¿PAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Posición/Año

Gobierno de EUA

Sector Financiero de EUA

Gobierno de Colombia

Paramilitares

FARC

Otras fuerzas en Colombia (ELN)

Otros actores en Colombia

Fuerzas Armadas Colombia

Sec. Gral. ONU, otras org. y personalidades

Gobiernos Latinoamericanos

Unión Europea

2010

2-2-2010, EUA tiene previsto recortar la ayuda a Colombia para 2011 en u$s55 millones. El Presidente Barack Obama el 1-2-2010 presentó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2011, que se inicia en octubre. El plan prevé una reducción de la ayuda del Departamento de Estado destinada a América Latina, en particular para México y Colombia. En el presupuesto se incluyen u$s2.044 millones en desarrollo y ayuda militar. Esa cifra representa u$s221 millones menos. El Subsecretario de Estado, Jacob Lew, reconoció que los dos programas principales de ayuda para la región: el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida (México) sufrirán reducciones. Según el presupuesto, Colombia recibiría u$s464,5 millones para los componentes social y militar del “Plan Colombia”. De los u$s55,5 millones de recorte, u$s44,9 millones serían eliminados del dinero con el que se financia el combate al narcotráfico, aunque la propuesta de Obama aún debe ser aprobada por el Congreso. La ayuda que recibe Colombia de EUA ha venido cayendo de manera sistemática desde el 2007 2.

18-4-2010, El Jefe del Pentágono, Robert Gates estuvo de gira por América Latina y visitó Perú, Colombia y Barbados. En Bogotá agradeció al presidente Uribe por todo lo que ha hecho en sus dos períodos. Lo considera una figura histórica, tanto para Colombia como para las relaciones con EUA. Fue a dar garantías de que lo que se ha construido, tanto bajo el mandato de Uribe como de Bush y Obama, es una relación que debe continuar creciendo. Mi mensaje es de continuidad. Seguiremos comprometidos con esta relación. Los recursos destinados al Plan Colombia se estabilizaron y han empezado a disminuir, pero eso era lo planeado, en la medida en que Colombia podía mantener por sí sola algunos de los programas que impulsamos. Por ejemplo, entrenamos a los militares colombianos, pero ahora son estos militares los que están entrenando a pilotos mexicanos y peruanos, a oficiales y soldados panameños y a otros más de la región. Logramos mucho aquí. Considero que la de Colombia es la historia de un éxito enorme y creo que muchos otros comparten esa opinión. Esa es la razón por la cual muchos países de la región y de otras latitudes quieren aprender de sus experiencias. No solamente en lo que tiene que ver con operaciones militares, sino civiles, que es de lo que se trata la contrainsurgencia. Lo que estamos aplicando en Afganistán y la presencia de especialistas colombianos en ese país, junto con fuerzas de 44 naciones, es una prueba de ello. De alguna manera en Afganistán encontramos los problemas que Colombia ha enfrentado: que terroristas e insurgentes tienen una relación simbiótica con los traficantes de drogas y están trabajando juntos. Por eso la lucha contra los narcóticos debe ser continua y requiere cooperación regional. Hemos empezado a ver más de eso, particularmente con Perú, México y Colombia. La controversia en el hemisferio sobre el uso de bases colombianas por parte de militares estadounidenses me ha causado sorpresa. Es claro que ésta fue una oportunidad para que algunos criticaran tanto a EUA como a Colombia. Para otros fue una falta de entendimiento sobre el acuerdo, pero a medida que dimos las explicaciones y que aclaramos que no se trataba de intervenir en los asuntos de otro país, buena parte de esos temores se disiparon. Mi apreciación sobre la fortaleza de las FARC es que han sido debilitadas significativamente, pero no han sido destruidas. Pienso que el desafío que enfrenta Colombia o Perú, con Sendero Luminoso, que ha vuelto a aparecer, es que estas organizaciones han sido golpeadas, pero no erradicadas. Eso quiere decir que será necesario aplicar presión en forma continua. No creo que haya una carrera armamentista en la región. De hecho, si hay una carrera armamentista, ésta tiene tan sólo un corredor. No tengo claro cuál es la necesidad de tantas armas y tanto dinero gastado en ellas. Sólo quisiera recordarle a la gente que los rusos están en este tema primordialmente con el fin de hacer un negocio y que esperan que los préstamos que han otorgado se los paguen. No sé quién cree Hugo Chávez que lo va a invadir. EUA ni desde Colombia ni desde ninguna otra parte va a invadir Venezuela. Creo que Venezuela es manos un factor de desestabilización que hace unos años. Pienso que enfrenta problemas internos y económicos muy severos. Eso ya no la hace un modelo tan atractivo para otros. Sin preocuparse en el corto plazo, Colombia debería observar de cerca las compras de armas de Venezuela. La realidad respecto de las compras de armas es que pasan años antes de que todo lo adquirido se entregue y quién sabe qué pase en el entretanto. No tengo una buena medida sobre la magnitud del apoyo venezolano a las FARC 3.

13-6-2010, Para el Embajador de EUA en Colombia William Brownfield, el Plan Colombia ha cumplido con lo que se esperaba de él. “En 1998, preveíamos empezar con mucho dinero e irlo reduciendo gradualmente con el tiempo. Eso es lo que ha pasado. Aunque, claro, hubo algunos accidentes en el camino.” La Secretaria de Estado de EUA, Hillary Clinton, estuvo en Colombia 9-6-2010, donde participó en conversaciones con el Presidente saliente, Alvaro Uribe, y el candidato presidencial Juan Manuel Santos, a quien muchos sindican como el candidato favorito de Washington, dada su promesa de continuar con las actuales políticas de seguridad nacional. La Secretaria de Estado dejó claro que aunque Washington apoya las necesidades que existen en materia de seguridad, “la democracia tiene que traer resultados para la gente: más educación, más salud, más carreteras”, que son “beneficios tangibles que pueden distribuirse por todo el país” 4.

17-7-2010, Frente a la presentación que el gobierno de Colombia hizo 16-7-2010 a la OEA de convocar “a la mayor brevedad posible” a una sesión extraordinaria para examinar la presencia de jefes de las FARC y el ELN en territorio venezolano, denunciada el 15-7-2010, el vocero del Departamento de Estado de EUA, Philip Crowley, declaró que la posible presencia de rebeldes en Venezuela preocupa a Washington “desde hace tiempo”. Ese país tiene la obligación de “impedir a grupos terroristas que operen en su territorio” 5.

23-7-2010, El portavoz del Departamento de Estado, Phillip Crowley dijo que el gobierno de EUA considera que la denuncia que presentó el gobierno de Colombia 22-7-2010 en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, sobre la existencia de supuestos campamentos guerrilleros en Venezuela “es información importante que merece investigación adicional. Nosotros apoyamos lo que Colombia destacó durante la sesión de ayer, alentamos el establecimiento de una comisión internacional de verificación que visite los campos identificados en los próximos treinta días. Creemos que la propia Venezuela tiene la responsabilidad de ser honesta en responder a las importante información presentada por Colombia”. Venezuela tiene obligaciones internacionales para combatir a los movimientos terroristas y si el gobierno falla en cooperar con ese esfuerzo, EUA “tomará nota”. Respecto de la decisión de romper relaciones con Colombia anunciada por el Presidente Hugo Chávez poco después de presentada la denuncia colombiana, Crowley consideró que fue una respuesta “desafortunada”. “Habríamos esperado una respuesta más constructiva por parte de Venezuela”. En los últimos años, debido a las “preocupaciones por los vínculos entre Venezuela y las FARC”, el gobierno venezolano no ha recibido la completa certificación que hace el Departamento de Estado sobre la marcha de los esfuerzos internacionales contra el extremismo 6.

26-7-2010, El portavoz del Departamento de Estado de EUA, Phillip Crowley dijo que Venezuela “no debería estar en ningún estado de alerta” ni preocuparse por acciones de EUA. “No tenemos intenciones de involucrarnos en acciones militares contra Venezuela”. El gobierno de EUA considera “seria” la denuncia presentada la semana pasada por Colombia ante la OEA sobre la supuesta presencia guerrillera en territorio venezolano. “Apoyamos un proceso internacional transparente para investigar estas acusaciones y llegar al fondo del asunto, pero como subrayamos, más que posar sería más constructivo para Venezuela involucrarse y responder estas preguntas, y mejorar las relaciones con Colombia a través del diálogo” 7.

19-8-2010, El gobierno de Barack Obama se mostró dispuesto a seguir manteniendo una “estrecha cooperación” con Colombia, a pesar de que la Corte Constitucional de ese país invalidó el acuerdo militar firmado el 2009 por no haber contado con la aprobación del Congreso colombiano. El vocero del Departamento de Estado, Charles Luoma-Overstreet, dijo en un comunicado: “Nuestra estrecha cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos existentes previamente”. El gobierno de EUA confía también en que se mantenga el acuerdo firmado el 2009, que contempla el uso de siete bases colombianas por parte de militares estadounidenses. “Estamos pendientes de escuchar del gobierno de Santos sus planes para proceder hacia delante” 8.

22-11-2010, El ex Presidente de Colombia Alvaro Uribe no acudió hoy a declarar en un caso contra la compañía minera Drummond por su presunta colaboración con grupos paramilitares colombianos, informó hoy el abogado de los demandantes, que acusó al ex gobernante de creer que está “por encima de la ley”. Según los demandantes, Uribe tiene “conocimiento directo” de varios asuntos “clave” en el caso, incluyendo el alcance del apoyo militar para “proteger las instalaciones mineras de Drummond en Colombia”, y la presunta relación y el nivel de cooperación entre fuerzas militares y las AUC, que se desmovilizaron en el 2006. Además, el abogado de Uribe, Gregory Craig, contactó a Collingsworth para decirle que pensaba que el ex Presidente tenía “inmunidad soberana”. Collingsworth opinó que un ex jefe de Estado “no tiene inmunidad” y que las normas requieren que su defensa registre una moción para tratar de anular la citación o “proteger” a su cliente. Según el abogado, quería que Uribe, Presidente desde el 2002 hasta agosto del 2010, le dijera si como comandante en jefe supo de una presunta colaboración entre los paramilitares y la empresa. Por otro lado, el abogado dice disponer de “buena información” que indica que el Gobierno de Uribe “hizo algunos favores” a la minera. Por último, el despacho de abogados quiere que Uribe declare cuál era su participación en la creación de las AUC cuando era gobernador de Antioquia 1995-1997). “Nunca contestó a estas preguntas”, dijo 9.

9-12-2010, El Presidente de EUA, Barack Obama, aseguró que el Plan Colombia tiene “resultados reales” y que su Gobierno mantiene su compromiso con esa herramienta de seguridad. “El compromiso con el Plan Colombia es bipartidista y duradero... hay resultados reales: una Colombia más segura y una mejor vida para los colombianos. Estamos forjando nuevas áreas de colaboración, como el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo alternativo, el medio ambiente y los lazos comerciales”. Obama calificó a Colombia como “uno de nuestros aliados más fuertes por muchos años, basados en nuestra común dedicación a la democracia, la defensa del Estado de Derecho y la justicia social”. Colombia es el tercer receptor de ayuda estadounidense en el mundo, detrás de Israel y Egipto. Estados Unidos ha contribuido con más de 6.000 millones de dólares al Plan Colombia desde el 2000 10.


26-2-2010, Sobre el pedido de captura que el gobierno ecuatoriano hizo de funcionarios colombianos, por el conflicto entre Colombia y Ecuador, debido al bombardeo en marzo del 2008, efectuado por las fuerzas armadas colombianas, en la zona ecuatoriana de Angostura, en el que murió, entre otros, Raúl Reyes, dirigente de las FARC, el Canciller colombiano, Jaime Bermúdez dijo: “Colombia ha sido muy clara en que no puede aceptar ni reconocer una jurisdicción extraterritorial en un acto que fue de Estado contra un terrorista”. Un “tema sensible” presentado por Colombia ha sido precisamente que se deje sin efecto el juicio en contra de las cuatro autoridades colombianas por el caso Angostura 11.

27-2-2010, Respecto del asesinato de tres ecuatorianos, además de un colombiano, presuntamente a manos de la guerrilla colombiana, encontrados a las orillas del río San Juan, limítrofe entre Ecuador y Colombia, frente a la población ecuatoriana de Tobar Donoso, en la provincia de Carchi, Gabriel Silva, Ministro de Defensa de Colombia lamentó “que el terrorismo afecte a los ecuatorianos. “Esto demuestra el carácter terrorista de las FARC, que no les importa ni respetan un país hermano. Son unos narcoterroristas multinacionales, y todos los países, no importa si son vecinos o remotos, sufren las consecuencias, ya sea por el narcotráfico o por su actividad terrorista” 12.

27-2-2010, El Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, afirmó 26-2-2010 que la inteligencia militar descubrió planes de las FARC para incrementar el secuestro de dirigentes políticos como fórmula de presión al gobierno de Alvaro Uribe: “Pretenden volver a convertir a los dirigentes de los colombianos en preseas, con el fin de llenar su inventario, porque han perdido ese músculo cruel de los secuestrados para presionar a la población y al gobierno. Tienen un diseño para secuestrar a nuevas personalidades”. El presunto propósito de las FARC se puso en evidencia con el secuestro y asesinato del Gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, en diciembre del 2009. Las autoridades están preparadas para evitar ataques que pretendan sabotear las elecciones parlamentarias del 14-3-2010 y las presidenciales del 30-5-2010: “Literalmente, tenemos a miles de personas cuidando a los líderes políticos. Naturalmente, el terrorismo es un elemento facilista, pero los colombianos pueden estar tranquilos de que el dispositivo creado para el proceso electoral garantizará una jornada en paz” 13.

29-3-2010, El soldado Josué Daniel Calvo Sánchez fue entregado en una zona selvática a una comisión humanitaria integrada por personal del CICR, de la Iglesia Católica, y por la Senadora del opositor Partido Liberal, Piedad Córdoba. Calvo había sido secuestrado por las FARC el 20 de abril de 2009 en la población de Vistahermosa, departamento del Meta. Con la liberación unilateral de Calvo, las FARC todavía mantienen cautivos a 22 miembros de la policía y del ejército de Colombia. El Presidente Alvaro Uribe a través de un comunicado dijo que su gobierno no se opone a un acuerdo humanitario, “siempre y cuando no sea para devolverles delincuentes a las FARC”. Indicó que dicho acuerdo tendría como condición que los integrantes de las FARC que lleguen a salir de la cárcel “deben dar todas las garantías, por la ubicación, la vigilancia, etcétera, de que no vuelven a delinquir. Tienen que empezar con la buena fe (...) No podemos pensar en acuerdos militares mientras no haya un cese de actividades criminales. Los colombianos perdonan, pero mis compatriotas no están dispuestas a que el terrorismo nos vuelva a engañar”. El Ministerio de Defensa colombiano afirmó recientemente que en el país sólo quedan 79 personas privadas de libertad, una reducción del 97,2% con relación a los datos que se manejaban en 2007. De esa cifra, las FARC tienen en su poder a 50 rehenes; seis están en manos del ELN y 23 fueron capturados por delincuentes comunes. El informe señala que de esa base de datos fueron borradas 211 personas que ya están muertas, 744 casos de desaparición forzada y 1148 que quedaron libres o nunca fueron secuestradas. Operativos militares, gestiones humanitarias y fugas cinematográficas permitieron que más de 25 rehenes recuperaran la libertad desde 2008. El caso más recordado fue la Operación Jaque, que permitió la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt 14.

8-4-2010, Uribe insistió en buscar el rescate militar de los cautivos: “Si apaciguamos, si sacamos guerrilleros de la cárcel para que vuelvan a delinquir, para que sigan poniendo carros bomba, para que sigan secuestrando colombianos, lo que hacemos es que los colombianos tomen turnos para ser víctimas del secuestro”. En la campaña presidencial, el ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, favorito en las encuestas dijo cuando se produjo la liberación de Moncayo: “Esa demora en la entrega de los secuestrados y la forma como juegan con la opinión pública merece toda la censura del mundo entero y por supuesto de Colombia”. Noemí Sanín otra candidata oficialista, dijo que para hablar de una acuerdo humanitario se necesita que “los terroristas dejen de delinquir. No nos podemos dejar engañar nuevamente” 15.

18-4-2010, Una guerrillera desmovilizada, Sara Morales, que está bajo la protección del gobierno colombiano afirmó que el actual Presidente venezolano, Hugo Chávez, se reunió en Colombia en 1998, antes de asumir el poder, con miembros de las FARC. Dijo que el mandatario se entrevistó con el jefe rebelde Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”, y otros integrantes del grupo guerrillero en un paraje del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela: “Timoleón Jiménez fue a unas pequeñas reuniones, porque en ese tiempo era el coordinador de bloques. Fue hasta Ocaña (Norte de Santander), donde sostuvo reuniones con Hugo Chávez, aunque eso se manejaba muy internamente. En otras épocas, muchos fusiles fueron entregados a otros frentes. No me contaron, porque eso no se cuenta, sino que eso se ve y no fue en territorio venezolano, estuvo en Ocaña y cerca a Río de Oro”. Varios desmovilizados de la guerrilla han señalado que Chávez ofreció ayuda militar a los grupos guerrilleros, versión que es rechazada por el mandatario venezolano 16.

22-4-2010, Respecto de las declaraciones hechas por el ex Comandante paramilitar Salvatore Mancuso desde EUA, el candidato a la Presidencia por el partido de la U, Juan Manuel Santos dijo que las denuncias ya fueron estudiadas y archivadas por la Fiscalía. Señaló que son ataques que recibe y deja pasar. “Aquí hay un desespero de mucha gente por acusarme de unos hechos que ya fueron investigados por la Fiscalía sin encontrar nada irregular”. Es muy curioso que un mes antes de las elecciones se intente revivir un tema que ya fue investigado y clausurado. Sobre la reunión con los paramilitares, el Gobierno de turno estuvo al tanto y al encuentro asistieron Alvaro Leyva, Víctor Carranza y Germán Santamaría. Es descabellado pensar en un golpe de Estado como lo está planteando el ex Jefe paramilitar. Las declaraciones de Mancuso son un refrito que no son verdad 17.

26-4-2010, En relación con el informe anual sobre los desplazados y la población civil en Colombia del CICR, el Ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, dijo: “Muchas operaciones, por ejemplo en el Cauca, se han tenido que suspender porque los narcoterroristas utilizan a la población civil para esconderse en las escuelas, casas, hospitales y nosotros preferimos no tener una victoria militar a violar el Derecho Internacional Humanitario. La doctrina militar de Colombia se construye sobre el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los civiles”. El gobierno se opone “a la ligereza con que se manejan los asuntos de la fuerza pública, y cómo el llevar uniforme muchas veces para algunos significa que se es ya un condenado” 18.

28-4-2010, En relación con la propuesta de la Senadora Piedad Córdoba de una Coordinadora por el Intercambio Humanitario que opere en diferentes regiones de Colombia, el Alto Comisionado para la Paz, Fran Pearl, fue tajante al responder que “el Gobierno no está considerando eso, y no vamos a autorizar acuerdos regionales”. Frank Pearl rechazó los diálogos con la guerrilla 19.

11-6-2010, El Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reaccionó a la histórica condena del ex Coronel del ejército Alfonso Plazas, declarado culpable por la desaparición forzada de once personas, proponiendo una ley especial para proteger a los militares. Al menos once personas desaparecieron durante un operativo en noviembre de 1985, que tenía como objetivo arrebatarle el control del Palacio de Justicia de Bogotá a un comando del movimiento guerrillero M-19. El operativo se llevó a cabo con más de un centenar de muertos y numerosos desaparecidos, en su mayoría empleados y visitantes de la cafetería de la sede judicial. Estos últimos, que varios videos mostraron saliendo con vida del Palacio de Justicia una vez concluido el operativo, se convirtieron en un caso emblemático para las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, que celebraron la condena del miércoles como una “fallo histórico” que estaba rompiendo con “años de impunidad”. Los cálculos más conservadores estiman que en Colombia se han producido cerca de 20.000 desapariciones forzosas en los últimos 30 años. En declaraciones de Uribe dijo: “El gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las fuerzas armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los derechos humanos”. La condena en contra del Coronel estaba generando “profundo dolor y desestímulo en los integrantes” del ejército. No olvidar que la acción militar bajo escrutinio se había dado en respuesta a “un delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época”. En el debate entre los dos postulantes a la silla presidencial el 20-6-2010 en segunda vuelta, el candidato por el Partido de la U y ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos afirmó que los jueces civiles a veces no entendían “las reglas” de la disciplina militar y las situaciones de “enfrentamiento”. Aun aplicando la ley, los magistrados en ocasiones son “muy injustos” en sus fallos contra los efectivos. Santos defendió a la necesidad de una legislación especial que proteja a las fuerzas armadas, aunque admitió que había que fortalecer y reformar la justicia militar para devolverle “la credibilidad perdida”. Fue un fallo de la Corte Constitucional de 1997 el que determinó que las denuncias de violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de sus fuerzas de seguridad no correspondían al fuero militar, sino que debían ser investigadas por la justicia ordinaria 20.

13-6-2010, El Plan Colombia aparece como un controvertido programa de ayuda militar de EUA. Para el Director de la Policía Nacional colombiana, el general Oscar Naranjo, Colombia puede mostrar un gran logro en la mayor reducción en cultivos de coca en una década. “Gracias al Plan Colombia y nuestras fuerzas de seguridad de la policía nacional, es apenas un tercio de lo que había en 1999, 1998, 1997”. El ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo: “Tomamos todas las medidas drásticas posibles, con total decisión y transparencia. Y con total eficiencia, puesto que, desde noviembre de 2008, cuando enfrenté a los involucrados, los informes sobre “falsos positivos” han disminuido extraordinariamente” 21.

14-6-2010, El gobierno de Colombia anunció 13-6-2010 que un comando conjunto de militares y policías rescató de manos de las FARC a tres efectivos que fueron secuestrados hace casi 12 años. La puesta en libertad del General de la policía Luis Mendieta, del Coronel de la misma fuerza Enrique Murillo y del Sargento del ejército Arbey Delgado Argote es el segundo gran rescate de cautivos en poder de las FARC, después de que en julio del 2008 fueran liberados 15, entre ellos Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y 11 militares. En el rescate participaron efectivos del ejército, la policía y la fuerza aérea. La “Operación Camaleón” comenzó el 11-6-2010 con el desplazamiento de los 300 hombres hasta San José del Guaviare. El Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dijo en un comunicado que la operación de rescate fue realizada por el Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas en la jungla de Guaviare, en el sur del país. Subrayó que las fuerzas del gobierno siguen combatiendo en esa zona para rescatar a todos los otros rehenes en manos del grupo guerrillero. El General Mendieta era el oficial de más alto rango en poder de las FARC. Cayó en manos de la guerrilla en noviembre de 1998 durante el asalto a la ciudad de Mitu, en el extremo oriente de Colombia. El candidato a las elecciones presidenciales del Partido de la U, Juan Manuel Santos, celebró la decisión: “Esto demuestra la eficacia de nuestras Fuerzas Militares y las bondades de la Seguridad Democrática”. El Ministro de Defensa, Gabriel Silva, calificó la operación de “quirúrgica”, ya que se saldó sin muertos. Además, adujo razones de seguridad para no ofrecer más detalles: “Sería contarle al enemigo todo lo que sabemos”. El funcionario relató que los rehenes eran custodiados por unos 40 rebeldes, pero insistió en no ofrecer más detalles para no alertar a los miembros de las FARC de las intenciones operativas de las fuerzas gubernamentales. El Comandante de las Fuerzas Militares, General Freddy Padilla, informa que el detonante de la operación fue la captura, en un combate, del rebelde “Marcos Padilla”. El insurgente decidió abandonar las FARC y contó por dónde eran trasladados los secuestrados en los alrededores del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, región selvática al sureste del país 22.

15-6-2010, Un día después del rescate de cuatro militares que llevaban 12 años cautivos, el Presidente colombiano, Alvaro Uribe, le propuso a las FARC que se desmovilicen y liberen a 21 cautivos que todavía mantienen en su poder. Uribe exigió liberaciones e hizo ofertas. “Si estos integrantes de la guerrilla, de la guerrilla terrorista, abandonan la guerrilla, liberan los secuestrados, nosotros les daremos todas las recompensas”, dijo el mandatario desde la ciudad de Manizales, en la zona cafetera del occidente de Colombia. Recordó que 53.000 integrantes de grupos armados ilegales se han desmovilizado en los ocho años de su mandato. Uribe también expresó que su gobierno también seguirá buscando, “hasta el último día” el rescate de los militares y policías que siguen cautivos. Le cerró las puertas a un acuerdo humanitario que permita intercambiar militares y policías cautivos por guerrilleros presos. Esos son “acuerdos humanitarios de apaciguamiento” 23.

20-6-2010, Con un llamado a la unidad nacional y sentenciando que se “agotó” el tiempo de la guerrilla, el Presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró el triunfo en segunda vuelta 69,05% de los votos, ante el líder del Partido Verde, Antanas Mockus 27,52%, con un 56% de abstención. Tras agradecer a las instituciones militares y de seguridad y reivindicar los operativos Jaque y Camaleón de liberación de rehenes, sentenció que a las FARC “se les agotó el tiempo”. Descartó la “más mínima posibilidad de diálogo”, mientras continúen los secuestros y la violencia. “Desde aquí les exigimos que liberen unilateralmente a todos los secuestrados”. Anunció que en su gobierno “las puertas seguirán abiertas para la reinserción de aquellos guerrilleros que dejen el terrorismo”. Dedicó elogios al mandatario saliente Uribe, a quien definió como “uno de los mejores presidentes de los últimos 200 años de vida republicana. Construiremos sobre el progreso de los últimos ocho años. Gracias a la seguridad que hemos logrado, hoy podemos enfocarnos en la prosperidad”. Anunció que su gobierno “buscará recuperar el equilibrio y la armonía”. Intentará tener una reunión con las cortes para definir una hoja de ruta y reencauzar el diálogo. La Justicia puede esperar de su gobierno “respeto, colaboración y autonomía”, a la vez que los colombianos esperan del Poder Judicial “imparcialidad y prontitud en sus decisiones”. Los países del mundo y, sobre todo, los de la región pueden encontrar en su gobierno “un aliado y un socio comprometido” para mejorar la calidad de vida de la gente. “La diplomacia y el respeto serán el eje de las relaciones internacionales” de Colombia. Ante las relaciones conflictivas hay dos alternativas: “mirar con amargura el pasado o abrir caminos de cooperación hacia el futuro” 24.

6-7-2010, En relación con la orden de prisión que un Juez ecuatoriano dictó contra Juan Manuel Santos, Presidente electo de Colombia, acusándolo de ser autor intelectual de la incursión militar en territorio ecuatoriano, en la que murieron 24 personas, incluido el líder de las FARC Raúl Reyes, el gobierno colombiano ha señalado que no reconoce la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a sus funcionarios 25.

16-7-2010, El gobierno colombiano aseguró 15-7-2010 que al menos cinco jefes guerrilleros de las FARC y del ELN se encuentran en territorio de Venezuela. Según el Secretario de Prensa de la Presidencia, César Velásquez, el gobierno colombiano “tiene evidencias que acreditan la presencia en la República Bolivariana de Venezuela de algunos cabecillas del grupo terrorista de las FARC, entre ellos el conocido como 'Iván Márquez'; Rodrigo Granda, alias 'Ricardo'; Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko'; y Germán Briceño, alias 'Grannobles', así como de Carlos Marín Guarín, alias 'Pablito', y otros integrantes del grupo terrorista ELN”. El Ministro de Defensa, Gabriel Silva, se reunió con directores de medios locales para exponerles de manera privada información que asegura tener el gobierno. Manifestó que el gobierno conocía las coordenadas exactas de la ubicación de campamentos guerrilleros en Venezuela. Desde Miami, Santos dijo que sabia de la presencia de “terroristas” colombianos en Venezuela, pero insistió en la vía del dialogo para solucionar las diferencias con los países vecinos. “¿Por qué no restablecer el diálogo para ver cómo, por ejemplo, podemos resolver el problema que hoy está sobre la mesa, de la presencia de terroristas en territorio venezolano? Si no hay diálogo, ¿cómo podemos resolver nosotros esos problemas?” El Comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla De León, dijo, refiriéndose a Iván Márquez, que “ningún terrorista puede estar blindado en ningún país que se llame democrático”. En el 2007 Iván Márquez apareció junto a Chávez y la Senadora Piedad Córdoba en el Palacio de Miraflores de Caracas, cuando el Presidente venezolano fue parte de una fallida mediación para lograr la liberación de secuestrados en manos de las FARC. Cuando Uribe supo de la invitación hecha por Santos a Chávez a su toma de posesión, expresó su temor de que la diplomacia colombiana “vuelva a las apariencias hipócritas” y le pidió a Venezuela más compromiso en la lucha contra “el terrorismo” 26.

16-7-2010, El Gobierno de Colombia solicitó a la OEA que convoque, a la mayor brevedad posible, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente “para examinar la presencia de terroristas colombianos ubicados en territorio venezolano”. En un comunicado, la Presidencia colombiana asegura que esta petición está precedida “por innumerables esfuerzos fallidos para la solución de este grave problema a través del diálogo directo con Venezuela” 27.

17-7-2010, El gobierno de Colombia solicitó 16-7-2010 a la OEA convocar “a la mayor brevedad posible” a una sesión extraordinaria para examinar la presencia de jefes de las FARC y el ELN en territorio venezolano, denunciada el 15-7-2010, mientras que el Presidente Hugo Chávez acusó de “mafioso” a su par Alvaro Uribe. En un comunicado, el gobierno colombiano señaló que la solicitud a la OEA “está antecedida por innumerables esfuerzos fallidos para la solución de este grave problema a través del diálogo directo” con Venezuela. En distintos momentos, “se entregó información sobre el particular al gobierno venezolano y el tema fue abordado en reuniones privadas de los Presidentes”. Colombia “pidió incluso a terceros países la facilitación en este diálogo, entre otros a España, Cuba y Brasil”. El Presidente Uribe sustenta que, además de Jefes, hay 28 campamentos y 1500 guerrilleros colombianos en Venezuela 28.

25-7-2010, En relación con el descubrimiento de una fosa común en la localidad de La Macarena, Meta, la Cancillería colombiana expidió un comunicado en el que niega la versión de la existencia de tal fosa 29.

28-7-2010, El Canciller colombiano, Jaime Bermúdez, rechazó 27-7-2010 la propuesta de un “plan de paz” para Colombia que Venezuela presentará 29-7-2010 en la Cumbre extraordinaria de UNASUR a celebrarse en la capital de Ecuador, Quito. El Canciller colombiano Jaime Bermúdez calificó de intento de “intromisión” la propuesta lanzada horas antes por su homólogo venezolano, encaminada a sentar las bases de un proceso de paz para Colombia. Una propuesta de un plan de paz para Colombia, es como si Colombia o cualquier otro país hablara de un plan de democracia para Venezuela. “El verdadero plan de paz pasa por la no intervención en los asuntos internos de ningún país (…). El verdadero plan de paz, pasa por capturar a estos criminales (los guerrilleros)” 30.

28-7-2010, El Presidente Uribe, al rechazar propuesta de paz con grupos insurgentes sugerida por el Canciller venezolano Nicolás Maduro, dijo “Les tenemos una horqueta en el pescuezo”. No se puede “aflojar” la lucha contra la “culebra” del terrorismo. “Sabemos que la culebra del terrorismo, cuando siente que está asfixiada y le tenemos una horqueta (horca) en el pescuezo, ahí mismo pide procesos de paz, para que le aflojemos la horqueta, tomar oxígeno y volver a envenenar”. Las FARC y el ELN quieren “internacionalizar la solicitud de oxígeno”, y su Gobierno no va a caer “en esa trampita. Algunos lo que quieren es hacer equivocar a Colombia de nuevo, para aflojarle el pescuezo a la culebra”. El Gobierno de Colombia llevará a la reunión de la UNASUR las “preocupaciones” expresadas la semana pasada ante el Consejo Permanente de la OEA, donde mostró vídeos, fotos y documentos que, a su juicio, prueban la presencia de jefes de las FARC en Venezuela 31.

29-7-2010, El Presidente de Colombia Alvaro Uribe, propuso la desmovilización de los guerrilleros que, según él, están en Venezuela. Le dijo al Canciller colombiano Jaime Bermúdez: “Ensaye esta fórmula: si allá en Venezuela tienen un plan de paz, pues aquí lo hay. Si quieren ayudar a que se supere el problema guerrillero, que entonces le digan a la guerrilla que está allá que se desmovilice; que los fiscales de Colombia van por ellos y los traen aquí, sometidos a todas las garantías de la Ley de Justicia y Paz”. Durante su último Concejo Comunal de gobierno recordó que hace varios años la desmovilización fue la fórmula usada con un miembro de las FARC, que estaba en Chile y cuyo gobierno se negaba a enviarlo a Bogotá. Una ley colombiana les permite a los miembros de los grupos ilegales alzados en armas reincorporarse a la vida civil, a cambio de una especie de perdón judicial, si no están incursos en delitos graves, y recibir, además, subsidios del gobierno durante un tiempo. Durante los ocho años de mandato de Uribe se han desmovilizado 53.000 hombres y mujeres en armas, en su mayoría paramilitares de derecha 32.

29-7-2010, En la Cumbre extraordinaria de la Unasur el Canciller colombiano, Jaime Bermúdez, propuso que fiscales de su país verifiquen las zonas venezolanas en las que supuestamente se encuentran guerrilleros de las FARC y del ELN. Mantuvo la exposición que hizo el Embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, el 22-7-2010, cuando en la sesión permanente mostró fotos, videos y mapas sacados de internet, como pruebas de que se hallan insurgentes colombianos en Venezuela 33.

2-8-2010, Luego de que el Jefe de las FARC planteara al futuro gobierno de Juan Manuel Santos, dialogar para buscar soluciones a los problemas políticos, sociales y económicos, Uribe comentó que Alfonso Cano es un matón que “posa de ideólogo, cuando esa ideología la escribe con la mano ensangrentada”. Alentó a las Fuerzas Armadas a “no dormir en las siete noches” que le quedan de mandato, a fin de perseguir sin tregua a los guerrilleros, paramilitares de derecha y narcotraficantes, “todos matones, unos más sofisticados que otros”. Pidió que los jueces de la República investiguen a los agentes del Estado que en el pasado fueron omisos ante el fortalecimiento del paramilitarismo y la guerrilla. “Aquí falta superar la impunidad en la 'farcpolítica' y la 'elenopolítica', y falta un juicio: ¿dónde están los responsables del descuido del Estado que permitieron que estas regiones se llenaran de narcoguerrilla y narcoparamilitarismo, ese juicio no se ha hecho”. En la actualidad la justicia cuenta con herramientas que permiten enfrentar a los grupos delincuenciales y del narcotráfico que en el pasado no eran advertidos por las autoridades. “Confiamos en que la policía judicial, la Fiscalía y los jueces le arrebaten los bienes a la corrupción y el narcotráfico, que no vuelva a suceder lo que encontramos. Era triste que al pie del batallón de Caucasia hubiera un emporio del narcotráfico y en el batallón las cosas sucedieran como si nada se diera”. El nuevo gobierno recibe unas Fuerzas Armadas fortalecidas en materia de operatividad y el respeto por los derechos humanos, y desligadas de la complicidad con grupos ilegales. “El pueblo y las Fuerzas Armadas, basados en el temple y el espíritu de la Constitución son la garantía para que el gobierno del Presidente Santos pueda consolidar la seguridad con la transparencia” 34.

8-8-2010, En la visión de Juan Manuel Santos, Presidente entrante de Colombia, Uribe fue el Presidente de la seguridad; y él será el de la prosperidad. A ambos les ha tocado ejercer su gobierno “en circunstancias diferentes”. Santos bautizó al que será su programa de gobierno como “prosperidad democrática”, un eco de la “seguridad democrática”. La seguridad será la condición sine qua non para que Santos pueda aplicar su programa de shock para generar empleo basado en la liberación de lo que el mismo llama “las cinco locomotoras” de la economía colombiana: infraestructura, agricultura, vivienda, innovación y minería. El mandatario saliente, que goza de altísimos niveles de popularidad, 70% y cuyo tercer mandato fue bloqueado por la justicia, ha pedido la “reelección” de su política de “seguridad democrática” lo que significa que hará uso de su poder político cada vez que vea “desvíos” que puedan poner en tela de juicio su legado. ¿En qué aspectos podrían chocar la seguridad y la prosperidad? La relación con Venezuela y Ecuador es un aspecto clave. El diferendo con el Presidente venezolano, Hugo Chávez, provocó que las exportaciones colombianas a ese país cayeran de 6000 a 4000 millones de dólares en el 2009. En el 2010 alcanzarían sólo los 1500 millones.También hubo un costo comercial de la ruptura de relaciones decidida por Ecuador, luego de que un operativo del ejército colombiano ejecutara en el 2008 al entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano. Santos ha afirmado que buscará la normalización de las relaciones de Colombia con sus vecinos, lo que tendría que ver con su interés por acelerar el crecimiento económico de su país. Según el ex-Canciller colombiano Rodrigo Pardo, Uribe condicionó la política exterior a la seguridad interna, mientras que Santos tiene un enfoque “más pragmático y moderno” de la diplomacia. Santos se ha definido como un partidario de la “tercera vía”, un concepto acuñado en 1999 por el entonces Primer Ministro británico Tony Blair, que propone un equilibrio entre visiones privatistas y dirigistas de la economía 35.

8-8-2010, El nuevo Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo 7-8-2010 en su discurso de investidura dijo: “Uno de mis propósitos fundamentales como Presidente será reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador, restablecer la confianza y privilegiar la diplomacia y la prudencia. Prefiero el diálogo franco y directo, y ojalá sea lo más pronto posible”. Santos, recibió un bastón de mando de un grupo de indígenas horas antes de la investidura oficial, y dijo respecto de Venezuela que “la palabra guerra no está en mi diccionario. No reconozco enemigos en ningún gobierno extranjero”. A pesar de las diferencias ideológicas, “se pueden tener buenas relaciones con los demás países”. Esas relaciones deben estar basadas “en el respeto mutuo, la cooperación recíproca y la firmeza contra los criminales”. El Presidente Santos ofreció un diálogo a las guerrillas izquierdistas de su : “A los grupos armados ilegales [...] les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Es la hora de enterrar los odios”. Entre las condiciones para dialogar, mencionó que los grupos alzados en armas deben renunciar al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, al reclutamiento de menores y al uso de minas antipersonales. Prometió trabajar por los pobres y buscar la unidad y prosperidad de los colombianos. “Vamos a convertir a cada campesino en un próspero Juan Valdez”. Destacó la gestión de Uribe, respaldada por un 70% de los colombianos. Dijo que rendía homenaje “a un hombre que brillará en la historia patria como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana. Es un colombiano genial e irrepetible”. El y su familia “dejaron un país donde es posible hablar de progreso, de prosperidad, de futuro y de paz”. En relación con el sistema judicial cuyas relaciones con Uribe han sido tensas: “Reitero mi invitación a las Altas Cortes para que trabajemos en completa armonía, buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos, y combatiendo la impunidad, que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo” 36.

10-8-2010, Luego de una reunión con los altos mandos del Ejército y la Policía, el nuevo gobierno de Santos desautorizó cualquier iniciativa individual, nacional o externa para una posible negociación de paz con grupos al margen de la ley. Hasta que los grupos ilegales no den muestras contundentes de querer la paz no se aceptarán iniciativas. El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció el incremento de operativos contra los grupos criminales. En la reunión, programada con el fin de establecer los objetivos de seguridad nacional y en la que el Ministro de Defensa entregó un balance en esa materia, se analizaron las propuestas de paz: “Todas esas iniciativas inconsultas, descoordinadas, espontáneas, de distintos agentes políticos en Colombia y afuera alejan cualquier posibilidad de utilizar un camino como ese para conseguir la paz en el país. Los colombianos vamos a conseguir la paz respaldando a nuestras Fuerzas Militares y de Policía y arreciando contra todas las formas de criminalidad y lanzando una señal clara de que el diálogo posible por vías negociadas, sólo será viable si los grupos ilegales dan muestras contundentes de querer la paz”. El gobierno es claro en que “solamente hechos de paz, el cese de la violencia, la renuncia a la utilización de cualquier vía armada, la liberación de los secuestrados, hechos contundentes e inequívocos de paz, podrían generar una consideración distinta por parte del Gobierno Nacional”. El Presidente Santos “dio una orden clara y directa” a los mandos militares y policiales: “arreciar, arreciar y arreciar” la ofensiva contra los grupos armados ilegales, no importa su procedencia. “Las fuerzas militares y de policía tienen todo el respaldo y la decisión del Presidente Santos para encarar, rodeados de la confianza de la ciudadanía, su responsabilidad de garantizarnos la vida, los bienes, las libertades públicas a todos los colombianos” 37.

10-8-2010, Con motivo del encuentro en Santa Marta para restablecer relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que haría todo lo que esté a su alcance por recomponer los lazos bilaterales. “Estamos aquí, en esta histórica ciudad y vamos a un sitio igualmente histórico para buscar que las relaciones entre dos países hermanos, como son Venezuela y Colombia, se puedan restablecer sobre bases firmes y perdurables, somos optimistas. Tenemos muchas ganas que esta reunión produzca efectos ciertos y duraderos por el bien de nuestros pueblos, por los pueblos de Venezuela y Colombia, haremos todo lo que está a nuestro alcance para que así sea, buscaremos todos los mecanismos para que las relaciones se mejoren y normalicen. Cuando los presidentes se pelean, son los pueblos los que sufren”. El Presidente saliente, Alvaro Uribe manifestó que “Notifico al presidente Hugo Chávez para que deje de ser cobarde lanzando insultos a distancia”. Un día antes de que asumiera Santos, trascendió que Uribe finalizó su segundo mandato denunciando al gobierno de Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI) por proporcionar refugio a guerrilleros colombianos en Venezuela 38.

12-8-2010, Una fuerte explosión sacudió 12-8-2010 el centro financiero del norte de Bogotá, produjo daños en varios edificios, dejó 6 personas heridas y provocó caos vehicular. El estallido fue producido por un auto bomba que explotó a las 05:30 hora local (10:30 GMT) frente al edificio de Caracol Radio y la agencia EFE. Es una zona empresarial y residencial, donde hay sedes bancarias, oficinas y apartamentos familiares. El Presidente Juan Manuel Santos, que llevaba cinco días desactivando exitosamente “bombas” desde que asumió la presidencia de Colombia, pero al sexto estallaron 50 kilos de explosivos en Bogotá que no dejaron víctimas fatales, llegó a la zona en compañía de algunos de sus Ministros, incluyendo el de Interior, Germán Vargas y mandos militares y policiales, atribuyó la explosión a “terroristas”. Según Santos, el atentado quiere generar “miedo y escepticismo”, pero advirtió que “no lo van a lograr. No podemos bajar la guardia en la política de seguridad democrática y el país puede estar absolutamente tranquilo. Vamos a seguir combatiendo el terrorismo con todo lo que tenemos a nuestro alcance”. Las autoridades no han atribuido la responsabilidad de incidente a ningún grupo en específico; no obstante, el Presidente Santos dijo: “Tenemos las sospechas tradicionales”. El Alcalde de la ciudad, Samuel Moreno, reveló que el vehículo donde estaba la carga tenía cerca de 50 kilos de un explosivo conocido como anfo. La bomba estalló en momentos en que las FARC, le plantearon a Santos dialogar y después de que éste dijera que no le ha puesto llave a una salida negociada al viejo conflicto armado. En el listado de sospechosos también están, entre otros, los narcotraficantes y los paramilitares, que siguen teniendo poder de intimidación. El Presidente Santos fue categórico al indicar que este atentado no cambia la política del gobierno frente a la violencia: “El terrorismo lo vamos a seguir combatiendo con todo lo que tenemos a nuestro alcance (...) la seguridad democrática no va a bajar la guardia un solo milímetro” 39.

14-8-2010, En reportaje, el Ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera comentó: Cuando hablé de las guerrillas, dije que había dos grandes riesgos políticos: El primero es el triunfalismo y el segundo las propuestas de paz que lo único que pretenden es enfrentar el ímpetu de la Fuerza Pública. Las FARC, cuando lanzan propuestas de paz como la que hicieron hace algunos días, están tratando de tener un respiro militar y frenar los esfuerzos de la Fuerza Pública. Pero el Gobierno no es ingenuo para caer en esa trampa, como pudo haber ocurrido en el pasado, cuando las FARC abusaron de la ansiedad de paz de los colombianos. No nos podemos dejar distraer del propósito de combatir toda forma de delito y amenaza terrorista, y de seguir mirando hacia delante y construir prosperidad. Colombia jamás va a dialogar con terroristas. Esa lección ya la aprendimos y me atrevería a decir que el mundo civilizado de hoy jamás negociará con terroristas. Con todo aquel que recurra al terrorismo no hay diálogo. El Presidente Santos dijo que para dialogar tienen que dejar la violencia, renegar de la vida armada, abandonar el terrorismo y soltar los secuestrados. Las directrices son claras, no hay vacilaciones ni ambigüedades ni zonas grises. La primera orden a nuestras tropas es arreciar, arreciar y arreciar. No habrá en esto una simple línea de continuidad, sino que vamos a intensificar lo que se venía haciendo. La segunda directriz es política, y se trata de la desautorización a toda intervención inconsulta, caprichosa y espontánea, de esas que están apareciendo en Colombia y en el exterior. Aquí el único que tiene la llave es el Presidente Juan Manuel Santos y tengan la seguridad de que la única manera de considerar la opción es que haya hechos muy contundentes e inequívocos de paz 40.

17-8-2010, En relación con la declaración de inexequible (inaplicable o sin efecto) por la Corte Constitucional de Colombia del acuerdo militar entre los gobiernos de Colombia y EUA, que fue adoptado durante el gobierno de Uribe, y en cuya negociación participó Santos como Ministro de Defensa, el gobierno del Presidente Santos, a través de su Ministro del Interior Germán Vargas Lleras declaró, “Conoceremos la sentencia y acataremos la providencia”. Se estudiará la decisión “a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables”. Para el Gobierno colombiano es una continuidad de otro pacto bilateral militar vigente desde 1974, por lo que no necesita el visto bueno del Congreso. A través de un comunicado el Ejecutivo reiteró la importancia del apoyo de EUA en la lucha contra el narcotráfico. El Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, dijo que el Ejecutivo “deberá tomar una determinación muy pronto” si acepta que ese convenio tiene el rango de tratado. La decisión de llevar el tratado al Congreso o no, como lo recomendó la Corte, dependerá, en manera rigurosa, de los resultados que arroje su evaluación. 17-8-2010 el Presidente Santos dijo que el estudio de la situación debe indicar “si vale la pena o no someter el acuerdo al Congreso” o “si de pronto podemos acordar unas normas, inclusive más ambiciosas con EUA, lo cual podría ameritar la llevada al Congreso” 41.

19-8-2010, En relación con las denuncias hechas por el Representante del Polo Iván Cepeda sobre el despojo violento y la legalización sutil de tierras despojadas por paramilitares, el Ministro del Interior Germán Vargas, estuvo de acuerdo con los citantes en que hay concentración 'abusiva' de tierras y anunció una jurisdicción especial de extinción de bienes de la mafia para la reforma Agraria. El Gobierno creará la jurisdicción especial de extinción de dominio, en la reforma a la Justicia. Dos millones de hectáreas se propone recuperar el Gobierno con nueva ley de suelos. El Ministro, coincidió en que hay una 'concentración abusiva' de tierra. El Jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reveló medidas orientadas a una restitución de tierras rápida e integral. Además de crear una jurisdicción agraria especial, anunció un proyecto de ley para agilizar la restitución de tierras en poder de testaferros. También habló de reversar adjudicaciones espurias hechas por el INCODER 42.

21-8-2010, Los Cancilleres de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, María Angela Holguín, se reunieron 20-8-2010 en Caracas con el objetivo de instalar cinco comisiones bilaterales acordadas por los dos países para restablecer sus relaciones diplomáticas. La Canciller de Colombia, expresó: “Los gobiernos estamos en mora, hace mucho tiempo, de darles a las poblaciones, especialmente a las de frontera, una estabilidad y una calidad de vida acorde con la riqueza de esa región. Este es un paso en ese objetivo que nos hemos trazado, de lograr dar pasos lentos pero seguros hacia una relación que nos sirva, que sea fructífera, en la que realmente podamos contar uno con el otro. Estamos muy contentos de poder tener esta buena oportunidad de avanzar en una relación que, la verdad, la hemos trabajado mucho, cada uno desde su lado, y que por fin veamos unos resultados. Pero sobre todo que logremos tener un marco de acción, donde estemos seguros, donde no tengamos ni sorpresas ni altibajos ni temas que surjan de lado y lado, sino que logremos establecer una confianza suficiente y un respeto en la relación, en la que el diálogo sea la prioridad” 43.

23-8-2010, En relación con el despojo de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afros, el Presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, se comprometió con los campesinos del país a que ellos se convertirán en los verdaderos dueños de las tierras más productivas y los encargados de explotarlas. Ese compromiso también incluyó la decisión de arrebatarles a los agentes de la violencia la tenencia de las mejores tierras y restituirlas a las familias de campesinos desplazados que, por culpa de fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, se han visto obligadas a abandonar cerca de cinco millones de hectáreas en las recientes tres décadas. En metas concretas, el reto del Gobierno durante los próximos cuatro años será recuperar, como mínimo, dos millones de hectáreas que fueron usurpadas por las mafias, tal como lo dijo el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. El Gobierno, a través del Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció que en Colombia hay “una vergonzosa concentración de la propiedad rural en el país”, mientras el Ministro de Agricultura admitió que en Colombia la población desplazada “supera los tres millones”. El Gobierno consideró fórmulas para cumplir con su meta de la restitución de tierras, que serán incluidas en el conjunto de disposiciones que conforman el proyecto de Ley de Tierras, que será radicado en el Congreso. Dicho proyecto, explicó el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tendrá como propósito el desarrollo de políticas que permitan “romper con la cadena de testaferrato” que se apoderó de los predios de campesinos desplazados. La Ley de tierras que se propone tramitar será complementaria a la Ley de Víctimas. Se reversarían “adjudicaciones espurias” realizadas por el INCODER. La principal herramienta con la que el Gobierno pretende actuar será la creación de una “jurisdicción especial” para la extinción del dominio de bienes de grupos ilegales, que serán restituidos a las víctimas del desplazamiento. En ese contexto, una de las disposiciones novedosas será la de “invertir la carga de la prueba” para demostrar la propiedad de los predios. Significa que no sería responsabilidad de las víctimas de desplazamiento sustentar ante las autoridades la pertenencia de sus tierras, sino que será el Estado el que asuma esa función. Para que ese procedimiento sea expedito, el Ministro del Interior Vargas Lleras explicó que se obligará a los empresarios a demostrarles a las autoridades que su tenencia y su derecho de dominio es legítimo 44.

23-8-2010, Frente a la Carta abierta de las FARC-EP a UNASUR, el Vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, insistió en que las FARC deben dar muestras de paz si quieren una salida política. “El gobierno colombiano lo que le exige a la guerrilla es que ponga en libertad a los secuestrados sin condiciones, que cese la actividad del secuestro y de las minas antipersona y que cesen la actividad de reclutamiento de niños, que es una expresión moderna de esclavismo, además que sea capaz de decirle al pueblo colombiano que la violencia no tiene sentido”. Si las FARC abandonan el secuestro y el terrorismo, tal como les exige Santos, “tendrían en cabeza del señor Presidente toda la voluntad y toda la generosidad para construir caminos de paz y para avanzar en Colombia en procesos de perdón y reconciliación”. El Gobierno “exige” que las FARC “sea capaz de decirle al pueblo colombiano que la violencia no tiene sentido”. Para el Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, la intención de la guerrilla siempre es atacar. “Con los terroristas no se dialoga, usted se imagina que podría suceder si en algún escenario internacional le abriera las puertas a Osama Bin Laden para hablar de la propuesta que plantearon las FARC”. El Gobierno no aceptará una negociación con la guerrilla de las FARC hasta tanto no tengan un compromiso claro de paz, “hasta que no demuestren en forma clara y fehaciente su verdadera voluntad de frenar el conflicto armado”. La cartera de Defensa no permitirá que esta organización armada ilegal busque escenarios como la UNASUR con el único fin de tener un respiro 45.

24-8-2010, Ante la petición de las FARC para entablar un diálogo de paz desde la UNASUR, la Canciller María Angela Holguín calificó de inadmisible la propuesta. Señaló que no cree ni siquiera que la UNASUR vaya a hacer un llamado a las autoridades colombianas para ver “si nos parece si está bien o no”. El gobierno colombiano, a través del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ya había rechazado el pedido de las FARC para tener espacios de discusión sobre la paz de Colombia en la UNASUR 46.

25-8-2010, El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, desmintió las denuncias sobre supuestos cementerios clandestinos en la región de La Macarena, (Meta), hechas por los congresistas Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez. “El cementerio de La Macarena es legal y es administrado por el municipio, no es cierto que las fosas las administre el Ejército”. La mayoría de los restos están identificados y cuentan con el registro forense. “Eso resalta en un documento que firmó una Comisión integrada por funcionarios del Gobierno y de ONG”. Explicó que entre los restos puede haber combatientes de grupos armados que se enfrentaron cuando se puso fin a la desmilitarización de algunas zonas del sur de Colombia, que inició con la puesta en marcha de la Fuerzas de Tarea Conjunta, (Omega). “En honor a la verdad quiero contar que ese era un territorio de las FARC, que había poseído por décadas y donde las Fuerzas Militares no habían entrado y parecía tierra extranjera (…) tenían campamentos de 2 kms de diámetro, con lujos y construcciones para desarrollar artefactos explosivos y traficar. Por supuesto que tenían que operar e ir a los santuarios de los cabecillas más temibles para sacarlos”. La información de los combates contra la guerrilla están documentados por los medios nacionales y agencias internacionales que recibieron la información oportuna de parte de las fuerzas militares que periódicamente enviaban comunicados con los resultados operacionales de la zona. “Quiero resaltar que en marzo de 2004 comenzaron las operaciones de Omega y sólo hasta noviembre se empezaron a mostrar los resultados, eso tiene una explicación estratégica en las operaciones de nuestro hombres en el campo de jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta, de ahí en adelante se entregó la información a la prensa cuando ya habíamos asegurado el desembarco de nuestro hombres en ese territorio desconocido”. Hizo entrega de 258 artículos publicados en 2004 a 2010 registrados por agencias internacionales y 165 por medios nacionales en los que consta que en la zona se desarrollaron fuertes combates y el número de bajas guerrilleras. “Quiero hacer entrega de estos documentos a la Secretaría para que queden en el registro de este debate y se pueda verificar la información entregada por la Fuerza Pública porque no había una campaña de silencio, de ocultación o de clandestinidad. En honor a la verdad debo resaltar que el Gobierno anterior logró resultados extraordinarios en materia de seguridad para los colombianos sin acudir a mecanismos excepcionales de estados de conmoción interior que eran los únicos que permitían restringir libertades públicas como la libertad de información y el acceso a los periodistas a estas fuentes”. No hay un “arrasamiento sangriento de La Macarena”; por el contrario se ha logrado una recuperación satisfactoria del territorio que se refleja en la inversión focalizada de cerca de 400 mil millones de pesos. “Quienes dicen que con recursos del Plan Colombia se desarrolla un plan macabro en esa zona, hablan con ligereza y no se apegan a la verdad al momento de hacer declaraciones sobre esos temas, la inversión de La Macarena no solo se hace con recursos del Plan Colombia, lo hemos hecho también con recursos de los contribuyentes colombianos y programas sociales del Gobierno”. Personas inescrupulosas han aprovechado estas denuncias para lanzar contra Colombia una campaña de desprestigio a través de internet, al señalar que circulan varias fotos en las que se aprecia la “imagen macabra de restos humanos que son examinados por oficiales y una leyenda que dice que el Estado colombiano masacra mediante sus militares y su herramienta paramilitar. Hay que contarle hoy a los congresistas y a la opinión pública que la foto que se ha utilizado en esta campaña, es una foto que proviene de las atrocidades cometidas en los Balcanes a mediados de los ‘90 y no de la supuesta fosa hallada en el Meta”. El Gobierno creó un grupo interinstitucional para coordinar y facilitar las investigaciones de la Fiscalía y se comenzaron a recopilar los datos para determinar el universo de cuerpos de NN que se encuentran en el cementerio, para identificarlos y cruzarlos con las bases de datos sobre desaparecidos. “Según la Fiscalía hay cerca de 500 NN. porque en esa época se libraron fuertes enfrentamientos y hay que decir que los guerrilleros no combaten documentados y muchas veces no están en bases de datos de la Registraduría, de manera que sí hay NN. allí pero no producto de operaciones masivas de las fuerzas militares”. Será el Inspector General de las fuerzas militares el encargado de entregar a la Fiscalía la información operacional para que se avance en el esclarecimiento de los hechos 47.

27-8-2010, El Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, analizó junto con los altos mandos militares las operaciones a cargo de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima, unidad que tiene como misión principal derrotar la amenaza terrorista que representa el Comando Central de las FARC, liderado por Guillermo León Saenz, alias 'Alfonso Cano'. 'Alfonso Cano' encabeza lista de los 20 terroristas más buscados por la Policía. En compañía del Comandante General de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Augusto Cely y del Jefe de Estado Mayor Conjunto, Mayor General Gustavo Matamoros; el Ministro Rivera agradeció a los integrantes de esta unidad el trabajo desarrollado en contra de las FARC. “Son ustedes esa vanguardia que pone un punto muy alto al resto de los compatriotas, que armados simplemente con la cédula de ciudadanía, constituyen esa especie de retaguardia ciudadana en apoyo y respaldo permanente a la financiación del esfuerzo de nuestro Estado, con el objetivo de conseguir la paz”. “Con el Almirante Cely y el General Matamoros analizamos la situación de seguridad en el Sur del Tolima. Arreciar es la orden a la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima”. La unidad que tiene como puesto de mando el municipio de Chaparral y que actúa en los municipios de Río Blanco y Planadas, Tolima; Pradera y Florida, Valle del Cauca; Miranda, Corinto, Toribio, Páez y Belalcazar, Cauca; está orientada a adelantar operaciones encaminadas a la neutralización de los integrantes de los reductos terroristas de las FARC, que delinquen en esta región del territorio nacional. La Fuerza de Tarea del Sur está conformada por la Brigada Móvil 8, la Brigada Móvil 20, el Batallón de Alta Montaña ‘General Santos Gutierrez Prieto', una compañía del Batallón Especial Energético y Vial 6, un destacamento de tiradores de alta precisión y una compañía de servicio. Además, tiene unidades de apoyo de combate entre las que se destacan dos baterías de artillería, tres aeronaves y un pelotón de ingenieros 48.

28-8-2010, El Presidente Juan Manuel Santos dijo, en el primero de sus llamados “acuerdos de prosperidad” que presentará ante el legislativo una iniciativa para devolverle a los desplazados más de seis millones de hectáreas de tierras. Indicó que próximamente estará presentando el proyecto de Ley de Restitución de Tierras ante el Congreso de la República, como lo acordó con la bancada liberal. Manifestó que se trata de un objetivo trascendental para su Gobierno, y de ahí el interés en promover el retorno de los campesinos a sus lugares de origen. El país sigue teniendo una gran vocación agrícola, por cuanto urge que los campesinos empiecen a desarrollar proyectos para el trabajo de la tierra en sus propias regiones. El mundo hoy está viviendo un gran drama para conseguir áreas cultivables, que puedan destinarse a actividades agropecuarias, y Colombia es un país privilegiado, en ese sentido 49.

1-9-2010, Los gobiernos de Colombia y Brasil firmaron ocho acuerdos de cooperación en distintas áreas, durante la visita de Estado del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón a Brasil. Los acuerdos de cooperación, que fueron suscritos tienen que ver con temas comerciales, de desarrollo fronterizo y de seguridad. Se destaca un convenio para el desarrollo fronterizo de las dos regiones, que busca crear un documento para que los habitantes de Leticia y Tabatinga, puedan estudiar, trabajar y residir en cualquiera de las dos ciudades. Ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación entre las policías de los dos países, para enfrentar a la delincuencia con mayor efectividad. El Presidente Santos afirmó que las FARC son un asunto interno de Colombia. “Hemos pedido que se respete el hecho de que es un problema interno colombiano. Brasil siempre podrá colaborar cuando nosotros consideremos que puede y debe hacerlo”. Agradeció a Lula la posición de rechazo al terrorismo. Se sentaron las bases para una futura cooperación bilateral en diversas áreas, incluida la militar, con la firma de un acuerdo de intenciones para la participación de Colombia en la construcción de un avión de transporte brasileño similar al Hércules C-130. Santos valoró la cooperación y reiteró su convicción de que la próxima será “la década de América Latina”, e instó a “apostar a la unidad, que debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica o política”. La región tiene por delante los “grandes retos” de “reducir la pobreza y la falta de equidad entre sus pueblos”, para los que “llegó el momento de despertar” y “acceder por fin a la prosperidad económica y social” 50.

2-9-2010, La promesa gubernamental de devolverles a los desplazados por la violencia en Colombia al menos 2 millones de hectáreas, de acuerdo con el Ministro de Agricultura , Juan Camilo Restrepo: “Esta política de tierras va a levantar ronchas, va a pisar callos y no será fácil en un primer momento”. El reto con las tierras despojadas es grande 51.

4-9-2010, Campesinos de los corregimientos de San Blas y Monterrey, en Simití (sur de Bolívar), y afectados por la violencia se convirtieron en los primeros labriegos en el país en recibir terrenos adscritos a la Política Integral de Tierras que promueve el Estado,1.600 hectáreas. En un acto realizado en la Ciudadela Educativa Paloka, en Barrancabermeja, el Presidente Juan Manuel Santos reveló que en los próximos días el Ejecutivo presentará una iniciativa legislativa de restitución de tierras despojadas para cancelar los títulos fraudulentos obtenidos por delincuentes y grupos armados y así devolver esos terrenos a sus verdaderos dueños. “Con esto el Gobierno tendrá facultad para usar predios productivos incautados y vincularlos al programa de entregas de tierras. Para impulsar la restitución el Ministerio de Agricultura tendrá un sistema con información detallada sobre despojos de tierras que identifique los desarraigados y les reconozca su derecho”. En los tribunales superiores de distritos judiciales se crearán salas especiales de restitución de tierras. El Gobierno y el Ministerio del Interior trabajarán en una reforma que permita destinar a la población desplazada los terrenos que sean sometidos a extinción de dominio. Se reglamentarán las zonas de desarrollo empresarial para que el Estado conserve su propiedad sobre las tierras baldías y ceda su usufructo a inversionistas que se comprometan a desarrollar infraestructura productiva y dar alojamiento y trabajo a los pequeños agricultores. “Hay un programa de formalización de la pequeña propiedad agraria que le permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan”. En el país tan solo se usan en actividades agrícolas 4,9 millones de hectáreas de 21,5 millones aptas para esa actividad. En ganadería hay activas 38,6 millones de hectáreas a pesar de que solo 20 millones son aptas para ganadería y solo 5 millones tienen pasto sembrado. Según cálculos estatales, las plantaciones forestales ocupan en Colombia una superficie de 350.000 hectáreas a pesar de que hay un potencial de cerca de 14 millones. Por tal motivo, el Gobierno se propone reforestar un millón de hectáreas en el país. Ante la incidencia del calentamiento global, se declarará como área protegida los 6 millones de hectáreas de selva amazónica que faltan por preservar entre Vichada y Guainía. “Trazaremos un límite inamovible que proteja bosques andinos que quedan en pie, pues hay ceca de 6 millones de hectáreas ocupadas de buena fe por campesinos...” 52.

6-9-2010, Sobre masacre en Doncello, Caquetá de 14 policías, presuntamente `por las FARC, el Gobierno declaró que descarta negociación con ese grupo 53.

7-9-2010, El Ministro de Defensa Rodrigo Rivera asegura que no ha habido un retroceso en la política de seguridad democrática, pese a los recientes ataques a la Fuerza Pública. Reiteró que la arremetida contra los grupos al margen de la Ley se va a incrementar durante el Gobierno de Santos y en ningún momento se ha pensado en dar un paso atrás en la política de Seguridad Democrática, creada durante la administración de Alvaro Uribe. Reconoció que había “cierto triunfalismo” frente a las FARC, y por ende se va actuar con mucha precaución, pero no por eso con menos intensidad en la búsqueda por acabar con los grupos guerrilleros del país. Todas las tropas se encuentran patrullando para velar por la seguridad de los colombianos y no se van a dejar acuartelar, pese a los recientes ataques guerrilleros que han causado varias bajas en las Fuerzas Militares 54.

17-9-2010, Frente al pedido de la Senadora colombiana Piedad Córdoba a la Unión Europea presionar al Presidente Santos para el diálogo político que ponga fin al conflicto armado, el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, aseguró que no se le hará juego al terrorismo de las FARC. Esas propuestas de la Presidenta de la Comisión de Paz del Senado “no merecen ni siquiera una respuesta del Gobierno. Frente al terrorismo no hay ninguna alternativa distinta que la respuesta enérgica de todos los colombianos en todos los frentes, en el frente militar y policial, en el frente judicial e institucional, en el frente político y también en el frente internacional”. El día en que como respuesta a los atentados y atrocidades del terrorismo se responda con propuestas de diálogo político se estará “haciendo rentable el terrorismo”. El Ministro pidió a todos los colombianos, dentro y fuera del país, responder al terrorismo con energía, determinación, unidad nacional y rodeando a las fuerzas militares 55.

17-9-2010, Ante el `pedido de la Senadora Piedad Córdoba de que presione al gobierno colombiano a un dialogo de paz, el Presidente Santos destacó que “tenemos que rechazar en forma contundente esas expresiones que están legitimando el terrorismo (...) una falacia que nos duele y nos hace daño”. Por fortuna la UE no escuchó las palabras de la Senadora liberal. “A palabras tontas, oídos sordos”. Hizo un fuerte llamado a las Fuerzas Militares para que mediante un trabajo conjunto se logren resultados contundentes y se derrote completamente a las FARC. “El enemigo ha aprendido de nosotros, el enemigo se ha acoplado a las formas con que los hemos capturado y combatido. Por eso tenemos que estar siempre innovando. Un paso adelante, siempre usando la imaginación y trabajando en forma conjunta”. Su gobierno quiere la paz como primer objetivo y calificó de “injustos” los señalamientos que dicen que las fuerzas armadas no quieren la paz 56.

23-9-2010, En una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea se logró dar de baja al líder guerrillero de las FARC Jorge Briceño Suárez, más conocido con el alias del ‘Mono Jojoy'. Fue dado de baja en la operación “bienvenida a las FARC”, dijo el Presidente Santos, al calificar a este hecho como el golpe más contundente a la subversión en toda su historia. El primer mandatario asegura que es la muerte del símbolo del terror. Del bombardeo, sobre el sector de La Escalera en La Macarena, se encargó la Fuerza Aérea, la inteligencia fue obra de la Policía y la Armada Nacional, mientras que la séptima brigada del Ejército Nacional dio el apoyo táctico en tierra. En el reporte que el Ministro de Defensa dio en público al Presidente Juan Manuel Santos, Rodrigo Rivera dijo que era “un inmenso honor darle este parte de victoria en la operación 'Sodoma' que se realizó en la madriguera de las FARC en La Macarena. Le podemos confirmar llegamos a la madre de todos los campamentos de las FARC, de más de 300 metros con un bunker en concreto, con túneles de escape. Dimos el golpe más contundente contra el hombre más odiado de Colombia”. El Presidente, que felicitó a las Fuerzas Armadas, señaló que la muerte de Jorge Briceño es más importante que la de 'Raúl Reyes'. En la operación también habría caído alias 'Romaña'. En la operación conjunta, participaron 60 aeronaves (aviones supertucano de la Fuerza Aérea, helicópteros de la aviación del Ejército). Al campamento bajaron unos 400 uniformados. “Al resto de las FARC queremos decirles que vamos por ellos. No vamos a bajar la guardia y falta mucho camino por recorrer” 57.

27-9-2010, El Jefe del Comando General de las Fuerzas Militares, el Almirante Edgar Cely expuso que las FARC, como dijera el Ministro de Defensa, están desmoronándose por dentro. Es notorio el deterioro que sufren muchas de sus estructuras. Nuestras Fuerzas Militares continúan arreciando contra todas las manifestaciones de violencia. Esa es la orden y la estamos cumpliendo. No hay que olvidar que el asedio al que están sometidas las FARC por parte de las Fuerzas Militares genera desmovilizaciones constantes. Hoy, el panorama de las FARC es de corrupción interna agravada por los males que conlleva el narcotráfico; robos y fugas con capitales de la organización criminal, violaciones de los derechos humanos, carencia de ideario político y abusos, que llegan hasta la muerte, contra quienes integran los niveles bajos de sus estructuras terroristas. El bloque Oriental no sólo enfrenta el más duro y contundente golpe contra esa organización narcoterrorista por la muerte de alias “Jojoy” y de muchos de quienes los rodeaban, sino que hay una gran desmoralización. Las operaciones continúan, no sólo en el área donde se desarrolló la “Operación Sodoma”, sino en muchos otros puntos de la geografía nacional. Se trata de un contundente golpe que afecta, como describiera el señor Presidente Santos, “el corazón estratégico de las FARC”. Todo esfuerzo realizado en el pasado ha sido clave para la obtención de este éxito contra el narcoterrorismo. El resultado contra “Raúl Reyes” facilitó la realización de la “Operación Jaque”, y esta la de la “Operación Camaleón”. La experiencia y el aprendizaje continuo nos llevaron a la “Operación Sodoma”. Las Fuerzas Militares ratifican la invitación a todos y cada uno de los integrantes de las FARC y demás grupos al margen de la ley para que se acojan a los beneficios que ofrece el Gobierno Nacional, a través del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Es hora de optar por la vida y por la libertad... Es hora que abandonen una vida de terror, para que se reincorporen a la sociedad y al seno de los familias. Jamás la violencia abrirá puertas, jamás la violencia construirá país, solo destruirá, generará rechazo y dolor a los colombianos de bien, que tienen derecho a la paz y su seguridad. El Presidente Santos dijo que en la guerra contra las FARC ya se llegó a un “punto de inflexión” para vencer definitivamente al grupo guerrillero. “Nunca lo había querido decir, ni cuando cayó Raúl Reyes, ni cuando la “Operación Jaque”, pero hoy estoy en condiciones de decirlo es el comienzo del fin de las FARC. Vamos a ir por ellos a los ríos, a las montañas, a las selvas, a los páramos. No habrá rincón donde no podamos llegar por ellos”. Gracias a la información contenida en los computadores de “Jojoy”, “mucho más abundante y de mejor calidad” que la que se encontró en los computadores de “Raúl Reyes”, el Gobierno tiene en la mira “ir detrás de todos y cada uno” de los miembros de las FARC, “de sus redes de apoyo, de sus fuentes de financiación y de sus activos. Si algo descubrimos, por ejemplo, es que este bandido de “Jojoy” era un gran terrateniente, dueño de fincas de ganadería y con una obsesión por el dinero, que tenía detallado cuantas vacas había en cada potrero, las cuales se las vamos a devolver a sus verdaderos dueños”. El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, volvió a pedir a los integrantes de las FARC que se desmovilicen “si no quieren acabar muertos o capturados. Acá hay un Estado que les tiende la mano, no sigan en esa locura, desmovilícense, vuelvan a retornar con sus familias”. Al participar en la AG de la ONU, dijo que el Estado será implacable hasta el último momento. “Lo que queremos es la paz” en Colombia. “A esos miembros de las FARC y a sus familias les reiteramos que el camino es la desmovilización si no quieren acabar muertos o capturados, porque cada vez iremos con más fuerza”. A las tropas les dijo que gracias a ellas Colombia se está liberando del yugo de más de 50 años de la violencia del grupo terrorista. Confirmó que miembros de la fuerza pública se infiltraron en el bloque oriental de las FARC para dar con el escondite de Jojoy, bombardeado. Le pidió a la Justicia, a las altas cortes y al Consejo Superior de la Judicatura, que expliquen por qué le dieron casa por cárcel a un Coronel, jefe de una banda que les vendía armas a las FARC. “Cual es el papel de la Justicia en Colombia, cuando los héroes de la Patria están ofrendando su vida todos los días” 58.

27-9-2010, Por cargos como “colaborar con las FARC”, “intentar fraccionar la unidad nacional”, “instigar a esa guerrilla para que sea hostil con los partidos políticos”; “usar la ayuda de gobiernos de otros países para buscar un nuevo gobierno en Colombia” y “aconsejar a las FARC” en el manejo político del intercambio humanitario, la Senadora liberal Piedad Córdoba fue destituida de su cargo e inhabilitada por 18 años para ocupar cargos públicos por el Procurador General, Alejandro Ordóñez. “Ella perderá la curul tan pronto la sanción quede ejecutoriada”. La investigación tuvo origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias 'Raúl Reyes'. Tras más de un año de investigación, la Procuraduría considera que Piedad Córdoba es la 'Teodora Bolívar' que aparece en decenas de correos electrónicos hallados en el computador de 'Raúl Reyes'. Señala que los contactos ilegales incluso habrían seguido hasta el año pasado, basada en interceptaciones a la guerrilla. “En los correos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la Senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario”. Los correos firmados por 'Teodora' fueron confrontados con los viajes de la Senadora y sus pronunciamientos públicos. Se confirmó que los mensajes, que hablaban de citas con el gobierno de Venezuela en Caracas y de un viaje a Washington correspondieron con los que hizo Piedad Córdoba en octubre del 2007. La Procuraduría dice que esa información fue corroborada, con información enviada por la Corte Suprema y la Fiscalía. Se tuvo en cuenta salidas de emigración de la Senadora Piedad Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, Alias 'Mincho'. “Por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la Senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos (...) Dio información a este grupo al margen de la ley sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos”. La Procuraduría dice que la Senadora Piedad Córdoba “instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Asimismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo. En mayo del 2010 el ciudadano ucraniano Viktor Tomnyuk declaró a la Policía que la Senadora Piedad Córdoba mantenía relaciones con miembros del grupo guerrillero que operan en la Costa Pacífica. Y que tenía cómo probarlo. La Procuraduría solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, que se investigue por la posible responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos por la FARC, a la Senadora Piedad Córdoba 59.

4-10-2010, En entrevista con María Isabel Rueda el Procurador General Alejandro Ordóñez, analiza parte de las pruebas contra la Senadora Piedad Córdoba para destituirla. La tranquilidad que tengo es el haber actuado en derecho, fundando mis decisiones en las realidades probatorias. No puedo proferir una decisión que las contradiga. Hay una multitud de pruebas indirectas que el juez no puede desconocer. Y en el transcurso de los dos años que duró este proceso iniciado por mi antecesor, Edgardo Maya, se recaudó una multitud de pruebas, incluso varias trasladadas del proceso que cursa en la Corte Suprema, informes técnicos del CTI y de la Dijín, interceptaciones ilegales telefónicas al frente 30 de las FARC que realizó la Fiscalía de Cali; y hay un juicioso ejercicio de contextualización que hace la Procuraduría de los documentos que fueron extraídos del computador de 'Raúl Reyes'. Ahí no hay una instrumentalización política, sino una verificación de la realidad. Hay una competencia de carácter legislativo, que es la que me permite actuar específicamente y hacer control disciplinario contra los congresistas. Es el Artículo 21 del Decreto-Ley 162 del 2000, que me faculta para conocer en única instancia los procesos disciplinarios contra los congresistas por faltas cometidas con anterioridad a su investidura y durante su ejercicio. Para cometer una falta disciplinaria no se necesita cometer un delito. Basta simplemente con el incumplimiento de los deberes de funcionario público, y no necesariamente eso siempre es delito. Mi función es solamente disciplinaria. Pero, eventualmente, la Corte podrá encontrar sí cometió delito. Hay 65 faltas disciplinarias gravísimas, y solamente una hace referencia a la comisión de delito. El artículo 48 de la Ley 734 del 2002, código único disciplinario, dice cuáles son las faltas gravísimas que puede cometer un funcionario, y si se prueba esa falta gravísima, yo no puedo decir que la voy a suspender y no a destituir. El numeral 12 del mismo Artículo 48 dice: “Son faltas gravísimas fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación (no es el caso) o subsistencia de grupos armados al margen de la ley (no es el caso) o promoverlos (digamos que tampoco), auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos”. La conducta de Piedad es colaboración. En los documentos que se extraen del disco duro y de las memorias, hay multitud de referencias a Teodora (alias con el que las FARC reconocían a Piedad Córdoba). Se dice que no se pude establecer que es Piedad. El trabajo para demostrar que Teodora sí es Piedad es extenso. En un documento del 27-10-2007, ella dice que se encuentra en Caracas esperando reunirse con el Canciller; y que a continuación se reunirá con 'Simón Trinidad'. Ese es un documento cuya remitente es Teodora. Nosotros acudimos a certificaciones de extranjería del DAS y a información existente en los medios de comunicación. Ahí encontramos que Piedad viajó el 26-10-2007 a Caracas y el 29 a Washington, y que tuvo un encuentro con 'Simón Trinidad' el 30-10-2007; lo mismo que Teodora... Obra otro documento del señor 'Raúl Reyes', dirigido a su secretaria en que le dice: “En adelante le solicito que toda nuestra información sea enviada a la dirección electrónica Piedadcordoba@hotmail.com pero que en los archivos se la denomina como Teodora”. Un documento del 17-9-2007, remitente Teodora, destinatario 'Raúl'; dice Teodora: “El día de ayer me reuní con un delegado de la Cancillería francesa, donde están muy interesados en destrabar el acuerdo. Hablamos de los conciertos. Existe la posibilidad de que me pueda reunir esta semana con 'Simón Trinidad' y con 'Sonia'. Estoy atenta a tus comentarios. Ojalá me los puedas enviar antes de la reunión con el presidente Chávez. Imagino que ya sabes el revuelo que ha causado el video de la reunión (se refiere al video en el que Piedad aparece con 'Reyes' en la selva). En su gran mayoría la impresión es positiva. Y aunque yo llegué a Caracas a las 4 de la mañana del domingo, he tratado de mantenerme al tanto de las informaciones del país. He sostenido reuniones con el Canciller venezolano y me reúno con el Presidente Chávez”. Aquí Teodora anuncia días antes la posibilidad de reunirse con 'Simón Trinidad' y 'Sonia', lo cual se lleva a cabo el 30-10-2007. Está demostrado que Piedad Esneda Córdoba llegó a las 4 de la mañana del domingo 6-9-2007 a la ciudad de Caracas, conforme al registro del viaje. La autorización del Presidente para gestionar liberaciones de secuestrados va del 15-8 al 21-9-2007. Hay conductas previas, y conductas posteriores. Y en la época en la que estaba autorizada para realizarlas, hubo extralimitación de funciones, que tornan sus actos en colaboracionistas. No tendría sentido que 'Raúl Reyes' hubiere acordado escribirle al correo Piedadcordoba@hotmail.com, pero que en los archivos se la denominara Teodora; pero es una instrucción que le da a su secretaria. Así aparece en los documentos sustraídos del computador. Y, analizado contextualizadamente, se denota la coincidencia. En un documento, del 27-10-2007, remitente Teodora, destinatario Daniel, ella dice: “Hay que catapultar a Chávez antes del 2 de diciembre. Debe ganar sobrado la reforma constitucional. Por eso con todo respeto me atrevo a pedir las pruebas de vida”. Aquí hay una extralimitación de funciones. Ella pide esas pruebas de vida “para que mi comandante Chávez se las muestre al mundo. (...) Tú sabes las oportunidades que se abren en términos de una constituyente en Colombia. Ustedes son los grandes protagonistas, y eso lo sabe Uribe. El país está esperando quién lo redima”. Si Piedad quería que Chávez continuara en el poder para no perder el interlocutor que la llevaría a liberar secuestrados, eso por sí solo es falta disciplinaria. La falta y su respectiva extralimitación disciplinaria vienen a constituirse en la solicitud que hace a las FARC, para que manipulen la información de los secuestrados, con el propósito de fortalecerla. Esa es una manipulación política. La acusación de que les daba instrucciones a las FARC sobre el manejo de los secuestrados, no siempre encaminadas a su liberación está dada por una recomendación a las FARC de que las pruebas no las manden en video sino en audio. Y en un documento del 11-12-2007, cuyo remitente es 'César' y el destinatario 'Raúl Reyes', se lee lo siguiente: “El día de hoy hemos tenido una reunión con la Senadora Piedad Córdoba. Lo que escribo a continuación son frases casi textuales que reconstruimos con los compañeros. (...) Chávez está que se quiere bajar del bus. Ella cree que hay que soltar algo, que hay que entregárselo a Chávez en la frontera, y que no sea Ingrid, porque el resto les importa un carajo”. Pedir que no envíen videos sino audio, es una recomendación para favorecer a las FARC, o quizás para no ultrajar a los secuestrados y el dolor de sus familias. Puede tener plurales interpretaciones. Pero, dentro del contexto de los elementos probatorios, es una manipulación de pruebas que favorece a los captores. Que manipulen las pruebas de vida para catapultar a Chávez.... Y continúa Teodora: “Te dejo ahí esta parte. Seguiré el día en que ustedes quieran que yo me reúna con todo el secretariado del ejército del pueblo. Yo soy patria o muerte, venceremos”. ¿Cómo decir que aquí no hay actos de colaboración? 60.

9-10-2010, Apartes de mensajes, leídos por el Presidente Santos haciendo referencia a computadoras incautadas a “Mono Jojoy”: “Camarada Romaña. Revolucionario saludo en unión de todos quienes lo acompañan en la brega por lograr los proyectos trazados. Sobre una cita que le hicimos al loco Barrera y mandó un sobrino de emisario. En la reunión le preguntamos cuál era la posición frente al movimiento y los acuerdos que habían, el préstamo de unos dólares a la organización, la ajusticiada de políticos y oficiales y material de guerra. Lo que el sobrino nos respondió es que los acuerdos siguen en pie tal como lo habían cuadrado con el camarada Jorge, pero que hace ya un par de meses habían perdido contacto con John 43 y no se pudo seguir adelante con algunos compromisos. De lo que le planteamos argumentaron después en una nota que algunas cosas las podían cumplir pero no en su totalidad como la suma de dinero que le hicimos de 10 millones de dólares. Que nos iban a colaborar al máximo en información de todo tipo y lo otro que estaba duro era la ajusticiada de políticos, ministros y demás zánganos”. 12-8-2009: “Camaradas del secretariado: nuestro saludo. 1. Conviene que revisemos la numeración de los mensajes intercambiados en el Secretariado para confirmar su recepción total. 2. El señor Comba, narcotraficante jefe de los rastrojos, a través de un frente en Occidente, ha hecho llegar esta propuesta: Parar la guerra y establecer un acuerdo para pagar el impuesto que le corresponde. Nos entregaría un guerrillero que tiene detenido en el cauca. Informa que va a desarrollar guerra contra el gobierno. Parece oportuno poder precisar los términos del pago de impuestos y analizar como sería concretamente el tema de no echarnos tiros. Es todo, Pablo, Alfonso”. 12-10-2009: ...Traficante Barrera el “Loco” nos informa y pregunta a través de correo por medio de Gentil comandante del 7 Frente. Nos ha mandado 24 fusiles M16 y 200 mil tiros de varios calibres. Fue el que llevo unas armas de Panamá al occidental hace unos años. Con aprecio Jorge...” 20-5-2010: “...Se reunieron con Comba, jefe militar del cartel del Loco Barrera, supuestamente para cuadrar negocio de X. El les plantea nombre de él y del Loco que le tramiten a las FARC que quieren dialogar, pues están interesados en acuerdos políticos para combatir las bases gringas y llegar compromisos de respeto y acción conjunta. Que ojala sea con Alfonso Cano u otro miembro del Secretariado, para tal fin va solo y donde le digan...” 61.

10-10-2010, Según el Presidente Santos, el computador encontrado que pertenecía al “Mono Jojoy” demuestra a las claras el vínculo del narcotráfico con las FARC. En éstos se evidencia que los jefes del narcotráfico acuerdan pagarle a las FARC vastas sumas de dinero para trasladar cocaína a través de áreas bajo su control. El computador contenía mensajes entre comandantes rebeldes que mencionaban a Daniel “El Loco” Barrera, uno de los narcotraficantes más buscados del país. En estos mensajes, presuntamente, ofrece prestarle a las FARC hasta u$s10 millones al tiempo que habla de proporcionarles armas contrabandeadas a través de Panamá. Otro cabecilla de la droga mencionado es Luis Enrique Calle, alias “Comba”, quien dirige la banda narcotraficante Los Rastrojos. Al parecer, un disputa entre él y las FARC parece haberse resuelto y los Rastrojos se muestran dispuestos a pagarles a los rebeldes una especie de impuesto para trasladar cocaína a través de sus áreas de influencia 62.

15-10-2010, El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo anunció que desde la fecha y hasta mediados de abril del 2011 habrá medidas que permitirán la restitución de 312 mil hectáreas de tierra de las que se habían apropiado los grupos armados ilegales. Eso significa que 130 mil familias podrán retornar a las zonas de donde fueron desplazadas. “Iniciaremos (el plan) en áreas emblemáticas que ya están localizadas y en las que se sabe que los campesinos fueron desplazados”. Las áreas son en el Chibolo y Ciénaga (en Magdalena) y zonas de Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Tolima, Antioquia y Cesar. Esta restitución se hará previa a que se adelante el trámite en el Congreso el proyecto de Ley de tierras. “El plan de choque estará enfocado en municipios definidos por el Gobierno como zonas de consolidación, lo cual permitirá garantizar la seguridad de las familias que retornen a sus predios”. Las familias que van a recibir estos predios ya están identificadas y otras están postuladas para ser beneficiarias. La devolución de tierras estará acompañada por la OEA y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, aseguró que se adelantarán investigaciones contra funcionarios que habrían facilitado la adjudicación de títulos de manera irregular. Incluso, se investigará si grupos armados pudieron haber infiltrado esa institución 63.

24-10-2010, La decisión de Santos sobre el Acuerdo Militar con EUA, siguió a una sentencia de agosto pasado de la Corte Constitucional de Colombia, que dejó sin vigencia ese acuerdo firmado en octubre de 2009 por el ex Presidente de Colombia Alvaro Uribe hasta que el Congreso se pronunciara al respecto. El llamado “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América” permitía que tropas y contratistas norteamericanos tuvieran acceso a por lo menos siete bases y también a aeropuertos civiles colombianos, lo que Chávez tildó de amenaza directa a su país y a otros de la región. La Vicepresidenta del Senado de Colombia, Alexandra Moreno, dijo el 21-10-2010 que Santos le informó a ella y a otros congresistas de su decisión. “El Presidente nos ha manifestado que no lo va tramitar en el Congreso, que lo va dejar quieto (...); el acuerdo se cayó desde el momento en que la Corte Constitucional dijo que había que tramitarse obligatoriamente por el Congreso y eso no se ha hecho, así que no hay acuerdo de cooperación militar en esos términos en este momento. Hay un giro de 180 grados del Presidente Santos y la prioridad ya no va ser la guerra, el conflicto y el tema militar; creo que Colombia va a esforzarse por los temas ambientales, por los temas humanos, por la competitividad del país”. La Canciller María Angela Holguín aseguró que la posición de Santos sobre el futuro del acuerdo “sigue siendo la misma”. El Gobierno colombiano no ha descartado someter al Congreso el texto de un acuerdo con Estados Unidos que autoriza la presencia de militares de ese país en bases colombianas y que fue rechazado en agosto por un tribunal. “Esa decisión (de archivar el acuerdo suscrito por el gobierno anterior de Alvaro Uribe) no está tomada. Ni el Ministro de Defensa (Rodrigo Rivera) ni yo conocemos el fallo y vamos a esperar para interpretarlo y adoptar una decisión sobre el acuerdo”. Aseguró que la posición de Santos sobre el futuro del acuerdo “sigue siendo la misma” que la expresada en agosto, cuando la Corte Constitucional (garante de la Carga Magna) lo dejó sin efecto por no haber sido sometido previamente al Congreso. Desmintió a la Senadora Alexandra Moreno, aliada de Santos, que recientemente había dicho a medios locales que el gobierno colombiano había descartado presentar el texto del acuerdo militar al Legislativo. “Fue una declaración de la Senadora Moreno, pero vamos a esperar el fallo. Cuando yo le pregunté sobre el origen de su versión, me dijo que la malinterpretaron, así que el gobierno no ha adoptado decisión alguna en uno u otro sentido” 64.

27-10-2010, La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 18 años proferida contra la Senadora de la República, Piedad Córdoba Ruiz por colaborar y promover al grupo armado ilegal de las FARC, de acuerdo con un comunicado oficial. Así lo determinó el Ministerio Público, que consideró que estaba suficientemente demostrada la relación irregular que habían tejido la parlamentaria liberal y la guerrilla de las FARC, a través del registro epistolar encontrado en los computadores que fueron hallados en el campamento donde murió el número dos de esa guerrilla, Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes'. Tan certeras había considerado el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado las pruebas sobre la irregular actuación de la parlamentaria que incluso decidió solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que investigara su presunta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la insurgencia. “Está comprobado que la Senadora instó a ese grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos, acordó estrechar relaciones con miras a apoyar un nuevo gobierno con la ayuda de gobiernos de otros países, emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de videos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros, dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, concedió declaraciones en diferentes actos públicos, colaboró con la defensa de algunos ex jefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las FARC” 65.

28-10-2010, El Consejo de Estado confirmó que la Senadora Piedad Córdoba, sancionada por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 18 años, debe dejar su curul. El Presidente de ese tribunal, Luis Fernando Alvarez, dijo en el Congreso que aunque la líder política tiene derecho a interponer su recurso de súplica debe abandonar su cargo de Legisladora. “Ella como cualquier persona tiene derecho a solicitar la suspensión provisional del acto pero eso debe resolverlo el magistrado que asuma el caso” 66.

2-11-2010, El Legislativo no se tomó los 10 días hábiles y en cuestión de horas, luego de que la legisladora pidiera estudiar el caso, tomó la decisión rápidamente luego de que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, asegurara que desde ahora Piedad Córdoba “es ex Senadora”. El jefe del Ministerio Público dijo estar tranquilo frente a la decisión de la Corte de investigar si él extralimitó sus funciones al destituir a Córdoba por 18 años para ejercer cargos públicos por presuntos nexos con las FARC. El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, sostuvo que si la dejan entrar a las plenarias “es problema de la portería” 67.

12-11-2010, El Vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón aseguró que si la guerrilla cumple con “menos palabras y más hechos reales de paz”, el Presidente Santos construirá procesos de perdón y reconciliación. Deseó que la comunidad internacional se sume a esa petición, incluyendo a los gobiernos de la Unasur, que demanden también “más hechos y menos palabras”. “El Gobierno ha sido reiterativo al decirles que pongan en libertad a todos los secuestrados sin ningún tipo de condiciones, que cesen la práctica de secuestros, terrorismo y uso de minas antipersonales, y que liberen a los niños y niñas reclutados de manera forzosa”. Pidió también que las FARC “sean capaces de decir a la población que esa violencia no tiene sentido y sólo le ha procurado al pueblo colombiano dolor y lágrimas. Sino, nos toca seguir con la responsabilidad constitucional de garantizar a la población vivir tranquilamente, y eso presupone una lucha frontal contra los grupos armados ilegales”. Garzón también se refirió a la orden dada por Santos para intervenir por presunta corrupción el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), encargado de coordinar los recursos para la lucha contra el secuestro y las ayudas a las víctimas. El Gobierno ha tomado la decisión de “combatir a fondo la corrupción”, por considerar esa práctica el mejor aliado de los grupos armados ilegales. Esa decisión será tomada “con cualquier expresión de corrupción, porque la lucha contra la actividad de grupos armados ilegales va íntimamente ligada a la lucha contra la corrupción y a desarrollar prácticas de buen gobierno”. Ese combate incluye “la intervención de instituciones donde ha habido prácticas muy marcadas de corrupción y el estímulo a que los organismos judiciales sancionen a las personas responsables. El mejor aliado de los grupos armados ilegales, incluidas las guerrillas, los paramilitares y las bandas criminales es la corrupción. Corrupción e ilegalidad van de la mano” 68.

12-11-2010, El Presidente Juan Manuel Santos advirtió que su Gobierno perseguirá a los corruptos con la misma intensidad con que se combate a los terroristas, toda vez que son capaces de robar recursos de primera necesidad, como los de la salud. “Crearemos fuerzas de tarea especial contra los corruptos que desangran los recursos públicos; contra aquellos que son capaces de robar los recursos de la salud. No tendremos contemplación. A ellos los perseguiremos con la misma intensidad que combatimos a los terroristas”. Las autoridades detuvieron un grupo de ocho funcionarios y contratistas “que estaban esquilmando” el sistema de pensiones. El Gobierno busca fortalecer el modelo de atención primaria en salud con el fin de lograr una mejor articulación entre los servicios básicos con la atención especializada 69.

18-11-2010, Santos, implacable con las FARC, pero más cerca de Venezuela. Evita asociar a Chávez con la guerrilla, como lo hacía Alvaro Uribe: “Es mi nuevo mejor amigo. Ni él pretende que yo vaya a pensar como él ni yo pretendo que piense como yo. Hay diferencias marcadas, pero hicimos lo correcto, vamos por buen camino y nos apoya toda la región.” Alvaro Uribe había denunciado ante la OEA que Chávez toleraba la presencia de guerrilleros colombianos en su país, lo que fue respondido con la ruptura de relaciones. Hoy todo parece haber quedado en el olvido. Santos sumó a su gobierno de unidad nacional al partido Cambio Radical (uribistas díscolos que se habían opuesto a la segunda reelección de Uribe) y al Partido Liberal, muy crítico de los ocho años de mandato de Uribe 70.

19-11-2010, Los computadores hallados en el campamento del 'Mono Jojoy' son la base del nuevo proceso abierto por la Procuraduría a la ex Senadora Piedad Córdoba. Según el Ministerio Público, en el material de prueba se encontraron comunicaciones tituladas “Actividades de financiamiento de la Senadora Piedad Córdoba desde Venezuela”, en las que se haría referencia a un ex candidato a la Cámara de Representantes que sería el adjudicatario directo o indirecto del traslado de los recursos desde ese país hacia Colombia. Se trata de Ricardo Montenegro, cuyas aspiraciones electorales habrían sido auspiciadas por la ex legisladora, según lo sostuvo el organismo de control, que advierte que de comprobarse la actuación, la ex parlamentaria estaría omitiendo la prohibición que tienen los servidores públicos de patrocinar actividades de partidos o movimientos políticos en nombre de terceros. Además, el organismo de control dice tener en cuenta comunicaciones legalmente obtenidas por las autoridades en los que se ponen al descubierto conversaciones de Córdoba Ruiz con guerrilleros de las FARC, especialmente alias ‘Manolo’ del Frente 30. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que establezca si hay lugar o no a la apertura de una investigación penal en contra de la ex congresista por estos hechos que, para el organismo, pueden reafirmar el vínculo que ésta mantenía con la insurgencia 71.

25-11-2010, Consejo Nacional de Política Criminal se reunirá 26-11-2010, luego de que el Presidente Santos instara a buscar alternativas tras el fallo de la Corte Constitucional, que tumbó el principio de oportunidad. para evitar que 17 mil “paras” retomen las armas. Ex “paras” purgarían penas mínimas tras fallo de la Corte Constitucional. El Presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a las personas que forman parte del proceso de reinserción, para que confíen en los compromisos del Gobierno Nacional y no se dejen tentar nuevamente por la criminalidad. Al hacer referencia al fallo de la Corte Constitucional que declara inexequible la aplicación del Principio de Oportunidad para los reinsertados, el Mandatario reiteró que su Gobierno lo acata y respeta, pero sigue estudiando alternativas jurídicas para que quienes se desmovilizaron y estén cumpliendo con sus compromisos, culminen sus procesos, garantizando en todo caso los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. “Como Presidente, les digo hoy, con toda claridad, a los que se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y a todos los que creyeron en la palabra del Gobierno y tomaron la decisión de dejar las armas, que mantendremos nuestra palabra y que continuaremos el programa de reinserción”. Declaró que el compromiso de su Gobierno con la paz implica también un compromiso con la reconciliación y con brindar salidas a quienes abandonan voluntariamente el camino de la violencia. “Quiero dar hoy la certeza, a quienes se desmovilizaron y al país entero, de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance, respetando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para mantener la confianza en el proceso de desmovilización y para estimular cada día más desmovilizaciones”. El Presidente Santos reiteró el llamado a las personas del proceso de reintegración, para que no se dejen tentar por los grupos delincuenciales: “No hagan caso, ¡no cometan ese error!, a quienes les digan que abandonen el programa, ni mucho menos a esas voces malignas que los inviten a regresar a la ilegalidad. Ustedes ya hicieron lo correcto, que es dejar la violencia, y ahora nos toca a nosotros cumplir con lo pactado, ¡y lo vamos a hacer!”. El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras explicó que no se descarta emitir un decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz. El Ejecutivo analiza dos posibilidades: 1) primero estudia crear un ‘camino corto' para formular una política a través de un decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz que está en vigencia. 2) De otro lado, se analiza acudir al Congreso para que se discutan y aprueben los lineamientos de una nueva ley que dé los beneficios jurídicos. Para ambas alternativas “queremos consultar la opinión de la Fiscalía, Procuraduría y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”. En caso de tener que ir a prisión, los desmovilizados desbordarían la capacidad carcelaria del país. El Estado tendría que realizar un enorme esfuerzo para procesar a estos ex militantes, que en el peor de los escenarios purgarían penas no superiores a los 11 meses de prisión. Mientras se prolongó el proceso de paz con las autodefensas y sumando a los integrantes de grupos guerrilleros que decidieron dejar las armas, la cifra pasó de los 31 mil en desmovilizaciones colectivas. En este caso (31.806) fueron de las AUC. En relación con las desmovilizaciones individuales, el número ha superado los 22 mil, de los cuales más de 19 mil pertenecen a grupos guerrilleros 72.

9-12-2010, El Presidente Juan Manuel Santos dio luz verde a la ex-Senadora Piedad Córdoba para que participe activamente en la liberación de los cinco secuestrados que las FARC anunció que dejaría en libertad. En Casa de Nariño se leyó un comunicado de cuatro puntos en relación al pronunciamiento de las FARC de liberar a cinco secuestrados de manera unilateral, en desagravio a la ex-Senadora Piedad Córdoba, quien recientemente se convirtió en la primera colombiana en perder su investidura por FARC-política. El Presidente Santos se comprometió a garantizar todas las condiciones para que el proceso de liberación se lleve a cabo y tenga feliz término. Además el Gobierno exige la liberación de todos los secuestrados y que en los próximos días la Alta Consejería para la Reintegración designará a un funcionario que hará las labores de interlocutor del Gobierno Santos. Texto del comunicado de Casa de Nariño: En relación con el anuncio de las FARC de liberar a cinco de las personas que mantiene secuestradas, el Gobierno Nacional informa a la opinión pública que: 1) Está dispuesto garantizar todas las condiciones de seguridad requeridas para la mencionada liberación a la mayor brevedad posible. 2) Está dispuesto a autorizar a la doctora Piedad Córdoba para adelantar las labores de facilitación que conduzcan a dicha liberación, siempre y cuando las mismas se hagan con absoluta y total discreción. 3) En los próximos días la Alta Consejería para la Reintegración anunciará la designación de la persona que servirá como interlocutora del Gobierno en dicha labor de facilitación. 4) El Gobierno Nacional exige la inmediata liberación de todos los secuestrados que las FARC mantienen en su poder. Casa de Nariño, 9-12-2010 73.

29-12-2010, El Presidente Santos dijo “aquí no se va a salvar ninguno si siguen delinquiendo y si siguen enfrentando a la fuerza pública”, al confirmar la muerte del narcotraficante y jefe paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’. “Cayó el asesino de asesinos. Es una advertencia a los demás objetivos de alto valor: todos van a caer, todos. Aquí no se va a salvar ninguno si siguen delinquiendo y si siguen enfrentando a la Fuerza Pública y la democracia colombiana”. Este golpe contra alias ‘Cuchillo’ es nuevamente una demostración de la “eficacia” de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Es una demostración de que vamos con igual contundencia detrás de las bandas criminales como de la guerrilla. Aquí no vamos a bajar la guardia. No vamos a dejar de perseverar hasta que este país encuentre la paz que se merece” 74.

21-4-2010, El Comandante paramilitar Salvatore Mancuso, reveló desde EUA, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que aparentemente el candidato presidencial Juan Manuel Santos, le propuso a Carlos Castaño el derrocamiento del ex-Presidente Ernesto Samper (1994-1998). Durante la misma época el hoy Vicepresidente, Francisco Santos, le propuso la creación de un bloque paramilitar de carácter urbano, con operaciones en Bogotá. En su declaración, manifestó que el ex Director del DAS, José Miguel Narváez, visitaba los campamentos de los grupos paramilitares para adoctrinar políticamente a sus combatientes, en momentos en que oficiaba como asesor del Ministerio de Defensa. Era él quien determinaba qué tipo de personalidades perseguir por su cercanía ideológica con los grupos guerrilleros. El DAS le suministraba información sobre actores al margen de la ley cuando Jorge Noguera era su Director y José Miguel de Narváez Subdirector. El paramilitar conocido con el alias de “Felipe”, también recibió ayuda de Narváez, de quien dijo que visitaba los campamentos de las AUC. Sin la colaboración del DAS, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y miembros de la Fiscalía General, abría sido imposible que los paramilitares de la región Caribe obtuvieran un crecimiento como el que alcanzaron finalmente. El Ejército lo apoyó para poder adelantar acciones contra grupos guerrilleros en distintas partes del país. Reveló nexos del General en retiro Iván Ramírez, General Jesús Antonio Gómez Méndez y el Teniente Marco Antonio Pedreros con paramilitares 75.

21-1-2010, Carta del Comandante de las FARC, Jorge Briceño al General Padilla León. Compatriota: Escuché atentamente su alocución radial del día 21-1-2010 que me pareció inspirada más con fines de propaganda, de perdona vidas y de guerra psicológica, que en sincero ánimo reconciliatorio y de grandeza, invitándome a la entrega y a la rendición. No es pionero usted en este tipo de “invitaciones”. Nuestro insigne Comandante Manuel Marulanda Vélez, solía relatarnos cómo en los comienzos de esta lucha por la liberación de nuestro pueblo, el general Alvaro Valencia Tovar también acostumbraba dirigir mensajes de ese mismo tenor al Comandante Ciro Trujillo, incluso ofreciéndole dinero a modo de soborno, a tiempo que se concentraban las tropas, se estrechaba el anillo y se afinaban los mecanismos para dar comienzo a la agresión contra la población civil de las regiones de Marquetalia y Riochiquito, dentro del diseño del Plan LASO y en el medio de una situación política en que las Fuerzas Militares iniciaban su carrera como instrumento clasista de represión al servicio de los latifundistas para despojar de la tierra a los campesinos. Qué poco nos conoce usted señor Padilla de León: con toda sinceridad, sin odios ni resentimientos y con el respeto que todo revolucionario profesa por sus adversarios, le respondo: No, muchas gracias, General. En las FARC no tenemos alma de traidores, sino de patriotas y de revolucionarios. Hemos luchado y continuaremos haciéndolo, con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido de las oligarquías y construir otro orden social, o por alcanzar acuerdos que ayuden a construir una patria en donde quepamos todos. Jamás hemos proclamado el principio de la guerra por la guerra, ni asumido esta lucha como algo personal, ya que nuestros objetivos son los de lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia, que por fin tengan en cuenta los intereses de las mayorías nacionales y de los sectores populares y que conduzcan al desmonte del actual régimen político criminal, oligárquico, corrupto, excluyente e injusto, como está consignado en nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia. Con la honestidad que corresponde a nuestro compromiso con el cambio social y la lealtad que le debemos a nuestro pueblo, le aseguramos, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz. No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos, ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra, declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años. Colombia necesita encontrar los caminos que conduzcan a poner fin a esta guerra entre hermanos, senderos de reconciliación que nos lleven a Acuerdos de Paz. Pero no será a través de una paz falsa donde una minoría oligárquica continúa acaparando todas las riquezas, a tiempo que las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos, el camino más seguro para alcanzar la reconstrucción de la patria y la reconciliación de los colombianos. Una paz entendida como rendición o entrega es una fantasía de la oligarquía y solo sería un crimen de lesa traición al pueblo y a sus históricos anhelos por alcanzar, al fin, la justicia social para todos. Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social? ¿Mas Democracia o mas autoritarismo y más represión y arrodillamiento al imperio? Lo invitamos a reflexionar sobre estas serenas palabras plenas de sensatez y actualidad, contenidas en el mensaje que dirigió el comandante Manuel Marulanda Vélez a los miembros de las Fuerzas Militares: “El futuro de Colombia no puede ser el de guerra indefinida, ni el de expoliación de las riquezas de la patria, ni puede continuar la vergonzosa entrega de nuestra soberanía a la voracidad de las políticas imperiales del gobierno de EUA; nosotros estamos en mora de sentarnos a conversar en serio para dirimir nuestras diferencias, mediante el intercambio civilizado de opiniones hacia la solución definitiva de las causas políticas, económicas y sociales generadoras del conflicto interno, para bien de las futuras generaciones de compatriotas”. Hoy, queremos compartir este razonamiento con usted y también, como siempre, con los sargentos, los cabos, los tenientes, capitanes y coroneles, y con todos los hombres de experiencia que ponen el pecho en los combates, pero que a pesar de ello, les está vedado ascender a la oficialidad por su origen social, su color de piel o su raza. Le recuerdo General, que el paso por la milicia en defensa de intereses extranjeros u oligárquicos que hacen algunos de ustedes, así sea prolongado en el tiempo, es efímero, y que pronto será usted llamado a calificar servicios, y de seguro el pueblo o la justicia internacional, le irá a reclamar su responsabilidad como Comandante de las Fuerzas Militares en los crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo, hipócritamente llamados “falsos positivos” o, en su papel como Jefe en un tiempo de la nefasta XX Brigada de “inteligencia y contra inteligencia” (BINCI), de tan ingrata recordación para los colombianos, así como el florecimiento y extensión del paramilitarismo tras su paso por la comandancia de la Segunda División del Ejército, al lado del hoy presidiario General Iván Ramírez. Hemos hecho reiterados llamamientos a todos los patriotas y demócratas de Colombia, a intercambiar sobre estos temas para impedir el establecimiento perpetuo en nuestra patria de una dictadura o un gobierno totalitario y despótico. Hoy las FARC queremos invitar a todos los militares e integrantes de la Fuerza Pública a retomar el camino de defensa de la soberanía patria, a trabajar por la formación de un ejército bolivariano patriótico, que no vuelva las armas contra sus conciudadanos, integrado a las luchas populares, y que trabaje en beneficio de alcanzar la paz, a la vez que por el intercambio humanitario y para a continuar la obra que dejó sin culminar el Libertador Simón Bolívar, para que Colombia no vuelva a sufrir jamás la afrenta de ver a los soldados que usted comanda, sumisos y despojados de sus armas, para ser revisadas por los representantes del Ejército de la potencia extranjera que nos avasalla, como ocurrió en pasada visita del Presidente Bush. Compatriota, Jorge Suárez Briceño. Integrante del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, enero del 2010 76.

18-2-2010, Memorando para un intercambio sobre el conflicto colombiano: Primero. Siempre hemos creído en una salida política al conflicto. Desde antes de la agresión a Marquetalia y durante estos 46 años lo hemos reiterado, expresado y luchado. Segundo. Nosotros no somos guerreristas, ni luchamos por venganzas personales, no tenemos patrimonios materiales ni privilegios que defender, somos revolucionarios comprometidos a conciencia y hasta siempre, con la búsqueda de una sociedad justa y soberana; profundamente humanistas, desprovistos de cualquier interés personal mezquino, que amamos nuestra patria por encima de todo y obligados a desarrollar la guerra contra una clase dirigente arrodillada al imperio, que ha utilizado de manera sistemática la violencia y el atentado personal como arma política para sostenerse en el poder, desde el 25 de septiembre de 1828 cuando pretendió asesinar al Libertador Simón Bolívar, hasta hoy, en que practica el Terrorismo del Estado para mantener el status quo. Tercero. La dificultad que Colombia ha enfrentado para lograr la reconciliación a través del diálogo y los acuerdos, ha sido la concepción de paz oligárquica del régimen, que solo acepta el sometimiento absoluto de la insurgencia al llamado “orden establecido”, ó, como alternativa, la “paz de los sepulcros”. Cuarto. No hemos peleado toda la vida contra un régimen excluyente y violento, corrupto, injusto y anti patriota, para ahora, sin cambios en su estructura, retornar a él. Quinto. En Colombia mucha gente buena y capaz que quería un país mejor y que lo luchó por las vías pacíficas, como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda y otros, fue asesinada de forma premeditada, vil y a mansalva por los servicios de inteligencia del Estado en alianza con los paramilitares y las mafias, enemigos del pueblo, en un genocidio sin precedentes que liquidó físicamente a todo un movimiento político dinámico y en pleno crecimiento: La Unión Patriótica. Por esa estrategia del Terrorismo de Estado se fracasó en la búsqueda de solución política en La Uribe durante los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco y, en Caracas y México durante el gobierno de César Gaviria. Sexto. En El Caguán, como lo ha reconocido en su libro y en declaraciones públicas el presidente Pastrana, el régimen solo buscaba ganar tiempo para recomponer la alicaída fuerza militar del Estado con un cronograma, directrices, instrucciones y financiación de la Casa Blanca, integrados en el Plan Colombia e impuesto por la administración de Bill Clinton para abortar una salida política democrática al conflicto colombiano y dar inicio a su campaña por revertir los cambios progresistas que desde entonces, avanzan en el continente. El satanizado proceso del Caguán, estaba condenado al fracaso antes de empezar como lo ha corroborado el ex presidente Pastrana, pues su gobierno jamás buscó allanar el camino hacia la paz, sino fortalecer y afinar su aparato de dominación, para continuar la guerra. Séptimo. Estos antecedentes no invalidan las posibilidades de una solución política al conflicto colombiano. Evidencian sí la casi nula intención de las clase dirigente colombiana de ceder en su hegemonismo y su intolerancia frente a otras corrientes u opciones políticas de oposición que cuestionen su régimen político y su alineamiento internacional incondicional a favor de los intereses imperiales de los EUA, con menoscabo de nuestra soberanía y en contravía de los más caros y sentidos intereses de la nación y de la patria. Su concepción sobre el ejercicio del poder está signada y sostenida por la violencia, la corrupción y la rapacidad y ello hace muy difícil una salida incruenta, que de todas formas, continuará siendo bandera de las FARC-EP y seguramente de amplios sectores del pueblo que finalmente, son los que sienten sobre su humanidad, los efectos de la hegemonía oligárquica. Octavo. Los intereses de los distintos sectores sociales se están confrontando permanentemente. En ocasiones y por periodos definidos la oligarquía ejerce su dictadura a fondo, sin respuestas trascendentes de parte de las mayorías por la presión, represión, guerra sucia y descalificación que se desarrolla desde el Estado sobre ellas de diferentes maneras; en otros, las respuestas son importantes pero no suficientes; en otros, luego de una acumulación de factores sociales desbordantes, la respuesta popular es contundente. Entendemos que los intereses de los diferentes sectores en una sociedad como la nuestra, están en permanente choque y movimiento, nunca paralizados. Por eso, hablar en la Colombia de hoy del post conflicto, es propaganda. Noveno. Esta reflexión es pertinente, puesto que las causas generadoras del alzamiento armado en nuestro país existen más vivas y pujantes que hace 46 años, lo que reclama, si queremos construir un futuro cierto de convivencia democrática, mayores esfuerzos, desprendimiento, compromiso, generosidad e imaginación realista para atacar la raíz de los problemas y no las consecuencias de los mismos. Décimo. Luego de 12 años de ofensiva total contra las FARC-EP por parte del gobierno de EUA y del Estado colombiano, los asesinatos oficiales, verdaderos crímenes de lesa humanidad, hoy llamados falsos positivos, el terror creciente de la nueva máscara del narco paramilitarismo denominada bandas criminales, la asqueante truculencia del presidente para mantenerse en el poder con trampas, la incontenible corrupción de la administración y de la empresa privada que a trueque de esa misma corrupción y de millonarias gabelas apoya al gobierno, la impúdica invasión del ejército gringo a Colombia y la creciente injusticia social con alto desempleo, sin salud para las mayorías, con un altísimo desplazamiento interno, con un ridículo salario mínimo en oposición a las enormes ganancias de banqueros, hacendados y empresas multinacionales y luego de haberle raponeando con una reforma laboral las conquistas salariales más trascendentes a los trabajadores del campo y la ciudad, todo lo que se ha logrado es abonar más el terreno para el crecimiento de la insurgencia revolucionaria. Segunda parte: 1. El conflicto armado colombiano posee profundas raíces históricas, sociales y políticas. No ha sido el invento de ningún demiurgo, producto de ánimos sectarios, ni consecuencia de alguna especulación teórica, sino el resultado y la respuesta a formas de dominación específicas, impuestas por las clases gobernantes desde los gérmenes del Estado-Nación cuyo eje ha sido la sistemática violencia terrorista anti popular, propiciada desde el Estado, especialmente en los últimos 60 años. 2. Superarlo, por las vías pacíficas, supone que preliminarmente exista total disposición a abordar los temas del poder y del régimen político, si la decisión es encontrar soluciones sólidas y perdurables. 3. Hemos planteado la necesidad de conversar, en principio, para lograr acuerdos de canje, lo que permitiría no solo la libertad de prisioneros de guerra de lado y lado, sino avanzar en la humanización del conflicto y seguramente ganar terreno en el camino hacia acuerdos definitivos. 4. Conversar, buscar conjuntamente soluciones a los grandes problemas del país, no debe ser considerado como concesión de nadie, sino como un escenario realista y posible para intentar, una vez más, detener la guerra entre colombianos a partir de la civilidad de unos diálogos. 5. Reunirse para conversar de canje y de solución política supone plenas garantías para hacerlo, libres de toda presión, dando por descontado que, quien las puede otorgar es, exclusivamente, el gobierno de turno, si posee la voluntad de encontrar caminos de diálogo. 6. Nuestra histórica y permanente disposición por encontrar escenarios de confluencia a través del diálogo y la búsqueda colectiva de acuerdos de convivencia democrática no dependen de una coyuntura especial o de la correlación de las fuerzas políticas, es sencillamente, parte de nuestro acerbo programático. 7. Durante los últimos 45 años hemos sido objeto de toda suerte de ofensivas políticas, propagandísticas, militares, con presencia abierta o soterrada del Pentágono, con toda suerte de ultimátum y de amenazas de autoridades civiles y militares, bajo una permanente agresión terrorista sobre la población civil de las áreas donde operamos, etc., que no han mellado ni un ápice nuestra decisión y disposición de luchar, por el medio que nos dejen, por una Colombia soberana, democrática y con justicia social. 8. Entendemos los diálogos, en la búsqueda de caminos hacia la paz, no como una negociación porque no lo es, sino como un enorme esfuerzo colectivo por lograr acuerdos que posibiliten atacar las raíces que originan el conflicto colombiano. Tercera Parte: Las FARC somos respuesta a la violencia y a la injusticia del Estado. Nuestra insurgencia es un acto legítimo, un ejercicio del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de rebelarse contra la opresión. De nuestros libertadores aprendimos que “cuando el poder es opresor, la virtud tiene derecho a anonadarlo”, y que, “el hombre social puede conspirar contra toda ley positiva que tenga encorvada su cerviz”. Tal como lo proclama el Programa Agrario de los Guerrilleros, las FARC “somos una organización política militar que recoge las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el establecimiento de un régimen democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia”. Una organización con estas proyecciones, que busca la concreción del proyecto político y social del padre de la República, el Libertador Simón Bolívar, irradia en su táctica y estrategia un carácter eminentemente político imposible de refutar. Sólo el gobierno de Bogotá, que actúa como colonia de Washington, niega el carácter político del conflicto. Lo hace dentro del marco de su estrategia de guerra sin fin para negar la salida política que reclama más del 70% de la población. Con ello pretende imponer a la fuerza una antipatriótica concepción de seguridad inversionista ideada por los estrategas del Comando Sur del ejército de EUA, que relega a planos secundarios la dignidad de la nación. Para el gobierno de Uribe, en Colombia no existe un conflicto político-social, sino una guerra del Estado contra el terrorismo, y con este presupuesto, complementado con la más intensa manipulación informativa, se cree con justificación y patente de corso para desatar su terrorismo de Estado contra la población, y para negar la solución política y el derecho a la paz. Ahora que Colombia es un país formalmente invadido, ocupado militarmente por tropas estadounidenses, esa absurda percepción será fortalecida, provocando la agudización del conflicto. Uribe no está instruido por sus amos de Washington ni para el canje ni para la paz. El Presidente de Colombia crea fantasmas para justificar su inamovilidad frente al tema del canje de prisioneros: que el acuerdo implica un reconocimiento del carácter de fuerza beligerante del adversario y que la liberación de guerrilleros provocaría la más grande desmoralización de las tropas... Es su manera de atravesar palos en la senda del entendimiento. Esta intransigencia innecesaria del gobierno ha sido la causa fundamental de la prolongación del cautiverio de los prisioneros de ambas partes. Cuando Bolívar firmaba el armisticio con Morillo en noviembre de 1820, propuso al General español, aprovechar la voluntad de entendimiento reinante para acordar un tratado de regularización de la guerra “conforme a las leyes de las naciones cultas y a los principios liberales y filantrópicos”. Su iniciativa fue aceptada, conviniéndose el canje de prisioneros, la recuperación de los cuerpos de los caídos en combate, y el respeto a la población civil no combatiente. Cuán distante está Uribe de estos imperativos éticos de humanidad. Sin duda, asocia Uribe la solución política del conflicto con el fracaso y la inutilidad de su Doctrina de Seguridad Nacional y con el fin melancólico de su arrebato guerrerista de aplastar mediante las armas, la creciente inconformidad social. Parece un soldado japonés de la segunda guerra mundial perdido en una isla, disparando a enemigos imaginarios en medio de su locura. A los participantes de este intercambio sobre el conflicto colombiano les reiteramos lo planteado recientemente a los Presidentes de UNASUR y del ALBA: “…Con un Uribe imbuido en el frenesí de la guerra y envalentonado con las bases norteamericanas, no habrá paz en Colombia ni estabilidad en la región. Si no se frena el guerrerismo -ahora repotenciado-, se incrementará en proporción dantesca el drama humanitario de Colombia. Es hora que Nuestra América y el mundo vuelvan sus ojos sobre este país violentado desde el poder. No se puede condenar eternamente a Colombia a ser el país de los “falsos positivos”, del asesinato de millares de civiles no combatientes por la Fuerza Pública, de las fosas comunes, del despojo de tierras, del desplazamiento forzoso de millones de campesinos, de las detenciones masivas de ciudadanos, de la tiranía y de la impunidad de los victimarios amparados en el Estado”. Solicitamos a los asistentes a este evento interponer sus buenos oficios promoviendo, como un principio de solución política del conflicto, el reconocimiento del status de fuerza beligerante a las FARC. Sería el comienzo de la marcha de Colombia hacia la paz. Si vamos a hablar de paz, las tropas norteamericanas deben salir del país, y el señor Uribe abandonar su campaña goebbeliana de calificar de terrorista a las FARC. De nuestra parte estamos listos para asumir la discusión en torno a la organización del Estado y de la economía, la política social y la doctrina que ha de guiar a las nuevas Fuerzas Armadas de la Nación. De ustedes atentamente. Compatriotas, Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC. Montañas de Colombia, Febrero 22 del 2010 77.

8-3-2010, Comunicado a la opinión: Primero. Por encima de los intensos operativos militares de rescate y de todas las maniobras dilatorias del gobierno, estamos listos a liberar al cabo Moncayo y al soldado Calvo. Segundo. Inmediatamente el gobierno haga público el texto con los protocolos de seguridad, y ellos sean satisfactorios, avanzaremos con celeridad para que CPP en cabeza de la senadora Piedad Córdoba, con el acompañamiento del CICR, la Iglesia, el profesor Moncayo y doña Emperatriz de Guevara reciban los dos militares así como los restos mortales del capitán Guevara. Tercero. Informamos que el soldado Calvo, continúa enfermo y que permanentemente está siendo cargado por los guerrilleros en medio de los operativos del ejército, dado su precario estado de salud, lo que dimensiona los riesgos tanto de él como de nuestras unidades. Cuarto. El gobierno debe terminar con su campaña de desinformación y publicar los protocolos para empezar rápidamente la fase de liberación unilateral. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, marzo del 2010 78.

23-3-2010, Comunicado de las FARC precisando causa del retraso en las liberaciones unilaterales: 1. Nuestra decisión de liberar unilateralmente al sargento Moncayo y al soldado Calvo es irrevocable, así como también la entrega de los restos del mayor Guevara. 2. Las dificultades surgidas en estas últimas semanas y que han ocasionado nuevas demoras son consecuencia de los acrecentados operativos militares pues mientras el gobierno afirma que facilitará las condiciones para el regreso de los prisioneros, incrementa sus operaciones en las tres áreas haciendo todo lo posible para impedir las liberaciones. 3. Moncayo y Calvo están listos para su liberación. La entrega de los restos del mayor Guevara debemos aplazarla dado que el ejército ocupa el área donde se encuentran. 4. La liberación unilateral determinada por las FARC - EP, es un irrefutable hecho de paz, una demostración inequívoca de voluntad política por el canje. El gobierno de Álvaro Uribe debe garantizar su culminación sin provocaciones, ni esguinces, ni trampas, con diafanidad frente a las familias, al país y al mundo. Jamás se ha visto a un ejército interponer tanto obstáculo para posibilitar la libertad de sus propios soldados. 5. Es necesario que se hagan públicos los protocolos acordados. Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP, Montañas de Colombia, Marzo 23 del 2010 79.

23-3-2010, Anexo a Comunicado de las FARC-EP: Memorando de entendimiento. Protocolo de seguridad y coordinación. El Ministro de Defensa Nacional de la República de Colombia y el jefe de la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por medio del presente memorando de entendimiento, definen y ponen en aplicación un protocolo de seguridad y coordinación para el evento de la entrega del sargento Pablo Emilio Moncayo, del soldado profesional Josué Daniel Calvo así como los restos mortales del mayor Julián Guevara en poder de las FARC-EP, en desarrollo de las estipulaciones, privilegios e inmunidades definidos en el acuerdo de sede de 1980, suscrito entre el gobierno de Colombia y el CICR, aprobado por el Congreso de la República por medio de la ley 42 de 1981, y luego desarrollado mediante el memorando de entendimiento suscrito entre el gobierno de Colombia y el CICR el 16-2-1996. El objeto del presente memorando de entendimiento, y del Protocolo de seguridad y coordinación que contiene, es definir las reglas básicas con base en las cuales el gobierno de Colombia garantiza que se cumplan las coordinaciones de seguridad necesarias para que el CICR, el apoyo logístico y técnico del gobierno del Brasil pueda culminar con éxito la operación humanitaria, autorizada por el gobierno de Colombia y mencionada en el primer párrafo de este texto. En virtud del presente memorando de entendimiento el Ministerio de Defensa de Colombia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al igual que el CICR se comprometen mutuamente a cumplir -para cada operación de entrega- con el siguiente protocolo de seguridad y coordinación: 1. El CICR notificará al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección General de la policía nacional, en la tarde (hasta las 19:00 horas) de la antevíspera del día de cada operación el área geográfica de donde se desarrollará la operación humanitaria. 2. El CICR comunicará antes del inicio de la operación humanitaria los desplazamientos de las aeronaves que se utilizarán para ingresar al país y para llegar a los puntos de concentración, las características que identifican las aeronaves que empleará en la operación y los nombres y demás datos de identificación de los respectivos tripulantes y pasajeros, incluidos los nombres y demás datos de identificación de las personas que conformarán la misión humanitaria. Se comunicará al Ministerio de Defensa Nacional y al Comando General de las Fuerzas Militares, la ubicación (aeropuerto) en Colombia donde se entregarán a las autoridades acordadas la(s) persona(s) liberada(s), así como los restos mortales del mayor Julián Guevara. Las aeronaves ingresarán al -y regresarán del- país a un -y desde un- aeropuerto previamente conocido por el gobierno nacional; con los emblemas del CICR y con presencia de uno de sus delegados a bordo. 3. El Ministerio de Defensa nacional se compromete a que una vez recibidas y aprobadas las anteriores comunicaciones suspenderá o cancelará todo tipo de actividad militar y policial o de operaciones militares y policiales en el área geográfica que el CICR le haya comunicado a partir de las 18:00 horas (6:00 p.m.) del día anterior a la operación, durante todo el día o sea las veinticuatro horas del día de la operación, y hasta las 06:00 horas (6:00 a.m.) del día siguiente de la operación. 4. En el caso de que se realicen varias operaciones, es importante que no se inicie una hasta que no se haya finalizado en su totalidad la anterior. Una vez se termine la primera operación se debe notificar a las partes antes de iniciar la segunda (según el punto uno). 5. En particular, quedarán suspendidos los sobrevuelos de aeronaves militares y civiles en el área geográfica determinada. Sólo se autorizarán los vuelos comerciales nacionales o internacionales de las líneas aéreas con plan de vuelo vigente ante las autoridades aeronáuticas de Colombia, manteniendo su rumbo en la dirección del vuelo autorizado, sin realizar vuelos circulares, vuelos comerciales que por razones técnicas deban volar por debajo de los 20 mil pies de altura deberán desviarse fuera del área geográfica en donde se realiza la operación o posponerse. El Ministerio de Defensa Nacional hará las coordinaciones que sean necesarias con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil para garantizar el cumplimiento de estas reglas de seguridad. 6. Además, el Ministerio de Defensa suspenderá todo tipo de movimientos, operaciones militares y movilización de tropas por vía terrestre o campo abierto, por vías fluviales y desembarcos de tropas aerotransportadas o por embarcaciones fluviales en el área geográfica, durante el tiempo que tenga duración la respectiva operación humanitaria, sin perjuicio de la necesaria movilización de unidades de la policía nacional en zonas urbanas que tengan como finalidad el mantenimiento del orden. 7. En el evento que por fuerza mayor, dificultades meteorológicas o cualquier otro imprevisto del CICR, en consulta con los demás participantes, considere que la operación debe demorarse más tiempo que el previsto atrás (numeral 3) lo comunicará cuanto antes al Ministerio de Defensa o al Comando General de las Fuerzas Militares. 8. El comando de la tripulación brasilera a cargo de la operación logística podrá decidir en cualquier situación que considere de riesgo técnico o de cualquier otra naturaleza cancelar la operación. En constancia de lo acordado se firma en Bogotá, DC el 12 de marzo del 2010 Gabriel Silva Luján, Ministro de Defensa Nacional, República de Colombia. Christophe Beney, Jefe de la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja 80.

29-3-2010, La insurgencia cumplió su palabra entregando a Calvo, el Comité Internacional de la Cruz Roja cumplió con profesionalismo y discreción su rol de garante de la operación unilateral; el gobierno de Brasil cumplió, con el profesionalismo de sus fuerzas armadas; pero el gobierno colombiano no cumplió, volvió a intentar boicotear la liberación unilateral de las FARC-EP. La Senadora Piedad Córdoba denunció que el ejercito oficial del régimen colombiano, violó los protocolos, sobrevolando antes, durante y después la zona de la liberación, sobrevuelos totalmente prohibidos en el protocolo aceptado por las partes. El Comandante de las FARC-EP, al frente de la operación de liberación, viendo el inminente peligro, le pidió a la comisión liberadora, en cabeza de la Senadora Piedad Córdoba que se alejara del lugar lo más rápido posible. No se espero la hora estipulada en el protocolo. Los insurgentes asumieron el riesgo de ser bombardeados, pues no tuvieron una hora para la retirada, como lo estipulan los protocolos 81.

30-3-2010, Las FARC hacen un llamado a países amigos de la paz en Colombia: “todos los países interesados en una solución política al conflicto social y armado colombiano, lo mismo que a Colombianos y Colombianas por la Paz para que sumen voluntades y dirijan sus esfuerzos concéntricos encaminados a alcanzar el canje de prisioneros de guerra”. Comunicado: 1. Las FARC-EP para beneplácito de los colombianos, sobre todo para los familiares han dado cumplimiento a la palabra empeñada a principios del año 2009, de liberar de manera unilateral a los prisioneros de guerra cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado profesional Josué Daniel Calvo al igual que la entrega de los restos del capitán Guevara, que, por ahora no se le podrá entregar a la madre, doña Emperatriz de Guevara. 2. Este hecho debió haberse dado diez meses atrás, pero la permanente fabricación de pretextos artificiales por el gobierno de Uribe, obsesionado por un absurdo y fatal rescate militar prolongó de manera torturante e injustificada la entrega. 3. La entrega se hace personalmente a la senadora Córdoba representante de los Colombianos y Colombianas por la Paz y al profesor Moncayo quienes contarán con el acompañamiento humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia. 4. Con este gesto unilateral, las FARC-EP consideran que el camino queda desbrozado para el inmediato canje de prisioneros de guerra como única forma viable, para que, sin menoscabo de la integridad física regresen a la libertad los prisioneros que están en la selva, lo mismo que los guerrilleros presos en las mazmorras de Colombia y de los EUA. 5. Hacemos un llamado a todos los países interesados en una solución política al conflicto social y armado colombiano, lo mismo que a Colombianos y Colombianas por la Paz para que sumen voluntades y dirijan sus esfuerzos concéntricos encaminados a alcanzar el canje de prisioneros de guerra. 6. Las FARC-EP le agradecen una vez más, por su reiterado apoyo logístico al pueblo brasilero y a su presidente Luis Ignacio Lula, sin cuyo concurso hubiera sido imposible la realización de esta empresa humanitaria; agradece igualmente a los pilotos por su pericia y profesionalismo. Secretariado del EMC. Montañas de Colombia, 30-3-2010 82.

30-3-2010, Uribe y los generales violaron el protocolo y el acuerdo por la unilateral entrega del oficial Pablo Moncayo sobrevolando la zona antes de la entrega de Moncayo a la Misión Humanitaria liderada por la Senadora Piedad Córdoba. Cuando la prensa le preguntó a Moncayo qué consideraba él de las FARC, dijo que no importa lo que él opine de esta guerrilla, por que no se puede negar su existencia: “Creo que lo que yo piense de la guerrilla de las FARC en nada va a cambiar el rumbo de la historia de Colombia. Sencillamente existen en Colombia, son una realidad, no se les puede negar por más que se quiera, por más que parecen invisibles, pero ahí están”. La humillación al “Señor de la Seguridad Democrática” no hubiese podido ser mayor; su oficial, el Sargento del ejército nacional de Colombia, Pablo Emilio Moncayo, el prisionero de guerra más antiguo del conflicto social y armado colombiano, elogió a los presidentes Correa, Chávez y ‘Lula’ por haber aportado a la liberación del militar colombiano; en ningún momento mencionó el nombre y apellido del Sr. Alvaro Uribe o su gobierno. La liberación por parte de la guerrilla de las FARC fue demorada casi un año por la intransigencia de Uribe. No faltaban los reporteros del “Gremio Mata-FARC” que llegaron al aeropuerto de Florencia, capital del departamento de Caquetá, solo con el deseo de absorber una sola palabra anti-FARC y anti-Chávez de Moncayo para poder transmitir y enviarlo a la redacción en Bogota. No les importaba en absoluto, igual como a Uribe, la liberación de su compatriota que un día, a los 18 años de edad, con toda la vida por delante, fue capturado después de un cruento combate en ese cerro en el sur de Colombia en una guerra que no es de él ni los más de 450.000 hijos de la nación sudamericana que día y noche ponen sus vidas como cuota para preservar los privilegios de una oligarquía fascista. No queremos caer en las especulaciones o conjeturas, pero todo indica que Moncayo va a trabajar por el canje de prisioneros de guerra que tienen las FARC, que solamente son oficiales militares y policías todos capturados en combate, y los presos políticos guerrilleros que están en las cárceles colombianas, que según la Fundación de Solidaridad con los Presos Políticos, son más de 8.000 personas. Nadie tiene esperanza que Uribe, en los más de 130 días que le queda de su mandato, va a gestionar un canje de prisioneros. Al contrario, hasta la última consecuencia quiere llevar sus soldados a la tumba, exigiendo a sus generales de intensificar la guerra contra las FARC y abatir a su Comandante en jefe, Alfonso Cano, como si la guerra fuera una excursión donde se gana los trofeos o se pierde todo. Nos imaginamos las pesadillas de Uribe que en agosto del 2002 prometió a sus patronos, los generales de Pentágono y los halcones de la Casa Blanca, de acabar con las FARC y el ELN en 120 días. La entrega de Moncayo fue la última de entregas unilaterales y que ahora les toca al Estado colombiano a sentarse a negociar sobre un canje de prisioneros de ambas partes 83.

2-4-2010, Cuando en medio de, un conflicto armado, una guerra entre naciones o una guerra civil, se producen la retención de un combatiente adversario, este adquiere el status de prisionero de guerra. Los prisioneros de guerra, según los protocolos internacionales: “Un prisionero de guerra es un combatiente, por lo general un miembro de las fuerzas armadas de una parte en un conflicto armado internacional o un individuo que tiene un estatuto jurídico equivalente, que ha caído en poder de la parte adversa”. Los individuos que tienen un estatuto jurídico equivalente son los corresponsales de guerra, proveedores, miembros de la marina mercante y de aeronaves civiles, y civiles que espontáneamente tomen las armas para resistir a las fuerzas invasoras (art. 4 del III Convenio de Ginebra de 1949). En caso de duda, toda persona que participe en las hostilidades tiene derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra (art. 45.1 del Protocolo adicional I de 1977). III Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra”. (www.icrc.org). En conflictos armados internacionales, los Convenios de Ginebra reconocen el derecho de los delegados del CICR de visitar a los prisioneros de guerra y a los internados civiles. En conflictos armados no internacionales y en situaciones de violencia interna, el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y los Estatutos del Movimiento instan a que el CICR ofrezca sus servicios de visitar a los detenidos. El CICR, debe visitar y constatar en las diferentes cárceles del país la situación de los prisioneros políticos para informarle al mundo, su verdadera situación, que nosotros definimos como indigna y denigrante para un ser humano. Un intercambio humanitario empieza por el cambio de lenguaje, los periodistas, la iglesia, los familiares de los militares prisioneros de guerra de las FARC-EP deben empezar por llamar las cosas por su nombre. Sus hijos, hermanos, padres, todos militares con alguna graduación en poder de la insurgencia, no estaban rezando al momento de ser capturados por las fuerzas insurgentes de las FARC-EP, estos hombres han sido vencidos en combate y respetado su vida. Para ellos, sólo queda el intercambio humanitario 84.

4-4-2010, El Secretariado del EMC de las FARC-EP, Comunica: 1. Liberados el sargento Pablo Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo y, entregados los restos del teniente coronel Julián Guevara hemos mostrado transparentemente, nuestra voluntad y decisión de acordar con el gobierno nacional un canje de prisioneros de guerra. 2. A pesar que el pronunciamiento del Presidente manifestando su disposición al canje, lo hace en el ocaso de su mandato, habiendo fracasado en su estrategia de rescate militar y en medio de discursos atiborrados de amenazas de muerte hacia los comandantes de la guerrilla, tenemos plena disposición de intercambiar opiniones y propuestas para firmar acuerdos de canje que posibiliten la liberación de los prisioneros de las dos partes y abra puertas en la búsqueda de acuerdos de paz. 3. Reiteradamente hemos precisado el tipo de circunstancias de modo, tiempo y lugar que deben rodear un encuentro del gobierno y las FARC-EP para hablar de canje y solo hemos escuchado negativas, nunca propuestas alternativas que evidencien plena disposición oficial y garantías, para conversar sin el apremio de la confrontación. 4. Las familias de los prisioneros de guerra, los guerrilleros y los integrantes de la fuerza pública, están, como todo el país, pendientes de una demostración presidencial real, no retórica, que enrumbe hacia la libertad de todos ellos. Montañas de Colombia, 4-4-2010, Año Bicentenario del Grito de Independencia 85.

7-4-2010, Según lo escribió el ex-Presidente Pastrana en su libro “Palabras bajo el fuego”, el despeje del Caguán en 1997 fue una exigencia del Presidente de EUA Bill Clinton. Afirmación que volvió a hacer Pastrana el 6-12-2007 en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia: “La versión de la emisora Caracol Radio, dice que Pastrana le respondió al Presidente Uribe diciendo que la zona de distensión que autorizó durante su gobierno para dialogar con las FARC, fue una exigencia del gobierno estadounidense. Uribe se sorprendió con esa revelación y le preguntó al ex presidente Pastrana por qué no lo había dicho antes”. El ex-Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos estuvo en esa gran maniobra gringa que constituyó el paso previo a la implantación geoestratégica y militar del Plan Colombia para la región Andina, lo hizo también como agente oficioso al servicio del Pentágono norteamericano 86.

20-4-2010, Señor Frank Pearl, Alto Comisionado para la Paz. Señor comisionado: Conocida su carta de fecha 5-3-2010 proponiéndonos conversaciones directas, secretas, con agenda abierta y en el extranjero, le comentamos: 1. Nuestro interés por conversar alrededor de los temas de la convivencia democrática con este y otros gobiernos, en procura de acuerdos, ha sido permanente desde Marquetalia, en 1964. 2. Lamentamos sí, que su nota haya llegado a escasos 4 meses del cambio de gobierno y que, poco después de recibida, hayamos escuchado al presidente afirmar categóricamente, que su gobierno no va a conversar con la guerrilla, sin que haya mediado nada distinto que haber liberado dos prisioneros de guerra y entregado los restos del coronel Guevara a su familia, como gestos unilaterales de buena voluntad de nuestra parte. 3. Reiterando que las puertas de las FARC-EP permanecen abiertas, queremos insistir en nuestra opinión que diálogos como el que nos propone el gobierno, conviene hacerlos en Colombia y de cara al país. Del señor comisionado, compatriotas. Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP. Montañas de Colombia, abril de 2010 87.

27-4-2010, Iván Márquez, integrante del Secretariado de las FARC-EP hace referencia a los “falsos positivos”. En la jerga militar y policial de Colombia, un “positivo” significa captura o eliminación de personas consideradas enemigas del Estado. Tales partes “positivos” siempre fueron premiados con ascensos, recompensas en dinero y vacaciones. Fue este abominable procedimiento del Estado, ligado a la Doctrina de la Seguridad Nacional, lo que detonó en Colombia los “falsos positivos” o crímenes de lesa humanidad. Desde siempre, como antes en Vietnam o en El Salvador, en Colombia se asesinan civiles para presentarlos como guerrilleros. Durante la administración del Presidente Alvaro Uribe Vélez, estos “falsos positivos” alcanzaron el máximo peldaño de la perfidia humana mediante el pago de millonarias sumas de dinero, ascensos en el escalafón y franquicias a integrantes de las fuerzas armadas oficiales, por personas muertas o capturadas, material incautado o información. En el marco de su política de seguridad democrática o inversionista, Uribe dio luz verde al Ministerio de Defensa para la aplicación de la directiva ministerial permanente, número 29, de noviembre de 2005 “que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”. Directiva, firmada por su entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, establece los siguientes montos para cancelar recompensas: $5.000 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) por máximos cabecillas. $1.719 millones de pesos (859 mil 550 dólares) por cabecillas de estructuras mayores de relevancia nacional. $191 millones de pesos (95 mil 500 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel regional. $68 millones 760 mil pesos (34 mil 380 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel local. $3 millones 815 mil pesos (1.900 dólares) por cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables de acciones a nivel local. Estas recompensas fueron difundidas en todas las unidades militares con la lista de las personas incluidas en los niveles I y II. Como consecuencia de esta Directiva los noticieros de la radio y la televisión, y los titulares de la prensa se llenaron de muertos, casi todos presentados por los militares como “jefes de finanzas” de la guerrilla, “mano derecha” del comandante tal, o simplemente, “terroristas” muertos en combate… Lo sucedido en la municipalidad de Soacha es emblemático: decenas de jóvenes desempleados fueron recogidos por contactos del ejército en las esquinas con ofertas de trabajo y en menos de 24 horas aparecieron en los titulares de los diarios como guerrilleros muertos en combate, en otro extremo de la geografía nacional. Les habían colocado uniformes y armas para hacer creíble la noticia. Lo raro es que mientras sus uniformes aparecían intactos, los cuerpos de las víctimas semejaban un colador por efecto de las balas. Esta luctuosa historia se repitió impunemente durante los últimos años bañando con sangre inocente el territorio de la patria. En sus comparecencias ante la Fiscalía General de la nación los capos paramilitares han confesado que entregaron miles de personas asesinadas por ellos al ejército para que cobraran la recompensa y mostraran eficacia en su lucha antisubversiva. Así fueron tejiendo ante opinión la fábula de la derrota y del fin del fin de la guerrilla. Cuando estalló el escándalo, salió Uribe, a hacer creer que se trataba de hechos aislados que no comprometían a la institución, para eludir así su responsabilidad penal. Sin embargo, la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, es un mentís incontestable y una denuncia al mundo de que los “falsos positivos” son el resultado directo de una política oficial y de terrorismo de Estado. Ninguno de los inculpados está tras las rejas. Los militares de menor rango que estaban siendo procesados por la Fiscalía, todos fueron liberados. Los generales involucrados simplemente fueron destituidos, mientras su responsabilidad penal empieza a hundirse en el olvido. Los pagos fueron realizados con recursos de la nación y otros provenientes de la cooperación económica nacional e internacional, como lo consigna la mencionada Directiva. El mismo documento oficial reconoce textualmente que “se creó un comité técnico de seguimiento de la Directiva conformado por un delegado de la División Administrativa y un analista del J-2 del Comando General de las fuerzas militares, el jefe de la división administrativa de la Dirección de inteligencia del Ejército Nacional, el jefe nacional de la JINA de la Armada Nacional, el jefe administrativo de la JIN de la Fuerza Aérea Colombiana, dos funcionarios de la policía nacional (DIPOL-DIJIN), un analista del DAS y un analista del CTI de la Fiscalía. Todos ellos deben comparecer ante los tribunales acompañados de su jefe, el presidente Uribe. En el municipio de La Macarena, en un terreno colindante con la base militar del lugar, ha sido descubierta recientemente una gran fosa común con más de dos mil cadáveres. En los últimos años, en una ininterrumpida como ruidosa procesión de muerte, los helicópteros del ejército descargaron allí a los asesinados. Esos muertos son el parte de victoria de la política de seguridad de Uribe y de sus “falsos positivos”. Estos crímenes fueron complementados con el encarcelamiento en el primer cuatrienio de Uribe, a través de redadas masivas, de más de 150 mil personas bajo la falsa imputación de apoyar a la insurgencia. El empapelamiento jurídico y los montajes de la inteligencia militar obraron simultáneamente como falsos positivos judiciales. Montañas de Colombia, 27-4-2010 88.

30-4-2010, Carta de Pablo Catatumbo. Compatriotas: Al conmemorar este 29 de abril el décimo aniversario de la fundación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, queremos hacer un justo reconocimiento a los miles de combatientes clandestinos, trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, mujeres, amas de casa, estudiantes revolucionarios, componentes de las diversas etnias, muchachos de las barriadas, a nuestros prisioneros, a nuestros muertos y demás compatriotas que con su dedicación, su sacrificio y su heroísmo de todos los días, han hecho posible cristalizar este esfuerzo formidable, en medio de la más feroz, criminal e infame campaña de persecución, de desinformación, de calumnias y represión contra nuestro pueblo. Ya en el ocaso de uno de los más nefastos gobiernos antipopulares de los últimos tiempos, el gobierno dictatorial y plutocrático de Alvaro Uribe Vélez, en el que desde el poder se cometieron toda clase de aberrantes delitos, el que no vaciló en recurrir a las peores formas de delincuencia para ambicionar perpetuarse en el poder, desde el infame asesinato de inocentes compatriotas para presentarlos como macabros y falsos trofeos de guerra, tratando de ocultar el fracaso de su mal llamada “Seguridad Democrática”, demencial engendro fascista que durante dos períodos presidenciales se estrelló con la muralla granítica de la insurgencia guerrillera, sin lograr derrotarla como había prometido, hasta comprar su reelección, sobornando parlamentarios, otorgando notarías, pagando para que recogieran firmas e intentando hacer aprobar un referendo espurio con más dinero del permitido y haciendo abuso de toda clase de tramoyas para que el parlamento votara a su acomodo; cambiando el texto de lo que los firmantes pedían, para ajustarlo ilegalmente a sus ambiciones y regalando a manos llenas a los ricos al tiempo que se lo negaba a los pobres, más de 400 millones de dólares a través del programa Agro Ingreso Seguro. Todo para asegurar una segunda reelección consecutiva, en otro período del mismo Presidente. Afortunadamente, la Corte Constitucional falló en contra de tamaño atropello y puso fin a semejante abuso. Se va pues el dictador, sin lograr su cometido de perpetuarse en el poder como un autócrata, y sin haber podido aniquilar o doblegar a la insurgencia guerrillera, como era su deseo. Ahora estamos en la recta final de una campaña electoral sui géneris, con muy pocos matices, en la que no participan portavoces de auténticos partidos políticos representativos de los intereses nacionales, ni populares y donde están ausentes verdaderos programas de gobierno. Con muy pocas excepciones, los que están en el ruedo, son candidatos de una gran capacidad de manipulación mediática, algunos de ellos, oportunistas con un gran rabo de paja, manchados hasta el cuello de escándalos de corrupción, de abusos de poder, y en medio de una profunda crisis de legitimidad del régimen político que ellos representan. A tiempo que los aspirantes presidenciales se disputan en abierta reyerta, cuál de todos ellos es más reaccionario y el heredero del cipayismo pro yanqui y la “seguridad democrática”, ausente está en este debate electoral la discusión de los graves y verdaderos problemas que preocupan a las grandes mayorías nacionales: La necesidad de una verdadera reforma agraria que haga justicia al campesinado y resuelva las necesidades de nuestro abastecimiento interno, la recuperación de nuestra soberanía y dignidad nacionales, pisoteadas hoy con la existencia de 7 bases militares norteamericanas en territorio patrio, la solución al inmenso drama de los cuatro millones de desplazados, no por “la violencia” como acostumbran decir los embaucadores de oficio, sino por la violencia militar y paramilitar del Estado que les arrebató sus tierras, el tema del hambre, el desastre de la educación cada vez de menor calidad y con menos presupuesto, del desempleo galopante y creciente, de la salud y de la escasez de vivienda. Es allí donde está el meollo del problema. Frente al principal problema que afronta la sociedad colombiana, por ya casi medio siglo, el del conflicto interno, los candidatos todos al unísono, siguiendo las órdenes del amo yanqui, solo ofrecen, mas continuismo, mas autoritarismo y mas bala. Prolongar el conflicto armado y la guerra sucia, dar toda clase de gabelas a los ricos y entregar nuestros recursos naturales a la inversión extranjera, (ocho billones por exención de impuestos el año pasado, por cada tonelada de carbón que se llevan, solo recibimos 5 dólares), permitiendo el despojo de las tierras a los campesinos y aplaudiendo las bases yanquis en territorio patrio, mas la defensa del statu quo. Está claro que eso no puede ser considerado un auténtico programa político de gobierno, ni siquiera por la más obtusa y cerril derecha. Ninguno de los candidatos mas opcionados, ofrece una verdadera solución a los problemas nacionales y quien resulte elegido Presidente, sea el uno o el otro, solo representará un cambio de administración, de rosca, y de grupo de privilegiados a quien beneficiar, pero no de gobierno, ni de rumbo, pues en últimas, todos son neoliberales. Neoliberal quiere decir: enemigo del pueblo, de la organización popular, de los derechos y de las conquistas adquiridas por la clase obrera, de los sindicatos, de las luchas obreras y campesinas y partidario de un orden que haga in modificable y eterno, el régimen de la explotación y el capitalismo. Colombia necesita superar esta etapa oscura de corrupción, de injusticia social, militarización, represión, atraso y violencia impuesta desde arriba que nos corroe desde hace más de 5 siglos, pero para eso, nuestro pueblo no puede seguir disperso, ni esperando que la solución de sus problemas se la otorgue algún mesías, perteneciente a la clase rapaz de quienes lo explotan y lo someten. Necesitamos persistir en la tarea de la organización popular y de masas, en la vigencia del proyecto bolivariano, alentar las luchas del pueblo, buscar y pelear con ahínco por la unidad de los sectores populares, superar y derrotar el sectarismo aislacionista para avanzar hacia la conformación de un gran movimiento de masas que privilegie alcanzar la paz a través de la solución política, la defensa de los intereses populares, patriótico, anti oligárquico y profundamente comprometido con la defensa de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía. Solo mediante la lucha unida y de masas nuestro pueblo alcanzará su liberación. Esa es la esencia y la razón de ser y de existir del Movimiento Bolivariano, una opción política distinta a los partidos tradicionales, capaz de contribuir con eficacia en la conducción del país hacia destinos de igualdad y de soberanía nacional. Pablo Catatumbo, Jefe del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, Abril del 2010. Montañas de Colombia 89.

21-6-2010, Comunicado de las FARC al pueblo colombiano: Con el triunfo ilegítimo del continuismo, repudiado por la abstención ciudadana, el país ha entrado en un proceso de radicalización de la lucha política, en el que el pueblo será protagonista de primera línea. Toda la maquinaria del Estado, fue puesta al servicio de la victoria del continuismo buscando por esa vía un escudo que proteja a Uribe de la inminente acusación del pueblo y la justicia, frente a una gestión criminal y de lesa patria. El régimen de Uribe fue el más serio intento de imponer violentamente un proyecto político de ultraderecha neoliberal basado en el paramilitarismo. Su gobierno pasará a la historia como el más vergonzoso de las últimas décadas, el más asesino de su población civil, el más arrodillado a la política de EUA, y por esta circunstancia, el más compulsivo provocador de inestabilidad en las relaciones con los países vecinos. Uribe y el continuismo hicieron creer que su política de seguridad era de todos, cuando en realidad sólo aseguraba, mediante la represión, las ganancias de privilegiados sectores inversionistas, que acrecentaron el desempleo y la pobreza. Hicieron creer que defender la soberanía era entregar la patria al gobierno de EUA y convertir a Colombia en un país ocupado militarmente por una potencia extranjera. Se las arreglaron para posar de adalides de la lucha contra el narcotráfico cuando el propio Presidente Uribe, el DAS y el General Naranjo, tienen un largo historial que los vincula a la mafia del narcotráfico. Al país le dicen que no hay guerra ni conflicto armado, pero hay Plan Patriota e invasión gringaSeguridad democrática son los falsos positivos y la impunidad. Es poder elegir como Presidente al Ministro de Defensa que más estimuló estos crímenes de lesa humanidad. Es repartir tierras a la agroindustria paramilitar, porque ella sí tiene músculo financiero y los pobres campesinos no. Y es subsidiar o regalar de manera segura dineros del Estado a los empresarios del agro que financiaron las campañas electorales. Seguridad democrática son las fosas comunes con más de 2000 cadáveres como la que existe en un costado de la base militar de la Macarena y son los más de 4 millones de campesinos desplazados por la violencia del Estado. Es mentir sobre el fin de la guerrilla bolivariana de las FARC-EP y preocuparse por la vitalidad de una organización que combate denodadamente por la nueva Colombia como lo consignan sus partes militares del mes de mayo. Seguridad democrática es cambiar la Constitución para adecuarla a un interés particular cuando sea necesario y es tener una espuria mayoría en el Congreso y socavar la autoridad de las Cortes con el aplauso de los incondicionales. También es repartir cargos burocráticos, gabelas y contratos, y aprovechar el gobierno para enriquecerse sin ningún cuestionamiento moral… La abyecta defensa del militarismo oficiada por Uribe y su llamado a crear nuevas leyes garantes de la impunidad castrense, anuncian lo que vendrá durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Su cínica queja y su lamento fariseo sobreprotegiendo a un torturador-asesino, como Plazas Vega, a los altos mandos militares y al ex-Presidente Belisario Betancur, responsables del holocausto del Palacio de Justicia, son patética evidencia de su esfuerzo por blindarse desde ahora, en previsión de futuras acusaciones en su contra. Y, por supuesto, como forma de atornillar el narco paramilitarismo a la dirección del Estado, con garantías legales para desaparecer, torturar y asesinar opositores. El “fuero militar” que Uribe reclama es patente de impunidad criminal como lo demuestra la historia reciente de Colombia. La vehemente defensa presidencial del ex Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero (Unidad de Inteligencia Financiera - UIAF), señor Mario Aranguren, quien delinquió en favor de Uribe y seguramente por orden suya, evidencia la calaña de quien aspira a trascender ocultando, no solo su pasado criminal, sino las vergonzosas bajezas de su práctica como gobernante. Estamos a las puertas de otro cuatrienio de ofensiva oligárquica contra el pueblo en todos los órdenes, embadurnado con melifluas y engañosas promesas oficiales alrededor de una victoria militar como lo han repetido sin cesar durante 46 años, sin preocuparse, ni mucho menos comprometerse a superar, las causas que generan el conflicto. La profunda crisis estructural que padece Colombia no tiene solución en el continuismo. La ultraderecha neoliberal, creyendo que aún puede resolverla desde las alturas, ha convocado a una unión nacional sin pueblo en la que sólo reinan las ambiciones de los mismos que se lucran con la seguridad inversionista: los grupos financieros, el sector empresarial, los ganaderos y terratenientes, los paramilitares, los partidos que como pirañas se disputan las prebendas del poder, los grandes medios que aplauden los éxitos en litros de sangre de la política guerrerista... Allí no se ve el pueblo por ningún lado, porque la prosperidad de aquellos se sustenta en la miseria y explotación de los de abajo, de los excluidos. Este bicentenario del grito de independencia debe dar paso a la lucha del pueblo por sus derechos, por la patria, por la soberanía, la justicia social y la paz. El cambio de las injustas estructuras es posible con la movilización y la lucha de todo el pueblo por su dignidad. Nada se puede esperar de los victimarios empotrados en el poder del Estado. Sólo la lucha unificada puede conducirnos a una Colombia Nueva. Como lo hemos consignado desde Marquetalia en 1964: estamos dispuestos a buscar salidas políticas al conflicto, reiterando al mismo tiempo, que nuestra decisión de entregarlo todo por los cambios y los intereses populares, es irreductible, sin importar las circunstancias, obstáculos y dificultades que nos impongan. La justicia social espera triunfar en la movilización del pueblo. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia junio 21 de 2010 90.

26-5-2010, Hace cuarenta y seis años que la oligarquía mas reaccionaria, sanguinaria, terrorista y sumisa a la estrategia imperialista de EUA en Colombia, decidió empujar a la nación por el pavoroso camino de la guerra, haciendo oídos sordos a las miles de voces que clamaban por el imperativo del dialogo y las salidas políticas por encima de las agresiones militares contra los campesinos de Marquetalia. La demencia del poder decretó pocas semanas para arrasar la resistencia encabezada por el más grande y sostenido comandante guerrillero de todos los tiempos, Manuel Marulanda Vélez y su naciente Estado Mayor, con Jacobo Arenas, Isaías Pardo, Hernando Gonzáles, Jóselo Lozada, Ciro Trujillo, Miguel Pascuas, Fernando Bustos y Jaime Guaracas que juntos, con los demás bravos agraristas, que no sobrepasaban las 46 voluntades, enfrentaron al terror bipartidista representado en el excluyente pacto del frente nacional, que engendró esta guerra que ya alcanza el medio siglo. Desde el inicio de la campaña oligárquica y militarista, auspiciada y planificada por el imperialismo para justificar el terror contra el movimiento agrario de Marquetalia y Riochiquito y hasta el día que iniciaron la agresión, nuestra voz, junto a la de muchas organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, vibró de cordura proponiendo salidas incruentas y constructoras de democracia, de desarrollo humano, de fortalecimiento de la producción alimentaria, de equilibrio ambiental, de reconocimiento a la cosmovisión de las comunidades indígenas y a las negritudes, de participación equitativa en la producción y distribución de la riqueza. Pero la ceguera del poder y la genuflexa postura ante las migajas del amo imperial, de la oligarquía criolla, descalificó y silencio estas voces. Su cuento ha sido el enriquecimiento, a cualquier precio, a base del terror y el despojo. Las FARC-EP, nacimos empujados por la intolerancia, la exclusión y la persecución violenta de las castas que ostentan el poder y establecen los gobiernos, “hemos sido víctimas de la furia latifundista y castrense, porque aquí, en esta parte de Colombia, predominan los intereses de los grandes señores de la tierra y los intereses en cadena de la reacción más oscurantista del país. Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espíritu, todas las bestialidades de un régimen podrido que brota de la dominación de los monopolios financieros entroncados con el imperialismo.” No inventamos esta guerra, ni fuimos a ella como aventura para homologar epopeyas redentoras de la pobrería, asumimos con dignidad y seriedad el destino político que le impuso el abominable poder oligárquico a la nación, como lo señalamos en esa época en el Programa Agrario “somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas “Repúblicas Independientes” y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder”. Los potentados del terror, nos transformaron en combatientes de la resistencia que la sabiduría del pueblo ha nutrido en este cercano medio siglo de accionar por la dignidad, la paz y la soberanía. Hemos crecido al calor del batallar político-militar, aferrados al legado histórico que nos dejaron las comunidades indígenas en la resistencia contra el invasor español, las luchas contra ese mismo poder por negros y cimarrones, el levantamiento guerrillero de los comuneros con José Antonio Galán, Lorenzo Alcantuz y Manuela Beltrán; de los forjadores de las movilizaciones por la primera independencia del coloniaje Español hace doscientos años con Don Antonio Nariño; por el fuego patriótico y soberano que nos irradia el pensamiento y el ejemplo del libertador Simón Bolívar. Hemos espigado en la experiencia de los guerrilleros de los mil días, en el novecientos, contra el “regenerador” Rafael Núñez. Nos hemos refrendado en la lucha contra la barbarie, ondeando la memoria de los asesinados por el ejército oficial al servicio del imperialismo en la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga departamento del Magdalena, en el comprometido recuerdo con todos los luchadores victimizados por el Estado y sus estructuras paralelas para el terror. Pero también hemos crecido con la crítica, el reconocimiento, el abrazo, el amor y la ternura de una importante multitud de compatriotas que nos alientan con su propio sacrificio en la lucha por transformar el modelo económico y las costumbres políticas implantadas. En estos 46 años de ardua lucha, hemos crecido en razones y en el compromiso de lucha con los cada vez más numerosos campesinos sin tierra por el desplazamiento y que ya sobrepasan la infame cifra de los 4 millones por el terror paraestatal; con los millones de destechados y con los más de 20 millones de pobres que se esfuerzan por romper el imperio de la desigualdad; con los más de 20 millones de desempleados condenados al rebusque y con los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación; con la memoria de todas las víctimas del terrorismo de Estado en todos estos años de terror y que a diario claman justicia, así como los más de 2.500 asesinados por la fuerza pública y presentados bajo el eufemismo de “falsos positivos” en este gobierno de Uribe Vélez; con las mujeres que tejen esperanzas de igualdad ante una violencia que les oprime y niega posibilidades de vida digna. Hemos crecido en el fragor del combate y en la experiencia organizativa ante cada arremetida militarista y ante cada ciclo por descalificarnos y exterminarnos. El Plan Colombia no ha disminuido nuestra fortaleza, ni nuestra moral; fracasó ante las inocultables razones del alzamiento y por el violento autoritarismo que sustenta la política de seguridad del gobierno que termina; se estrelló por la mentira, el crimen y la corrupción que constituyen su verdadera naturaleza. La defensa de la soberanía patria es un imperativo en este tiempo de reverencia oligárquica ante los intereses del gobierno estadounidense. Nuestra disposición a construir caminos de paz es un compromiso de siempre; por la salida política nos la hemos jugado con seriedad, con ponderación, sin ilusionar a las mayorías nacionales, sin politiquerías, sin marrullerías en todos los escenarios. Así fue con el gobierno de Belisario Betancur y Virgilio Barco en Casa Verde, o en Caracas y Tlaxcala con Cesar Gaviria, o en el último intento en el Caguan con Andrés Pastrana. Pero la excluyente minoría de políticos, empresarios, latifundistas y narcotraficantes que ostentan el poder, han colocado zancadillas para posicionar sus intereses, solo han buscado abrir espacio para recomponer sus estructuras de represión estatal bajo órdenes y financiación del imperio, como la implantación del fracasado Plan Colombia para imposibilitar cualquier avance de la paz democrática e imponer el lenguaje del terror y el chantaje para descalificar los movimientos de resistencia y liberación nacional, así como desestabilizar la región ante los vientos de cambio y soberanía que acompañan al continente. Jamás se borrará de la historia de Colombia este período oscuro y letal del fatuo potentado que culmina su gobierno, con una profunda crisis estructural, y con más de 100 miembros de su bancada parlamentaria comprometidos con la para-política; la Yidis-política y la feria de notarias. Y los escándalos dolosos como Carimagua, Agroingreso Seguro, los decretos de la emergencia social, las zonas francas para incrementar el patrimonio familiar, las persecuciones “chuzadas” del DAS a opositores, sindicalistas y activistas de derechos humanos, la persecución a las cortes, las reuniones palaciegas con narcotraficantes, la obcecación por imponer un fiscal de bolsillo, la agresión al territorio de los países hermanos violando todas las normas del derecho internacional, la amenaza a periodistas independientes, los “falsos positivos” y la entrega del territorio nacional para la operación de fuerzas militares de ocupación norteamericanas. Todos se esfuerzan por demostrar sumisión ante el imperio, asumiendo posiciones chovinistas contra los vecinos y con la rodilla en el suelo ante el imperio del norte, como afirmó Gaitán. Ninguno ha planteado los temas vitales que tienen a la nación en el profundo abismo de las desigualdades y el terror. Todos al unísono prometen más gasto militar y más guerra. Es oscuro el horizonte que delinean estos aspirantes y por estas razones estamos convocando a la abstención, convencidos que solo la fuerza de la movilización de todos los colombianos, podrá imponer un destino cierto de paz y de justicia que retorne a los prisioneros de guerra a sus hogares, libere a guerrilleros y a los miles de presos políticos que se pudren en las cárceles del Estado, reconcilie y reconstruya a Colombia. Solo la lucha organizada de las mayorías levantadas, como hace doscientos años, para lanzar el segundo grito por nuestra definitiva independencia, devolverá la tierra para producción campesina, resolverá la crisis ambiental que genera constantes desastres naturales en cada cambio de estación y la alimentaria que mata a la nación. Y solucionara definitivamente el drama de los desplazados; garantizara el acceso a la educación en todos los niveles, a la salud integral, a la vivienda digna, al empleo bien remunerado y asegurara el ejercicio pleno e integral de los derechos humanos. Con la memoria viva de todos los luchadores por una nueva Colombia, con la fuerza moral del pensamiento de Bolívar, Manuel Marulanda V, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Iván Ríos, Efraín Guzmán, las FARC-EP ponemos todos nuestros recursos humanos por el acuerdo humanitario y la paz de Colombia. Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP, Montañas de Colombia Mayo de 2010 91.

15-7-2010, Comunicado de las FARC por las bases militares de EUA en Colombia: Estamos en marcha por la dignidad de la patria. La batalla por la independencia no ha terminado, ha entrado en su fase decisiva. No podemos proclamarnos libres cuando la política de dominación de un imperio nos subyuga y nos somete con la complicidad apátrida de las oligarquías, y nos aprisiona la inhumanidad de las cadenas de la esclavitud neoliberal. Un país ocupado militarmente no es independiente. No podemos declararnos soberanos cuando la fuerza militar de una potencia extranjera plaga de bases el territorio patrio, pisotea la dignidad, y la bandera de EUA ondea sobre nuestra América, su amenaza de expolio. ¡Pero sí podemos proclamarnos pueblo en lucha por la libertad! Ya estamos en batalla. …Despleguemos hoy la oriflama tricolor del bicentenario como símbolo de lucha y homenaje a los libertadores que soñaron la Gran Nación de Repúblicas, escudo de nuestro destino, a los que nos dieron patria pensando en la humanidad y se batieron en los campos de batalla para dignificar al hombre y a la mujer americanos. …Tal como lo había pronosticado el Libertador, no tardaron en buscarse un nuevo amo. Combatieron la concepción bolivariana de la unidad de pueblos en una Gran Nación, apoyados en el sofisma de la Doctrina Monroe. Ella fue su acicate para asaltar el poder y lograr su miserable sueño de sustituir a los virreyes en la opresión. Esa doctrina era el disfraz de la avaricia del Destino Manifiesto anglosajón, que jamás pensó enfrentar a la armada colonial británica ni a la Santa Alianza que proyectaba restaurar en América el predominio del trono español, sino anexar repúblicas, saquear recursos, y someter políticamente. Traicionaron la grandeza y trocaron la posibilidad del surgimiento de un nuevo poder continental, que fuese equilibrio del universo, esperanza de la humanidad, por el arrodillamiento y la sumisión a una potencia extranjera. Sólo les interesaba asaltar el poder político con la ayuda externa para acrecentar sus fortunas personales y ponerlas a salvo de la revolución social. Dóciles a su nuevo amo desmovilizaron, por conveniencia recíproca, al ejército libertador, único garante de la independencia y las conquistas sociales, fuerza disuasiva al mismo tiempo, de las ambiciones neocoloniales del gobierno de Washington. Los codiciosos y agresivos líderes del norte, inspirados siempre en el cálculo aritmético, poseídos por la ambición de erigir su prosperidad sobre la base del expolio a los pueblos del sur, no podían tolerar la concreción del plan estratégico de Bolívar en el Congreso de Panamá que contemplaba la formación de una liga perpetua de las naciones antes colonias españolas, presidida por una autoridad política permanente, con un ejército unificado concebido para la defensa y para la campaña de liberación de las islas de Cuba y Puerto Rico, consideradas por Washington, apéndices de su espacio continental. Les mortificaba la idea del Libertador de hacer efectiva la ciudadanía hispanoamericana entre pueblos hermanos, el establecimiento de un poder político enemigo de la esclavitud, y sobre todo, el propósito de impulsar un régimen de comercio preferencial que hiciera prevalecer la cláusula de nación más favorecida para las repúblicas hermanas coaligadas. Todas estas medidas pensadas por el Libertador Simón Bolívar para preservar la independencia y la dignidad de las naciones hispanoamericanas se interponían como fortificación inexpugnable frente a las insólitas pretensiones del Destino Manifiesto, embeleco inventado por los fundadores del imperio para auto-legitimar el expolio. …La revolución quedó truncada, inconclusa desde 1830 por la acción depredadora de la jauría de excluyentes criollos azuzada y comandada por el gobierno de Washington. “Toda revolución -decía el Libertador- tiene tres etapas: la guerrera, la reformadora y la de organización. La primera etapa pertenece al pasado; fue obra de los soldados. La segunda la cubrimos con el Congreso de Cúcuta y el gobierno de Bogotá. La tercera, la de organización, la abordaré yo en Panamá”. Es este exactamente el punto de partida para retomar la obra de la independencia y la revolución. A 200 años de iniciada la gesta independentista el proyecto de Bolívar sigue siendo asombrosamente vigente, como si hubiese sido concebido para los tiempos que corren. El pueblo que puede, el pueblo que construye, tiene la palabra. Y ahora Bolívar es el pueblo mismo empuñando su espada con la irreductible determinación de luchar por la concreción de su gran sueño. Pero el sólo grito de independencia no es suficiente; quedó demostrado en la explosión simultánea de gritos que estremecieron el continente sur, ahogados rápidamente por las sanguinarias fuerzas punitivas de la corona. Ningún pueblo puede lograr su libertad si no tiene una fuerza propia. Esta vez el nuevo grito de independencia debe ser el grito de todos, el grito de los excluidos reforzado con la movilización resuelta, con la lucha multiforme, con las armas de la unidad, de la inteligencia y de la fuerza. Es la hora de los pueblos. Ellos fueron los que combatieron y combaten, los que aportaron y aportarán miles de héroes estelares o anónimos. Fue el pueblo la fuerza viva del ejército bolivariano que derrotó el régimen colonial en la América del sur, y será protagonista del triunfo inevitable de la revolución política y social. Hay una espiral que asciende hacia la libertad. La lucha de los patriotas del siglo XIX tiene un hilo conductor, una articulación, con la de los patriotas del siglo 21. Aquellos desplegaron su lucha en un agitado contexto de crisis del mundo colonial. Se consolidaba, sí, el sistema capitalista con el saqueo y la esclavitud de pueblos, pero al mismo tiempo la invasión napoleónica a España estimulaba en Hispanoamérica la ruptura radical con el régimen colonial. La lucha de los patriotas del siglo XXI por la definitiva independencia no sólo está ligada a la derrota del sistema capitalista y la dominación imperial, sino que exige la superación de ese sistema decadente y la inauguración de una nueva era justiciera: la del socialismo y la Patria Grande. La actual crisis estructural del capitalismo es el toque del clarín que anuncia al pueblo, que ha llegado el momento de lanzarse a la batalla definitiva por la emancipación. La preocupación de Washington es Simón Bolívar todavía vivo y palpitante en el anhelo justiciero de los pueblos, la vigencia de su pensamiento, de su proyecto político y social, el reencuentro de los excluidos con la historia verdadera que les dice que fueron ellos, su dignidad, el objeto principal del proyecto originario de nación. Como vislumbran en la conciencia de los pueblos un obstáculo al expolio, recurren a la fuerza y al despliegue del poderío de su tecnología militar para negar por la violencia o la disuasión lo que exigen el sentido común y la justicia. No nacimos para ser vasallos de nadie, ni patio trasero de ninguna potencia. La América del sur nos pertenece porque nacimos en ella. Tenemos derecho a la dignidad humana y a construir el modelo de sociedad que haga nuestra felicidad. ¿Qué importa que EUA despliegue estratégicamente sus bases militares en el Caribe y el continente, si estamos resueltos a ser libres? Como diría Bolívar en la efervescencia independentista de la Sociedad Patriótica: “pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana; vacilar es sucumbir”. … La dispersión y ausencia de unidad es la que ha interpuesto el tremendo abismo que nos separa de nuestro destino de Gran Nación, de potencia de humanidad y libertad. Rompamos las cadenas mentales y culturales que engrilletan la conciencia colectiva. Nuestro deber es desoir el esclavizante canto de sirena del imperio para escuchar la palabra amorosa del padre y Libertador, que nos dice, que “unidos seremos fuertes y mereceremos respeto; divididos y aislados, pereceremos”. La unidad es nuestra fuerza y es nuestra esperanza. Rechacemos con decoro patrio las bases y emplazamientos operativos de avanzada del ejército de EUA en Colombia. Castiguemos con el repudio colectivo a los gobernantes vasallos, de colonia, que permitieron el ultraje y que prestaron el territorio como base de agresión yanqui contra los pueblos del continente; a los apátridas que han arrodillado por 200 años nuestra dignidad ante el águila imperial, y que han clavado la daga de la política neoliberal y del FMI en el corazón de la Colombia hemisférica; a los desvergonzados peones del imperio que prestan su sentimiento esclavo para atajar a nombre de Washington la incontenible ola bolivariana que recorre el continente. …Como decía Bolívar: “el impulso de la revolución está dado, ya nadie lo puede contener (...) El ejemplo de la libertad es seductor, y el de la libertad doméstica es imperioso y arrebatador (...) Debemos triunfar por el camino de la revolución y no por otro (...) La ley de la repartición de bienes es para toda Colombia”. La movilización de pueblos ha comenzado. Ya estamos en batalla. Con la espada del Gran Héroe triunfará la independencia definitiva, la Patria Grande y el Socialismo. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia 15-7-2010 92.

25-7-2010, El gobierno de la oligarquía colombiana dirigido por el gobierno de EUA, pretende desarmar a los guerrilleros colombianos: Es exactamente lo mismo que en 1963. Hace 47 años, dijo Alvaro Gómez Hurtado cuando promocionaba en el llamado congreso de Colombia, el bombardeo contra 48 miserables campesinos de Marquetalia: ¡”Acabar por las armas con las republiquetas independientes que los comunistas tienen en Marquetalia, Riochiquito y Guayabero”¡ ¿Está el Imperialismo gringo y sus cipayos colombianos, hoy más cerca de “desarmar” por medio de las armas, a los campesinos de Colombia acusados hace 46 años del supremo delito de ser comunistas? ¡Es evidente que No! El conflicto social y armado colombiano actual y que se hubiera podido resolver con 47.000 pesos de ese año y devolviéndoles a los campesinos de la región algunos “marranos y aves de corral” como lo solicitaron por escrito, actualmente ha adquirido una dimensión y extensión, entonces inimaginada, e incluso ha desbordado fronteras como el mismo Presidente Chávez y otros vecinos lo están comprobando. En Colombia es bien sabido, no fueron los explotados y oprimidos quienes impusieron la forma de lucha, fue el Imperio quien la impuso con su plan LASO (Latin American Security Operation), sus bombas y un ejército títere como el colombiano. Y poco después, ante la imposibilidad de permitir la verdadera Democracia participativa y popular, exterminó a 4.000 cuadros de un Partido legal como la Unión Patriótica. Además ¿Quién desbordó el conflicto y lo sacó de las fronteras? ¿Fueron acaso los campesinos y trabajadores colombianos quienes atacaron militarmente a las fuerzas armadas de los países vecinos? O ¿fueron las Fuerzas Armadas USA-colombianas, dentro de su estrategia regional para exterminarlos y apoderarse de sus tierras con el cuento de quitarle el agua al pez, quienes han intentado por todos los medios “involucrar” a las ejércitos vecinos obligándolos a convertirse en “yunques” del martillo Imperial colombiano, y han “macartizado” o satanizado como auxiliadores y cómplices de los terroristas, a todos aquellos quienes no aceptaron esa humillante estrategia imperialista, tal y como el propio comandante Chávez, el pueblo venezolano y otros pueblos hermanos lo están comprobando? Es posible de que las guerrillas colombianas no están ante una inminente toma del Poder. Pero también se puede preguntar: ¿Acaso están más lejos que en 1964, cuando esos 48 campesinos armados de escopetas y machetes, no se propusieron la toma de ningún Poder, sino simplemente, ejercer el sacrosanto derecho a la legitima defensa, ante un exterminio que les cayó de los cielos en forma de Napalm, agente naranja y fósforo blanco, tirados por aviones identificados como US Navy? ¡Es evidente que tampoco están tan lejos como se supone. El Estado dependiente de Colombia o “enclave Imperial gringo”, en su larga guerra de exterminio contra los trabajadores bien sean de la ciudad o el campo, a quienes siempre macartizó o acusó de ser comunistas o terroristas, si bien le ha dado golpes militares a las guerrillas, lo cual es lógico en toda confrontación militar, también ha tenido duros golpes militares y sobre todo ha sufrido un terrible desgaste nacional e internacional, que lo tiene en grandes dificultades de todo tipo. Además, tuvo que quitarse ante todo el mundo la careta de legitimidad y legalidad con la que siempre se cubrió o lo cubrieron los medios de comunicación; debiendo recurrir a jugarse la ultima carta del fascismo narco-paramilitar de los Falsos Positivos de Uribe Vélez-Santos, y que hoy empieza a ver horrorizada la Comunidad Internacional, en la Fosa de La Macarena (Meta). Esta contradicción, es precisamente lo que no quieren reconocer por ningún medio los cipayos y sus amos: No hay conflicto y por lo tanto la guerrilla convertida en una simple amenaza terrorista no puede tomar el poder, pero tampoco la han podido exterminar o desarmar, por más “fin de los fines” que todos los días anuncia el Padilla de León de turno. Mientras existan las bases militares gringas en territorio colombiano, estas serán usadas siempre, como puntas de lanza, contra cualquier país vecino (cualquiera que sea) que intente salirse de la orbita Imperial. Haya guerrillas en Colombia o no las haya. Estén los guerrilleros armados o desarmados. El problema no es la insurgencia colombiana. Sino el petróleo y el coltán de Venezuela. El agua dulce y la biodiversidad de la Triple Frontera. La coca y el litio de Bolivia. El conflicto social armado de Colombia ya se volvió asunto interno de Venezuela y quizás de otros países, y mientras este exista será un pretexto del Imperialismo para una agresión, sea esta armada o desarmada, contra el proceso revolucionario, democrático y soberano del bravo pueblo venezolano. Si no hubiera guerrillas se inventarán otra causa o pretexto. Cuando el Presidente Teodoro Roosvelt dijo al comenzar el Siglo XX en el colmo de su arrogancia Imperialista: “I took Panamá” y la tomó. ¿Donde estaban las guerrillas comunistas de Colombia que le sirvieran de pretexto para justificar la invasión? ¿Es necesario citar las innumerables invasiones de los US Marines en Latinoamérica, en Méjico, Cuba, Haití, Nicaragua, Guatemala, cuando aún no existían las guerrillas comunistas o castro-comunistas en Colombia? ¡Cuándo en 1945, el gobierno de EUA para imponer su hegemonía imperialista mundial, tiró las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Colombia nadie soñaba con guerrillas de ningún tipo! Para “restablecer” las relaciones diplomáticas entre los hermanos de Venezuela y Colombia, bien sea con Uribe, o con Santos, o con Vargas Lleras, o con Petro, o con Mokus, o con quien quiera sea el gobernante de Colombia, ahora o en el futuro, es necesario resolver previamente dos pequeños problemas o pre-requisitos, que los cipayos y sus amos muy difícilmente aceptarán: 1) El asunto de las bases gringas en territorio colombiano (el contrato espurio Brownfield-Uribe es inconstitucional). 2) Indispensable encontrarle una Solución Política al conflicto social y armado colombiano (ya venezolano) compatible con los intereses populares y soberanos de la República bolivariana de Venezuela. La terquedad compulsiva, quizás, en destruir o desarmar las guerrillas colombianas actuales, se deba a la previsión que se hacen los estrategas del US Army, sobre el papel que puedan tener los guerrilleros colombianos con su experiencia acumulada en guerra de guerrillas, ante una eventual invasión gringa a Venezuela 93.

25-7-2010, Chávez debería preocuparse mucho más por preparar a su pueblo para la llegada de lo peor y no estar con la ingenuidad irrisoria e increíble de que la lucha armada ya no tiene razón de ser... Dejémonos de ingenuidades. El Imperialismo Burgués y sus lacayos son los mismos miserables de siempre que no dudarán nunca en frenar y aplastar a los movimientos sociales o populares que vayan en contra de sus intereses. ¿”Que no estamos en los años ‘60”? Obviamente; pero cuidado: no tratemos o no nos empeñemos en negar la historia imperialista ni ignorar su funcionamiento en contra de los pueblos oprimidos del mundo. Las fuerzas capitalistas o la Clase Dominante capitalista funciona de la misma manera a como funcionaba en los años ‘60. Es cosa de verlos actuar en cuanto ven perjudicados sus intereses. El Imperialismo Burgués sólo ha evolucionado con respecto a ocultar su naturaleza, pero no va a escatimar esfuerzo alguno para mostrar su real naturaleza cuando pueda ver sus intereses amenazados. ¿”Que no están las condiciones para llevar a cabo una Guerra Popular hasta alcanzar el Poder”? Aquí igualmente repetimos: no neguemos ni ignoremos la historia de opresión que ha venido soportando el pueblo colombiano. Que el pueblo se levante en armas no es ni será capricho alguno donde fuera que se levantara. ¿”Que las FARC-EP no han tomado aún el Poder”? Pues que aún no hayan tomado el Poder no quiere decir que no quieran tomarse el Poder. Tenemos que ser capaces de comprender que nuestras gloriosas FARC-EP a lo largo de su historia no han tenido el camino fácil. Es más… Las FARC-EP, por si muchos lo ignoran, vienen luchando frente a ya varias estrategias “Made in USA” para poder querer doblegarlas. El “Plan Colombia” es solamente una de las tantas estrategias ejecutadas en conjunto con sus lacayos, por si más de alguno lo pueda ignorar. Le aconsejaríamos al Presidente Chávez de que no se preocupara tanto por la razón de ser de las FARC-EP y se preocupara más por los movimientos de pieza que hoy está ejecutando el Imperialismo Norteamericano (IV Flota, bases norteamericanas en suelo Latinoamericano, tropas militares en Haití, y ahora último Costa Rica y la penosa aprobación por parte de sus lacayos burgueses locales) y cuya dirección apunta principalmente a Venezuela, madre y raíz de la Revolución Bolivariana. Chávez debería preocuparse mucho más por preparar a su pueblo para la llegada de lo peor y no estar con la ingenuidad irrisoria e increíble de que la lucha armada ya no tiene razón de ser en el mundo actual. Eso a ningún revolucionario le podría caber en la cabeza. Dedicarse a mostrar señales de desespero no es propio de los revolucionarios. ¡¡¡Hoy más que nunca se necesita de la lucha armada contra el paraíso inmoral de los Cerdos Capitalistas!!! ¡¡¡Hoy más que nunca esos paraísos merecen ser quemados!!! La lucha armada siempre tendrá razón de ser mientras exista miseria, pobreza, injusticia, opresión, etc., contra nuestros pueblos. No puede haber, además, trato alguno con la burguesía imperialista y sus lacayos. Sólo puede haber “plomo”. Le aconsejaríamos al Presidente Chávez de que se grabara esto en la cabeza: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo son el reflejo vivo de Simón Bolívar en América Latina. Es nuestro libertador Simón Bolívar que hoy levanta un fusil y que lucha por la liberación del pueblo colombiano bajo el yugo imperialista y de sus lacayos. Las FARC-EP, como ya hemos señalado en otra oportunidad, no están en la selva de “turismo aventura” ni están de “camping”. Están resistiendo a como dé lugar frente al enemigo. Níkolas Stolpkin 94.

30-7-2010, Las FARC difundieron a través de Internet, videos de la Revista Resistencia, donde su líder, Alfonso Cano, dirige un mensaje al nuevo presidente colombiano Juan Manuel Santos, al pueblo colombiano y a la militancia guerrillera. Cano se refiere al sistema económico construido y fortalecido por el gobierno de Uribe, a partir de la profundización de las políticas neoliberales. Denuncia la ventaja que reciben las grandes transnacionales para expoliar los recursos de la nación colombiana. Habla sobre las investigaciones que ha realizado la Corte Suprema de Justicia en torno a los nexos que vinculan a sectores de la clase política colombiana con el narcotráfico y el paramilitarismo. Invita al nuevo gobierno de Juan Manuel Santos a conversar para buscar una salida política al conflicto que vive Colombia desde hace varias décadas. Señala que en otras oportunidades las conversaciones de paz con gobiernos anteriores han fracasado ante la poca voluntad real de los gobiernos. Advierte que siempre habrá quien empuñe las armas para reclamar sus derechos si la oligarquía insiste y se empeña en negarlos. Desmiente que la fuerza guerrillera se haya asociado al narcotráfico y ratificó que son una organización que lucha por profundas convicciones ideológicas 95.

18-8-2010, Súbitamente en Washington, Londres y Paris, una lluvia de elogios cayó sobre Colombia. Un Estado policial, neofascista, con máscara de democracia, surgió en los titulares de los periódicos de referencia y en el discurso de los estadistas de Occidente como modelo para América Latina. El discurso de Santos es diferente, pero la política de terrorismo de Estado va a proseguir bajo los aplausos de la oligarquía más reaccionaria de América Latina y de EUA. De Washington llegaron aplausos entusiastas. Para la Casa Blanca la Colombia actual es una democracia casi ejemplar. Simularon olvidar el currículo de Juan Manuel Santos: pertenece a una de las familias más influyentes de la oligarquía colombiana. Su tío-abuelo, Eduardo Santos, fue Presidente de la República y Director y propietario de El Tiempo, uno de los principales diarios de América Latina. Fue Ministro de Industria, de Hacienda y de Defensa en varios gobiernos, desempeñando un papel importante en la destrucción de la Seguridad Social al imponer el modelo pinochetista. Se opuso inicialmente a la reelección de Uribe, pero después fundó el partido, La U, que lo apoyo y lo reeligió. Fue el principal responsable, como Ministro de Defensa, del ataque pirata de la fuerza aérea y del ejército colombiano al campamento de Sucumbíos en Ecuador, realizado con la complicidad del Pentágono, de la CIA y del Mossad israelita el 1-3-2008. En ese bombardeo murieron el Comandante Raúl Reyes, responsable de Relaciones Exteriores de las FARC, dos decenas de combatientes de la organización revolucionaria y cuatro jóvenes mexicanos que ahí se encontraban. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, respondió al acto de barbarie rompiendo relaciones con el gobierno de Colombia y la justicia ecuatoriana exigió la extradición de Juan Manuel Santos para ser juzgado como primer responsable por el crimen. Siendo jefe de Estado, Santos goza de impunidad, pero juzgo útil recordar que él se enorgullece de haber sido el autor intelectual de la masacre de Sucumbíos. De los Presidentes de México, Perú, Chile eran esperados los homenajes a Santos. Pero, Presidentes como Lula, Cristina Kirchner, Mauricio Funes y Fernando Lugo no solamente se adhirieron al coro de elogios sino que manifestaron su apoyo a la llamada política de “seguridad democrática” iniciada por Uribe y cuya continuidad fue defendida por el nuevo Presidente. Aprovecharon la oportunidad para criticar a las organizaciones insurgentes al sugerir que las FARC-EP y el ELN abandonen la lucha y se integren al sistema, aceptando dialogar con Santos en las bases por este definidas. Particularmente inesperada fue la posición asumida por Hugo Chávez. En la casa donde Bolívar falleció, intercambio abrazos con Santos, firmó acuerdos y asumió compromisos que por la forma y contenido son chocantes. Se comprende que Chávez pretenda normalizar las relaciones con Colombia después de la ruptura resultante de la última provocación de Uribe; pero usó un lenguaje muy infeliz al referirse a las organizaciones revolucionarias que combaten al Estado neofascista colombiano, sugiriendo en la práctica que se sometan a las exigencias de Santos. Colocó a las FARC-EP y al ELN en el mismo plano que las bandas criminales del paramilitarismo y los carteles del narcotráfico. Las FARC han afirmado repetidamente su disposición para dialogar con el gobierno sobre la necesidad de paz en el país. ¿Pero cuál es el concepto de dialogo de Santos, exhaustivamente expuesto durante la campaña electoral y en su discurso de posesión? Tres son sus condiciones para el dialogo con las FARC: 1) Disposición previa de las armas; 2) liberación inmediata de todos los presos en su poder; y 3) “renuncia al narcotráfico”. ¿Qué significan esas exigencias? Que Santos no quiere dialogar; exige, sin decirlo expresamente, la capitulación incondicional de las FARC-EP. Si la guerrilla depusiese las armas previamente, quedaría a merced del poder oligárquico. Cabe recordar el genocidio político de los años ‘80. En Marzo de 1984 las FARC aceptaron la propuesta del presidente Belisario Betancourt para luchar en el cuadro de las instituciones, llamadas democráticas, renunciando a la lucha armada. ¿Y qué ocurrió? Se fundó un partido progresista, la Unión Patriótica, que participo en elecciones. La UP eligió muchos senadores, diputados, alcaldes. La respuesta del poder fue una represión política bárbara. En tres años fueron asesinados más de 3000 parlamentarios, jueces, alcaldes, dirigentes sindicales, supuestamente ligados a las FARC, en un genocidio político sin precedentes. Para sobrevivir, las FARC retomaron la lucha armada. Hasta la cuestión de los prisioneros es colocada capciosamente por Santos. Reclama todo sin ofrecer nada a cambio. Personalmente, desapruebo los secuestros. Pero no puedo ignorar que el gobierno mantiene en sus presidios, en condiciones subhumanas, millares de guerrilleros. Y se rehúsa al intercambio humanitario, esto es, a la liberación de una parte de esos presos, intercambiándolos por “rehenes”, la mayoría de ellos militares capturados en combate. En las fosas de La Macarena, en la Amazonía, recientemente descubiertas, fueron encontradas las osamentas de más de un millar de ciudadanos asesinados por el Ejército de la oligarquía durante las persecuciones contra personas sospechosas de ligas con la UP. ¿Cómo confiar en la palabra de Juan Manuel Santos, el responsable de la masacre de Sucumbíos? Me inspira repugnancia la terminología utilizada por el gobierno y Ejército de Colombia para designar a las FARC-EP, terminología además perfilada por la ONU, por la Unión Europea y por los media de EUA y Europa. El slogan de “guerrilla del narcotráfico”; expresión forjada por el ex-Embajador de EUA, Louis Stamb, ligado al Pentágono y a la CIA, para desacreditar a las FARC, difundido urbi et orbi; alcanzó su objetivo tan ampliamente que inclusive intelectuales comunistas asimilaron la calumnia. Hubiesen las FARC acumulado millones con el narcotráfico y dispondrían de misiles tierra-aire como las organizaciones de resistentes en Afganistán e Iraq. Ahora el propio gobierno de Colombia reconoce que ellos no disponen de armamento de ese tipo. Pero solamente aquellos que conocen las condiciones de pobreza en que viven en clandestinidad los representantes de las FARC saben que el libreto de “guerrilla del narcotráfico” es una perversa invención del imperialismo 96.

21-8-2010, El nuevo gobierno colombiano con el mismo frenesí neoliberal de las privatizaciones (salud, educación, recursos naturales, petróleo etc.) que trae dentro de la inercia de la administración anterior y de la cual es parte esencial; continúa la idea “democrática” de que la paz es una mercancía, cuyo dueño o propietario privado obvio es el Presidente de la república. El valor social universal inalienable de la paz, escrito con letras muertas en la Ley de Colombia se ha convertido sin que nadie se haya dado cuenta, imperceptiblemente, en un valor de cambio capitalista, cuyo precio, alto o bajo o hasta su cuota inicial, lo fija arbitrariamente quien esté en ese momento sentado en la silla presidencial bien soportado desde Washington, sin tener en cuenta su valor de uso universal. Como cualquier producto transable o para el mercado, tiene un empaque formal y un contenido o sustancia, en este caso amorfa, donde se han confundido intencionalmente o adrede varios o múltiples procesos distintos, pero que tienen el precio único establecido en el espejismo del nuevo gobierno. Por ejemplo, se han confundido diálogos con las guerrillas, con un proceso de negociación hacia la paz. Participación de un tercero Internacional (en la solución del internacionalizado conflicto armado colombiano) con comisiones de acompañamiento de ese eventual proceso de negociaciones. O actividades de la Sociedad Civil reclamando ese derecho social universal y constitucional de la paz, con intermediación diplomática. O paz, con negociaciones con los insurgentes. Obviamente para ocultar en el enredo, la esencia que mueve o moverá, ahora o en el futuro, todo el proceso hacia la paz en Colombia, que son las reformas profundas serias o radicales, es decir de raíz, cuya lista fue pactada entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC en el acuerdo de la Machaca de 1999, y sin las cuales el conflicto seguirá reproduciéndose en círculo vicioso y hasta en espiral 97.

23-8-2010, Carta abierta de las FARC-EP a UNASUR: Aunque el gobierno de Colombia mantiene cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia acicateado por el espejismo de una victoria militar y la injerencia de Washington, queremos reiterar a la UNASUR, nuestra irreductible voluntad de buscar una salida política al conflicto. Es un hecho que éste desbordó, desde hace años, el marco de las fronteras patrias como consecuencia de las estrategias “preventivas” impuestas a Colombia por el gobierno de Estados Unidos. Si Colombia hoy está ocupada militarmente por una potencia extranjera, lo es en desarrollo de un interés geoestratégico, de predominio continental y no en razón de una guerra local contrainsurgente. Nadie discute que la Casa Blanca asume con preocupación la presencia política, cada vez mayor en este hemisferio, de gobiernos que optan por el decoro patrio y la soberanía. En nuestro país, el Plan Colombia, la estrategia neoliberal, la violencia institucional y para-institucional, han agravado a niveles insospechados el conflicto, haciendo muy difícil superar esta etapa de confrontación fratricida sin la ayuda de países hermanos. El drama humanitario de Colombia clama la movilización y solidaridad continental. La obsesión oligárquica por someter militarmente a la guerrilla desde hace 46 años, y la ejecución de los planes guerreristas y represivos de Washington han costado innumerables masacres, fosas comunes como la de la Macarena que esconde más de 2000 cadáveres: la más grande de América Latina, crímenes de lesa humanidad llamados eufemísticamente “falsos positivos”, un desplazamiento forzoso de cinco millones de campesinos, desapariciones de ciudadanos por causas políticas, detenciones arbitrarias, 30 millones de pobres en un país de 44 millones de habitantes… Algunos aluden frecuentemente a la obsolescencia de la lucha armada revolucionaria, pero nada dicen de las condiciones y garantías para la lucha política en Colombia. Otros ubican la amenaza en la insurgencia y no en la estrategia neocolonial del gobierno de Estados Unidos, pareciendo ignorar que con guerrilla o sin ella el imperio dará curso a su agenda de predominio. Y los hay también proclives a presionar a una sola de las partes contendientes, casi siempre a la insurgencia. La paz con justicia social y no la guerra por la guerra, ha sido el objetivo estratégico de las FARC desde su surgimiento en 1964 en Marquetalia. Si las conversaciones de paz de Casa Verde, Caracas, Tlaxcala y el Caguán, no llegaron a feliz término, fue porque las oligarquías no quisieron considerar ningún cambio en las injustas estructuras políticas, económicas y sociales que motivan el alzamiento. Hoy enfrentamos, enarbolando incuestionables banderas políticas, la más grande maquinaria bélica que haya enfrentado guerrilla alguna, pero siempre luchando la posibilidad de una solución política. Señores presidentes: cuando lo estimen oportuno estamos dispuestos a exponer en una Asamblea de UNASUR nuestra visión sobre el conflicto colombiano. La paz de Colombia es la paz del continente. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, Agosto del 2010 98.

25-8-2010, El Movimiento Continental Bolivariano (MCB) en documento destaca el derecho de los pueblos a levantarse contra sus verdugos. “Concebimos el derecho a la rebelión de los pueblos como un derecho universal inalienable. En determinados momentos o períodos históricos los pueblos tienen no solo el derecho si no el deber de levantarse contra la opresión y el terrorismo de Estado, utilizando todas las formas de lucha que estén a su alcance, incluyendo la lucha armada. El gobierno dirigido por Juan Manuel Santos es solo una nueva expresión de estos regímenes oligárquicos, manejados y dirigidos por el imperio norteamericano desde los albores del santanderismo. La guerra sin embargo no puede seguir siendo el único trágico destino de nuestro hermano pueblo colombiano, ni la rendición de sus heroicas fuerzas insurgentes la salida ecuánime que dará termino a más de cinco décadas de sangre y muerte. Creemos un deber de las izquierdas y las fuerzas democráticas y progresistas de nuestra América y el mundo, estén o no ejerciendo funciones de gobiernos, reconocer el valor de esas fuerzas alternativas (insurgentes o no, armadas o cívicas), apoyarlas en su rol beligerante. Es la hora de las definiciones, de actuar en consecuencia y coherencia. La espada de batalla de Bolívar en nuestras manos no es solo un símbolo, es espíritu de lucha que recorre nuestra América” 99.

30-8-2010, Quien popularizó el cuento del “cuarto de hora de la paz” fue el Presidente conservador de Colombia y genocida del palacio de Justicia Belisario Betancur, cuando en 1982 propuso a la insurgencia colombiana, una “Tregua y unos Acuerdos de Paz” para resolver el conflicto social y armado; pero que como todo el mundo sabe, concluyó en la masacre y el exterminio del partido político Unión Patriótica, creado por los ingenuos guerrilleros y comunistas que se comieron la carreta y creyeron la demagogia laureanista y oligárquica de aquel sacristán antioqueño pro gringo, maestro y antecesor de su paisano Alvaro Uribe Vélez. Diez años después, siguiendo con el mismo libreto oligárquico gringo del “cuarto de hora de la paz”, pero dejando las manos libres a sus amigos y socios de las “fuerzas oscuras” para que concluyeran el exterminio de la U P, Cesar Gaviria el hombre gringo de la OEA y su paisano Humberto de la Calle, junto con su Ministro de Defensa Pardo Rueda, volvieron a tapar la demagogia neoliberal de la apertura económica y su bien venidos al futuro, con la misma consigna: “Muchachos, les llegó el cuarto de hora para que corrijan su rumbo equivocado, o de lo contrario los acabaremos con la espada exterminadora del Estado. ¡Piénsenlo!” Resultados: El proceso de paz y negociaciones en Caracas y Tlaxcala que terminaron con el bombardeo cobarde a Casa Verde el día de la Constituyente de 1991. 5 años después, el Presidente Samper ahorcado por sus propios patrocinadores y amigos, entre ellos Juan Manuel Santos, que lo llevaron a la presidencia pero que por no haberles cumplido lo querían tumbar, y después de que el General Harold Bedoya quedó con las manos libres, volvió a inundar en los medios de comunicación con el mismo cuento, esta vez por boca de su Ministro de Gobierno Horacio Serpa Uribe: “Muchachos, llegó la hora de corregir el rumbo equivocado y de hacer la paz”. Resultado: Las conversaciones de Juan Manuel Santos con el Comandante Raúl Reyes, a quien 10 años después ordenaría bombardear en Ecuador, para darle un golpe de Estado a Samper y refundar la “nación”, y los magnicidios de Estado de aquella recordada administración oligárquica pro gringa. Luego, cabalgando en el escándalo del Proceso ocho mil, subió a la presidencia el bueno para nada de Pastrana, quien desde antes de posesionarse montó todo su gobierno sobre la imposición que le hizo el Presidente USA Bill Clinton de despejar el Cagúan para derrotar militarmente a la insurgencia, con la zanahoria del cuarto de hora de la paz. Resultado: negociaciones en medio de la guerra. Expansión de las AUC por todo el país con sus masacres y pavimento al camino genocida de Uribe Vélez. Resultado: 10 años de multimillonarios esfuerzos por derrotar militarmente a la insurgencia, “con la ofensiva militar más grande que haya sufrido guerrilla alguna en el mundo” pero sin lograr la derrota, todavía. Ahora 2010; desde las más oscuras entrañas del Uribismo sube a la presidencia de Colombia, con tan solo un 45 % de la votación, Juan Manuel Santos uno de los delfines más inescrupulosos y entrenados de la oligarquía cipaya colombiana, y lo primero que propone es que la insurgencia se “autoderrote” sin estar derrotada. Se desarme sin necesidad, y se baje los pantalones sin recibir nada a cambio, o de lo contrario tendrán que atenerse a la más grande ofensiva militar gringa. Santos guarda silencio a la propuesta que hiciera el comandante Cano para sentarse a conversar y encontrar una salida política al conflicto armado colombiano. Dice poco o nada, pero eso si pone a hablar a sus locutores y periodistas prepagos, sobre la urgencia de aprovechar “el cuarto de hora que se acaba de abrir a la paz”. !Ahora o nunca! 100.

6-9-2010, La 'responsable de política exterior y seguridad de la UE', Catherine Ashton, condenó “en los términos más firmes” el asesinato de 14 policías en una emboscada de las FARC ocurrida en el municipio de Doncello (Colombia) el 1-9-2010. La declaración de la señora Ashton es desafortunada. En Colombia se desarrolla un conflicto de muchos años donde el Estado es el motor fundamental de la confrontación interna. Con su declaración lo que hace es alejar aún más la posibilidad de conversar. Las FARC están en su lista neocolonial de chantaje, por ‘solicitud de Estados Unidos’. Anna Lindh, Ministra de exteriores sueca en ese entonces fue influida para firmar ese desastroso consenso. Lamentable. Cuántas muertes nos hubiésemos podido evitar? Miles, señora responsable de Política Exterior y Seguridad de la UE. Y sabe ¿por qué a pedido de Washington? Porque las FARC es un movimiento de liberación nacional sin bases gringas, que combaten por la segunda y definitiva independencia libre explotadores criollos y extranjeros. Por la devolución de las 16 millones de hectáreas robadas a campesinos e indígenas. Por una reforma estructural del Estado en beneficio de todos. Por eso las incluyeron en una su lista ‘de terroristas’. Claro, en un conflicto hay bajas, muertos y heridos. Hasta retenidos en el marco de un conflicto interno ó entre Estados. Señora Ashton, debe usted saber que en la Macarena al lado de un batallón del Ejército colombiano, yacen 2000 cadáveres, infamemente asesinados en el esquema Uribe-Santos, de los ‘falsos positivos’ que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales de colombianos en total estado de indefensión. Nada ha dicho la señora sobre las masacres y nexos del gobierno de Uribe con los paramilitares y narcotraficantes autores materiales de estos horrendos asesinatos. Catherine Ashton, para su información, sobre Alvaro Uribe Vélez y su sucesor, Juan Manuel Santos, caminan sendas denuncias por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuando va a emitir la policía que usted dirige órdenes de capturas a estos individuos? 101.

6-9-2010, Un conflicto de larga data, donde los que piden paz y no guerra son el 70% de los colombianos y allí, en su seno, la insurgencia. La mayoría soñamos con regresar a nuestra patria, recobrar nuestras tierras hurtadas. De vivir en Paz con Justicia Social. El único aporte de la oligarquía colombiana ha sido la de perfeccionar sus métodos de matar silenciosamente. Bombardeos quirúrgicos con bombas que calcinan la piel, rociando pueblos con dengues de laboratorio, regando los bichos de la fiebre amarilla por selvas y montañas, con la asistencia de EUA. Miremos las fotos del comandante de la Paz de las FARC, Raúl Reyes, mutilado por los efectos del bombardeo gringo-colombiano en la frontera colombo ecuatoriana. Lo inmediato es luchar por acabar la guerra estatal en contra el pueblo colombiano, que se defiende asestándole duros golpes. Esta es la hora que no terminan de digerir 102.

6-9-2010, No deja de ser sospechosa tanta premura para que sus pichones en el Congreso colombiano le aprueben su “proyecto de ley de tierras, al considerar dicha iniciativa como la mejor herramienta para reivindicar al campesinado, combatir los cultivos ilícitos, y frenar la deforestación”. Ninguna de las tres tiene significado alguno. Son alrededor de 16 millones, mal contadas, de tierras hurtadas a campesinos e indígenas. No las 2 que dice el gobierno. Cómo se va a combatir de esa manera la siembra de cultivos de la ‘felicidad’, apreciados en EUA, Europa y Japón, en referencia a la coca, marihuana y amapola. Es bueno refrescarles la memoria. Para desgracia de nuestro pueblo, nuestros campesinos fueron empujados a cultivar ‘ilussiones’, hoy convertidas en desplazamientos forzados reiterativos con la pérdida de sus tierras. A la par, en un pretexto estadounidense de intrusión militar. En otras palabras: Colombia pone los muertos mientras otros se enriquecen. La ‘entrega’ de unas tierras en la moldura contrainsurgente, es la artimaña del nuevo Presidente. Hace exactamente lo que hizo el nefasto gobierno de ‘la seguridad democrática’, utilizar el campo para sus propósitos criminales. O no se acuerdan ya de ‘sus paramilitares convertidos en águilas y bacrim (bandas criminales) -nueva formulación imperial-, en las ‘familias en acción, los guardabosques, los soldados campesinos, Agro Robo Seguro. Mejor una ojeada a las ideas de las FARC en este tema, clave para alcanzar la paz duradera de Colombia. Propuesta presentada en los diálogos del Caguán -1999-2002- con la participación de numerosas organizaciones agrarias a diferencia de la santista y sus pichones. La ley 001 del grupo rebelde incluye nueve reformas dirigidas a la reestructuración de la agricultura y a la redistribución del poder económico, entre ellas la confiscación de tierras de las multinacionales. El manifiesto está basado en la proclama de fundación del grupo rebelde del 20 de julio de 1964, y en el octavo pleno realizado en 1993. Entre los puntos propuestos por las FARC en la “Primera Ley de la Política Agraria Revolucionaria”, que será llevada a la mesa de negociación, figuran: 1) Tierra gratuita: el gobierno de las FARC entregaría tierras a los campesinos que la trabajan o que quieran trabajarla de acuerdo con las regiones geográficas del país. 2) Confiscación de tierras: la guerrilla decreta que las propiedades de los latifundistas serán confiscadas y distribuidas equitativamente entre los colombianos. 3) Unidades económicas: las FARC crearán la unidad económica del campo, que servirá para trabajar de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos con un mínimo de 20 hectáreas. 4) Anulación de deudas: las deudas de los campesinos con el Estado serán perdonadas y el dinero que ganen por la producción de sus tierras será reinvertido. 5) Crédito y asistencia: las FARC darán facilidades de pago, semillas y herramientas de trabajo a los campesinos. 6) Precios de sustentación: para mantener una economía de bolsillo estable, los productos de la canasta familiar tendrán precios básicos. 7) Tierra a indígenas: todas las tierras de los indígenas serán respetadas. 8) Confiscación a extranjeros: los terrenos ocupados por compañías multinacionales, cualquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas, serán confiscados. Es nuestro deber desenmascarar un nuevo engaño al verdadero productor de comida en el país 103.

10-9-2010, Llama la atención que el gobierno, medios escritos y cadenas radiales se desgañiten exigiendo más liberaciones unilaterales. Hasta el expresidente Samper cae en el sainete. Así disfrazan su crueldad e indiferencia con sus servidores públicos. La oligarquía colombiana sepulta o mediatiza este afán y disposición de las FARC, solo para distraer la atención pública de otros apuros nacionales. El intercambio no es del interés, en absoluto del Estado colombiano. La Paz con Justicia global, no que este primero que este después. Que el Intercambio primero para saltar a hablar de la paz. Que el despeje no va ni para lo uno ni para lo otro. Quién ha hablado de despeje? El escenario idóneo es UNASUR. Aquí están los suyos deme los míos y listo. Y se termina el manoseo 104.

14-9-2010, La dirigencia guerrillera del Oriente Colombiano, que abarca Arauca, Casanare, Boyacá, y parte de los Santanderes, asistidos por nuestras máximas comandancias del Secretariado Nacional y el Comando Central, anunciamos que ha terminado definitivamente la trágica confrontación que se venía dando entre las FARC-EP y el ELN, en el departamento de Arauca. Nos hemos reunido en el Departamento de Arauca en un ambiente de mucha franqueza, fraternidad y camaradería para abordar las causas que desembocaron en un desafortunada y absurda confrontación entre organizaciones hermanas. Recogimos y asumimos, en su espíritu y en su letra, el acuerdo de las dos direcciones nacionales de diciembre del 2009. Hemos realizado una profunda reflexión sobre las causas que motivaron la confrontación y trabajaremos por aportar soluciones, pero sobre todo evitando hacia el futuro volver a repetir tamaña equivocación. Somos autocríticos en reconocer los daños y afecciones causadas a la población, son dolorosos los episodios y lamentable las consecuencias. Por tanto, presentamos nuestros sentimientos de consideración y excusas a todos los afectados. Este reencuentro entre organizaciones hermanas es un valioso estímulo a la resistencia araucana y de los colombianos. Sin duda, será objeto de provocaciones y versiones tendenciosas de la campaña contrainsurgente. Las conclusiones a las que llegamos, ratifican que las diferencias debemos resolverlas animados en extraer de ellas fortalezas, decisiones constructivas y a forjar caminos unitarios. Salimos de esta reunión, comprometidos y animados a poner el mayor empeño encaminado a cicatrizar heridas, a hermanarnos plenamente, a estimular el retorno de campesinos a sus tierras, a reconstruir la confianza y la esperanza en esta insurgencia que pertenece a la estirpe heroica del pueblo araucano. Ratificamos que nuestros combatientes y nuestras armas, solo responden a la defensa de los intereses de nuestros pueblos, elevando el combate por la Colombia Nueva a la que hemos aportado tantas luchas y sacrificios. En este Bicentenario del Grito de la Independencia, nos llenamos de dignidad y grandeza contra la ocupación militar norteamericana, el expolio de las multinacionales y el servilismo de esta oligarquía de la que solo se esperan privilegios a los poderosos e infortunio a los humildes. Alentamos a nuestro pueblo a replicar las más grandes y heroicas jornadas por la independencia definitiva, por la Paz, la Justicia y la Felicidad Social. Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación ELN. Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo FARC-EP. Comando Central del ELN; Secretariado de las FARC-EP, Montañas de Arauca, 14-9-2010 105.

17-9-2010, El gobierno de Uribe III (El Positivo Santos) despliega la alharaca mediática de presentación de un Proyecto de Ley de Recuperación y Adjudicación de Tierras Agrarias Despojadas Por la Fuerza. En conmovedora exposición de motivos que lleva a cagatintas gubernamentales a expresar que la aprobación de esa ley seria algo revolucionario; a otros que la “opinión” entendería que ante 40 millones de hectáreas para uso agropecuario, repartir 2 millones de hectáreas no afectaría la estructura de la propiedad ni quebrará a los terratenientes…; aquellos otros al malabarismo de las cifras, ante la pasmosa realidad inocultable que como resultado de la aplicación contrainsurgente del proyecto narco paramilitar, ni un solo terrateniente fue afectado por el despojo de tierras por la reconocida reforma agraria a sangre, fuego y motosierra que impuso la oligarquía y el Imperio al pueblo colombiano. Ante esas manifestaciones, corresponde enunciar la verdadera reforma agraria revolucionaria que la Nueva Colombia requiere. La falsa motivación gubernamental: Comencemos por reseñar que el sonado proyecto de ley no es de iniciativa gubernamental ni de promesa alguna electorera. Obedece a la imposición de la Corte Constitucional ante el estado de cosas inconstitucional que en sentencias desde el año 2004 al 2008 registró a favor de los despojados de sus tierras y ante la imposibilidad del sistema jurídico colombiano de echar atrás el despojo descarado de robo de tierras “legalmente” registradas por la mas aberrante corrupción, impunidad y delito de lesa humanidad del Terrorismo de Estado contra la población desplazada y desalojada de sus tierras. Dantesca, terrorífica, infernal, la conducta de Notarios, Registradores, Funcionarios del Catastro, Alcaldes, en la facilitación de “tramites” para borrar las cedulas matrices del registro originario de predios; adulterar el englobamiento de predios afectados; bajo la aplicación de un despojo de tierras, calculado, selectivo por más de veinte años de terrorismo narco paramilitar; bajo el apalancado y corrupto sistema del fraude electorero. El poder narco oligárquico regional emergente aceitó a los depredadores de tierras. El fraude electorero garante de las cuotas burocráticas milimétricas y aval de los Senadores y Representantes regionales permitió la imposición de la “reforma” agraria de derecha más sangrienta en la historia de los pueblos. El ciclo: despojo armado de tierras-control de autoridades y funcionarios locales para legalizar-representación política regional, parlamentaria, con votos cautivos para conservar los cargos burocráticos locales-retribución económica a los barones de la parapolitica y perros de la guerra, cierran el ciclo criminal. La aplicación organizada y sistemática de la fuerza para aplicar el despojo individual de tierras y el despojo colectivo a comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, conlleva la genocida practica de desplazamiento de cerca de seis millones de habitantes del campo a la ciudad en el narco para Estado colombiano. Desplazamiento y repoblamiento: La capacidad narco paramilitar con la expresa ayuda logística institucional (fuerzas armadas y funcionarios públicos) explica la apretada cifra de aceptación gubernamental de 750.000 hogares o familias campesinas desplazadas. Muchas de esas familias fueron reubicadas y repobladas en regiones “liberadas” de la insurgencia por parte de las fuerzas armadas colombianas y el apoyo logístico a sus paramilitares. Calculan que 460.000 familias campesinas fueron ubicadas en entornos contrarios a su voluntad, ante el estado calamitoso impuesto por el desplazamiento. Tierras despojadas eran repartidas entre parientes y vecinos bajo la iniciativa del parapolitico Senador, en el momento y lugar adecuado. A otros les legalizaban bajo la figura del testaferro, con o sin conexión como victimarios o lo agraciaban con ubicarlo en otra región o simplemente lo asesinaban. La cifra aceptada por el gobierno de los depredadores es de 3 millones de hectáreas. Las de las ONGs y Pastoral Social del Episcopado es de 5 millones de hectáreas despojadas. Pero ese repoblamiento de facto, a la fuerza, fue producto del despojo forzado, del destierro, de la usurpación de posesión y tenencias de tierras por unos a otros. Pero también por compras forzadas y a bajo, a nulos precios. Por órdenes de captura amañadas a simpatizantes o “colaboradores” de las guerrillas, por lo general raizales apreciados en sus regiones condenados al escarnio y el vituperio por el terrorismo oficial. En zonas de masacres como por mencionar la del Salado, Chereque, Mapiripan, etc. de fácil ubicación y reconstrucción, los propietarios afectados para poder huir, salvar sus vidas y las de los suyos, firmaban bajo la apariencia de haber recibido algún dinero y aun sin su presencia física aparecían legalizados los traspasos. Esto solo demuestra parte de la magnitud del desastre humanitario a que la “seguridad democrática” de los narco paramilitares afianzó el pode fascista local. El rastro de los despojadores ha sido borrado por el registro de los testaferrazos, por la repartida y criminal participación de los funcionarios oficiales del Estado colombiano. Tan probada está la violencia del despojo que es directa la irradiación a victimas colaterales y a reparaciones colectivas a los afectados. La salida no es la ley sino la reforma constitucional: Toda la vorágine y orgía de sangre referida, trajo consigo el cambio brutal del paisaje del marco de la tenencia de la tierra en Colombia. Agudizó el conflicto social a niveles o dimensiones no cuantificables. El 95 % de los desplazados esta en índices de pobreza. Tan dramática realidad conlleva a que la citada Corte Constitucional profiera en el año 2004 y siguientes la sentencia del “estado de cosas inconstitucional”. Es decir, el marco actual de la tenencia de la tierra en Colombia, no es solo ilegal, sino inconstitucional. No hay propietario o terrateniente inscrito en tierras que no este bajo el signo de presunción de ilegalidad. Esto solo amerita que la oposición democrática ventile a nivel nacional e internacional que el proyecto de ley de recuperación y de adjudicación de tierras presentado por el actual gobierno es de tamaña falsía. No afecta al llamado de Conversaciones de la Insurgencia el que una ley sea la que permita o no el despeje de territorios y el escenario de las inevitables conversaciones para la solución política al conflicto armado colombiano en el (soberano?) territorio de Colombia. El debate en torno al inconsecuente proyecto de ley de restitución de tierras, coloca las barbas en remojo. Impone claridad al movimiento insurgente y al movimiento revolucionario de masas en Colombia, que solo con una reforma agraria revolucionaria obtendremos el futuro de promisión que el factor tierra aportara al triunfo de la Nueva Colombia 106.

22-9-2010, El Bloque Sur “reitera” la disposición de las FARC “para conversar con el actual Gobierno y encontrarle una salida política al conflicto social y armado que vive el país, pero sin ningún tipo de condicionamiento”, que pide el Presidente Juan Manuel Santos, quien les exige muestras de que van a abandonar el secuestro y el terrorismo. Mientras haya guerra, habrá actos de guerra de parte y parte” advirtieron las FARC. “Lo que el Presidente está exigiendo para conversar deberá ser el resultado de un acuerdo de paz y no la condición previa al diálogo”. Guillermo León Saenz, alias “Alfonso Cano”, le hizo una “invitación pública” a Santos “para sentarse a conversar” y la respuesta del mandatario, en su discurso de posesión del 7-8-2010, fue “inaceptable, arrogante y triunfalista”. Parte Oficial de las FARC: basta ya de manipulación y doble moral. 1.- Que los agentes de la policía incinerados en la emboscada del Doncello (Caquetá) fue ocasionado por el incendio, resultado del efecto de la explosión sobre la gasolina del vehículo; y no un hecho intencional y perverso de la Guerrilla, como manipuladoramente lo está presentando el Gobierno a través de los grandes medios hablados y escritos a su disposición. 2.- Que lo sucedido en El Doncello es mucho menos grave que las matanzas de guerrilleros mientras duermen, por causa de bombas hasta de 500 kg lanzadas por los aviones de la Fuerza Aérea, donde los altos mandos militares en sus “partes de victoria” a la opinión pública, sin ruborizarse siquiera, dicen eufemísticamente: “Dados de baja tantos guerrilleros”; mientras que “personajes importantes de la vida pública del país”, antes estos hechos contra la Guerrilla, guardan un alegre, vergonzoso y criminal silencio cómplice. ¡Nadie de ellos dice nada! 3.- Cuando el atacante es la Guerrilla y la víctima la Fuerza Pública, enseguida se escuchan los ladridos de una jauría de tuertos, porque solamente captan la mitad de la realidad circundante que a ellos les conviene, y expresan sus sesgadas opiniones fruto de su doble moral; y por lo mismo, de su doble rasero para valorar unos mismos hechos de manera maniquea, en buenos o malos, dependiendo de donde provengan estos: si del gobierno o de la guerrilla. 4.- Son pocas las voces sensatas de juicio lógico e imparcial, donde vale la pena destacar entre otras, la del Presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Rubén Salazar que dijo: “Para que se acaben estos hechos dolorosos de parte y parte, la única solución es dialogar para encontrarle una salida política al conflicto”; opinión esta, que las FARC comparten en su totalidad. 5.- Para la posesión del señor Santos nuestro comandante Alfonso Cano le hizo una invitación pública para sentarse a conversar entorno a la paz, y la respuesta de éste fue, en su discurso de posesión, inaceptable, arrogante y triunfalista, dejando entrever que él solamente estará dispuesto a sentarse con una Guerrilla derrotada, no para escucharla, sino para imponerle la voluntad del vencedor, que se supone sea él. Tanto él como su Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, el país es testigo, solamente le ofrecen a la Insurgencia la paz de los sepulcros, Pax romana, y por ello, la repetitiva orden a la Fuerza Pública: “Arreciar, arreciar, arreciar”. Lo que es entendible, porque ninguno de ellos dos están exponiendo el pellejo, ni tampoco tienen a sus hijos comprometidos en la guerra; si lo estuvieran, entonces la divisa fuera: “Conciliar, conciliar, conciliar”. 6.- Mientras haya guerra, habrán actos de guerra de parte y parte. 7.- El Bloque Sur una vez más reitera ante la opinión pública nacional e internacional la disposición de las FARC-EP para conversar con el actual Gobierno y encontrarle una salida política al conflicto social y armado que vive el país, pero sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que el Presidente está exigiendo para conversar deberá ser el resultado de un acuerdo de paz y no la condición previa al diálogo. Estado Mayor del Bloque Sur, de las FARC-EP, Montañas del Caquetá 107.

24-9-2010, El pueblo de Colombia y el mundo observan el triunfalismo macabro y la euforia guerrerista de la clase gobernante colombiana, hecho perfectamente reflejado en la prensa amarillista del régimen, que acuciosa ha desplegado ediciones especiales, no para lamentar la violencia y clamar por la paz, como demandan los colombianos, sino para cantar una falsa y victoriosa aniquilación de la insurgencia. Voceros de gobierno y analistas de bolsillo nutren la pretensión que por medio siglo ha amamantado la clase terrateniente y corrompida que gobierna: exterminar por la vía militar a la rebelión insurgente. Cuán lejos están de la realidad que representan las FARC-EP en Colombia, y su símbolo revolucionario de resistencia, guías que hoy se propagan incluso más allá de la América Latina. Sabemos que los ejecutores de la guerra del régimen, ni por un minuto piensan que sus bombas de racimo pueden alcanzar a sus soldados y policías que permanecen como nuestros prisioneros de guerra en la selva. Nada les detiene de lanzar sus bombardeos feroces, inclusive asesinar a mansalva a sus propios hombres que dignamente han defendido sus políticas. Esta es la personalidad violenta y excluyente del régimen que enfrentamos, y que pese a los avatares de la confrontación, seguiremos enfrentando mientras tengamos, como hasta hoy, el respaldo popular de las gentes humildes y negadas que engrandecen la resistencia guerrillera. Ahí está el secreto que nos proyecta al futuro tanto en las selvas como en las ciudades de Colombia. Mientras haya injusticia, desplazados y desterrados, acaparamiento de la tierra y la riqueza, bandas de narcotraficantes y paramilitares cogobernando, impunidad, corrupción, pobreza extrema, falta de garantías para participar políticamente por la vía pacífica y democrática, y mientras haya pérdida de soberanía y saqueo de nuestros recursos naturales, ahí seguirán apareciendo sin cesar los semilleros genuinos para la existencia de las FARC-EP. No obstante seguimos reclamando una oportunidad para la paz, no para la rendición como obstinada y estúpidamente lo piensa el régimen. Lo que reclamamos ya lo comunicó con meridiana claridad nuestro comandante Alfonso Cano: el único camino es la solución política y pacífica para el conflicto social y armado interno, y en ella somos y seremos factor determinante, las demás estrategias solo contribuyen a prolongar el espiral de la guerra. No nos alegra la muerte de nuestro adversario. Jamás la revista y la emisora Resistencia, órganos informativos de las FARC-EP, han celebrado muerte alguna. Por el contrario, asumimos con disciplina el pensamiento Fariano y los lineamientos del Estado Mayor y el Secretariado Nacional, que claramente y desde siempre han lamentado la violencia, y en cambio hemos defendido y propuesto el dialogo y la paz. Acaso no fue esa la inspiración de la exterminada Unión Patriótica ¿y no son los mismos lineamientos democráticos, pluralistas y pacifistas del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia? Convocamos a la comunidad nacional e internacional a que no se deje engañar fácilmente con los cantos de sirena que han proclamado el Presidente J. M. Santos desde Nueva York y sus esbirros desde los periódicos y micrófonos de Colombia. No es por la vía de la exterminación del contrario que Colombia encontrará la paz y la reconciliación. En su momento el Secretariado habrá de comunicar la realidad de los hechos sucedidos en las selvas del sur de Colombia, por lo mismo no agregamos nada sobre estos acontecimientos. Entretanto, nos cubre el honor y la gloria de seguir luchando y resistiendo hasta alcanzar una Nueva Colombia, en paz con justicia y democracia 108.

25-9-2010, En un comunicado en el que reconoce la muerte de su jefe militar, Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, las FARC anunció que 'Alape', cuyo verdadero nombre es José Lisandro Lascarro, tomará un puesto formal en la Secretaría. “Alape” lleva 26 años en las FARC. “Informamos que el Comandante 'Pastor Alape' es nuevo integrante pleno del Secretariado del Estado Mayor Central. También que el Bloque Oriental de las FARC-EP se llamará a partir de hoy 'Bloque Comandante Jorge Briceño', que continuará el desarrollo de sus planes bajo el mando del Comandante Mauricio Jaramillo. Una vez más, como desde hace 45 años lo hemos manifestado, reiteramos nuestra disposición a buscar la solución política del conflicto que logre abrir caminos de convivencia atacando y superando las causas que lo generan”. Un diálogo no se puede condicionar “a unas exigencias unilaterales e inamovibles, que como la historia reciente lo evidencia, todo lo que logran es dificultar cualquier intento de acercamiento”. Como revolucionarios somos conscientes de los riesgos de una lucha como la que enfrentamos, obligados por las circunstancias, contra un enemigo implacable, en el tránsito por alcanzar la paz democrática con justicia social. Nuestro compromiso con el cambio social y la Nueva Colombia no se doblega por los golpes que podamos sufrir en la lucha por conquistarla o por la caída en combate de nuestras unidades, que aunque nos duelen profundamente, también nos comprometen y estimulan a continuar adelante con mayor. En instantes como el actual, con profunda emoción y plenas convicciones, el Secretariado, El Estado Mayor y la guerrillerada reiteramos nuestra fidelidad a la causa de las FARC-EP, firmeza con sus principios revolucionarios y bolivarianos de independencia, justicia, dignidad y cambio social, banderas que jamás arriaremos! A los combatientes revolucionarios del país los convocamos a redoblar la lucha y los esfuerzos por los objetivos de la libertad y los cambios. Los desesperados y mentirosos llamamientos de la oligarquía a abandonar nuestras convicciones, decisiones e ilusiones, solo pretenden llevar un mensaje de desesperanza a nuestro pueblo, que siente en las banderas de lucha guerrillera revolucionaria la posibilidad real de un futuro amanecer que lo reivindique y colme sus aspiraciones. Secretariado de las FARC-EP, Montaña s de Colombia, 25-9-2010 109.

8-10-2010, Pronunciamiento de las FARC-EP: Jorge Briceño vive. Una muerte gloriosa triunfa sobre el tiempo y prolonga la sublime existencia hasta la más remota posteridad, Simón Bolívar. 30 aviones y 27 helicópteros, 7 toneladas de explosivo tritonal y la tecnología militar de punta del South Command estadounidense y del Mossad israelí, el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia terrorista del Estado, todos, contra un hombre en su cuartel de la montaña, que no era un hombre, sino un pueblo. Lo ocurrido en la madrugada del 22 de septiembre en las selvas de La Macarena no fue un combate, sino un vil asesinato, una masacre ejecutada a mansalva y sobre seguro por un Estado terrorista subordinado a los dictados de Washington. Contra el comandante Jorge Briceño, del Secretariado de las FARC, fue concentrado todo el fuego y todo el odio de una casta dominante criminal, de ultraderecha, que por décadas ha ensangrentado y empobrecido al país. Era Jorge un símbolo telúrico, potente, de la rebeldía y la esperanza del pueblo llano de Colombia, salido de la escuela de guerra de guerrillas móviles del legendario Manuel Marulanda Vélez. Era un ser excepcionalmente humano, y por ello, amado por la gente y por la tropa guerrillera. Había Ingresado a la guerrilla de las FARC en 1968. Eran los tiempos feroces de la represión y la exclusión brutal del Frente Nacional bipartidista y oligárquico, que pretendió criminalizar el derecho de los pueblos a la opción política. Empuñando la bandera comunista, siempre al lado de Manuel y de Jacobo, se forjó como guerrero en las vicisitudes de la guerra justa contra la opresión. Incansable constructor de partido y de milicias populares, agitador de la Unión Patriótica como alternativa política, impulsor entre la población de la sustitución de cultivos de coca por siembras de caucho y cacao. Verificada la muerte del comandante, el gobierno desencadenó, desde todos los flancos, el más infame ataque mediático, con el propósito quimérico de aniquilar también su imagen y su ejemplo de dignidad. No se trataba sólo de matar a la persona, sino al sueño de esa inmensa muchedumbre de humildes que creen en el proyecto político libertario de las FARC-EP. Sangre y fuego, tierra arrasada, terrorismo de Estado, ha sido la práctica constante del régimen para defender los intereses de las trasnacionales, la bolsa y el poder de una oligarquía apátrida y arrodillada a los gringos. Como es de conocimiento, los Estados terroristas, como el de Colombia, buscan siempre proyectar su propia condición sobre quienes los adversan. Por eso, el Presidente Santos, ladrando desde Nueva York, muy cerca de su amo, desesperado por deslegitimar la lucha de los pueblos por la justicia, tergiversa la realidad del conflicto interno de Colombia, pretendiendo vanamente satanizar el alzamiento armado, al referirse a Jorge como símbolo del terror y la violencia. La fementida “Sodoma”, nombre de la operación que segó la vida de los nuestros, no es otra cosa que el mismo Estado colombiano en su bancarrota moral. A los que hoy desde el gobierno, ebrios de triunfalismo nos conminan a la rendición, les respondemos con las mismas palabras que el comandante Jorge Briceño le dirigiera al general Padilla en enero del 2010, en respuesta a una exigencia similar: “…Que poco nos conoce usted señor Padilla de León: con toda sinceridad, sin odios ni resentimientos y con el respeto que todo revolucionario profesa por sus adversarios, le respondo: No, muchas gracias, general. En las FARC no tenemos alma de traidores, sino de patriotas y de revolucionarios. Hemos luchado y continuaremos haciéndolo, con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido de las oligarquías y construir otro orden social, o por alcanzar acuerdos que ayuden a construir una patria en donde quepamos todos. Jamás hemos proclamado el principio de la guerra por la guerra, ni asumido esta lucha como algo personal, ya que nuestros objetivos son los de lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia, que por fin tengan en cuenta los intereses de las mayorías nacionales y de los sectores populares y que conduzcan al desmonte del actual régimen político criminal, oligárquico, corrupto, excluyente e injusto, como está consignado en nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia. Con la honestidad que corresponde a nuestro compromiso con el cambio social y la lealtad que le debemos a nuestro pueblo, le aseguramos, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz. No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos, ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra, declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años. Colombia necesita encontrar los caminos que conduzcan a poner fin a esta guerra entre hermanos, senderos de reconciliación que nos lleven a Acuerdos de Paz. Pero no será a través de una paz falsa donde una minoría oligárquica continúa acaparando todas las riquezas, a tiempo que las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos, el camino más seguro para alcanzar la reconstrucción de la patria y la reconciliación de los colombianos. Una paz entendida como rendición o entrega es una fantasía de la oligarquía y solo sería un crimen de lesa traición al pueblo y a sus históricos anhelos por alcanzar, al fin, la justicia social para todos. Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social? ¿Más Democracia o más autoritarismo y más represión y arrodillamiento al imperio? Lo invitamos a reflexionar sobre estas serenas palabras plenas de sensatez y actualidad, contenidas en el mensaje que dirigió el comandante Manuel Marulanda Vélez a los miembros de las Fuerzas Militares: “El futuro de Colombia no puede ser el de guerra indefinida, ni el de expoliación de las riquezas de la patria, ni puede continuar la vergonzosa entrega de nuestra soberanía a la voracidad de las políticas imperiales del gobierno de Estados Unidos; nosotros estamos en mora de sentarnos a conversar en serio para dirimir nuestras diferencias, mediante el intercambio civilizado de opiniones hacia la solución definitiva de las causas políticas, económicas y sociales generadoras del conflicto interno, para bien de las futuras generaciones de compatriotas…” Para algunos analistas mercenarios, que posan de sabiondos del conflicto, el golpe de la Macarena “deja a las FARC descabezadas sin posibilidades de recomposición”. El agente de la CIA, Alfredo Rangel, cree que las FARC quedaron “huérfanas” y heridas en su moral, ad portas del abandono de la lucha armada… Se equivocan. Como siempre, parecieran caminar con los ojos vendados por los precipicios de la realidad. Se niegan a entender que somos una dirección colectiva, un cuerpo colegiado de conducción política y militar en todos los niveles de su estructura de mando. No atisban en la niebla de un análisis parcializado, motivado por las fantasías, el poder de la cohesión que siempre ha distinguido al Estado Mayor Central de las FARC y su Secretariado. Previendo que la lucha revolucionaria es hasta las últimas consecuencias, todas las instancias de mando de las FARC funcionan con suplencias para llenar oportunamente las vacantes ocasionadas por la confrontación o cualquier otro motivo. Por eso el Comandante Pastor Alape, ante la desaparición de Jorge, pasó a ser miembro principal del Secretariado, mientras al Bloque Comandante Jorge Briceño se le ha dado la posibilidad de reestructurase, designando de su seno a un nuevo suplente. Nuestra guerra es por la paz, la Nueva Colombia, la patria Grande y el Socialismo, en la forma de un nuevo poder. La caída del gran guerrillero revivió en el Presidente Santos el desvarío del fin de la guerrilla, de la proximidad de una derrota de la insurgencia, que nunca llegará, y que viene siendo pregonada desde 1964 para justificar la obsesión militarista de un sector de la oligarquía, por temor, por físico miedo, a una solución política que demanda el fin de sus privilegios. No se dan cuenta que al cerrar las puertas del diálogo y la solución política están abriendo las puertas de la revolución. Hacemos nuestras para este momento de coraje las reflexiones de Julius Fucik al pie del patíbulo: “Cuando la lucha es a muerte;/ el fiel resiste;/ el indeciso renuncia;/ el cobarde traiciona…,/ el burgués se desespera,/ y el héroe combate”. La maquinaria de la desinformación se ha dedicado a la satanización de la guerrilla y a la santificación del gobierno. En sus espacios silencian la voz del pueblo y sólo dan la palabra a expertos estipendiados por la CIA y el capital financiero, que encubren y justifican los más fétidos crímenes de lesa humanidad consumados por el Estado. Son invencibles los soldados de Manuel Marulanda Vélez porque su bandera es la causa del pueblo, porque sus fusiles son la justicia social, la independencia y la libertad combatiendo por la Patria Nueva, porque marchan hacia la victoria con la potencia demoledora del pensamiento de Marx y de Bolívar, con el plan estratégico y el pueblo organizado. De todas maneras, con Manuel, con Jacobo, con Jorge, con Raúl, con Iván Ríos y con todos los caídos, con el Libertador, los guerrilleros de las FARC entraremos a Bogotá en los puños levantados del pueblo, cabalgando en la insurrección, para instaurar en la plaza de Bolívar el nuevo gobierno, patriótico y bolivariano inspirador de nuestra lucha. Justa; mil veces justa: un derecho universal imprescindible para destruir el mal mayor de la opresión. Los colombianos, tenemos todo el derecho del mundo a vivir en dignidad, en paz, en democracia, en soberanía y en libertad. ¡Triunfar! es la consigna. A los revolucionarios les decimos con Bertold Brecht: “Quien aún esté vivo no diga “jamás”/ Lo firme no es firme/ Todo no seguirá igual/ Cuando hayan hablado los que dominan/ hablarán los dominados/ ¿Quién puede atreverse a decir “jamás”?/ ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros/ ¿De quién que se acabe? De nosotros también/ ¡Que se levante aquél que está abatido!/ ¡Aquél que está perdido, que combata!/ ¿Quién podrá contener al que conoce su condición?/ Pues los vencidos de hoy serán los vencedores de mañana/ y el jamás, se convierte en hoy mismo”. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, octubre 8 de 2010, Año bicentenario del grito de independencia 110.

12-11-2010, Las FARC reiteró su petición a la Unasur para que le permita exponer su visión del conflicto armado colombiano, al elogiar la labor del fallecido ex presidente argentino Néstor Kirchner en la “consolidación” de ese organismo. En una misiva firmada por el Secretariado del Estado Mayor Central, las FARC le reiteran a la Unasur los “puntos de vista” de la “carta abierta” dirigida al bloque en agosto del 2010 en la que solicitaban que convocara a una asamblea para exponer su “visión” del conflicto armado en su país 111.

26-11-2010, Teniendo en cuenta el contexto social, político y armado en Colombia, podríamos decir que a la oligarquía colombiana le sale mucho más barato la salida política al conflicto. Cuántos gobiernos van a pasar para que lo comprendan, cuántos muertos tiene que haber para que la oligarquía colombiana lo asimile a pesar de la arrogancia que los hace miopes, por no decir ciegos frente a la realidad. El proyecto excluyente de la oligarquía colombiana, es ante todo un proyecto de muerte, como lo muestran los diferentes indicadores, muchos de ellos producidos por entes gubernamentales. El Alto Comisionado para los Refugiados acaba de pronunciar que Colombia es el primer país, en población desplazada del mundo con 5 millones de desplazados, sin contar los refugiados políticos y migrantes económicos. La Fiscalía General de la Nación afirma que más de 50 mil colombianos y colombianas han sido desaparecidos en los últimos años, especialmente entre enero del 2007 y octubre del 2008 donde se registraron 7763 desaparecidos. Los desplazados internos, muchos de ellos sobrevivientes de masacres han visto cómo la muerte los ha seguido a las grandes ciudades, de sus dirigentes, 100 han sido asesinados en las grandes ciudades por reivindicar sus derechos. Colombia cuenta con 7500 prisioneros y prisioneras políticos que se pudren en las mazmorras del régimen, lejos de sus familias, sin derecho a la defensa y viviendo en condiciones denigrantes. Más de 16.000 personas han sido asesinadas por razones políticas, sólo entre los años 2002-2008. De todos estos muertos, ninguno de ellos portaba un fusil, en Colombia tiene más esperanza de vida un insurgente que un sindicalista o un dirigente opositor y qué no decir de un defensor de Derechos Humanos. Todos estos ciudadanos colombianos muertos, son los sacrificados del modelo hegemónico de la oligarquía colombiana y de su régimen mafioso-paramilitar. Las FARC-EP y el ELN sin interlocutor para la paz. Es falso afirmar que la insurgencia no ha presentado propuestas para encontrarle salidas políticas al conflicto y buscar la paz, aquí la agenda común por la paz y la plataforma de un gobierno de reconciliación nacional, presentado por las FARC-EP durante las audiencias del Caguán. Temas “Agenda Común por la Paz”: 1. Solución política al conflicto. 2. Derechos humanos. 3. Política agraria integral. 4. Explotación y conservación de recursos naturales. 5. Estructura económica y social. 6. Reformas a la justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. 7. Reformas políticas para la ampliación de la democracia. 8. Reformas del Estado. 9. Acuerdos sobre DIH. 10. Fuerzas Militares. 11. Relaciones Internacionales. 12. Formalización de acuerdos. Temas Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional [Tomado textualmente del documento de las FARC “Plataforma de un gobierno...”]: 1. Solución política al conflicto. * Como contenido del tema sobre defensa nacional: Las fuerzas armadas serán respetuosas de los Derechos humanos... 2. Política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercado... 3. Explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, etc., en beneficio del país y sus regiones... 4. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos de la economía nacional. 5. El 50% del presupuesto nacional será invertido en bienestar social. El 10% del presupuesto nacional en investigación desarrollo. 6. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar.... 7. Quienes mayores riquezas posean más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. 8. Participación democrática nacional, regional y municipal en la toma de decisiones. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular. La Procuraduría será rama independiente del poder público y elegido por voto popular. El Parlamento será unicameral, La rama electoral será independiente. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y magistrados del país... 9. La doctrina militar y de defensa del Estado será bolivariana. Las fuerzas armadas serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos y tendrán tamaño y presupuesto acorde a un país sin guerra. 10. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Las dos organizaciones insurgentes no han pedido el cielo ni ninguna estrella, tampoco imposibles que una voluntad política no puede buscar: más democracia, justicia social, acuerdo humanitario, etc., la única respuesta del gobierno ha sido una propuesta de muerte. Entonces qué quiere la oligarquía colombiana. Las dos organizaciones insurgentes colombianas tienen una diferencia con respecto a otras formas de resistencia y conflictos en el mundo, éstas han respectado la estructura económica del Estado, lo cual ha permitido que el modelo económico se sigua reproduciendo y las oligarquías también pues todo el aparato productivo se mantiene intacto. El accionar de la insurgencia, es digámoslo claramente respetuoso de la estructura del Estado. En lugar de destruir una carretera, como ha ocurrido en otros conflictos internacionales, la insurgencia tiene a su haber muchas carreteras construidas en sus zonas de influencia. Pastrana bombardeo varias veces en los alrededores del Caguan. Le hemos escuchado decir, tanto a insurgentes farianos como elenos, que no se debe destruir X o Y cosas, porque tendríamos que reconstruirla “cuando nos tomemos el poder”. La influencia campesina y cristiana de los insurgentes colombianos pesa más que las lecturas de los teóricos de la guerra. Las insurgencias colombianas están más influenciadas por el pensamiento humanista, que por la lucha de clases, que siendo simplistas, significaría/implicaría la derrota de una clase por otra. Las insurgencias colombianas tienen principios éticos y morales bien fundamentados. El único que utilizó una guerra sin cuartel contra la oligarquía, sin escrúpulos y sin ninguna consideración moral fue Pablo Escobar Gaviria, (el primo de Jose Obdulio principal asesor de Uribe Vélez). Poniendo bombas a diestra y siniestra para alcanzar objetivos, sin importar que en ellas murieran inocentes. Pablo Escobar ordenó la retención de personas claves de la oligarquía colombiana. Y cuál fue la respuesta de la oligarquía colombiana: arrodillarse ante Pablo Escobar, lo metió a la cárcel que él mismo construyó, le promulgó dos decretos de sometimiento a la justicia que él mismo dicto, a través de sus abogado (2047-2049), etc. A la oligarquía le gusta hablar a las malas, o con los engendros que ella misma encarna, pero con el contradictor político no. La doble moral, la mojigatería se impone para conservar sus intereses. Una frase retumba todavía, pronunciada por el Padre García Herreros, “el dinero mal habido, bien utilizado se convierte en bueno”, lo mismo ocurrió, cuando un banco nacional, legalizó todo el dinero de la bonanza marimbera, con su famosa “ventanilla siniestra” que cambiaba dólares de la exportación de marihuana sin preguntar nada, y volvía legal el dinero mal habido. De los acuerdos con Pablo Escobar, se pasan a los acuerdos de Ralito, y otros acuerdos ya no secretos entre los paramilitares y el Hombre de la Ternura, Luis Carlos Restrepo o su reemplazante, representantes de Uribe Vélez y de la oligarquía, en los acuerdos para refundar la patria. La oligarquía colombiana está sembrando vientos de guerra y cosechará tempestades 112.

8-12-2010, En carta abierta a la Dra. Piedad Córdoba las FARC anuncian liberación de 5 retenidos. Impulsados por el más justificado imperativo ético nos dirigimos a usted para expresarle, en este momento crucial de su vida política, nuestra solidaridad incondicional frente al brutal atropello de la Procuraduría General de la Nación contra su esfuerzo humanitario por la paz de Colombia. La decisión del Procurador Alejandro Ordoñez es un verdadero esperpento jurídico y político, originado en la presión enfermiza, el odio y la retaliación del ex-Presidente Uribe, jefe indiscutible, impune hasta ahora, del paramilitarismo y la para-política en Colombia. El país nacional no puede permitir que se abra paso la absurda criminalización de la búsqueda de la solución política del conflicto. Ordoñez actúa contra derecho. Es más prevaricador que Procurador. Al inhabilitar por 18 años a la Senadora, pretendiendo su muerte política, no sólo se extralimita usurpando funciones propias del Consejo de Estado; además sustenta su miserable decisión en los supuestos datos de un computador, que no pueden constituir prueba jurídica, porque fueron previamente manipulados por la policía, violándose así la cadena de custodia. En este caso no hay derecho a la defensa ni al debido proceso. Nadie ha vencido en juicio a Piedad Córdoba. Constituye una paradoja que los funcionarios delincuentes que la espiaban para incriminarla, ahora huyan hacia el exterior intentando burlar la acción de la justicia. La actuación del “Prevaricador General”, que convierte en delito la lucha por la paz, lo evidencia como mandadero torpe e incauto. La Senadora Córdoba no solamente actuaba con el aval del ejecutivo; ella ha obrado en el marco de la Constitución, que consagra como derecho y deber, la búsqueda de la paz. El engañoso término de la FARC-política fue una invención del cabecilla paramilitar que ocupó la presidencia de la República durante ocho años, como desesperado recurso para desviar la atención sobre su responsabilidad penal en caso de la para-política. El proceso de la para-política está referido a votos y a proselitismo armado de grupos paramilitares a favor de unas candidaturas al Congreso. El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, se ufanó en su momento de que su facción había logrado elegir más del 30 por ciento de los congresistas colombianos. El paramilitarismo también contribuyó a elegir al Presidente de la República en dos oportunidades, a través de presiones, fraudes electorales y financiación en dólares. No puede haber proceso de FARC-política, porque nunca hemos orientado votar por Piedad Córdoba. No hemos participado en debates electorales desde que la intransigencia oligárquica del país masacrara a la Unión Patriótica. En el intercambio epistolar sostenido con la Senadora en torno a la solución política del conflicto, siempre hemos sostenido que el acuerdo de paz que surja de la mesa de conversaciones FARC-gobierno, debe ser refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente, que le dé fuerza constitucional a los mismos, a fin de que se asegure por esa vía, la aclimatación de la paz. En el manifiesto de las FARC, documento en el que exponemos la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, invitamos al país a trabajar por la construcción de una alternativa política hacia la paz, propósito que hoy reiteramos. La sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos. El país nacional, que hastiado del guerrerismo del Estado, anhela paz, debe rodear a la Senadora y acompañarla en su marcha resuelta tras este objetivo. Si persiste la injusticia, nadie podrá impedir que se levante en Colombia un poderoso movimiento por la paz liderado por sus hijos e hijas más preclaros. Como un gesto de humanidad y de desagravio a la Senadora de la paz, liberaremos a los siguientes cinco prisioneros: Mayor de la policía Guillermo Solórzano, Cabo del ejército Salín Sanmiguel, Infante de marina Henry López Martínez, y a los Presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare Marcos Vaquero y de Garzón Huila Armando Acuña, estos últimos investigados por las FARC por corrupción. La decisión está tomada y la fecha dependerá de las garantías que otorgue el gobierno para que la Senadora Córdoba pueda recibir a los que serán liberados. Nuestra lucha por el canje de prisioneros de guerra se mantiene. No cejaremos en el propósito de buscar la liberación de Simón Trinidad -arquetipo del decoro y la firmeza del revolucionario fariano, y el retorno de los nuestros, desde las cárceles del régimen y del imperio, a los campamentos insurgentes. Para todos ellos nuestro mensaje de aliento y esperanza. Senadora Piedad Córdoba: compartimos con usted y con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, que la guerra no puede ser el futuro de Colombia. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, diciembre de 2010 113.

30-12-2010, Ni los gestores ni los Comisionados de Paz ni las formulas que se inventen ni las zonas de despeje van a funcionar, si no hay una seria voluntad de parte de los gobernantes de turno. Hasta ahora lo expresado y ceñido a la realidad, en boca del comandante de las FARC, Alfonso Cano, “Conversemos” eso significa, hablemos en un espacio seguro para las partes. Con respecto a la devolución de cinco -tres en armas y dos corruptos- la respuesta del legislativo de bolsillo del ejecutivo no se hizo esperar: la 1421. Ley sancionada por el presidente: “Quisiera resaltar que como novedades en esta iniciativa se señaló que frente a eventuales diálogos futuros de paz, quedan prohibidas y descartadas las zonas de despeje o zonas de distensión en cualquier lugar del territorio nacional”. La idea de los inquilinos de turno de la “Casa de Nari” es ganar tiempo para que todo siga igual o peor. En el gobierno de Pastrana se pudo observar esa maniobra recurrente de la oligarquía colombiana. Sin dudas al gobierno de Santos solo prioriza el rescate de los prisioneros por la vía militar. El intercambio civilizado es marginal en su agenda. Como desagravio a la persecución estatal en contra de Piedad Córdoba y como gesto humanitario es que las FARC decide soltar 5, como receptora la Senadora electa, Piedad Córdoba. Maliciamos que el último delegado contacto para la entrega de los cinco ofrecidos unilateralmente por las FARC, el gracioso Eduardo Pizarro, no es más que una artimaña propagandística. Ardid para el ‘ganar tiempo’ 114.

7-7-2010, El Comandante guerrillero del ELN, Pablo Beltrán dijo que el plan de EUA y de las elites colombianas de guerra sucia contra las reclamaciones populares obligó al alzamiento armado de 1964, año en que nacieron las FARC el 28 de mayo y el ELN el 4 de julio. Dicha agresión persiste y en consecuencia nuestra respuesta insurgente, es una de las formas con que el pueblo colombiano sigue luchando para lograr paz, con justicia y soberanía. Mientras en EUA reconocen por primera vez de manera oficial el fracaso de cuatro décadas de “guerra anti drogas”, los funcionarios estadounidenses que a diario pasan por Bogotá siguen recitando los lemas de George W. Bush, para justificar el terror de Estado hecho por esa oligarquía, encabezada ahora por Juan Manuel Santos, el campeón de los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones de oponentes y de miles de ciudadanos comunes y corrientes, que no tienen que ver nada con la disidencia o la rebeldía. Tendríamos que ser capaces de quitar el Plan Colombia de EUA, en la medida que las demás naciones americanas están cambiando el plan trazado en Washington, por uno propio y consensuado con pueblos hermanos. Más allá de que Santos triplicara los votos del candidato centrista en las elecciones presidenciales, quienes votaron por la opción de centro, quieren un cambio y se niegan a que el lema “todo vale”, impuesto por el capital mafioso, siga rigiendo el destino de los colombianos. La franja centrista rechaza a la insurgencia y sobre todo, cualquier camino de izquierda debido al resultado de ocho años de gobierno de extrema derecha, de crudo terror de Estado, que silenció toda oposición y acalló a los revolucionarios al calificarlos de “terroristas”. Así… ¿quién iba a votar por la izquierda? El futuro para nuestro país, está en salir de la polarización actual, superando la agenda colonialista de Santos, para abrir una vía de democratización de la sociedad, sin que por ello se piense, que entonces se van a hacer transformaciones socialistas. Si un día cualquiera, esta oligarquía cesa en su voluntad genocida, dejarían de existir las condiciones para el alzamiento armado del pueblo colombiano. Pero para llegar a esa tierra prometida, hay que forzarlos a que cambien su adicción a la guerra, la imposición y la exclusión, y la reemplacen por una conducta de debate, acuerdos, cooperación e inclusión, que hagan posible los cambios estructurales que exige el pueblo colombiano. Y lo que muestra la vida, es que tanto Obama como Santos siguen muy hundidos en la primera y lejos de la segunda. Nuestra guerrilla lleva más de dos décadas aportando a crear conciencia en el pueblo sobre la necesidad de una salida política para el conflicto social, político y armado que vive Colombia. Nunca nos la van a imponer, porque nosotros la promovemos. El gran Camilo Torres, el cura guerrillero, nos enseñó que el ELN sólo dejaría las armas, cuando el poder estuviera en manos del pueblo. La oligarquía quiere desaparecer todo rastro de oposición y para ello, cuando hace propaganda diciendo que llama al diálogo, debe entenderse que te están diciendo, escoja entre rendirse o entregarse. Nosotros decimos otra cosa: cesen en su bicentenaria guerra en contra del pueblo y sólo entonces, acabaran las condiciones que reproducen el alzamiento armado popular. Porque este es un asunto histórico, que va más allá del último medio siglo de lucha armada revolucionaria. Estamos comprometidos con la configuración de una propuesta de nuevo país, democrático y soberano, en el que sea posible llegar a una solución política del conflicto. Camino que debe imponer la sociedad colombiana y en cuya construcción venimos haciendo nuestro aporte, en contravía de una elite que se aferra a sus privilegios y de un imperio que quiere seguir saqueando y agrediendo, pero que ahora pide que lo llamen de otra forma. Habrá guerrilla mientras haya colonialismo e imperialismo. Surgirán guerrillas en todo el continente, ante cada golpe militar oligárquico y para enfrentar cada invasión imperialista 115.

15-7-2010, Comunicado del ELN: Nosotros que agrupamos el ELN de Colombia comprometidos con la Lucha, la Paz, la Justicia Social y la construcción latinoamericana del socialismo saludamos este Seminario Internacional: Problemas de la Revolución en América Latina, abogando por que sus resultados y conclusiones sean puestos en práctica en la lucha comprometida de todos/as por la liberación. Ante la imposibilidad de estar presentes físicamente con ustedes, queremos participar en este Seminario de gran importancia para el continente, presentando unos elementos para la discusión y para la acción. En lo popular y organizativo: Partimos de reconocer la importancia del proceso Venezolano en el continente, del soporte ideológico para la construcción latinoamericana de la revolución Cubana, y vemos con interés procesos que se están gestando o ganando desarrollo como el de Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Uruguay y todos las dinámicas inmersas en la realidad de los países latinoamericanos y del mundo. El objetivo a largo plazo es la construcción del socialismo, este pasa por que los pueblos se empoderen y construyan desde sus realidades el poder popular. En esta contradicción Norte-Sur, definir el carácter de agresividad imperialista en este momento específico y abrir la discusión sobre cómo resistir la guerra de recolonización imperialista, se hace urgente. El poder popular es integral, es en lo social, en lo económico, en lo organizativo, en lo ideológico, en lo cultural, en su defensa. Obviamente cada realidad aportara en mayor o menor grado de acuerdo a las condiciones de cada país, región. Es necesario el hermanamiento y el intercambio de experiencias en el movimiento popular latinoamericano. La construcción de un programa para el pueblo latinoamericano nace de las identidades y realidades que nos son comunes, requerimos más que de grandes programas de largo plazo, plataformas de lucha que nos hermanen en la lucha y la construcción popular. El mundo globalizado capitalista y sus crisis (energética, financiera, ambiental, ecológica, humana, ...), le implican a los pueblos del mundo confrontar con practicas múltiples y con unidad de objetivos las salidas a dichas crisis, en la idea de una sociedad justa y humana, socialista. Ser realistas exigid lo imposible, consigna del mayo francés de 1968, hacer de las prácticas de los pueblos nuevas propuestas organizativas con valores socialistas, donde la solidaridad, la igualdad sustantiva, el intercambio del conocimiento y la unidad en la acción sean principios que predominen. Priorizar el acercamiento y el hermanamiento en la Región andina como un punto de partida para la unidad continental. En lo ideológico, cultural, en la batalla de las ideas: Cada logro de cada organización, de cada pueblo la deben conocer los otros pueblos, las otras organizaciones, difundirlas, aprender de ellas, hacer redes de hermanamiento, de construcción, de difusión, de intercambio sobre las diferentes experiencias. El encuentro y aprendizaje de experiencias exitosas, de errores y problemas en la construcción de los pueblos debe, para su difusión aprovechar lo adelantos técnicos en las herramientas de las comunicación y la informática. El dialogo e intercambio entre las organizaciones no debe ser puntual, debe ser continuo, constante y alimentado desde todas las organizaciones. Las experiencias culturales que nos enraízan en nuestras costumbres solidarias y comunitarias debemos compartirla y vivencialmente hacerlas una realidad para todos los pueblos. En la unidad para la lucha y la construcción socialista: Definir el enfoque y los ejes de construcción de las luchas de los pueblos desde sus particularidades y desde las consecuencias generales nefastas que el capitalismo y el imperialismo imponen en los pueblos. Algunos puntos comunes de la lucha continental: La resistencia de los trabajadores a las formas de contratación capitalista, la explotación, la tercerización, subcontratación, empleo informal, invasión mercantil, y hegemonía consumista de los medios. La lucha por la salvación del planeta, contra la depredación del mundo, la crisis ecológica y ambiental, la voracidad de las multinacionales y sus consecuencias en el medio ambiente. Caso actual la destrucción de la capa de ozono y derrame de petróleo de la BP. La lucha contra la crisis financiera y sus consecuencias en los pueblos de Latinoamérica, contra los tratados de libre comercio, contra las políticas del Banco mundial, el FMI; BID y demás entes “financieros desarrollistas en Latinoamérica”. La lucha contra el desempleo, la pobreza en todas sus manifestaciones, impulsando la unidad económica latinoamericana, nuevas monedas de intercambio, la UNASUR, el ALBA y demás entes que posibiliten salidas a corto, mediano y largo plazo contra la crisis capitalista y por la construcción humana latinoamericana. El impulso a nuevas formas de propiedad comunal de los medios de producción, de economía popular en el intercambio, producción, distribución y consumo de bienes, saberes y servicios entre los pueblos latinoamericanos. La construcción de la paz latinoamericana, de la patria y la soberanía latinoamericana, de la nación Nuestra-Americana que enriquezca y multiplique el sueño latinoamericanista de Bolívar, Martí, el Che y tantos otros revolucionarios que ofrendaron su vida por el pueblo. Por un Nuevo Gobierno de Nación, Paz y Equidad. Colombia para los Trabajadores. Ni un Paso atrás… Liberación o Muerte. Frente Internacional “Milton Hernández”. ELN de Colombia, Julio 2010 116.

16-8-2010, Comando Central ELN. Frente Internacional. Por la Paz con Democracia y Soberania! Un verdadero proceso de paz encuentra siempre muchas vallas y esta vez, una nueva, la coloca el gobierno colombiano pretendiendo ejercer el control de los esfuerzos, como si la paz fuera un asunto del establecimiento. Se le olvidó al Presidente Santos que las pocas veces que los contendientes hemos podido avanzar en discutir los temas del conflicto y la paz, ha sido gracias a los buenos oficios tanto de personas y organizaciones del país como de la comunidad internacional, totalmente independientes del gobierno y la insurgencia. Unos lo han hecho como gestión política otros como humanitaria, siendo valioso su aporte por no decir que definitivo para poder avanzar en este complejo camino en el que nos identificamos muchos en la urgencia de superarlo aun estando en orillas opuestas; por eso no es entendible hoy lo que pretende el gobierno en sus declaraciones y propósitos. El grave conflicto social y armado que padece Colombia, rompió las fronteras hace muchos años, pero además ha impactado al mundo por su gravedad y hoy el interés por su resolución viene de los más diversos confines estremecidos por esta compleja realidad. ¿Cómo pretende este gobierno someter a sus exclusivos intereses, caprichos o planes un asunto tan delicado? Otra cosa muy distinta es que a la hora de discutir, dialogar o negociar, los contendientes seamos quienes tengamos que decidir, sobre los distintos asuntos, esto es claro, pero hoy aun este momento está lejos y el aporte de muchos compatriotas amigos y hermanos en el exterior, busca aportar en caminos de aproximación y acercamiento razón por la cual pretender negarlo o constreñirlo, es sencillamente, cerrar posibilidades de avances y colocar vallas que se convierten en negación a los necesarios caminos para un autentico proceso de paz para la Colombia desangrada, martirizada y sacrificada. El ELN reafirma que un verdadero proceso de Salida Política al Conflicto, hace indispensable el aporte sincero y denodado de todos los colombianos y la Comunidad Internacional interesados en tan delicado asunto porque aparte del interés que a todos nos convoca, existen unas distancias y desconfianzas muy profundas en los contendientes debido a los grandes esfuerzos realizados que han terminado en frustraciones, lo que agrava aún más la situación; de esto estamos convencidos y ello nos obliga a reiterar la urgencia de dicho aporte, al tiempo que cuestionamos con mucha fuerza la conducta asumida por el Gobierno Santos sobre este particular. Sea necesario recordar que el último esfuerzo de diálogo realizado por el ELN con el gobierno de Uribe, terminó precisamente, cuando este torpedeó reiteradamente el aporte de gobiernos amigos que hacían de facilitadores y acompañantes, así como de organizaciones y personalidades nacionales, siendo el último acto hostil, el desconocimiento de manera unilateral hacia el presidente Chávez, a quien el mismo Uribe días antes había asignado en su investidura de facilitador del proceso. La paz no es retórica, son esfuerzos concretos y no condicionamientos. Comando Central. ELN 117.

14-9-2010, La dirigencia guerrillera del Oriente Colombiano, que abarca Arauca, Casanare, Boyacá, y parte de los Santanderes, asistidos por nuestras máximas comandancias del Secretariado Nacional y el Comando Central, anunciamos que ha terminado definitivamente la trágica confrontación que se venía dando entre las FARC-EP y el ELN, en el departamento de Arauca. Nos hemos reunido en el Departamento de Arauca en un ambiente de mucha franqueza, fraternidad y camaradería para abordar las causas que desembocaron en un desafortunada y absurda confrontación entre organizaciones hermanas. Recogimos y asumimos, en su espíritu y en su letra, el acuerdo de las dos direcciones nacionales de diciembre del 2009. Hemos realizado una profunda reflexión sobre las causas que motivaron la confrontación y trabajaremos por aportar soluciones, pero sobre todo evitando hacia el futuro volver a repetir tamaña equivocación. Somos autocríticos en reconocer los daños y afecciones causadas a la población, son dolorosos los episodios y lamentable las consecuencias. Por tanto, presentamos nuestros sentimientos de consideración y excusas a todos los afectados. Este reencuentro entre organizaciones hermanas es un valioso estímulo a la resistencia araucana y de los colombianos. Sin duda, será objeto de provocaciones y versiones tendenciosas de la campaña contrainsurgente. Las conclusiones a las que llegamos, ratifican que las diferencias debemos resolverlas animados en extraer de ellas fortalezas, decisiones constructivas y a forjar caminos unitarios. Salimos de esta reunión, comprometidos y animados a poner el mayor empeño encaminado a cicatrizar heridas, a hermanarnos plenamente, a estimular el retorno de campesinos a sus tierras, a reconstruir la confianza y la esperanza en esta insurgencia que pertenece a la estirpe heroica del pueblo araucano. Ratificamos que nuestros combatientes y nuestras armas, solo responden a la defensa de los intereses de nuestros pueblos, elevando el combate por la Colombia Nueva a la que hemos aportado tantas luchas y sacrificios. En este Bicentenario del Grito de la Independencia, nos llenamos de dignidad y grandeza contra la ocupación militar norteamericana, el expolio de las multinacionales y el servilismo de esta oligarquía de la que solo se esperan privilegios a los poderosos e infortunio a los humildes. Alentamos a nuestro pueblo a replicar las más grandes y heroicas jornadas por la independencia definitiva, por la Paz, la Justicia y la Felicidad Social. Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación ELN. Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo FARC-EP. Comando Central del ELN; Secretariado de las FARC-EP, Montañas de Arauca, 14-9-2010 118.

16-10-2010, Entrevista al Comandante Antonio García, integrante del Comando Central del ELN. Colombia es un país que ha visto el surgimiento y la posterior desaparición de diferentes organizaciones insurgentes. Los sucesivos gobiernos colombianos paulatinamente han ido cambiando el discurso frente a dichas organizaciones, convirtiéndoles de bandidos, en narcoguerrilleros para llegar a la designación de narcoterroristas. El discurso del gobierno colombiano ha tenido su resonancia en otros gobiernos que tienen intereses políticos y/o económicos en Colombia, como también en organismos y organizaciones internacionales. La etiqueta “terrorista” a organizaciones armadas de oposición alrededor del mundo ha sido utilizado para legitimar acciones que han violado los convenios de Ginebra, los derechos a la vida, al debido proceso, a la integridad física, a la presunción de inocencia y a la privacidad, entre otros. A la vez el discurso “anti-terrorista” ha impulsado un creciente mercado de empresas privadas que prestan seguridad, constituyéndose en una clase de Sociedad Anónima del Paramilitarismo que está exportando sus servicios a Afghanistan, Irak, Honduras, Haíti y Colombia entre otras. El termino “narco” por su lado ha buscado despolitizar frente a la opinión pública las organizaciones insurgentes, presentándoles como organizaciones que se dedican netamente a la producción y el trafico de sustancias ilícitas para satisfacer sus beneficios personales. En la actualidad hay cultivos de uso ilícitos en casi todo el territorio nacional, y están controlados por las bandas paramilitares que se reorganizaron luego de la caricatura de desmovilización. Para mencionar algunos podemos señalar: Nariño, Cauca, Valle, Chocó, la Costa Caribe, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar y parte de llanos orientales, entre otros. El ELN no tiene ni cultivos, ni laboratorios, ni rutas, ni negocia con los productos, no tiene pistas, ni alquila seguridad a nadie, como tampoco tiene nada que ver con el negocio de precursores químicos. Lo único que hace en algunas zonas es cobrar un impuesto como a cualquier actividad económica, se impuesta al comerciante. No se permite ningún tipo de consumo o de distribución en las zonas de influencia. Para corroborar esto, jamás han detenido ni detendrán a un integrante del ELN con un gramo de estas sustancias. Decimos que cobramos en algunas zonas, pues en varias de ellas hemos impulsado la erradicación voluntaria y gradual de los cultivos para sustituirlos con otro tipo de producción agrícola, como sucedió en Arauca. Nuestras finanzas son variadas, hay contribuciones de los integrantes del ELN, que en su gran mayoría son trabajadores, hay aportes voluntarios de amigos, se realizan operaciones militares para obtener finanzas y también hay inversiones productivas. La postura del ELN frente a la coca y el tema del narcotráfico asociado a esa planta. La planta de coca ha sido usada tradicionalmente por los pueblos originarios de diversas maneras, como medicina natural, como complemento alimenticio, para infusiones como el té y otras. Sin duda que para los pueblos originarios está vinculada a sus tradiciones y costumbres, y no se conoce que su uso haya derivado en problemas de salud o vicios lesivos para los individuos o comunidades. Entiendo que la Coca-cola deriva su nombre de sustancias extraídas de la hoja de coca, sin embargo eso no es problema para la transnacional pues la distribuye para el consumo masivo y mundial. El ELN siempre ha buscado salidas alternativas a la extensión de los cultivos de coca, como a la afección que esta trae para la producción de alimentos en las zonas de economía campesina, ya que esto atenta contra la seguridad y soberanía alimentaria. Pero el hecho de existir un amplio consumo en EUA y Europa de narcóticos, y al ser estos prohibidos, se hace muy atractivo por el gran margen de utilidad que deja su comercialización. De otro lado al existir una estructura económica monopólica y excesivamente concentrada impide que existan otros renglones de la economía que motiven tanto al campesinado como a otros sectores sociales. La ausencia de una estructura económica democrática siempre será el principal motivador para las actividades ilegales, pues la gente siempre buscará la manera de romper las ataduras. Por ejemplo, ¿cómo se va a dar empleo a los cientos de miles que viven directa e indirectamente del fenómeno económico?, si existiendo esta fuente de empleo, hoy los desocupados pasan de dos millones y medio, sin contar los informales y el subempleo disfrazado. Por eso la principal salida es la democratización de la economía, cambiando su estructura. En un segundo nivel la legalización de la coca y la cocaína, para que la sociedad misma se regule. ¿No estamos en un mundo neoliberal y que el mercado es capaz de regularlo todo?, ahí si se les olvida su doctrina; con eso desaparecerían las motivaciones de las jugosas utilidades, pues comprar una dosis de cocaína sería como comprar una papeleta de té o de canela. En tercer lugar hay que cambiar la estrategia represiva y de guerra que se le da a un fenómeno económico y de salud pública, en este campo se requiere creatividad en la formulación económica del problema y más claridad en las políticas de salud y educación. Cuarto y ligado a lo anterior una política clara para el agro colombiano, en cuanto a la propiedad y uso del suelo fértil, y una estrategia productiva en el agro que nos permita recuperar la soberanía y seguridad alimentaria en armonía con la naturaleza. En este sentido, si bien se puede avanzar en una creativa sustitución de cultivos, se requiere avanzar en los otros campos, de lo contrario seguiremos erradicando y erradicando, con el peligro que vuelva a sembrarse. Debemos dar por entendido que este es un fenómeno mundial y que las soluciones han de buscarse en ese contexto, pero eso no niega que un país en particular como Colombia deba tener más creatividad para hacerse escuchar en el mundo. El gobierno colombiano únicamente ha sido parlante de una estrategia gringa que fracasó. Sin duda que los problemas que se derivan de una economía narcotizada, van más allá de lo económico y de salud, y llegan a la convivencia, al crimen, a la expropiación de las tierras de los campesinos. En Colombia se usó la extensión de los cultivos de coca como estrategia para comprometer a los campesinos en una economía ilícita, los paramilitares fueron el instrumento que usó el Estado y las grandes mafias que se unieron con el sector económico que impulsa las grandes plantaciones para producir Agro-combustible y etanol. Más de seis millones de hectáreas fueron expropiadas, luego que se aseguró el terreno con la fuerza pública o los paramilitares sí se impulsa la erradicación, pero para entregar las grandes extensiones de tierra a las familias de este sector económico emergente (uribistas) que están en alianzas con las corporaciones transnacionales. En Arauca se iba para allá, solo que la población entendió el fenómeno, pues ya iban a quitarles la tierra, y en eso jugó la visión del ELN que desde tiempo atrás ha sido proclive a la sustitución de cultivos, por medio de la persuasión y sin que se afecte la economía y la sobrevivencia de la población. Es volver a reconstruir las relaciones propias de una economía campesina, donde puedan existir la solidaridad, el apoyo mutuo, el compartir la panela o la yuca, cosa que la economía narcotizada termina por donde pasa, pues todo lo coloca en los términos de comprar y vender al mejor postor, y donde sólo está de por medio el dinero. Los principales beneficiarios del narcotráfico, son los que más propenden porque las cosas sigan igual, que haya guerra al narcotráfico, para que no se legalice y siga habiendo las jugosas utilidades, en este sentido los más beneficiados son las grandes corporaciones financieras, que tienen sus asientos en los paraísos fiscales, legales o ilegales, tanto de EUA como de Europa. El capital mafioso es un capital barato y lo que necesita es legalizarse, como por lógica los narcotraficantes caen, los dineros pasan a engrosar las arcas de los bancos. Algo parecido con los capitales con los que se quedo Suiza luego de la Segunda Guerra Mundial. Está el imperio norteamericano que usa el fenómeno del narcotráfico para justificar guerras y enmascarar su actuación colonialista. En esa misma dirección están los militares colombianos y la ultraderecha que les permite mantener su andamiaje de guerra, obtener recursos económicos a través de los paramilitares para hacer la guerra; también los sectores de la economía emergente que han usado el narcotráfico para generar procesos de acumulación originaria de capitales y de bienes a través de la violencia oficial y paramilitar. No se puede descartar que el paramilitarismo a la vez que fue usado como arma contrainsurgente y contra el movimiento popular, también jugó y sigue jugando su papel en su versión de bandas emergentes para crear las condiciones que viabilizan el despojo de comunidades de sus tierras para luego ser entregadas a grandes familias uribistas y a corporaciones transnacionales como ha venido aconteciendo con las comunidades del Urabá Chocoano y otras partes del territorio nacional. En resumen el narcotráfico es parte del engranaje del proyecto económico que le permite a la ultraderecha organizar su modelo económico mafioso y paramilitar, un modelo muy parecido a lo que acontece con el sector energético-petrolero gringo, la industria militar y las empresas militares privadas que hacen las guerras por el mundo para generar riqueza privada. Las razones por las que el campesino termina sembrando coca es por la ausencia de condiciones para poner a producir alimentos en sus tierras, o dedicarlas a otras actividades productivas. Muchos campesinos se quedaron sin tierras y viven de jornales miserables, los que las tienen no cuentan con los recursos para hacerlas productivas, lo poco que producen no lo pueden llevar al mercado porque no cuentan ni con las vías o el transporte, en la mayoría de las veces los costos del transporte son superiores al precio del mismo producto, y siempre sale perdiendo. Tampoco existe una política de fomento, de crédito barato, ni de asistencia técnica. La única política agraria que el Estado siempre ha impuesto es el despojo de los campesinos, eso pasó en la violencia de mediados del siglo XX, y la violencia que arreció desde los años 80 y que aún no termina. Eso es lo que pretendía Uribe con su política de Seguridad Democrática. La esencia de la lucha anti-narcóticos está esbozada en los puntos anteriores, pero hay que recalcar que es una política eminentemente represiva y se hace con estrategia de guerra, que es totalmente equivocada. Pues con sentido común se podría hacer unos cuantos cálculos para hacer un estimativo de lo que se ha gastado en esa guerra; es mucho dinero el que se ha utilizado, con esas cantidades se hubiese podido desarrollar otros planes económicos y sociales que hubiesen dado otro tipo de resultados. Por ejemplo se hubiese podido implementar una política agraria favorable para el país y los propios campesinos. De manera irónica se podría decir que con lo que invierte en la guerra se podría comprar la hoja de coca y los gringos se la llevarían para EUA para que la usen en lo que ellos quieran, desde hacer clorhidrato de cocaína hasta comérsela en ensalada, y así evitarían la molestia que sean otros los que satisfagan las necesidades de su mercado. Es importante recalcar que los mayores narcotraficantes son las instituciones que dicen combatirlo, como la DEA, pues con su mentirosa política de “entregas controladas”, es por donde más toneladas de cocaína han entrado a EUA. Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se ha montado en Colombia y el continente, el más poderoso andamiaje tecnológico militar de EUA que pretende, ante todo, sofocar la lucha de los pueblos que hoy buscan construir sociedades más justas y democráticas, y usar a Colombia como punta de lanza en la desestabilización de dichos procesos 119.

2-11-2010, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino Jefe del Comando Central del ELN, le pide a Unasur su acompañamiento en un eventual proceso de paz. Exhorta al Gobierno que preside Juan Manuel Santos a “ofertar un camino” que ponga fin al conflicto armado interno. “Hoy la paz es una exigencia”. Desafortunadamente, las recién pasadas campañas electorales la olvidaron, y es una deuda de la clase política con Colombia. Le pide al Presidente que haga “viables” las transformaciones estructurales que Colombia necesita. Consideramos de necesario equilibrio y justeza política que se escuchen los planteamientos del ELN. Ocho largos años de guerra contrainsurgente, bajo la figura de “Seguridad Democrática”, pesó y seguirá pesando en el diseño de las políticas de la élite gobernante. En 1988 el ELN presentó al país una propuesta de humanización de la guerra con el objetivo de excluir a la población del conflicto y protegerla; que se superara el terrorismo de Estado y el gobierno colombiano acogiera los convenios sobre el DIH. Sólo vino a suscribirlos a mediados de la década de los 90. Con estos planteamientos, y haciendo parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, establecimos diálogos con el Gobierno de César Gaviria Trujillo. En el desarrollo de esta iniciativa, el Gobierno condicionó a la insurgencia a localizarse en un área reducida, y ante la negativa insurgente a tal pretensión, los diálogos se rompieron y Gaviria respondió con la “Guerra Integral” en mayo de 1992. En el Gobierno de Samper el ELN presentó al país su propuesta de Convención Nacional, como vía para construir los procesos de la nación. Una convocatoria a todos los sectores para discutir los problemas de Colombia y diseñar su futuro de paz, entendida la paz como gran acuerdo nacional que haga viables las transformaciones del país. En el Gobierno de Pastrana el ELN retomó su propuesta de paz Convención Nacional. Con este propósito se adelantaron diálogos. Se acordó establecer una zona de encuentro, que comprendía las cabeceras municipales de Cantagallo, San Pablo y parte de Santa Rosa del Sur, en el Sur de Bolívar. Los intercambios entre representantes del Gobierno y el ELN comenzaron en el Oriente antioqueño, luego en Cuba y finalmente en el Sur de Bolívar. Cuando dicho acuerdo requería la firma del Gobierno, los paramilitares obligaron a Pastrana a no firmarlo. En contravía de lo acordado, se lanzó una operación militar contra la región donde estaban nuestros negociadores, quienes se replegaron bajo el fuego enemigo, colocando 4 bajas en sus unidades de seguridad. En el Gobierno de Uribe, el ELN reanudó sus esfuerzos por la paz de Colombia. En la mesa de diálogo se lograron importantes avances. Se estableció una ruta de paz donde el conjunto de la sociedad sería protagonista. Cuando todo parecía resuelto, el Comisionado de Paz gubernamental, Luís Carlos Restrepo exigió al ELN que se concentrara en un lugar, se contabilizara e identificara, como mecanismo de control. Dicha exigencia era absurda, pues existían los mecanismos de control que obligaban a las partes a cumplir sus compromisos. En tales circunstancias, Uribe suspende unilateralmente la facilitación del Presidente Chávez, abortando una vez más la anhelada paz para Colombia. Luego de ocho años de hecatombe uribista, de exclusión social, de persecución, de guerra, de arrodillamiento ante los gringos y de corrupción exacerbada, los colombianos estamos obligados a construir un camino que nos conduzca a la paz con justicia social, que recupere el ejercicio de la política para la decencia, y donde la participación de todos en el diseño de su destino sea la base para la construcción de la democracia. A la propuesta del nuevo Presidente Santos de “Acuerdo Nacional”, las mayorías debemos superar las limitaciones de este acuerdo burgués, levantando la iniciativa de un “Acuerdo Nacional por la Paz” que haga viables transformaciones estructurales de los problemas que han sido causas originarias del conflicto interno, pues mientras ellos vivan, la insurgencia seguirá existiendo. Dentro de este espíritu amplio, democrático y pluralista, el ELN quiere retomar la construcción de un camino de paz con la participación de todos los colombianos. Seguimos viendo válido el proceso de Convención Nacional, ya que nos permitirá convocarnos a todos los colombianos a discutir los problemas, recrear y construir la democracia participativa y además diseñar caminos de futuro. Todo este proceso podría concluir con una Asamblea Constituyente. Al Congreso de los Pueblos, al Cabildo Permanente y a todas las expresiones del movimiento social les decimos que valoramos sus esfuerzos por la convergencia popular y nacional, abogamos por la tolerancia y el respeto en medio de la diversidad, que haga viable un gran movimiento nacional que sea el principal soporte en la construcción de la paz y la justicia social. Este proyecto no cabe en los estrechos marcos de unidad oligárquica propuesta por Juan Manuel Santos como remedo del Frente Nacional que condenó a Colombia a una violencia perpetua. Al Polo Democrático, a los movimientos políticos alternativos, su creación como encuentro de importantes sectores de izquierda generó muchas expectativas en el pueblo que no pueden dejarse decaer. Por el contrario, hay que revitalizarlos, abogando por la unidad del campo popular y democrático, levantando y ampliando las bases programáticas para una nueva Colombia donde la paz se asuma como una bandera nacional. A las comisiones facilitadoras de paz y de reconciliación nacional, consideramos de gran valor su aporte en los anteriores procesos de paz. Pese a los obstáculos encontrados, no podemos desfallecer. Hoy la paz es una exigencia. Sólo la suma de voluntades la hará posible. Mientras exista el conflicto debemos estar en comunicación, recrear propuestas, iniciativas y buscar salidas. A la Iglesia colombiana, nuestro reconocimiento por la defensa que hace de los humildes, en particular de las víctimas del conflicto. Hoy se colocan en el orden del día los diálogos pastorales y humanitarios como preámbulo a escenarios de un diálogo nacional. Estamos de acuerdo en que esa labor humanitaria no debe ponerse a consideración de nadie, porque es parte de su condición cristiana y humanitaria. A las organizaciones de víctimas, su meritoria labor nos merece todo respeto y consideración. La paz de Colombia pasa por reconocer a las víctimas del conflicto y la íntegra aplicación del proceso de Verdad, Justicia y Reparación. A tal propósito, debemos contribuir todos. No podrá existir paz si no se afronta con valor y decisión el drama de todas las víctimas del conflicto para buscar una acertada solución. Al Gobierno nacional le decimos que tiene el reto de ofertar al país un camino hacia la paz, pues el mandato constitucional así lo establece. La insurgencia existe por unas causas sociales, económicas y políticas que los gobiernos no han querido transformar. A ese camino de transformaciones es al que la insurgencia llama construcción de paz, y para ese propósito siempre estaremos dispuestos a dialogar. Al Parlamento queremos decirle que debería ser la tribuna donde se expresen los movimientos sociales. No puede seguirse suplantando la voluntad popular y legislar sin ningún tipo de consulta a quienes lo eligieron. El Parlamento debe estar abierto a escuchar al conjunto del movimiento social, a discutir los problemas del país y no ser la manguala que ha entregado el país a la corrupción, las mafias y al paramilitarismo. A Latinoamericanas y Latinoamericanos por la Paz: Sus esfuerzos por el país y el continente se han ganado el reconocimiento de amplios sectores de la opinión nacional e internacional, y es necesario dar un nuevo perfil a una interlocución más directa con el ELN y de cara al país, y junto con otros esfuerzos nacionales e internacionales, abramos las puertas hacia la paz de Colombia. A Unasur le reafirmamos nuestra solicitud de acompañar la búsqueda de la paz en Colombia, entendida ésta como una necesidad para la estabilidad democrática del continente, y así como se ha escuchado los argumentos del Gobierno colombiano frente al conflicto, consideramos de necesario equilibrio y justeza política, que se escuchen los planteamientos del ELN. Colombia les sabrá agradecer. Valoramos el concurso y la solidaridad que en oportunidades anteriores países como Cuba, Venezuela, Noruega, Suecia y Suiza, entre otros, han contribuido significativamente en la búsqueda de la paz en Colombia. Reafirmamos que el ELN está firmemente comprometido con el respeto a las comunidades: a su vida, bienes y organizaciones. Seguirá siendo exigente para que todas sus unidades cumplan este mandato. Estará abierto a escuchar las críticas y dispuesto a rectificar sus errores cuando los haya cometido. Reiteramos nuestro respeto y acatamiento al DIH, teniendo la voluntad de discutir e intercambiar sobre asuntos particulares del conflicto colombiano con el espíritu de resolverlos. Por último, somos categóricos en reafirmar que no tenemos nada que ver con el narcotráfico. No tenemos cultivos, ni laboratorios, ni redes de transporte o distribución. Para prueba de ello, no existe ningún registro judicial ni lo habrá, pues nada tenemos que ver con ese fenómeno. Que Colombia cuente con el ELN para una propuesta de paz que nos deje justicia social y una verdadera democracia. ¡Colombia para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás! ¡Liberación o Muerte! 120.

22-11-2010, Los primeros 100 días de gobierno de Juan Manuel Santos, unos los califican, como “más de lo mismo”, mientras otros los valoran como una gestión reformista. Ante la horrenda crisis económica mundial, los gobiernos de derecha descargan su peso sobre el pueblo, mientras inyectan grandes sumas de dinero a las Corporaciones capitalistas; por ello, Uribe sostuvo económicamente a los mayores agro-exportadores y hasta ahora, el Presidente Santos, no muestra cambios en esta política. Sigue llegando la inversión extranjera directa para minería y petróleo, lo que significa un nulo aporte a crear empleo; que es lo mismo que hizo el gobierno anterior. El cambio que introduce Santos, es monopolizar en el Palacio presidencial, las regalías que se reciben por estos recursos, centralizando la corrupción y dejando a las regiones productoras, sin estos ingresos. La inseguridad urbana empeora, a causa de las bandas narco-paramilitares, que hasta el 2008 fueron aliadas del régimen en la guerra sucia, pero que desde entonces, además de seguir eliminado opositores, hostigan a toda la sociedad. Esta herencia de Uribe, es también un legado de Santos, desde cuando ejercía como su Ministro de Defensa. La reforma principal de este Presidente está en las relaciones internacionales, ahora más integradas con Latinoamérica; aunque como fiel servidor de Estados Unidos, le está cumpliendo al pie de la letra, con la entrega de nuevas Bases militares en territorio colombiano. Santos continúa aplicando las estrategias de Uribe. Otro cambio, es el destape de antros de corrupción, heredados de la era Uribe. La transparencia en el gobierno es sana, pero habrá que ver si la denuncia a la corruptela del gobierno anterior, Santos la aplica también a su gestión; porque de no ocurrir así, estaríamos asistiendo a una fenomenal lavada de imagen del régimen, con la cual echarían las culpas al presidente saliente y exculparían al actual, quien como todos saben, ha sido un firme soporte de Uribe, desde hace más de 15 años. La corrupción ya no la podían seguir escondiendo. Varias instituciones estatales dedicadas a la contrainsurgencia y por tanto relacionados con Santos, en su época de Ministro de Uribe, hoy son exhibidas ante la opinión, como entes infiltrados por el narco-paramilitarismo, puestos al servicio de mafias y en contra de los colombianos; como son los casos de la Dirección de Estupefacientes, Fondelibertad, el DAS y el INPEC. Otras instituciones las convirtieron en legalizadoras y financiadoras de los aprovechados, con el despojo de tierras hecho por escuadrones narco-paramilitares a campesinos, comunidades aborígenes y afroamericanas, entre ellos están el Incoder, el Banco Agrario e Ingeominas. Santos como jefe de las fuerzas militares, está al tanto de las alianzas con estos escuadrones. Está por verse, si a los cambios hechos por Santos, se les podría llamar reforma o poda, porque lo que muestran sus primeros 100 días de gobierno, son una poda de ramas podridas, para fortalecer el régimen de extrema derecha neoliberal, que heredó de Uribe 121.

26-11-2010, Propuesta de paz del ELN: El ELN se dispone a reunirse con todos los sectores de la sociedad, para crear el escenario en que se llegue a este Acuerdo Nacional, donde confluyan los partidos y movimientos políticos, los movimientos sociales, los gremios y todas las expresiones de nuestra nacionalidad, que son baluartes de la búsqueda de la paz y la democracia. Salida política y abrir un proceso de paz: 1. Abrir un proceso de paz entre los colombianos, que se sustente en la reconstrucción de democracia plena, la justicia social y el bienestar de las mayorías, que haga posible solucionar el conflicto social y armado, donde el primer paso inmediato sea el Acuerdo Humanitario, buscando el interés nacional y el desatranque de los inamovibles. 2. Acordar un plan para abordar sin dilaciones la grave crisis humanitaria de los desplazados y desterrados, que deje atrás la impunidad y haga real los derechos de verdad, justicia y reparación. 3. Acordar el proceso para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que represente el mapa político de hoy, con la que se reconstruya el consenso social y los nuevos marcos institucionales, sobre la base de abordar los problemas estructurales de la sociedad colombiana en el orden social, económico, político, militar y de soberanía nacional. Un Referendo aprobatorio debe refrendar los resultados de esta Constituyente Fuente: comunicado del COCE del 25 abril 2008 122.

6-12-2010, Carta abierta a las victimas del invierno del Comando Central ELN. Compatriotas, el Ejército de Liberación Nacional, les expresa su solidaridad en estos momentos trágicos donde ustedes lo han perdido todo, menos sus ganas de vivir y luchar contra la injusticia, la marginalidad, la discriminación y la pobreza. Es verdad que el invierno causó las inundaciones y estas destruyeron cultivos, viviendas, vías e hicieron que el país tuviera que ser declarado en Calamidad Pública. También es cierto que el invierno es previsible, existe tecnología para calcular los niveles invernales y el gobierno nacional conoce cuáles son las comunidades en riesgo, así como el estado vial del país. La gran pregunta entonces es: ¿Qué medidas preventivas se tomaron antes que llegara la tragedia? Ni siquiera se atendieron, ni se atienden hoy las Alertas Tempranas, esto refleja el grado de desatención e indolencia del gobierno. Si examinamos la historia del país, esa conducta irresponsable es reiterativa. ¿Qué ocurre con los recursos del presupuesto nacional que pagan los colombianos y colombianas, destinados a estas previsibles tragedias? Un importante monto se lo roban los corruptos que ocupan importantes cargos burocráticos, otro se recorta para destinarlo a la guerra, una guerra que se planea en el Pentágono norteamericano y que considera que entre los pobres está un peligroso enemigo interno, al que hay que combatir y destruir a toda costa. Lo anterior permite concluir que la tragedia de los pobres no es prioridad del gobierno, mientras que la guerra, sí lo es y eso lo ha reafirmado el actual Presidente. Desde hace varios años, el ELN ha reafirmado al país y al mundo, la urgencia de encontrar una Salida Política al conflicto social y armado que vive Colombia, lo cual implica un proceso de cambios políticos y sociales, que sean debatidos y aprobados por las mayorías; sin embargo la respuesta simplista y arrogante de varios gobiernos a la insurgencia, ha sido una oferta para que desaparezca como tal, desmovilizándose y desarmándose. ¿Acaso cambió la situación del pueblo cuando en 1953 se desmovilizaron las guerrillas liberales confiando en una promesa o cuando en 1991 se desmovilizaron el M-19 y el EPL? El ELN no busca dialogar para desmovilizarse, sino para que se abra un amplio intercambio entre todos los colombianos, que busque caminos de solución a los gravísimos problemas de las mayorías del país y se abran los espacios de la democracia, la justicia social y la soberanía nacional; esto sólo es posible con el concurso decidido de todos los colombianos y colombianas. Cualquier otra salida es ilusa y peligrosa, porque agravará y prolongará el conflicto. Ante la magnitud de la tragedia invernal, el ELN le propone al gobierno nacional pactar un cese al fuego y las hostilidades de manera bilateral, para darle prioridad a la atención de la tragedia invernal, entre otras urgencias a discutir y acordar. Hoy el país está militarizado por orden del gobierno; sus fuerzas armadas, con el pretexto de atender la emergencia invernal, han arreciado sus operaciones militares, agravando aun más la crisis de la población afectada, que vive su drama en medio de la guerra. Buscar soluciones de fondo y no los mismos “paños de agua tibia”, es lo más sensato y racional. Comando Central del ELN. Colombia para los trabajadores. Ni un paso atrás, Liberación o Muerte. Montañas de Colombia 6-12-2010 123.

7-2-2010, Desde Bucaramanga, la Senadora Piedad Córdoba confirmó que antes de que concluya febrero serán liberados el Sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado José Daniel Calvo. Confirmó que así se reactivó el proceso de entrega de los secuestrados de parte de las FARC y que Brasil será el país que fungirá como facilitador, con el fin de dar la logística precisa para las liberaciones. Se declaró a la espera de que el Gobierno responda para que las FARC entreguen las coordenadas que permitan la entrega de los dos uniformados y los restos de Mayor Julián Ernesto Guevara, que murió en cautiverio 124.

18-2-2010, Al término de la primera reunión conjunta entre el Gobierno, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Colombianos por la Paz, y la Iglesia, se conoció que hubo consenso con los pasos a seguir para la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo, el soldado José Daniel Calvo, y la entrega de los restos del Mayor Julián Ernesto Guevara. Al encuentro asistieron el Comisionado de Paz, Frank Pearl; el Delegado del CICR en Colombia, Cristophe Beney; Olga Amparo Sánchez, Delegada de Colombianos por la Paz, y Monseñor Juan Vicente Córdoba, Secretario General de la Conferencia Episcopal. Cristophe Beney, Delegado del CICR en Colombia dijo: “Aunque todavía quedan muchas cosas por pulir, el acuerdo no tiene marcha atrás”. Frente a la prevención del gobierno respecto de que la operación podría ser aprovechada por la Senadora Piedad Córdoba, para hacer 'show' electoral, Olga Amparo Sánchez, Delegada de Colombianos por la Paz fue enfática en señalar que, si ese temor es un obstáculo insalvable, habría disposición de la Senadora Córdoba para que el acto de entrega de los uniformados se haga después del mes de mayo “bajo responsabilidad del Gobierno” 125.

24-2-2010, La Senadora Piedad Córdoba anunció que el colectivo de Colombianos y Colombianas por la Paz estudia la posibilidad de proponerle a las FARC que aplacen la fecha de las liberaciones para después de las elecciones del 14-3-2010. Explicó que ante la incomodidad manifestada por el Presidente Alvaro Uribe, quien en repetidas oportunidades ha dicho que se utilizan las liberaciones para hacer proselitismo político, la mejor decisión sería no llevarlas a cabo antes del 14, pues se correría el riesgo de que se trunque el proceso: “Lo más importante es verlos vivos, libres y en paz junto a sus familias cuanto antes, pero mientras el proceso camina, de Presidencia solo llegan comunicados publicando suspicacias en caso de realizarse antes del 14-3-2010, en tal caso es preferible elevar a las FARC una solicitud pública para que permitan que la fecha de liberación sea posterior al día de elecciones al Congreso” 126.

25-2-2010, El ex Senador Mario Uribe, primo y principal aliado político del Presidente Alvaro Uribe, fue capturado por segunda vez y llamado a juicio por presuntos nexos con grupos paramilitares. Ya había estado preso durante cinco meses por el mismo caso, pero la Fiscalía lo dejó en libertad, aunque lo mantuvo vinculado a la investigación, que fue retomada recientemente por la Corte Suprema de Justicia. Hay testimonios en su contra, de al menos dos ex paramilitares, entre ellos el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso, quien fue extraditado a EUA. Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la Comisión de Paz de Antioquia, cuya capital es Medellín, dijo respecto de la detención del congresista: “Tengo la impresión de que no sólo hay razones de carácter jurídico, sino también intereses políticos. En este país hay muchos resentimientos”. El analista político Jaime Castro sostuvo que la decisión de encarcelar a Mario Uribe por segunda vez “demuestra que la investigación por la para-política no está muerta. Que la Corte suprema lo detenga y lo llame a juicio significa, en la práctica, que Mario Uribe ya tiene media condena asegurada”. La Corte Suprema juzga en única instancia a varios funcionarios en Colombia, entre ellos los miembros del Congreso. Aunque Mario Uribe renunció a su investidura de Senador, para no ser procesado por la Corte, el tribunal cambió su jurisprudencia y retomó varias investigaciones, entre ellas la del primo del presidente 127.

6-3-2010, Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las más importantes organizaciones de derechos humanos de Colombia, destacó el informe presentado por Sekaggya: “Este es uno de los informes de Naciones Unidas que más a fondo ha ido en relación con la gravedad de la situación”. Lo paradójico es que, al mismo tiempo, “algunos columnistas de prensa acusan a las ONG de derechos humanos de estar haciéndole una guerra jurídica al Estado”. Alirio Uribe, Director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, cuya organización sufrió interceptaciones, seguimientos ilegales y planes de desprestigio por parte de la policía secreta, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, dijo que desde hace mucho tiempo las organizaciones defensoras de derechos humanos se han quejado de los ataques y las amenazas contra sus miembros: “Los hostigamientos no solo han sido contra los defensores de derechos humanos, sino también contra sus familias” 128.

29-3-2010, El soldado Josué Daniel Calvo Sánchez fue entregado en una zona selvática a una comisión humanitaria integrada por personal del CICR, de la Iglesia Católica, y por la Senadora del opositor Partido Liberal, Piedad Córdoba. Cerca de un centenar de personas con remeras blancas y con claveles del mismo color se reunieron en el aeropuerto para dar la bienvenida al soldado. “Acuerdo humanitario ya”, gritaba la gente, la mayoría familiares de rehenes o antiguos prisioneros. La Senadora Piedad Córdoba, advirtió que las liberaciones de esta semana son las últimas que las FARC harán de manera unilateral 129.

8-4-2010, La liberación de Pablo Emilio Moncayo, tras doce años de cautiverio en manos de las FARC, no ha logrado poner en la agenda electoral la discusión de un acuerdo humanitario que garantice el regreso a casa de 22 militares aún en poder de la guerrilla. Alvaro Villarraga, Director de la fundación Cultura Democrática y miembro del Consejo Nacional de Paz dijo al respecto: “La coyuntura es muy negativa. Casi que se ha convertido en un estigma buscar cualquier entendimiento con la guerrilla. Lamentablemente, ésta ha sido una guerra muy cruzada por las violaciones de las partes”. Explicó que no es fácil hablar de acuerdos humanitarios cuando los rebeldes “han estado comprometidos tanto con el secuestro y en medio del discurso antiterrorista del Presidente Alvaro Uribe”, quien asumió su cargo en el 2002. Este ambiente en Colombia ha convertido los acuerdos humanitarios -un tema común en medio de los conflictos armados- en “un tabú”. La guerrilla ha sufrido una dura “derrota política” en los últimos años y tal vez por esa razón un eventual acuerdo humanitario podría ser el inicio de negociaciones que condujeran a la salida política de un conflicto que lleva cinco décadas. El candidato del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro dijo: “El intercambio humanitario solo debe darse si hay el comienzo de una negociación de cara a terminar el conflicto en Colombia, sin eso no puede haber canje”. El último acuerdo humanitario que hubo entre el gobierno colombiano y las FARC fue en el 2001, durante la gestión de Andrés Pastrana, cuando se intercambiaron 284 militares en poder de la guerrilla por 15 rebeldes presos. Una semana después de la liberación de Moncayo y de otro soldado, la Senadora opositora Piedad Córdoba emprendió una gira por cuatro países de Europa, para buscar apoyos a un acuerdo humanitario. La Senadora Piedad Córdoba dijo: “El mundo no nos puede seguir dando dinero para matarnos y eternizar la guerra. Debe apoyarnos en la salida pacífica al conflicto”. Los candidatos presidenciales al parecer tratan con pinzas el tema y prefieren no abordarlo a fondo 130.

12-4-2010, En entrevista dada por la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, líder del movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz, durante su gira por Suiza, declaró: Colombia presenta un cuadro horrible y espantoso de degradación humanitaria, cuando hay mas de 18 millones de pobres, 8 millones de indigentes, 5 millones de desplazados internos, 3.5 millones de refugiados internos por la guerra y la pobreza, mas de 200 mil personas desaparecidas forzadamente en los últimos 15 años y por ultimo mas de 5 mil víctimas por los falsos positivos y por eso hay que avanzar en el proceso del intercambio humanitario en procura de la paz con la ayuda de los países europeos. La situación en las cárceles colombianas es espantosa con torturas, maltratos, montajes judiciales con las detenciones arbitrarias a muchas personas que no son insurgentes pero por ser defensores de derechos humanos u opositores al gobierno, o denuncian actos de corrupción, son detenidos sin justa causa siendo los mas afectados los estudiantes de las universidades publicas los cuales son ligados a las FARC, pero extrañamente a nadie ligan al paramilitarismo. Al Rector de la Universidad Industrial de Santander … le cogieron grabaciones de sus relaciones con el paramilitarismo, la manera como fue elegido y la tarea de perseguir estudiantes son un ejemplo de complicidad. Todo el que se atreva a denunciar en Colombia la violación de derechos humanos termina siendo terrorista. Los intereses de las multinacionales europeas en Colombia juegan a favor de la guerra, juegan a favor de la degradación de los derechos humanos. Yo no se que será para Europa el terrorismo. Ya que para nosotros significa un capricho estatal, donde todo lo que no esté de acuerdo con lo que ellos quieran hacer es terrorismo, independientemente que uno no este armado o que uno no pertenezca a ningún actor armado y eso ha sido muy útil para esconder la situación de miseria, de pobreza, pero sobre todo de violación tan espantosa de los derechos humanos, donde el gobierno adopta una política como la de la seguridad democrática ofreciendo recompensas a quienes denuncien y por los ascensos en las mismas fuerzas armadas a costa de los falsos positivos que se vienen dando en todo el país y donde sin embargo, el responsable es candidato presidencial y va a ser presidente. La guerra es una estrategia muy poderosa para seguir acumulando riqueza y privilegios. No entiendo cómo se puede hablar de tratado de libre comercio desconociendo lo que pasa en Colombia, cuando es supremamente grave la situación de derechos humanos, cuando uno no ve una decisión clara en parar no solamente esas acciones sino en parar la guerra, por eso sabiendo que es una decisión de los colombianos, pero también entendiendo el papel que hoy juegan las multinacionales en los países nuestros, pero es claro y razonable que se conozca que nuestras decisiones de intercambio no obedecen a una relación o una pertenencia con ninguna guerrilla FARC o ELN, sino la necesidad de avanzar hacia la posibilidad de acabar la guerra en el país. La posibilidad de que se acabe la guerra interna en Colombia, depende de una decisión y voluntad política, que no existe. No creo que un gobierno y un Congreso con un porcentaje tan alto elegido por el paramilitarismo y fraudulento donde el gobierno ha obtenido casi el 70% del control del Congreso tenga esa voluntad. Esto ayuda a mantener toda esa postura política de la seguridad democrática, de la privatización de todos los derechos más importantes del país, y sobre todo el gobierno no logra la tercera reelección, pero logra una mayoría importante en el legislativo y eso significa control político. Es importante generar conciencia ciudadana sobre el impacto de la guerra y la necesidad de acabarla. El altísimo presupuesto de la nación, el 10% destinado para la guerra, sin contar todo lo que es la privatización de la seguridad, que bordea el 50% de los recursos privados y públicos del país, porque son muchísimas las agencias de seguridad privadas que tienen presencia en la vida del país y que operan en manos privadas, sumado a una presencia creciente del paramilitarismo recompuesto a través de grupos mas violentos y presencia muy clara de ex-agentes de la fuerza pública, pero en connivencia con agentes del Estado, mostrando que acabar la guerra debe ser una decisión política. La insurgencia ha manifestado voluntad de acabar la guerra. Como mediadora durante todo este tiempo de las liberaciones, se ha observado claramente esa situación. Las liberaciones no fueron una decisión de deshacerse de políticos, o de espías norteamericanos, sino también de demostrarle a la sociedad colombiana que llegando a acuerdos se puede salir de la guerra. Una de las nuevas estrategias es culpar a los países vecinos de la guerra que vive el país y es todo lo contrario, somos nosotros los que hemos venido alargando la mano de la guerra hacia los otros países, una por la presencia que es muy clara en las regiones limítrofes donde operan las FARC y ELN, por lo difícil que es ubicarse limítrofemente, como por ejemplo en el Putumayo de saber si está en Brasil o en Colombia y lo que también es claro es la presencia del paramilitarismo en la desestabilización de los países de la región, que es una manera de extender el conflicto hacia otros países”. Hay un juego muy bien articulado mesiánicamente, que en vez de centrarnos en cómo resolverle el problema del desempleo a 18 millones de personas (16% de la población colombiana), la cifra mas alta de América Latina, el gobierno sigue metido en la lámpara de Aladino con la computadora de Reyes, hablando de terrorismo y esto es una manera de desconocer lo que está pasando en el país. Voluntad política hay en la medida en que se avance hacia el intercambio, pero también donde se pongan sobre el tapete propuestas que la sociedad civil este dispuesta a recoger, tramitar y enfrentar, independientemente de que nos califiquen de terroristas, no hacer nada es facilitar el terrorismo que también se hace desde el Estado y desde muchos sectores privados que coadyuvan a esta mirada indiferente frente a la guerra. El conflicto tiene una lectura diferente ahora a la de antes, ya que las guerrillas utilizan métodos que no tienen nada que ver con la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y que nosotros rechazamos, pero hay otras maneras de hacer la guerra en el país y tiene que ver con la insatisfacción de los problemas, con el narcotráfico, con el paramilitarismo y acá voy hablar de la relación de los paramilitares con las multinacionales, y el tema de la corrupción es mucho mas grave que el tema de la guerrilla. Respecto del número de personas en poder de las FARC, las cifras que el gobierno da, no son ciertas, ya que mantener 3.500 personas secuestradas es prácticamente imposible, máxime cuando Colombia está invadida por los norteamericanos, hay mucha presencia del ejercito norteamericano, de mercenarios israelíes, presencia de más de los que son contratistas de EUA. Cuando les preguntamos a las FARC, dijeron que solo tenían 9 civiles en su poder, abriéndose un debate en el país entre las fundaciones de defensa de los secuestrados y de la cifra de 3.500 bajaron a 130 y el último informe del Fondo de Libertad dio 69, que es la cifra oficial, por lo que uno se pregunta ¿quien recaudaba la plata de ayuda, por la supuesta cifra de 3.500 personas secuestradas? Es corrupción que se apliquen cifras que no son para beneficiar sino a algunos. Cada vez más se profundiza una política derrotada que es la de la seguridad democrática y que ellos no quieren reconocer, ya que no se puede hablar de una política que gana, cuando hay 5 millones de personas desplazadas, siendo Colombia el segundo país del mundo después de Sudan en materia de desplazamiento forzado y que otros 4 o 5 millones de personas se han tenido que ir del país, muchísimos por las amenazas y otros por causas de la política económica, por la pobreza. Es mentira que la seguridad democrática es una política inversionista; nosotros no la vemos. Es un sistema especulativo que no le genera ni empleo, ni progreso ni desarrollo al país. La Misión del Parlamento Británico confirmará lo de la fosa común mas grande, encontrada en la región de la Macarena (Meta), donde hay más de 2 mil fosas comunes. Ha sido tan grande el escándalo, que el Parlamento británico va a reunirse con nosotros y verificar esta triste y horrorosa realidad. Toda esa política de exterminio se da bajo el Ministerio de quien hoy es el candidato oficial, prácticamente el candidato del Presidente, por lo que, uno no ve un cambio real en el futuro cercano y lo que debe haber es una decisión de la sociedad civil de enfrentar un clima de guerra y cada vez más de degradación de los derechos humanos, de la corrupción como el del mismo sistema electoral, que elige a los que pagan los votos y que afecta la participación de la misma izquierda y la oposición la cual se ha visto afectada por todos estos fenómenos. Estamos en Europa no solo por el intercambio humanitario, que es muy importante, pero también es muy importante resolver por las vías pacificas y negociadas, todas estas situaciones graves que vivimos en Colombia y tratando de enfrentarlas a pesar de todas las persecuciones de que esto no profundice más la guerra en el país. El discurso de que la guerrilla lo que quiere es el reconocimiento político para nosotros es una excusa baladí, porque hay muchos sectores de la sociedad que no estamos armados y estamos en contra del sistema actual, y de seguir las cosas como van, no sabemos a dónde iremos a parar y por eso nos parece importante que se abra el debate sobre el fin de la guerra y no enmarcándonos simplemente en que los que apoyamos el intercambio somos terroristas o estamos a favor de las FARC y el ELN, pero no se dice nada cuando es del paramilitarismo y todo esto también acompañado por una ofensiva mediática de los grandes medios de comunicación que son de grupos extranjeros como Prisa y Planeta. Mucho mas allá del intercambio es generar unos imaginarios en Europa de todo lo que está pasando de manera objetiva y sobre todo invitar a países como Suiza a trabajar con la sociedad civil y a reconocer que ellos saben qué está pasando en Colombia y en ese orden de ideas poder jugar con escenarios de futuro, cuál es la responsabilidad social de las multinacionales en el país: ¿le hacen el juego a la guerra a través del paramilitarismo o realmente están en la decisión ética de que se acabe? Ninguno de nosotros estamos en contra de las inversiones extranjeras o de la iniciativa privada, pero tampoco estamos dispuestos a entregar el país. No se puede negar que hay una estrategia de la derecha, que se ha venido reformulando desde sectores como España. A nosotros se nos persigue por haber tenido alguna relación con Chávez, sin embargo en el país no existe ningún grupo bolivariano como se inventan; yo personalmente no lo podría decir, pero el Partido Popular de la derecha en España acaba de instalar una sede en Bogotá con todo, con Rajoy a bordo y Aznar pasa cada 8 días allá, donde además se han establecido cadenas de radio y de TV enlazados para generar un imaginario en contra de la izquierda y en contra de todos nosotros, y muchos sectores de la izquierda sucumben ante una presión de esta magnitud; es decir el panorama es muy complejo y ante la idea de seguir con la propuesta de un mundo diferente y la construcción de un Estado diferente en el país, lo que hacen es que se apropian del discurso de la guerra con el afán de avanzar y con ello no vamos a avanzar, ya que la mayoría de la gente nuestra está siendo asesinada y otros se tienen que ir 131.

13-4-2010, La Senadora opositora colombiana Piedad Córdoba fue acusada disciplinariamente por el Procurador (Inspector) General, Alejandro Ordoñez, por supuestos vínculos con la guerrilla izquierdista de las FARC. La decisión se tomó en base a correos electrónicos hallados en los computadores incautados después de que, en marzo del 2008, las fuerzas militares de Colombia bombardearon en Ecuador el campamento de Raúl Reyes, el tercero al mando de las FARC. La Senadora Córdoba, del Partido Liberal, ha jugado un rol fundamental en más de 14 liberaciones unilaterales hechas por las FARC en los últimos dos años, en las cuales ha participado como garante. El congresista electo Iván Cepeda, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, dijo: “Yo confío plenamente en la inocencia y rectitud de ella, y no se pueden confundir, de ninguna forma, sus gestiones humanitarias y aportes por la paz con cualquier clase de nexos ilegales e indebidos con las FARC”. Rafael Pardo, candidato presidencial del Partido Liberal, defendió a la Senadora Córdoba y dijo que el procurador está buscando una “cortina de humo”, en vez de investigar las irregularidades, que según él, se cometieron en las pasadas elecciones al Congreso. Carlos Gaviria, quien fue candidato presidencial del opositor Polo Democrático Alternativo, dijo que las actuaciones del Procurador “son poco creíbles. El Procurador está obrando bajo la presión de que hay que equilibrar la llamada Farcpolítica con la Parapolítica, algo que es un imposible metafísico”. La acusación displinaria contra la Senadora Córdoba coincidió con la entrega de pruebas de supervivencia de dos uniformados que están cautivos desde 2007 y 2008. Uno de ellos, el capitán Guillermo Solórzano, de la Policía, dijo que “el acuerdo humanitario es un clamor nacional e internacional” 132.

13-4-2010, En la Universidad de Ginebra, la Senadora Piedad Córdoba, respondió a preguntas respecto de la situación en Colombia. Sobre qué es un “falso positivo” dijo que la política de recompensas que generó el gobierno, y en la cual J-M Santos, actual candidato del régimen, y ex Ministro de la guerra de Uribe promovió en los militares para mostrar resultados victoriosos de la política estatal, para ganar ascensos en la cúpula militar, lo que en realidad fue la implementación sistemática de asesinatos a jóvenes pobres de Soacha y otras regiones, que fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Para los presentes quedó claro, que las famosas cifras de guerrilleros muertos en combate, fueron infladas en detrimento de la vida de jóvenes pobres asesinados por esta política estatal. Comentó que hay una negativa sistemática del conflicto por parte del gobierno. “En esa negativa del conflicto colombiano por parte del gobierno, nace la organización de colombianos y colombianas por la paz, que considera que la solución del conflicto colombiano pasa por el reconocimiento del mismo”. Se empeñan en negar la existencia del conflicto social, político y armado a pesar de las cifras y de lo macabro que hemos escuchado. Hizo referencia a los hornos crematorios con los que los paramilitares desaparecían a las víctimas. “El paramilitar, llamado “el iguano” por ejemplo, nos contó, en la cárcel de Cúcuta antes que lo extraditarán, cómo funcionaron los hornos crematorios, la misma revista semana reveló una foto de estos, los hornos fueron construidos en el Norte de Santander, allí la gente fue cremada viva, y eso ha sido comprobado y nadie lo puede negar, el iguano es un hombre pobre, que participó con tal maestría en el genocidio cometido en Urabá, que luego fue enviado, esta vez como jefe al Norte de Santander, su testimonio es inenarrable y uno no se explica cómo hemos llegado a tanto horror, como utilizar los famosos lagos de cocodrilos para desaparecer la gente. El Iguano nos que dijo que sólo él, había matado 5900 personas y hasta ahora sólo ha podido confesar 132, en esas cifras se encuentran sindicalistas, intelectuales, defensores de DDHH, opositores políticos, y todo aquel acuse de ser parte de la guerrilla”. En colombianas y colombianos por la paz, desde el intercambio epistolar con las FARC-EP y el ELN nos hemos comprometido con el intercambio humanitario y a buscarle salidas a la solución política. Estas salidas que exploramos desde la sociedad civil se han ido extendiendo, los estudiantes se han comprometido, y otros sectores muy importantes de la sociedad colombiana. En colombianos y colombianas por la paz somos conscientes que en Colombia hay partidarios de las liberaciones sin contraparte, y otro sector que comparte el intercambio humanitario. Nosotros nos pronunciamos contra el secuestro, hemos escrito cartas a la insurgencia sobre eso. El fenómeno existe, pero no en la magnitud que pregonan ciertas organizaciones en Colombia, son mayores las cifras de los desaparecidos, y de eso nadie habla en Colombia, ni de los 18 millones de pobres, ni de los 5 millones de desplazados. De los 5 mil jóvenes muertos por los falsos positivos, donde la responsabilidad del Estado colombiano es innegable, son hechos que nos animan a no claudicar en nuestro empeño, y no somos apátridas por decirlo. Sobre la Ley de Justicia y Paz dijo: “Yo he sido una opositora a esta ley, pero tenemos que reconocer que es a través de ésta como hemos conocido ciertas confesiones y testimonios que demostraron los lazos del Estado”, a través del ejército, policía y los paramilitares y su compromiso en estas masacres contra el pueblo colombiano, pero miren bien, el gobierno se asustó con estos testimonios y por eso extraditó a los paramilitares a los EUA, lo que se hizo fue extraditar la verdad. Mancuso en la primera visita, nos pidió perdón por todo lo que nos había hecho, por mi secuestro, por la desaparición de mi hija, y por otros crímenes, nosotros le tocamos el tema de las tierras, que para la constitución de la verdad es muy importante, y nos sorprendimos de que el mismo Mancuso nos dijera, que las principales tierras expropiadas a los 5 millones de desplazados están ahora en manos de políticos e instigadores de los paramilitares. A pesar de los obstáculos, nosotros creímos y creemos en estos gestos de las liberaciones, que abren puertas para la negociación política. Nosotros creemos que la paz en posible en Colombia, a pesar de los intentos de judicialización 133.

13-4-2010, Honorables Magistrados. Corte Suprema de Justicia de Colombia-Sala Penal. Ref: Verificar Condiciones de Reclusión de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda. Respetado Magistrados: Flor Múnera, responsable nacional del área de asistencia carcelaria de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, respetuosamente me permito expresar la gran preocupación que nos causa la información que hemos conocido sobre la situación jurídica y humanitaria del detenido político extraditado Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, rebelde conocido como Simón Trinidad. Por distintos medios, se ha advertido que el Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda fue extraditado a EUA en diciembre del 2005, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia en el Proceso No. 22450, dentro del cual se realizó el siguiente condicionamiento: 7.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de EUA aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición allí podrían imponer como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que Palmera Pineda no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 512 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes”. La Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos, se opone explícitamente a la extradición de colombianos, por considerar que ello constituye un desconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos y la Soberanía Nacional, máxime cuando hemos percibido que en los últimos años se ha hecho un uso abusivo de esta figura. Con referencia al caso, se conoce que si bien Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda no fue condenado a Cadena Perpetua las autoridades norteamericanas le impusieron al detenido político una pena de 60 años de prisión, la cual es superior a la que hubiera obtenido en Colombia por los mismos delitos, teniendo en cuenta la fecha en que éstos se cometieron. Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, no ha perdido su condición de ciudadano colombiano, por tanto el Estado se encuentra aún obligado a garantizar y exigir el respeto de sus derechos humanos. En nuestro país, en virtud de los principios de legalidad y debido proceso, nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes pre-existentes y con el respeto de todas las garantías judiciales, así como de las formas propias de cada juicio; en el marco de tales presupuestos, ningún colombiano podría ser penado con condenas mayores a las establecidas en la normatividad nacional. En el caso de este detenido político, encontramos que fue extraditado para ser juzgado por delitos por los que pudo ser investigado y eventualmente condenado en Colombia, sin embargo, el Estado renunció a su soberanía judicial e hizo entrega de esta facultad a las autoridades norteamericanas, situación que no puede implicar adicionalmente la potestad de que éstas impongan a nuestros ciudadanos condiciones más restrictivas que las que hubiera recibido en este país. Así como la Constitución prohíbe penas como la cadena perpetua, también se proscribe la imposición de penas no previstas en la norma preexistente o superiores a ellas, luego, no resulta ajustado a nuestra carta política el que las autoridades norteamericanas le hayan impuesto al rebelde Simón Trinidad, una condena de 60 años, cuando para la fecha de los hechos por los que fue acusado, la pena máxima ascendía internamente a 40 años. A través de la información trasmitida sobre los juicios en EUA, pudo percibirse la connotación eminentemente política de su juzgamiento, evidenciándose una posición vindicativa por su condición de rebelde, lo que nos hace suponer que su extradición fue requerida y concedida en vulneración de lo preceptuado en la Constitución Nacional que proscribe la concesión de ésta por delitos políticos. La FCSPP es consciente del alcance de la posición adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-456 de 1997, la cual seguimos considerando, como un abono a la desnaturalización del delito político en Colombia; pero ello no obsta para poder plantear que cuando una persona es objeto de un juzgamiento el que se le recrimina con especial énfasis su condición de rebelde, se puede identificar un trasfondo político que transgrede el límite constitucional que habla de no permitir la extradición por delitos políticos. Mayor preocupación nos merece las reiteradas denuncias que se han podido conocer sobre la situación en que se encuentra el detenido político Simón Trinidad en una cárcel norteamericana, donde ha sido confinado en total aislamiento, con restricciones serias del derecho a la visita no solo por el hecho de encontrarse fuera de su país de origen sino por la vigilancia a la que es sometido durante el poco tiempo de contacto con su familia y abogados, además de la prohibición inexplicable de leer, tener un reloj, medios de comunicación, contacto con otros reclusos, entre otras. No podemos dejar pasar por alto, que durante las audiencias realizadas a través de teleconferencias, permanece con cadenas en los pies, manos, cintura y con un dispositivo para realizar descargas eléctricas sobre su cuerpo. El detenido político y además ciudadano colombiano Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, se encuentra sometido a un régimen penitenciario en el que el respeto de los derechos humanos no constituye una prioridad. Hemos tenido conocimiento que por orientación de las autoridades norteamericanas se ha restringido el carácter público de las audiencias previstas en la etapa de juicio según el Código de Procedimiento Penal (Ley 600), lo cual constituye una limitación inaceptable del debido proceso, además de la independencia de los jueces colombianos, quienes son los que tienen la dirección absoluta de estas diligencias en nuestro país. De manera respetuosa nos permitimos solicitar a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: Primero. Adoptar los mecanismos necesarios para verificar las condiciones en que se encuentra el detenido político Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda conocido como Simón Trinidad y establecer si de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales previstos en Colombia, se están violentando sus derechos humanos. Segundo. Adoptar medidas eficaces para que las garantías judiciales y derechos humanos que hasta ahora han sido vulnerados al detenido político conocido como Simón Trinidad, sean restablecidos y respetados de manera ininterrumpida e incondicional. Cordialmente, Flor Múnera, Area Nacional de Asistencia Carcelaria FCSPP 134.

14-4-2010, A pocas horas de finalizar su estancia en Suiza, la Senadora Piedad Córdoba fue recibida en la sede sindical de la Comunidad genovesa de acción sindical (CGAS). En esta sede sindical se llevó a cabo un encuentro con la prensa. El sindicalista Luis Blanco, en nombre de la CGAS, le dio la bienvenida y abrió la conferencia afirmando ante los medios de comunicación presentes, que la prensa en Colombia oculta la realidad, que en Colombia no se le da seguimiento a la grave situación de derechos humanos. “En Colombia ser sindicalista es estar condenado a muerte. Colombia es el campeón del asesinato se sindicalistas, nosotros tenemos que vigilar/denunciar también a las empresas suizas y otras empresas de fachada, que actúan en Colombia con métodos gansteriles frente a los trabajadores y frente al medio ambiente. Ya no tengo dudas de que en Colombia, nosotros tenemos un Estado paramilitar.” La Senadora Piedad Córdoba fue preguntada sobre las pruebas existentes, que demuestran los lazos entre el Estado y los paramilitares: “Cuando yo comencé a presidir la comisión de DDHH del Senado, a finales del 90’s, en esa época yo no me atrevía a decirlo, pero hoy en día, ya no tengo dudas, es más, estoy completamente segura de que, desde que Uribe fue gobernador de Antioquía, cuando el gobierno promulgó el decreto que creo las CONVIVIR, desde esa época, la convivencia entre el Estado y los paramilitares se hizo evidente. Es más, les cuento que hablando con el jefe paramilitar don Berna, nos contó que en una supuesta represalia por la muerte de unos militares, por parte de la insurgencia, militares de alta graduación le pidieron a don Berna el asesinato del Senador Manuel Cepeda. Hay un actual Embajador colombiano, en Republica Dominicana, El General Montoya, que está íntimamente ligado a los paramilitares, en este momento se le han abierto ya varias investigaciones, sobre todo por la operación ORION. Todos estos hechos nos demuestran que, frente al paramilitarismo estamos ante una política de Estado”. No sólo el Estado, nosotros sabemos de muchos empresarios y empresas que financiaron el paramilitarismo, este fenómeno ha sido funcional a muchos de ellos, por ejemplo: “El empresario Hernán Echavarría Olózaga, al frente del grupo económico CORONA llamó a Mancuso para que me fusilarán. La presión internacional me salvó la vida durante el secuestro, como ustedes saben, mi secuestro fue realizado por los paramilitares, y estuve a punto de ser fusilada, pero la presión internacional, le repito me salvó la vida, con el tiempo me he dado cuenta, visitando a las diferentes detenidas del buen pastor, por ejemplo a las dos parlamentarias condenadas por lazos paramilitares, (Rocío Arias, Eleonora Pineda), ellas escribieron un libro que se llama “las alegres comadres” en este libro, ellas confirma que el empresario Herman Echavarría Olózaga , llamó a Mancuso para que me fusilarán, Mancuso mismo, me pidió perdón cuando lo visite en la cárcel de EUA y me confirmó que el empresario Echavarría Olózaga lo llamó para que me fusilarán”. Preguntada sobre el intercambio humanitario y la exigencia de las FARC-EP de incluir a los tres insurgentes extraditados: Sonia, Simón, Iván, afirmo: “el proceso contra Simón Trinidad y Sonia es a todas luces político, se utilizaron testigos falsos, como quedó demostrado durante el juicio contra Simón, y ahora con Sonia pasará lo mismo, el proceso jurídicamente se caerá, según la información que tengo. En el proceso contra Simón sabíamos con antelación que sería condenado a 60 años”. Las FARC-EP siguen considerando el regreso de los guerrilleros extraditados, a pesar de que ellos mismos han declarado que no quieren ser un obstáculo para el intercambio, la situación del conflicto colombiano es todos los días cambiante, las liberaciones recientes por parte de la insurgente demuestra que sí es posible buscar alternativas. Nosotros trabajaremos en Colombianos y Colombianas por la Paz para que este tema no se convierta en un inamovible para las partes, y podamos avanzar, sin abandonar la perspectiva de su regreso al país para abrir caminos de paz. En la extradición de los jefes paramilitares y de insurgentes, aunque son procesos diferentes, se demuestra la instrumentalización del gobierno para su conveniencia particular. El gobierno extraditó a los paramilitares para extraditar la verdad, y a los insurgentes para golpear políticamente a la insurgencia, los delitos imputados a Sonia y a Simón no tienen ningún asidero jurídico. Nosotros debemos trabajar por constituir una comisión de la verdad que contemple la repatriación de los extraditados para reconstituir la verdad. El intercambio humanitario, lograr la paz y reconstituir la verdad es más importante que ser Senador o Embajador, o ser Presidente, porque en el país no tiene sentido hacer política, si no somos capaces de luchar y construir caminos de paz. La Senadora fue enfática en afirmar que “la insurgencia debería borrar de sus métodos de lucha la práctica del secuestro. Las FARC-EP y el ELN deberían declararlo públicamente, pues esto nos permitiría establecer, quienes están detrás de muchos secuestros que se le otorgan a la insurgencia”. Existen bandas de delincuentes que han hecho del secuestro una empresa criminal, pero todos son endilgados a la insurgencia. Desconocer la existencia de la insurgencia colombiana y pensar que los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP y ELN no son parte de una realidad colombiana es un sin sentido, el mismo departamento de justicia supo que los dos abogados de Simón Trinidad estuvieron en los campamentos de las FARC-EP, estamos hablando de abogados del departamento de Estado de EUA, negociando el canje de los tres contratistas norteamericanos por los insurgentes extraditados. En ese momento se contemplaba el traslado de Simón y Sonia a Francia por la liberación de los tres contratistas norteamericanos. Esos dos abogados me acompañaron a visitar a Sonia a la cárcel. Todas las posibilidades están abiertas. La insurgencia esta cada vez más viva que nunca, a mi me costa, que en las grandes ciudades mucha gente, ante la situación de Colombia está pensando irse a militar con la insurgencia. Por eso, repito que las FARC-EP y ELN son una realidad que no se puede seguir desconociendo. No existe compromiso de la comunidad internacional frente al conflicto colombiano. En la reunión que tuvimos con la ONU, nos quedó el mensaje claro, que es a nosotros mismos a quienes nos corresponde ponerle el pecho al conflicto. La ONU se ha quedado corta frente al conflicto colombiano. Yo estoy sorprendida que Naciones Unidas documente desde el 2003 los falsos positivos y no haya dicho absolutamente nada hasta el 2007. La gravedad del conflicto, amerita que el CICR vaya más allá de recoger muertos, o servir de garante en una liberación, la gravedad de la situación amerita que el rol del CIRC se adapte a la realidad del conflicto colombiano, estamos hablando de poblaciones viviendo un bloqueo total por parte de la marina, bloqueo de los alimentos, en el pacifico profundo las poblaciones están siendo sometidas a morir de hambruna ante la fumigación de los productos de “pan coger” persecución contra los pequeños mineros por las multinacionales. “La situación de los presos políticos en las cárceles es denigrante”; si el CIRC y Naciones Unidas no visualizan esta tragedia, simplemente son inoperantes, sobre todo con las 7 nuevas bases militares. Este rol pasivo de los organismos internacionales ayuda más al gobierno a perpetuar la guerra que a nosotros para construir la paz. Colombianos y Colombianas por la Paz como esfuerzo de la sociedad civil está ahí para servir de puente e interlocución, el CICR y Naciones Unidas estaban acostumbrados a trabajar solos, pero ahora no, ahora estamos nosotros ahí, tenemos un conocimiento más cercano de la realidad del conflicto, el CIRC no puede hacer como el gobierno colombiano, vivir de las encuestas que miden la aceptación del público. “La situación, será agravada por la influencia de las 7 bases militares y la extensión del conflicto colombiano más allá de las fronteras, es por eso que nosotros pedimos el apoyo de Venezuela, de Brasil, de Ecuador porque la dimensión del conflicto colombiano no se puede minimizar”. Con el cuento de la computador de Reyes se redujo el apoyo a todas las iniciativas de paz en Colombia. Nosotros creemos que UNASUR debe tomar nota del mapa conflictual de la región. La derecha internacional sigue ocasionando muchos problemas a la unidad latinoamericana. La diplomacia perversa del gobierno colombiano, lo que ha ocasionado, es aislar los apoyos internacionales para buscarle salidas civilizadas al conflicto 135.

15-4-2010, La Senadora colombiana Piedad Córdoba acusó al gobierno de Alvaro Uribe y a sus servicios de inteligencia de haber diseñado “un montaje” para vincularla a la guerrilla de las FARC y acabar con su carrera política. Rechazó el pliego de cargos que la Procuraduría General colombiana anunció el 13-4-2010 en su contra en base a información que contenían ordenadores incautados en un campamento de las FARC en Ecuador bombardeado en 2008. Las acusaciones del Procurador General colombiano, Alejandro Ordóñez, incluyen la presunta colaboración de Córdoba con la estrategia política de las FARC y el aparente financiamiento del grupo armado con dinero de otros gobiernos. Un comunicado de la Procuraduría indicó que la senadora habría ejercido “posiblemente actos tendentes al fraccionamiento de la unidad nacional”. Se trata de cargos disciplinarios, que podrían derivar en una inhabilitación para que Córdoba ejerza su cargo legislativo. La Senadora Córdoba dijo: “Estoy totalmente convencida además de que fue escrito por personas de inteligencia, los intereses del Ministro de la Defensa en ese momento, el General de la policía”. Nunca he sido de las FARC. Que las financie yo y que yo sea quien tomó las decisiones de las inversiones en Europa… tienen que estar locos”. Aseguró que se trata de “una estrategia política total, ha sido una manera ruin de acabar no solamente con la oposición sino con la izquierda en Colombia. Es muy incómodo estar sometido a esto, pero pienso también que hace parte de la política que se está dando en el país y que es una manera de sacarme de la política”. Con la gira que realiza por Europa busca conseguir presión internacional “para que el gobierno acceda a una reunión con las FARC” que permita un intercambio humanitario en el país de prisioneros por secuestrados. “Una manera de lograr que pueda el Presidente Uribe ceder y flexibilizar sus condiciones es que las organizaciones y los países apoyen esta salida”. También prevé reunirse con presidentes latinoamericanos, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el dominicano Leonel Fernández, para buscar que se involucren en el tema. Descartó que el presidente venezolano Hugo Chávez, enfrentado con Uribe, pueda mediar nuevamente entre el gobierno colombiano y las FARC 136.

16-4-2010, Comunicado de la Senadora Piedad Córdoba: Ante la notificación, a través de mi apoderado, del pliego de cargos que me formuló la Procuraduría General de la Nación por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley, le comunico a la opinión pública: 1. Nunca he tenido ni tengo vínculos con grupos al margen de la ley. No he sido promotora ni colaboradora de las FARC. 2. A lo largo de mi actuación como Congresista (primero en la Cámara de Representantes y desde 1994 en el Senado), he sido una constante defensora de los derechos humanos y de la solución negociada del conflicto armado que vive el país desde hace décadas, lo cual no me convierte en promotora de la lucha armada. Mis esfuerzos han estado dirigidos, principalmente, a la exclusión de la población civil del conflicto y a que se ponga fin a la práctica del secuestro. 3. Todas mis actuaciones como facilitadora de las liberaciones de secuestrados en poder de las FARC y del Acuerdo Humanitario se han llevado a cabo con acatamiento a las normas legales y con expresa autorización del gobierno nacional. Hasta la fecha, no conozco pronunciamiento alguno del gobierno nacional en el sentido de que mi labor de facilitadora haya desbordado los límites de las autorizaciones. 4. Estoy presta a acudir ante la Procuraduría a dar las explicaciones pertinentes y a aportar los medios probatorios que desvirtúen los cargos formulados. El derecho fundamental de cualquier persona a expresar libremente sus opiniones no puede ni debe ser sancionado. 5. Es deber de la Procuraduría General ofrecer todas las garantías legales para el ejercicio de mi derecho de defensa, y así lo exijo expresamente. Piedad Córdoba Ruiz, Senadora de la República, París, 16-4-2010 137.

28-4-2010, Durante el lanzamiento de la Coordinadora por el Acuerdo Humanitario, la Senadora Piedad Córdoba, dijo que la comunicación se ha enriquecido con algunas de las posiciones que han presentado los aspirantes a la Presidencia sobre la posibilidad del acuerdo. Aseguró que uno de los propósitos de la Coordinadora por el Acuerdo Humanitario sería hacer “pequeños acuerdos humanitarios en las regiones”, con el ELN y las FARC para avanzar en la discusión de un acuerdo humanitario nacional. El ex Presidente Ernesto Samper dijo que el acuerdo humanitario no es un “regalo” del Gobierno, sino que “es una obligación constitucional”. Afirmó que un intercambio “no excluye un rescate militar”, y que el Gobierno confundió “humanidad con debilidad”. Recordó las palabras del desaparecido jefe de Estado liberal Alfonso López Michelsen, cuando afirmó que, en el tema del intercambio humanitario, el Gobierno no estaba interesado en una solución, “sino en una victoria política” 138.

15-5-2010, En una videoconferencia en Madrid, la Senadora liberal colombiana, Piedad Córdoba dijo: “Yo me pregunto: ¿el terrorismo, es cuál?... ¿el que hace la gente que se está muriendo de hambre que no tiene empleo, que no puede entrar a la universidad, que no puede estudiar?… ¿O terrorismo es lo que hace el Estado al hacer ese tipo de alianzas y de instalación de bases militares en el país?” “Las FARC y el ELN tienen que ser sacados de la lista de “terroristas” para que nosotros podamos avanzar hacia la discusión de la salida política y negociada al conflicto…”. Hay que visibilizar la realidad y el drama en Colombia. Gobiernos como el de España ratifican su apoyo a la guerra en Colombia (…) parten del desconocimiento de que en Colombia existe un conflicto Social y armado”. “El argumento poderosísimo que esgrime EUA y su subalterno en Colombia para justificar la presencia de 7 bases militares (…) es supuestamente para “combatir el terrorismo y el narcotráfico”. “(…) El concepto de “terrorismo” debería ser un concepto jurídico y no un concepto político que se mueve al vaivén de las mismas bases militares, es decir al vaivén de los intereses que tienen gobiernos como el de EUA”. “Nos preocupa enormemente que la Secretaria de Estado del país (EUA) haya expresado que continúan con su política de apoyo a la “Seguridad Democrática”, con su política de apoyo a “lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo”, y de manera muy expresa del combate contra las FARC, nos preocupa enormemente porque esto es una patente de Corso para un gobierno que expira y que, de todas maneras, el hecho de que se vaya Uribe, no significa que la política que ha trazado se vaya con él… Todo lo contrario… sirve de argumento para que muchos candidatos presidenciales en un clima electoral muy complejo en lugar de plantear defensa de la soberanía nacional, de la soberanía popular, se apalanquen en estos conceptos de países como estos (EUA) para continuar en una política que degrada (…)”. “Valdría la pena mencionar resultados de ‘las bondades’ de la política de seguridad democrática que tanto exhibe el gobierno nacional: 5000 asesinatos a sangre fría que hoy se conocen eufemísticamente como “falsos positivos”, y que fueron en gran medida direccionados por quien es hoy candidato presidencial, que era en ese entonces Ministro de la Guerra en el país”. En segundo lugar: 4 millones de refugiados internos, lo que nos coloca en el primer lugar de América Latina y en el segundo lugar después de Sudán a nivel mundial (de desplazamiento forzado) (…) situaciones que la prensa apenas está comenzando a evidenciar”. “Con una profunda tristeza tenemos que reconocer que hechos muy repugnantes que han sido rechazados por la humanidad entera hoy tienen cabida en Colombia como es el caso de los hornos crematorios. No solamente en la zona del Catatumbo, sino también en regiones como el departamento de Antioquia”. “Muchas de las víctimas no solamente fueron cremadas después de asesinadas, sino que muchas de las víctimas fueron quemadas vivas para ponerlas como escarmiento de quienes como campesinos rechazaban la presencia de los paramilitares y se oponían a delatar lo que muchas veces no saben (…) Este es uno de los resultados de la política de la Seguridad Democrática…”. “Todo esto es muy importante decirlo aquí en España, precisamente hoy donde acaba de concluir un foro de periodismo en este país, y donde los que considerábamos podrían ser nuestro aliados para acabar con hechos de esta naturaleza, no solamente apoyan sin ninguna discusión el TLC entre la UE y Colombia, sino que además siguen apoyando una política de guerra, de exterminio, de desaparición”. “Una cifra muy reciente da cuenta de que nuestro rechazo a las bases militares en el país tiene razón de ser... en cifra como esta: CODHES da cuenta que en los últimos 3 años los desaparecidos son 38.255… que suman en total 100.000 desaparecidos en los últimos 10 años… anotando un incremento impresionante (…) El fiscal anterior, 15 días antes de terminar su mandato dio una cifra que fue escalofriante y sin embargo pasó desapercibida: 250.000 desaparecidos en Colombia en los últimos años… Es decir nosotros superamos hace mucho rato esa cifra que con tanto pavor puso escalofrío a muchas personas en el mundo como fue lo que ocurrió en Chile o en Argentina, pero que nosotros hemos superado de manera espantosa”. “(…) En unas dos semanas nosotros vamos a recibir los restos de la fosa común más grande (…) la del Meta de la Sierra de la Macarena, con 2000 cadáveres en esa fosa común, pero al lado de esa fosa común está la del Guaviare que según informaciones es incluso mucho más grande que esta, y que está en territorio de una base militar del ejército en Colombia (…)… o sea, uno se pregunta: ¿Que es lo que realmente están apoyando estos gobiernos? ¿Qué cuenta se dan de lo que realmente está ocurriendo en el país”. “Por no hablar de la cantidad de detenciones arbitrarias y masivas que se están dando permanentemente en Colombia; de la cantidad de procesados a los cuales no se les tiene en cuenta el debido proceso, que permanecen años y años en las cárceles… Ustedes deben conocer la detención del profesor Miguel Angel Beltrán, secuestrado en otro país, y que hasta la fecha no ha tenido un juicio que le permita defenderse realmente, sino que se lo condena de antemano y lo que se hace es un remedo de juicio, pero no hay un juicio que le dé la garantía al debido proceso”. “Los abogados que enfrentan el tema de derechos humanos no dan abasto… es tanta la gente detenida arbitrariamente, que mucha de la gente no tiene apoyo para su defensa (…) entre otras razones porque el abogado que se atreve a defender a cualquiera de estas personas detenidas es acusado también de ser “terrorista” y de pertenecer al ELN o las FARC… o sea que es un cuadro realmente espeluznante el que nosotros vivimos”. “El escándalo del DAS es de una magnitud tan impresionante que lo que hizo Nixon fue un juego de kindergarten al lado de lo que ha pasado en Colombia (…) Toda una estrategia criminal desde el Estado, desde los servicios de inteligencia… No solamente para hacer seguimientos a gobiernos como Ecuador, Venezuela, Cuba (…) sino también toda una Estrategia para montar cargos, para hacer señalamientos… para rebajar la condición de defensor de derechos humanos (…) Una estrategia absolutamente perversa que hay que decirlo, dio muchísimos resultados… y esto lo digo como prolegómeno a lo de las bases militares (…) Se fue generando una matriz de opinión, se fue preparando la opinión pública”. En relación con la computadora de Raúl Reyes: “Yo personalmente no he podido conocer cuál es la marca del computador de Reyes, a pesar de que me toca defenderme ante la corte suprema (…) Es como la lámpara de Aladino, cada que usted lo frota sale el correo que usted necesite, a la medida, a la talla, a la estatura de la persona que usted pretenda incriminar. Es el computador más extraño del mundo: tiene metida a toda la izquierda del universo, no solamente de Colombia, sino del universo (…) Si frotan un poquito esta semana van a salir los estudiantes de Puerto Rico…”. “Lo preocupante de ello, y lo digo en tono satírico, es que ninguno de nosotros conoce el computador… o sea los que estamos en el proceso ante la Corte Suprema, y que exigimos que lo lleven para nosotros saber que es realmente lo que apareció en el computador… Nadie sabe dónde está el computador… O sea el computador es invisible, únicamente aparece cuando se necesita un correo (…) pero eso sí, logró hacer realmente daño frente al respeto por el debido proceso (…) Ha hecho mucho daño en todo lo que significa el derecho a opinar libremente… uno de los daños más grandes que se le ha hecho a la sociedad colombiana, desde una instancia de inteligencia del Estado (el DAS). Desde una instancia de inteligencia del Estado… uno de los miembros del DAS da cuenta de qué manera se hizo el seguimiento a la Embajada de Cuba, de qué forma se hizo el seguimiento a la embajada de Venezuela (…) Declara en testimonio juramentado ante la fiscalía general de la nación que la DEA pagaba, a través de la embajada de EEUU, la casa, la sede desde donde se hacían todos los seguimientos… o sea que cosas que uno preveía, pero muchas veces que la gente cree que esto es parte de imaginario de quienes estamos la oposición, pues hoy se puede comprobar a ciencia cierta de que sí existieron(…) cómo se hizo toda una estrategia de Guerra sucia o propaganda negra”. “(…) Mucho tiempo diseñando todo un trasunto que dio lugar a que la opinión pública considerara que los enemigos de Colombia somos quienes estamos en la oposición, quienes señalamos que en Colombia hay un régimen absolutamente injusto, excluyente, que permite que haya 18 millones de pobres, 7 millones de indigentes que haya gente que no come (…). “La instalación de 7 o más bases militares tiene un Trasunto en generar unos escenarios que hicieron posible que el país considerara que era válido invadir el territorio ecuatoriano, que era válido enviar paramilitarismo (…)”. “Nunca se dio el debate acerca de la bases… instaladas bajo pretexto de combatir el narcotráfico” (…) y allí hago un pequeño apartamiento: ¿Combatir cual narcotráfico?”. “Cada una de estas bases está situada donde hay proyectos estratégicos importantes, recursos estratégicos, donde hay recursos naturales importantes (…) Las bases militares no tienen nada que ver en la lucha contra el narcotráfico… sino todo lo contrario: El conflicto colombiano es un elemento de extraterritorialidad de la guerra frente a América Latina y frente a otros países del mundo… Por eso el no-reconocimiento de que en Colombia existe un conflicto social y armado no obedece simplemente a considerar que las FARC o el ELN son un grupo de facinerosos sino que obviamente detrás de eso (el no-reconocimiento) hay toda una pretensión de carácter de dominación política, militar, hegemónica, para expandir la guerra hacia América Latina…”. “Contravención a la soberanía nacional (…) La ley existe pero no se aplica: eso ha sido muy recurrente durante los 8 años de la dictadura constitucional de Uribe, es decir el concepto previo del Consejo de Estado era un requisito para la instalación de las bases militares (No fue consultado) (…) convertir el territorio en un territorio de ocupación extranjera”. “El tema de las bases militares es tan supremamente indignante porque tiene que ver no solamente con la soberanía popular sino también con la soberanía jurídica (…) hay un símil con la pérdida de soberanía que se da en el tema de la extradición (…) nosotros renunciamos a nuestra soberanía jurídica para aplicar una jurisdicción que está totalmente relacionada con los intereses hegemónicos en términos de lo que tiene que ver con la soberanía de los recursos, con la nueva forma de inteligencia que se da desde EUA a partir del 11 de septiembre cuando toman la decisión de levantar las 800 bases militares en el mundo… Pero sobretodo por la capacidad que tiene un porta avión de transportar cantidades de Uranio sin tener que tanquear, la capacidad de hacer inteligencia a partir de esas bases militares (…) es la intención de la instalación de las bases militares, que fueron además regaladas (…) un presidente que le dijo a EUA…quieren 7, quieren 14, se conforman con 15 (…) ¿cuántas quieren?”. “Algo que para nosotros es doloroso y de total repudio es que haya no solo siete sino quien sabe cuántas bases militares, con el argumento de hacer lo que nosotros somos capaces de hacer, y que ellos (EUA) no van a hacer jamás (…) Ellos creen (EUA) que ellos ponen la nariz y nosotros ponemos la cocaína… o sea ¿por dónde entra a EUA? … Parece ser que los guardias de fronteras allá son invisibles, o cuando entra la cocaína ellos se desmayan o yo no sé qué pasa… Pero: ¡¿la corrupción no es sino de este lado y allá no hay corrupción?! (…) ¿Podríamos nosotros igualmente establecer una base militar en Manhattan o en Miami (…)?”. ”Hay que estar en contra de las bases militares porque además ni siquiera les podemos aplicar la jurisdicción penal colombiana (a los marines), ellos pueden violar a las niñas nuestras (…) y no pasa absolutamente nada…”. Jamás los medios de comunicación abrieron siquiera un debate frente a la pertinencia de la instalación o no de las bases militares en territorio colombiano, de la ocupación militar de Colombia”. En materia de extradición de los paramilitares: “Cuando extraditaron a los 14 jefes paramilitares, quienes nos oponíamos contundentemente a la Ley de Justicia y Paz, nos opusimos también a su extradición, porque esos jefes paramilitares habían denunciado la participación del Estado en el narcotráfico y delitos de Lesa humanidad, y a lo que significa una paramilitarización total del Estado colombiano…”. “La política de Seguridad Democrática es un fracaso total… uno no puede decir que la política es exitosa si tiene que (…) ¡vestir de guerrilleros a los campesinos, asesinarlos y mostrarlos como “positivos” del ejército!... Por eso se llaman “falsos positivos” (…) para que los militares cobren la plata que la cooperación internacional le da a Colombia para ‘combatir el terrorismo’”. España alimenta la guerra en Colombia para defender los intereses económicos de multinacionales. “Un país como España mañana puede sacar una ley como la de Arizona y eso es una derrota para la humanidad (…) Cómo nos duele, nos ofende, que España pueda decir que tiene tantos intereses comerciales y económicos que vale la pena seguir apoyando la “lucha contra el terrorismo que se expresa en la FARC”… y que esto se haga simple y llanamente por la defensa de sus intereses económicos y comerciales, de los intereses de las multinacionales (…) llegará el día en que alguno de sus intereses salga… que salgan perdiendo utilidades porque el pueblo colombiano cada vez más se levanta contra esta opresión, y porque cada vez más somos consientes de que somos América Latina unidos(…)”. Es importante “(…) la búsqueda de la construcción de escenarios de la negociación, y es muy importante UNASUR, y por eso vamos a apelar a estas nuevas instituciones de la democracia de América Latina para buscar una salida…”. “Buscar que Europa saque de la lista de terroristas a hermanos colombianos nuestros que se alzaron en armas porque para la sociedad colombiana y muchos sectores de la sociedad del mundo es mucho más importante cuidar una caja fuerte que la vida de un ser humano” 139.

8-6-2010, Carta de la Senadora Piedad Córdoba al Señor Presidente Uribe: La paz y el acuerdo humanitario deben ser vistos como una necesidad ética y política, para que Colombia transite por los caminos de la democracia, de la justicia y de la inclusión y no como una debilidad de su gobierno. Por lo demás, acuerdo humanitario es una herramienta útil para poner fin al dolor de las familias y de los miembros de la policía y del ejército que se encuentran retenidos por las FARC-EP. Es de su conocimiento señor Presidente que en reiteradas oportunidades hemos planteado que el secuestro no puede ser un medio para la lucha política y que debe ser sacado del conflicto armado. En este sentido como Senadora de la República le solicito respetuosamente reflexione acerca de la importancia del acuerdo humanitario, considero que al finalizar su gobierno esta decisión sería un aporte a la paz en el país. Dar término al sufrimiento de las víctimas del conflicto armado en el país creo es un propósito que estoy segura usted señor Presidente comparte no solo conmigo sino también con un número significativo de colombianas y colombianos que deseamos morir en este país de viejos y no por la intolerancia y los conflictos que aún no hemos podido resolver como nación. Señor Presidente usted se ha comprometido a seguir trabajando por el país y por la paz, abrir las puertas del acuerdo humanitario es un acto de grandeza, de humanidad y de acogimiento a las normas del derecho internacional humanitario. Por lo anterior y con la esperanza que el dialogo es la forma civilizada de resolver los conflicto quiero invitarlo a que se haga el acuerdo humanitario. Atentamente, Piedad Córdoba Ruiz, Senadora de la República de Colombia 140.

11-6-2010, Frente a la histórica condena del ex Coronel del ejército Alfonso Plazas, declarado culpable por la desaparición forzada de once personas en noviembre de 1985, el candidato a la presidencia en segunda vuelta electoral, Antanas Mockus, del Partido Verde, calificó como “afortunado” el hecho de que los efectivos “que incumplan con su deber y cometan atrocidades ya sean juzgados por la justicia civil e incluso internacional. El fin no justifica los medios” 141.

13-6-2010, En relación con el futuro del Plan Colombia, los críticos están en abierto desacuerdo con esta batalla que el gobierno dice estar ganando y que está financiada EUA a través de su programa de ayuda militar. El principal argumento afirma que cualquier reducción en la producción de cocaína ha sido, en el mejor de los casos, un éxito temporal, y que el Plan Colombia ha servido para empujar el problema más allá de las fronteras colombianas. La doctora Arlene Ticker, de la Universidad de los Andes, en Bogotá dice: “Como política hacia las drogas, creo que el Plan Colombia ha sido un fracaso relativo. Si miramos hacia la región andina, veremos que las cosechas de coca son del mismo tamaño que en el año 2000 y que el potencial de producción de cocaína de esas cosechas es también el mismo”. Para otros críticos, parece existir un lento reconocimiento por parte de EUA de que es tiempo de efectuar algunos cambios. Unos u$s7.000 millones de dólares del contribuyente estadounidense han ido a parar a implementos militares y operativos contra las drogas en Colombia, desde 1999. De aquí que se estime que la mayoría Demócrata en el congreso y el gobierno de Barak Obama desean reducir esta ayuda militar y trasladar el énfasis a la asistencia socioeconómica. Organizaciones de activistas de los derechos humanos afirman que el Plan Colombia, involucró graves crímenes de guerra perpetrados por los militares colombianos. Lo más notorio ha sido el escándalo de los “falsos positivos”, en el cual militares colombianos habrían asesinado a víctimas inocentes, raptadas en los barrios pobres de Bogotá, a quienes habrían vestido como guerrilleros de izquierda para atribuirse victorias en la guerra contra las drogas. El candidato a la presidencia Antanas Mockus dijo: “El Plan Colombia ya ha experimentado algunos cambios. El cambio en la política del presidente Obama va en la misma dirección que la mía... se trata de perseguir a los grandes protagonistas del comercio de droga y, desde mi lado, trabajar más estrechamente con los pequeños cultivadores de coca” 142.

14-6-2010, En relación con el anunció del gobierno de Colombia 13-6-2010 que un comando conjunto de militares y policías rescató de manos de las FARC a tres efectivos que fueron secuestrados hace casi 12 años, el candidato presidencial a la segunda vuelta, Antanas Mockus del Partido Verde, felicitó a los soldados del ejército colombiano por el operativo de liberación de Mendieta y de Murillo. El ex Presidente Ernesto Samper también celebró el regreso a la libertad de los dos oficiales y le pidió al gobierno que no descarte un acuerdo humanitario con las FARC para liberar a los que siguen en poder de ese grupo. La Senadora opositora Piedad Córdoba dijo que “junto a Colombianos por la Paz seguiremos trabajando por verlos vivos, libres y en paz a todos los que aún no tienen libertad”. Carlos Lozano, Director del semanario de izquierda Voz, teme que nuevos intentos de liberar rehenes se salden con consecuencias fatales 143.

14-6-2010, La Senadora liberal Piedad Córdoba es una convencida de que el próximo Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, duro y belicista como su antecesor Alvaro Uribe, con los mismos compromisos con las mafias del paramilitarismo que el actual mandatario, terminará por ceder y abrir la puerta a una negociación política con las FARC y el ELN. Su teoría es: Un elemento muy importante para forzar la coyuntura va a ser la presión de los gobiernos de la UNASUR. Santos tiene una orden de captura internacional, dictada por un juez ecuatoriano, por haber ordenado el bombardeo de Sucumbíos. Mi opinión es que la intención del viaje reciente a Quito y Bogotá de los Clinton (Hillary, la Secretaria de Estado, y su marido Bill, muy amigo de los Santos y con negocios en la industria petrolera colombiana) fue lograr que el Presidente ecuatoriano le retire la demanda a su aliado. Eso tal vez ocurra, pero a cambio de lo que los Presidentes de la región le exijan como mínimo: un compromiso para que comience la negociación. Se ha convertido en interlocutora de los jefes paramilitares presos en EUA en la negociación por revertir las extradiciones decididas por el Presidente Alvaro Uribe. El trato es: regreso a cárceles colombianas a cambio de la verdad histórica sobre las masacres y despojos de los últimos 20 años. Nunca pensé que algún día me reuniría con los 15 jefes paramilitares colombianos más importantes en sus cárceles de EUA. Conozco muchas de sus relaciones con los empresarios. Parece mentira, pero ser interlocutora con ellos, lo mismo que con las FARC y el ELN, me da elementos para posibilitar la paz. La razón por la que Uribe y Santos tomaron la decisión de bombardear el campamento de Raúl Reyes (quien entonces era el número dos de las FARC) en la frontera ecuatoriana fue para hacer fracasar una negociación que iba avanzando mucho en EUA para liberar a Ingrid Betancourt y a los tres estadounidenses y a cambio de enviar a Colombia a Simón Trinidad y Sonia (dos comandantes de las FARC extraditados a EUA). Yo hice la negociación. Conté con el apoyo de 80 abogados estadounidenses que me ayudaron con los detalles legales. Logré que el Departamento de Estado me permitiera visitar a Simón Trinidad asegurando que si lo hacían podían flexibilizar a las FARC para liberar a los estadounidenses. Incluso los abogados de Trinidad fueron a Ecuador a reunirse con Reyes. Suiza y Francia estaban en la negociación. Mientras, la cúpula de las dos guerrillas fue a Caracas a reunirse con Chávez y conmigo. Fue algo histórico, irrepetible. Se estuvo a punto de lograr un acuerdo para firmar la paz. Cuando Uribe se entera, lo rompe todo. El ataque a territorio ecuatoriano costó la vida a 26 personas, entre ellas cuatro civiles mexicanos. La comunidad internacional perdonó rápidamente a Uribe. Los secuestrados fueron liberados en un operativo militar incruento meses después. Y la posibilidad de una salida política al conflicto militar se esfumó una vez más. Pese a todo, “yo mantengo abierta la puerta con el tema, porque mucho más rápido de lo que la gente se imagina, tiene que llegar ese momento y la guerrilla tiene que tener espacios para llegar a la negociación. Personalmente creo en la vocación política de las FARC y del ELN”. “Somos un grupo muy importante, entre ellos el padre Javier Giraldo, que es como nuestro Monseñor Romero, que nos hemos puesto a pensar cómo hacer cosas que van a producir la verdad. Vamos a ir a espacios como la UNASUR para pedirles que exijan a Santos que se abran las puertas al intercambio humanitario (liberación de una veintena de rehenes a cambio de la liberación de guerrilleros de las FARC, que tienen actualmente cerca de 500 presos). El intercambio es la puerta a la negociación. Todos los gobiernos progresistas de América Latina dicen que las FARC tienen que dejar la lucha armada. Pero lo que no es posible es creer que van a dejar las armas a cambio de un taxi o una diputación. Lucho porque los muchachos y muchachas que hoy están en la guerrilla puedan creer que su destino no es la muerte, sino que su futuro puede ser que sean ciudadanos. Las FARC tienen un planteamiento de 12 puntos, pero yo tengo uno más radical, más estructurado, más revolucionario. Hay que tener en cuenta que aquí se tomó la decisión de aislar a las organizaciones guerrilleras para que no se conociera lo que están proponiendo e impedir un debate. La Senadora Piedad Córdoba no pierde de vista la forma en que México se desliza por la pendiente que los colombianos ya recorrieron: México está viviendo lo que nosotros vivimos, pero potenciado, porque es mucho más grande y va a ser peor. “Esta guerra no la van a ganar así. Por el contrario, van a perder la estabilidad institucional, el país jamás va a volver a ser el mismo. Si algo dañó a la sociedad colombiana fue la cultura del narcotráfico. Aquí, a la gente no le importa si matan a 100 si le garantizan que le dan un millón de pesos. México, que es un país tan importante para América Latina, va a terminar con una cantidad de plata que se va a gastar en formar un Estado mafioso, con muchos más recursos para la guerra. Hay muchas posibilidades de crear un eje que cambie esta historia. Lejos de lo que la gente cree, sí se ha estado dando una movilización popular importante, poco visible porque este es un gobierno que mata a sus críticos y opositores. En las universidades hay una masa crítica de jóvenes que movilizan al estudiantado. Se ha consolidado el movimiento popular negro del Pacífico con alguna relación con el Atlántico. Hay un cambio de fondo en el movimiento afrodescendiente que tradicionalmente estaba cooptado, sin mayores compromisos que reproducir el esquema clientelar de los partidos tradicionales. La gente de este movimiento empieza a hacer frente a las cuestiones de fondo del mismo modo como lo está haciendo desde hace años el movimiento indígena. Ahora viene el sector sindical, que a pesar de la represión tan intensa que sufrió se está abriendo paso con nuevas organizaciones y nuevas alianzas en América Latina. Nuestra idea es conformar con todo esto un frente amplio, una propuesta popular 144.

15-6-2010, En relación con el rescate militar que el gobierno de Colombia hizo de rehenes de las FARC, que llevó al gobierno de Uribe a negar toda posibilidad de intercambio humanitario, Carlos Eduardo Jaramillo, quien fue Consejero de Paz en el gobierno de César Gaviria (1990-1994), dijo que es explicable la posición asumida por Uribe. “Lo que está diciendo el Presidente es lo que diría cualquier persona sensata después de un golpe como el que le acaban de dar a las FARC”. A diferencia de la Operación Jaque, que fue cuestionada, la más reciente “también demuestra que es posible un rescate sin dejar víctimas. La negociación de un acuerdo humanitario se murió. Este golpe les cerró las puertas a una negociación. Además, el candidato -a elecciones presidenciables en segunda vuelta- Juan Manuel Santos es del mismo criterio que Uribe”. El experto, que negoció con las FARC cuando fue Consejero de Paz, reconoce que esa vieja guerrilla “no se va a rendir, ni tampoco va a entregar a cambio de nada a los secuestrados”. El representante electo a la cámara baja Iván Cepeda del opositor Polo Democrático Alternativo, y es parte de Colombianos y Colombianas por la Paz, no cree que las puertas estén cerradas para un acuerdo. “La propuesta de un acuerdo humanitario sigue vigente. Hay que ponerle punto final al secuestro como práctica y buscarle una salida humanitaria al conflicto armado y en esa perspectiva vamos a seguir trabajando”. El gobierno puede o no puede tener resultados en las operaciones de rescate, “pero eso no cierra la vía de las posibilidades de un acuerdo humanitario”. Jaramillo no descarta que la guerrilla tome represalias contra los mandos que tenían a su cargo el cuidado de los cautivos que fueron rescatados. Carlos Lozano, Director del semanario Voz, del Partido Comunista, dijo que, ante el último golpe, las “FARC no deberían poner tantas condiciones” para liberar a los cautivos que mantiene en su poder 145.

16-6-2010, El General Luis Herlindo Mendieta, liberado en la operación “Camaleón” 14-6-2010 junto a otros 3 militares después de 12 años de secuestro, dice que a pesar de operaciones tan exitosas como “Camaleón”, la solución tanto para traer a sus compañeros de cautiverio como para acabar con el conflicto debe ser negociada. Tiene que haber una salida política. El Gobierno tiene que dejar un espacio para que los otros secuestrados recobren la libertad. Y las FARC tienen que cambiar su posición, propiciar un acuerdo político, hablar. Se tienen que dar unas condiciones, las FARC tienen que aceptar que esos hombres que tienen allá tienen derecho a recuperar su vida 146.

21-6-2010, Senadora Piedad Córdoba: Colombia acaba de elegir un nuevo mandatario, que inicia un cuatrenio en el que se abren expectativas con fundamento en el llamado a un Acuerdo Nacional para la prosperidad. Considero que la unidad sólo puede ser fructífera en torno a la construcción la Paz. 20 millones de pobres, 7 millones de indigentes, 4 millones de desplazados, 10 millones de hectáreas de tierra en manos de beneficiarios del paramilitarismo -Cifras oficiales de CEPAL y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE- precisan decisiones urgentes en torno a la democratización económica; el reconocimiento y preservación del potencial de nuestra biodiversidad y valor geoestratégico en las telecomunicaciones; la racionalidad en la explotación de nuestros recursos naturales y el retorno a sus antiguos propietarios de las tierras adquiridas fraudulenta y violentamente. Los colombianos y colombianas debemos tener acceso global a una educación de calidad y al uso de la tecnología. A una información veraz y la apertura de espacios políticos para las organizaciones sociales y políticas son necesarias. La solución del conflicto armado interno desde la civilidad es un imperativo ético. Insto a la construcción en el inmediato futuro de escenarios y acciones con organizaciones de afrodescendientes, indígenas, desterrados, destechados, ambientalistas, campesinos, sindicalistas, trabajadores y trabajadoras formales e informales y demás sectores sociales, que nos permitan avanzar en la apertura de diálogos con las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, teniendo a la comunidad internacional como intermediario y garante. Mediante mecanismos novedosos para la concertación política, aún en medio de la persistencia de la militarización y del uso de la fuerza de las partes, debe abordarse la posibilidad de lograr el desmonte de las causas del conflicto que afectan a grandes segmentos de nuestra población. Así mismo, debe explorarse una solución distinta al problema del narcotráfico con sus consecuencias sociales conexas que tienen en el consumo y el equivocado referente cultural sus principales consecuencias. La paz es necesaria para la reconstrucción de las nuevas relaciones con nuestros vecinos y debe construirse sobre la base del reconocimiento de una historia común con Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. La agenda con los otros países debe fundamentarse sobre la base de acuerdos de corresponsabilidad en materia de protección y de garantía para los derechos humanos y el respeto por nuestra soberanía. La inversión extranjera debe propiciar condiciones de vida digna, para estimular la justicia social, la justicia democrática, la justicia educativa, la justicia ambiental y respetar la soberanía. La paz sin justicia es inalcanzable. Considero que no se trata de “vale todo” para ninguna de las partes en el logro de los objetivos y que deben habilitarse caminos que permitan a las víctimas ser sujetos centrales en la reparación, en la reconstrucción del Estado de Derecho y es necesario que se generen garantías para las expresiones de oposición y toda disidencia. La unidad de todas y todos es en la Paz. Hago un llamado a los millones que soñamos con una patria distinta que nos incluya y que nos abramos a la esperanza desde un proyecto ético e incluyente que permita mejores formas y nuevas expresiones políticas, donde todas y todos seamos protagonistas en la cimentación de la unidad nacional en paz, con justicia social y condiciones de verdadera dignidad. Piedad Córdoba, Senadora de la República de Colombia 147.

29-6-2010, Iván Cepeda, dirigente de la organización Movimiento de Victimas del Terror del Estado (MOVICE), califica como inaceptables las excusas ofrecidas por el Presidente Alvaro Uribe, luego del Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena al Estado Colombiano por el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la UP. En una carta al mandatario señala que la solicitud de perdón se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano. ... “En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad Estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el Senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. … No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: ‘no se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos; yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio’.” Para Cepeda el Presidente de Colombia contradice su promesa de cumplir con la Justicia y le recuerda que él tiene responsabilidad en el asesinato del dirigente de la UP 148.

29-6-2010, La Senadora Piedad Córdoba afirmó, mediante una carta dirigida al Jefe Unico del Partido Liberal, Rafael Pardo Rueda, que la situación de credibilidad y legitimidad de esa colectividad es crítica, luego de la decisión adoptada por la mayoría de sus Congresistas y de su dirigencia, de adherir a la propuesta de Unidad Nacional por parte del Presidente Electo Juan Manuel Santos y el Partido de la U (Partido Social de Unidad Nacional) creado por él junto a otros dirigentes en el 2005. Reiteró que, como Congresista Liberal, se aparta de dicha decisión, y argumentó que “la Unidad Nacional deja de lado las salidas estructurales a los problemas de la exclusión y de la injusticia social y política que viven amplios sectores de la población colombiana”. Son nuevos acuerdos entre las élites de los partidos, que no tienen en cuenta los intereses del pueblo que Gaitán representó. Como dice Amaryta Sen: “el desarrollo se traduce en la extensión de la posibilidad de ejercitar la propia libertad, pero para ello es necesario proporcionar una serie de facilidades básicas en ámbitos como la sanidad o la educación, que permitan a todos disponer de su auténtico potencial. El crecimiento de una sociedad, en definitiva, no se mide sólo por el incremento del producto interior bruto, o de otras magnitudes macroeconómicas, el signo privilegiado del crecimiento de una sociedad es: el fomento de las capacidades de todos sus miembros”. Le recordó a Rafael Pardo Rueda que la dirigencia del Partido no respondió a las necesidades de su electorado, que sufre dichas problemáticas. “El Partido Liberal no tuvo la voluntad política para deslindarse de los intereses corporativos, regionales e individuales, y sus electores-as lo castigaron duramente. Nuevamente perdimos la oportunidad de ubicar al Partido, en consonancia con su ideario social demócrata”. Reitero que objeto en conciencia la decisión del partido, y pretendo interpretar a mis electores y también a otros sectores de la sociedad colombiana que valoran la necesidad de la oposición política, como elemento necesario para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz con justicia social, que además reconocen la importancia del intercambio comercial con beneficios para todas y todos, con respeto y protección ambiental, con transparencia y sin usos fraudulentos y corruptos. Desde su Curul en el Congreso de la República seguirá las indicaciones del Partido Liberal, siempre y cuando, éstas se ajusten al ideario auténticamente liberal. “Cumpliré mis obligaciones parlamentarias en el marco de la Constitución y la ley”. El país continúa sin resolver los problemas del paramilitarismo y el narcotráfico, padeciendo violaciones a los derechos humanos, como se expresa en las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, la ocurrencia de nuevas desapariciones forzadas, las operaciones de persecución ilegal del DAS a magistrados, políticos, defensores de derechos humanos, parlamentarias-os, periodistas y sindicalistas y, la corrupción que compromete seriamente al actual gobierno y a algunos de sus altos funcionarios. En los últimos años, se han deteriorado las relaciones internacionales con los países vecinos en razón del traspaso de nuestra guerra interna a ellos, con violaciones del derecho internacional, sin que se resuelva la gravedad de la situación por la vía de la negociación política al conflicto armado interno. El diálogo pluralista, abierto, democrático en el cual se respeten las diferencias, es una vía que el país debe transitar para encontrar soluciones para las excluidas y excluidos políticos, económicos sociales y culturales. Tenemos la responsabilidad de buscar caminos para que el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico, beneficie a todas las regiones y a todos los habitantes de este adolorido y sufrido país. El crecimiento económico no puede ser para unos pocos grupos, el crecimiento debe ser un motor que permita cerrar la brecha entre quienes todo lo tienen y quienes nada poseen. Conocida su comunicación al Presidente electo Juan Manuel Santos y la decisión de las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal, de adherir al Acuerdo Nacional liderado por el Presidente electo y el Partido de la U, me permito reiterarle que me aparto de la decisión tomada por el Partido en la reunión de la bancada el 22 de junio. En dicha reunión sostuve que las iniciativas unitarias deben partir del compromiso con cambios estructurales; con el respeto de las decisiones judiciales que se ajusten al derecho al debido proceso; con la utilización justa de los recursos naturales y la restitución y distribución equitativa de la tierra; con la búsqueda de la verdad jurídica e histórica; con el fortalecimiento de la justicia para que investigue y sancione la violación de los derechos humanos y garantice la verdad, la justicia y la reparación integral para millones de víctimas. Invito a mis copartidarios liberales de la base y a diferentes sectores sociales, a las bancadas de otros partidos, para que construyamos un nuevo escenario político con el fortalecimiento de una oposición crítica y propositiva, para lo cual debemos habilitar espacios de discusión. Invito al nuevo gobierno a fundamentar la unidad nacional, con cimiento en la paz alcanzada a través de un pacto político y social incluyente que permita la participación deliberativa de sectores sociales, organizaciones sociales, gremios y sectores económicos y partidos políticos. Invito a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN a avanzar en la concreción del Derecho Internacional Humanitario, evaluar la posibilidad de un nuevo escenario de diálogo político y de caminos viables para la construcción de la paz, en la discusión de los problemas que padece el país. Invito a los gobiernos del mundo a aunar esfuerzos para la búsqueda de salidas políticas a los conflictos armados que persisten para la construcción de la justicia social y la paz. La protección del ambiente que les garantice a generaciones presentes la satisfacción de sus necesidades, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Merecemos un país libre de violencias y de conflicto armado que brinde las mismas oportunidades a mujeres y varones, a niñas y a niños, a ricos y pobres; una paz que mejore nuestro presente y proyecte un futuro de esperanza e igualdad para quienes hoy no tienen nada. Por lo que merecemos pero aún no tenemos, convoco a todas y a todos a luchar por alcanzar esa paz que tanto soñamos. Piedad Córdoba Ruiz, Senadora de la República. Con copia a: Ex Presidentes Liberales; Bancadas Liberales de Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y JAL; Autoridades del Partido Liberal Colombiano; Polo Democrático Alternativo; Colombianos y Colombianas por la Paz; Organizaciones y movimientos Sociales y de Derechos Humanos; Conferencia Episcopal Colombiana y otras iglesias; Fuerza Pública; Medios de comunicación 149.

16-7-2010, En relación con la afirmación del gobierno colombiano 15-7-2010 que al menos cinco jefes guerrilleros de las FARC y del ELN se encuentran en territorio de Venezuela, el ex-Canciller Augusto Ramírez Ocampo cree que este movimiento está dirigido a enrarecer el ambiente que el nuevo Presidente, Juan Manuel Santos, está intentando crear con Venezuela. La ex-Ministra de Defensa Martha Lucia Ramírez dijo que desde el 2002 se tiene información de la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela 150.

18-7-2010, La reciente crisis Colombia-Venezuela dejó al descubierto aparentes discrepancias entre el Presidente en ejercicio y saliente Uribe y el electo Santos, que parecieran ser más de estilo que de fondo. El gobierno de Uribe denunció, por primera vez, que conoce la ubicación de jefes guerrilleros en territorio venezolano y pidió que el asunto se trate en una sesión de la OEA. Santos, en cambio, pidió abordar el tema a través de los canales diplomáticos y privilegiar la vía del diálogo. De acuerdo con el ex-Canciller Augusto Ramírez Ocampo hay que entender que Santos le da especial importancia a la política exterior en razón de la experiencia que tiene en el tema, ya que como delegado de la Federación Nacional de Cafeteros en Londres, mantuvo contacto con líderes mundiales, entendiendo la necesidad de tener unas relaciones exteriores óptimas y luego, como ministro de Comercio Exterior, se dedicó a abrir mercados y a hablar con el mundo. En contraste, Uribe es un hombre más concentrado en los temas internos, como lo evidenció su estilo para gobernar. En las posiciones expresadas por ambos respecto a Venezuela en los últimos días, confluyen dos variables centrales de la relación binacional: seguridad y comercio. Para el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria, los dos elementos se contraponen en algunos momentos: “En cualquier escenario, el interés de la estabilidad y la existencia misma del Estado es superior al comercial”. De todas maneras, “Santos está trazando una política que depende de los mismos elementos definidos por Uribe”, y “no hay antagonismo o diferencia”, pues los dos “representan la misma corriente política”. Analistas coinciden en que a pesar de las aparentes discrepancias, no hay una fractura entre Uribe y Santos. Juan Lozano, Senador electo del partido de 'la U' dijo: “Ellos se tienen un profundo respeto mutuo y lo que se ha visto estos días es el deseo de algunos opositores de hacerlos cazar peleas que fracturen su armonía”. El analista Rafael Nieto señaló que “hay gente que quiere enfrentarlos por razones personalistas, pero al país no le conviene eso”. El ex-Presidente Ernesto Samper analizó las movidas de Santos como “pasos legítimos para asegurar su gobernabilidad”, los cuales “no tienen por qué coincidir con los de Uribe”. En diferentes escenarios Santos ha insistido en su gratitud hacia Uribe. De hecho, la noche de su elección, se refirió a él como “un hombre excepcional que transformó positivamente a nuestro país”. Quiere “cambiar de paso”. El 21-6-2010, Santos resumió así su deseo: “Cuando fui cadete hacíamos algo que se llama orden cerrado (...) Es cuando a uno le ponen un fusil, allá en Cartagena, a las 12 del día, a pleno rayo del sol, y lo hacen marchar cinco horas. Y, efectivamente, uno a veces se cansa y cambia el paso. En ese sentido, diría que el término correcto es cambiar el paso”. Los colombianos van a tener que convivir, a partir de ahora y bajo el mismo techo, con el indomable y “combatiente” Uribe, y con el estratega y cauteloso Santos, hablando, posiblemente desde orillas políticas próximas, pero con lenguajes muy distintos. El pensamiento de Uribe se resume en: “Se necesita una solución de fondo, no de apariencia. La diplomacia colombiana, no debería regresarse a las apariencias hipócritas. No podemos, en nombre de una diplomacia babosa, dejar desamparado al general Padilla”. Mientras el de Santos es: “¿Por qué no restablecer el diálogo para ver cómo podemos resolver el problema de la presencia de terroristas en Venezuela?. Estoy muy complacido con la presencia del Presidente de Ecuador en la posesión” 151.

18-7-2010, El ex-Presidente Ernesto Samper dijo que con el tema del conflicto Colombia-Venezuela no debemos seguir con las denuncias mediáticas ni con las acusaciones internacionales, sino sentándonos y conversando. No es provocando escándalos en los medios como se van a solucionar los problemas. Cuando uno tiene dificultades con los vecinos no les tumba la cerca ni trae a la policía para que lo reprima: se sienta y conversa. Acusó al Presidente Uribe de “lanzar cargas de profundidad contra la política del Presidente electo, Juan Manuel Santos, de aproximarse a Venezuela. Uribe recibió un país en llamas y lo entrega seguro y en calma. Será la historia la que juzgue si los costos que pagamos por esa mayor seguridad en materia de derechos humanos, desinstitucionalización de la justicia o aislamiento regional fueron o no excesivos. Propuso “refundar el Partido Liberal”, “cerrar el capítulo gavirista”, basados en dos propuestas: convertirnos en verdadera alternativa social-demócrata, comprometida con cuatro temas capitulares de la política colombiana al comienzo de este siglo: la tierra, el agua, los alimentos y el trabajo productivo; y desarrollar una estrategia política que nos vuelva a convertir en voceros de las grandes minorías, como las víctimas de la violencia, trabajadores temporales y mujeres cabezas de familia.. El liberalismo debe convertirse en alternativa de poder, como partido de centro izquierda. Lo que tenemos que hacer, empezando por el Partido Liberal, es diseñar los términos de una nueva alianza entre partidos con movimientos sociales para hacer propuestas alternativas. El país está a la derecha. En el Gobierno de Uribe se ha fortalecido un alternativa de derecha que no conocíamos, en la que se están alineando empresarios, obispos retardatarios, terratenientes y hasta parapolíticos. Ojalá este proyecto de derecha sea respondido por uno de izquierda, para que vuelvan a existir verdaderas alternativas. Tenemos que empezar por reconocer que los dirigentes liberales no hemos tenido la capacidad de convocatoria para unir a los liberales bajo un proyecto político. Eso explica porqué en las últimas elecciones sacó el 10 por ciento de lo que obtuvo en 1998, por qué sólo somos la sexta fuerza política y mandamos en pocas gobernaciones y alcaldías capitalinas. El poder no consiste en tener puestos, sino en la capacidad de ser gobierno o alternativa. El parlamentarismo o una versión criolla, el semi parlamentarismo, es el único cambio político que podría hacerse en América Latina en este comienzo de siglo, cuando el presidencialismo está haciendo aguas en el mundo. Nos vendría bien, introducir mecanismos y elementos propios del parlamentarismo como salidas a las crisis políticas, con la disolución del Congreso y la anticipación de elecciones generales para superar conflictos de legitimidad, con una separación de funciones de Estado y de gobierno. Si Juan Manuel Santos no toma decisiones rápidas y de fondo sobre tres temas: 1) el del aislamiento internacional; 2) la crisis de la salud pública; y 3) las relaciones con la justicia; su gobernabilidad se va a ver comprometida. Estamos aislados y peleados: con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, con Ecuador; relaciones distantes con Bolivia, con Argentina, con Brasil; todo como resultado de haber convertido la política de seguridad democrática en la política exterior. Esta ha sido una de las épocas mas siniestras de las relaciones internacionales. Me parece muy positivo la propuesta de Santos de diálogo con Chávez. El año que llevamos sin relaciones económicas con Venezuela nos ha costado medio millón de empleos, cinco millones de personas que viven en las fronteras afectadas, dos millones y medio de dólares diarios de perdidas empresariales. En las demandas al Estado por parte de otros secuestrados, hay un tema de responsabilidad que sí debe ser juzgado, especialmente en el tema del acuerdo humanitario. Si el Gobierno de Uribe hubiera suscrito hace seis años el acuerdo para el intercambio humanitario, que está permitido y obligado por la Constitución, seguro se hubiera logrado la libertad de estas personas que se demoraron seis años en salir y se hubiera evitado la muerte de los diputados del Valle, del Gobernador de Antioquia, del ex-Ministro Echeverry y de las personas que los acompañaban y tantos otros. Ahí hay una responsabilidad muy clara 152.

19-7-2010, Según el ex-Presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) Uribe, con la denuncia de la connivencia del gobierno venezolano con guerrilleros de las FARC, poco antes de que asuma al gobierno Juan Manuel Santos, que se había mostrado dispuesto a normalizar las relaciones con Hugo Chávez, pretende “ponerle más palos en la rueda” y “montar una carga de profundidad” contra Santos. Las críticas de Samper se sumaron a las formuladas por la Presidenta del Comité de Paz del Senado colombiano, Gloria Ramírez, y el dirigente opositor Carlos Lozano, que coincidieron en “lamentar” que Uribe hubiera reactivado las “viejas” denuncias contra Venezuela 153.

19-7-2010, El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), finalizó Congreso extraordinario. Hoy, cuando se conmemoran 200 años de 'independencia, los pueblos originarios nos encontramos para hacer memoria de la resistencia de más de 500 años que hemos tejido frente a la imposición de modelos en contra de nuestros Planes de vida y recordar que desde nuestra condición de pueblos originarios hemos estado presentes como actores activos, exigiendo ser sujetos de derecho diferenciado, no privilegiado. Dichos derechos los hemos luchado ante el extraño invasor del territorio y las nuevas formas de poder que insisten en establecerse en el presente. A 39 años de lucha y vida organizativa, las comunidades indígenas reconocemos los siguientes logros: 1) El ejercicio de control y ampliación territorial que se ha realizado a través de la recuperación de la identidad y las formas ancestrales de lucha, lo cual ha permitido recuperar la relación armónica con la naturaleza para la protección de los espacios sagrados y de vida. 2) Nuestra organización representa esperanza en las comunidades y ha trabajado por mejores condiciones para un buen vivir de los pueblos indígenas. 3) Se ha fortalecido la unidad y la organización como fuerza que anima el movimiento, dirigida por los cabildos indígenas como autoridades tradicionales y apoyadas por el proceso de la guardia como forma propia de control y protección territorial. 4) Avanza la reconstrucción de la familia cultural, resaltando los procesos de mujeres y jóvenes que proyectan la continuidad de la lucha y la permanencia de la identidad con sus elementos cosmogónicos, mediante la apropiación y redireccionamiento de los procesos de educación, salud y justicia propios y autónomos. 5) Hay experiencias locales y zonales de proyectos productivos comunitarios en la perspectiva de fortalecimiento de la economía propia, que en gran parte facilitan la sostenibilidad de las acciones como movimiento indígena. 6) Se ha participado en iniciativas de paz como la asamblea nacional constituyente de 1.991, que abrió nuevos escenarios de reconocimiento y participación política de los pueblos indígenas y otros sectores, continuando la proyección de otros mecanismos de articulación que han dado vida a iniciativas como la cumbre nacional de organizaciones sociales y la minga de resistencia social y comunitaria. 7) Se reconoce que la existencia del movimiento armado Manuel Quintín Lame fue producto de una decisión comunitaria en medio de la represión hacia las comunidades indígenas y su accionar estuvo dirigido a la protección del proceso organizativo, luego, su desmovilización respondió igualmente a un mandato de los pueblos indígenas del Cauca, por lo cual sus integrantes han continuado participando en el proceso organizativo. 8) Este Congreso asume la responsabilidad del reconocimiento que hacen otros sectores del país y el continente como un proceso de resistencia y movilización. El Congreso extraordinario identifica la existencia de factores que generan desarmonía al interior de la comunidad: Las políticas del Estado agenciadas en un modelo globalizador y neoliberal pretenden negociar con nuestros territorios y la vida. Hay una gran amenaza por la presencia de economías extractivas y multinacionales que mercantilizan el agua, los páramos, el petróleo, las minas y la sabiduría tradicional indígena amenazando la madre tierra y la pervivencia de los pueblos, para ello se plantean estrategias que debilitan la organización y la autonomía de los pueblos indígenas, entre ellas se destacan: 1) La creación de organizaciones externas con el propósito de romper la unidad interna, las cuales son agenciadas por los actores con intereses sobre nuestros territorios, utilizando entre otros, las sectas religiosas para generar confusión en la comunidad. 2) La implementación programas asistencialistas como familias en acción, programa Juntos, familias guardabosques, con los cuales el gobierno evade sus responsabilidades frente a la garantía de los derechos. 3) Implementación de las leyes del despojo como código minero, ley de páramos y aguas, el desconocimiento de títulos coloniales, vuelo forestal, tratados de libre comercio, entre otros. 4) La militarización de los territorios por parte de los distintos actores armados, la implementación de bases militares y estrategias de involucramiento de la población han generado una violación constante y creciente de los derechos humanos. 5) Los condicionamientos del Estado para el manejo de las transferencias ha generado dependencias, contradicciones internas y por otra parte ha motivado en algunos líderes el ejercicio de los cargos por interés en los recursos. 6) La implementación de los cultivos ilícitos ha implicado un cambio de valores y una economía artificial y riesgosa para la comunidad. 7) La perversidad del modelo económico dominante a través de la educación oficial no pertinente a la realidad socio cultural de las comunidades y los medios de comunicación han generado la pérdida de los valores culturales y la apropiación de elementos que afectan la convivencia. 8) El desconocimiento y subvaloración de las autoridades espirituales conllevan a la desarmonía dentro de las familias y comunidades, a la aplicación injusta de remedios y la inequidad en los ejercicios de repartición de las tierras, generando división de las familias, alcoholismo y desequilibrio comunitario. 9) La politiquería y los partidos tradicionales conllevan a la guerra por el poder y a la repetición de vicios y malos procedimientos en detrimento de la vida de las comunidades, identificando que no se ha logrado consolidar una propuesta o instrumento político electoral, que nos permita generar posibilidades reales para la incidencia en los escenarios de decisión política. 10) Existen críticas a los ejercicios de autoridad y frente a algunas prácticas de liderazgo que generan falta de credibilidad en el proceso. 11) Los proyectos económicos comunitarios son aún débiles, les falta articulación y apropiación de las autoridades y comunidades para avanzar y consolidar una propuesta viable de economía propia. Derechos Humanos: 1) Posicionar la propuesta de paz de los pueblos indígenas, haciendo énfasis en la paz como un derecho fundamental. 2) Construir una propuesta y exigir mecanismos de protección, reparación a las victimas desde una política pública diferencial. 3) Participar e impulsar el Congreso de los pueblos en el marco de la minga social y comunitaria, seguir la coordinación con otros sectores sociales. 4) Crear tribunales de justicia a nivel de las zonas para resolver los problemas de impacto zonal que no se han podido resolver en el nivel local. Autonomía Territorial: 1) El CRIC debe continuar la lucha por la recuperación y liberación de la madre tierra de manera coordinada, consiente, planificada con la estrategia de Minga. 2) La consejería debe construir y posicionar una ruta jurídica, política, técnica y administrativa que permita la legalización de los procesos de Restitución del territorio. 3) Promover mingas de resistencia comunitarias frente al riesgo inminente de entrada de las multinacionales a un territorio indígena. 4) Avanzar en la reglamentación propia (autoridad ambiental) para control del ejercicio de minera u otros proyectos productivos para lograr o recuperar el respeto a la madre tierra. 5) Para el caso de las contradicciones internas, se propone recuperar y mantener las jornadas de reflexión y análisis, que sirvan en control interno a los líderes. 6) Se propone que antes de octubre la consejería convoque a los mayores, autoridades tradicionales y líderes que difieren en sus propuestas, para que dialoguen y logre un consenso, que permita superar contradicciones internas que entorpecen el proceso. 7) Se recomienda acoger por la regional la propuesta de la zona occidente de una Audiencia pública sobre el tema de minas y cultivos ilegales, programada para el 26 de agosto, como jornada Regional. “Somos constructores de caminos hacia la Paz”. Congreso Extraordinario y III Encuentro de Jóvenes. Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. La María Piendamó, 19-7-2010 154.

26-7-2010, De acuerdo con la Fiscalía colombiana, Paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), revelaron que en zonas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario y Puerto Santander (norte del departamento de Santander), se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas. Un ex paramilitar decidió colaborar con la justicia: “'la idea del horno la dio Doblecero y la materializó Daniel Mejía”. Iván Laverde Zapata, paramilitar colombiano, confesó ante los fiscales de la Unidad nacional de Justicia y Paz que además de la instalación de hornos crematorios las víctimas fueron arrojadas al río Cauca, en el sur del Departamento de Antioquia, en la época en que el Presidente saliente de Colombia, Alvaro Uribe, era el Gobernador de la entidad. A finales de la década de los ‘90, la orden impartida por los comandantes de las AUC fue desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, con tal de no dejar evidencia de sus ejecuciones y evitar que las cifras de homicidios ascendieran, de manera desproporcionada, en las zonas urbanas. Otra de las técnicas, para acabar con el llamado enemigo, era desmembrar a las víctimas, tirarlos en fosas comunes, lanzarlos en ríos. Entre los años 1995 y 1997, los paramilitares secuestraban a las personas, las asesinaban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca 155.

10-8-2010, Luego de una reunión de más de tres horas, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, acordaron 9-8-2010 en la ciudad de Santa Marta, Colombia restablecer relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. Al término en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar en 1830, Santos y Chávez, expresaron que decidieron “doblar la página” y firmaron una declaración de principios que es un manifiesto de cinco puntos, donde se anuncia la creación de comisiones que trabajarán en temas sensibles. Esas comisiones se ocuparán del pago de las deudas pendientes con los exportadores colombianos -que superan los u$s700 millones-, de la reactivación de las relaciones comerciales, de estudiar un acuerdo de complementación económica, de acordar inversiones sociales en la frontera de 2.200 kilómetros, de desarrollar obras de infraestructura y de estudiar asuntos de seguridad. Crearon también un mecanismo de cooperación entre los cancilleres para abordar todos los problemas fronterizos, que buscará prevenir la presencia de grupos armados en la frontera. El analista internacional Diego Cardona, que fue Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, dijo que es muy significativo que, pese a ser el tema más sensible, la comisión de seguridad sea la última que se mencione en la declaración de principios. Santos es una persona que tiene mayor tino político y disposición para poder llegar a situaciones de diálogo exitosas, además el contexto político social de Colombia lo sitúa en una oportunidad muy favorable. “No es que se esté escamoteando el asunto de la seguridad, sino que se aborda de otra manera, muy distinta a la que había imperado bajo gobiernos como los de George W. Bush. La declaración está abordando la seguridad desde la óptica de la cooperación. Se puede decir que esta es una visión que señala algo así como ‘si todos cooperamos, todos ganamos’ y habrá que hacerle seguimiento al compromiso solemne que hizo Chávez sobre su no apoyo a las guerrillas de Colombia”. Miguel Gómez Martínez, un representante a la Cámara por el gobernante Partido de la U, dijo que los colombianos no pueden ser “ingenuos” e insistió en que hay guerrilleros de Colombia en territorio venezolano. El analista Diego Cardona destacó que los dos gobiernos hayan decidido estudiar un acuerdo de complementación económica, teniendo en cuenta que en abril del 2011 concluirá la extensión de beneficios arancelarios que subsisten después de que Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones. “Ese acuerdo es muy importante sobre todo para las exportaciones de bienes y sólo hay ocho meses para negociarlo e implementarlo”. La analista Socorro Ramírez, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la Universidad Nacional de Colombia, dice que los dos presidentes deberían ser capaces de institucionalizar las relaciones. La relación no puede descansar únicamente sobre los dos presidentes y debería alejarse de los micrófonos. “Si se restablecen las relaciones, hay que poner nuevamente en marcha las comisiones de alto nivel entre las cancillerías, las comisiones presidenciales de negociación, de integración y de asuntos fronterizos, que han sido muy útiles en el pasado. Experiencias recientes de países suramericanos nos demuestran cómo, cuando existe voluntad política, es posible superar obstáculos que, en otros tiempos, parecían inamovibles”. Se debe diseñar una “hoja de ruta” para normalizar las relaciones. No se pueden abordar todos los temas a la vez, como el de la seguridad y el comercio, para citar dos de los asuntos más urgentes por resolver. Los presidentes deben incorporar a las organizaciones sociales que existen a cada lado de la frontera, para que las medidas que adopten sus gobiernos “puedan tener éxito”. El ex-Viceministro de Comercio y ex integrante de la misión de política exterior de Colombia, Mauricio Reina, dice que las diferencias entre los dos gobiernos “subsistirán y no se resolverán fácilmente, en una reunión de presidentes. Chávez y Santos tienen que ser conscientes de que la condición fundamental para que la eventual reanudación de relaciones funcione es que se comprometan a que ninguno de sus modelos políticos y económicos interfiera en el del otro”. El ex-Vicecanciller venezolano Adolfo Tayllardhat, le augura “un mes, dos meses máximo” a una eventual normalización de las relaciones. “Dudo que la luna de miel dure mucho”. Chávez admitió un encuentro con Santos “porque se dio cuenta de que su actitud hacia Colombia lo daña”, en especial frente a sus socios en mecanismos como UNASUR. El politólogo venezolano Alberto Aranguibel declaró que la estabilidad que pueda tener una reconciliación dependerá “de lo que va a pasar con el gobierno entrante (de Colombia) y su disposición a superar la crisis”. La percepción que hay entre analistas es que Chávez mostrándose conciliador con Santos por lo menos hasta las elecciones, deja momentáneamente mal parado a su archienemigo Uribe y, al restaurar el comercio con Colombia, repara una decisión que provocó corrupción y negligencia en las compras venezolanas al exterior. Santos, por su parte, activa una vía comercial vital para su plan de “prosperidad democrática”, que busca llevar a un dígito el desempleo. La mediación de Néstor Kirchner como Secretario General de la UNASUR tuvo dos etapas. Hasta la semana anterior, su gestión en el conflicto entre Venezuela y Colombia fue de baja intensidad. Casi imperceptible. Pero el martes pasado, en la provincia argentina de San Juan, durante la cumbre del Mercosur, Kirchner recibió quejas reservadas de Brasil por no asistir al encuentro de la UNASUR en Quito, pocos días atrás, y soslayar así el pleito caribeño. El portador del mensaje de malestar de Brasil fue Marco Aurelio García, el asesor del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva en temas internacionales. Lula deslizó que no podía entender cómo Kirchner se ausentaba en las cumbres. Kirchner se defendió, exponiendo que se había reunido en la Quinta Presidencial de Olivos la semana anterior con el Canciller venezolano, Nicolás Maduro, y con el entonces Presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, que había visitado la Argentina y prefería “postergar toda negociación para después” de que Santos asumiera la presidencia de manos de Alvaro Uribe. Santos necesitaba la paz urgente y Chávez no militarizara la frontera para no complicar la guerra contra las FARC, por lo que Kirchner capitalizó esa necesidad. Chávez se había enojado con los Kirchner porque percibía que la Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner había trabado una alianza con el gobierno de Santos. Los empresarios colombianos expresaron 10-8-2010 su satisfacción por los resultados de la crucial reunión entre el Presidente Juan Manuel Santos y su par venezolano, Hugo Chávez, que sentó las bases para relanzar el comercio entre dos países que siempre se han complementado muy bien en materia económica. Frente a los casi 2700 millones de dólares que Colombia exportó a Venezuela en el primer semestre de 2009, entre enero y junio del 2010 apenas se han alcanzado los 760.000 dólares, una caída de más del 71%. El Presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), Luis Gustavo Flórez, dijo que es un momento “muy oportuno” para buscar que se regularice el comercio, ya que ambos países “se complementan muy bien desde el punto de vista económico”. ACICAM era una de las entidades más interesadas en que la reunión rindiera sus frutos. Entre enero y mayo de este año, el valor de las ventas de calzado y cuero a Venezuela no llegó ni a 10 millones de dólares, un 91% menos que los 112 millones logrados en el mismo período de 2009. Cifras también muy desalentadoras presenta el Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, que ha pasado de 1000 millones de dólares a casi cero en su comercio con Venezuela. El Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, también afirmó que la venta de alimentos a Venezuela está “en punto muerto” 156.

12-8-2010, Luego de la explosión de un auto bomba en Bogotá en la madrugada del 12-8-2010, el ex candidato presidencial del Partido Verde, Antanas Mockus, dijo que “la acción de poner en riesgo lo sagrado de la vida destruye o intenta destruir la posibilidad de conversación”. El izquierdista Gustavo Petro, pide que los colombianos no se dejen manipular pues de lo contrario “seguirán poniendo bombas” y pide que el país exija “la verdad en la investigación. Me atrevo a afirmar que la bomba tiene un claro objetivo: llevar al actual gobierno a la postura del anterior”. El analista político colombiano Francisco Miranda dijo que “el atentado es un mensaje claro al Presidente de que las decisiones que está tomando provocan urticaria en las FARC u otros sectores armados”. El analista León Valencia dijo: “Los autores pueden ser sectores de la guerrilla contrarios a un diálogo o grupos de extrema derecha que quieren que se mantenga el rumbo de Uribe respecto de intentar una solución militar al conflicto colombiano”. Valencia no cree que haya sido autorizada por el comando central de las FARC, una guerrilla con más fuerza en la zona fronteriza con Venezuela y Ecuador que en las ciudades. Santos evitó señalar a un responsable, con lo que se sigue diferenciando de su antecesor, quien, según coinciden los analistas, no habría dudado en culpar directamente a las FARC de un atentado como el de ayer. Cada vez que se respira un ambiente favorable a la paz, al diálogo y a la solución política del conflicto, aparecen actos que generan condiciones favorables al escalamiento del conflicto armado. El Director del semanario Voz, órgano de la izquierda, rechazó con energía el atentado. Las diferencias políticas no se pueden confrontar con violencia, sino con el ejercicio libre de la controversia y de las ideas. Los halcones de la guerra en el gobierno y en las Fuerzas Militares, sin esperar la más mínima investigación de las autoridades judiciales le atribuyen el atentado criminal a la guerrilla, cuando son varias las hipótesis, con más fuerza la que apunta a responsabilizar a la derecha narcoparamilitar y militarista, que busca la continuidad del guerrerismo y de la guerra integral de las dos administraciones uribistas. El Gobierno Nacional debe persistir en fortalecer la opción del diálogo, porque como nunca está demostrado que persistir en la confrontación, en el odio y en la guerra, sólo contribuye a la degradación mayor y al incremento de la violencia que afecta a todos los colombianos 157.

16-8-2010, El Senador Armando Benedetti, Presidente del Congreso colombiano consideró que las comisiones que se instalarán entre Colombia y Venezuela son claves para las relaciones entre ambos países. De las relaciones entre las dos naciones sudamericanas dependen unos cinco millones de personas, quienes se ubican en la zona limítrofe y donde se generan ganancias por más de siete mil millones de dólares, monto que ha disminuyó a causa de la crisis diplomática. Respecto del atentado con carro-bomba el 12-8-2010 en Bogotá, opinó que “… a nivel personal yo creo que eso fue hecho por fuerzas de extrema derecha por la forma como operaron, el mensaje que quisieron mandar fue al nuevo Presidente, en el sitio que lo hicieron fue para que tuviera un dinamismo un eco mucho mayor de lo que antes había pasado en materia de terrorismo .... Es difícil lanzar hipótesis, pero esa es la mía y es un manejo que lo tiene que hacer solamente el Ejecutivo, y estamos dispuestos a escuchar y entender lo que diga la Fiscalía y las autoridades de la Justicia allá (en Colombia)”. Con el atentado, estos sectores parecen decirle al Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “que hay todavía unos actores presentes y se hacen sentir de esa forma. Es difícil decir cuál es la extrema derecha. Es mentira que uno pueda decir que la izquierda está en tal nicho o que está limitado o delimitado en cierto sector, pero claro que son sectores, uno no sabría decir si están transversalmente en el Estado o no”. Desestimó que exista relación entre el atentado y el reciente restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. “Lo que creo es que el Presidente Santos está en un tema de reconciliación, de buscar la unidad nacional, de recomponer de hacer historia de hacer unas reformas que nunca se han hecho y muy seguramente hay unos sectores que de pronto están huérfanos y seguramente hacen eso”. Es muy importante que el tema de las FARC no determine las relaciones entre Venezuela y Colombia; que este tema no maneje las relaciones exteriores. Las FARC no pueden manejar las relaciones binacionales. No cree que se llegue a conocer la verdad sobre el escándalo de los Falsos Positivos, cuyos cadáveres, en su mayoría, fueron enterrados en fosas comunes, como el caso de La Macarena (suroriente colombiano). “Las verdades en este tipo de situación sólo quedan para verificar, me explico, cuando alguien cuenta o revela o se delata o se incrimina lo único que la justicia termina tristemente es verificando que esos hechos fueron así o no fueron así pero la verdad judicial como tal, no la tendremos al cien por ciento'' 158.

17-8-2010, La Corte Constitucional de Colombia declaró “inexequible” (inaplicable o sin efecto) el acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EUA, que fue adoptado durante el gobierno de Uribe, y en cuya negociación participó Santos como Ministro de Defensa, que permitiría el ingreso de militares en siete bases. La votación quedó dividida en seis a favor de la inconstitucionalidad y tres en contra. Sin cuestionar el contenido del convenio, la Corte decidió suspender el acuerdo, entre otras razones porque contempla compromisos como la “libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales”. La instalación de siete bases militares en Colombia sufrió así su primer descalabro luego de que Jorge Iván Palacio, el magistrado ponente, emitiera su concepto desfavorable a la aprobación del acuerdo por parte de la Corte Constitucional. El Gobierno deberá darle ahora trámite al tratado con EUA en el Congreso para que uniformados y contratistas de EUA estén en siete bases colombianas. Con su decisión, el alto tribunal le devuelve el tratado al presidente Juan Manuel Santos para que le dé el correspondiente trámite en el Congreso. “Mientras su paso por el Legislativo se cumple, el acuerdo militar quedará sin vigencia, contrario a lo que se había planteado antes de darle un plazo de un año para que el convenio fuera analizado por el Congreso”. El acuerdo entre Colombia y EUA contemplaba que personal militar estadounidense (hasta 800 militares y 600 contratistas) podía operar desde las bases de Malambo (Atlántico), Palanquero (Magdalena Medio), Apiay (Meta); las bases navales de Cartagena y el Pacífico; el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia (Caquetá). La demanda ciudadana que analizó la Corte fue interpuesta por la organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que pidió que se declare “inexequible” (no ajustado a la Constitución) el convenio militar firmado en octubre del 2009. El magistrado Iván Palacios, encargado de estudiar esa demanda, dijo que la firma del acuerdo no cumplió los requisitos legales y, dado que se trata de un convenio distinto a otros anteriores, debía pasar por el Congreso para su aprobación. En octubre de 2009, poco antes de la firma del acuerdo, el Consejo de Estado de Colombia entregó unas consideraciones no vinculantes al Gobierno en las que también consideraba que el convenio militar debía ser aprobado por el Congreso. El Presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, explicó que el tribunal concluyó que, contrario a lo que siempre alegó el gobierno del entonces Presidente Uribe, el convenio no era una simple extensión de los acuerdos militares que Colombia ha suscripto con EUA desde 1952. El convenio contiene “nuevas obligaciones” que, según la Corte, “exceden” lo que ya se había pactado y que, por esa razón, lo devuelve al presidente de la República. Eso significa, que el uso de las siete bases, que es lo nuevo frente a los anteriores convenios militares, queda sin vigencia. Los demás convenios militares siguen vigentes, entre ellos el Plan Colombia, gracias al cual 500 militares y 300 contratistas de EUA pueden permanecer en Colombia para operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla. La Corte Constitucional sostuvo que aún cuando se trate de la presentación de un convenio simplificado su contenido tiene alcance de tratado internacional, y de ahí que haya la necesidad de reformularlo y presentarlo ante el Congreso de la República. Una vez pasado el examen en el Legislativo, la iniciativa deberá volver a ser remitida a la Corte para que se estudie si se ajusta o no la Carta Política de 1991. El Presidente del Senado, Armando Benedetti, declaró que él siempre alegó que el convenio debió haber sido llevado al Congreso. El Senador, Camilo Sánchez, del Partido Liberal, opinó que la decisión de la Corte no lo sorprende, porque “estaba cantada”. El profesor Francisco Leal, de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, experto en temas militares, señaló que “es probable que el gobierno tenga las mayorías suficientes para aprobarlo, pero el debate público le da más claridad al tema”. Que el Congreso intervenga en la aprobación del texto “le da la transparencia que el acuerdo no tuvo al comienzo” 159.

17-8-2010, El Representante Iván Cepeda remitió ante la Corte Penal Internacional primera demanda contra Alvaro Uribe, un proceso en el cual el Congreso ya absolvió al ex-Presidente. La plenaria de la Cámara de Representantes decidió archivar un caso en el cual el ex Jefe de Estado era procesado por injuria y calumnia, luego de que en el 2002, durante un Consejo de Seguridad en Carepa (Antioquia), el ex-Presidente acusó de auxiliadores de la guerrilla a la comunidad de San José de Apartado y al padre Javier Giraldo. Tras esto fueron asesinados 20 habitantes de ese municipio. Al conocer dicha declaración lo demandaron ante la Comisión de Acusaciones por injurias y calumnias, pero fue absuelto. El Polo Democrático Alternativo solicitó las copias de dicho caso y anunció su inmediato envío a la Corte Penal Internacional. El Representante Iván Cepeda explicó que ésta sería la primera vez que una investigación que termina archivada de la Comisión de Acusaciones de la Cámara va a parar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional: “Esperábamos que se actuará en justicia y que la plenaria devolviera el expediente para que se diera una investigación (...) no pedíamos que se declarara culpable al ex Presidente sino que se practicaran las pruebas pero esto nunca se dio”. Esto demuestra que “no se está haciendo la tarea” de juzgar a altos responsables del Estado; por ende se hace necesaria la intervención de la CPI 160.

19-8-2010, Representante del Polo Iván Cepeda hizo la denuncia en el primer debate de control político: “Hemos pasado del despojo violento a la legalización sutil”. Reiteró su solicitud de que se frene la extradición del 'para' Eder Pedraza, 'Ramón Mojana': “Antes, la Fiscalía le debe preguntar por las tierras baratas que, según el testigo de la Corte, alias 'Pitirri', le encomendaron conseguir políticos como Mario Uribe”. También pidió que se indague por qué hermanos del Presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, terminaron adquiriendo una finca robada por hombres de 'Jorge 40'. Cepeda pidió que se creara una unidad especial en la Fiscalía, para perseguir testaferros y bienes. El representante liberal Guillermo Rivera, denunció que, entre 2002 y 2005, “mientras se avanzaba en los diálogos de Ralito”, la mayoría de las tierras enajenadas fueron puestas a nombre de testaferros que recibieron subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS): “Entre los beneficiarios hay 10 palmicultores y refinadores de aceite de palma que contribuyeron con 29,5 millones en 2002, y 27 millones para el referendo y han recibido 8 mil millones en subsidios y 279 millones en créditos blandos”. Es “evidente” que las entidades encargadas de la redistribución de tierras “o bien no han cumplido su tarea o, en algunos casos, se han aliado con las mafias en contra de las víctimas”. Finagro “le dio un crédito a alias 'Macaco', en el 2005, cuatro meses antes de su desmovilización, para fortalecer una finca que entregó para reparar víctimas y sin pagar el crédito” 161.

23-8-2010, Debate en el Congreso colombiano sobre tierras robadas a comunidades indígenas, afros y campesinas. En el robo de tierras en Colombia está uno de los negocios de la guerra. De los millones de hectáreas robadas la mayoría ya fueron legalizadas por Uribe. Javier Orozco, ex-Presidente del sindicato del Instituto de Reforma Agraria (INCORA) considera que ese problema se resolverá gracias al gobierno, pero solo van a clarificar y en algunos casos a restituir la propiedad de las tierras en manos de los grupos ilegales; los ladrones de tierras legales que son la mayoría de los agroempresarios y especuladores y todas las multinacionales ya legalizaron los predios robados gracias al gobierno de Uribe que dispuso cambios en las normas sobre tradición y propiedad y facilitó que notarios amigos del narco para-uribismo expidieran y registraran títulos de propiedad legales sobre tierras despojadas con violencia a sus legítimos dueños, campesinos, indios y negros. Una solución real sería la que logren imponer las masas rurales que insisten en una reforma agraria integral, democrática, drástica, masiva, que reordene la propiedad y el territorio, elementos de eso ya están presentados desde hace varios años al Congreso por las organizaciones del campo, pero eso requiere desmontar el aparato de economía rentista y especuladora, además de cambiar el modelo neoliberal y una serie de medidas encaminadas a proteger la propiedad y la economía campesina y a propender por la soberanía y seguridad alimentaria. No hay una institución en condiciones de revisar los catastros, clarificar la propiedad y llevar a cabo las acciones judiciales y policiales para restituir predios usurpados; el INCODER reemplazó al INCORA pero no tiene presupuesto y se convirtió en un nido de gestión de la propiedad narcoparamilitar y del clientelismo. En febrero del 2010 la VI Delegación Asturiana verifico el estado de los derechos humanos en una región del Sur de Bolívar en Colombia. empresarios de la palma aceitera ligados a multinacionales inglesas y narcotraficantes despojaron con violencia las tierras de una comunidad campesina. Cualquier observador externo podría también concordar en que la respuesta más ética y adecuada a esta tragedia, es que se restituya formalmente las tierras a las familias tan pronto como sea posible, para poner fin a su dependencia de la ayuda alimentaria externa y para poder reconstruir sus vidas destrozadas por el desalojo. Una forma de hacerlo sería de garantizar el acceso inmediato a sus tierras, con el fin de resolver a corto plazo los aspectos más complejos de la propiedad de la tierra y el apoyo estatal a una economía frágil en el actual contexto. En la plenaria de la Cámara de Representantes, los congresistas Iván Cepeda (Polo Democrático Alternativo) y Guillermo Rivera (Partido Liberal) demostraron que la concentración de tierras en Colombia es tan marcada, que tan sólo el 4% de los propietarios controla el 61 por ciento de las tierras de mejor calidad, derivada, en muchos casos, por el despojo de tierras que ocasionó la ofensiva paramilitar en las recientes dos décadas. 5,5 millones de hectáreas fueron abandonadas, invadidas o transferidas en “negocios espurios”, de las cuales fueron expulsadas 385.000 familias que hoy sufren en busca de recuperar lo perdido. De estas, 1,2 millones estaban cultivadas antes de ser despojadas. El Representante Iván Cepeda reveló que detrás de la legalización de tierras despojadas hay grandes empresarios que, incluso, “contaron con la ayuda del Estado” para adquirir esos predios. Muchos de los predios que habían arrebatado los paramilitares desmovilizados no han sido devueltos, pues, según sus investigaciones, la propiedad de dichos predios ha sido legalizada a través de mecanismos “sutiles”. Señaló a hermanos del Presidente de ECOPETROL, Javier Gutiérrez, de adquirir una finca que, según su conocimiento, “fue robada por hombres de ‘Jorge 40’”. Pidió la no extradición del desmovilizado Eder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’, a quien Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, uno de los testigos estrella de la parapolítica, señaló de haber atendido las recomendaciones del ex senador Mario Uribe de “conseguir tierras baratas” en la región del bajo Cauca. El Representante Guillermo Rivera también hizo varias denuncias en la radiografía agraria que presentó en el Parlamento, especialmente la forma como varios “testaferros de paramilitares” terminaron siendo beneficiados por las políticas de subsidio agrario impulsadas por el gobierno de Uribe y su Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. “La voluntad y el rol del gobierno del Presidente Uribe, y en especial de su Ministro de Agricultura, distó mucho de iniciar un proceso de restitución. Incluso, las medidas de seguridad a las víctimas y las garantías para que estas pudieran reclamar sus terrenos fueron enormemente limitadas”. Rivera mencionó el caso de 10 palmicultores y refinadores de aceite de palma que contribuyeron con 29,5 millones en el 2002, y 27 millones para el referendo y han recibido 8.000 millones en subsidios y 279 millones en créditos blandos. Incluso reveló que el extraditado jefe paramilitar alias ‘Macaco’ devolvió la finca Las Margaritas en Putumayo, junto con 160 millones de pesos que correspondían a una deuda por créditos blandos con el programa FINAGRO. Por eso, Rivera le advirtió al gobierno de Juan Manuel Santos que su primer reto para consolidar el propósito de devolver dos millones de hectáreas a los campesinos desplazados será establecer quiénes ostentan hoy la propiedad de estos predios. Se hace urgente un censo de “Tierras y predios”, tal como lo ordenó un Auto de la Corte Constitucional en el 2009, para así determinar “las cifras reales” con las que el Gobierno debe contar para afrontar esta “herencia que le dejó el gobierno Uribe” 162.

25-8-2010, La Senadora Piedad Córdoba quien asistió a la reunión de la bancada del Partido Liberal con el Presidente Santos, expresó que el se reuniría próximamente con 'Colombianos y Colombianas por la Paz'. La Senadora, quien destacó el buen ambiente de diálogo entre el Ejecutivo y los partidos, insistió en la importancia de la paz: “Para poder inclusive tener la posibilidad de la inversión extranjera, lo más importante es tener la certeza de que sin la paz es imposible cualquier otro propósito que tenga el Gobierno. Uno puede matar a todo el Secretariado de las FARC, si ese es el propósito. Pero matar a 20 millones de colombianos que están por fuera de la línea de desarrollo, es decir, en la miseria y la pobreza, es imposible”. La Senadora explicó que esos temas se tratarán con el Presidente Juan Manuel Santos “en la reunión de Colombianos y Colombianas por la Paz. Quiero decirle al país que me siento muy agradecida y muy reconocida porque se nos abre esta puerta, que es una puerta para seguir trabajando frente a lo que es significativo para Colombia, que es la construcción de escenarios de paz”. Respecto a la decisión de Santos de mantener por ahora cerrada la puerta del diálogo con las FARC, haciendo énfasis en que sólo él tiene la llave, dijo: “Lo más importante es respetar la actitud y la decisión que ha tomado el Presidente, porque las posiciones se mueven mediante el diálogo, y creo que lo fundamental es la reunión de Colombianos y Colombianas con él” 163.

2-9-2010, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, radicará denuncia en contra del ex-Presidente Alvaro Uribe, por traición a la patria, prevaricato y abuso de autoridad, tras dar trámite al acuerdo militar con EUA que no pasó el examen ante la Corte Constitucional. Quinientas personas firmaron el documento que será brindado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El Colectivo de Abogados también solicitó a la Fiscalía que se le apliquen los mismos tipos penales al ex-Canciller Jaime Bermúdez, al ex-Ministro de Defensa Gabriel Silva Luján y al del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. Adicionalmente, solicitó que se adelanten las actuaciones disciplinarias correspondientes en contra de los funcionarios por parte de la Procuraduría General de la Nación. Para la organización defensora de derechos humanos, ese convenio vulneraba en demasía la autonomía y soberanía del Estado colombiano, toda vez que permitía una serie de concesiones a los militares que harían uso de siete bases castrenses colombianas, como la inmunidad en materia penal. El jurista Luis Guillermo Pérez, integrante del colectivo José Alvear Retrepo, sostuvo que la experiencia negativa de países como Ecuador demuestran que la presencia militar de EUA en otros países, bajo esas condiciones, ha producido un aumento en las violaciones a los derechos humanos. Con el pretexto de luchar contra el tráfico de estupefacientes, los norteamericanos han ido ejerciendo una irregular injerencia en los asuntos internos de países del tercer mundo 164.

2-9-2010, El Magistrado de la Corte, Luis Ernesto Vargas Silva, dijo que el desplazamiento en Colombia ha crecido en más del 300 por ciento desde que la Corte declaró el carácter de inconstitucionalidad de la atención que el Gobierno Nacional debe prestar a ese tipo de población. La emisión de la sentencia T-025 de 2004, que evidencia el incumplimiento de los compromisos en la materia, ese fenómeno ha generado el desplazamiento de unas tres millones de personas más. El Gobierno ha avanzado en algunos aspectos, el objetivo de revertir el drama de esa población ha venido cumpliéndose muy lentamente, y de ahí la necesidad de redoblar los esfuerzos. Se ha evidenciado relación entre los desplazamientos y la generación de macro proyectos productivos en algunas regiones, pues no se ha consultado a las comunidades para adelantarlos. El Gobierno tiene la responsabilidad de vigilar que esas firmas consulten a la población para evitar mayores dramas 165.

4-9-2010, Empresarios de agroindustrias y funcionarios de todo nivel, así como paramilitares de ultraderecha, tienen algo en común con campesinos desplazados o asesinados: las tierras robadas a los últimos en el conflicto armado. El ex-Jefe paramilitar “Pitirri”, Jairo Castillo, exilado hace 10 años e importante testigo protegido en los juicios que se siguen en Colombia a los “parapolíticos”, dirigentes implicados con la estrategia de esos grupos ilegales describió: “Es que ahí había un complot. Uno iba matando a la gente, otros iban atrás comprando, otros iban de tercero, legalizando”. “Pitirri” es uno de los que preguntan a la justicia por qué sólo se ocupa de los que “iban matando”. Por qué no inquiere por quienes se apropiaron de 5,5 millones de hectáreas, según cifras de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, creada por iniciativa de la sociedad civil. La declaración de “Pitirri” fue presentada el 19-8-2010 en un debate parlamentario de control político sobre tierras, paramilitarismo y desplazamiento forzado por el legislador izquierdista Iván Cepeda. Alvaro Uribe, quien gobernó desde 2002 hasta el 7-8-2010, desmovilizó parcialmente el brazo armado del paramilitarismo, para lo cual se expidió un marco legal conocido como Ley de Justicia y Paz. Con ese nombre, una unidad de la Fiscalía General de la Nación afronta la confesión “completa” de los crímenes de centenares de ex combatientes que así pueden acceder a beneficios penales, tal como lo impuso la Corte Constitucional, y deben pagar con sus bienes la reparación de sus víctimas. Guillermo Rivera, legislador del hoy oficialista Partido Liberal, señaló en el mismo debate: “La Unidad de Justicia y Paz ha hecho una tarea formidable en medio de limitaciones presupuestales y logísticas”. Según él, la fiscalía descubrió algo inesperado. Notó que los paramilitares desmovilizados, que se suponía eran dueños de enormes extensiones con las que iban a reparar a sus víctimas, reportaron propiedades más bien precarias. Hasta ahora han entregado apenas 6.600 hectáreas. Rivera resumió así el “complot”, como lo denomina “Pitirri”: Con el argumento de combatir a guerrillas de izquierda, entre 1994 y 2000 se produjo en este país la más fuerte expansión paramilitar, que dejó decenas de miles de campesinos asesinados y millones de desplazados hacinados en las ciudades. La seguridad alimentaria de esos desplazados se quedó en la parcela, que luego fue tomada por las mafias paramilitares, ya fuera mediante la compra a precios irrisorios o por ocupación a la fuerza. Entre 2002 y 2005 el gobierno de Uribe negoció la desmovilización con los paramilitares en Santa Fe de Ralito. Mientras la opinión pública seguía las incidencias de Ralito, la mayoría de los millones de hectáreas apropiadas fueron puestas a nombre de testaferros o vendidas a empresarios. El objetivo era evitar que esas propiedades ingresaran a los fondos de reparación de víctimas que prevé la legislación, y evadir así la restitución de bienes. Entre 2005 y 2006, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía detectó evidencias de testaferrato y de que un número de empresarios se habían apoderado de tierras que originalmente eran de los desplazados. El círculo, descrito por Rivera, se cierra de manera estremecedora: un cierto número de esos testaferros pasaron a ser beneficiarios del Estado, especialmente a través del Ministerio de Agricultura, que les concedió créditos blandos y subsidios agrícolas bajo el programa Agro Ingreso Seguro, un escándalo de corrupción que estalló en el último tramo del gobierno de Uribe. Luego, esos beneficiarios financiaron campañas electorales del sector más ligado a Uribe en el oficialismo, por ejemplo la del ex aspirante presidencial Andrés Felipe Arias, Ministro de Agricultura del ex mandatario. Colombia vive un viejo conflicto armado, con guerrillas activas desde 1964. En el debate parlamentario, Rivera y Cepeda proporcionaron nombres propios de individuos, empresas y supuestas organizaciones de la sociedad civil que formarían parte del presunto “complot”. Durante su gobierno, el propio Uribe instruyó al bloque oficialista, mayoritario tanto entonces como ahora, para que bloqueara un proyecto de ley de víctimas, que incluía restitución de bienes. El proyecto, argumentó, resultaba oneroso para el fisco. La Corte Constitucional ordenó en repetidas ocasiones restituir los bienes a los desplazados, estimados entre tres y más de cuatro millones de personas, según fuentes gubernamentales o de la sociedad civil. Rivera pidió mecanismos expeditos de justicia transicional para devolver los bienes a las víctimas. Para ello, subrayó, es necesario “invertir la carga de la prueba en los litigios sobre tierras”. Dijo a IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) Juan Houghton, miembro de la Casa del Pensamiento, Centro de Estudios de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en el occidente del país: según ese principio jurídico, no es el Estado el que tiene que demostrar dolo en una negociación o propiedad de tierras. Son, al contrario, los usufructuantes de la misma quienes deben demostrar la legalidad de su propiedad. Respecto de los anuncios del nuevo Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, de que llevará a cabo una reforma agraria, indicó: “Es pronto para saber hasta dónde llegará el gobierno en materia de tierras. Pero señalo dificultades: la mayoría de medidas previstas las tomará este Congreso (legislativo), en donde se encuentran los que serían los más afectados: los miembros de la coalición de gobierno”. El Ministro aspira a redistribuir dos millones de hectáreas incautadas al narcotráfico, pero que no se han podido tocar por una selva de obstáculos legales que favorecen a herederos y testaferros, a menudo tejidos por los sectores mayoritarios en el Poder Legislativo. Houghton también advirtió que no sería ningún avance quitar tierras a latifundistas para entregarlas a “empresas legales transnacionales. Después de ocho años de feudalismo criminal, cuando reaparece el capitalismo, se ve como progresista. A principios del siglo XXI en Colombia está pasando lo que Europa vivió en el siglo XVIII. Se ha dicho explícitamente que para resolver el problema de tierras se necesita más capitalismo”. Las comunidades indígenas y negras y los campesinos que reclaman tierras no se oponen al desarrollo; se oponen al enriquecimiento violento de unos pocos a costa del empobrecimiento violento de muchos 166.

6-9-2010, Colombianos y Colombianas por la paz que lidera la Senadora Piedad Córdoba, pidió a las FARC que aclare si es responsable del asesinato de 14 policías en Doncello (Caquetá). De acuerdo con la información, atacaron con fusiles el vehículo policial, y algunos agentes fueron rematadas con tiros de gracia, luego usaron gasolina para incinerar los cuerpos de los agentes estatales. En una carta pública señalan que este hecho “merece nuestro absoluto rechazo”. No todo método en la guerra es válido y se ha infringido gravemente el derecho humanitario y la ética que enmarcan las expresiones rebeldes. Llamamos a la guerrilla de las FARC EP a pronunciarse públicamente acerca de lo sucedido, precisando su responsabilidad o no, en los métodos usados contra los combatientes policiales. Esas técnicas de guerra afrentan la dignidad humana de los combatientes. Colombianas y Colombianos por la Paz seguirá abogando a través del intercambio epistolar y sus buenos oficios, para que sea posible una apuesta por el diálogo político, para la humanización de la guerra y la solución negociada al conflicto social y armado. Creemos que la guerra no es la salida 167.

16-9-2010, Piedad Córdoba pidió a la Unión Europea presionar a Santos hacia un diálogo político; de esta manera se pondrá fin a las violaciones de los Derechos Humanos en el país: “Conociendo la situación de los derechos humanos en el país, invito a la UE a presionar a Colombia y hacer mucho más énfasis ante el Gobierno para que se aproxime al diálogo político”, señaló Córdoba. A pesar de que la UE tiene presencia en Colombia, en Europa se conoce una realidad distinta de la que verdaderamente vive el país. Es “incomprensible” que se firmen tratados de libre comercio con Colombia sin tener en cuenta “la degradación humanitaria y la situación de pobreza y miseria” que existe en el país. Resulta clave que el Ejecutivo inicie un proceso de negociación, en el que participen no sólo los mandatarios del país sino también las organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos, para “la humanización del conflicto. La solución es el diálogo, algo que no se ha dado hasta ahora” 168.

17-9-2010, La Senadora de Colombia, Piedad Córdoba, respondió a las palabras del Presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que las declaraciones de la congresista colombiana estaban legitimando el terrorismo: Presidente los únicos que legitiman al terrorismo y las FARC son los que piden bala y muerte para “acabar” la guerra. La solución es pacífica. Para la Senadora opositora resulta clave que el Ejecutivo inicie un proceso de negociación, en el que participen no sólo los mandatarios del país sino también las organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos 169.

19-9-2010, La Senadora Piedad Córdoba declaró en la UE: “Colombia entera es una fosa común”. La oligarquía hace cada vez más cosas que terminan legitimando la lucha armada, en este país con esos consensos a punta de notarias y dadivas burocráticas, no se puede pensar distinto, no se puede hacer una huelga, no se puede ser sindicalista, no se puede ser periodista crítico, ni se diga opositor a secas. Para ejemplo, la oligarquía caleña, a través de ASOCAÑA quiere ahora cobrarle a los cañeros vallecaucanos su resistencia heroica por la obtención de mejores salarios y prestaciones sociales, ahora han llamado a juicio a dos dirigentes populares: Alberto Bejarano, y Juan Pablo Ochoa, quienes son defensores acérrimos de la constitución del 91, estos dirigentes se la han jugado toda, desde hace muchos años por la democracia con justicia social, pero lo han hecho con la constitución en la mano y nunca tiraron una piedra. Ahora son terroristas según el código penal colombiano. “Se quiere penalizar el derecho a la protesta y la huelga de aquellos que luchan contra los intentos de negar todos los derechos laborales por la vía de la intermediación del trabajo y también castigar el apoyo y la solidaridad con las luchas de los más pobres por el mejoramiento de sus condiciones de vida” 170.

21-9-2010, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) pidió depurar las listas de funcionarios en busca de cómplices en el despojo de tierras. Además de esa complicidad la Comisión reveló que 8 de cada 10 adjudicaciones del antiguo Incora y del Incoder podrían tener problemas de legalidad. Las dos conclusiones están documentadas en el informe La Tierra en Disputa, elaborado por el grupo de Memoria Histórica de la Comisión y que será entregado al Vicepresidente Angelino Garzón. Patricia Buriticá, comisionada de la CNRR aseguró “Muchos (funcionarios) recibieron plata, otros actuaron bajo amenazas y otros omitieron las evidencias de robo de tierras”. El documento de la Comisión, que incluye un capítulo sobre las masacres de La Rochela, Bojayá y Bahía Portete, llama la atención del Gobierno para que se investigue el despojo de tierras en los años 80, época de fuertes disputas de 'paras' y guerrilla. Según Donny Meerterns, coordinadora del informe, los departamentos de Córdoba y Sucre son emblemáticos por la manera como los violentos despojaron a los campesinos. En los últimos 4 años, Incoder ha destituido a 34 funcionarios por hechos relacionados con corrupción y abuso de autoridad y tiene en indagación a más de un centenar. También se ha compulsado copias para que se investiguen a personas, que desde otras instituciones, han participado de casos de despojo. La comisionada Buriticá también asegura que el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia y Paz en Medellín, que ordenó la cancelación de 15 títulos fraudulentos de alias 'el Alemán', podrían servir para otros 200 casos en ese departamento con las mismas características. Hasta ahora, en los comités regionales de restitución hay 2162 solicitudes de víctimas por despojo de tierras 171.

27-9-2010, Debido a la destitución de su cargo de Senadora e inhabilitada por 18 años para ocupar cargos públicos por el Procurador General, Alejandro Ordóñez, por la “facpolítica”, el abogado de Piedad Córdoba, Ciro Quiroz, dijo que la sanción fue puesta “con sevicia”. Anunció que hará uso de los recursos respectivos para “impugnar” la providencia emitida por la Procuraduría. “Es una sanción sin precedentes en la historia de Colombia y se nota cierta sevicia del operador judicial, como quiera que la Senadora le tiene denuncias también al señor Procurador”. La Senadora Piedad Córdoba dijo: “Es absolutamente normal que se nos categorice como terroristas y, en este caso, como miembros de las FARC”. Para la Senadora, el Procurador General Alejandro Ordóñez es cuestionado por casos de “yidispolítica” y “chuzadas del DAS”, entre otros. De acuerdo con Piedad Córdoba, “la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético. Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT (homosexuales); las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia”. La decisión del Procurador Ordóñez deja en evidencia la persecución política que hay en su contra. “...ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación. Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad” 172.

4-10-2010, El Representante (diputado) Iván Cepeda, dijo que buscar un castigo para lo que llaman la “apología al terrorismo” es censurar a quienes piensan distinto al Gobierno sobre el conflicto interno del país. Los defensores de Derechos Humanos y quienes piensen distinto al Gobierno acerca del conflicto interno del país, podrían ser objeto de un proceso penal. Muchos de los que están en la búsqueda de la paz en Colombia serían considerados como ideólogos del terrorismo y la subversión, sin en realidad pertenecer a los grupos armados ilegales. la iniciativa “busca convertir lo actuado por el Procurador Alejandro Ordoñez contra la Senadora Piedad Córdoba en legislación”. De ser aprobado el proyecto con ese artículo se trataría de llevar a cabo una medida de censura al debate público y a los mismos medios de comunicación; al restringir así las opiniones de los columnistas. El Polo Democrático Alternativo hizo los primeros reparos al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana presentado en Cali por el Presidente Juan Manuel Santos. El malestar de ese partido de oposición tiene origen en la idea de crear un nuevo delito: el de “apología al terrorismo” 173.

15-10-2010, En un extenso documento, un fiscal de Derechos Humanos detalló que el Empresario Hernán Iñigo de Jesús Gómez es señalado como enlace de las autodefensas para implantar proyectos en los cuales fueron desplazadas comunidades afrodescendientes. Fue a través de simuladas asociaciones con supuestamente representantes de cultivadores de palma, que las autodefensas legalizaron miles de hectáreas arrebatadas a pobladores asentados en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó, y se hicieron a millonarios créditos o beneficios otorgados por Finagro. Un negocio redondo, pues al tiempo que desplazaban a sangre y fuego e imponían el proyecto de palma en Urabá, recibían dineros del Estado para sus fines. La cuestionada firma Urapalma S.A. creó asociaciones ficticias de pequeños cultivadores, como Acopalma y otras ubicadas en la cuenca del río Curvaradó, que tuvieron un papel protagónico para legalizar los despojos de los terrenos ancestrales de las comunidades afrodescendientes. En ese contexto, concluyó la Fiscalía, el empresario Hernán Iñigo de Jesús Gómez Hernández fue fundamental para la ejecución del proyecto de palma que a toda costa impuso Vicente Castaño. Gómez, viejo conocido de la Casa Castaño, quien trabajó en la desmovilización de facciones del EPL y el M-19 o en los diálogos de Tlaxcala, México, y, por último en el proceso de paz con los paramilitares, fue gestor de la firma Urapalma y un enclave, pionera de toda suerte de adquisiciones de tierras ilegales y desplazamiento en Urabá que tenía como fin generar millonarias rentas al paramilitarismo por cuenta del mercado de los biocombustibles. En su indagatoria, el empresario recordó que en 1996 fue convocado por el Obispo Isaías Duarte Cancino a una reunión en la Arquidiócesis de Cali con Carlos Castaño, que después asistió al acuerdo del Nudo de Paramillo en 1999, que tuvo problemas con Castaño porque se negó a aceptar una solicitud de él para que fuera intermediario con la DEA en la entrega de un grupo de ‘narcos’ colombianos, pero que aun así zanjó sus diferencias y en el 2003, en virtud del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, junto con la Iglesia, participó del proceso de desmovilización como interlocutor de Ernesto Báez. La Fiscalía tiene evidencias de que a través de su esposa Katia Sánchez manejaba los hilos de Urapalma junto con Antonio Zúñiga, y los testimonios de Gilberto Alvaro Alzáte o el ex congresista Carlos Alonso Lucio refrendan que era un asesor de los ‘paras’. El extraditado H.H. y Pedro Bonito lo señalaron como emisario de Vicente Castaño para cooptar la estratégica zona del tapón del Darién en el Urabá como un proyecto de las autodefensas que tenía una curiosa consigna promovida por Castaño: “La palma se siembre con sangre”. Uno de los procesados en este caso, en el que ya fueron detenidos 24 palmicultores, Carlos Merlano, dio más pistas sobre cómo se usurparon las tierras ancestrales en el Urabá, en la que participaron empresas de la costa y personas naturales como los hermanos Zúñiga, quienes eran palmicultores reconocidos. H.H. contó que Javier Zapata Pretelt, en calidad de Gerente de Urapalma, desempeñó estrategias para legalizar casi 6 mil hectáreas que la firma dijo adquirir a través de compra de derechos de posesión. El ex jefe paramilitar añadió que Gómez, junto con Carlos Spath, fueron enviados por las AUC para negociar con azucareros del Valle. A criterio del fiscal, Hernán de Jesús Gómez, excedió sus misiones humanitarias para constituirse en promotor de los proyectos de los paramilitares y a él se le atribuye “la ejecución de las políticas de penetración de las autodefensas en los negocios más rentables de la economía como el azúcar y la palma”. Es más, la Fiscalía fue más allá: “Con él principió la debacle para los desposeídos del bajo Atrato chocoano”. En últimas era Gómez, Zúñiga y otros colaboradores quienes le rendían cuentas a Vicente Castaño sobre “su fecunda labor en la compra de posesiones que después pasarían a ser el marco de tierras en que se acomodaría la titulación de los terrenos ocupados por Urapalma”. Dagoberto Montiel, entonces Secretario de Acopalma, se sabe que se prestó para legalizar grandes extensiones de terrenos en Urabá propiciando el desplazamiento y el deterioro del medio ambiente con los proyectos de cultivo de palma. Desde esta asociación, además, gestionó jugosos préstamos que terminaron siendo utilizados en la adquisición de terrenos de comunidades afrodescendientes. La Fiscalía también descubrió que Robin Manuel Calonge y Luis Eduardo Tuberquia, en calidad de desmovilizados, también promovieron estos despojos y la apropiación de los títulos de estos fundos rurales. Todos ellos fueron detenidos por orden de un fiscal de Derechos Humanos que está en la tarea de desentrañar la radiografía de la violencia que se extendió en el Urabá por casi una década por cuenta de empresas palmicultoras que, según parece, terminaron al servicio de Vicente Castaño en el rentable negocio de los biocombustibles y el aceite de palma 174.

16-10-2010, Entrevista a Iván Cepeda, Líder del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado (MOVICE); Representante a la Cámara por Bogotá en las elecciones de Parlamento del año 2010 por el Polo Democrático Alternativo. Sobre la discusión de la ley de víctimas y restitución de tierras reconozco que el proyecto tiene algunos puntos que constituyen un avance, pero, al tiempo, tiene grandes limitaciones y vacíos. Cito unos: las víctimas no han sido consultadas para la presentación de este proyecto. El Gobierno dice que se hizo en otro momento, pero es importante que ellas, que son las protagonistas de la ley, opinen sobre el actual. Segundo, en la ley hay un gran obstáculo para la reparación. La Administración ha incluido una limitante muy fuerte, que es el concepto de sostenibilidad fiscal. El Gobierno debe ser responsable con las finanzas de la nación pero también debe tener sentido de las proporciones. Hasta donde se sabe, el Gobierno habla de $44 billones en diez años (16-10-2010 $1870 por u$s 1), de los cuales $33 estarían consagrados a la asistencia y sólo $11 a una efectiva reparación. Eso significa que habría algo más de un billón de pesos al año para este último objetivo. Esos recursos son nimios con relación a la catástrofe que vive el país. Es muy mezquino y ausente de cierto decoro ético poner la reparación en esos términos. Cuando se trata de gastar en defensa, no hay alarma por la estabilidad fiscal. El Gobierno ha propuesto $20 billones en un año para la defensa nacional, mientras que para 4 millones de víctimas le parece suficiente un billón anual. Lo que hay previsto sobre restitución de tierras, ¿por qué no se diseña una política para perseguir los bienes, los capitales y las tierras apropiados ilegalmente? No debe pensarse sólo en cómo indemnizar, sino en la manera de debilitar el aparato criminal. El proyecto no tiene una política seria que permita captar recursos para reparar a las víctimas. No se prevé ningún mecanismo para la restitución del patrimonio usurpado, lo que hace inviable el mantenimiento de esa restitución. Además, se excluye a algunas víctimas. Por ejemplo, familiares de miembros de grupos armados ilegales no serán víctimas para esta ley, lo cual es discriminatorio. Piense en un niño o en un muchacho que fueron reclutados a la fuerza por un grupo armado ilegal. En ese caso, ¿quién determina si ellos son víctimas o victimarios? Si el padre de un paramilitar es secuestrado por la guerrilla, ¿no tiene derecho a reparación administrativa? Quisiera una ley de víctimas que responda a los derechos de verdad, justicia y reparación, y no una que pueda ser eventualmente declarada inexequible por la Corte Constitucional, o que sea inocua porque reconocerá uno que otro derecho, pero sin resolver el problema de fondo. También abogamos por otras víctimas y por sus derechos. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado no niega que la guerrilla ha causado daño y que ha generado víctimas individuales y colectivas con actos que pueden ser castigados como crímenes de guerra. Parte de lo que debemos resolver como sociedad es adquirir la sensibilidad que nos haga reaccionar sin miramientos. Los más privilegiados reaccionan indignados sólo si sus derechos no son respetados, pero son indiferentes con los de los demás. También me llama la atención que nadie ponga en tela de juicio la condición de víctima de un secuestrado de la guerrilla. Y que quien ha tenido un familiar víctima de desaparición forzada tenga que justificarse. Mi conclusión sobre los paramilitares que entrevisté es que ellos no eran los señores de la guerra omnipotentes que creíamos, sino los instrumentos de otros, sin que esa circunstancia minimice su responsabilidad. Le repito una frase que utilicé en el debate sobre tierras, y que no es mío. Proviene de alias Pitirri: “Unos veníamos matando; otros venían comprando, y otros iban legalizando”. Esas palabras tan simples resumen lo que hemos visto en estos años: primero fueron las masacres; después, las grandes adquisiciones de tierra. Y lo que estamos viendo hoy es la legalización de esos dominios. Es temprano para hacer comparaciones o evaluaciones entre los gobiernos de Uribe y Santos, porque el Gobierno actual ha anunciado unos propósitos, pero hay que juzgar por los hechos. No sólo por sus palabras y por sus gestos públicos que también hay que apreciar. La ruta de la administración se definirá por los proyectos a los que nos está abocando; y lo que veo en el Congreso en materia de propuestas legislativas es sombrío. Hay iniciativas que plantea el Gobierno que pueden afectar gravemente los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la iniciativa de convertir la macroestabilidad económica en un derecho fundamental. Se genera así un mecanismo que intimidará a los jueces de la República a la hora de fallar acciones de tutela, acciones en favor de los desplazados, sentencias de reparación de víctimas u otro tipo de decisiones que puedan ser consideradas como dañinas a lo que se denomina estabilidad fiscal. Creo que eso forma parte de un gran proyecto que tiene muchos ingredientes de continuidad con el modelo anterior 175.

27-10-2010, El Congreso de la República no aplicará la figura de la 'silla vacía' en el caso de la Senadora Piedad Córdoba, quien fue inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos por sus presuntos nexos con las FARC. El Presidente del Senado, Armando Benedetti, explicó que esa determinación obedece a que el fallo de la Procuraduría no habla nunca de que Córdoba haya cometido un delito. El único organismo autorizado, según la Constitución, para determinar si un congresista cometió un delito es la Corte Suprema de Justicia. “No existe ‘silla vacía' en el caso de la Senadora Piedad Córdoba porque el fallo fue frente a un proceso disciplinario y el artículo de la reforma política siempre fue planteado alrededor de quienes cometieron un delito y la única que puede definir eso es la Corte Suprema de Justicia. Sólo la Corte puede definir un delito cometido por un congresista y no la Procuraduría. Me duele muchísimo la situación que Piedad Córdoba enfrenta hoy porque me parece que ha sido una excelente Senadora pero estaremos atentos a la notificación de la Procuraduría y con base en eso la mesa directiva actuará conforme a lo que ordena la ley” 176.

27-10-2010, Comunicado de la Senadora Piedad Córdoba Ruiz ante Confirmación de Fallo del Procurador: Recibí la noticia anunciada de la ratificación del fallo del Procurador. Dicha decisión no me toma por sorpresa, en distintas instancias de éste proceso he dicho que no he tenido las garantías procesales de defensa suficientes, que se han incurrido en fallas contrarias al debido proceso y que ese funcionario se ha abrogado una competencia exclusiva del Consejo de Estado, que es el único que constitucionalmente tiene la potestad de destituir a los congresistas. Por lo anterior, por considerar que éste fallo disciplinario es contrario a derecho, voy a entablar las acciones judiciales que me permitirán demostrar mi inocencia ante los hechos que se me acusan, resarcir mi buen nombre y el daño que ésta decisión injusta ha hecho a mis hijos e hija, familia, seguidores y a quiénes como yo creemos en la democracia. Seguiré insistiendo en caminos de entendimiento entre los colombianos y colombianas, trabajando con denuedo por el fin del conflicto armado que afecta a millones en Colombia. Agradezco las diversas voces solidarias que me animan a seguir adelante. Ni la Paz, ni yo tenemos reversa! Piedad Córdoba Ruiz, Senadora de la República 177.

28-10-2010, La Corte Suprema de Justicia confirmó que está investigando al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, por el fallo emitido por su despacho en contra de la sancionada Senadora Piedad Córdoba. Tan sólo un día después de conocerse que en segunda instancia fue inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos, en el propio Congreso, el Presidente de ese Tribunal, Jaime Arrubla Paucar, confirmó la indagación que se encuentra en etapa preliminar por extralimitación de funciones 178.

25-11-2010, En relación con la búsqueda de alternativas por parte del gobierno del Presidente Santos, tras el fallo de la Corte Constitucional, que tumbó el principio de oportunidad. para evitar que 17 mil “paras” retomen las armas; el portavoz de Justicia y Paz dijo, en relación a guerrilleros y paramilitares desmovilizados; “Cómo vamos a decir que unos sí cometen delitos susceptibles de ser calificados como rebelión (que se les aplica a los grupos guerrilleros) y los otros no (por lo que serían juzgados por la justicia ordinaria), cuando ambos han cometido los mismos delitos en este país: secuestran, extorsionan, ejecutan y reclutan niños, desplazan, desaparecen y atentan contra la población civil. ¿Con qué criterio vamos a decir que uno sólo comete rebelión y el otro concierto para delinquir agravado?”. Esa puerta quedó abierta en el reciente fallo de la Corte Constitucional, porque se habla de los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley. Los procesados enfrentarían penas que al final no serían superiores a los 11 meses de prisión. Al ser condenados se les aplicaría la pena más favorable para concierto para delinquir agravado con fines de cometer delitos de lesa humanidad, que podría ser de cuatro años. Al acogerse a sentencia anticipada, la pena podría reducirse a la mitad y si el condenado recibe beneficios por trabajo y estudio y obtiene la libertad con las tres quintas partes de la pena cumplida, los desmovilizados podrían estar en menos de un año fuera de las rejas, lo que en términos prácticos significaría un enorme desgaste para la administración de justicia. Por eso, en mentideros políticos ha comenzado a sonar la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de ley que les dé seguridad jurídica a los desmovilizados, muchos de los cuales podrían reincidir ante la posibilidad de volver a prisión. También, de introducir en el debate que se adelanta actualmente en el Congreso para la prórroga de la ley (1106), que la da facultades al Gobierno para otorgar beneficios jurídicos a los desmovilizados, a los integrantes de organizaciones ilegales que en el futuro decidan abandonar las armas. La experiencia enseña que en procesos de paz hay la necesidad de conceder beneficios a cambio de evitar la perpetuación del conflicto, buscando imponer la justicia de los vencedores, que en el caso de Colombia lleva más de medio siglo sin haber llegado a su fin 179.

9-12-2010, La ex Senadora Piedad Córdoba agradeció la autorización dada por el Presidente Juan Manuel Santos para facilitar la liberación unilateral de cinco retenidos en manos de las FARC y señaló que ese proceso podría concretarse en un mes. “Agradezco mucho al Gobierno por esa decisión, tan pronto regrese a Colombia, me pongo en la tarea”. Indicó que hasta su regreso a Bogotá, miembros del grupo 'Colombianas y Colombianos por la Paz', que lidera, se contactarán con las personas que el Presidente Juan Manuel Santos designe para avanzar en la organización de la logística de las liberaciones. Sostuvo que se analiza la posibilidad de que Brasil vuelva a facilitar esa logística, como ocurrió en anteriores procesos. Lo fundamental ahora es que las FARC entreguen las coordenadas para poder ir a buscar a los cinco retenidos a los que han prometido liberar 180.

22-12-2010, Los militantes y las militantes del movimiento social y del Polo Democrático Alternativo en Colombia hacemos pública nuestra voluntad de conformar la Tendencia ECO-Socialista en Colombia y América. Manifestamos nuestra profunda convicción de que la crisis civilizatoria que padece hoy la humanidad es responsabilidad del capitalismo agresivo que degrada el trabajo, la vida, la naturaleza y la soberanía de las naciones y de los pueblos; generaliza el desempleo, reduce de manera drástica la calidad de vida de las poblaciones, propicia guerras por el control de territorios, desplaza comunidades, saquea los recursos naturales, impone un sistema destructor de la vida mediante grandes inversiones en combustibles fósiles contaminando el planeta al extremo de producir la mayor crisis ambiental que ha puesto en riesgo la existencia misma de la vida y de la humanidad. La crisis económica y social que viven millones de trabajadores y ciudadanos, es el resultado de la globalización neoliberal, gestionada por las elites financieras internacionales que imponen planes drásticos de ajuste, destruyen las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones y desmontan sistemáticamente el ya precario “Estado social de Derecho” eliminando las garantías laborales y sociales y los derechos fundamentales que han sido conquistados mediante luchas y movilizaciones democráticas. Los planes de ajuste diseñados por el FMI y los avalados por el G-20 vienen siendo cuestionados en Europa con grandes movilizaciones de masas. Las huelgas generales de Grecia, España y Francia, así como las manifestaciones estudiantiles, han despertado la simpatía y el apoyo de la ciudadanía, confirmando una vez más la capacidad de resistencia y lucha de los “de abajo” que enfrentan con organización, estrategias y movilización los dictados del capital. Estas resistencias han puesto de manifiesto la necesidad de encontrar salidas políticas. El gobierno de Santos profundiza el modelo de neoliberal. Ha presentado al Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional denominada de “sostenibilidad fiscal” mediante la cual se prioriza el pago de la deuda pública a los grandes banqueros sobre el gasto social, destruyendo los pocos vestigios del “Estado de Derecho” e instaurando la constitucionalización de los planes de ajuste como política de Estado. Mediante esta reforma la responsabilidad del Estado en política social queda expuesta a mayores privatizaciones, y a merced del asistencialismo y de la filantropía. La reforma a la salud que acaban de aprobar las fuerzas parlamentarias alineadas en el “Acuerdo nacional” además de acentuar la mercantilización, elimina el mecanismo de la tutela, conquista democrática de la ciudadanía. La venta de un 10% adicional de las acciones de Ecopetrol es una decisión política de la privatización de las áreas estratégicas de la economía del país. En las regiones continúan la política de “confianza inversionista” que significa, entre otras, la centralización de las “regalías” en beneficio del gran capital; aumenta las concesiones en hidrocarburos y minería que alcanzan en la actualidad el 80% de la Inversión Extranjera Directa; preserva, igualmente, el proyecto hacendista de Palma aceitera diseñado por el gobierno anterior bajo el lema de alcanzar 6 millones y medio de Hectáreas en el 2019 y construir las grandes represas en diversos puntos de la geografía nacional. Santos intenta una política de legitimación del régimen político y de adecuación de la política exterior al actual contexto internacional. En esta materia y en el poco tiempo que lleva su mandato, Santos ha atendido la grave crisis internacional que suscitó el gobierno de Uribe con Ecuador y Venezuela al tiempo que procura un protagonismo en UNASUR. Detrás de este giro en política exterior existen muchos intereses económicos, comerciales y políticos. El arreglo diplomático con los países fronterizos ha servido para recuperar el monto importante de divisas por concepto de exportaciones en momentos en que la economía norteamericana se encuentra en recesión y ha abierto posibilidades a nuevos mercados, particularmente en Asia. La promoción de María Emma Mejía a la Secretaría General de UNASUR y las gestiones bilaterales de la cancillería previas a esta propuesta, confirmaron que existe un interés del gobierno de Santos por ganar credibilidad internacional y actuar como “caballo de Troya” conformando un bloque con los gobiernos de México, Perú y Chile, portavoces de la diplomacia estadounidense en la región y tratar de hegemonizarlo. La incondicionalidad gubernamental con EUA permanece intacta: en lo militar, asesoría directa a la llamada “seguridad democrática”, ejecución de Plan Colombia, fumigaciones indiscriminadas en zonas agrarias. Hasta tal punto llega la presencia directa de tropas norteamericanas que ingenieros militares aparecieron en público ofreciendo asesoría altruista para resolver el problema de inundaciones en el Canal del Dique. En materia comercial el gobierno busca obtener la prolongación de las preferencias arancelarias mientras espera la aprobación del TLC por parte del Congreso estadounidense de mayoría republicana. En el plano nacional, Santos ha intentado legitimar las instituciones a través del llamado “Acuerdo de Unidad Nacional” que empezó con un consenso parlamentario entre los partidos de la coalición de gobierno y resolvió el conflicto institucional entre el Presidente de la República y la Rama Judicial. Este propósito legitimador intenta incluir de manera corporativa, varios sectores de la burocracia sindical y líderes de algunas organizaciones populares, para cogestionar la política neoliberal. Prueba de ello es el ofrecimiento del Ministerio del Trabajo al actual Presidente de la CGT y el apoyo gubernamental a la OPIC en el caso de los indígenas y a “Nuevo Liderazgo” en el de los campesinos. Esta política pretende, en lo social, dividir al movimiento popular. En lo ideológico busca consolidar la hegemonía del ideario neoliberal. Estamos en presencia de una versión endógena del “transformismo” político, que genera una correlación de fuerzas desfavorable para el movimiento social y popular, y en donde el establishment rechaza cualquier compromiso con las clases subalternas. Su pretensión es integrar el movimiento popular y hacerlo funcional a la lógica del capital y domeñar cualquier proyecto alternativo surgidos de “desde los de abajo”. Los líderes de este “transformismo”, desmoralizados por varias derrotas, sufridas en décadas anteriores y corrompidos por el gran capital, han pasado a las filas de la burguesía y del Imperio. Semejante “transfuguismo” merece nuestro repudio. Un elemento complementario de esta estrategia legitimadora lo constituye el proyecto de “ley de víctimas” dentro del cual, el problema de los desplazados se presenta como si se tratara de la restitución plena de las tierras usurpadas por el paramilitarismo en las últimas décadas. A todas luces, esta hipótesis es falsa. El Ministro de agricultura al presentar el proyecto ha prometido la restitución de un millón de hectáreas en un lapso de varios años, desconociendo el reciente informe de la “Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado” que coordina Luis Jorge Garay, y concluye que el despojo de las tierras supera los 6,6 millones de hectáreas. La evidente diferencia de tierras apunta a propiciar el protagonismo de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que recibirán estos campos a título de concesión. De hecho, el Estatuto Rural que impulsó el gobierno de Uribe y que fue derogado por la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas, incluye las Zonas de Inversión Empresarial, figura jurídica mediante la cual se entregaban por concesión y a perpetuidad las tierras fértiles a los capitalistas rurales en toda la geografía nacional. Después de la aprobación de la ley de víctimas, los discursos oficiales se orientan a justificar ante el Congreso de la República una versión similar al Estatuto Rural uribista. Adicionalmente, las tierras devueltas estarán condicionadas a que los campesinos de manera obligatoria se asocien en proyectos vinculados con la agro-exportación, los cluster empresariales y las cadenas productivas de las grandes empresas transnacionales. El proyecto persigue la formalización del mapa de la propiedad rural “post-conflicto”, el mapa del despojo, para adecuar el mercado de tierras a las exigencias de la globalización neoliberal tanto en inversiones agro-exportadoras como en la explotación de hidrocarburos y minerales. Esta adecuación, a su vez, es el escalón previo a la titularización financiera de la producción y comercialización de la agricultura. En el diseño gubernamental el mercado de capitales encontrará otra área de expansión en el campo globalizado y los operadores financieros en las bolsas de valores saludarán las nuevas posibilidades de negocios que abren los derivados agrícolas. A causa de la presión internacional, de las denuncias sobre la violación sistemática a los derechos humanos en el campo y el hecho de ostentar el vergonzoso título de ser el segundo país en el mundo en número de desplazados internos, el actual gobierno se ha visto obligado a reconocer el destierro de millones de compatriotas y promete con el retorno a sus lugares de origen. Insistimos que se trata de una política residual, secundaria, cuyo objetivo principal es legitimar la transición a la globalización de la agricultura 181.

18-8-2010, En relación con la declaración de inexequible (inaplicable o sin efecto) por la Corte Constitucional de Colombia del acuerdo militar entre los gobiernos de Colombia y EUA, el General retirado Freddy Padilla, Comandante de las fuerzas armadas cuando se firmó el convenio, advirtió que el acuerdo corre peligro de quedar invalidado definitivamente. “Si Colombia manda ese acuerdo al Congreso, EUA también tendrá que enviarlo al suyo, y lo que nos dijeron es que, por circunstancias de su política exterior, no estaban dispuestos a dar ese paso” 182.

20-8-2010, El Comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely, señaló que las operaciones contra el máximo cabecilla de las FARC siguen adelante, pero con cautela para evitar que se frustren las operaciones. “No descansaremos hasta tanto podamos generarle a Colombia una sensación de seguridad total”. Se sigue con la consigna del Presidente Juan Manuel Santos de “arreciar, arreciar y arreciar” contra los grupos armados ilegales: “No vamos a retroceder y nos apoyaremos sobre lo construido hasta ahora. No va a haber descanso en las armas y vamos a seguir operando” 183.

8-9-2010, El Comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Augusto Cely, asegura que aún hay algunos “coletazos” de ese movimiento liderado por ‘Alfonso Cano'. Reconoció que los últimos ataques de las FARC obedecen a que esa guerrilla “está aplicando la ‘Operación Renacer' de ‘Alfonso Cano'“. Esta táctica busca aumentar las acciones con explosivos y frenar las operaciones, porque “mientras se atienden a los heridos se congelan los actos militares del Ejército”. Señaló que las FARC están “debilitadas” pero no puede haber exceso de confianza, porque ellos han mejorado sus estrategias. “Ellos, como no tienen fuerza, utilizan una técnica que se llama ‘pisa suaves'; van en licra, descalzos, con granadas y armas cortas, golpean y se van. Esto nos ha generado un impacto muy fuerte”. Ante el hundimiento del acuerdo con EUA en la Corte Constitucional, Cely dijo que “la caída de este convenio no nos afecta para nada, buscaba darle una continuidad a un convenio pero la operatividad nuestra no dependía de este convenio”. Al hablar del escándalo de los ‘falsos positivos', afirmó que “les puedo garantizar que mientras yo sea el Comandante de las Fuerzas Militares nunca le mentiremos al país” 184.

20-9-2010, El Comandante de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima General Guillermo Suárez aseguró que la tarea no ha hecho más que empezar y que “Alfonso Cano”, “caerá de una forma u otra”. “Estamos iniciando la partida. La Fuerza de Tarea lleva cuatro meses y éste es un problema de 40 años. Aquí vamos a jugar como juegan ellos, que es con el tiempo. Para ellos el tiempo no importa, a nosotros tampoco nos va a importar. Aquí nacieron las FARC, conocen muy bien el área, la topografía y cómo aprovecharse de esas condiciones climáticas. Son las ventajas que tienen ante nosotros”. El objetivo es ir debilitando paso a paso los quince anillos de tropas rebeldes que rodean a “Alfonso Cano” y truncar su flujo de abastecimiento y logística. Así, “de una forma u otra tiene que debilitarse, y de una forma u otra tendrá que caer”. Tumbar al rey en una sofisticada partida de ajedrez, una estrategia que ha permitido al Ejército “avanzar mucho y entrar a sitios donde nunca antes había entrado”. De esta manera, se ha logrado el control de lo que antaño era un corredor estratégico de movilidad de la guerrilla y que usaba para dirigirse a otras partes del país. Hoy, la radiografía de las FARC en esa zona evidencia un grupo formado por unos 260 hombres, cada vez más mermados militarmente y “arrinconados” al sur, que estarían apoyados por unos 500 milicianos infiltrados entre civiles. “Hemos hecho avances importantes, pero no hay que ser triunfalistas, sino realistas. Esta es una guerra de minas de francotiradores. “Somos un pueblo nuevo, consciente de cuál es nuestro camino en la historia” 185.

13-1-2010, Uribe, en sus siete sangrientos años de ‘gobierno’ no ha hecho sino que perseguir a los medios alternativos en oposición a su mandato de sangre. Del presidente colombiano se puede esperar cualquier cosa. Y nada agradable. Su paso por la vida política colombiana está asociada al crimen organizado. Es la expresión concentrada de lo que es la oligarquía colombiana. No ha sido solo el gobierno de la ‘seguridad democrática’. Denuncia: A la opinión pública nacional e internacional. La Asociación Jaime Pardo Leal, Radio Café Stéreo y la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, denunciamos y rechazamos las amenazas reiteradas del gobierno colombiano y de otras de sus ‘oscuros asesores’, en contra de la integridad psicológica y física de sus miembros. En entrevistas concedidas a radios regionales, en días pasados Alvaro Uribe dijo entre otras: “Y a esos criminales y a ese psiquiatra y a otros bandidos, que son colombianos profesionales que viven por allá en Suecia y en otros países, a todos, a todos tenemos que acabarlos”, configurando con esto un explicito llamado a asesinarnos. “Criminales de cuello blanco y bandidos” fueron además los calificativos usados por el Presidente Uribe Vélez, simplemente, porque disentimos y denunciamos las numerosas arbitrariedades cometidas en contra del pueblo colombiano, durante todo su historial como funcionario público. Léanse, masacres, ejecuciones extrajudiciales, sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, corrupción, nepotismo, enriquecimiento ilícito, etc. No pudiendo desmentir lo anterior, apela a la mentira, la maña, la injuria, el engaño, los sabotajes y a los montajes. Características claramente identificables en la oligarquía colombiana, sin embargo el Presidente Alvaro Uribe Vélez, ha logrado elevarlas a su máximo nivel. Hasta el colmo de intoxicar los supuestos computadores, memorias USB y discos duros, hurtados al dirigente guerrillero, Raúl Reyes, asesinado el 1-3-2008. Como asilados políticos en Suecia, solicitamos al gobierno de Fredrik Reinfeldt, se nos brinde toda la protección necesaria. Dada la enorme peligrosidad del gobierno de Bogotá y por sus antecedentes ampliamente conocidos por el mundo, la seguridad sueca debe monitorear las recomendaciones impartidas por el Canciller, Jaime Bermúdez, a sus Embajadores incluido el establecido en Estocolmo. Por estas tierras han pasado no gratas personalidades como Embajadores y funcionarios de Colombia en Suecia. El último reciente caso, el agregado militar, Ernesto Yamhure, asiduo provocador y espía de las actividades de los refugiados colombianos en estas tierras. Se ha comprobado que el señor Yamhure, asesoraba al jefe paramilitar, Carlos Castaño, victimario de cientos de militantes de izquierda, sindicalistas, indígenas, defensores de Derechos Humanos y progresistas de Colombia. Uribe Vélez, en su desesperada carrera por aferrarse en la presidencia de Colombia otros cuatro años más, ha cooptado todas las instancias del Estado. La Justicia y los Organismos de Control están en sus manos. La última aberración, su Procurador de bolsillo, Alejandro Ordóñez, hoy 13-1-2010 condena al país a votar un referéndum reeleccionista, donde seguramente, con toda la maquinaria paramilitar a disposición, logrará sus objetivos. “A todos tenemos que acabarlos” afirmó recientemente el Presidente colombiano. Y que expedita manera para justificar nuestra eliminación física, decir que somos, ’auxiliares terroristas de las FARC’ y/o ‘auxiliadores internacionales del terrorismo’. De hecho, bajo esta matriz falsa, la oligarquía colombiana con sus aparatos represivos y el paramilitarismo han asesinado a miles de ciudadanos inermes. Los falsos positivos su más reciente modelo de exterminio de jóvenes civiles pasados por los medios como ‘guerrilleros caídos en combate’. Jaime Bermudes, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, complementó el llamamiento de su jefe a “acabar” con los opositores en el exilio llamando a actuar a sus hordas en el exterior, organizados desde las embajadas diciendo: “para que las comunidades de colombianos en el exterior estén atentos” a las actividades de “este tipo de organizaciones”. Nuestra única labor es informar desde otro ángulo el acontecer colombiano. Siempre encaminada a buscar la solidaridad del pueblo escandinavo para transitar por caminos del diálogo para la construcción de la Nueva Colombia. Hacemos responsable a Alvaro Uribe Vélez y a su gobierno si algo llega a sucederle a los colaboradores de Radio Café Stéreo, de Anncol, miembros de la Asociación Jaime Pardo Leal o miembros de otras organizaciones de exiliados colombianos contra quienes impartió la orden de muerte. Atentamente, Miguel Suárez, Director Radio Café Stéreo, Roberto Gutierrez, Director ANNCOL, Cecilia Calero, Presidenta Asociación Jaime Pardo Leal, Enero 2010 186.

14-1-2010, Una treintena de 49 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, fueron liberados, ya que los jueces consideraron que no podían seguir presos sin que se hubiese decidido su suerte. El motivo aducido fue que se habían vencido los términos judiciales. Muchos temen que esos crímenes queden en la impunidad. Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear, organización de derechos humanos que asesora a dos familias de Soacha, poblado cercano a Bogotá de donde fueron sacados una docena de jóvenes en el 2007 y luego asesinados, dice que eran de familias humildes, engañados por militares que los llevaban a zonas apartadas del país donde luego aparecían muertos vistiendo prendas de combate y eran señalados como miembros de las guerrillas de izquierda o los paramilitares de derecha. Las libertades de los últimos días se deben a un “problema fundamental: la implementación de mecanismos de impunidad desde la administración de justicia. Hay demoras para indagar a personas, para practicar pruebas y luego, en las etapas de juicio, se aceptan maniobras dilatorias de la defensa. Y el problema es que una vez en libertad, será muy difícil volver a capturar a los responsables, que se enfrentan a penas que van de 40 a 60 años de prisión”. El Consejo de la Judicatura, que investiga la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados, dijo 13-1-2010 que no ha encontrado hasta ahora ninguna irregularidad en los casos. El Fiscal General interino, Guillermo Mendoza, admitió que hay fallas en su equipo de fiscales y reveló que la mitad de ellos no pasó un examen de conocimientos. El Procurador General, Alejandro Ordóñez, admitió que las liberaciones son un “escándalo” con repercusiones internacionales. El Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar Volkmann dijo: “Estoy extremadamente preocupado por el impacto y las repercusiones que esta decisión pueda tener sobre los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, así como en las madres de las víctimas y los testigos” 187.

16-1-2010, Solidaridad desde Colombia: Les saludo con todo el respeto que ustedes se merecen como personas y comunicadores sociales alternativos que ejercen sus derechos y sus funciones en el marco de la juridicidad tanto interna como internacional sobre Derechos Humanos y en especial al derecho a informar y a ser informados, de opinión y conciencia que tenemos todos los seres humanos, y en especial todos los comunicadores sociales sin excepción. De igual manera expreso en nombre del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos nuestra comprometida solidaridad con ustedes y sus familias, ahora que han sido amenazados y estigmatizados por el solo hecho de ejercer sus derechos, tal como lo denuncian. Solicitamos a las autoridades de Suecia y al gobierno de su Señoría Fredrik Reinfeldt a redoblar sus esfuerzos de protección tal como lo están haciendo con nuestros compatriotas víctimas y sobrevivientes del genocidio político perpetrado por el terrorismo estatal, el paramilitarismo, el narcotráfico y los enemigos de la paz contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, que se encuentran como asilados políticos en su País, para que ellos puedan ejercer sus derechos en el contexto de la normatividad internacional de protección a los seres humanos. Consideramos que ejercer el derecho de libre opinión, comunicación, conciencia e información no puede ser criminalizado sino defendido para fortalecer la democracia, la paz y la convivencia. De lo que se trata hoy no es exterminar personas sino proteger el ejercicio de los derechos de los seres humanos. La tarea central es la búsqueda de la paz con justicia social y resolver las controversias políticas no mediante la agresión y la fuerza sino a través de la solución negociada, la persuasión, las buenas costumbres y la sana convivencia, como es el sentimiento de la comunidad internacional, de nosotros los demócratas, civilistas y defensores de los Derechos Humanos. Lo que debe prevalecer no es la guerra con desigualdad social sino la concreción de la paz con justicia social mediante la solución política al actual y casi centenario conflicto social y armado colombiano. Rechazamos por lo tanto las amenazas proferidas contra los comunicadores alternativos de la Asociación Jaime Pardo Leal, Radio Café Stéreo, Agencia de Noticias Nueva Colombia, y de oposición política y contra cualquiera que se produzca en cualquier parte, tal como se ha denunciado, y a la vez reiteramos que la protección a ellos debe ser prioritaria, como también para los abogados y activistas defensores de derechos humanos como ha sido preceptuado por la ONU y la OEA a través de sus Relatores y Organos Competentes. Atentamente, Athemay Sterling, Director Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH-Valle, Enero del 2010 188.

27-1-2010, En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más violentas del conflicto colombiano, se descubrió la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres “NN” enterrados, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde el 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre. El jurista Jairo Ramírez, Secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar: “Lo que vimos fue escalofriante. Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy. El Comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”. Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones “a partir de marzo”, tras las elecciones legislativas y presidenciales, La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del 2009, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares. La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre, de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes. La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron “al menos a 800 personas” en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo: “Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas (paramilitares) tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”. Alfredo Molano. Sociólogo y escritor, uno de los columnistas más influyentes de Colombia, dijo que la propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo. Todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos”. El Ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes 189.

6-3-2010, Un informe de Naciones Unidas llamó la atención sobre las amenazas contra los defensores de derechos humanos en Colombia, entre ellas la “estigmatización por parte de funcionarios del Estado y actores no estatales”. El informe de la ONU fue bien recibido por las organizaciones no gubernamentales colombianas. Según la Relatora Margaret Sekaggya, que visitó Colombia en septiembre del 2009, los defensores de derechos humanos en este país afrontan una “persistente inseguridad”. El informe llama la atención sobre “la vigilancia ilegal por parte de los servicios de inteligencia del Estado; las detenciones arbitrarias y el acoso judicial; y las incursiones en sedes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y el robo de información. Algunas de las violaciones de los derechos humanos contra los defensores son atribuidas a las guerrillas, nuevos grupos armados ilegales y grupos paramilitares que los defensores dicen que no se han desmantelado. Las amenazas generan un clima de terror dentro de la comunidad de defensores de derechos humanos e impiden su legítimo rol en defensa de los derechos humanos”. Las medidas de protección adoptadas por el Gobierno para los defensores son “imperfectas”, señala que hay “deficiencias en el sistema de alertas tempranas” sobre graves violaciones a los derechos humanos y se queja de “la insuficiente respuesta para la predominante impunidad; y las acciones preliminares adoptadas contra las actividades de inteligencia ilegal. Los recientes pronunciamientos alentadores por parte de las más altas autoridades en el país reconociendo la legítima labor de las y los defensores” 190.

30-3-2010, Comunicado de TeleSUR sobre acusaciones de Gobierno colombiano: Fieles al compromiso de informar oportuna y verazmente TeleSUR publicó este martes breves imágenes del cabo Pablo Emilio Moncayo desde la selva colombiana y los momentos de su encuentro con la misión humanitaria. Al respecto, TeleSUR, canal multiestatal informativo, se permite enfatizar ante la opinión pública mundial lo siguiente: 1. Las imágenes publicadas no fueron grabadas por personal de TeleSUR. Estas fueron recibidas a través del correo electrónico público de la redacción central de nuestra planta televisiva. Además de TeleSUR, entre los destinatarios de este correo estaban otros medios de comunicación colombianos e internacionales. 2. Rigurosidad y honestidad son los cimientos de la labor diaria de TeleSUR. Nuestro canal está comprometido en transmitir la información de manera veraz y oportuna, como le consta a nuestra teleaudiencia. 3. TeleSUR, en el ejercicio de su labor ética y responsable, reportó este hecho por su valor noticioso, que se hizo evidente por la alta e inmediata repercusión de estas imágenes en diversos medios. 4. Nos llama la atención que en operaciones militares de rescate donde incluso peligraba la vida de los retenidos por las FARC, el gobierno de Colombia grabó y publicó detalles de esas misiones. 5. Sorprende la reacción del gobierno colombiano que ha tenido la práctica de suplantar a periodistas en operaciones militares, siendo una simulación pérfida y fraudulenta, tan grave como suplantar a la Cruz Roja Internacional, violando el derecho y los acuerdos internacionales. 6. TeleSUR respeta las leyes internacionales y las de cada país, incluyendo a Colombia. 7. Nuestro pleno derecho a la libertad de expresión no debe desviar la atención de otros aspectos esenciales de estas operaciones humanitarias. 8. Nos preocupa que este irresponsable señalamiento del gobierno colombiano este encaminado a estigmatizar nuestra labor periodística y que ello atente contra la seguridad de nuestro personal en esa nación, país donde existe un elevado récord de periodistas asesinados, falsos positivos y violaciones de los derechos humanos. Ciudad de Caracas, 30-3-2010 191.

30-3-2010, A cuatro meses de dejar el poder, el Presidente Alvaro Uribe ha dicho que está dispuesto a un acuerdo de intercambio con la guerrilla, si los rebeldes liberados se comprometen a no volver a delinquir. Mientras las FARC no han contestado, congresistas como Mauricio Lizcano, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes e hijo de Oscar Tulio Lizcano, un ex congresista que se les escapó a las FARC en 2008, tras siete años de cautiverio, dijo que la guerrilla, “si fuera inteligente, aceptaría la oferta. El Presidente Uribe ya no está haciendo tantas exigencias como antes y a mí me parece que lo de no delinquir es un requisito más de tipo formal. Yo creo que si la guerrilla acepta, el acuerdo se podría conseguir antes de que cambie el gobierno (agosto)”. Las liberaciones de esta semana pusieron el tema del intercambio en la agenda política de los candidatos presidenciales, quienes han insistido en pedirles a las FARC que entreguen a todos los militares y policías en su poder. Sobre un eventual acuerdo, Iván Cepeda, de Colombianos y Colombianas por la Paz, la organización que ha jugado un rol central en las últimas entregas por parte de las FARC, declaró que tiene “moderado optimismo”: “Después de un período tan difícil (por las dificultades para concretar la liberación de Moncayo, anunciada hace once meses) se producen dos liberaciones. Lo de Moncayo tiene una importancia muy grande ante la opinión pública nacional e internacional, y ahora volvemos a la posibilidad de desbloquear la discusión”. Algunos observadores, como el ex Consejero de Paz durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), Carlos Eduardo Jaramillo, manifestó que son escépticos sobre un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla en el corto plazo: “Lamentablemente el tema saldrá de la agenda política en los próximos días”. Cree que la libertad de los militares y policías que siguen en poder de las FARC “es negociada” y anticipa que, salvo unos pocos, “nadie más está haciendo nada por ellos”. El Profesor Moncayo dijo que aunque ya consiguió la libertad de su hijo y terminó su “pesadilla horrenda”, seguirá trabajando por la del resto de militares y policías. El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, dijo que el país no puede estar tranquilo mientras sigan 22 oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército en manos de las FARC y ese grupo mantenga a otros secuestrados 192.

1-4-2010, Los abajo firmantes, miembros de la Comisión Etica Internacional por la Verdad en Colombia, y otras personas de diversas partes del mundo, de organizaciones de derechos humanos, intelectuales, agrupaciones de solidaridad y movimientos por los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia, estamos siguiendo con mucha atención las acciones en torno a la humanización de la guerra en Colombia, promovidas por Colombianas y Colombianos por la Paz, expresión ciudadana nacional e internacional, liderada por la Senadora Piedad Córdoba. En anteriores comunicaciones éticas habíamos manifestado nuestra solidaridad y preocupación con la familia Moncayo respecto a la liberación de su hijo, el Cabo Segundo del Ejército Pablo Emilio Moncayo Cabrera. Hoy nos unimos a la gran alegría que vive en su hogar la familia Moncayo, al igual que la familia del soldado profesional Josue Daniel Calvo, luego de la liberación de ambos por parte de la guerrilla de las FARC-EP. Festejamos el feliz término de una decisión unilateral de la guerrilla de las FARC-EP, la cual muestra su voluntad de caminar hacia un acuerdo humanitario y una salida política negociada al conflicto social y armado en el país. Este hecho refleja la posibilidad de la humanización del conflicto armado interno de Colombia. Vemos como un gesto positivo la propuesta presentada por las FARC-EP, demandando que tal ofrecimiento se pueda hacer viable sin ningún tipo de condiciones por ninguna de las partes. Estamos convencidos que estos hechos humanitarios de paz no se hubiesen hecho realidad sin la perseverancia y tenacidad de la Senadora Piedad Córdoba, junto a la de Colombianas y Colombianos por la Paz, quienes han estado al lado los familiares de las retenciones y secuestros. Por ello, nuestro respaldo a que continúen con esta labor hacia la paz. Somos conocedores que Colombianas y Colombianos por la Paz han recorrido las cárceles reconociendo en ellas la deshumanización que se vive por parte de los allí detenidos, por ello comprendemos y apoyamos el llamado legítimo a las partes del conflicto para que se haga realidad cuanto antes un Acuerdo Humanitario. Creemos que dar un nuevo paso a la humanización de la guerra interna, a través de un Acuerdo Humanitario, será un aprendizaje para llegar a la salida definitiva a un conflicto social y armado que existe en Colombia desde hace tantos años. Con esa perspectiva ética e histórica, de nuevo hacemos un llamado a toda la insurgencia, para seguir desarrollando acuerdos, reglas claras y pasos relativos a la humanización del conflicto, razón por la cual persistiremos para que se hagan viables más gestos de las FARC-EP y para que el ELN se sume a esta dinámica, como conocemos es ya su disposición, en palabras de su Comando Central, estando en contacto con Colombianas y Colombianos por la Paz, a lo cual estaremos atentos, para avanzar con acciones concretas de diálogo y acogida de los principios del derecho internacional humanitario y la apertura de una nueva esperanza de paz con justicia. Atentamente, Alfonso Pérez Esquivel, Premio Nóbel de Paz, SERPAJ, Argentina. Francois Houtard, teólogo, sociólogo, director del Centro Tricontinental (CETRI), y miembro fundador del Foro Social Mundial, Bélgica. Mirta Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina. Dr. Gilberto López y Rivas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. Sean Hawkey. Consejo Mundial de Iglesias; Gran Bretaña. Stephen Haymes, Universidad DePAul, EUA. Mary Bricker-Jenkins, PhD, Miembro del Comité Internacional de Poor People's Economic Human Rights Campaign, EUA. Carlos Fazio, periodista, investigador y catedrático de la UNAM; México. Antoni Pigrau, profesor de derechos Internacional, Espai Catalunya-Comissió Etica, España. Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Etica, España. Elizabeth Deligio, Observatorio de la Escuela de las Américas; EUA. Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca; España. Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México. Lorenzo Loncón, Werken; werken comunidad mapuche newen mapa, Pueblo Mapuche. Eduard Nachmann, maestro, hijo de desaparecido; integrante de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina. Enrique Santiago, director del Instituto de Estudios Políticos de América Latina y Africa, España. Enrique Nuñez, Agrupación Ex-presos y expresas políticos, Chile. France-Amerique Latin; Francia. Rainer Huhle, Centro de DDHH de Nuremberg, Alemania 193.

1-4-2010, La misma misión humanitaria que participó en Colombia en la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo recibió 1-4-2010 “en zona rural del departamento del Guaviare, las FARC-EP entregaron a delegados del CICR, la Senadora Piedad Córdoba y Monseñor Leonardo Gómez Serna, los restos mortales de Julián Ernesto Guevara”, quien murió en 2006 tras ocho años de cautiverio de las FARC. Las fuerzas militares de Colombia habían suspendido el 31-3-2010 sus operaciones terrestres, fluviales y aéreas en la zona, de acuerdo a los protocolos de seguridad acordados por las FARC y el gobierno colombiano para el operativo de la misión humanitaria, que se desplazó hasta la selva en un helicóptero de la fuerza aérea de Brasil. Según informó el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, los huesos fueron trasladados a Bogotá, donde se les realizará un examen forense que determine si efectivamente son del policía, muerto en la selva a los 41 años. La entrega de los restos de Guevara ponen fin al operativo unilateral por parte de las FARC para la liberación de rehenes desarrollado la semana pasada por la misión humanitaria de la CICR, Piedad Córdoba, la Iglesia Católica y el profesor Gustavo Moncayo 194.

6-4-2010, Según el Cardenal Darío Castrillón, que fue Presidente de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei hasta el 8-7-2009, todos los colombianos pensantes sabemos que en Colombia vivimos una guerra, muy parecida a una guerra civil, en el sentido de que un grupo de la población tiene unos anhelos distintos de los anhelos del otro grupo de la población. No entro a hacer la cualificación de tipo moral de esos anhelos. Ya la Iglesia se ha pronunciado para decir que no estamos de acuerdo con la violencia como camino para obtener determinados cambios. Hay que abrir los espacios de tipo político, por los que se puede llegar a conseguir lo mismo que se busca por los caminos que producen tanto dolor y tanta angustia como el secuestro. La posición oficial de la Iglesia es siempre contraria al secuestro y el narcotráfico; pero yo no caigo en la actitud simplista de meter a todo el mundo en el mismo paquete, porque hay personas que no están en narcotráfico aunque sí en violencia. He estado en campamentos, en sitios de combate, y conozco personas que están ahí pero que no comparten esos vínculos de la guerrilla con el narcotráfico. Todos sabemos, como me decía un Coronel cuando yo estaba en Bucaramanga, que muchas personas de las Fuerzas Armadas desafortunadamente también se dejaron llevar por el narcotráfico. Ha habido gente que se ha pervertido con el narcotráfico en el Ejército, en la Policía, en los cuerpos de defensa personal de los narcotraficantes y de otras personas, y en los delincuentes comunes. Pero no podemos decir que absolutamente toda la guerrilla está en el narcotráfico. Para ser justos, hay que evitar generalizaciones que no solo son peligrosas sino odiosas y dañinas. No estoy de acuerdo con denominar nacional e internacionalmente narcoterroristas a las FARC. Esto lo he dicho en círculos muy elevados aquí en Europa, porque me parece que es un simplismo que hace daño. Pero no excluye la afirmación de que sí es mucha la gente que está metida plenamente en el narcotráfico, y no solo proveniente de la guerrilla. Y en ese caso también se puede llamar delincuentes comunes a los países que abren sus puertas de una manera hipócrita al mercado de la droga. Siempre le he dicho no al enriquecimiento ilícito fácil; no a poner el riesgo la vida de campesinos y de personas de la ciudad; no al ingreso del dinero mal habido a la política. Siempre he dicho eso con toda claridad, bajo la convicción de que soy ante todo un sacerdote. La droga y el poder de las armas no producen la felicidad. Producen muerte, desolación. Y el terrorismo, inseguridades mayores. En Colombia tenemos que tener en cuenta que esa realidad nueva del terrorismo internacional, como arma de minorías puestas en contra de gobiernos establecidos es algo que hay que tratar con diálogo, con inteligencia, y que ni siquiera las grandes potencias han logrado dominar con el simple empleo de las armas. Pienso que hay una disponibilidad en la guerrilla, pero también hay, como en todas las personas, dudas de si hay verdad en lo que va a ocurrir. Tenemos experiencias dolorosas en el país de muerte de gente que dialogó, lo que obligó a los demás a una prudencia que a veces paraliza acciones que podrían ser más fáciles si no hubiera las experiencias negativas que tenemos. Hay que ponerle armonía a dos cosas. La primera, que el Presidente de la República tiene que defender un orden, incluso con el uso de la Fuerza Pública, lo cual ha hecho el Presidente Uribe de acuerdo con su conciencia. Pero al mismo tiempo hay que pensar que si bien en la guerrilla hay personas fuera de la ley, también son colombianos que tienen derecho a cobijarse bajo el mismo cielo, bajo la misma bandera y los mismos ideales colombianos y hay que abrirles la puerta. El Presidente Uribe lo intentó, lo cual me consta porque me autorizó para poder hablar, y no es fácil por las acusaciones de terrorismo contra las FARC. Pero sin embargo hemos llegado a pensar, y lo he hablado con autoridades de acá, en encuentros en los que no haya riesgo, para quienes vienen, de ser detenidos como terroristas 195.

16-4-2010, La historiadora Azalea Robles dice que en Colombia el terror estatal asesina con tanta frecuencia que apenas se termina de deletrear el nombre de un asesinado, es asesinado otro. Colombia está aplastada por el horror desde hace años, desde los años ochenta (época en que la arremetida contra la reivindicación popular se intensificó). El Estado no deja vivir, es una tortura en vida: y eso es exactamente lo que busca el Estado colombiano, que la gente se asfixie, enterrada bajo notas mortuorias, y que no tenga un respiro para recordar la vida de los que fueron asesinados y, lo más importante: recordar el por qué fueron asesinados. Es un verdadero genocidio político. El Estado asesina a todo aquel que reivindica lo que considera socialmente y humanamente justo. El Estado y su herramienta paramilitar asesinan a todo aquel que reclama los necesarios derechos económicos, laborales, sociales, ecológicos; asesina a todo aquel que evidencia la necesidad de cambios estructurales. Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer un verdadero sindicalismo reivindicativo. Lo que el terrorismo de Estado preserva es el status quo de privilegios para pocas familias, e indigencia y genocidio contra las mayorías. El 64% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. Colombia ocupa el puesto número 11 de coeficiente GINI de desigualdad y es el país más desigual del continente americano. Las cifras de los niños víctimas de la pobreza: 45% son pobres y 17% se encuentran en la indigencia. Un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito Nacional, declarando ganancias en el último bimestre del 2009 por u$s 1.250 millones. El Estado colombiano ha desaparecido a 200.000 personas a través de sus aparatos asumidos (policías, militares), y de su Herramienta paramilitar y practica montajes jurídicos con los que mantiene encarcelados a 7.500 presos y presas políticos. Las masacres han sido usadas por el Estado para paralizar la reivindicación social, y para lograr el desplazamiento masivo de poblaciones. Ha desplazado a más de 4,5 millones de personas de sus tierras, que han abandonado más de 10 millones de hectáreas de tierras. Las tierras son, tras los bombardeos y masacres, entregadas vacías de sus habitantes a las multinacionales y terratenientes, que son co-financiadores del paramilitarismo. La estrategia paramilitar del Estado, y las mismas fuerzas policiales y militares, han sembrado de fosas comunes el país. Fue hallada en diciembre del 2009 la mayor fosa común del continente americano, en la Macarena, departamento del Meta; una fosa con 2000 cadáveres. Desde el 2005 el ejército, desplegado en la zona ha estado enterrando allí a los miles de “desaparecidos”. La Fuerza de Tarea Conjunta “Omega” pretendió, en un inicio, hacer creer a Colombia y al mundo que los cadáveres eran de “guerrilleros dados de baja en combate”; enterrados NN en una zona controlada por el ejército; pero los familiares de desaparecidos han hecho oír sus voces, y a la luz de las miles de desapariciones reportadas por los familiares, aparece que los 2000 restos mortuorios son personas buscadas por sus familiares tras su desaparición ocurrida después de la llegada a la zona de las “tareas intensivas” de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Campesinos, indígenas, estudiantes, sindicalistas, mujeres, líderes agrarios asesinados para acallar su reivindicación social, se encuentran en la fosa, esperando que el Estado proceda a todas las identificaciones con ADN. El ejército ha asesinado al menos a 5000 niños y jóvenes para sus montajes de los “falsos positivos”, donde son asesinados sistemáticamente jóvenes y niños para hacerlos pasar por “guerrilleros muertos en combate”. La herramienta paramilitar del Estado y multinacionales ha construido hornos crematorios para eliminar los cadáveres de los miles de torturados y desaparecidos 196.

26-4-2010, El CICR en su informe anual sobre Colombia, advirtió que el conflicto armado en ese país sigue causando sufrimiento a la población civil y que sus víctimas están en riesgo de ser olvidadas porque la mayoría de sus tragedias no salen a la luz pública. Los desplazados son casi “invisibles” en las zonas rurales. La mayoría de los desplazados no vuelven a su hogar. Después de Sudán, Colombia es el país con más desplazados internos del mundo: 3,3 millones de personas, el 7,3% de su población. Explicó Marçal Izard, portavoz de la oficina central del CICR en Ginebra que la cifra de desplazados aumenta cada año porque la gran mayoría de ellos no regresan a sus hogares. De acuerdo con datos oficiales, sólo un 4% de ellos vuelven al lugar que abandonaron. Los casos no se reportan, porque las víctimas civiles se dirigen a zonas alejadas donde no hay infraestructuras y los medios de comunicación no suelen llegar. El sur y la costa pacífica son las regiones más afectadas y las comunidades indígenas las más vulnerables, pues dependen de sus tierras para vivir. Muchos de los desplazados viven inadvertidos en diferentes zonas de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y la región del Catatumbo. En el 2009, los delegados de la Cruz Roja registraron 800 casos de presuntos abusos de los derechos humanos como asesinatos, violencia sexual, secuestros y desapariciones forzadas. Para Christophe Beney, responsable de la delegación colombiana de la Cruz Roja, las violaciones “más preocupantes” son las ejecuciones de los “falsos positivos”, como se conoce en Colombia a los civiles presuntamente asesinados por las fuerzas de seguridad, que los presentan como guerrilleros muertos en combate. También denunció el reclutamiento de menores por los grupos armados, lo que se explica en parte debido al alistamiento forzado y en parte a que los jóvenes campesinos no encuentran otras posibilidades de futuro. El CICR alerta sobre los riesgos que representa para la población civil el que acciones militares o políticas se disfracen como acciones humanitarias 197.

27-5-2010, Philip Alston, responsable del informe de la ONU sobre Colombia, investiga 1.800 casos de supuestos “falsos positivos” ocurridos en los últimos años. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo público un informe que implica al ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, candidato a la presidencia. Philip Alston, cuestionó el “significativo” número de personas que han sido asesinadas en Colombia por fuerzas de seguridad y presentadas fraudulentamente como muertas en combate. Mientras “parece que los llamados 'falsos positivos' no fueron parte de una política de Estado, tampoco fueron casos aislados. Los asesinatos fueron cometidos a lo largo del país y por una gran cantidad de unidades militares. Ocurrieron porque las unidades militares sintieron presión para mostrar éxitos en contra de la guerrilla, a través de números de bajas. Hubo incentivos: un sistema informal de incentivos para soldados que mataran y uno formal para civiles que dieran información que llevaran a la captura o muerte de guerrilleros”. Según el relator, ese sistema fue “descuidado” y no fue “transparente”. “Hubo una crucial falta de rendición de cuentas, con problemas en todas las etapas de los procesos de investigación”. El informe de Alston indica de que la impunidad en Colombia por las ejecuciones extrajudiciales es del 98%. “La estrategia de seguridad del gobierno puede contribuir -incluso no intencionalmente- a la precaria situación de los civiles cuando las Fuerzas Armadas adoptan la política de 'ustedes están con nosotros o contra nosotros'198.

11-6-2010, Frente a la histórica condena del ex Coronel del ejército Alfonso Plazas, declarado culpable por la desaparición forzada de once personas en noviembre de 1985, Marcelo Pollack, investigador principal de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) se declaró sumamente preocupado por la propuesta del Presidente Uribe de invitar a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las fuerzas armadas. “No hay detalles de qué forma tomará este intento, pero sería un serio retroceso en los pequeños avances que se han conseguido en la lucha contra la impunidad en Colombia”. La justicia penal militar no tiene nada que hacer en casos de violaciones de derechos humanos. Estos deben ser investigados por la justicia ordinaria. “No hay que olvidar que la impunidad es la columna vertebral de las violaciones de derechos humanos”. Lamentó el tono de las críticas a la Jueza que emitió el fallo, el que, en su opinión, está contribuyendo a la creación de un clima cada vez más hostil contra un sistema de justicia que ya ha sido objeto de numerosas amenazas. Cualquier intento del gobierno por debilitar a la justicia ordinaria iría en contra de sus obligaciones internacionales. “La justicia penal militar no tiene nada que hacer en casos de violaciones de derechos humanos. Esto lo reconoció el fallo de la Corte Constitucional y es también la norma internacional” 199.

12-6-2010, El Informe Anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre los derechos sindicales documenta un extraordinario incremento en el número de sindicalistas asesinados en el 2009: 101 muertes, un 30% más que el año anterior. El Informe, expone la creciente presión que pesa sobre los derechos fundamentales de los trabajadores de todo el mundo debido al impacto, cada vez más profundo, de la crisis económica global en el empleo. De las 101 víctimas, 48 fueron asesinadas en Colombia. La organización sindical más afectada por homicidios en 2009 es la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) con 19 casos, la segunda es la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), de la cual fueron asesinados 11 de sus miembros; en tercer lugar, la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC) con tres casos y finalmente, la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), con dos casos. Respecto a los departamentos con mayor número de homicidios es de destacar que sólo en Arauca, Santander y Córdoba se presentan la mitad del total de homicidios en 2009, con 10, nueve y cinco casos respectivamente. Veintidós de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes, cinco de ellos mujeres. Declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI: “Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario”. Durante los últimos 23 años, aproximadamente cada tres días ha sido asesinado un trabajador o trabajadora sindicalizado en el país. A los asesinatos se suman por lo menos 400 casos de atentados a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas, incluyendo varios intentos de asesinato y tres desapariciones. Las medidas adoptadas por el Estado resultan ineficaces e insuficientes y persisten los homicidios, las desapariciones y las amenazas. Los esfuerzos desplegados para investigar los crímenes son parciales y no se toma en cuenta todos los casos denunciados por las organizaciones sindicales. Permanecen en la ley algunas limitaciones a los derechos sindicales, pese a la introducción de recientes mejoras. Se han dado muchos cambios positivos en la situación de los derechos sindicales en los últimos años, con nuevas leyes y decisiones de los tribunales que han mejorado la protección contra la discriminación antisindical y la injerencia sindical, el reconocimiento de los sindicatos, la negociación en el sector público y que han limitado claramente el arbitraje obligatorio. La libertad sindical está además consagrada en la Constitución como derecho básico. No obstante, existen problemas con relación a diversos acuerdos contractuales, como las cooperativas de trabajadores, los contratos de prestación de servicios y los contratos civiles o mercantiles, que encubren verdaderas relaciones de trabajo y que son utilizados para no permitir a los trabajadores constituir sindicatos. Aun cuando el derecho a la negociación colectiva está asegurado, el sistema de pensiones no está cubierto por la negociación colectiva. También hay posibilidad de concluir “pactos” colectivos con los trabajadores directamente, que pueden ser utilizados para socavar la posición de los sindicatos. El derecho de huelga está incluido en la Constitución, pero la ley sigue prohibiendo que las federaciones y confederaciones convoquen huelgas. Siguen vigentes en la legislación normas de 1956 y 1990 en las que se prohíben las huelgas, las mismas que se aplican a una gama muy amplia de servicios públicos que no son necesariamente esenciales. Durante el 2009, el desempleo ascendió hasta un 12%, también aumentó la informalidad, que afecta al 58% de la población económicamente activa. La mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no logró alcanzar un acuerdo en materia de incremento del salario mínimo para el año 2010, a pesar de los esfuerzos realizados por los representantes de los trabajadores. El Gobierno y las fuerzas militares se han visto involucrados en múltiples ejecuciones extrajudiciales incluyendo los escándalos en torno a los denominados “falsos positivos”, que involucran al ejército colombiano con cerca de 2.000 asesinatos de civiles inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate, motivados principalmente por los beneficios otorgados a miembros de la fuerza pública y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) mediante el decreto 1400 de 2006 expedido por la Presidencia de la República. La legislación contribuye a la disminución de organizaciones sindicales: Las leyes colombianas han influido en la disminución del número de organizaciones sindicales, especialmente desde que se aprobara la Ley 50 de 1990, que en la práctica prohíbe a los trabajadores/as afiliarse a un sindicato bajo la amenaza de no renovarles sus contratos individuales de trabajo, que en base a dicha ley se están celebrando a término fijo inferior a un año. Esta situación se agravó con la Ley 789 del 2002, expedida por el Gobierno nacional supuestamente para estimular la creación de nuevos empleos. A pesar de registrarse un ligero incremento en el número de convenciones colectivas firmadas durante el año 2009 (360, frente a 280 en 2008 según cifras del Ministerio de la Protección Social), continúa violándose el Convenio 98 de la OIT. Este año todavía se firmaron 221 pactos colectivos (el mismo número que en 2008), usados por los empleadores para ofrecer mejores garantías a los no sindicalizados y lograr que los trabajadores/as desistan de afiliarse a sindicatos. La negociación colectiva sigue limitada para los empleados/as públicos: Persiste la negativa del Gobierno nacional a garantizar el pleno ejercicio del derecho de negociación colectiva a los empleados públicos, a pesar de que Colombia haya ratificado los Convenios 151 y 154 de la OIT y de la expedición del Decreto 535 del 2009, que en realidad únicamente hace referencia a la concertación, situación muy distinta a la negociación colectiva. La subcontratación o tercerización laboral sigue en pleno auge, principalmente con la creación de Cooperativas de Trabajo Asociado. Los asociados no ser considerados como trabajadores, no disfrutan de los derechos básicos consagrados en la legislación laboral, aplicándoles la legislación cooperativa y no el régimen del trabajo. Tampoco disponen de la posibilidad de afiliarse a un sindicato, entre otras razones por no ser trabajadores/as. Los contratos de prestación de servicios, también denominados Ordenes de Prestación de Servicios (OPS), y la contratación civil hacen inviable que el personal involucrado pueda afiliarse a organizaciones sindicales, al ser considerados como trabajadores con un régimen legal independiente del laboral 200.

13-6-2010, En relación con el futuro del Plan Colombia, el informe preliminar de la ONU, establece que hay 9.680 kilómetros cuadrados en cultivos de coca en Colombia, en el 2010, a pesar del Plan Colombia 201.

22-7-2010, Narciso Isa Conde declaró que el régimen de Uribe instruyó a su Embajador en la OEA para presentar un informe mentiroso contra Venezuela, en el que me acusa de integrarme a campamentos guerrilleros de las FARC en territorio venezolano y me acusa de ser parte de una “red de coordinación de guerrillas” al servicio de esa organización insurgente, con la cual he tenido relaciones políticas abiertas desde hace mas de 40 años. Las fotos presentadas como pruebas es algo que en periodismo se llama “refrito” o “información trasnochada”. Ellas fueron tomadas en el 2006 en territorio colombiano, en ocasión de mi visita política a uno de los frentes guerrilleros de las FARC, invitado para hacerme varias entrevistas sobre el proceso latinoamericano-caribeño y para intercambiar puntos de vista con los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich, y fui yo quien la di a conocer en mi país y en el exterior. Mucho antes, a raíz de los diálogos de paz con el gobierno de Pastrana, me entrevisté con los fallecidos comandantes Raúl Reyes y Manuel Marulanda, y mas adelante Raúl Reyes visitó nuestro país. Nunca he estado con las FARC-EP en territorio venezolano, ya que sus campamentos están en Colombia. Y los he visitado con los riesgos de lugar y la vestimenta adecuada a las difíciles circunstancias en que me ha tocado hacerlo. He viajado muchas veces, aunque hace varios meses que no lo hago, ha Venezuela para participar en diversas actividades publicas, todas ellas previamente convocadas y difundidas. De ello siempre he informado al país a través de los medios de comunicación. Soy coordinador de la Presidencia Colectiva del Movimiento Continental Bolivariano (MCB) y lo fui de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) que le precedió. En ambos espacios las FARC y otras organizaciones insurgentes han participado junto a múltiples movimientos y partidos revolucionarios. Nunca he ocultado mis relaciones políticas con diversas organizaciones revolucionarias, armadas o no armadas, a lo largo de toda mi trayectoria. Ese es un derecho que me asiste y que ha sido ejercido también por innumerables dirigentes comunistas, socialistas y revolucionarios de mi país y de todo el mundo. Desde la revolución de abril de 1965 no he participado, por razones conocidas, en ninguna otra lucha armada, sea guerrillera o insurreccional. Pero si lo hiciera no tendría porque negarlo ni ocultarlo, sino que me sentiría orgulloso de ese rol siempre que responda a los intereses de los pueblos oprimidos, empobrecidos y reprimidos. El conflicto armado en Colombia dura ya 60 años y tiene profundas raíces sociales, por lo que jamás me prestare a estigmatizar, calumniar, excluir o discriminar a quienes han tomado las armas contra un Estado terrorista y opresor, enfrentados ahora a la creciente intervención militar de EUA en ese país. Si debo decir que todo esto es una patraña del gobierno de Uribe y de su sucesor Juan Manuel Santos, quien desde el Ministerio de las fuerzas armadas ya me hizo acusaciones similares. Santo Domingo, República Dominicana 202.

25-7-2010, El 22-7-2010 se realizó una audiencia pública en La Macarena para analizar la “Crisis humanitaria Llanos Orientales”. Este acto, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reunió a cerca de 1500 pobladores de las regiones de alto y bajo Ariari y municipios de Vistahermosa, La Uribe y Mesetas, quienes llevaron sus testimonios ante un grupo de congresistas colombianos y eurodiputados. Con presencia internacional europea y norteamericana, y con el auspicio del Congreso y Senado de la República, se celebra Audiencia en La Macarena, Meta, Colombia por la mayor fosa común encontrada. La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó “que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo. No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son tomados por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros”. Una delegación encabezada por 6 eurodiputados visitó el cementerio de la Macarena para verificar denuncias de pobladores sobre la existencia de una fosa común con alrededor de 2 mil cuerpos. La delegación, que estuvo presente en una audiencia pública sobre la crisis humanitaria en los Llanos Orientales, entregó detalles en una rueda de prensa 23-7-2010 en el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular). Según el informe, la parte del cementerio de La Macarena que colinda con el Batallón, ha sido destinada a la sepultura de cadáveres sin identificar. En enero del 2010, la Procuraduría denunció la existencia de un cementerio ilegal, en ese momento se habló de cerca de 2 mil personas enterradas en una fosa común. El padre Javier Giraldo, vocero del CINEP, dijo que existen denuncias por “22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena. Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos. La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años”. El informe recoge testimonios de los pobladores de la región quienes afirman, entre otras cosas, que han sido testigos de cómo helicópteros del Ejército llevan cadáveres al cementerio de La Macarena. La Senadora Piedad Córdoba, quien asistió a la audiencia en compañía de los congresistas del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda, recogió las denuncias de los habitantes y reclamó atención: “Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.” 203.

6-8-2010, Un investigador colombiano de la Policía, Ronald Coy, afirmó que antes de entregar los ordenadores que pertenecerían a Raúl Reyes a la fiscalía fueron manipulados ilegalmente por él mismo según ordenes del Estado colombiano. Admitió que “abrió la información y la manipuló antes de que esa información fuera sometida a control de legalidades, sin que existiera entonces autorización legal para ello”. El investigador de la policía también es testigo en el juicio contra Liliana Obando, ex funcionaria de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), investigada por sus supuestos vínculos con las FARC. La captura de Obando fue sustentada en el computador de Reyes, en el que supuestamente se encontró abundante material sobre sus actividades ilegales relacionadas con la guerrilla. En marzo del 2010, el Juez español, Eloy Velasco, intentó vincular al Gobierno de Hugo Chávez con una supuesta cooperación con la guerrilla colombiana y el grupo ETA. Tras la denuncia, el Canciller venezolano, Nicolás Maduro, reclamó que las declaraciones del magistrado estuvieron argumentadas en las computadoras de Reyes. La Senadora liberal opositora colombiana, Piedad Córdoba, también fue acusada de vínculos con la guerrilla, con la misma prueba de supuestos documentos que aparecen en las computadoras de Reyes 204.

8-8-2010, Consultada la Corte Suprema de Justicia de EUA por la ONG estadounidense “Humanitarian Law Project”, que se disponía a impartir cursos sobre DIH, prevención contra las minas antipersonales, entre otros a los rebeldes Kurdos, la respuesta de la Corte respondió que este tipo de acción, (cursos, mediaciones) a organizaciones que figuran en la lista negra de EUA, puede ser considerado como colaboración-apoyo con el terrorismo. Esta decisión se produjo el 21-6-2010. Esta decisión pone en peligro, el rol del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de las iglesias, del Centro Henry Dunant por el dialogo humanitario, el llamado de Ginebra, la escuela catalana de la paz, la Fundación Carter, entre otros. Todo contacto con un grupo insurgente, o un movimiento de resistencia, clasificado como terrorista por EUA, sea para promover la paz, las salidas políticas, o soluciones humanitarias, puede ser considera como cómplice de terrorismo. La decisión de la Corte tira por la borda todos los protocoles internacionales que contemplan el trabajo humanitario, la mediación, y la minimización de los efectos de la guerra 205.

9-8-2010, Carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos. Respetuoso saludo: La “guerra” y la fuerza, y “también la razón”, anunciadas por el nuevo gobierno, debe ser contra el desempleo, contra el hambre, contra la pobreza, contra el paseo de la muerte, contra el terrorismo de Estado, contra los falsos positivos, contra la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por agentes del Estado aliados al paramilitarismo cuando su señoría fungía como Ministro de Guerra del anterior Gobierno y de detenciones masivas de defensores de derechos humanos y dirigentes populares; debe ser contra la impunidad a los crímenes de lesa humanidad, contra los crímenes de guerra, contra las acciones genocidas y de agresión del terrorismo de Estado, contra la privatización de los derechos; por ejemplo, contra la vulneración a la soberanía nacional para que no existan bases militares extranjeras y menos de EUA en nuestro territorio, contra los vulneradores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Pueblos, el DIH y el Derecho Penal Internacional quienes a través de las Instituciones del Estado prevaricaron afectando a la población y generaron la más grande catástrofe humanitaria y social conocida por la historia, criminales aún sin juzgar. Todo esto incluye la búsqueda y concreción de la paz con justicia social. Los derechos a los campesinos no se defienden así como se afirmó 7-8-2010 ellos en el campo colombiano de valles, montañas, piedemonte, laderas no los pueden ejercer siendo “Juan Valdez”, lo que se requiere es una verdadera reforma agraria para que ellos puedan ser colombianos verdaderos, ejerciendo derechos de forma real, cada uno con sus propios nombres y sus organizaciones populares y sociales a las que pertenecen legalmente, concretando esos cambios estructurales en el sector agropecuario, en el campo es lo que se requiere hace tiempo para poder acceder a la paz tan deseada. También depurando a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad de sus vínculos con el paramilitarismo y su dependencia con el Imperialismo y militarismo guerrerista de EUA; que se precluyan y archiven todos los procesos amañados contra defensores de derechos humanos y líderes populares sustentados en viles montajes organizados por la criminalidad dentro y fuera del Estado. Que se liberen a todas y todos los presos políticos. Que el principio de precisar la verdad histórica para que la procesal coincida con ella en los casos de los crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio y agresión, que se pueda de verdad concretar la justicia como imperativo estatal, para que se derogue la eufemística Ley de Justicia y Paz o de impunidad como dicen otros juristas; que la reparación sea integral y no mera indemnización administrativa y que se creen todas las condiciones materiales, jurídicas, institucionales, culturales, administrativos, etc., para que por fin estos crímenes y el terrorismo de Estado fascista-neoliberal no se repita, debe ser una política de Estado y de la Sociedad. Lo que debe prevalecer siempre es la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado colombiano para que de verdad haya paz con justicia social. Y que cese el terror contra el pueblo. Eso debe ser la “fuerza y la razón” que su señoría indicó. Pues lo que aquí decimos no es mera conjetura, ya son hechos notorios y públicos. Además es deber constitucional no hacer apología a la violencia. De lo que se trata es defender el 22 superior que ordena a Usted, a nosotros y todas y todos los colombianos a ejercer el derecho a la paz, que tiene doble carácter de bien jurídico protegido, ser un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. De ahí que la prevalencia es la paz y no la guerra. La prevalencia es la vida y no las ejecuciones extrajudiciales. La prevalencia es la libertad y no los montajes y estigmatización a los defensores de derechos humanos y dirigentes populares, hombres y mujeres desplazadas, amenazadas, exiliadas, refugiadas. Toda una tragedia nacional que no se tocó en su médula; pero que se debe y puede concretar su resolución a través de la solución política al actual conflicto social y armado colombiano. Así es que se puede defender de verdad los derechos humanos y los derechos de los Pueblos. Las amenazas al contradictor político y las loas al más grande criminal de lesa humanidad no deben prevalecer. Todo por la paz con verdadera justicia social es el imperativo popular y de la sociedad. Athemay Sterling, Director CPDH-Valle. Bogotá 8-8-2010 206.

21-8-2010, Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización. Piedad Córdoba, Senadora de la República: Vengo a celebrar hoy con mujeres de diversos lugares del mundo, el derecho que tenemos las mujeres a trabajar por la paz, es un derecho fundamental para nosotras. El derecho a combatir la guerra, la trivialización de la violencia en los medios de comunicación, la glorificación de la guerra en la enseñanza de la historia, la violencia que se ejerce desde los poderes y la negación de los derechos humanos fundamentales y las libertades democráticas. Tenemos derecho a combatir la violencia económica y social. La pobreza y las injusticias sociales, como la exclusión y la discriminación, que golpean con tanta fuerza en las mujeres. Es urgente impedir que continúe creciendo la enorme brecha entre ricos y pobres y tenemos que nombrar la raíz las causas de la violencia en Colombia. La Justicia, la Democracia y la Paz están íntimamente unidas. No puede haber paz duradera sin justicia, del mismo modo que no puede haber un democracia sostenible sin el derecho a una vida digna. Tenemos que esforzarnos por buscarle una salida dialogada al conflicto armado, examinar alternativas y forjar un camino desde abajo que nos permita alcanzar la tan anhelada paz. La sociedad global tiene capacidad para afrontar los conflictos de modo que se conviertan en parte de una dinámica de cambio positivo. Siempre y cuando se lleven a cabo con la plena participación de las mujeres, las acciones para poner fin a la guerra no están fuera del alcance de los pueblos y los gobiernos del mundo. La capacidad y el liderazgo de las mujeres deben aprovecharse plenamente y en beneficio de todos para avanzar en la búsqueda de la paz. Su participación históricamente escasa en los gobiernos ha dado lugar a una limitación de los procesos. En ámbitos como la prevención de los conflictos, el fomento del diálogo intercultural y la reparación de la injusticia socioeconómica, las mujeres pueden generar enfoques transformadores y sumamente necesarios para avanzar en la edificación de la paz. Las mujeres aportan a la causa de la paz entre los pueblos y las naciones: experiencias, competencias y perspectivas diferentes. La función que cumplimos las mujeres de dar y sustentar la vida nos ha proporcionado la fuerza esencial para avanzar en el sendero de la paz. Las mujeres generalmente no compran rápidamente el mito de la eficacia de la violencia y pueden aportar una amplitud, una calidad y una visión nuevas con miras al esfuerzo común que supone pasar del negocio de la guerra a la búsqueda de la paz. Históricamente las bases militares, además de marcar los confines del imperio, están concebidas para apoyar el poder militar de EUA en todo el mundo, pero al mismo tiempo sus consecuencias más visibles y cotidianas se hacen sentir en el ámbito nacional y son un buen negocio para muchas empresas de EUA, que están tanto o más interesadas que el Pentágono en que continúe ese vasto despliegue militar. Una base militar extranjera es una ocupación militar y, por tanto, un símbolo histórico del sometimiento, está sola razón sería suficiente para repudiarlas. Hoy las mujeres de todos los continentes se unen a luchar contra la militarización y sobre la presencia de tropas extranjeras en la región, porque es de suma importancia adelantar inmediatamente una resistencia frontal por la soberanía y la autonomía, es una lucha muy difícil porque además es una lucha para evitar la masacre de inocentes y la devastación del medio ambiente 207.

23-8-2010, Frente a la Carta abierta de las FARC-EP a UNASUR, el ex-Ministro Camilo González Posso, Director del Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), dijo que la carta es muy similar a la que las FARC le habían enviado a UNASUR en septiembre del 2009. El pedido de las FARC a UNASUR “es inviable” y es parte de “una jugada política” que coincide con el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Las FARC “saben que su propuesta no tiene futuro, porque ningún gobierno va a pasar por encima de la diplomacia, ni les va a dar status de beligerancia, pero envían la carta porque quieren sonar en los titulares de los medios. Que las FARC pidan hoy un espacio como UNASUR para explicar por qué están en la guerra y qué es lo que proponen es un despropósito”. Carlos Salgado, de la organización Planeta Paz, considera que “hay un cambio de actitud de la guerrilla. Así las FARC sepan que UNASUR no es el espacio para hablar, parecerían estar diciendo que están interesadas en una solución negociada”. Carlos Lozano, Director del semanario comunista Voz, estima que lo mejor que podrían hacer las FARC para derrotar el escepticismo que hay en Colombia frente a una salida negociada es “acompañar su solicitud de algunos gestos. Se necesita generar confianza y no va ser fácil persuadir a la gente de que hay cabida para un diálogo. Además, pese a que el gobierno dice que no ha botado al mar las llaves del diálogo, está priorizando la guerra, que fue la política que heredó del Presidente Uribe” 208.

26-8-2010, Resulta rescatable que las fuerzas irregulares prefieran como marco al foro sudamericano por sobre otras organizaciones regionales, pero la cuestión plantea serias dificultades diplomáticas. La manifiesta intención de las FARC de hacer escuchar sus argumentos en el marco de la UNASUR agregó una nueva pieza al conflicto que hay en Colombia desde hace casi cincuenta años. El nuevo gobierno colombiano se apuró a rechazar rotundamente el pedido de las FARC y el Ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera, condicionó cualquier intento de diálogo a que la guerrilla demuestre previamente “su verdadera voluntad de frenar el conflicto armado de forma clara y fehaciente”, en virtud de que “con los terroristas no se dialoga”. Rivera argumentó que “la comunidad internacional no puede establecer un paralelismo diplomático entre las FARC y el Poder Ejecutivo elegido en las urnas por los colombianos”. El Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, país que temporalmente está a cargo de la Presidencia de UNASUR, anunció su voluntad de consultar con Colombia sobre la viabilidad de la propuesta de las FARC: “Una comunicación presentada por fuerzas irregulares de un país lo único que podría merecer es conversar con el gobierno de ese país para ver qué le parece”. Patiño mostró su respeto a la negativa del gobierno colombiano y aseguró que se impondrá el criterio del gobierno colombiano a la hora de decidir aceptar o no la propuesta de las FARC, dado que una conducta en contrario implicaría inmiscuirse “en los asuntos de otro país”. Ensayo de algunas consideraciones: 1) Podría atribuirse que la iniciativa de las FARC ha sido motivada por la actuación que le cupo desde su nacimiento a UNASUR como bombero de los problemas regionales. Resulta entendible que las FARC prefieran como marco al foro UNASUR por sobre otras organizaciones. Dicha inclinación podría justificarse en el hecho de que UNASUR se ha mostrado siempre independiente de la injerencia extra regional, cuestión que la transforma tácitamente en un espacio confiable y afín al diálogo. EUA a través de las políticas implementadas en el marco del Plan Colombia y de su presencia militar efectiva en la zona de combate influye y condiciona las acciones del gobierno encabezado por Juan Manuel Santos. En ese sentido las FARC preferirían UNASUR para, al menos en ese ámbito, anular la presión distorsiva del Departamento de Estado. Las referencias a EUA en la carta abierta de las FARC son múltiples y su contenido justifica la búsqueda de un espacio ajeno a Washington:“…el gobierno de Colombia mantiene cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia acicateado por el espejismo de una victoria militar y la injerencia de Washington”. Es esta injerencia, en forma de “estrategias preventivas”, la que habría imposibilitado desde hace años la adopción de salidas políticas al conflicto. Es el “espejismo de una victoria militar”, el que garantiza la continuidad de la presencia militar estadounidense en el territorio sudamericano de Colombia. 2) Para UNASUR, acceder unilateralmente al pedido de las FARC sería, implícitamente, reconocer a dicha fuerza con el mismo status de un Estado miembro, cuestión diplomáticamente delicada por cuanto tal reconocimiento sería interpretado como la injerencia de la organización regional en cuestiones internas de un país soberano. El Canciller ecuatoriano Eduardo Patiño resaltó que “UNASUR es un espacio de integración de gobiernos”. Las FARC sostienen en su Carta Abierta: “Si Colombia hoy está ocupada militarmente por una potencia extranjera, lo es en desarrollo de un interés geoestratégico, de predominio continental y no en razón de una guerra local contrainsurgente. Nadie discute que la Casa Blanca asume con preocupación la presencia política, cada vez mayor en este hemisferio, de gobiernos que optan por el decoro patrio y la soberanía”. Si merced a esta coincidencia de visiones sobre el papel de EUA, UNASUR optara por acceder unilateralmente al pedido de las FARC, estaría poniendo en riesgo la estructura del bloque, dado que Colombia podría inmediatamente abandonarlo, privándolo de parte de su legitimidad. UNASUR ya no sería un foro completo y eso repercutiría en el peso de sus decisiones futuras. UNASUR sabe que la negativa de Colombia de dar espacio a las FARC en el Foro Regional anula cualquier solución no militar al conflicto y con ello prolonga las excusas para la permanencia de la potencia militar extranjera en territorio sudamericano y extiende también el desastre humanitario que la continuidad del conflicto significa a la población civil 209.

30-8-2010, La Senadora colombiana Piedad Córdoba y otros dirigentes políticos latinoamericanos crearon, en Buenos Aires, un grupo regional por la Paz en Colombia para intentar “humanizar el conflicto” en ese país. Participaron el Partido Comunista de Argentina, la Senadora Piedad Córdoba, líder de Colombianas y Colombianos por la Paz, la ex-Canciller de Honduras Patricia Rodas, Margarita Zapata, dirigente de la fundación mexicana Emiliano Zapata, miembros del Parlamento Centroamericano y del partido FMLN de El Salvador. “El grupo valora la disponibilidad de las fuerzas insurgentes como las FARC de construir una apertura para el diálogo político. La idea es poder establecer un diálogo entre estas fuerzas y el gobierno colombiano” 210.

1-9-2010, No es con más leyes como nos vamos a liberar de esta tragedia. No es con pequeñas reformas como vamos a poder avanzar. Hay que mostrar las causas profundas de nuestras dificultades. En Colombia se cree que gobernar consiste en aprobar leyes. Es prototipo del “espíritu santanderista” elogiado como un gran valor de nuestra democracia republicana. Tenemos una Constitución con 380 artículos y 60 artículos transitorios. En el escaso tiempo de vigencia -19 años-, ha sido reformada más de 25 veces. “Está despedazada estructuralmente”. En tres semanas de sesiones del Congreso se han inscrito 170 proyectos de ley para su trámite y 17 proyectos de actos legislativos. Es una locura… ¡una verdadera orgía legislativa! Se gastan en funcionamiento de Concejos municipales, Asambleas departamentales y Congreso de la República, más de 300.000 millones al año. Es el costo de sostener una apariencia de democracia. “Se eligen los ‘honorables’ y no se vuelven a ver”, dicen los electores. No existe participación de la sociedad. Los representantes que ejercen control político, son excepcionales. Casi todos terminan vinculados con los gobernantes. El sector judicial y el poder público (contralorías, procuradurías, personerías) absorben más de 2 billones del presupuesto nacional, pero la corrupción crece. Funcionarios y contratistas se roban algo más de esa misma suma. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad se gastan un 15% del presupuesto en represión, pero el crimen y el delito se incrementan a diario. Estudios jurídicos y sentencias de altas cortes, no sirven de nada. Fiscales, cárceles, juicios, penas, extradiciones, y miles de leyes no consiguen detener la avalancha de ilegalidad que consume a nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Los grandes empresarios y transnacionales aprovechan esa debilidad institucional. Pagan a políticos para hacer leyes que les otorgan óptimas condiciones de inversión. Obtienen así, pingües ganancias. Aceptan -de mala gana-, la aprobación de normas sobre derechos sociales, culturales y laborales, defensa del medio ambiente y otras, pero siempre terminan violándolas. Sobornan a funcionarios regionales y locales, o compran con pequeños favores y migajas a las mismas comunidades afectadas por sus actos ilegales. Ejemplo en el Cauca es lo que ocurre con Smurfit-Kappa (Cartón Colombia) y los Ingenios Azucareros. Leyes especiales les permiten estar entre las empresas más rentables del país. Zonas francas, exenciones tributarias, construcción de obras de infraestructura exclusivas para su beneficio -como ocurre ahora con el “ferrocarril del oeste” (Importante proyecto de transporte ferroviario de carga que compromete a los departamentos del occidente colombiano)-, y todo un cúmulo de gabelas que ya quisiera tener un pequeño productor. Paralelamente se dan formas de violar “legalmente” todas las leyes que puedan. Se han inventado todo tipo de “cooperativas” y formas de contratación para sobre-explotar a los trabajadores. Persiguen o sobornan a los líderes sindicales. Compran funcionarios de las corporaciones regionales ambientales mientras contaminan y degradan el medio ambiente. Siguiendo su ejemplo, las transnacionales mineras -encabezadas por la Anglo Gold Ashanti-, hacen estragos en la región. Cuando una comunidad digna no se deja manipular con sus ofrecimientos recurren sin escrúpulos a la violencia paramilitar, como ocurre actualmente en municipios del noroccidente del Cauca. Mientras tanto el gobierno aprueba “normas sanitarias” impuestas por la OMC para sacar del mercado a miles de productores de panela, pequeños ganaderos y lecheros, y otros productores agrícolas, a los que los funcionarios les aplican “el peso de la ley en defensa del interés común”. Claro, ellos no tienen con qué sobornarlos. Frente a este panorama angustioso e injusto, sobre todo para quien lo vive en carne propia, la salida legal es casi imposible. Mockus acertaba en proponer la “legalidad democrática” pero nunca desafió la criminalidad de Uribe y la ilegalidad de los grandes empresarios. En sus lecciones pedagógicas siempre se refería al ciudadano de a pié que violaba la ley, pero nunca se enfrentó al poderoso. Por eso, él mismo desinfló la “ola verde”. La reacción normal de cualquier sociedad es la rebelión. Sin embargo, el camino de la insurgencia también fue degradado. La estrategia imperial de la “guerra sucia” enlodó la lucha armada. Hoy, la mayoría de quienes se enrolaran en la guerrilla lo hacen como una aventura delincuencial. Es la realidad. Con ese mismo sentido se vinculan miles de jóvenes a los grupos paramilitares, a las bandas armadas rurales o urbanas, o a prácticas individuales criminales. Lo que ocurre en Medellín es una muestra de lo que ocurre en todo el país. Muchos campesinos caucanos han aprendido a convivir con la economía ilegal. Ya no tumban todos sus cultivos para sembrar coca como lo hicieron durante la primera “bonanza coquera” de los años ‘70 y ‘80. Ahora permiten que sus hijos vayan a “raspar coca” (cosechar hoja), o ellos mismos se vinculan a la siembra y procesamiento de la “base” (primera fase de extracción del clorhidrato de cocaína). Así, canalizan parte de los recursos que obtienen hacia el sostenimiento de la producción de café, panela o pequeña ganadería. En el Cauca, y en muchas regiones de Colombia, gran parte de la economía coquera fluye e irriga canales de intermediación comercial, transporte y financiera. El fenómeno de las captadoras ilegales, “para-financieras” o pirámides, es parte de ese fenómeno. “No podemos dejarnos morir de hambre” afirman los campesinos que tienen que aceptar que su sobrevivencia depende de esa economía, que es calificada como ilegal en los altos niveles del gobierno y de la prensa, pero que -en voz baja- es aceptada y “lavada” tanto en la Bolsa de Bogotá como en Wall Street de New York. En nuestra región la economía del narcotráfico transforma regiones, envilece las condiciones productivas, descompone lazos comunitarios, corrompe a todas las instituciones, y crea una falsa ilusión de progreso que genera enormes dificultades para construir una sociedad con verdadero futuro. Nuestro pueblo se ha resistido a ese fenómeno. En los años 90, indígenas yanaconas del sur del Cauca le declararon la guerra a la amapola. Las mujeres del corregimiento de Lerma (Bolívar), impusieron la prohibición al consumo de licores alcohólicos, como reacción a los efectos de violencia y degradación social que traía el fenómeno del narcotráfico. El pueblo Misak (guambiano) y los nasas, han impulsado múltiples campañas de erradicación de cultivos de uso ilícito, pero se han quedado solos. Es una prueba de la dignidad y de la altivez moral de estos pueblos originarios. Sin embargo, la lógica que se impone es la que se refleja en diversos dichos populares: “El vivo vive del bobo”; “la ley es para los de ruana”; “hecha la ley, hecha la trampa”; “¿si los de arriba roban, por que yo no?”, “no seas pendejo”, y muchas formas de justificar una forma de vida que arrasa con los últimos espacios de resistencia popular. Frente a esa realidad impactante las mayorías anhelan una “legalidad democrática”. En municipios donde se vive esta situación -de comunidades indígenas, negras y mestizas-, que han sido fumigadas y perseguidas, la población votó en las pasadas elecciones en forma mayoritaria por los “verdes” y por el Polo. Ese es un mensaje esperanzador que genera emoción y confianza. A más leyes y apariencia de regulación, más ilegalidad y violación de la norma. El camino de la represión y el castigo, no conduce a ninguna parte. El pueblo apoyó la “fuerza de la autoridad” que admiraba en Uribe, pero está descubriendo la verdadera ilegalidad que estaba detrás de esa fórmula. Algo, muy en el fondo de nuestra sociedad, está fallando. Los tres países latinoamericanos que conservaron tradiciones jurídicas castellanas combinadas con algunas racionalidades de sociedades “imperiales” pre-colombinas (inca, muisca, azteca), son los que viven con mayor intensidad este problema en Latinoamérica. La informalidad estudiada por Hernando de Soto en el Perú, y la economía ilegal que convierte en “Estados fallidos” a Colombia y México, parecen ser un resultado problemático de la combinación de lo más atrasado de unas sociedades “semi-coloniales” con lo más avanzado de la estrategia de la plutocracia imperial transnacional. “Santanderismo jurídico” al servicio del “imperialismo del siglo XXI”. No es con más leyes como nos vamos a liberar de esta tragedia. No es con pequeñas reformas como vamos a poder avanzar. Hay que mostrar las causas profundas de nuestras dificultades, hay que identificar a los causantes y grandes beneficiarios de ese ambiente de ilegalidad. Hay que derrotarlos políticamente. Así lo están haciendo los pueblos de Bolivia y Ecuador. Somos nosotros -los sectores populares-, quienes tenemos la clave para salir de este tremendo atolladero 211.

2-9-2010, La promesa gubernamental de devolverles a los desplazados por la violencia en Colombia al menos 2 millones de hectáreas, que les fueron despojadas, ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la tierra y la reforma agraria. El Presidente Juan Manuel Santos anunció que la tierra de los desplazados “esté hoy en manos de quien esté, se le va a devolver a sus dueños originales”. No hay datos precisos sobre la cantidad de tierras que han perdido los desplazados. Se estima que son entre 2 y 6 millones de hectáreas, aunque algunas fuentes consideran que podrían ser 10 millones de hectáreas. Devolver dos millones de hectáreas es algo que expertos califican como difícil de llevar a la práctica en un país que lleva décadas en conflicto armado y que tiene una alta concentración de la propiedad de la tierra. Dario Fajardo, antropólogo, dice: “Tenemos 15 millones de hectáreas para la agricultura, pero utilizamos sólo 5 millones”. En ocho años de gobierno, el anterior Presidente Alvaro Uribe solo logró devolver 90.000 hectáreas a los desplazados, que son más de 3 millones de personas. Tampoco hay que hacerse ilusiones con las haciendas que se les han quitado a los narcotraficantes y que el gobierno ha dicho que usará en su política de tierras. “Hay muchos casos de unidades pequeñas, que no tienen un alto valor productivo, pues se trata de predios con piscinas y casas lujosas, que no les sirven a los campesinos”. Hay una alta concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. Ricardo Bonilla, profesor de economía de la Universidad Nacional de Colombia, dice: “Si el gobierno de Juan Manuel Santos logra devolver las tierras que les han despojado a los desplazados, pasará a la historia”. Los datos más recientes del gubernamental Instituto Geográfico Agustín Codazzi indican que el 1% de los propietarios es el dueño de casi el 60% de unas 45 millones de hectáreas. Buena parte de esas tierras están dedicadas a la ganadería y solo “el 1,7% de las mismas producen el 60 % de la comida”. Por esa razón, “Colombia importa hoy más del 50% de los alimentos que consume. El nuevo gobierno no está proponiendo expropiarles las tierras a los latifundistas, sino devolver las tierras que han sido despojadas por la acción de los grupos armados ilegales. Todos los procesos que han intentado desconcentrar la propiedad de la tierra en Colombia han fracasado estruendosamente”. Con la bandera de la reforma agraria nacieron las guerrillas en los años 50 y 60 del siglo pasado. La propiedad de la tierra en Colombia genera “inmenso” poder político. “No es un tema de fincas, sino de grandes territorios, donde se controlan alcaldías, regalías y recursos”. La abogada Yamile Salinas, experta en el tema de tierras, aplaude las buenas intenciones del gobierno, pero dice que “no se sabe en manos de quiénes están”. Las autoridades deben tener mucho cuidado “para no terminar legitimando operaciones de lavado de activos” de quienes hoy tienen y siguen comprando grandes cantidades de tierras. Salinas se pregunta si Colombia va a imitar la política de tierras que se puso en marcha en Brasil, donde grandes empresas se han hecho a considerables cantidades de tierra 212.

8-9-2010, El ex-Presidente Ernesto Samper dijo, en el marco de una reunión de la Mesa por el Intercambio Humanitario, que en el país ya no hay espacio para el acuerdo humanitario; por eso les pidió a las FARC la liberación unilateral de los militares y policías que tienen secuestrados. “Vamos a hacerles una solicitud clara y firme a las FARC para que devuelvan a estas personas si quieren que haya el comienzo de un proceso de paz”. Pidió una actitud “más proactiva” de parte del Gobierno en la búsqueda de una solución a este tema y rechazó el asesinato de 14 policías en Doncello (Caquetá) y la muerte de cuatro soldados en Antioquia. Le hizo un llamado al Gobierno para que designe lo que denominó un “interlocutor humanitario” para que aborde, desde el Ejecutivo, los temas de paz. El Presidente del Congreso, Armando Benedetti, anunció la conformación de una comisión especial del Legislativo para que acompañe a los familiares de los secuestrados 213.

8-9-2010, Christian Salazar, Director de la oficina de la ONU en Bogotá, descartó la existencia de una fosa común en La Macarena, sin embargo, se declaró preocupada por “la falta de controles y registros adecuados frente a los reportes de personas muertas en combate”. Esto genera interrogantes sobre las circunstancias de su muerte. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó “la existencia de por lo menos 446 personas inhumadas individualmente en el cementerio de La Macarena sin identificar y que fueron reportadas como muertas en combate por la fuerza pública desde el 2002”. Pese a descartar la existencia de la “fosa común”, Salazar agregó que considera necesario conocer si entre las personas enterradas se encuentran víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas u otras violaciones de los derechos humanos 214.

8-9-2010, Christian Salazar, Director de la Oficina en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU, tras una reunión con el Presidente del Senado, Armando Benedetti, transmitió una petición al Congreso de Colombia para que el país se adhiera a la convención mundial contra la desaparición forzada pero que permita que las victimas acudan ante los tribunales de Ginebra porque considera que la justicia Colombia ha sido inoperante. La ONU tiene un grupo especializado en investigar casos de desaparición forzada, que si el gobierno colombiano lo solicita podría venir al país a asumir las averiguaciones. El delegado de la ONU festejó la decisión del Congreso de elegir una comisión parlamentaria para el control político y vigilancia de los organismos de seguridad del Estado. El delegado de la ONU dijo que la comunidad internacional espera que todos los casos denunciados sobre los llamados “falsos positivos”, sean aclarados 215.

12-9-2010, El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, afirma en un estudio basado en su propia investigación de campo, así como en datos tomados de las agencias del gobierno y de los medios, que una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes en Colombia ha reemplazado a las organizaciones paramilitares de derecha que se desmovilizaron en el 2006. Estos nuevos grupos al margen de la ley han superado a los rebeldes de izquierda como los principales actores violentos. Están presentes en 29 de los 32 departamentos de Colombia. La desmovilización del grupo paramilitar de derecha, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el 2006 es considerada como uno de los principales éxitos del ex-Presidente Alvaro Uribe. Sin embargo, Indepaz asegura que más de diez nuevas organizaciones -que denomina narcoparamilitares- rápidamente llenaron el vacío dejado por las AUC en gran parte del territorio nacional. Podrían llegar a tener hasta 13.000 miembros. Con nombres como las Aguilas Negras y Rastrojos, éstos combinan el control de la producción y exportación de cocaína con violencia extrema, aunque sin una clara agenda política. La violencia ha generado decenas de miles de desplazados. Las AUC fueron conformadas por terratenientes y capos de la droga para enfrentar a los grupos rebeldes de izquierda como las FARC y el ELN. También estaban involucradas en el tráfico de drogas y perpetraron innumerables violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados. El proceso legal be esta demovilización ha sido criticado por haber permitido a los culpables eludir el castigo por crímenes de lesa humanidad 216.

13-9-2010, El que fuera Ministro de Trabajo y Ministro de Agricultura del Presidente liberal Alberto Lleras y Comisionado de Paz, reemplazando a Carlos Lleras Restrepo en el Gobierno de Belisario Betancur, Otto Morales Benítez, habla de “enemigos agazapados” de la paz en Colombia. Yo le pedí al Presidente Betancur que me dejara ensayar algo que nunca se había ensayado: conversar con Tirofijo. Lo había conocido en Génova, Caldas (hoy, Quindío). El papá era jefe liberal, de esos jefes de tienda que buscaban las gentes de las veredas para que explicaran qué estaba pasando en el país. Yo iba a esa tienda y allá se sentaba Tirofijo, muy joven, como de 17 años, y hablaba siempre conmigo. Un día me dijo: ¡Doctor, lo escuché exponer la política de paz, y eso es una pendejada! ¡Así nos van a acabar los godos! ¡La policía, el ejército y los pájaros nos están asesinando! Así van a acabar con todos nosotros. Años después fui a Chaparral, cuando Alberto Lleras me nombró en la Comisión Investigadora de las causas de la violencia. Eso estaba lleno de guerrilla. Allí se encontraban el general Loaiza, 'Mariachi', 'Peligro', y los comunistas que peleaban contra los liberales. Me salió a saludar Tirofijo. Pasa el tiempo, me nombran en la comisión, y un día tomé un taxi en la calle. El chofer me preguntó: '¿Usted es el doctor Otto? Y me notificó que me traía una carta que me mandaba Tirofijo. En ella decía que estaban muy contentos de que hubiera aceptado la presidencia de la comisión, y me preguntaba si yo aceptaría reunirme con él. Nos fuimos con John Agudelo, Rafael Rivas Posada, y Alberto Rojas Puyo para La Uribe. Tirofijo me dijo: Tenía ganas de proponer algo, porque pensaba que “ustedes no nos van a ganar, pero nosotros tampoco”. Ahí mismo firmamos un acuerdo. Ellos se comprometían a no volver a secuestrar a una persona, que no volverían a atacar a los pueblos, y que entraban en negociación para llegar a un entendimiento de paz. De ahí se desprendieron las pocas cosas que se lograron en los Gobiernos siguientes. Esa fue la primera vez que se habló de un entendimiento político con las FARC. Y avanzamos mucho. A esa política le salieron muchos enemigos. Básicamente, la clase empresarial colombiana. Los que eran amigos comienzan a llamar a Belisario o a llamarme a mí... Hubo una fiesta en el Jockey por esos días y recuerdo que toda la noche la pasé insultado. Los que se me arrimaban me decían en esa fiesta: Carajo, usted es un sinvergüenza, un vagabundo, cómo va a hablar con esos tipos! Dentro del Gobierno también había Ministros a los que eso también les parecía una cosa inaceptable. Le pasé una carta al Presidente Belisario Betancur diciéndole que no podía seguir en eso, porque la paz tenía enemigos agazapados dentro y fuera del Gobierno. La gente pensó que los enemigos agazapados estaban en el Ejército, y la verdad es que nunca tuve problema con ellos. Entendían lo que se estaba haciendo y me ayudaron en todo 217.

17-9-2010, La desaparición forzada de personas sigue siendo sistemática, permanente y generalizada, como lo reconocen los informes de la ONU, las organizaciones de Derechos Humanos y las propias entidades oficiales. A finales de los años setenta empezaron a presentarse las primeras desapariciones forzadas en Colombia, que estuvieron dirigidas contra reconocidos militantes de izquierda (sindicalistas, estudiantes, intelectuales, entre otros), de partidos políticos de oposición como el Partido Comunista, o integrantes de organizaciones insurgentes capturados por fuera de combate. No se consideraba una conducta criminal en el país y se justificaba por las autoridades judiciales y políticas señalando que se trataba de personas extraviadas o que habían decidido hacer parte de grupos insurgentes. Los datos de las víctimas han sido recogidos, en su mayoría, por las organizaciones de Derechos Humanos que han sistematizado muchos de los casos en sus bases de datos, pero permanecen en la absoluta impunidad. La práctica coincide con la puesta en marcha de los manuales de operación militar definidos en el decreto 1537 de 1974, conocido como Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional, y el decreto 1923 de 1978 que amplía las facultades a la fuerza pública para el juzgamiento de civiles y le otorga poderes judiciales a la policía. En ambos decretos la población civil es concebida como objetivo de la lucha contrainsurgente ya que en ella “se fundamenta la existencia de los grupos subversivos” y por lo tanto hacia ella dirigen las operaciones de inteligencia, de guerra sicológica y de “defensa” contenidas en los referidos manuales. Es bien conocida la estrategia de clasificar a la población en listas negras, grises y blancas, a la cual se le aplica diferentes modalidades de agresión, entre ellas la desaparición forzada. Esta es también la época de fortalecimiento de la estrategia militar con el surgimiento del MAS (Muerte a Secuestradores), en el Magdalena Medio, y que posteriormente se expande por todo el país. Para los años ochenta el crimen se vuelve generalizado y permanente porque los grupos paramilitares, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, retomaron la práctica como una de las modalidades de agresión y terror contra la población campesina a quienes capturaban, torturaban, asesinaban y luego desaparecían como una forma de apropiarse de sus tierras y bienes, o incluso como forma de implementar proyectos estratégicos de infraestructura o de explotación de recursos naturales. Para la década de los noventa la desaparición forzada se convirtió en el crimen de lesa humanidad preferido por los grupos paramilitares y tenía tres fines esenciales: (1) Exterminar y desaparecer líderes sociales y políticos. (2) Realizar acciones de exterminio contra sectores de la población considerados indeseables como mujeres prostituidas, drogadictos, población LGTB e indigentes. (3) Como forma de disciplinamiento y control social de poblaciones enteras a quienes se les aplicaba esta modalidad para generar terror y así acabar con cualquier intención de denuncia u oposición a la estrategia paramilitar. Muchas de las víctimas de desaparición forzada terminaron en fosas clandestinas, convertidas en cenizas en crematorios artesanales montados en las haciendas de ganaderos, paramilitares o narcotraficantes, o en los grandes ríos del país, sin que hasta el momento se pueda establecer su paradero. Esta realidad, junto al temor de denunciar la desaparición forzada por el control de los victimarios en la zona y por la desconfianza en las entidades estatales, no permite tener datos claros sobre el número total de víctimas. Recién en el año 2000, con la ley 589, la desaparición forzada comenzó a ser un delito y a ser considerado y documentado por los organismos judiciales. En la actualidad Colombia ha suscrito la mayoría de instrumentos internacionales sobre el tema y ha desarrollado legislación y mecanismos especiales. Sin embargo la detención y desaparición forzada de personas sigue siendo sistemática, permanente y generalizada, como lo reconocen los informes de ONU, las organizaciones de Derechos Humanos y las propias entidades oficiales. Sólo después de una fuerte campaña del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y de otras organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, el gobierno accedió a presentar un proyecto de ley que permita ratificar de manera plena la Convención Internacional de ONU para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Hasta mediados de 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía un consolidado de 25.000 víctimas y sigue recibiendo denuncias. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas [Conformada por el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas] tiene una cifra global de 35.086 casos, además ha afirmado que las desapariciones forzadas aumentaron dramáticamente entre el 1-1-2007 y el 21-10-2008, periodo en el que se registraron 7763 casos, de los cuales 3090 ocurrieron durante el año 2008. Sin embargo, los registros de Medicina Legal y Ciencias Forenses consideran cifras aún mayores. Las organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, afirman que si se consideran los casos cometidos desde 1977 y se incluyen los cuatro últimos años, la cifra podría llegar a más de 50.000 víctimas. En lo que sí coinciden todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales es en que las cifras siguen creciendo. Eso incluye la documentación de casos de ejecuciones extrajudiciales en el período de la Seguridad Democrática, conocidas eufemísticamente en Colombia como “falsos positivos”. Los casos documentados son 3083 (entre junio del 2002 y diciembre del 2009), de los cuales un alto porcentaje iniciaron como desapariciones forzadas. Otras preocupaciones del MOVICE tienen que ver con la escasa participación real de las familias en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas (sólo 448 núcleos familiares han podido participar en las más de 4000 diligencias de exhumación realizadas [Información dado por la Fiscalía en la reunión de la Mesa Interinstitucional de atención a Víctimas de Desaparición Forzada auspiciado por la Oficina de la Alta Comisionada de ONU de Derechos Humanos y el CICR]). En muchos casos los familiares son sólo vistos como denunciantes, fuentes de información, objeto de la prueba de ADN, pero no como sujeto de derecho [así se desprende del Documento CONPES 3590, Consolidación de los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Colombia; Consejo Nacional de Política Economía y Social de Colombia, Planeación Nacional, Bogotá, Junio 2009]. Algunas razones más para la poca participación son: a) Desconocimiento de las entidades con respecto a quien buscan, falta de investigación preliminar rigurosa y eficiente de manera que las entidades no saben a qué familiares contactar ni tienen clara las rutas de búsqueda. b) Falta de información adecuada y comprensible de las familias sobre su derecho a participar. c) La Fiscalía rechaza la presencia de familiares y acompañantes en las diligencias de exhumación por falta de seguridad; un argumento contradictorio si a la vez el gobierno niega la existencia de un conflicto armado, del control paramilitar y resalta los avances de seguridad gracias a la Política De Seguridad Democrática. d) Temor por parte de funcionarios del impacto emocional en los familiares y comunidades, y su incapacidad de manejarlo sin apoyo de profesionales, especialmente en las diligencias de exhumación e identificación. e) Escasez de recursos para que las víctimas puedan hacer seguimiento al proceso judicial y el proceso de búsqueda. f) Aviso de diligencias de exhumación con poca antelación. “Lo que buscamos son nuestros seres queridos. No buscamos tumbas y huesos”, expresión de los familiares de víctimas cuando escuchan las cifras frías de los organismos judiciales sobre el éxito de las exhumaciones realizadas por el Programa Nacional de Identificación a Víctimas NNs y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General de la Nación. Dicho programa ha sido presentado ante la comunidad internacional como parte del éxito de la ley 975 del 2005 (conocida como Ley de Justicia y Paz). Sin embargo, una mirada a las cifras señala que si bien la Fiscalía ha logrado algunos avances, está lejos del derecho a la verdad y la justicia puesto que más del 90% de las víctimas continúan desaparecidos y los casos no se han logrado esclarecer ya que los paramilitares sólo han hecho reconocimientos generales de sus crímenes y el Estado no asume su responsabilidad en ese Crimen de Lesa Humanidad. La impunidad reinante relativa a este delito, el hecho de que nuevamente casos de desaparición forzada pasan a la justicia penal militar como si existiese la obediencia debida en esos casos, el hecho de incluir combatientes exhumados en las estadísticas, de manera que pareciesen mayor los resultados en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente representan, desde un enfoque psicosocial, una revictimización de las familias e impiden un carácter reparador de los procesos de búsqueda, exhumación, identificación y entrega digna en Colombia. Se habla de más de 50.000 víctimas de desaparición forzada en los últimos treinta años. De ellos la Fiscalía reporta que hasta el 28-2-2.010, hallaron 2488 fosas con 3017 cuerpos. Sin embargo, la identificación y entrega de restos y cuerpos son todavía muy lentas: hay 910 identificados de forma plena o indiciaria, de los cuales 796 han sido entregados a sus familiares 218.

2-10-2010, La tarea de negociar con la guerrilla la liberación de los rehenes le había sido públicamente encomendada a Piedad por Uribe, (con beso en la mejilla y todo). Se trata de un fallo político. No solo porque el delito por el que el Procurador General Alejandro Ordóñez acusa confusamente a la Senadora Piedad Córdoba, en el caso de que existiera, sería un delito político, sino porque también los motivos del Procurador para acusarla son políticos. Y la pena, desde luego, es eminentemente política: destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dieciocho años. Es lo que se llama 'muerte política'. Pero en este país de leguleyos tenemos una irrefrenable tendencia a disfrazar con ropajes jurídicos todo lo que sea político, aunque la realidad sea la contraria: no es que lo político sea jurídico, sino que hasta lo jurídico es político. La acusación del Procurador es confusa. Está hecha de largas parrafadas hiladas por la conjunción 'o': conjunción disyuntiva que denota contraposición, separación o alternativa entre dos o más cosas. Muy distinta de la 'y': conjunción copulativa cuyo oficio es unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Así, el Procurador habla de “fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley, o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos”. O también -y esta es igualmente una acusación de índole política- “haber realizado actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, evidenciados en el desconocimiento de la legitimidad de algunas instituciones”.¿Auspiciar, o dirigir, o financiar a las FARC? ¿O intentar fragmentar a Colombia? Cómo serán de vagas las acusaciones que hasta el batallador Plinio Apuleyo Mendoza, habitual defensor de oficio de todo lo que huela a crítica a la izquierda, se desconcierta y pregunta en su columna de prensa: “¿Dónde estaría entonces el delito que justificaría... (la pena)?”. El mismo se responde: “En la ley que castiga nexos con organizaciones armadas ilegales”. Y eso, en el caso de Piedad Córdoba, “es algo que tiene ribetes de complicidad y alianza en torno a objetivos comunes con la guerrilla”. Asegura Plinio que lo ha explicado el Procurador “con claridad”; pero no está claro ni siquiera para él, y por eso habla de “ribetes de complicidad”: de asomos, de indicios: no de pruebas. Lo único claro es la sentencia: muerte política. En cuanto a lo de los “objetivos comunes”: De eso se trataba, y no era ningún secreto. Se trataba de negociar con la guerrilla la liberación de los rehenes que tenía secuestrados. Y esa tarea le había sido públicamente encomendada por el entonces Presidente Alvaro Uribe (con beso en la mejilla y todo) a la Senadora Piedad Córdoba, para que la emprendiera en colaboración con otro mediador, también designado por Uribe, el Presidente venezolano, Hugo Chávez. Y entre los dos obtuvieron, la liberación de varios. Si hubo en eso ribetes de delito, a quien hay que investigar, y castigar si es el caso, es más bien al ex Presidente Uribe, que nombró a los negociadores. Los motivos del Procurador son políticos. Quiere castigar a Piedad Córdoba por un delito que en Colombia no existe, que es el de opinión. Pues es opinión, y no ejecución de un acto delictivo, el pensar y decir que a los secuestrados hay que canjearlos, aunque no sea esa la opinión del ex Presidente Uribe. Y es opinión el creer que se debe negociar con los alzados en armas: esos a quienes el propio ex presidente Uribe, llevado por sus ventoleras ciclotímicas a cambiar con frecuencia de opinión, llamaba unas veces “bandidos” y otras “señores insurgentes” 219.

7-10-2010, La guerra no sede porque continúa el despojo de los suelos que desmontan los campesinos desplazándolos a la ciudad o a seguir desmontando y la resistencia impide a los terratenientes usar los robado. Los pocos intentos de reforma agraria en Colombia y las pretensiones de la ultra-derecha de ceder la soberanía de las tierras, obtenidas a sangre y fuego, a las trasnacionales del agro-negocio nos obliga a buscar soluciones que involucren a los Campesinos y a los Terratenientes con sus aparatos políticos y militares, con el apoyo del gobierno y las fuerzas armadas; todos debemos caber en un campo con justicia, reparación y perdón única manera de lograr la paz sostenible y la reconciliación. Proponemos un modelo mixto de economía en el que los Terratenientes evolucionen a industriales del campo y los Campesinos a productores agro-ecológicos comunitarios con base en los resguardos indígenas, los territorios colectivos de los afro-descendientes y las zonas de reserva campesina, asociados con las comunidades de consumidores y productores urbanos que los complementen. Industriales del campo y productores sociales. La situación actual. En Colombia se requiere un nuevo modelo de reforma agraria porque los que se han intentado hasta ahora han fracasado. Sería insensato promover nuevamente la colonización porque tenemos 52 millones de hectáreas desmontadas de las cuales están bien explotados 5 millones, el resto produce menos de un 5% de su potencial. Tampoco debe repetirse la parcelación de algunos latifundios improductivos porque los Terratenientes, con su poder político intacto, presionarían nuevamente para que el gobierno les compre algunas tierras de las más alejadas y de menor calidad, exigiendo vías de penetración y distritos de riego que supuestamente beneficiarían a los nuevos parceleros pero que realmente valorizaría sus latifundios. Sería muy mala idea aceptar los ofrecimientos de inversión de las trasnacionales dedicadas al agro-negocio que juegan al vaivén de la ruleta bursátil ya que estos capitales promueven un modelo depredador del medio ambiente y de las comunidades rurales en aras de obtener rendimientos especulativos. El costo ambiental y social sería otra inmensa catástrofe para nuestro país. La restitución y reparación a los desplazados ordenada por la corte constitucional, desde 2004 mediante la sentencia T-025, fue burlada por el gobierno de Uribe. La misma corte ha constatado su incumplimiento mediante los autos proferidos luego de las audiencias de control. Al contrario la continuación del desplazamiento violento ha generado una crisis humanitaria sin precedentes lanzando a la indigencia a más de 800 mil familias y a 200 mil más a la pobreza, además las familias que marcharon allende la frontera agrícola han sido víctimas de bombardeos, ametrallamientos, falsos positivos y judicialización al ser consideradas como milicias o auxiliadores de la Insurgencia. Los que se emplearon como jornaleros rurales son los trabajadores colombianos peor tratados. Todos los logros de los gobiernos en las ciudades se han eclipsado por los problemas generados a causa del desplazamiento. El Presidente Santos sabe que no puede continuar esta política porque corre el riesgo de que el país sea declarado un estado fallido por el incumplimiento masivo de los derechos humanos, allanando la intervención de la Justicia Internacional y de la ONU. A esto se la suma el fracaso de la lucha contra el narcotráfico y la persistencia del conflicto armado interno, aunque en 10 años las fuerzas armadas se cuadruplicaron, se aumentó 10 veces el gasto militar y se obtuvo la máxima “ayuda” de los Estados Unidos. Los auxilios de familias en acción son ayudas humanitarias que si bien han aliviado un poco los sufrimientos de los más pobres no constituyen reparación y han servido para crear clientelas políticas aprovechando indebidamente la pobreza extrema. Los únicos que muestran cifras positivas son los grandes conglomerados empresariales, pero cada vez más dominados por el capital trasnacional. Monopolizaron los medios de comunicación masiva (televisión, radio y prensa) creando una imagen irreal medio coherente con base en el pequeño grupo de privilegiados. La brecha entre esa minúscula minoría y el resto de la gente marca hitos en las estadísticas mundiales y es una gran vergüenza para el país. Los problemas. La solución debe responder positivamente a los siguientes interrogantes: ¿Cómo cumplir con los Derechos Humanos superando el estado de cosas inconstitucional? ¿Cómo acabar con el narcotráfico o por lo menos con el narco-cultivo? ¿Cómo solucionar el conflicto social y armado interno? ¿Cómo acabar con la miseria y avanzar en la superación de la pobreza? La tierra es la base. De las 114 millones de hectáreas de tierra firme que tiene Colombia 52 están desmontadas entre sabanas naturales aptas para la producción sostenible y las tierras que han sido despojadas de sus selvas. Hay 15 millones de hectáreas buenas para la agricultura de las cuales solo la tercera parte se está explotando con este fin. El resto de las tierras pueden arreglarse para ampliar la producción agrícola usando tecnologías ya probadas, reforestando las cuencas y las laderas muy pendientes y estabulando los animales domésticos para superar la pésima productividad de la ganadería extensiva. 2 millones de hectáreas sembradas para producir forrajes y concentrados, y sales minerales, pueden alimentar las 28 millones de reses que hoy ocupan más de 40 millones de hectáreas. Ceder para ganar, restituir para vivir en paz y progresar. Hay que respaldar la producción agrícola actual ayudando a volverla sostenible formalizando el trabajo, con mejores créditos, seguros y protegiéndola de las importaciones subsidiadas en el origen. Se debe resolver el problema de los minifundistas para ampliarles sus parcelas a fincas sostenibles que puedan servir para sacar de la pobreza a estas familias dejando un margen razonable de crecimiento. Esto se puede lograr aumentando a 8 millones de hectáreas las 5 que hoy utilizan. Los latifundistas, poseedores de más de 500 hectáreas, incluido el Estado con las sabanas aptas para la agricultura y los desmontes sin titular, cederían la mitad, en proporción decreciente al número de hectáreas de tal manera que los que posean 500 se queden con 400 y los que más posean conserven la tercera parte. Los latifundistas mantendrían unas 22 millones de hectáreas saneadas. Unas 8 millones de hectáreas serían restituidas a los desplazados, tanto a los que están en las ciudades y quieren retornar como los que se fueron selva adentro donde no es viable la comercialización de alimentos y los que se volvieron trabajadores rurales informales. Son unos 6 millones de personas, más o menos un millón 200 mil familias. De las 28 millones de cabezas de ganado sus dueños darán la mitad al aumento a los Campesinos usando o creando fondos ganaderos departamentales, de tal manera que 800 mil familias campesinas puedan contar con un promedio de 15 reses al aumento como base para su explotación agroecológica. Los ganaderos conservarían la propiedad de las 28 millones de reses gestionando directamente 14 millones, los Campesinos gestionarían al aumento 12 millones en sus fincas y haciendas agroecológicas y las 2 millones restantes las atendería la gran empresa agropecuaria nacional, donde trabajarían unas 400 mil familias desplazadas más otras que quieran vivir en el campo, como explicaremos más adelante. Los nuevos agroindustriales se agremiarían para que enfoquen bien articulados sus nuevas posibilidades de desarrollo empresarial. El gobierno los apoyaría en el mercadeo y la financiación compensando en lo posible los subsidios que gobiernos extranjeros les otorgan a sus competidores. Orientarían su producción principalmente a forrajes, concentrados para animales y bio-combustibles para el auto-consumo, el consumo nacional y para la exportación, aumentando aceleradamente la producción de carne y leche. La gran empresa agropecuaria nacional. Los Campesinos desplazados y los habitantes urbanos que quieran vivir en el campo tendrán opción de crear fincas o integrarse en comunidades para crear haciendas, adscritas a resguardos indígenas, territorios colectivos de los afro-descendientes o a zonas de reserva campesina según sea el caso, o bien emplearse en la gran empresa agropecuaria nacional, de propiedad estatal e indirecta de todos los Campesinos, la cual cumplirá las siguientes funciones: 1. Crear centros productivos de la empresa en todos los municipios del país, anudados a las organizaciones populares locales. 2. Producir cultivos gigantes de soya, maíz, sorgo y demás cultivos necesarios para la elaboración de forrajes y alimentos concentrados, para el auto-consumo, el consumo nacional y la exportación. 3. Crear modelos productivos para los diferentes climas y tipos de suelo del país, con base en las milenarias culturas indígena y campesina y los avances agroecológicos, con el fin preparar los paquetes tecnológicos a implementar, acompañados de los servicios de financiación, seguros, disponibilidad de insumos y distribución de la producción. 4. Coordinar los fondos ganaderos departamentales para distribuir equitativamente los ganados a los Campesinos velando porque no falten los insumos críticos y la asistencia médico-veterinaria. 5. Gestionar los 2 millones de reses recibidos al aumento distribuyéndolos en todos los municipios del país con vocación ganadera, propendiendo por la mejora continua de las razas y la producción de semen y embriones para los ganados gestionados por los Campesinos. Buscar el mejoramiento de las demás especies de animales domésticos incluidos la producción de alevinos para la piscicultura y la incubación de polluelos de aves de corral. 6. Coordinar la reforestación de cuencas y laderas muy pendientes, la construcción de pequeñas y medianas represas para generar electricidad, con canales para hacer acueductos e irrigación de cultivos. 7. Coordinar la construcción y mantenimiento de carreteras, líneas férreas y de navegación con el fin de lograr y mantener un flujo permanente de vehículos que garantice la movilidad de personas y productos. 8. Coordinar la adquisición y producción de insumos y la distribución de la producción, manteniendo controlados los precios de los insumos y los productos así como los precios de venta a los consumidores. 9. Coordinar la planificación de la economía campesina y urbana complementaria con la participación protagónica de las comunidades organizadas tanto de productores como de consumidores y considerando las expectativas de exportación a los países socios y amigos. 10. Prestarle a los productores el servicio de software y hardware para que participen en la planificación, registren la ejecución que les corresponda y puedan controlar tanto sus gestiones individuales, como las colectivas, comunitarias, regionales y nacionales. Este servicio se debe prestar en línea cerca de los productores para que la información fluya oportunamente. La gran empresa agropecuaria nacional debe cumplir estas funciones actuando como centro de investigación científica, promoviendo la creatividad y la innovación al interior de la empresa y de los usuarios Campesinos e integrando al Sena, a Colciencias, al Banco Agrario, a Invias, a las Corporaciones medioambientales y a las demás entidades relacionadas para que presten sus servicios oportunamente en los sitios requeridos. Resumiendo, la gran empresa agropecuaria nacional debe ser el complemento de los productores Campesinos para permitirles dedicarse a producir con la tranquilidad de contar con el respaldo de una entidad que solucione los demás problemas relacionados. En esta empresa se concentrará lo mejor de la capacidad de gestión empresarial y de la investigación científica agropecuaria con el fin de brindar asistencia técnica a los Campesinos y producir de manera altamente industrializada, primando la sostenibilidad del medio ambiente y de los nuevos tejidos sociales comunitarios, los cultivos gigantes de soya y demás necesarios para alimentar animales domésticos pero también los bio-combustibles sin descuidar las generación hidroeléctrica y de las demás energías limpias. Los Campesinos serán excelentes protectores del medio ambiente. Las comunidades rurales deben velar porque la extracción de los recursos del subsuelo y las mega-obras en espacios rurales se haga sin destruir el medio ambiente o con acciones de mitigación suficientes para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas alterados para lo cual actuarán como veedores privilegiados debiendo ser capacitados y asesorados por personal idóneo e independiente. Donde se inicie un proyecto de extracción de minerales o una mega-obra debe crearse una comunidad agropecuaria, si no existe, para que cumpla con las funciones mencionadas y que por supuesto surta de alimentos frescos a los trabajadores. Que mejor que un Campesino consciente de la preservación del medio ambiente para que le garantice al resto de sus compatriotas la sostenibilidad de esas porciones de patria. Pasos a seguir: 1. Debemos empezar por la declaración de una tregua multilateral de las Fuerzas armadas, de la Insurgencia y de las bandas armadas al servicio de los Terratenientes y los narcotraficantes. Declarada la cesación de acciones ofensivas por todos los actores armados procederán a ubicarse en grandes latifundios improductivos cercanos a sus frentes o centros de operación. 2. La policía nacional se concentrará en la seguridad de los centros urbanos y las demás fuerzas armadas oficiales en la seguridad de la infraestructura vial y energética, la producción rural actual y de las explotaciones mineras, excepto de la ganadería extensiva cuya protección se distribuirá en los actores armados más cercanos. No se trata de apropiarse de un botín de guerra porque hay que preservar la propiedad actual y responder por la misma de acuerdo a un inventario inicial, admitiendo la presencia de los dueños o de sus representantes. 3. Los actores armados deben construir campamentos, hacer siembras de pan-coger, mantenimiento de caminos y reforestación de cuencas y laderas muy pendientes aprovechando para ello su disciplina militar y la mano de obra de los combatientes que no estén cumpliendo labores de vigilancia. Debe evitarse el ocio, sin descuidar el debido descanso y la recreación. El gobierno debe proveer los dineros necesarios con el control debido. 4. Establecida la tregua se reunirán aparte las organizaciones de Indígenas, afro-descendientes, otros campesinos, desplazados y Terratenientes con el fin de que elaboren sus planes de negociación y nombren a los delegados correspondientes. Los delegados de los Indígenas, afro-descendientes, otros campesinos y desplazados se reunirán para integrar sus planes y llegar unidos a la negociación con los Terratenientes. Los actores armados al margen de la ley nombrarán delegados que se integrarán a los delegados campesinos o a los Terratenientes, según sea el caso, para participar desde la elaboración de los planes de negociación. 5. Se reunirán los delegados de los campesinos y desplazados con los delegados de los Terratenientes como negociadores autorizados, con la mediación del gobierno a través de la consejería nacional para la reparación y la reconciliación. El resto del gobierno así como las organizaciones de la sociedad civil y la Academia estarán disponibles para asesorar a los delegados cuando estos lo soliciten. 6. Las negociaciones se prolongarán hasta que se acuerde el plan de restitución de tierras y la dación de ganados al aumento en cada región y los terrenos y ganados para la gran empresa agropecuaria nacional. O sea que una vez sean aprobados los delineamientos nacionales de la negociación se procederá a crear las mesas regionales para acordar los detalles de cada Municipio y Vereda. 7. Simultáneamente con la negociación, las organizaciones de campesinos y desplazados adelantarán el censo de beneficiarios de la reparación y convocará Asambleas de estos beneficiarios por región para acordar los planes de traslado a sus nuevos hábitats definidos en las negociaciones regionales. Debe haber mecanismos de consulta y aprobación con los delegados a las negociaciones por medio de teleconferencias en línea en horarios definidos y aprobados por todos. 8. Acordados los sitios de restitución se trasladarán los pioneros nombrados por las Asambleas de base, con la coordinación de los delegados a la negociación, con el objetivo de construir los campamentos provisionales y los cultivos de pan-coger comunitarios para que cada vez más pioneros se puedan trasladar. El gobierno nacional debe financiar estos movimientos y actividades para darles viabilidad con el debido control. 9. El movimiento de pioneros además aliviará poco a poco el hacinamiento en las ciudades y las autoridades locales y el gobierno nacional concentrarán la ayuda humanitaria para la supervivencia de los beneficiarios pendientes de traslado. 10. Paulatinamente y a medida que se construyan los asentamientos provisionales y se empiecen a cosechar los cultivos de pan-coger los beneficiarios restantes se irán trasladando a sus nuevos hábitats. Los beneficiaros trasladados se reunirán en Asambleas para planear y construir los asentamientos definitivos, la distribución de las tierras, de los cultivos y de los animales. 11. También cuando sean acordados los sitios de restitución el gobierno nacional negociará con los delegados campesinos y de los desplazados la creación de la directiva de la gran empresa agropecuaria nacional. Desde su constitución los Campesinos tendrán asiento en la junta directiva de esta empresa con el propósito inicial de hacer la veeduría, pero avanzando en un proceso de capacitación para ir avanzando en la cogestión. 12. La gran empresa agropecuaria nacional debe iniciar el enganche de los beneficiarios que prefieran ser empleados de esta empresa para crear las instalaciones iniciales en cada Municipio y poder recibir el ganado al aumento. También debe crear la oficina de mercadeo en el exterior para que con el auxilio de las oficinas pertinentes del gobierno nacional inicie la búsqueda de países socios estratégicos que les permita obtener contratos de suministro, créditos, anticipos de la producción y asistencia técnica para los cultivos gigantes y sus derivados. 13. Las fuerzas armadas oficiales deben absorber a la Insurgencia como una policía rural para aprovechar su larga lucha por la reivindicación de los campesinos. Sus intelectuales políticos conformarán una tendencia más dentro de las fuerzas progresistas insertándose en la disputa civil para el acceso a los poderes públicos. Las bandas armadas de los Terratenientes y los narcotraficantes, incluidos los elementos de las fuerzas armadas oficiales que hayan estado a su servicio o que hayan cometido delitos de guerra, deben poder pagar confinados en sus sitios de trabajo y vivienda, igual que sus patrocinadores y determinadores. Hacienda por cárcel, más las terapias que determinen los jueces con la asesoría de expertos. 14. Las Fuerzas armadas en vez de disminuir el número de sus hombres pueden optar por aprovechar su disciplina para aportar en la construcción de carreteras, canales navegables, hidroeléctricas medianas y pequeñas, reforestación, etc. preparándolos para trabajar después del retiro. 15. Ya no me atrevo a seguir vaticinando el posible desarrollo de esta inmensa espiral de progreso pero visualizo que una vez despertadas las por tanto tiempo aletargadas fuerzas productivas nacionales nada ni nadie podrá detenerlas. Me atrevo a decir como el Che Guevara: “…porque esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente…” Si lo queremos lo lograremos. Tenemos recursos de sobra siendo el mejor el recurso humano mundialmente reconocido por su gran capacidad de trabajo, necesitamos recuperar la hermandad como sentimiento unificador de los colombianos y contar con la voluntad política de los poderes que conforman el Estado para poder brindar a nuestros descendientes la patria amable y la madre tierra sana que les permita vivir muchos momentos felices y en satisfacción. Ese será el mejor aporte a la gran Patria Latinoamericana y del Caribe, junto con la voluntad de lograr la convivencia en un mundo en paz y acogedor para todos los seres vivos 220.

8-10-2010, Abolir el modelo económico de la esclavitud en el tiempo de la esclavitud era destruir el motor y el orden mismo de la economía de aquel entonces, y destruir ese modelo económico repercutía en el orden político, moral, social etc. Hablar hoy de la paz en Colombia es fracturar el motor y orden económico de ese Estado. Existe todo un modelo de mafia capitalista de tan lucrativo efecto económico que repercute en la esfera política, social, judicial, militar, laboral y por supuesto financiera como un hecho sistémico. Pero esto es algo que no se limita a la frontera de ese Estado sino más bien todo lo contrario, se sustenta desde fuera de sus fronteras. Colombia con su comercio de la droga y su guerra civil es una combinación que la convierte en una reserva y artería lucrativa en la economía mundial, en especial para la economía del feudo imperial estadounidense. Esto ha convertido a Colombia en un laboratorio de la muerte para campesinos, estudiantes, periodistas, sindicalistas, activistas sociales, políticos, jueces. El ecocidio en especial en la selva para la producción de la cocaína, fumigaciones etc. Los pobres son las primeras víctimas. Las cientos de matanzas y fosas comunes, un caníbal holocausto. “Maximización de la ganancia”, nos dice el catecismo capitalista. Colombia hoy es el país con el mayor número de desplazados internos del mundo luego le sigue Irak. La economía hace la existencia, …pero nada de este horror parece verdad… y mucho menos parece que existe una guerra civil, tampoco parecía que en la bella Alemania Nazi en colaboración con la admirable IBM… estaban gaseando a millones de judíos. Ahora dentro del ser social colombiano, hablar de paz es en cierto modo un absurdo, ilógico y un abstracto debido al omnipresente modelo económico y que por lo tanto demarca el universo del poder. La dialéctica nos dice que no existe el escenario final, la historia también demuestra que las masas le revierten el poder a las elites. El poder radica en los seres ya que lo único que tiene poder es la vida y el ser es vida. Son millones de colombianos y colombianas que están apostando sus vidas por la justicia en su amada patria. A lo largo de estos 60 años de conflicto se han visto muchos esfuerzos, de buenas, malas y artificiales intenciones. Aunque existe la censura, gran parte de organismos competentes del mundo saben los crímenes de lesa humanidad que vive Colombia, pero el tabú no está en conocer la situación, la prohibición está en actuar al respecto ya que es un lucro de escala mundial. Se sabe que ahí está la punta del iceberg en la que no se debe actuar, Piedad Córdoba actúa desde la cola de ese iceberg. La Senadora colombiana Piedad Córdoba es una honesta y entregada luchadora por la paz en su nación. Piedad Córdoba no es la paz vacía, abstracta o decorativa, esta mujer negra colombiana no es un panfleto o un hello-Kitty de la paz, ni tampoco una exquisitez de la diplomacia por la paz. Cree en el dialogo y por lo tanto recurre a todas las partes e instancias de su pueblo para concretar los caminos de la paz. Piedad Córdoba se introduce en la selva a hablar con los grupos armados, hace vida en su Congreso, habla con el gobierno, pide apoyo internacional, Habla con Hugo Chávez, Ernesto Kirchner, Nicolas Sarkozy. Le explica y documenta al mundo lo que pasa en la selva. Porta una labor notable de perseverancia, no claudica antes los enormes tropiezos, riesgos etc., hecho este que provoca la oligarquía de ese Estado para su desgaste. Es una activista puntual, bien versada en la política de su país, no se deja manipular por artificios atractivos y fraudulentos, fija posición, entiende que hay que hablar con todas las partes, por lo tanto pone en práctica el sentido común y lo elemental: hablar con su propio pueblo en conflicto. Y ahora se le quiere condenar por esto. En toda la amarga y salvaje historia del conflicto colombiano nadie había logrado la humanización del conflicto. La gestión humanitaria llevada a cabo a través de Venezuela, la entrega de los rehenes, contribuyó a esa humanización del conflicto, y es de vital importancia destacar que esa gestión humanitaria oxigenó una concreta esperanza. Se intentó colocar el conflicto en la agenda internacional pero sigue cerrada. Aunque posteriormente Ingrid Betancourt fue rescatada, bajo años de olvido, por el gobierno, es también verdad que ese rescate no se hubiese dado, sino gracias y como consecuencia de la labor y los efectos de la gestión humanitaria emprendida por Piedad Córdoba. Es verdad que hoy Piedad Córdoba cuenta también con mucho apoyo, pero también es verdad que con su constancia y entrega ha construido credibilidad y apoyo. Hoy nos cultiva, nos educa y orienta. La paz en Colombia es vital para la paz en la región, abolir ese modelo criminal que opera en Colombia es un positivo logro para un mundo mejor, es golpear al nefasto poder corporativista, imperial y sionista de dominación en el mundo. Piedad Córdoba es un modelo científico de resistencia pacífica, es una referencia obligatoria del altermundismo. Piedad Córdoba es el reflejo de nuestro estado espiritual, es movida por el amor a su pueblo, burla ese híper inhumano poder y provoca la historia. Es hoy la más importante activista del mundo 221.

9-10-2010, Pesquisas corroboradas por los estratégicos datos aportados desde hace dos años por 30 desmovilizados que conocieron las andanzas y los secretos del tejemaneje guerrillero y que, en virtud de la política de reinserción del Gobierno y recompensas ofrecidas, pasaron de subversivos comprometidos a delatores a diestra y siniestra; sucesivos procesos de penetración, de oficiales de inteligencia que se colaron en la zona de La Macarena (Meta) que fueron documentando los pasos y rutinas de Jojoy y su guardia pretoriana; averiguaciones precisas que tuvieron como desenlace la emblemática ‘Operación Sodoma’ en la que cayó abatido el 23-9-2010 el Mono Jojoy. y los reportes preliminares en poder de las autoridades sobre 20 computadores, 78 memorias USB y 3 discos duros externos encontrados en el sitio conocido como La Escalera, muy cerca del río Duda, en el campamento madre de Jojoy; muestran información reveladora como desconcertante. Las FARC insisten en lograr una interlocución internacional con organismos o países en los que tradicionalmente han tenido presencia, en Europa y Suramérica, con el fin de posicionar escenarios que les den un margen de maniobra política. Al parecer tienen un especial interés en Argentina para extender allí enlaces y movimientos clandestinos. De lo revisado hasta ahora se desprende que la guerrilla insiste en abrir espacios de conversación con el Gobierno, al tiempo que polariza la confrontación y escaladas terroristas. En los archivos hallados de Jojoy se registra la angustia de la guerrilla por la pérdida de su poder de negociación o impacto internacional. Quizá lo más jugoso de lo descifrado hasta hoy sea la iniciativa encabezada por Alfonso Cano, jefe máximo de las FARC, de impulsar un movimiento o partido político que abandone toda idea de clandestinidad, en la que figuren representantes y dirigentes. Una avezada propuesta que no tuvo eco en el secretariado, pues alguno recordó la estela de muertes que dejó el experimento de la Unión Patriótica, el movimiento creado tras los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur en 1985. En contraste, el ala radical que entonces representaban Jojoy, Joaquín Gómez y Timochenko sólo veían posibilidades de eventuales negociaciones a través de las armas, el fortalecimiento de las milicias urbanas y la infiltración en universidades y empresas públicas y privadas. Producto de esas discusiones largas y problemáticas se descartó la propuesta de lanzar un partido abiertamente apadrinado por las FARC. Y le dieron instrucciones al Comandante Pablo Catatumbo para que afiance el movimiento bolivariano y el accionar del Partido Comunista Clandestino. Los archivos de Jojoy revelan un ácido debate interno que se dio luego de la muerte de Marulanda. Los candidatos naturales para sucederlo eran Cano y Jojoy, pero la polémica la zanjó el propio Jojoy al alinearse a Cano por su antigüedad. Aún cuando representaba el bastión militar y la piedra angular de cohesión en las FARC, renunció a cualquier posibilidad de comandar. De todo lo encontrado por ahora no hay duda de que la discusión sobre la creación de un partido desde la legalidad o el fortalecimiento del movimiento bolivariano clandestino fue el gran debate de los últimos años en la guerrilla. Al final fue la última opción la que tomó vuelo y hoy muy a la sombra extiende sus tentáculos por el continente. ‘Pastor Alape’, el sucesor del ‘Mono Jojoy’, nacido el 5-1-46 en Puerto Berrío, Antioquia, Félix Antonio Muñoz Lascarro, más conocido con el alias de Pastor Alape, tras la muerte de Jojoy fue designado como su reemplazo en el bloque Oriental. Se sabe que ingresó a las FARC en 1983 como guardia personal de Jacobo Arenas, donde se formó en adiestramiento político y con el paso de los años ascendió en la jerarquía de la guerrilla. Ya para 1994 figuraba como integrante del Estado Mayor del bloque Magdalena Medio, después se movió por los Santanderes, noreste de Antioquia, sur de Bolívar y Boyacá. Es considerado uno de los estrategas del ala militar de las FARC 222.

15-10-2010, Los diálogos de paz del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC en el “Caguán” durante el gobierno del Presidente Pastrana (1998-2002) no avanzaron y desembocaron en su ruptura. ¿Porqué razón después de 10 años de experiencias y vivencias de todo tipo, no existe un análisis serio que desde una mirada de las ciencias sociales, vaya más allá de la simpleza contundente o superficialidad dicha por las dos partes, de que se trató de un engaño mutuo y premeditado destinado desde su inicio a fracasar? ¿Porque razón, habiendo tantos y tan buenos análisis del Plan Colombia, como una ley extraterritorial del Congreso de EUA y lograron no su desactivación total, pero si su repudio general; no hay un solo análisis que lo relacione íntimamente con otro de los fenómenos sociales acaecidos simultáneamente como los diálogos de paz del Caguán, ni con el ascenso o captura posterior del Estado por parte del narco-paramilitarismo como salida impuesta a la crisis económica y de gobernabilidad del gobierno Samper que constituyeron los fenómenos sociales más significativos vividos por los colombianos en aquellos años y determinaron posteriormente el desarrollo político social de Colombia? Estas preguntas apuntan a tratar de establecer el hilo conductor directo entre: 1) La muy bien documentada y analizada crisis interna (económica y social) de Colombia, hecha evidente en el gobierno de Samper a raíz de la financiación de su campaña con dineros del narcotráfico y que fuera hábilmente utilizada por el gobierno de Clinton para adelantar el reordenamiento geoestratégico neoliberal e imperialista en la región andino amazónica, mediante el Plan Colombia/Iniciativa Regional Andina. 2) El asenso y captura del Estado colombiano por parte del narco paramilitarismo emergente como salida fascista a dicha crisis, y 3) Con los diálogos de paz adelantados en la zona desmilitarizada del Caguán. ¿Porqué el gobierno de Pastrana desmilitariza y entrega a las FARC, una zona tan grande como la del Caguán, cuando Manuel Marulanda a nombre del Secretariado había pedido solamente la cabecera municipal de San Vicente? Era una pregunta que se hacían asombrados muchos expertos militares y en resolución de conflictos internacionales. Nadie sospechaba, porque era un secreto diplomático muy bien guardado que salió a flote 10 años después en una trifulca típica entre Uribe Vélez y Pastrana, cuando este debió declarar públicamente que había sido una imposición del gobierno de Clinton, como una parte esencial del desarrollo del Plan Colombia. Entonces se hizo visible una especie de táctica bifronte colombo-estadounidense, encaminada como los hechos posteriores lo demostraron: a) Por un lado, a tomar aire político y realizar la reingeniería militar urgente a las Fuerzas Armadas que se encontraban duramente golpeadas con las tomas guerrilleras de las bases militares en el sur del país, sintetizada en la consigna militarista de “ahora si los vamos a derrotar”, y b) por otro, mostrar que las FARC no tenían la capacidad para dirigir una determinada zona territorial que sus victorias militares sobredimensionadas anunciaban y mucho menos, gobernar un Estado tan complicado como el colombiano. Pero iba más allá: En caso (bien previsto) de que la guerrilla no aceptara convertirse en una “fuerza erradicadora de matas de coca” como se tenía planeado, o que los diálogos de paz desarrollados bajo la condición impuesta por Pastrana de dialogar en medio de la guerra fracasaran, como en efecto sucedió; se tenía la justificación política perfecta para iniciar una intensa campaña propagandística y mediática encaminada no solo a satanizar moralmente la guerrilla, sino a criminalizarla y a convertir el secuestro en el peor delito de la humanidad, como sucedió. Peor que los hornos crematorios, los charcos de caimanes, o las fosas comunes usados por su aliado el fascismo para-Estatal, para desaparecer sus victimas civiles indefensas (falsos positivos) del terrorismo de Estado que hoy a una década de la experiencia del Caguán se contemplan. ¿Porqué razón una vez roto el procesos de paz del Caguán y concluido el gobierno Pastrana; el partido conservador por él dirigido, adhiere al candidato regional emergente Alvaro Uribe Vélez, quien después de haber perdido la primera vuelta electoral frente al candidato liberal Horacio Serpa caracterizado defensor de Samper; en la segunda vuelta logra inexplicablemente imponerse? ¿No existe acaso línea de continuidad muy fuerte (que no se quiere ver) entre Pastrana, Uribe Vélez, el partido conservador que lo ha sostenido durante todo el tiempo como parte de su gobierno y la línea militarista que, se impuso hegemónica en Colombia sobre el fracaso del Caguán y con la monserga de la “pronta” derrota de la guerrilla, ha impedido el inicio de cualquier otro proceso de dialogo tendiente a encontrarle una solución política al histórico conflicto social armado colombiano? Como conclusión resumida a todos estos interrogantes, ha llamado mucho la atención la opinión dada personalmente a Camilo González Posso por el delfín López Caballero, el hijo dilecto de López Michelsen el más grande augur de la oligarquía cipaya y militarista colombiana, quien participó nombrado por Pastrana como parte del Estado en las negociaciones del Caguán y mejora la consigna de su padre y hace legible una década después la política del gobierno de Uribe Vélez: “Hablar sin negociar y pararse a tiempo, para luego derrotarlos y volver a dialogar con los que queden”. La primera discusión se presentó cuando el ex Presidente Pastrana criticó severamente al Presidente Uribe por la forma en la que su gobierno estaba manejando el tema del intercambio humanitario, y le pidió que despejara alguna zona del país para facilitar la libertad de los secuestrados. El entonces Presidente Uribe reaccionó increpando muy duramente a Pastrana, exigiéndole que lo respetara, porque él le había entregado un país literalmente “secuestrado”, y ratificó que bajo su mandato no habrá ninguna posibilidad del despeje de una parte del territorio nacional para el acuerdo humanitario. Pastrana le respondió diciendo que la zona de distensión que autorizó durante su gobierno para dialogar con las FARC, fue una exigencia del gobierno estadounidense. Uribe se sorprendió con esa revelación y le preguntó al ex Presidente Pastrana por qué no lo había dicho antes. Pastrana le dijo que el despeje había sido una solicitud del entonces Presidente Bill Clinton, quien le había dicho que él le ayudaba con la aprobación del Plan Colombia pero que veía que semejante iniciativa no sería aprobada si el gobierno colombiano no hacía un esfuerzo por buscar una salida negociada al conflicto. Y, así, para ponerle punto final a tantos años de guerra. Pastrana contó que se la jugó por esta iniciativa y que ahora, años después, seguía pensando que para ponerle freno a la guerra debía haber una combinación de varios factores y uno de esos era no descartar para nada el diálogo tal como ha hecho Uribe. El tema de una posible negociación con las FARC se tomó la reunión. Samper le dijo que era el colmo que él iba a cumplir dos años como facilitador en el intercambio humanitario pero que nunca había tenido en Palacio un interlocutor para expresar sus ideas. Entonces le dijo que la necesidad de hacer el intercambio humanitario con la guerrilla debía obedecer a un imperativo ético y no político. En una situación un tanto extraña por el abismo que desde el proceso 8.000 ha separado a los ex Presidentes Pastrana y Samper se mostraron de acuerdo y ambos arreciaron sus ataques contra Uribe. Samper le dijo que uno de los problemas más graves que tenía Uribe era el de no reconocer absolutamente nada de la gestión de los anteriores gobiernos, le reclamó que Uribe creyera que él era la única persona que había trabajado por el país. Y que todo antes de él fuera el caos. Samper entonces le dijo a Uribe: “Reconozca un hecho, un solo hecho que nosotros hayamos hecho bien”. Uribe guardó silencio. Entonces Pastrana entró de nuevo al debate y le dijo a Uribe que él no creía que quería llegar a ningún acuerdo en el tema del intercambio humanitario y que hacía esa afirmación por la negativa tajante al despeje de Uribe, que esa terquedad mostraba eso. Tesis que Samper compartió. Pastrana manifestó que con el proceso de paz del gobierno con los grupos paramilitares en realidad se estaba “legalizando a los narcotraficantes”. El ex Presidente César Gaviria intervino y aunque no tuvo un enfrentamiento con Uribe sí llamó la atención del mal manejo que Uribe y su equipo de colaboradores daba al tema de las relaciones exteriores. Le dijo que acostumbraban a reaccionar muy rápido y en caliente lo que aumentaba el nivel de crispación. Por eso, sugirió que todas las respuestas a Hugo Chávez fueran por escrito lo que permitía no sólo ser más reflexivos sino que además se evitaban los malentendidos 223.

20-10-2010, La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas quedó a punto de entrar en vigencia, cuando el Congreso de Colombia aprobó su ratificación. Una vez la norma aprobatoria de esa convención sea firmada por el Presidente Juan Manuel Santos, tenga el visto bueno de la Corte Constitucional de Colombia y se produzca el depósito de los instrumentos en la ONU, la Convención podrá ser aplicada. La Convención, cuyo texto fue adoptado en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, exige que 20 Estados la ratifiquen para que comience a regir. Hasta el momento, 19 países han ratificado el documento: Albania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Kazakstán, Malí, México, Nigeria, Paraguay, Senegal, España y Uruguay. La gran novedad de la nueva convención es que consagra tres nuevos derechos humanos que estaban contenidos en la jurisprudencia sobre la materia, pero no habían sido incluidos en tratados internacionales. El Representante del Congreso colombiano Iván Cepeda consideró que la aprobación del tratado “es una victoria del movimiento de derechos humanos. Se trata de los derechos a no ser desaparecido, a la verdad y a la reparación de las víctimas”. La desaparición forzada ocurre actualmente en 70 países del mundo, entre ellos Colombia, donde se estima que hay al menos 30.000 personas en esa situación a manos de agentes estatales, grupos paramilitares de derecha y organizaciones guerrilleras de izquierda. Federico Andreu Guzmán, abogado franco-colombiano, Secretario General Adjunto para Asuntos Juridicos de la Comisión Internacional de Juristas, que participó en la redacción del primer borrador de la convención, explicó que esta convención va más allá de otra contra la desaparición forzada aprobada por la OEA: “La nueva convención establece cuándo es un crimen de lesa humanidad la desaparición forzada, establece qué es un delito que no prescribe y prohíbe las amnistías y los indultos a sus perpetradores”. Introduce la competencia de los tribunales internacionales para juzgar la desaparición forzada y protege de manera especial a los hijos de las personas desaparecidas que les han sido quitados a sus padres. La Convención tiene una cláusula de cooperación que obliga a las partes a combatir la desaparición forzada transfronteriza, para evitar que sucedan casos como el llamado Plan Cóndor, la operación coordinada por los gobiernos militares del Cono Sur para secuestrar y asesinar a opositores políticos en las décadas de los años 70 y 80. En materia de prevención, el nuevo tratado obliga a los Estados a tener un registro único de arrestados, prohíbe expresamente las detenciones secretas y establece que el “hábeas corpus” tiene un carácter inderogable 224.

20-10-2010, Un grupo de ex secuestrados, liderados por el ex Senador Luis Eladio Pérez, salió en defensa de la Senadora Piedad Córdoba frente al proceso que le lleva la Procuraduría por sus presuntos nexos con las FARC. A través de una carta enviada al procurador Alejandro Ordóñez, le recuerdan que Córdoba logró -gracias a su gestión- la liberación de 14 secuestrados y le piden que no desconozca “el compromiso indeclinable” de la Senadora con las liberaciones. Consideran que el Procurador desconoce la labor humanitaria de la Senadora en la búsqueda de la liberación de los cautivos en manos de la guerrilla. “¿Cómo hubiera podido la Senadora Piedad Córdoba, sin tener algún contacto con nuestros captores, crear un espacio de confianza para que ellos aceptaran devolvernos a la libertad sanos y salvos como hoy estamos?” 225.

21-10-2010, De acuerdo con un “sobreviviente”, en los hornos crematorios, los criaderos de caimanes y las fosas desaparecieron a muchas víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia (...) Lo que busca la Ley de Tierras de Santos es legalizar el despojo de las tierras, es la consolidación de la contra-reforma agraria. Según el Banco Mundial “Hay que promover la movilidad de los derechos de propiedad”. Los millones de hectáreas de tierras robadas a las víctimas y desplazados por el Terrorismo de Estado en Colombia, están a punto de ser legalizados a manos del gran capital, mediante una pirueta leguleya muy astuta del actual gobierno de Juan Manuel Santos. El Senador J. E. Robledo dijo: “El Presidente Uribe se lamentaba por no poder montar haciendas en los llanos orientales de 45.000 hectáreas: se quejaba de no poder eliminar la UAF (Unidad Agrícola Familiar), que es una medida relativamente pequeña de tierra, y que le estorbaba decía el doctor Uribe (…) En el artículo 69 se dice que se desmontará a UAF (… )e ra de lo que se lamentaba Uribe…” Desde la posesión del nuevo Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dueño de los principales mass-media y gran latifundista, hemos asistido a una gran operación mediática que busca presentar “diferencias” entre la administración de Santos y la administración de Uribe. La administración de Uribe quedó públicamente evidenciada como una administración llena de paramilitarismo, de tortura, de violaciones a los derechos humanos… Y la estrategia es hacer creer que Santos se desmarca de esos niveles de barbarie: algo que pretenden lograr con el monopolio de los mass-media. Sin embargo cabe recordar que Santos fue Ministro de Defensa de Uribe, y responsable de los mal llamados “falsos positivos”: ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Ejército de Colombia. Los militares raptan a jóvenes, los disfrazan de guerrilleros y los asesinan, luego los presentan como “guerrilleros dados de baja en combate”. Este crimen lo ejecutan los militares para “mostrar resultados” en su guerra anti-insurgente, y también para asesinar a los civiles que “incomodan” (léase sindicalistas, maestros, líderes campesinos, etc…). Los mass-media se encargan de difundir la mentira, ya que en Colombia los medios de difusión masiva dan por cierto lo que les dicen sus fuentes militares… La mediatización de los muertos que son supuestos guerrilleros es macabra: muestran cuerpos alineados, semidesnudos, tirados en el suelo… de esta forma se moldea a la opinión pública en la deshumanización de los guerrilleros. La directiva 029 del ministerio de defensa impulsa los “falsos positivos” al estimular a los militares a “presentar cadáveres”, ya que reciben prebendas económicas o permisos por cadáveres presentados. Las organizaciones de víctimas denuncian más de 5000 casos de “Falsos positivos”, la Fiscalía está investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, pero reina la impunidad. Los “Falsos positivos” son crímenes de Lesa humanidad, y evidencian hasta qué punto los montajes, las mentiras y los crímenes integran el Estado colombiano, que entra en la categoría conceptual de Estado Terrorista (ver recuadro anexo al texto). Es una triste y verificable evidencia, aunque el grado de horror la haga parecer inverosímil; la ONU y otros organismos saben de estas prácticas y siguen complacientes con el Estado colombiano. Los falsos positivos son asesinatos reales que sirven para crear realidad virtual… los mass-media tienen un rol particularmente bélico en Colombia, al actuar como legitimantes de un régimen genocida, llegando al punto de ocultar fosas comunes gigantescas, como lo han tratado de hacer con la mayor fosa común del continente americano, ubicada detrás de la base militar de la Fuerza Omega en la Macarena, Meta, que contiene al menos 2000 cadáveres, y que ha sido denunciada por observadores internacionales, ONG´s de Derechos Humanos, y por familiares de víctimas de desaparecidos… Los Mass-media ocultan los crímenes del Estado colombiano, y se prestan para todos los montajes que preconicen los militares, como la mediatización de muertos campesinos disfrazados de guerrilleros. La construcción de una realidad virtual, que opera como una escenografía que tapa la realidad objetiva, es un componente fundamental de la guerra en Colombia. Y en este texto queremos tratar una falsimedia clave, ya que busca engañar acerca de una de las cuestiones más fundamentales de la iniquidad y la guerra en Colombia: la cuestión de la tierra. Para limpiar la imagen del gobierno de Santos los mass-media buscan hacer creer en Colombia y el mundo, que Santos “devolverá la tierra a los desplazados” y “operará una reforma agraria”… nada más alejado de la realidad, aunque las apariencias se basen en andamios puestos ad-hoc para basar la propaganda. El argumento de este gobierno, de “la reparación a las víctimas”, a las que dice que se les devolvería las tierras usurpadas ha sido denunciado como una utilización cínica de los desplazados, por organizaciones de víctimas como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y por opositores como el senador Robledo. Concretamente lo que busca la Ley de Tierras de Santos es legalizar el despojo de las tierras. Es la consolidación de la contra-reforma agraria. Los millones de hectáreas de tierras robadas a las víctimas y desplazados por el Terrorismo de Estado en Colombia, están a punto de ser legalizados a manos del gran capital, mediante una pirueta leguleya muy astuta del actual gobierno de Juan Manuel Santos. Es el mismo cinismo que fue aplicado en Colombia mediante los famosos “diálogos de Ralito 'entre' gobierno y paramilitares”, algo que fue popularmente calificado de Mónologo, dada la realidad de la Estructura paramilitar como Herramienta de guerra sucia del propio Estado... El paramilitarismo es la Herramienta de guerra sucia del Estado colombiano, y recibe también financiación y asesoría de multinacionales y latifundistas, es una Herramienta implementada para eliminar opositores y desplazar a inmensas cantidades de personas de zonas de alto interés económico. Hoy en día son más de 6 millones de hectáreas de tierras que han sido arrebatadas a las víctimas y desplazados; en Colombia hay más de 4,5 millones de desplazados. El MOVICE y otras fuentes hablan de más de 10 millones de hectáreas usurpadas, el gobierno habla de 3,5 millones de hectáreas. La ley de Tierras de Santos contiene varias artimañas, veamos concretamente en qué consiste la norma: La norma dice que en ciertas zonas del país escogidas por el gobierno, se tramitarán restituciones de tierras, en un lapso limitado. Si la persona despojada no quiere la tierra, el Estado le propone un título de tesorería que terminará en una venta baratísima de su tierra. Según investigaciones la gran mayoría de los desplazados (hasta el 80%) temen regresar a sus tierras, dado que las regiones han sido consolidadas por el paramilitarismo, y reina un régimen del Terror. Lo anterior evidencia que lo que es mostrado como la restitución de los predios de tierra a las personas despojadas mediante la violencia, esconde justamente el despojo definitivo de estas personas. La Ley de Tierras se presenta en los mass-media como lo que no es. En Colombia debe haber restitución de tierras a los desplazados; pero la Ley de Tierras de Santos no busca eso. Primero: No en todo el país se aplicará la ley, sólo en los territorios que el gobierno decida (zonas de consolidación paramilitar-militar). Con lo cual los desplazados no podrán efectivamente ir a vivir en zonas dominadas por sus victimarios. Segundo: La política agropecuaria de este gobierno es la continuidad de la política del gobierno de Uribe, en cuanto a que es una política neoliberal, que promueve el latifundio, el capital extranjero, la mega minería, los mono-mega-cultivos, la desprotección del campesinado y del sector nacional del agro frente a los productos subsidiados de USA y UE: una política de aniquilación de la soberanía alimentaria… Se va a desmontar a la UAF (Unidad Agrícola Familiar) para montar grandes plantaciones en la altillanura. Se entregarán más tierras a multinacionales extranjeras. El Banco Mundial promueve la concentración de tierras y preconiza la titulación como etapa previa a la constitución de dichos monopolios. La titulación de tierras está siendo promovida por el gobierno ahora, cuando siempre la desechó; obviamente ahora la motivación es lograr traspasar las tierras de las manos campesinas a las manos del gran capital. El Banco Mundial preconiza: “Hay que promover la movilidad de los derechos de propiedad”. La política agropecuaria del gobierno de Juan Manuel Santos de fomentar el latifundio y el ‘libre comercio’ conlleva la ruina agraria: más empobrecimiento, más desplazamientos masivos de poblaciones, más hambre y miseria, en un país cuya mayoría de la población vive ya en condiciones de miseria. El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 11º país con más desigualdad social del mundo (puesto número 11 de coeficiente GINI de desigualdad), y es el país más desigual del continente americano. Hablamos de que hay, según las cifras más clementes, 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres. Mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición aguda (cifras de UNICEF), de cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica. Simultáneamente, y correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional y declaró ganancias de 1.250 millones de dólares en el último bimestre de 2009. Esta injusticia social y miseria se va a profundizar con la política agropecuaria del gobierno de Santos, que seguirá con los TLC y el ‘libre comercio’. El Artículo 53, referente a la política agraria de la administración de Santos, habla de promover la gran producción empresarial… Se apuntala el modelo del gran latifundio y la minería de extracción multinacional. Con la Ley de Tierras de Santos se trata de oficializar cambios de propiedad: y ya no (únicamente) por la vía del despojo, sino por la vía...digamos “licita”... ahí está el cinismo. Después de centenares de masacres, y de haber creado zonas del terror militar-paramilitar, zonas de no retorno, se busca crear una situación de no retorno jurídica. Se ha ocultado la terrorífica realidad acerca de la Ley de Tierras de Juan Manuel Santos. Es una ley que va también a desmantelar las escasas últimas leyes de protección al pequeño campesinado, como la UAF (Unidad Agrícola Familiar). La UAF es una ley que limita los predios, limita las dimensiones descomunales. Así se expresó el Senador Jorge Enrique Robledo acerca de este tema, en el debate del proyecto de ley de tierras, en plenaria del Senado, septiembre del 2010: “El Presidente Uribe se lamentaba por no poder montar haciendas en los llanos orientales de 45.000 hectáreas, se quejaba de no poder eliminar la UAF, que es una medida del mundo campesino, una medida relativamente pequeña de tierra y que le estorbaba decía el doctor Uribe (…) En el artículo 69, (referente a la política agraria de la administración de Santos), se dice que se desmontará a UAF, la “Unidad Agrícola Familiar”… era de lo que se lamentaba Uribe…” Hay que denunciar esta Ley de tierras cómo lo que es: una etapa fundamental del despojo, la legalización sin vuelta atrás por la vía jurídica. El Terrorismo de Estado en Colombia y el modelo extractivista de saqueo al medio ambiente y de despojo contra campesinos, indígenas y afro-descendientes se consolida con Santos, no en vano algunos lo denominan “el nuevo gerente de los intereses USA y UE en Colombia”. Persiste el Terrorismo de Estado como la garantía de eliminar opositores al saqueo. Terrorismo de Estado en Colombia es: *Sólo en los 3 últimos años, han sido desaparecidas más de 38.255 personas por el Terrorismo de Estado en Colombia... se estiman ahora en 250.000 personas desaparecidas (secuestradas y torturadas) por el Terrorismo de Estado, bajo la lógica de “disuadir la reivindicación por el terror” (El Estado busca que el terror perdure al desaparecer el cuerpo, pues prolonga así la angustia en los sobrevivientes). * La eliminación física de todo un partido político, La unión patriótica (UP), más de 5.000 personas de la UP asesinadas por el Estado. * Más de 4,5 millones de personas desplazadas de sus tierras mediante las masacres de los militares y sus paramilitares, dentro de la Estrategia Estatal de “tierra arrasada”, para vaciar el campo de población y ofertar así a las multinacionales terrenos de alto interés económico, baldíos de reivindicaciones y habitantes… * 10 millones de hectáreas de tierra han sido así robadas a las víctimas y desplazados, y ofertadas a multinacionales, gran latifundio, y nuevos gamonales paramilitares, el escándalo del “agro ingreso seguro”, viene a consolidar este robo a las víctimas. * Más de 2.704 sindicalistas asesinados; el 60% del total de sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia por las herramientas del Terrorismo de Estado. * La mayor fosa común de Latinoamérica, un hallazgo dantesco, que sin embargo aún no suscita el repudio internacional que se merece el régimen colombiano: más de 2000 cadáveres de desaparecidos por la fuerza Omega del “Plan Colombia”. * Empleo de una Herramienta Paramilitar para inyectar el Terror en la población, con el fin de acallarla, docilizarla y de desplazarla, una Herramienta de horror que practica violaciones masivas, descuartizamientos con moto-sierra, empalamientos, y horrores escalofriantes: Terrorismo de Estado. Un Informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de febrero 2010 indicaba que los paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en unos 15 años… y el drama se vislumbra aún más dantesco… Varios paramilitares han testificado acerca de la naturaleza estratégica de la Estructura paramilitar para el propio Estado colombiano, y dado decenas de nombres de generales, empresarios, multinacionales, políticos fomentadores de paramilitarismo… y aún no hay la merecida y urgente condena internacional al Estado colombiano, que, impune, continúa con esta practicas genocidas. * Miles de fosas comunes con miles de cadáveres de colombianos masacrados por el paramilitarismo del Estado colombiano: Los paramilitares han dado algunas coordenadas de las fosas con el fin de poderse así acoger a la “Ley de Justicia y Paz”, ley confeccionada bajo la dirección de uno de sus mayores promotores: Uribe. Una Ley que les consigue la impunidad si muestran “arrepentimiento”. Ya en abril 2007, cuando se cumplía el primer año de búsqueda de fosas comunes, la Fiscalía había recibido 3.710 denuncias de sitios en donde hallarlas; pero la mayoría no se había podido explorar, según el Estado, por “falta de recursos”… Los familiares de miles víctimas esperan que se efectúen los análisis de ADN a los cadáveres y restos encontrados, pero el Estado justifica su inoperancia aduciendo desbordamiento y falta de recursos… recursos que si tiene a la hora de costear a militares y paramilitarismo. * Hornos Crematorios y criaderos de caimanes de la Herramienta Paramilitar del Estado y multinacionales... donde los paramilitares han desaparecido a miles de personas... * Miles de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas el escándalo de los “falsos positivos”: los militares raptan a muchachos jóvenes, los disfrazan de guerrilleros y los asesinan, y presentan los cadáveres como “guerrilleros dados de baja en combate”. Los mass-media se encargan de difundir el montaje, ya que en Colombia los medios de difusión masiva dan por cierto lo que les dicen sus fuentes militares. Esto lo hacen los militares para “mostrar resultados” en su guerra anti-insurgente, y también para asesinar a los civiles que les incomodan. La mediatización de los muertos que son supuestos guerrilleros en Colombia es absolutamente macabra: muestran cuerpos alineados, semi-desnudos… de esta forma se moldea a la opinión pública en la deshumanización de los guerrilleros. La directiva 029 del ministerio de defensa fomenta los “falsos positivos”. * Más de 7.500 presos políticos, muchos de ellos víctimas de montajes judiciales, práctica común contra luchadores sociales, * Centenares de auto-atentados, otro tipo de “falsos positivos” por parte de las fuerzas policiales y militares que han puesto bombas en pleno Bogotá para poder así crear la base para montajes mediáticos de desprestigio contra las guerrillas. Estos auto-atentados fueron preconizados por el DAS, departamento administrativo de seguridad como consta en documentos desclasificados. * Las violaciones de derechos humanos se profundizan en lo que se evidencia como un país ocupado: en Colombia se han implantado 7 bases militares USA, y el Estado colombiano les ha otorgado a los marines total inmunidad para todos los crímenes que cometan en Colombia. Ya hay varios casos de niñas raptadas en las bases militares y violadas durante semanas, que están en la impunidad total, pues los marines tienen “carta blanca” para violar, torturar y asesinar en Colombia. La violencia de la arremetida del gran capital, en su ansia por no perder a Colombia como valiosa “bodega de recursos”, ha implantado y mantenido a ese engendro que es hoy el Estado colombiano. Hace años que ese Estado criminal no existiría sin la “ayuda” descomunal de USA y UE, sin haber endeudado al pueblo colombiano para sufragar los gastos militares, y sin su Estrategia paramilitar de Terrorismo de Estado. Sin sus apoyos militares y mediáticos, el Estado colombiano no hubiera podido perpetrar tanta barbarie; y el pueblo colombiano hubiera logrado su verdadera independencia, su emancipación de tanta codicia, muerte y dolor 226.

21-10-2010, Una buena parte de los investigadores de la realidad colombiana en particular y de América Latina en general, coinciden en señalar que en el Continente se padecen cuatro plagas que impiden el logro de unas estructuras sociales justas, más igualitarias y sin miseria y exclusión. 1) el llamado sociológicamente como patrimonialismo, que no es otra cosa que el uso privado de los recursos públicos; 2) la excesiva concentración del ingreso y de la renta; 3) la exclusión social y la pobreza; y 4) los modelos de desarrollo que no tienen en su centro la producción para atender las necesidades básicas de su población con un uso racional y ambientalmente sostenible de sus recursos naturales. En Colombia la situación ha empeorado durante los últimos años con la profundización del modelo neoliberal que privilegia el mercado externo en detrimento del mercado interior y de la producción de bienes y servicios; que privilegia la privatización de bienes públicos para entregarlos a las gentes capitalistas que buscan, antes que cualquier cosa, una tasa media de ganancias; que en materia de política social sólo busca entregar subsidios para el consumo, en fin, es la profundización de un modelo que en otras latitudes ha mostrado su fracaso y que es el causante ahora de la honda crisis económica global que vivimos en el planeta. El reciente debate sobre el programa Agro Ingreso Seguro y la comprobación de que las más grandes familias de terratenientes en la Costa Atlántica y en otras regiones del país fueron beneficiadas con subsidios multimillonarios como los que recibieron, entre otros, las familias Locoture Dangon que la Revista Cambio calcula en 25.200 millones de pesos y la familia Vives de uno de los parlamentarios condenados por la parapolítica que recibió millonarios subsidios, también son muestra de esa peste que se llama patrimonialismo. El asunto es más grave porque esta misma revista comprueba que dichas familias hicieron contribuciones a las campañas de Uribe a la Presidencia de la República y más recientemente al referendo reeleccionista. Uribe ha habilitado los canales públicos para que Andrés Felipe Arias, su precandidato, defienda el modelo de subsidios a los terratenientes que no contentos con los millonarios regalos de manera totalmente ilegal fraccionaron en el papel sus grandes propiedades para acceder a mayores subsidios. También es escandaloso que narcotraficantes y familiares de los jefes paramilitares como la madre de alias Gordo Lindo hayan sido los beneficiarios de estos millonarios subsidios. Pero no todo se conoce pues en lo que lleva el programa se sabe que se han distribuido cerca de 500 mil millones de pesos. Seguramente en la medida en que se conozcan los listados saldrán a la luz pública otras perlas de igual o mayor tamaño. El modelo agrario de Uribe que es él mismo, un gran terrateniente parte de considerar que los únicos que generan riqueza son los propietarios ricos y que para ellos es el Estado. Por ello sus políticas agropecuarias benefician a los ganaderos a quienes el Estado otorga a través del fondo ganadero millonarios subsidios como lo hace también para los palmicultores a quienes una ley exoneró de pagar impuestos por cinco años. Es decir y como lo dice Andrés Felipe Arias: sólo los terratenientes generan puestos de trabajo y por ello el Estado debe regalarles billones de pesos y esto lo ha extendido a los empresarios y al sector financiero que tienen exenciones por aproximadamente 8 puntos del Producto Interno Bruto que sería algo así como cerca de 7.000 millones de dólares. Para ellos se crean zonas francas libres de impuestos, para ellos se hacen convenios que congelan por veinte años el incremento de los impuestos a ellos se les permite que el 40% de las utilidades no paguen impuestos y es por esto que ellos están felices con Uribe y quieren perpetuarlo como lo ha dicho públicamente uno de sus mayores beneficiarios, el señor Luís Carlos Sarmiento Angulo. En el fondo no sólo hay que denunciar la corrupción que en este Gobierno se ha desbordado de manera impresionante. Corrupción en el Incoder en donde se le prestó plata a un narcotraficante, alias Miki Ramírez en el Caquetá, más de tres mil millones de pesos; escándalos en la Dirección Nacional de Estupefacientes en donde se les prestó plata a los concesionarios de la construcción de la doble calzada de Bogotá a Girardot 25.000 millones de pesos; escándalos en el Instituto que aprueba las grandes obras en infraestructura en donde han salido tres directores relacionados con escándalos por corrupción, pero qué puede esperarse en materia de moralidad pública de un Gobierno que compró la reelección con notarias, con recursos del presupuesto público. Qué puede esperarse de un Gobierno que la segunda reelección busca plata en los concesionarios del Estado y en los contratistas del mismo; qué puede esperarse de un Gobierno que al contrario y según lo registra la Corte Constitucional no cumple con la ordenes judiciales para que atienda a los 3.2 millones de desplazados el 97% de los cuáles vive por debajo de la línea de pobreza. Mientras tanto agonizan las universidades públicas por falta de presupuesto, la indigencia aumenta a tasas alarmantes, crece el desempleo y los medios de comunicación y sobre todo la televisión miran hacia otro lado. Desinforman. Viven en un mundo imaginario mientras las mayorías viven en situación de pobreza, el 46% de todos los colombianos según el último estudio 227.

27-10-2010, Una nueva Constitución para Colombia ha de principiar por cambiar el actual Estado por uno incluyente y democrático. El pueblo eligirá entre varios proyectos elaborados por los mejores académicos. Por una Asamblea Constituyente científica y Popular para la paz en Colombia: 1. ¿Cuál es el modelo o sistema socioeconómico y político más acorde con las necesidades de la mayor parte de la población colombiana, que garantice su progreso sostenible y la conservación de la naturaleza? 2. ¿Por qué no es posible resolver políticamente el conflicto interno en Colombia, es decir, hacer reformas de fondo que dejen satisfechas a las partes comprometidas en el mismo? Nunca se pone en duda la validez del sistema capitalista; siempre se parte de una supuesta superioridad del mismo sobre las demás formas de organización socioeconómica y política, inclusive sin antes hacer los balances que demuestren la urgencia de mantenerlo o de sustituirlo. Creemos hacer parte de un Estado Social de derecho, pero sin derecho a poner en duda el origen de todos los problemas sociales. Cuando se llega a este punto quedamos frente al dilema de mejorar y/o cambiar el sistema por la fuerza de las ideas, de los argumentos, de las armas dialécticas, o por la fuerza de las armas materiales, las que destruyen físicamente al contendor. Quienes por el momento manejan el Estado argumentan que este conflicto se puede resolver mediante votación popular, claro, mediante votos inconscientes conseguidos a través de limosnas y de argumentos falsos distribuidos a través de sus aparatos de dominación: la iglesia, la escuela, los medios masivos de comunicación, las instituciones tradicionales. El policía estrella del planeta actual, Gral. Naranjo, hace poco aportaba esta “perla” teórica: “La guerrilla ya no es un proyecto político”. Obvio, nunca lo ha sido. La gue