Oriente Colombiano, Mayo del 2011 81.

1-8-2011, Piedad Córdoba y demás integrantes de colombianas y Colombianos por la Paz: El ELN le extiende respetuoso saludo a propósito de su carta del 187-2011, reconociendo nuevamente sus aportes por la paz de Colombia. Compartimos con ustedes la importancia de una comunicación epistolar más fluida, mientras se dan las condiciones para un dialogo directo. Ya en nuestro último pronunciamiento al evento realizado por ustedes en Buenos Aires, el pasado febrero, les reiterábamos nuestro compromiso y esfuerzo, por encontrar una solución política al grave conflicto social y armado que padece Colombia desde hace más de 60 años. Ustedes saben que no se trata de una retórica, sino de un compromiso muy serio por la paz, la democracia real, la soberanía, así como la justicia y equidad social, para nuestra patria. Palpar hoy que buena parte del movimiento de masas, asume la bandera de la paz, como un objetivo prioritario, alienta nuestros esfuerzos, porque todo aquello que asuman las masas, es exigencia que llega a buen final. No cabe duda, que el aporte de la comunidad internacional, en particular de los gobiernos y pueblos del continente, tiene un importante papel por jugar en la paz de Colombia, mucho más cuando el desbordado conflicto interno colombiano, impacta más allá de las fronteras y en tal sentido alcanzar la paz en Colombia es alcanzarla igualmente para la región. Sea oportuno, reafirmar, a propósito de su misiva, nuestro respeto y acatamiento al Derecho Internacional Humanitario y sus protocolos, expresando nuestro interés a intercambiar asuntos particulares, para el caso específico del conflicto colombiano. Los graves y dolorosos hechos que afectan la población colombiana, involucrada en el conflicto, nos angustia igualmente y es oportuno recabar ante ustedes y ante el mundo, que jamás ha sido política del ELN, afectar la población con nuestras actividades. Si en algunas ocasiones esto ha ocurrido, es fruto de lamentables accidentes o errores, que hemos estado atentos a reconocer públicamente y corregir. En nuestra normatividad interna, existen cláusulas, que obligan a los mandos, a evitar al máximo los daños colaterales a la población, cuando se da la confrontación con la Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Si algún error se comete en estas actividades, los implicados son sancionados conforme a nuestros reglamentos. El ELN desde siempre ha tenido respeto por la población, mucho más cuando se considera parte de ella y expresión de su rebeldía y lucha. Desde la década de los años 80, se rige por las Normas de Comportamiento con las Masas, aprobadas por la entonces Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. No cabe duda que, como lo afirman ustedes, el Conflicto interno colombiano, se sigue profundizando y degradando, por eso es preocupante la posición del gobierno Santos, de que vivimos una etapa de pos conflicto, con esa valoración cabe preguntarse, ¿cuáles van a ser sus esfuerzos por resolverlo? Los temas, que ustedes mencionan para intercambiar, nos merecen toda la atención, así como también otros que consideramos deben ser abordados por su relación con el origen del conflicto, y parte importante de la acuciante realidad colombiana que, al no resolverse, se convierte en una bomba de tiempo que agrava mucho más el terrible drama social y político que hoy padece la patria. El movimiento de masas debe ser escuchado y que las salidas sean de su aprobación, de otra manera, se cae en el vacío. Colombia hoy, exige la democracia directa, ya se ha demostrado que la llamada democracia representativa es un fracaso, sencillamente porque esos llamados representantes, solo se representan a sí mismos y los intereses de quienes los financian. El ELN ha expresado públicamente y en repetidas oportunidades, su disposición a un dialogo bilateral sin condicionamientos, la agenda y reglamento se construyen por las partes en dichos diálogos. Finalmente compartimos con ustedes, que una mesa gobierno e insurgencia es hoy lo mas aconsejable y en tal sentido nos esforzamos para alcanzarlo. Deseosos de mantener esta comunicación bilateral y mejorarla cada vez más, es nuestro sincero deseo. Respetuosamente: Nicolás Rodríguez Bautista, Primer comandante del ELN, Colombia, finales de Julio de 2011 82.

13-8-2011, Entrevista al ex-Comandante del ELN, ocho años después de un largo exilio, Carlos Arturo Velandia Jagua, alias ‘Felipe Torres’. La actual propuesta del ELN la mantiene desde 1997. Una solución política negociada, pero en versión democrática, en la medida en que la sociedad participe. El ELN ha actualizado su agenda buscando consenso a partir de mínimos donde nos sintamos satisfechos. Mínimos en educación, economía, desarrollo social o justicia. A eso se la juega el ELN, a una solución con la sociedad. La paz hoy es más posible que siempre. La relación ELN-FARC, es una relación normalizada entre organizaciones revolucionarias que comparten territorio. Hoy se registra con satisfacción que se ha podido superar la confrontación que se daba de manera puntual entre algunas estructuras y regiones. El ELN es una organización en armas que desea una solución política al conflicto. Lo deseable es que se abra esa alameda. Se necesita que el Gobierno y las organizaciones insurgentes empiecen a hablar, pero ese auscultamiento debe ser privado y secreto, lejos de los micrófonos. Para la paz se necesitan dos y en el gobierno Uribe no hubo disposición para negociar. Luis Carlos Restrepo no quería hacer la paz. Fui testigo de la quinta ronda que se desarrolló en La Habana y vi cómo Restrepo hizo todo lo posible para que no avanzara. Primero se negó porque se hacía con Pablo Beltrán. Antes era con Antonio García. Luis Carlos Restrepo se inventó que tenía que ir a la posesión del fiscal Iguarán en 2005. La ronda terminó sin llegar a ningún acuerdo. El 28 de febrero llegó a Colombia George Bush. Esa era la verdadera razón. El Gobierno no podía, en la antesala al arribo de Bush, firmar un acuerdo con una supuesta organización terrorista. El ELN estuvo cerca de firmar un acuerdo con Uribe. Si Luis Carlos Restrepo no se hubiera atravesado como mula muerta en la carretera, y lo digo con ira, se hubiera firmado un acuerdo base y el tema del secuestro se hubiera superado de manera inmediata. Luis Carlos Restrepo fue un soberano irresponsable. El era un experto desmovilizador y no un constructor de paz, por eso está hoy envuelto en tantas trapisondas con la justicia. El de Pastrana fue un gobierno, quizás el único, que fue elegido para hacer la paz. Uribe lo que ofreció fue guerra y la mantuvo hasta el final, pero se encontró con un ELN consistente en su discurso. A quienes se han desmovilizado del ELN para entrar en la política, algunos han podido hacer un proceso de insertación, porque no es reinserción. El más conocido es León Valencia, ex-miembro de la Corriente de Renovación Socialista. Valencia llegó a ser miembro del Comando Central, no porque fuese elegido, sino por darle representación en los más altos cargos a MIR-Patria Libre. Un año después no fue reelegido. Hoy creo que León se ha excedido en justificar sus opiniones con una experiencia que no tuvo. El no fue mando. Mando es quien manda y él no mandaba nada. Cuando León Valencia entró lo hizo como un miembro más y se le asignaron funciones contables en la parte de finanzas. Yo me opuse a la fusión con Patria Libre, porque creí que era un proceso inmaduro. En la era de Uribe hubo ocho rondas de negociación. En las cuatro primeras estuvo al frente Antonio García y en las cuatro restantes Pablo Beltrán. En todas estuvo como vocero político desde Itagüí Francisco Galán. Por parte del Gobierno participó Luis Carlos Restrepo. El proceso fue acompañado por delegaciones de España, Suiza, Noruega, Cuba y Venezuela. Todas se hicieron en La Habana entre 2004 y 2007. Se fracasó porque el Gobierno no quería. Tenía metido en su cabeza la derrota militar de las FARC y la neutralización del ELN. Uribe no quería la paz, él creía que la imponía sobre la base de la derrota. Mi mensaje al Comando Central, es que debe entender que hoy existe la más grande oportunidad que pueda existir para sentarse a hablar. Segundo, que se mantenga en su oferta de diálogo y negociación política con participación de la sociedad. Tercero, que se disponga a establecer contactos a la mayor brevedad para crear mecanismos y confianzas. Y que cuiden sus vidas, porque son muy valiosas para la paz del país. Aquí se desarrolló una estrategia militar de yunque y martillo desde el centro a la periferia empujando a la guerrilla hacia un obstáculo natural como las cordilleras, el mar o las fronteras, lo cual produjo una transfronterización del conflicto. Eso generó un impacto demoledor en el vecindario. Especialmente en Ecuador, Brasil, Venezuela y Perú. Allí están las guerrillas, que trasegan en el vecindario. Se surten de los productos de los países vecinos. Afectan la vida social y económica de los países fronterizos. Esa es la dinámica de las guerrillas. Por eso Rafael Correa dijo en alguna ocasión: “Nosotros por el norte no limitamos con Colombia, sino con las FARC”. Eso explica por qué el rubro del gasto militar en Suramérica se ha disparado 83.

29-8-2011, En reiteradas ocasiones desde tiempo muy atrás, el ELN ha planteado con toda claridad y transparencia su visión sobre las causas del conflicto, propuesta para la paz y su disposición a buscar la salida política al conflicto social y armado que remonta el medio siglo. Lo ha dicho con firmeza y convicción. Varios intentos ha hecho a favor de la paz, fallidos ante la falta de voluntad política de los gobiernos de turno, que han obstruido se abran caminos que confluyan y conduzcan a la paz; no han querido dar pasos frenados por sus convicciones y la condición de representantes de los intereses de la oligarquía y el imperialismo, distintos a los del pueblo que sí necesita y aboga por la paz real, estable y duradera. Así los diálogos se convirtieron en una mesa destartalada de sordos, donde no se avanza porque se parte de conceptos y propósitos totalmente opuestos sobre la paz. No hay necesidad de recurrir a la historia para corroborar la anterior afirmación. El gobierno de Juan Manuel Santos, continuista del “uribismo”, cuando habla de paz a la vez traza políticas que impiden el acercamiento y bloquea las posibilidades de caminar hacia ella. Dentro de la lógica guerrerista de la oligarquía, la paz es sinónimo de aplastamiento de la oposición política y pacificación del país impuesta por las armas; es impedir que se supere las causas que originan y alimentan el conflicto diariamente; es sostener el régimen que permite que menos del uno por ciento sea propietario de más del 50 por ciento de la tierra y con libertad para continuar corriendo las cercas, que el reducido círculo de burgueses se apropie de la casi totalidad del ingreso nacional y que pueda seguir de lacaya, para disfrutar las migajas que el imperio le cede. En la otra orilla la guerrilla tiene la postura opuesta, defendiendo y proclamando la paz como expresión de justicia social, de soberanía y apertura a los cambios que el país necesita para avanzar en la construcción de la paz real y el bienestar del pueblo. ¿En qué momento estamos? El Presidente se acostumbró a recitar el estribillo, cuando se ve forzado a hablar de paz, “que la llave de la paz no la ha tirado al mar” y la tiene disponible para cuando la guerrilla de muestras de querer entregarse y deponer las armas. Consecuente con esta posición tiene cerradas las puertas y ventanas a las facilitaciones, a los intentos de búsqueda hasta romper con la tradición de nombrar Comisionado de Paz; pretende impedir que el pueblo se convoque para hablar de paz, como ocurrió con el reciente encuentro de Campesinos por la Paz en Barrancabermeja, contra el cual la casa de Nariño desplegó una campaña mediática perversa y peligrosa. Persigue personalidades como la Doctora Piedad Córdoba, quien con hondo sentido humanitario trabaja desinteresadamente por la paz, obligándola a abandonar el país amenazada de muerte por el terrorismo de Estado el cual sigue activo. La oligarquía es tramposa y no tiene credibilidad. Cuando las guerrillas liberales se desmovilizaron y entregaron las armas, sus jefes fueron asesinados y los combatientes abandonados a la suerte; cuando el M-19, el EPL y otros grupos menores se desmovilizaron y entregaron las armas, a los jefes les dieron unas cuantas becas y unos escaños en el Parlamento, y el país siguió peor; la oligarquía intensificó la guerra sucia y copó con el narco-paramilitarismo las zonas abandonadas por las guerrillas desmovilizadas. En los procesos de diálogo con las guerrillas históricas, los gobiernos han jugado con cartas marcadas, que al no funcionarles porque la guerrilla no cayó en la trampa, tergiversaron los hechos un sartal de mentiras, orquestadas por su poder mediático, responsabilizando a la guerrilla del fracaso y señalándola como faltona, que se burla del país y es enemiga de la paz. Lo cual es totalmente falso. Lo que no dicen los medios es que en los dos últimos diálogos, a la vez que el gobierno hablaba con las guerrillas, preparaba la profundización y degradación de la guerra, haciendo la reingeniería de su fuerza, aumentando el número de soldados, adquiriendo tecnología de punta y desplegando la fuerza narco-paramilitar por todo el país. Santos habla de paz para despercudir su imagen de hombre de la guerra y de los “falsos positivos”, pero le apuesta a la intensificación de la guerra para doblegar la guerrilla y aplastar la oposición política, incómodas para el proyecto de acumulación de la oligarquía y los intereses imperialistas. Condena las guerrillas retomando las calumnias orquestadas por los gobiernos anteriores y para justificar su aversión a la paz, pone como condición para abrir los diálogos que arranque por un imposible: la desmovilización y el desarme; estrategia tramposa que quiere imponer, sin dar señas de los cambios que el país requiere, por los que lucha la guerrilla y el pueblo. La élite dominante apropiada del poder durante los últimos doscientos años, se comporta como dueña del país y el derecho a definir por sí su destino a espaldas del pueblo, lo que ocurre con la paz secuestrada por los sucesivos gobiernos atada a los intereses de la oligarquía y el imperialismo. Romper con aquella presunción y rescatar el derecho a decidir y diseñar su futuro, es la tarea que debe asumir el pueblo implantando la democracia participativa. Igual ocurre con el derecho a construir la paz real, estable y duradera, asumiéndola como bandera y agitarla en todos los escenarios posibles de influir y organizar, hasta posesionarla en agenda del país, rescatándola del monopolio de los gobiernos que le apuestan a la guerra que produce mayores dividendos y poder a la oligarquía. Con el gobierno de Santos la posibilidad de la paz esta atrancada y lejano el horizonte. Mientras que las guerrillas del ELN y la FARC manifiestan la disposición de avanzar hacia la paz real, que es la aspiración del pueblo 84.

7-11-2011, El ELN de Colombia, expresa su profundo sentimiento de solidaridad, con todas las mujeres y hombres de la Organización hermana de las FARC, así como con la familia, del Comandante Alfonso Cano, caído en desigual combate, el 411-2011. Comunicamos a los revolucionarios y pueblos de Colombia y el mundo, nuestro dolor hecho fortaleza y convicción revolucionaria, por la pérdida que sufre la insurgencia colombiana. Nada extraño es caer en combate, o que nuestra presencia física se acabe en el camino, en las más diversas circunstancia; esta eventualidad la asumimos con entereza y nada detendrá nuestra lucha por los ideales de la paz, el bienestar, la felicidad de nuestro pueblo y la soberanía de la Nación. Somos parte del pueblo levantado en armas que enfrenta la más siniestra maquinaria de guerra y de terror de la oligarquía colombiana. Somos fuerzas guerrilleras con medio siglo de vida, desarrollada al calor de la confrontación con los enemigos de los desposeídos y gracias al respaldo popular, a nuestra voluntad de lucha y firmeza en las convicciones revolucionarias. El Comandante Alfonso Cano, seguirá recorriendo las calles y los caminos que lo vieron erigirse como conductor revolucionario, junto a Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Camilo Torres Restrepo, Manuel Vásquez Castaño, Manuel Pérez Martínez, y tantos otros cuadros revolucionarios de nuestras estructuras guerrilleras, de otras organizaciones guerrilleras que han pasado por este complejo camino de la lucha revolucionaria y tantas otras hijas e hijos del pueblo, que han dado su vida desde distintos espacios sociales, luchando por la Justicia y Equidad Social, por la democracia, la Soberanía y la Paz. Ni el pueblo ni los revolucionarios nos dejamos engañar de los mensajes confucionistas de los exponentes de la clase dominante, ni amedrentar de las amenazas de los guerreristas que ayer como hoy se jactan de efímeros triunfos. El caudal de la lucha popular y revolucionaria se acrecienta cada día, en la protesta y lucha popular y el combate político-militar de la insurgencia. Todo lo que otros luchadores no logran terminar, nos queda como tarea: continuar la lucha por el triunfo de la causa revolucionaria y popular. Comandante en Jefe Alfonso Cano, con tu ejemplo seguiremos adelante. ¡Gloria eterna al Camarada Alfonso Cano! Comando Central, Ejército de Liberación Nacional, Montañas de Colombia, Noviembre 7 de 2011 85.

12-12-2011, El ELN siempre ha puesto las cartas sobre la mesa. El ELN no formó parte de la insurgencia, que por los años 80 participó en los primeros diálogos con el gobierno de Belisario Betancur. Mientras otras fuerzas guerrilleras dialogaban, el ELN terminó de definir a profundidad, su pensamiento sobre la Humanización de la Guerra y la urgencia de buscar una Salida Política al Conflicto. Sólo después que definimos democráticamente este asunto, como el techo de cualquier diálogo con los gobiernos de turno, nos planteamos diálogos y los forzamos a través de la toma conjunta con otras fuerzas guerrilleras, de la Embajada de Venezuela en Bogotá. Era 1991, cuando el mandato del ex-presidente Cesar Gaviria Trujillo. En dicha experiencia, encontramos mucha identidad con el resto de la insurgencia, de cómo entender una Salida Política al Conflicto. Los diálogos con Gaviria finalizaron, porque mientras la insurgencia planteaba discutir las causas que originaron el conflicto y la manera de superarlas para hallar la paz, el gobierno condicionaba tal discusión al abandono por parte de las guerrillas de sus territorios, para concentrarse en estrechos lugares controlados por el gobierno, tal diferencia llevó a la suspensión de ese primer esfuerzo. En junio de 1998, terminando la presidencia de Samper, con el respaldo de la iglesia y la Procuraduría, así como importantes personalidades de la comunidad internacional, se abrió espacio para convocar personalidades democráticas y representantes de distintos sectores de Colombia y otros países, el ELN puso las cartas sobre la mesa de lo que piensa para una propuesta de Paz, proceso que tuvo como escenario el monasterio alemán de Puertas del Cielo. Bajo los parámetros de una Convención Nacional, que concluyera en una Asamblea Nacional constituyente, el ELN convocó importantes expresiones del país, realizó los diálogos de Río Verde en El Oriente antioqueño en octubre de 1998, en los que se hicieron elaboraciones de cómo construir caminos de paz, con política democráticas para el país, iniciando el gobierno de Pastrana. Todos los temas tuvieron como centro de análisis y reflexión el camino de la paz y la Salida Política al conflicto. Tales esfuerzos, contribuyeron a mostrarle al país y a la comunidad internacional, que al ELN le cabe el país en su agenda de lucha, que tiene claro un camino para la paz y la solución política al conflicto colombiano, en que demostró que ese camino no es la rendición sino la construcción con todos los colombianos y las colombianas, de un futuro de justicia y equidad social, de soberanía y democracia. Estos esfuerzos no fueron muy lejos porque los gobiernos de turno no reconocen que el camino debe retomarse por donde comenzó y ello no es el acto mecánico donde los luchadores populares arríen sus banderas, dejen sus sueños y abandonen sus ideales. El Presidente Pastrana llegó a la presidencia enarbolando la bandera de la paz, recogiendo el sentir de las mayorías de los colombianos. Sin embargo los esfuerzos del ELN en su gobierno no fructificaron porque la fuerza del paramilitarismo obligó al presidente a no firmar los acuerdos que una delegación suya y otra del ELN definieron en la ciudad de La Habana Cuba en diciembre del año 2000. Se acordó con su Comisionado Camilo Gómez, una Zona de Encuentro, que comprendía las cabeceras municipales de los municipios de Cantagallo, San Pablo y San Rosa en el Sur de Bolívar y todos los mecanismos y normas de funcionamiento para un plan de paz, incluido un proceso de cese al fuego bilateral. Este proceso terminó con una gigantesca operación militar contra guerrillera contra el Comando Central del ELN, cuyos negociadores estaban en la región definida como Zona de Encuentro. Todo lo anterior nos permite demostrar que el problema no es de engaños, como de manera tendenciosa lo plantea el Presidente Santos, sino de diferencias en cuanto a qué es la paz y como se construye el futuro de Colombia. Otra cosa es que el Presidente Santos no esté informado. Porque estamos convencidos que la paz de Colombia requiere de diálogos bilaterales entre la insurgencia y el gobierno, en el primer mandato de gobierno de Uribe, de nuevo nos sentamos a la mesa y en un proceso de varios meses, retomando las experiencias anteriores, se estructuró una nueva agenda que llevó a amplias discusiones. Como en ocasiones anteriores, participó un grupo importante de países amigos de la paz, así como personalidades nacionales e internacionales. Cuando parecía inminente un acuerdo para un cese bilateral al fuego y las hostilidades y una zona para la concreción del proceso, el Presidente Uribe exigió, en contra de lo definido, que el ELN debía concentrarse e identificarse para garantizar la verificación del proceso. Simultáneamente con dicho planeamiento, suspendió al Presidente Chávez que oficiaba como facilitador del proceso, de esta manera cerró la puerta y enterró el proceso de dialogo y paz con el ELN. Así ha visto el ELN este complejo esfuerzo por el diálogo y la paz, debe ratificar hoy que si este u otros gobiernos venideros, pretenden la claudicación y desmovilización de la insurgencia en una mesa, los esfuerzos se seguirán truncando, porque como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la paz es justicia y equidad social, es democracia y soberanía. Hoy las luchas populares y de la nación, esbozan una agenda de país opuesta al plan de desarrollo del Presidente Santos, el ELN, se identifica con el movimiento popular en tales propósitos y considera que la paz de Colombia pasa por construir junto al pueblo y la nación, una agenda respecto de problemas que los aqueja. Solo así nos enrumbaremos hacia la paz de Colombia. El Presidente Santos está desgastando la retórica de los supuestos engaños, debe asumir con estatura un camino para la paz de Colombia, de cara al país y recogiendo sus banderas, cualquier otra pretensión, es una distracción absurda 86.

5-1-2011, La activista colombiana por la paz, Piedad Córdoba señaló que antes del 18 de enero del 2011 no se podrá dar una fecha para las liberaciones de las cinco personas en poder de las FARC. Las liberaciones unilaterales anunciadas por esa guerrilla el 8-12-2010, tres uniformados y dos concejales, retenidos entre 2007 y 2010, como “gesto de humanidad”, se darán “en cinco puntos distintos. Empezamos a tener todo listo, pero sin las coordenadas no se puede avanzar, y el problema es que como son cinco puntos distintos, son cinco personas que vienen de puntos distintos, serán más de dos liberaciones. No se puede aproximar ninguna fecha hasta que no tenga las coordenadas en la mano”. La movilización de los que van a ser liberados es muy, muy difícil, porque son liberaciones unilaterales y el Gobierno sigue en combates”. Los liberados serán el Mayor de la Policía Guillermo Solórzano, secuestrado en el 2007, el Cabo del Ejército Salín Sanmiguel (2008) y el Infante de Marina Henry López Martínez (2010); Marcos Vaquero, Presidente del Concejo de San José del Guaviare, y Armando Acuña, que tenía el mismo cargo en la localidad de Garzón (Huila), ambos retenidos desde el 2009. Piedad Córdoba ya ha mediado en otras 14 liberaciones de políticos, policías y militares. La ONG Colombianos y Colombianas por la Paz, que Córdoba lidera, está en constante comunicación con las cinco familias para informarles de los pormenores del proceso. Los uniformados que serán liberados, forman parte de una lista de 15 militares y policías que las FARC buscan canjear por medio millar de guerrilleros presos o extraditados a EUA 87.

13-1-2011, La Fiscalía General de la Nación ha documentado 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada cometidos por paramilitares. La misma entidad también tiene documentadas 1.597 matanzas de responsabilidad de ex miembros de las Autodefensas, así como el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad. Los registros judiciales indican que los paramilitares desmovilizados cometieron 3.532 casos de extorsión, 3.527 de secuestro, 677 de violencia de género y 68 de narcotráfico, además de 28.167 “de otras conductas” que la fuente no precisa. Los tipos penales han sido documentados por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, jurisdicción especial de la Fiscalía General creada en virtud de la llamada Ley de Justicia y Paz, adoptada en junio del 2005 como marco jurídico para la reinserción de las AUC. En un informe divulgado en Bogotá, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz precisó que los casos documentados corresponden con un período que va desde su entrada en funciones (2005) y el 1-12-2010. La misma dependencia de la Fiscalía indicó que avanza en las diligencias de confesión de 51.616 hechos por parte de postulados, en casos con 65.747 víctimas relacionadas. El informe también indica que las confesiones de los paramilitares desmovilizados han permitido hallar 3.037 fosas comunes, en las que fueron encontrados 3.678 cadáveres, de los cuales 1.323 han sido identificados de manera plena. Las familias han recibido ya los restos de 1.207 de ellos, según la misma fuente, que indicó que otros 748 tienen identificación preliminar y que se tiene pendiente la entrega de 116. Los casos documentados y las confesiones también han permitido establecer la presunta vinculación con ellos de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad y 155 funcionarios civiles, además de otras 7.067 personas (particulares), según el mismo informe 88.

22-1-2011, Carmen Palencia, Directora de la Asociación de Víctimas ‘Tierra y Vida’, de donde fue hurtada una memoria USB conteniendo la información de aproximadamente 2.000 personas que han sido víctimas de despojos, aseguró que dicho material da cuenta de que la mayoría de los robos de tierras han sido perpetrados por paramilitares. “Todas son personas de Urabá, son víctimas de 'El Alemán' y de 'Raúl Rasguño'. Con algunas excepciones hay víctimas de 'Cuco Vanoy' y hay víctimas de la guerrilla”. A su juicio, es sospechoso que se perdiera la USB que contenía esta información justo cuando estas personas están en proceso de solicitud de restitución de bienes 89.

1-2-2011, La paz como principio rector de los pueblos: Las diferentes organizaciones populares, organizaciones de Derechos Humanos, familiares de las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y prisioneros políticos de las diferentes organizaciones alzadas en armas presentamos el articulado propuesto a consideración de las partes en el conflicto armado interno. Considerandos: 1. Debemos señalar que desde la aparición de la propiedad privada, la familia y el Estado los conflictos se han solucionado a través de la fuerza. Como consecuencia, la guerra ha sido el recurso mediante el que se han venido solucionando los problemas que se les presentaban a quienes aspiran a mantener o conquistar el poder político, económico, militar y cultural. Históricamente, las guerras se han catalogado como justas e injustas; se consideran injustas las que tienen como finalidad someter a otros pueblos a condiciones de esclavitud, vasallaje y explotación y, en general, las que pretenden apoderarse de los territorios, riquezas, bienes y personas. En cambio, se consideran justas las que se oponen a las agresiones e invasiones y/o las que propugnan el cambio del sistema económico, político, social y cultural dominante en beneficio de los pueblos y de la Humanidad, como lo fueron las revoluciones Francesa, Bolchevique y Cubana y las guerras de independencia de América Latina. 2. Históricamente se ha reconocido como un derecho de los pueblos el rebelarse contra la tiranía, las distintas formas de opresión, la explotación y las dominaciones coloniales y neocoloniales. Este derecho se encuentra consagrado en constituciones tan “democráticas” como la francesa y la estadounidense, en Instrumentos Universales como la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos, entre otros. 3. En cuanto al Derecho Internacional Humanitario, es importante resaltar la creciente tendencia a confundir los usos, costumbres o derecho consuetudinario de la guerra -practicados y aceptados por los pueblos desde el origen de la misma- con el derecho convencional de los Estados, es decir, con las obligaciones adquiridas por los mismos cuando se comprometen internacionalmente – a través de tratados, pactos o acuerdos multilaterales. Estos acuerdos no son de obligatoria observancia para los pueblos en la medida en que no son normas o costumbres aceptadas y reconocidas por éstos, es decir, que las primeras son normas del llamado JUS CONGENS o derecho consuetudinario de los pueblos. La segunda clase de normas solamente obligan a los Estados que se comprometen mediante instrumentos internacionales tales como los Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos adicionales de 1977 y los Convenios de (a Haya de 1889, 1907, 1930, entre otros. Estos protocolos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la Convención de Viena, son de obligatoria observancia de los Estados y solamente pueden ser reemplazadas por normas del mismo carácter. 4. Es reconocido que los instrumentos internacionales y los organismos como la ONU surgieron en circunstancias históricas concretas, en virtud de las cuales se puede afirmar que fueron hechas y redactadas a conveniencia de quienes ganaron la guerra y que por tal motivo se conservan hoy en día procederes tan antidemocráticos como el derecho al veto ejercido por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Se debe dejar claro que es diferente la organización de los Estados que representa la ONU o la OEA y la organización de los pueblos: desde un punto de vista crítico no todos los estados del mundo representan a sus pueblos y por esta razón podemos afirmar que Naciones Unidas no representa a todos los pueblos del mundo. 5. Por lo anterior es que podemos entender que las armas de destrucción colectiva – que son de propiedad casi exclusiva de los países que tienen el derecho al veto en Naciones Unidas – no se encuentran reguladas en ningún instrumento internacional. Nos referimos a la bomba atómica, los rayos láser y la bomba de neutrones; recordemos el caso del exterminio de la población de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial mediante dos bombas atómicas lanzadas por aviación de los Estados Unidos, quienes, obviamente, no eran objetivo militar. Con la sola explosión de la primera bomba murieron aproximadamente 100.000 personas y en los días siguientes 120.000 personas más. A ello hay que añadir las consecuencias posteriores que sufrió la población civil y las que se supone que sufrió también el entorno natural, puesto que no hay información. Hoy en día los arsenales nucleares son suficientes para destruir el mundo, ¿Cómo explicar, entonces, que a pesar de la cantidad y magnitud de estos arsenales no se legisle sobre el particular? 6. Las armas reguladas por el Derecho Internacional Humanitario son las de fabricación convencional, producidas por los grandes complejos industriales-militares de los países industrializados, que no son otros que los que han ganado las guerras. Las armas prohibidas son las que fabrican los países menos desarrollados, atrasados, neocoloniales o dependientes o las utilizadas por los movimientos de liberación nacional en sus luchas. Estas armas, debido a sus ínfimos costos de producción, entran a competir con las que producen los países desarrollados y por lo tanto, en el fondo, se trata una vez más de un problema económico. 7. Al finalizar la guerra la nueva legislación la expide el que ha vencido y en consecuencia los crímenes cometidos por este bando no son investigados, juzgados ni castigados. Ejemplo: caso Tribunal de Nuremberg y de Tokio, en la Segunda Guerra Mundial. 8. Cuando el conflicto termina – con la: firma de un pacto, un acuerdo bilateral o uno multilateral – los crímenes de guerra y los de lesa humanidad 'sometidos por las partes quedan igualmente en la impunidad, pues cada quien asume “los costos en vidas y destrucción de infraestructura de todo orden”. Es decir, una vez terminado el conflicto se olvidan los crímenes cometidos durante la guerra. Ejemplo de ello es el caso del Salvador y Guatemala. 9. El problema fundamental es que no existe un mecanismo viable de carácter universal que sea capaz de investigar, juzgar y castigar a los responsables de los crímenes de guerra, independientemente de los resultados de la confrontación armada. La justicia universal en el campo de los conflictos armados no se ha desarrollado y en la actualidad, lo que existe está determinado por los intereses políticos, económicos y militares de los miembros con derecho a veto en el consejo de segundad de la ONU o por los acuerdos militares subscritos por los estados, por ejemplo el de la OTAN o el TIAR. 10. Rescatamos como importante el mecanismo aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y de guerra en los casos de la Ex Yugoslavia y Ruanda, puesto que plantean los efectos retroactivos para los delitos, penas y procedimiento en Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra; existen personas detenidas y condenadas por estos hechos. Sin embargo consideramos que este es un mecanismo de carácter discriminatorio y aplicado contra los adversarios políticos. De otra forma ¿cómo podemos explicar que en el caso de los crímenes cometidos por el estado de Israel contra los palestinos este mecanismo no se aplique? 11. Se exige en todos los casos de conflictos armados internacionales e internos el compromiso de luchar contra la impunidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, independientemente de la forma de terminación del conflicto. El derecho de las víctimas y de los pueblos a conocer la verdad histórica, a investigar, juzgar y castigar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos y a reparar integralmente los daños causados es innegociable y así debe ser reconocido en todos los conflictos. 12. Otro de los problemas fundamentales tiene que ver con el reconocimiento que se ha hecho a nivel nacional e internacional a plantear que el derecho en general y el de los conflictos armados en particular no es estático sino dinámico y que siempre se ha legislado o aprobado mediante convenciones después de las guerras o después de los conflictos. En el caso del conflicto armado interno de Colombia, la Comunidad Internacional no podía legislar en 1.949 o 1.977 sobre algo inexistente. Por esta razón fundamental es que se hace necesario plantear una regulación acorde con nuestra realidad; el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el Protocolo II son absolutamente insuficientes e inaplicables y, en consecuencia, se hace necesaria la regulación de todos los aspectos relacionados con el conflicto social y armado que se desarrolla desde hace aproximadamente 47 años en el territorio colombiano. Igualmente, tiene que existir participación de las partes y de la población en la toma de decisiones ya que todos tenemos derecho a opinar ya decidir sobre todos los aspectos relacionados con el conflicto que se desarrolla en nuestro territorio. 13. Los estudiosos sobre el tema del conflicto armado interno, los movimientos sociales y políticos de oposición y las organizaciones alzadas en armas plantean que el conflicto tiene causas económicas estructurales, sociales, políticas, culturales, militares etc., es decir, que el conflicto no es exclusivamente de carácter armado. Los movimientos alzados en armas platean, entre muchas otras cosas, que la guerra que adelantan en contra del sistema reviste un carácter de “guerra de liberación nacional y social”, por cuanto en el desarrollo de su lucha plantean que la confrontación fundamental va a ser contra el imperialismo agenciado fundamentalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día, esta tesis se ve fortalecida por la implementación del Plan Colombia. Para aplicarlo, se acepta y reconoce oficialmente la participación de 3.000 miembros del Ejército Norteamericano más el equipamiento y entrenamiento de 7 bases militares y el suministro de in sinnúmero helicópteros etc. Además, se ha dejado abierta la posibilidad de realizar un desembarco sin límites de tropas norteamericanas en Colombia, así como de realizar directamente el plan de erradicación de cultivos si el gobierno colombiano no cumple con sus objetivos o cuando el Presidente de Estados Unidos subjetivamente lo considere. Es decir, se reconoce en términos políticos la oficialización de una invasión de tropas extranjeras en nuestro territorio. 14. Cuando se presenta un conflicto armado interno, surge el problema político de discutir la legitimidad y la representación de las partes que lo conforman, así como de analizar las causas que han motivado este alzamiento en armas y los métodos; para solucionarlo, lo cual compete a la totalidad de la población y no solamente a las partes enfrentadas militarmente. La representatividad de la población colombiana en el conflicto social, político y armado interno ¿cómo se puede determinar? Es reconocido que el Estado representa a una parte de la población civil y que los movimientos insurgentes representan a otra parte de ésta. Es evidente también que una parte de la población – organizada o no – no aceptamos que las partes nos representen en el conflicto armado y tampoco estamos representados en el proceso de negociación actual. Lamentablemente, la población colombiana no se encuentra alfabetizada políticamente y por esta razón las partes hablan en nombra y representación de todos los colombianos, sin que nadie diga nada y sin representarlos verdaderamente a todos. 15. Se reconoce que los compromisos asumidos por el Estado Colombiano ante la Comunidad Internacional – al haber suscrito y ratificado los tratados y convenios sobre Derechos Humanos y el Derecho de Ginebra – son indiscutibles, es decir, el Estado es el único responsable de las violaciones a los Derechos Humanos e igualmente debe aplicar las norméis del DIH desde el momento mismo en que surgen organizaciones alzadas en armas que luchan por su derrocamiento. El Estado Colombiano ratificó los Convenios de Ginebra mediante ley 5 de 1960. El protocolo I fue ratificado en 1992 mediante Ley 11 y el protocolo II ratificado en 1994 mediante la Ley No. 171 del 16-12-1994. Los Convenios de La Haya de 1889 y de 1972 mediante ley 10 de 1980. Según la Corte Constitucional estos hacen parte del bloque de constitucionalidad, en consecuencia, la legislación interna debe estar acorde con estas disposiciones. 16. Los movimientos alzados en armas; tienen reglamentos internos, estatutos, normas y pautas de conducta que han aprobado en sus congresos o asambleas y en algunos casos existen declaraciones conjuntas sobre la forma de conducción de la operatividad militar, sobre política general y forma de comportamiento frente a la población civil. Por todo ello, estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento y responden por las infracciones que comentan contra la población civil. 17. En relación con el poder vinculante que tienen los instrumentos internacionales sobre los conflictos armados internos y frente a los grupos alzados en armas, existen varias interpretaciones o posturas que por su importancia presentamos a manera de síntesis: a. Los grupos alzados en armas son enemigos políticos, militares, ideológicos y culturales. En consecuencia, es imposible plantear que el Estado defina cuáles son las normas a las que se tienen que someter sus enemigos en el desarrollo del conflicto. En el mismo sentido, es inadmisible que los alzados en armas definan las normas a las que se tiene que someter su enemigo. Además, se afirma que los insurgentes no ha participado, suscrito o ratificado los instrumentos internacionales. b. La segunda posición plantea simplemente que los grupos alzados en armas están obligados a cumplir las normas del Derecho de los conflictos armados internos, al igual que el Estado. Vale la pena señalar que es la tesis sustentada por la Corte Constitucional en el fallo de excequibilidad del protocolo II de 1.977, en consecuencia, ambas partes son responsables de las infracciones al Derecho de los conflictos armados de carácter interno. 18. En relación con el paramilitarismo – dentro del cual se incluyen las Convivir y demás grupos de delincuencia común (grupos como la Terraza en Medellín o actualmente como las Bacrim, los rastrojos, individuos como el caso de la red No. 7 de la armada de Barrancabermeja) utilizados por el Estado para cometer Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra-estamos de acuerdo con las siguientes ideas generales: a. Desde 1962, et Gobierno de tos Estados Unidos le impuso al de Colombia la estrategia paramilitar como mecanismo para eliminar formas de pensar que no fueran favorables al capitalismo*. Esta conclusión es producto de las investigaciones realizadas por Michael McClintock al descalificar documentos del Pentágono. b. Cuando tienen una base legal (decreto 3398/65 y ley 48/68) para su creación, cuando son tolerados, patrocinados o son funcionales al Estado éste debe responder por los crímenes cometidos por acción o por omisión; además su creación es una infracción al D.I.H. por vincular a la población civil en el conflicto armado. c. Las diferentes investigaciones realizadas por los mismos organismos del Estado como la Fiscalía o la Procuraduría han demostrado en innumerables casos (red de la armada de Barrancabermeja en el departamento de Santander, caso Trujillo en el departamento del Valle, caso Banda la Terraza en Medellín departamento de Antioquía, caso Mapiripán en el departamento del Meta, etc.) la relación directa entre los miembros de las Fuerzas Armadas y dichos grupos irregulares. También han demostrado que éstos operan en las zonas más militarizadas del país y que nunca se ha presentado un combate o confrontación entre militares y paramilitares y que la población de las zonas de conflicto los ven patrullar conjuntamente o viven o conviven en los mismos campamentos. d. En el caso colombiano la existencia del paramilitarismo también obedece a la implementación de la llamada guerra de baja intensidad o Guerra Sucia, que busca realizar las acciones que la Fuerza Pública no debe hacer directamente. En lo político, esto es una estrategia que busca eludir la responsabilidad frente a sus compromisos nacionales e internacionales. En el mismo sentido, se debe considerar a los miembros de compañías de seguridad extranjeras que han ingresado al país para prestar sus servicios a empresas transnacionales. e. Que en general a estos grupos y personas no se les reconoce la calidad de combatientes ni de sujetos protegidos por el DIH ya que su actuación se limita a cometer crímenes contra personas indefensas. En el mismo sentido, no se les puede considerar como un tercer actor ni mucho menos – como pretenden algunos – considerar que tienen móviles, proyectos y programas políticos. Se trata de un problema que tiene que resolver el Estado Colombiano por haberlo creado él mismo. f. Los promotores, financiadores y encubridores nacionales e internacionales del paramilitarismo son responsables de los Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra que se hayan cometido e, igualmente, no se les puede considerar simples pobladores civiles. g. La propuesta que se hace frente a esta infracción al Derecho de los Conflictos Armados es que el Estado debe responder por los crímenes cometidos por estos grupos, ya sea por acción o por omisión, debe disolver los mismos, derogar la legislación que los crea o sustenta, sancionarlos penalmente o vincularlos a las estructuras de la Fuerza Pública. h. Igual tratamiento debe ser aplicado a los mercenarios y espías por no ser considerados sujetos protegidos ni combatientes. i. Por no tener suficientes elementos de juicio sobre la calidad, remuneración, etc., en que se encuentran en el país los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y del personal civil contratado en la implementación del Plan Colombia, se ha recomendado continuar ubicándolos como combatientes a favor del Estado o mercenarios. 19. Hemos encontrado muchísima dificultad para poder determinar las formas de privación de la libertad de las personas en el conflicto armado interno y para ponemos de acuerdo sobre su tratamiento. Por esta razón, nos permitimos presentar a consideración las siguientes descripciones sobre las mismas: - Prisioneros de guerra: se trata de combatientes que han sido capturados en el desarrollo de las hostilidades en combate, por haber depuesto las armas, por haberse rendido o que simplemente estaban desarmados y fueron capturados. - Rehenes: se trata de personas que son retenidas por las partes y utilizadas como escudos de protección o para exigirle al enemigo hacer o no una acción positiva. - Detención desaparición: acción realizada por agentes del Estado o particulares que actúan con su colaboración, tolerancia o aquiescencia. - Secuestro: retención de una persona para exigir por su libertad una contraprestación económica o política. Esta acción viene siendo realizada por la delincuencia común, por agentes del Estado y por los movimientos insurgentes. Hemos encontrado las siguientes posturas: a. Quienes rechazan totalmente esta conducta, tratándola como una infracción al DIH b. Quienes la aceptan como una práctica válida en el proceso de consecución de los recursos financieros para la guerra, conducta que se aceptó como parte del delito complejo de la rebelión hasta el año de 1992 y fue objeto de indulto y amnistía por diferentes gobiernos. c. Quienes la aceptan pero plantean que debe excluirse a los niños menores de 10 años, las mujeres embarazadas y los ancianos mayores de 65 años. - Personas Capturadas y que están sometidas a procesos de investigación por faltas o delitos que de acuerdo con la legislación de cada una de las partes en el conflicto armado debe ser investigada. 20. La totalidad de los participantes en las actividades previas hemos estado de acuerdo en señalar que uno de los grandes problemas en el conflicto es el de la impunidad. En las negociaciones que se han realizado a nivel nacional e internacional los crímenes, fruto de los acuerdos firmados en éstas, han terminado en leyes de perdón y olvido, de punto final, de amnistía e indulto. Es decir: en impunidad. 21. Una de las investigaciones sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia realizada en el periodo comprendido entre 1966 y 1998, señala en forma preliminar que se han cometido aproximadamente unos 48.000 crímenes, entendiendo como tales acciones la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y el genocidio. Igualmente se señala que en el campo, la Fuerza Pública no toma prisioneros ni hay heridos en los combates. Las organizaciones hemos coincidido igualmente en señalar que debe existir un compromiso de las partes en el conflicto armado que garantice la aplicación de los Derechos Humanos y de la Guerra en el sentido de que, independientemente de la forma en que termine el conflicto, exista un compromiso para reconocer la jurisdicción universal, la imprescriptibilidad de los crímenes y para que sus autores no sean beneficiarios de amnistía o indulto. Se debe reconocer el derecho innegociable de los pueblos, las organizaciones y los familiares de las víctimas a conocer la verdad histórica, a que se aplique justicia a los responsables y a que se repare integralmente a las víctimas. 22. Se ha coincidido en plantear que los diálogos que se realicen con los grupos insurgentes deben ser públicos y realizados en el país. Se exige también garantizar que las organizaciones y las victimas y en general las personas que quieran asistir y presentar sus propuestas sobre los temas que se discuten en estos diálogos, puedan hacerlo garantizando que no se tomaran represalias contra ellos por su asistencia. Se trata de garantizar la autonomía y la independencia de las personas y las organizaciones frente al conflicto armado. 23. Se plantea que si las partes llegan a firmar acuerdos sobre temas específicos o globales en los cuales se comprometan los derechos de las personas u organizaciones o que, en general, comprometan la existencia misma del estado o la forma de organización del sistema político, económico, social, cultural y militar, estos acuerdos se sometan para su aprobación al Constituyente primario, a través de un referéndum o un plebiscito, sin ninguna limitación sobre la forma de tomar decisiones y de legitimar las propuestas aprobadas. 24. Coincidimos en la necesidad de plantear la creación de una comisión de verificación frente a posibles infracciones de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra que debe estar compuesto en parte por personas de procedencia internacional, expertas en Derechos Humanos y en D.I.H., por personas de organizaciones sociales nacionales igualmente expertas en estos tema y por representantes o delegados de las partes, los cuales deben tener inmunidad. En todos los casos se presentará un informe público sobre los hechos denunciados o investigados con conclusiones y recomendaciones sobre el caso. Se recomienda estudiar con detenimiento las formas de financiación de una comisión de este carácter. Por otra parte, algunos consideran que es viable plantear que se utilice como mecanismo de verificación la comisión de encuesta establecida en el art. 90 del protocolo I a pesar de las limitaciones que tiene. 25. En cuanto a las formas de administrar justicia por las partes se señala que estas son parcializadas, no son autónomas y no garantizan el debido proceso, reiterándose que en el caso del Estado colombiano la impunidad en casos de Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra es del 100%. Por esta razón se recomienda a las partes pactar la creación de un tribunal especial para que investigue juzgue y sanciones las infracciones al DIH y los Crímenes de Lesa Humanidad, tomando en cuenta para ello los planteamientos hechos por instituciones internacionales sobre la autonomía, independencia y debido proceso en la administración de justicia y comprometiéndose, además, a poner a disposición de dicho tribunal a las personas que se sindiquen de estos delitos. 26. Por la naturaleza misma del conflicto social, político y armado y por no existir un acuerdo sobre lo que se entiende por Crímenes de Lesa humanidad y Crímenes de Guerra, recordando que por razones de conveniencia política el Estado ha indultado o amnistiado conductas que de acuerdo con la legislación actual no serían objeto de este beneficio (como ejemplo recordamos la toma de la Embajada de la República Dominicana realizada por el M-19), proponemos que se acepte como mínimo que las siguientes conductas son Crímenes de Lesa Humanidad: genocidio, tortura, detención desaparición y ejecuciones extrajudiciales. Además se propone – por las implicaciones que tienen – que se adicionen la violación sexual y la fumigación con agentes químicos o biológicos. Como Crímenes de Guerra cometidos por las partes: tortura, detención desaparición y ejecuciones extrajudiciales de combatientes. 27. Se ha discutido muchísimo sobre el desarrollo del conflicto armado durante los 47 años que lleva desarrollándose y sobre la forma en la que el Estado lo ha enfrentado en las diferentes etapas históricas. Igualmente, se ha discutido sobre la extensión y ampliación del conflicto y se ha llegado a afirmar que se ha establecido un equilibrio estratégico de fuerzas y que la Fuerza Pública del Estado había comenzado a perder la guerra, citando como ejemplos las derrotas militares de Patascoy y el Villar; se afirmó también que esta es la verdadera razón por la cual se implementa el Plan Colombia y la intervención militar de Estados Unidos en el conflicto armado interno. 28. La realidad del conflicto nos indica que las partes se están preparando y ganando tiempo para adecuar la infraestructura y los combatientes para una guerra generalizada y de mayores proporciones. Es muy posible que a mediano plazo el país se encuentre en guerra civil, con fraccionamientos o divisiones en el territorio nacional y con un mayor nivel de intervención militar extranjera. Por esta razón se hace necesario planteamos la regulación de conflicto armado interno. Exigir diálogo y negociación como solución política al conflicto seguirá siendo una aspiración de los no combatientes, así como hacer un llamamiento al Estado y a la totalidad de los grupos alzados en armas para que, en una sola mesa y con la participación de todos los colombianos, se solucionen los grandes problemas por los que atraviesa el país. 29. En diferentes oportunidades se ha planteado el derecho de las organizaciones sociales y personas a no participar de ninguna forma en el conflicto armado y exigiendo que se respete su derecho a plantearlo y defenderlo públicamente. Ello no implica su renuncia a participar en la toma de decisiones. 30. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Fuentes: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Protocolos de Ginebra, Taller Nacional Bogotá 23, 24, 25-6-2001, Organizaciones Sociales y Derechos Humanos 90.

8-2-2011, El Partido Conservador pide que el Presidente Santos asuma la seguridad del país. Las críticas contra el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, no cesan por causa de los problemas de seguridad del país. Al llamado del Presidente del Senado, Armando Benedetti, para que Rivera “se haga a un lado”, se sumó el Partido Conservador, cuyo Presidente, José Darío Salazar indicó que “la historia no nos perdonaría” que se “pierda algo que el gobierno pasado nos legó a Colombia” como la seguridad democrática. “Aspiramos a que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos consolide ese legado histórico que le dejó el ex Presidente Uribe”. En el tema de seguridad hay desconfianza y “uno no sabe si fue que el Ejército bajó la guardia, si falta más gerencia, si falta un mando centralizado como quizás lo tenía el ex Presidente Uribe pero algo que debe quedar claro es que la seguridad de hoy no es la de antes. Yo no sé dónde está la falla pero el resultado es que la seguridad que teníamos antes se ha resquebrajado (…) ha faltado micro-gerencia y es que el ex Presidente hacía esa función. Es muy inquietante lo que sucede en el país porque no hay ni una sola región del país tranquila”. A Rodrigo Rivera “le ha faltado una gerencia más efectiva porque los resultados no son los que el país requiere” 91.

12-2-2011, La Defensoría del Pueblo llegó a conocer casos específicos de amenaza y vulneración del derecho a la tenencia de la tierra en Córdoba. En la finca Costa de Oro, situada en el municipio de Tierralta y de propiedad de los hermanos Castaño, aún existen alarmantes casos de acoso a las víctimas a quienes les fueron restituidas los predios. Invadida por los campesinos en el 84, Costa de Oro fue arrebatada a sus habitantes en el 89 por las Autodefensas Campesinas de Córdoba, que quemaron sus viviendas con el pretexto de que “constituían un corredor de la guerrilla en la región”. Aunque la Ley de Justicia y Paz retornó el terreno a los campesinos, nuevas bandas criminales, como “Los Rastrojos” y “Los Paisas”, acosan constantemente a estas 87 familias; un hecho que podría significar nuevos desplazamientos. Caso parecido en la finca Martinica, en Montería, el predio fue invadido por los campesinos en los ochenta y luego arrebatada por Mancuso en el 91. Según la Defensoría del Pueblo, esta finca es refugio para campesinos de “simpatía” con la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), tildada de ser propiedad de los paramilitares en la zona. Asimismo, la Defensoría ha establecido que los nuevos habitantes de Martinica se han dedicado a la venta de posesiones y mejores “sin título legal alguno (...) por tratarse de baldíos nacionales”. Existen muchos casos más. Aunque la Defensoría del Pueblo esté atendiendo a asociaciones de víctimas, como Nuevo Horizonte, Valle Encantado, Costa de Oro, Desplazados de la Mesa y Ciénaga Redonda, el derecho a la tenencia de tierras se complica en Córdoba. De la desmovilización de los grupos de autodefensas quedaron residuos que hoy son mapa de la delincuencia común y las nuevas bandas llamadas Bacrim, tejido que poco a poco ha seguido contribuyendo con el desplazamiento forzado en el país 92.

13-2-2011, El Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzoso (Codhes), Marcos Romero, aseguró este sábado que las liberaciones unilaterales anunciadas por las FARC, “son importantes porque se ve un cambio de voluntad tanto en el Gobierno como en la guerrilla. Se está gestando un cambio, de ambiente político, en Colombia en relación con el conflicto armado”. El Presidente Juan Manuel Santos, ha planteado la distribución de las tierras a desplazados, mientras que las FARC, propone que si se avanza en la entrega de tierras “podría ser un camino a la reconciliación”. El Gobierno podría refundar el camino a la paz. Pese a que la opinión pública colombiana es crítica a los diálogos de paz, “creemos que se puede habilitar un camino más adelante y que el éxito de estas liberaciones (...) es fundamental para asegurar que se pueda avanzar hacia ese nuevo camino”. Es de gran importancia que la sociedad avance hacia la construcción de un escenario de paz, porque “el conflicto armado no está resuelto, el conflicto armado continúa”, después de casi 40 años. No es fácil alcanzar la paz en Colombia, pues la salida de paz “no está a la vuelta de la esquina”, pero el buen término de los procesos de liberaciones podrían configurar un camino a la pacificación. Santos, “va a mantener una señal muy clara de que la política de seguridad continúa”, pues “ha creado condiciones” para los operativos humanitarios. Durante la presidencia de Uribe las entregas de los retenidos por las FARC, “tenían miles de dificultades”; la gestión de Santos “ha sido más seria”. Las encuestas reflejan que la “opinión apoya los acuerdos humanitarios y que la opinión apoya este tipo de liberaciones” 93.

23-2-2011, Luis González, de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación dijo que investigan el presunto montaje de la desmovilización de 70 guerrilleros de las FARC, en marzo del 2006. “Aparece una información que podría estar afectando al ex Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y a dos oficiales del Ejército por la aparente falsa desmovilización de un bloque de las FARC. Iniciamos una investigación formal”. El desarme de los supuestos integrantes del frente Cacique La Gaitana de las FARC, que al parecer fue ficticio, se realizó en el municipio de Alvarado, en el departamento de Tolima, el 7 de marzo del 2006. Según González, testigos aseguran que 66 de los supuestos guerrilleros eran civiles reclutados días antes en sectores pobres de Bogotá, que posaron como guerrilleros a cambio de dinero. Los testigos dijeron que al menos 11 fusiles entregados por los supuestos desmovilizados eran falsos, de madera. Por las denuncias también están siendo investigados el General retirado Lelio Suárez y el Coronel Jaime Ariza, entonces Comandantes del departamento de Tolima. Tres participantes en esa desmovilización, aseguraron que se trató de un montaje. “No eran guerrilleros. El Comisionado Restrepo sabía que todo era una farsa. El mismo dio permiso para recoger gente, personas sin recursos económicos que vivían mal: indigentes, desempleados, y se les dio 500.000 pesos a cada uno” 94.

1-3-2011, La ex Senadora Piedad Córdoba expresó que sus esfuerzos se van a centrar en la agenda que tiene el grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, lo que indica que por el momento no insistirá en reuniones con el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos: “No estamos interesados en ir a presionar absolutamente nada”. Si el Presidente Santos convocara un encuentro, estarán disponibles para dichas conversaciones. “Cuando él lo requiera, no estamos interesados en ir a presionar absolutamente nada, nosotros tenemos nuestra propia agenda, lo que creemos es que debe coincidir con todo el trabajo de paz que debe hacer el Presidente de la República y nosotros co-ayudaremos, trabajaremos de la mano para el Gobierno”. Anunció que continuará organizando encuentros para analizar propuestas de paz para Colombia, por lo que programa una nueva gira por Latinoamérica, y además estará en México y EUA. Mantendrá su labor en busca de la “humanización de la guerra en Colombia” y espera poder gestionar nuevas liberaciones de secuestrados. Descartó acercamientos con el Gobierno para nuevas liberaciones, tras señalar que el delegado del Ejecutivo en ese proceso, Eduardo Pizarro, fue un obstáculo en la entrega del mayor de la Policía, Guillermo Solórzano, y el cabo del Ejército, Salim Antonio Sanmiguel. Luego de una reunión de Colombianos y Colombianas por la Paz en Bogotá, Córdoba manifestó que por el momento los diálogos con el Gobierno están congelados y que el colectivo tiene una agenda propia. Se realizará una reunión con los familiares de los secuestrados denominados canjeables que todavía permanecen cautivos en las selvas con el Presidente Juan Manuel Santos para acordar un plan de trabajo y una hoja de ruta con el Gobierno. Reiteró que el foro Haciendo la Paz en Colombia fue destacado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo cual reiteró el compromiso en la búsqueda de alternativas para un acuerdo humanitario 95.

11-3-2011, El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estados, Movice, encabezados por el representante Iván Cepeda, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le pidieron a la Corte Constitucional que declare inconstitucional los artículos primero, cuarto y sexto de la Ley 1424 de 2010, porque a su juicio termina dando legitimidad a las vejaciones que ha cometido el paramilitarismo en contra de la población civil. El jurista Rafael Barrios del Colectivo de Abogados dice que “(…) Legaliza el paramilitarismo en Colombia; es una Ley contraria a los estándares internacionales y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana, es decir, violenta el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”. Ya la Corte Constitucional le había dicho no a las intensiones de la administración Uribe de que los desmovilizados de las Autodefensas fueran juzgados por sedición, un delito político que le confiere legitimidad a sus actuaciones. “Lo que está haciendo el Gobierno es un reencauche de leyes anteriores que han sido declaradas inexequibles”. En su artículo sexto, la norma señala que las autoridades deben cancelar las órdenes de captura vigentes en contra de los actores armados por los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, cargos contemplados en el primero de los artículos. En el cuarto, establece la conformación de una Comisión de la Verdad a través de la cual el desmovilizado contará toda la verdad de su actuación delictiva, como consecuencia de su pertinencia al grupo, pero bajo la promesa de que sus revelaciones, en ningún caso, serán judicializadas 96.

12-3-2011, Gustavo Petro, ex candidato presidencial del Polo Democrático, analiza el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras que cursa en el Congreso y lo que llama “neoparamilitarismo”, para otros “bacrim”. Propone una instancia diferente al Congreso, que no significa una nueva Constituyente, para adelantar las grandes reformas que requiere el país. Muchos ciudadanos pensaban que yo destruía al país con los debates sobre la parapolítica, incluso Uribe habló de traición a la patria. Siempre respondí: ¿quién destruye al país, el que denuncia o el que comete el delito? Porque entonces hay una inversión de valores. Si el que destruye es el que denuncia y no el que comete el delito, el país queda en manos de los delincuentes. Es lo que Garay llama la configuración mafiosa del Estado. El Congreso tiene un núcleo de parlamentarios que es fundamental para aprobar o hundir leyes, y está ligado a los carteles. En esa medida, lo que tiene que pensar el país es sí no se necesita una instancia diferente de reformas que el Congreso, como lo fue el Congresito en la Constituyente del 91. No creo que Colombia necesite una nueva Constitución sino aplicar la que tiene. Y hay una serie de reformas que, se ha demostrado, no se pueden hacer en el Congreso, dada la estructura política que los elige. Hay que pensar en una instancia constituyente y legislativa, que salga del alcance de las mafias que están en el Legislativo y permita hacer reformas fundamentales: tierras, aguas, ordenamiento territorial, reforma política, contratación pública. El Congreso tiene intereses creados que no permiten las reformas. Santos tiene que decidir si es un Presidente reformador, que lo llevaría a ser el Presidente de la paz, o es si el Presidente del statu quo, que lo llevaría a ser el de la guerra. La sociedad colombiana no va a salir de su degradación violenta y mafiosa sin solucionar el tema de la tierra. Cuando se planteó la restitución de tierras a víctimas de la violencia teníamos que entender que es una parte del problema, esencial, pero una parte. El proyecto que está en discusión tiene dos artículos que llaman la atención: uno, es el que dice que en esas tierras usurpadas, donde existan empresas de buena fe que hayan desarrollado proyectos productivos no podrán ser sacadas de la tierra. Uno entiende que allí se abre el campo para deshacer la ley, porque todos van a decir que es de buena fe, y este es un tema específico de los palmicultores, porque todos sabemos que sobre la tierra usurpada se construyeron empresas de palma. De aprobarse ese artículo, a quienes les corresponde la tierra no podrá pedirla y tendrán que conformarse con que les paguen un arriendo. Hay otro artículo que tiene que ver con los títulos mineros, plantea que la devolución de tierras a quienes se la usurparon no extingue la sesión del título minero. Con esa ley no habrá una efectiva reforma agraria, porque no es la única ley que trata el tema agrario. En el Plan Nacional de Desarrollo hay un artículo que crea un concepto que es el de la superficie, que me recuerda el velo forestal que inventó Uribe, que creó para quitarles el dominio a los indígenas y los afros sobre regiones donde hay bosques naturales y entregárselos a empresas privadas. Esa ley se cayó después de un duro debate que me costó una demanda penal del ex Ministro y que se la gané. Ahora han transformado el concepto como superficie y es el que se está construyendo alrededor de los proyectos productivos sobre tierras usurpadas, que llevaría a que la tierra sea propiedad de a quien le fue usurpada, pero la superficie sería un derecho del que tiene un proyecto productivo. Ahí también entra el tema de los baldíos, la mayoría ubicados en el Guaviare, Guainía, Vichada, que son tierras del Estado. Incluso hay dominios de 50 mil y 60 mil hectáreas, pero estas tierras, que eran para reforma agraria, no se han servido para ese fin. La Unidad Agrícola Familiar (UAF) que evitaba la concentración de la tierra y buscaba su democratización quiere ser desmontada en el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno de Santos no está mirando el desarrollo agrario del país sobre la base de la transformación de los campesinos en granjeros, sino que lo está viendo al estilo alemán, que es el de grandes extensiones de empresarios que producen grandes cantidades de materias primas para la exportación. Esto acaba con la democratización de la tierra. Veo un gobierno ambiguo en este tema. Para una persona empobrecida en la ciudad por el desplazamiento, que viene de la violencia ¿si recibe un pedazo de tierra pelada, qué va a hacer? Lo más seguro es que la venda. Santos dijo en Brasil que las posibilidades de articulación de Colombia con el mundo están en la producción de alimentos, no de biocombustibles, porque se sabe que habrá una crisis alimentaria y si el país tiene 15 millones de hectáreas fértiles, de las cuales utiliza cuatro, pues su potencial es agrario e incluso industrial. Con esa mirada, lo importante son los campesinos, el agua, la industria de alimentos, los créditos para impulsarlos, no el TLC ni la minería. Pero después uno ve al Presidente pidiendo que le aprueben el TLC y se coloca al lado del desarrollo minero. Es ambiguo. No sabe que está buscando. Uno ve que el mapa de tierras usurpadas coincide con el del neoparamilitarismo. ¿Cómo se va a aplicar la ley si esos son territorios que no están controlados? ¿A punta de Ejército se puede garantizar el retorno de víctimas, cuando muchos oficiales contribuyeron a impulsar el desplazamiento? No es posible. La cuestión nos lleva a preguntarnos ¿cuál es la política contra el neoparamilitarismo? Uribe inventó el concepto de ‘bacrim’ (bandas criminales) para dar la sensación de que son reductos porque el paramilitarismo no existe. La realidad es que el neoparamilitarismo es más poderoso que el anterior porque esta transnacionalizado. El mando de la cadena de exportación de cocaína lo tomó México, donde se juntan dos prohibiciones: la de las drogas y la de la inmigración. Si se juntan las dos, se tiene una mafia poderosa que se mueve a través de una frontera porosa. Entonces la cadena de redes criminales va desde Colombia, a través de los neoparamilitares, Centro América y finalmente México. Todo con redes de lavado de activos que llegan hasta el Africa occidental, que terminan aunándose al comercio de diamantes y armas a Europa. Es el paramilitarismo globalizado. Mucho más poderoso que el viejo que era parroquiano. Lo que muestran los últimos datos, y por eso se exilió la fiscal antimafia, es que los jefes del narcoparamilitarismo no están por fuera del Estado sino adentro. Como se dijo en Ralito, refundaron la patria y hoy son congresistas y miembros de la Fuerza Pública. Por eso la pregunta es ¿cuál va a ser la política contra el neoparamilitarismo? No puede ser la de combate de las drogas de EUA, sino que creo que tiene que ver con el desmantelamiento de las redes a través de los instrumentos jurídicos, incluso proponiendo rebajas y modificando la extradición: tierras a cambio de extradición, porque el tema es cómo quitarle el poder político a la mafia y eso no se hace con ejércitos ni fumigaciones. La tesis nuestra, y fue por lo que nos insultó Uribe por primera vez, es que si los paramilitares son narcotraficantes no tenían porque desmovilizarse. El supuso que los ‘paras’ eran guerrillas de derecha, pero nos vendieron una desmovilización calcada de los proceso de paz de los ‘90. Con Justicia y Paz se desmovilizaron los ejércitos que estaban al servicio del narcotráfico, pero no se desmanteló el narcotráfico. Uribe negoció poder con los narcotraficantes, pero después los extradita. Entonces admite lo que eran, pero el narcotráfico quedó intacto en sus mandos medios, los cuales se empoderaron y ya están metidos en las estructuras del Estado 97.

15-3-2011, Dos de los colectivos más grandes de víctimas de la violencia en el país: el movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la Corporación Reiniciar, a través de la Mesa Nacional de Víctimas (MNV), insisten en expresar sus desacuerdos con el proyecto de Ley de víctimas y de restitución de tierras que 14-3-2011 inició su penúltimo debate en la Comisión Primera del Senado. Para ellos, existen puntos que consideran “innegociables”, al tiempo que advierten, en un documento que consideran como marco de referencia para la discusión, que el proyecto presenta serios vacíos y carencias. Según la MNV, faltan garantías para el retorno de quienes gocen de la restitución de tierras, aspecto en el que ponen como ejemplo los asesinatos de líderes de dicho proceso, como Rogelio Martínez, Oscar Maussa, Albeiro Martínez y Hernando Pérez. Además, es notoria la ausencia del derecho a una reparación patrimonial que incluya bienes, animales, cultivos y maquinaria que perdieron quienes fueron despojados de su tierra. Existen diferencias en lo que respecta a la reparación por vía administrativa, donde el proyecto establece que nadie podrá ser reparado dos veces y que los montos de dichas reparaciones irán entre 20 y 40 salarios mínimos. La fecha, que la Ley establece en el 1° de enero de 1986 y que el Senador ponente Roy Barreras pidió sea extendido hasta 1984, con el fin de incluir a las víctimas del Palacio de Justicia, sigue siendo tema de discrepancia. Para la MNV, se debería arrancar desde 1981, ya que de lo contrario quedarían excluidas las víctimas de masacres como las de Manila y Cañaveral de Remedios en el nordeste antioqueño (1983), la de Vuelta de Acuña en Santander (1984), el asesinato del sacerdote Páez Alvaro Ulcué en 1984 y la masacre de Tacueyó, en 1985. Y sobre la fecha para la restitución de tierras, que según la ponencia será desde 1991, las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos creen que el robo de tierras es un crimen que se ha llevado a cabo desde hace más de 25 años en el país. En lo que se ha denominado el “universo de las víctimas”, que es la definición de los sujetos de la Ley, según MOVICE y la MVN, se excluye a los guerrilleros que hayan sido muertos fuera de combate y que por lo mismo han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, manifiestan que el proyecto no reconoce el status de víctimas a los menores que fueron reclutados forzosamente y permanecieron en grupos irregulares después de haber cumplido la mayoría de edad. Otro de los inconvenientes que plantean es la falta de voluntad por parte del Estado para reconocer su responsabilidad directa como generador de violencia en el país. Según el documento, “los crímenes de Estado no son producto de acciones aisladas ni de manzanas podridas en el interior de las instituciones, sino parte de una estrategia de exterminio sistemático, ejecutado y diseñado al más alto nivel”. Los dos organismos concluyen que el proyecto “sigue deteriorándose. Los cinco principales pilares están siendo debilitados, y si eso ocurre, la Ley pierde sentido. Vemos que en la discusión que se adelanta en la Comisión Primera del Senado se está intentando debilitar, por una parte, el acceso a la reparación por vía judicial, que es un derecho de las víctimas, y por otra, el acceso a la tierra. Se está incluyendo el derecho de superficie, que es una manera de hacerle una gran concesión a los palmicultores que supuestamente con buena fe han adquirido tierras que eran de personas desplazadas por la violencia” 98.

22-3-2011, En 2011, las bases militares estadounidenses se siguen instalando en Colombia bajo el gobierno de Santos, y esto pese a que la Corte Constitucional colombiana desbarató en agosto del 2010 el acuerdo suscripto por los gobiernos de EUA y Colombia para construir siete bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal. El Senador Jorge Enrique Robledo le solicitó al Ministro de Defensa que explicara por qué el ejército de EUA ha firmado 126 contratos millonarios para hacer construcciones en bases militares colombianas, algunos de los cuales se firmaron luego de que la Corte Constitucional declarara inaplicable el tratado que permitía a las fuerzas estadounidenses usar y adecuar al menos 7 bases. En septiembre del 2010, entidades militares norteamericanas firmaron contratos millonarios para construir instalaciones en las bases colombianas de Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. Por ejemplo, entre otros contratos, hay uno firmado el 30-9-2010 por el Departamento de Defensa con la empresa HCS Group, por un valor de u$s 185.681.000, cuyo objeto es prestar servicios para un “centro de operaciones de una base avanzada del Comando de Operaciones Especiales para el Sur, en Tolemaida”. El Senador Robledo explicó que la finalidad de estos contratos es la misma que la del Tratado que desarmó la Corte Constitucional. Señaló que no sería raro que Juan Manuel Santos, al igual que lo intentó hacer como Ministro de Defensa, violara la Constitución para permitir que las fuerzas armadas estadounidenses se instalen en el territorio nacional. El Ministerio de Defensa no ha explicado por qué EUA hace inversiones en bases militares de Colombia por más de 100 millones de dólares 99.

29-4-2011, Abogados de familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, manifestaron que la condena emitida en contra del General (R) Jesús Armando Arias Cabrales demuestra que no se puede seguir pasando por encima de los derechos políticos de las personas bajo la consigna de la lucha antisubversiva. “Con esto se demuestra que bajo el argumento de la lucha antisubversiva se han cometido y siguen cometiendo crímenes contra quienes han ejercido sus derechos políticos”. El poder militar no puede estar desligado del control de las demás autoridades, pues también las fuerzas coercitivas de la institucionalidad deben estar sometidas al imperio del Estado social de derecho. El abogado Jorge Molano exigió mayor severidad para castigar delitos de lesa humanidad que, como éste, comprometen la responsabilidad de agentes de la fuerza pública, que no son recluidos en cárceles comunes, sino en guarniciones militares, contrariando lo dispuesto por organismos multilaterales. “Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios. Arias Cabrales, Plazas Vegas, Iván Ramírez y demás comprometidos con graves violaciones de los derechos humanos, deben ser llevados a cárceles comunes”. Los juristas destacaron el papel del abogado Eduardo Umaña Mendoza, quien logró revivir el caso y fue asesinado en su oficina, en 1998, poco antes de la exhumación de los cadáveres del Cementerio del Sur, donde se decía estaban los cuerpos de las personas reportadas como desaparecidas, hecho que fue desvirtuado tras el examen pericial 100.

6-5-2011, Discrepancias entre seguidores del ex-Presidente Uribe y quienes empiezan a consolidar la línea de defensa del Presidente Juan Manuel Santos son cada día más notorias, debido a la declaración de la existencia de un conflicto en Colombia por parte del Presidente. El ex-Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, declaró su oposición contra el Presidente Juan Manuel Santos, y lo acusó de carecer de una ideología clara y dedicarse a dar vaivenes políticos para acomodarse a la agenda mediática. Expresó que Santos no representa las políticas del ex-Presidente Uribe y utilizó al uribismo como un trampolín para llegar a la Casa de Nariño y consolidar su poder. Agregó que un caso específico que demuestra la discrepancia entre el mandato Santos y la línea Uribe lo constituye la ley de víctimas. En opinión del ex-Comisionado de Paz, esta Ley no va a crear los beneficios que pregona y los únicos ganadores serán los sectores políticos que lideraron la oposición al gobierno Uribe. Serán los triunfadores, porque le hacen creer al país que ahora sí se está pensando en los derechos de las víctimas pues antes sólo se estaban beneficiando a los victimarios. Pero según él, el dinero de la Ley de víctimas sólo irá a unos pocos bolsillos 101.

7-5-2011, El ex-Presidente Uribe se manifiesta en contra de la declaración por parte del Presidente Santos de que “en Colombia hay un conflicto”. Dice que reconocer el conflicto interno es “convalidar la actitud de los vecinos que se niegan a clasificarlos como terroristas”. Expuso razones acerca de por qué no se debe hablar de conflicto armado en Colombia: 1. Hay definiciones en legislación internacional sobre conflicto armado interno que lo tipifican con varios de los requisitos para reconocer el status de beligerancia: “Conflictos armados no internacionales en el sentido del artículo 1 del Protocolo adicional II. Una definición más restringida de conflicto armado no internacional fue adoptada para los fines específicos del Protocolo adicional II. Este instrumento se aplica a los conflictos armados “que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”. Para el ex-Presidente Uribe 2. Lo anterior no es la situación del País, por ende, no hay razón para hablar de conflicto interno. 3. En el significado histórico en América Latina las palabras conflicto interno e insurgencia en alguna forma han legitimado la lucha de grupos armados contra dictaduras. 4. En Colombia estos grupos han atentado contra una democracia pluralista. 5. Las acciones de estos grupos son terroristas. 6. La financiación del narcotráfico impide cualquier intento de atenuar su responsabilidad. 7. En el pasado nadie aceptó reconocer conflicto interno con los paramilitares. Tanto estos grupos como las guerrillas han sido igualmente destructores del Estado Social de Derecho, lo cual exige trato idéntico. 8. Reconocer conflicto interno es convalidar la actitud de los vecinos que se niegan a clasificarlos como terroristas y darles patente para que vuelvan con el pedido de reconocimiento de beligerancia. 9. A pedido nuestro Canadá, la UE y EUA los han declarado terroristas, al reconocer conflicto interno damos una señal equívoca y en dirección opuesta. 10. Atenuar a los victimarios es la mayor ofensa a las víctimas 102.

10-5-2011, El artículo 3ro de la Ley de Víctimas, que aún debe ser aprobada, dice: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. Es el artículo de la discordia, el que ha marcado el distanciamiento ideológico más significativo entre el Presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, Alvaro Uribe, quien está en contra el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en el país, ya que abriría la puerta para darles status de beligerancia a las FARC y el ELN, que traería después una presión nacional e internacional para reconocerlos como actores políticos y no como terroristas. Para el ex-mandatario, en el significado histórico de América Latina, las expresiones “conflicto armado interno” e “insurgencia” han legitimado la lucha de grupos armados contra dictaduras. Y para él “no hay razón legal para vincular reparación de víctimas con reconocimiento de terroristas” y “quienes amenazan contra la vida, honra y bienes de la población civil no están en conflicto con el Estado, son una amenaza criminal”. Plantea una contrapropuesta: que la ley explique claramente que quedan excluidas las víctimas de la delincuencia común, como las bacrim, que es el principal argumento para justificar la inclusión de la expresión “conflicto armado” en la iniciativa. El ex-Presidente Alvaro Uribe en debate con el ex-Presidente Ernesto Samper, dijo: “Se ha dicho que se necesita reconocer el conflicto para actuar bajo el Derecho Internacional Humanitario. Eso no es cierto, porque ese derecho es de gentes (...). Colombia no puede aceptar el término guerra porque ésta ha tenido una connotación distinta en el ámbito internacional, porque se refiere a un conflicto entre dos combatientes (...). No podemos nivelar a los agentes del Estado con guerrillas y paramilitares”. Para Samper, por el contrario, el reconocimiento del conflicto significa que puede existir una salida pacífica a la violencia que nos azota, mientras que si se desecha esa posibilidad, Colombia quedará condenada a la guerra. Uribe en un mensaje dijo: “El presunto reconocimiento del conflicto interno por el presidente Santos es una señal, no una concesión. Hipótesis: la diplomacia secreta, probablemente en manos de la Cruz Roja Internacional o la ONU, UNASUR o la Iglesia, podrá actuar cumpliendo orientaciones de Santos para llegar al conflicto desarmado. Si así resultare, enhorabuena. Si los terroristas no se bajan de su violencia y siguen disparando contra la democracia, no hay otro camino que acentuar la seguridad democrática. Lo que el Gobierno no cuenta, o no puede contar, es para dónde va”. En concepto del politólogo Enrique Serrano, la inclusión de la expresión “conflicto armado” en la ley de víctimas no es gratuita. “Tiene connotaciones internacionales. En el orden jurídico cambia en la perspectiva de lo que pudiera ser hacia delante una negociación con las FARC. Lo veo como una especie de segunda oportunidad de Santos: el término en función de una agenda secreta de paz, para una eventual solución al conflicto armado, más que para la ley de víctimas. Santos sí sabe que la palabra tiene implicaciones, pero no lo reconoce porque supone, otra vez, un factor de enfrentamiento con Uribe”. El politólogo Alejo Vargas, señala que hablar de conflicto no significa darles status a los actores armados ilegales, porque los Protocolos de Ginebra “claramente expresan que la denominación conflicto interno armado es prácticamente neutra”, pero la expresión sí tiene relevancia al crear un mejor ambiente para explorar una salida negociada al conflicto 103.

23-5-2011, Fue radicada la demanda de nulidad del acto administrativo que estableció la destitución de Piedad Córdoba del Senado de la República a manos de la Procuraduría, ante el Consejo de Estado, por su vinculación a la “Farcpolítica”. Uno de los argumentos expuestos por su abogado, Diego Angulo, en esta demanda es la declaratoria de ilicitud de la pruebas recolectadas por las autoridades colombianas, a raíz de la recuperación del computador del número dos de esa guerrilla, Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes'. El jurista aduce que el jefe del Ministerio Público hizo uso de facultades que no le son propias ni legal ni constitucionalmente, al emitir una sanción equivalente a la pérdida de investidura, que es del resorte exclusivo de la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, el mismo Consejo de Estado. Otra de las razones que dejan a la luz la irregularidad con la que se vio marcado este proceso disciplinario, es el hecho de que las acciones en contra de las determinaciones del procurador Alejandro Ordóñez hayan sido resueltas por uno de sus inferiores jerárquicos, como lo es la Vice-Procuradora Martha Castañeda. Seis meses después de emitida la decisión en contra de Córdoba, la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que las pruebas recaudadas a partir del computador del extinto jefe guerrillero eran ilícitas, por haber sido recogido tras una operación militar adelantada por Colombia en territorio ecuatoriano, sin contar con la participación de autoridades de ese país, como lo ordenaba un convenio bilateral existente entre ambas naciones. Al recordar que los tratados internacionales hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad, es decir que hacen parte integral de las normas jurídicas del Estado, la corporación señaló que esa prueba, particularmente, carecía de legalidad y no podía ser utilizada judicialmente 104.

25-5-2011, El parlamento paramilitar de Colombia acaba de aprobar una ley que bajo un nombre astuto, profundiza el genocidio. Por qué el Polo Democrático Alternativo votó “no” la ponencia del santismo sobre la Ley de Reparación de Víctimas. El Polo Democrático Alternativo siempre ha defendido la necesidad de reparar y atender los justos reclamos de las víctimas de la violencia. Esta posición de principios es bien diferente a la propuesta del gobierno nacional, que no resuelve de fondo esta tragedia y es otra expresión de la demagogia del santismo. Por eso la bancada del Polo en el Senado, por unanimidad, votó negativamente la ponencia mayoritaria y presentó su propia ponencia, que contempla verdaderas medidas de reparación y atención a las víctimas. El Senador Luís Carlos Avellaneda expuso las diferencias del Polo con el proyecto de la bancada santista, que versan sobre más de 80 artículos. Alexander López, vocero del Polo en el Senado, explicó que 34 organizaciones de víctimas señalaron las siguientes fallas graves de la propuesta: 1. “El Proyecto de ley carece de criterios objetivos e idóneos en materia de indemnización administrativa”. 2. “El Proyecto de ley contempla figuras como el llamado ‘contrato de transacción’ que obstaculizan el acceso a la justicia y violan el derecho a una justa indemnización”. 3. “El Proyecto de ley no contempla un reconocimiento explícito de que el fundamento de las medidas de reparación es la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de su deber internacional de garantía y protección de los derechos humanos”. 4. “El proyecto de ley vulnera el principio de reparación integral de carácter patrimonial y no contempla la figura de reintegración del proyecto de vida de las víctimas, conforme a los estándares internacionales”. 5. “El Proyecto de ley contraviene la jurisprudencia constitucional respecto a la estricta distinción entre ayuda humanitaria, prestación de servicios sociales y medidas de reparación”. 6. “El Proyecto de ley desconoce el principio de universalidad e igualdad en el conjunto de víctimas”. 7. “Se ha desdibujado el carácter transicional de la restitución de tierras”. 8. “El Proyecto de ley plantea retrocesos respecto de los derechos de la población desplazada en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia”. 9. “La institucionalidad contemplada para la “atención y reparación de las víctimas” es confusa y de difícil acceso”. 10. “Carácter inconstitucional de la supeditación de los derechos fundamentales de las víctimas al principio de sostenibilidad fiscal”. Mientras Santos hace demagogia agrarista, en el Plan de Desarrollo, en los artículos 45, 46 y 47, se consagró la política de concentración de la tierra rural más agresiva de la historia del país 105.

31-5-2011, Como víctima real junto a toda la sociedad colombiana, sobreviviente del criminal genocidio estatal paramilitar contra nosotros el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, Director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, CPDH-Valle con toda su Junta Directiva amenazada de muerte, ciudadano colombiano en ejercicio de mis Derechos Constitucionales, profesor universitario Director del Grupo Científico de Investigación PALENQUE y en especial como Defensor de Derechos e impulsor de la búsqueda de la Paz con Justicia Social en Colombia, valoro altamente el Documento emanado por las FARC-EP en su Aniversario 47 donde propone una salida civilizada al conflicto social y armado colombiano de profundas causas económicas, sociales, culturales y de soberanía nacional, propuesta conocida a través de diferentes medios. Yo lo había planteado cuando indiqué hace poco a raíz de unas liberaciones unilaterales que concretó ese grupo insurgente colombiano: “…Creemos que el valioso gesto humanitario y políticamente válido, y además jurídicamente viable según las normas del DIH de las FARC-EP de liberar a unos servidores públicos, militares privados de su libertad como consecuencia de este conflicto interno, puede conducir a unas fictas conversaciones que lleven a la negociación política entre las partes contendientes. Incluyendo la libertad inmediata de los miles de presos políticos…” en poder de las partes. Ahora es cuando las FARC-EP nacidas en 1964, antes de la fecha arbitraria de 1985 impuesta en la llamada Ley de Víctimas que revictimiza a las víctimas, y mucho tiempo después del inicio histórico del actual conflicto social y armado Colombiano en 1948, cuando ellas sin ser de la Institucionalidad Colombiana se ponen ahora a tono con el Artículo 22 de la Constitución Política Colombiana, Norma Constitucional quien indica que la Paz es un Derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Esto es un avance que coloca al Estado Colombiano y al Régimen Político imperante bajo el Gobierno del Señor Presidente Santos y su guerrerista Rivera y de Lleras hoy, a revaluar su política de guerra que en múltiples alocuciones han expresado de disímiles y apologéticas maneras. Hay una seria paradoja que demuestra parte de la atipicidad de este conflicto social y armado colombiano: quienes están por fuera de la Institucionalidad se acogen al 22 Constitucional, y quienes están en esa Constitucionalidad agreden el mismo ordenamiento Constitucional, contradicción que se resuelve con la concreción de la voluntad política de unas fuerzas sociales, políticas y militares que se enfrentan entre sí de múltiples formas, para que con el concurso del movimiento popular colombiano iniciemos de consuno la construcción de condiciones favorables de índole política, militar, administrativa, legislativa, pedagógica y cultural para unas posibles conversaciones. En el entendido que todo conflicto en el mundo siempre ha terminado en negociaciones. ¿Por qué ahora en Colombia no podemos hacerlo? Para qué más guerra si siempre hemos estado en guerra. Además de esta situación de guerra que debemos terminar, existe en Colombia una combinación entrecruzada de causas estructurales que se comenzaban a comprender cuando el Gobierno del Señor Presidente Andrés Pastrana y las FARC-EP acordaron en un ficto Acto Administrativo la llamada Agenda Común para una Nueva Colombia. Ese es un compromiso histórico conjunto del Estado Colombiano y las FARC-EP que no debe quedar truncado. Ahí está la llave de la Paz con Justicia Social. Importante Documento que tiene antecedentes históricos en Colombia como la Proclama Comunera de José Antonio Galán en 1781, del Memorial de Agravios de Camilo Torres, los 10 Puntos de Tlaxcala, el Programa Agrario del surgimiento de las FARC-EP, las conclusiones Anfictiónicas de Panamá, el Programa de la Unión Nacional de Oposición, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista Colombiano, el mismo Ideario del POLO, la misma Constitución Política del 91 que se debe en una Asamblea Nacional Constituyente reemplazar por una nueva que represente la realidad actual: concretar la Paz con Justicia Social en Colombia, y nunca la Pax-Romana; pues no queremos más soldados, policías, guerrilleros, hombres y mujeres, niñas y niños, jóvenes, maestros, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos que sigan muriendo, mientras la vida sigue siendo un derecho formal solamente. La obligación es la defensa de la vida digna. Y esa Agenda sería punto de partida para una nueva de consuno. Una República que se precie de democrática, no puede, ni debe constitucionalizar el delito de opinión, pues los casi ocho mil presos políticos y de conciencia que hay en Colombia, es una agresión a la democracia, como lo es también la privación de la libertad de quienes están en poder de la insurgencia colombiana en selvas y cordilleras como consecuencia del actual conflicto. Ya Simón Bolívar y toda la historia política y militar colombiana nos ha enseñado antes del DIH, que el Derecho de Gentes y el Intercambio de prisioneros es una acción humanitaria necesaria para disminuir la intensidad del conflicto, y evitar el sufrimiento de miles de colombianas y colombianos con sus respectivas familias. Martens nos ayuda en su Cláusula a establecer fórmulas para precisar este tema. De lo que estamos hablando es de no creer que estemos condenados a la guerra ni a la desigualdad social. Colombia bajo varias denominaciones, hemos vivido en múltiples guerras civiles, una de ella condujo al “I took Panamá” en 1903, otra que desde 1948 cuando en la IX Conferencia Panamericana se impuso la Política nefasta de la Seguridad Nacional Yankee con pérdida de nuestra soberanía, hemos siempre en elecciones, cuando las ha habido, cambiado de gobiernos, pero la situación sigue igual de perjudicial para quienes producen socialmente la riqueza, empeorándose su vida día tras día, hecho que ha obligado a luchar por los Derechos Humanos conquista decimonónica de la sociedad, mientras que ahora aspiramos es a la conquista de los Derechos de los Pueblos. Pues los que nos denominamos defensores de Derechos, no sólo estamos para defenderlos, sino para rescatar los perdidos y conquistar nuevos para el pueblo, junto al pueblo mismo. Esta campaña electoral está atravesada por la resolución de esta paradoja, de esta contradicción, sus garantías dependen de eso. De encontrar y concretar la salida política a través de la negociación del actual y atípico conflicto social y armado que nos conduzca a la Paz con Justicia Social en Colombia como lo reafirmé en mi calidad de Candidato a la Gobernación del Valle del Cauca en el planteamiento de: “Sin Garantías Reales la participación electoral es limitada en el ejercicio del Derecho Constitucional de elegir y ser elegido” 106.

31-5-2011, Para la reparación a las víctimas del paramilitarismo será empleada la hacienda Montecasino, un lugar donde los Castaño ejecutaron a gran parte de sus víctimas, entre ellas los asesinos de Luis Carlos Galán; así lo determinó la Corte Suprema, que avaló el que su extinción se promueva a través de la jurisdicción ordinaria y Justicia y Paz, en bien de la agilización del proceso. Según la Sala Penal, ambos caminos son expeditos para poner el bien en favor del resarcimiento a las víctimas del paramilitarismo, y de ahí que requiera a la Fiscalía, tanto como a los magistrados del Tribunal Superior de Medellín para que culminen el proceso de extinción de dominio; en cualquiera de los casos, irá a parar al Fondo Nacional de Reparación. Desde 2007, cuando el exparamilitar Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, ofreció el bien como mecanismo de reparación a las víctimas, el mismo desmovilizado dio cuenta de irregularidades en el proceso de extinción, ocupado desde entonces por la Fiscalía. Reconstruyendo la historia del lugar, indicó que allí fueron asesinados los autores materiales del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y que el lugar también sirvió de escondite a los autodenominados ‘Perseguidos por Pablo Escobar’, Pepes, una vez fue dado de baja el líder del cartel de Medellín. ‘Monoleche’ había señalado en la audiencia en la que dio cuenta del predio que agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, trasladaron al extinto jefe paramilitar Vicente Castaño a la hacienda, en momentos en los cuales las Autodefensas negociaban la paz con el Gobierno Nacional. Al parecer, agentes del organismo de inteligencia lo escoltaron desde Ralito, Córdoba, hasta la capital antioqueña, para que el entonces líder paramilitar pudiera celebrarle el cumpleaños a su hijo en ‘Montecasino’. En su momento, se presumió que el predio sería utilizado para construcción de un parque por parte de la Alcaldía de Medellín, antes de que fuera recuperado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE 107.

10-6-2011, Las organizaciones sociales colombianas, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), asociaciones de desplazados, familiares de desaparecidos, han elevado su voz contra la Ley de Víctimas: sus voces han sido desoídas en los grandes medios. Es importante desglosar la Ley, y darle la voz a las propias víctimas. Las organizaciones de víctimas tratan de revelar la importancia de que no se imponga una “Ley de Víctimas” inconsulta que excluye a las víctimas, y que menoscaba el derecho a la verdad y reparación integral. Por lo que la calificación elogiosa de la Ley difundida por los grandes medios, de “avance histórico de la ley de víctimas”, no corresponde a la realidad de las víctimas, y a los graves entuertos de la ley, que promueven la impunidad y por tanto apuntalan la continuidad del genocidio. Acerca de la Ley de Víctimas el MOVICE y la Corporación Jurídica Libertad recuerdan que: “Fue aprobada sin consulta ni participación de los y las interesadas, en este caso las víctimas, y sin tener en consideración las propuestas de los partidos de oposición. Sólo el Polo Democrático Alternativo presentó 105 modificaciones a consideración de la plenaria, pero que no fueron consideradas. El optimismo ha sido la nota predominante que han trasmitido los medios de comunicación, además de la propaganda a favor del actual gobierno nacional”. La ley: “agrava al dejar por fuera a las miles de familias que han sufrido por cuenta de las acciones del neo-paramilitarismo, eufemísticamente llamado BACRIM. El reconocimiento formal de la existencia del conflicto armado es una cortina de humo que sirve para dejar sin derechos a las víctimas del conflicto socio político en todo el país al exigirles el tener que probar que el hecho fue cometido por un grupo armado y que guarde relación causal con el conflicto. Este fue justamente el argumento con el que se le negó a la mayoría de víctimas la reparación individual por vía administrativa alegando que eran acciones cometidas por delincuencia común (…)”. El documento, aunque reconoce la existencia del conflicto armado no le otorga status de beligerancia a las organizaciones guerrilleras, a las que califica de “grupos terroristas”. Con lo cual tampoco es “una puerta para la paz”. MOVICE y la Corporación Jurídica Libertad señalan además acerca de la Ley de Víctimas que: “El contrato de transacción aprobado por el Senado es totalmente ilegal e inmoral, y busca evitar que se evidencie la responsabilidad del Estado en la mayoría de estos crímenes (…)”. En cuanto a la restitución de tierras señalan que: “Será sólo reconocido a víctimas desplazadas forzadamente a partir del 1° de enero de 1991, con lo cual se legaliza el despojo de años anteriores (…). La intención de formalizar la propiedad para poder impulsar las famosas locomotoras del desarrollo minero y agroindustrial -y de paso legalizar el despojo- quedan claros al ver cómo la ley aprueba el llamado derecho de superficie y los contratos de uso de predios restituidos, de acuerdo con los cuales donde existan proyectos de interés económico, como es el caso de las grandes extensiones de palma aceitera, se debe privilegiar su continuidad. (…)”. Evidencia la gravedad con relación a la desaparición forzada y la impunidad: “La ley deja por fuera todo el tema de las políticas de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada (…)”. El defensor de derechos humanos Ramiro Orjuela dice: “Es importante que exista una ley de víctimas, porque se reconoce que hay víctimas, y se reconoce que hay un conflicto interno armado (...) tenemos preocupación porque con la redacción de la ley muchas personas víctimas de terrorismo de Estado pueden quedar por fuera de la ley. Se habla en la ley de sólo las víctimas del conflicto armado, pero muchas personas, miles de personas fueron víctimas del ejército, de los paramilitares, y de las bandas criminales que actuaron siempre en connivencia con el ejército: personas que no estaban dentro del conflicto, eran ciudadanos de a pie, ciudadanos que no estaban en la guerra, que no pertenecían a ningún bando, y sin embargo fueron asesinados, o fueron desaparecidos, o fueron desplazados. Estas personas que son víctimas de crímenes de Estado pero que no estaban dentro del conflicto podría presentarse una dificultad en la ley. (…) El conflicto armado colombiano no empezó en 1985, este es un conflicto que viene desde hace 50 años, y las personas que fueron víctimas, asesinadas y perseguidas desde antes de 1985 también deberían haber sido incluidas dentro de la ley (...) Hay personas que fueron indemnizadas de manera parcial e irrisoria y ellas también podrían quedar por fuera de los beneficios que la ley debería traerles y que hoy no están consagrados en la ley. Creemos que con esta Ley podría presentarse una nueva frustración contra las víctimas de Colombia que la mayoría son pobres, campesinos, humildes obreros, defensores de derechos humanos, y en general el pueblo colombiano raso. (…) Nosotros el año pasado hicimos las denuncias de las fosas en la Macarena, con 2000 víctimas, en Granada Meta, solo en un departamento. En Colombia hay una fosa común en todo el país, hay fosas clandestinas, fosas en los cementerios, y muchas fosas en agua, los que se llevaron los ríos, la gente que fue descuartizada y botada en los ríos que jamás aparecerán; pero los criminales sí están hoy gozando de las tierras que se robaron, gozando de las pensiones altísimas que da el gobierno: muchos de los generales hoy pensionados, viviendo incluso en la diplomacia, y que no han respondido de los crímenes que se han cometido contra nuestro pueblo. Sigue la judicialización: necesariamente esos victimarios tienen que responder ante los tribunales; y si el gobierno colombiano, si la justicia colombiana no es capaz de llevarlos ante los tribunales a hacer justicia, tendremos que recurrir a la justicia internacional. Por un lado (llevar ante la justicia) a los autores materiales como tal, pero también a los autores intelectuales que desde las altas cúpulas del Estado que dirigieron la economía y que solamente mediante el terror pudieron implantar el neoliberalismo, la “apertura” económica en Colombia. Porque creemos que no solo los autores materiales son responsables, también son responsables desde las altas esferas, desde los gremios de la producción, desde los grandes gremios económicos, los terratenientes, ellos deben responder por los crímenes que se han cometido en Colombia que son incontables. Son tantos los crímenes que los crímenes que se han cometido en las dictaduras del Cono sur del continente bajo las dictaduras militares, son apenas una muestra al lado de lo que sólo en Colombia ha ocurrido en los últimos 25-30 años.” Cinco puntos de MOVICE y Corporación Jurídica Libertad, que denuncian la Ley de Víctimas: 1. Esta es una ley inconsulta, debatida y aprobada de espaldas a las víctimas. Desde su inicio el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado propuso la realización de audiencias públicas donde se discutiera los puntos más controversiales y se tuvieran en cuenta las propuestas que salieran de estos espacios. Sin embargo la propuesta fue rechazada sin ninguna justificación. Pero, lo más grave es que no se realizó consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes como lo exige el Convenio 169 de la OIT y lo ha reafirmado en diferentes sentencias la Corte Constitucional. Para subsanar dicho error la ley le otorga facultades especiales al Presidente de la República para que expida un decreto donde se concrete con dichas comunidades su derecho a la reparación. Sin embargo, el tema no es así de simple. La consulta es un derecho fundamental que no se puede desconocer, es irrenunciable y la Corte ha sido radical en su reconocimiento. Además muchas organizaciones étnicas han anunciado su disposición de demandar el texto aprobado por inconstitucional. 2. El universo de víctimas es restrictivo y viola el derecho a la igualdad. El senador Cristo ha afirmado que la ley reconoce a todas las víctimas y que la fecha del 1° de enero de 1985 es sólo para el tema de reparación. Este argumento resulta realmente un contrasentido porque deja sin derechos a más de diez mil víctimas que en la década de los años setenta y principios de los ochenta sufrieron toda clase de agresiones, graves violaciones a sus derechos y crímenes de lesa humanidad. Situación que se agrava al dejar por fuera a las miles de familias que han sufrido por cuenta de las acciones del neo-paramilitarismo, eufemísticamente llamado BACRIM. El reconocimiento formal de la existencia del conflicto armado es una cortina de humo que sirve para dejar sin derechos a las víctimas del conflicto socio político en todo el país al exigirles el tener que probar que el hecho fue cometido por un grupo armado y que guarde relación causal con el conflicto. Este fue justamente el argumento con el que se le negó a la mayoría de víctimas la reparación individual por vía administrativa alegando que eran acciones cometidas por delincuencia común. 3. El contrato de transacción aprobado por el Senado es totalmente ilegal e inmoral, y busca evitar que se evidencie la responsabilidad del Estado en la mayoría de estos crímenes. Además por esta vía el Gobierno podrá convertir en medidas reparatorias las obligaciones sociales que por ley y constitución le competen. La gran mayoría de las víctimas provienen del sector social más empobrecido y excluido, situación que va a ser aprovechada para promover los “bonos” en salud y educación que las dejarán sin derechos. 4. Uno de los principales problemas es el tema de la restitución de tierras que será sólo reconocido a víctimas desplazadas forzadamente a partir del 1° de enero de 1991, con lo cual se legaliza el despojo de años anteriores. El gobierno –y los parlamentarios uribistas, fieles a su líder- han argumentado que se deben respetar las leyes que protegen a los poseedores, pero se abstienen de recordar que éstos por lo general han sido ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, empresarios y paramilitares que se hicieron a la tierra mediante métodos de barbarie y terror, que además se aprovecharon de que la mayoría de los campesinos carecen de títulos de propiedad. La intención de formalizar la propiedad para poder impulsar las famosas locomotoras del desarrollo minero y agroindustrial -y de paso legalizar el despojo- quedan claros al ver cómo la ley aprueba el llamado derecho de superficie y los contratos de uso de predios restituidos, de acuerdo con los cuales donde existan proyectos de interés económico, como es el caso de las grandes extensiones de palma aceitera, se debe privilegiar su continuidad. Con lo cual a los desplazados sólo se les devolverán formalmente sus tierras y se tendrán que contentar con vender o ser obreros asalariados en sus propias tierras. Tampoco habrá restitución de otros bienes patrimoniales ni se tiene en consideración el tema del despojo intraurbano tan común en la última década. 5. La ley deja por fuera todo el tema de las políticas de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y las garantías de investigación, juzgamiento y sanción de este delito. Ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado se quisieron escuchar y debatir las propuestas de las organizaciones de familiares al respecto. (…) Queda pues mucho camino por recorrer y mucha lucha por dar. Es necesario fortalecer los procesos organizativos de las víctimas y las organizaciones sociales, que hagan posible un total reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Es necesario definir cómo enfrentar lo aprobado por el Congreso, cómo debe ser la forma de participación y la veeduría que se haga a la implementación de esta ley. El reto más grande es la lucha para hacer que estos crímenes nunca más se repitan 108.

26-6-2011, En 1991, como guerrillero desmovilizado del M-19, Antonio Navarro Wolf, actual Gobernador de Nariño participó en la construcción de la nueva Constitución. Partió en dos la historia del país y marcó un nuevo rumbo en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. El nuevo marco institucional que se le dio a la nación no justifica la lucha armada; que la Carta, por sí sola, no es suficiente para cambiar la realidad y se necesita poder político para ello, poder que muchas veces ha sido mal utilizado, incluso por la izquierda que él representa. Priorizó el que las instituciones son para los ciudadanos y no para el poder, con instrumentos como la carta de derechos, la Corte Constitucional y la tutela. La Constitución abrió la política para los movimientos cívicos, los grupos significativos de ciudadanos y aquellos que quisieran y pudieran conseguir apoyo popular. Antes vivíamos en estado de sitio permanente. Hoy no hay presidente que pueda abusar de los estados de excepción. La independencia de las ramas del poder público ha dado resultados como la prohibición de la tercera elección de Uribe o el juicio a decenas de congresistas. Se generó también un respeto y reconocimiento a las minorías, estableciéndose una democracia mucho más moderna. Con la Constituyente no sólo se desmovilizaron tres organizaciones guerrilleras sino que se estableció un marco institucional que hace que hoy no tenga ni sentido histórico ni justificación el alzamiento armado. Esa es una contribución para la paz que no se ha valorado. Hay problemas que explican que sigue habiendo lucha armada y creo que el más importante de todos es la existencia de un millón de familias pobres en zonas marginales. Allá es donde están los cultivos ilícitos y los grupos armados. Si no hacemos una política para incorporar esas familias a la vida digna y al desarrollo, vamos a seguir teniendo una debilidad que permite la supervivencia de la lucha armada. Con la Constitución del 91, con las instituciones que tenemos, no hay ninguna razón para la lucha armada. Las FARC deberían entregar las armas, incorporarse a la sociedad y dejar de ser los jefes de campaña de la derecha. Lo que no salio bien: El diseño de las contralorías. Eso no está funcionando porque se hace una alianza entre un alcalde y unos concejales, y se nombra un contralor que termina por no controlar a nadie. Parte de los problemas que estamos viendo hoy es por la debilidad de los órganos de control contra la corrupción. El esfuerzo que se hizo para modernizar la justicia, para dotarla de instrumentos y de espacios adecuados, fue grande. En aquella época teníamos a los jueces arrodillados ante el cartel de Medellín. Con la Constitución se logró recuperar la posibilidad de juzgar a los carteles y a los delincuentes organizados. Aunque siempre van a faltar cosas, la justicia que tenemos hoy es más moderna y eficaz que la de hace 20 años. La politización está en el Consejo Superior de la Judicatura. Eso ha funcionado bastante mal. Se volvió una cuota de los congresistas, bajándole la calidad a un cuerpo que tiene que jugar un papel clave en la autonomía de la Rama Judicial. Hoy se está hablando de una reforma a ese ente, la cual tiene toda la razón. No es fácil hacer mejoras a la Carta con nuevas constituyentes. El momento no es de pensamiento de avanzada sino de retroceso. Yo soy amigo de que hagamos las reformas que se necesiten por las vías establecidas y dejemos eso de una constituyente quizá para más adelante. La democracia participativa, que era una gran ganancia en ese momento, poco se ha usado y diría que está sin estrenar, pero allí está y puede ser aplicada. Hay unos que creen que la Constitución por sí sola es capaz de cambiar la realidad, cuando lo que establece es un marco de cambios que lo que necesita es poder político que los ejecute, los desarrolle y los implemente. Ese poder ha funcionado en ciertos temas y en otros no. La Constitución sola no puede hacer milagros. El voto popular, las condiciones que llevan a elegir los poderes reales del Estado es lo fundamental. Quienes desde la izquierda critican a la Constitución porque permitió espacios para el neoliberalismo, le están echando la culpa a quien no la tiene o no es la causa real. ¿Quién tiene la culpa de la crisis en el Polo Democrático o en el Partido Verde? ¿La Constitución? No, la tienen los integrantes de esos dos partidos 109.

27-6-2011, En el momento en que Colombia se preparaba para cambiar la Constitución Política, se cumplía también el Quinto Centenario del inicio de la invasión europea a nuestros territorios y a nuestras vidas, con la que comenzó todo el proceso de violación de nuestros Pueblos y sus derechos. Y aunque llevamos más de 500 años poniendo muertos por defender nuestros derechos, o simplemente por existir, creemos firmemente en la necesidad de buscar formas de compartir nuestras vidas en paz, y tenemos la esperanza de que las reivindicaciones de los indígenas y otros sectores de la población puedan ser logradas por las vías del diálogo y del consenso. Por ello participamos en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque al igual que los demás que apoyaron esa iniciativa, los indígenas creíamos que valía la pena respaldar esfuerzos que buscaran ampliar el estrecho camino de la homogeneidad, para dar cabida a gentes distintas que piensan distinto, pero que son parte de nuestra diversa riqueza, para que así, dándoles participación, se abriera la puerta a una patria más tolerante de las diferencias que hacen rico a éste nuestro violento país. Estuvimos allí y le mostramos a los colombianos que también existimos, que somos más de 100 pueblos de gran diversidad, que hablamos más de 65 lenguas diferentes al castellano, y tenemos una historia y unas tradiciones, una cultura, unos sueños que no siempre coinciden con los del resto del pueblo colombiano, pero que ello en vez de empobrecer, enriquece. Nos enriquece a todos porque nos ofrece otros mundos de gran fuerza y belleza. A la Constituyente llegamos después de un largo proceso de lucha, en el que debimos enfrentar tanto al Estado como a los sectores de derecha e izquierda del país, que se negaban a reconocer nuestra existencia y los derechos milenarios que tenemos, que en mi pueblo misak o guambiano se conocen como Derecho Mayor. De ahí que sea importante aclarar que nuestros logros en la Constituyente no fueron un regalo del Gobierno; allí sólo recogimos lo que veníamos sembrando a costa de gran dolor, lágrimas, cárcel y la muerte de muchos de nuestros mejores dirigentes. Contamos sí con un sinnúmero de personas no-indígenas de todo Colombia, sin cuyo apoyo nunca habríamos podido tener acceso a ese espacio. Pero nada fue gratuito. Nuestra presencia en la Asamblea Nacional Constituyente, considero yo, partió la historia del país en dos, ya que fue entonces cuando los colombianos despertaron a la verdadera Colombia, a esa Colombia diversa en tantas formas. Como todo para nosotros, el proceso fue difícil. Muchos miraban la problemática indígena como algo exótico, folclórico; nunca la habían visto en su dimensión política, económica, cultural. Pero lentamente logramos que los delegatarios nos fueran comprendiendo y el resultado final fue, pienso yo, positivo. Los indígenas pensamos que la diversidad fortalece, pero para que lo haga es necesario buscar caminos de convivencia en los que se acepte que no todos tenemos que pensar igual y querer lo mismo, que todos tenemos derecho a que se nos reconozca en la diferencia, a que se nos respete como somos, y se nos permita actuar en consecuencia. Y esta idea fue la que, en principio, se logró avanzar durante los 150 días de la Asamblea Nacional Constituyente. Es así como la Constitución Nacional, madre de todas las leyes, finalmente y por primera vez en la historia del país reconoce nuestros derechos al declarar a Colombia como una nación diversa, multiétnica, pluricultural. Hasta entonces fuimos clasificados como menores de edad, dementes, salvajes, sin derechos, y susceptibles de ser castigados por no profesar el cristianismo. Y es por ese reconocimiento plasmado en la Constitución que finalmente se hizo posible despejar este panorama oscuro que nos cubrió por tantos años. Por inconstitucional, en abril de 1996, la Corte Constitucional levantó tal exabrupto jurídico, ese irrespeto total por la dignidad del ser indígena, al dejar sin vigor dicha legislación. Y aunque después de quitarnos el calificativo de salvajes seguimos siendo los mismos y continuamos sintiéndonos igual que cuando así éramos considerados, jurídicamente se ha dado un paso importante en el reconocimiento de la igualdad en la diferencia. La Constitución reconoce el derecho milenario de los pueblos indígenas, no a cualquier tierra, sino a unos territorios que hemos ocupado por siglos, donde hemos vivido y seguimos viviendo, gozando o sufriendo, donde producimos la papa, el maíz, la yuca, donde cazamos y pescamos, siempre con permiso de los dueños de la naturaleza que son nuestros propios dioses, donde aprendemos a ser koguis, tules, emberas, awas, kamëntsas, sikuanis, u'was, nasas o misak, donde nos reproducimos como tales, en los que están los huesos de nuestros antepasados, donde se encuentran nuestros sitios sagrados. Nos reconoce también el derecho a fortalecer y desarrollar nuestra propia identidad, a que se nos respeten nuestras lenguas, nuestras formas de pensar y de hacer las cosas en lo social, cultural, religioso, político, económico, a que se nos respete nuestra manera particular de concebir la justicia, el territorio y la naturaleza, y a trasmitir esta visión de las cosas a nuestros hijos, en fin, a decidir nuestros propios asuntos de acuerdo a nuestra propia cultura. Se nos reconoce, en particular, el derecho a gozar de autonomía para gobernarnos con nuestras propias autoridades, quienes han de relacionarse en términos de igualdad con las demás autoridades del país. Lo cual no significa que los indígenas buscáramos aislarnos o formar pequeños estados dentro del Estado. Por el contrario, para nosotros el ordenamiento territorial que manda la Constitución y que es requisito fundamental para poder hacer efectivos todos estos derechos reconocidos, significa la posibilidad de relacionarnos en mejores condiciones con el resto de la sociedad nacional, buscando caminos de convivencia interétnica, y una forma para que el Estado pueda cumplir sus funciones más eficientemente, respetando las diferencias culturales y la autonomía. No ha sido nunca nuestro interés vulnerar la unidad política del Estado, sino propiciar una cohesión más real, sobre la base de una participación real en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan nuestras vidas, del respeto y de la autonomía. El territorio es, en ese contexto, la base para que el desarrollo de nuestra propia identidad pueda darse. Para nosotros éste es un todo simbólico y natural y es sobre él y no sobre cualquier otra tierra que queremos desarrollar las entidades territoriales indígenas, derecho que también quedó consignado en la Constitución. Estos reconocimientos constitucionales no han recibido la aceptación de los gobiernos y legisladores de turno. Lo cierto es que ahora no estamos mejor que hace 20 años, pues poco a poco se ha ido legislando, reglamentando y decidiendo sobre aspectos como la educación, los asuntos agrarios, los municipios, los recursos naturales, el desarrollo económico, etc., desconociendo nuestros derechos, e incluso retrocediendo sobre cosas ya logradas antes de la Constituyente. Lo más importante, que fue el reconocimiento de nuestros territorios, no hemos logrado desarrollarlo porque no ha habido voluntad política, ni del gobierno ni de los legisladores. Por eso, aún no se ha adelantado una tarea que la Constitución manda: que hay que ordenar de nuevo el territorio colombiano, entre éste los territorios indígenas. Pero ahí están los artículos; sigue estando vigente este reconocimiento. Ahora hay otros problemas. A los 20 años de la Constituyente sigo pensando en los indígenas y sus territorios, y en las graves consecuencias que se ven venir en el futuro inmediato. Con la llamada “globalización”, los bosques, las minas, los hidrocarburos, últimamente hasta los recursos hídricos y todos los demás elementos que forman parte de nuestra Madre Tierra, los cuales han dado en llamar “diversidad biológica”, están en la mira de gobiernos y trasnacionales para su saqueo. Y toda esta riqueza concentrada en ella, que constituye la esencia, la sabiduría, el poder del mundo espiritual y la vida misma está en gran parte, afortunada o infortunadamente, en los territorios indígenas, porque somos los Pueblos Indígenas, nuestros antepasados, nosotros, quienes la hemos guardado y protegido desde hace miles de años. El actual gobierno no es, a mi parecer, diferente. Mientras el Presidente Santos se nos presenta patipela’o, recibiendo aseguranzas de los mamas en la Sierra Nevada, respetuoso de nuestro pensamiento y relación con la Madre Tierra, hablando de la necesidad de proteger la naturaleza, impulsa a la vez una de las políticas más destructivas de ella, su “locomotora minera”, y radica en el Congreso Proyectos de Ley en los que se ‘olvida’ el pequeño detalle de la Consulta Previa con nuestros Pueblos, ordenada por la Constitución y por normas internacionales. Pero el resultado más grave de toda esta política estatal, que no cambia a través de los años a pesar de la Carta Política de 1991, es la inseguridad de la vida, la destrucción física de nuestra gente y de muchos otros, que continúa y tal vez ha empeorado, con masacres que siguen quedando en la impunidad, bombardeos, desplazamientos forzados por sectores armados ilegales y legales. Hoy hay en Colombia 35 de nuestros Pueblos, con una tradición de miles de años, que se encuentran al borde de la desaparición, que sólo quedarán como recuerdo histórico, tal como sucedió hace 500 años, cuando los conquistadores de entonces hicieron desaparecer de la faz de este globo terráqueo a cientos de sociedades que les estorbaban para sus planes de saqueo y colonización. Espero que la sociedad colombiana no esté dispuesta a permitir que esto suceda 110.

2-7-2011, La Constitución que hoy rige Colombia se debe, en buena parte, a la iniciativa del ex-guerrillero Carlos Pizarro. En diciembre de 1989, después de casi un año de negociación con el Gobierno Nacional, de concertación de reformas con el país real y de elaboración de acuerdos con el país político, el Congreso de ese entonces fue incapaz de sacar adelante el acuerdo pactado con el M-19 en las Mesas de Análisis y Concertación, ya validado por el Ejecutivo y por los partidos políticos. Esa incapacidad para cumplirle al pacto político significaba la muerte de la naciente esperanza de paz y el triunfo definitivo de las fuerzas oscuras que viven en las cavernas de la violencia perpetua. Fue entonces cuando Pizarro lanzó la iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente. Así lo manifestó mediante comunicado público, el 14-12-1989 y lo reiteró en el nuevo compromiso firmado el 31-1-1990 con los precandidatos liberales a la Presidencia de la República. Desmovilizado el M-19 en marzo de 1990, asesinado Pizarro por las fuerzas oscuras en abril del mismo año, electo un mes después el liberal César Gaviria como Presidente, éste convocó -mediante el decreto 1926 de agosto de 1990- a una Asamblea Constitucional limitada en sus poderes. Fue la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 9 de octubre, quien abrió las puertas a una Asamblea Constituyente con plenos poderes para reformar la Constitución y construir la paz nacional. Los ponentes de esta sentencia fueron los magistrados Fabio Morón Díaz y Hernando Gómez Otálora, quienes declararon inexequibles algunas cláusulas que limitaban indebidamente al constituyente primario. Veinte años después de promulgada la Constitución Política de Colombia todavía se discuten los alcances de los cambios que trajo el proceso constituyente. En un insólito homenaje a los constituyentes del 91 por parte de la Presidencia de la Cámara de Representantes, celebrado en el Salón Elíptico del Congreso el 17-6-2011, los oradores decidieron romper el protocolo y la formalidad para hablar desde el corazón. Al Vicepresidente de la corporación, representante Germán Navas, le correspondió llevar la vocería de la Cámara. En su discurso manifestó su decepción por la incapacidad que tuvo la Constitución de cambiar la condición de los colombianos. En contraste con este mensaje pesimista, Horacio Serpa -quien fue uno de los tres presidentes de la Constituyente- rindió un sentido homenaje a la labor realizada, mediante un revelador e inédito testimonio. “Yo soy una persona que he estado en casi todos los cargos posibles que brinda el Estado colombiano y, nunca, nunca, me había sentido más útil, más responsable y más comprometido con la patria que cuando fui constituyente en el año 1991”. Lorenzo Muelas, uno de los indígenas que formó parte de la Asamblea Constituyente, subrayó en su intervención que la democracia planteada en la Carta Política estaba muy por encima de la cultura democrática de la actual clase política: “¿Demócratas los actuales congresistas? Este título les queda todavía muy grande a los políticos colombianos”. ¿Valió la pena el abandono de las armas por parte del M-19? ¿Valió la pena el sacrificio de Pizarro? ¿Valió la pena el fallo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Valió la pena el esfuerzo de los estudiantes por la inclusión de una séptima papeleta en marzo de 1990 para abrirle las puertas al cambio de régimen? ¿Valió la pena derogar la Constitución de 1886, el estado de sitio permanente, el Estado confesional, la supremacía del Estado sobre el pueblo, el desconocimiento de la diversidad poblacional y regional? ¿Valió la pena elevar a categoría constitucional a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento? ¿Valió la pena proclamar un Estado Social de Derecho? Buena parte de los colombianos pensamos que sí valió la pena. Pero no podemos desconocer las voces del escepticismo -no siempre reaccionario- de quienes piensan que se trató de un experimento fallido, que los colombianos, por algún designio sobrenatural, estamos condenados a llevar a cuestas para siempre la cruz de la barbarie, de la corrupción y de la intolerancia. La pregunta crucial entonces se condensa en un solo interrogante, si el proceso constitucional creó una cultura política democrática entre los colombianos, o si nos mantenemos en el oscurantismo medieval de la Constitución de Núñez 111.

2-7-2011, Reportaje al ex-Presidente César Gaviria sobre la Constitución de 1991 en su 20 aniversario. Respecto de la turbulencia que antecedió a la Constituyente de 1991, había situaciones de orden público supremamente graves. Habían empezado las primeras grandes masacres de los paramilitares. Vivimos a lo largo del gobierno del Presidente Barco un proceso de marchas campesinas armadas, con el ELN infiltrado en ellas, que culminó el día que secuestraron a Alvaro Gómez y con la muerte de un Coronel y de muchos soldados. Los temas de la justicia realmente eran dramáticos. Ni el país ni el sistema judicial estaban preparados para el narcoterrorismo. La Fiscalía, que había sido aprobada formalmente en una reforma constitucional, no había salido. Nos tocó hacer algo casi inaudito: por Decreto de Estado de Sitio creamos una jurisdicción de orden público a la que le atribuimos los temas de narcotráfico. Creamos jueces secretos, testigos secretos, eso era algo totalmente anormal desde el punto de vista institucional y que había que resolver porque eso tenía que ser un tema transitorio. Obviamente la violencia del narcoterrorismo, cuya máxima expresión fue la muerte, un mismo día, de Luis Carlos Galán, del magistrado Carlos Valencia y del Director de la Policía en Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, y después los atentados que vinieron y las bombas que estallaron a todo lo ancho de Colombia crearon un tema de ilegitimidad para las instituciones y un desafío gigantesco que fue el que dio origen a ese clima político tan excepcional que se dio y que permitió no solo que el Presidente Barco decretara la contabilización de las papeletas, sino que hizo que por un acuerdo político que hicimos con todos los partidos, se pudiera convocar la Constituyente y que la Corte Suprema, entendiendo la gravedad del momento político que estábamos viviendo, aceptó el decreto, que yo expedí, lo declaró constitucional y de ahí partió el proceso. No es cierto que fue una Constituyente arrodillada a Pablo Escobar. El único semi-escándalo que hubo fue una cosa que evidentemente fue arreglada y que pretendió mostrar que un señor, que era constituyente y que pertenecía a las autodefensas del Magdalena Medio, iba a recibir plata para votar el no a la extradición. Eso es francamente ridículo, se buscaron a la persona más inadecuada para hacer ese montaje. Si se prohibió la extradición, creo que los constituyentes lo votaron así porque la inmensa mayoría de los colombianos, y eso está en las encuestas, la asociaban con el terrorismo y los llamados extraditables vendieron ese mensaje. En su momento, el Gobierno dijo que ese no era un tema constitucional, pero la Constituyente lo decidió así y lo acatamos porque entendimos que ese era el momento político que el país vivía. La Constitución de 1886 cumplió su papel, que fue preservar la unidad del país ante una autoridad presidencial muy débil y la casi desintegración nacional. Un siglo después, la idea central que empezamos a tramitar desde el gobierno del Presidente Barco, en una reforma que yo como Ministro de Gobierno pasé en primera vuelta, era una constitución que no se basaba simplemente en el cumplimiento de la ley o en el ejercicio de la autoridad sino en proteger los derechos de los ciudadanos. De ahí surgió la tutela, la jurisdicción constitucional y todo lo que vino después. El cubrimiento del sistema de salud colombiano ha sido dramático; partimos creo que del 18% y hoy estamos por el 90%, de manera que no podemos decir que no se ha cumplido. Es cierto, el sistema tiene muchos problemas que no son esencialmente de la Constitución y ni siquiera de la Ley 100. El problema es que los gobiernos no se han movido con la suficiente diligencia para solucionar problemas que se hubieran podido resolver por la vía legal e incluso por simple voluntad política. El tema del acceso a la justicia no se ha resuelto, es una tarea pendiente y por eso creo que ese debería ser el enfoque de la reforma que se plantea a la rama. Aún así, la tutela es precisamente acceso masivo de los ciudadanos a la justicia. Ahora, los problemas fundamentales de la justicia no tienen que ver con la Constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con mejorar su eficacia. En los temas de control político y un estatuto de la oposición es mejorar dicho control político y que la gente tenga información para hacer debates y para juzgar. Acá hay una costumbre, cada vez peor, de que el Congreso ni siquiera discute el presupuesto y los informes de los ministros o del mismo presidente no tienen ningún tipo de vigilancia. La moción de censura, aunque no se puede decir que no ha servido para nada, tampoco es que haya funcionado bien. Casos como estos hay muchos, lo cual no quiere decir que lo que hemos hecho esté mal, sino que aún hay cosas por hacer. La Fiscalía y la justicia constitucional ha funcionado bien y lo que no está funcionando bien es lo que hay que reformar. No se puede pensar que todo tiene que ser cambiando la Constitución. El respeto a los derechos sociales y fundamentales son un tema político, y los fallos de la Corte Constitucional son para hacer cumplir esos derechos. Que el origen de la Corte sea como el que hemos visto es algo que no está siendo cuestionado hoy. Yo no he visto que la justicia se haya vuelto política. Se discuten los temas que falla la Corte Constitucional pero es que son para discutirlos y los ciudadanos tienen derecho. Ahora, los de la Corte Suprema hay que acatarlos y punto. Recuerdo que el debate que hubo, particularmente con el ex-Presidente Samper, era que habíamos debilitado el poder presidencial. Es cierto, hoy ese poder es muy inferior al que tenía la Constitución de 1886 y todavía se puede avanzar más en quitarle. Ese es un debate legítimo. La única tesis que se había planteado era que se le había quitado mucho poder al Presidente y que muchas de las dificultades para gobernar radicaban en ello. Cuando el Presidente Uribe llegó, demostró que el Presidente tenía mucho poder y yo mismo me encargué de señalarle que las cosas que él quería hacer para mejorar la seguridad se podían hacer a través de estados de excepción, solo que después tenían que ir al Congreso para volverlas legislación permanente. Para reformar a la justicia se puede citar a constituyentes, esa es una de las cosas que hizo la Constitución de 1991, validar dichos procesos, pero hay que tener en cuenta que esos son instrumentos no soluciones. El que crea que se debe citar a una constituyente, pues que diga cuáles son los artículos que hay que modificar y así se mira si tiene conveniencia o no. Eso sí, todo debe ser en los términos de la Constitución. Lo que digo es que para analizar la idea no basta con decir que citen a una constituyente y ya. Que digan para qué y así uno puede mirar si se justifica o no. Ahora, no creo que sea necesaria. Los problemas que aún tiene la justicia son más de tipo legal y administrativo y hay que mirarlos sector por sector para ver cómo se hace pronta y cumplida. Puede ser necesario cambiar algunos artículos de la Constitución, aunque yo no creo. No veo la necesidad de hacer grandes cambios para resolver los problemas de la justicia. Hay unos problemas por resolver que son más urgentes y que no tienen que ver con cambios en la Constitución. Por ejemplo, la reforma en materia de arbitramento tiene mucho sentido. Hay que usar más esa herramienta y hay otras formas de justicia que se pueden fortalecer sin que sea necesario tocar la Carta de 1991. Creo que la Corte Suprema debería revisar los argumentos de la Corte Constitucional antes de que esta falle. Entre otras cosas, ni las cortes se han puesto de acuerdo. Han avanzado un buen camino, puede ser que avancen hasta quedar no totalmente satisfechas, porque ahí hay intereses que son muy encontrados, pero es un problema cada vez menor. ¿Por qué no se logró la paz luego de 20 años de la Constitución de 1991, si fue concebida como herramienta para alcanzarla? Por el narcotráfico. En la medida en que la guerrilla se criminalizó y se dedicó al negocio de la droga, eso ha hecho muy difícil alcanzar la paz. Pero hay una cosa que nadie puede negar, como quiera que todos los sectores contestatarios de la sociedad colombiana participaron del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy no tenemos sectores urbanos o sectores importantes que defiendan la lucha armada o la combinación de las formas de lucha. Eso desapareció. No hay nadie que participe en la vida social y pública de la nación que legitime ninguna forma de alzamiento armado. Los argumentos para ello desaparecieron y no creo que haya sectores serios de la vida colombiana que digan que los problemas del país pasan por una mala Constitución. No creo que la Constitución de 1991 tenga enemigos y no se han visto. Hay discusiones legítimas y nunca van a desaparecer, como la de que si el poder presidencial es mucho o poquito. Puede que digan que hay muchas tareas pendientes desde el punto de vista institucional, pero en general la inmensa mayoría de los colombianos validan y reconocen la importancia de la Constitución y aceptan que hay muchas normas que han funcionado. Hasta hay cosas que en un comienzo fueron discusión y ya pasaron al olvido, como que seamos un país aconfesional, lo del divorcio o que no estemos en Estado de Sitio permanente. Ahora las discusiones vigentes tienen que ver, por ejemplo, con la reforma a las transferencias a las regiones, o sobre la tutela. Y son discusiones legítimas. De las 30 reformas, hay muchas inocuas y otras inconvenientes, pero no creo que la Constitución se haya desnaturalizado para nada. La reforma del 2003 que permitió organizar un poco los partidos fue buena y la Reforma Política que se aprobó a finales del pasado gobierno no me dejó satisfecho para nada. Lamentamos, por ejemplo, que no se hubiera aplicado de forma inmediata la silla vacía. Los cambios que se han introducido no son muy grandes y lo que creo es que hay muchos temas constitucionalizados. Todo el Estado, cada institución y sus funciones, está en la Constitución y cada vez que se va a cambiar una cosa en la administración pública, toca cambiarla. Eso no debería ser así. Por ejemplo, está el caso de la Comisión Nacional de Televisión, algo que nunca ha debido estar en la Constitución. Más allá de que sea buena o mala, ese no es un tema constitucional. El Estado se puede organizar desde el punto de vista administrativo con simples leyes. Entiendo que lo que se aprobó sobre el acto legislativo de sostenibilidad fiscal habla de un criterio que debe aplicar la Corte Constitucional y no creo que ella tenga problemas en aplicar dicho criterio. Otra cosa era quitarle al alto tribunal la facultad de tomar ciertas decisiones y otra es señalar su criterio. Respecto de la reelección de Uribe, debemos acatar los fallos de la Corte Constitucional que dijo que una reelección era viable y la segunda no. Eso es lo que hay que hacer, aunque yo no tengo particular simpatía por la reelección. Ahora, si esa norma se va a quedar en la Constitución, y no creo que valga la pena abrir ese debate ahora, si deberíamos pensar en lo que el Partido Liberal propuso en el sentido de quitarle al Presidente algunas facultades que le permiten intervenir en la elección de las personas que encabezan los órganos de control. Eso genera una concentración de poder inconveniente. Inevitablemente, un Presidente que aspira a la reelección tiene mucho más poder y tiene ventajas que son obvias. Por eso se debe garantizar que no abuse de ese poder. Sobre todo la segunda reelección le ha hecho más daño a la Constitución, porque a mí me parece que el mandato del Presidente Uribe se sacrificó mucho en gobierno y administración en la búsqueda de esa reelección. Buena parte de los problemas que estamos viviendo hoy tienen relación con eso. Me refiero a los escándalos de corrupción. Los problemas que han resultado por la falta de control y desbordamiento tienen mucho que ver con ese tema de buscar una segunda reelección. La búsqueda por cambiar una norma como esa en mitad del camino hizo mucho daño. Respecto de la corrupción, la Constitución no puede corregir el comportamiento humano, pero hubo normas que son muy útiles, como eliminar la inmunidad y pasar el juzgamiento de los congresistas a la Corte Suprema. También lo de la pérdida de investidura, que creo se ha usado con mucha severidad o acabar con los auxilios parlamentarios. El acceso a la información y las licitaciones hoy son más transparentes y más públicas, no se hacen a puerta cerrada. Es probable que haya que hacer muchas más cosas pero no creo que para eso sea necesario meterse con la Constitución. Por ejemplo, en el tema de las obras públicas, hay que ejercer más control sobre los compromisos de las firmas, hay que mirar antes de abrir las licitaciones que las compañías cumplan con los requisitos y que tengan capacidad para realizar las obras. Las normas que se aprobaron para combatir la corrupción dentro de la Constitución fueron buenas, tal vez no suficientes. Debe haber doble instancia para el juzgamiento de congresistas. Esa es una norma del derecho conveniente que vale la pena discutir. Sin embargo, yo diría que la fórmula de que sea la Sala Penal de la Corte Suprema la que realice ese examen ha salido bien. Usualmente uno debe tener la tendencia a no cambiar lo que está funcionando, pero eso no debería ser incompatible con la determinación de una doble instancia. Lo que digo sobre regular subsidios, es que hay que hacerlo con transparencia y eso lo están violando sistemáticamente. Los subsidios deben estar incluidos en el presupuesto y no se deben resolver al calor de las necesidades o de las plazas públicas. Falta control. No puede ser que haya muchas más personas con subsidio de salud que pobres y los subsidios no se tratan como un derecho de la gente sino como un favor político, lo cual hace mucho daño. Los subsidios de vivienda que estableció el Presidente Samper cuando era Ministro de Desarrollo, son una buena idea; los de educación también. Es una manera de que la plata no se quede en las instituciones sino que le llegue a la gente y así lo planteó la Constitución de 1991. El gobierno tampoco es riguroso respecto del gasto y del otorgamiento de subsidios. La Constituyente de 1991, en su sabiduría, decidió no meterse con la reforma del Presidente Carlos Lleras que decía que la iniciativa del gasto era del Ejecutivo. Creo que eso era así, pero la idea es que las decisiones se tomaran cumpliendo unos parámetros en el CONPES y por la Secretaria Técnica de Planeación. Eso se ha abandonado y ahora las cosas se deciden al calor de las coyunturas políticas o económicas. Sin duda ha faltado desarrollar otros mecanismos de participación ciudadana más allá de la tutela. Los sistemas de participación que se regularon en mi gobierno hay que mirarlos para ver cómo se hacen más eficaces, sin destruir la gobernabilidad. Se han expedido muy pocas leyes estatutarias, no sé si alguna distinta de la de los mecanismos de participación ciudadana. Aquí tenemos una falla grande, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos sociales, que deben tener leyes estatutarias que señalen cómo se ejercen. Allí hay un enorme vacío y muchos de los problemas de la salud tienen que ver con ello. Que el Ministerio de Salud no tenga un mecanismo al cual acudir para resolver sus diferencias con las EPS y éstas o sus usuarios tengan que acudir a un juez antes que al Ministerio, es un absurdo. Tiene que haber una autoridad que le diga al ciudadano: usted tiene razón o no la tiene y ponérselo por escrito. Eso no le quita al ciudadano el derecho de acudir a un juez, pero si una autoridad le dice que según las normas no tiene algún derecho, es muy probable que no vaya o es muy probable que la EPS le haga caso al Ministerio si en su concepto le dice al ciudadano que sí tiene derecho. Hay cosas que se pueden hacer sin meterse con la ley: que los hospitales de las EPS compitan con los demás. La idea era tener un sistema donde hubiera competencia, no donde las EPS crearan monopolios. No tengo particular simpatía con la integración vertical, pero creo que el principal problema es que dejaron que se volvieran pequeños monopolios y la constitución de 1991 lo que buscaba era amparar el derecho a la competencia que tenían los ciudadanos. No hay que dejar que las empresas que prestan el servicio o que venden artículos de consumo hagan acuerdos de precios. Yo no creo que para eso se necesiten leyes, pero si se necesitan, hay que tramitarlas. Para ejercer control y decirle a las personas a qué tiene derecho, no es necesaria una ley. Si el POS se define con claridad, el FOSYGA será un mecanismo de excepción y no la regla. Ha sido un muy buen gobierno el de Santos y está haciendo las cosas bien. Ha introducido rectificaciones muy importantes y necesarias, y en lo que tiene que ver con el Partido Liberal, nosotros no solamente nos sentimos cómodos sino que lo apoyamos y somos parte de él. No tengo mucho que opinar al respecto de que su hijo Simón sea el próximo Presidente de la Cámara. Me alegra que sea Presidente de la Cámara, pero él tiene su propia vida política y en ningún momento ha dependido de su papá ni creo que se vaya a poner en esa situación. El ha hecho una carrera independiente y, desde el punto de vista personal, me alegra que llegue más joven que yo a tal dignidad. Creo que en este país sí hay unos sectores de ultraderecha que quieren obstaculizar y que ya pueden estar obstaculizando, por ejemplo, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Yo no puedo interpretar al Presidente pero sí puedo decir que hay sectores de la derecha que se oponen a que esas nuevas normas se apliquen cabalmente en la sociedad colombiana. Es posible la reunificación liberal, pero no creo que sea imprescindible ni totalmente necesario. Lo veo como una cosa conveniente, pero entiendo que en la agenda del Presidente Santos no es un tema que tenga prelación. Ese es un proceso que va a ser largo, si es que se va a dar. No creo que haya grandes diferencias ideológicas entre los sectores que surgieron en el gobierno del Presidente Uribe, pero no quiero entrar en ese tema porque eso es algo que tienen que juzgar Cambio Radical y el Partido de La U. Nosotros somos parte de un gobierno que, sentimos, cumple muy bien los objetivos del Partido Liberal. El Presidente Santos está gobernando con las ideas liberales. No puedo decir que cada cosa que hace sea liberal, pero la Ley de Víctimas es de origen liberal, interpreta total y cabalmente lo que los liberales pensamos hoy y lo que históricamente hemos pensado 112.

18-7-2011, Carta de Colombianos y Colombianas por la Paz: Srs. Comandantes Alfonso Cano y miembros de Secretariado de las FARC-EP, Nicolás Rodríguez Bautista y Comando Central (COCE) del ELN. Reciban un atento saludo de compatriota. Con proximidad a cumplirse un año de posesión del actual gobierno, y en medio de una situación nacional que plasma los niveles acumulados por años de corrupción, violencia y exclusión, en nuestra condición de Colombianas y Colombianos por la Paz, unidos con varios propósitos, siendo el mayor de ellos poder contribuir al diálogo y a la solución política negociada del conflicto armado que vive desde hace medio siglo nuestra sociedad, reanudamos una vez más el diálogo epistolar transitoriamente interrumpido. Dirigimos este mensaje a las FARC-EP y al ELN en reconocimiento también de las declaraciones hechas por cada uno de ellos, pero que conforman en esencia un mismo principio de salida dialogada. Este punto llevará a confluir en caminos que vayan recomponiendo en la diversidad una sola mesa de diálogo, para las alternativas de humanización y paz. Hemos tomado atenta nota e interpretado con esperanza para el país y para la región sus comunicaciones, en el intercambio epistolar, las cartas y videos públicos. Valoramos en medio de la continuidad de la guerra interna las tres decisiones convergentes que han comunicado los comandantes Alfonso Cano y Nicolás Rodríguez: 1) La disposición y la invitación a conversar sobre una agenda nacional alrededor de los más acuciantes problemas como los relacionados con las tierras, las políticas económicas, sociales y medioambientales, los derechos políticos y civiles, y otros de gran importancia para el futuro del país. 2) Potenciar eventuales escenarios de diálogo para construir una salida política a la confrontación armada con la activa participación de la sociedad y el acompañamiento de la comunidad internacional, en especial de UNASUR. 3) Respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario y encaminar discusiones hacia el logro de acuerdos para garantizar plenamente su observancia. Precisamente sobre este último punto, dolorosos hechos recientes en varios departamentos del país, circunstancias producidas en desarrollo del conflicto armado generan profundos cuestionamientos sobre el presente y el futuro que se nos avecina y nos obligan a realizar un llamado ético sobre infracciones cometidas al derecho humanitario y sobre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la población civil. Semanas atrás, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó una serie de acciones bélicas en las que se registraron graves infracciones al derecho humanitario por parte de las organizaciones guerrilleras. Entendemos que el conflicto armado interno continúa su curso, que nuevas dinámicas militares se desarrollan, pero justo por eso, urge la aplicación verificada del derecho humanitario. Es indispensable en ese sentido: Establecer normas y mecanismos específicos e idóneos de regulación o limitación bélica, para impedir que ocurran nuevos hechos violatorios y se degrade todavía más el conflicto, rechazando y condenando claramente todas las prácticas inadmisibles, contrarias a los más elementales principios humanitarios. Ratificar el pacto que las FARC-EP y el ELN firmaron a finales de 2009, para abolir las acciones que vulneraban a las comunidades y poblaciones de Arauca, el cual es necesario extender y aplicar a nivel nacional. Dar a conocer propuestas y actos que siembren de su parte la esperanza de que sí es posible no sólo humanizar la guerra sino alcanzar una interlocución para avanzar en su superación definitiva. Colombianas y Colombianos por la Paz, continuando en su misión de contribuir a la humanización y la solución del conflicto armado, les propone reiniciar de inmediato y de forma fluida a través del intercambio epistolar, la discusión sobre diversas temáticas de trascendencia nacional. Deseamos que a través de ese diálogo epistolar se debatan y asuman decisiones conjuntas, respuestas e iniciativas que el país necesita y demanda, con la esperanza de que estemos a la altura de los retos que su dura realidad e historia nos pone de presente; y que tantos esfuerzos y sacrificios por la vida digna de las colombianas y los colombianos, tengan sentido hoy y para las generaciones del porvenir. Atentamente, Piedad Córdoba Ruiz @PiedadCordoba. Colombianas y Colombianos por la Paz @ColombianosPaz 113.

20-7-2011, Los indígenas del suroeste colombiano exigieron al Gobierno y las FARC desmontar “sus bases militares” de los territorios aborígenes, al tiempo que pidieron cumplir el Derecho Internacional Humanitario y rechazaron la próxima instalación de un batallón de Alta Montaña del Ejército. “Reiteramos la exigencia a estos actores para que desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra. Sabemos que no lo harán por su propia voluntad, y que requerirá una enorme presión de la sociedad civil colombiana”. Por eso, anunciaron que próximamente “con la compañía de las organizaciones amigas que luchan por la paz”, comenzarán a desmontar las trincheras y las bases montadas en sus territorios por la Policía, el Ejército colombiano y las FARC. Esperamos que “ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario”. Una declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas indica que no se podrán instalar bases militares sin la realización de “consultas eficaces” con las autoridades y comunidades de los pueblos indígenas. “El Gobierno viola la Constitución” y son “inútiles para proteger a la población civil”. Convocamos al Gobierno colombiano y a las FARC a “diálogos humanitarios” en territorio indígena del Cauca. Se ha conformado una comisión especial en la que tienen asientos hombres y mujeres, incluyendo a varios ex-Gobernadores, que se encargará de presentar ante las FARC la posición de los aborígenes. “Enviaremos invitaciones formales al Presidente de la República y al comandante de las FARC para que definamos la fecha de estos encuentros”. Piden que la subversión cese de inmediato el reclutamiento de menores o su uso como informantes, el uso de minas y armas de efecto indiscriminado, así como “el respeto a la autonomía”. Piden al Gobierno que haya claridad sobre la orden de destruir las viviendas de las comunidades desde las cuales los milicianos de las FARC han atacado a la tropa, como ocurrió en varias poblaciones del Cauca. Han tomado la decisión de recuperar para la comunidad a los jóvenes indígenas involucrados en los grupos armados. Llaman al Gobierno para que “la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono sea rápida y digna” y exigen que esta se adelante por parte de la comunidad y mediante procedimientos civiles, sin involucrar militares 114.

28-7-2011, El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) hace una declaración pública. Durante los días 21 y 22-7-2011, nos encontramos delegados y delegadas de 22 capítulos regionales del MOVICE, deliberamos sobre la situación de riesgo y amenaza en que se encuentran las víctimas en todo el país, sobre la necesidad fortalecer el proceso organizativo de las víctimas, hicimos un balance del proceso de aprobación de la Ley 1448/2011 y de otras iniciativas legislativas que encontramos regresivas, analizamos el contexto social y político que acompaña el actual momento, y finalmente establecimos nuestra agenda de movilización social para el segundo semestre de 2011. Teniendo en cuenta: Que el modelo de “reconciliación” en Colombia, vive una evidente crisis por la permanencia de las estructuras paramilitares y su connivencia con mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales en diversas regiones del país. Solo en el tiempo que ha transcurrido desde la posesión del Presidente Juan Manuel Santos, más de 20 hombres y mujeres líderes han sido asesinados, entre ellas, Ana Fabricia Córdoba, cuyo asesinato se dio al tiempo en que se promulgaba la “ley de víctimas” y hoy mismo, el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza de la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. Estos crímenes pretenden ser desnaturalizados por sectores políticos y mediáticos sin que existan investigaciones eficaces, independientes e imparciales. Estos asesinatos, sumados, a las permanentes y sistemáticas amenazas y hostigamientos a lo largo y ancho del país, reflejan la ausencia de voluntad política por parte del gobierno para desarticular las estructuras paramilitares, que continúan beneficiando a terratenientes, empresarios y políticos. Que es evidente la continuidad del conflicto armado interno, y la imposibilidad del Estado para superarlo. Al tiempo que persiste la grave situación de derechos humanos y se ha profundizando la crisis humanitaria, especialmente en las áreas rurales. Por su parte, el gobierno hace oídos sordos ante los llamados al diálogo político e insiste en la salida militar al conflicto armado. Que tanto el principio de oportunidad, como la Ley de “justicia transicional”, encubrieron miles de amnistías a paramilitares, que no confesarán sus crímenes ni se someterán a la justicia colombiana. Que se han demostrado las limitaciones estructurales de la Ley 975/2005, mal llamada de “justicia y paz”, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Basta con recordar que a seis años de la puesta en marcha de la Ley 975/2005, no se ha reparado efectivamente a ninguna de las víctimas de los grupos paramilitares. Otro elemento ilustrativo son los exiguos resultados de la reparación administrativa, que en la actualidad se encuentra en un limbo jurídico y que en todo caso no comprende el derecho de las víctimas a una reparación integral. Que con la extradición a Estados Unidos de los principales jefes paramilitares se frustró el modelo de juzgamiento de máximos responsables, ya que al no existir un acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos se ha obstaculizado la continuación de los procesos judiciales que adelanta la justicia nacional. A la fecha, solo existe una carta concertada entre estos dos gobiernos que tan solo permite el acceso a las cárceles estadounidenses de los operadores judiciales, excluyendo a las víctimas y sus representantes. Esta situación ha imposibilitado la reconstrucción de la verdad y el esclarecimiento histórico de los crímenes atribuidos a los paramilitares, que debe comprender la identificación de las estructuras de poder, las redes de financiación y la individualización de beneficiarios. Contexto que se ve agravado con la adopción de la ley de “justicia transicional”, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, que permite amnistiar a miles de paramilitares omitiendo su obligación de investigar, juzgar y sancionar, sacrificando así los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. Que el proceso de aprobación de la Ley 1448/2011 desconoció a las víctimas y sus propuestas, lo que la constituye en una ley inconsulta. Iniciativa en la cual no se reconoció como fundamento de la reparación a las víctimas, el deber de garantía, respeto y protección de los derechos humanos atribuible al Estado. Obligación que se ha contraído por remisión directa de la Constitución Política de 1991 y por mandato de instrumentos internacionales, especialmente por los Principios de lucha contra la impunidad y el derecho a saber de Naciones Unidas, informes de organismos de protección de los derechos humanos y sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley no contempla la restitución patrimonial a la población desplazada, y en general, es regresiva en relación con las órdenes que la Corte Constitucional dictó al declarar el “estado de cosas inconstitucionalidad”. Que en la Ley 1448/2011 se incorporaron cláusulas y figuras que promueven la impunidad y favorecen abiertamente a los beneficiarios del despojo. Entre ellos, el contrato de transacción, la revisión de indemnizaciones por solicitud del Ministerio de Defensa y el “contrato de uso” también conocido como “derecho de superficie”, entre otras. Al mismo tiempo, el gobierno nacional promueve disposiciones legales y políticas que permiten que los territorios despojados se conviertan en espacios de operaciones extractivas, impulsando agronegocios a gran escala y obras de infraestructura, lo que desconoce los derechos ambientales y de habitación de las comunidades rurales victimizadas. Que los artículos de la Ley 1448/2011 que se refieren a la indemnización, rehabilitación, restitución, atención, reparación colectiva, memoria histórica han quedado supeditados a su reglamentación por el poder ejecutivo. Qué el gobierno de la “Unidad Nacional” está promoviendo un proyecto de ley de reforma a la justicia que pretende limitar los alcances judiciales en los procesos de parapolítica y en los que se siguen en contra de integrantes de la fuerza pública de alto rango. Con esta reforma también se pretende limitar los procesos adelantados por la Corte Constitucional respecto a los derechos de la población desplazada y de las víctimas. Que el MOVICE en su V encuentro decidió demandar los aspectos inconstitucionales de la “ley de víctimas” y llama la atención sobre los riesgos que existen en el proceso de reglamentación e implementación, especialmente teniendo en cuenta que regiones importantes del país se encuentran aún bajo el dominio y control de estructuras paramilitares. Por estas razones decidimos: 1. Avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones locales y regionales de víctimas a partir de nuestras estrategias de lucha en contra de la impunidad, el genocidio político y el exilio, y en favor de la búsqueda de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, el fortalecimiento de la Comisión Etica y la movilización social por la exigibilidad de nuestros derechos. 2. Acompañar procesos de retorno y restitución de tierras en todo el país, de organizaciones y comunidades rurales del MOVICE y de las que lo soliciten. Esto como mecanismo de defensa y protección de los territorios, los recursos naturales y la soberanía de los pueblos. 3. Impulsar una campaña pedagógica de divulgación a nivel nacional para mejorar la comprensión de las implicaciones que tienen, para los derechos de las víctimas, el modelo de “reconciliación”, la “ley de víctimas”, la “ley de justicia transicional” y las distintas rutas de reparación que existen hoy. 4. Hacer seguimiento a la demanda de inconstitucionalidad que interpusimos en contra de la ley “de justicia transicional” y continuar adelantando acciones jurídicas en contra de normas contrarias a los derechos de las víctimas. 5. Buscar que la demanda de inconstitucionalidad que se interpondrá en contra de la Ley 1448/2011, conocida como “ley de víctimas”, sea suscrita y respaldada por amplios sectores sociales. Iniciativa que acompañaremos con diversas expresiones de movilización social. 6. Constituir una veeduría crítica e independiente que haga seguimiento al proceso de reglamentación de la “ley de víctimas”, bajo los principios que nos orientan y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En coherencia con los intereses de las víctimas, presentaremos nuestras propuestas y denunciaremos cualquier intención de sacrificar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. 7. Hasta tanto el gobierno nacional no tome medidas de fondo para depurar la Fuerza Pública, organismos de seguridad y autoridades locales al más alto nivel, el MOVICE creará mecanismos alternativos de protección civil sin renunciar a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del Estado en garantizar la vida de las víctimas. Instamos a la comunidad internacional, gobiernos cooperantes y parlamentos a exigir del gobierno colombiano el cumplimiento del deber de protección de la vida y la integridad de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, y reconocer que no estamos viviendo una situación de postconflicto. Mientras esta situación persista se abstenga de firmar o ratificar cualquier tratado comercial con el Estado colombiano. 8. El MOVICE atendiendo y escuchando a las organizaciones sociales y populares, en la perspectiva de la confluencia y la unidad del movimiento social convocará, impulsará y participará en el Encuentro Nacional de Comunidades Rurales por la Paz a realizarse en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto y en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías a realizarse en Cali y Cajamarca del 26 al 30 de septiembre de 2011. Igualmente, el MOVICE se sumará a la agenda nacional de movilización impulsada por Comosocol, Comosoc, Reclame, Recalca y Justicia Ambiental en defensa y protección propositiva de los territorios, el derecho al agua, a la salud, a la educación pública, a la paz con justicia social en la perspectiva de impulsar un Paro Cívico Nacional en 2012. 9. Atendiendo a la grave situación de riesgo y amenaza que enfrentan los integrantes del Capítulo Sucre y de otras regiones del país, impulsaremos una gran movilización de víctimas hacía Bogotá. La movilización tendrá como propósito exigir directamente al Presidente Juan Manuel Santos soluciones efectivas para la protección y garantías para las víctimas que parten necesariamente del desmonte real y definitivo de las estructuras paramilitares en Colombia 115.

16-8-2011, Declaración política encuentro nacional de paz en Barrancabermeja. Manifiesto por la tierra y la paz. El dialogo es la ruta. Los miles de asistentes al Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia. El diálogo es la ruta, realizado en Barrancabermeja el 12 al 14-8-2011 declaramos frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional: 1. Hemos considerado de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra, nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política. 2. Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz. 3. Agradecemos el acompañamiento de la Iglesia, de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja, así como de la Comunidad Internacional, especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz. Su concurso ha sido del mayor significado. 4. Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales, favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país. 5. Expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano. 6. Afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo. 7. La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población. 8. Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de “paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad. 9. Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia-de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan transitar por la vía del dialogo la justicia social y la paz. 10. Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces. 11. Las declaraciones generales sobre la paz y el dialogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra. Por ello este Encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Parar la guerra y construir la paz. Es la hora de la solución política. 12. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas”, de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla, y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país. Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía. Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años. 13. Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales, espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe de posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad, y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales. 14. Estas dinámicas representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz. De la asamblea debería salir un mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional. 15. Las conclusiones de este encuentro, producto de nuestra ardua labor en diferentes mesas de trabajo, así como esta declaración política, serán entregadas a la sociedad colombiana, al Gobierno central y demás poderes del Estado, así como a las guerrillas de las FARC-EP y del ELN, con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploren con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz. Estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano: Vivir en paz con justicia social. 16. Invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro. Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas, Afrodecendientes por Tierra y la Paz de Colombia 116.

17-8-2011, En el Encuentro Nacional de Campesinos, afrodescendientes e indígenas por la paz con justicia social, se concluyó que “es la mala distribución de la tierra la que ha generado el conflicto; proponemos que ese conflicto sea solucionado desmontando las medidas económicas que lo han generado: tiene que buscársele soluciones políticas”. Campesino del Catatumbo: “Queremos la paz porque el pueblo colombiano, y nosotros los campesinos, hemos sido los que hemos tenido que llevar con toda la carga del conflicto: creemos que el conflicto armado se debe a la falta de inversión social en este país. Una de la cosas que tiene arruinado al pueblo colombiano es la concentración de poder en muy poquitas manos y mucha población con hambre y viviendo en la desigualdad social. Cuando el pobre no tiene como alimentar su familia, entramos a protestar buscando derechos. Hay que solucionar los problemas del conflicto, incluso el conflicto intrafamiliar porque el hambre y la miseria generan también controversias entre la familia. Eso lo vemos en todo Colombia. Nosotros hacemos un llamado a todos los colombianos (…) a todo el que quiera tener un país mejor, un país con una reforma agraria, un país reconstruido, un país donde trabajen los campesinos, un país en el que la tierra sea repartida para todos; que no vivamos en unas regiones como en las que vivimos los colombianos pobres que son un despeñadero, mientras las más de 40.000 hectáreas de tierras en manos de muy poquitos que no las trabajan, y nosotros que producimos, tenemos que hacerlo en 5 hectáreas para mantenernos”. Campesino del Valle del Río Cimitarra, líder de la ACVC: “A mi me parece totalmente positivo tener este importante encuentro por la tierra y por la paz en Colombia: porque vemos que es la mala distribución de la tierra la que ha generado el conflicto. Y entonces proponemos que ese conflicto sea solucionado desmontando las medidas económicas que han generado ese conflicto. Entonces tenemos que desmontar ese conflicto, y tiene que buscársele soluciones políticas, porque a tiros no se puede desarmar un problema social. El mensaje que les envío a las comunidades es que nos unifiquemos, que seamos capaces de coordinar, de hacer acciones conjuntas para poder derrotar las políticas que nos están haciendo daño” 117.

9-10-2011, El Congreso de Tierras, territorios y soberanías reunido en Cali del 30-9 al 3-10-2011 acordó los siguientes mandatos: 1) Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos. 2) El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean sancionados. 3) El tercer mandato es realizar -como organizaciones sociales populares- todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado. La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario -en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra-, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos convocamos. 4) El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras -robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes- deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas. 5) El quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que amenazan su disponibilidad. 6) El sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria. 7) El séptimo mandato es realizar una reforma territorial del país que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia. 8) El octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto. 9) Los niños y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato adicional: debemos consolidar espacios para que deliberen y sus aportes sean tenidos en cuenta. El futuro del territorio está en peligro si no despertamos sus corazones y sus conciencias para que lo defiendan. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar y construir el país de sus sueños 118.

11-10-2011, La Comisión primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece un marco legal para la paz. En cumplimiento del compromiso establecido con el Presidente Juan Manuel Santos, la corporación mantuvo la fórmula de justicia transicional para sacar del limbo jurídico a 25 mil desmovilizados y excluyó el artículo que les daba acceso y vocería política. En defensa del proyecto, el Senador Roy Leonardo Barreras dijo que de momento nada se ha caído en materia de la paz. Lo que hasta ahora hizo la Comisión fue aprobar el primer artículo y aplazar el segundo pero los dos son indispensables y los dos los vamos a sacar adelante. Dentro del proyecto, igual se mantuvo que como funciona el sistema de justicia y paz para los desmovilizados, podría servir los militares en el marco legal para la paz. El Representante Guillermo Rivera Flórez dijo que se permitirá que ellos accedan a esa justicia transicional cuando estén procesados por violación a los derechos humanos. El Presidente Santos pidió que se excluyera de la iniciativa el artículo que permitía acceso y vocería política a los futuros desmovilizados. El Representante de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, dijo que aunque no consideró la eliminación definitiva, sólo se mantendrá como constancia para reabrir su debate a futuro. El Representante del Partido Verde, Alfonso Prada Gil, había explicado que se retiraba el artículo para salvar el resto de la iniciativa 119.

24-10-2011, Comunicado de más de 20 organizaciones campesinas Llaman a la ¡Organización, Movilización y Lucha del sector campesino, los obreros, estudiantes, consumidores y todo el pueblo colombiano! Contra el TLC y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “Por la Defensa de la Soberanía y la Autonomía Alimentaría de Nuestros Pueblos, en la Toma de Decisiones sobre su Territorio y Territorialidad”: Las organizaciones campesinas colombianas reunidas en Duitama, los días 18, 19 y 20 de octubre del 2011, frente al Foro sobre la economía campesina de la FAO en Roma. Acogemos los pronunciamientos emitidos por la plataforma Vía Campesina y demás organizaciones sociales, dirigidos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), para que se adopten medidas y directrices efectivas sobre la tenencia de la tierra, la garantía de la soberanía de los Estados y los territorios, la autonomía alimentaria y el respeto por los derechos humanos. Desde la visión de las organizaciones campesinas de Colombia, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en general la estrategia y la política agraria del actual gobierno de Juan Manuel Santos, denominada “Desarrollo Rural Con enfoque Territorial, DRET”, representa una grave amenaza para el campesinado y el pueblo colombianos, ya que se enmarca dentro de las políticas neoliberales, recomendadas e impuestas por los organismos económicos multilaterales como el BM, la OMC, el BID, al servicio de las más poderosas empresas transnacionales, que imponen en América Latina y en general en todos los llamados países del “tercer mundo” sus políticas expansionistas de destrucción masiva de la biodiversidad, colocando en riesgo la vida en el planeta. Consideramos por tanto que estas políticas del capital expansionista, forman parte de una peligrosa estrategia que acompañada de la intervención militar, propende por convertir el territorio en espacio al servicio de la fase actual del capital; la financiera, especulativa e improductiva, con resultados tan espeluznantes como lo es que la mitad de la población del planeta, se encuentre sumida en la pobreza o que en Colombia existan aproximadamente 4.1 millones de hambrientos. Lo anterior explica la oscura propuesta del gobierno Santos de desarrollar la estrategia de “Consolidación social, económica y política en las Zonas de reserva Campesina”, estrategia que entraña una fuerte militarización del tejido social territorial, para controlarlo, romper los procesos sociales de resistencia y autonomía de las comunidades y pueblos rurales, y repoblarlos desde la lógica de servicio al modelo de la agro industria. Sacrificando de esta manera los imaginarios y cosmogonías culturales tanto de las comunidades campesinas y ancestrales, como la de los indígenas y los afrodecendientes, colectividades que históricamente han logrado defender importantes niveles de autonomía y territorialidad a partir de sus luchas de resistencia y movilización. Dichos procesos se verán fuertemente impactados, fundamentalmente en el avance e implementación de dos de las cinco “locomotoras del desarrollo”, referidas como estrategia para el campo colombiano, ellas son, la “Locomotora Agroindustrialización del campo” y la “Locomotora minero-energética” que conducirán la debacle total de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y comunidades. Por lo tanto, en concordancia con los mandatos de la ONU sobre la protección y cumplimiento de los derechos humanos, concretamente en lo relacionado con el derecho a la vida y a la alimentación sana y suficiente para cada ser humano, reclamamos: 1) Se Garantice el respeto y la protección de la biodiversidad, las especies de fauna, flora y el conocimiento ancestral en los territorios donde están las comunidades y pueblos rurales. 2) Se Democratice el uso y tenencia de la tierra y la eliminación de las brechas de desigualdad. 3) Se Garantice la protección de los bosques, el ambiente y del sistema hídrico nacional. 4) Se Garantice el mínimo vital de agua para cada ser humano. 5) Se Garantice y desarrollen políticas públicas de protección a las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afro descendientes y se apoye su trabajo agrícola. 6) Se Garantice la no aplicación de tratados internacionales que vulneren y atenten contra los derechos humanos y la vida en el planeta. 7) Se Garantice el derecho que tienen los pueblos y comunidades rurales de decidir y desarrollar sus propias políticas de desarrollo económico sostenible. 8) Que se reconozca el derecho de los pueblos y comunidades rurales a la construcción colectiva y autónoma de propuestas respecto a la soberanía alimentaria, que sean implementadas como políticas de Estado. Al Gobierno Nacional: Las organizaciones campesinas, expresamos nuestra firme oposición al recién aprobado PND (Plan Nacional de Desarrollo) puesto que condena al pueblo colombiano al hambre y la miseria, desconoce nuestros procesos económicos que se basan netamente en la producción agrícola para la soberanía y seguridad alimentaria, nos obliga a ser dependientes en la importación de productos y el uso de insumos y tecnologías que no son acordes al desarrollo de nuestros territorios; nos pone en una situación de desigualdad frente a las transnacionales y grandes industrias agrícolas (resaltando que estas atentan contra la salud humana, implementando insumos agro-tóxicos en sus procesos de producción), ya que el campesinado y en general las poblaciones y comunidades rurales no podemos acceder a recursos y subsidios que nos hagan competitivos frente a estos productos. La reciente firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos, significa la pérdida absoluta de la soberanía nacional y acarrea daños irreversibles a los procesos económicos, sociales, ambientales y culturales de los territorios. Expresamos como organizaciones campesinas y populares, nuestro más absoluto repudio, resuelta oposición y decidida movilización en contra de dicho tratado, ya que es anticonstitucional, promueve la brecha de desigualdad y la injusta distribución de todos los recursos nacionales. Exigimos al gobierno nacional una reglamentación digna frente al uso del subsuelo en el contexto de la explotación minería, ya que en la actual política basada en el Plan Nacional de Desarrollo, se subordina la producción agropecuaria al desarrollo minero, produciendo el desprecio y la destrucción de la economía campesina y en consecuencia agravando el desempleo, la violencia y el desplazamiento. Exigimos coherencia por parte del Estado en la construcción de políticas públicas, en el sentido que estas se desarrollen desde las regiones, propendiendo por fortalecer las entidades territoriales, ya que en la actualidad, su escasa operatividad no permite una real organización productiva, acorde a las necesidades de los territorios rurales. Reclamamos el fortalecimiento de la educación pública de calidad en y para el campo, que permita aproximar a las comunidades rurales hacia la academia, en virtud de procesos educativos que favorezcan un desarrollo científico y tecnológico, acorde a las necesidades del país desde un enfoque de protección ambiental y soberanía nacional. Exigimos sea escuchado el clamor de las comunidades respecto a la necesidad urgente de una solución política negociada al conflicto social, económico y armado en Colombia. Instamos al gobierno colombiano a atender las propuestas políticas y sociales surgidas del conjunto del movimiento campesino, como lo son el Proyecto de Ley Popular de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y el Mandato Popular Agrario, que han sido construidos por las organizaciones campesinas de Colombia, como propuesta alternativa al Plan Nacional de Desarrollo y al Proyecto de Ley de Desarrollo Rural del gobierno Santos, ya que estos últimos, vulneran la soberanía del territorio colombiano en las dimensiones alimentaria, económica, ambiental y sociopolítica, llevando al país a la triste e injustificada situación de ser importador de alimentos. Demandamos del gobierno cese la persecución contra el movimiento campesino, sus líderes, así como reclamamos el fin de la militarización de los territorios rurales, en razón a las inocultables y nefastas consecuencias, como lo es la consabida violación a los derechos humanos y el DIH (Derecho Internacional Humanitario) por parte de las fuerzas estatales y paramilitares jamás desmovilizadas y si por el contrario legalizadas, que han acrecentado la violencia contra el pueblo, lo cual se expresa en la aceleración del feminicidio, los montajes judiciales, las masacres y el aumento del desplazamiento forzado. Exigimos la suspensión de las fumigaciones con glifosato e instamos al gobierno nacional a optar por la sustitución manual de los cultivos de uso ilícito pero en el contexto de una política real y eficaz de sustitución de cultivos, en razón al grave daño que se viene causando a las comunidades rurales con la consecuente destrucción y envenenamiento de los cultivos de pan coger y la catástrofe acelerada sobre la flora, la fauna y los recursos naturales. Al Pueblo Colombiano: Nos dirigimos a la sociedad civil y al pueblo colombiano, principales consumidores de nuestros productos, para que se informen sobre los tratados de libre comercio, los cuales se firman sin concertarse con los productores del sector agrario y los consumidores, atentando contra la soberanía nacional, pues la implementación de estos tratados producirá graves efectos: a) La importación de semillas, productos procesados y materia primas, muchas de las cuales han sufrido alteraciones genéticas causan serios daños a la salud humana. b) En el mediano plazo las pequeñas y medianas empresas nacionales se verán afectadas, ya que se importarán insumos a más bajo precio inicialmente y luego estos subirán sus costos, dejando en la bancarrota a los productores agrarios, pequeños y medianos empresarios, quienes no podrán competir con estos precios. c) Se impondrá de manera arbitraria supermercados de cadenas internacionales que desplazarán las tiendas de barrio y los mercados alternativos, agudizando el desempleo, reduciendo enormemente las opciones de los consumidores y obligándonos a consumir productos comprobadamente contraproducentes para la salud. d) El actual PND (Plan Nacional de Desarrollo) promoverá un inminente éxodo campesino, ya que reducirá las posibilidades de desarrollo de las poblaciones y comunidades rurales, que en búsqueda de mejores posibilidades decidirán migrar a las pequeñas y grandes ciudades, incrementando la pobreza, el desempleo y el desplazamiento. e) Las políticas de desarrollo minero que se pretenden implementar con el PND y la industrialización del campo acrecentarán el proceso de destrucción ambiental. Convocamos a los habitantes de los sectores urbanos, comunidades organizadas rurales y urbanas y en general al pueblo colombiano, a que se sumen a la lucha y movilización contra estas políticas de exterminio contra la población colombiana y sus territorios. Convocamos a la ciudadanía a que conjuntamente construyamos espacios y tiempos a fin de socializar y escuchar los criterios de cada comunidad y a partir de allí, generar soluciones que beneficien a todos los sectores sociales y de esta manera incrementar y ampliar la lucha por la soberanía, la autonomía y el poder popular, frente a un sistema capitalista injusto, que coloca en el centro de toda acción humana al mercado y no al ser humano y sus más sentidas necesidades. Extendemos la invitación para que construyamos y fortalezcamos procesos de unidad para la derrota de estas nefastas políticas del capitalismo mundial, que atentan contra la integridad y los derechos de todas y todos los colombianos. ¡El futuro del Campo Colombiano, depende del Pueblo Colombiano! ¡Organización, Movilización y Lucha del sector campesino, los obreros, estudiantes, indígenas, consumidores y todo el pueblo colombiano! ¡Organizaciones campesinas hacia el Paro Cívico Nacional 2012! Boyacá-Colombia/20-10-2011. Firman: FENSUAGRO Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. ASODEMUC Asociación Nacional de mujeres por la paz y los derechos humanos. ANUC UR Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción. Fundación San Isidro. Comisión Nacional Agraria de la Confederación Nacional Comunal. Mesa Nacional de Unidad Agraria. ASOTACOL Asociación de Tabacaleros de Colombia. ASOJUNTAS Ciudad Bolívar. APEMECAFE Asociación de Pequeños y Medianos Caficultores. AFA-AMUC Restrepo. Forjadores de Tuta. SINTRAGRIM Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta. ACVC Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. CICC Comité de Interlocución Campesino y Comunal. CAHUCOPANA Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño. FESTRACOL Federación Sindical de Trabajadores Agrarios de Colombia. ASINTEOC Asociación Interveredal Entre Ríos: Orteguaza y Caquetá. SINTRAGROES Sindicato Nacional de la Economía Solidaria Agropecuaria. Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca. CNC Coordinadora Nacional Campesina. FEMUCAN Federación de mujeres Campesinas de Nariño 120.

5-11-2011, La muerte de Alfonso Cano: un duro golpe para la paz de Colombia. Desde Colombianas y Colombianos por la Paz, expresamos con profunda preocupación, el destino inmediato y futuro para Colombia entera; el Gobierno Nacional está demostrando que al priorizar la confrontación armada sobre la salida política mediante el diálogo y la negociación, carece de una política verdadera de paz y que lo único que busca es mantener los privilegios y el lucro que obtiene mediante la guerra. Es esta una ocasión propicia para recordarle al país y a la comunidad internacional, que antes que el Presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, ofreciera una puerta y una llave para la paz, ya lo habían hecho los principales dirigentes de las FARC-EP y del ELN; por lo que reclamamos a las partes enfrentadas en este prolongado conflicto, que se mantengan en sus respectivos ofrecimientos, que hagan honor a la palabra empeñada y que se decidan a abrir los diálogos de paz sin precondiciones, para detener el baño de sangre entre colombianos y que cree las condiciones fundamentales para una paz duradera y la construcción de la justicia social que reclama Colombia y sus gentes. Llamamos la atención sobre el riesgo inminente que se cierne sobre la vida de los militares y policías cautivos en poder de las FARC-EP, y de poblaciones campesinas e indígenas, de continuarse con la intensidad de los bombardeos y operaciones militares, que sin ningún miramiento de carácter humanitario descargan su plomo y sus bombas en el afán de obtener victorias militares a cualquier precio, en vastas regiones de la geografía nacional y que se han convertido en un drama humano para miles de colombianos y colombianas. Pedimos a la sociedad colombiana poner distancia de la euforia y del triunfalismo, en que se regodean los guerreristas con la muerte de un colombiano y que hoy como ayer levantan voces de “fin del fin” y reclaman más violencia oficial. Estos nefandos episodios ya los ha conocido Colombia, por lo cual lo más sensato es atemperar los espíritus y evitar los desbordamientos del entusiasmo o del pesimismo inmovilista. Reiteramos a Colombia toda y en particular a las partes del conflicto, nuestra disposición a continuar de manera incesante en la generación espacios de diálogo y negociación, así como propuestas tendientes a humanizar el conflicto y para convenir los términos de la paz con justicia social. Invitamos a la sociedad colombiana a no desfallecer, unificar las lecturas y sumar esfuerzos en torno a la salida política que necesita Colombia; para que así nos dispongamos a participar en las definiciones de ese país que anhelamos y en el que soñamos y decimos que podemos caber todos. Finalmente, desde Colombianas y Colombianos por la Paz, consideramos que ya son demasiados los muertos en nuestra patria y que debe cesar el derramamiento de sangre y por ello continuaremos trabajando por lograr la paz con justicia social y no la paz ofrecida desde el establecimiento que la concibe como la paz de los cementerios o el confinamiento en las cárceles; ya que lo único que se obtiene con esto es la prolongación incesante de la guerra 121.

5-11-2011, Desde Colombianas y Colombianos por la Paz, expresamos con profunda preocupación, el destino inmediato y futuro para Colombia entera; el Gobierno Nacional está demostrando que al priorizar la confrontación armada sobre la salida política mediante el diálogo y la negociación, carece de una política verdadera de paz y que lo único que busca es mantener los privilegios y el lucro que obtiene mediante la guerra. Es esta una ocasión propicia para recordarle al país y a la comunidad internacional, que antes que el Presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, ofreciera una puerta y una llave para la paz, ya lo habían hecho los principales dirigentes de las FARC-EP y del ELN; por lo que reclamamos a las partes enfrentadas en este prolongado conflicto, que se mantengan en sus respectivos ofrecimientos, que hagan honor a la palabra empeñada y que se decidan a abrir los diálogos de paz sin precondiciones, para detener el baño de sangre entre colombianos y que cree las condiciones fundamentales para una paz duradera y la construcción de la justicia social que reclama Colombia y sus gentes. Llamamos la atención sobre el riesgo inminente que se cierne sobre la vida de los militares y policías cautivos en poder de las FARC-EP, y de poblaciones campesinas e indígenas, de continuarse con la intensidad de los bombardeos y operaciones militares, que sin ningún miramiento de carácter humanitario descargan su plomo y sus bombas en el afán de obtener victorias militares a cualquier precio, en vastas regiones de la geografía nacional y que se han convertido en un drama humano para miles de colombianos y colombianas. Pedimos a la sociedad colombiana poner distancia de la euforia y del triunfalismo, en que se regodean los guerreristas con la muerte de un colombiano y que hoy como ayer levantan voces de “fin del fin” y reclaman más violencia oficial. Estos nefandos episodios ya los ha conocido Colombia, por lo cual lo más sensato es atemperar los espíritus y evitar los desbordamientos del entusiasmo o del pesimismo inmovilista. Reiteramos a Colombia toda y en particular a las partes del conflicto, nuestra disposición a continuar de manera incesante en la generación espacios de diálogo y negociación, así como propuestas tendientes a humanizar el conflicto y para convenir los términos de la paz con justicia social. Invitamos a la sociedad colombiana a no desfallecer, unificar las lecturas y sumar esfuerzos en torno a la salida política que necesita Colombia; para que así nos dispongamos a participar en las definiciones de ese país que anhelamos y en el que soñamos y decimos que podemos caber todos. Finalmente, desde Colombianas y Colombianos por la Paz, consideramos que ya son demasiados los muertos en nuestra patria y que debe cesar el derramamiento de sangre; y por ello continuaremos trabajando por lograr la paz con justicia social y no la paz ofrecida desde el establecimiento que la concibe como la paz de los cementerios o el confinamiento en las cárceles; ya que lo único que se obtiene con esto es la prolongación incesante de la guerra 122.

9-11-2011, De aplicarse las normas de nuevo Código de Minas del gobierno, 30.000 mineros artesanales quedarán sin trabajo al sur de Bolívar y además generará devastación ambiental. El Código de Minas de Santos plantea exclusividad de explotación minera a multinacionales. La advertencia fue lanzada por las diferentes asociaciones que albergan a los mineros del sur de Bolívar, durante una asamblea extraordinaria celebrada en el municipio de Santa Rosa del Sur. Teófilo Acuña, representante legal de la Federación Agro Minera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol, lo que plantea el proyecto de ley es dar exclusividad de explotación a las grandes multinacionales, las que para la norma serán las únicas que cumplan con la capacidad operativa, técnica, financiera y ambiental para desarrollar los proyectos de exploración y explotación. “La intención de las multinacionales es la de adueñarse del territorio que explotan, llevándose el 90% de las ganancias, mientras que sólo el 10% le quedará al Estado”. Fedeagromisbol hizo un llamado a las autoridades policiales para que hagan control al uso de retroexcavadoras para las labores de minería ilegal, dado que las retroexcavadores llegan, previamente a la implantación de las multinacionales, protegidas por fuerzas paramilitares y fuerza pública, arrollando a los mineros. “Estas retroexcavadoras no tienen una licencia ambiental. Algunos dueños muestran permisos supuestamente otorgados por la Secretaría de Minas y Energía de Bolívar, pero esto no es legal. No creemos que el Gobierno se preste para tal irregularidad”. Campesinos y ecologistas son asesinados por la herramienta paramilitar, para que las multinacionales perpetren el saqueo del oro. El Presidente Juan Manuel Santos insiste en consolidar la minería a cielo abierto y a gran escala. La explotación de los recursos naturales no renovables constituye una de las denominadas “locomotoras de la economía”: la política de la “Prosperidad Democrática” de Santos, privilegia la mega minería con todo y su destrucción del medio ambiente y destrucción de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, bajo el pretexto que las multinacionales van a generar empleo y prosperidad. Eso es falso, dado que los impuestos a la extracción y apropiación de los minerales son irrisorios, mientras que lo que sí dejan las multinacionales es montañas destruidas, una contaminación del agua dramática y masivos desplazamientos poblacionales. El saqueo del oro es viabilizado por el Estado colombiano y su herramienta paramilitar. El ejército colombiano y las tropas de ocupación estadounidenses en Colombia resguardan los intereses de las multinacionales de EUA, la UE, Canadá y demás, a la par que entrenan y coordinan la herramienta paramilitar que usan para practicar horrendas masacres que buscan generar parálisis de la reivindicación social, de la reivindicación laboral o ecológica mediante el miedo y generar, sobretodo, desplazamiento poblacional de manera masiva. El miedo es inyectado en las poblaciones: es Terrorismo de Estado ejercido a través de la herramienta paramilitar en la ilegalidad que es articulada por la fuerza pública desde la legalidad. “La gran minería únicamente va a poder ser hecha por multinacionales extranjeras: esas compañías se llevan el 96% y teóricamente Colombia se queda con el 4%; sin embargo ni siquiera es el 4% porque los impuestos que los colombianos pagan son usados para la exenciones tributarias: es decir, los colombianos en su totalidad financian a estas grandes empresas extranjeras para que se lleven el 99% de nuestros recursos.”. Mientras continúa el genocidio y el despojo contra la población colombiana, los instigadores y creadores de la herramienta paramilitar siguen impunes, incrementando su fortuna 123.

13-11-2011, La ex-Senadora colombiana Piedad Córdoba, líder de un grupo de intelectuales que busca facilitar una salida al conflicto interno, aseguró en Bogotá que con la reciente muerte de “Alfonso Cano”, Jefe máximo de las FARC, se abortó un proceso de liberación de rehenes y de diálogo con esta guerrilla. El día de la caída de “Cano”, ya la “habían empezado a contactar” los rebeldes para avanzar en las gestiones de puesta en libertad de los uniformados que mantienen cautivos. “Llegué a Colombia exactamente el día del asesinato del comandante ‘Alfonso Cano’. La liberación de este grupo final de rehenes “era una decisión ya tomada” por “Cano”. El Ejecutivo del Presidente Juan Manuel Santos abortó las eventuales gestiones humanitarias y de búsqueda de una salida política al conflicto. “Me da la sensación de que el Gobierno quiere que los maten (a los secuestrados), y me da la sensación de que genera escenarios para que los asesinen, porque es mucho más fácil decir a la opinión pública: los mató las FARC que decir que las acciones que son absolutamente inhumanas”. Es lamentable que sea el Presidente quien haya “tomado esa decisión de abortar estas liberaciones, de abortar este proceso de paz. Yo creo que él mismo no está muy seguro de que el paso sea el diálogo y la negociación política124.

27-11-2011, Colombianas y Colombianos por la Paz expresa nuestra solidaridad a la familia del Coronel, Edgar Yesid Duarte Valero; del Mayor, Elkín Hernández Rivas; del Sargento, José Libio Martínez Estrada y del Intendente Alvaro Moreno, que se encontraban en poder de la guerrilla de las FARC. La muerte de sus seres queridos, nuestros compatriotas, no puede ser una muerte más. Los hechos de guerra no abren ninguna puerta de la paz. Colombianas y Colombianos por la Paz recibe con mucha tristeza esta noticia y comparte a Colombia y el mundo, que el pasado jueves 24 de noviembre, al finalizar la tarde, conocimos que venía en camino la carta de respuesta de las FARC, a la misiva que mujeres del mundo hicieran pública meses atrás solicitando la liberación unilateral. Para tales efectos, algunos integrantes de Colombianas y Colombianos por la Paz, nos reunimos en el apartamento de la lideresa, Piedad Córdoba, antes de su viaje a Europa, para preparar la presentación pública cuando llegara dicho mensaje. En la noche de ayer se recibió la carta con la respuesta de las FARC, y de la cual se empezó a informar a las mujeres firmantes de varios países, tal como ellas dan fe, y a convocarlas para estar presentes en Bogotá en los próximos días y compartirla con las familias de ASFAMIPAZ. Estas muertes violentas y la de Guillermo León Sáenz, “Alfonso Cano”, y los dolorosos hechos que vivimos día a día, muchos de ellos silenciados, los que vive la población y millares de personas combatientes de ambos bandos, nos motivan desde la conmoción que generan, a insistir en la necesidad urgente de abrir espacios humanitarios y el diálogo político. El conflicto armado interno debe parar !!! ya!!!. Los esfuerzos de todos nos exigen convocar de inmediato a la construcción de una fuerza ética para poner fin a este desangre. Nos sumamos a las voces de familiares de las personas que aún se encuentran en poder de la guerrilla de las FARC, para que el gobierno acepte la posibilidad de cese de operaciones militares que permitan la salvaguarda de su vida, habilitando así un espacio para la puesta en libertad del resto de policías y militares, sanos y salvos. Llamamos a todos los sectores de la sociedad para que generemos con compromiso, imaginación y creatividad una fuerza ética pro activa, deliberante y pluralista, que haga posible la democracia con justicia social e impensable la guerra. Nos merecemos un presente y un futuro en paz. La llave de la paz la tiene el pueblo. Colombianas y Colombianos por la Paz, Bogotá, D.C. 26-11-2011 125.

28-11-2011, Cuando los cuerpos del Sargento Libio José Martínez, del Mayor Edgar Yesid Duarte, del Intendente Alvaro Moreno y del Mayor Elkin Hernández Rivas fueron sepultados, tres días después de haber sido fusilados por las FARC, las familias de los uniformados que aún permanecen secuestrados piden al gobierno que elija el camino del diálogo para lograr la liberación de sus familiares. Gloria Marín, esposa del Intendente de la Policía Carlos José Duarte, dijo: “No podíamos creer que algo así fuera verdad. 13 años pudriéndose en la selva para que al final los maten de la forma más vil. No es posible. Primero fue el desespero de no saber quiénes eran. Las noticias decían que cuatro, pero no daban nombres. Nadie nos daba razón de nada. Solo logramos tener tranquilidad cuando hablamos con Alán Jara. El nos dijo quiénes eran. De todas formas, aunque el nombre de nuestro familiar no estaba ahí, el dolor fue inmenso”. Gloria Marín, dice que aunque no es momento de pedir nada, sí quiere llamar la atención sobre la forma como el actual gobierno está tratando el tema de los secuestrados. “No queremos rescates, los queremos vivos. En este caso aunque se empeñen en decir que no fue un intento de rescate, ellos saben que ante cualquier presión que sientan las FARC van a actuar de la misma forma: matando a los secuestrados”. Desde hace mucho tiempo “desde el anterior gobierno” no tienen un contacto directo con el Presidente o con el Ministerio de Defensa que les permita tener noticias sobre qué puede pasar con el futuro de su esposo y de los demás secuestrados. “Hace mucho que nadie nos contacta para nada. La única que lo hacía era la ex-Senadora Piedad Córdoba y también desde hace meses no tenemos nuevas noticias. Lo último fue una carta que dirigimos a las FARC en la que pedíamos la liberación de todos. Tal vez la respuesta fue la misiva de la que habló Córdoba, en la que la guerrilla anunciaba la libertad de seis”. Ana Dolores Carrero, mamá del Sargento José Libardo Forero, afirma que en repetidas reuniones con el pasado Gobierno y el actual han pedido que no se hagan rescates de secuestrados. “No queremos, nosotros le hemos pedido mucho, pidiendo y exigiendo a toda hora, en las marchas en todos lados, en las reuniones, en las charlas con ellos, pero no acatan, creen que esto es un juego”. En la selva los retenidos deben estar pensando “¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con ellos y nosotros lo mismo estamos pensando? ¿Qué pensará la guerrilla o qué van a hacer con ellos? ¿O los van a soltar o los van a retener más tiempo? No sabemos nada” 126.

30-11-2011, La ex-Senadora colombiana Piedad Córdoba denunció la incomunicación entre las organizaciones de la sociedad civil de Colombia y el Gobierno de Juan Manuel Santos, en el Parlamento Europeo. Señaló que no recibe respuestas a las misivas que envía al Presidente colombiano para tratar asuntos de seguridad. “No tenemos la posibilidad de interlocutar con el Gobierno”. El Ejecutivo de Santos “no tiene en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil”. Con relación a muerte de los cinco uniformados asesinados por las FARC, “hubiera sido mas importante apelar al acuerdo humanitario, la liberación unilateral”. Destacó que las organizaciones civiles “no podemos perder este espacio que hemos ganado, no perder la legitimidad en la búsqueda de la verdad y la justicia y recuperación de la memoria histórica”. Añadió que “hay que definir a los responsables”. Cada ciudadano “tiene la llave” para luchar contra la violencia, y “no sólo el Gobierno, los insurgentes o las ONG. Colombia no puede seguir por un camino de sangre, muerte, absoluta indolencia por la vida de los seres humanos. Le decimos al presidente Santos que la guerra no abre la puerta de la paz. Mientras ellos estaban asesinando a los mismos soldados y policías, nosotros teníamos en la mano la posibilidad de sacarlos y recibirlos con vida. Esa es una derrota de la política del Gobierno, que nos da toda la autoridad moral y ética para exigirle un paso diferente en relación al canje humanitario y que se acabe la guerra. El Presidente es responsable de lo que ha pasado porque había otras formas y maneras de hacer. Yo, personalmente, le envié una carta para reunirme con él y decirle que se iba a entregar a soldados y policías” 127.

2-12-2011, La ex-Senadora tiene dudas si fue la guerrilla o el gobierno “porque no hay claridad sobre eso”. Pidió la creación de una comisión para investigar el hecho. “No puedo decir si fue la guerrilla o el Gobierno porque no hay claridad sobre eso (…) Uno de los que salió con vida dice que se escondió porque hubo enfrentamientos (…) Hay una confusión”. Agregó que tiene la “obligación de decir que se nombre una comisión para saber qué pasó. Yo quiero que se acabe la guerra y el conflicto en el país, yo quiero que se sepa la verdad”. Además, “más temprano que tarde tenemos que lograr un proceso que nos muestre como una sociedad civilizada. Nosotros como colectivo vamos a proponer una tregua bilateral para las liberaciones”. Ahora las personas se “rasgan las vestiduras” por lo sucedido: “¿A quién le importa de verdad ellos (secuestrados)? ¿Qué propuestas han hecho para que los liberen?” 128.

2-12-2011, La ex-Senadora colombiana Piedad Córdoba no quiso responsabilizar a las FARC por la muerte, de cuatro rehenes que estuvieron en poder de la guerrilla durante más de 12 años. “No puedo decir si fue la guerrilla o fue el Gobierno (el responsable de la muerte de los secuestrados) porque hay confusión, porque no hay claridad frente a eso”. Uno de los que logró salir con vida dice “hubo enfrentamientos y yo me salvé porque me escondí. Entonces son hechos que generan realmente una confusión, que no es una confusión cualquiera, porque tiene que ver precisamente con la aplicación del derecho de guerra, tiene que ver con lo que es la posibilidad de una salida política y negociada (al conflicto)”. “De lo único que no hay dudas es que la única salida para una #PazColombia justa, humana y duradera es la alcanzada desde el diálogo” 129.

3-12-2011, Luego de que el jefe de Estado dijera que sentía “furia” por las dudas de Piedad Córdoba sobre el fusilamiento de cuatro secuestrados, la ex-Senadora respondió que es defensora del Derecho Humanitario, aunque le genere odio e impopularidad. Luego de la alocución de posesión del Presidente Santos nos activamos mucho más, pues él se refirió a la “llave de la paz”. Desde agosto del año 2010 nos trazamos como propósito solicitar nuevamente a las FARC un gesto unilateral con la liberación de todos los integrantes de la Fuerza Pública. Creímos que era importante convocar a mujeres del mundo que, por el papel que cumplen en sus países, fueran un referente ético para hacer tal solicitud. Cuando estábamos en esa tarea, en diciembre pasado, la guerrilla planteó una liberación unilateral, que fue la que se concretó a comienzos de este año. Con ocasión de esa decisión de la guerrilla y de la respuesta positiva del Presidente Santos, nos reunimos con él y el doctor Eduardo Pizarro, precisamente hace un año. Les comenté el esfuerzo que estábamos haciendo respecto de la convocatoria a las mujeres del mundo para solicitar a las FARC la liberación unilateral. Luego de unos segundos de silencio, el Presidente me dijo que era una buena idea. Agregó que la participación de las mujeres era fundamental e hizo alusión a una conversación suya con Ban Ki-Moon sobre el tema. Finalizada la recolección de firmas me reuní, días antes de hacerla pública, con Rafael Pardo, en ese momento Director del Partido Liberal y con el Consejero de Comunicaciones de la Casa de Nariño, Juan Mesa, para compartir lo que habíamos logrado y para que se lo contaran al Presidente. No puedo aceptar gratuitamente, en el contexto y con los antecedentes que se conocen sobre situaciones de este tipo, si los cuatro uniformados fueron o no fusilados por las FARC. Le reitero que Colombiano y Colombianas por la Paz (CCP) nunca ha justificado ningún crimen y cuando ocurre alguno, ha merecido nuestro rechazo e indignación, sea quien fuere el responsable. El intercambio epistolar con las FARC se realizó mediante dos cartas públicas y también hubo informaciones de la guerrilla, una el 4 de noviembre y otra que conocimos el 24, que indicaban que iba a producirse una respuesta a la carta de las mujeres del mundo. Respeto lo que dice el Presidente. A mí me buscaron de la W y di respuestas. No soy la protagonista. Las víctimas de la semana pasada, las de Mapiripán, Las Pavas, que están siendo atacadas, son las protagonistas que se deben escuchar. Lo que hay que preguntarse es qué queremos para este país: ¿la guerra o la paz? ¿El arrasamiento y el aplastamiento, o la ética para humanizar y el diálogo para evitar más violaciones al Derecho Humanitario? Estoy del lado de las víctimas sin distinción. Y el Presidente tiene el poder, la palabra institucional y la posibilidad de parar la guerra. Para mí, hay una duda razonable y hay dos versiones, pero no he responsabilizado a nadie. Está el fundamento fáctico de la muerte de los integrantes de la Fuerza Pública, cierto. Pero, ¿hubo o no un rescate fallido? ¿Hubo enfrentamientos o no? ¿Hubo fuego cruzado? ¿Hubo ejecuciones proscritas por el derecho de guerra? Para responder esas preguntas he solicitado acompañamiento internacional para que se fortalezca una investigación eficaz e independiente. Saliendo de Haití, el 4 de noviembre, me manifestaron desde Bogotá que había una respuesta en camino a la carta de las mujeres por parte de las FARC. Al aterrizar en la capital, recibí la información de la muerte de Alfonso Cano. La carta no llegó. Quizás, ante ese hecho, decidieron abortar la entrega. Eso no lo sé. El jueves 24 de noviembre, llegando del exterior, recibí nueva información de que había sido enviada la respuesta. Ya en Bogotá, convoqué por la premura a una reunión urgente con unos cuantos miembros de CCP. Les compartí el dato, acordamos qué hacer, decidimos dársela a conocer el General Naranjo, cuando apareciera, para que él le informara al Presidente. Y salí hacia España. Mientras participaba en una conferencia en San Sebastián (País Vasco), me informaron de la muerte violenta de los cuatro uniformados. Fue terrible. Había tenido que salir abruptamente del país cuando conocí un plan para asesinarme. Desde el exterior pude hablar con el General Naranjo y con el Doctor Juan Mesa, quienes me expresaron su disposición de adoptar todas las medidas para mi seguridad, entiendo que a nombre del Gobierno y hablamos de la posibilidad de conversar con el mandatario. Con estos antecedentes le escribí al Presidente una nota de agradecimiento y le solicité una audiencia para hablar sobre los avances de mis gestiones. Mi conclusión ahora es que no hay con quién conversar de modo fluido y eficaz frente a los temas humanitarios y de paz. Desde la época de Turbay, hasta incluso el período doble del gobierno del ex-Presidente anterior, siempre ha habido una comisión ad hoc, un Consejo Nacional de Paz, un Alto Consejero, un mecanismo o un enlace para atender este delicado tema. Hoy esas instancias no existen. No estamos divididos. CCP es una expresión plural y diversa. No sé quiénes han supuestamente manifestado que nosotros no condenamos las muertes de nuestros compatriotas militares y policías, cuando está dicho en la respuesta que dimos a varios medios el mismo día de la noticia. Hay que entender: cuando hablamos de ética, estamos pidiendo que se aplique el Derecho Humanitario y no que nos solidarizamos con la guerrilla. Nuestra solidaridad ha sido clara con las familias. Otra cosa es que estemos convencidos de que la guerra debe parar porque ninguna guerra es ética. Nunca dije que los había matado Santos. Dije que “los mataron” mientras el camino del intercambio epistolar, el camino civilista, los habría traído vivos. Quien haya sido el responsable merece nuestra condena moral y nuestra indignación. Y he agregado, en mis diversas intervenciones en esta gira por París, Bruselas y Madrid, que la situación debe esclarecerse. Nosotros creemos, como algunos familiares de los retenidos, secuestrados, prisioneros, rehenes o como quiera que se les llame en los medios, que la salida militar no es el camino y que el rescate es una operación de alto riesgo. Quiero agregar la reflexión del arzobispo de Cali cuando hacemos alusión a la ética. “¿Por qué encapsular la lucha antiguerrillera en el marco de traer muertos a los cabecillas, sin agotar el marco ético de la no pena de muerte, de la captura como objetivo legal”? Apelamos a la ética en el Estado de Derecho, porque allí están las normativas mínimas de humanidad y porque la vida está por encima del derecho a capturar, a herir o a matar. He llamado “comandante” a Alfonso Cano. Les he dicho así a los ex-Comandantes paramilitares con los que he podido conversar en el propósito de la paz. Referirme a ellos en esos términos no me hace su subalterna ni parte de su membresía. Cuando he hablado en reuniones con generales y coroneles también los he llamado conforme a su jerarquía. Y eso no significa que legitime la militarización de esta guerra fratricida. Siempre hemos hecho público el diálogo epistolar que hemos sostenido con el secretariado de las FARC y con el ELN, y sus comandantes. No hay otra forma. Llevamos ya casi 12 años de confrontación, período en el que no hay quién genere puentes ni acercamientos. Nosotros hemos podido tender esos puentes. Incluso, he intercambiado cartas con ex-paramilitares y eso ha generado fluidez en momentos en que se requiere una paz transversal y sin exclusiones. “Mientras ellos estaban asesinando a los mismos soldados y policías, nosotros teníamos en la mano la posibilidad de sacarlos y recibirlos con vida”. Con “ellos” me refería a quien haya sido el que los asesinó. Ahora sus cuerpos están sin vida, pero nosotros podíamos traerlos con vida. Ya lo habíamos logrado con otros 21 compatriotas sin disparar un solo tiro. Por eso, y a pesar de los enemigos agazapados de lo humanitario y de la paz como lo expresó en su momento el maestro Morales Benítez, hay que insistir. Sé que implican riesgos mis declaraciones, pero no me arrepiento porque el valor de la vida, de la libertad y de la paz es lo que debe prevalecer. Mi discurso es el mismo: me duele el alma ante la indolencia y la degradación humanitaria. Por eso me salen palabras de indignación. Desde que me sacaron del Congreso he podido conocer con mayor detenimiento el deterioro profundo de nuestro país, pero también las posibilidades de un nuevo proyecto en donde todos podríamos estar incluidos, donde reducidas las armas, como en otros países, se logre una democracia integral. Pero en este país eso es ser radical. Hay que aclarar que siempre he actuado en conciencia, en libertad y que he obrado con conocimiento de las autoridades. Fui adonde Raúl Reyes autorizada por el ex-Presidente anterior, una sola vez y nunca más. Esa visita fue conocida por sus asesores de cabecera José Obdulio Gaviria, Bernardo Moreno y César Mauricio Velásquez. No fue a escondidas. No estoy del lado de nadie, sino de las causas humanistas. La narrativa oficial de altos funcionarios del Ejecutivo y mandos de las Fuerzas Militares, divulgada por los medios, dice de Cano que estaba abandonado, escondido y acorralado. Y que en el operativo contra él participaron cerca de mil hombres especializados, con apoyo de la Fuerza Aérea y de tecnología de punta. Es una operación militar desproporcionada contra una persona. Si fue así, comparto lo que proféticamente ha escrito el Arzobispo de Cali, recordándome a monseñor Romero: “¿Por qué no trajeron vivo, por ejemplo, a Alfonso Cano cuando se dieron condiciones de desproporción absoluta, de sometimiento y de reducción a cero de alguien de más de sesenta años, herido, ciego, solo?”. No son las posiciones políticas las que generan odios (¿quién no cree en la paz, en el respeto a la vida y en la democracia?), sino los sentimientos creados a fuerza de repetición, de construir unos demonios imaginarios y unos culpables para evadir las responsabilidades propias. No soy defensora de las FARC ni del ELN. Ellos tienen su propia palabra. Comprendo que hay una guerra interna, que hay actores políticos, que estos actores son responsables de crímenes que proscribo y proscribe la ética, pero es necesario que sean escuchados. Sé que soy mal percibida por un sector, pero no por todo el país ni por todos los periodistas. Una cosa es la percepción y otra la realidad. Algunos periodistas son factor de poder y participan en la “fábrica del consentimiento” de la que habla Chomsky. Otros no. Si las escuelas enseñaran a respetar las opiniones diversas, a poner los elementos en contexto, a confrontar las fuentes, habría otro país. Los medios son tanto un poder de vida como de muerte 130.

12-12-2011, ¿Proceso de paz en marcha? El proyecto de marco legal para la paz entró en una etapa definitiva pues de no ser aprobado por la plenaria del Senado en el cuarto de ocho debates se hundiría. El autor y ponente del acto legislativo, Roy Leonardo Barreras, aclaró a quiénes terminará beneficiando el proyecto, en el caso de acceder a un proceso de desmovilización. Para el caso del secuestro, el Senador dijo que éste es un delito que no permite la renuncia de la acción penal (juzgamiento) y que llegado el caso tendrá que ser investigado, sancionado y castigado. En el mismo sentido, señaló que el proyecto beneficia a los subversivos por la simple militancia y pertenencia al grupo ilegal. “Ellos probablemente pueden ser tratados de manera benévola a cambio de la desmovilización, la verdad en favor de las víctimas y la no repetición”. El proyecto busca fundamentalmente hacer la transición entre el conflicto y una Colombia en paz y tranquila para poder cerrar la actual guerra que sufre el país. En la ponencia radicada, Barreras igualmente confirmó que no permitirá que los desmovilizados puedan acceder a la política 131.

13-12-2011, En el cuarto de ocho debates legislativos, se mantuvo que la Justicia Penal Militar es la que conozca primero de los procesos contra las Fuerzas Militares. La plenaria de la Cámara de Representantes mantuvo en la aprobación en cuarto de ocho debates de la reforma a la justicia, el polémico artículo del fuero militar. Pese a los reclamos de la ONU y Human Rights Watch, el Gobierno y el Congreso siguieron adelante con esa idea. El Representante Carlos Edward Osorio Aguiar, ponente del proyecto, dijo que la iniciativa no trae impunidad en los procesos donde están implicados miembros de la Fuerza Pública. “La iniciativa sólo va en defensa de la institución y de la legalidad. El Representante José Ignacio Mesa Betancur dijo que mantener el fuero militar es un “homenaje” a quienes representan a los colombianos. Sin embargo, a nombre de la oposición, el Representante Wilson Arias Castillo se refirió sobre el perjuicio que traería para el país el fuero militar que propone el Gobierno. La votación final fue: Sí 105, No 7. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del código penal militar y policial. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro 132.

26-1-2011, El Comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely comentó que tras los severos golpes que le ha asestado el Ejército a la estructura de las FARC, entre ellos el abatimiento de dos de sus máximos jefes alias 'Raúl Reyes' y el 'Mono Jojoy'; y sumado a la pérdida de identidad y objetivo claro la guerrilla más antigua de América Latina está condenada a ser una banda criminal mas, dividida en pequeños grupos que actúan por su cuenta. La concentración en actividades relacionadas con el narcotráfico ha fracturado seriamente la estructura de la organización. Muestra de que su comportamiento es de una banda criminal es el hecho de que en el Pacífico estén dedicados a mantener los corredores de movilidad de la droga que sale por esa zona con destino a EUA y Europa. “El narcotráfico envenenó a las FARC; no tiene nada de raro que se conviertan en una pequeña banda de narcotraficantes buscando la salida de la coca por el Pacífico”. Actúan en pequeños grupos y dispersos en varias zonas del país con actos terroristas, que pretenden crear impacto para dar la impresión de que aún tienen la fortaleza con la que alguna vez contaron. Para ello están haciendo alianzas con el ELN, que ya no cuenta con mas de 2.000 hombres, para traficar explosivos. También se están asociando con las bandas criminales para compartir rutas y el tráfico de insumos para el procesamiento del alcaloide 133.

17-3-2011, El Comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely, estimó que el conflicto con las FARC va a terminar en una negociación, puesto que “no se trata de dar de baja a todos” sus integrantes. “Yo creo que esto va a terminar o va a desencadenar en un diálogo, porque finalmente nosotros también estamos convencidos de que no se trata de dar de baja en combate a todos los miembros de las FARC”. El énfasis de las Fuerzas Militares debe estar encaminado a combatir el narcotráfico “que es donde las FARC tienen su alimento”. Eso y “una presión militar y policial supremamente fuerte, y del gobierno, debe llevarlos a un punto de no retorno”. “Después de la muerte del Mono Jojoy se les acabó el líder desde el punto de vista armado. Ese hombre era la columna vertebral de los atentados terroristas, el que intentó llevar el accionar de las FARC nuevamente a las zonas urbanas, el que mantuvo a punta de fusilamiento el poder y quien tenía todos los recursos”. Los jefes del grupo guerrillero muertos en combate pueden ser reemplazados, “pero eso les genera a ellos un debilitamiento” 134.

19-4-2011, El Comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely, reiteró que las guerrillas de las FARC y el ELN están agonizando, pero que estas agrupaciones se resisten a creerlo y siguen cometiendo actos terroristas. El accionar en conjunto de Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Marina ha permitido dar grandes golpes a las organizaciones al margen de la ley, pero “aún falta por hacer”. Como lo dijo el Presidente Juan Manuel Santos, “lo que sigue es quizás la etapa más difícil de este proceso” 135.

9-11-2011, Sobre la Operación Odiseo que dio muerte a Alfonso Cano, el General Sergio Mantilla, Comandante del Ejército, aseguró que las FARC están en un “largo declinar”. Los continuos ataques a la población civil en el Cauca y la atomización de los distintos frentes de las FARC, que a menudo se ven obligados a tomar decisiones sin consultar con el Secretariado, muestran esto. El General Alejandro Navas aseguró que aún se evalúa el pago de 5 mil millones en recompensa por la Operación Odiseo, y evitó referirse al reconocimiento que recibirá el soldado que le disparó a Alfonso Cano 136.

2-1-2011, Ingrid Betancourt criticó a las FARC por liberaciones “con cuentagotas”, en momentos en que la guerrilla se apresta a entregar a cinco personas.. “El día que dejen de secuestrar podemos hablar de otra manera y podremos abrir caminos de entendimiento para la paz”. “(La liberación) es una buena noticia para todos nosotros, pero yo creo que liberar con cuentagotas es muy frustrante para todos nosotros. Yo creo que todos los que están en las selvas de Colombia merecen su libertad” 137.

7-1-2011, Con motivo de la IX Asamblea de Estados signatarios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), celebrada el 6-12-2010 en Nueva York, el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue invitado a ocupar uno de los turnos centrales, el segundo, en los discursos de presentación de la reunión. Todo ello junto al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, y al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. La sorpresa no viene solo por el anuncio de que el actual Presidente y ex Ministro de Defensa colombiano participara del acto central de instalación del evento; sino en constatar la concordancia entre los pronunciamientos del Fiscal de la CPI y del Presidente Santos. Tales pronunciamientos pueden interpretarse como un cambio radical de posición al interior de la Corte CPI con respecto a Colombia, todo ello a tan solo, poco más de cien días del gobierno de Juan Manuel Santos. Algo así como un pacto entre Tom y Jerry... o un pacto con el diablo... Colombia es uno de los países que se encuentran en estado de observación por la oficina del Fiscal de la CPI. Dicha vigilancia no se deriva necesariamente de que en Colombia viva durante varias décadas un conflicto interno, social, político-armado y de clase, como así lo ha dado a entender el Fiscal Moreno (“…El hecho de que yo lo tenga en observación no quiere decir nada malo. Simplemente, es una cosa que usted también sabe: que en Colombia todavía hay un conflicto armado.” “…Los números de reducción de crímenes y de violencia en Colombia son muy impactantes y, por supuesto, muy claros. Colombia ha ido aceptando desafíos y juzgando a más gente.”). Durante las casi cinco décadas del conflicto interno, el Estado colombiano ha detentado el monopolio del aparato represivo y judicial. Dicho Estado jamás ha renunciado a juzgar las acciones consideradas como punibles de los rebeldes de las organizaciones político-militares que se han declarado en rebelión contra el Estado; y que sólo ha violado las obligaciones que tiene como Estado, de investigar, perseguir a los autores, procesarlos y juzgarlos, en el caso de los crímenes del paramilitarismo y de los agentes estatales. El asunto que atañe a la competencia de la CPI no es la legitimidad del Estado para detentar el uso exclusivo de la fuerza y del sistema judicial interno frente a los rebeldes, más bien, el papel del tribunal es dilucidar el origen y desarrollo de los crímenes de su competencia, de lo contrario, estaríamos frente a un caso de impunidad en las obligaciones de dicho Tribunal internacional. Los pronunciamientos hechos por el Fiscal de la CPI, trasladan la sensación de que el Estado colombiano no es el “sujeto investigado” y el sospechoso de cometer y facilitar los crímenes, sino que es una víctima más. Veamos algunas de las declaraciones: “...El hecho de que nosotros estemos observando el proceso en Colombia es solamente el fruto de que ese país ratificó el Estatuto. Mi tarea es esa, pero no implica ningún juicio ’deplorativo’ contra Colombia”. “...Me parece que lo que dijo el Presidente es muy cierto, esa maniobra de liberación de Ingrid Betancourt fue maravillosa. Le digo: yo tengo que arrestar gente y siempre salgo a buscar a los colombianos a que me ayuden. Fue maravilloso. Fue increíblemente sutil, sofisticado y eficiente”. Este es el criterio del Fiscal de la CPI respecto de la operación Jaque, en la que se cometió una infracción grave al código del Derecho Internacional Humanitario por parte del ejército colombiano al usar indebidamente el emblema de la Cruz Roja Internacional, lo que está reconocido en dicho código de guerra como un acto de perfidia. Delito que está declarado en el Estatuto de Roma como de competencia de la CPI. Así pues, el Estado colombiano, en cabeza de sus representantes, está bajo observación por participar en la comisión de aquellos crímenes que la doctrina del derecho público internacional ha definido como crímenes de lesa humanidad. Hay que recordarle al Fiscal de la CPI, que gran parte de los desarrollos recientes que conforman el corpus jurídico del Estatuto de Roma se basan en la idea de la lucha contra la impunidad. Atendiendo al hecho, de que en la práctica, para cometer las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, se necesitan el despliegue de medios de destrucción y de la permisividad, que sólo quienes detentan el poder pueden poner a disposición de aquellos que cometen tales violaciones. Así lo constata el hecho de que las violaciones atribuidas al paramilitarismo y a los agentes estatales se han producido por todo el territorio colombiano con una impunidad de casi el ciento por ciento, y además, que dichos crímenes no solo han sido cometidos en territorios donde el paramilitarismo detenta el poder de facto y el control territorial en “ausencia” de los agentes estatales. Es que los motivos que pueden llevar al Estado colombiano a la CPI son cuestión de un análisis mucho más detallado, desde luego en un universo de interpretaciones, pero algunas de las interpretaciones y explicaciones públicas del tribunal están basadas en cuestiones como: 1. ¿Cuál es el periodo de competencia del tribunal? ¿Qué pasa con las responsabilidades internacionales de Colombia (en el sistema de Naciones Unidas) antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma? Hay que recordar también que, a pesar de firmar la adhesión al Estatuto de Roma en el año 2002, Colombia no respondería a las competencias de dicho tribunal hasta agosto del 2010, ya que una vez firmada su adhesión, demandó acogerse al artículo 124 de dicho Estatuto, por el cual no aceptaba las competencias del Tribunal durante 7 años a partir de la firma. Lo anterior tiene su relevancia ya que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y su brazo paramilitar en el marco de presente conflicto, se remontan varias décadas atrás, es decir, al inicio mismo del conflicto, cuando los aparatos represivos estaban a la disposición de los intereses económicos de las minorías terratenientes y comerciantes de recursos naturales. 2. Según la interpretación que la CPI haga del Principio de Complementariedad, que es el concepto base de las actuaciones internacionales de la Corte, pero que según han coincidido el Presidente Santos y el Fiscal Moreno Ocampo, en este caso no dan cabida a actuaciones de la CPI porque según este último “Colombia está pasando de niño malo a niño bueno en el contexto internacional” (Ver el artículo 17-2a del Estatuto de Roma). 3. O quizás, de lo que la Corte entienda por una pena proporcional al crimen cometido, pues en el marco de la ley de “Justicia y Paz”, el paramilitar conocido como el “Iguano” fue sentenciado a 8 años de cárcel luego de confesar la responsabilidad de casi 4.000 asesinatos, y para hacernos una idea: 2.920 días/4.000 = 0,73 días de cárcel por cada persona asesinada, esto es, 17,52 horas de cárcel por cada uno de ellos; 4. También, de lo que la Corte considere al respecto de que en el marco de “Justicia y Paz” se haya amnistiado a casi el 92% de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Colombia, es decir, aquellos que son llamados los “integrantes rasos” del paramilitarismo; y en este caso sí que hay tela para cortar, pues hay quienes consideramos que la amnistía a los “rasos” transita por el camino de lo simbólico (no solo de lo práctico) y trata de distraer la atención sobre la existencia de un plan estratégico nacional para la comisión de todos aquellos crímenes, ya que cada persona que se inscribía en el proyecto paramilitar sabía a conciencia que participaba desde lo local en una directriz más amplia y de carácter nacional, y de esta forma se asumía a las órdenes de la cadena de mando ascendente por todo el territorio nacional. También, los “rasos” acataban las órdenes en el sentido de la ingeniería de los recursos humanos y se desplazaban a los lugares donde dichas directrices indicaban que era necesario que actuasen, y así mismo, aceptaban los asensos y el reconocimiento (económico, por ejemplo) que sus acciones (crímenes) les proporcionaban al interior del las filas del paramilitarismo. Es decir, que los crímenes (aunque solo fueran como autores materiales, y aunque hubiesen cometido/participado tan sólo de un asesinato, o una desaparición forzada, o una tortura, o de una violación sexual, etc.) hacían parte del conjunto de los crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional, y por lo tanto, no cabe la amnistía para los mismos. 5. También depende de cómo se interprete el concepto de Justicia Transicional. Y es que hecha la ley, hecha la trampa -y nunca mejor dicho-. Pues solo así es entendible el respaldo que la ONU ha dado a los mal llamados “procesos de transición” desde las dictaduras militares a las democracias liberales autoritarias en América Latina. Procesos con el ciento por ciento de amnistías para los crímenes de lesa humanidad. Justicia transicional sin transición ni resolución del conflicto y negociación con el compañero de armas, y todo ello, sin reformas institucionales que hagan constatable las garantías de no repetición. Hay bastantes voces que hablan de que, por sí mismo, el artificio jurídico de “Justicia y Paz” es objeto de estudio acerca de su admisibilidad a trámite para investigación y enjuiciamiento por parte de la CPI, a causa de ser violatorio de las normas internacionales respecto de los crímenes de lesa humanidad (Ver el informe del Grupo Nizkor, “Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia” http://www.derechos.org/nizkor/colo... Ver el informe de la FIDH, “La desmovilización paramilitar en los caminos de la Corte Penal Internacional”, http://www.fidh.org/La-desmovilizac... Ver también el artículo 17-2a del Estatuto de Roma). Con respecto al análisis acerca del repentino cambio de opinión por parte de la CPI en cuanto a la responsabilidad de los agentes estatales colombianos en los crímenes de lesa humanidad, propongo tres cuestiones como punto de partida, esperando que el movimiento social y popular colombiano, las organizaciones de víctimas y las organizaciones internacionalistas y de solidaridad de América Latina y Europa, recojan la inquietud y hagan sus aportes a la discusión: Durante los ocho años que duró el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, la ONU demostró que su función reguladora estaba perfectamente acoplada a la estrategia internacional de EUA y de los capitales transnacionales en América Latina. Hay que recordar el papel que el organismo internacional jugó luego de que Colombia violara la soberanía de dos países vecinos. Luego de terminado su mandato, Uribe fue premiado por la ONU al otorgarle un cargo de responsabilidad en la comisión que investiga los asesinatos de los tripulantes de la llamada Flotilla de la Libertad, a manos del ejército de Israel. En la actualidad, Colombia ha accedido, por un periodo de dos años, a uno de los puestos rotativos en el Consejo de Seguridad de la ONU y para nada conviene que el socio estratégico en América Latina tenga algún proceso abierto por la Fiscalía de la CPI. El viraje de la CPI también puede estar explicado a partir de la llegada del Juez español, Baltasar Garzón, en calidad de ayudante a la oficina del Fiscal Moreno. Pues hace tan sólo algunos meses, en los famosos cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (del 2 al 6 de agosto de 2010), Garzón señalaba como uno de los grandes retos de la comunidad internacional, el apoyo a Colombia en el “proceso transicional”. Tan sólo un mes antes, Garzón se reunió con Juan Manuel Santos en el marco de la gira que este último realizó a Europa para recabar apoyos (también para la candidatura al Consejo de Seguridad), y esta es su declaración a los medios de comunicación: “(Garzón) Me pidió la cita y soy su amigo personal. El juez nos ha ayudado muchísimo a los colombianos en el proceso de desmovilización y en la Ley de Justicia y Paz. Ahora me gustaría escucharlo, ya que es asesor de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre cómo nos pueden ayudar”, también agrego que el juez “ha sido muy positivo en ayudar al Gobierno para legitimar el proceso de justicia y paz” . Notarán, entonces, el peso que tiene aquí la palabra “legitimar”. Quizás una de las más importantes implicaciones a la hora esclarecer las responsabilidades de los agentes estatales en los crímenes de lesa humanidad y de la impunidad crónica en Colombia. Se trata de las posibles implicaciones que la “nueva” posición de la CPI pueda tener sobre el sistema interamericano de justicia -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, pues hasta el momento este sistema regional de justicia es el único que se ha atrevido a emitir condenas en firme contra el Estado colombiano, bien por su participación directa o por su negligencia con el fin de promover la impunidad para los agentes para-estatales. Así quedó claro en la reciente sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato del militante de la Unión Patriótica (UP), Manuel Cepeda Vázquez. También, la CIDH ha mostrado su interés por los recientes violaciones cometidas por el DAS, llamando a una audiencia preliminar a personas afectadas y a los representantes estatales. En este sentido, la CIDH, ha mostrado su determinación para abrir investigaciones por casos que el sistema interno de justicia había cerrado o simplemente había permitido que se vencieran los términos de las investigaciones (ver sentencias de la Corte contra el Estado colombiano, http://www.Corteidh.or.cr) 138.

15-1-2011, En escasos doce días hábiles, el Gobierno de Santos Calderón y el Congreso de Colombia aprobaron el proyecto de ley con el cual se pretende solucionar la situación jurídica de los ex paramilitares desmovilizados no cobijados por la ley de justicia y paz y deja ver que también en este Gobierno, existen temas de primera como la suerte del paramilitarismo; el gobierno quiere evitar que “paras” vayan a cárcel y hablen; temas de segunda como el abandono social, material y sicológico de las víctimas de los paramilitares. Sectores sociales privilegiados como los paramilitares, sectores sociales marginados como las víctimas de los paramilitares y los campesinos despojados de sus tierras. ¿Cuántos años lleva el Congreso haciendo que discute la ley de tierras? ¿Cuántos años lleva el Congreso haciendo que discute la ley de víctimas? El Artículo 4º, ley 1424, aprobada en tiempo record: “(…) La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros”. Radicado el proyecto el 29-11-2010, el Congreso lo aprobó el 15-12-2010 y el 29 de diciembre se convirtió en la ley 1424/2010, “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Recordemos que la Corte Constitucional dejó sin piso la ley 1312 por cuanto autorizaba a la Fiscalía y a la Rama Judicial a renunciar a su obligación de investigar y juzgar, contrariando exigencias de carácter constitucional e internacional de investigar y juzgar crímenes sobre los cuales la impunidad resulta inadmisible. Tal circunstancia motivó el veloz, pero no por ello provechoso, trámite que desembocó en la ley 1424/2010. En el apresurado trámite de la ley, los mercadotecnistas del Congreso le agregaron al proyecto presentado por el Gobierno, que la ley “tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable”, como si la paz fuera simplemente asunto de resolverle la situación jurídica a 17 mil ó 30 mil ex paramilitares, ¿qué más da la cifra? La paz perdurable ha de conseguirse como resultado de una sociedad incluyente; una distribución equitativa de la tierra y de la riqueza, y la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Si en la ley 1312 la Fiscalía y los jueces renunciaban a su función constitucional de investigar y juzgar, en la 1424 la situación no es muy distinta. Veamos por qué: La justicia se convierte en un súbdito del Gobierno Nacional, en tanto, como lo dispone el artículo 6º: “la autoridad judicial competente, decretará a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud, la suspensión de las órdenes de captura…”. En otras palabras, quien toma la decisión judicial no es el Juez sino el Gobierno Nacional, con lo cual el Juez pierde su autonomía e independencia. Es decir, el Juez no juzga, el Juez le obedece al “Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces”. Tal disposición contraría el artículo 228 de la Constitución Política que contempla la independencia de las decisiones de los jueces: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes (…) Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. Sin embargo, el mayor reparo se encuentra en el Artículo 4º de la ley 1424, mediante el cual se crea un “Mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica” en los siguientes términos: “Créase un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar. La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros”. Si las confesiones de los desmovilizados no han de servir como prueba “en contra de terceros”, ¿para qué tomarse la molestia de escucharlos? Lo que aquí se pretende es darle vía libre a la impunidad, que fue una de las motivaciones que tuvo la Corte Constitucional para declarar inexequible la ley 1312. Con este precepto, las víctimas de los paramilitares vuelven a ser victimizadas, esta vez por el mismo Estado colombiano que cercena su derecho a obtener verdad, justicia y reparación, violando el mandato del artículo 229 de la Constitución Política de garantizar “el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”. El Centro Internacional para la Justicia Transicional considera que “La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia”. La esencia de esta ley nos enfrenta a la esencia del Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, fiel heredero de la esencia de su patrocinador Uribe Vélez. Por más de que nos quieran hacer creer que el régimen es distinto, lo único que hemos cambiado es de estilo. El interés y la voluntad política de que la verdad sobre el paramilitarismo permanezca oculta siguen vigentes. El entierro de la verdad permite el florecimiento de la impunidad 139.

15-1-2011, La Ley de Víctimas se configura partiendo del contexto de un postconflicto, desconociendo la realidad del actual conflicto social y armado que se mantiene, al no ser resueltas las causas que lo originan. El conflicto social y armado que padece Colombia, se profundiza a partir del asesinato del líder político y dirigente popular Jorge Eliécer Gaitán, el 9-4-1948 y desde entonces se ha agravado sin que aparezcan signos de superación. Plagada de inconsistencias, vacíos jurídicos y sesgos politiqueros, la mal llamada Ley de Víctimas aprobada por el Congreso en diciembre del 2010 es, en realidad, una ley contra las víctimas. Es vergonzoso y atentatorio contra las gentes del pueblo que padecen casi en su totalidad el conflicto desde hace seis décadas, que la llamada Ley de Víctimas solo contemple a algunas de ellas y de manera discriminatoria a partir de 1991. Con la aprobación de la mal llamada Ley de Víctimas, el gobierno se aprovecha de la indefensión de las víctimas y cercena sus luchas por la verdad, la justicia y la reparación, que es su camino auténtico contra la violencia, la impunidad y en la búsqueda de superar las graves violaciones de los Derechos Humanos por parte del Estado. Estudiosos del fenómeno de la violencia en Colombia han demostrado con muchas evidencias, que el Estado creó y fortaleció el paramilitarismo, como estrategia que impidiera las luchas populares por considerarlas de inspiración comunista, lo que justificaba su respuesta violenta; por ello es una desfachatez que ahora la mal llamada Ley de Víctimas presente al Estado como benefactor y al gobierno como solidario con ellas. La nueva ley plantea dos maneras de reparar: Una por vía administrativa y otra por vía judicial. De esa forma, cuando un acto es cometido por la insurgencia o por paramilitares, se puede reparar las víctimas por vía administrativa, pero si un actor estatal es un posible responsable, se debe llevar un proceso judicial, porque esa persona, siendo parte del gobierno establecido, “tiene derecho a defenderse” y no se le puede culpar ejecutivamente, de esa manera las víctimas de agentes estatales acudirán a un proceso judicial que demorará años. Esto viola de manera grave, el derecho de igualdad para con las víctimas. El problema de las víctimas, no se resuelve restituyéndoles a algunas un pedazo de tierra en compensación con el terrible daño causado en el desarrollo del conflicto, en tal sentido, la llamada Ley de Víctimas se convierte en un señuelo que deja de lado el tamaño y la profundidad del conflicto, que desvía la atención y usa para ello los medios de información, que sobre dimensionan los alcances de la acción gubernamental. En las especificidades de la mencionada ley, no solo se discrimina a las víctimas en el transcurso del tiempo, sino que se actúa con un criterio racista, al excluir de ella a las comunidades indígenas y afro americanas. Asimismo la ley es discriminatoria cuando define que son víctimas, los familiares de miembro de las Fuerzas Armadas gubernamentales muertos en combate, pero no lo son los familiares de los insurgentes muertos igualmente en combate. Es una realidad evidente que los familiares de los alzados en armas han sido victimizados sufriendo el asesinato, encarcelamiento desaparición, desplazamiento, asilo y señalamiento por parte del Estado y sus paramilitares, solo por su parentesco con los miembros de las fuerzas guerrilleras, o sencillamente parientes de luchadores populares o defensores de los Derechos Humanos. El tamaño del conflicto y la terrible realidad de sus víctimas, no cabe en los espacios que ofrecen sus victimarios. El pueblo y sus luchadores solo pueden encontrar la verdadera justicia mediante sus luchas y organización, cualquier otra salida es en falso 140.

20-1-2011, Desde el comienzo de las llamadas negociaciones de Ralito y de la aprobación de la ley de justicia y paz, alertamos de la farsa de la paz con narcotraficantes y paramilitares. Era el diálogo de “yo con yo”. Posteriormente, producidas las “desmovilizaciones”, señalamos que el paramilitarismo seguía vivito y coleando en el territorio nacional. Los crímenes continuaron contra la izquierda, dirigentes sindicales y militantes del Partido Comunista y hasta inauguraron al naciente Polo Democrático Alternativo, aún con los capos del paramilitarismo en las cárceles. Así se lo advertimos al Gobierno Nacional, inclusive al Presidente Alvaro Uribe Vélez, en reunión pública y a la cual ingresamos por la puerta principal, en la que le reclamos por los asesinatos de comunistas en el sur del Tolima. Uribe, enfadado, nos respondió que eso no era cierto y cuando le enumeramos los muertos de carne y hueso, entre dientes dijo que en Colombia había mucha gente mala y cualquiera podía ser el responsable de esos crímenes. Extraditados los principales Jefes del paramilitarismo, que nunca abandonaron el poder y el control en sus regiones, como “Don Berna, Jorge 40 y Mancuso, para citar tres casos, aparecieron numerosas bandolas que fueron creciendo como espuma a lo largo y ancho del país. El gobierno de Uribe, los mandos militares y de policía inventaron, con la complicidad de organismos internacionales y de algunos países europeos, que eran bandas criminales que nada tenían que ver con las “AUC” de Ralito y de Justicia y Paz. El narcotráfico continuó, los crímenes y masacres aumentaron casi que en secreto, mientras los voceros militares y policiales, del Gobierno y la “gran prensa” los apodaban con el simpático nombre de Bacrim, que parecía más un término inofensivo que realmente enérgico para el potencial poder criminal que representaban. Semana tras semana, denunciamos crímenes, masacres, desapariciones e intimidaciones, en numerosos casos con la complicidad de la Fuerza Pública. El 31-12-2010 denunciamos el asesinato de Luis Mayuza, el último hombre que le quedaba a una familia desplazada del Meta, que fue exterminada sin piedad. Nadie dijo nada. El silencio fue total. El crimen fue en La Unión Valle del Cauca, donde se ha detectado el accionar impune de grupos paramilitares, que la policía insiste en llamar Bacrim. No hubo titulares ni discursos de los voceros del Gobierno Nacional ni amenazas del Vicepresidente de la República. Tuvo que ocurrir el crimen de dos estudiantes de la Universidad de los Andes, Mateo Matamala y Margarita Gómez, miembros de prestantes familias bogotanas, para que el país despertara y se conociera la existencia de estas bandas de paramilitares, que siguen contando con la colaboración de militares y policías. En Córdoba, nunca hubo un solo operativo para perseguirlos y capturarlos, como está sucediendo ahora, sin contundentes resultados todavía. Son paramilitares y narcotraficantes, que tienen el mismo origen y los mismos cómplices de sus predecesores en los últimos 30 años en el marco de la doctrina de seguridad nacional gringa y de los planes de exterminio de la izquierda. El general Naranjo se rasga las vestiduras, porque los únicos responsables de los asesinatos son las “bandas criminales”, cuando no está clara la acción de las autoridades, en primer lugar de la Fuerza Pública. Las autoridades tienen que responder por qué no los han desmantelado, cómo nunca lo hicieron antes. Córdoba, Urabá, Costa Atlántica, Tolima, parte de Santander, Antioquia, siguen en poder de estos grupos, que sólo pueden sostenerse porque son apoyo para la estrategia antiterrorista de la seguridad democrática. Uribe trató de legalizarlos, actuó con ellos y hasta se apoyó en el proselitismo armado para promover su elección primera y segunda y la campaña reeleccionista. Se requieren resultados concretos y mayor exigencia del exterior de donde provienen muchas complicidades por omisión y del norte 141.

20-1-2011, En Colombia “no solo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados. El conflicto como consecuencia de la necesidad de desplazar y despojar”. Finalizando el 2010, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, dio a conocer el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014. Prosperidad para todos. En el texto se aborda la construcción de un modelo de ruralidad pensado desde las lógicas del capital (maximización de la ganancia, la optimización de costes y explotación de la mano de obra). El campo propuesto en el PND, es funcional al mercado, principalmente externo, recogiendo lo hecho por Alvaro Uribe en sus administraciones. El modelo de ruralidad que expone el texto para estos cuatro años, no es de “reforma agraria”, tal como lo quiere hacer creer el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, sino de descampesinización del campo. ¿De dónde viene y hacia dónde va el campo colombiano? El campo ha sido el escenario de la confrontación armada y desde donde ha salido el grueso de las más de cuatro millones de personas internamente desplazadas, lo que va unido con el abandono forzado y el despojo de bienes, presentándose, de un lado, el desplazamiento forzado y el despojo como consecuencia del conflicto, y por otro lado, el conflicto como consecuencia de la necesidad de desplazar y despojar. En Colombia “no solo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados”. El campesinado, los afrodescendientes y los indígenas han sido obligados a abandonar 5,5 millones de hectáreas correspondientes a sus tierras y territorios, beneficiándose de esta situación empresarios nacionales y transnacionales, de la economía legal e ilegal, y el mismo Estado. Para el caso nacional, lo anterior ha sido llamado acumulación mediante la guerra, y ha permitido configuraciones no campesinas de lo rural, adecuando “el campo a la nueva interrelación entre el latifundio especulativo y la inversión transnacional en infraestructura, especialmente vías de comunicación e industrias extractivas, agrícolas o forestales”. El campo sin campesinos se manifiesta en: el ofrecimiento de 47.767.887 millones de hectáreas (casi la mitad del territorio nacional) para exploración y explotación de petróleo en la Ronda Colombia 2010, de las cuales se adjudicaron alrededor de 9,5 millones de hectáreas; el interés por duplicar la producción nacional de carbón y de oro para el año 2019; y la proyección de aumento a la totalidad del área potencial en palma africana (3.273.282 Has.) y caña para etanol (3.891.221 Has.), cultivos que se encuentran en 357.047 y 31.401 hectáreas, respectivamente. Las anteriores cifras deben obligatoriamente ser comparadas con las dos millones de hectáreas, ofertadas por Santos para reparar a las víctimas del desplazamiento y el despojo. Los planteamientos sobre lo agrario se centran en la necesidad de “políticas integrales para el desarrollo rural orientadas a mejorar el acceso de los hogares rurales a activos productivos y al mejoramiento de sus capacidades para aprovechar estos activos, de forma que puedan superar su condición de pobreza e integrarse en condiciones justas y competitivas al mercado”. El texto inicia con un diagnóstico que da cuenta del atraso del sector rural frente a otros sectores de la economía nacional, atraso que se incrementó, según las cifras que expone el mismo documento, durante el gobierno Uribe. Llama la atención la lectura capitalista con la que se plantean y analizan las problemáticas identificadas en el documento para el campo. De los elementos expuestos en el diagnóstico y que alimentan el debate sobre las políticas agrarias en el país, son resaltables: (i) el silencio frente a los 18,1 millones de hectáreas carentes de vocación para uso ganadero, que actualmente están siendo usadas con este fin; (ii) el reconocimiento hecho a los altos costos de producción de cultivos, cuyo 40% va a dar a las manos de las empresas productoras de fertilizantes, semillas y plaguicidas; (iii) la evidencia, del elevado costo de producción en Colombia de los cultivos “promisorios”, caso Palma africana, sostenidos gracias al capitalismo burocrático; (iv) el interés por incentivar la inversión y el riesgo financiero en los campesinos; y (v) el reconocimiento de las condiciones de pobreza que viven los campesinos colombianos. Eduardo Sarmiento al hacer una lectura sobre la evolución del sector agrario presentada en el diagnóstico, señala: “los fracasos se originaron en diagnósticos inspirados en el libre mercado y […] su mantenimiento conduce a replicarlos”. El PND considera al sector agropecuario y rural como una locomotora de crecimiento, partiendo de lo que sería un aumento sostenido de la producción, por encima del promedio nacional, lo cual es bastante paradójico, si se contempla lo indicado en el mismo texto sobre la evolución sectorial. El crecimiento estaría fundamentado en el aumento en la competitividad y productividad, lo que, desde una lectura capitalista, se entiende como un uso no campesino de la tierra. Planeación erradamente asocia baja competitividad y productividad con agricultura campesina, por lo que propone transformar ésta a agricultura capitalista, desconociendo que: (a) la finalidad de la economía campesina, no es la maximización de la ganancia en el proceso de producción de alimentos, sino la existencia, el desarrollo digno de las dimensiones de la vida y el ejercicio de los derechos humanos; (b) entre más pequeños son los predios, mayor es el porcentaje de éstos dedicado a producción agrícola, es decir, la parcela campesina es productiva, el latifundio es improductivo; y (c) la participación de los campesinos en la producción agrícola es del orden del 67%. En el Plan se incluyen apoyos temporales para la superación de barreras que impiden la competitividad, pero contrario a los apoyos entregados a algunos sectores agroindustriales (como el de las flores y los agrocombustibles), se señala la necesidad de implementar compromisos de innovación verificables para “evitar” la “simple transferencia de ingresos de la sociedad a ciertos grupos de particulares”. Para superar los “cuellos de botella” del sector, se proponen siete lineamientos estratégicos: (1) incrementar la competitividad de la producción agropecuaria; (2) promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor; (3) ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos; (4) promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en el campo; (5) mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural; (6) promover la equidad en el desarrollo regional rural; y (7) adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad. Los anteriores lineamientos dan lugar a las metas propuestas, dentro de sus componentes se destaca para el debate sobre lo agrario y la expansión del capitalismo en el campo: - La mínima reducción planteada en el área actualmente en uso sin vocación pecuaria (de veinte millones de hectáreas sólo se reducirían 4 millones cuatrocientas mil), lo que significa que se seguirá protegiendo al latifundio ganadero. - El aumento en área forestal entre el 2010 y el 2019, pasando de 369.203 a 1.394.343 Hectáreas, lo que está asociado con el mercado de carbono originado a partir de los mecanismos de mitigación de cambio climático (que lucrará a sectores privados y generará nuevos conflictos territoriales). - El crecimiento mínimo en el área agrícola propuesto para el periodo 2010 – 2014, pasando de 4.604.094 a 5.032.019 Has, lo que deja ver, la continuidad en la importación de alimentos y la no destinación agrícola del 1.500.000 hectáreas de baldíos a adjudicar en el cuatrienio. - El impulso al biocomercio y al aprovechamiento de la biodiversidad los que contarán con instrumentos financieros para su incentivo empresarial. - La promoción de encadenamientos en condiciones de desigualdad (empresarios y campesinos), en las llamadas Zonas de Desarrollo Empresarial lideradas por la inversión privada y que pueden implicar la transferencia de la propiedad por parte de los pequeños productores. Ligado a esto, se presentan las estrategias para la formalización de la propiedad y adjudicación de baldíos, pensadas como formas de modernización del campo y de acceso a la tierra, pero principalmente como formas de acceder al mercado, a los servicios financieros y de asegurar la inversión de la banca privada. El gran ausente en el Plan, es el tema de la concentración de la propiedad de la tierra. Este problema medular del campo colombiano, apenas es abordado al hablar de la redistribución de las tierras resultantes de la extinción de dominio, lo que representa un desconocimiento o un ocultamiento intencional de sus dimensiones. La concentración en la tenencia de la tierra se evidencia en un coeficiente de Gini cercano al 0,8 y en las cifras sobre propiedad: en el año 2000, las fincas menores de tres hectáreas correspondían al 1,7% de la superficie y pertenecían al 57,3% de los propietarios, para las fincas de más de 500 hectáreas estos porcentajes eran del 0,4% y 61,2%, respectivamente. El problema de la tierra no se soluciona con la extinción de dominio de predios ligados al narcotráfico, ni con el ordenamiento de los derechos de propiedad, ni con la conformación de Zonas de Reserva Campesina funcionales a las inversiones en el campo del gran capital. Al analizar el PND se mantiene la tesis de la redistribución de la tierra, de la reparación de las víctimas y de un desarrollo rural que incluya al campesinado a sus formas de tenencia y producción agraria. El movimiento campesino y las organizaciones sociales tienen un importante papel que jugar en este cuatrienio ante las políticas agrarias a implementar, de lo contrario se consolidará el modelo de campo sin campesinos 142.

29-1-2011, Es tan grave el fenómeno de las bandas criminales en Colombia que en tan sólo cinco años lograron reclutar un ejército de cerca de 8.000 hombres, “el mismo número de integrantes que tienen las FARC, y eso que la guerrilla va a ajustar casi medio siglo de existencia”. Las cifras fueron entregadas por un alto oficial de la Policía. En 27 de los 32 departamentos del país operan a sus anchas y traban alianzas con la guerrilla bajo una sola causa: el narcotráfico. Ya existen casos documentados de vínculos entre las organizaciones de Daniel El Loco Barrera, los hermanos Luis Enrique y Javier Calle Serna, conocidos como Los Comba, y los segundos en jerarquía de Pedro Guerrero, alias Cuchillo con los frentes 18, 34, 58, 57, 24, 43, 1 y 10 de las FARC. Fuentes de inteligencia han aportado importante información sobre eventuales reuniones entre El Loco Barrera y miembros del Secretariado. Correos hallados en el computador del abatido Jefe guerrillero Víctor Julio Suárez, alias el Mono Jojoy refrendan estos nexos con el único objetivo de defender los corredores de droga y las rutas al exterior. Caquetá, Valle, Putumayo, Nariño, Cauca y Córdoba son los departamentos que más han padecido esta alianza, que termina desdoblándose en escuelas de sicarios, oficinas de cobro, microtráfico, narcotráfico a gran escala, dominio de cárceles y manejo de laboratorios. Adicionalmente, la infiltración a la Fuerza Pública. “Estas bandas controlan además pequeños negocios legales, a los que les piden entre $5.000 y $20.000 por cada establecimiento diario. Prostíbulos, bares, centros de comercio, cárceles, el rentable negocio del mototaxismo o el transporte. Todos pagan y las ganancias se calculan en miles de millones de pesos. En distintos expedientes figuran registros de arsenales de fusiles AK 47 y Galil, lanzagranadas AKM 18 y pistolas 9 mm, estas últimas las más distribuidas entre las redes de sicarios a sueldo. “Hay una instrucción de la máxima jerarquía de las FARC para trabajar con las BACRIM. Sumados los dos bandos estaremos hablando de cerca de 20.000 hombres en armas al servicio del narcotráfico”. Las autoridades tienen identificados tres niveles en las estructuras criminales de estas bandas al mando de El Loco Barrera: Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, Ericson Vargas Cardona, alias Sebastián, los hermanos Juan de Dios y Antonio Usuga David, quienes heredaron las autodefensas gaitanistas del narcoparamilitar Don Mario en Urabá; y los hermanos Comba. El perfil del primer nivel que concentra casi 6.000 integrantes de bandas criminales está conformado por jóvenes entre los 14 y 18 años, responsables del sicariato, cobros a establecimientos y vigilancias estratégicas de las rutas de droga. En un nivel intermedio, están los llamados Jefes de las oficinas de cobro, que tienen particulares fachadas para pasar desapercibidos: desde venta de minutos celulares hasta oficinas de abogados. “Son los Jefes directos de los sicarios y en muchas ocasiones tienen amplias libertades para hacer todo tipo de vueltas sin consultarle al patrón”. Generalmente, son hombres entre los 25 y los 35 años, ex-paramilitares o con cercanos nexos con las mafias. Son ellos el poder corruptor de estas organizaciones, los que buscan colar sus fichas en las autoridades y en no pocas ocasiones lo han logrado. El tercer nivel es el de los capos con conexiones internacionales y empresas fachadas para lavar dinero. La guerra reciclada de las autodefensas hoy es un fenómeno en expansión. Antes de finalizar el 2010 cayó alias Cuchillo. Las alianzas persisten, en Meta y Guaviare ya no se sabe si manda más John 40 de las FARC o El Loco Barrera. Nadie se impone en un negocio tan rentable que llena las arcas de ambos bandos. En Urabá antioqueño, Guaviare y Norte de Santander, la guerrilla del ELN tiene alianzas del mismo tipo con ‘Los Rastrojos’. Herederos de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, volvieron a empoderarse de todo cuanto ocurre en Sucre y el Golfo de Morrosquillo. Idéntico retrato ocurre en Córdoba con enlaces de Salvatore Mancuso. Ya lo propio se ha documentado con los segundos de Don Berna en Medellín. Igualmente lo ocurrido en la Costa Atlántica con los secuaces de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. A través del obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, estas bandas criminales buscan repetir un proceso como el de Ralito, pero el Gobierno no lo acepta 143.

7-2-2011, Jueza de Primera Instancia de Milán, Clementina Forleo, el 24-1-2005 en un proceso adelantado a dos militantes Islámicos concluyó “Una cosa es la guerrilla y otra el terrorismo: es necesario distinguir entre las actividades desarrolladas en un contexto bélico y aquellas destinadas a golpear a la sociedad civil de forma indiscriminada. Alguien que comete ataques en el contexto de un conflicto armado, si no involucra o ataca a civiles de manera intencionada, no es terrorista. La noción de terrorismo diverge de la de subversión, y como tal, no está definida de una manera normativa”. Invoca a la Convención Global sobre Terrorismo de la Naciones Unidas de 1999 para afirmar: “la actividad guerrillera o la violencia que tiene lugar en el contexto de un conflicto armado, aun cuando esté llevada a cabo por fuerzas armadas no institucionales, no puede ser perseguida, ni siquiera a nivel de la ley internacional, a menos que se violen leyes humanitarias internacionales”. Sancionar un acto guerrillero durante un conflicto, como terrorista, “podría, inevitablemente, conducir a una injustificable toma de posición en apoyo de una de las fuerzas en conflicto”. La insurrección campesina que vive Colombia desde la década del ‘50, es una guerra nacional de resistencia. Los ciclos de violencia y exterminio sufridos por el inerme campesinado desde la década de 1920 se transformó en guerra civil desde la década del 50, guerra librada por el campesinado como resistencia frente a las formas de violencia, saqueo y exterminio que han acompañado los reacomodos en los patrones de acumulación del Capital en la Sociedad Colombiana. La resistencia agraria no puede ser caracterizada como un hecho marginal, pues ésta se desarrolla en un nudo fundamental de la acumulación capitalista como es el agro colombiano y los nuevos patrones productivos necesarios a su reproducción en Colombia desde la industria extractiva y minera, los megaproyectos y el agro cultivo de biocombustibles. El mapa de genocidio y expulsión violenta de que es víctima la población campesina desde los años ‘20, coincide con el mapa de concentración de la tierra en manos de terratenientes y transnacionales, coinciden también con los megaproyectos económicos. Frente al saqueo, el asesinato y la expulsión violenta, se ha configurado un intenso proceso de insurrección agraria que desde los años ‘60 lidera la insurgencia Colombiana, que es la expresión de la resistencia a la expulsión violenta y la imposibilidad de un espacio de acción civil y democrático para los movimientos campesinos y urbanos, la insurgencia es así mismo la resistencia a la implantación de este modelo sanguinario de configurar la economía, es igualmente la expresión de disputa por la inclusión de las mayorías y la democratización del régimen tiránico imperante 144.

12-2-2011, El ex Presidente Andrés Pastrana defiende su gobierno y a Juan Manuel Santos y habló contra el ex Presidente Alvaro Uribe, al que responsabilizó de haberle dejado la herencia de las bandas criminales (bacrim). Dice que su herencia fueron unas Fuerzas Armadas poderosas. Pastrana plantea una reforma de estatutos del Partido Conservador para lograr que su Directorio Nacional no sea fortín exclusivo de los políticos. Se peleó con el Senador José Darío Salazar, Presidente del Directorio Nacional Conservador, quien había pedido a Santos asumir directamente el tema de la seguridad porque se bajó la guardia. Hay una diferencia filosófica fundamental con Alvaro Uribe que viene de muy atrás. Siendo gobernador de Antioquia, Uribe decidió que la manera de enfrentar a la guerrilla era con las licencias de autodefensa de las Convivir. Yo, por mi lado, como presidente, decidí tomar otro camino. El camino largo e institucional: por las Fuerzas Armadas y el Plan Colombia. Consecuentemente, Uribe creó la zona de distensión de Ralito, en la que se negoció con el narcotráfico algo que el país aún no conoce y donde se acordaron unas condiciones que el Congreso habría de rechazar, desatando el conflicto que desembocó en la extradición. A las mafias las disfrazan de paramilitares en Ralito y, cuando queda en evidencia la farsa, pretenden disfrazarlas de nuevo bajo el eufemismo de bacrim. Creo que en la zona de distensión de Ralito no hubo negociación, pero sí pactos. A diferencia del Caguán, donde hubo negociación pero no pactos. Yo heredé unas Fuerzas Armadas derrotadas y desmoralizadas y entregué las Fuerzas Armadas más poderosas de la historia de Colombia, una economía saneada tras recibirla al borde del colapso, unas relaciones internacionales dignas, un Plan Colombia. Eso fue fortalecimiento, no debilitamiento del Estado, que recibí en ruinas. Si los paramilitares salieron tan fortalecidos ¿por qué se querían entregar tan pronto culminó mi gobierno? El gobierno de Uribe infló las cifras, insertó criminales comunes y manipuló lo que esencialmente era un proceso de pactos con el Cartel de Medellín en sus diversas manifestaciones. Este gobierno heredó el fracaso de los pactos con los ‘narcos’ de Ralito y hoy lo que vemos es una mafia embravecida y reencauchada que, según el general Naranjo, no les teme a las autoridades. El uribismo, con sus adláteres en el conservatismo, está buscando aprovechar esta situación para crear una cortina de humo a sus escándalos de corrupción en un año electoral. Poca gente sabe lo que Santos en materia de seguridad y estoy seguro de que es el mejor juez en estas cuestiones de manejo del orden público. El Plan Colombia y la recomposición de las Fuerzas Armadas y la Policía son el cimiento de una política grande para enfrentar tanto narcotráfico como subversión. Sin embargo, los acuerdos complacientes con el narcotráfico en Ralito debilitaron la legitimidad del Estado frente al crimen organizado. Este es un precedente que el Gobierno debe anular para garantizar el fundamento sólido de una lucha contra el narcotráfico y el compromiso moral de la sociedad. Las liberaciones de secuestrados, esta semana por parte de las FARC, y los anuncios del Presidente Santos de que las puertas no están cerradas han hecho pensar en la posibilidad de diálogos. Después de la experiencia del Caguán, -12 años- que se han intentado las dos vías: negociación política y ofensiva militar, la salida hoy está dada por lo dicho por el Presidente Santos, que ha puesto sus condiciones sobre la mesa 145.

12-2-2011, Liberaciones de secuestrados parecen más hechos aislados que actos de buena voluntad. El país clama por el regreso de todos. La última vez que se tanteó el terreno de la negociación del conflicto fue en marzo del 2010, cuando el Presidente Alvaro Uribe les planteó a las FARC negociar en conversaciones directas, secretas y en el extranjero. Propuesta que fue rechazada por las FARC, que consideró que había que hablar “en Colombia y de cara al país”. El Presidente Santos al asumir dijo que no habría Comisionado de Paz hasta tanto la guerrilla no demostrara “en forma clara y fehaciente” su voluntad de frenar el conflicto y luego se promovió en la Ley de Orden Público la eliminación de cualquier posibilidad de que vuelvan a existir zonas de despeje. Con la liberación de cinco secuestrados y el anuncio de Piedad Córdoba de que a más tardar en julio del 2011 podrían estar libres todos los secuestrados, las FARC parecen asomarse en esa puerta que les dejó entreabierta el Presidente Santos, en medio del escepticismo de una sociedad civil que hace rato dejó de creer en sus palabras y que por lo único que clama son hechos de paz y cese de la violencia. El ex Comisionado de Paz Camilo Gómez opina: “El fortalecimiento del Estado generado por el Plan Colombia, la recuperación de la imagen internacional del país, el crecimiento económico, la seguridad democrática y la legitimación institucional ganada con el respeto a los Derechos Humanos son el principal reflejo de la fuerza con que cuenta el Gobierno en el momento de una negociación”. El analista Alfredo Rangel dice, las FARC, cuando se encuentran en situaciones de dificultad, siempre han buscado distraer a las Fuerzas Militares. “Han aprovechado el tema de la paz para tratar de disminuir el ímpetu de las Fuerzas Armadas en su contra. Ahora que están en una situación de extremo debilitamiento intentan distraer y desviar la política de seguridad democrática”. El investigador e historiador Medófilo Medina recuerda que los diálogos del Caguán se desarrollaron mientras cada una de las partes creaba mejores condiciones militares para ganar la guerra. En este sentido, no basta la voluntad para la salida política de los conflictos internos, sino que es necesaria la decisión sobre la paz, y la discusión seria y clara sobre la desmovilización no es cosa que se pueda dejar para el final. José Noé Ríos, ex Asesor de paz dice: en procesos de paz, las posiciones son para colocarlas en la mesa y esas posiciones tienen maduración, negociación y conciliación entre las partes. Lo que Santos ha presentado son los postulados básicos del Gobierno para sentarse a negociar, falta que la guerrilla presente sus cartas”. El analista Jairo Libreros, considera que cualquier escenario de negociación debe partir de la premisa del sometimiento a la justicia. En el Congreso, la Comisión de Paz ya estructura un proyecto que busca crear las condiciones jurídicas para que guerrilleros de las FARC y del ELN no tengan problema en el momento de desmovilizarse masivamente, como lo ocurrido en el pasado con los paramilitares. Sin embargo, la iniciativa implicaría penas de cárcel, mínimas pero cárcel. ¿Cómo se resolverá en la ley las situaciones de crímenes de lesa humanidad? El ex Ministro de Defensa Rafael Pardo dice: “Soy escéptico sobre la posibilidad de una negociación porque no veo una claridad jurídica” 146.

21-2-2011, 52.000 crímenes, 300.000 víctimas, 4.511 autores, apenas tres condenas y el riesgo de que muchos presos pidan su libertad sin ser sentenciados. Ese es el panorama de una ley de justicia transicional que se adoptó en Colombia, un país que no ha superado el conflicto de décadas. Cinco años y medio después de entrar en vigencia, una norma que reduce las penas a los autores de crímenes de lesa humanidad, a cambio de verdad, justicia y reparación, está en entredicho. Todo se debe a que hay 4.511 presuntos criminales que podrían favorecerse de los beneficios de esa ley, pero sólo tres han sido condenados y una de esas sentencias fue derogada. Luis González, Jefe de la unidad de la Fiscalía General que se encarga de tales casos, señala que la Ley de Justicia y Paz ha motivado la confesión de “52.000 crímenes”. Se trata de masacres, desapariciones forzadas, secuestros, delitos sexuales, torturas, reclutamiento forzado y otras prácticas que se impusieron en el viejo conflicto armado colombiano. La más reciente condena fue sólo por ocho de los más de 1.000 hechos delictivos que admitieron dos jefes paramilitares que operaron en el Caribe. La ley de Justicia y Paz fue diseñada en el proceso de negociación con los paramilitares de derecha, a quienes se les dio estatus político en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010). En Colombia, el código penal castiga hasta con 60 años los crímenes de lesa humanidad. La ley de Justicia y Paz sustituye esas penas a máximo ocho años, a condición de que los beneficiarios digan todo lo que saben, ayuden a desmantelar sus organizaciones armadas y reparen integralmente a sus víctimas. Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha reconocido a unas 300.000 víctimas de crímenes de lesa humanidad. Pero solo están en marcha 3 procesos de reparación por parte de los victimarios que se postularon a la ley de justicia y paz. Los que pueden ser condenados por esa ley, podrían comenzar en corto plazo a pedir su libertad, alegando que ya han cumplido sus penas. La ley de Justicia y Paz ha resultado muy compleja, la justicia colombiana no estaba preparada y tampoco tiene suficientes recursos. La ley de Justicia y Paz es un mecanismo típico de la llamada justicia transicional, que operó bien en países como Suráfrica y Chile, donde ya pasó el conflicto. En cambio, en Colombia el conflicto y la criminalidad persisten. El experto Andreas Forer, de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, que financia un proyecto de seguimiento a la Ley de Justicia y Paz, señala que, a pesar de los problemas, el principal logro ha sido en materia de verdad. Andreas Forer cree que Colombia no sabe qué hacer con tantas revelaciones. “Hay tantas revelaciones, que este país no sabe qué hacer con todo lo que ha relatado en los procesos”. El experto sugiere que el sistema judicial priorice la investigación de ciertos crímenes, como las masacres, el reclutamiento forzado y los delitos sexuales, y también haga énfasis en la persecución de los jefes que los ordenaron. “No hay que ser tan dispersos, hay que concentrarse en delitos, jefes y regiones específicas para conseguir resultados”. Otros expertos, como la abogada Omaira Gómez, considera que “Es lamentable que los principales jefes paramilitares hayan sido extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Debían primero pagar lo que deben aquí y decir todo lo que saben” 147.

22-2-2011, Expertos y Piedad Córdoba, en un Seminario “Haciendo la Paz en Colombia” que se celebra en Buenos Aires, coincidieron en que el cambio de lenguaje del Gobierno, el camino adoptado por la guerrilla, y los cambios en la región, “conforman un momento histórico para alcanzar la paz”. Para Piedad Córdoba, “Existe una nueva coyuntura y se vislumbra la disposición del gobierno del Presidente Santos para lograr la paz”. El ex Director General de la UNESCO, Francisco Mayor Zaragoza, destacó la necesidad de aprovechar el momento “para avanzar hacia la paz” y respaldó la tarea de Colombianas y Colombianos por la Paz, organización que consideró “clave para las liberaciones de los rehenes en manos de las FARC”. De llegarse a un proceso del paz en Colombia “el gobierno estadounidense del Presidente Obama, debe formar parte de ese clamor mundial de Colombianas y Colombianos por la Paz”, en pos de un diálogo. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fustigó a la pasada administración de Alvaro Uribe, a la que acusó de “no tener vocación de paz”, al tiempo que aseguró que tanto el ex mandatario como su primo, el ex Senador Mario Uribe, “mantenían vínculos con los paramilitares. Vengo siguiendo el conflicto colombiano desde hace tiempo, y hemos llegado a la conclusión de que esta es una gran oportunidad para apuntalar un proceso de diálogo”. Un representante de la Cancillería Argentina dijo: “De acá tiene que salir un pronunciamiento, a modo de hoja de ruta, que nos permita llegar con una propuesta a la UNASUR, para plantearla al gobierno colombiano” 148.

23-2-2011, El Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel afirmó haberse enterado de la amenaza de proceso penal en su contra que esgrimió el ex Presidente Uribe. Pidió a Alvaro Uribe, “que se arrepienta de sus pecados, que son muchos. No tengo tiempo para ocuparme de eso, estoy con tanto trabajo que realmente recién me entero por ustedes de que hay una denuncia de Alvaro Uribe contra mi. No conozco cual es la denuncia, se que me acusa de terrorista, si todos aquellos que trabajan por la paz y quieren la paz para el pueblo colombiano, que quieren que se termine la violencia, las muertes, lo que él como Presidente fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos; si todo eso es ser terrorista bueno (…) no puedo perder tiempo con eso” 149.

24-2-2011, La ex Senadora colombiana Piedad Córdoba advirtió sobre los riesgos que implica la posición de algunos sectores sociales de resolver el conflicto de su país mediante una salida militar y no política. Al clausurar el Encuentro Internacional por la Paz en Colombia que se realizó en Buenos Aires, Córdoba recordó que uno de los compromisos del Presidente Juan Manuel Santos cuando asumió fue el de impulsar la paz por la vía del diálogo. “Pero también tiene que haber un creciente consenso internacional porque también sabemos que hay sectores que plantean en Colombia que la salida al conflicto interno deber ser militar”. Hacía mucho tiempo que las guerrillas no se dirigían a un espacio de la sociedad civil para reconocerlo y legitimarlo como ocurrió con las últimas liberaciones. Esta es sólo una señal, de que Colombia atraviesa una etapa propicia para iniciar conversaciones de paz que puedan tener resultados concretos porque tanto las FARC como el ELN han apoyado una solución política. Celebró que el mensaje y propuesta de paz que envían millones de ciudadanos colombianos se esté escuchando en otros países. Repudió las declaraciones del ex Presidente Uribe, quien calificó como “terrorista” al Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel por criticar las acciones que llevó a cabo contra las FARC durante su mandato 150.

24-2-2011, El Presidente Santos “Modifica a fondo la Ley 160/94 para promover la mayor concentración de la tierra en la historia del país. Para ello, violando la Constitución desmonta la limitación de la UAF y permite que se adjudiquen los baldíos de la Nación en cualquier área y a cualquier persona, terrateniente o banquero, nacional o extranjero”. Con tres artículos en el Plan de Desarrollo (45, 46 y 47), Juan Manuel Santos y Juan Camilo Restrepo pretenden convertir en ley la idea de concentrar aún más la tierra rural, cambio que no se atrevieron a intentar Uribe y Andrés Felipe Arias. En el debate de Carimagua se supo que Uribe y Arias preferían que las 17 mil hectáreas de esa hacienda de propiedad del Estado se entregaran a un gran inversionista y no a medio millar de familias campesinas, como fue el primer compromiso, querían que esos campesinos dos veces despojados se convirtieran en peones o en neoaparceros del monopolista afortunado, se quejaban porque la Ley 160 de 1994 no les permitía usar tierras públicas para montar latifundios privados “de 40, 45 mil hectáreas” y no se atrevían a proponerle al Congreso el cambio de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). La Ley 160 permite el acceso a la tierra a jornaleros y minifundistas dentro de los límites de la UAF, definida esta como la pequeña área que le permite vivir a una familia campesina y generar ahorros. También prohíbe entregarles los baldíos de la Nación a quienes sean propietarios rurales y determina que los baldíos adjudicados no podrán sumarse a otras tierras para convertirse en propiedades o sociedades mayores, condición que también tienen, durante 15 años, las tierras originadas en subsidios oficiales de reforma agraria. El Plan de Desarrollo modifica a fondo la Ley 160/94 para promover la mayor concentración de la tierra en la historia del país. Autoriza que las propiedades originadas en adjudicaciones de baldíos o de reforma agraria puedan agregarse a otras para montar enormes negocios, todo dentro del objetivo del artículo 63 del programa de gobierno de Santos de promover “grandes explotaciones agropecuarias” y del compromiso de Restrepo en la Asociación Bancaria de montar en Colombia el modelo de la gran plantación brasileña. Como también ofrecieron Uribe y Arias en Carimagua, en este proyecto se “dará preferencia” a las “asociaciones” de los campesinos con los “grandes productores”. Se sabe que van por al menos siete millones de hectáreas en la Altillanura (Orinoquia), más las del resto del país. Si con las normas actuales, que en algo controlan la concentración de la propiedad rural, Colombia es uno de los países del mundo con la tierra más concentrada en manos de muy pocos y tiene más del 30 por ciento de la población en el campo en la miseria, ¿cómo serán las cosas si Santos y el gran capital financiero se salen con la suya? Esto lo meten en el Plan de Desarrollo y no como una ley tramitada de cara al país, para no verse obligados a explicar por qué profundizan el sesgo anticampesino del agro, prefieren monopolistas a pequeños y medianos empresarios y que las tierras del Estado colombiano terminen en manos de extranjeros. La ley de víctimas y restitución de tierras, al igual que la orientación del Banco Mundial para pasar las fincas a productores “más eficientes”, forman parte del paquete del monopolio. Primero, porque usan la restitución para maquillarse y hacer que no se mire hacia su proyecto de concentración de la propiedad rural. Segundo, porque, como está planteada, la ley de víctimas deja en manos de Santos los aspectos claves del proyecto y en ella nada impide que las tierras restituidas las vuelvan a perder los desplazados y terminen agregadas a las “grandes explotaciones agropecuarias” que pretende imponer la cúpula. Este debería ser un gran debate nacional y no una maniobra palaciega orquestada 151.

27-2-2011, Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro “Haciendo la Paz en Colombia” presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública: 1. Saludamos la manifestación del presidente Juan M. Santos en su discurso de posesión, la cual interpretamos como un reconocimiento de la existencia del conflicto y de la disposición a buscar una solución política negociada. Asimismo, reconocemos las declaraciones hechas al encuentro por las comandancias de las FARC-EP y el ELN en las que reiteran igual disposición. La historia de Colombia demuestra, después de décadas de violencia, que no hay solución militar. La única salida verdadera y definitiva a la confrontación son los acuerdos negociados, tal como lo demuestran los casos de El Salvador y Guatemala dentro de América Latina. Sólo por este camino podrá Colombia integrarse como país próspero y moderno al mundo actual. 2. La liberación unilateral ocurrida la última semana, en la que fueron puestas en libertad seis personas (y no cinco tal como se había anunciado) es un gesto de las FARC que evaluamos positivamente porque revela la intención de allanar los caminos hacia una negociación política. Esperamos que el proceso de liberaciones concluya muy pronto. Llamamos a que el gobierno del presidente Juan M. Santos tome nota de este hecho y fortalezca los esfuerzos para crear un clima propicio para la búsqueda de la paz. 3. La guerra se sigue intensificando y degradando en todo el territorio nacional. Mientras se llega a la solución política es indispensable el compromiso de respetar los derechos humanos, a la población civil y el acatamiento por las partes de las normas del Derecho Internacional Humanitario. 4. Es preciso hacer los esfuerzos necesarios para explicar, sensibilizar y persuadir a todos los sectores de la sociedad colombiana, tanto urbana como rural, acerca de la conveniencia y necesidad de transitar hacia la superación definitiva del conflicto por la vía de la negociación política. Los colombianos tienen que comprometerse en la búsqueda de la paz: se necesita una etapa de persuasión y una pedagogía para la paz. No más guerra, no más conflicto. 5. Dice la Constitución Política de Colombia en su artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Por esta razón, las personas y organizaciones que desde la sociedad civil actúan como facilitadoras y mediadoras para los procesos humanitarios y de búsqueda de la paz deben contar con la protección y las garantías plenas para este fin. 7. El conflicto armado en Colombia tiene repercusiones sobre el ámbito sudamericano. La paz en Colombia es una necesidad no sólo para este país sino para toda América del Sur. Siendo Colombia integrante de Unasur, su gobierno podría aprovechar los valiosos y probados recursos de esta organización regional para la creación de un ambiente que facilite la solución política del conflicto. 8. La incansable labor de la ex senadora y defensora de los derechos humanos Piedad Córdoba y de Colombianas y Colombianos por la Paz cuenta con creciente apoyo en América Latina y el Caribe. En Europa, Estados Unidos y África se multiplican las organizaciones hermanas que tienen por objetivo colaborar en la solución política del conflicto. Este movimiento internacional respalda las actividades de las personas y organizaciones comprometidas en la búsqueda de la paz a través de foros, encuentros y todas las redes sociales de la internet, y demuestra que en su lucha los colombianos no están solos sino que los acompaña la opinión pública mundial. “No hay caminos para la paz, la paz es el camino” Mahatma Gandhi. Buenos Aires, Argentina. 23-2-2011, 152.

1-3-2011, Una mirada positiva de los protagonistas de los Acuerdos de Paz entre Ejército Popular de Liberación (EPL) y el gobierno de Cesar Gaviria en 1991. El 1-3-2011 se conmemoran 20 años de la desmovilización de más de 2 mil guerrilleros del EPL en varias regiones ante delegados de la Asamblea Nacional Constituyente y una comisión de observadores internacionales y nacionales. En los años ‘90 el M19 y el EPL, junto con varias guerrillas menores, configuraron una serie de pactos de paz y lograron el tránsito a la vida civil de una manera exitosa. El rasgo común de todos estos procesos de paz fue su directa relación con la Constituyente de 1991, de forma que a través de sus delegados consiguieron participar de manera importante y decisiva en las reformas institucionales y políticas adoptadas por la nueva Constitución Política expedida y contribuir a las nuevas circunstancias políticas y sociales que desde allí tuvieron repercusión estratégica hacia la construcción definitiva de la paz. El EPL fue una guerrilla con particular arraigo campesino, obrero y de sectores populares en varias regiones del país. Fue la organización insurgente más numerosa y de mayor presencia regional que se ha desmovilizado. Desplegó en los ‘80 activos frentes guerrilleros en Córdoba, Antioquia, el Eje Cafetero, Norte de Santander, Putumayo y la Sierra Nevada de Santa Marta. En 1984 pactó, junto con la mayoría de las guerrillas, una tregua bilateral con el Presidente Betancur, en la cual propuso convocar una Asamblea Nacional Constituyente como la fórmula para conseguir la paz. Se retornó a los enfrentamientos que fueron particularmente intensos a finales de esa década, pero gracias a los buenos oficios, las presiones ciudadanas y dinámicas políticas y sociales del orden nacional y regional se retornó a los diálogos de paz. Se pactó la paz entre el M19 y el Gobierno Barco en 1990, a condición de una reforma constitucional en el Congreso, que fracasó. En 1991, al convocarse la Asamblea Nacional Constituyente hubo pactos de paz con el EPL, el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y el MAQL (Movimiento Armado Quintin Lamé). La Constituyente históricamente se hizo posible por varios factores: la insistencia del EPL y luego también de otras guerrillas en su convocatoria como garantía para la paz; el movimiento de la Séptima Papeleta de los estudiantes; el fallo a su favor de la Corte Suprema de Justicia y la aceptación en tal circunstancia del Gobierno Gaviria de convocarla y, en consecuencia, de firmar éstos nuevos pactos de paz que se resolvieron a instancias de su realización. El EPL adoptó la consigna: “¡Armas a discreción de la Constituyente!” y procedió al desarme y a elegir a su seno los dos constituyentes a que tuvo derecho. A la vez, otros dos constituyentes de su influencia política fueron elegidos en las elecciones convocadas. También el PRT y el MAQL tuvieron constituyentes y el M19 consolidó su proceso de paz con la importante elección de constituyentes de la convergencia política AD M19, en la cual concurrieron el EPL y el PRT mientras que el MQL promovió la ASI (Alianza Social Indígena). De tal forma parte de la insurgencia fue parte del órgano de la reforma política e institucional más importante de la historia reciente. Las propuestas y anhelos plasmados en sus pactos de paz contribuyeron en las discusiones y la construcción de consensos para configurar la nueva Constitución Política sobre premisas de inclusión política y social. En la vida legal quienes integraron el EPL le aportan al país en ámbitos políticos, institucionales, académicos, sociales y comunitarios. Han sido en distintos momentos constituyentes, congresistas, diputados, alcaldes y concejales. Hasta la actualidad en instancias nacionales y seccionales se desempeñan como consejeros o asesores principalmente en temas de paz, derechos humanos, convivencia y participación. Han nutrido diversas organizaciones políticas de izquierda y alternativas, organizaciones sociales y no gubernamentales sobre todo con contribuciones referidas a los derechos humanos, la paz y el desarrollo social y regional. Sin embargo, el EPL luego de la desmovilización pagó una cuota alta de víctimas tras la agresión sufrida desde distintos actores armados, principalmente con los hechos acontecidos en Urabá durante los primeros años 90, que conllevaron una dinámica de violencias generalizadas y degradada, de la cual también hizo parte un sector de desmovilizados del EPL que se rearmó con los grupos irregulares que surgieron en tal momento. Vale acarar que la mayoría de ex combatientes tanto en esa región como en todo el país mantuvieron un compromiso transparente con la paz. De allí se deriva la lección de que un proceso de paz no podrá consolidarse sin el compromiso recíproco de todos los actores y factores del conflicto. La paz requiere ahora recuperar políticas públicas a su favor. Una política de paz del actual Gobierno nacional. Al recordar a Oscar William Calvo, pionero de la propuesta Constituyente frente al país desde la Comisión de Paz, de la que fue parte como vocero nacional del EPL durante la tregua previa al proceso de paz definitivo, consideramos que la memoria y el esclarecimiento de su asesinato, junto con el de muchas otras víctimas, debe ser considerado por el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR y por otras iniciativas en tal sentido. Fueron millones las víctimas del conflicto por las que hoy con justeza se reclama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De ellas miles de campesinos, obreros y militantes políticos de izquierda fueron asesinados u objeto de otras violaciones en las décadas recientes so pretexto de combatir a las guerrillas; entre ellos también muchos de quienes integraban el Frente Popular. Pero así mismo, los ex integrantes del EPL comparten que en coherencia con tales demandas están dispuestos a asumir y aportar en las acciones de esclarecimiento, satisfacción y reparación simbólica para con todas las víctimas causadas. En su caso, como el de otras guerrillas, con asumir y revelar contribuciones a la memoria histórica de centenares de hacendados, ganaderos, comerciantes, campesinos y ciudadanos afectados directamente por su actuación. Ojalá el proyecto de ley de víctimas potencie las premisas y los mecanismos para lograr una participación adecuada en tal perspectiva, como parte de la agenda tanto con relación a la paz hecha como a la paz pendiente. Es necesario resaltar el otro lado de la historia registrada en las indagatorias ante la Fiscalía de Francisco Caraballo, Comandante del EPL, quien no atendió el llamado pacificador del gobierno y prosiguió la lucha revolucionaria con cientos de combatientes, en las cuales no sólo se denuncia que durante el periodo de preparación de esa desmovilización se fomentaran costumbres y prácticas entre los jóvenes que posteriormente incitaron actividades negativas en la cotidianidad social y política de muchas regiones de influencia; sino que también “Tengo entendido que no todos los integrantes del EPL que se desmovilizaron abandonaron las armas, y considero que allí encontramos el germen del agravamiento de la situación que se ha sucedido, porque se siguieron presentando enfrentamientos armados, inicialmente parciales y luego generalizados en la región. Lo más grave, y quiero apuntarlo como una denuncia, es que el gobierno propició la consolidación y, desde luego, la actividad criminal de algunos de esos grupos. En 1992, el consejero para la paz, doctor Ricardo Santamaria, estimuló, junto con dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad, la conformación de los “Comandos Populares”. Lógicamente, con ese respaldo oficial, estos grupos intensificaron sus actividades criminales; no sólo de una supuesta “autodefensa”, sino con la pretensión de consolidar su poder en esas áreas 153.

14-3-2011, En Colombia la mal llamada política de confianza inversionista impulsada por el mandato de Alvaro Uribe Vélez y continuada al pie de la letra por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha servido no sólo para entregarle toda clase de gabelas tributarias al capital especulativo internacional, sino para “regalarle” 12 millones de hectáreas a las multinacionales de la minería para su explotación con las funestas consecuencias en el ámbito social, económico y de medio ambiente que ello acarrea. Esa fue una de las conclusiones del conversatorio Geopolítica e impactos de la megaminería que organizó el 12-3-2011 la Fundación para la Recopilación y la Divulgación del Conocimiento (FUNDOC) que dirige el investigador social Rafael Angel Rivera. Para el ingeniero forestal Luis Carlos Hernández, una de las graves consecuencias que tendrá para el país la explotación de oro a cielo abierto es que se abre paso “la mineropolítica” muy similar al fenómeno de la “parapolítica”. Las transnacionales de la minería interesadas en que el gobierno nacional les despache en forma expedita las licencias de explotación en zonas estratégicas del país como el páramo de Santurbán en Santander y La Colosa, en el municipio tolimense de Cajamarca, no sólo comprarán dirigentes políticos y sociales sino que lograrán infiltrar a amplios sectores del Estado para obtener mediante millonarias coimas, todas las garantías y gabelas que requieran. Es decir pondrán al Estado a su servicio. Si en el municipio de Cajamarca, la transnacional Anglo Gold Ashanti invirtió sólo en 2008 la suma de 330 mil millones de pesos en lo que en el lenguaje neoliberal se denomina “gobernanza”, que no es otra cosa que comprar medios de comunicación, dirigentes políticos y sociales para alinearlos a sus intereses, y tratar de mostrar como de gran importancia la “inversión extranjera” en beneficio del desarrollo de la región, es evidente que habrá ríos de dinero por parte de estas empresas mineras en este año que para ellas es estratégico para cooptar y obtener apoyos políticos. Durante el foro de FUNDOC se hizo una pormenorizada exposición sobre los impactos negativos que tendrá para el municipio de Cajamarca la explotación de la mina de oro de la Colosa por parte de la Anglo Gold Ashanti. El ingeniero Luis Carlos Hernández y el coordinador general de la Fundación Ecotierra, Evelio Campos, explicaron cómo este complejo minero hace parte de una estrategia para copar una gran extensión del sector central de la geografía colombiana con miras a explotar recursos naturales que enlaza con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA), proyecto espoliador impulsado por el Banco Mundial y el BID. Los corredores del IIRSA y del Plan Puebla-Panamá (rebautizado como Plan Mesoamérica), del cual también forma parte Colombia, desde el primer gobierno de Alvaro Uribe, son: inversión del gran capital transnacional para el despojo, que se hace destruyendo ecosistemas y desplazando pueblos. Para ello, los gobiernos comprometidos en proteger los intereses del gran capital financiero especulativo en el ámbito internacional, como es el caso colombiano, utilizan escuadrones militares o paramilitares, para hacer “limpieza social” en las zonas objeto de los planes extractivistas. En el caso de la mina de La Colosa, ese trabajo de “limpieza” del territorio se hizo entre 2002 y 2008, lapso en el cual se reportaron 103 violaciones de derechos humanos en el municipio de Cajamarca, según reportes del CINEP. El activista social y catedrático de la Universidad del Tolima, Renzo García señaló que la explotación en esa mina tendrá un impacto directo en la disminución notable de la producción agropecuaria de la región. No es posible que de la noche a la mañana se quiera cambiar la vocación agrícola de la región que es factor fundamental en la seguridad alimentaria, para darle paso a la explotación minera que va a traer como consecuencia desplazamiento humano, depredación ecológica y afectación económica y laboral. El representante de Pax Christi para Colombia, Rodrigo Rojas Orozco, hizo énfasis en los riegos de seguridad que representa para la comunidad de Cajamarca la presencia de Anglo Gold Ashanti, puesto que la explotación minera de esta compañía es proclive para atizar fenómenos de violencia como atentados, secuestros, lavado de dinero, tráfico de drogas, robos, prostitución, etc. En el ámbito ecológico, el oro que Anglo Gold Ashanti planea sacar de La Colosa es microscópico, no es de veta, y en consecuencia hay que utilizar una serie de químicos como el cianuro y hacer grandes excavaciones de tierra, produciendo una catástrofe ecológica monumental. Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME), señaló que la minería de cielo abierto es una necesidad de las potencias por controlar el suelo, el subsuelo, el agua y el aire de países como los de América Latina 154.

16-3-2011, La ONU advirtió al Gobierno colombiano de la urgencia de tomar “medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras”, y se ofreció a acompañar al Estado en esa tarea 155.

20-3-2011, Desde que el gobierno de Ecuador anunció que la base de Manta ya no sería más una unidad militar controlada por EUA, se tuvo claro que la opción era Colombia. Pero la administración Uribe siempre recalcó que cualquier acuerdo de seguridad con Washington debía enmarcarse en los pactos bilaterales vigentes para que no tuviera que pasar por el Congreso. Esta evidencia se ratifica en los cables diplomáticos enviados por la Embajada de EUA en Bogotá entre 2006 y 2010. La primera vez que aparece relacionada la propuesta de un acuerdo quedó escrita en un cable fechado en noviembre de 2006. En desarrollo de un encuentro con el Subsecretario de Estado, Nicolás Burns, y el embajador William Wood con el presidente Uribe y tres de sus ministros, en medio de las conversaciones sobre la necesidad de avanzar en derechos humanos, las indulgencias de la Ley de Justicia y Paz y las urgencias para aprobar el TLC, salió a relucir la idea que se trabajaba con sigilo. El entonces Presidente Uribe exteriorizó su deseo de profundizar en cooperación en materia de seguridad, y su Ministro Juan Manuel Santos -hoy Presidente de Colombia- reveló que en Managua (Nicaragua) había presentado un borrador de acuerdo en esta materia al Secretario de Defensa de EUA, Donald Rumsfeld. Uribe manifestó su confianza de que ese borrador permitiera hacer lo necesario en materia de seguridad sin que fuera indispensable la aprobación de los congresos. Un mes más tarde, el Embajador Wood envió un nuevo cable, comentando que el 15 de diciembre se había reunido en forma separada con los entonces ministros Juan Manuel Santos y María Consuelo Araújo para evaluar un borrador, y que una vez más los altos funcionarios le hicieron saber el deseo del Gobierno de que el pacto no pasara por la ratificación del Congreso, aunque ambos insistieron en que fuera lo suficientemente amplio para satisfacer las necesidades de ambas partes. Tanto Santos como Araújo enfatizaron en la importancia de que el acuerdo hiciera el menor ruido político, y en particular el Ministro de Defensa recalcó que si bien el acuerdo debía mostrarle al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que Colombia tenía el apoyo de EUA, éste no debía exacerbar las tensiones regionales. Mientras se acercaba la fecha para que el gobierno norteamericano devolviera a Ecuador la base de Manta, el acuerdo con Colombia fue tomando forma. En septiembre de 2008, la Embajada de EUA reportó a Washington que había entregado un borrador de acuerdo de cooperación, que debía ser presentado a la prensa como una continuación de anteriores convenios. El Embajador resumió la propuesta de usar las bases de Palanquero, Apiay y Barranquilla y dejó expuesto el asunto conexo de las inmunidades. La decisión de cómo y cuándo anunciarlo debía quedar en manos del Gobierno de Colombia. La idea era etiquetarlo como continuación de la cooperación histórica. La Cancillería de Colombia había entregado la respuesta oficial al borrador norteamericano, y que el gobierno Uribe insistía en que el texto debía evadir el uso de la palabra “base”. Además solicitaba presentar el acuerdo como continuidad de la cooperación bilateral y multilateral para evitar su paso por el Congreso, y que EUA debía proveer garantías de seguridad al gobierno colombiano enmarcado en el principio de algo a cambio de algo, a fin de otorgar garantías de acceso. En el informe a Washington la Embajada detalló sus reparos a la contrapropuesta colombiana. En primer lugar anotó que el gobierno Uribe había incluido en el preámbulo referencias a numerosos acuerdos bilaterales, y que esa idea era consistente con su objetivo no sólo de evitar la aprobación del Congreso, sino de vender el acuerdo a la opinión pública y a la región como una simple extensión de la cooperación y no como una escalada militar de EUA en Colombia. La Embajada opinó que esos cambios no afectaban sus intereses. La Embajada comentó que para evitar que material estadounidense se usara en un eventual conflicto regional, se promoviera una modificación en el lenguaje. La fórmula era proponer que ambos países debían definir qué constituía “una amenaza de emergencia nacional”, lo cual garantizaba a EUA un poder de veto. El borrador de Colombia decía que, dos años después del acuerdo, EUA debía instalar sistemas de defensa aéreos, que deberían ser transferidos libres de cargo al final del acuerdo. Un propósito claramente enmarcado, dice el cable, en eventuales amenazas internacionales, especialmente de Venezuela. La Embajada de EUA observó que el gobierno Uribe no apreciaba los miles de millones de dólares que se necesitaban para construir un sistema de defensa aéreo y los años que se requerían para terminarlo. Por eso lo calificó como inaceptable. Y luego agregó que si el Gobierno de Colombia insistía en incluir esa propuesta, Washington debía tomar dos caminos: comprometerse a evaluar la petición de los sistemas aéreos de defensa, siempre y cuando se concretara el compromiso de proveer protección a personal y aeronaves de EUA, pero no a las instalaciones, en caso de amenaza. El reporte recalcó que se debía insistir en la protección de los activos norteamericanos, incluso su retiro de Colombia si fuere necesario. La Embajada recomienda empezar a considerar, silenciosamente, si estaban preparados para proveer equipos de defensa aérea a Colombia si era necesario para salvar el acuerdo. Ya en abril de 2009, el Embajador William Brownfield reportaba a Washington que después de la tercera ronda de negociaciones estaba aprobada más de la mitad del borrador, pero que el Gobierno de Colombia insistía en que algunos requerimientos de EUA no eran viables porque violaban las leyes nacionales. Y añadió que la administración Uribe admitía que esos temas críticos podrían superarse si el acuerdo pasaba por el Congreso, pero que quería evitar susceptibilidades políticas. El Embajador reconoció que el cierre del acuerdo estaba condicionado a que EUA diera acceso a Colombia a suministros en el evento de una emergencia nacional. Además asumió que seguían sin resolverse temas como excepciones impositivas, el derecho a portar armas y la renuncia a reclamos. Pero el Viceministro Juan Carlos Pinzón dejó claro que Colombia no podía ceder en esos puntos sin arriesgarse a violar la ley. La orden del ex-Presidente Uribe a los negociadores para que avanzaran lo más rápido posible había flexibilizado su posición y habían hecho concesiones en temas claves como la posibilidad de que personal de EUA portara armas. Los temas sin aprobar eran el pago de tarifas y costos para vehículos de EUA, algunas quejas de contratistas y aspectos de competencia judicial. La Embajada comentó que el tema más difícil para Colombia era permitir que EUA ejerciera jurisdicción penal en el país, pero que el tema podría resolverse haciendo alusión a acuerdos bilaterales anteriores y simplificando el lenguaje de manera creativa. A las puertas del acuerdo que se firmó el 30-10-2009, autorizando la presencia de personal militar y civil norteamericano en siete bases militares de Colombia, se produjo otro reporte. Una vez más la Embajada precisó que los asuntos claves para Colombia eran implementar un sistema de defensa aéreo, tener acceso a armas y sistemas de EUA en caso de una emergencia de seguridad nacional y la posibilidad de tecnología en inteligencia. Su preocupación rondaba en la adquisición de aviones rusos Sukhoi por parte de Venezuela, para lo cual el Embajador Brownfield sugirió una carta de la Fuerza Aérea de EUA a su similar en Colombia para evaluar el tema a corto plazo. El acuerdo de cooperación militar entre Colombia y EUA autorizó la presencia de 800 militares y 600 contratistas norteamericanos. Siete bases quedaron autorizadas para facilitar el acuerdo: Larandia, Tolemaida, Malambo, Palanquero, Apiay, Cartagena y Bahía Málaga. Pero antes de lo previsto, el acuerdo fue demandado ante la Corte Constitucional. En febrero de 2010, la Embajada de EUA comentó que ya iban dos demandas y detrás de ellas estaban las ONG de derechos humanos. En el mismo cable de febrero de 2010, la Embajada precisó que las demandas argumentaban que el acuerdo tenía que pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, pero que funcionarios del Ministerio de Defensa tenían confianza porque la Corte en el pasado se había negado a revisar acuerdos simplificados. En agosto de 2010, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo que construyeron durante cuatro años los gobiernos de Colombia y EUA, y la razón fue lo que siempre quiso evitar el gobierno Uribe: el acuerdo tenía que pasar por el Congreso de la República 156.

21-3-2011, Unos 50 hombres y mujeres, líderes campesinos, han sido asesinados desde 2005 por el simple hecho de organizarse para recuperar sus tierras. A fines de septiembre del 2010, horas después de que el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, entregó en Turbo, en el norte del país, títulos de propiedad a 34 familias que habían sido despojadas por los paramilitares, fue asesinado Hernando Pérez, uno de los dirigentes que concurrió al acto. En enero, cuando fue robada una USB con datos de procesos de restitución de tierras de la sede de la Asociación de Víctimas Tierra y Vida, en Apartadó, unas 18 mil personas que reclamaban unas 25 mil hectáreas entraron en pánico y hasta el Vicepresidente Angelino Garzón, pidió la creación de un “bloque de búsqueda” para dar con los culpables. Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos dijo: “La protección de las víctimas que reclaman tierras, así como de sus organizaciones, debe tener la misma prioridad que la restitución como tal, porque el Estado ante todo tiene la responsabilidad de proteger la vida”. En 2010, el Presidente Juan Manuel Santos presentó al Congreso un Proyecto que llamó “la hoja de ruta para ejecutar una reparación integral a las víctimas” que en la actual discusión en el Senado se acumuló con otra iniciativa sobre restitución de tierras, que en conjunto contempla medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que permitirán a las víctimas del conflicto armado “el efectivo goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”. El sistema propuesto incluye registro de tierras despojadas, creación de una Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y una jurisdicción especial que agilice los procesos. Hay reparos tanto al proyecto original como a las modificaciones introducidas en medio de forcejeos entre las distintas bancadas parlamentarias, que van desde la fecha de iniciación de la reparación (1984 o 1991) que afectaría el monto económico final de la reparación, hasta su concepción, alcance y procedimientos. Yamile Salinas, abogada independiente, consultora de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, y analista de Razón Pública, no cree que el proyecto de Ley que cursa en el Congreso sea un verdadero aporte a la reparación y a la restitución de las tierras. Tampoco que haya real voluntad política para develar los verdaderos poderes detrás de los usurpadores, incluso de los grupos armados, entre otras razones porque el proceso judicial y administrativo que establece la Ley no tiene que ver nada con el proceso penal; son cosas que van totalmente independientes. “Vamos a hacer una restitución sin justicia y sin sanción a los responsables. Y sin verdad”. Reconoció como un avance del actual gobierno frente al anterior, la “voluntad de salvar la deuda con la población desplazada, especialmente con la que tuvo que abandonar sus bienes o a la que le fueron despojados”. Respecto al proyecto de Ley de Víctimas, llama la atención sobre cambios introducidos “extrañamente” en el curso del debate referentes al derecho a la superficie y el de la utilidad pública y del interés social. Ejemplo: digamos que hay situaciones de despojo, concretamente en la zona de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, región Caribe, donde se adelantan proyectos mineros. Las víctimas despojadas de estas tierras no van a tener derecho a la restitución porque la minería es una actividad declarada de utilidad pública e interés social. En otras palabras, los despojadores directos o indirectos beneficiarios del despojo se van a quedar con esas tierras. En cuanto al derecho a la superficie, figura que no existe en la legislación colombiana, consiste en permitir que aquellas personas que han desarrollado proyectos de buenas fe puedan seguir con sus proyectos. Otro Ejemplo: El caso de Jijuamiandó-Curvaradó, departamento del Chocó, región Pacífico, donde ha habido desplazamiento masivo de comunidades afro descendientes que al retornar encontraron sus territorios sembrados de palma; es cierto que allí se identificaron algunos de mala fe y están siendo investigados por la justicia penal pero no se han establecido sus responsabilidades y, por tanto, se puede y debe presumir su buena fe. Así que estas personas podrían seguir gozando de la palma y sus legítimos titulares tendrían que conformarse con que les pagaran una renta por el uso de la tierra. El Superintendente ha hecho público un informe que sólo se refiere al 10% de las oficinas y habla de unas 150 mil o 180 mil hectáreas que fueron apropiadas tanto de la Nación (baldíos) como de particulares, y ha sido enfático en señalar que esto es una cadena: no solamente es un problema de la Superintendencia, pues, quienes titulan son los funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), es decir, la Superintendencia terminaba registrando escrituras espurias. La única forma de que Colombia avance en ese sentido es que podamos descubrir y esclarecer cuáles son las causas y quiénes son los responsables. Pensar que los únicos responsables son los actores armados, no nos va a permitir resolver la problemática de tierras en Colombia. Hay varios mecanismos. En primer lugar tenemos que entrar en una política criminal en la que todas las entidades del Estado se involucren para perseguir a los responsables, llámense políticos, servidores públicos, paramilitares, guerrilla, etc. Lo primero es esclarecer, judicializar y sancionar estos casos. Igualmente una Comisión de la Verdad -ya propuesta por la Comisión de Seguimiento, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional- que permita que diferentes actores empiecen a demostrar y evidenciar estos nexos. Ciertamente el tema de la seguridad es muy grave pero hay que empezar a blindar estos mecanismos para llegar a la verdad. Requerimos la verdad. El modelo de desarrollo que tenemos en Colombia, que impulsa la agroindustria y la minería en los territorios rurales, va en contravía de la reparación de las víctimas. Como avance hay que reconocer que a partir de 2005, cuando se empezó a hablar de verdad, justicia y reparación, las víctimas del desplazamiento descubrieron que tenían derecho a reclamar. Mientras la no gubernamental Consultoría Colombiana para los Derechos Humanos y el Desplazamiento señala que las personas desplazadas son 5.1 millones, de las cuales entre 40 y 50% abandonaron o fueron despojadas de sus tierras, entidades oficiales como el Proyecto de Protección de Tierras, indican que las extensiones afectadas pueden ser del orden de los 8 millones de hectáreas; en tanto, la Comisión de Seguimiento -que se basa en encuestas- dice que son 6.6 millones de hectáreas, y otras fuentes hablan de 10 millones de hectáreas. “De todas formas si nos acogemos a las cifras oficiales, basadas en registros de nombres y cédulas, estamos hablando de por lo menos 8 millones de hectáreas” 157.

23-3-2011, Hasta la fecha se han desmovilizado 52.000 personas; ocho años después de que se inició la desmovilización de los paramilitares de derecha en Colombia no hay consenso sobre las cifras; por eso, no está claro cuántos hombres y mujeres dejaron las armas, cuántos reincidieron y cuántos se hicieron pasar por combatientes para recibir beneficios económicos. El debate ocurre en momentos en que se han denunciado falsas desmovilizaciones de paramilitares e incluso de guerrilleros, y cuando la justicia comienza a investigar esos hechos, por los cuales ya fue citado a indagatoria Luis Carlos Restrepo, el ex Comisionado de Paz que diseñó el proceso con el ex Presidente Alvaro Uribe. El Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, dice que hasta la fecha se han desmovilizado 52.000 personas, de las cuales casi 32.000 formaban parte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Entre los exparamilitares, “3.500 han vuelto a delinquir, otros 3.000 han sido capturados y 3.000 más han muerto”. La tasa de reincidencia en delitos entre los desmovilizados colombianos es baja en comparación con la del “Estado de California, que es del 60% o la de España, que es casi del 50%”. Recientemente, el Congreso colombiano aprobó una ley para sacar del “limbo” jurídico a muchos ex paramilitares que se desmovilizaron, pero cuya situación judicial no se había podido resolver, porque no se postularon a otra ley que reduce las penas para los delitos atroces. Sin embargo, tampoco es clara la cifra de los beneficiarios de la nueva ley, que impedirá que miles de personas vayan a la cárcel, si confiesan delitos como concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias o porte ilegal de armas. Los beneficiarios de esa ley serán “unas 25.000 personas, todas ellas ex paramilitares”. Michael Reed, Director en Colombia del Instituto para la Justicia Transicional, una organización basada en EUA, dice que las cuentas no cuadran. “No entendemos de dónde salen las cifras del gobierno. Se desmovilizaron algo más 31.000 paramilitares, de los cuales 11.000 fueron procesados y resolvieron su situación jurídica. Hay que excluir a los casi 4.000 que se postularon a la ley de justicia y paz -que reduce las penas de delitos atroces- y así quedaría un residuo de unas 17.000 personas”. Ese universo de personas es el que hay que “purgar y depurar, sacarle los muertos, los que fueron obligados a desmovilizarse y los reincidentes, para quedarnos con los que finalmente cumplen los requisitos para no ser encarcelados”. Reed critica que la nueva ley prohíba expresamente que las confesiones de una persona sirvan para investigar las conductas de otras. “Si esas personas se metieron a un grupo que cometía homicidios y desplazaba, tienen otros delitos por los cuales deberían ser procesados. Se trata de un mecanismo poco claro y transparente, abiertamente inconstitucional. Los perpetradores no son quienes tienen la verdad y esta surge de la contrastación que haga la justicia. ¿Qué pasa si esos perpetradores confiesan delitos más graves, o nexos de los paramilitares con políticos comandantes militares? Eso tiene que ser judicializado. De lo contrario, sería un mecanismo de encubrimiento del delito”. El Consejero Eder responde que “no podemos montar un sistema de autoincriminacion y meter a la cárcel a miles de personas, porque eso no es factible y le cerraríamos la puerta a la paz”. El proceso de desmovilización, en el que el gobierno colombiano invierte unos u$s3.500 por persona al año, “ha sido bastante exitoso” 158.

15-4-2011, El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), , mantiene entre otros países, a Colombia en su “lista negra” de países que deben mejorar el respeto y la protección a los derechos humanos. Para la CIDH, dependiente de la OEA, Colombia aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales y de implementación del marco legal adoptado para juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto. A la CIDH le siguen preocupando la comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública y el escaso número de condenas por estos hechos, la utilización de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de derechos humanos y el incremento del número de desplazados internos. Le inquieta también la situación de los pueblos indígenas y de la población afro-colombiana y pide que se prevenga el empleo indebido de mecanismos de inteligencia contra defensores, líderes sociales, periodistas, operadores de justicia, organismos y organizaciones internacionales 159.

20-4-2011, El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó su preocupación por la contínua violencia contra la población y por el reclutamiento de niños en Colombia, por parte de grupos al margen de la ley. Insulza presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe trimestral sobre la misión de apoyo al proceso de paz (MAPP/OEA), creada en 2004 para seguir su evolución, verificar la desmovilización y reinserción de los paramilitares, así como para la reparación a las víctimas, en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Recordó que en los dos primeros años de este proceso, iniciado durante el gobierno de Alvaro Uribe, fueron desmovilizados 31.671 paramilitares y destacó que en estos seis años “la realidad del país se ha transformado de manera positiva”. No obstante, la misión observa con “especial atención” la actual situación de inseguridad en diversas zonas del país “sobre todo donde se produjo la desmovilización” y señaló que las amenazas, la intimidación y los asesinatos han sido “una constante casi permanente” para la población. “La MAPP/OEA mantiene su preocupación por la forma en la que resulta involucrada la población civil en las dinámicas violentas impuestas por los grupos post-desmovilización”, herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). En municipios del sur de Córdoba, Bajo Cauca, Chocó y la costa nariñense, ha habido desplazamientos que han generado enfrentamientos, mientras en zonas urbanas se dan amenazas individuales o colectivas, violencia sexual -que en ocasiones afecta a menores-, desapariciones forzadas y violencia indiscriminada. La situación actual de violencia generada por los grupos desmovilizados en zonas de la Costa Pacífica, el sur de Córdoba, Bajo Cauca (Antioquia), Urabá y los Llanos Orientales, debe ser un reto de “altísima prioridad”, dice el informe que insta al Gobierno a garantizar la seguridad a las poblaciones más vulnerables. Recomienda complementar el enfoque militar para combatir la violencia que “continúa produciéndose sobre la población civil”, con estrategias destinadas a generar confianza y valora la decisión del Gobierno de crear una nueva política de seguridad ciudadana. Otro asunto de “profunda preocupación”, detectado con más énfasis en los últimos meses, es el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales, sobre todo en comunidades indígenas y afrodescendientes, en Antioquia, Cesar y Bogotá. En cuanto a los procesos judiciales sobre la verdad, señaló que hasta octubre la Fiscalía ha exhumado 2.989 fosas en distintas zonas del país, en las que se han encontrado 3.625 cadáveres y se ha logrado conocer 44.376 homicidios, 9.431 desplazamientos forzados, 4.30 desapariciones, 2.144 casos de reclutamiento y 1.417 masacres. La Secretaría subrayó la necesidad de que el proceso de restitución de tierras garantice la seguridad personal de las víctimas. Además, la misión reitera la preocupación por la seguridad y protección de las personas que participan en los programas de restitución de tierras e insta al Gobierno a crear uno de protección específico. Le preocupa la “vulnerabilidad” de los funcionarios judiciales, especialmente fiscales e investigadores, y exhorta a que se tomen también medidas de protección para estas personas. Uno de los desafíos que el Gobierno colombiano debe abordar según la OEA es la generación de empleo para los desmovilizados, “quizá la que presenta mayores dificultades en el transcurso del tiempo”. La falta de oportunidades laborales, la estigmatización y las dificultades en algunos proyectos productivos, son problemas que