¿PAX O PAZ EN AMERICA LATINA?

CONFLICTO EN COLOMBIA

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA *

POSICIONES DE LAS DIFERENTES PARTES EN EL CONFLICTO

Posición/Año

Gobierno de EUA

Sector Financiero de EUA

Gobierno de Colombia

Paramilitares

FARC

Otras fuerzas en Colombia (ELN)

Otros actores en Colombia

Fuerzas Armadas Colombia

Sec. Gral. ONU, otras org. y personalidades

Gobiernos Latinoamericanos

Unión Europea

2009

6-1-2009, El Presidente colombiano, Alvaro Uribe, recibirá en EUA la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción civil que concede la Casa Blanca. La Medalla de la Libertad, una estrella de cinco puntas, fue establecida en 1945 por el Presidente Harry Truman, tras la Segunda Guerra Mundial. Según el Presidente saliente George W. Bush reconoce con este galardón el trabajo de Uribe para “mejorar las condiciones de vida de los colombianos y sus esfuerzos para promover la democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz”. Junto con Uribe, los ex primeros ministros Tony Blair, del Reino Unido, y John Howard, de Australia, serán honrados con la misma medalla que será entregada en una ceremonia en Washington el 13-1-2009. Los tres líderes han sido “firmes aliados de EUA en la lucha contra el terrorismo. Sus esfuerzos para traer esperanza y libertad a la gente alrededor del mundo han hecho a sus naciones, a nuestro país y la comunidad mundial un lugar más seguro”. Figuras como Martín Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, el líder chicano César Chávez; también el ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld, el Vicepresidente Dick Cheney y el ex Director de la CIA George Tenet, están dentro de la lista de galardonados 1.

8-1-2009, Según la página de Internet de National Security Archive, organización sin fines de lucro de la Universidad George Washington, las fuerzas de seguridad de Colombia cooperaban con grupos paramilitares que a su vez estaban vinculados con el narcotráfico. Además, los documentos hechos públicos señalan que la idea de asesinar civiles colombianos y hacerlos pasar por guerrilleros (los llamados falsos positivos) es vieja. La CIA conocía desde 1994 las relaciones existentes entre el Ejército colombiano con los paramilitares. Michael Evans, analista del National Security Archive, dijo que la práctica de “falsos positivos” o muerte ilegal de civiles que luego son presentados como guerrilleros muertos en combate, es una vieja práctica del Ejército colombiano. La idea era mostrar que se ocasionaba el mayor número de bajas a la guerrilla. En un cable de 1994, el entonces Embajador estadounidense en Colombia, Myles Frechette, ya había condenado la “mentalidad de conteo de cuerpos” que prevalecía entre los oficiales militares. Los oficiales de campo que no podían demostrar logros tangibles en contra de la guerrilla “sufrían desventajas a la hora de los ascensos”. Los oficiales tenían un historial de “asesinato de civiles de izquierda en áreas de control guerrillero, colaboración con paramilitares vinculados con el narcotráfico en ataques contra presuntos simpatizantes de la guerrilla, y el asesinato de combatientes capturados” 2.

12-2-2009, El Embajador de EUA en Colombia, William Brownfield insistió en que 'Simón Trinidad' y 'Sonia' deben purgar sus penas. Lo señaló luego de un foro sobre la vinculación del empresariado bogotano con los procesos de reintegración de los desmovilizados. Señaló que el gobierno de EUA “quiere participar en cualquier solución”, al conflicto armado que hay en Colombia. “Estos dos distinguidos ex miembros de las FARC, doña 'Sonia' y don 'Simón' están encarcelados en penitenciarías de los Estados Unidos por crímenes y delitos” contra la ley de ese país 3.

25-3-2009, El Embajador de EUA en Colombia, William Brownfield, protestó por la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a extraditar a Alias “Cesar” que fue capturado a mediados del 2008 durante la Operación Jaque y Fredy Ferney González Monsalve, un narcotraficante que envió 300 kilos de cocaína a EUA: “Proponemos respetuosamente algún tipo de diálogo con la Corte Suprema o con quien designe para hablar del tema (...) y ver si podemos alcanzar una posición común”. El Embajador comentó que en su país hay “confusión” ya que “hemos visto decisiones diferentes de la misma corte en casos que parecen tratar sobre los mismos hechos y evidencias”. A las declaraciones de Brownfield se unió una “nota diplomática” entregada en la Cancillería colombiana 4.

17-4-2009 Estados Unidos otorga cada año unos u$s500 millones a Colombia. La nueva dirección de la política exterior estadounidense parece quitarle a Colombia la distinción de principal aliado de Washington en la región. Alvaro Uribe y George W. Bush cultivaron una relación política y amistosa muy cercana. La salida de Bush de la Casa Blanca, hizo desaparecer la relación amistosa en la que se basó en los últimos años la dinámica Washington-Bogotá, lo que podría traer importantes cambios en el manejo de los asuntos bilaterales. Para Michael Shifter, Director del Programa Andino de Diálogo Interamericano, Centro de Estudios basado en Washington, “no importa quien esta a cargo de la Casa Blanca, el equipo de política exterior de Uribe es de cabeza fría, realista y pragmática. Claro que no va a ser una relación exagerada ni de declaraciones de grandes amigos”. Hay quienes creen que el lazo de “compadres” del que hacían gala Uribe y Bush dificultó que el gobierno estadounidense considerara con atención las preocupaciones de muchos dentro y fuera de Colombia en el tema de derechos humanos. El gobierno colombiano es cuestionado en Washington por no garantizar la seguridad de sindicalistas y líderes comunitarios, y por supuestamente tolerar vínculos entre las fuerzas armadas y grupos paramilitares de derecha. “Hay un reconocimiento de que hay mucho en juego en Colombia y también de los avances logrados. Creo que el equipo de Obama entiende que es importante colaborar y fortalecer al gobierno colombiano. Podrán haber preocupaciones en algunos aspectos”. El gobierno de Uribe fue una de las piezas claves de la política de George W. Bush hacia la región. Sobre el TLC, “es muy importante para Obama evitar mandar cualquier señal al mundo de que el país se está volviendo proteccionista. Es una especie de prueba para ver qué tan serio es el gobierno para mantener la economía abierta y los vínculos globales”. En la etapa Bush, muchos en Washington vieron a Colombia como una suerte de muro de contención necesario ante la supuesta amenaza regional que, según consideran, representa la llamada revolución bolivariana del Presidente venezolano, Hugo Chávez. Con el gobierno de Obama ya no haría falta poner a Colombia como un muro frente a Venezuela. “No hay que ver el apoyo a Colombia como algo contra Chávez. Porque eso de castigar a los enemigos y ayudar a los amigos no creo que vaya a ser la óptica de Obama frente a América Latina. “Creo que el argumento es que Colombia es un socio y que hay que cumplir la palabra y los compromisos con los socios” 5.

18-7-2009, Un informe del Congreso de Estados Unidos advierte sobre una fuerte penetración del narcotráfico en Venezuela, con un aumento muy significativo del volumen de exportaciones de drogas, y sobre la complicidad en ese negocio de altos funcionarios civiles y militares del régimen, que colaboran y protegen a la guerrilla y a las organizaciones criminales colombianas. El informe… describe el nacimiento de un “narcoestado” en Venezuela, país que se ha convertido, según la investigación, en el principal centro de distribución de la cocaína producida en Colombia; también, en el mayor puerto de embarque de ese producto con destino, especialmente, a los mercados de Estados Unidos y de España. El Senador Richard Lugar del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EUA dice: “Un alto nivel de corrupción dentro del gobierno venezolano, del ejército y de otras fuerza del orden y de seguridad ha contribuido a la creación de este clima de permisividad. Los hallazgos aumentan mi preocupación sobre la posibilidad de que la negativa de Venezuela a colaborar con Estados Unidos en la persecución del narcotráfico se deba a la corrupción existente en el gobierno de ese país”. Tras esta investigación, “se requiere, como mínimo, una revisión profunda de la política de Estados Unidos hacia Venezuela”. Desde 2004 hasta 2007, la cantidad de cocaína producida en Colombia que salió de Venezuela se ha más que cuadriplicado: pasó de 60 toneladas por año a 260. Esa cifra representa, el 17% de toda la cocaína producida en el mundo en 2007. “Después de entrar en Venezuela, la cocaína habitualmente sale del país a bordo de aviones que despegan y aterrizan desde cientos de aeropuertos clandestinos”. Los organismos de seguridad norteamericanos detectaron en el 2007, 178 vuelos originados en aeropuertos de Venezuela de los que se sospecha que transportaban drogas, comparados con los 109 que habían sido localizados en el 2004. En ese mismo plazo, los vuelos con cocaína desde Colombia habían sido prácticamente eliminados, gracias a los programas antinarcóticos desarrollados conjuntamente por ese país y Estados Unidos. Afirma el documento que “Según miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) interrogados por el gobierno colombiano, funcionarios venezolanos, incluidos miembros de la Guardia Nacional, han recibido sobornos para facilitar el paso de cocaína desde la frontera colombiana. La corrupción dentro de la Guardia Nacional representa la amenaza más significativa, puesto que es la que informa directamente al Presidente Hugo Chávez y controla las fronteras, los aeropuertos y los puertos” 6.

5-8-2009, El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, General Jim Jones, de visita en Brasil, escuchó la postura del gobierno brasileño sobre la existencia de bases militares estadounidenses en Colombia reconoce la falta de un “esclarecimiento previo” sobre los objetivos de la nueva presencia militar. Jones dijo al asesor brasileño Marco Aurelio García que el objetivo del acuerdo militar con Colombia es “humanitario” y de combate al narcotráfico. Por su parte, el Jefe del Comando Sur de EUA, Douglas Fraser, ratificó, en la Conferencia de Seguridad celebrada en Colombia, que el empleo de las bases será supervisado por Colombia y que no aumentará el número de militares norteamericanos en territorio colombiano. “Ya existen militares estadounidenses que están trabajando en colaboración, eso es muy abierto y es coordinado con el Congreso de Estados Unidos, ese tipo de coordinación va a permanecer” 7.

8-8-2009, En relación con las bases de EUA en Colombia, el Presidente Obama dijo que no tenemos intención de enviar grandes cantidades de soldados adicionales a Colombia y tenemos interés en ver a Colombia y a sus vecinos operar pacíficamente. Calificó de “mito” el plan de su gobierno de establecer bases militares en Colombia. “Seamos absolutamente claros: tenemos un acuerdo de seguridad con Colombia desde hace muchos años y lo hemos actualizado. Esta es una continuación de la asistencia que hemos estado otorgándoles” 8.

8-8-2009, El Presidente de EUA, Barack Obama, aseguró el 4-8-2009 que su gobierno no ha autorizado ni tiene planes de establecer una base militar en Colombia. “Hay quienes han estado intentando manipular con esto en la región utilizando la tradicional retórica antiyanqui. Creo que es un buen momento para desbancar el mito de que estamos estableciendo bases militares en Colombia. Seamos absolutamente claros: tenemos un acuerdo de seguridad con Colombia desde hace muchos años y lo hemos actualizado. Esta es una continuación de la asistencia que hemos estado otorgándoles. No tenemos intención de enviar grandes cantidades de soldados adicionales a Colombia y tenemos interés en ver a Colombia y a sus vecinos operar pacíficamente” 9.

14-8-2009, El Gral. James Cartwright, Vicejefe del Estado Mayor Conjunto de EUA, declaró que su país necesita explicar a los países latinoamericanos el alcance del acuerdo para el uso de siete bases militares en Colombia que está a punto de suscribir con el gobierno de Alvaro Uribe: “Creo que debemos hacer un mayor trabajo explicándoles qué es lo que estamos haciendo y hacerlo lo más transparente posible, porque las preocupaciones de todos son válidas. Debemos hacer un mayor trabajo explicándoles qué es lo que estamos haciendo (...) porque las preocupaciones de todos son válidas. La intención estratégica es, de hecho, ser capaces de proveer a los colombianos de lo que necesitan para continuar con sus esfuerzos contra las amenazas internas que tienen”. Frank Mora, responsable para América Latina del Departamento de Defensa de EUA dijo que en el Pentágono consideran que la controversia alrededor de las bases es una tormenta en un vaso de agua porque simplemente ratifica la colaboración militar que ya existe entre Colombia y EUA: “No está prevista la ampliación de la presencia militar (…) Este acuerdo simplemente formaliza lo que ya casi existe en este momento. En Palanquero se van a invertir 46 millones de dólares para simplemente modernizar esa base. Fuera de eso no hay nada nuevo. Hay temas de impuestos que sí se van a formalizar, van a estar bien claros, que quizás antes no estaban. Creo que hay mucha desinformación, exageración por parte de algunos países, que están utilizando esto para propósitos políticos”. Para evitar que suceda como ocurrió en Vietnam y que los militares estadounidenses se vean envueltos en un conflicto extranjero, desde los primeros años del llamado Plan Colombia el Congreso mantiene un tope de 800 militares y 600 civiles que pueden estar desplegados en Colombia 10.

18-8-2009, La Secretaria de Estado de EUA, Hillary Clinton, aseguró que el acuerdo militar entre su país y Colombia no significará un aumento de la presencia de tropas estadounidenses en la región. Hablando a la prensa en Washington junto al Canciller colombiano, Jaime Bermúdez, Clinton afirmó que el polémico Acuerdo de Cooperación de Defensa (DCA por sus siglas en inglés) entre EUA y Colombia respeta la soberanía del país latinoamericano y no afectará a otras naciones de la región. “Estados Unidos no tiene ni busca bases dentro de Colombia… El acuerdo no crea bases estadounidenses en Colombia”. Permitirá acceso a fuerzas de EUA a bases militares colombianas como una forma de cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Mediante el DCA Bogotá y Washington realizarán operaciones conjuntas, como las que han venido llevando a cabo desde hace una década dentro del Plan Colombia, y deberán contar siempre con la autorización previa del gobierno de Alvaro Uribe. Las instalaciones colombianas que recibirán las fuerzas estadounidenses son las tres bases de la fuerza aérea localizadas en Palanquero, Apiay, y Malambo; dos bases navales y dos del ejército. En lo que puede considerarse una respuesta a las críticas de algunos países sudamericanos a la nueva alianza entre EUA y Colombia, Clinton aseveró que el acuerdo “no pertenece a otros países”. El gobierno de Estados Unidos pidió que “en vez de hacer lo de siempre y criticar” su acuerdo de cooperación militar con Colombia, los países de la región “colaboren” para combatir “el flagelo del narcotráfico” que ha crecido mucho en la región. El resistido acuerdo de cooperación militar “respeta la soberanía de Colombia, no afecta a otros países de la región y no implica la instalación de bases de Estados Unidos en suelo colombiano”. A la Cumbre de la UNASUR en Bariloche, Argentina, “no hemos pensado enviar a nadie del gobierno”. EUA tiene prevista una inversión de 46 millones de dólares en bases militares colombianas, pero el Departamento de Estado no pudo precisar cuál era el destino de ese dinero 11.

20-8-2009, Los militares norteamericanos podrán actuar en operaciones conjuntas con sus pares colombianos para atacar a las FARC, según el convenio de cooperación militar sellado la semana pasada por Colombia y EUA y cuestionado por varios países de la región. El Embajador norteamericano en Bogotá, William Brownfield, dijo que las FARC, al estar involucradas en operaciones de narcotráfico, podrían ser blanco de eventuales operaciones conjuntas de tropas norteamericanas y colombianas. El diplomático consideró que el grupo guerrillero más antiguo del continente es también la organización más importante dedicada al tráfico de drogas. Al referirse a los temores expresados por los Presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, que consideran que el acuerdo es una amenaza para la región, el embajador norteamericano afirmó que las operaciones que haga Estados Unidos desde las bases colombianas “no van a acercarse” a las fronteras de Colombia. “Cualquier tema relacionado con las fronteras entre Colombia y Venezuela, y Colombia y Ecuador, o cualquiera de sus otros vecinos, son cuestiones soberanas para esos países y sus gobiernos. Le puedo garantizar que cualquier actividad nuestra no va a acercarse a las fronteras sin la autorización de todos los gobiernos involucrados. No tuvimos la menor intención de provocar nervios o preocupaciones en la región. Lo que hemos hecho, como dijo el Presidente Barack Obama a los medios de comunicación hace una semana y media, es actualizar unos acuerdos que hemos tenido con Colombia desde 1952” 12.

24-8-2009, Barack Obama ya sabe lo que hará esta semana; y eso no incluye movimiento alguno por la Cumbre de los países de la UNASUR, que el deliberará en Bariloche en un clima de “inquietud” por los alcances del acuerdo militar entre EUA y Colombia para el uso de bases militares. “Nosotros no tenemos nada que hacer allí. No somos miembros de la UNASUR. Creemos que Colombia tiene suficiente capacidad como para explicarse por sí misma. No necesita nuestra ayuda”. Se trata de un acuerdo bilateral que “no incumbe” a terceros países y que respeta “la soberanía de Colombia”. No contempla la instalación de bases militares norteamericanas, sino el uso de siete ya existentes del ejército colombiano, “tal como se viene haciendo” desde 1999, cuando se firmó el llamado Plan Colombia para la lucha contra el narcotráfico. “Los hechos son muy claros. Esto es una continuación de una cooperación que tanto nosotros como los colombianos creemos que ha ayudado a mejorar la vida de la gente en Colombia” 13.

27-8-2009, El Subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EUA, Christopher McMullen, como enviado del Presidente Obama comentó que “no tenemos planes ni queremos construir bases en Colombia”. El acuerdo con Colombia se limita a tres bases ya utilizadas por EUA. El acuerdo es “muy claro” y habla de los principios de no intervención en los asuntos de otros países. Calificó de “irresponsable” la declaración del Presidente venezolano, Hugo Chávez, sobre los “vientos de guerra” en la región. “No podíamos hacer público algo que estábamos negociando con el gobierno de Colombia. Es difícil negociar. Más difícil aún ha sido lidiar, durante ese proceso, con la información que comenzó a preocupar a varios gobiernos amigos de América latina. La pregunta que se hacen todos es por qué Colombia necesita ayuda después de haber tenido éxito en la lucha contra las FARC. En primer lugar, porque las FARC siguen operando; no están liquidadas. Son una organización criminal. Desde 1999, cuando abandonamos el Canal de Panamá, queremos trabajar con los gobiernos y tener menos soldados en América latina. En el 2004, el Congreso autorizó el despliegue de hasta 800 militares y 600 contratistas en Colombia. Nunca llegamos a esas cifras. No superaron los 250. Esto significa que en los últimos años hemos enviado la mitad del personal autorizado o incluso menos de la mitad. Es importante aclarar también que las bases y las instalaciones están regidas por las autoridades colombianas y, como sucede con acuerdos similares con unos 60 países, las tropas quedan dentro de la esfera de los tribunales de Estados Unidos. Son las condiciones que puso el Congreso, así como un período máximo de permanencia de 10 años.” Michael Shifter, del Inter American Dialogue (IAD), foro de debate sobre América latina en Washington comentó que los primeros ecos en esta capital tras la cumbre de líderes de la UNASUR en Bariloche fueron de satisfacción, pero también de duda. Satisfacción por la consolidación, aun con marchas y contramarchas, de un espacio nuevo para que se ventilen tensiones regionales. “Es bueno que haya un sitio donde las desconfianzas entre países socios y vecinos puedan encauzarse”. La duda apunta al futuro y rodea al interrogante sobre qué posición adoptará el gobierno de Barack Obama cuando la UNASUR avance en mecanismos que aseguren que las tropas norteamericanas en las bases colombianas no significarán una amenaza para la región 14.

16-9-2009, Con el apoyo del Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el gobierno de Barack Obama expresó el 15-9-2009 su “inquietud” por la posibilidad de que la compra de armas de Venezuela pueda provocar una “carrera armamentista” en la región. La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton dijo que “Venezuela está comprando más armamento que ningún otro país en la región, hecho que suscita la pregunta de si habrá una carrera armamentista”. Solicitó al gobierno de Hugo Chávez que tome las medidas necesarias para que “ninguna de esas armas pueda llegar a insurgentes, organizaciones ilegales, terroristas o narcotraficantes”. Expresó su deseo “de ver un cambio de comportamiento y actitud por parte de Venezuela” 15.

30-10-2009, Respecto de la firma del acuerdo entre Colombia y EUA sobre uso de bases militares, el Embajador de EUA en Colombia, William Brownfield, anuncio que antes de entrar en vigencia, el acuerdo tendrá que ser aprobado por los comités de asuntos internacionales del Congreso de su país 16.

27-11-2009, En relación con la firma del acuerdo militar entre EUA y Colombia y la convocatoria a una cumbre de UNASUR el Embajador estadounidense en Colombia, William Brownfield, se pronunció, manifestando que su gobierno ha repetido “desde el nivel de embajadores, Secretario de Defensa, la Secretaria de Estado, hasta el Presidente” que el acuerdo no representa una amenaza para la región 17.

28-11-2009, Con motivo de la Reunión de Cancilleres y Ministros de Defensa de la UNASUR la Secretaria de Estado del gobierno estadounidense, Hillary Clinton, envió una carta a los miembros dejando “absolutamente claro” que el convenio militar entre el gobierno colombiano y el de EUA será ejecutado “con total respeto a la soberanía e integridad territorial de otros países” 18.

12-12-2009, EUA, a través de su Embajada en Quito, negó haber apoyado desde la base de Manta el ataque al campamento de las FARC efectuado en la zona ecuatoriana de Angostura en marzo del 2008, tal como lo afirma el informe de la comisión creada en Ecuador para investigar el ataque. “El Puesto de Operaciones Avanzadas de Manta (FOL, por sus siglas en inglés) no estuvo involucrado de ninguna manera ni en el ataque colombiano contra Angostura ni en proporcionar datos de inteligencia. El personal del FOL observó leal y exitosamente su misión de interceptar el narcotráfico en el Pacífico este”. La embajada lamentó que la Comisión de Angostura “haya ignorado mucha de la información entregada” por dicha representación diplomática. El diplomático, no obstante, afirmó que el informe no entorpece las relaciones de Ecuador con ningún país: “Ecuador tiene unas relaciones flexibles, enmarcadas en un conjunto de principios alrededor de nuestra política internacional que son sumamente claros” 19.

23-12-2009, En relación con la muerte del Gobernador Cuéllar a manos de las FARC, el gobierno norteamericano declaró: “Estados Unidos está consternado y profundamente afligido al conocer el asesinato a sangre fría de Luis Francisco Cuéllar y del policía Javier Simón García por parte de las FARC. Estados Unidos continúa comprometido en ayudar a los colombianos a defender su democracia de estos narcoterroristas 20.


12-1-2009, El Presidente Uribe nombra a la iglesia católica o al Vaticano para recibir a los prisioneros de las FARC como acompañamiento a la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja 21.

13-1-2009 El Presidente Alvaro Uribe, propuso que el Vaticano actúe como intermediario entre el gobierno y las FARC para lograr la liberación de una nueva tanda de rehenes. Uribe quiere que el Papa Benedicto XVI nombre a un delegado que sea garante de la liberación de seis rehenes prometida en diciembre del 2008. Uribe ha descartado la posibilidad de que participen gobiernos extranjeros en la liberación de rehenes, pero respalda la presencia del CICR en cualquier entrega. “Si la Iglesia Católica, a nivel nacional o incluso el Vaticano, la Secretaria de Estado del Vaticano, o la persona o institución que designe su Santidad puede ayudar para que se de la liberación de los secuestrados, el Gobierno lo autoriza y le dará la bienvenida” 22.

30-1-2009, Para que se lleve a cabo la liberación unilateral de rehenes, el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que las operaciones militares serán suspendidas por 24 horas en las zonas donde se tienen previstas las entregas. Desde el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, indicó que “hoy, desde Suiza, epicentro de la lucha por los derechos humanos, hago llegar a todos los guerrilleros de Colombia este mensaje: que se desmovilice y libere secuestrados, nosotros no le podemos ofrecer amnistía ni indulto, pero sí le ofrecemos libertad y le ofrecemos recompensas” 23.

1-2-2009, Ante la liberación por las FARC, de tres policías y un soldado que tenían como rehenes y las acusaciones del periodista y observador garante Jorge Enrique Botero de acciones de las fuerzas armadas, el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, indicó que “todo va marchando según lo acordado, no podemos hablar de retrasos. No ha sucedido nada especial que haya entorpecido el proceso” y que el Gobierno “sigue brindando todas las garantías”. Luis Carlos Restrepo respondió rápidamente a las declaraciones emitidas por Botero, indicando que estas declaraciones “no tienen ninguna credibilidad” y que “no ha habido ningún tipo de seguimiento por parte de aeronaves”. Condenó las palabras “de un supuesto jefe guerrillero (Jairo Martínez), que habla de manera directa a través de una cadena periodística internacional para tratar de crear zozobra y crear dudas sobre el operativo que se adelanta. Lamentamos que un miembro de la delegación que debería actuar como garante, el Sr. Jorge Enrique Botero, rompiendo todos los protocolos, también lance sospechas sobre las garantías que está brindando el gobierno. Creemos que eso no es lo correcto y por supuesto que esto viola también los procedimientos definidos por el CICR” 24.

2-2-2009, La anunciada liberación de dos políticos colombianos, secuestrados por las FARC, se reactivó después que el Presidente Alvaro Uribe diera marcha atrás a una anterior orden de excluir de la misión encargada de recibirlos a la Senadora Piedad Córdoba, pero mantuvo firme la decisión de dejar a los periodistas Daniel Samper y Jorge Enrique Botero fuera: “El Presidente de la República ha aceptado la solicitud del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que la Senadora Piedad Córdoba acompañe a esta entidad en la liberación de los secuestrados. Expresa su preocupación por la exaltación del terrorismo”. El Presidente Uribe admitió que “hubo vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana”, pero precisó que los mismos “respetaron las alturas mínimas en el área autorizada” y reiteró que “no hubo operaciones militares ofensivas. La necesidad humanitaria de liberar a los secuestrados ha sido utilizada, en contra de lo acordado, en incitación y estímulo al grupo secuestrador, narcotraficante y terrorista de las FARC” 25.

5-2-2009, Frente a los comentarios del liberado Alan Jara, Uribe, volvió a esgrimir la bondad de los cercos humanitarios. “Tampoco puedo negarles esta noche a mis compatriotas del Llano y a mis compatriotas todos, que la voluntad de los soldados y policías de la patria es buscar a los secuestrados. Intentar el cerco humanitario. En esa tarea seguimos. Yo sería un hipócrita si se los negara. Y llegará un momento en que los sueltan o los rescatamos, para ponerlo también claro. Donde yo sepa que hay guerrilla, va un avión de las FAC a bombardearlos y eso no lo vamos a poner en discusión. Cuando nosotros llegamos había 60 mil terroristas en Colombia. Deben quedar 7, 8 mil, lo que pasa es que todavía son muchos. 7 u 8 mil bandidos hacen mucho daño, nosotros no estamos en el paraíso. Nosotros no hemos ganado, pero vamos ganando. La culebra está viva. De ahí la preocupación mía por el futuro de que este país no vaya a abandonar la Seguridad Democrática. Esta seguridad ha sido democrática. Aquí no se volvió a repetir lo de la UP. Pero con una advertencia: la UP quiso combinar las formas de lucha. Algunos de la UP combinaron la lucha guerrillera con la lucha política. Y eso se excluye. O se está en la política o se está en el terrorismo”. Uribe acusó a los periodistas Holman Morris y Jorge Enrique Botero, de ser “permisivos cómplices del terrorismo”, y le advirtió a Telesur que no se convirtiera en “telefarc”. “La responsabilidad política es no dejarnos engañar por las FARC. Estamos listos para la paz, pero jamás estaremos listos para el engaño”. La liberación de Jara no es para darle las gracias a la guerrilla. “Esto no es para salir hoy a darle las gracias y aplaudir a esos bandidos” 26.

8-2-2009, El Presidente Uribe, luego de las liberaciones unilaterales de rehenes por parte de las FARC, acusó a Colombianos y Colombianas por la Paz: “No vamos a permitir ahora que nos engañen. La guerrilla, tratando de desorientar produce sangre, pero habla de paz. No vamos a permitir eso, compatriotas. No vamos a permitir ahora que el ‘bloque intelectual de las FARC’ nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca el terrorismo, y nos toca dar esa batalla en todo el país. A toda hora viven hablando de Derechos Humanos, simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías. Toda violación de Derechos Humanos la sancionamos, pero lo que no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentito de su paz y con la acusación permanente a las Fuerzas Armadas, nos paralicen la política de Seguridad Democrática. Ahora me dicen: ‘Presidente, no tenga lenguaje pendenciero, que mucho cuidado’. Entonces, pregunto: ¿no damos esta batalla? ¿Dejamos, entonces, que el país vuelva a la desorientación que conduce a la exaltación del terrorismo liderada por el ‘bloque intelectual de las FARC’? No caigamos en esa trampa”. En cuanto a las acusaciones de sobrevuelo, el Comandante Fredy Padilla le indicó al Presidente Uribe que se hicieron los sobrevuelos, pero estos no violaron los acuerdos. Precisó que el compromiso explícito fue no permitir operaciones en los primeros 20 mil pies de altura, y que sus aeronaves volaron por encima de ese nivel. El Ministerio de Defensa expidió un comunicado el 6-2-2009 en el que reveló que así se pactó la noche del 30-1-2009 en el despacho del jefe de esa cartera, Juan Manuel Santos, en presencia de Christophe Beney, jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia. El comunicado del Ministerio indicaba que: “El Ministro consideró que los sobrevuelos fueron un error de buena fe, tal vez producto de la falta de definición de lo que podría ocurrir por encima del límite aprobado y así se lo hizo saber al CICR”. Uribe también fue informado de que el periodista Hollman Morris estuvo en el lugar de la liberación y entrevistó a los uniformados cuando estos todavía estaban bajo la presión de los guerrilleros. Uribe se refirió a este tema desde Villavicencio, tras visitar a Alan Jara: “Mire el señor Morris lo que nos hizo. Se aprovechó de su situación de periodista y de que el Gobierno, por cumplir la palabra, suspendió operaciones en un área y fue e hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo al de la liberación del soldado y de los policías” 27.

12-2-2009, Debido al comunicado en defensa del periodista Hollman Morris quien junto al periodista Botero criticó los vuelos rasantes de la Fuerza Aérea Colombiana en momentos en que eran liberados rehenes de las FARC, el Presidente Uribe increpó públicamente a los relatores del comunicado: “Sorprende la rapidez con la cual se expide un comunicado rechazando las declaraciones del gobierno, sin hacer referencia a elementos objetivos que generan serias dudas sobre el proceder profesional del periodista Hollman Morris” 28.

13-2-2009, El Presidente Alvaro Uribe, dispuso el 13-2-2009 la intensificación de los operativos militares contra la guerrilla y descartó la posibilidad de una negociación para el intercambio de rehenes por prisioneros: “Quiero decirles a los colombianos que a partir de hoy, con el Ejército y la Policía, intensificaremos la presión sobre los secuestradores terroristas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hasta que liberen a nuestros soldados y policías. El único acuerdo humanitario que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados, y que cesen los actos de violencia y que hagan la paz”. “Simón Trinidad” y “Sonia”, “están en Estados Unidos por narcotraficantes. Ellos no fueron extraditados por insurgencia, no fueron extraditados por sedición” 29.

14-2-2009, El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos afirmó el 13-2-2009 en Barranquilla que la masacre a la comunidad indígena Awá en Nariño y la bomba detonada en Cali hacen parte del plan “Renacer” que las FARC pusieron en marcha para demostrar poderío tras los sucesivos y contundentes golpes que ha sufrido. Con estos actos quieren tratar de decirles a la comunidad nacional e internacional que están vivos, y la única forma de hacerlo es a través de atentados terroristas, porque hacer terrorismo es muy fácil. Las FARC quieren “ablandar” a la población para que esta pida negociaciones de paz 30.

6-3-2009, El gobierno del Presidente Alvaro Uribe, libera a dos guerrilleros de las FARC, “Karina” y “Ovidio Saldaña”, para que operen como “gestora de paz”. Los dos quedarán en libertad porque, dijo el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, “han expresado formalmente su voluntad de paz y de contribuir a la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario”. Como antecedente de este hecho, a mediados del 2007 el gobierno liberó a “Rodrigo Granda”, una especie de “Canciller de las FARC”, cuando buscaba acercamientos para un intercambio humanitario, que no se concretó. La decisión de liberar a “Karina” y a “Saldaña”, es de carácter provisional y que no implica una amnistía ni un indulto. No es claro si existirá una 'oficina' o 'casa de paz', como la que se creó cuando el jefe del ELN 'Francisco Galán' salió de la cárcel bajo esa misma figura. 'Saldaña' desde hace dos años es líder de 'Manos por la Paz', un movimiento que ya cuenta con unos 700 guerrilleros presos que han dicho que no quieren volver a la FARC. El mensaje que quiere enviar el Gobierno es que sin importar que se trate del guerrillero más buscado, el Presidente Uribe cumplirá la promesa de entregar beneficios a los que se entreguen y decidan desmovilizarse. El Ministro del Interior y Justicia Valencia dijo que “La agenda básica se concentrará en cómo van a hacer los contactos que ellos dicen tener para lograr que otros vengan al proceso”, y ahí entrarán a jugar las Oficinas del Comisionado para la Paz y el Consejero para la Reintegración. A ellos se les sumarán en el mediano plazo otros dos guerrilleros presos, que también serán 'gestores' de paz 31.

6-3-2009, El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos trabaja en darle identidad a su teoría de la legítima defensa, para los casos en que se deban intervenir bases de guerrilleros en los países vecinos. La cúpula de las Fuerzas Armadas y el ministro Santos le hicieron llegar a Uribe, el martes en la noche, un documento en el cual le solicitaron convocar el Consejo Superior de Seguridad y Defensa. El propósito de los altos mandos era unificar criterios sobre el concepto de “legítima defensa”, con el que Santos volvió a justificar el ataque contra el campamento de ‘Raúl Reyes’, en Ecuador, lo que provocó tensión y discrepancias al interior del gobierno. El canciller Jaime Bermúdez no compartió esa tesis y, sobre todo, cuestionó en privado que Santos hiciera alusiones a asuntos de política exterior. El 3-3-2009 la Casa de Nariño emitió una comunicación en la que pidió a sus funcionarios tener “sumo cuidado en las declaraciones que comprometan las políticas internacionales, las cuales deben ser emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores”. El Presidente Alvaro Uribe le pidió a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que “prolongue su estadía al frente de esta cartera” y “avance en su exitosa tarea de devolverles la seguridad a los colombianos”, para poner fin a las fuertes tensiones, a la vez que pidió a los Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores que trabajen en coordinación. Uribe dijo que con Santos y Bermúdez “se revisaron los mecanismos de coordinación institucional y se unificaron criterios frente a los temas de ambas carteras”. En la Casa de Nariño se dijo ayer que la tesis de Uribe sobre el tema es la misma que esgrimió en la Cumbre de Río (en República Dominicana), cuando mandatarios latinoamericanos intercedieron en la crisis con Ecuador, en marzo del 2008. En esa ocasión, Uribe reconoció que “se viola la soberanía cuando hay una incursión al territorio”, pero planteó que también “hay violación de soberanía cuando desde el otro país (Ecuador) un grupo terrorista dispara contra los ciudadanos del país vecino (Colombia)” 32.

15-3-2009 Luego de los cuestionamientos al Plan Colombia del Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, el Canciller colombiano, Jaime Bermúdez, desautorizó sus palabras y expresó que se debe mantener un plan apoyado por EUA para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Desde San Pedro Sula (Honduras) Uribe respondió a la afirmación del Vicepresidente Francisco Santos: “Nosotros todavía tenemos cien mil hectáreas de droga y todavía tenemos por ahí unos carteles muy peligrosos. Entonces, eso hay que seguirlo combatiendo. Y eso no se combate solo. Eso necesita la ayuda de Estados Unidos y la ayuda de toda la comunidad internacional. Santos es un hombre de sentimientos nobles y espontáneos; los expresa. Y yo lo único que tengo por él es afecto y admiración. Y es un Gobierno de libertades. La lucha nuestra contra el narcotráfico ha avanzado, pero le falta mucho. La vamos ganando pero no la hemos ganado. Y esa es una maleza muy peligrosa, el narcotráfico, que tiene toda la capacidad de reproducirse si uno la descuida. Todos tenemos que ayudarle ahora a México y apoyar a México en esa gran batalla. Y nosotros, con todo país centroamericano que sufre ese flagelo, lo único que queremos es ayudar, trabajar coordinadamente” 33.

25-3-2009, Gobierno de Colombia debió afrontar una protesta del gobierno de EUA por la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a extraditar a Alias “Cesar” que fue capturado a mediados del 2008 durante la Operación Jaque y Fredy Ferney González Monsalve, un narcotraficante que envió 300 kilos de cocaína a EUA. En el primer caso, la Corte consideró que el secuestro se cometió en Colombia y que el capturado ya estaba siendo procesado por la justicia nacional por ese y otros delitos. Y en el segundo, que González ya había sido condenado por narcotráfico en Colombia y, además, estaba pagando su pena. El Presidente encargado CSJ Javier Zapata, comentó que somos independientes y autónomos. Jamás nos sentaremos a decidir nuestros asuntos con autoridades extranjeras. La Corte alega que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, como reza un viejo principio del derecho romano, el non bis in ídem 34. Las dos decisiones significan un cambio de posición de la Corte, que desde agosto del 2002, comienzo del gobierno de Uribe, ha autorizado la entrega de 812 colombianos a la justicia de EUA y había dejado las decisiones finales en manos del Presidente de la República. Cuando fueron extraditados, muchos ya estaban siendo juzgados en Colombia, cuya justicia los continuará procesando una vez cumplan sus penas en EUA, si son condenados. La Embajadora colombiana en Estados Unidos, Carolina Barco, dijo: “Estamos buscando que haya mayor claridad entre la justicia de EUA y la nuestra. Respetamos a las cortes y su espacio. Lo que estamos buscando es que se acerquen, a la luz de los acuerdos internacionales y otros instrumentos que existen, para que nuestras dos justicias avancen de la manera más efectiva”. El Viceministro de justicia, Miguel Ceballos, admitió que el gobierno colombiano está preocupado porque la decisión de la corte genere una oleada de narcotraficantes que se acojan a sentencia anticipada en Colombia para evitar ser enviados a EUA 35.

3-4-2009, En una conferencia internacional sobre el terrorismo, celebrada esta semana en Bogotá, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció una importante iniciativa “para sentar las bases de un futuro de paz” en Colombia, la llamó: “Salto estratégico”. Se trataría de una renovada “campaña militar y social”, acompañada de acciones contra “la guerra política y jurídica” desplegada por los grupos armados ilegales, las FARC en particular. Sobre la consolidación de los avances en seguridad, el Gobierno podría llevar a los guerrilleros “a un punto de no retorno, después del cual solo tendrán el camino de la desintegración o la negociación sin cartas marcadas”. Identificó seis componentes en la planteada “ofensiva decisiva”. Se destacan la concentración de una “campaña militar masiva y sostenida” en aquellas zonas donde los grupos guerrilleros aún tengan “capacidad militar creíble”; esfuerzos de “contención en las fronteras”, y “el trabajo de recuperación social de los territorios que antes vivían sometidos al imperio de los terroristas”. También señaló mayores trabajos de inteligencia, más capturas (y judicialización de los capturados) y continuación de operaciones antinarcóticos. Las guerrillas “se encuentran en el peor momento de su historia, debilitadas militarmente, con la moral baja y repudiadas a nivel nacional e internacional”. Sobre esta premisa, el Gobierno cree estar cerca del “momento de quiebre”, que permitiría la “desintegración” de las guerrillas o la “negociación sin cartas marcadas”. Si ello es así, esta sería la oportunidad para convocar a todas las fuerzas democráticas alrededor de una entonces sí “ofensiva decisiva” por la seguridad y por la paz. El 1-4-2009, el Presidente Uribe propuso que habría que pensar en “un horizonte de dos líneas. Una línea: firmeza en la derrota de los terroristas. Y una segunda línea: buscar más diálogo con los colombianos de todas las tendencias políticas, para tratar de avanzar en la construcción de consensos nacionales sobre aspectos fundamentales”. Y no hay otros aspectos fundamentales del porvenir colombiano que exijan consensos nacionales con mayor urgencia que los de la seguridad y la paz 36.

4-4-2009, El Presidente Alvaro Uribe propuso, durante un acto público en la ciudad de Popayán, capital del departamento de Cauca (sudoeste), el 3-3-2009 a las FARC suspender sus acciones por tres o cuatro meses, a partir de Semana Santa para, posteriormente, hablar sobre un acuerdo de paz entre las partes: “Estos bandidos deberían, por lo menos, decir al país: «Vamos a contribuir; vamos a quedarnos tres o cuatro meses sin un acto de violencia para que haya condiciones para emprender un proceso de negociación». Buscar la paz no significa ser permisivo con la violencia”. Cualquier proceso de paz que se entable en el país con las guerrillas debe iniciar con una “señal inequívoca: un cese de acciones criminales por parte de los grupos que quieran entrar en ese proceso, con verificación”. El cese de acciones violentas es necesario para no permitir “un nuevo engaño a los colombianos. De lo contrario corremos el riesgo de que simplemente se hable de paz como lenguaje para ponerle nubarrones al terrorismo, que todos los días pretenden ejercer con la misma crueldad”. Así el mandatario pareció responder a la última carta que enviaron las FARC al movimiento Colombianos por la Paz y en la que aseguraron estar listas “para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable”. Con esas palabras, la guerrilla habría renunciado a pedir el despeje de Pradera y Florida para realizar el llamado intercambio humanitario, uno de sus “inamovibles”. La propuesta de Uribe no plantea un cese de hostilidades que incluiría la suspensión de operaciones militares de ambas partes 37.

24-4-2009 El Presidente Alvaro Uribe, se negó a que la Senadora Piedad Córdoba participara en la liberación del Cabo Moncayo, anunciada unilateralmente por las FARC y precisó que sólo la Cruz Roja Internacional y la Iglesia católica podrán mediar puesto que el Gobierno no permitirá un “festín politiquero”. Este Gobierno, “no va a seguir permitiendo que las FARC les dé impunidad, les dé motivos de impunidad, con ropaje humanitario, a personas que deberían estar en la cárcel. Ese jueguito con nosotros, no. Ese jueguito con el país, de ninguna manera. Que vengan esas presiones del país, de la comunidad internacional, de la crítica, de la oposición. Que disfracen esas presiones como quieran, pero, compatriotas, firmeza, firmeza, firmeza”. El Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, coincidió en las palabras del mandatario al precisar que “no se permitiría un show mediático en la puesta en libertad de Moncayo” 38.

2-5-2009 El nuevo Comisionado de Paz Frank Pearl dijo estar “absolutamente seguro de que la reintegración es el camino para la paz. Eso lo noté cuando empecé a ver ejemplos de que la cosa funciona, cuando uno escucha historias. ¿Sabe cuál es la clave de esto también? La familia. Cuando la gente no tiene nada que perder no hace nada, pero cuando tiene un niño que lo puede abrazar y sabe lo que eso significa, actúa”. Vamos a armar una red de profesionales de reintegración a nivel mundial, para que una persona que esté trabajando hoy en Filipinas, por ejemplo, y tenga un problema y no sepa qué hacer, si forma parte de esa red, acuda a profesionales en otros 30 países y pida consejo sobre cómo abordar ese problema. Esa red ya está financiada por los próximos dos años por el Banco Mundial y es una iniciativa colombiana. El programa de Reintegración se debe ajustar: primero, el contenido de los programas educativos, para estar seguros de que está adecuado a personas que vienen de la violencia. Tenemos que garantizar que rápidamente empiecen a generar ingresos, todavía no hemos encontrado una forma efectiva para eso, nos estamos demorando mucho. Segundo, cómo llegar a las comunidades y lograr que estas acepten más rápidamente a los desmovilizados. Tercero, cómo adelantar el proceso en regiones donde el narcotráfico es la principal actividad. Allí nuestro trabajo es muy difícil. Y cuarto, cómo profundizar los mecanismos para que el sector privado, los empresarios y la sociedad, participen en el proceso. Que los desmovilizados tengan más oportunidades en la economía formal. El reto más grande para que funcione la reintegración en Colombia es la disposición. Esto no es un tema de plata, los recursos están por ahí, la cosa es cómo hacemos para crear nuevas redes sociales que reciban a los que están saliendo del proceso de reintegración. En los municipios donde hay disposición las cosas fluyen increíblemente bien. En la búsqueda de la paz, la persecución militar lleva a la desmovilización. Son complementarias. La persecución lo que busca es que la gente se desmovilice. Las Fuerzas Militares tienen claro que un desmovilizado vale más que una baja. El Presidente ha sido claro y le ha dicho a las FARC que si suspenden sus acciones criminales durante un periodo de 4 meses, estaría dispuesto y listo para empezar una negociación generosa y efectiva que conduzca a una paz duradera, pero esas condiciones no están dadas en este momento. Mientras esas condiciones no se den, pues no hay nada. Que se muestre voluntad. “Acabar la guerra tardará unos 15 o 20 años” 39.

8-5-2009 Sobre la acusación de “falsos positivos”, Alfredo Rangel no cree que los “falsos positivos correspondan a una política de Estado, ni que hayan sido parte de la seguridad democrática”. En octubre del 2008 el gobierno retiró del servicio a 27 militares, entre ellos tres generales, a raíz del escándalo por los “falsos positivos”. Luego, el gobierno comenzó a emitir, por televisión, informes públicos y periódicos de las Fuerzas Militares sobre denuncias por derechos humanos. Posteriormente, el Ministerio de Defensa anunció que puso en marcha inspecciones con la facultad de ordenar y activar una Comisión Inmediata de Inspección in situ, para determinar si han ocurrido hechos que violen los derechos humanos o infrinjan el Derecho Internacional Humanitario. La Fiscalía ordenó la captura de 37 militares en la última semana por “falsos positivos”. Pero el Presidente Uribe respondió que “pueden haber falsas acusaciones” y anunció esfuerzos para organizar la defensa de los militares acusados, quienes son procesados por la justicia civil. Según Uribe, esas “falsas acusaciones” son una forma de “debilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas”. A mediados del 2007 Uribe declaró: “Ahora la estrategia guerrillera es otra. Cada vez que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el exterior para decir que fue una ejecución extrajudicial”. José Obdulio Gaviria, ex-asesor del Presidente Uribe dijo: “Hay una campaña sistemática, nacional e internacional, para desprestigiar al Estado colombiano y mostrarlo como una republiqueta bananera, cuando en realidad procesa y juzga a los responsables”. Otro experto cercano al gobierno, Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, admite que “muy seguramente el Estado colombiano tardó en descubrir, investigar y castigar los casos”. No creo que los “falsos positivos correspondan a una política de Estado, ni que hayan sido parte de la seguridad democrática” 40.

25-5-2009 En relación al informe publicado indicando que miembros de las FARC estarían refugiados en países vecinos, el Presidente Alvaro Uribe ofreció recompensas de u$s 2 millones para quienes den información sobre el paradero de Timochenco y Grannobles, dos jefes de las FARC que, se asegura, están en territorio de Venezuela. Según el informe, en Colombia sólo permanecerían tres de los nueve integrantes del Secretariado de las FARC. Desde hace meses el gobierno intercambia información permanentemente con buena parte de sus vecinos y con otros países de la región sobre la presencia de guerrilleros colombianos en esos territorios. “La colaboración ha mejorado mucho por parte de países como Venezuela y Ecuador, a pesar de que con este se rompieron las relaciones diplomáticas en marzo de 2008. Los últimos comunicados que han emitido las FARC han sido despachados por 'Iván Márquez', según el seguimiento que le hemos hecho. No sabemos si con autorización o no de 'Alfonso Cano'. Lo cierto es que no tiene problemas con sus comunicaciones, simplemente porque no está en Colombia”. Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', integrante del Secretariado de las FARC, hace por lo menos cuatro años que no pisa suelo colombiano. “Sería muy importante que aquellos bandidos, como 'Granobles', 'Antonio García', 'Iván Márquez' y compañía, tengan el valor de regresar al país. Los estamos esperando”. Los investigadores determinaron que solo el 'Mono Jojoy', 'Mauricio' y 'Alfonso Cano' le están haciendo frente a la ofensiva militar. Luis Albán, 'Marco Calarcá' (del Frente internacional), en el 2002 fue expulsado de México. Después se tuvieron reportes en Costa Rica, Venezuela, Bolivia y el último es de Cuba. Liliana López Palacios, alias 'Olga Marín' (Frente Internacional). Según los organismos de inteligencia vive en Santa Clara (Cuba), desde el 2003. Germán Briceño Suárez, 'Granobles' (jefe del frente 10). Habría cruzado en repetidas oportunidades desde Arauca hacia el estado Apure de Venezuela. Rodrigo Granda (Estado Mayor Central), después de que el Presidente Uribe ordenara su libertad, en junio del 2007, se refugió en Venezuela. Angel Gabriel Lozada, 'Édgar Tovar' (Jefe Frente 48), autoridades de Ecuador dan cuenta de su presencia en ese país, cerrando transacciones con los hermanos Ostaiza, narcos ecuatorianos. Emiro Ropero, 'Rubén Zamora' (compañía Catatumbo), siempre ha estado en la frontera con Venezuela. El Ejército denunció hace tres meses que huyendo cruzó hacia el vecino país. Sixto Antonio Cabaña, 'Domingo Biojó' (bloque Sur), en el 2003 huyó con 'Raúl Reyes' hacia Ecuador. Interceptaciones de correos lo ubican en ese país. Jesús Santrich (ideólogo bloque Caribe), es el hombre que redacta los discursos de 'Iván Márquez'. Se mueve entre Colombia y Venezuela 41.

29-5-2009 En el discurso del Presidente Uribe ante el V Congreso de Víctimas del Terrorismo, dijo que las FARC tienen en su poder a 22 policías y militares colombianos que consideran “canjeables” y que pretenden intercambiar por medio millar de sus hombres presos, algunos de ellos incluso extraditados a EUA. “Eso nos ha obligado a tomar precauciones que generaron mucha controversia, lo acepto, en el proceso de liberación de aquellos que siguen secuestrados y que nunca debieron ser secuestrados”. Los rehenes son “un tema de mucha controversia”. Tímidamente, Uribe se pronunció en contra de un canje de secuestrados por guerrilleros presos. Respecto del Acuerdo Humanitario, reiteró que su Gobierno “aceptó desligar el tema de un proceso de paz”. Uribe se refirió también al acuerdo con EUA para que los órganos de Justicia colombianos tengan acceso a los extraditados que se encuentran en las cárceles de ese país. Destacó que mientras en Irlanda del Norte hubo 3.100 muertes violentas entre 1920 y 1998, cuando el IRA depuso las armas, sólo en el 2008 en Medellín y su área metropolitana 6.000 personas perdieron la vida. Al menos 50% de las familias colombianas han sido víctimas directas del terror y una de las prioridades de su Gobierno es aumentar las cifras destinadas a la reparación de esas personas a pesar de las restricciones. El Gobierno se ha opuesto a que las indemnizaciones se entreguen de manera igualitaria a víctimas de los paramilitares y guerrilleros y de agentes del estado. “Creemos que en estos casos debe ser con una sentencia”. Las fuerzas institucionales han recuperado el monopolio de luchar contra los criminales y aunque la política de seguridad ha avanzado mucho, al pasar de 6.000 asesinatos por año a poco más de 700 y de 4.000 secuestros a 400, no es suficiente 42.

20-6-2009, La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación disciplinaria contra tres congresistas por supuestos nexos con las FARC. Alejandro Ordóñez, procurador, ordenó el 19-6-2009 abrir un expediente a las Senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez y al miembro de la Cámara de Representantes Wilson Borja Díaz por “posibles vínculos con grupos armados al margen de la ley”. El procurador colombiano argumenta que “miembros de la organización (...) mencionan o hacen referencia” a estos congresistas en varias computadoras y memorias digitales incautadas a las FARC el 1-3-2008, en una operación en la que murió el portavoz guerrillero Raúl Reyes. Según la Procuraduría, “se evidencia la existencia de una relación cercana entre la agrupación guerrillera y los parlamentarios” 43.

20-6-2009, Frente a las denuncias de falsos positivos hechas por el relator para derechos humanos de la ONU, Philip Alston, el Viceministro de Defensa Sergio Jaramillo dijo que muchas de estas denuncias son falsas. Dijo que “tenemos información de inteligencia nuestra y de organismos internacionales que dicen que las FARC les han pedido a las familias que cada muerto en combate debe ser presentado como falso positivo. Aquí hay muchos campos para la especulación y es la justicia la que debe definirlo. Pero que hay denuncias falsas, las hay”. El Viceministro Jaramillo dijo respecto de la Directiva 029 del 2005 emitida por el Ministerio de Defensa que no tiene evidencias de que esta directiva haya incentivado las ejecuciones de civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. “No puedo decir que no haya un solo caso, pero no tengo evidencia de ello ni nos lo ha dicho la Fiscalía. Yo sé que para mucha gente es fácil decir que estas muertes están ocurriendo por las recompensas, que por supuesto que las estamos dando porque precisamente gracias a estas se dieron los resultados conocidos en los últimos meses, en los que nos ayudó la inteligencia humana. El punto que hay que entender es que el sistema de recompensas tiene una arquitectura de controles. Cada acción tiene una revisión para poder hacerse el pago. Todo pago tiene que tener una revisión” 44.

4-7-2009, Frente al pedido de captura por Interpol de Juan Manuel Santos ex Ministro de Defensa de Colombia por la incursión armada en la que fue abatido el guerrillero Raúl Reyes, realizado por las autoridades ecuatorianas, el Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, calificó a la orden del juez como una “pirueta que hacen los auxiliadores de las FARC”. Uribe anticipó que si Interpol hace lugar a la petición, no podrá apresar al ex funcionario, que actualmente se encuentra en Londres, porque tiene “pasaporte diplomático”. También dijo que la medida era una “agresión para su país”. Ante la posibilidad de que la petición ecuatoriana a Interpol hubiera sido aceptada, el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, había creado un comité especial para diseñar una estrategia de defensa de Santos y el Ministerio de Exteriores colombiano había extendido un pasaporte diplomático para darle inmunidad en los aeropuertos internacionales. Colombia, a su vez, reclama a la estudiante mexicana Lucía Morett que estaba en el campamento de “Raúl Reyes”. El gobierno de Colombia responsabiliza a Morett por “concierto para delinquir con fines terroristas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividad terrorista”. La acusada de 28 años aseguró que al momento del ataque estaba realizando una investigación universitaria y negó haber tenido vínculos con las FARC 45.

9-7-2009, El 8-7-2009 Uribe autorizó a la Senadora Piedad Córdoba como gestora para la liberación de los retenidos anunciada por las FARC, pero puso como condiciones que sean liberadas las 24 personas que se mantienen en cautiverio y que el Ejército colombiano esté a cargo de toda la logística para la operación. El Ministro del Interior, Fabio Valencia, dijo 9-7-2009 que el papel de Piedad Córdoba se limitará a participar en la entrega de los secuestrados. El Gobierno estaría dispuesto a que las FARC entreguen en varias operaciones, durante un periodo de tiempo definido, a los 24 uniformados en su poder. Fuentes enteradas en detalle de la propuesta que lanzó el Presidente Alvaro Uribe dijeron que no debe tomarse de manera literal la petición que el mandatario hizo de una liberación “simultánea”. Con esa expresión Uribe le apuesta a que las FARC tomen la decisión política de anunciar de una sola vez, la liberación de todos los policías y militares, independiente de que esto implique autorizar más de un operativo de entrega. El Gobierno sabe muy bien que no es fácil en términos logísticos entregar en una sola jornada a todos los uniformados, además de los restos de tres más, muertos en cautiverio, como también lo exigió Uribe. Según la internacionalista Laura Gil, esto podría dar resultado pues “las Farc nos tienen acostumbrados, en época de campañas electorales, a hacer apuestas políticas”. El analista Jaime Jaramillo Panesso ve viable que se llegue a esa conclusión: “Piedad deberá decir si tiene la capacidad de obtener un acuerdo en esas condiciones, o si no, está obligada a renunciar (...) En conversaciones privadas y secretas con las FARC se puede llegar a esa negociación”. En lo que el Gobierno no quiere dar lugar a interpretaciones es en los límites que deben tener los autorizados (Piedad, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia) que participen en cada “acto de liberación”. Esto busca circunscribir el papel de Piedad al de receptora de los secuestrados, evitando, por ejemplo, que haga su propio 'lobby' con otros gobiernos y que el tema se preste para el “show político”, como Uribe ha manifestado en anteriores operaciones de liberación. El Ministro del Interior, Fabio Valencia, enfatizó en que “ella está autorizada para la entrega; eso hay que tomarlo textual”. Y agregó: “Si la guerrilla de forma unilateral quiere liberar a los secuestrados el Gobierno está dispuesto a propiciar los mecanismos para que eso suceda, en una acto puramente humanitario (...) sin más preámbulos y sin más fiesta” 46.

28-7-2009, La tensión entre Colombia y Venezuela resurgió el 27-7-2009 luego de que el gobierno colombiano denunció que las FARC contaban con un poderoso arsenal comprado por Venezuela a Suecia, que incluía armas antitanques y lanzacohetes y que había sido confiscado por el ejército colombiano. El Vicepresidente colombiano, Francisco Santos, alertó que las FARC, tienen la capacidad de adquirir equipos de una manera sencilla a través de mecanismos prohibidos por la legislación internacional: “Ya en varios operativos hemos podido recuperar arsenales de las FARC. Hemos encontrado municiones potentes, equipos potentes, armas antitanques que un país europeo le vendió a Venezuela y que aparecieron en manos de las FARC”. El Presidente Alvaro Uribe ratificó el anuncio de Santos: “Que la comunidad internacional en todas partes nos ayude. Estos bandidos han podido acudir históricamente a muchas fuentes de armas. Hemos sabido por inteligencia que ahora están buscando comprar unos artefactos tierra-aire, para atentar contra nuestros aviones”. Como parte de su ofensiva contra las FARC, Colombia realiza operativos en una amplia región del sur y del este del país para dar con el paradero del Mono Jojoy, el jefe militar de la guerrilla. En el campamento de uno de sus comandantes fueron encontrados los lanzacohetes suecos, en dos operaciones de julio y octubre del 2008. Un alto funcionario del gobierno colombiano informó que son tres los lanzacohetes suecos encontrados a las FARC. “Los tres lanzacohetes no habían sido disparados”. El hallazgo se produjo en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. “No sabemos cuánto se pagó por esos lanzacohetes”. Según los correos hallados en los computadores de Raúl Reyes, las FARC tenían destinados u$s300.000 para la compra de ese tipo de armamento. La revista colombiana “Semana” y su par británica especializada en temas de defensa Jane's Intelligence Weekly habían adelantado el tema una semana antes. “Semana” publicó un artículo titulado “Los ‘rockets´ venezolanos”, en el que afirma que ya en mayo del 2009, el gobierno colombiano había puesto en conocimiento del gobierno venezolano la incautación a las FARC de “varios lanzacohetes AT-4”, sin recibir respuesta. A principios de julio del 2009, el diario colombiano El Tiempo consignó que el gobierno analizaba “información confiable” que señalaba que las FARC habían concretado un negocio para adquirir misiles rusos a través de contactos venezolanos 47.

4-8-2009, Las tensiones con Venezuela y Ecuador por la negociación de un acuerdo militar con EUA que le permitirá a ese país trasladar a Colombia parte de las operaciones de la base ecuatoriana de Manta, obligaron al Presidente colombiano, Alvaro Uribe y su canciller, Jaime Bermúdez, a emprender una gira por países de Sudamérica: Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú y Uruguay a partir del 4-8-2009 para abordar los temas del terrorismo en Colombia, sus riesgos, y los asuntos relacionados con UNASUR. El viaje se produce luego de que Colombia anunciara que no asistiría a la cumbre de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, prevista para el 10-8-2009 en Quito, Ecuador, y después de que los Presidentes de Brasil y Chile pidieran explicaciones sobre las negociaciones militares entre Colombia y EUA. Según un comunicado de la casa de gobierno de Colombia “la gira será prudente en declaraciones a la opinión pública. Será una gira muda”. Mientras desde Ecuador se hacía monitoreo contra el narcotráfico en la región andina, ahora desde tres o cuatro bases colombianas también habrá control al “terrorismo” 48.

5-8-2009, El Comandante de las Fuerzas Militares, General Freddy Padilla, antes de instalar la Conferencia de Seguridad de Sudamérica, informó que otras cuatro bases serán habilitadas dentro del acuerdo con EUA. Así, quedó ratificado que el empleo de bases colombianas por militares estadounidenses será abierto y no se limitará a tres puntos, como inicialmente había informado el Ministerio de Defensa. Además de las ya confirmadas de Malambo (Atlántico), Apiay (Villavicencio) y Palanquero (Cundinamarca), EUA podrá utilizar pistas aéreas y bases navales de Bahía Málaga (Valle) y Cartagena; así como los centros militares de Larandia (Caquetá) y Tolemaida (Cundinamarca). En estos dos ya había presencia estadounidenses desde hace 10 años, cuando se firmaron los acuerdos del Plan Colombia con ese país. “El uso de las bases depende de las necesidades y requerimientos geográficos y técnicos que tenga el personal estadounidense. El uso de las pistas no se puede limitar a un solo sitio, teniendo en cuenta que este es un trabajo que busca frenar el accionar del narcotráfico y hay actividad de los narcos tanto por el Pacífico como por el Atlántico”. El Senador Jairo Clopatofsky ('la U'), miembro de la Comisión Segunda del Senado colombiano, señaló que mientras miembros de organismos como UNASUR pretenden pedirle explicaciones a Colombia por el convenio de cooperación militar que adelanta con EUA, esos mismos países avanzan en la compras de armamento y tratados con terceros países en el área militar. “Varios países suramericanos, entre los que se encuentran Ecuador, Brasil y Argentina, tienen tratados y acuerdos militares con otros países y a ellos la UNASUR nunca los ha llamado a que reporten sus actividades, cuando es evidente la cantidad de armamento que han comprado” 49.

11-8-2009, En la Cumbre de UNASUR, donde se trató el tema de las bases de EUA en Colombia, la Vicecanciller de ese país, Clemencia Forero, estuvo de acuerdo con la idea de la reunión y dijo que el Presidente Alvaro Uribe estará presente en la reunión de emergencia de jefes de Estado para aclarar el tema. Forero dijo que también es importante que los países estén preparados para discutir otros asuntos sobre seguridad en la región, como, por ejemplo, el tráfico ilegal de armas 50.

14-8-2009, Frente a la declaración del jefe de las FARC, Alfonso Cano, de que busca una “salida civilizada” del conflicto, el Presidente Uribe, rechazó de plano una negociación: “Nosotros no podemos convertir a los criminales en legítimos interlocutores. Ese bandido lleva 40 años engañando a Colombia; ese bandido habla de diálogo, cuando lo que hace es ordenar asesinatos. Esos bandidos pasarán de sus escondites del crimen y su protagonismo mediático a la cárcel”. Uribe acusó a Cano de ser uno de los responsables del fracaso del diálogo de paz durante el gobierno de su antecesor, Andrés Pastrana (1998-2002). En abril del 2009, el Presidente Uribe había dicho que estaba dispuesto a iniciar un proceso de paz con las FARC si suspendían sus hostilidades por tres o cuatro meses, como un gesto de buena voluntad 51.

14-8-2009, La participación del Presidente Alvaro Uribe en la reunión extraordinaria de líderes de la UNASUR, el 28-8-2009 en la Argentina, no será un condicionamiento en la firma del acuerdo militar entre Colombia y EUA, según el gobierno colombiano: “La agenda será diversa y la reunión no implica condición para el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, a fin de enfrentar con más éxito el narcotráfico y el terrorismo” 52.

27-8-2009, En relación con la preocupación expresada por el gobierno brasileño y otros de la región sudamericana, respecto de las bases militares de EUA en Colombia, más allá del compromiso asumido, el Ministro de Defensa colombiano dijo tras la reunión con los enviados brasileños que su gobierno “no consulta con otros países sus acuerdos bilaterales”, aunque destacó que sí está abierto a compartir información. El gobierno colombiano denunció el 26-8-2009 ante la OEA al Presidente Hugo Chávez por intervenir en sus asuntos internos. El Embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos dijo que “esperamos que Chávez aproveche sus capacidades para construir sin sembrar más odio, respetando las diferencias y no interviniendo en los asuntos internos de nuestro país”. En la Cumbre de la UNASUR, el Presidente colombiano, Alvaro Uribe, logró impedir que el organismo regional expresara su rechazo completo al acuerdo militar con EUA. El documento final incluyó una reafirmación de que “la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede (...) amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad en la región” 53.

17-9-2009, El anuncio del Ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, de que su país no descarta retirarse de la UNASUR si el bloque sólo centra su discusión en el acuerdo militar entre Colombia y EUA, alimentó la percepción de un panorama sombrío para el futuro del grupo regional. “Si este 'impasse' se perpetúa, si no vemos una preocupación por el armamentismo, el tráfico de armas, el narcotráfico, si no hay sensibilidad por esos temas, estaríamos como invitados de piedra y ahí sí tocaría evaluar esa posibilidad”. Confio en que la UNASUR sea capaz de “enderezar el camino”. En la Reunión de Cancilleres y Ministros de Defensa de la UNASUR en Quito “no hubo sensibilidad suficiente” hacia los temas que preocupan a Colombia. “La situación fue tensa y difícil. Había gavilla [confabulación] contra Colombia, promovida por algunos países” 54.

20-9-2009, Tras un pulso de cinco meses, el gobierno de Alvaro Uribe aceptó que las FARC liberen de manera unilateral a tres rehenes que llevan años en su poder. Hasta el 19-9-2009, Uribe exigía la liberación en un solo grupo de los 23 militares y policías en poder de la guerrilla, así como la devolución de los cuerpos de otros rehenes que han muerto en cautiverio. Con esta decisión se espera que se abran las puertas para la entrega de los secuestrados más antiguos en poder de las FARC, quienes están cautivos desde finales de 1997. Se trata de los cabos del ejército Pablo Emilio Moncayo y Libio Martínez. El cambio de posición de Uribe se conoció pocas horas después de que fuera extraditada a EUA Nancy Conde, una guerrillera de las FARC conocida como “Doris Adriana”. La mujer, extraditada por cargos de narcotráfico, era la novia de “Cesar”, uno de los dos insurgentes que fueron capturados durante la Operación Jaque, en la que se rescataron a 15 rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt y tres estadounidenses. Aunque la justicia de Estados Unidos solicitó a “Cesar”, la Corte Suprema de Justicia de Colombia no autorizó su envío, pues consideró que el secuestro de los tres norteamericanos ocurrió en Colombia. En el caso del narcotráfico, la Corte admite que es un delito trasnacional, que empieza en Colombia y termina en otros países 55.

4-10-2009, El ejército colombiano busca que las FARC se alejen de las grandes ciudades. El gobierno de Colombia dice que aunque ya ha pasado un “punto de inflexión” en sus esfuerzos militares y políticos para derrotar a las FARC, está ahora en una de las fases más difíciles de ese esfuerzo. El Vice Ministro de Defensa, Sergio Jaramillo, aseguró que la actual fase implica el desplazamiento de los servicios públicos hacia las zonas que estaban en manos de las FARC para convencer a la gente de que la vida era mejor bajo la autoridad del Estado. Implica el despliegue de varias ramas del gobierno, no sólo el ejército, en áreas anteriormente controladas por las FARC. El gobierno colombiano describe su enfrentamiento con las FARC como una lucha contra “narcotraficantes y terroristas”. No lo denomina guerra porque eso implicaría que los rebeldes tienen una agenda política 56.

7-10-2009, El gobierno colombiano indicó el 7-10-2009 que propondría a las autoridades ecuatorianas su colaboración para diseñar acciones contra los “campamentos” de las FARC, que según Colombia se encuentran en territorio de Ecuador. El Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, manifestó que gestionaría una próxima reunión con su homólogo ecuatoriano, Javier Ponce, para entregarle información acerca de “por lo menos dos” campamentos guerrilleros que se encontrarían en Ecuador: “vamos a buscar un encuentro con el Ministro de Defensa del Ecuador para entregarle personalmente esta información y no solo eso, sino además ofrecerle la posibilidad, si así lo desean y así lo deciden, de colaborarle en el planeamiento de las operaciones que lleven a la erradicación de esos campamentos”. El Presidente colombiano, Alvaro Uribe, dijo que “Estamos en una fase constructiva con la hermana nación ecuatoriana, y esos temas en adelante se hablarán en privado con el gobierno de Ecuador” 57.

8-10-2009, El vicePresidente de Colombia, Francisco Santos en Bruselas, habló del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y afirmó sentirse optimista sobre la relación entre Colombia y Ecuador, pero dijo que la amenaza de Colombia “está por fuera de sus fronteras”. No es sólo contrarrestar la influencia de las FARC, que es algo que se ha hecho de manera muy importante. Nada ayudó más que la declaración de esta organización como organización terrorista por parte de la Unión Europea. Eso hizo que las FARC tuvieran que clandestinizar muchas de sus redes (…). Creo que las FARC están liquidadas políticamente en este continente. La amenaza a Colombia se transfronterizó. La amenaza de Colombia está por fuera de las fronteras. Existe la necesidad urgente de continuar y ponerle fin a las organizaciones delincuenciales y terroristas. Creo que estamos en un momento en el que simplemente se necesita seguir apretando. Y no creo que Colombia deba ahora experimentar, hacer un cambio y tener procesos de aprendizaje (…). Un tercer periodo del Presidente Uribe no afectaría a la democracia. En relación con el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para el uso de bases militares por parte de militares estadounidenses hay quien cree que Colombia está aislada en la región. Yo no diría eso. Creo que es importante entender que hay una profunda fractura ideológica en el continente. Una fractura ideológica que ha generado disputas, que ha exacerbado divisiones (…). Uno no puede hablar de aislamiento en términos genéricos, pero sí puede hablar de visiones radicalmente distintas del desarrollo como las que existen en el continente. El acuerdo con EUA ha sido lo suficientemente explicado y plantea la necesidad de una discusión sobre seguridad en toda la región (…) 58.

10-10-2009, Los Ministros de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, y de Colombia, Gabriel Silva, resolvieron el 9-10-2009 que la reactivada Comisión Binacional de Frontera (Combifron), a reunirse el 16-10-2009, analice la información colombiana que habla de la existencia de dos campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano. La cita se produjo en el marco de una serie de diálogos que sostuvieron en la ciudad colombiana fronteriza de Ipiales autoridades de Ecuador y Colombia encabezadas por los Cancilleres y los Ministros de Defensa de los dos países. El Ministro de Defensa colombiano ofreció a Ecuador la colaboración de su país en acciones contra la guerrilla. Mientras Ecuador ha colocado dentro de los “temas sensibles” la reparación de los daños ocasionados por el bombardeo colombiano de marzo de 2008, en lo que se incluye una indemnización a la familia de Franklin Aisalla, ecuatoriano fallecido en el ataque, Colombia ha insistido en que se deje sin efecto el proceso legal que lleva adelante un juez ecuatoriano en contra del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, por haber ordenado el bombardeo. Se acordó la reactivación de la Comisión Binacional de Frontera, la misma que tendrá su primera reunión el próximo viernes en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Durante el inicio de la cita de Cancilleres, unos 100 comerciantes informales cerraron el puente de Rumichaca en la frontera entre Ecuador y Colombia como medida de protesta por los fuertes controles que se ejecutan en el paso fronterizo 59.

15-10-2009, Sobre la decisión de un juez ecuatoriano de ordenar la captura del General Freddy Padilla De León, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, El Presidente Uribe “Expreso nuestro dolor, nuestro rechazo a la decisión del juez ecuatoriano de ordenar la captura del señor general Freddy Padilla de León”. El gobierno de Colombia ya había rechazado en términos similares la orden de captura que la justicia ecuatoriana había emitido contra Juan Manuel Santos, quien era Ministro de Defensa cuando se produjo el bombardeo. Uribe comentó “No dejaremos tocar al Ministro Santos”. Uribe dijo que “tenemos todo el propósito de avanzar en el restablecimiento de las relaciones con el gobierno de la hermana república ecuatoriana” pero también “necesitamos toda la protección a nuestros comandantes, a nuestros soldados, a nuestros policías”. “El general Freddy Padilla de León ha realizado una tarea patriótica en contra del terrorismo y necesita que ahora lo rodeemos, le demos todo el apoyo”. Puntos de desacuerdo entre ambos países: Cuando el en Septiembre del 2009 los cancilleres de los dos países anunciaron en Nueva York la intención de restablecer relaciones, hubo dos puntos en los que ninguno de los dos gobiernos cedió: Por un lado, Ecuador expresó que continuaría con el proceso que inició en contra de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalia en el bombardeo; al mismo tiempo, declaró que la justicia de su país es independiente del Poder Ejecutivo, a propósito del proceso contra Santos. Por su parte, Colombia reiteró que no acepta el principio de extraterritorialidad de la justicia ecuatoriana 60.

30-10-2009, Respecto de la firma del acuerdo entre Colombia y EUA sobre uso de bases militares, el Presidente Uribe dijo que el acuerdo es para luchar contra el narcotráfico y el “terrorismo” dentro de Colombia. El gobierno de Uribe adelantó que el acuerdo no será sometido a la aprobación del Congreso de Colombia, como lo recomendó el Consejo de Estado 61.

3-11-2009, En relación con las acusaciones de la Senadora opositora Piedad Córdoba, que ha implicado a Uribe en violaciones de derechos humanos, el Presidente ha desestimado esos señalamientos: “Hay muchos que mantienen muchas ganas de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana”. El Embajador de Colombia en La Haya, Francisco Lloreda, saludó la terminación de la excepción: “La vigencia plena de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia es una buena noticia. Colombia entiende la CPI como una aliada en el fin de combatir la impunidad de ciertos crímenes. Siendo así y entendiendo la complementariedad como corresponde, no existe razón para apreciar la Corte con prevención o temor” 62.

4-11-2009, El Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, hizo un llamado a aliviar las tensiones con Venezuela luego de que su homólogo Hugo Chávez amenazara el 3-11-2009 con cerrar la frontera binacional. “No construiremos un Muro de Berlín que nos separe de Venezuela. Nuestras patrias no pueden ser divididas, no pueden ser separadas”… “En relación con los casos de asesinatos de colombianos en Venezuela, cualquier hipótesis es de suma gravedad. Algunas voces, en ese país, pretenden sugerir que por tratarse de presuntos integrantes de los mal llamados grupos paramilitares, existiría algún tipo de justificación para lo ocurrido”. El gobierno de Colombia ofrece su colaboración para esclarecer los casos, ocurridos en los últimos días en territorio venezolano 63.

20-11-2009, En relación con la destrucción de dos puentes peatonales en la frontera con Colombia por parte del gobierno de Venezuela, el gobierno colombiano dijo, en un comunicado que “este hecho constituye un acto unilateral y agresivo contra la población civil y las comunidades de frontera, y no consulta el proceder a través de los mecanismos diplomáticos”. La Vicecanciller colombiana, Clemencia Forero, anunció que informará de lo ocurrida a la ONU y la OEA. El Ministro Silva calificó la acción como “grave” y consideró que “este hecho constituye un acto unilateral y agresivo contra la población civil y las comunidades de frontera” 64.

22-11-2009, Dos días después de que tropas venezolanas volaran dos puentes fronterizos artesanales en un acto calificado de “agresivo”, el gobierno colombiano decidió 21-11-2009 que una brigada móvil y dos batallones, que agrupan unos 2000 hombres, refuercen la seguridad en la frontera. La decisión se produce en momentos de alta tensión entre Colombia y Venezuela, y luego de la decisión del gobierno colombiano de firmar un convenio militar con EUA por el cual las tropas norteamericanas usarán siete bases colombianas para el combate del narcotráfico y la guerrilla. A pesar de su decisión de reforzar la vigilancia en la zona fronteriza, el Presidente Uribe, intentó mostrarse conciliador y dijo: “El hermano pueblo de Venezuela jamás escuchará siquiera una murmuración de guerra del pueblo o del gobierno de Colombia”. El Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, señaló que las fuerzas militares están preparadas y en máxima alerta para impedir cualquier tipo de agresión contra el territorio nacional y afirmó que el nivel de alistamiento está “por encima del 90% de las capacidades”. Reiteró que la destrucción de los dos puentes artesanales fue una agresión contra la población civil: “Estos puentes llevaban más de 30 años de construidos, era infraestructura construida por la comunidad para integrarse, para trabajar” 65.

27-11-2009, El Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, explicando los motivos detrás de su ausencia y la del Canciller en la cita ministerial de la UNASUR que se llevará a cabo en Ecuador con motivo de la firma del acuerdo militar con EUA dijo: “Si vamos a ir a Quito para que nos insulten, preferimos no ir”. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano emitió un comunicado en el que señala que “la actitud y reciente escalada de agravios que han recibido el gobierno y el pueblo de Colombia no permiten prever que las discusiones que se lleven a cabo en la reunión convocada para mañana, se desarrollen en el tono de respeto, objetividad y equilibrio temático que este foro exige”. Una delegación técnica del Ministerio de Defensa y de la Cancillería colombianos acudirá a la reunión de Quito en lugar del ministro Silva y el canciller Jaime Bermúdez. Según el gobierno colombiano, han hecho público el acuerdo militar suscrito con Washington para el uso de siete bases militares colombianas y ha ofrecido garantías formales a los países de la región de que dicho acuerdo no afectará la soberanía de terceros Estados. El gobierno colombiano dice esperar que los miembros de UNASUR diseñen medidas de confianza e instrumentos eficaces contra el tráfico ilícito de armas, el narcotráfico, el terrorismo y la acción de grupos irregulares 66.

10-12-2009, El Presidente colombiano dijo que en la reunión de bolivarianos en Venezuela hubo “complicidad con el terrorismo”. Quiere que la justicia colombiana investigue a los dirigentes extranjeros que han apoyado a la guerrilla de las FARC. Le pidió públicamente 10-12-2009 a la Fiscalía General de Colombia que investigue a los participantes en una reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana que desde Venezuela hicieron elogios a los jefes de las FARC. Considera que los dirigentes que participaron en la reunión de la Coordinadora son “cómplices” de las FARC y deben responder por el delito de concierto para delinquir. Recientemente, un juez colombiano ordenó la detención del diputado venezolano Amilcar Figueroa, miembro de la asamblea nacional de su país y del Parlamento Latinoamericano. A Figueroa se le investiga por supuestos nexos con las FARC. Uribe hizo su declaración días después de que el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Fredy Padilla, les escribió una carta a los participantes en la reunión de la Coordinadora Bolivariana, pidiéndoles que fijaran distancia con las FARC 67.

18-12-2009, El Canciller colombiano, Jaime Bermúdez, dijo que a su país le “faltó explicar y ser más explícito” en el anuncio del acuerdo de cooperación militar firmado con EUA. Negó que Colombia esté aislada en la región y se mostró optimista sobre sus relaciones exteriores: “Tenemos dificultades explícitas con un país, que es Venezuela, y con los demás, vamos avanzando en una relación muy positiva. Hubo mucho ruido, mucha interferencia. Se ha querido explicar esto como si fueran bases norteamericanas en Colombia, lo cual no es (...) Nos faltó explicar, ser más explícitos en el alcance. Pero tampoco nos engañemos, hay países y sectores que no quieren reconocer la necesidad que tiene Colombia de contar con estos instrumentos por razones ideológicas”. Bermúdez dice que su país “cree en UNASUR” pero justifica su ausencia explicando que “UNASUR no estaba tomando un actitud equilibrada frente a la región”, que no se iba a cumplir con los requisitos de Colombia de tratar otros temas en la reunión, como los pactos militares de otros miembros con terceros países o las menciones a la “guerra” que había hecho Hugo Chávez. “El ambiente en esa reunión de ministros no era de objetividad y de ánimo propositivo como Colombia quería”. Colombia, de todas maneras, usó la reunión para enviar una misiva en la que se garantizaba, por escrito, que el acuerdo tenía alcance sólo dentro del territorio colombiano y que las bases no serían usadas para operaciones más allá de sus fronteras. La reactivación del conflicto con Venezuela no se debe “sólo” a la preocupación de Caracas por la firma del acuerdo militar con EUA. “Yo no voy a analizar todas las razones que tiene Venezuela, pero sí hay unos hechos objetivos de qué está pasando... Primero: Venezuela habla de guerra y nosotros nunca pensamos en ir a guerra contra un país hermano. Segundo: Venezuela ha impuesto un embargo comercial a Colombia por razones políticas. La posición de Colombia es clara: guerra contra ningún país hermano. Nuestra guerra es contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”. También se mostró poco preocupado por el anuncio de parte de las FARC y el ELN de “unir fuerzas” para enfrentar al gobierno de Uribe. “Si Colombia tuviera que hacerle caso a las FARC y al ELN, nuestra democracia no existiría. Vamos a persistir en luchar contra el terrorismo y en buscar opciones de diálogo si ellos asumen una posición seria” 68.

22-12-2009, El Presidente colombiano, Alvaro Uribe, ordenó el rescate militar del Gobernador del Departamento del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar Carvajal, secuestrado 21-12-2009 presuntamente por guerrilleros de las FARC. Repudió el rapto, en el que resultó muerto un policía y señaló directamente a las FARC. Lo secuestraron “estos mismos bandidos que quieren hacer de la liberación de los otros secuestrados un show. Estos mismos bandidos que se burlan del país, que se consiguen unos apoyos internacionales para tratar de validar su terrorismo en Colombia”. Uribe informó que las fuerzas militares han estado trabajando toda la noche para tratar de rescatar a Cuéllar así como a los demás rehenes en poder de las FARC. El gobierno ofreció una recompensa de u$s 500 mil para quien dé información de los autores del secuestro. A su llegada a Florencia, el General Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, señaló que las FARC cometieron el secuestro como un acto descabellado. “Es una acción desesperada y un error político de las FARC”. A esta hora están siendo desembarcadas en la zona por donde huyeron los secuestradores, un grupo de Fuerzas Especiales que intentarán cerrarle el paso a los guerrilleros. Así mismo, ya partieron desde Bogotá cien hombres Jungla de la Policía que apoyarán la operación de rescate. El Vicepresidente Francisco Santos condenó el secuestro del gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuéllar Carvajal. Afirmó que “lo que se necesita es mucha más seguridad democrática, no menos. El terrorismo trata de utilizar estas acciones y lo que necesitan solamente, como dicen, es coronar una para mandar el mensaje de tratar de encontrar fisuras y resulta que aquí no las van a encontrar. Esperamos que los que hablan de diálogos (...) entiendan finalmente que las FARC son una organización terrorista, lo único que les interesa es el terror, y el único mensaje que ellos entienden es el de la fuerza legal del Estado”. El anuncio de liberación de secuestrados por parte de la guerrilla, s un “mensaje de incoherencia” clarísimo para todos los colombianos. “Esa es la verdadera FARC. No es la que habla de cosas bonitas, es la que recibe apoyos externos, es la que continúa tratando de generar terror” 69.

23-12-2009, En una alocución radiotelevisada, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reveló que Cuéllar, elegido Gobernador en octubre del 2007 por el movimiento independiente Alianza Social Indígena, fue degollado y “miserablemente” asesinado por sus secuestradores que, según él, pertenecen al “grupo narcoterrorista de las FARC”. Aunque esa guerrilla no suele degollar a sus víctimas, Uribe dijo que las autoridades creen que lo hicieron para no llamar la atención con el ruido de las armas de fuego, ante la persecución de que eran objeto por parte de las fuerzas de seguridad. Una de las primeras consecuencias del rapto de Cuéllar, fue el anuncio del gobierno de su intención de rescatar por la vía militar a los cautivos en manos de la guerrilla: “Ojalá nuestros soldados y policías puedan rescatar a los colombianos que aún siguen secuestrados”. Uribe reiteró que su gobierno ha dado “todas las garantías” para que las FARC liberen a los secuestrados que tienen en su poder. Se quejó de que las FARC, en lugar de liberar a los rehenes respondan con el secuestro y asesinato del gobernador. “Seguiremos en la tarea de la seguridad para derrotar el secuestro” 70.

30-12-2009, El Presidente Alvaro Uribe, tras el secuestro del gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, anunció 29-12-2009 que solicitó a las Fuerzas Armadas colombianas preparar una operación de rescate de todos los secuestrados por las FARC: “La instrucción es rescatar. He pedido hacer todo el esfuerzo militar y policíaco para rescatar a los otros secuestrados que quedan en poder de estos bandidos”. Destacó que toda conversación para procesos de liberación unilateral de las FARC queda cancelado. Culpó a las FARC del secuestro de Cuéllar y las acusó de querer hacer “un show de las liberaciones” y de burlarse del país. Los secuestradores del Gobernador del Caquetá son “estos mismos bandidos que se burlan del país, que se consiguen uno apoyos internacionales para validar su terrorismo en Colombia. Los mismos que ofrecieron liberar a Moncayo y otros secuestrados y, cuando el Gobierno ha dado todas las garantías, ahora no los liberan”. En conversación con las autoridades militares y policiales, decidió que en su Gobierno no pueden “seguir pendientes de los caprichos de los terroristas que bañan a este país en sangre (...) es la hora de tener mucha firmeza para rescatar a los secuestrados y al gobernador de Caquetá y para avanzar en la derrota de estos bandidos” 71.

7-12-2009, Carta de Salvatore Mancuso de las AUC desde cárcel en EUA a Congresistas de Colombia. Warsaw, Virginia, 7-12-2009. Northern Neck Regional Jail. Honorables Congresistas de la República de Colombia: Reciban un respetuoso saludo seguido por el éxito de sus importantes labores legislativas. Agradezco la oportunidad que me brindan para hacer unos humildes aportes al propósito político común de alcanzar la paz y la reconciliación, que es de la mayor importancia para el presente y futuro de Colombia. La ley de justicia y paz se creó con el propósito de reincorporar a la vida social a los grupos armados al margen de la ley que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y como tal está concebida con el propósito de salvaguardar los derechos de las víctimas y de los desmovilizados, adoptando estándares internacionales de justicia transicional con unas exigencias mínimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición, que le sirviera de cauce a la fase judicial de un proceso de negociación político de paz para ponerle término al conflicto social y armado que azota a Colombia hace 6 décadas. Con nuestro decidido compromiso y valiosa participación, a pesar de todos los obstáculos que nos han colocado, la ley 975 de 2005 ha tenido su primera aplicación práctica, y gracias a ello ha mostrado sus bondades, pero también sus graves falencias que reclaman con urgencia reformas que se ajusten a las exigencias de las realidades actuales del proceso de paz, del conflicto, dentro del propósito político para el que fue creada, de los hechos y su contexto, para que cobijen todas las circunstancias, personas e instituciones involucradas en el conflicto armado, entre un Estado y una legislación que cumplan, que nos protejan, que hagan posible vivir con plenas garantías de derechos humanos, jurídicos y políticos. Esta ley reclama con urgencia que sea rescatada del abandono en el que ha entrado, y en Ustedes honorables congresistas recae sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar los problemas que aquejan a las poblaciones que los eligieron, especialmente cuando se trata de alcanzar la paz con justicia social tan esquiva para todos los desprotegidos de la nación, que son la mayoría, no pueden desconocer estas necesidades, y son los llamados en medio de esta gran polarización en que se encuentra Colombia, no solo a prorrogarla sino también, a hacer los ajustes y modificaciones a la ley 975, o a crear las condiciones que sean necesarias para alcanzar la paz y la reconciliación. Son los llamados a crear los mecanismos flexibles pero muy precisos para que los altos tribunales y los operadores judiciales así como el gobierno y sus dependencias no le den una libre interpretación, algunas veces con intereses acomodados y malsanos, como mostraré más adelante, que han permitido lograr los vacíos que tiene la ley, que se evidenciaron desde su creación y se aumentaron al ser objeto de examen de constitucionalidad mediante sentencia C-370 de la Corte Constitucional, cuando declaró algunos artículos fundamentales inexequibles, o exequibles condicionalmente, más por cuestiones de forma que de fondo, y que se han hecho evidentes a través del tiempo con la aplicación de la ley, especialmente en mi caso y el de mis hombres por ser los que más hemos avanzado al estar más comprometidos, y que para subsanarlos han tratado de ser llenados con nueva jurisprudencia, que más que complementar la existente, lo que hace es entorpecerla, porque además de los intereses que motivan a esa jurisprudencia parecen pensadas para ser aplicadas a la criminalidad común de los Estados, y no a la derivada de un conflicto social armado, civil e irregular, lo que además genera desconfianza y no permite tener reglas claras de interlocución con las víctimas, con los actores del conflicto y especialmente con los desmovilizados que se debaten entre avanzar o retirarse del proceso de justicia y paz, ante tanta incertidumbre, ante tanta inseguridad jurídica, política, física, en medio de tanta violencia, de incumplimientos, traiciones, del genocidio que ha cobrado la vida de más de 2.000 desmovilizados y centenares de nuestros familiares para silenciarnos, del narcotráfico que el Estado no ha podido controlar, etc, etc, constatando con dolor que la oferta real política de paz de este gobierno, se ha convertido en más exclusión política, social, económica, aislamiento, cárcel quizás de por vida por las falencias de la ley, extradición o muerte. Hasta hoy es incierto tanto para las víctimas como para los desmovilizados, el proceso de paz y la aplicación de la ley de justicia y paz que haga viable la impartición de justicia, el esclarecimiento de la verdad, la reconciliación, la reparación y la obtención de una pena alternativa de manera pronta, en un tiempo que no sea violatorio de nuestros derechos fundamentales y que no exceda el máximo tiempo de condena de 8 años que otorga la ley como pena alternativa. Con la metodología de hoy no alcanzarán los años de este siglo para su aplicación. Por ahora, si comparamos, la justicia ordinaria se aplica en menor tiempo, es más rápida y sin tantos enredos metodológicos ni exigencias, y la condena máxima que otorga de 40 años [ Al momento de nuestra desmovilización estaba vigente la ley 600 que permite un máximo de 40 años de condena.] , se convierte realmente en una pena de 6 años [Rebajas: Hasta del 50% por declararse culpable. Hasta del 25% por colaboración (por favorabilidad de la ley 906). De aquí, 3/5 partes se hacen en la cárcel y a esto se le obtiene una redención de 1/3 parte por trabajo y/o estudio.] físicos de cárcel. Lo que además significa que si en justicia y paz nos dan una pena alternativa superior a 6 años, estaríamos recibiendo una condena mayor a la máxima pena que nos darían en justicia ordinaria si aportamos toda la colaboración que estamos entregando en justicia y paz, lo que se ha convertido en otra de las causales que tiene al borde del fracaso el proceso de justicia y paz, que además impide el avance de otros actores del conflicto y que ha incidido fuertemente en el rearme al darse cuenta los desmovilizados que no existe un verdadero sacrificio de una buena dosis de justicia a cambio de aclimatar la paz, y por el contrario lo que ven es que no importa cuánto hayan colaborado sus ex compañeros, las condenas alternativas nunca llegan, ni siquiera en el caso de los que llevan más de 8 años presos. En pocas palabras, lo que hay es un incentivo perverso para que se silencie la verdad. Al momento de la creación de la ley de justicia y paz había un desconocimiento casi total –excepto del gobierno Uribe al que le contamos- de la magnitud del entramado del conflicto armado Colombiano de sus implicaciones y derivaciones, pero hoy gracias al compromiso de muchos de nosotros los desmovilizados con el proceso de paz y entre ellos el de reconstruir la verdad necesaria para sanar las heridas y evitar la repetición de esta guerra fratricida que se viene reciclando hace décadas por la responsabilidad del Estado y aun con su complicidad, ya se tiene gran parte del conocimiento necesario para hacer los ajustes y tomar los correctivos necesarios si en verdad no queremos seguir prolongando el conflicto, el narcotráfico, la corrupción, etc, etc, y generando más víctimas. El panorama sigue siendo muy complejo mientras exista esta pugna de poderes, donde el gobierno ha impedido que se conozca la verdad para no asumir, entre otros, la mayor carga de responsabilidad que le corresponde a él y al Estado por tantos años de conflicto armado, promoviendo una ley que impide que las poblaciones que estuvieron desprotegidas por ellos y bajo el dominio y control de los diferentes actores de poder del conflicto armado, cuenten sus verdades, sin ser considerados delincuentes comunes, ni ser judicializados por contar los hechos en los que por obligación les tocó participar, ni ir a ser proscritos ni muertos civilmente o físicamente, en este caso, incluso por los nuevos actores que han retomado los territorios que entregamos al gobierno después de nuestra desmovilización donde viven o vivían, por la irresponsabilidad e indolencia de este gobierno. Como está diseñada la ley, ni permite ni promueve contar la verdad y por el contrario estas poblaciones deben ocultar o callar acerca de la verdadera realidad del conflicto que les tocó vivir y a mentir cuando son acusados por la justicia o indagados por la comisión de la verdad que creó el gobierno, es por esto que si las poblaciones y todos no participamos en la reconstrucción de la verdad, el gobierno y los jueces tratarán de establecer una verdad histórica sesgada, parcelada, reescribiéndola empujados por sus pleitos e intereses, egoísmos y retaliaciones desde el código penal y desde la comisión de la verdad que creó y maneja el gobierno a su acomodo, sin tener en cuenta las razones y causales políticas, sociales, culturales, sociológicas, económicas, de seguridad, legales, ilegales e históricas que originaron y siguen alimentando el conflicto interno colombiano, por eso les impiden participar, porque con ello harían más evidente lo que ya es inocultable: el Estado es el mayor responsable de esta tragedia nacional, del conflicto social armado que hunden sus raíces y razones en la injusticia, la corrupción, en la violencia política impuesta por los partidos y las clases dominantes, en la exclusión política y social, etc, etc, o ¿ Acaso no fue la exclusión política, la falta de representación política de los intereses más necesitados de la población, iniciando por la SEGURIDAD cuando la guerrilla nos convertía en carne de cañón, por la omisión del Estado y de aquellos que decían representar estos intereses, lo que nos convirtió en víctimas y luego –como en este caso- reclutado por el estado, en actor del conflicto, donde generamos violencia y víctimas? ¿Acaso el conflicto armado y los actores del mismo, no somos la consecuencia de la exclusión política del Estado, de cerrarle los espacios democráticos, de no brindar las garantías de seguridad necesarias a las poblaciones? ¿Acaso esa exclusión y la falta de representación política que ayude a solucionar las necesidades más apremiantes de la población y defienda sus intereses no es lo que sigue generando más víctimas, desplazados, violencia, pobreza, corrupción, narcotráfico y prolongando el conflicto? ¿Acaso el gobierno nacional no es el responsable y el garante de la seguridad y los derechos humanos de los colombianos? ¿Por qué se empeñan en negar las causas, satanizar a los alzados en armas señalando que se trata de delincuencia desprovista de carácter político y no aceptar la existencia del conflicto armado? Detrás de esta visión sesgada y maniquea anida el fantasma de la guerra perpetua, porque desconocer que fuimos un actor político del conflicto social y armado de Colombia, con un gran poder autónomo en lo político, social, militar, económico, que fue de lo local hasta lo nacional, en medio de un entramado legal e ilegal, privado y público, individual y colectivo del que participaron para poder establecernos y expandirnos, las fuerzas armadas, policiales y de seguridad del Estado, políticos, servidores públicos, ganaderos, gamonales, empresarios, profesores, estudiantes, campesinos, etc, etc, algunos -hoy judicializados- y que desde allí luchamos también por conseguir espacios directos de acceso al poder público para dar respuesta a las demandas no solo de seguridad para las poblaciones de todos los estratos de las regiones que controlábamos, sino también a las demandas sociales de las poblaciones marginales y más necesitadas. Otro ejemplo de ello y de los graves vacios de la ley que se tratan de llenar con una libre interpretación, son algunas jurisprudencias emanadas de los más altos tribunales nacionales, decisiones que como ciudadano respeto pero que, con todo comedimiento considero no consultan las realidades del conflicto armado, y de esta forma se reescribe la historia acomodada a una visión que no se compadece con las verdades vividas, como sucedió con la sentencia que le reconoció a un miembro de la autodefensa el delito político de sedición, reconociéndonos con ello como actores políticos de conflicto armado y en fallos subsecuentes lo hizo en forma contraria, desconociendo el delito político y de paso la realidad de lo vivido. Además anuló la única sentencia que un tribunal de justicia y paz dicto contra un desmovilizado y ordenó que no se pueden hacer imputaciones parciales, solo de forma extraordinaria, lo que impide hacer acumulación de procesos que se llevan por justicia ordinaria paralelos a los de justicia y paz, que en su mayoría se han iniciado por las copias que compulsan nuestros fiscales en un desgaste innecesario, violatorio de nuestros derechos fundamentales, también hemos encontrado que los diferentes operadores judiciales no han podido cambiar su paradigma y les ha sido difícil entender que la ley de justicia y paz corresponde a una ley de justicia transicional, enmarcada dentro de una política criminal del Estado colombiano que surge de la necesidad de esclarecer hechos punibles que con el mecanismo tradicional de la ley ordinaria no se habían podido esclarecer y conducían siempre a la impunidad, generando zozobra, inseguridad y violación al derecho a las víctimas, por lo que en su parte procedimental no debe aplicarse con tanta exégesis, porque de lo contrario nunca habrá justicia y reparación menos paz y reconciliación. La fiscalía general de la nación ha dictado unas resoluciones reglamentarias para la aplicación de una metodología que nos tomará esta vida y la otra para su aplicación. Los tribunales de justicia y paz aplican criterios diferentes a los de la fiscalía general de la nación que no permite armonizar los procedimientos. El gobierno nacional además de tratar de llenar los graves vacíos de la ley con una libre interpretación a través de sus decretos reglamentarios también se abrogó cuando presentó el proyecto de ley de justicia y paz aprobado por el Congreso algunas facultades que habilitan de manera activa su participación en la aplicación de la ley a través de una serie de normas que hay que limitar, para que con ello no pueda controlar la dosis de verdad, justicia y reparación que debe darse, ni usurpe con ello la competencia de otras ramas del poder público, en este caso la judicial, ya que estas normas le dan las siguientes facultades, entre otras: a. Postular a quienes pueden ser destinatarios de la ley. Con esto el gobierno decide quién puede y quién no entrar a contar las verdades que exige la ley. b. Establecer a la agencia presidencial para la ACCION SOCIAL, como la encargada de recibir, administrar y decidir qué bienes de los entregados por los postulados tienen vocación de reparación. Esta agencia se ha negado sistemáticamente y sin justificación válida a recibir la casi totalidad de los bienes ofrecidos por los desmovilizados para reparar a las víctimas, para con esto amenazar con la pérdida de los beneficios de la ley a los jefes desmovilizados y así poder dosificar la verdad. c. La ley 975 estableció que los procesados y condenados por justicia y paz pagarían sus penas en sitios especiales conforme a la reglamentación existente. El gobierno no cumplió con ello y no ha permitido reunirnos a los antiguos combatientes de cada bloque de autodefensa en un solo sitio de reclusión para poder reconstruir las verdades con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que exige la ley, impidiéndolo a través del Ministerio del interior y justicia y del INPEC, su dependencia encargada del manejo carcelario. d. Decidir sobre la extradición, la cual condiciono a través de un acto administrativo donde estableció que no se produciría siempre que se cumpliera con los compromisos adquiridos en justicia y paz. Acudiendo a la vía de hecho el gobierno nacional incumplió la motivación de la resolución que impedía la extradición, ya que hasta el día de hoy no existe una sentencia judicial de autoridad competente en firme que demuestre que los miembros de las autodefensas extraditados, incumplieron con los compromisos de justicia y paz; aún más, el saliente fiscal general de la nación Mario Iguarán Arana aseveró en Mayo de este año que “La fiscalía no ha encontrado elementos que soportan la extradición de los desmovilizados de las AUC que están en justicia y paz”, lo que significa que el presidente con nuestra extradición violó el principio constitucional de confianza legítima y buena fe, el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, nuestros derechos fundamentales y los de las víctimas y el principio esencial de la separación de poderes dentro del Estado social de derecho, lo que demuestra la ilegalidad de nuestra extradición para con ella silenciarnos. Lo escrito hasta aquí pone de manifiesto algunos de los graves problemas que afrontamos y son ustedes como los representantes de las poblaciones afectadas por el conflicto, unos de los llamados a ayudarnos a solucionarlos, por ello me atrevo a hacerles algunas humildes recomendaciones: 1.- Hacer unas reformas sustanciales a la ley y al proceso de paz, de reconciliación articuladas y complementarias en lo político y social, con reglas claras muy precisas que se puedan cumplir ajustadas a las exigencias de las realidades que no fueron tenidas en cuenta desde el comienzo ni por el Gobierno ni por los legisladores ni por las cortes que no dimensionaron la magnitud del reto y que muestran con absoluta contundencia su insuficiencia ante el propósito de alcanzar la paz con verdad, justicia, reparación y no repetición. 2.- Crear un grupo interdisciplinario conformado por las distintas ramas del poder público que se encargue de ejecutar el proceso de paz dentro del marco de la política criminal planteada dentro del mismo. Por ejemplo, desarrollar versiones libres colectivas y no individuales, implementando una metodología distinta a la actual que sea muy eficiente y coherente con las exigencias del proceso, con el objetivo de darle celeridad para no permitir que los procesos se vuelvan incumplibles e interminables, y evitar que con ello se vulneren los derechos fundamentales de las víctimas y de los desmovilizados. 3.- Crear una comisión internacional de la verdad que permita la participación de las poblaciones en la reconstrucción de las realidades que vivieron y que aún viven, creando mecanismos que vayan más allá de lo estrictamente penal y de ser necesario, que se pueda aplicar un principio de oportunidad con la finalidad de hacer viable un diagnóstico real de la verdad que algunos tratan de ocultar y disfrazar utilizando todo tipo de estrategias y eufemismos, diagnóstico que sirva como punto de partida para encontrar fórmulas para alcanzar la paz y evite se siga repitiendo y reciclando el conflicto armado o se siga reescribiendo la historia acomodada a intereses mezquinos. 4.- Involucrar la responsabilidad del Estado en el conflicto armado, entre otras, para que no tenga pretexto de encontrarle una pronta solución y no se niegue a reconocer a las víctimas, asuma su reparación integral, eficaz, oportuna y justa sin discriminarles y evite que mañana se sigan presentando más víctimas. 5.- Replantear la política de reinserción que ha sido un fracaso y otras de las causas que han incidido en el rearme de muchos desmovilizados y el genocidio de más de 2.000 de ellos. 6.- Repatriar a los extraditados que estén dispuestos a avanzar en justicia y paz con el objetivo de esclarecer los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado, porque los de narcotráfico ya los hemos esclarecido a las autoridades de Estados Unidos y desde este país jamás nos darán las condiciones para cumplir con las exigencias de la Ley en Colombia y menos con las víctimas. Permitirnos participar del proceso a través de una videoconferencia resuelve el problema accesorio y no el fundamental para el que fue creada la ley. 7.- Implementar mecanismos eficaces con nuestra participación que permitan la erradicación del flagelo del narcotráfico, conozco por qué fallan las estrategias utilizadas hasta hoy, sé cómo ayudarles a reducir los cultivos en más de un 90% en un tiempo no mayor a dos años y a reactivar las economías lícitas que lo sustituyan. 8.- Los delitos de las guerrillas y autodefensas están enmarcados dentro de un contexto de guerra donde ejercieron control territorial, se sostuvieron en él, cobraron tributación, impusieron la ley, la justicia y la disciplina en nombre de una autoridad de facto, etc, etc, como actores políticos del conflicto social armado al que fuimos llevados por la exclusión política, social y económica a la que nos sometió el Estado, por lo que pedimos que se reconozca el delito de la autodefensa como lo que es: un delito político y a su vez la participación de quienes hayan pagado las penas en escenarios públicos y democráticos, para que no tengan que seguir expresando sus ideas políticas a través de las armas y la violencia, para que se puedan reinsertar a la sociedad con todos los derechos y se integren legítimamente a la vida democrática. 9.- Abordar el tema de la tierra dentro del conflicto armado y las reformas necesarias, ya que la inmensa mayoría de tierras usurpadas en esta guerra no están en poder nuestro, sino en poder de aquellos inversionistas que compraron cuando el conflicto estaba en su expresión más álgida y se beneficiaron de ello, con el grave perjuicio de los campesinos y colonos que quedaron en la mitad del fuego cruzado y de un Estado que los desprotegió y no contuvo este conflicto y su barbarie, que él mismo generó con su exclusión, y promovió con sus acciones u omisiones, generando miles de víctimas y millones de desplazados. El gobierno, ustedes como Congreso y la justicia deben asumir sus compromisos y responsabilidades para saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la nación entera, al excluirnos de darnos los beneficios de la paz que nos deben y otros más, de los que solo unos pocos gozan, y de proteger y garantizar la vida y demás derechos que esa gran cantidad de colombianos no tienen como hacerlo. Después de todo lo sucedido no se entendería que no se incluya también permitir nuestra colaboración después de la desmovilización. Permítanme por favor ayudarlos a Ustedes y a la sociedad a mejorar y llevar a buen puerto este primer proceso de paz enmarcado dentro de unos estándares de justicia transicional, soy el mejor ejemplo para que juntos lo logremos. Con todo respeto, Salvatore Mancuso Gómez 72.

7-1-2009, Las FARC pusieron condiciones para la liberación de seis rehenes, que habían anunciado el 21 de diciembre. La presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la liberación de los secuestrados, como propone el gobierno, no es suficiente. “Estamos de acuerdo en que el CICR participe de tal gestión humanitaria. Es una buena garantía aunque insuficiente, si tenemos en cuenta las manipulaciones y abusos que este gobierno ha acometido a su nombre y bajo la protección de su distintivo con fines de engaño”, habiendo abusado de su símbolo tramposamente durante la operación Jaque que liberó, entre otros 14 rehenes a Ingrid Betancourt. “Los liberados los entregaremos a la Senadora Piedad Córdoba, acompañada de algún otro representante del movimiento ‘Colombianos por la paz’ con quienes nos hemos comprometido a tal gesto, y a alguna personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional que también sirva de garante. Tan pronto existan precisiones sobre lo mencionado, les haremos conocer día y lugar, sobre lo cual ya estamos trabajando”. Las FARC vuelven a insistir en la necesidad de pactar un intercambio de secuestrados por guerrilleros presos en las cárceles, para lo que habría que desmilitarizar dos municipios del suroccidente de Colombia para dialogar sobre el tema. En carta a la Senadora Piedad Córdoba, queda expresada la intensión de las FARC de liberar rehenes y entablar negociaciones para intercambio humanitario: “Senadora Piedad Córdoba y demás integrantes del movimiento ‘Colombianos por la Paz’, Bogotá. Con nuestro respetuoso saludo quisiéramos compartirles dos reflexiones alrededor de la forma como podrían recibir a los 3 agentes de policía, al soldado, al diputado Sigifredo López y al ex gobernador Alan Jara. 1. Estamos de acuerdo en que el CICR participe de tal gestión humanitaria. Es una buena garantía aunque insuficiente, si tenemos en cuenta las manipulaciones y abusos que este gobierno ha acometido a su nombre y bajo la protección de su distintivo con fines de engaño. 2. Los liberados los entregaremos a la Senadora Córdoba, acompañada de algún otro representante del movimiento ‘Colombianos por la paz’ con quienes nos hemos comprometido a tal gesto, y a alguna personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional que también sirva de garante. 3. Sería importante que el Presidente decidiera ante todo, si realmente le interesa el pronto regreso de los 6 prisioneros a su hogar o si una vez más hará prevalecer sus viscerales odios por encima de cualquier consideración humanitaria. 4. Tan pronto existan precisiones sobre lo mencionado, les haremos conocer día y lugar sobre lo cual ya estamos trabajando. Con sentimientos de consideración, compatriotas, Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP, Montañas de Colombia, 30 de diciembre del 2008” 73.

8-1-2009 El Caguán sigue vivo en la memoria de los colombianos, diez años después, como una zona rica en propuestas para solucionar el conflicto interno colombiano. Pero la oligarquía colombiana y el imperio no lo quisieron así. La gran prensa oligárquica dice que Andrés Pastrana se quedó solo en las conversaciones. Los hechos son reconocidos pero vale la pena recordarlos. Las FARC capturaron un oficial de 'inteligencia' quien informó de un atentado ese día para matar a Manuel Marulanda, aún a costa de la muerte del Presidente Pastrana. Las conversaciones personales posteriores entre Pastrana y Marulanda demostraron que ese episodio era caso superado. Lo que no hacen los medios es analizar el significado real del Caguán en los intentos de paz de los colombianos. Como toda 'negociación' estuvo signada por el tira y aloje, pero dejó la Agenda Común para discutir y dialogar las causas que originaron -y originan aún hoy- el nacimiento de la insurgencia armada y el nacimiento del conflicto interno por causa de la oligarquía y el imperio estadounidense. Cuando debía comenzarse a discutir el primer punto de la Agenda Común el gobierno de Pastrana recibió la orden de EUA de 'patear la mesa' toda vez que ya habían cumplido el objetivo de ganar tiempo para hacerle la 'reingeniería' a las fuerzas militares. El primer punto era precisamente el empleo. 70% de la población en la pobreza es muestra real del problema. El gobierno de Uribe dice que hay 49,5% de pobres. Otro punto en el que se comprometió el Presidente Pastrana fue su combate al narco-paramilitarismo. Las cifras demuestran la posición gubernamental al respecto. Por el contrario, las estructuras del narco-paramilitarismo siguieron creciendo de 8.000 durante el 'gobierno' Samper a 12.000 durante el 'gobierno' Pastrana y hasta 40.000 en el de Uribe. Se saben las 'conexiones ocultas' entre fuerzas militares y narco-paramilitares y han sido suficientemente denunciadas. A las Audiencias Públicas del Caguán concurrieron todos los sectores de la sociedad colombiana. Negros, indígenas, campesinos, obreros, empleados, mujeres, niños, etc, hasta los representantes de los 'ricos'. Todos expusieron la clase de país que querían y las medidas para solucionar el conflicto interno colombiano. El comandante en jefe de las FARC, Manuel Marulanda, hizo dos propuestas que eran fundamentales de cara a lo que se veía venir. 1) adelantar un plan piloto en Cartagena del Chairá de erradicación manual de cultivos ilícitos y sustitución de éstos, que se extendería a todo el país con el concurso y financiamiento de Naciones Unidas. 2) la propuesta de Canje de Prisioneros o como llamaron después Intercambio Humanitario. Ninguna de las dos fue tenida en cuenta. El canje de prisioneros o intercambio humanitario sigue hoy diez años después sin ser solucionado por el régimen de Uribe, como tampoco lo fue durante la administración Pastrana. Como testigos mudos están los prisioneros en poder de las FARC que llevan más de 10 años, 8 años, y los prisioneros guerrilleros en las cárceles del régimen y el imperio. Iniciativas altamente valoradas por las FARC como la de “Colombianos por la Paz” deben ser fortalecidas 74.

12-1-2009 A la propuesta de Uribe de nombrar a la iglesia católica o al Vaticano, para recibir a los prisioneros que libera las FARC, las respuesta, es que o hay terquedad o viveza por parte del gobierno. Uribe no puede estar sin tratar de meter un palo en la rueda de la historia y del intercambio humanitario o canje de prisioneros. Las FARC han dicho en mil formas que la iglesia no va. Como siempre las culpas de los ‘secuestros’ son de las FARC, como de todo lo malo. Pero ya hasta la fundación “País Libre” dijo que el 95% de los secuestros en Colombia no son obra de las FARC, ni del ELN. En Colombia hay una industria del secuestro. Basta fijarse en los mismos diarios y ahí está cantidad inusitada de miembros de la Sijin, del DAS, de policías, de militares, dedicados a ‘producir’ en tan rentable ‘industria’. Se ve la falta de voluntad de Uribe que no lo conmueve que los 6 políticos y militares y policías regresen a sus hogares 75.

11-2-2009, FARC aclara que las detención hecha en Nariño, en el municipio de Barbacoas “fue contra personas que independiente de su raza, religión, etnia, condición social, etc, aceptaron dinero y se pusieron al servicio del ejército en un área que es objeto de un operativo militar”. La columna Antonio José de Sucre, invita a los indígenas a no dejarse manipular de Antonio Navarro Wolff, Gobernador del Departamento de Nariño y del gobierno uribista. La Columna Mariscal Antonio José de Sucre, de las FARC-EP, informan a la opinión pública lo siguiente: 1- Que el día 6 de Febrero del 2009 en el sitio Río Bravo, municipio de Barbacoas Nariño, nuestras unidades guerrilleras detuvieron a 8 personas que recogían, por grupos, información sobre nosotros para luego llevarla a las patrullas militares que desarrollan operaciones en la zona. 2- Estos señores realizaban exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban las patrullas del ejército para golpearnos. Individual y luego en colectivo, todos ocho confesaron que desde hacía dos años trabajaban con el ejército en esa labor. 3- Ante la presión del operativo, su responsabilidad en la muerte de numerosos guerrilleros y su innegable participación activa que los implica en el conflicto, fueron ejecutados. 4- Denunciamos la estrategia del gobierno y sus fuerzas represivas de involucrar a sectores de la población civil al conflicto armado y el trabajo militar a través de las recompensas, conformación de redes de informantes, familias en acción y demás ramificaciones de la política de guerra que practica el gobierno de Colombia donde coloca como escudo a los civiles y luego esconde la mano. 5- Denunciamos el abuso que viene cometiendo el ejército en los operativos militares en donde han violado mujeres, han robado, maltratado a todo aquel que no sirva de guía o informante y también la práctica del sembrado de minas para obstaculizar la guerrilla con resultados muy negativos para los civiles. 6- Esta acción nuestra no fue contra indígenas, fue contra personas que independiente de su raza, religión, etnia, condición social, etc, aceptaron dinero y se pusieron al servicio del ejército en un área que es objeto de un operativo militar. 7- Invitamos a los dirigentes indígenas a no permitir que desde la gobernación o desde Bogotá los manipulen. Ellos saben del respeto nuestro por la comunidad civil. Los invitamos a no ser parte de la política del señor Uribe Vélez, pues aquellos que nunca han visto por estas comunidades indígenas y los han metido a la guerra, no pueden ser sus defensores, ¡Son sus verdugos!. Columna Antonio José de Sucre - FARC-EP. Montañas de Colombia, Febrero 11 del 2009 76.

24-3-2009 Colombianas y Colombianos Por la Paz; Senadora Piedad Córdoba; Reciban el saludo cordial de las guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP. El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz, reúne cada día a más y más colombianos, y suscita la adhesión de las más variadas organizaciones y personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación. Estamos seguros que la reciente liberación unilateral de seis prisioneros a instancias de su importante gestión, estimula el esfuerzo colectivo que busca la Solución al inmenso drama que vive Colombia. Colombianas y colombianos por la paz está haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil ni tampoco el sometimiento indefinido a un Régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de intereses políticos y económicos de una minoría oligárquica y de una élite privilegiada, antidemocrática, excluyente socialmente, sorda a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades de la gente humilde. En las FARC-EP estamos convencidos que otra Colombia es posible y que se pueden forjar entre todos, alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad más equilibrada, incluyente y justa. Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes. Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del acompañamiento de CPP también exista una veeduría de la comunidad internacional. Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción. En su misiva nos piden regresar al tema de las retenciones económicas, sobre el que ya les reflexionamos anteriormente con toda franqueza. Sucede que el gobierno, en aras de su lucha contrainsurgente, impulsa una matriz de opinión artificial y mentirosa en busca de un efecto en la población, deliberadamente falaz y manipulador. Las cifras oficiales insisten, a través de una campaña machacona, que las FARC tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas. Hemos consultado con todas nuestras estructuras político - militares desplegadas en el territorio nacional y podemos informar, que a la fecha, bajo responsabilidad de las FARC-EP, solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002. El militarismo a ultranza y la desinformación que distingue a este gobierno ha intoxicado con su reconocida perfidia el asunto. Recordamos que en la carta anterior enumeramos el universo de los actores que en Colombia, practican esta modalidad. Queremos insistirles en la importancia de mantener vigente la bandera de libertad para los presos políticos, la mayoría de ellos víctimas de montajes no ajenos a la estrategia gubernamental de disuasión a cualquier intento de proyecto de alternativa y opción política, así como también a no dejar apagar la lucha sobre esos crímenes oficiales y sistemáticos publicitados como "falsos positivos", las desapariciones forzadas y los desplazamientos que hoy estremecen a la opinión mundial. Estamos analizando las propuestas de la Senadora Piedad Córdoba encaminadas a dinamizar el camino hacia la paz con justicia social, y en este marco anunciamos el compromiso de enviar, cuando tengamos condiciones propicias, pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías prisioneros, a sus familiares. En atención a esa misma solicitud, los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares. De ustedes, atentamente: Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP, Montañas de Colombia 77.

29-3-2009, En carta a Colombianos y Colombianas por la Paz y Senadora Piedad Córdoba, las FARC expresan que están preparadas para el canje de prisioneros con el gobierno. Reciban el saludo cordial de las guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP. El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz, reúne cada día a más y más colombianos, y suscita la adhesión de las más variadas organizaciones y personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación. Estamos seguros que la reciente liberación unilateral de seis prisioneros a instancias de su importante gestión, estimula el esfuerzo colectivo que busca la solución al inmenso drama que vive Colombia. Colombianas y Colombianos por la Paz está haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil ni tampoco el sometimiento indefinido a un régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de intereses políticos y económicos de una minoría oligárquica y de una élite privilegiada, antidemocrática, excluyente socialmente, sorda a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades de la gente humilde. En las FARC-EP estamos convencidos que otra Colombia es posible y que se pueden forjar entre todos, alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad más equilibrada, incluyente y justa. Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes. {LDP: Este era uno de los inamovibles de las FARC} Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del acompañamiento de CyCPP también exista una veeduría de la comunidad internacional. Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción. En su misiva nos piden regresar al tema de las retenciones económicas, sobre el que ya les reflexionamos anteriormente con toda franqueza. Sucede que el gobierno, en aras de su lucha contrainsurgente, impulsa una matriz de opinión artificial y mentirosa en busca de un efecto en la población, deliberadamente falaz y manipulador. Las cifras oficiales insisten, a través de una campaña machacona, que las FARC tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas. Hemos consultado con todas nuestras estructuras político-militares desplegadas en el territorio nacional y podemos informar, que a la fecha, bajo responsabilidad de las FARC-EP, solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002 78. El militarismo a ultranza y la desinformación que distingue a este gobierno ha intoxicado con su reconocida perfidia el asunto. Recordamos que en la carta anterior enumeramos el universo de los actores que en Colombia, practican esta modalidad. Queremos insistirles en la importancia de mantener vigente la bandera de libertad para los presos políticos, la mayoría de ellos víctimas de montajes no ajenos a la estrategia gubernamental de disuasión a cualquier intento de proyecto de alternativa y opción política, así como también a no dejar apagar la lucha sobre esos crímenes oficiales y sistemáticos publicitados como “falsos positivos”, las desapariciones forzadas y los desplazamientos que hoy estremecen a la opinión mundial. Estamos analizando las propuestas de la Senadora Piedad Córdoba encaminadas a dinamizar el camino hacia la paz con justicia social, y en este marco anunciamos el compromiso de enviar, cuando tengamos condiciones propicias, pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías prisioneros, a sus familiares. En atención a esa misma solicitud, los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares. De ustedes, atentamente: Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP. Montañas de Colombia, marzo 28 de 2009 79.

3-4-2009, El canje de prisioneros de guerra o intercambio humanitario, forma parte de la línea política y militar de las FARC-EP desde hace una docena de años. No es una cuestión caprichosa. Ni la exigencia atrevida de unos dementes. Es un tema serio, que tiene fundamento en las profundas raíces históricas del conflicto político militar que vivimos en Colombia. Los militares y policías que se hallan en poder de nuestra organización no son secuestrados, ni siquiera retenidos. Son prisioneros de guerra, enemigos rendidos y capturados en diferentes acciones de la confrontación. Igual sucede con los guerrilleros hundidos en las cárceles del régimen. Y con los que el gobierno colombiano extraditó a los Estados Unidos. Cuarenta y cinco años de intensa confrontación se encargan sobradamente de demostrar que en Colombia hay dos ejércitos en pugna. El que defiende los intereses de la oligarquía y el que lucha por las aspiraciones del pueblo. Uno con el apoyo imperial, el favor de los ricachones y la benevolencia de la prensa. Otro parido por la angustia popular y leal por siempre a ella. Lo cual pone de presente el carácter político del conflicto. Por encima de los repugnantes adjetivos con los que el régimen sucesivamente ha tratado a la insurgencia. Se trata de dos fuerzas beligerantes que representan opuestas concepciones del poder político. Y que llegaron a eso como consecuencia de la violencia estatal contra la oposición legal. Hay un número importante de mandos del Ejército y la Policía en manos de las FARC. Desde hace una década. Lo que pide nuestra organización es que se entreguen a cambio de ellos, en el lugar y la forma acordados en una mesa de conversaciones, los guerrilleros que permanecen privados de la libertad en las cárceles del país y el exterior. Es lo justo. Requiere apenas para su realización el reconocimiento de la existencia del adversario. Precisamente lo que el régimen y el Presidente Uribe en particular consideran inadmisible. La extraordinaria suma destinada a combatirnos y la permanente importancia que nos confieren ponen de presente el absurdo de tal posición. Por eso sólo les queda apelar a la mentira. Acrecentar la fe en una próxima victoria que demostrará la inutilidad de celebrar algún acuerdo con quienes estaban a punto de ser vencidos. Todo el cacareo del Ministro Santos apunta a eso. A certificar la inutilidad del acuerdo humanitario. A restar argumentos a la búsqueda de una solución política. Aunque saben con toda certeza que el prometido triunfo no va a llegar. Por eso la farándula, la camorra con Venezuela y Ecuador, el sainete con Brasil, la marcha de los titanes, el bombo de la reinserción. Al tiempo que niegan una realidad objetiva, tienen el descaro de exigir a las FARC la liberación de sus prisioneros, como si fuéramos una fuerza débil y atemorizada. Gestos unilaterales de paz, dicen. Que es hora de mostrar la buena fe. Olvidaron que con esos propósitos liberamos sin condiciones trescientos prisioneros en el Yarí hace seis años. Y que también accedimos una y otra vez a liberaciones posteriores mientras que el ciego terrorismo del régimen abría el camino a fatales desgracias. No. El equilibrio implica otra cosa. Basta ya de acusarnos de no querer el intercambio. Como si alguna vez hubiera sido el Estado quien lo hubiera planteado a las FARC. Esa bandera, así como la de la solución civilizada al conflicto colombiano, hace parte del arsenal ideológico y político nuestro. No cejaremos nunca de trabajar por él. Pero son los guerrilleros aquí y los soldados y policías allá. Sin vueltas. Nos duele la suerte de los policías y soldados. En su momento combatieron con valor, ignorantes de la calaña del régimen que defendían. Ahora son prisioneros de guerra, están atrapados entre la terquedad de ese régimen y la esperanza de un pueblo. Pero nos duele también la suerte de las guerrilleras y guerrilleros presos. La soledad de sus familias. Porque esos combatientes revolucionarios lo abandonaron todo para empuñar las armas por la causa de la democracia, la soberanía y la justicia social en su patria. Sin recibir un solo peso como paga. Movidos por los más altos sentimientos de equidad y nobleza. Sentimientos que Uribe, como depravado ruin, se empeña en comprar con nauseabundas monedas. Allá cada quien con su conciencia. El show no nos impresiona. Sabemos que nada puede la traición de uno frente a la fidelidad de miles. Al fin y al cabo los desertores y desmovilizados no son más que el cieno y la resaca que queda en las orillas tras el paso de la poderosa creciente revolucionaria. El resto de su existencia será miserable. Incauto quien les crea algo. La guerra no debería existir. Qué hermoso despertar un domingo rodeado por sus seres queridos. Sin el miedo de morir asesinado por no pensar como el régimen. Con la seguridad de un trabajo digno. En un país en paz, sin odiosas injusticias, pleno de oportunidades. El intercambio es la ruta para conseguirlo. Trabajar por él es amar de verdad a Colombia 80.

4-4-2009, Frente a las informaciones de prensa según las cuales el gobierno nacional otorgará libertad condicional y nombrará dizque como “gestores de paz” a dos desertores de las FARC, hacemos las siguientes precisiones: 1. Raúl Agudelo es un estafador sin escrúpulos, que desertó de las FARC robando 400 millones del presupuesto de los guerrilleros. Ya fuera de la organización, extorsionó a nombre de las FARC hasta que fue capturado un año después cuando retiraba dineros de un banco en Pereira. 2. Para evitar ser condenado, se aferró al clavo ardiente de la vileza que le ofreció el gobierno, poniéndose al servicio de la mafia uribista que ahora pretende disfrazarlo como disidente. Olvidan que los disidentes no arramblan con el dinero de las organizaciones. 3. Elda Mosquera, conocida como Karina llevaba 6 meses desertada de la organización al momento de su entrega, después de haber sido degradada por su conducta personal disoluta y su proceder arbitrario en el trato con los guerrilleros, comportamiento contrario a las normas internas de las FARC-EP. 4. Llamamos a nuestros combatientes y a todos los revolucionarios presos, que resisten con altivez de principios las duras condiciones impuestas a ellos por el régimen fascista, a rechazar las ofertas de traicionar a su pueblo y la causa que defienden las FARC, ofrecimiento que hace el gobierno a través de este par de individuos despreciables, carentes de principios y sin sentido de patria. 5. Como el narcoestado uribista no ha podido ni podrá doblegar la firmeza y la dignidad de los farianos en el campo de la guerra, ni con las torturas, el aislamiento en sucios calabozos, el hacinamiento, el maltrato físico y sicológico, la persecución contra los abogados que se atreven a asumir la defensa y contra nuestros familiares, recurre a infames ofertas de traición. 6. Ni las FARC ni ningún guerrillero aceptarán jamás la indignidad que encierra la llamada ley de “justicia y paz”, las FARC jamás aceptarán ser equiparadas con las hordas de asesinos paramilitares que organizó el Estado en su guerra sucia contra el pueblo. 7. Firmeza en los principios y en los objetivos es la enseñanza que nos han transmitido los dirigentes y miles de combatientes farianos caídos en la confrontación, a toda la guerrillerada. Es la esencia del irrenunciable legado que nos dejara nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez. 8. Por esta razón, no nos cabe duda que más allá de los halagos y ofertas de rebaja de penas y demás baratijas con las que el Régimen quiere doblegar la conciencia de los revolucionarios hoy encarcelados, ésta sucia maniobra también terminará estrellándose contra la lealtad, la grandeza de ideales y la disciplina político-militar de los guerrilleros Farianos. Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP. Montañas de Colombia, abril 1 del 2009 81.

7-4-2009 La iglesia no puede hablar de paz cuando desde los púlpitos en Colombia históricamente ha atizado la guerra y la exclusión social; cuando lanzó las campanas al vuelo con el asesinato de Raúl Reyes y se ha dedicado a poner palos en la rueda al intercambio humanitario. La propuesta del Presidente Uribe de hablar de cese al fuego en la “Semana Santa” y durante cuatro meses, justo cuando el imperio ha anunciado el recorte de los dineros para sostener el Plan Colombia; cuando va a la frontera con Venezuela a llamar a los guerrilleros a que vuelvan al país; no es creíble 82.

14-4-2009 A las Autoridades Indígenas, Comunidad Awá. UNIPA, CANAWARI y ACIPAP; compatriotas y hermanos: los saludamos fraternalmente y a través de ustedes a toda la comunidad awá. Agradecemos sus comentarios, los términos de sus observaciones y propuestas contenidas en su carta fechada el 5 del presente mes. Sus apreciaciones facilitan las necesarias y urgentes aproximaciones entre nosotros. Lamentamos sinceramente la muerte de los 8 integrantes de su comunidad el pasado 6 de febrero, en medio de los operativos y maniobras militares que el ejército oficial adelanta en el occidente del departamento de Nariño, en donde presiona a la población para utilizarla como escudo o como punta de lanza en las misiones de mayor riesgo, convirtiendo a los civiles en unidades de primera línea en la guerra, con todas las implicaciones que ello acarrea, mientras oficiales y soldados avanzan protegidos a sus espaldas. Es parte de la estrategia uribista a nivel nacional que engaña con dinero a personas de los sectores más pobres, olvidados y necesitados del país, comprometiéndolos en labores de zapa, en un peligroso juego que pervierte la conciencia de muchos, pues siembra en la mente la fantasiosa filosofía del enriquecimiento fácil a cambio de la infame traición a sus familias, vecinos, compañeros, amigos, también oprimidos y explotados. Ese infernal y sucio juego siempre termina mal porque el civil simplemente será carne de cañón. Ni lo sucedido en Barbacoas el pasado 6 de febrero, ni nada parecido, puede volver a repetirse. Hemos delegado a 3 comandantes, con la misión de razonar conjuntamente con ustedes hasta encontrar un escenario de mutuo respeto y comprensión, que cierre las puertas definitivamente, a cualquier manifestación de violencia en nuestra relación. Los principios que sustentan la existencia de las FARC – EP consignados en El programa Agrario de los guerrilleros de Marquetalia reclaman respeto a las organizaciones indígenas, a su cosmovisión y cultura porque la causa indígena es la misma de las FARC-EP. Los enemigos de las reivindicaciones awá de "legitimidad, autonomía, unidad, cultura, territorio, identidad y gobierno propio" son la oligarquía que representa Uribe con su estrategia paramilitar de seguridad nacional, de olvido, abandono y exclusión, así como los terratenientes y las políticas imperiales estadounidenses. Los mismos que han hecho de toda Colombia una sociedad de abismales y crecientes diferencias. Su corrupción, rapacidad y violencia son el obstáculo a derrotar con la acción convergente de todos los explotados de nuestro país. Confiamos que seremos capaces de superar estos difíciles momentos y proyectar hacia el futuro unas relaciones de absoluta fraternidad y solidaridad. Cordialmente, reciban nuestro abrazo guerrillero. Secretariado del EMC, FARC-EP. Montañas de Colombia, 14 de abril del 2009 83.

16-4-2009 Comunicado: Resaltamos el creciente respaldo nacional e internacional a “Colombianas y Colombianos por la Paz” en su esfuerzo convergente por lograr un acuerdo humanitario que libere los prisioneros de guerra de las dos partes y ensanche espacios hacia la solución política del conflicto, propósito que comparten cada vez más colombianos, como el manifestado por la Conferencia Episcopal, que con motivo de la semana santa, clamó por la reconciliación entre los colombianos así como el esfuerzo despojado de odios del profesor Moncayo en procura de un referendo nacional por el acuerdo humanitario. El realismo de todos ellos contrasta con el llamamiento presidencial de un cese de fuego unilateral por parte de la guerrilla, mientras militares y paramilitares continúan su ofensiva a lo largo y ancho del territorio nacional. Iniciar la búsqueda de un proceso serio que encuentre los caminos de los acuerdos, la reconciliación, la convivencia y la democracia, significa entender que todos debemos aportar, principalmente el Estado como responsable fundamental del conflicto y que la bilateralidad es indispensable como regla de oro y cimiento de confianza que construye bases sólidas para avanzar. Por ello, hemos planteado la concreción de un acuerdo humanitario generador de hechos tangibles por las dos partes, que abone pasos subsiguientes hacia la superación definitiva de la confrontación. Ante la reiterada solicitud de la Senadora Piedad Córdoba, de Colombianas y Colombianos por la Paz, del profesor Moncayo y de los Presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, anunciamos nuestra decisión de liberar unilateralmente al cabo Pablo Emilio Moncayo y entregarlo personalmente a una comisión encabezada por la Senadora Córdoba y el profesor Moncayo una vez se organicen los mecanismos que  garanticen la seguridad de la operación. Así evidenciamos una vez más nuestra decisión irreversible de alcanzar el acuerdo humanitario sin más dilación y sembrar con certezas los caminos que lleven a la solución política del conflicto. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, abril 16 del 2009 84.

29-4-2009 Carta de FARC-EP. Colombianas y Colombianos por la Paz; Senadora Piedad Córdoba: Cordial saludo. 29-4-2009 Carta de FARC-EP a Colombianos por la Paz: creemos pertinente y se lo solicitamos comedidamente, analizar si los pactos militares firmados en días pasados por los gobiernos del Brasil y Colombia, pudiesen interferir de alguna manera y si, llegado el caso, fuese necesario, tocar otras puertas. Con persistencia continuamos trabajando por materializar, en primer lugar, la liberación del Cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, para luego entregar los restos del Mayor Julián Guevara a su familia y, finalmente remitir pruebas de supervivencia de los restantes 21 mandos militares y policiales prisioneros de guerra, compromisos que adquirimos unilateralmente ante ustedes y el país, sin contraprestación alguna, allanando el camino por alcanzar acuerdos humanitarios que permitan la libertad de los prisioneros de las dos partes y, luego, en paso posterior, avanzar en el objetivo de excluir la población civil de la confrontación. Alcanzar cada uno de estos objetivos reclama no solo nuestro esfuerzo sino, necesariamente, la voluntad oficial para lograrlo sin tropiezos, más, si recordamos, que desde hace años el Presidente, sus ministros y los altos mandos de la fuerza pública han pedido su liberación. No tendría sentido que ahora, cuando el cabo Moncayo se apresta a regresar a su hogar, busquen atravesar toda clase de obstáculos en el camino. La voluntad oficial, si es sincera, debe plasmarse en decisiones y desarrollarse sin ambigüedades y con seriedad. Porque aún retumban en la conciencia colectiva, las vehementes, mentirosas e impúdicas declaraciones de los ministros Valencia Cossío, Santos Calderón y del general Naranjo, asegurando, con teatral contundencia, que el cadáver del comandante Raúl Reyes había sido entregado a su familia, y luego, 15 días después, escucharse las balbuceantes declaraciones de los mandos policiales reconociendo y justificando puerilmente su responsabilidad en el secuestro de los restos del inmolado revolucionario, que aún no regresan a su familia. Reclamamos compromisos oficiales serios, porque también recordamos como, en febrero pasado, mientras liberábamos unilateralmente a 6 prisioneros, el ministro Santos, el general Padilla y Luis Carlos Restrepo mentían vehementes y cínicos, sobre su respeto a las garantías acordadas con la Cruz Roja Internacional, mientras agredían a las unidades que custodiaban los prisioneros y por vía aérea provocaban el saboteo de la entrega, como consta en imágenes que dieron la vuelta al mundo. Se trata, reiteramos, que en esta ocasión el gobierno cumpla, estrictamente, con las garantías requeridas. Entendemos las dificultades que atraviesa el Presidente por las crecientes pruebas sobre los millares de sistemáticos crímenes de civiles a manos de militares y cuyas víctimas fueron presentadas como “terroristas dados de baja”; también por las permanentes evidencias sobre nepotismo y corrupción en los más altos niveles oficiales; por el enorme esfuerzo que supone imponer un referendo reeleccionista manchado de truculencias; por las declaraciones de los capos del narcoparamilitarismo por el condenable atentado del que fue víctima el escritor e integrante de CPP Gustavo Alvarez Gardeazabal y, claro está, porque todo esto se presenta en el contexto de una profunda crisis económica, humanitaria y social, sistémica, como consecuencia de la aplicación de las estrategias neoliberales. En medio de tal vorágine, sería oxigenante para el país, la concreción de estos actos humanitarios unilaterales que gestarían un mejor ambiente en la búsqueda del entendimiento civilizado entre los colombianos. Para su materialización consideramos indispensable la presencia de CPP en cabeza de la Senadora Piedad Córdoba, como garantía de transparencia en los operativos, así como del profesor Gustavo Moncayo en la liberación del cabo, y de la señora madre del mayor Guevara, en la entrega de los restos de su hijo. No tenemos objeciones a la presencia del CICR y de la iglesia, solo que la consideramos insuficiente, como ya lo señalamos. Los protocolos que garanticen la seguridad de las unidades guerrilleras participantes en estos acontecimientos se deben conocer pública y previamente. Así evitaremos dificultades como las mencionadas. Compatriotas de CPP: creemos pertinente y se lo solicitamos comedidamente, analizar si los pactos militares firmados en días pasados por los gobiernos del Brasil y Colombia, pudiesen interferir de alguna manera y si, llegado el caso, fuese necesario, tocar otras puertas. Los compromisos que adquirimos unilateralmente ante ustedes y el país, son irreversibles y en su concreción continuamos trabajando. Quedamos pendientes sobre las decisiones que entorno a garantías y logística se produzcan para ir precisando fechas y agilizando los detalles finales 85.

18-5-2009 Una de las tantas enseñanzas que nos lego nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez, es que cualquier planteamiento que se haga a nombre de las FARC-EP, hay que analizar sus posibilidades de materialización y de antemano prepararnos en todo sentido para su plasmación en la práctica. Nunca debemos mentir o exagerar con propuestas que no estemos en capacidad, decisión o viabilidad de plasmar. En el Pleno del Estado Mayor Central realizado en 1997, cuando analizábamos la posibilidad de diálogos de paz con la futura administración (Andrés Pastrana Arango) y analizando las dificultades de experiencias anteriores, y ante la imposibilidad de un cese de fuegos bilateral por la soberbia que frente al tema siempre ha caracterizado al Estado, surgió la idea de plantear la desmilitarización de 5 municipios con el fin de crear un escenario por fuera de las contingencias que conlleva conflicto, que garantizara la seguridad de los delegados de ambas partes y pudieran trabajar en un ambiente sosegado y sin altibajos. Se aprobó por unanimidad. Varios la veíamos más como una bandera para agitar el planteamiento y generar la discusión sobre la necesidad de crear un espacio geográfico dentro del territorio colombiano que no estuviera inmerso en los avatares que implica la confrontación. Si a Ernesto Samper le fue imposible desmilitarizar un municipio, La Uribe, mucho menos iban a permitir, los que detentan el poder real, la desmilitarización de 5 municipios. En ese momento apenas cogía fuerza la campaña electoral y no se tenía claro quién podía ser el elegido, las dos opciones más fuertes eran Serpa y Pastrana, ambos al fin y al cabo representantes de los intereses de quienes manejan los hilos del poder real en nuestro país. Al ir a pasar al otro punto del orden del día del Pleno del Estado Mayor Central, el camarada Manuel pidió la palabra para exponer que, al todos estar de acuerdo en la desmilitarización de los 5 municipios, antes de tratar otros temas deberíamos definir cómo sería el manejo de ese espacio, quienes asumirían la representación nuestra en la mesa de diálogo, cómo sería la logística, la seguridad, cuántas unidades y de que Bloques, el aspecto financiero, etc., etc. Fue tan serio y convincente en su argumentación que la sonrisa de escepticismo que algunos teníamos desapareció y nos avocamos en la definición de las líneas gruesas y hasta de los pequeños detalles que deberían tenerse en cuenta en aquella, para ese momento, hipotética zona donde nos dedicaríamos a buscar los senderos que nos llevaran a la paz para Colombia. En estos momentos, fruto de la persistencia de nuestra vocación pacifista y de la tenacidad de cientos de compatriotas agrupados en Colombianas y Colombianos por la Paz, encabezados por la Senadora Piedad Córdoba, se revive la esperanza y se avizora la posibilidad de reiniciar la construcción de los senderos que nos permitan a la gran mayoría de colombianos de marchar hacia la reconciliación y reconstrucción de nuestra patria que lleve implícito la eliminación definitiva del uso de la violencia como instrumento de la política para aniquilar el opositor y para la imposición de un modelo de país que solo ha dejado miseria y desolación. Para que fructifique un verdadero proceso de paz hay que generar un ambiente favorable, no contaminado, sin sutilezas venenosas. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance en medio de un ofensiva militar y paramilitar sin precedentes, promovida, asesorada y financiada por intereses ajenos a nuestra nación apoyados en apostatas criollos. El gobierno, fruto de su estrategia direccionada a defender esos intereses que en nada coinciden con los de las grandes mayorías, ha puesto a funcionar toda la maquinaria contaminante para enrarecer el entorno, entre ellas la mediática encaminada a falsear la realidad, distorsionar las iniciativas, magnificar las dificultades y satanizar los impulsores. Para este propósito cuentan con los opinadores de oficio, unos conscientes y pagados, otros imbuidos en su sectarismo o frustración que ante la imposibilidad de la réplica deforman y acomodan los hechos y en especial las propuestas y planteamientos nuestros, la mayor de la veces ridiculizándolos y caricaturizándolos, no dejando de faltar los “cantos de sirena” orientados a que lo abandonemos todo a cambio de incluirnos dentro de un sistema del cual nos salimos para combatirlo por injusto, corrupto y antipatriótico. Remarcamos con mucha fuerza que la propuesta de las FARC-EP para buscar una salida política al conflicto social y armado en que está inmerso el país, es seria, profundamente meditada y analizada, surgida de la razón de ser de la insurgencia y elaborada a partir de las realidades concretas del país, que requiere ser enriquecida y complementada por todos aquellos sectores de la sociedad colombiana que están convencidos que la solución al conflicto colombiano no debe ser el de la confrontación militar. Ese aporte debe ir encaminado a la construcción de las bases para un modelo de país que por su sola implementación deje sin razón de ser la utilización de las armas para defender un proyecto político 86.

3-6-2009, Comunicado de Alfonso Cano con motivo se los 45 años de las FARC: Camaradas: al celebrar 45 años de resistencia a la agresión oligárquica y al mismo tiempo de lucha de las FARC-EP por el poder político que construya democracia con justicia social y soberanía en marcha hacia el socialismo, les hago llegar mi saludo bolivariano colmado del optimismo y confianza en el triunfo. La heroica resistencia que desarrollamos desde el primer día en Marquetalia nos ha permitido forjar una organización sólida, definida en su concepción revolucionaria, seria, capaz de enfrentar las innumerables ofensivas de la reacción militarista y salir de ellas fortalecidos y más comprometidos, convencidos que ante la violencia, corrupción, indignidad y ausencia de escrúpulos de la clase dominante colombiana el alzamiento armado popular es la opción legítima. Nuestros persistentes esfuerzos por encontrar salidas políticas benéficas para el conjunto de la sociedad y, en primer lugar, para el pueblo colombiano, han sido burlados sistemáticamente por esta oligarquía sanguinaria y rapaz que solo ha pretendido doblegar nuestra voluntad y decisión de lucha sin haber considerado jamás la posibilidad real de acordar salidas de fondo a los grandes problemas del país. A pesar de ello, continuaremos luchando en el espíritu y la visión de Manuel y Jacobo, por forjar espacios de encuentro con todos quienes como nosotros, estén profundamente convencidos de lo trascendente que será construir escenarios civilizados de diálogos cimentados en el mutuo respeto, en la perspectiva de la convivencia democrática de nuestra sociedad. Al orden del día se encuentra el canje de prisioneros de guerra, al que se opone el Presidente Uribe con variados sofismas, como expresión de su ciega estrategia fascista y totalitaria de Paz Romana, que derrotaremos entre todos los que consideramos viables las soluciones políticas a los problemas estructurales del país. Su intransigencia y falta de grandeza, tan aplaudida por los militaristas de todos los matices, lo lleva a atravesarse en caprichosa y berrinchosa actitud, a la liberación unilateral del cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, mientras que en los centenares de combates que diariamente se dan por todo el país, aumentan los riesgos para los prisioneros y, caen presos más militares, a quienes quisieran olvidar para no reconocer la existencia del grave conflicto social y armado que sufre nuestro país. Reafirmando los principios revolucionarios que sustentan la concepción y la práctica de las FARC-EP desde hace 45 años, así como nuestra decisión de llegar hasta las últimas consecuencias por la patria democrática, justa y soberana que luchamos saludo cálidamente en este aniversario a mis camaradas del Secretariado, del Estado Mayor Central, a los Estados Mayores de los Bloques y frentes, a los integrantes de los Comandos Conjuntos, comandos de columnas, redes urbanas y compañías, a todos los mandos y a la guerrillerada, a los milicianos, a los militantes del PC3, a todo el Movimiento Bolivariano, a nuestros amigos y apoyos y los aliento a perseverar e incrementar esfuerzos y creatividad en la lucha diaria, en las trincheras, trochas y veredas, en las cárceles, en las universidades y colegios, en los sindicatos y en las fábricas, en las barriadas populares y en los cabildos indígenas, en las distintas reuniones dentro y fuera del país, con gobiernos amigos o con organizaciones y movimientos políticos, en las asambleas, en las movilizaciones populares reivindicativas, en los tropeles, en lo alto de las cordilleras, en las zonas costeras o en las inclementes llanuras de nuestra geografía patria, en el puesto de guardia o en la rancha, en el aula de estudio o en la dureza del orden abierto, en la convalecencia de una malaria o en la recuperación de alguna herida, en el patio de formación o en la tensionante espera de una emboscada, en las exploraciones y descubiertas o en el cruce de nuestros caudalosos ríos, en el rigor y la transparencia de una reunión de célula o en la intensidad del combate, en todo momento y ante cualquier situación, allí donde la lucha nos haya ubicado y en la responsabilidad que nos haya correspondido, los aliento a actuar con la entereza, el carácter y la responsabilidad que lo hicieron Manuel, Jacobo, Raúl, Nariño, Iván y todos aquellos que dieron lo mejor de sí por una Colombia Socialista. Evocar a Simón, Iván Vargas, Sonia y todos los guerrilleros presos en el territorio nacional, como ejemplo de templanza revolucionaria, aún en las más adversas circunstancias. Tanta propaganda oficial contra nosotros, tan intensa lucha ideológica por desvirtuar nuestra conducta es solo resultado del odio y el miedo que profesa la oligarquía a los intereses populares que representamos y, su plena conciencia, que las FARC-EP somos la verdadera alternativa revolucionaria. Porque hoy, más que nunca: “ Manuel vive!”. Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el socialismo! Hemos jurado vencer y venceremos! Revolucionariamente, Alfonso 87.

29-6-2009, FARC no se opone a presencia de Cruz Roja, ni de la Iglesia para liberación del cabo Moncayo. En carta a padre del soldado, Josué Daniel Calvo Núñez, quién también sería liberado. Con la presencia de Colombianas y Colombianos por la paz y la Senadora Córdoba. “Queremos liberarlo garantizando que en el camino a su libertad no tenga dificultades ni se le presenten situaciones que luego tengamos que lamentar. No es nuestra política retener soldados, agentes de policía o infantes de marina y agregarlos a la propuesta de canje pues en ese sentido solo consideramos a quienes ejercen funciones de mando. Pero, por los imponderables de la guerra su hijo está prisionero en nuestros campamentos. Queremos liberarlo garantizando que en el camino a su libertad no tenga dificultades ni se le presenten situaciones que luego tengamos que lamentar. Por eso le estamos solicitando a Colombianas y Colombianos por la paz y a la Senadora Córdoba que lo reciban en la misma oportunidad en que vengan a recibir al cabo Moncayo. No nos oponemos si el gobierno nacional considera que el CICR y la Conferencia Episcopal también estén presentes, pero la entrega se hará personalmente a los compatriotas mencionados” 88.

29-6-2009, Carta abierta a los familiares del soldado Josué Daniel Calvo Núñez y a Colombianos por la Paz: Señor Luis Alberto Calvo Marín, Le hacemos llegar nuestro cordial saludo. Siendo evidente que este gobierno tiene muy malas costumbres tales como esconder y negar sus bajas reales en la confrontación y dar la espalda a sus servidores cuando caen en desgracia, queremos informarles a través de esta comunicación pública, que su hijo, el soldado profesional Josué Daniel Calvo Sánchez, fue capturado por guerrilleros de las FARC-EP y atendido por unidades médicas nuestras, luego que fuera herido en combate y abandonado por sus jefes tras los enfrentamientos sucedidos el pasado 20 de abril, en el sitio El Encanto, de Vista Hermosa (Meta)… Para hacer más evidente nuestra voluntad de lograr un acuerdo y como reconocimiento al esfuerzo humanitario de Colombianos y Colombianas por la Paz, hemos liberado unilateralmente, sin ninguna contraprestación, a varios de los retenidos. Y como es de público conocimiento la conducta del gobierno ante esta actitud de la guerrilla, ha sido la de sabotear o la de atacar las unidades nuestras encargadas de la entrega de los prisioneros. La soberbia oficial pretende aplastar al sentimiento humanitario. Como es de público conocimiento, hemos decidido liberar sin contraprestación de ninguna índole al cabo Pablo Emilio Moncayo, reiterando de esta manera nuestra voluntad de avanzar en el canje y así lo anunciamos el pasado 16 de abril. Para evitar las acostumbradas provocaciones oficiales y considerando la sensatez y seriedad que han demostrado en este tipo de gestiones le hemos solicitado a Colombianos y colombianas por la Paz en cabeza de la Senadora Piedad Córdoba, que ellos y el señor Gustavo Moncayo, se hagan presentes y reciban al cabo personalmente, como garantía del éxito en la liberación. Señor Luis Alberto: no es nuestra política retener soldados, agentes de policía o infantes de marina y agregarlos a la propuesta de canje pues en ese sentido solo consideramos a quienes ejercen funciones de mando. Pero, por los imponderables de la guerra su hijo está prisionero en nuestros campamentos. Queremos liberarlo garantizando que en el camino a su libertad no tenga dificultades ni se le presenten situaciones que luego tengamos que lamentar. Por eso le estamos solicitando a Colombianas y Colombianos por la paz y a la Senadora Córdoba que lo reciban en la misma oportunidad en que vengan a recibir al cabo Moncayo. No nos oponemos si el gobierno nacional considera que el CICR y la Conferencia Episcopal también estén presentes, pero la entrega se hará personalmente a los compatriotas mencionados. La gran mentira de Uribe es que está terminando el conflicto, falsedad que desmiente él mismo al proponer un mayor presupuesto para los gastos militares y un aumento del impuesto de guerra. Lo que ha logrado efectivamente este gobierno es aumentar las seguridades y privilegios de los ricos, mientras que quienes poco o nada tienen sufren más por la falta de empleo, salud, vivienda, educación, bienestar, seguridad y democracia real… No hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista! De usted, atentamente, Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP 89.

19-7-2009, En misiva a Piedad Córdoba, las FARC dicen: Recibimos con expectativa la autorización que le otorgó el gobierno para, llegado el momento del canje, recepcionar los militares y policías que mantenemos en condición de prisioneros de guerra. Es el pleno reconocimiento oficial a la seriedad de sus gestiones humanitarias. Si el Presidente, públicamente, la facultó para desarrollar esa trascendente misión en compañía de la iglesia y el CICR, seguramente muy pronto nos hará conocer una propuesta acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, sus delegados y los nuestros, van a poder precisar los términos de un acuerdo de canje que permita la liberación de los prisioneros de guerra del Estado y de la guerrilla. Mientras se produce ese pronunciamiento presidencial podemos organizar para que reciba al cabo Pablo Emilio Moncayo, al soldado profesional Josué Daniel Calvo Sánchez y los restos del capitán Guevara, tal como lo comunicamos en misivas a colombianas y colombianos por la paz el 16 y 26 de abril y el 25 de junio pasados. Con sentimientos de consideración y respeto, Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP 90.

22-7-2009, Las FARC no son el problema de Colombia... son parte de la solución. Es la visión de un guerrillero “fariano” que vive en carne propia el conflicto social y armado colombiano. Nada de lo que pasa en Colombia está desencadenado de una realidad objetiva. Es, sin duda el epicentro generador de los fenómenos que pueden ser previsibles para el futuro. Las FARC son parte consciente del problema nacional, y con una férrea fortaleza y con una capacidad de asimilación a cualquiera de las etapas de la guerra política o militar. Identificar las verdaderas raíces del problema, sería aún menos costoso, de lo que gobiernos han planeado en su inversión. Los paquetes aprobados para hacer la guerra, se hubieran colocado en inversión social, en dirección a resolver el problema social, bien aplicado, estaríamos en otras condiciones y sin el espacio cierto y abonado para la confrontación militar. Porque así se baja la temperatura para la confrontación. Los inspiradores de programas estratégicos ambiciosos, saben la importancia geoestratégica y lo que representan al futuro los valores de los recursos naturales estratégicos del continente; que los países aún le quedan en reserva. Necesitan posibles motivos o razones para intervenir en los países, por la acción o la intervención. No permitir la soberanía absoluta, de la patria sobre sus bienes. La estrategia contra las FARC hace parte de una medida contra el continente y en dirección a la dominación de recursos, que los países tienen en sus reservas naturales. Como blanco principal, preparan los programas militares, entrenan fuerzas, se rearman, hacen la consolidación y dar el zarpazo cuando menos se espera. El zarpazo, es donde les pueda producir abundante riqueza. La nueva Colombia es lo que queremos, con paz y con justicia social 91.

25-7-2009, Secretariado del Estado Mayor Central: 1. La autorización presidencial para instalar 5 nuevas bases militares estadounidenses en territorio colombiano es un acto de alta traición a la patria, una afrenta a la dignidad nacional y a la memoria de todos los mártires del ejército libertador de Bolívar que entregaron su vida luchando contra el yugo del imperio colonial y por la independencia. 2. Luego del rotundo fracaso del Plan Colombia y del acrecentado sentimiento anticolonial que recorre a Latinoamérica, no hay duda que esta nueva etapa de la invasión gringa tiene como objetivo principal a la insurgencia revolucionaria, a tiempo que se constituye en cabeza de puente de una guerra, dirigida desde Washington, contra gobiernos, países y pueblos hermanos que luchan consecuentemente por un desarrollo soberano y por la integración latinoamericana. 3. Los anuncios sobre el escalamiento de la invasión norteamericana a Colombia se hacen en medio de nuevos escándalos de corrupción practicados por la pandilla uribista desde el Palacio de Nariño, corruptelas que avergüenzan al país ante el mundo y que llenarán de rabia e indignidad a las futuras generaciones por el ánimo sanguinario, el cinismo, la avaricia y la impudicia que caracterizan a la mafia que hoy gobierna al país. 4. Como nueva cortina de humo y buscando agredir al señor Presidente del Ecuador Rafael Correa, Washington y Bogotá manipularon un video de las FARC sacando de su contexto el documento. Tajantemente negamos haber entregado dinero a ninguna campaña electoral de ningún país vecino. 5. Nuestra decisión de lucha por una paz democrática y por la nueva Colombia, está más alta que nunca. El pueblo de Colombia y de toda Latinoamérica y el Caribe sabrá responder, como lo evidencia nuestra historia, ante esta nueva agresión del imperio del norte y de sus cipayos. Secretariado del EMC FARC – EP, Montañas de Colombia, julio 25 del 2009 92.

28-7-2009, Carta abierta a Colombianas y Colombianos por la Paz, a los partidos y movimientos de oposición democrática, al movimiento social, a las centrales de trabajadores, al campesinado, al estudiantado, a los indígenas, a los afro descendientes, a las minorías étnicas, periodistas, militares patriotas y desplazados: A partir de la llegada al gobierno de Alvaro Uribe Vélez, en Colombia surgió una nueva derecha, neoliberal y antidemocrática que pretende perpetuarse en el poder, se presenta sin careta y esgrime abiertamente sus propósitos de gobernar para los más ricos sin esconder sus intenciones anti populares de arrebatar y desmontar una a una, todas las conquistas sociales alcanzadas por la clase obrera y los trabajadores a lo largo de históricas jornadas de lucha... No vacila en recurrir a métodos gansteriles… con el pensamiento retardatario… de gobernar exclusivamente a favor de una élite del capital financiero, del nuevo gamonalismo castrense y paramilitar, los terratenientes, el sector monopolístico de la producción y el capital extranjero, otorgándoles toda clase de beneficios y gabelas, a costa de recortar y afectar los derechos e intereses de los trabajadores, consolidar la contrarreforma agraria alcanzada a sangre y fuego por el paramilitarismo estatal y mafioso, al precio de centenares de masacres y el desplazamiento forzado de cerca de 4 millones de campesinos pobres, legalizar los dineros de la mafia y empotrar en Colombia un régimen autoritario perdurable y de sesgo fascista. Características principales de esta nueva derecha la constituyen: 1) El monopolio mediático y manipulador de la información, su militarismo desmedido y su afán por hacer de Colombia un Estado Policial, que lleva registro detallado y minucioso de la vida privada de cada colombiano incluyendo a jueces y Magistrados. 2) Su antisocial y profundamente anti popular política neoliberal y su menosprecio por las reivindicaciones y necesidades de la gente humilde, excusada en la misma concepción que esgrimía Mussolini en sus peroratas fascistas: “El pueblo no necesita mantequilla sino cañones”. 3) Su condición de genuflexo y su entrega sistemática a los intereses del Imperio, manifiesta en su alineamiento total con los actos de la política exterior agresiva de EUA y en su afán por cumplir en América el papel que Israel, como Estado terrorista, cumple en la geopolítica del Medio Oriente. 4) El desconocimiento de los más elementales derechos de sus opositores, a quienes califica de “terroristas” de civil o de aliados de los “terroristas”, pues según la “inteligencia” oficial, todos los movimientos sociales estarían penetrados por la guerrilla. 5) Su comprobada alianza con el paramilitarismo y la mafia en todos los niveles, el desconocimiento metódico de las reglas del juego y de la Constitución que juró defender, el chantaje a las Cortes y al Congreso, el empleo del servicio diplomático para pagar favores políticos y blindar delincuentes y paramilitares amigos suyos, así como su marcado autoritarismo, aunado a sus pretensiones mesiánicas, vengativas, personalistas y abusivas del poder, son otras de sus características. La democracia “a la colombiana” siempre ha sido más que “restringida” y oligárquica, en razón de su rígido presidencialismo y del excluyente bipartidismo que aún la caracterizan. Aquí jamás ha habido democracia real sino un remedo de la misma, en la que ha sido decisivo el empleo de la guerra sucia y el peso político de la voluntad del Ejecutivo, siendo esto lo que ha impedido en buena parte, que aparezcan y se consoliden fuerzas políticas alternativas de masas y una oposición. No es mera casualidad que con Uribe haya llegado a la presidencia de la República el Opus Dei, el sector más reaccionario de la iglesia. Este gobierno convirtió su mandato en descarado directorio político de su campaña reeleccionista y avanza a reimplantar en el Congreso una ley de inmunidad que asegure la impunidad para él y para todos sus compinches. Sin siquiera esperar la aprobación de la Ley que le permita su segunda reelección, lo vemos lanzado en campaña por un tercer mandato, apelando a los métodos gansteriles de espionaje político a sus opositores y utilizando todos los recursos estatales de que dispone. No hay duda alguna, en los próximos comicios presidenciales, el Estado fungirá de Gran elector… En el Referendo rechazado por el pueblo en el primer gobierno de Uribe, se incluía la eliminación de la Corte Constitucional y se sugería una justicia militar con jurisdicción para juzgar a civiles a través del Estatuto Antiterrorista, que a pesar de haber sido derogado por la Corte Constitucional, se aplica diariamente en Colombia en las llamadas zonas de orden público, donde se realizan empadronamientos, se despliegan razzias contra la población civil y se recurre al racionamiento de alimentos y de medicinas indispensables de modo arbitrario y abiertamente anticonstitucional. ¿Qué norma constitucional autoriza al ejército a racionar la compra de alimentos y a colocar calcomanías invitando a la deserción en todas y cada una de las facturas de remesa que compran los campesinos, como si todos ellos fueran guerrilleros? … En el curso de estos años, el país supo que las oficinas de inteligencia del Estado (DAS) le fueron entregadas al paramilitarismo. Allí se elaboraron listas de sindicalistas, académicos y activistas sociales a quienes los sicarios debían asesinar y que efectivamente fueron asesinados, llegando a alcanzar el triste récord de ser Colombia el país donde más sindicalistas se asesina. Truculencias, sobornos y cohecho para hacerse reelegir, masacres y crímenes de lesa humanidad disfrazados de “falsos positivos”, espionaje político sistemático a Magistrados, líderes de oposición, cívicos y sindicales, a jueces, periodistas y a gente del común, que disfrazó como chuzadas, despojo violento de 6 millones de hectáreas de tierras a millones de campesinos mediante terror paramilitar y desplazamiento forzado que disfrazó de “migración voluntaria”, y como en vez de paz, lo que tenemos es más miseria y más terror oficial, ahora dice que “la culebra sigue viva” y necesita otros 4 años para consolidar su régimen policíaco, militarizar más y más el país y perpetuar su dictadura. La Colombia gobernada por Uribe es el único país del mundo donde se comprueba que 85 parlamentarios oficialistas son paramilitares y no pasa nada. Simplemente reducen el problema a unos procesos penales corrientes que culminan con benignas condenas sin mayores consecuencias políticas… Es necesario desenmascarar el engaño: detrás de la lucha contra el llamado “terrorismo”, se encuentra agazapado el propósito de montar una cerrada democracia autoritaria a lo Fujimori. Y la “guerra total contra el terrorismo” no es más que el camino para su realización… Hay muchos que piensan, algunos desde posiciones revolucionarias y seguramente con sinceridad, que si no fuera por la existencia de las guerrillas, Colombia estaría recorriendo un camino alfombrado rumbo a la más “profunda” democracia. No los descalificamos, pero los invitamos a reflexionar: ¿Será esta una conclusión objetiva sacada del estudio de nuestra historia política? ¿No es esto desconocer el modus operandi de la oligarquía colombiana a través de toda la vida republicana? ¿Acaso se piensa que las guerrillas en Colombia surgieron por generación espontánea? ¿Acaso no conocemos y conoce el pueblo colombiano a los promotores de la política de sangre y fuego con la que se inauguró la Violencia de la que aún no hemos salido y fue la causa del origen de las guerrillas? ¿No está demostrado hasta la saciedad que el paramilitarismo es una estrategia de la oligarquía para desarrollar la guerra sucia contra el pueblo y esconder su mano criminal? ¿O será que vamos a creer el cuento sacado de la mochila paisa del “sociólogo” Alvaro Uribe, de que aquí no hay conflicto armado sino la agresión de unos terroristas contra la “democracia profunda” que él dirige, porque los revolucionarios dizque ya no defienden ideales sino que son narcotraficantes? Colombia necesita encontrar los caminos que conduzcan a poner fin a esta guerra entre hermanos, senderos de reconciliación que nos lleven a Acuerdos de Paz. Los integrantes de las FARC-EP hemos luchado y continuaremos haciéndolo … por alcanzar acuerdos que ayuden a construir una patria en la que quepamos todos. Jamás hemos proclamado el principio de la guerra total ni de la guerra por la guerra ya que nuestros objetivos son los de lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia, que tengan en cuenta los intereses de las mayorías nacionales y de los sectores populares y por desmontar un régimen político criminal, oligárquico, oprobioso, corrupto, excluyente e injusto como está consignado en nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia… Le aseguramos a todos quienes llaman a la claudicación, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz “gatopardista” donde la minoría oligárquica continúe acaparando todas las riquezas, mientras las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos. No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años. El próximo acuerdo de paz que se alcance en Colombia no puede ser como el firmado en Santo Domingo, que es el mejor ejemplo de cómo no se llega a la paz. Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social? … Es pertinente debatir el papel de las organizaciones democráticas en la solución del conflicto social y en unas eventuales conversaciones de paz, para impedir el engañoso sofisma de que solo las organizaciones de los ricos representan a la “sociedad civil” y a la clase obrera la representa Angelino Garzón 93. Llamamos a todos los patriotas y demócratas de Colombia, a intercambiar sobre estos temas para impedir el establecimiento perpetuo de una dictadura o un gobierno totalitario y despótico. Los invitamos a trabajar por un Gran Acuerdo Nacional de Paz, a construir una alternativa política que privilegie la paz, convoque al diálogo, instrumente una tregua bilateral y proceda a suspender de inmediato la presencia de tropas estadounidenses en nuestro territorio. Que una vez alcanzados los acuerdos con el protagonismo de las organizaciones sociales y políticas, convoque una Asamblea Nacional Constituyente que refrende lo acordado. Impidamos … que la guerra sea el Modus Vivendi de nuestra sociedad, solo por la intransigencia oligárquica de impedir a toda costa que en Colombia haya cambios estructurales que beneficien a las mayorías nacionales y de perpetuar un régimen político que todos sabemos es injusto, inmoral y antidemocrático. Secretariado del EMC. FARC-EP. Montañas de Colombia, julio del 2009 94.

14-8-2009, Las FARC anunciaron el 13-8-2009 que están dispuestas a iniciar una negociación de paz, aun si el Presidente colombiano, Alvaro Uribe, es reelegido: “Una salida civilizada del conflicto no puede depender de la voluntad de una persona por poderosa que sea. Así que, independientemente de quien ocupe la presidencia, persistiremos en buscar salidas políticas al conflicto”. Cano condicionó la negociación a la existencia de “garantías” y de “tolerancia”. “Lo esencial son las concepciones políticas y los intereses que represente la persona que asuma en el próximo período. Si sus convicciones están inundadas de violencia, guerra, venganza y autoritarismo, la confrontación persistirá [...]. Si existe una visión democrática [...], la perspectiva será alentadora. Hay que hablar, dialogar y ello significa espacio, garantías, medio ambiente, grandeza, tolerancia, voluntad y decisión”. Cano aclaró que “no hemos entregado ni armas ni dinero a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la campaña de [...] Rafael Correa, al que ni siquiera conocemos? Uribe acudió al terror mediático para insinuar que el gobierno de Venezuela nos facilitó unos lanzacohetes que habíamos capturado hace mucho en un enfrentamiento militar en la frontera. Ni los pueblos ni los gobiernos del mundo son tan tontos como piensan en el Pentágono y en la Casa de Nariño. Sencillamente se trata de cocinar las condiciones para justificar la entrega de la soberanía nacional de Colombia a Washington, reconociendo que le quedó grande la pelea contra las FARC” 95.

2-9-2009, Como organización política-militar amparada por el derecho universal que legitima la rebelión armada contra regímenes oprobiosos y tiránicos, nos dirigimos a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y a la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, ALBA, con la esperanza de participarles nuestro punto de vista en torno a la tensión generada por la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Colombia padece el más cruento y prologado conflicto interno de la historia de Nuestra América, pero por razones de una enrevesada estrategia, el Presidente Uribe niega su existencia. El gobierno de Colombia es el primer receptor de ayuda militar norteamericana en el hemisferio. Tiene el ejército más numeroso de América Latina (500 mil hombres). El 6.5% del PIB es para la guerra. Oficiales del Comando Sur del ejército de Estados Unidos conducen en el terreno las operaciones del Plan Patriota contra la insurgencia y la población civil. Más de 10 mil millones de dólares ha invertido la Casa Blanca en la ejecución del Plan Colombia… En estas circunstancias resulta absolutamente sofismático y contradictorio aferrarse a la absurda subjetividad de la inexistencia del conflicto. El origen de las rencillas de Uribe contra los países vecinos es que sus Presidentes se han negado a involucrarse en el conflicto interno de Colombia. Por eso introduce elementos que amenazan la estabilidad de la región como la peregrina tesis de la extraterritorialidad de la política de seguridad democrática, que es la nueva denominación que Washington ha conferido a su vieja como nefasta Doctrina de Seguridad Nacional. Los siete puñales clavados en el corazón a los que alude el comandante Fidel Castro, pueden ser más, si se tiene en cuenta que la base aérea de Tres Esquinas (sur de Colombia) es, desde hace algún tiempo, otra base militar yanqui encubierta, sospechosamente ubicada donde comienza la Amazonía. La tecnología militar de punta del “monstruo del norte” no solamente alinea sus miras contra la inconformidad popular y la insurgencia bolivariana; apuntan también, con deseo irrefrenable de expolio, a la faja petrolera del Orinoco, a la biodiversidad de la Amazonía y al acuífero guaraní. Pero en general, sus miras están enfocadas al predominio hemisférico de lo que considera despectivamente su patio trasero. Sin duda Uribe ya está sentenciado y condenado por los pueblos y por la historia por alta traición a la patria latinoamericana. En la historia futura quedará inscrito su nombre como un triste peón colonial. La instalación masiva de bases militares móviles de Estados Unidos en el norte de Sudamérica constituye la más seria amenaza para la paz y la unidad del continente, pero es al mismo tiempo el reconocimiento de la derrota del Plan Colombia, premonición del epílogo futuro de su nuevo empeño guerrerista contra Nuestra América. El prefijo “narco” endilgado a la guerrilla y ahora a algunos Estados, es un pretexto para la agresión, como lo fue en el pasado el comunismo. Han revivido a McCarthy para demonizar las opciones de sociedad, siempre presentes en el anhelo colectivo de los pueblos, y con el mismo propósito utilizan el adjetivo “terrorista”. Las FARC no somos terroristas sino revolucionarios. En Colombia, el llamado “terrorismo” tiene una historia reciente y curiosa. Durante casi 40 años, las FARC y el ELN fueron considerados como guerrillas “comunistas” y “castristas” respectivamente. Es evidente que estos calificativos constituían un reconocimiento expreso del carácter político de nuestros movimientos que sostuvimos conversaciones y diálogos con diversos gobiernos. Pero llegó el trágico 11 de septiembre, y de repente las guerrillas colombianas sufrieron una kafkiana metamorfosis. De la noche a la mañana dejamos de ser “comunistas” y “castristas”, y nos transformaron en “terroristas”. Todos sabemos que el llamado “terrorismo” es un arma política de la ultra derecha, una categoría por fuera del derecho penal y un elemento esencial de la ideología del imperialismo. El llamado “terrorismo” es una noción política e ideológica introducida por el gobierno de Bush, que sirve para designar y para satanizar a los que no se someten a la política imperial, a la de sus caínes, o de sus testaferros. Es por ello que sólo son calificados de “terroristas” los que luchan contra el poder; pero jamás lo serán, los que están en el poder. Con esa lógica, todo movimiento o país que se oponga a la dominación del imperio es, o será calificado más adelante de “terrorista”. Las FARC apoyan resueltamente las bases de paz que el gobierno de Venezuela ha conformando en su territorio para oponerlas a las bases de agresión yanqui en Colombia. Nos gustaría verlas florecer en todos los puntos cardinales del hemisferio como símbolo de resistencia y dignidad de los pueblos. Que inútil es la guerra de Obama y la de su lacayo Uribe contra Nuestra América, la de Bolívar y nuestros héroes nacionales, que a 200 años del grito de independencia regresan con un ejército de pueblos a materializar sus sueños. Necesitamos la paz de Colombia porque ella es la paz de la región. Que nadie acepte los pretextos inventados por los guerreristas. La supuesta intromisión de Venezuela y Ecuador en los asuntos internos de Colombia, que tanto propalan sus campañas mediáticas, son una densa cortina de humo para tapar la verdadera y abrumadora intromisión de Estados Unidos, Inglaterra, Israel y España en el conflicto colombiano. Nuestro objetivo estratégico fundamental es la paz. Lo asumimos con las mismas palabras del Libertador Simón Bolívar: “la insurrección se anuncia con el espíritu de paz. Se resiste al despotismo porque éste destruye la paz, y no toma las armas sino para obligar a sus enemigos a la paz”. Pedimos a UNASUR y a los países del ALBA incluir en su agenda de trabajo la solución política del conflicto colombiano como preocupación permanente de los Estados latinoamericanos. Con un Uribe imbuido en el frenesí de la guerra y envalentonado con las bases norteamericanas, no habrá paz en Colombia ni estabilidad en la región. Si no se frena el guerrerismo -ahora repotenciado-, se incrementará en proporción dantesca el drama humanitario de Colombia. Es hora que Nuestra América y el mundo vuelvan sus ojos sobre este país violentado desde el poder. No se puede condenar eternamente a Colombia a ser el país de los “falsos positivos”, del asesinato de millares de civiles no combatientes por la Fuerza Pública, de las fosas comunes, del despojo de tierras, del desplazamiento forzoso de millones de campesinos, de las detenciones masivas de ciudadanos, de la tiranía y de la impunidad de los victimarios amparados en el Estado. Las FARC son de hecho, fuerza beligerante. Solicitamos a UNASUR y al ALBA otorgar a las FARC dicho status como decisión encaminada a facilitar la paz de Colombia. Sería el comienzo de la marcha hacia la paz. El acuerdo de canje de prisioneros de guerra en poder de las partes contendientes es una buena manera de echar a andar el proceso. En el pasado liberamos, sin obtener ninguna reciprocidad del Estado, a más de 300 prisioneros capturados en combate. Desde hace 4 meses ofrecimos liberar unilateralmente a dos militares prisioneros de guerra, pero el gobierno se ha negado a ofrecer las garantías para que esto sea posible. Estamos dispuestos a retomar la Agenda de Paz del Caguán, a discutir con los voceros del Estado el cambio de las injustas estructuras políticas, económicas y sociales y el fin de los privilegios. Estamos listos para asumir la discusión en torno a la organización del Estado y de la economía, y sobre los lineamientos que han de guiar al nuevo ejército que habrá de surgir de los futuros acuerdo de paz… Queremos reiterar antiguas propuestas de las FARC para cortarle las alas al narcotráfico en el mundo y a los pretextos de los imperios agresores: 1. Considerar en una gran asamblea de naciones la legalización del consumo de las drogas, como en el pasado se hizo con el tabaco y el alcohol. Nada se puede hacer si el gobierno de Estados Unidos no combate a las poderosas mafias norteamericanas de la distribución y si no toma medidas encaminadas a contener el torrentoso flujo de precursores químicos salidos de sus industrias. Simultáneamente con esta determinación se debe desplegar una totalizadora campaña de educación a la juventud contra el daño espiritual y social que causa el consumo de la droga. 2. Sobre el presupuesto de que la narco-producción en los países pobres es un problema social, no erradicable mediante la represión, retomamos la propuesta del comandante Manuel Marulanda Vélez a la Audiencia pública Internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente, realizada en San Vicente del Caguán: adelantar un plan de sustitución de los mencionados cultivos, por otros de consumo alimentario, que siendo similarmente rentables, resulten atrayentes para los campesinos pobres. Pero es necesario acompañar el esfuerzo con un plan de desarrollo financiado por el Estado y la comunidad internacional, que lleve educación, salud, carreteras, servicios públicos, posibilidades de mercadeo de los nuevos productos, a los pobladores de esas regiones remotas y olvidadas. Ni Colombia ni Estados Unidos tienen interés en ello, porque lo único que les importa es mantener vivo el pretexto para la intervención. Si la preocupación de Washington por el narcotráfico fuera sincera, ya habría caído el gobierno de Uribe, vinculado de antaño a investigaciones por narcotráfico en Estados Unidos y con el 30 porciento de congresistas de su partido en la cárcel por nexos con el narco-paramilitarismo. El Departamento de Estado sabe que Jorge Noguera, siendo director del DAS (seguridad del Estado), personalmente realizó contactos y abrió las rutas del narcotráfico desde Colombia a Centroamérica, pasando por México y de allí a Estados Unidos, y que el mismo DAS se encargó del ingreso de los dólares desde ese país al aeropuerto El Dorado de Bogotá, lo que generó el cerrado aplauso de los mafiosos y de los capos narco-paramilitares. También activó una ruta desde Santa Marta a países africanos, y desde allí a Europa. En el mundo de la mafia el DAS es conocido como “el cartel de las tres letras”. Estados Unidos maneja el tema del narcotráfico para chantajear a gobernantes dóciles como Uribe y utilizarlos como peones de sus proyecciones geopolíticas. El dictador Uribe está actuando como el Caín de América. Aduce estar pidiendo una colaboración, pero una cosa es la colaboración y otra el vasallaje, una cosa es ser aliado, y otra cosa es ser lacayo. La última cumbre de UNASUR patentizó la enorme soledad y el rechazo que su gobierno despierta en las demás naciones hermanas, debido a su condición de aliado incondicional de Estados Unidos y su desleal papel en contra de los intereses que guían las esperanzas de integración y unidad latinoamericana. Ojalá podamos con el concurso de todos impedir este nuevo ultraje a la dignidad y el decoro de nuestros pueblos, pero si a pesar de todo, nos lo imponen por la fuerza y se consuma la infamia, lucharemos con dignidad y con denuedo, hasta nuestra última gota de sangre para expulsar al invasor extranjero de nuestro suelo patrio. La patria es América, y en esa lucha, nos encontraremos todos, en la certeza de que lo que está en juego es el futuro y la emancipación de nuestro continente, como un conjunto de naciones soberanas e independientes o como neocolonias. Expresamos a UNASUR y a los países del ALBA nuestra disposición a concurrir con una delegación de las FARC, si lo estiman pertinente, a explicar, en un encuentro a definir, nuestros puntos de vista sobre el conflicto y nuestras iniciativas para su superación. Finalmente, les reiteramos la política internacional y de fronteras de las FARC, la cual no considera a los ejércitos de los países vecinos como sus enemigos. El escenario de nuestra confrontación política y militar es Colombia. Todas las fuerzas y los destacamentos militares de los países latinoamericanos pueden tener la certeza que las FARC nunca serán una fuerza de agresión contra ellos. A los gobiernos, a los ejércitos de los países vecinos, a sus pueblos, les reiteramos nuestra invariable hermandad. Reciban nuestro saludo cordial. Compatriotas, Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, septiembre 2 de 2009 96.

18-9-2009, En relación con la propuesta de liberar unilateralmente prisioneros por parte de las FARC, estas comentaron que el único intransigente a este gesto unilateral es Uribe Vélez. De acuerdo a lo manifestado por la Senadora Piedad Córdoba, ella está presta a liderar esta empresa humanitaria con el acompañamiento del CICR y la Iglesia. Las FARC, que no recibe prisioneros suyos a cambio, es cuidadosa con la seguridad de sus hombres, las de los prisioneros mismos y de los garantes presentes en el acto de liberación. Los pueblos y sus organizaciones populares no pueden ni deben confiar a ciegas en organismos o instituciones que reciben certificación y financiamiento de gobiernos, bancos, fondos y multinacionales de corte neoliberal. El ex Presidente Samper acierta cuando afirma, “Llevamos en esto seis años y durante estos seis años, ninguno de los que hemos participado como facilitadores, incluida la Iglesia, ha tenido la menor posibilidad de contacto con las FARC”. Por todo lo anterior, se puede deducir la inmensa importancia de la señora Córdoba en esta intermediación de las FARC con el Gobierno 97.

22-9-2009, Comunicado de las FARC: Restituida la Senadora Piedad Córdoba en sus funciones humanitarias, reiteramos: 1. Que el cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado profesional José Daniel Calvo, prisioneros de guerra, serán liberados unilateralmente por las FARC, tal como fue anunciado a comienzos de año. Los mencionados militares serán entregados personalmente a la Senadora Piedad Córdoba como representante de Colombianos Por la Paz, garante de transparencia en estas liberaciones y en la entrega de los restos del mayor Guevara. Saludamos la vinculación de la Conferencia Episcopal, el CICR, el profesor Moncayo y la señora Emperatriz de Guevara, a esta misión humanitaria. 2. Deploramos la innecesaria indolencia y la crueldad presidencial que prolongó por cinco meses más el cautiverio de los mencionados militares, así como su precaria sensibilidad frente al drama que afrontan los prisioneros de las dos partes. Trabas, ingratitud y olvido gubernamental, como dice Moncayo, es lo que ha prevalecido. 3. Con este gesto de liberación unilateral reafirmamos nuestra voluntad para avanzar en el proceso de canje que facilite la libertad de todos los prisioneros de guerra, tanto de la guerrilla como del Estado. Nos asiste la certeza que un acuerdo de canje generaría condiciones favorables para abordar la solución política del conflicto que claman las mayorías nacionales. 4. Ante las vicisitudes que rodearon la pasada liberación de militares y policías en el Caquetá, en cuyo desarrollo el ejército asesinó a un guerrillero y desapareció a otro, es imperativo precisar las garantías oficiales y protocolos para esta nueva liberación, los cuales deben ser claros y públicos. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Montañas de Colombia, septiembre 22 del 2009 98.

8-10-2009, Las FARC, se declararon 8-10-2009 a la espera de que el gobierno de Colombia haga manifestación pública de las garantías y protocolos que rodearán la liberación unilateral del Cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo y del soldado profesional José Daniel Calvo, para agilizar la concreción de esta determinación. Iván Márquez, integrante del Secretariado de esa organización aseguró que “una vez sean definidas por el gobierno esas garantías, se procederá a la liberación de los dos prisioneros de guerra, los cuales serán entregados a una comisión humanitaria encabezada por la Senadora Piedad Córdoba en representación de Colombianos y Colombianas por la Paz. La misión humanitaria tendrá el acompañamiento del CICR y del episcopado colombiano”. Aseveró que “las FARC confían en que este gesto unilateral de su parte, genere el clima favorable que permita avanzar hacia un proceso de canje de prisioneros de guerra en poder de las partes contendientes. Luego de haber liberado unilateralmente a más de 300 prisioneros capturados en combate, las FARC aspiran, mediante acuerdo, a que sean liberados unos 500 guerrilleros presos en las cárceles del régimen. Por su parte las FARC dejarían en libertad una veintena de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que aún permanecen cautivos en las montañas”. En comunicado del 22-9-2009 las FARC habían anunciado su disposición a explorar soluciones políticas al prolongado conflicto interno que vive Colombia, lo cual fue ratificado por Márquez 99.

1-11-2009, La noticia sobre la instalación de por lo menos siete bases militares de EUA ha suscitado la preocupación de los países latinoamericanos, al punto que diversos gobiernos solicitaron la convocatoria del Consejo de Defensa de UNASUR para que el Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, explique los alcances del llamado “acuerdo de cooperación militar con EUA.” A tal convocatoria, el gobierno Uribe respondió con negativas y no acudió a la reunión del 10-8-2009 realizada en Ecuador. Nótese que no se trata, de ninguna manera, de una situación improvisada o suscitada por los odios viscerales de Uribe frente a la insurgencia y el proyecto bolivariano solamente, sino el desenvolvimiento de una estrategia, la del imperio EUA, que viene de muy atrás y tiene como sus más recientes y nefastos antecedentes la realización de los Planes Colombia y el Patriota, entre otros. Desde el año 2000, las FARC habían advertido a los países de América Latina sobre que el Plan Colombia no era otra cosa que una punta de lanza del imperio para, desde Colombia, tomar al continente. No obstante, el análisis del plan Colombia como factor de peligro para la región solamente figuró como simple preocupación retórica en los discursos de los países sudamericanos que ya se reunían buscando la senda de la coordinación en espacios del tipo UNASUR. Quizás una de las declaraciones más fuertes, pero que no pasó a mayores fue la del Canciller brasileño Luis Felipe Lampreia, quien expresó que: “El conflicto en Colombia es la más seria amenaza a la seguridad nacional brasileña”. Sin embargo, con el tiempo, el gobierno de Lula realizaría acuerdos militares con el gobierno de Uribe, incluyendo entre sus objetivos ofensivos a las FARC, involucrándose en el conflicto interno de Colombia, en momentos en que se esperaba de su participación en una solución de paz. Ahora lo que ocurre es, de alguna manera, su colocación en el engranaje militarista que Colombia propulsa como agente de Washington. Tras la retirada del Comando Sur de territorio panameño, la preocupación de EUA se centró especialmente en concretar construcciones de control como la Base de Manta, o en intervenciones como el Plan Colombia, con participación directa norteamericana. En el contexto de este plan, el imperio invirtió más de 10 mil millones de dólares que en mucho terminaron financiando a los protagonistas victimarios de los crímenes contra la población inerme, que significan los llamados “falsos positivos”, las desapariciones forzadas, las masacres innúmeras, los desplazamientos de millones de inocentes... Estados Unidos, colocando a Colombia como el tercer receptor mundial de su gasto belicista, se va mostrando ante el mundo como causante principal de su tragedia humanitaria, la cual, por persistencia brutal de todos sus gobernantes, incluyendo a Obama, apunta a extenderse sobre todo el continente. Podemos afirmar que cuando un factor de la maquinaria bélica de EUA cede terreno como consecuencia de una u otra circunstancia, incluyendo la presión popular, el gobierno norteamericano asume alternativas que le permitan no solamente no mermar su predominio militar sino fortalecerlo. Así ocurrió en el caso del Comando Sur cuando se desplazó de Panamá, como consecuencia del tratado Carter-Torrijos de 1997; no obstante haber dejado un enorme dispositivo de inteligencia técnica en la embajada del istmo, emplazando la base de Manta, entre otras, y desplegando el Plan Colombia y luego el Plan Patriota. Ahora que se desplazan de Manta por decisión soberana del pueblo ecuatoriano y por voluntad política de su Presidente Rafael Correa, entonces se fortalecen con las bases en Colombia. Cínicamente, se nos argumenta desde los gobiernos de Obama y de Uribe, que este despliegue militarista que desestabiliza la paz regional obedece a un desarrollo simple de los “acuerdos de cooperación militar” entre Colombia y EUA, que remontan a la condición de “viejo tratado”, como si ello le diera legitimidad. Pero no, resulta que cuando se están refiriendo, seguramente, al Pacto Militar Bilateral del 17 de abril de 1952, lo que debemos recordar es que tal adefesio, como el actual “acuerdo”, tampoco fue presentado por el gobierno conservador de la época a la aprobación del Congreso, aun siendo el parlamento un aparato exclusivamente en manos del partido de gobierno. Por entonces, como ahora, la sumisión del régimen colombiano al imperio era más que vergonzosamente irrestricta, al punto que Colombia fue el único país latinoamericano que, obedeciendo a los dictámenes del gobierno de EUA, envió tropas a combatir contra Corea. No se trata de un pacto entre aliados sino de una decisión del imperio a la que se somete Uribe en condición de lacayo. La National Security Archive de EUA pone en evidencia con las desclasificaciones de la CIA del 2009, que la Casa Blanca “era consciente ya en 1994” de que los oficiales del ejército colombiano, durante años, han dado lugar a ejecuciones extrajudiciales y a la colaboración con paramilitares y traficantes de drogas. De nada de esto está libre el actual Presidente Uribe, pues precisamente en el último lustro de los 90 propulsó, con mayor énfasis que en todos los tiempos, el paramilitarismo mediante las llamadas Cooperativas CONVIVIR, escenario en el que, de su mano, se inició también el terror de Salvatore Mancuso, y el impartido desde la Brigada Cuarta (sede en Medellín) de la época de los generales Alfonso Manosalva (ya fallecido), Carlos Alberto Ospina (quien lo reemplazó), lo mismo que de la Decimoséptima Brigada (sede en Urabá) de los tiempos del general Rito Alejo del Río (el Carnicero de Urabá). Es evidente que Uribe, frente a tanta acusación que lo involucra en los más horrendos crímenes de lesa humanidad y lesa patria, no tiene camino diferente al de someterse, a las imposiciones de Estados Unidos, con todo su séquito. Es el caso de elementos como el Canciller Bermúdez o del Comandante de las Fuerzas Armadas General Fredy Padilla de León, y otros funcionarios en abundancia salpicados por las acusaciones de su viejo cómplice Rafael García (ex funcionario del DAS), quien, con sus declaraciones más recientes, los compromete en las más aberrantes prácticas de los paramilitares y de los narcotraficantes. Nadie deberá creer más en la palabra de un Presidente que ha mentido de manera enfermiza en múltiples ocasiones; menos aún cuando a diario da nuevas muestras de odio y guerrerismo. Rafael García (ex jefe de informática del Das) ha dicho, sobre las acciones criminales del paramilitarismo, que “las actividades delictivas desarrolladas por nosotros desde el interior del DAS, yo no creo que hayan sido desconocidas por el Presidente, no creo que hayan sido desconocidas por el Presidente en el caso de la Operación Ciclón, en la que terminamos respondiendo Jorge Noguera y yo. El mismo Jorge Noguera me dijo que el Presidente había autorizado y ordenado que entregáramos esa información; por lo tanto, cuando el Presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque estos señores habían sido puestos por las autodefensas…” Se está refiriendo aquí el señor García a hechos del 2003, cuando obtuvieron información sobre una operación que se planeaba contra las autodefensas de Hernán Giraldo en Santa Marta. Por entonces, consiguieron medios magnéticos y listados en donde aparecían los bienes inmuebles y empresas que serían objeto de allanamientos e incautaciones, como los nombres, ubicaciones y perfiles de las personas que pretendían capturar. Esta operación –que la adelantarían fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación– no tuvo éxito en sus propósitos, sencillamente porque Uribe Vélez, mediante su esbirro Jorge Noguera –entonces director del DAS–, ordenó que llevara la información a Santa Marta para entregarla a los paramilitares. Confesó García que, en aquella ocasión, Noguera le dijo que no se preocupara, porque “el Presidente Uribe y el Fiscal General Luis Camilo Osorio estaban enterados de todo lo que estaban haciendo”. El mismo Presidente, en algún momento, les confirmó la orden de que entregaran la información a las autodefensas, dice García. He ahí el talante criminal del Presidente que luego manifiesta, frente a los cuestionamientos por las bases militares, que: “Estos acuerdos nunca tienen por objeto de crear condiciones de agredir a terceros Estados. Esto está excluido en el texto, en los acuerdos que lo enmarcan y en la práctica colombiana”. Y esta negación, que se da en coro con las de muchos otros funcionarios de Estado, se produce mientras resuenan en creciente los ecos del documento Santa Fe Cuatro, o los del ya famoso Libro Blanco, donde se plantea la llamada Estrategia de Ruta del Comando Sur, ó Air Mobility Command Southcom, que se refiere a la estrategia de agresión contra los objetivos colonizables por EUA, bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo, planteándose cuestiones sobre la validez de la “movilidad actual del sistema de rutas aéreas en el tamaño y la alineación”. En síntesis, el dominio del orbe, mediante la superioridad aérea a partir de instalación de bases militares y desde ellas, el desenvolvimiento de la evolución de las aeronaves, de su movilidad aérea, operaciones y distintos factores de incidencia en el sistema de ruta, enmarcado en una actualizada Estrategia de “Seguridad Nacional” y “Defensa Nacional”. Este documento, elaborado en abril del 2009 por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de EUA, apunta a “ejecutar operaciones de movilidad (…)”. Y es de estas reflexiones operativas de donde se desprende, de manera más directa, la identificación que el Comando Sur ha hecho de Palanquero, en Colombia, como una base de agresión enmascarada en el eufemismo de ser una “localidad de cooperación en seguridad” (CSL, por sus siglas en inglés). Son las ideas intervencionistas, militaristas, recolonizadoras…, que ahora están en la versión del dominio aéreo encabezado por el Comando Sur, bajo la especial conducción del general Arthur J. Lichte. Los juegos de guerra con visión militarista incluyen un concepto tiránico -ordenado por Washington– de extraterritorialidad de la política represiva de “Seguridad Democrática”, o renovada vieja Doctrina de Seguridad Nacional, que comprende la llamada “lucha antiterrorista” y la falaz “lucha contra el narcotráfico”. Es un hecho que el conflicto interno de Colombia se ha regionalizado, incluso se ha internacionalizado, generando inestabilidad sobre todo en América Latina. Deberá admitirse que ningún esfuerzo de reconciliación manado de los Presidentes Chávez y Correa, o de cualquier otro jefe de Estado o grupo de mandatarios que alienten la reconciliación, tendrá un resultado duradero, si se toma en cuenta que lo que está en desenvolvimiento es la estrategia imperialista de EUA; esa que apunta a tomar los recursos naturales del continente, contando en primera instancia con el Estado colombiano, y particularmente con mandatarios lacayos como el de Alvaro Uribe, que hacen las veces de perros de presa de la empresa de re-colonización y saqueo. Venezuela es una nación que lucha contra el terrorismo cualquiera que sea su rostro, disfrácese como se disfrace, vístase como se vista”. Instalar más bases en el continente, es llevar a realización la determinación abierta del expansionismo y el sometimiento imperial, que cuenta con el apoyo de los sectores más reaccionarios de la derecha latinoamericana, los cuales dependen de las migajas que, por su actitud vende patria, les deja compartir su amo. Dentro de esta determinación, el Comando Sur puso sus ojos sobre la Base Militar de Palanquero, desplegando su robustecimiento, que trata de disimular que se trata del desarrollo de un “viejo acuerdo de seguridad y cooperación con Colombia”. Pero el objetivo de fondo, al crear lo que han llamado una “localidad de cooperación en seguridad”, es tener un punto de control continental mediante la supremacía aérea, con ventajas estratégicas que se resumen en que desde allí se pueda sobrevolar, en condiciones regulares, con aviones C17, modernas máquinas de ingente poderío bélico y actitud ofensiva, la mitad del continente, sin hacer reabastecimientos en bases alternas; esto, dentro de una circunstancia en que, poseyendo un combustible adecuado, el aparato podrá cubrir todo el continente, excepto su extremo sur, en el cabo de Hornos. El historial de Palanquero comprende participación en el conflicto colombo-peruano de 1932, que es el año en que se propulsa la creación de la base aérea como base militar, con el carácter o la pretensión de que se convirtiera en “faro estratégico” en el centro del país. Se prosiguió la construcción de la base militar, a instancias del Decreto No. 357 firmado por el Presidente Marco Fidel Suárez, el 11-3-1920, que enmarcaba la organización de la actividad aérea y proyectaba la construcción de los primeros aeropuertos. Debemos entender, entonces, que la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico es una simple excusa intervencionista que no delimita para nada el accionar militarista de EUA, respecto al que el Pentágono ha dejado suficientes muestras en cuanto a que no permite interferencias en su aplicación contra el país que se le antoje, con un cuerpo de marines, que contará con la llamada inmunidad que le propicia Colombia. Se trata de la estructura militar necesaria para sostener la explotación económica, el saqueo y el aplastamiento de quienes opongan la dignidad y los sentimientos patrios. Cuentan con el manejo mediático para la desinformación y colonización de las conciencias en desenvolvimiento de estrategias de captación o de disuasión y, si fuere el caso, utilizando métodos de terror como los que ya se han aplicado torturando, asesinando, desapareciendo, encarcelando, a quienes se le opongan 100.

4-11-2009, Hacemos un fraternal y patriótico llamado a los militares de honor para que junto a nuestro pueblo formemos un solo haz que converja en una guerra patria para defender nuestra soberanía y dignidad latinoamericana, enlodada hasta el tuétano de infamia, sangre, corrupción y servilismo por el Presidente Alvaro Uribe Vélez, quien sin ruborizarse siquiera, porque carece de dignidad, aceptó la instalación por el Imperio de 7 bases militares en Colombia, las que serán como una daga envenenada enterrada en el cuerpo de la Patria y su punta alcanzará el corazón mismo de América Latina, cuyo único objetivo es impedir el proceso democrático e integracionista de nuestros pueblos, que bajo la luz del ALBA han continuado el inconcluso proyecto libertario que dejara trunco el Libertador Simón Bolívar. Apelamos a su honor porque sabemos que él es la primera virtud del militar. El honor es el que hace que se sufra con espartano estoicismo y sin desesperación todas las vicisitudes que nos depara la guerra; él es el que nos impulsa a entregar la vida en el campo de batalla sin ningún cálculo diferente al bien de la patria. Entendiendo por patria el territorio de la Nación con su biodiversidad, riquezas naturales, población y cultura, y no, los bienes, intereses y chequeras de los Santodomingo, de los Ardila Lulle, los Sarmiento Angulo y pare de contar... Sabemos que en la Institución Militar para suerte de Colombia y orgullo de América Latina, aún hay no pocos hombres que preservan inmaculado el sagrado honor militar y por ello, pueden con altivez mirar de frente a sus conciudadanos y estrechar la mano de los mismos, porque no la tienen manchada de sangre con los crímenes de lesa humanidad de los mal llamados “falsos positivos”, que evidencian una profunda descomposición moral tanto de los ordenadores como de los ejecutores, ni tienen la conciencia enmohecida por la degradante corrupción que cada día reverdece más en éste Gobierno de mafia, paramilitarismo y crimen, donde los que se consideran personeros de la soberanía, son traidores infames que no tienen siquiera el prestigio de la legalidad, porque sus actos, inclusive sus vidas, ha sido todo un fraude. Señores oficiales y suboficiales: Cuando el General Joaquín Matallana quiso entrar al enclave estadounidense de Lomalinda (Meta), un oficial gringo de tercera categoría se lo impidió con arrogancia. Herido en su honor el general colombiano se dirigió al Presidente de la República para manifestarle su infinita molestia por el irrespetuoso desplante. “No puedo hacer nada”, le respondió. Era un Presidente autista, sin noción de patria, acostumbrado a rumiar en el potrero yanqui de los lacayos. Matallana, hombre de pundonor militar, presentó entonces su renuncia irrevocable, afirmando con energía que en Colombia no puede haber territorio alguno ocupado por fuerzas extranjeras y mucho menos vedado a un General de la República. Unos años después, reunido en Casa Verde con los comandantes guerrilleros Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, el altivo general les prometió con énfasis: cuenten conmigo si algún día el país es invadido por los gringos. ¡Qué calidad humana y militar la de nuestro digno adversario en la guerra de Marquetalia! Ese es el honor que debe inflamar el pecho de un militar que verdaderamente sienta la patria por dentro. El lejano incidente de Loma linda trajo a nuestra memoria la reciente afrenta de militares gringos contra la guardia de honor que esperaba al Presidente Bush en la escalerilla del avión, en su escala en Bogotá. Para asombro del país, los gorilas de la seguridad de Bush requisaron a los militares colombianos y les revisaron sus armas, sin que nadie chistara nada. Ninguna protesta; sólo el silencio servil de los altos mandos y el Presidente. ¡Cómo se ultrajó en esa ocasión nuestro decoro!. La decisión de Uribe de permitir la instalación de 7 bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano es un acto de alta traición a la patria latinoamericana. Ceder el territorio como base de agresión contra países hermanos, contra los mismos connacionales, y como puntal de consolidación de una estrategia de predominio continental, debe llenar de vergüenza el alma de los colombianos. No hay argumento más irrisorio y cínico que el de Uribe para explicar, que en este caso, no se configura pérdida de soberanía, porque los militares colombianos estarían al mando de tales bases. Lo que ocurre en la base aérea de Tres Esquinas, o en Barrancón, es un mentís de proporciones faraónicas. Allí mandan los gringos. Los oficiales colombianos, como ocurría en Loma Linda, ni siquiera podrán aproximarse a las barracas e instalaciones donde trasiegan los militares norteamericanos. La “soberanía compartida”, a la que de manera insólita alude Uribe, es un sofisma para tontos, porque nunca puede ser soberano un país ocupado por tropas extranjeras. La humillación de ver oficiales colombianos subordinados a oficiales del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, no debe ser tolerada donde hay honor. ¿Quién entiende esa jerigonza presidencial de que los militares gringos tendrán inmunidad, pero no impunidad? Tal vez Uribe está creyendo que los colombianos son una manada de ignorantes atronados. Señores oficiales y sub oficiales: frente a los proyecciones neocoloniales del gobierno de EUA debemos asumir la misma actitud insobornable y patriótica del Libertador Simón Bolívar, que decía: “Aborrezco a esa canalla de tal modo que no quisiera que se dijera que un colombiano hacía nada como ellos... Estados Unidos es el peor y el más fuerte al mismo tiempo... Formado una vez el pacto con el fuerte, ya es eterna la obligación del débil”. Lo que nosotros debemos priorizar es la búsqueda de la unidad de nuestros pueblos. Retomar el proyecto de Gran Nación de Repúblicas que dominaba el sueño del Libertador, como escudo de nuestro destino. En la historia de Nuestra América, sobresale el antiimperialismo de militares patrióticos como el General Omar Torrijos de Panamá, el Coronel Francisco Caamaño de Dominicana, el General Velasco Alvarado del Perú, Prestes en Brasil y Arbenz en Guatemala, entre otros, que por su actitud se ganaron el afecto de sus pueblos. Aquí debemos forjar la resistencia patriótica, coordinando esfuerzos con las organizaciones políticas y sociales del país, para hacer prevalecer la soberanía y la dignidad. Ejército patriota, guerrilla bolivariana y pueblo movilizado, son los únicos que pueden atajar el vuelo amenazante del águila de la doctrina Monroe sobre los cielos de Nuestra América. Hagamos realidad el sentimiento puro del General Matallana de hacer respetar la patria, unidos como debe ser. Ayer el honorable adversario nos decía: cuenten conmigo; hoy les decimos, cuenten con nosotros, no solo para defender la soberanía patria, sino para construir una Colombia Nueva, si se atreven. Cordial saludo. Compatriotas, Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP 101.

6-11-2009, Comunicado de las FARC: Frente a las cínicas y tramposas declaraciones del llamado “comisionado de paz” del gobierno de Uribe, señor Frank Pearl, responsabilizando a la insurgencia guerrillera por la inexplicable demora en la liberación de dos prisioneros de guerra ofrecida por las FARC-EP como gesto unilateral, declaramos: 1. Desde el 16 de abril del año en curso declaramos nuestra decisión de liberar al Cabo Pablo Emilio MONCAYO de forma unilateral y entregar los restos del mayor Guevara a su familia, voluntad que complementamos el 25 de junio, con el nombre del soldado profesional Daniel CALVO, todo lo cual hoy reiteramos. 2. Tan solo hemos exigido que el gobierno otorgue y cumpla las mismas garantías ofrecidas en pasadas liberaciones unilaterales, para evitar que se repitan provocaciones como la sucedida en anterior entrega de prisioneros. 3. Es el gobierno quien ha introducido palos en la rueda, primero con los “inamovibles” y ahora con nuevas, absurdas e inaceptables exigencias. 4. Como ni el señor Pearl, ni Alvaro Uribe, ni los ricos permiten a sus hijos alistarse en el ejército e ir a la guerra, en el colmo del cinismo y de la insensibilidad clasista pretenden culpar a las FARC cuando lo único que solicitamos es que vengan por sus prisioneros, a quienes ellos mandaron a la guerra y abandonaron luego que cayeron en desgracia, como consecuencia de la confrontación. 5. O será que quieren cobrarle al profesor Moncayo, a los familiares y a las organizaciones solidarias con los prisioneros de guerra, la tenacidad que han tenido para luchar por la libertad de sus hijos? 6. Cada día, cada hora que demore la liberación del cabo Moncayo y del soldado Calvo, es de exclusiva responsabilidad del gobierno de Uribe. Secretariado del EMC, FARC-EP Montañas de Colombia, noviembre 6 del 2009 102.

15-11-2009, Saludamos a los organizadores y a los participantes de este evento por el intercambio humanitario, a los familiares de los militares y policías prisioneros de guerra en poder de las FARC, saludamos a los presos políticos, a los guerrilleros y milicianos detenidos así como a sus familiares, a la vez que con profundo sentimiento fariano, enviamos nuestra voz de aliento a Simón Trinidad, a Sonia y a Iván Vargas, desterrados de Colombia por un presidente apátrida, por su compromiso como luchadores revolucionarios, presos y víctimas de juicios amañados en Estados Unidos. Desde que a nuestro país le impusieron los dirigentes liberales y conservadores esta guerra fratricida hace 60 largos años, ha sido el pueblo, tanto urbano como campesino, indígena y afrodescendiente, el que ha sufrido y sobrellevado el peso fundamental de la violencia. Años de confrontación permanente durante los cuales los ricos de Colombia multiplicaron su práctica del crimen y el atentado personal como instrumento de la política y consolidaron el paramilitarismo como estrategia del Estado, con el objetivo de perpetuarse en el poder, desarrollar sus modelos económicos anti populares, despojar de sus tierras a colonos, a pequeños y medianos propietarios y a las comunidades indígenas y negras. Toda una época de arrodillamiento ante los dictados de Washington. El proceso de conformación de Colombia como Estado-Nación ha sido una intensa lucha contra el coloniaje imperial, contra la explotación y contra las injusticias. Nuestro pueblo ha sido obligado a combatir sin tregua, durante siglos, por sus derechos básicos de vida, dignidad e independencia. Y era lógico que ante el terror y la arbitrariedad desatados por los distintos gobiernos contra los pobres del campo y la ciudad a mediados del siglo anterior, estos se levantaran a defender vida, familia y bienes en una desigual confrontación de resistencia que perdura desde entonces, precisamente porque las razones que generaron el alzamiento aún subsisten. El mismo paramilitarismo de los años 50, sostenido en la concepción fascista de la Seguridad Nacional y enriquecido sin medida durante los últimos 30 años con los dineros del narcotráfico, hoy se ha enquistado en el aparato del Estado a través de sus jefes e ideólogos, y con el aval de la Casa Blanca, que como lo muestra la historia contemporánea, usualmente se apoya en los gobiernos más corruptos para propiciar sus aventuras militares como la que desarrolla actualmente contra América Latina. Sucedió, que en esta larga jornada de resistencia popular y de dignidad nacional, por múltiples razones históricas y de coyuntura, se fueron conformando movimientos revolucionarios que no solo enfrentaron a las fuerzas armadas oficiales y para institucionales, sino que además algunos se estructuraron y dotaron de unas normas internas, de unos estatutos y de unos reglamentos de régimen disciplinario como en el caso de las FARC-EP, donde también analizamos y precisamos un plan hacia la conquista del poder político y un programa de gobierno que permita construir la Nueva Colombia, democrática, soberana y con justicia social como alternativa al régimen oligárquico vigente del Terrorismo de Estado y como final de esta violenta etapa de la historia nacional. Somos entonces, respuesta popular a la rapacidad, a la injusticia y a la estrategia de violencia clasista ejecutada por los ricos que usurparon el poder en Colombia en detrimento del bienestar de la mayor parte de la población. Como revolucionarios, seremos perseverantes en la búsqueda de caminos de superación del conflicto a través de los acuerdos políticos como lo hemos sido desde Marquetalia en 1964 pero, debemos decirlo, mientras perdure la confrontación, habrá prisioneros de las partes contendientes, que en nuestro caso, apresamos en los campos de batalla, armados, rendidos e identificados plenamente. Esa realidad es una verdad incontrovertible porque toda guerra es una sucesión de tragedias dentro de las cuales la pérdida de la libertad es solo una de sus posibilidades. Las partes comprometidas en el conflicto, deben responder por los adversarios que apresen, de acuerdo a las condiciones de cada una. Nosotros, revolucionarios que desarrollamos una guerra de guerrillas móviles, con desplazamientos permanentes y riesgos de confrontación ininterrumpidos, acompañados sin descanso del tenso ambiente del combate, damos a los prisioneros de guerra un trato respetuoso, digno, de acuerdo a las posibilidades existentes. Como señalábamos en un mensaje que les enviamos a los prisioneros en nuestro poder, ninguna animadversión personal nos distancia de ellos, no albergamos odios tampoco rencores, simplemente tenemos conciencia que siendo todos hijos del pueblo, estamos situados en distintas orillas del conflicto como efecto de esta guerra impuesta por los ricos que disfrutan en sus palacetes mientras una juventud de origen humilde, acude al combate a defenderle sus privilegios. Son estos mismos oligarcas, los que niegan la existencia del conflicto armado y social que lacera la patria, pero reclaman sin descanso dinero para la guerra, los mismos que manchan de indignidad la patria abriendo puertas a la presencia y accionar de las mercenarias tropas gringas con la disculpa de la lucha contra el terrorismo, son los mismos ricos que niegan el canje de prisioneros de guerra y juegan con los sentimientos de los familiares haciéndoles creer, desde hace 7 años, que su libertad está muy cerca. Debemos decirlo claramente: la oligarquía, de momento, ha cerrado las posibilidades del canje, porque, asegura, debilita su política de seguridad democrática, ya de por sí roída hasta la médula por los sistemáticos y masivos crímenes de civiles ejecutados por la fuerza pública y por la profunda penetración del narco-paramilitarismo en el aparato del Estado, al que le extraditaron sus íconos a manera de fusible, pero que continúa afianzándose cada día más en el Régimen como es evidente en el proceso de la parapolítica y en la campaña electoral en curso. De nuestra parte, insistiremos en el canje. Hemos dado muestras inequívocas de disposición para acordar unas reglas de juego, desde que unilateralmente liberamos más de 350 prisioneros en el Caguán y flexibilizado permanentemente las circunstancias que deben rodear un encuentro en tal sentido. Por ejemplo: desde el 16-4-2009, anunciamos, como demostración cierta de voluntad, la liberación del Cabo Moncayo así como la entrega de los restos del Mayor Guevara a su familia. Luego agregamos al soldado Calvo, que sus jefes abandonaron herido en el campo de batalla. Lo único que debe hacer el gobierno por ellos es autorizar que los recojan. Son personas al servicio del Estado, pero el Presidente no ha querido. Todo esto nos alienta a intensificar esfuerzos por el canje. Tenemos también la tarea de impedir que los guerrilleros y guerrilleras detenidos se pudran en los calabozos del sistema, que allá no los extorsionen, ni los torturen, que les respeten sus convicciones, dignidad y su compromiso de conciencia, que no persigan a sus familiares ni a sus defensores, que no intimiden a quienes les proveen solidaridad. Y tenemos la tarea, el ineludible compromiso, de luchar por la repatriación de Simón, de Sonia y de Iván Vargas. Objetivos de grandes dimensiones y cuyas dificultades solo estimulan nuestro compromiso revolucionario. Estamos convencidos que de materializarse un acuerdo de canje, se abrirían inmensas posibilidades hacia la solución política del conflicto. Los frustrados esfuerzos de ocasiones anteriores nos proveen de la madurez y la estatura requeridas para construir colectivamente el camino que conduzca a Colombia al final del túnel. Nos duele Colombia invadida por una violencia ya no solo rural sino urbanizada, y no precisamente por la acción individual de los delincuentes sino por una dimensionada violencia larvada y desarrollada a partir de las corruptas instituciones oficiales, de la asfixiante antidemocracia y de los profundos abismos sociales existentes. Nos duele apreciar la patria invadida y atenazada por militares del más grande imperio de la historia, el que se precia de no tener amigos sino intereses, que de contera amenaza la convivencia pacífica de los latinoamericanos. Nos duele el país atormentado por esas masacres sistemáticas denominadas “falsos positivos”, que pretenden ser demostración de eficacia militar y validez de una estrategia autodenominada “democrática”. Nos duele la sociedad que rebaja hasta el infinito los impuestos a los ricos y los aumenta a los sectores medios y pobres de la población; que subsidia a los grandes potentados, a los mafiosos, a los corruptos y le niega esos dineros a quienes verdaderamente los requieren. Nos duele el país que convirtió a las Fuerzas Armadas oficiales en un partido político ultraderechista y clasista a la sombra de la llamada “seguridad democrática” que no es otra cosa que la máscara de la dictadura. Nos duele el campo colombiano porque la violencia oficial, la para institucional y el narcotráfico dimensionaron dramáticamente la concentración de la tierra, ya que el latifundio se extendió a costa de las propiedades de los 4.5 millones de desplazados y de los millones de amenazados que el gobierno mantiene en el abandono, porque este es el gobierno de los grandes hacendados y ganaderos. De todos aquellos que se han beneficiado de la violencia de estos últimos 60 años, incluyendo a los nuevos ricos de las distintas bonanzas y a los militares que se han quedado con las tierras de muchos de los desplazados. Estos son los problemas que están en el centro de la solución definitiva del conflicto. Siempre hemos considerado que su superación será sólida y duradera, si las mayorías que realmente sentimos la patria, la de todos, encontramos los caminos que conduzcan al acuerdo de paz, que posibilite construir un nuevo régimen, incluyente, que sume y no polarice, que proyecte para las mayorías, que reivindique la dignidad nacional y la soberanía como el patrimonio fundamental de la patria y la justicia social como su norte. A los participantes de este trascendental evento, los alentamos a reforzar la brega por la libertad de todos los prisioneros de guerra a partir de acuerdos, a derrotar la insensibilidad social, la soberbia y el cinismo del gobierno que atraviesa palos en la rueda de la liberación del cabo Moncayo y del soldado Calvo. Con ellos en casa, con los restos del mayor Guevara en manos de doña Emperatriz se deben abrir nuevos momentos para los guerrilleros y los integrantes de fuerza pública prisioneros de guerra. Los alentamos a elevar las acciones por soluciones pacíficas a los grandes problemas del país. A trabajar por encontrar caminos que nos permitan construir la reconciliación de la familia colombiana. En momentos como el actual, con un Estado que juega el papel de Caín, similar al que juega Israel en el Medio Oriente, invadido por los gringos con autorización legal de un presidente apátrida, corrupto y violento hasta la médula, el pueblo colombiano necesita encontrar caminos de unidad, de confluencia de voluntades y de acciones entre trabajadores, empleados, campesinos, artesanos, indígenas, intelectuales, artistas y estudiantes demócratas, minorías étnicas y desempleados. Y luchar por la hermandad latinoamericana, por la convivencia entre los pueblos, contra una guerra que nos quieren imponer desde el Pentágono norteamericano. La paz de Uribe es una ficción. La verdadera paz de Colombia solo será posible si la construimos, sobre bases sólidas y entre las mayorías. A eso le continuamos apostando. Abrazos bolivarianos, Alfonso Cano, Noviembre del 2009 103.

26-11-2009, Las declaraciones del Alto Comisionado Frank Pearl “de facilitar la entrega del cabo Moncayo, del soldado y de los restos del mayor Guevara” no son más que cortinas de humo, prolongando este largo calvario de prisioneros y sus familiares. La voluntad de las FARC de liberarlos está plasmada en un comunicado emitido en abril y reafirmada en declaraciones posteriores. La presencia de la Senadora Piedad Córdoba, la Cruz Roja Internacional y la iglesia, más un país garante son las condiciones previas para cristalizar este acto humanitario. “Bogotá dilata esta entrega y hace declaraciones basada en rumores. Presurosos hablan de una voluntad inexistente en facilitar la entrega, mientras incrementan los operativos encaminados a buscar el rescate militar”. Definitivamente a Uribe Vélez no le interesa para nada la vida de sus servidores públicos 104.

8-12-2009, En el marco del Congreso constitutivo del Movimiento Continental Bolivariano. el Comandante de las FARC, Alfonso Cano, se une a todo el sentimiento de los pueblos de América y del mundo. Compatriotas latinoamericanos y caribeños asistentes a este histórico evento, compañeras y compañeros: reciban el saludo entusiasmado del Secretariado, del Estado Mayor Central, del cuerpo de mando y de la guerrillerada de las FARC-EP, así como de todos los integrantes de las milicias bolivarianas. Constituir un movimiento político continental, de esencia bolivariana, justo cuando el imperio estadounidense despliega su fuerza militar en Colombia y dispone, amenazante, sus aparatos de guerra y terror contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, es no solo una necesidad histórica sino un deber inaplazable, que señaliza el horizonte de la unidad combativa de nuestros pueblos en defensa de su dignidad, independencia, historia, valores, cultura, territorio, recursos humanos, riquezas naturales y del inalienable derecho a forjar soberanamente su futuro. El propósito de El Libertador de conformar una gran patria latino americana estructurada como un solo cuerpo de naciones libres, integradora de nuestros pueblos, garante de la derrota del colonialismo de aquellas épocas y de la independencia definitiva de nuestros pueblos del yugo de cualquier potencia, continúa vigente; conserva plenamente su vigor como estrategia nacida del genio y del ejemplar e inagotable compromiso revolucionario de Simón Bolívar, que concibió, una gran nación como patrimonio colectivo de todo el pueblo y no como sumatoria de enormes latifundios reservados a minorías privilegiadas, arrodilladas y sumisas ante las órdenes del imperio de turno. La justeza de tan portentoso planteamiento bolivariano trasciende 200 años después, de la misma forma que la totalidad de su ideario de igualdad, libertad, justicia social, soberanía e independencia, resumen y esencia de las luchas actuales de buena parte de los pueblos latinoamericanos y caribeños que combatimos contra regímenes oligárquicos entregados incondicionalmente a los amos extranjeros y como víctimas que somos de la expansión capitalista calificada de “globalización”, levantamos hoy, con más urgencia y legitimidad que nunca, la bandera de la Patria Grande, ante la inocultable intensión gringa de copar los territorios desde el sur del río Grande hasta la Patagonia, para hacer realidad su estrategia del “destino manifiesto” bajo su imperial y repudiable consigna de “América para los americanos”. Está claro que un tratado militar como el firmado recientemente entre los gobiernos de EUA y Colombia, que permite la constitución de 7 bases estadounidenses, con la prerrogativa de utilizar la totalidad del sistema aeroportuario, el espacio aéreo, los mares territoriales sin límites en la cantidad de efectivos que transporten sus barcos de guerra y la presencia masiva de paramilitares norteamericanos denominados contratistas, no se circunscribe al combate contra el narcotráfico y el llamado terrorismo, sino que busca desestabilizar los procesos democratizadores e independentistas que se desarrollan en América Latina. La guerra contra el narcotráfico es una estrategia fracasada que Estados Unidos utiliza hoy como pretexto para intervenir y agredir en diferentes lugares del mundo. La guerra contra el terrorismo -laxo calificativo político donde caben todos sus contradictores-, decretada por la Casa Blanca, la misma que ordenó el bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki, que arrasó a Vietnam con armas químicas y napalm, que agrede a los pueblos de Irak y Afganistán y respalda el terror del estado israelí, es otra máscara del imperio y las transnacionales, para justificar sus infamias… El fallido golpe al presidente Chávez el 11 de abril del 2002, el golpe al presidente Zelaya que pretenden encubrir reconociendo las espurias elecciones ganadas por Lobo, el azuzamiento sistemático para desestabilizar la frontera colombo-venezolana, los evidentes e ininterrumpidos esfuerzos desestabilizadores en varios de nuestros países hacen parte de esta nueva ofensiva del Estado gringo y la reacción continental contra los inatajables avances integracionistas y el creciente sentimiento antiimperialista de nuestro continente, enmarcado en la concepción bolivariana de la independencia, es decir, en el combate frontal de las mayorías oprimidas contra el poder colonial y las oligarquías criollas, o en otras palabras, en la lucha de clases por la liberación de los oprimidos, de la confrontación social y política por la democracia para desarrollarla a fondo incesante e ininterrumpidamente, enraizada en lo mejor y más avanzado de nuestras tradiciones, signada por nuestras particularidades e idiosincrasia como parte de un proceso auténticamente latinoamericano en marcha al socialismo. Nuestro compromiso con este proceso por la soberanía nacional y popular, por la patria grande y el socialismo es total e incondicional. Son nuestros inamovibles y la razón de existencia de las FARC-EP como nos lo inculcaron nuestros jefes y fundadores Manuel y Jacobo, y como lo reafirmamos cotidianamente, con plena y absoluta confianza en la victoria final. Ante este excepcional evento, ratificamos nuestra confianza en el jalonamiento que significará para las luchas del pueblo latinoamericano la constitución del Movimiento Continental nutrido del ideario bolivariano e inspirado como todos nosotros, en la existencia ejemplar del Libertador, inconmensurable referente ético que nos alienta permanentemente en la dureza de la lucha por alcanzar los objetivos que nos hemos trazado… Por la unidad latinoamericana y caribeña contra la invasión imperial de los Estados Unidos: Adelante! Alfonso Cano, Jefe del EMC de las FARC-EP, Montañas de Colombia, diciembre del 2009 105.

17-12-2009, Las dos principales guerrillas de Colombia anunciaron que trabajarán “por la unidad” para enfrentar al gobierno de Alvaro Uribe y prometieron que cesarán la pugna que las ha enfrentado en los últimos años. En los años 80 ambas agrupaciones fueron aliadas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. “Nos encaminamos a trabajar por la unidad para enfrentar, con firmeza y beligerancia, al actual régimen que el gobierno de Alvaro Uribe ha convertido en el más perverso títere de los planes del imperio pisoteando la dignidad nacional. El capitalismo está en crisis. El imperio, como siempre lo ha hecho, trata de conjurarla por medio de la guerra, y es así como incrementa las tropas de ocupación en Afganistán enviando decenas de miles a sumarse a los ya existentes. Hoy Colombia es convertida en una gran Base Militar a su disposición para ahogar en sangre la resistencia de nuestro pueblo y, desde aquí, pretende hacer retroceder el nuevo proyecto en nuestra América que cabalga por sus valles y montañas”. El capitalismo está en crisis. El imperio, como siempre lo ha hecho, trata de conjurarla por medio de la guerra, y es así como incrementa las tropas de ocupación en Afganistán enviando decenas de miles a sumarse a los ya existentes. Hoy Colombia es convertida en una gran Base Militar a su disposición para ahogar en sangre la resistencia de nuestro pueblo y, desde aquí, pretende hacer retroceder el nuevo proyecto en nuestra América que cabalga por sus valles y montañas. Como respuesta a esta pretensión guerrerista urge rescatar la bandera de la paz en Colombia como un compromiso de todo el continente. En esta hora precisa, donde la diversas expresiones del movimiento social y popular resisten y se movilizan, nos encaminamos a trabajar por la unidad para enfrentar, con firmeza y beligerancia, al actual régimen que el gobierno de Álvaro Uribe ha convertido en el más perverso títere de los planes del imperio pisoteando la dignidad nacional, el anhelo de los colombianos, e imponiéndose a punta de cañón paramilitar y represión institucional inspirado en una concepción matrera, corrupta y mafiosa. Evaluaciones recientes dan cuenta que los dos mandatos de Uribe son un fracaso en lo económico, lo político, lo social, de la justicia y en todos los demás órdenes, por ende nada más equivocado y riesgoso para el destino de la patria que una nueva reelección o de los inspirados en la Seguridad Democrática. Solo la unidad y acción decidida de los colombianos patriotas, de los demócratas, de los revolucionarios y de todos quienes guardamos esperanzas en la solución política podrá detener la guerra, hallar la paz y hacer posible la construcción de una Colombia Nueva que nos incluya en la definición de su destino que no será ajena a las nuevas dinámicas que hoy se viven en nuestra América. La comprensión de las exigencias del momento y nuestra condición revolucionaria nos conduce a ordenar a todas nuestras unidades a: 1. Parar la confrontación entre las dos fuerzas a partir de la publicación de este documento. 2. No permitir ningún tipo de colaboración con el enemigo del pueblo, ni hacer señalamientos públicos. 3. Respeto a la población no combatiente, a sus bienes e intereses y a sus organizaciones sociales. 4. Hacer uso de un lenguaje ponderado y respetuoso entre las dos organizaciones revolucionarias. Asumimos el compromiso de habilitar los espacios y mecanismos que permitan esclarecer y encontrar las verdaderas causas que nos han llevado a esta absurda confrontación en algunas regiones del país, superarlas y trabajar por resarcir los daños causados. Debe primar el análisis y la controversia crítica, franca y constructiva que coadyuve a la unidad y la fraternidad revolucionaria. Nuestro único enemigo es el imperialismo norteamericano y su oligarquía lacaya; en su contra, comprometemos toda nuestra energía combativa y revolucionaria. Ratificamos la vigencia de las normas de comportamiento con las masas acordadas y aprobadas en la cumbre de Comandantes de 1990. Las declaraciones públicas referidas a la unidad y al tratamiento de las dificultades entre las dos organizaciones solo es facultad del Secretariado y del Comando Central. Por las FARC-EP: Secretariado del Estado Mayor Central, Por el ELN: Comando Central. Montañas de Colombia, Noviembre del 2009 106.

23-12-2009, En el contexto de conflicto social, político y armado, la muerte del mandatario regional es una muerte del conflicto social que vivimos, y no se puede descontextualizar, como una muerte de la democracia como dicen algunos observadores. No es una muerte de la democracia ya que, simplemente no vivimos en ella. Cuando el Presidente, Comandante en Jefe de Fuerzas Militares ordena el rescate a sangre y fuego, no se puede esperar otro resultado. ¿Quién era el Gobernador del Caquetá?: Casi el 90% del país ignora que el Gobernador de Caquetá rindió indagatoria en el mes de marzo del 2009 en la Fiscalía 11 de Bogotá por sus lazos paramilitares. Como el 80% de los ganaderos del país, el gobernador asesinado tenía amplios lazos paramilitares; es decir participaba en el conflicto armado, no era un simple civil, era un instigador, financiador del paramilitarismo. Era un actor del conflicto armado. Cuando fue Alcalde de Morelia, fue considerado el mejor Alcalde no por su gestión, si no por su compromiso contrainsurgente. En el Caquetá, todos saben de sus relaciones con mafiosos y paramilitares insignes como, Cristo Malom (Luis Alberto Medina Salazar) Leonidas Vargas, Micky Ramirez y Uriel Henao. Sea quien sea, el autor del hecho, el gobernador no era un santo. Participaba activamente en la guerra, financiado a los grupos paramilitares. El gobernador no está protegido por el DIH pues es miembro de las instituciones del Estado, es el Comandante en Jefe departamental de Fuerzas Militares y tenia compromiso con los grupos paramilitares. Nadie le cree el tonito afligido de Uribe, ante la muerte del gobernador, sobre sus cenizas se hará elegir, como el mesías de la fracasada política de “seguridad democrática”. El año 2010 aún sin comenzar, nos muestra la magnitud que tomará el conflicto colombiano, si desde el régimen se niega una salida política al conflicto social, político y armado que vive Colombia. Es irresponsable para cualquier medio culpabilizar a alguien sea grupo o persona individual, sin conocer los resultados de una investigación seria. Muchos delitos en Colombia, donde la impunidad es del 99%, siguen después de 20 años en la más completa impunidad por lo paquidérmica y sesgada justicia colombiana. No creemos que en cuestión de horas, el Presidente y su régimen hayan establecido que las FARC es la autora del hecho, sin mostrar ni siquiera una sola prueba. Nos negamos a creer en la “verdad”, construida a partir del discurso oficial de un régimen paramilitar que ha hecho del crimen y de la guerra sucia una política de Estado 107.

24-12-2009, Sobre el caso del secuestro y muerte del Gobernador de Caquetá, el Bloque Sur de las FARC-EP informan: 1. Que a pesar de los evidentes vínculos del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuellar con el paramilitarismo, el objetivo de la retención no era ajusticiarlo, ni hacerle exigencias económicas, sino realizarle un juicio político por corrupto, al haber convertido el dolo y el prevaricato en piedra angular de su Administración, hasta tal punto, que a cada uno de los empleados le descontaba $ 100.000 pesos del sueldo, como condición para preservar el puesto. 2. Este indeseado y trágico desenlace, es consecuencia directa de la orden impartida por Alvaro Uribe a las fuerzas militares del rescate a sangre y fuego. Llama la atención la hipócrita actitud presidencial que primero declara la guerra, luego la intensifica, la amplía, la financia con exorbitantes recursos e incluso la lleva más allá de las fronteras patrias, para luego “derramar lágrimas de cocodrilo”, hacer pantomima y politiquería reeleccionista con el dolor ajeno. ¿Cómo no lloraron ni movieron un dedo cuando el paramilitarismo en asocio con la Brigada Militar de Florencia masacró a millares de caqueteños en los años anteriores? 3. Ni Colombia ni el mundo deben olvidar que el actual Presidente ha transformado al aparato del Estado en una corrupta maquinaria de guerra paramilitar y contrainsurgente y a cada uno de los mandatarios seccionales gobernadores y alcaldes en piezas clave para desarrollarla y ejecutarla. 4. Así el reinsertado José Obdulio y su prominente jefe el paramilitar y Presidente Alvaro Uribe Vélez persistan en negar la existencia del conflicto, por encima del querer de las mayorías del país que anhelamos la paz, las tragedias se continuarán presentando porque toda guerra es una sucesión de estas. 5. El Bloque Sur ratifica, a pesar de los hechos infortunados que pueda generar el conflicto en cualquiera de las dos partes enfrentadas, la invariable determinación de su Secretariado sobre: la liberación unilateral del Cabo Moncayo y el soldado Calvo; el canje de prisioneros de guerra; el llamado a una guerra patria contra la invasión gringa a nuestro país propiciada por Uribe Vélez el Caín de América, y la indesmayable lucha de las FARC por encontrarle una salida política a esta guerra impuesta al pueblo por la clase dominante, a partir del impune hasta hoy, magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán. Bloque Sur de las FARC-EP, Montañas del Caquetá, diciembre 24 de 2009 108.

28-12-2009, Comunicado de FARC sobre liberación del Cabo Moncayo: 1. En cumplimiento de la palabra empeñada y en interés de que el Cabo Moncayo y el soldado Calvo estén pronto en libertad, y que doña Emperatriz de Guevara pueda llevar los restos de su hijo, reiteramos que es necesario conocer los protocolos que puntualicen las garantías oficiales por medio de las cuales se impedirán provocaciones, como ocurrió en ocasión anterior con motivo de otras liberaciones unilaterales. 2. Una vez sean dados a conocer los protocolos de garantías por parte del gobierno nacional, será a través de la Senadora Piedad Córdoba, como dirigente de Colombianas y Colombianos por la Paz, que coordinaremos la preparación y materialización de estas liberaciones, con la participación del Profesor Gustavo Moncayo y el acompañamiento humanitario del CICR y la Iglesia Colombiana. Secretariado del EMC, diciembre del 2009 109.

28-12-2009, El Estado Mayor del Frente 48 convoca a los fronterizos. “....a confraternizar mucho más y crear un infranqueable muro humano que, con la vigilancia y la denuncia oportuna, evite la penetración desde Colombia al Ecuador de elementos paramilitares...” No podemos esperar nada bueno si desde ya en vísperas del 2010, Uribe en su reciente “Consejo Comunitario” celebrado en el departamento de Putumayo, prometió esparcir como el glifosato, miles de sapos para “cuidar la frontera”. Impidamos que el río San Miguel se convierta en otro río Cauca. Comunicado del Frente 48 de las FARC: 1. Algunos oficiales del Ejército colombiano acantonados en la frontera colombo-ecuatoriana han comentado en tono arrogante, despectivo y burlesco al mismo tiempo, que en caso de un conflicto armado con Ecuador: “A esos indiecitos del Ejército ecuatoriano los volveremos ropa de trabajo, en menos de lo que canta un gallo”. 2. El frente 48 le manifiesta al hermano pueblo ecuatoriano, que continuaremos denunciando ante Colombia y el mundo la agresión y provocación permanente del ejército colombiano en la zona fronteriza y sus incursiones en territorio de la hermana república en desarrollo de las órdenes del Pentágono y de los planes expansionistas de Washington que pretenden aplastar la soberanía de nuestras naciones. 3. Hacemos un llamado a los pobladores de la frontera colombo-ecuatoriana a confraternizar mucho más y crear un infranqueable muro humano que, con la vigilancia y la denuncia oportuna, evite la penetración desde Colombia al Ecuador de elementos paramilitares con fines desestabilizadores obedeciendo a los planes desintegracionistas latinoamericanos del Imperio gringo, a través del Caín de América Alvaro Uribe Vélez. ¡Viva la Patria Grande y el Socialismo! Estado Mayor Frente 48. Bloque Sur. FARC-EP. Diciembre del 2009 110.

30-12-2009, Saludo de fin de año de las FARC: Al finalizar el 2009, queremos extender nuestro saludo entusiasmado, patriótico y pleno de optimismo en las posibilidades y el futuro libertario de nuestra patria. A la vez, queremos hacerlos partícipes de las siguientes reflexiones: La actual situación política del país presenta una complejidad que no tiene precedentes en las últimas décadas. El hecho de tener pendiendo de nosotros como una espada de Damocles, ya no la amenaza, sino la realidad de una invasión militar por parte del ejército que representa al imperio más rapaz y poderoso de la tierra, por beneplácito de un gobierno apátrida y cipayo, que entregó la soberanía de la patria, para amenazar y entrar a jugar de peón aventurero en los designios y planes imperialistas de reversar los vientos de cambio, que con miles de sacrificios y en beneficio de los desheredados y de la gente pobre soplan en América Latina, unido al hecho de tener en el gobierno a una pandilla encabezada por un mandatario, que violando todos los topes y normas establecidas se obsesiona y pretende perpetuarse en el poder, para instaurar una dictadura, una autocracia ultraderechista, con políticas neoliberales en lo social, y una concepción ultra-montana en lo ideológico, sin lugar a dudas, es una aberración insólita. A lo largo de nuestra accidentada historia republicana no hay antecedentes de semejante abuso. Pero, un Presidente que durante su primer período hace reformar la Constitución para asegurar su reelección en los siguientes 4 años, y que ahora pretende otra reforma para postularse a una segunda reelección, con la incertidumbre de si le dará la ventolera por seguir en el cargo a perpetuidad, (su plan estratégico es hasta el 2019), esa sí es una situación a la que no se había enfrentado la hipócrita y mal llamada “democracia” colombiana, que ya algunos llaman “mafiocracia”. A eso hemos llegado, porque la presidencia de Uribe tiene mucho de atípica y cuenta con el respaldo pleno y continuado de las clases dominantes. Se dirá con mucha razón, que eso, lejos de ser un caso único, ha sido la constante. Pero no, este ha sido un gobierno mucho mas anti popular y reaccionario que los anteriores. Un respaldo total e incondicional de todos los sectores capitalistas, imperialistas, mafiosos y latifundistas, como el que ha gozado este gobierno durante 8 años, para engañar, para manipular la interpretación de la realidad nacional, acelerar la corrupción elevada a niveles nunca vistos, (AIS, RUNT, IPS - EPS, recompensas, financiación y firmas del referendo, contratación pública, Opain, basuras, tercer canal, zonas francas, etc.), la infame “para política”, los crímenes atroces contra el pueblo mal llamados “falsos positivos”, todo eso sumado a la crisis económica, la venta injustificada de todas las empresas e instituciones estratégicas que eran propiedad del Estado, energía, salud, educación, transporte, telecomunicaciones, y hasta Ecopetrol a cambio de toda clase de gabelas y explotación a manos libres de los trabajadores que los medios de comunicación llaman “seguridad inversionista”, no lo habían tenido en semejante grado y en semejante contubernio, los mandatarios que lo precedieron. Lo particular ahora, es que en mayor grado que antes, entre los de arriba, banqueros, latifundistas, mafiosos, politiqueros y el Presidente, se ha creado y fortalecido una relación simbiótica. La política de Uribe influye y da impulso a ese giro derechizante que se observa en la clase económica dominante, (Un solo banquero, Sarmiento Angulo controla el 42% del crédito Nacional y acaba de declarar ganancias en el último bimestre por 1.250 millones de dólares). Pero, a su vez, este giro de los sectores dominantes, contribuye a “derechizar” y a apoyar más la política uribista, en lo nacional e internacional, porque a ellos los beneficia. El que sale perdiendo en todo esto es el pueblo, que solo ve aumentar los niveles de miseria, de hambre y de un desempleo galopante, que ya alcanza cifras de un 14%, (casi 3 millones de desocupados), con incrementos en el último año de 517.000 nuevos desempleados, carentes de todo ingreso y sin recursos a la vista, lo que ya no es un simple guarismo económico, sino todo un drama humano que deja a millones de colombianos sin posibilidad de atender sus propias y más elementales necesidades y las de su familias. Como consecuencia de esta política que solo gobierna para una minoría de privilegiados, hoy somos una sociedad en la que 22 millones de pobres están por fuera de las relaciones de producción capitalistas. No son proletarios, ni trabajadores, sino parias, privados de la seguridad social, de todos los derechos y de todas las posibilidades. Lo peor, es que ese abominable mundo de miseria sin fondo es el resultado, no de la “crisis mundial,” como quieren presentarlo, sino del modelo neoliberal que nos han impuesto desde arriba. Es el modelo Uribista que algunos han denominado un modelo “Pro Ricos”, sustentado en la llamada “confianza inversionista”, en la represión y el engaño mediático, que solo produce y reproduce ganancias a los ricos, militarización de la sociedad, miseria generalizada y marginalidad para nuestro pueblo. Mediante engaños mediáticos y recurriendo a técnicas de propaganda aprendidas de los manuales Nazis que enseñaban repetir una mentira mil y un millón de veces, y volverla a repetir después, hasta hacerla creer una verdad, han llegado a convertir casi que en un artículo de fe para los colombianos que es la insurgencia y “el terrorismo” la causa de todos nuestros males nacionales y que solo la Seguridad “Democrática” nos traerá la paz y la prosperidad. Ya vamos a completar casi 60 años de esta guerra declarada contra el pueblo, decretada a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y sostenida durante todos estos años, para impedir a sangre y fuego cualquier asomo de cambio democrático que beneficie al pueblo humilde y trabajador. Cada vez va quedando más claro ante la opinión nacional, que el Plan Patriota ha sido un gran fraude para fortalecer la dictadura personalista de Uribe y un gran fracaso militar, como lo evidencian las cifras de la agudización de la confrontación con las guerrillas a nivel nacional y la expansión de la violencia paramilitar a otras zonas del país en alianza con la fuerza pública, (su nombre nos indica que no eran del todo asesinos privados, sino que “trabajan” “en alianza con la fuerza pública”, algo así como una versión actualizada del binomio fuerzas armadas matones). Mientras tanto, crece el desplazamiento de campesinos y la miseria urbana, hechos estos refrendados por recientes estudios de la academia, que sin ser la última palabra en verdades reveladas, si contienen puntos de vista interesantes, respaldados en las cifras y en la investigación. A todo este ambiente de engaño, crimen, mentiras, corrupción y entrega de nuestra soberanía es que se pretende ahora dar continuidad con la reelección de un Presidente mafioso rodeado de una oligarquía apátrida y una verdadera pandilla de políticos sin escrúpulos que no gobiernan para Colombia, sino para sus propios intereses y que como lo describió alguna vez lapidariamente el filósofo Fernando González: “no tienen ni practican ninguna política social, sino que al derecho lo llaman limosna; a la limosna la llaman caridad y a esa hipócrita caridad la llaman, justicia social. Y dicen: Sí, es verdad que al pueblo hay que ayudarle, hay que darle algo de lo que nos sobra, pero al pueblo, hay que tenerlo con mano de hierro”. Crece el rechazo y el repudio a la corrupción de las altas esferas, y cada vez se destapan más y más escándalos que involucran a representantes del gobierno poniendo de bulto la insania y la podredumbre de este régimen de terrorismo de Estado. Crece también el rechazo a la reelección del déspota por parte de amplios sectores de opinión y sectores democráticos que ven en el referendo espurio para reelegir al mafioso, una violación a la Carta Magna, de la que ya van asomando las orejas de la dictadura. En el fascismo, todo el que haga oposición al gobierno es -en acto o en potencia- un “terrorista”. Y eso de “hacerle oposición” al gobierno, es un concepto de una amplitud sin límites, (como el de “terrorismo”), que no se reduce a pronunciar arengas políticas contra el régimen. También son opositores y, por ende, “terroristas” según la lógica del reinsertado José Obdulio, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que mandan a la cárcel a los congresistas uribistas que alcanzaron sus curules en alianza con los paramilitares, y que se resisten a elegir de una “terna de uno”, a un fiscal de bolsillo de Uribe, para que los absuelva y los deje libres. Desde luego, la ofensiva antiterrorista no se detiene en los pedestales y estrados de las Cortes. También se ha visto y se verá más adelante, extender el cargo de “terroristas” a muchos políticos liberales, independientes, o de la llamada “oposición democrática”. Ya es casi unánime también el repudio continental, de ver a Colombia convertida en plataforma militar del Imperio y cabeza de playa para agredir a los demás pueblos de América y revertir la tendencia liberadora que recorre el continente. Como lo dejó bien claro un Senador en reciente debate parlamentario: “Lo de las bases constituye una violación flagrante de la soberanía nacional. Una base extranjera, o una instalación, o el nombre que le quieran dar, (porque no se trata de un debate semántico), lo que implica es una actividad militar a favor de intereses extranjeros, distintos a los nuestros y en el territorio nacional. Pues el soldado de cualquier país del mundo, defiende los intereses del país a cuya bandera le juró lealtad”. Saludamos la creación del Movimiento Continental Bolivariano como expresión de rechazo a la dominación imperialista de nuestra América y nueva fuerza política con visión integradora y amplia de todas las tendencias patrióticas que propugnan por una América soberana y libre como la que predicó el Libertador y todos quienes lucharon por nuestra primera independencia. Ya hemos resistido muchos años y seguiremos luchando hasta el último aliento, porque estamos convencidos que al final, Colombia y los colombianos sabremos encontrar, el camino que nos conduzca a superar esta larga noche de represión y de violencia que las oligarquías nos impusieron, hasta alcanzar por fin, la Nueva Colombia. Por la Nueva Colombia, La Patria Grande y el Socialismo. Honor y gloria a la memoria de Manuel, Jacobo, Raúl, Iván, Nariño y todos los héroes caídos en la confrontación. La patria se respeta, fuera yanquis de Colombia! Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP, Diciembre del 2009 111.

10-2-2009, ELN: “Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Los que luchamos por el cambio y la construcción del nuevo país, tenemos que estar unidos y en la calle junto al pueblo, para exigir responsabilidades, hacerle un juicio al gobierno de Uribe y al régimen, por la hambruna a que están condenando a la población y plantearnos un nuevo gobierno de nación, paz y equidad”. Los problemas que afectan a las grandes mayorías de la nación son ignorados por la élite dominante; ésta, en vez de buscarles solución los acumula y con las respuestas que ejecuta, aumenta la complejidad de ellos. Así ocurre porque en el centro de las decisiones lo que pesa es el interés de la oligarquía y la sumisión al imperialismo. Dentro de esta concepción el interés popular se excluye de la política pública y el manejo de la economía. Los planes de desarrollo y crecimiento se proyectan y calculan solo considerando la obtención de la máxima rentabilidad para el capital; lo mismo ocurre con la distribución del ingreso nacional. Esta manera de concebir la economía y ordenar la sociedad, es excluyente y antidemocrática, condena a la mayoría de la población a la pobreza, la miseria y se le priva del bienestar; produce resistencia en el pueblo, que no encuentra garantía de participación real para defender sus intereses. Esta es la raíz y la causa del conflicto social y armado colombiano que lleva más de medio siglo. Las luchas populares por una reforma agraria, fueron ahogadas por los terratenientes y por la contrarreforma de sus aliados, los narcoparamilitares; los campesinos sin posibilidades de competir con los productos subsidiados importados, se vieron abocados a dedicar sus tierras a cultivos de uso ilícito para sobrevivir; las instituciones que habían sido creadas para fomentar y asesorar el desarrollo de la producción agrícola, el gobierno las acabó o les cambio de objetivos. Debido a las políticas elitistas, Colombia que era autosuficiente en la producción de alimentos, pasó a ser dependiente en las últimas décadas. La política agraria del Presidente Uribe está dirigida a fomentar y proteger los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles y la exportación, abriendo las fronteras a la importación de productos alimenticios subsidiados, con lo cual se acabará definitivamente la producción campesina. Ante la amenaza de la hambruna no podemos quedarnos callados y quietos; tampoco podemos esperar nada de este gobierno que solo tiene ojos, oídos e ideas para salvaguardar a los capitalistas de la crisis y darle la mano al imperio. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Los que luchamos por el cambio y la construcción del nuevo país, tenemos que estar unidos y en la calle junto al pueblo, para exigir responsabilidades, hacerle un juicio al gobierno de Uribe y al régimen, por la hambruna a que están condenando a la población y plantearnos un nuevo gobierno de nación, paz y equidad 112.

10-5-2009 El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una carta fechada el 4-5-2009 que da respuesta al grupo de intelectuales Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), que le pidió abandonar el secuestro y las prácticas contrarias a los principios humanitarios, dijo que “no hay temas vedados” en una eventual mesa de diálogo con el Gobierno, al tiempo que insistió en buscar una salida política al “conflicto armado” que vive el país desde hace más de medio siglo. “Siempre hemos planteado nuestra disposición para abordar el asunto de las retenciones en el ánimo de buscarle salidas. Desde luego que junto a esta temática también deben tratarse las demás acciones contra la libertad de las personas, como son las desapariciones forzadas y los presos políticos, entre otras”. Si estos temas no se abordan integralmente “seríamos injustos con la sociedad y con la historia. Una paz verdadera no puede quedar con deudas”. En la construcción de la paz se deben tener en cuenta todos los sectores y por ello es necesaria “una participación protagónica de todos los sectores de la sociedad”. Ningún gobierno puede sentirse dueño del país, “es la población quien debe definirle lo que debe ser y hacer un gobierno”. Al “ELN no lo mueve ningún interés mezquino, o que pretenda sacar ventajas para sí, todo lo contrario, priorizamos el deseo de las mayorías, voces que siempre se han pretendido silenciar”. Reclaman del Gobierno colombiano “propuestas de paz coherentes”, en las que se deben tener en cuenta las opiniones de otros sectores de la sociedad pues “el futuro de Colombia es el camino que entre todos debemos construir”. El ELN y el Gobierno colombiano sostenían un diálogo pero “el Gobierno colocó de manera unilateral precondiciones y exigencias, precipitando la mesa a una crisis, que requirió de la labor facilitadora del Gobierno venezolano para recomponerla”. A poco de reiniciar los diálogos la administración de Alvaro Uribe, “canceló de manera abrupta y unilateral la facilitación del vecino país, dejando sin ningún piso la credibilidad que se buscaba recomponer”. Las propuestas de paz del Gobierno colombiano “no pasan de ser una exigencia que pretende la desmovilización de la insurgencia para que todo siga igual”. Valoramos inmensamente el trabajo y tesón de Colombianas y Colombianos por la Paz, quienes abren opciones para hacer viable el Acuerdo Humanitario y también proyectan salidas al conflicto del país. Es importante mantener este intercambio epistolar, pero además es necesario realizar una reunión que nos permita analizar propuestas colectivas y con sentido de nación. Comando Central, Ejército de Liberación Nacional, Montañas de Colombia 113.

17-12-2009, Las dos principales guerrillas de Colombia anunciaron que trabajarán “por la unidad” para enfrentar al gobierno de Alvaro Uribe y prometieron que cesarán la pugna que las ha enfrentado en los últimos años. En los años 80 ambas agrupaciones fueron aliadas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. “Nos encaminamos a trabajar por la unidad para enfrentar, con firmeza y beligerancia, al actual régimen que el gobierno de Alvaro Uribe ha convertido en el más perverso títere de los planes del imperio pisoteando la dignidad nacional. El capitalismo está en crisis. El imperio, como siempre lo ha hecho, trata de conjurarla por medio de la guerra, y es así como incrementa las tropas de ocupación en Afganistán enviando decenas de miles a sumarse a los ya existentes. Hoy Colombia es convertida en una gran Base Militar a su disposición para ahogar en sangre la resistencia de nuestro pueblo y, desde aquí, pretende hacer retroceder el nuevo proyecto en nuestra América que cabalga por sus valles y montañas”. El capitalismo está en crisis. El imperio, como siempre lo ha hecho, trata de conjurarla por medio de la guerra, y es así como incrementa las tropas de ocupación en Afganistán enviando decenas de miles a sumarse a los ya existentes. Hoy Colombia es convertida en una gran Base Militar a su disposición para ahogar en sangre la resistencia de nuestro pueblo y, desde aquí, pretende hacer retroceder el nuevo proyecto en nuestra América que cabalga por sus valles y montañas. Como respuesta a esta pretensión guerrerista urge rescatar la bandera de la paz en Colombia como un compromiso de todo el continente. En esta hora precisa, donde la diversas expresiones del movimiento social y popular resisten y se movilizan, nos encaminamos a trabajar por la unidad para enfrentar, con firmeza y beligerancia, al actual régimen que el gobierno de Álvaro Uribe ha convertido en el más perverso títere de los planes del imperio pisoteando la dignidad nacional, el anhelo de los colombianos, e imponiéndose a punta de cañón paramilitar y represión institucional inspirado en una concepción matrera, corrupta y mafiosa. Evaluaciones recientes dan cuenta que los dos mandatos de Uribe son un fracaso en lo económico, lo político, lo social, de la justicia y en todos los demás órdenes, por ende nada más equivocado y riesgoso para el destino de la patria que una nueva reelección o de los inspirados en la Seguridad Democrática. Solo la unidad y acción decidida de los colombianos patriotas, de los demócratas, de los revolucionarios y de todos quienes guardamos esperanzas en la solución política podrá detener la guerra, hallar la paz y hacer posible la construcción de una Colombia Nueva que nos incluya en la definición de su destino que no será ajena a las nuevas dinámicas que hoy se viven en nuestra América. La comprensión de las exigencias del momento y nuestra condición revolucionaria nos conduce a ordenar a todas nuestras unidades a: 1. Parar la confrontación entre las dos fuerzas a partir de la publicación de este documento. 2. No permitir ningún tipo de colaboración con el enemigo del pueblo, ni hacer señalamientos públicos. 3. Respeto a la población no combatiente, a sus bienes e intereses y a sus organizaciones sociales. 4. Hacer uso de un lenguaje ponderado y respetuoso entre las dos organizaciones revolucionarias. Asumimos el compromiso de habilitar los espacios y mecanismos que permitan esclarecer y encontrar las verdaderas causas que nos han llevado a esta absurda confrontación en algunas regiones del país, superarlas y trabajar por resarcir los daños causados. Debe primar el análisis y la controversia crítica, franca y constructiva que coadyuve a la unidad y la fraternidad revolucionaria. Nuestro único enemigo es el imperialismo norteamericano y su oligarquía lacaya; en su contra, comprometemos toda nuestra energía combativa y revolucionaria. Ratificamos la vigencia de las normas de comportamiento con las masas acordadas y aprobadas en la cumbre de Comandantes de 1990. Las declaraciones públicas referidas a la unidad y al tratamiento de las dificultades entre las dos organizaciones solo es facultad del Secretariado y del Comando Central. Por las FARC-EP: Secretariado del Estado Mayor Central, Por el ELN: Comando Central. Montañas de Colombia, Noviembre del 2009 114.

16-1-2009, El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández declaró ante la Fiscalía General de Colombia, ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno especializado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en febrero del 2008 que el Presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia. Parte de la confesión de Villalba, fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa masacre, ocurrida en el caserío El Aro en 1997, concluyendo que en la matanza, agentes de la fuerza pública colaboraron con grupos de las AUC para asesinar a sangre fría a por lo menos 15 campesinos “en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”. La gobernación del departamento de Antioquia, entonces a cargo del hoy Presidente Uribe, se negó a prestar protección a los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente. La declaración de Villaba describe con nombre y pormenores una estrecha relación de complicidad y camaradería entre autoridades militares y policiales con los cabecillas de los escuadrones de la muerte. Cuando los paramilitares llegaron a El Aro, un caserío de unos 500 habitantes en una zona montañosa del norte del departamento de Antioquia, llevaban una lista de sus víctimas. A unos los mataron de un tiro en la nuca, bocabajo, en la plaza del pueblo; también ultimaron a un joven de 14 años, pero en el caso del dueño del almacén de abarrotes Marco Aurelio Areiza Osorio, un comerciante de 64 años, apreciado en la región por su generosidad, los paramilitares se ensañaron con pasmosa frialdad. Según testimonios obtenidos por Human Rights Watch y periodistas colombianos, le ordenaron al comerciante que preparara un sancocho, y después que lo sirvió lo amarraron a un naranjo y, vivo, le sacaron el corazón, luego los ojos y después le arrancaron los testículos. Algunos niños que se escondieron cerca a la plaza lo vieron todo: “El bujaba [mujía] duro y luego chillaba como un niño”. Los paramilitares ingresaron a El Aro el sábado 25 de octubre, un día antes de elecciones municipales. La toma del pueblo duró unos cuatro días, durante los cuales unos 120 paramilitares con uniformes de las AUC asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron unas 900 cabezas de ganado. Según declaraciones de Villalba, el Ejército y las AUC planearon la toma de El Aro para escarmentar a los guerrilleros de las FARC y rescatar a unos ocho ganaderos y comerciantes que los rebeldes tenían secuestrados. Tres días antes de la incursión en El Aro hubo una reunió en una finca de un hacendado en el municipio de La Caucana, en el noroeste de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de las AUC y “estuvo también Santiago Uribe y Alvaro Uribe, que era gobernador cuando eso”. Santiago “siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos”. Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación: “Supe que era Alvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos”. Según Villalba, Alvaro Uribe “fue invitado por Carlos Castaño” a la reunión previa a la masacre y luego presentado por Mancuso ante los asistentes. En esa reunión Uribe habló en público: “Alvaro Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos”. Mancuso y Castaño llegaron “en un helicóptero gris, pequeño, [que] bajó a la finca directamente” y en la zona 'habíamos (sic) como 100 hombres [de escuadrones de la muerte] con los del pueblo y los 22 que yo tenía”. Villalba indicó que recibieron ayuda “de la IV Brigada [de Ejército]. Lo digo porque antes de la masacre hubo una reunión; hubieron (sic) retiradas de tropas de los retenes [de control militar en el área], suspendido los retenes de tropa en la carretera”. En enero del 2007 Villalba fue trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por otra masacre cometida por paramilitares en noviembre de 1997 en La Balsita, municipio de Dabeiba, Antioquia. En esa oportunidad fueron asesinadas 15 personas y entre los responsables, “también estaba el hermano de Alvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados [sicarios] para eso”. Los “pelados” que habría prestado el hermano del Presidente Uribe, pertenecían a la banda paramilitar Los Doce Apóstoles”. Este grupo asesinó al periodista y humorista Jaime Garzón, al abogado Jaime Umaña y al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. A Valle, “lo mató la banda de La Terraza y a mí me mandaron a que me callara [...] lo mandaron a matar por las investigaciones que llevaba sobre la masacre del Aro. Era uno de los que me ayudaba porque supo cuando yo me entregué y me iban a matar para que no dijera nada” 115.

1-2-2009, Las FARC, liberaron a tres policías y un soldado que tenían como rehenes desde comienzos del 2007, que fueron recibidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), representantes de “Colombianos y Colombianas por la Paz” y la Senadora Piedad Córdoba. Asistió como observador garante, el periodista Jorge Enrique Botero. Los rehenes eran los policías Wálter José Lozano Guarnizo, Juan Fernando Galicia Uribe y Alexis Torres Zapata, y el soldado William Giovanni Domínguez Castro, quienes gozaban de buena salud. Los tres policías formaban parte de un comando antisecuestro. El periodista y miembro de la misión humanitaria, Jorge Enrique Botero, informó que la Senadora colombiana Piedad Córdoba haría la denuncia de acciones del Ejército colombiano a través de un video en el que se muestra vuelos rasantes de aeronaves y helicópteros militares. Las fuerzas armadas de Colombia, “realizaron un constante seguimiento” de la caravana humanitaria que llevaba a la Senadora Piedad Córdoba al punto de encuentro con la guerrilla, para entregar a los cuatro uniformados retenidos. Tras las obstáculos del ejército la entrega de los liberados se concretó a las 15:00 hora local de Colombia. La misión humanitaria encargada de facilitar el proceso de liberación se habría visto entorpecida por los combates en la zona por parte del Ejército colombiano, informó el periodista Jorge Enrique Botero y Jairo Martínez, Comandante de las FARC en el lugar. Este último denunció además que un guerrillero de nombre Saúl murió y otro está desaparecido “que ha sido parte de la guardia de los prisioneros de guerra”, por combates con el Ejército. Ante el asedio del ejército colombiano Martínez recordó que la responsabilidad asumida por las FARC es entregar a los retenidos por esta guerrilla con vida. Colombianos por la Paz dio completo apoyo a Botero en sus comentarios. La organización “Colombianos por la Paz” es una iniciativa procedente de la sociedad civil colombiana, que ha organizado cartas y comunicaciones con las FARC solicitándole la liberación de personas secuestradas o retenidas por la organización. Esta liberación es consecuencia de sus gestiones, realizadas desde mediados de 2008 116.

1-2-2009 Monseñor Fabián Marulanda, de la Conferencia Episcopal de Colombia respecto de las liberaciones llevadas a cabo por las FARC, dijo: “Esas liberaciones no son un favor que las FARC le hacen al país, no son una muestra de su sentido humanitario, lo único que el pueblo colombiano quiere es que sean liberados todos y que esa liberación se haga sin condiciones y de manera inmediata. A simple vista con los elementos pocos que pueda tener, se piensa que las razones que debe tener las FARC para realizar esas liberaciones es mantener la expectativa de esperanza que hay en el país de la liberación, y eso deja ver que en el fondo no hay ninguna razón humanitaria, humanitario sería que liberaran a los que llevan mucho más tiempo, sobre el presupuesto de que deberían liberarlos a todos, deberían empezar por los que llevan más tiempo” 117.

6-2-2009, El periodista Daniel Samper denunció sobrevuelos militares durante la misión de liberación unilateral por las FARC de Alan Jara. Si lo garantes Colombianos por la Paz hubiéramos sabido que el gobierno quería poner vuelos a la altura que fuera, 3000, 10.000, 100.000 pies de altura, nos hubiéramos negado a ello. Los guerrilleros pensaron que esto era una trampa. La Cruz Roja tampoco sabía. El ministro de Defensa ha dicho que esto estaba pactado con la Cruz Roja, a mi me dijeron los compañeros de la Cruz Roja que eso no era así. La delegada de la Cruz Roja, Patricia, que viene de Suiza, comentó que no tenían ni idea de los sobrevuelos, los brasileros tampoco, ellos iban a hacer lo que les dijera el delegado de la Cruz Roja. La Cruz Roja controvirtió a Santos y aseguró en un comunicado que “la referencia de los 20 mil pies (que se planteó en la reunión con el Ministro de Defensa el 30-1-2009) fue una indicación del límite sobre el cuál podrían mantenerse vuelos comerciales”. Cómo se va a hacer entrega de rehenes en una zona guerrillera con acciones militares arriba, lo que pudiera haber ocurrido allí es el fracaso absoluto de la operación. Temíamos los efectos políticos de un fracaso, eso era un golpe mortal, casi, a un camino negociado que evite tanta sangre y tanta bala para llegar a la meta. Daniel Samper, desmiente las afirmaciones del Ministro Juan Manuel Santos, en el sentido de que los sobrevuelos de aviones militares en el sitio de entrega de los 4 primeros rehenes “estaba acordado con el CICR” 118.

7-3-2009, La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) enviaron una carta al Comandante de las FARC Alfonso Cano, a la que adhirieron Colombianos Colombianas por la Paz. Señor Comandante Alfonso Cano y demás miembros del Secretariado FARC-EP, Montañas de Colombia: Aprovechamos el canal abierto por la confluencia de Colombianos y Colombianas por la Paz, que lidera la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, con quien nos reunimos previamente, para buscar una comunicación epistolar con ustedes y poner en consideración las siguientes apreciaciones y cuestionamientos, en el marco de nuestro compromiso expreso y ancestral por la paz, por la solución política del conflicto y por el diálogo y la negociación como camino para construir aquéllas. Los pueblos indígenas de Colombia y en particular los del Cauca hemos avanzado en los últimos 40 años en precisar nuestro proyecto político estratégico, que podemos sintetizar en tres elementos: 1) La necesidad de transformar el sistema político para que haya justicia, democracia y gobierno de los más, vida buena y armonía con la naturaleza; 2) la necesidad de que en ese nuevo sistema político se respete de verdad y en profundidad el derecho de los pueblos indígenas a gobernarnos y a gobernar los territorios y los recursos naturales, junto a nuestro compromiso y convicción de que la Madre Tierra no es propiedad de nadie (y menos de las transnacionales) sino que debe ser protegida y liberada para que alimente y cuide a todos los seres vivos; y 3) la necesidad de que las relaciones entre los pueblos sean de entendimiento, respeto y solidaridad. Dicho en otras palabras, buscamos un sistema político verdaderamente democrático (y no lo hay), un sistema económico alternativo que no destruya la naturaleza y el ambiente, y una sociedad en armonía. Todo lo anterior necesita y supone la construcción de la paz. En la urgente consolidación de la paz, hemos llegado a una conclusión simple pero que consideramos verdadera: “No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos”. No queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine. Humildemente, consideramos que hemos avanzado en todos esos propósitos. En el departamento del Cauca, la organización y la movilización indígenas nos han permitido consolidar ejercicios reales de autogobierno y poder popular, hemos logrado un creciente control sobre territorios y recursos naturales, y persistimos en defender un modo de vida que no acabe con la naturaleza ni con la vida. No somos ingenuos sobre estos logros. Sabemos que son relativos frente al avance del modelo económico extractivista y depredador, que construir gobiernos democráticos de base comunitaria es lento, que defender un modo de vida alternativo en medio del consumismo es a veces imposible. Pero aún así, toda nuestra organización está dispuesta a defender, con todos los medios posibles, estos avances. Porque están encaminados a un propósito justo, y porque entendemos que pueden ser un aporte al conjunto del movimiento popular. Pero contra estos propósitos que consideramos justos, atentan no solo el modelo económico depredador y el sistema político ilegítimo y mafioso que hoy desgobiernan al país. Públicamente hemos dicho que varios de sus comportamientos y acciones están en abierta contravía con lo que venimos construyendo: mientras nosotros construimos un gobierno municipal popular que le rinde cuentas a los cabildos y a la asamblea de comuneros, ustedes se toman el municipio, destruyen algunas casas y dan pretexto para que la fuerza pública invada las comunidades; nosotros, desarmados y con la cara descubierta, desmontamos las trincheras de la policía del centro de Caldono, Toribío y Jámbaló para que su presencia no afecte a la población civil, mientras ustedes dejan minas antipersona y no tienen ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra; mientras nosotros sin ningún temor le hacemos juicio a los militares que han asesinado a comuneros indígenas, ustedes secuestran a funcionarios indígenas y no indígenas de la alcaldía de Jambaló para enjuiciarlos por robar dinero, como si no hubiéramos dado muestra de tener capacidad de aplicar justicia comunitaria. Es como si ustedes estuvieran en contra del poder popular y del gobierno directo de los comuneros; un comunero nos decía que pareciera que ustedes estaban por la toma del poder que los pobres y los indios hemos construido con mucho esfuerzo, y habían renunciado a tomarse el poder que tienen los ricos. Lo que ahora más nos preocupa es la campaña que de tiempo atrás vienen ustedes impulsando para crear estructuras paralelas a las que nosotros hemos construido. Los grupos de milicianos y las iniciativas que ellos mueven dentro de las comunidades, se han convertido en un enorme factor de riesgo para la vida de los indígenas y en una amenaza a la organización. Ustedes saben que las armas enferman a la gente que las carga, los hace más arrogantes y vanidosos frente a los que van desarmados; saben también que muchos jóvenes se meten en esos grupos por razones que no son políticas, a veces incluso para resolver problemas familiares, o para eludir el cumplimiento de obligaciones o sanciones de la comunidad, y casi siempre se trata de muchachos y muchachas con escasa formación política; y también ustedes saben que cuando hay grupos armados cerca, siempre hay los que quieran acudir a ellos para que les resuelvan sus problemas personales. Muchas de estas peleas se presentan como peleas políticas, y los encargados de los grupos armados terminan prestándose a ese juego con el propósito de ganar amigos o de que algunas personas les deban favores. Más grave todavía, es que esos grupos milicianos son las fuentes con que las organizaciones armadas alimentan de información “confiable” su intervención política. El resultado es que ustedes terminan haciendo política a base de rumores, de chismes y de peleas personales, que se convierten en señalamientos absurdos. Ahora mismo, tenemos amenazados por gente de ustedes (no sabemos si con orden del Secretariado) a los líderes más destacados de la ACIN y el CRIC, y a asesores no indígenas que nos han acompañado por 30 y 40 años, acusados de ser amigos del gobierno. Y a los funcionarios de la alcaldía indígena acusados de robarse plata, en pura retaliación porque nuestra guardia indígena los liberó y nuestra justicia sancionó a los milicianos indígenas responsables del secuestro, ahora están en la lista de gente que debe ser asesinada. En otra época se hablaba de juicios populares; ahora la mera voluntad de una persona basta para condenarla a muerte. Por ese camino, de involucrar forzadamente a la gente en un grupo armado, o de forma voluntaria pero sin atender a consideraciones políticas, vamos a llegar a situaciones de señalamientos generalizados, que han producido masacres como la de nuestros hermanos Awá o las que han pasado con los Kankuamos, y a repetir un montón de atropellos y crímenes que ustedes han reconocido. Cada situación será distinta, pero en el fondo lo que hay es el interés de ustedes y del Estado, de meternos a fuerza en la lógica guerrera. Ya les dijimos que nosotros no somos externos al conflicto, estamos dentro como víctimas y queremos estar dentro como actores que ayuden a resolverlo. Pero no queremos ser un grupo armado, no queremos que nuestros comuneros se vuelvan combatientes de ningún ejército, porque hemos encontrado que la movilización directa de la gente, el gobierno popular y la organización consciente de todos y todas, son más poderosas que cualquier fuerza armada; y nuestra propia experiencia nos dice que una fuerza armada que se separa de la gente que la parió y se impone sobre ella, se vuelve una fuerza de ocupación, y toda fuerza de ocupación se vuelve odiosa para la gente y está condenada a la derrota. Sabemos que la guerra produce estas situaciones. Pero eso no las justifica. Y por el contrario, nos obliga a resolverlas, y a resolver el conflicto mismo. En eso estamos comprometidos. Queremos que esta carta sirva para abrir un diálogo público con ustedes, que esperamos sea directo y transparente, que ayude a resolver los problemas y al avance en el camino de la paz, y que no agrave la situación. Y esperamos que a ello contribuyan las órdenes que ustedes den para impedir que las amenazas y señalamientos de que hemos hablado se conviertan en una realidad dolorosa para nuestro pueblo. Dada la urgencia de esta situación esperamos una pronta respuesta. Atentamente, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Adhieren Colombianos Colombianas por la Paz. Hay una larga lista de más de 155 mil firmas encabezadas por la Senadora Piedad Córdoba Ruíz 119.

6-5-2009 Un grupos de ex-retenidos de las FARC hacen un llamado público para que esta guerrilla pueda entregar los restos del mayor Guevara y la liberación de Pablo Moncayo. Comunicado a la opinión pública: Con ocasión de los últimos acontecimientos nacionales y ante el anuncio de la liberación unilateral del Cabo Segundo Pablo Emilio Moncayo, de la entrega del cadáver del Mayor Julián Ernesto Guevara, de pruebas de supervivencia y de la disposición de iniciar diálogos que permitan la realización de un intercambio humanitario, los abajo firmantes nos congratulamos con tan importantes noticias. Al tiempo, nos preocupa la demora en el trámite de los detalles logísticos que concreten tan anhelada libertad y los demás actos humanitarios, pues quienes estuvimos en cautiverio, sabemos cuán grande es la angustia que se vive en los momentos previos a ese acontecimiento y la inhumana tensión a la que son sometidas las familias. Hacemos un llamado al gobierno nacional, al país, a los gobiernos latinoamericanos y a la comunidad internacional a no desmayar en los esfuerzos por poner fin al sufrimiento de un número importante de servidores de la patria y sus familias, por ello, desde nuestra liberación hemos insistido en que es necesario avanzar en acciones que logren la libertad de todos los que aún permanecen separados de sus familias. Confiamos que la liberación del Cabo Pablo Emilio Moncayo es la antesala del intercambio humanitario, para el cual las FARC anunciaron su disposición mediante recientes mensajes. Urgimos en allanar los caminos, en tender puentes que conduzcan al objetivo deseado, por tanto nos solidarizamos con la labor eficiente del grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz que lidera la Senadora Piedad Córdoba ya que todas las acciones humanitarias son bienvenidas en procura del fin de la guerra y el advenimiento de la paz y la reconciliación nacional. Dado en Bogotá, a los cinco días del mes de mayo. Suscribimos: Alan Jara Urzola, Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas, Sigifredo López, Orlando Beltrán Cuellar, Oscar Tulio Lizcano, Luis Eladio Pérez Bonilla 120.

22-5-2009 La Senadora Piedad Córdoba descartó el 21-5-2009 que el operativo de liberación del Cabo Moncayo se realice en países vecinos de Colombia. También recordó que la libertad de Moncayo está en manos del Presidente Alvaro Uribe, quien ha obstaculizado el proceso. Fuentes de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) informaron el 22-5-2009 que la Senadora Piedad Córdoba, acompañada del también Senador Rodrigo Lara, de Iván Cepeda del Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado (Movice), de Eduardo Carreño del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y de Danilo Rueda de la comisión intereclesial, se reuniría en Washington con los dos ex jefes paramilitares extraditados a EUA, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'. Salvatore Mancuso le había solicitado por medio de una carta a Piedad Córdoba que lo visitara para discutir mecanismos que permitieran la continuación de los procesos de verdad, justicia y reparación de sus víctimas; también había mostrado su interés para crear mecanismos que garanticen que las propiedades expropiadas vayan a la reparación de las víctimas y no que se queden en poder de EUA. Cuando Piedad Córdoba anunció su viaje a EUA, lo justificó indicando que en ese país no existe un instrumento jurídico que obligue a los paramilitares a confesar sobre delitos cometidos en Colombia; también detalló que no existe posibilidad alguna de que los bienes que ellos entreguen lleguen al Fondo de Reparación de las Víctimas, porque no hay ningún estamento jurídico en ese sentido. Del mismo modo, recalcó la necesidad de una estrategia jurídica de alto nivel en el gobierno estadounidense para que estos delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad. También se reunió con los influyentes representantes demócratas Jim Mc Govern y Bill Delahunt, buscando apoyo del Congreso y el gobierno estadounidenses para destrabar la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, a quien ella cree las FARC no lo entregarían en otro país distinto de Colombia 121.

2-6-2009, Los indígenas colombianos han anunciado durante la Cumbre Continental de Pueblos del Abya Yala en la ciudad peruana de Puno, que organizarán una Guardia que los defienda. El líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) Luis Fernando Arias, aclaró que no se trata de una idea nueva, ya que desde hace un año y medio funcionan estas guardias en el Departamento del Cauca y posteriormente en otras regiones y se acordó formalizar su funcionamiento a nivel nacional. Si bien estas guardias sólo estarán armadas con los bastones de mando indígena, símbolo de autoridad, Arias comentó que en el pasado han tenido éxito en el rescate de secuestrados por las FARC o en confrontaciones con el Ejército. Se trata de defender los territorios utilizando la persuasión y no la violencia. Los pueblos originarios colombianos se encuentran en la línea de fuego cruzado de la guerrilla, los paramilitares y el ejército regular. Todos estos actores tienen intereses en los territorios asignados a los indígenas. Arias relató que en los últimos siete años han muerto 1.300 indígenas en esta violencia política y que actualmente hay muchos hermanos amenazados de muerte. La Guardia estará conformado por 100.000 indígenas para hacer frente a los protagonistas del conflicto armado. Arias aclaró también que se busca una cooperación con otros movimientos colombianos y latinoamericanos que están luchando en pro de la paz 122.

15-6-2009, Diálogo epistolar Colombianos por la Paz con el ELN: Señores COCE–EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL – ELN, Cordial saludo. Colombianas y Colombianos por la paz saludamos la disposición del ELN y su propósito de buscar con la mayor imaginación, responsabilidad y compromiso, a través de este recurso que hemos denominado diálogo epistolar, el camino de la solución política al conflicto armado. Hemos leído con especial atención la carta que recientemente ustedes nos han dirigido. Al respecto, queremos insistir en dos aspectos:

Primero. Estamos convencidos de que el secuestro no debe ser tema de una mesa de diálogos y negociaciones de paz, sino una decisión y un compromiso unilateral de su organización insurgente, en términos de renunciar a esa práctica de presión política y económica. En tal virtud, cordialmente reiteramos el llamado a que manifiesten expresamente si están dispuestos a dejar, de manera unilateral e inmediata, esa práctica atentatoria del Derecho Internacional Humanitario. La situación de los presos políticos y de los desaparecidos debe ser objeto de tratamiento político en el marco de los mandatos constitucionales. Segundo. Los convocamos para que le señalen al país la agenda que están dispuestos a seguir para retomar el camino de la solución política negociada en el marco del “Acuerdo Base”. Consideramos que el ELN debe tomar la iniciativa en la formulación de propuestas viables que la sociedad civil pueda acompañar. Asimismo, estimamos como deber nuestro la necesidad de estimular en el ámbito social y en los medios institucionales un amplio debate sobre la plataforma política y social, así como sobre los mecanismos de reinserción que hagan viable la salida política al conflicto. De otra parte, nos permitimos expresar nuestro interés de colocar en el diálogo epistolar los problemas y dificultades humanitarios que hoy viven las poblaciones de Arauca y Nariño. Cualquier reunión que pueda organizarse entre Colombianas y Colombianos por la Paz y el ELN, dentro o fuera del país, debe contar con el aval y consentimiento del Gobierno nacional. Nuestra voluntad se encuentra del lado de la solución política y la construcción social de la paz. Entre tanto mantendremos nuestro diálogo epistolar. En espera de su respuesta, Colombianas y Colombianos por la Paz. Firma Piedad Córdoba Ruíz y 155 mil firmas más 123.

15-6-2009, Red de Organizaciones Sociales por el Acuerdo Humanitario. Mandato por el Acuerdo Humanitario Comunica a la opinión pública regional, nacional e internacional: 1. La Red de Organizaciones Sociales por el Acuerdo Humanitario en el Departamento del Meta se constituyo respondiendo al compromiso histórico, social y patriótico de impulsar el Acuerdo Humanitario en el Departamento del Meta y apoyarlo en todo el territorio nacional. 2. Creemos que el Acuerdo Humanitario es un paso trascendental hacia la consolidación de caminos de paz para nuestro país y que desde nuestras organizaciones como expresiones de la sociedad civil debemos tener una participación permanente, y propositiva en la solución negociada y dialogada de este conflicto político, social y armado. 3. Saludamos y apoyamos fraternal y consecuentemente la gestión realizada por la Senadora Piedad Córdoba quien lidera el movimiento Colombianos y Colombianas por la paz que demostrando con transparencia un compromiso público con la Paz y que a hecho posible las liberaciones unilaterales, entre ellas el ex gobernador Alan Jara, sin olvidar que aun persisten retenidos miembros de la policía y el ejercito Carlos José Duarte, José Libardo Forero Carrero, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, Cesar Augusto Lasso y Wilson Rojas Medina del Departamento del Meta además de Robinsón Salcedo, Luís Arturo Arcia, Luís Alfonso Beltrán, Luís Alfredo Moreno, Luís Mendieta, William Donato, Enrique Murillo, Arbey Delgado. Edgar Yesid Duarte, Elkin Hernández, Pablo Emilio Moncayo, Libio Martínez, Álvaro Moreno, Herazo Maya, Guillermo Solórzano y Salin A. San Miguel. 4. Pedimos al Gobierno Nacional la facilitación de condiciones que permita la libertad de Pablo Emilio Moncayo, la entrega de los restos del capitán Julián Ernesto Guevara y las pruebas de supervivencia de los 22 policías y militares que tiene en su poder las FARC–EP. 5. Acogemos las iniciativas en curso que nacieron desde la sociedad civil como el Referendo por el Intercambio Humanitario liderado por el profesor Moncayo y el Mandato Estudiantil por el Acuerdo Humanitario e invitamos a la comunidad llanera en general a apoyar masivamente estas propuestas para alimentar la esperanza de un país diverso, tolerante y pluralista donde florezca el respeto a la vida y detener el derramamiento de sangre que por tantas décadas ha dominado nuestra patria. Firmas 124.

20-6-2009, Respecto de la investigación abierta por la Procuraduría General de Colombia por posibles vínculos con las FARC, la Senadora Piedad Córdoba dijo: “Estoy absolutamente convencida de que es un montaje. Lo que sí veo es una es una estrategia muy fuerte de desprestigio, pero ni me voy a exiliar, ni me voy a esconder. Voy a dar la cara. Espero que sea un juicio jurídico objetivo, con todas las garantías”. Los tres congresistas son parte de la oposición al Presidente Alvaro Uribe. Córdoba es del Partido Liberal, mientras que la Senadora Gloria Inés Ramírez y el representante Wilson Borja son del Polo Democrático Alternativo (PDA). La Senadora Córdoba ha reconocido que ha entrado en contacto con las FARC para lograr la liberación de varios rehenes, en cuya entrega ha participado. La Senadora Córdoba también ha jugado un rol importante en los esfuerzos por liberar a Pablo Emilio Moncayo, un suboficial del Ejército colombiano que está secuestrado desde hace casi once años y medio. Ha chocado fuertemente con el gobierno del Presidente Alvaro Uribe frente al tema de los rehenes y la búsqueda de una solución negociada al viejo conflicto armado, que golpea a Colombia desde hace cinco décadas 125.

15-7-2009, El Senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, reafirmó su rechazó a la decisión del gobierno de Colombia de permitirles a las fuerzas armadas norteamericanas operar desde tres bases militares colombianas, donde se instalarán 1.400 soldados extranjeros, a 600 de los cuales llaman “contratistas”. Esa decisión, explicó Robledo, “viola de manera flagrante la soberanía y la autodeterminación nacional, convierte a los colombianos en peones en la estrategia militar de la Casa Blanca por el control del mundo, constituye una acción hostil con las países vecinos y es contraria a la Constitución”. Que se permita un debate nacional sobre la conveniencia y legalidad de las bases militares antes de concluir cualquier acuerdo. El Senador Robledo explicó que no hay norma constitucional que permita asentar tropas extranjeras en el territorio nacional, porque el artículo 173 solo permite su “tránsito” por el país, y previa aprobación del Senado. También son falsas las explicaciones del Ministro de Relaciones Exteriores, en el sentido en que un caso como este -incluso si fuere constitucional- puede resolverse sin un tratado entre los dos países, el cual también requiere la aprobación del Congreso de Colombia. Exigió que el gobierno publique lo acordado, de manera que no pueda seguir manipulando la información, y se comprometa a no cerrar ningún acuerdo sin que antes se dé un debate nacional sobre una de las peores decisiones de la historia de Colombia 126.

4-8-2009, Con ocasión del debate de control político al gobierno nacional para que explique el contenido y los alcances del acuerdo que negocia con Estados Unidos para la utilización de bases militares colombianas por personal y equipos estadounidenses, Propongo a la plenaria del Senado citar al Señor Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Fabio Valencia Cossio, y al Señor Ministro de la Defensa, General Freddy Padilla de León o quien cumpla esa función a la fecha de la citación, para que absuelvan el siguiente cuestionario: 1. ¿Qué acciones ha adelantado el gobierno nacional para cumplir con las obligaciones adquiridas frente al derecho internacional en cuanto a la protección, prevención y sanción de las violencias contra las mujeres, especialmente en los casos de delitos sexuales cometidos por militares estadounidenses en el territorio nacional? 2. ¿Qué acciones realizó el gobierno nacional orientadas a lograr la sanción de la violación de una niña de 12 años por parte del sargento Michael J. Cohen y el militar retirado Cesar Ruiz, hecho sucedido en Melgar en agosto del 2007? ¿Hubo sanciones efectivas? ¿En qué consistieron tales sanciones? 3. ¿Qué acciones ha ejercido el gobierno nacional para lograr la sanción de los marines y contratistas del ejército de los Estados Unidos que, durante su trabajo en Tolemaida, sometieron a tres menores a vejaciones sexuales y las registraron en cinta de video para ser distribuida de manera pornográfica, hechos sucedidos en octubre del 2004? ¿Hubo sanciones efectivas? ¿En qué consistieron tales sanciones? 4. ¿Qué acciones ha adelantado el gobierno nacional para hacer efectivos los derechos civiles de niñas/os hijas/os de militares estadounidenses que han incumplido las leyes nacionales sobre paternidad responsable? 5. ¿Qué mecanismos ha previsto incorporar el gobierno nacional al acuerdo que negocia con Estados Unidos para evitar la impunidad de los delitos cometidos contra las mujeres por parte de militares estadounidenses? 6. ¿Cómo garantizará el gobierno nacional el control del poder abusivo de los militares estadounidenses, quienes aprovechando su condición en zonas de precario desarrollo socioeconómico seducen a mujeres niñas y adultas sin atender las obligaciones civiles derivadas de sus actos? 7. ¿Qué mecanismos ha impulsado el gobierno nacional para prevenir el crecimiento de las redes de prostitución alrededor de las bases militares nacionales y que hará para evitar esta misma situación en las bases militares ocupadas por soldados norteamericanos? 8. En general, ¿qué programas o acciones ha diseñado el gobierno nacional prevenir y sancionar los delitos que cometan los militares estadounidenses contra niñas/os, adolescentes y mujeres en el territorio nacional? Piedad Córdoba Ruiz, Senadora de la República 127.

9-9-2009, La Senadora Piedad Córdoba advirtió a las FARC que si no entregan a todos los secuestrados podrían quedar bajo la mira de la Corte Penal Internacional, cuya competencia regirá en Colombia a partir de noviembre del 2009, con el vencimiento de la salvedad de siete años que el Gobierno hizo en 2002 para sustraer del alcance de este tribunal los casos de crímenes de guerra, a fin de facilitar eventuales procesos de paz con los grupos armados ilegales. Durante un debate en el Congreso, insistió en que debe haber voluntad de parte del grupo guerrillero y del Gobierno para conseguir la libertad de los cautivos lo antes posible. El estancamiento en el proceso de liberación de varios secuestrados va a tener una consecuencia irreversible. Pidió al Senado conformar una comisión que dialogue con el Presidente, para desbloquear las liberaciones. El repudio por el secuestro y las cadenas con que las FARC mantienen a los secuestrados degradan a los cautivos y por eso se debe llegar a la liberación absoluta de secuestrados y al destierre del secuestro. El Senador y precandidato presidencial por el opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, propuso que se denuncie a las FARC ante la CPI por incurrir en crímenes de guerra con los uniformados que mantiene en condición de secuestrados. Las FARC “ejercen torturas y, por tanto, crímenes de guerra contra sus secuestrados y prisioneros”. Propuso que sea una “comisión pluripartidista” la que asuma la tarea de denunciar a las FARC ante la CPI por crímenes de guerra. Invitó a adherirse a esta iniciativa a su colega Piedad Córdoba, congresista por el opositor Partido Liberal, que el 3-9-2009 previó que Uribe podrá quedar en manos de la CPI incluso antes que las FARC, por negarse a facilitar la puesta en libertad de los cautivos y perpetuar el dolor de los demás, con lo cual ha infringido el Derecho Internacional Humanitario y los protocolos que lo adicionan 128.

17-9-2009, La intervención de la Senadora Piedad Córdoba en el acto de instalación del XI Foro por los Derechos Humanos y la Paz se centró en tres propuestas esencialmente. 1) La unidad urgente de todos los sectores y organizaciones sociales que de una u otra forma luchan por cambiar las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales y de derechos humanos en Colombia. “Yo creo que definitivamente, es muy importante la iniciativa de juntarnos todos los que estamos en las distintas iniciativas de paz, de defensa de los derechos humanos y de la transformación del país, para que, respetando las diferencias que pueda tener cada organización, nosotros seamos capaces de construir una plataforma unificada de lucha. Creo que cada uno por su lado puede hacer cosas, pero si somos capaces de avanzar por encima de nuestras diferencias vamos a ser mucho más fuertes para enfrentar el actual régimen autoritario y de terror que está viviendo Colombia en estos momentos”. 2 Que se impulse desde la sociedad la posibilidad de incluir una papeleta por la paz en las próximas elecciones para elegir Congreso de la República. “Quiero dejar aquí la posibilidad de avanzar sobre una papeleta por la paz en las elecciones del congreso de la República. Los invito a que todos los que estamos en estas iniciativas a que nos juntemos, a que nos reunamos, a que busquemos el apoyo de algunos partidos políticos que puedan mirar la posibilidad de esto, porque yo creo que es muy peligroso que nosotros le dejemos al Presidente la iniciativa de la guerra en Colombia”. 3) Que los colombianos tomen para sí la iniciativa de parar la guerra, ante la negativa del régimen. “En estos momento creo que la única decisión que tenemos que tomar es enfrentar la guerra. Nosotros tenemos que tomar la decisión de acabar la guerra en este país, no podemos quedarnos tan indiferentes, quedarnos impasibles ante las decisiones del Presidente de profundizar el conflicto y de no permitir la libertad de las personas que están en poder de la guerrilla y en las cárceles del país por acciones del conflicto. Debemos denunciar cada vez en voz más alta que el Presidente es arbitrario y viola el DIH y los protocolos adicionales. Que todas las personas que conforman este régimen, las cuales se desgañitan en discursos diciendo que las FARC van para la Corte Penal Internacional, a lo que creo que muy rápidamente el Gobierno les va a hacer compañía por una razón muy sencilla, porque es absolutamente claro que perpetuar el dolor de los demás y que no permitir que en un Estado en guerra como la que vive Colombia se pueda avanzar hacia la búsqueda de la paz, la búsqueda de la concordia es un crimen de lesa humanidad. A trabajar, a que nos unamos de manera definitiva, a que no perdamos lo que nos une y a que no perdamos la preocupación por el dolor, el sufrimiento, la lucha por construir una nación totalmente distinta a la que tenemos hoy, pero sobre todo el afán y el interés de derrotar lo que nos está gobernando. Levantarnos con mucha dignidad, con mucha soberanía y autonomía, por que Colombia es mucho más que el Presidente Uribe y los secuaces que lo secundan129.

27-9-2009, La justicia colombiana impuso penas de 31 años de cárcel al Capitán César Romero Pradilla y el Teniente Johan Jiménez, miembros de la Fuera Aérea que habían sido acusados por la muerte de 17 campesinos en una operación contra las guerrillas ejecutada en 1998. Piloteaban un helicóptero que atacó la zona de Santo Domingo, en la provincia de Arauca, cuando perseguían una columna de las FARC. El técnico de la aeronave, Héctor Mario Hernández, fue condenado a seis años de cárcel por homicidio culposo, ya que “no tuvo intención de provocar daño conscientemente, a diferencia de los pilotos que atacaron posiciones en las que había civiles a pesar de que tuvieron información de inteligencia que les habría permitido evitar las muertes”. La sentencia también ordena girar copias de lo actuado a la fiscalía para que investigue el comportamiento de otros oficiales y civiles que habrían intentado encubrir los hechos, al sostener que las muertes se produjeron por la detonación de un coche bomba de las FARC 130.

13-10-2009, Los indígenas colombianos se movilizan en varias zonas del país contra los tratados de libre comercio, la impunidad, la falta de tierras y de educación y salud, como ya lo hicieron en el 2008. A diferencia de 2008, ahora quieren congregar a otros sectores sociales, como estudiantes y sindicatos. Esta vez son unas 40.000 personas, que hacen parte de la “Minga global en defensa de la madre tierra”, que también se desarrolla en Bolivia, Ecuador y Perú y que comenzó el 12 de octubre. Luis Evelis Andrade, Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dijo: “Estamos marchando contra la mercantilización, la militarización y la criminalización social. También abogamos por un tribunal de justicia climática”. Uno de los líderes de esa marcha, Eduardo Trompeta, gobernador del resguardo de Corinto, en el sureño departamento del Cauca, dijo que se oponen “a los tratados de libre comercio y a la privatización de los recursos naturales”. Denuncian violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y las FARC. También están protestando contra la política de seguridad democrática del Presidente Alvaro Uribe y contra los abusos de los grupos guerrilleros de izquierda: “Hay una cantidad innumerable de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas militares y de las FARC. Seguimos pendientes de que el gobierno asigne partidas presupuestales para cumplir todos los compromisos que ha hecho con nosotros. Vamos a hacer una declaración que le pida al gobierno nacional que busque una solución política al conflicto armado y no una militar, por todas las implicaciones que esto tiene para la sociedad civil” 131.

25-10-2009, Familiares de víctimas recluidas en el patio número 7 de la Penitenciaría de alta seguridad en Cómbita, próximas a ser extraditadas a EUA, denuncian ante la comunidad nacional e internacional las violaciones a los derechos humanos contra de estas personas. Son preocupantes las capturas masivas que diariamente hace la DEA en territorio colombiano, con la ayuda de informantes, quienes reciben beneficios económicos a cambio de cada entrega. Estos Funcionarios, capturan ilegalmente las personas, las incriminan como narcotraficantes y terroristas y los exhiben ante los medios hablados y escritos sin prueba alguna. Es por esta razón que más del ochenta por ciento de las personas allí recluidas, no reúnen los requisitos contemplados en un proceso de extradición, porque en su mayoría son campesinos, comerciantes, taxistas, obreros de fincas, según el proceso de caracterización que se está haciendo de las familias. La figura de la extradición no es excepcional y se ha convertido en una norma aplicable a cualquier persona y por cualquier delito, que además de violar la soberanía nacional, viola flagrantemente los derechos humanos de quienes son víctimas de esta infame y perversa manipulación. Casos: 1) José Joaquín Montes Ovalles, habitante de Saravena, Arauca, fue entregado a la DEA en Bucaramanga, por un reconocido informante de Arauca, llamado, Jorge Eduardo Murcia Duarte, para obtener beneficios económicos. Este campesino fue presentado ante los medios de comunicación como un terrorista y traficante de estupefacientes, desempeño totalmente ajeno a sus actividades agrícolas. 2) Manuel Cardona. Campesino de San Vicente de Chucurí, capturado en su finca, mientras desgranaba maíz. Posteriormente fue llevado a Barranca, de allí a Medellín en un avión de la DEA y mostrado como jefe de sicarios de la Oficina de Envigado. Las pruebas presentadas demuestran que jamás había salido de su región de origen. 3) Jorge Iván Arango Yepes. El 5 de diciembre del año 2008, la policía Nacional de Colombia reportó la captura de 15 miembros de una peligrosa red dedicada a la elaboración y tráfico de heroína y cocaína. Las detenciones se produjeron en el marco de la operación “Fénix II”, que fue ejecutada conjuntamente con miembros de la DEA. Estos arrestos se efectuaron en las ciudades de Medellín, Manizales, Bogotá y New York y en ellos figuraban varias personas, entre ellas “alias gafas” y Jorge Iván Arango Yepes. Sin mediar explicación alguna y sin pruebas, la Corte emitió concepto favorable, argumentando que como en Colombia no tiene problemas con la justicia, que responda en EUA por los cargos que le imputan. 4) Adrian Herrera. 28 años de edad, Comerciante independiente, con un local de ropas en la ciudad de Barranquilla, hijo de una reconocida familia conformada por la madre y nueve hermanos, de padre fallecido. El día 27 de febrero del 2009, a las 5:30 hs. unidades del grupo militar jungla y antinarcóticos de la Dijin, le allanaron la casa de habitación en la que vivía con su madre. Lo sindican de conspiración para distribuir, importar, exportar droga y lavado de activos. Recientemente había formado una familia y actualmente tiene una hija recién nacida. 5) William Ardila, se dedicaba al oficio del mototaxismo, su padre fallecido y se ocupaba de su madre. En el momento de la captura vivía con los suegros, la esposa y dos hijas de 1 año y medio y 3 años y medio. A las 5:30 hs., unidades del grupo militar jungla y antinarcóticos de la Dijin, le allanaron la casa de habitación. Lo acusan de narcotráfico y lavado de activos. Por no tener dinero para contratar los servicios de un profesional del Derecho, le asignaron una abogada de oficio (Leonith Avila). 6) Humberto Restrepo Saldarriaga. Humilde vendedor de mangos y frutas, en el parque de Itagüí, al frente de la Torre Judicial (de los juzgados) Casado, con un hijo parapléjico y sociedad conyugal vigente. El 18-7-2008, fue capturado por la Dijin. A la fecha no se ha aportado ninguna prueba y pese a la contundencia de las pruebas presentadas que demuestran su inocencia, su proceso de extradición sigue en firme. 7) Freddy Orozco García. Habitante de Barranquilla, casado, con tres hijos de 28, 25 y 23 años de edad, de profesión Administrador de Empresas. Al momento de la captura se desempeñaba como Secretario de Gobierno del Municipio de Arroyo Hondo, Departamento del Bolívar. El 27-2-2009 se dirige al trabajo y llega a su Despacho. A la hora y media arribó una camioneta con unos policías, se dirigen a la Oficina del Alcalde Municipal y le informan que proceden de Bogotá a hacer inteligencia sobre una posible incursión guerrillera y necesitaban saber cómo hacían para evacuar el pueblo. Pidieron la dirección de las casas de habitación de los Secretarios. A las 4 y media de la mañana le allanaron la casa con el argumento que una Fiscal de Bogotá lo solicitaba, porque estaba pedido en extradición a EUA. Pese a las pruebas aportadas, que jamás ha enviado un gramo de coca a EUA, la Corte Suprema de Justicia, emitió concepto favorable el 20-8-2009 y está a la espera para la firma del Ministro del Interior y Justicia el 28-8-2009. 8) Julio César Montañez Ramírez. Habitante de Fredonia, Departamento de Antioquia, casado, con sociedad conyugal vigente y padre de un niño, de profesión Técnico Electrónico. Padre fallecido y responde económicamente por su madre. El 18-3-2009, le hicieron un montaje a través de llamadas, sindicándolo posteriormente de ser el jefe y financista de una banda de narcotraficantes. A través de un informante de la DEA, aparece con los alias de “Julio Cesar Cardona”, “El flaco”, El socio” y “El profe”. Fue capturado por miembros del CTI y la Dijin. 9) Nelson Salazar Murillo, habitante de Manizales, Departamento de Caldas, soltero, vive con los padres y aporta para la manutención de la familia. De profesión comerciante de licor y confites. El 10-5-2008, a las 5,30 hs., fue capturado en su casa de habitación por el CTI y la Dijin, bajo la sindicación de llevar la droga a los diferentes aeropuertos del país. El delito se le tipifica como concierto para delinquir. 10) Rafael Alberto Lozano. C.C. No. 79.276.296 de Bogotá. Padre de cuatro hijos: La hija mayor tiene 19 años y estudia Diseño y Publicidad. Un hijo de 8 años y otro de 6 años. La hija menor tiene tres meses. Su padre, fallecido, la madre está viva y en la actualidad se ocupa de ella. El 22-1-2009, el CTI lo sacó esposado de su apartamento y lo condujeron al Bunker de la Fiscalía General de la Nación. Allí le anunciaron que la DEA lo requería por narcotráfico y lavado de activos. A la fecha no se le han comprobado los delitos que se le imputan. A su esposa la capturaron el mismo día y actualmente se encuentra recluida en la Cárcel el Buen Pastor. También está solicitada en extradición por el Gobierno de EUA. 11) José León Niño, con sociedad conyugal vigente y padre de tres hijos: La hija mayor tiene 27 años y es Enfermera Profesional, la segunda hija tiene 25 años, es casada y microbióloga de profesión. La hija menor tiene 22 años y estudió Marketing y Negocios Internacionales. El 22-1-2009, el CTI lo capturó en las calles de Bogotá, lo condujeron al Bunker de la Fiscalía General de la Nación. Allí le anunciaron que la DEA lo requería por conspiración para introducir cocaína a EUA. A la fecha no hay pruebas de los delitos que se le imputan. 12) Roldán Cortés Rodríguez, ciudadano colombiano residente en la localidad de Usme, en el Conjunto Residencial “El Sol”, Santafé de Bogotá. Con sociedad conyugal vigente y padre de dos hijos: La hija mayor tiene 24 años de edad y está casada. El segundo hijo tiene 23 años y se desempeña como empleado. Actualmente su esposa está embarazada. De oficio constructor. El 22-8-2009, a las 7,00 hs., fue capturado por el DAS y la Interpol, en las calles de Bogotá y lo condujeron a las instalaciones del DAS. Allí le anunciaron que lo requerían por terrorismo. No existe prueba alguna que confirme esta temeraria acusación. 13) Oliveros Cortés Rodríguez, ciudadano colombiano residente en el Barrio Venecia, allí pagan arriendo. Santafé de Bogotá. Con sociedad conyugal vigente y padre de tres hijos: La hija mayor tiene 27 años de edad y estudia para desempeñarse como Promotora de Salud, la segunda hija tiene 24 años y estudia criminalística y la última hija, con 15 años, hace décimo grado. Junto con su esposa, devengan el sustento diario de un negocio de arepas de maíz pelado que tienen desde hace más de veinte años. De esto dan fe los vecinos del lugar, que los conocen como personas, humildes, honradas y trabajadores. El 23-8-2009, fue a las instalaciones del DAS a visitar a su hermano Roldán Cortés Rodríguez que había sido capturado el día anterior y le anunciaron que era requerido por el delito de terrorismo. Los hermanos Cortés Rodríguez solicitan a las autoridades que los investiguen, porque en su vida no han cometido delito alguno. 14) Jhon Alexander Ureña Garzón, nacido en Villavicencio, Meta. Hijo de Blanca Cecilia Garzón Urueña y Félix Antonio Urueña (q.e.p.d.). A los tres años quedó huérfano de padre. Criado en el Barrio Montecarlo, en la casa de la abuela, Rafaela Torres, ubicada, en la carrera 48 No. 383 – Sur, Vía a Acacías. Con sociedad conyugal vigente y padre de dos niños menores: de 4 y 6 años de edad. No pudo terminar el bachillerato, por no contar con los recursos económicos, ni apoyo alguno en ese tiempo. Hizo un curso de Bombero Voluntario, en la ciudad de Villavicencio. Después trabajó cinco meses con un tío (Alfonso Garzón) como ayudante de maquinaria pesada. Al poco tiempo prestó el Servicio Militar en el Batallón de Puerto Carreño, Vichada, Comando Específico del Nororiente, durante dos años. Al salir del Ejército se dedicó a pasar hojas de vida y consiguió trabajo en “alquilar servicios”, de propiedad del señor Juan Carlos Cardona Prado, teléfono 86636334. En esta Empresa trabajó cuatro años. Empezó como bodeguero y terminó de conductor. En el 2008, viajó a Venezuela, porque una persona le ofreció trabajo. Al poco tiempo se comunicó con su madre que estaba detenido en Curazao. En esta ciudad fue puesto en libertad el día 29-9-2008. Regresó a la ciudad de Villavicencio y se puso a trabajar en un asadero de pollos, “Don Fercho”, de propiedad del Señor Fermín Octavio Cetina Cuellar, en el Barrio San Benito, teléfono 6701764. Allí laboró desde el 27-10-2008, hasta el 15-2-2009. Después trabajó como conductor de un taxi de servicio público de propiedad del Señor Artidor Carrillo Rojas. En este trabajo fue capturado en el Barrio “La Esperanza”, sin hasta la fecha saber exactamente los motivos que originaron esta arbitraria detención. Familiares de los Detenidos del Patio Número 7 de Extraditables de Cómbita: Carmen Julia Mendoza de Montes, Claudia Montes Mendoza, Carolina Montes Mendoza, Lidys Mayerly Montes Mendoza,Dayana Lucía Montes Mendoza, Carlina Ovalles Viuda de Montes,Teresa Montes Ovalles, Gladys Yolanda Montes Ovalles, Ana Judith Montes Ovalles, Emperatriz Montes Ovaalles, Julio Enrique Montes Ovalles, Ana María Robles Montes, Paola Andrea Robles Montes, Claribeth Pulido, Claudia Lineros, Mery de Lineros, Loly Gutiérrez, Isabel Pérez Lizcano, Cristina Lizarazo, Yolanda Núñez, Myrian Correa, Liliana Ramírez, Martha López, Nury Rodríguez, Mónica Mallarino, Noelia Salinas, Esperanza Garnica. Conny Quiceno, Gladys Bravo, Blanca Cecilia Garzón, Berenice Florez Giraldo, Sedile Chávez A., Rosa González, Clara Inés Rocha Forero, Dahiana Rodríguez, Lizeth Rodríguez Rocha, Marha Vargas M., Nelly Rincón, Martha Lucía Arango Yepes, Johanna Lozano, María Eugenia Niño, Angélica Toro, Virginia Montes, Adela Ramírez, Briggitte Hernández, Adiela Toro, Nubia Toro, osefa Cataño, Nelly Rincón, Esneda Lina Caicedo, Carmenza Piñeros, Gladys Vacca, Kattya Manjarrés Fuentes, Luz Elena Vera , Nora Luz Santamaría y Dilia Arango 132.

3-11-2009, El fantasma de la Corte Penal Internacional (CPI) ha vuelto a aparecer en Colombia, país que lleva cinco décadas de conflicto interno armado, en el que se han cometido gran cantidad de atrocidades, muchas de las cuales han quedado en la impunidad. Colombia es uno de los países que está bajo observación de la Fiscalía de la CPI. El abogado Fernando Trebilcock que en el 2000 estuvo secuestrado en una zona que el gobierno había desmilitarizado para negociar con las FARC, cuyos integrantes lo capturaron en una carretera cercana a Bogotá dice que la CPI “es un fantasma que asusta, es como una especie de espada de Damocles”, a propósito del término de un periodo de excepción de siete años que le impedía a ese tribunal ocuparse de los crímenes de guerra en el país. Trebilcock forma parte de la organización País Libre, que complementará una denuncia que presentó en el 2004 ante la Fiscalía de la CPI, donde se ponían en su conocimiento 26.000 secuestros y 2.200 homicidios cometidos en su mayoría por la guerrilla. “Frente a los crímenes de la guerrilla hay una gran impunidad en Colombia”. La Senadora opositora Piedad Córdoba, que promueve la liberación de rehenes en manos de los rebeldes, afirmó: “Algunos funcionarios dicen que las FARC van rumbo a la CPI, pues yo creo que muy rápidamente les irá a hacer compañía Uribe. Seguramente, el Presidente llegará primero que ellas”. La Senadora opositora Piedad Córdoba ha implicado a Uribe en violaciones de derechos humanos. Desde el 2-11-2009, en teoría, la CPI podría investigar homicidios, toma de rehenes y reclutamiento de menores, tres de los delitos de los que más se acusa a guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y agentes del Estado en Colombia. Hasta el momento, la CPI sólo ha actuado en cuatro países africanos y lo ha hecho porque ha considerado que esos Estados no querían o no estaban en capacidad de investigar graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Con la salvedad a la que se había acogido Colombia ante la CPI se buscaba facilitar el desarrollo de procesos de paz con los grupos armados colombianos. De hecho, el gobierno de Uribe llevó adelante un proceso de paz con miles de paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se beneficiaron con sustanciales rebajas de penas, aunque en muchos casos todavía no se han producido las condenas. Hasta el momento, la CPI únicamente estaba facultada para ocuparse de crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia, que no sólo han sido cometidos por guerrilleros, sino también por paramilitares. Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que la CPI debió actuar, pero no lo hizo, después de que en el 2008 el gobierno colombiano extraditara a EUA a 14 altos jefes paramilitares, que ahora están siendo procesados en ese país por narcotráfico. “Los jefes paramilitares han cometido graves crímenes de lesa humanidad, inclusive durante la negociación con el gobierno. Con su extradición, el gobierno explicitó que no quería juzgarlos o no podía juzgarlos. Ese es un requisito para que la CPI actúe”. El profesor Mario Madrid-Malo, un abogado experto en derechos humanos, explicó que, adicionalmente, la legislación colombiana no tiene claramente tipificados los crímenes de lesa humanidad. Esos delitos tienen cinco rasgos: 1. Forman parte de una línea de conducta que implica su comisión múltiple; 2. Se ejecutan en desarrollo de una política, o para promoverla; 3. Su perpetración puede darse en cualquier tiempo, aun por fuera de situaciones de conflicto armado; 4. Sus autores pueden ser tanto los agentes de un Estado como los miembros de una organización no estatal, y 5. Tienen un elemento de intencionalidad. La CPI ya no tiene reservas para actuar en Colombia 133.

4-11-2009, El Embajador de EUA William Brownfield y el Ministro de Defensa de Colombia Jaime Bermúdez firman acuerdo militar. La publicación del texto del acuerdo militar firmado el viernes pasado entre Colombia y Estados Unidos encendió nuevamente la polémica. Buena parte de la controversia tiene que ver con la posibilidad que tendrán las aeronaves militares y el personal de Estados Unidos de utilizar no solo cinco bases de la Fuerza Aérea Colombiana, sino también los siete aeropuertos internacionales con que cuenta Colombia. Uno de los artículos del acuerdo indica que se establecerá “un mecanismo para determinar el número estimado de vuelos que harán uso de los aeropuertos internacionales, de conformidad con la normatividad colombiana”. El acuerdo también deja abierta la posibilidad de que personal y equipo militar de Estados Unidos accedan y usen “las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus Partes Operativas”. Otra cláusula señala que los observadores aéreos, de Colombia o de terceros Estados, podrán ir en las misiones de aeronaves de Estados Unidos, previa invitación de este gobierno. Gustavo Petro, Senador del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) dijo que “Este es un acuerdo de ocupación. Se trata de un acuerdo ilegal que no cuenta con la aprobación del Senado de Colombia, como lo ordena la Constitución. Por eso, el pacto no tiene eficacia jurídica y es denunciable ante los tribunales internacionales. Es lamentable que el Presidente Barack Obama no sea capaz de romper con estas políticas que han liderado los Estados Unidos por varios años”. El texto firmado entre los gobiernos de Colombia y EUA no impone límites a la presencia de personal militar y contratistas de Estados Unidos en Colombia. Jairo Clopatofsky, Senador del Partido de la U, dice que serán solo 800 militares y 600 contratistas civiles, como lo ha dicho el gobierno colombiano. Defendió el pacto y admitió que tendrá un efecto “disuasivo” sobre el Presidente venezolano, Hugo Chávez 134.

4-11-2009, En relación con la firma del acuerdo militar entre EUA y Colombia y el cierre de la frontera por parte del gobierno venezolano, Horacio Serpa, quien ha sido candidato presidencial en dos ocasiones y es Gobernador del departamento de Santander, cercano a la frontera con Venezuela, invitó al Presidente Hugo Chávez a visitar esa región y dijo que “por desgracia los criminales quieren imponer el rumbo de las relaciones bilaterales”. Señaló que es “imperioso” que Chávez y el Presidente Alvaro Uribe “restablezcan el diálogo y retomen las relaciones con franqueza y transparencia. Todo nos identifica, todo nos junta. Así algunos no quisieran, estamos destinados a permanecer unidos, por la geografía, la historia, la gente y los intereses comunes”. El profesor Diego Cardona, de la Universidad Javeriana, quien fue Vicecanciller de Colombia, dijo que las relaciones entre Colombia y Venezuela están afectadas por un sentimiento mutuo de amenaza: “Venezuela cree que Colombia es una amenaza y Colombia cree que Venezuela es una amenaza. Hay que poner las diferencias sobre la mesa para poder solucionarlas. De no solucionarse la actual crisis, esto podría significar una escalada de las tensiones, que uno sabe cómo empiezan pero no sabe cómo terminan”. Los dos países podrían acudir a un mecanismo del que hacen parte los Vicecancilleres o poner en marcha una comisión de seguridad, similar a la que ya existe entre Colombia y Perú y a la que el gobierno de Colombia quiere crear con el de Ecuador. En estos momentos países como Brasil podrían actuar como mediadores 135.

8-11-2009, El ex Presidente colombiano Ernesto Samper Pizano, manifestó su posición sobre el tema de las bases militares de EUA, el conflicto con Venezuela y la demora en la liberación de los rehenes. Sobre la demora en la liberación de prisioneros por las FARC debido a la obstaculización hecha por el Presidente Uribe, considera que en estos procesos tan complejos y tan delicados en los cuales está de por medio la vida y la libertad de personas inocentes, cualquier avance que se haga por pequeño que sea es un paso de gigante. Las FARC manifestaron hace siete meses que estarían dispuestas a liberar al hijo del profesor Moncayo que es bien conocido, a uno de sus compañeros de cautiverio y a entregar los restos del coronel Guevara. En esos momentos el Gobierno dijo que no, que ellos simplemente querían que les entregaran los 23 secuestrados que quedaban en ese momento y que todavía hoy permanecen que les entregaran o todos o nada, y eso dificultó muchísimo la posibilidad de concretar lo del profesor Moncayo. Sin embargo con la intervención de la iglesia se consiguió que el Presidente aceptara separar la liberación de Moncayo de la otra liberación sobre la base de que las FARC aceptara que la última liberación se produciría con todos los que están allí retenidos y eso facilitó de alguna manera que la Cruz Roja pudiera seguir trabajando en el operativo, se contactaron gobiernos como el de Brasil, el de Suecia, para este efecto. Sí el Presidente Uribe hubiera dicho sí a la liberación de Moncayo, en 72 horas, Moncayo estaría en su casa. Y de una manera inexplicable como ha sucedido en estos últimos seis meses, en que el Presidente va cambiando las condiciones, las garantías, las exigencias, volvió a la posición de hace siete meses que tenían que ser todos, con lo cual estamos otra vez en cero, otra vez la desolación de las familias, el desespero de los familiares, supongo que la noticia para los secuestrados es como un golpe en la cabeza, y en eso estamos. ¿Qué hacer en un escenario tan complicado como éste y en donde definitivamente más sufren los rigores de la situación son las familias de esas personas que están retenidas? Es una situación inexplicable entre otras cosas porque aunque todos sabemos que la culpa del secuestro y de que permanezcan secuestrados es de las FARC, pues el Gobierno de Colombia también tiene la obligación constitucional de buscar todos los procedimientos dentro de la ley, posibles para devolver a estas personas a sus hogares. Y el Gobierno lamentablemente y en alguna forma también las FARC, han utilizado el tema de los secuestrados para hacer política en la mitad de la guerra, para conseguir un espacio político, para ganarse un sector de opinión; eso está absolutamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario que las partes en un conflicto utilicen los temas humanitarios como podría ser proteger una escuela o proteger un símbolo o evitar la siembra de minas antipersonales, repito que lo utilicen para ganarle al contendor un espacio político en medio de la guerra, que es lo que lamentablemente hizo el Presidente esta semana al devolver la posición. ¿Qué hacer en este escenario donde todo se vuelve a trancar? No podemos tirar la toalla, como haría uno en una pelea de boxeo, porque es que aquí mientras no se devuelvan a los 23 secuestrados vamos a tener que seguir trabajando. Yo personalmente lo he manifestado de una manera clara y categórica, si los que estamos en Colombia promoviendo la devolución de los secuestrados somos incómodos para que el Presidente tome la decisión que ha debido tomar hace seis años con lo cual se hubiera evitado el asesinato de 23 de los 64 secuestrados originales. Si él piensa que somos incómodos, yo me retiro o nos retiraremos todos pero que tome la decisión porque esto ya es cruel, la forma cómo el Gobierno está manejando este tema, porque es meter dentro de un ajedrez diabólico la vida y la libertad de 23 personas, humildes soldados y campesinos, muchos de ellos colombianos y a mí me parece además un contrasentido, una injusticia que cuando estaba de por medio el Gobierno de Francia pidiendo a Ingrid y el Gobierno de EUA. pidiendo a sus tres norteamericanos, ahí las cosas caminaban, ahora cuando los que están clavados y secuestrados son estas personas humildes, pues entonces el Gobierno sí pone garantías, niega solicitudes, no está dispuesto a negociar, o sea prácticamente le pone una bomba al proceso. El Presidente Alvaro Uribe Vélez, llegó al poder por primera vez con un discurso de mano dura en contra de las FARC y lo que él llama el narcoterrorismo. ¿En este escenario que se presenta en relación con las personas retenidas por las FARC, el Presidente está buscando réditos políticos para tratar de radicalizar esa estrategia contra las FARC y buscar eventualmente una segunda reelección? No tendría ningún sentido porque la verdad es que en los pocos temas en los cuales la gente no está acompañando a Uribe con los temas relacionados con la seguridad en este país, es en el tema del acuerdo humanitario. La gente quiere mayoritariamente que se devuelvan a los secuestrados, que vuelvan a sus casas. Así es que mantenerlos indefinidamente secuestrados y no dar los pasos que podría dar ya para devolverlos a sus casas, me parece que más bien podría ser contraproducente si estuviera en ese plano electoral. Se ha conocido un documento en relación con las reales intenciones del Pentágono de EUA, acerca de la base de Palanquero específicamente, y lo que ellos quieren en relación con América Latina, el espionaje que quieren llevar a cabo en la región. Las bases estaban anunciadas en las bases del Pentágono desde el mes de enero. Ahí aparecían las bases señaladas en el mapa de Colombia, antes de que se entrara a negociar con Colombia, estas bases no son para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia. El tipo de equipos que van a llegar a Colombia, equipos militares, no van a fortalecer la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico. Aviones C17 que transportan hasta 70 toneladas de material bélico, aviones P Orion 3 que van a llegar a Barranquilla, que son aviones de espionaje ligero, aviones como el AWAC que es un avión que va con un plataforma de vigilancia electrónica arriba, Boeings 707, ¿los van a traer para fumigar los cultivos ilícitos? ¿van a traer los C17 para llevar masivamente a los narcotraficantes? Esto es un portaaviones para vigilancia electrónica para el hemisferio, y eso es lo que temen con razón, no solamente Venezuela, que tiene todo el derecho a tener su miedo sobre estos dispositivos disuasivos, sino también Brasil y los países de UNASUR. Yo, con todo el respeto, pienso que esto no va a aumentar la capacidad de lucha de Colombia contra el narcotráfico, al revés, nos va a crear muchos problemas porque es una manera de internacionalizar el conflicto colombiano, es una manera de decirle a todos los países que se metan en el conflicto colombiano, que es lo que hemos tratado de evitar los últimos Presidentes en los últimos veinte años. Queda muy mal parado el Gobierno de Colombia al servir como plataforma militar de EUA para tratar de desestabilizar a los Gobiernos de la región, a los países vecinos. Eso es un cambio de 180 grados en la política exterior, porque en lugar de tener nosotros como aliados naturales de la política internacional, como ordena el articulo noveno de la constitución colombiana, que nuestra vocación es latinoamericanista, pues hemos tomado partido en una alianza estratégica con Estados Unidos que va a desequilibrar totalmente la política exterior, y no solamente le hace daño a Colombia, a su Gobierno, a su política exterior, sino también le hace daño al gobierno de EUA. porque este es un mensaje equívoco del Presidente Obama, que prometió que iba haber un cambio de las relaciones de EUA con América Latina, que hasta la era Bush nosotros no existíamos para EUA sino para terrorismo, narcotráfico y libre comercio, esa era la agenda. Nosotros esperábamos y todavía tenemos alguna esperanza de que la llegada de Obama al poder y sus propios anuncios señalando que va a tener una relación distinta con América Latina, pues estén señalados con temas como el desarrollo social, la integración de los países, el respeto a los derechos humanos, el tema medioambiental, pero esta señal de las bases, es una señal muy importante que vamos a seguir en lo mismo. ¿Es de nuevo el imperio norteamericano, los llamados Halcones, manifestándose contra gobiernos progresistas de Latinoamérica y que no obedecen a sus órdenes, a sus querencias políticas? Hasta este momento y solamente hasta que se monten los dispositivos concretamente en la base Palanquero, que ha sido mencionada también en los documentos del Pentágono como un punto, como una base de aseguramiento estratégico de la región, se trata de tener una especie de base de reabastecimiento en la parte norte del continente para poder hacer una tarea de vigilancia hacia el sur, repito, hasta que no se comience a lanzar las operaciones especiales desde las bases colombianas, pues no podría prejuzgar. Yo no vería ninguna utilidad para todos esos equipos sino para establecer una especie de red de vigilancia electrónica. De alguna manera me siento engañado porque este es el tema menos discutido en Colombia en los últimos años. Es unos de los temas más importantes, que ha tenido el país en materia de política exterior y se manejó de manera totalmente clandestina, no pudieron conocer los acuerdos ni los países amigos, no lo pudo conocer el Senado de Colombia ni el Congreso, ni la opinión, ni los medios, muchos medios le pusieron una especie de campana neumática al tema para que no se discutiera. Uno dice, bueno y si tenían tanto interés en que no se discutiera ¿no será por que el Acuerdo es malo?, ¿no será porque el acuerdo es muy conflictivo?, ¿no será porque el acuerdo va a traer muchas dificultades ? Yo todavía tengo la convicción de que el Senado ha debido autorizar la firma del Acuerdo, la constitución es muy clara al decir, que cuando hay paso o estacionamiento de tropas extranjeras o de naves y aeronaves se necesita pedirle permiso al Consejo de Estado, que fue lo que hicieron y el Consejo de Estado dijo no lo recomiendo y además se necesita pedirle permiso al Senado de la República y no lo hicieron. ¿En este escenario estamos ante una situación que se pueda complicar mucho más, es decir, estamos a puertas de una confrontación armada entre los dos países? Yo esperaría que no. El peor desarrollo de todo esto es que hubiera un conflicto de mediana o alta intensidad entre Colombia y Venezuela, lo que pasa es que las relaciones no están bien, lamentablemente el Gobierno venezolano cerró totalmente las relaciones económicas con Colombia, eso complicó la situación con la fronteras, los empresarios colombianos están perdiendo cuatro millones de dólares diarios por cuenta de este cierre, se ha afectado el empleo en las fronteras, se ha creado una tensión social en las fronteras muy complicadas y esa tensión comienza a explotar con los pequeños episodios que ve uno en las fronteras: el asesinato de los muchachos del partido de fútbol, el asesinato de los guardias, de la guardia venezolana, todo eso comienza a producir como hechos que se van encadenando y van subiendo el nivel del conflicto hasta que vamos a terminar sin darnos cuenta en una guerra. Las mejores gestiones en estos procesos de conflictos, las mejores intermediaciones, las mejores facilitaciones, las mejores tercerías, son las que aceptan las partes que están dispuestas a someterse a ello. Si hay una aceptación de parte del Gobierno colombiano, del Gobierno venezolano de este ofrecimiento de una tercería, bienvenida. Yo creo que aquí lo que se hace es una diplomacia mucho más agresiva y la diplomacia no es solamente como todo el mundo le dice a uno que hablen Chávez y Uribe, porque Chávez y Uribe pueden volver a hablar y vamos a quedar en las mismas. Esto es como un matrimonio malavenido, que por muchas conversaciones que hagan y muchos acuerdos que tomen finalmente sino solucionan las bases, el desencuentro, la raíz del desencuentro, pues no va a ser posible sacar esto adelante y aquí, sin duda la raíz del desencuentro está: de un lado las políticas económicas de Venezuela que nos están haciendo mucho daño y del otro lado el tema de las bases. Sí hay dificultades se pueden solucionar con los mecanismos institucionales. Salidas institucionales a estos conflictos es la recomendación 136.

25-11-2009, Según el analista Ariel Fernando Avila, del Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco iris, en el 2008 el accionar de los “neoparamilitares” ha sido mayor que el de las FARC. Un informe divulgado en Bogotá asegura que el conflicto armado colombiano está estancado y que las guerrillas de izquierda y los paramilitares de derecha han resurgido, tras siete años de la política de seguridad democrática puesta en marcha por el Presidente Alvaro Uribe. “Pareciera que la política de seguridad democrática ha llegado a un techo en términos de resultados militares. De ahí en adelante sólo existirían dos alternativas, o bien profundizamos en la guerra o bien se escoge otro camino como una salida por vía negociada”. Mauricio Romero, Director del Observatorio del Conflicto, calcula que las FARC, tienen unos 8.500 hombres en armas; que el ELN, suma unos 2.200 y las fuerzas paramilitares tienen otros 11.000 efectivos. “La política ha sido limitada frente a la guerrilla, por la capacidad de adaptación que han demostrado y limitada frente a los grupos neoparamilitares, porque ahora hay nuevas presencias en las ciudades”. El gobierno se equivocó cuando enfocó la política de seguridad democrática “sólo en las FARC. La política ha sido limitada frente a la guerrilla, por la capacidad de adaptación que han demostrado y limitada frente a los grupos neoparamilitares, porque ahora hay nuevas presencias en las ciudades”. Claudia López, otra de las autoras del informe, señala que “luego de haberle dado golpes certerísimos a la guerrilla, muchos colombianos se anticiparon a proclamar la muerte de las FARC, sin haberla conseguido”. Las FARC “están saliendo del repliegue, han sido capaces de sobrevivir a los golpes, de reorganizarse y están volviendo a registrar capacidad operativa armada. Hace mucho tiempo que las FARC no eran capaces de hacer movilizaciones de hasta 200 hombres, como la que hicieron hace poco en el Cauca, en el sur del país. Eso es gravísimo”. Aunque ya no son los 35.000 paramilitares que había en 2002, estos siguen siendo una fuerza cuyo poder no se puede despreciar, porque además “tienen mucho dinero”. Nuevo Arco Iris sugiere que el gobierno colombiano piense en otras salidas, diferentes a la militar, para superar el conflicto armado. Para Alfredo Rangel, Director de la Fundación Seguridad y Democracia, Nuevo Arco Iris tiene una lectura “políticamente interesada” de lo que está ocurriendo en Colombia. “No es posible que ellos consideren un campo minado como una acción ofensiva de la guerrilla, cuando es algo típicamente defensivo. Si el ejército o la policía no estuvieran tras la guerrilla, los campos minados no estallarían”. Lo preocupante, sin embargo, es que la Vicepresidencia de Colombia admite que ha crecido el número de miembros de las fuerzas militares afectados por minas antipersonales. Rangel admite que se haya elevado el número de acciones guerrilleras, pero aclara que no son de “gran envergadura”, como las que había hace unos años. “Ya no hay grupos civiles armados combatiendo a la guerrilla, ahora hay bandas armadas al servicio de los narcotraficantes, que muchas veces están aliadas con la guerrilla” 137.

1-12-2009, Comunicado de Colombianos y Colombianas por la Paz, Sobre la Situación de la Liberación de Miembros de la Fuerza Pública: Los recientes anuncios del gobierno nacional para posibilitar las liberaciones unilaterales anunciadas por las FARC-EP en abril pasado del Sargento Pablo Emilio Moncayo y del Soldado profesional Josué Daniel Calvo, así como, la entrega de los restos del Mayor Julián Guevara, son un gesto esperanzador en la humanización y en las posibilidades de un acuerdo humanitario. Saludamos como un signo de este camino la reunión de delegados de la jerarquía de la iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).Esperamos que el gobierno nacional a la mayor brevedad convoque a una reunión en que se acuerden los protocolos de protección y de seguridad para el desarrollo de la misión humanitaria en la que participarán la iglesia, el CICR, Colombianas y Colombianos por la Paz, en cabeza de la Senadora Piedad Córdoba y el profesor Gustavo Moncayo. Colombianos y Colombianas por la Paz reafirma su disposición de continuar el diálogo epistolar con las guerrillas colombianas y su papel facilitador para dar fin al dolor que sufren las familias de los policías y soldados cautivos, los presos y presas políticas y la población civil afectada por el conflicto armado. Bogotá, D.C. 1-12-2009, Colombianos y Colombianas por la Paz 138.

1-12-2009, La Familia Moncayo Cabrera a la Comunidad Nacional e Internacional: Desde el 16 de abril de 2009 las FARC decidió liberar unilateralmente a nuestro hijo y hermano Pablo Emilio Moncayo Cabrera, junto con Josué Daniel Calvo y los restos del Mayor Guevara. El 23 de noviembre, recibimos una llamada de una emisora local de Neiva, en la cual se nos comunicaba que posiblemente Pablo Emilio se habría fugado del cautiverio, según información obtenida de un fuente de alta credibilidad del Ejercito quienes habrían descifrado comunicaciones de las FARC. Hace exactamente siete meses y ocho días del anuncio de Liberación unilateral, el 24 de noviembre el Gobierno Nacional se manifiesta a través de los medios de comunicación anunciando la facilitación para la liberación, situación compleja, que no nos permite alegrarnos por la información recibida en el día de ayer; no sabemos que esta pasando; si el gobierno tiene información solicitamos públicamente que nos sea comunicada, o de lo contrario se estarían legitimando operativos de rescate de las dos partes que ponen en riesgo la vida de Pablo Emilio. Responsabilizamos al Gobierno del Presidente Uribe, al Ministro de la Defensa, al Comisionado de Paz Frank Pearl, de lo que pueda estar pasando con nuestro hijo, sabemos que las FARC se lo llevaron, pero también sabemos que después de 12 años, ante el anuncio de la liberación, el gobierno no respondió y esta angustia se prolongo. Este inmenso dolor de la familia no se tendría que estar viviendo si el gobierno hubiese avanzando oportunamente con la logística de la liberación con la Iglesia, la Senadora Piedad Córdoba y Cruz Roja Internacional así nuestro hijo estaría con nosotros. Nuestra familia ruega se proteja la vida de nuestro hijo, no autorizamos rescates militares, no asumir riesgos que rompan la esperanza del encuentro. La liberación de mi hijo abre las puertas al Intercambio humanitario. Profesor Gustavo Moncayo. Caminante por la Paz 139.

13-12-2009, El Partido Liberal hace aclaraciones respecto de cuál debe ser la política a seguir. Nuestro largo conflicto social y armado que alcanza ya las cuatro décadas es un problema que debe ser resuelto de raíz, aprendiendo de las experiencias fallidas durante tanto tiempo. La única salida posible, es la solución política mediante la apertura de un diálogo de paz con la insurgencia armada. Esta apuesta política consagrada como tal en nuestra declaración ideológica como liberales: “El Partido Liberal Colombiano se compromete a buscar la solución de los conflictos existentes en el seno de la sociedad colombiana, incluyendo los armados, por medio de la deliberación, la concertación y la negociación política, entendiendo estos procesos como el desarrollo de una función de Estado que debe materializarse en formas económicas, políticas y sociales que hagan posible la reconciliación”. Significa una ruptura con la ilusoria salida guerrerista en la que se ha insistido en los últimos dos gobiernos, y parte de un reconocimiento del carácter eminentemente político del conflicto armado interno y de la irrefutable raíz social del mismo. La apertura de diálogos debe iniciarse con la constitución de una verdadera Agenda de Paz que integre los aspectos propios del desarrollo de la guerra, pero también sus causales y combustibles. Deben tratarse entonces los grandes temas nacionales que creen garantías para la paz que incluyen la apertura democrática de nuestro sistema político y la resolución de problemáticas sociales acuciantes como las de la tierra y el empleo. La solución política al conflicto armado requerirá de la participación y acompañamiento de todas las fuerzas vivas del país, afectadas e involucradas dentro de esta guerra. Así mismo, se deberá contar con el apoyo y facilitación de los representantes de la comunidad internacional, en especial de la UNASUR, si la entidad y las partes así lo aceptan. El intercambio humanitario es, de seguro, la llave para el avance en otros acuerdos que avancen en la finalización de la guerra. La resolución del conflicto no es solamente la entrega de armas. El fracasado proceso de paz con los paramilitares así lo demuestra. Es un proceso truncado porque no existe ni verdad, ni reparación a las víctimas, ni al país. La extradición de los máximos jefes desmovilizados ha dificultado en extremo esclarecer los crímenes de guerra cometidos y la continuidad de la violencia paramilitar en la actualidad. Se requiere reeducar un nuevo mando militar formado en la defensa de nuestra soberanía nacional y el respeto a las libertades ciudadanas, desintoxicado de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la visión maniquea y antidemocrática del enemigo interno, partiendo de la depuración necesaria de toda la oficialidad, envuelta en violaciones de derechos humanos, contubernio con el paramilitarismo y el narcotráfico, casos de corrupción, ‘falsos positivos’ y demás. Los ideólogos de la derecha política han remozado, disfrazadas de democracia, las viejas teorías jurídicas que dieron pie al ascenso de las dictaduras fascistas en Europa. Pretenden presentar como un estado sublime de la democracia, el denominado ‘estado de opinión’ o ‘democracia plebiscitaria’, que no es otra cosa que el manoseo de un electorado manipulado, mientras efectivamente cierran cualquier posibilidad de participación ciudadana sobre decisiones trascendentales -los TLC o las bases norteamericanas, por nombrar algunas-. De manera coherente con nuestra filosofía, apostamos por una democracia real y radical que no se circunscriba al mero ejercicio electoral sino que incluya el fortalecimiento de los mecanismos de participación -bastante cercenados por su reglamentación en la Ley 134-, y posibilite una efectiva descentralización política hacia las regiones y comunidades locales. La desquiciada batalla contra el denominado ‘terrorismo’ ha dejado de ser un problema realmente jurídico para convertirse en una maniquea cacería de brujas a los opositores políticos del actual gobierno. Las políticas económicas neoliberales, implementadas en Colombia desde hace veinte años y profundizadas durante estos dos últimos períodos presidenciales, han conducido al debilitamiento del aparato productivo nacional, de su capacidad para la generación de empleo en condiciones de dignidad para las trabajadoras y los trabajadores. Han provocado el aumento de la concentración de la riqueza, de la desigualdad de oportunidades para la satisfacción de las necesidades de las colombianas y los colombianos y, por la misma vía, han llevado a magnitudes escandalosas los fenómenos de la pobreza y la indigencia en nuestro país. Continuar por el mismo camino implica profundizar semejante problemática, implica seguir fragmentado los tejidos sociales de las diferentes comunidades que hacen parte de la Nación colombiana y, con ello, implica aplazar todavía más la solución estructural del conflicto social y armado que padece el país. Podemos observar cómo este modelo no ha contribuido con el aumento del bienestar de las mayorías sino al aumento de las ganancias de unas pocas empresas exportadoras de bienes primarios. Y, esta dinámica se profundizará con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, puesto que las empresas que integran la poquísima base industrial sobreviviente quedarían expuestas a condiciones más difíciles en cuanto a la competencia con empresas transnacionales, mientras que las empresas de exportación de productos primarios seguirían beneficiándose: ni más ni menos que el retorno al modelo primario-exportador del siglo XIX, el cual está marcado por relaciones de dependencia entre el país subdesarrollado y la potencia hegemónica o metropolitana. Parte clave del rediseño o reorientación del sistema financiero pasa por la reestructuración de la política de endeudamiento público, trascendiendo los meros criterios de sostenibilidad financiera y posibilitando la autonomía del gasto público respecto del pago de la deuda. Para ello, debe llevarse a cabo un riguroso proceso de auditoría de la deuda pública, con el objetivo de determinar la naturaleza de las obligaciones financieras en que ha incurrido el Estado colombiano en los últimos veinte años y, en particular, durante los últimos dos períodos presidenciales. Su resultado será la discriminación entre, por una parte, deuda ilegítima, que debe repudiarse y no pagarse y, por otra, la deuda legítima, que será objeto de renegociación en términos de que la prioridad de gasto público debe ser la financiación de la política social, de la inversión en infraestructura y de la promoción de las capacidades productivas nacionales. Con el fin de fortalecer estas nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad colombiana y el sector financiero se hace fundamental la reforma del régimen del Banco Central, ampliando sus funciones hacia la articulación de la política monetaria con las políticas de industrialización, de promoción de las exportaciones y de fomento a la producción agropecuaria. Por tal motivo, a la Junta Directiva del Banco de la República debe permitírsele abandonar su obsesión con la lucha contra la inflación y comprometérsele con el desarrollo de las fuerzas productivas de la Nación. Para ello, aun conservando su autonomía, esta entidad debe estar más articulada al diseño y ejecución de la política económica y, a su vez, contar con herramientas más potentes para el desempeño de sus funciones, en particular en lo que respecta a los temas crediticios y cambiarios. Así mismo, a partir de múltiples mecanismos, deberá ejercerse un control democrático sobre la gestión de la misma. La producción agropecuaria debe tener como propósito la seguridad y soberanía alimentarias, esto es el pleno abastecimiento interno de alimentos y también buena parte del abastecimiento de materias primas. En este sentido, la política estatal debe privilegiar los cultivos para la producción de alimentos y garantizar la posibilidad de llevar a cabo este tipo de producción combinando diferentes formas de propiedad privada, estatal y colectiva, favoreciendo condiciones de vida digna para las comunidades campesinas y de mejoramiento continuo de la situación laboral de los trabajadores asalariados rurales. No se trata de soslayar las diferencias existentes o de rechazar la pluralidad de formas de vida y de pensamiento en función de una homogeneización autoritaria, por el contrario, se trata de la construcción de una sociedad en donde se asegure a sus ciudadanos “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana” 140.

22-12-2009, En relación con el secuestro del Gobernador del Departamento del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar Carvajal, el 21-12-2009, la Senadora liberal Piedad Córdoba, mediadora en el proceso de liberación de los secuestrados en poder de las FARC emitió un comunicado en el que señala que no se va a pronunciar sobre la orden presidencial de rescatar a todos los secuestrados. La Senadora Córdoba dijo que espera que no se continúe truncando el proceso de liberación de Pablo Emilio Mocayo, de Josué Daniel Calvo. León Valencia, Director de la Fundación Nuevo Arcoiris, dijo “ya el Presidente rompió con la idea de recibir a los militares”. La liberación unilateral “ya no se va a dar”. El secuestro del Gobernador de Caquetá muestra que la política de seguridad democrática “llegó a una situación de crisis. Después de siete años de golpes, las FARC se han adaptado a la política de seguridad democrática y saben cómo enfrentarla. Esta es una señal de que las guerrillas se han reactivado y de que se requieren cambios importantes” en la forma de enfrentarlas. De acuerdo con un reciente informe de Nuevo Arcoiris, basado en datos oficiales, las FARC aumentaron en 25% de sus acciones militares en los primeros diez meses del año, con respecto al mismo periodo de 2008, con un total de 1.429. Gustavo Moncayo, padre del sargento Pablo Emilio Moncayo, quien el 2112-2009 cumplió doce años en cautiverio y cuya liberación se esperaba para estos días junto con la del cabo Livio José Martínez, pidió que no se intente un rescate de su hijo: “Hago un llamado al gobierno para que no utilice lo que está pasando para impedir una liberación”. Para el analista Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia, con el secuestro del gobernador “comienzan operativos militares de rescate que podrían entorpecer la liberación” de los dos uniformados. “El plagio forma parte de la inconsistencia de las FARC, que no ha dejado de secuestrar civiles y sigue presionando para que se produzca un canje” de los 24 rehenes militares que mantienen las FARC por unos 500 guerrilleros presos 141.

22-12-2009, La decisión del Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, de ordenar el rescate por la vía militar a los secuestrados que están en poder de las FARC, llevó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a señalar que no hay garantías de seguridad para llevar a cabo, con auspicios del organismo humanitario, “una operación de liberación” del cabo Pablo Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo secuestrados en poder de los insurgentes. El vocero del CICR en Colombia, Pascal Jequier, dijo que “mientras haya la orden de rescatar por la vía militar a los secuestrados, no va a haber una liberación auspiciada por el CICR, pues no existen las garantías de seguridad necesarias para realizar la operación. Reitera su disposición para actuar como intermediario neutral e independiente en los procesos de liberación de personas retenidas por las FARC, si las partes concernidas en el proceso así lo desean”. Por el momento las gestiones del CICR quedan “congeladas”. Un comunicado de la Senadora Piedad Córdoba, quien ha participado anteriormente en gestiones para liberaciones de secuestrados, pide que “no se continúe truncando el proceso de liberación de Pablo Emilio Moncayo y de Josué Daniel Calvo”. La familia del cabo Moncayo rechaza la orden presidencial de rescate militar. Yury Tatiana Moncayo, una de las cuatro hermanas del suboficial dijo que “estamos cansados de este juego tan macabro”Se quejó de que se intente rescatar por la vía militar a su hermano, después de que las FARC han anunciado su intención de liberarlo y luego de que, tras varios tropiezos, estaba en marcha un proceso para que volviera a la libertad 142.

23-12-2009, En relación con el secuestro y asesinato del Gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, la Senadora Piedad Córdoba y Colombianos y Colombiana por la Paz, declararon: rechazamos de manera enfática el secuestro y el asesinato del Gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuellar, y acompañamos en el dolor a su familia y a la del Patrullero Javier Simón García Gutiérrez, quien murió en el atentado. Exigimos que las FARC-EP se pronuncien dejándole claro a la opinión pública si fueron los responsables de este crimen, pues sería inconcebible que después de tantos esfuerzos y gestiones para ganar terreno en el campo humanitario con las liberaciones de secuestrados, se den estos hechos atroces. Con respecto a las últimas declaraciones del Presidente Alvaro Uribe en las cuales ordenó el rescate militar de los secuestrados, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las FARC para que continúen y no se trunquen los procesos humanitarios que se vienen adelantando para la liberación de los secuestrados 143.

28-12-2009, Familiares de los secuestrados por las FARC participaron en una vigilia el 26-12-2009 en Bogotá. Las FARC dijeron en un comunicado que el gobierno de Uribe debe definir garantías que eviten cualquier provocación en la liberación de rehenes que están en su poder. Afirmaron que los protocolos de seguridad son clave para la entrega de algunos secuestrados a una misión coordinada por la Senadora Piedad Córdoba. En su comunicado, las FARC omitieron cualquier comentario sobre el asesinato del Gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, cuya muerte fue confirmada por el gobierno colombiano el 23-12-2009. Algunos analistas sostienen que es muy difícil hacer hipótesis ante las circunstancias confusas que rodearon el asesinato del Gobernador. El ex Consejero presidencial de paz del Presidente César Gaviria en los años 90, Carlos Eduardo Jaramillo dijo que le parecía extraño que las FARC hubieran desplegado una columna de élite para matar al funcionario: “Si lo querían matar, lo hubieran podido hacer en su propia casa” 144.

29-12-2009, El Cardenal Darío Castrillón poco después del secuestro y asesinato del Gobernador del Caquetá propuso, desde Italia, la mediación de la Iglesia Católica en el prolongado conflicto armado de Colombia. Propuso una reunión con los rebeldes para hablar de secuestro y de paz. Iván Cepeda, del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, dijo: “Todo esfuerzo por la paz es bienvenido”. Otros jerarcas de la Iglesia colombiana, como el Cardenal Pedro Pubiano Sáenz, han atacado duramente a las FARC en anteriores oportunidades. Por esa razón, el ex Ministro Camilo González, Director del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es escéptico. González llamó la atención sobre el hecho de que “la oferta de la Iglesia está atravesada por el clima de polarización que se está viviendo después del secuestro y muerte del Gobernador del Caquetá. La coyuntura electoral tampoco ayuda”. El sacerdote jesuita Jorge Julio Mejía, Director del Programa por la Paz, dijo que él no cree que sea posible un encuentro con la guerrilla en las actuales circunstancias: “Yo no creo que, por ahora, vaya a haber el contacto que propuso. Por un lado, la guerrilla ha sido reticente a un diálogo y ahora el Presidente vuelve y la insulta, con el anuncio de que buscará el rescate militar de los secuestrados”. Respecto de si es probable que las FARC, que han sido críticas con la Iglesia Católica, acepten la oferta del Cardenal Castrillón, el sacerdote jesuita Julio Mejía respondió que ya ha habido avances. Recordó que las FARC finalmente aceptaron que el Secretario de la Conferencia Episcopal colombiana integre la delegación que recibirá, junto al CICR y la Senadora opositora Piedad Córdoba, a dos militares que tiene en su poder. “La actitud de las FARC frente a la Iglesia no es tan cerrada”. Un profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, afirmó que no entiende el sentido de la oferta del Cardenal Castrillón, que lleva años viviendo en Roma y ya renunció a su cargo en la comisión Eclesia Dei: “¿A quién representa un Cardenal emérito como Castrillón? Es la persona menos indicada para buscar interlocución con una guerrilla tan radicalizada como la de Colombia” 145.

6-3-2009, La sustentación del Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos sobre el derecho a la “legítima defensa” acompañada por las Fuerzas Armadas, bajo el concepto de que se requiere de una doctrina clara sobre cómo actuar en eventuales operaciones contra guerrilleros en zonas de frontera 146.

13-1-2009, A la propuesta del Presidente Alvaro Uribe, de proponer que el Vaticano actúe como intermediario entre el gobierno y las FARC para lograr la liberación de una nueva tanda de rehenes, la Iglesia Católica se pronunció sorprendida pero dispuesta a darle seguimiento a la iniciativa 147.

20-1-2009, La Senadora colombiana Piedad Córdoba, designada como líder del comité que deberá recibir a los seis retenidos que las FARC propuso liberar, postuló a su colega estadounidense James McGovern como garante internacional de la operación humanitaria. Cree que el demócrata McGovern puede ser aceptado por ambas partes, que piden la presencia de una personalidad extranjera. McGovern “estuvo muy cerca al proceso anterior (de entrega de otros secuestrados)” y “quiere seguir trabajando. Estoy completamente segura que al Gobierno le puede gustar y a las FARC también” 148.

22-1-2009, La Senadora colombiana Piedad Córdoba, en su gestión por la liberación de retenidos por las FARC, dijo que ya se eligió un país que ayudará en ese proceso tal como lo pidió la guerrilla. Indicó que “el país que va a ayudar es un país sudamericano. No es Venezuela, ni Ecuador para que estén tranquilos”. También propuso la participación del congresista demócrata estadounidense James McGovern, pero el gobierno de Uribe se apresuró a descartarla 149.

25-1-2009, La congresista colombiana Piedad Córdoba señaló que la presencia de un garante internacional, el principal obstáculo para lograr la liberación de seis rehenes en poder de las FARC, quedó superado tras la aceptación de las partes de que Brasil suministre la logística 150.

3-2-2009, El político colombiano Alan Jara que fue gobernador del departamento del Meta, cuya capital es Villavicencio, quien estaba secuestrado desde el 15 de julio del 2001 por las FARC, fue entregado a una comisión humanitaria. En rueda de prensa, Jara criticó duramente al gobierno del Presidente Alvaro Uribe y dijo que en cuatro oportunidades cayeron bombas de la Fuerza Aérea muy cerca de campamentos donde él se encontraba: “Siento de todo corazón que Uribe no hizo nada por la libertad de nosotros”. Nunca pensó en un escape, porque “eso es como jugar a la ruleta rusa con seis balas (en el tambor del revólver)”. “Tenemos que traerlos muy rápido (a los que quedan)... es urgente el intercambio humanitario, no se puede dilatar más, porque (los otros cautivos en manos de las FARC) se están pudriendo en la selva. Las FARC no están derrotadas, para nada. Allá (en la selva) hay muchos jóvenes y mientras eso suceda, la guerrilla no se va a acabar. Yo no veo una salida distinta a la negociada. Si se quiere un cambio, es arreglando los problemas sociales. Hay que cerrarle el camino a la falta de oportunidades, a que colombianos tengan como único proyecto de vida ingresar a la guerrilla o a los grupos paramilitares”. Dijo que conoció jóvenes que ingresaron a la guerrilla después de que sus cultivos fueron fumigados por avionetas que perseguían plantaciones de coca. “No puedo jamás compartir el que por una causa o ideal se recurra a la violencia. Jamás puedo compartir que se recurra a privar de la libertad a nadie” 151.

4-2-2009, Ninguno de los ex secuestrados de las FARC había sido tan crítico con el Presidente Alvaro Uribe como Alan Jara. “La actitud del Presidente Uribe no ha ayudado para nada a que se produzca el intercambio humanitario y, por ende, la liberación de los prisioneros. Lo digo con toda claridad, siento de todo corazón que Uribe no hizo nada por la libertad de nosotros”. Jara se preguntó si la política de seguridad democrática de Uribe, que es una de sus principales banderas de gobierno, “es tan fuerte y exitosa, ¿será que la pone a tambalear el hacer un acuerdo humanitario?”. El ex Senador Luis Eladio Pérez, quien estuvo secuestrado más de 6 años y fue liberado a comienzos del 2008, no cree que Jara haya sido demasiado duro con Uribe. El ex gobernador reiteró que le pedía a Uribe “de todo corazón, que haga un acuerdo humanitario”. Luis Eladio Pérez es escéptico frente a los resultados de la posición asumida por Jara: “Uribe no cede, porque considera que eso es echar para atrás su política de seguridad democrática. Además, el Presidente está muy presionado por las fuerzas armadas, que, a pesar de que no han sido capaces de rescatar a todos sus hombres secuestrados, verían un acuerdo humanitario como un signo de debilidad”. Jara manifestó que ahora posee una visión parecida a la que antes tenía, pero “mucho más amplia de todo el asunto”, del conflicto con las FARC. La organización guerrillera no está derrotada: “No sé qué percepción hay acá, pero allá en el norte hay muchos y la mayoría son jóvenes. El conflicto tiene una salida política, es la que tenemos que buscar y manejar. Voy a decir una perversidad si se me permite, pero pareciera que al Presidente Uribe le conviene la situación de guerra que se vive en el país, y pareciera que a las FARC le gusta que Uribe esté en el poder. Porque siempre parece, en una u otra dirección, apuntan a lo mismo, a que el intercambio no avance ni que avance un diálogo político. La actitud de Uribe no ha ayudado para nada a que se produzca un intercambio humanitario. No lo digo con resentimiento, lo digo con amargura por los años que tuve que pasar”. Uno de los temores mientras se encontraba en cautiverio “ha sido que el gobierno me haga matar. En cuatro ocasiones cayeron bombas de aviones y la guerrilla corría a protegernos”. Un operativo del Ejército colombiano contra las FARC, para los retenidos es “una sentencia de muerte”, y aseveró que durante su cautiverio “nos protege la guerrilla y le tememos al ejército” 152.

5-2-2009, Alan Jara habló sobre los operativos militares de rescate de rehenes. Nosotros sabemos que un operativo no conduce sino a la muerte de quienes estamos allí. Un operativo es igual a una sentencia de muerte. La instrucción es clara: “vivos no los quitan”. Debe tener necesariamente repercusiones legales si todavía hay decencia en este país, incluso de cara a la Corte Penal Internacional: “Ahora, falsos positivos, tantas penas de muerte que uno duda que no exista, pero hay una que a mí me duele. Hay una omisión cuando no hacemos nada por impedirlo. Es que cuántos no han regresado (los secuestrados) como funcionario publico sé que existe un delito que se llama omisión” 153.

6-2-2009, Poco después de haber sido liberado por las FARC, el ex diputado Sigifredo López afirmó que sus compañeros fueron “masacrados” el 18 de junio del 2007. Dijo que se salvó de morir con otros 11 ex diputados que también estaban secuestrados porque había sido castigado y aislado por los guerrilleros. Todo ocurrió cuando llegaron al sitio guerrilleros de otro frente de las FARC, que fueron confundidos con soldados del ejército colombiano. Al igual que el ex gobernador Alan Jara, López también reclamó un acuerdo humanitario urgente que permita la liberación de 22 militares y policías que siguen en poder de las FARC. Recordó que el ex Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, hizo cuatro intercambios de prisioneros palestinos por soldados y por restos mortales, criticó al Presidente Álvaro Uribe por querer “desnaturalizar” un acuerdo de ese tipo. Poco sirve llamar “héroes” a los soldados y policías cautivos, si “en la práctica no hacemos nada por ellos”. López dijo que gracias a Piedad Córdoba está en libertad 154.

8-2-2009, Frente a las acusaciones hechas de vuelos rasantes por parte de fuerzas militares durante la liberación de rehenes por las FARC, se argumentaría la ausencia de coordinación entre el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares y la autorización de vuelos comerciales a 20 mil pies de altura, que por analogía se aplica a naves militares en interpretación por el Estado colombiano -error de buena fe de hecho- y la potestad que tiene el Estado Colombiano para mantener vigilancia sobre cultivos de coca y control de pistas clandestinas -error de buena fe en derecho-. El error de buena fe, según la doctrina y la jurisprudencia, requiere de principios y requisitos para que ello concurra. Ya los romanos distinguían entre el error de buena fe de hecho y error de buena fe de derecho. “Las disposiciones del derecho internacional humanitario determinan qué personas e instituciones tienen derecho a utilizar los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, en qué condiciones tienen permitido hacerlo y las medidas que pueden adoptarse para sancionar el uso indebido de los emblemas”. Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales forman parte del derecho internacional humanitario, un conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar las guerras y garantizan la protección de las personas. En particular, protegen a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario y religioso, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden luchar (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra). El emblema de a cruz roja o el de la media luna roja sobre fondo blanco es el signo distintivo que indica que dichas personas y objetos han de ser respetados. Cualquier uso que no esté expresamente autorizado en el derecho internacional humanitario es un abuso por lo que atañe al emblema. Se distinguen tres tipos de abuso: 1) imitación, que consiste en utilizar un signo que puede ser confundido, por la forma y/o el color, con el emblema; 2) usurpación, que tiene lugar cuando entidades o personas no autorizadas utilizan el emblema (empresas comerciales, farmacéuticos, médicos privados, organizaciones no gubernamentales, particulares, etc.); asimismo, hay usurpación cuando las personas normalmente autorizadas a hacer uso del emblema no lo utilizan de conformidad con las normas de los Convenios y de los Protocolos; 3) perfidia, que consiste en utilizar el emblema en tiempo de conflicto para proteger a combatientes o material militar; el uso pérfido del emblema constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales y no internacionales. El abuso por lo que atañe al emblema como signo protector en tiempo de guerra pone en peligro el sistema de protección instaurado en el derecho internacional humanitario. El abuso por lo que atañe al emblema como signo distintivo empaña su imagen en la mente del público y reduce, por ende, su capacidad de protección en tiempo de guerra. (...)Las Altas Partes Contratantes cuya legislación no sea suficiente tomarán las oportunas medidas para impedir y para reprimir, en todo tiempo, el empleo abusivo de los signos distintivos (...).” (Art. 45, II Convenio de Ginebra) 155.

12-2-2009, Las críticas del Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, a un periodista que asistió a la liberación de cuatro rehenes por parte de las FARC generaron un debate sobre el papel de los comunicadores en los conflictos y enfrentaron al mandatario con organismos internacionales. El periodista es Hollman Morris, quien dirige Contravía, un programa de televisión que se retransmite en la cadena Telesur, y quien presta servicios para Radio Francia Internacional y al-Jazeera. El periodista estaba en el sitio montañoso del sur de Colombia donde el 1-2-2009 una comisión humanitaria recogió a tres policías y un soldado que estaban en manos de las FARC. La liberación estuvo a punto de frustrarse debido a sobrevuelos de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y posteriormente Morris fue interceptado por soldados y policías que lo retuvieron y le exigieron la entrega de su material audiovisual. A raíz de ese episodio, el gobierno colombiano acusó a Morris de ser “afín” a las FARC. El Presidente Uribe sostuvo que Morris, al igual que su colega Jorge Enrique Botero, que también estuvo como observador en la misión humanitaria e hizo la denuncia de los sobrevuelos de la FAC por Telesur, “se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo”. Carlos Cortés, Director de la Fundación para la Libertad de Prensa dijo que el gobierno no tuvo ningún problema en disfrazar a militares de periodistas en la Operación Jaque, pero no admite que los periodistas estén en los sitios donde ocurren las liberaciones. Consideró que las acusaciones del gobierno “aumentan los riesgos contra los periodistas, sobre todo de los que son críticos”. Frank La Rue y Catalina Botero expresaron en un comunicado que “los relatores de la ONU y de la OEA no han tomado conocimiento de prueba alguna que vincule al periodista (Morris) con actividades criminales. Los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país. Esta obligación es particularmente importante en un contexto de polarización y conflicto armado interno como el colombiano. Nunca es demasiado rápido decir que una persona se presume inocente y pedirle a un gobierno que espere la decisión de la justicia. Los Estados son garantes de los derechos humanos y no deben estigmatizar con sus acusaciones”. La experta en ética periodística María Teresa Herrán dijo que la sorprende “la rapidez con que la Presidencia de la República puso en duda, con adjetivos insultantes, las calidades profesionales de Hollman Morris, que ha ganado varios premios internacionales y cuya independencia respetamos profundamente” 156.

3-3-2009, La ONG Colombianas y colombianos por la Paz dirigió una carta al Comandante de las FARC, Alfonso Cano y demás miembros del Secretariado: Reciban nuestro saludo con la esperanza de una paz duradera. Colombianas y colombianos por la Paz reiteramos nuestra voluntad de continuar en el proceso de intercambio epistolar con las FARC. Reconocemos la voluntad de esta guerrilla, el CICR y el gobierno de Brasil, así como la aceptación del Gobierno nacional para que la liberación de cuatro integrantes de la Fuerza Pública y dos dirigentes políticos llegara a feliz término. Tales liberaciones constituyen una referencia positiva para el necesario proceso de una salida negociada que permita poner fin al conflicto social y armado interno por medios distintos a los de la guerra. Como lo hicimos desde el inicio de este diálogo epistolar, rechazamos y condenamos las prácticas contrarias a los más elementales principios humanitarios y confiamos en que gestos como el de las liberaciones recientes conduzcan en poco tiempo a un reconocimiento expreso de que la degradación del conflicto está desarticulando política y moralmente a la sociedad colombiana y concluya en una franca, decidida y definitiva proscripción de la prácticas lesivas de los valores humanitarios más esenciales. Reiteramos nuestra inquietud acerca de si las FARC están dispuestas a excluir del conflicto armado el secuestro como arma de lucha. Un primer paso en esta dirección es, sin duda, la apertura hacia un acuerdo humanitario, contenida en sus más recientes comunicaciones. Es indispensable precisar, con urgencia, el marco dentro del cual se podría adelantar ese acuerdo, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de tal manera que podamos contribuir a su pronta realización. A nuestro juicio, tal mecanismo debe dar inicio a la búsqueda de alternativas para la terminación del conflicto. Ese acuerdo, además del intercambio, debe permitir negociaciones políticas que conduzcan al logro de la paz, como anhelo supremo de la sociedad. Esperamos continuar con nuestro apoyo al acuerdo humanitario en los términos señalados y a la construcción de espacios adecuados para hacer efectivo el derecho constitucional a la paz. Cordialmente, Colombianas y Colombianos por la Paz 157.

6-3-2009, Durante los seis años y medio de su gobierno, el Presidente colombiano Alvaro Uribe reporta la desmovilización de 50.000 hombres y mujeres en armas. Sin embargo, aún hay en actividad unos 20.000 guerrilleros y paramilitares, y el conflicto armado interno de cinco décadas no se detiene. Buena parte de las desmovilizaciones, unas 32.000, han sido colectivas y corresponden a paramilitares de las AUC que hicieron un proceso de paz con el gobierno. Las otras 18.000 desmovilizaciones son de guerrilleros de las FARC y el ELN, quienes han dejado las armas individualmente, en busca de los beneficios económicos y judiciales que el gobierno les otorga. Si a las 50.000 desmovilizaciones se les suman las miles de capturas y bajas que las fuerzas militares les han causado a las guerrillas en los últimos años, ¿por qué el conflicto armado en Colombia no está reducido a su más mínima expresión? Hay múltiples respuestas, y tienen que ver con factores como la persistencia del narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes en las zonas rurales y áreas deprimidas de las ciudades, el reclutamiento forzado de combatientes, el regreso a las armas de algunos de los que las habían dejado y el fortalecimiento de grupos armados que nunca las dejaron. En su más reciente informe, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz con los paramilitares de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) reconoce que han aparecido bandas armadas, que muchos sectores de la sociedad consideran como paramilitares, en 153 de los 1.100 municipios de Colombia. “En determinadas zonas, la presión que ejercen las facciones armadas al margen de la ley sobre los desmovilizados es muy fuerte, lo que ha provocado en algunos casos la reincidencia, así como también la muerte y el desplazamiento de estas personas”. José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá cuestionó las estadísticas del gobierno: “En el período 2002-2007 los efectivos de la guerrilla descienden de 20.600 a 12.499”. Es importante precisar que número de capturas no es exactamente equivalente al número de personas, dado que a la misma persona se le puede capturar más de una vez sin que se llegue a la judicialización. “Las 'bajas' (abatidos, desmovilizados, capturados) llegaron a 50.464, en el mismo lapso; es decir, la guerrilla reclutó, en el período de la seguridad democrática, el doble de los efectivos iniciales. Es posible que las estadísticas no reflejen la realidad. Si la guerrilla es pequeña, es difícil justificar un pie de fuerza militar (sin incluir la policía) que alcanzó, en el 2008, 277.681 efectivos, cifra que en América sólo es superada por Estados Unidos, y ligeramente por Brasil”. Las diferencias de cifras son más grandes cuando se hacen los estimativos de los paramilitares que siguen operando en Colombia. El investigador Mauricio Romero, de la Fundación Nuevo Arco Iris, dice que las FARC tienen “entre 8.000 y 10.000, siendo conservadores”. Respecto al ELN, son entre 1.500 y 2.000. Mauricio Romero asegura que el conflicto “se está transformando” y que hay un problema que lo alimenta: “la corrupción local y regional de fuerzas de seguridad por vínculos con el narcotráfico” 158.

6-3-2009, El ex Consejero de Seguridad del gobierno de Colombia Carlos Eduardo Jaramillo, opinó que la tesis de la ‘legítima defensa’, a la que el Ministro Juan Manuel Santos aludió, ha sido utilizada por Israel como justificación de sus incursiones en territorio palestino para golpear a las milicias árabes que desde allí atacan a sus ciudadanos. También fue una de las justificaciones de la administración Bush para la entrada de tropas norteamericanas a Afganistán e Irak. “La legítima defensa se da cuando se está siendo agredido y puede haber una respuesta inmediata”. La situación dada en la base de Reyes en Ecuador se asimila más a la famosa ‘persecución en caliente’ que en ocasiones se ha dado en las zonas de frontera. “No se puede invocar la legítima defensa para violar la soberanía de otro país. Se desordenaría el continente si cada cual se cree con derecho a perseguir a delincuentes de su propio país cada vez que pasen la frontera. Lo que procede son los acuerdos de cooperación internacional y para eso está Interpol”. Carlos Medina Gallego, del Grupo de Investigación para la Seguridad y la Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, dijo que defender y enarbolar esa posición podría ser tomada como una agresión por países vecinos a Colombia: “El comportamiento de los Estados tiene un límite, que son las fronteras. La legítima defensa no puede pasar por encima de los tratados” 159.

12-3-2009, Luego del acuerdo militar firmado entre los gobiernos de Colombia y Brasil para monitorear conjuntamente sus 1.644 kilómetros de frontera amazónica, el ex vicecanciller colombiano Diego Cardona, profesor de la Universidad Javeriana, estimó que el acuerdo es “una jugada a varias bandas. Primero, porque el Presidente Lula da Silva es de los poquísimos que le pueden hablar al oído a Chávez. Y, segundo, porque este pacto podría poner en problemas al gobierno de Ecuador en escenarios internacionales, si se tiene en cuenta, además, los acuerdos de defensa con Perú”. Existe un sistema de radares instalado por Brasil en todas sus fronteras desde hace más de 15 años. El analista militar Armando Borrero considera que el pacto también obedece a “la preocupación de Brasil por el tráfico de drogas a lo largo de la frontera con Colombia”. Además, en medio de las tensiones con Ecuador y Venezuela, a Colombia le conviene tener muy buenas relaciones con Brasil 160.

15-3-2009, El Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, hizo serios cuestionamientos al Plan Colombia y aseguró que se le debería poner fin, ya que el programa había logrado su propósito y que el precio político que debe aceptar el gobierno colombiano es demasiado elevado. El Plan Colombia, no sólo ya no es necesario, sino que además es indigno para el país. Como tantos colombianos, “me he sentido atropellado y humillado en escenarios donde nos maltratan”.“Sé que el Presidente y el Ministro de Defensa me van a jalar las orejas por esto, pero la dignidad del país es muy grande”. Santos dejó claro que su país es aliado y amigo de Washington, pero aún así propone transformar la relación bilateral hacia una basada en la dignidad y el respeto mutuo. También criticó la proporción de los fondos de la ayuda que es destinada a contratistas privados, en su mayoría estadounidenses. Hay que buscar un replanteamiento con UA, “mirándonos de frente, de país a país, con mutuo respeto”. El Plan Colombia es una ayuda de 550 millones de dólares de los cuales la tercera parte se va para los operadores. Nos quedan 400 millones. El 50 % va a proyectos sociales, que podríamos asumir nosotros, y la otra mitad, unos 200 millones, sí va al Plan Colombia. Gran parte de esta plata se gasta en gasolina y transporte. El ex Presidente Pastrana señaló que al ser nombrado embajador, Uribe le señaló que “había que acabar con el plan Colombia porque había mucha presión de Estados Unidos” que consideraba ya se habían “cumplido los objetivos” de fortalecer las fuerzas militares y debilitar el narcotráfico; pero que él se negó a la petición de Uribe: “El Plan Colombia no es un regalo, es una obligación de Estados Unidos, mientras siga el consumo (de drogas ilícitas) en ese país” 161.

15-3-2009, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington las denuncias emitidas por varios grupos defensores de los derechos humanos sobre los nexos paramilitares del Congreso de Colombia. La Corporación Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señalaron a la instancia judicial de la OEA que cinco de siete partidos que forman parte del gobierno de Alvaro Uribe están vinculados a la parapolítica. Aunque reconocen que hay otros partidos afectados por los supuestos nexos con los grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Director de la Corporación Nuevo Arco Iris insistió en que los cinco partidos del gobierno mencionados deben ser disueltos. A pesar de que el gobierno del Presidente Uribe lleva a cabo una desmovilización de los paramilitares y un proceso judicial contra los culpables de atrocidades, el CEJIL asegura que las AUC no se han desmovilizado y que la colaboración entre políticos y paramilitares sigue viva. Para muchos activistas sociales el vínculo privilegiado que tuvo Colombia con EUA en tiempos del Presidente George W. Bush, dificultaba las iniciativas y complicaba las discusiones que tuvieran que tener con Colombia dentro de la organización. Las ONG solicitaron a la OEA que elabore un informe sobre las estructuras políticas y económicas del paramilitarismo y otros grupos armados ilegales 162.

25-3-2009, Luego de la protesta que el Embajador de EUA en Colombia, William Brownfield, hiciera por la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a extraditar a Alias “Cesar” que fue capturado a mediados del 2008 durante la Operación Jaque y Fredy Ferney González Monsalve, un narcotraficante que envió 300 kilos de cocaína a EUA, el ex Ministro de Justicia y ex constituyente Jaime Castro, consideró que el cambio de posición de la Corte se debe a la “molestia por las demoras en Estados Unidos” para que 15 jefes paramilitares colombianos extraditados declaren en procesos muy sensibles. Se trata de la investigación por los nexos de los paramilitares de derecha con la clase política, conocido como la “parapolítica” y donde la Corte ha jugado un rol fundamental, y del que pretende esclarecer miles de crímenes cometidos por esas fuerzas. A las críticas que formula Castro se unen otros penalistas como el ex Fiscal Alfonso Gómez Méndez, quien ha dicho que el gobierno colombiano ha convertido la extradición “en una herramienta política” 163.

31-3-2009, Las FARC dejaron de exigir una zona desmilitarizada para negociar con el gobierno colombiano un intercambio de 20 secuestrados por guerrilleros presos. Los 20 rehenes que las FARC pretenden canjear con el gobierno son oficiales y suboficiales del ejército y la policía colombiana, algunos de los cuales han permanecido secuestrados desde 1998. Respecto a las cifras oficiales que las responsabilizan de tener a más de 700 personas en su poder, las FARC sólo reconocen nueve secuestros de personas cuyo patrimonio consideran superior a un millón de dólares, pero no hablan de secuestrados con menor patrimonio y por quienes también exige el pago de rescate. Los nueve en cuestión son secuestros extorsivos son parte de las sanciones de la “ley 002”, dictada por las FARC en marzo del 2000, por la cual impusieron un impuesto a todos aquellos cuyo patrimonio superara un millón de dólares y anunciaron que quienes no pagaran la contribución, serian “retenidos”. Sobre las cifras de secuestros no hay plena claridad, entre otras cosas porque no están depuradas, debido a que muchos secuestrados han recuperado su libertad tras el pago de rescates, han salido del país y sus familias no han reportado sus liberaciones. Aunque las FARC ya no pidan “despeje” (desmilitarización) para negociar un acuerdo, algo que durante mucho tiempo fue una condición “inamovible” para la guerrilla y que fue rechazado por Uribe, eso no garantiza que el gobierno quiera negociar un acuerdo en estos momentos. El ex Consejero presidencial de paz Carlos Eduardo Jaramillo considera que “hay progresos” en la nueva posición asumida por las FARC frente a un intercambio” y califica el cambio de posición de la guerrilla como una jugada “política”, para ganar espacio y mejorar imagen, bajo el mando de “Alfonso Cano”. Jaramillo, quien negoció con las FARC a comienzos de los años ‘90 considera que, por ahora, “no hay negociación a la vista. Uribe ya empezó su campaña por la segunda reelección y el lenguaje de la campaña es ‘mano dura’. El Presidente cree que sentarse a negociar con las FARC sería una muestra de debilidad”. Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado y miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, estima que la carta del Secretariado de las FARC “es el paso más importante que se ha dado en mucho tiempo respeto al intercambio humanitario. Lo que muestra la carta es la decidida voluntad de avanzar hacia ese acuerdo humanitario. Ahora la palabra la tiene el gobierno. El gobierno debería designar a quien dialogue con las FARC para llegar lo antes posible a un entendimiento sobre el intercambio entre lo que las FARC llaman prisioneros de guerra y los presos políticos que están en las cárceles” 164.

7-4-2009 El Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, manifestó el 4-4-2009 que la Fiscalía General del país está investigando 22.000 casos de desapariciones forzadas ocurridas en el marco del conflicto interno que sufre Colombia desde hace más de cuatro décadas: “Hoy estamos hablando de 22.000 desaparecidos en Colombia. De ellos hemos encontrado 1.040 y entregado identificados varios centenares. Uno tiene que concluir que acá lo que había era un genocidio”. Ana Teresa Bernal, Presidenta colegiada de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra dijo que esta cifra espeluznante pone en evidencia “la magnitud del daño que se ha cometido en Colombia contra la población y contra muchas familias que vieron un día salir a sus hijos, hermanos o esposos y no volver a aparecer”. El hecho de que el fiscal Mario Iguarán hable de genocidio es algo que, debería llevar a una mayor implicación de la sociedad para lograr la paz. La sociedad colombiana no se ha conmovido lo suficiente respecto a los casos de desapariciones forzadas, o al menos no se ha conmovido y movilizado como lo ha hecho contra el secuestro. “Es muy importante que la sociedad se haya conmovido y se haya movilizado contra el secuestro”, pero no se preocupa de la misma manera por las desapariciones. “Creo que ahí vamos y que hay que hacer un esfuerzo grande como sociedad, como Estado, como instituciones para que Colombia realmente pueda sacar adelante un proceso como el proceso de Justicia y Paz que ha tenido muchos tropiezos porque, obviamente, hay un contexto político que no es fácil en todos los sentidos; pero creo que el país está empezando a conocer la verdad de muchos años de ignominia que ha vivido el país” 165.

24-4-2009 Frente a la negativa del Presidente Alvaro Uribe, a que la Senadora Piedad Córdoba participara en la liberación del Cabo Moncayo, anunciada unilateralmente por las FARC, la Senadora Piedad Córdoba, dijo que ha dirigido diversas liberaciones que han concluido con éxito, respondió que no sería al estilo de la “Operación Jaque”, en referencia al desarrollo de una operación militar en la zona donde se encuentra Moncayo, similar a la que se llevó a cabo para liberar a Betancourt. El profesor, Gustavo Moncayo, padre del suboficial Pablo Emilio Moncayo, había solicitado la víspera al Presidente colombiano, su colaboración para que la liberación de su hijo se diera sin ningún inconveniente y para que cesaran las hostilidades en la zona y así facilitar las labores. “Si hay una verdadera voluntad de paz en Colombia, pido al Presidente Uribe que cesen las actividades militares en la selva, para que mi hijo pueda salir libre” 166.

24-4-2009 Frente a la negativa del Presidente Uribe sobre la participación de la Senadora Piedad Córdoba y Colombianos y Colombianas por la Paz (CyCPP) en la liberación del Cabo Moncayo, la Senadora descartó una confrontación de Colombianos por la Paz con Uribe y aseguró que seguirán trabajando en la búsqueda de una salida política y negociada al conflicto armado que vive su país, lo que, a su juicio, es fundamental para la integración regional latinoamericana. “No estamos en la disposición de abrir frentes de batalla con el Presidente de la República y solamente esperamos que reflexione, recapacite y dé la posibilidad de que muy rápidamente personas que llevan 12 años, como el Cabo Moncayo y otros, en poder de las FARC vuelvan a sus hogares”. Valoró el anuncio realizado por el asesor presidencial brasileño de Asuntos Exteriores, Marco Aurelio García, que aseveró que el Gobierno de su país puede continuar prestando apoyo a las operaciones de liberación de retenidos, en caso de que el Presidente Uribe lo solicite. “Yo creo que quienes participamos y quienes, como Colombianos y Colombianas por La Paz, vemos con muy buenos ojos que esto pueda darse, e igualmente yo insistiría en un hecho que es fundamental, y es el tema del intercambio humanitario en una zona que puede ser binacional con alguno de los países fronterizos con Colombia, pero también hay que entender que falta la solicitud del Presidente colombiano para que esto tenga posibilidad de llevarse a cabo. Yo diría que la observación importante es que este no es un tema solamente de Colombia sino de toda la región, y la manera como el Parlamento, los partidos y las organizaciones sociales brasileñas pueden ayudar a que Colombia tome una decisión hacia la salida política y negociada del conflicto”. Sobre su próximo viaje a Estados Unidos, afirmó que no sólo se deberá al tema de las liberaciones, sino también para reunirse con ex jefes paramilitares colombianos que han sido extraditados a ese país, a fin de obtener información acerca del financiamiento de grupos irregulares en Colombia. “Podría decir en resumidas cuentas, es una visita bastante importante que forma parte de la gira diplomática de Colombianos y Colombianas por La Paz por varios países de América, Europa y Estados Unidos, donde voy a estar 15 días también en reuniones con organizaciones, partidos. No solamente para hablar del tema del intercambio y las liberaciones, sino también para atender un asunto muy delicado en Colombia y es la reunión con los distintos paramilitares extraditados, para garantizar que haya continuación de sus confesiones en el proceso de Justicia y Paz, que seguramente permitirá conocer quiénes financian el paramilitarismo en el país” 167.

8-5-2009 Denuncias por la ejecución extrajudicial de cerca de millar y medio de personas tienen hoy tras las rejas a cerca de 40 militares colombianos, entre ellos varios oficiales, suboficiales y soldados. Los muertos fueron presentados por las autoridades militares como guerrilleros o paramilitares abatidos en combate, cuando en realidad habían sido engañados o capturados previamente. El caso ha generado cuestionamientos a la política de seguridad democrática del Presidente colombiano, Alvaro Uribe, quien asumió en 2002. Uribe defiende como logros de esa política la sustancial reducción de los homicidios y los secuestros, así como la contención de las guerrillas de izquierda y un proceso de paz con los paramilitares de derecha. Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, señalan que bajo el gobierno de Uribe han aumentado las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. El máximo ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue extraditado por narcotráfico a EUA en el 2008, declaró desde Washington que sus hombres instalaron hornos crematorios en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, para no dejar rastros de sus asesinatos que, según él, fueron agradecidos por las autoridades militares. De acuerdo con Mancuso, los hornos fueron una forma de evitar que el índice de muertes violentas “aumentara”. 1.666 víctimas. El fiscal general, Mario Iguarán, ha dicho que esa cantidad de casos podrían constituir una especie de “genocidio”. La Fiscalía General de Colombia investiga actualmente 1.666 víctimas de “falsos positivos”, es decir, de personas aparentemente inocentes que fueron presentadas por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Un positivo, en el argot militar colombiano, es cuando se captura o se abate a un delincuente. A finales de 2008, el fiscal general le pidió al Ministerio de Defensa que revisara una directriz emitida en 2005, que reconocía aproximadamente US$1.500 a los militares que reportaran bajas en combates. Desde 2005 la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había alertado al gobierno sobre la existencia de “falsos positivos”. Mario Madrid-Malo, experto y defensor de derechos humanos colombiano: “El gobierno organizó un sistema de estímulos, recompensas y otros reconocimientos para los miembros de las Fuerzas Militares que abatieran a integrantes de grupos armados ilegales”. Cuando el gobierno habla de falsas denuncias, “asusta a las víctimas, que van a temer acercarse a denunciar los delitos” 168.

11-5-2009 Debido a la negativa del Presidente Uribe sobre la participación de la Senadora Piedad Córdoba y la demora en dar respuestas por parte del gobierno, la familia Moncayo entregó una carta pública el 22 de abril del 2009 en la cual desautorizan “cualquier dispositivo militar, que en sus diversas formas busque por la fuerza la libertad de Pablo Emilio Moncayo Cabrera”. Es un hecho que la Senadora Piedad Córdoba, es una personalidad confiable en este acto estrictamente humanitario 169.

13-5-2009 La Corte Suprema de Colombia en sede de casación juzga la sentencia de segundo grado del 27-2-2006, proferida por el Tribunal Superior Militar, mediante la cual confirmó con modificaciones el fallo dictado por el Juzgado 12 de Brigada de Primera Instancia con sede en Florencia, Caquetá, calificando de “crímenes contra la humanidad” los asesinatos denominados “falsos positivos” 170.

25-5-2009 Después de golpes como la muerte de Raúl Reyes en Ecuador, se presume que varios jefes guerrilleros colombianos se han refugiado en los países vecinos. Un informe sobre el tema fue divulgado dos días después de que México expulsó a un profesor universitario colombiano, Miguel Angel Beltrán, 'Jaime Cienfuegos', acusado de ser un enlace de las FARC. Armando Borrero, ex Consejero de Seguridad Nacional en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), no duda en afirmar que varios jefes guerrilleros están hoy refugiados en países vecinos. “Iván Márquez y Timochenco (del Secretariado) están hace tiempo en Venezuela”. Hay muchas versiones -no confirmadas- que indican que el video donde Timochenco anunció oficialmente sobre la muerte del máximo jefe de las FARC, Tirofijo, habría sido grabado en Venezuela. En cambio, es novedoso que se informe sobre la presencia en Ecuador de Pablo Catatumbo, otro jefe de las FARC que opera en el sur de Colombia. Desde hace varios años se tiene información de que buena parte del Comando Central (COCE), la máxima instancia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, también salió del país. Borrero recuerda que Simón Trinidad, un importante jefe de las FARC, fue capturado a principios del 2004 en Quito. Las fronteras de Colombia con Ecuador y con Venezuela se prestan para que se pase fácilmente de un lado al otro. En diciembre de 2005 la captura en Venezuela de Rodrigo Granda, conocido como el Canciller de las FARC, provocó una grave crisis diplomática entre ambos países. En marzo del 2008 el bombardeo a un campamento de las FARC en Ecuador, donde murió Raúl Reyes, el tercero al mando de ese grupo, originó la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Ecuador 171.

29-5-2009 Durante el discurso del Presidente Uribe ante el V Congreso de Víctimas del Terrorismo, un numeroso grupo de familiares de secuestrados colombianos abandonó el 29-5-2009 la gran sala del Teatro Metropolitano de Medellín, al hacer mención ante los Príncipes de Asturias al canje de rehenes de las FARC por prisioneros presos, que siempre se ha negado a aceptar. De forma ambigua, Uribe ha rechazado el intercambio humanitario, el principal reclamo de las FARC. Entre los asistentes a este Congreso habían ex secuestrados que reclamaban el acuerdo humanitario como única salida de lograr la paz con las FARC, como el ex gobernador del departamento del Meta Alan Jara, liberado en febrero del 2009. La colombiana Clara Rojas, ex candidata a la Vicepresidencia y secuestrada por las FARC durante más de seis años, dijo que quienes sufrieron el terror solo pueden salir adelante unidos y dejando a un lado las ideologías. Este evento tiene la máxima importancia, porque “deja atrás las ideologías y los polarismos”. En el marco de la conmemoración de la Semana Internacional de la Desaparición Forzada, familiares de las víctimas instalaron seis carpas en la Plaza Bolívar con galerías de fotos y videos para recodar a los afectados por este delito en el país. Iniciaron la recolección firmas para pedirle al Presidente Uribe que ratifique la Convención contra la Desaparición. Quieren que se reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar las denuncias de personas víctimas de estas violaciones. La jornada fue organizada por familiares de los desaparecidos y por organizaciones de víctimas como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES); la Fundación Nidia Erika Bautista; Familiares Colombia, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Corporación Reiniciar. Dentro del grupo de víctimas estaba María Elena, una mujer que durante 27 años se ha dedicado a buscar el cuerpo de su esposo, un sindicalista del sector automotriz desaparecido el 11-9-1982 en Bogotá. El fue parte del primer caso denunciado de desaparición colectiva en el país. En un sola semana desaparecieron a 13 personas. “La Procuraduría señaló como responsable de este caso al F-2 (Inteligencia Policial), pero su cuerpo nunca me lo entregaron en un duelo que no he podido superar” 172.

5-6-2009, La reparación económica a las víctimas del conflicto armado colombiano sigue siendo motivo de polémica en el país cuatro años después de que entrara en vigencia la ley que rebajó las penas a los paramilitares de derecha. La Ley de Justicia y Paz, de 2005, redujo a un máximo de 8 años las condenas por delitos atroces a cambio de que los beneficiados contaran toda la verdad, desmontaran sus estructuras armadas y compensaran económicamente a sus víctimas. Pese a que los jefes paramilitares -la mayoría extraditados a Estados Unidos- poseen inmensas fortunas, muchas de ellas nutridas con recursos del narcotráfico, hasta ahora sólo han entregado unos US$12,5 millones para compensar económicamente a sus víctimas, que son miles. Hasta el momento sólo una persona ha sido condenada bajo la Ley de Justicia y Paz, a la que se acogieron cerca de 3.000 jefes paramilitares. Eduardo Pizarro Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), dice de que hay 220.000 víctimas inscritas. Hay víctimas desde 1964. Quienes recibirán el dinero del gobierno son víctimas de minas antipersonales, abusos sexuales y reclutamiento forzado de menores por parte de grupos guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha. “Se trata de las víctimas más vulnerables, quienes han sufrido daños brutales”. Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se queja de que “no se esté avanzando hacia una reparación integral de las víctimas”. Se intentan enmascarar medidas que pueden aliviar la situación de un grupo pequeño de víctimas, pero estamos ante la ausencia de una verdadera política de reparaciones integrales. “Estamos ante una operación en la que se intentan enmascarar medidas que pueden ayudar a aliviar la situación de un grupo pequeño de víctimas, pero ante la ausencia de una verdadera política de reparaciones integrales”. Las vías judiciales “están mostrando total ineficiencia en esta materia. La situación es muy grave, porque, además, el saldo de la Ley de Justicia y Paz no es satisfactorio. Se han producido avances en materia de verdad, gracias a la presión de organizaciones nacionales e internacionales y de las cortes, pero aspectos sustanciales de la verdad siguen ocultos” 173.

15-6-2009, La madre del Cabo Moncayo, María Estela Cabrera dijo que Uribe le está pasando cuenta de cobro a mi esposo por lo que dijo en la Plaza de Bolívar: “Nos visitó el Presidente -en la carpa- y él dijo que por más firmas que recojan, él no iba por el intercambio humanitario... que no lo iba a hacer, como que tiene metido entre ceja y ceja que no lo va a hacer… Mi mensaje es que me asalta una preocupación muy grande porque sé que no sólo la vida de otros está en peligro, sino también la de mi hijo, por la que llevamos luchando desde hace más de 11 años, mi mente y mi humanidad, no logran entender cómo una sola persona, en este caso Uribe tenga tanta maldad, para no tener voluntad política. Su resentimiento por las personas que se atreven a cuestionar su forma de gobierno y que se atreven a decirle en público las verdades, su sed de venganza contra quienes en un pasado le hicieron supuestamente daño a su familia, frente a eso, tal parece que el corazón grande que dice tener, fuera de piedra... Me parece que en medio de la selva, donde tantos peligros asechan, agregarle uno más, ya es el colmo de la inhumanidad. Es que también este gobierno, siempre ha mostrado su indolencia con los militares y policías secuestrados: porque si recordamos un poco, por ejemplo, Patascoy que fue una de las primeras tomas que hizo la guerrilla, ocurrió un 21 de Diciembre de l997, casi terminando el gobierno de Samper, luego, en el Gobierno de Pastrana, la guerrilla liberó unilateralmente a 300 soldados regulares, y siguió el gobierno del Presidente Uribe, ahora lleva más de 8 años de gobierno, y las liberaciones que se han realizado, han sido de manera unilateral por parte de la guerrilla, a excepción de la Operación Jaque, de la cual ya sabemos como se planeó... este gobierno no ha tenido la más mínima intención de negociar y siempre lo ha manifestado, para él, es más fácil que a estos muchachos se los coma la selva o mueran en un intento de rescate, definitivamente no quiere que salgan con vida de allá. Lastimosamente Colombia está polarizada, pero si usted conversa con la gente del común: panaderos, profesores, jornaleros, gente que vende en la plaza... en fin, la gente colombiana buena en el mejor sentido de la palabra, que cree en su país, que espera un mejor futuro para sus hijos y para la patria, dicen: ese Presidente si es un... HP porque no quiere que a su hijo lo liberen... qué es lo que le está pasando... le está cobrando al profesor Moncayo lo que le dijo en la plaza de Bolívar... otros dicen: el profesor no debe hablar mal del Presidente, no ve que él que manda, manda, aunque mande mal... en fin, una también está expuesta a la presión de muchos. Pero el sentir general, es el dolor de saber que Pablo no puede salir libre, por culpa de la decisión presidencial de no permitir a la Dra. Piedad Córdoba y al grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz que lo reciban… En nuestro país todo muchacho que tenga ya su bachillerato, debe prestar el servicio militar obligatorio, pues bien, Pablo es el primer hijo y único varón, tenemos 4 hijas más... y este era nuestro gran temor: mandar un hijo a la guerra… Sabíamos del trato que les dan a los soldados en el ejército y no queríamos eso para nuestro hijo... en fin, son tantas dudas que le asaltan a uno como padre y madre... además. Gustavo estaba estudiando su postgrado y tenia un préstamo en el Banco, no podía pagar la libreta Militar, entonces conversamos con Pablo y le dijimos que mejor hiciera el curso de suboficial, que duraría un año y al cabo de éste, se retirara con su libreta y siguiera estudiando en la Universidad, ya que acá, para seguir estudios universitarios, también se requiere tener su libreta militar... Pasó el año, y Pablo recibió su cédula militar, pero en el ejército no le permitieron retirarse, le dijeron que debía por lo menos, trabajar un año. El trabajó el año, y nos dijo que iba a trabajar unos meses más para ayudarnos a pagar unas deudas y también porque le gustaban las comunicaciones, que era la rama donde él se especializó en el ejército… Su famosa seguridad democrática sólo ha servido para favorecer a los de la clase alta, el pueblo, sigue desprotegido como siempre. El país está lleno de paramilitares que amenazan ejecutar su ley de las armas, mire, ahora, en este momento, anteayer, salió un panfleto amenazando a mucha gente acá en Sandoná, Pasto, La Unión y Samaniego y sabe quienes son, unos que dicen llamarse rastrojos, que es un banda delincuencial, son paramilitares no desmovilizados al servicio del narcotráfico, ellos amenazan a algunos captadores de dinero que no han devuelto la plata invertida a mucha gente pobre... bueno, quieren aparecer como los justicieros, pero todos sabemos cómo operan, se creen redentores para obtener la simpatía de la gente y luego... matar a todo el que se les cruce en su camino. Y lo más peligroso... se venden al mejor postor... son matones a sueldo. Yo no estoy de acuerdo tampoco con la gente que se robó esa plata a la demás gente y anda tan campante aquí en el pueblo, es gente muy cínica... el problema es que la ley no funciona. Pienso que la dictadura de Uribe ha nombrado gente para que hagan su voluntad, hay gente que le sirve incondicionalmente a Uribe, el consejo de la judicatura es Araújo quien tuvo muchos escándalos con el narcotráfico el que lo manda, que puede esperar una, si toda la caterva delincuencial está allí. Mire, para ver un ejemplo real: en el delito de cohecho, con el Presidente, sus ministros y Yidis Medina. A quién juzgaron... al más pendejo... y ellos... como los ángeles. Entonces, era una utopía pensar que se podía ganar esa tutela, pero sabe que también es un acto político pacífico importante, demuestra otra vez, nuevamente que estamos en una dictadura. La lucha sigue y se va a apelar a las altas cortes. Nosotros le pedimos a los Colombianos, a la comunidad internacional que se presione para que las dos partes entren a dialogar y a liberar a estas personas que están sufriendo mucho… Ante tanto escándalo, el caso de mi hijo ha pasado a segundo plano pareciera que es otra cortina de humo y eso es lo que ha pasado siempre, cuando las cosas se iban a dar, en bien de la libertad de los chicos, siempre algo pasaba. El problema es que como la prensa y las comunicaciones viven del inmediatismo y de la noticia al día, esa noticia tan humana y de tanta alegría para nosotros, a ellos ya no les importa... Además sabemos que la mayoría de la prensa hablada y escrita está con el gobierno de Uribe, qué les va a importar... y otra cosa, nosotros no somos gente con poder económico ni político, el único poder que tenemos es el de la convicción de ver a nuestros hijos libres… Imagino a Colombia con gobernantes honestos, que no estén aliados con el narcotráfico ni con la corrupción, que es muy difícil erradicarla ya que nuestro sistema convive con ella, porque el mal ejemplo dado por todos aquellos que detentan el poder, hace que los demás lo sigan y que se maneje esa doble moral... luego, sin paramilitares, sin guerrilla, sin delincuentes, y con justicia social y desarrollo sostenible, con educación y conciencia social de que, es entre todos quienes debemos sacar adelante nuestro país... pero sólo es un lindo sueño... Así esté hundida en la desesperación y la impotencia... mantener la esperanza, personalmente creo en un Dios y se que me ayudará... Sé que Suiza como país neutral podría solicitarle mediar en esto de la liberación de mi hijo y los demás secuestrados, yo lo agradecería inmensamente, veces, de verdad que me siento sola... quisiera que la Suiza me ayudara a liberar a mi hijo y a los demás, mediando en un intercambio humanitario” 174.

20-6-2009, Pese a que el Fiscal Iguarán indicó que no existen evidencias de que haya sido una política de Estado, el relator de la ONU para los derechos humanos Philip Alston, indicó el 18-6-2009 que los falsos positivos fueron ocasionados, en gran medida, por la política de recompensas que, por la captura de guerrilleros, el Gobierno colombiano ofreció a militares. Como falsos positivos se conoce en Colombia a los asesinatos de civiles por parte de fuerzas del orden, que presentan después como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de mostrar éxitos del llamado programa Seguridad Democrática, impulsado por el Presidente colombiano, Alvaro Uribe. Más de mil casos de homicidios, bajo la figura de falsos positivos, han sido presuntamente perpetrados por funcionarios de la fuerza pública en Colombia, según señaló el 19-6-2009 el Fiscal General de ese país, Mario Iguarán. Las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos, han ocurrido en casi todos los departamentos del país, principalmente en Antioquia (noroeste), en el Meta (centro), en Casanare (este) y en el Cesar (noreste). “Tenemos nosotros reportados más de mil casos. Nosotros nos dimos a la tarea y en menos de dos años podemos estar reportando más de 1100 personas vinculadas con 230 personas condenadas y casi 500 medidas de aseguramiento”. Iguarán además adelantó que el ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), inteligencia colombiana, Miguel Maza Márquez, será llamado a declarar por el magnicidio del candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Luis Carlos Galán, cometido hace 20 años. Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en una plaza de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, la capital neogranadina, cuando se iba a dirigir a una multitud de seguidores, y cuando Maza Márquez era director del DAS. Uno de los ideólogos y responsables políticos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Iván Robert Duque, alias Ernesto Báez, involucró hace pocos días en una diligencia judicial al entonces director del DAS en el asesinato del líder liberal 175.

20-6-2009, Philip Alston, el relator de Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, hizo una presentación diplomática, pero directa en su informe parcial de la visita que hizo a Colombia desde el 8 al 18 de junio del 2009. “No puedo descartar la posibilidad de que algunos falsos positivos fueran, de hecho, guerrilleros, pero aparte de las afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en ese sentido”. Existen pruebas que hablan de “víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada (cuando se dijo que habían muerto en combate), o calzando botas de campo cuatro tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello”. Para Alston, estos hechos “menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate”. La manera como han ocurrido algunas de estas muertes, de acuerdo con el relator, son por vía de un reclutador que engaña a las víctimas con falsos ofrecimientos y se los lleva a una localidad remota. Allá los recibe un grupo de soldados y los matan y luego manipulan el lugar para que pareciera que la muerte ocurrió en medio de un combate. “A menudo, se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano”, observa Alston. Y describe que las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, “y los asesinos son premiados por los resultados perseguidos en la lucha contra la guerrilla”, anota. Así ocurrieron las sonadas ejecuciones de Soacha. Después de conocer varios casos así, detectó dos problemas. El primero, es que la expresión ‘falsos positivos’ “brinda una especie de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como un asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”. Es decir, usar el término de ‘falsos positivos’ matiza la gravedad de estas muertes. El segundo problema es que el caso de Soacha ocurrido en el 2008 y que fue tan sonado y publicitado, da la sensación de que se trata de un asunto limitado a unos pocos casos, con ubicación y tiempo específico. Pero para el Relator, este caso es apenas “la punta del iceberg”. “He entrevistado a sobrevivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello”, dijo. A menudo, los familiares que reclaman por estas acciones son amenazados de muerte. “Esto forma un patrón común”. Alston dijo que no tiene pruebas para decir que se trata de una política del gobierno, pero que decir que se trata de “unas cuantas pocas manzanas podridas”, como dice el gobierno, también es insostenible. “Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”. En la discusión sobre si se trata de una política del gobierno, le fue inevitable hablar de la Directiva 029 del 2005 emitida por el Ministerio de Defensa. Se trata de un documento secreto que reglamentó los estímulos y premios para los militares que presenten resultados en la lucha contra las guerrillas. Alston dijo que le gustaría que le dijeran que esta directiva no está vigente hoy y que se han eliminado los incentivos para los militares, pero que no ha recibido información al respecto. “Para mí es imposible manifestar con exactitud qué papel desempeñó el sistema de premios. Pero quedé con un sentimiento claro de que personas involucradas en las ejecuciones estaban incentivados por los premios, muchos de ellos por un monto bajo. El Ejército ha hecho gala de buena voluntad. Esos problemas los tienen todos los gobiernos en el mundo. A hoy no he sentido aceptación de estos hechos por parte del Ejército. Lo lamentan y van a agilizar enjuiciamientos para superar la situación y seguir por el buen camino”. Resaltó medidas que ha tomado el gobierno para hacerle frente a tan desastrosa situación. Las calificó como “importantes para responder a estos homicidios”. Entre ellas, resalta la cooperación que ha habido entre las Fuerzas Armadas y el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos en las operaciones militares, una mayor supervisión a los pagos a los informantes y la creación de una comisión de inspectores delegados a algunas divisiones del Ejército. Además, está dada la orden de que las bajas en combate primero deben ser investigadas por la policía judicial y la creación de una unidad especial en la Fiscalía. “Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo, sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica”. Se refirió puntualmente a las dificultades para llegar a un enjuiciamiento exitoso de los responsables, que se dan por tres razones. 1) porque la unidad de derechos humanos de la Fiscalía no tiene suficiente personal ni recursos. 2) porque algunos jueces militares han demorado los trámites para pasar los casos de la justicia militar a la ordinaria, que es la que debe juzgar estas ejecuciones. Esto lleva a 3) que es la tardanza para desarrollar las investigaciones y el consecuente peligro en que quedan los testimonios y las pruebas, pues pueden perderse. Gracias a las acciones del gobierno se han disminuido las denuncias por ejecuciones de civiles presentados como muertos en combate, pero dijo que no iba a celebrar plenamente porque necesita ver si aquella disminución está relacionada con el incremento de desapariciones. Es decir, que los militares estén dejando de presentar a civiles como muertos en combate y, en cambio, estén ocultando sus cuerpos. “Es importante ver qué pasa en los próximos días”. Respecto a las ejecuciones realizadas por guerrilleros y paramilitares, dijo que siguen ocurriendo y calificó como grave que estén pasando 176.

21-6-2009, El ciudadano ecuatoriano Gregorio Otavalo denunció 2-6-2009 ante la televisión colombiana que su hermano José Antonio fue ejecutado a mediados de abril del 2008 por el ejército de Colombia y presentado como un guerrillero muerto en combate. “¿Por qué lo mataron así, con uniforme camuflado?”, aseguró Otavalo que preguntó cuando reconoció el cadáver de su hermano en la ciudad de Pasto. Otavalo, quien dijo que él y su hermano vendían ropa en pueblos del sur de Colombia, hizo la denuncia a través del Canal de Televisión Caracol, donde explicó que lleva más de un año tratando de demostrar que José Antonio no era guerrillero, como aseguran las fuerzas de seguridad colombianas. William Pérez, abogado de Otavalo, declaró que “todas las pruebas nos dan que ellos (los militares) prácticamente lo sacaron secuestrado y lo llevaron a la población de Tangua vestido de guerrillero”. La denuncia de Gregorio Otavalo se conoce dos días después de una visita a Colombia de Philip Alston, el relator de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales: “No puedo descartar la posibilidad de que algunos falsos positivos fueran de hecho guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Entre los 'peligrosos guerrilleros' que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia”. Las ejecuciones extrajudiciales han sido “sistemáticas” en varias regiones de Colombia, pero no considera que se trate de una “política oficial” del gobierno del Presidente Alvaro Uribe 177.

4-7-2009, La Interpol, denegó la petición que había emitido un juez ecuatoriano en la que se acusaba al ex Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, de guardar relación con el bombardeo de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano el 1-3-2008: “La Interpol rechazó la solicitud de inclusión de la orden de captura contra el Ministro Santos porque viola el artículo tres de los estatutos de la Interpol que dice que no se puede usar este tipo de mecanismos para temas políticos, militares, raciales y religiosos. Esto significa que Juan Manuel Santos puede continuar con cualquier plan de viaje que tuviera” 178.

9-7-2009, El ex-retenido por las FARC, Luis Eladio Pérez, afirmó que las condiciones expresadas por el Presidente colombiano, Alvaro Uribe, para lograr la liberación de las personas en manos del grupo insurgente “son una cortina de humo” que busca hacer quedar bien a su gobierno ante la comunidad internacional, “ya que su labor en materia de derechos humanos está siendo cuestionada. Esta postura es una cortina de humo, porque durante siete años lo que hemos escuchado son una serie de propuestas que el Presidente Uribe ha planteado sin una verdadera voluntad política. Se sabe de antemano que las FARC van a rechazar estas medidas, porque sus peticiones son contrarias a lo que se está proponiendo, el Presidente sabe perfectamente que las FARC aspiran a un canje y, en segundo lugar, conoce que ellos no van a permitir que la fuerza pública colombiana intervenga ya que para ellos este cuerpo de seguridad no tiene validez”. Las personas que las FARC consideran canjeables son las que más tiempo llevan retenidos, dos militares en poder del grupo insurgente desde el 20-12-1997: Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez, nombres que anunció la organización rebelde para ser liberados de manera unilateral el pasado abril. “Pablo Emilio debe estar en circunstancias difíciles, al ver la falta de voluntad del gobierno y las FARC para definir su suerte, sin embargo creo debe estar esperanzado en su liberación”. Pérez envió un mensaje a Moncayo: “Resiste y aguanta que todos lo colombianos luchamos porque salga en libertad y son pocas la horas que le falta para ese reencuentro con su familia”. El Ejército colombiano ha incrementado los operativos en zonas en las que se podría encontrar Moncayo y en donde se pudiese llevar a cabo su liberación, acciones que “pueden causar su muerte”. La postura del mandatario Alvaro Uribe además intenta tapar los escándalos en la elección del Senado de la República en los comicios de 2006, en los que fue reelegido como Presidente de Colombia. “La Corte Suprema al abrir un juicio está avalando que puede haber alguna connotación de carácter penal, estaríamos hablando de al menos 30 congresistas que estarían involucrados en este caso”. Esta denuncia fue hecha por el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, que reveló ante la Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno colombiano usó las notarías para pagar la reelección 2006. El ex-Consejero de Paz Carlos Eduardo Jaramillo, quien trabajó a principios de los años 90 para el Presidente César Gaviria, declaró que las condiciones que el gobierno les puso a las FARC “son inaceptables”. El problema radica en un punto de la declaración pública del Presidente Uribe, donde este dice que “deben ser liberados en forma simultánea los 24 secuestrados de la Fuerza Pública que están en poder de las FARC y deben ser devueltos los cuerpos de los tres compatriotas secuestrados que murieron en el asesinato del cautiverio”. El gobierno se equivoca cuando les exige a las FARC que liberen a todos los secuestrados y trata a ese grupo como si fuera una guerrilla derrotada. “Estamos en un conflicto, donde hay dos fuerzas, que quieren sacar ventajas. Y la paz se hace paso a paso, no de un solo envión”. Habría sido más sensato aceptar la propuesta de las FARC de liberar a los dos rehenes. “Eso, en términos de conflicto, era un avance muy grande. Las FARC estaban liberándolos sin pedir nada a cambio, salvo la presencia de Córdoba y de Colombianos y Colombianas por la Paz”. Iván Cepeda, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, grupo al que las FARC le han entregado sus últimos rehenes en 2009, es más optimista que Jaramillo. Es un “avance” que el gobierno haya cedido frente a Córdoba. “La declaración del Presidente Uribe significa que el tema de las liberaciones se ha descongelado”. El anuncio de Uribe “reabre la posibilidad de dialogar. El proceso estaba en un punto muerto. Ahora hay un giro” 179.

13-7-2009, En la sede de su Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), localizado en Buenos Aires, el activista argentino de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel dice: “En Colombia, donde se ejerce el terrorismo de Estado por parte del gobierno de Alvaro Uribe Vélez no hay democracia”. La Senadora Piedad Córdoba es una luchadora, es una mujer que viene trabajando por la toma de conciencia del pueblo colombiano, por el derecho de verdad y de justicia… Es una figura emblemática no sólo para Colombia sino para América Latina. Es una gran labor la que está haciendo no solo por encontrar la paz para su pueblo sino por lograr la liberación de las personas que están en manos de las FARC. Pero también por la denuncia que hace del gobierno de Uribe que viola sistemáticamente los derechos humanos. Yo como Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos y mis compañeros pudimos comprobar esto. Es evidente el hecho de la responsabilidad del Estado y del gobierno de Uribe apoyando a los paramilitares y a los parapoliciales, generando una política de terror, lo cual lógicamente daña la democracia en Colombia y es un pésimo precedente para América Latina. En Colombia no hay democracia. Democracia significa derecho e igualdad para todos. Democracia no es poner un voto en una urna que muchas veces es un proceso manipulado. Democracia es el derecho a la libertad de cada una de las personas que no existe en Colombia porque cuando un Estado ejerce el terrorismo no puede haber democracia. Y el Estado colombiano es terrorista y por lo tanto no hay democracia. De qué estamos hablando: poner el voto en una urna no garantiza la democracia. Lo que la garantiza es el respeto a la Constitución y las leyes, su cabal aplicación y el respeto al pueblo, y eso no existe en Colombia. Hay que definir en qué consiste la seguridad. Todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a la seguridad, ¿pero a qué tipo de seguridad? ¿Qué pasa con los niños abandonados, explotados, violados y marginados? ¿Qué pasa con el derecho de un ciudadano en una sociedad, con sus libertades cívicas, con los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Qué pasa con eso? Y la respuesta es que hoy en día están carentes. Entonces, la seguridad no pasa por poner más policías y más soldados, al contrario, ello genera mayor inseguridad. La seguridad pasa por políticas sociales: educación salud, vivienda digna, condiciones de trabajo, por redistribución de la riqueza que hoy en países como Colombia y Argentina no existe, porque hay una gran concentración de la misma en pocas manos y un alto índice de exclusión. Cuando hablamos de seguridad tenemos que tener en cuenta ésta no consiste en lo que quería hacer el ex Presidente Bush de mandar sus tropas a todos los rincones del planeta para defender sus intereses, o lo que hacen las multinacionales que en el caso de Colombia contratan a los ejércitos privados y a los paramilitares para proteger sus negocios… En el caso de Bogotá, la administración distrital del alcalde Samuel Moreno Rojas le apuesta a la Seguridad Ciudadana invirtiendo en lo social. De cada cien pesos que recibe el Distrito 75 se invierten en programas sociales… Ahí está la seguridad, lo que se está haciendo en Bogotá es la seguridad, esa es la seguridad social, que todo ciudadano tiene derecho, que ningún gobierno se la regala. Es el derecho ciudadano y el ejercicio participativo de la democracia. Por eso hay que profundizar los conceptos de seguridad. Para mí, seguridad es que no falte un plato de comida en ningún hogar, que todos tengan acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno, al derecho a las libertades ciudadanas, ahí vamos a construir una democracia. Porque la democracia y la vigencia de los derechos humanos son valores indivisibles, si se violan los países dejan de ser democráticos… El pueblo colombiano no ha bajado los brazos a pesar de todo, tiene la capacidad de la resistencia de hombres y mujeres que quieren otra Colombia 180.

1-8-2009, Un juzgado de Medellín, en Colombia, condenó a 15 militares a penas de hasta 30 años de cárcel por presentar “falsos positivos”. Los soldados, miembros de la brigada 41 de esta ciudad, mataron a civiles y les vistieron como rebeldes de las FARC. El juez condenó a 30 años de prisión a 10 militares por su responsabilidad directa en la muerte en el 2006 de dos hermanos, que fueron asesinados cuando hacían un reparto de comida. La mayoría de las víctimas de estas prácticas, suelen ser miembros de familias muy pobres o mendigos a los que se les engaña ofreciéndoles puestos de trabajo. Estas condenas se enmarcan en los más de 1.000 casos de “falsos positivos” que la Fiscalía colombiana está investigando 181.

4-8-2009, Frente a las tensiones provocadas por la negociación de un acuerdo militar de Colombia con EUA analistas internacionales como Laura Gil, consideran que es muy preocupante que, además de las tensiones con Venezuela y Ecuador, ahora Brasil, con quien Colombia ha tenido muy buenas relaciones, también pida explicaciones: “Uribe tendrá que hacer claridad sobre el acuerdo con Estados Unidos durante su gira. Eso es bueno. Además, debe contarles a los colombianos todo lo que se está acordando”. La profesora Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, Colombia, experta en las relaciones con EUA, señaló que “es apenas lógico que los países de Sudamérica estén pidiendo explicaciones, si se tienen en cuenta los antecedentes intervencionistas de EUA en la región”. Estima que la gira demuestra que Colombia quiere reconstruir “lazos diplomáticos deteriorados” con algunos de sus vecinos 182.

5-8-2009, Analizando la gira del Presidente Uribe, en relación al posible uso de bases colombianas por parte del ejército estadounidense, el profesor del Instituto de Estudios Políticos de París Alfredo Valladão dijo que Colombia está en un vecindario hostil y el problema de Uribe es no quedar aislado en un contexto en el que países latinoamericanos han criticado el acuerdo de las bases. Uribe tiene que acometer ese trabajo de ir a dar explicaciones a los Presidentes porque él está intentando salir del aislamiento que representa tener vecinos hostiles. Exceptuando Brasil y Panamá, Colombia está en un vecindario hostil. Colombia no quiere llegar aislada a la Cumbre de UNASUR, a la que va a mandar sólo un representante de bajo rango. La idea de Uribe es convencer a los otros de que no usen como pretexto el tema de las bases militares para dejar de hablar de la injerencia de Venezuela en Colombia. El problema es que hay una injerencia directa, clara de Venezuela con la venta de los misiles antitanques suecos que aparecieron en poder de las FARC, lo cual ahora está claro, y también la actitud ambigua del gobierno ecuatoriano. Los dos están ahora haciendo prácticamente una guerra económica a Colombia. Lo que Uribe quiere es tener un poco más de apoyo de parte de los otros países latinoamericanos para no estar sólo en un caso de injerencia total en su propio país. La posición de Brasil es la más sutil de todas. Lula fue sutil al decir que no le gustaba la existencia de estas bases en Colombia pero que se trataba de una decisión soberana del gobierno colombiano. Esto porque Brasil tiene la intención de jugar un papel de mediador. Con sus palabras, Lula queda bien con Chávez, pero al mismo tiempo abre las puertas para poder hablar con Uribe. Los brasileños quieren que esta situación sea resulta dentro de UNASUR, en el Consejo Suramericano de Defensa, que es una iniciativa brasileña, y donde Brasil puede jugar una especie de liderazgo regional. Perú claramente fue el primero que dijo basta a las injerencias de Chávez. Chile está en una posición como la de Brasil. La idea de Chile y Brasil es intentar resolver los problemas entre “nosotros los suramericanos”. Existe en ambos esta idea de mantener una especie de balance entre Chávez y Uribe en la región 183.

9-8-2009, Luiz Alberto Moniz Bandeira, Dr. en Ciencia Política y profesor en la Universidad de Brasilia, opinó respecto de la instalación de bases de EUA en Colombia. Aunque el gobierno de EUA haya presentado el combate al narcotráfico y al terrorismo para justificar la concesión de 700 millones de dólares por año a Colombia, la mayor parte como asistencia militar, su principal objetivo, entre otros, es proteger los oleoductos, sobre todo el de Caño Limón, ya explotado cerca de 79 veces, a fin de asegurar los suministros futuros de petróleo e inspirar confianza a los inversores extranjeros. La instalación y ampliación de las bases militares en Colombia fue planeada durante la administración de George W. Bush ante la perspectiva de cierre de la base militar instalada en Manta, Ecuador, debido a la denuncia del acuerdo por parte del Presidente Rafael Correa. Por esa razón, el US Southern Command pasó a estudiar su transferencia hacia la base aérea de Palanquero, al norte de Bogotá. Esa base puede albergar más de 2000 hombres, posee una serie de radares, además de casinos, restaurantes, supermercados, hospital y teatro. La pista del aeropuerto, la más larga del país, tiene 3500 metros de longitud, 600 metros más que la de Manta, y permite la partida simultánea de hasta tres aviones. EUA tendrá así un punto de apoyo, en el centro de Colombia, aún mejor que el de Manta, con la instalación de tres bases militares en las localidades de Malambo, en la costa del Caribe, Palanquero y Apiay, en la Amazonia, región fronteriza con Brasil. En el 2004, con la Andean Counterdrug Initiative, George W. Bush había expandido el Plan Colombia como uno de los aspectos de la estrategia de EUA para asegurar su presencia militar en América del Sur y, en particular, en el Amazonas. El Congreso norteamericano aprobó duplicar a 800 el número de soldados en Colombia, y también el de contratistas, que aumentaron de 400 a 600. Este personal norteamericano adiestra a cerca de 17.000 soldados, que ejecutaron el Plan Patriota, amplia ofensiva de contrainsurgencia en las selvas del sur colombiano. El Embajador brasileño Samuel Pinheiro Guimarães, en su obra Desafíos brasileños en la era de los gigantes, apuntó a “la creciente presencia de asesores militares norteamericanos y la venta de equipamientos sofisticados a las fuerzas armadas colombianas, supuestamente para apoyar los programas de erradicación de las drogas, pero que pueden ser, fácil y eventualmente, utilizados en el combate a las FARC y al ELN”, como un componente relativamente nuevo en la cuestión de seguridad de la Amazonia colombiana. Con la asistencia de EUA, el ejército de Colombia se convirtió en el mayor y el mejor equipado, relativamente, de América del Sur. En siete años, desde el lanzamiento del Plan Colombia, recibió 4350 millones de dólares para combatir las guerrillas, y los soldados y policías recibieron denuncias de haber cometido un creciente número de asesinatos y abusos de derechos humanos. Durante el período de cinco años, que terminó en junio del 2006, el número de ejecuciones extrajudiciales aumentó en más del 50% con relación al período anterior. En el 2009, la ayuda militar concedida por EUA a Colombia desde el 2004 alcanzará los 3300 millones de dólares. La aplicación de esos recursos, votados por el Congreso norteamericano, apuntó a proteger los intereses económicos de la Casa Blanca en la región, especialmente el oleoducto de Caño Limón, operado por la Occidental Petroleum y por la Royal Dutch/Shell, en Arauca, donde se concentra la mayor parte de los asesores militares estadounidenses y se cometerían las mayores violaciones de derechos humanos 184.

18-8-2009, La llegada de pruebas de supervivencia de dos de los 23 militares y policías que están en manos de las FARC, significó una pequeña esperanza para sus familiares y generó nuevamente el debate sobre cómo lograr la liberación de los rehenes. La Senadora Piedad Córdoba, quien recibió los videos y los entregó a las familias, anunció que en los próximos días llegarán más pruebas de supervivencia de los demás rehenes en manos de la guerrilla. Los videos fueron grabados por el mayor de la policía Javier Solórzano y el cabo del ejército Salín Antonio Sanmiguel, quienes les piden a los colombianos que no se olviden de ellos e insisten en una negociación entre el gobierno y la guerrilla para lograr su liberación. Iván Cepeda, del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, la organización encabezada por la Senadora Córdoba que recibió las pruebas, dijo que “ésta es una nueva oportunidad para que se reactive el proceso del intercambio humanitario. Creemos que el gobierno debería aprovecharla”. Pero el ex Ministro Camilo González, Director del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, es escéptico frente a la posibilidad de una negociación entre el gobierno y la guerrilla: “Es muy bueno que lleguen pruebas de supervivencia, pero esto es un desgaste para todo el mundo. La gente lo que está esperando es que las FARC sigan con las liberaciones unilaterales”. En mayo del 2009, la guerrilla anunció que iba a liberar unilateralmente al cabo Pablo Moncayo, uno de los rehenes que más tiempo lleva en su poder y posteriormente dijo que haría lo mismo con un soldado; pero hasta ahora ninguna de esas liberaciones se ha producido. Para González, el afán es de las FARC, pero no del gobierno que, según él, “no paga ningún costo con la demora en las liberaciones” 185.

27-8-2009, Sobre el conflicto generado en América del Sur por la instalación de bases de EUA en Colombia, Mauricio Cárdenas, del instituto para América latina de la Brookings Institution dijo que “ya sabemos que Colombia está dispuesta a aceptar un paso de ese tipo. La duda es cómo se acordará eso con Washington”. Si algo se añora es la “falta de sensibilidad” de EUA para abordar temas urticantes en la región. “Lo de las bases era cantado que iba a traer problemas. Hubo un grave error político de Washington”. La visita a la Argentina del subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Chistopher McMullen, horas antes de que empezara la cumbre, se consideró bastante lejos de una respuesta adecuada. “No es un funcionario de primera línea y lo decisivo no iba por allí sino, en todo caso, por el diálogo telefónico que mantuvieron Obama y Luiz Inacio Lula da Silva”. La cuestión aquí se mira desde la perspectiva del fortalecimiento del eje Washington-Brasilia como nuevo escenario, y de las dificultades que eso conlleva: en ninguna de las dos capitales terminan de digerir las derivaciones de esa forma de trabajo. “Brasil no termina de asumir el papel. Washington no parece comprender que no puede avanzar si no consulta con Brasil y el resto de los países de la región no quieren darle a Brasilia poder de veto alguno. Pero, pese a todas esas dificultades, la tendencia va en esa dirección”. El Departamento de Estado también corrigió a Hugo Chávez y aclaró que el documento que esgrimió en la reunión de UNASUR “es un informe de la Fuerza Aérea sobre planes de emergencias y ayuda humanitaria” y que en ningún caso incluye políticas de Estado. “Da la impresión de que la «inteligencia» que hace Chávez se limita a navegar por Internet y ver qué pesca para hacer ruido”. El ex Ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil hasta julio del 2009 y actual profesor de la Universidad de Harvard Roberto Mangabeira Unger, comenta que le molesta la división actual entre países de la región que “se portan demasiado bien y se han rendido” y los rebeldes que abrevan “en el pantano de la confusión”. “El Mercosur y la UNASUR continúan siendo cuerpos sin espíritu. Nos falta un proyecto común”. Comparémoslo con la UE, que se construyó sobre la base de dos premisas: 1) poner fin al ciclo de las guerras europeas, y 2) transformarse en un espacio de organización económico-social, alternativo a EUA. Nosotros, en América del Sur, aún no hemos construido los equivalentes de esas premisas. Sin eso, el Mercosur y la UNASUR no tienen futuro. Lo que veo tanto en la Argentina como, de alguna manera, también en Brasil es un colapso de la imaginación programática. Veo manifestaciones políticas que apuestan por la aventura, que fracasa, y después se va a una respetabilidad vacía, que también fracasa, y todo es absurdo. La respetabilidad vacía no es la respuesta a la aventura. La respuesta es la construcción de una alternativa seria. Es crucial para Brasil y para América del Sur traer a la vida el proyecto de la UNASUR para dar una dimensión mayor a esa alternativa. A Brasil no le conviene ni le sirve en el largo plazo quedar cercado por los dos tipos de países que describí porque, en ausencia de un proyecto orientador, cosas significativas pero menores se magnifican 186.

2-9-2009, En Bariloche los gobernantes de UNASUR una vez discutido el tema acordaron que el Pentágono tiene derecho a instalar bases militares en todos sus países, si lo desea y logra un acuerdo, a condición que no se amenace a los vecinos ni la Región. Aunque hubo hechos sorpresivos. Venezuela, Ecuador y Bolivia se oponían por completo a la existencia de bases extranjeras; Evo Morales propuso: “Si nadie quiere una base militar por qué no podemos firmar acá un documento que los Presidentes de Sudamérica no aceptan ninguna base militar extranjera”. Ecuador y Venezuela firmaron, junto con todos, el compromiso de luchar y colaborar contra “la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley”. La idea de Hugo Chávez de hacer un esfuerzo colectivo para encontrar la paz entre las guerrillas y el gobierno de Colombia, no tuvo acogida 187.

9-9-2009, El ex Presidente Ernesto Samper en carta enviada al Presidente de la República le recordó al Jefe de Estado que tiene “la obligación constitucional de buscar todos los medios a su alcance para devolver a la libertad” a la totalidad de los secuestrados. Le insistió a Uribe que él puede además del rescate militar “que se ve cada día más lejano y temerario” adelantar la “aplicación estricta sobre el Derecho Internacional Humanitario”. “Más concretamente las contenidas en el artículo 3 común de los protocolos de Ginebra que permiten la celebración de acuerdos especiales para el intercambio de combatientes presos en medio de la guerra”. Cartagena, Septiembre 8 del 2009. Señor Presidente: Me dirijo nuevamente a usted -como lo hicimos en el pasado con el ex Presidente Alfonso López Michelsen- para solicitarle un gesto de humanidad en el caso lacerante de los policías y soldados que aun permanecen, secuestrados en la selvas colombianas, esperando el intercambio humanitario que los devuelva a sus casas. Aunque todos sabemos que la culpa del plagio y la responsabilidad por los padecimientos que vienen sufriendo estos colombianos desde hace varios años es de las FARC, esta claro para mi que el gobierno tiene la obligación constitucional de buscar todos los medios a su alcance para devolverlos a la libertad. Y uno de estos medios - además del rescate militar que se ve cada día mas lejano y temerario - es la aplicación estricta de las normas vigentes en nuestro ordenamiento sobre el Derecho Internacional Humanitario y, mas concretamente, las contenidas en el Articulo 3º común de los Protocolos de Ginebra que permiten la celebración de “acuerdos especiales” para el intercambio de combatientes presos en medio de la guerra. La ventaja de este tipo de acuerdos es que, para su operatividad, no tienen que ser explícitos o formales porque basta una simple coincidencia o convergencia de las partes enfrentadas alrededor del propósito humanitario que, para este caso, seria la libertad de los secuestrados. Hace mas de tres meses las FARC anunciaron su disposición de liberar al hijo del Profesor Moncayo con otros secuestrados; desde entonces algunos representantes de la Iglesia, por insinuación suya, y la Cruz Roja Colombiana han venido trabajando en la logística de la liberación, sin que hasta el momento se haya avanzado de manera significativa en la búsqueda del feliz resultado. La Senadora Piedad Córdoba, por su parte, ha estado pendiente desde entonces de una cita con usted para hablar sobre la manera como se podría relacionar la liberación de Moncayo con una posterior y rápida liberación de TODOS los demás secuestrados; dicho encuentro no ha sido posible; tampoco uno con el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl en quien reconozco una buena disposición al tema que tampoco ha podido cristalizarse en una acción humanitaria. Las imágenes divulgadas ayer sobre la desgraciada condición de algunos de los secuestrados constituye la argumentación mas contundente a favor de su liberación inmediata. Se nos acaba el tiempo para salvarlos, Señor Presidente; el dilema al cual se enfrentan estos compatriotas ya no es el de la libertad o el secuestro sino el de vivir libres o morir encadenados. Usted tiene en sus manos la iniciativa humanitaria para salvarlos, por favor, hágalo!. Atento saludo. Ernesto Samper Pizano 188.

Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Artículo 3 - Conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto 189.

19-9-2009, La relatora especial de ONU Margaret Sekaggya, confirmó el envío de una queja formal al Presidente Alvaro Uribe por “el seguimiento e intercepción” de que fueron objeto al menos uno de sus relatores de derechos humanos y otro de la OEA por parte de “servicios de inteligencia civiles y militares”. Sekaggya reveló que la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Navi Pillay, le envió una carta en ese sentido al Presidente colombiano, Alvaro Uribe. Sekaggya, habló en concreto de seguimientos e interceptaciones hechos en el 2005 al ex relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas y a la relatora para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “Siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos y a menudo contra sus familiares”. No obstante los progresos de Colombia en materia de seguridad, los defensores de derechos humanos aún son víctimas de asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias y desplazamientos, entre otras prácticas. “En algunas zonas que visité hay miedo, pero en otras los defensores están dispuestos a seguir trabajando, a pesar de lo que está sucediendo”. No deberían haber oficinas de la Fiscalía General en instalaciones militares. Esa es una situación “inconcebible”, que altera la independencia del poder judicial 190.

20-9-2009, Con motivo del anuncio de liberación unilateral por las FARC de los cabos del ejército Pablo Emilio Moncayo y Libio Martínez, el profesor Gustavo Moncayo, padre de Pablo Emilio y conocido como “el caminante de la libertad”, dijo que él y su familia recibia con mucha alegría la noticia. El analista León Valencia, Director de la Corporación Nuevo Arco Iris, declaró que a él le parecía “inaudita” la posición que había adoptado el gobierno: “Creo que el Presidente optó por dejar participar en las liberaciones a la Senadora Piedad Córdoba y al Comité Internacional de la Cruz Roja, pero también incluyó a la Iglesia Católica, que era un punto de honor para él” 191.

26-9-2009, Sobre el comunicado entre los gobiernos de Colombia y Ecuador paa negociar el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el profesor Gabriel Misas, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, IEPRI, dijo que lamentaba que este acuerdo no se hubiera alcanzado antes, pero entendía que la “doctrina Santos” (del ex Ministro colombiano de Defensa), de perseguir “terroristas” en cualquier territorio, demoró las cosas. “En ese escenario es mejor empezar por tener encargados de negocios en lugar de Embajadores, teniendo en cuenta que aún hay tantos contenciosos entre los dos países” 192.

30-9-2009, Piedad Córdoba desmintió las declaraciones de Monseñor Juan Vicente Córdoba, en las que asegura que sólo falta llegar a un consenso entre el Gobierno y las FARC para iniciar el proceso de acuerdo humanitario. Le solicitó al representante de la Iglesia Católica “no enredar las cosas”, considerando que primero se debe recibir a las personas que están comenzando a entregar y no demorar más las cosas. “Cada entrega es un suplicio muy espantoso (…) pero pensar que van a haber entregas graduales y que las FARC no van a exigir nada, es empezar a dilatar”. Pidió que se haga “la entrega de estas personas y luego empezamos a hablar sobre el intercambio y se acabó el cuento” 193.

3-10-2009, Expertos latinoamericanos sobre la paz dialogaron en Cumbre Mundial de Paz realizada en Bogotá. José Noé Ríos, quien fue comisionado durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper (1994-1998) criticó al gobierno de Uribe, diciendo que haber designado como Alto Comisionado de Paz a Luis Carlos Restrepo -jefe de 'la U'- fue un “acto improvisado, porque no tiene experiencia en mediación”. Ríos dividió los procesos de paz en Colombia en dos periodos: el primero, entre 1982 y 2002; el segundo, desde ese año hasta hoy. Explicó que en el primer lapso los diálogos de paz eran “más conciliatorios”, pero que eso cambió desde el 2002 porque “Uribe desconoce al conflicto. Los negociadores hemos sido intimidados (...) lo que no sea aceptado institucionalmente es terrorismo”. Víctor G. Ricardo, quien ocupó el mismo cargo en los primeros años de la administración de Andrés Pastrana, criticó que se esté hablando de liberaciones y no de intercambio humanitario. El Gobierno ha dado el mensaje de que las FARC y los paramilitares “han desaparecido, pero no es cierto, por lo que tenemos que seguir trabajando por la paz. Las entregas unilaterales se hacen cuando hay un victorioso y un derrotado, pero eso no ha ocurrido en Colombia. La guerrilla no ha sido derrotada por completo. Hay que dar paso al acuerdo humanitario”. Alvaro Ramis, representando a dos redes de ONG chilenas, habló de la importancia de que los líderes populares y sociales protagonicen lo que llamó “la cultura de la mediación”. La líder indígena Clemencia Herrara, reiteró sobre la difícil situación que viven las comunidades indígenas del país por cuenta del conflicto armado. Recordó las masacres cometidas contra los miembros de la comunidad Awá, en Nariño, y denunció que el Ejército se lleva a los jóvenes indígenas para prestar el servicio militar pese a que, según ella, en la Constitución existe la salvedad para los miembros de la etnia. “Hacen la batida de todos los indígenas y se los llevan, y cuando vamos a declarar, con la Constitución y un abogado, dicen 'no, ya lo recogimos y ellos tienen que prestar el servicio militar'. El buen vivir de la sociedad no es acumular dinero (...) Cuando usted tiene con qué vivir mejor, dónde dormir bien, qué comer cuando llega a su casa y cómo favorecer a la sociedad, ese es un espacio de paz” 194.

3-10-2009, Cumbre Mundial de Paz. Conflicto armado en Colombia. Documento de Trabajo. La paz no puede ser entendida, ni vendida a la opinión publica como un estado paradisíaco al cual se puede llegar a través de acuerdos sólo entre aquellos que hacen parte del conflicto armado o de los que alimentan el conjunto de guerras locales que se suceden en el campo. Persistir en esto ha sido el error histórico que no ha permitido configurar una nación alimentada por la idea de la no-violencia. Es fundamental entender que para orientar un proceso de paz de largo alcance es imprescindible la participación de la sociedad civil colombiana organizada, la existencia de un Estado que haya pasado por procesos fuertes de legitimación y la voluntad política de las partes en conflicto para llegar a acuerdos. La velocidad de los acontecimientos en búsqueda de la paz nos hacen pensar en tres aspectos fundamentales del proceso de participación de la ciudadanía: 1) el proceso debería tener como horizonte, no solo la construcción colectiva de una agenda de cambio social de largo plazo, o de postconflicto, sino la configuración de espacios políticos con un poder renovado que permita que la agenda se cumpla. En este sentido, la participación debe consolidar nuevas formas de hacer la política y nuevos movimientos que rompan la estructura política actual y hagan realidad la democracia. El escenario de un cambio político real es de una alta complejidad y las soluciones son de largo plazo. Creemos y proponemos que el proceso reconozca la urgencia de mejorar esa capacidad política de la ciudadanía a través de una estrategia de pedagogía política que revalorice el papel de la política en la construcción o creación de sociedad. Una estrategia que desde lo local nutra de nuevos sentidos un proyecto nacional de cambio. 2) la vinculación de la ciudadanía en la solución del conflicto armado debería entenderse no como una mediación sino mas bien como un liderazgo nuevo por encima de los intereses del los grupos en conflicto. a) No parece existir una claridad nacional sobre que es lo que se quiere lograr. La sociedad colombiana, requiere de una información no distorsionada que le facilite la comprensión del conflicto y cualifique la opinión que ella tiene no solo de la guerra sino también de la urgencia de unas reformas radicales. b) El gobierno debe reconocer a la sociedad civil como un poder que surgiendo del seno de la sociedad tiene no solo la virtud de ser legítimo sino también la posibilidad de proponer, liderar y llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. c) El proceso de negociación con los grupos armados requiere de un marco general que sea comprensible para todos los ciudadanos participen o no directamente en tal proceso. Este marco o esquema de acción podría identificar con claridad que se negocia, quienes negocian y como será el proceso. d) Es indispensable que se den procesos que legitimen el Estado y pensamos que estos pasan por un acercamiento decidido del gobierno con la sociedad civil. Es posible que punto de acercamiento estratégico sea la elaboración conjunta de un plan decenal de desarrollo que a manera de pacto social conduzca al país a la convivencia duradera. Existen los espacios y mecanismos para que esto se produzca, es fundamental tener la voluntad política para hacerlo. e) Los grupos armados tendrían que reconocer el papel y el poder de la ciudadanía en los procesos de negociación. No se podría entender esa participación como un acompañamiento sino el reconocimiento como una tercera y potente fuerza legitima que es afectada por la guerra. Las marchas no son suficientes y la presión que sobre los actores del conflicto ejercen estas son mínimos o simplemente no existen. La ciudadanía tiene que ser reconocida como fuente de transformaciones y sus propuestas no pueden entrar a hacer parte de los debates que los políticas tradicionales promueven en el congreso y que termina cambiando o legitimando su acción. f) El liderazgo de la sociedad llamada civil debe ser lo suficientemente generoso como para dejar de lado protagonismo individual y la creación de pequeños poderes que podría ir poco a poco deslegitimado su papel. g) Debe producirse una condena radical a cualquier acto de terror y no puede haber ningún tipo de condescendencia con ese tipo de violencia. Ni con el uso de las armas sean legales o ilegales para dilucidar los conflictos o encontrar soluciones. El logro de una paz sostenible esta condicionada a la organización de la sociedad civil, a su participación activa en todo el proceso, y a una transformación radical del Estado. También de la cultura política de la confrontación inútil, electoral y clientelista que domina aun hoy el panorama político del país. Construir la paz debe entenderse, no sólo como un acuerdo entre los que por múltiples razones están y animan el conflicto, sino como un proceso de largo plazo, en donde valores fundamentales, deben nutrir el camino. Podríamos afirmar, que llegar a la paz esta relacionado de manera directa y concreta con la posibilidad de recuperar unos valores o principios de acción; reconocer la necesidad de aceptar unos mínimos para iniciar la negociación, unos puntos mínimos para los acuerdos y otros para la definición de la agenda postconflicto. El proceso se entendería como una serie de etapas en las cuales todos deben estar comprometidos. Valores o Principios Mínimos para Acceder a un Proceso: La disposición a perdonar; La creación y sostenibilidad de la confianza; El privilegio de la razón e interés nacional, como expresión de la voluntad colectiva; La verdad como clave de los acuerdos; Respeto incuestionable del Derecho a la Vida; Visibilidad del proceso; Mínimos para la Definición de una Agenda de Paz. Con relación a la agenda creemos deberían asumirse e incorporarse en los distintos actores y discursos otros mínimos que podrían ser: Entenderse como: Un proceso pedagógico; Una movilización ciudadana; Proceso de construcción colectiva; Perspectiva de largo plazo; Participación activa de la sociedad civil en la negociación; Veeduría internacional con alta capacidad de compromiso para el apoyo a la agenda post-conflicto. Entendemos como fundamental que el apoyo de la sociedad internacional se concrete en un compromiso económico que permita que la agenda post-conflicto disponga de los recursos necesarios. Gran visibilidad de todo el proceso, en este sentido son protagonistas del mismo los medios masivos de comunicación, no solo como divulgadores de resultados, sino como parte activa. Es fundamental la participación de los medios no solamente como periodistas aislados del proceso sino los medios como uno de los poderes que han tenido y tendrán incidencia en la convivencia nacional. Participación especial de los familiares de las víctimas. La violencia en Colombia deja un saldo altísimo de población afectada por la muerte, esta población tiene que vincularse de forma especial al gran proceso pedagógico nacional hacia la paz. Acuerdos Mínimos: Cese de cualquier tipo de violencia armada; Sobre los derechos fundamentales y su garantía y caminos, compromisos para lograrlos: políticos, económicos, sociales y culturales; Sobre el Ordenamiento Territorial. Racionalización del papel Estado en la ordenación del territorio. Es necesario reconocer que la guerra rural y sus consecuencias han dejado un territorio en no muy pocos casos en poder de dueños ilegales. La tierra vuelve a ser un problema de relegitimación; Sobre el Derecho Internacional Humanitario; Sobre los caminos concretos para la eliminación de la corrupción, la impunidad; Sobre la garantía total del nuevo papel del niño en la sociedad colombiana; Sobre la soberanía nacional; Sobre la democratización de las Fuerzas Armadas; Sobre el cambio en las practicas políticas y en las estructuras de poder local; Sobre los mecanismos jurídicos para el post conflictos y la vinculación de los grupos armados a la nueva situación; Sobre la creación y compromisos concretos sobre los desplazados y las víctimas de la guerra. Mínimos para el Post Conflicto: Reorientación presupuestal para el cumplimiento de los derechos fundamentales; Especial atención a la planeación descentralizada de los recursos, hacia un proyecto Nacional que en principio lo vemos como un compromiso de mínimo una década, que podría estar acordado a través de un plan decenal de desarrollo, que a manera de Pacto Social se construya colectivamente; Reconocimiento de la heterogeneidad de las formas de convivencia; Vinculación de todos los niños y niñas a un nuevo proyecto civilizatorio; Medios comprometidos con la idea de una sociedad no-violenta; Establecimiento de la meritocracia en las instituciones del Estado. El texto base de esta propuesta surgió de la Misión Rural proceso amplio que propuso políticas para la sociedad rural colombiana hace ya diez años, 1998 195.

4-10-2009, La Cumbre Mundial por la Paz propone un Pacto por la Crisis Humanitaria: La Crisis Humanitaria que se ha fraguado en Colombia en el curso de los últimos treinta años … se ha instalado a lo largo y ancho del territorio y arroja con siniestra continuidad millares y millares de víctimas al dolor, la angustia y la desesperación. Hay una crisis humanitaria inocultable y que por su presencia permanente, y la forma como los medios han banalizado el sufrimiento, ha terminado por ser aceptada como parte del decorado nacional. Hay otra crisis humanitaria invisibilizada por los medios de comunicación y que es afrontada a diario por diversos sectores sociales, bajo el signo de la impotencia. Y hay aun otra crisis humanitaria desconocida, ignorada, pero que se puede percibir cuando observamos la enfermedad del alma nacional, los umbrales de degradación que hemos alcanzado como pueblo. Cuatro millones de seres humanos desterrados con la barbarie de sus tierras. El 0,43% de los propietarios de la tierra monopolizan el 62,91% de la superficie. Más dos mil ochocientos secuestrados que padecen, algunos desde hace años el suplicio del cautiverio y el desgarramiento de sus familias. Entre cinco mil y quince mil personas desaparecidas desde 1980, existiendo un gran margen de incertidumbre en las estadísticas existente debido al miedo al momento de denunciar por las retaliaciones y por una impunidad que alcanza el 98% de los casos. En las cárceles desde el ano 1998 la Corte declaro “un estado de cosas inconstitucional” por las condiciones de hacinamiento que vulneran cada día los derechos fundamentales de los reclusos. Más del 60% de la población total del país se encuentra en la pobreza y afrontando el drama del desempleo, el subempleo y la carencia absoluta o parcial de ingresos suficientes para vivir con un mínimo de dignidad. Decenas de millares de seres humanos deambulan por las calles de las ciudades mendigando y afrontando a diario rigores de la calle. Multitudes de niños y jóvenes de ambos sexos experimentan a diario los infiernos de la prostitución forzada y de las adicciones al pegamento, el alcohol, la cocaína y el bazuco. Inmensas franjas de mujeres enfrentan a diario los trabajos míseramente remunerados, los hostigamientos, acosos y presiones para pagar con sexo la posibilidad de laborar. Cientos de miles de jóvenes padecen el reclutamiento forzado en todas las milicias sin derecho a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Millares y millares de jóvenes han sido sacrificados o mutilados en una cruentísima confrontación que los enrola como carne de cañón. En el plano espiritual la crisis humanitaria se puede apreciar en la pavorosa enajenación que experimentamos como población frente a las raíces del holocausto social que padecemos. Intoxicados literalmente por una comunicación masiva plegada a la manipulación y el estimulo al consumismo, ignoramos no solo las raíces de nuestros gravísimos males sociales, sino los caminos de curación de los mismos. De esta manera, es posible apreciar en la dinámica imperante la continuidad del funcionamiento de la maquina productora de sufrimiento evitable. Además, desde hace tiempo impera en Colombia un miedo acumulado en los sectores sociales que han sido objeto de la violencia sistemática. En la acción impune de los victimarios de ayer descansa el poder y la impunidad de los victimarios de hoy. Así, se niega en la vida cotidiana de la población los derechos fundamentales de una democracia elemental. La estructura legal existente impide en los hechos el ejercicio de los derechos básicos de una democracia. Las condiciones de oprobio están aseguradas por un muro legal y de impunidad que determinan la impotencia y el descreimiento ciudadano y esta circunstancia es, en nuestra consideración, una dimensión crucial de la crisis humanitaria. Por otra parte, se han expandido en el país los fatídicos efectos de una cultura mafiosa. En medio de la miseria y la ignorancia, el valor supremo de la riqueza material y la absoluta indiferencia frente a los medios que se utilicen en su consecución, se han impuesto como guía de la acción triunfante. Esta involución ética que ha carcomido los sectores dirigentes se ha irrigado hacia el resto del tejido social generando una condición social monstruosa en la que la vida y la dignidad han perdido todo valor. También esta dimensión de la involución ética forma parte de la Crisis Humanitaria que ha afectado en lo profundo el conjunto de la comunidad. El proceso de curación de lo que es curable exige por una parte el cese de las dinámicas de devastación y, al mismo tiempo, el inicio en firme de prolongados y sostenidos procesos dirigidos a sanar las profundas heridas de nuestros universos interiores, nuestro tejido social y la tierra en la que se enraíza nuestra vida colectiva. La acción individual no es suficiente por la dimensión de los daños y la inercia de la dinámica de la maquinaria de sufrimiento. Es imprescindible la acción colectiva sostenida y coordinada. Es en estos sentidos que la Cumbre Mundial de Paz ha concebido la creación de un espacio de diálogo que permita por una parte reinterpretar los sentidos y la magnitud de la Crisis Humanitaria, y que por otra parte permita una comunicación cualificada y un principio de pacto entre diversos actores nacionales e internacionales sobre los pasos a seguir para aportar en el colosal proceso de resolver la profunda crisis humanitaria. Objetivos de la reunión: 1) Reunir en un espacio de diálogo y cooperación a diversos actores nacionales e internacionales que por su labor están cualificados para abordar el tema de Crisis Humanitaria en Colombia. 2) Adelantar un ejercicio de reinterpretación de la Crisis Humanitaria en Colombia , que permita incluir facetas de la misma que usualmente no se han contemplado, y que incluya también un ejercicio de análisis y síntesis sobre las raíces de la misma, sobre las tendencias que es posible contemplar en el estado de cosas imperante. 3) Adelantar un análisis conjunto, enriquecido por la diversidad participante, que permita determinar las aéreas vitales y el orden de acción que es preciso abordar para aportar en el proceso de resolución de la Crisis Humanitaria en Colombia. 4) Gestar un principio de acuerdo o de pacto entre las organizaciones y las personas participantes en torno al curso de acción que se debe seguir con relación a una respuesta conjunta y eficaz frente a la Crisis Humanitaria en Colombia. ¿Quiénes están invitados?: Los organismos del sistema de Naciones Unidas. La Comisión Europea. Las agencias de cooperación de los países que más cooperación internacional generan sobre Colombia. Las organizaciones no gubernamentales, la pastoral social, los movimientos y las universidades que históricamente se han ocupado de diversas dimensiones de la Crisis Humanitaria. Las entidades estatales que han tenido la responsabilidad de resolver o mitigar la Crisis Humanitaria. FAO, PMA, PNUD, ASFADDES, MOVICE, MINGA, ONIC, FUNDACION COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS, CODHES, entre otros 196.

6-10-2009, Aunque América Latina sigue siendo considerada la zona con más desigualdades del mundo, 12 países de la región aparecen en el escalafón de naciones con alto índice de desarrollo humano, según el informe de 2009 publicado 5-10-2009 por el PNUD. La lista de los países latinoamericanos mejor situados la encabeza Chile, seguido por Argentina, Uruguay, Cuba, México, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Las novedades más importantes en ese grupo son el ingreso de Colombia, Perú y Venezuela. Colombia, subió cinco puestos en el escalafón y Ecuador se mantiene aunque perdió más de dos lugares. Pese a esos progresos, el economista Alfredo Sarmiento, que durante 17 años dirigió el programa nacional de desarrollo humano en Colombia, indica que su país “está en los mismos niveles de inequidad que en 1990”. Aunque Colombia subió cinco puestos en desarrollo, también aumentó en inequidad, con un 18% de colombianos viviendo en la indigencia. La inequidad se refiere a cómo está distribuida la riqueza de cada país. La economista Consuelo Corredor, una experta en pobreza, señala que el escalafón de inequidad en América Latina está encabezado por Brasil, Bolivia, Nicaragua y Colombia. Eso podría sonar contradictorio si se tiene en cuenta que dos de los países más desiguales tienen altos índices de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano analiza tres indicadores centrales: esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetismo y producto interno bruto per cápita. El concepto de desarrollo humano comenzó a desarrollarse a finales de los ‘80, cuando reemplazó al índice de desarrollo económico, que se concentraba en temas como el crecimiento y tamaño de la economía, así como las obras de infraestructura. Jorge Iván Bula, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia dice que “Mientras Colombia no ha mejorado en materia de inequidad, otros países sí como Venezuela, Brasil, Argentina y Chile, especialmente en el período 2002-2007” 197.

10-10-2009, Los resultados de una investigación social, realizada por la Universidad de los Andes, la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, publicados en la Revista Cambio perteneciente al grupo trasnacional español Planeta-El Tiempo, en las entrevistas realizadas a una parte representativa de lo que puede ser considerado “el sector pensante de la sociedad colombiana” y que incluye: Presidentes o voceros oficiales de los gremios de cada sector productivo. Universidades: Decanos de Derecho, Economía o Ciencias Políticas. Los principales sindicatos del país. Los medios de comunicación de impacto nacional. Plataformas de organizaciones de la sociedad civil de los distintos temas. Partidos políticos. Total de encuestados: 157 dirigentes, 43 mujeres y 114 hombres. 46 de gremios, 38 de ONG, 29 de la academia, 15 de partidos políticos, 14 de medios de comunicación, ocho de sindicatos, tres de organizaciones sociales, tres de otros y uno de la Iglesia Católica; los resultados indican que la reelección, cuya suerte está en manos de la Corte Constitucional, es rechazada por el 85,3% de los preguntados, contrario a lo que reflejan las encuestas generales, y también llama la atención el hecho de que, pese a éxitos innegables de la política de seguridad democrática en la lucha contra la guerrilla, solo el 31,1% le apuesta a la derrota militar, mientras el 69,8% apoya la solución negociada. A la pregunta sobre si creen que en cuatro años es posible derrotar a las FARC, el 26,7% responde afirmativamente, mientras el 71,3% dice que es poco tiempo. El 66,4% desaprueba atacar objetivos militares en países vecinos con el argumento de la legítima defensa, y en cuanto al convenio de cooperación militar con Estados Unidos, el 62% no está de acuerdo con que Colombia permita el uso de siete bases militares, frente al 29,4% que lo respalda. En lo que se refiere a los principales problemas del país, el 25% señala la corrupción, el 20% la concentración del poder presidencial y el 17% la incertidumbre creada por la reelección. Pese a escándalos como las ejecuciones extrajudiciales y seguimientos a la oposición y a magistrados de la Corte Suprema, solo el 10% considera la violación de los derechos humanos como el principal problema, seguido por la economía con el 9% y la 'parapolítica' con el 8%. En contraste, la 'farcpolítica' solo es considerada un problema grave por el 3% de los encuestados. El estudio también indaga sobre temas como la penalización de la dosis mínima de droga, que ha sido obsesión del Gobierno, y que es rechazada por el 70,7 por ciento de los encuestados 198.

30-10-2009, Tras varios meses de negociaciones, Colombia y EUA firmaron 30-10-2009 en Bogotá un polémico acuerdo militar que autoriza a soldados estadounidenses operar desde siete bases colombianas. El convenio generó duras críticas y tensiones con varios países sudamericanos, encabezados por Venezuela. Mientras los firmantes aseguran que se trata de un acuerdo para combatir el narcotráfico y el “terrorismo” dentro de las fronteras de Colombia, Venezuela insiste en que el pacto entre Colombia y EUA es parte de una ofensiva contra Hugo Chávez. La profesora Arlene Tickner, de la Universidad de los Andes, cree que la firma del convenio militar “es preocupante. Regionalmente, el acuerdo seguirá siendo un combustible para el deterioro de las relaciones de Colombia con algunas de sus contrapartes en la región”. La firma, que amplía un acuerdo suscrito en 1999 y que dio origen a la estrategia antidrogas conocida como Plan Colombia, ocurrió en momentos en que las relaciones Colombia-Venezuela volvieron a deteriorarse. El nuevo acuerdo permitirá la presencia de hasta 800 militares de EUA, además de contratistas civiles, que podrán utilizar siete bases aéreas y navales colombianas, en las que el gobierno de EUA hará inversiones e instalará equipos militares y de inteligencia. El pacto implica que desde Colombia se desarrollarán varias de las operaciones antinarcóticos que antes se hacían en la base militar de Manta, en Ecuador. El analista militar, ex consejero presidencial para la defensa y la seguridad nacional Armando Borrero dijo que “se trata de un acuerdo que, por un lado, ha significado un alto costo para Colombia -por los reparos de los vecinos-, pero que, por otro, implica una ganancia en seguridad nacional, en términos de capacidad disuasiva. Colombia gana porque no tiene que meterse a una carrera armamentista como la que hay en la región”. En vista de que el Consejo de Defensa Suramericano “es débil e incapaz de garantizar una seguridad colectiva”, Colombia “tiene que suscribir este acuerdo con Estados Unidos”. El Senador Jorge Enrique Robledo, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) dijo: el pacto “es una de las peores decisiones en la historia de Colombia, porque viola de manera gravísima la soberanía nacional y convierte al país en un peón de la estrategia estadounidense para controlar el mundo. Este acuerdo es una amenaza para el resto del continente y es increíble que, cuando comienza a celebrarse el segundo centenario de la independencia de España, el regalo de Alvaro Uribe sea poner bases gringas en el país”. El Presidente de la Cámara de Representantes, Edgar Gómez, no tiene reparos sobre el convenio: “Creemos y sentimos que hay necesidad de cooperación técnica, con el único propósito de combatir el terrorismo”. La Senadora Cecilia López, del Partido Liberal, declaró que el no sometimiento a aprobación por el Congreso de Colombia “esa es una ofensa que el Presidente Uribe le hace al Congreso” y se quejó de que los militares de EUA sigan amparados por “inmunidad diplomática” si cometen delitos en territorio colombiano. “La inmunidad también es una ofensa para las mujeres colombianas que han sido violadas por militares norteamericanos” 199.

9-11-2009, Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de EUA revela que la base militar de Palanquero, Colombia “garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. Esta afirmación contradice las explicaciones dadas por el Presidente Uribe y el Departamento de Estado de EUA sobre el acuerdo militar firmado el 30-10-2009. Los gobiernos de Colombia y EUA han mantenido públicamente que el acuerdo militar se trata solamente de operaciones y actividades dentro del territorio colombiano para combatir el narcotráfico y el terrorismo interno. El Presidente Uribe ha reiterado múltiples veces incluso en la reunión de la UNASUR en Bariloche, Argentina que su acuerdo militar con EUA no afectará a sus vecinos. No obstante, el documento de la Fuerza Aérea de EUA confirma lo contrario e indica que las verdaderas intenciones y objetivas detrás del acuerdo son para poder realizar operaciones militares a nivel región para combatir la “amenaza constante de los gobiernos anti-estadounidenses”. El acuerdo militar autoriza el acceso y uso de siete instalaciones militares en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apíay, Cartagena y Málaga. Adicionalmente, permite “el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones” por todo el territorio colombiano, sin restricciones. Junto con la inmunidad plena que este acuerdo otorga a los militares, civiles y contratistas estadounidenses que entrarán a territorio colombiano en el marco del convenio, la autorización para que EUA utilice cualquier instalación en el país, incluyendo a los aeropuertos comerciales, significa una entrega total de la soberanía colombiana. El documento de la Fuerza Aérea destaca la importancia de la base militar de Palanquero y habla sobre la necesidad de invertir 46 millones de dólares para acondicionar la pista aérea, las rampas y varias otras instalaciones de la base para convertirla en una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) de EUA. “Estableciendo una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente (COCOM) y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia. El desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales”. No es difícil imaginar cuales gobiernos en Sudamérica son considerados por el gobierno de EUA como “anti-estadounidenses”. Sus constantes declaraciones agresivas contra Venezuela y Bolivia, e incluso Ecuador, comprueban que son los países del ALBA que son percibidos como una “amenaza constante”. De clasificar un país “anti-estadounidense” es considerarlo un enemigo de EUA. Bajo este contexto, es lógico pensar que EUA reaccionaría frente a una región llena de “enemigos” con una agresión militar. Según el documento, “El acceso a Colombia profundizará la relación estratégica con EUA. La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Sudamérica, incluyendo el apoyo para las capacidades de combatir el narcotráfico”. Aquí es evidente que la lucha contra el narcotráfico es un asunto secundario. Este hecho contradice las explicaciones dadas por los gobiernos de Colombia y Washington que han intentado aparentar que el objetivo principal del acuerdo militar es para combatir el narcotráfico. El documento de la Fuerza Aérea prioriza las operaciones militares continentales necesarias para combatir “amenazas constantes”, como los gobiernos “anti-estadounidenses” en la región. El documento de la Fuerza Aérea explica que “Palanquero es sin duda el mejor lugar para invertir en el desarrollo de la infraestructura dentro de Colombia. Su ubicación central está dentro del alcance de las áreas de operaciones en la región y su ubicación aislada ayudará a minimizar el perfil de la presencia militar estadounidense. La intención es utilizar la infraestructura existente... mejorar la capacidad de EUA para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense. Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Sudamérica con la excepción del Cabo de Hornos”. Adicionalmente, el documento de la Fuerza Aérea confirma que la presencia militar estadounidense en Palanquero, Colombia aumentará las capacidades de espionaje e inteligencia, y permitirá a las fuerzas armadas estadounidenses aumentar sus capacidades para ejecutar una guerra en Sudamérica. “El desarrollo de [la base en Palanquero] profundizará la relación estratégica entre EUA y Colombia y está en el interés de las dos naciones. [La] presencia también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita”. El lenguaje de guerra de este documento evidencia las verdaderas intenciones detrás del acuerdo militar: están preparándose para una guerra en América Latina. Los últimos días han estado llenos de conflictos y tensiones entre Colombia y Venezuela. Hace días, el gobierno venezolano capturó tres espías del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia su agencia de inteligencia y espionaje y descubrió varias operaciones activas dirigidas a la desestabilización y el espionaje contra Cuba, Ecuador y Venezuela. Las operaciones Fénix, Salomón y Falcón, respectivamente, fueron reveladas por documentos que encontraron junto a los funcionarios capturados del DAS. Hace dos semanas, también fueron hallados 10 cadáveres en el estado Táchira por la frontera con Colombia. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, el gobierno venezolano descubrió que los cuerpos pertenecían a un grupo de paramilitares colombianos que se habían infiltrado a territorio venezolano. Esta peligrosa infiltración paramilitar desde Colombia forma parte de un plan de desestabilización contra Venezuela que busca crear un para-estado dentro del territorio venezolano y así debilitar al gobierno del Presidente Chávez. El acuerdo militar sólo aumentará esta tensión y violencia regional. Ahora con la información revelada en el documento de la Fuerza Aérea de EUA se hace evidente sin duda ninguna que Washington está buscando promover una guerra en Sudamérica, utilizando a Colombia como su base de operaciones. El documento del Departamento de la Fuerza Aérea de EUA fue redactado en mayo del 2009 como parte de la justificación del presupuesto para el 2010 enviado por el Pentágono al Congreso estadounidense. Es un documento oficial de la Fuerza Aérea y reafirma la veracidad del Libro Blanco: La Estrategia de Movilidad Global del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea de EUA que fue denunciado por el Presidente Chávez durante la reunión de la UNASUR en Bariloche el 28-8-2009 200.

11-11-2009, Tras varios meses de permanecer con bajo perfil, el ELN, ha vuelto a los titulares, en medio de una gran encrucijada sobre su futuro. Todo se debió a la fuga de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, uno de los líderes militares de esta guerrilla, rescatado a comienzos de octubre del 2009 por un comando armado, cuando era trasladado del aeropuerto al centro de la ciudad oriental de Arauca, a donde había sido trasladado. El hecho demostró que el ELN, luego de 45 años de existencia y pese a los golpes que ha recibido, sigue vigente. El grupo, continúa teniendo presencia en las fronteras con Venezuela y Ecuador, y en otras zonas del país. Luis Eduardo Celis, un asesor de la organización Nuevo Arco Iris dice: “El ELN es una organización en armas que ya no cree en las armas, pero que tampoco está dispuesta a dejarlas a cambio de nada”. Sostiene que el grupo ha estado pensando en una salida política desde hace algún tiempo, pese a que no la haya concretado con el gobierno de Alvaro Uribe. Por eso, parte de su problema a resolver es qué hacer de cara al nuevo gobierno que debería elegirse en mayo del 2010, a no ser que Uribe sea reelegido por segunda vez. “El ELN … sigue teniendo fuerza militar en por lo menos ocho regiones del país. Aunque su cúpula sea consciente de que la salida es política, no quiere ‘feriarse’, pese a que sabe que tampoco puede pedir demasiado en una mesa de negociación” 201.

20-11-2009, En relación con la destrucción de dos puentes peatonales en la frontera con Colombia por parte del gobierno de Venezuela, el ex Canciller colombiano Camilo Reyes a finales del gobierno de Ernesto Samper y Vicecanciller en el gobierno de Alvaro Uribe, dijo que “la voladura de los puentes muestra un deterioro muy grave de la relación entre Colombia y Venezuela. Colombia debe insistir en buscar un interlocutor que sea capaz de triangular la relación con Caracas. El problema es que Colombia ha hecho muchas propuestas, pero más se demora en hacerlas que Venezuela en descalificarlas”. La raíz del problema entre Colombia y Venezuela radica “en el proyecto bolivariano de Hugo Chávez, que pasa por encima de la soberanía de algunos países. El deterioro interno de la situación en Venezuela impulsa todas estas locuras”. El ex Ministro venezolano de la Defensa Fernando Ochoa Antich, de tendencia crítica, dijo que la voladura de los pasos era “un hecho inaceptable y una imprudencia en momentos de elevada tensión entre Colombia y Venezuela. No es que se pueda interpretar como una agresión, sino como un desafío”. Es posible que haya tres pasos internacionales oficiales, como señaló el comandante de guarnición, pero que dada la situación entre las dos naciones, “eso no debió haber ocurrido” 202.

23-12-2009, En relación con la muerte del Gobernador Cuéllar a manos de las FARC algunos analistas sostienen que es muy difícil hacer hipótesis ante las circunstancias confusas que rodearon los hechos. El ex Consejero Presidencial de Paz del Presidente César Gaviria en los años 90, Carlos Eduardo Jaramillo dijo que le parece extraño que las FARC hayan desplegado una columna élite para matar al gobernador. “Si lo querían matar, lo hubieran podido hacer en su propia casa. Si se confirma que las FARC fueron las que degollaron al Gobernador, entonces pensaría que ese grupo está en un nivel de descomposición muy grande”. Todos los partidos políticos repudiaron el hecho, incluido el izquierdista Polo Democrático Alternativo, aunque este último se abstuvo de atribuirlo a las FARC. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos declaró que “la toma de rehenes constituye un crimen de guerra y la muerte subsecuente del gobernador confiere extrema gravedad a la práctica recurrente de esta infracción por parte de dicha agrupación guerrillera”. El analista Alfredo Rangel no se mostró optimista respecto de acciones militares, y declaró ayer que, con el secuestro y muerte del Gobernador, “comienzan operativos militares de rescate que podrían entorpecer la liberación” de Moncayo. El secuestro y muerte de Cuéllar se producen cuando cada vez están más cerca las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo. Para entender las enormes implicancias políticas de este hecho, basta mencionar que las FARC no habían logrado secuestrar a un político desde 2002, año en el que Uribe asumió como Presidente en Colombia. Y también que la propia guerrilla, después de la Operación Jaque y la asunción de Alfonso Cano -tras el fallecimiento de su líder histórico Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo)-, había decidido liberar a los políticos que seguían en su poder. Hasta ahora, las FARC sólo mantenían secuestrados a 24 rehenes de las fuerzas de seguridad (policías y militares, con los que se consideran en guerra) a los que esperan canjear por 500 guerrilleros presos. El analista colombiano León Valencia dijo: “El gobierno da a las FARC por derrotadas y casi acabadas. Lo que hay en realidad es una reactivación enorme de esta guerrilla en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Colima y Caquetá. Ahora las FARC son capaces de entrar en una capital de provincia y llevarse a un gobernador, en un hecho nuevo y muy preocupante”. El trágico secuestro de Cuéllar también ha dejado expuestas algunas grietas en la política de “seguridad democrática” de Uribe, que determinó que el ejército pasara a la ofensiva en el combate de las guerrillas y echó a los rebeldes de las rutas y las ciudades. Esas grietas, que el gobierno ha desmentido enérgicamente, se producirían por la creciente movilización de tropas para prevenir un conflicto con Venezuela, por la creación de un frente común para combatir al gobierno de las FARC y la guerrilla guevarista del ELN y por la vuelta a las andadas de los paramilitares que se creían desmovilizados. Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC y aspirante al Senado en las elecciones de marzo del 2009, dijo: “Hubo un descuido en la protección que se le brindó al gobernador, teniendo en cuenta su cargo, que vivía en una zona como Caquetá y que tenía un cuadro de altísimo riesgo por sus anteriores secuestros. También hubo un grado de irresponsabilidad del gobierno al haber anunciado un intento de rescate”. La ONU recordó que la toma de rehenes, “práctica recurrente” de las FARC, “constituye un crimen de guerra”. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza dijo: “Este acto de atrocidad y barbarie merece el rechazo de la comunidad internacional que apoya a Colombia en sus esfuerzos por lograr la paz” 203.

27-12-2009, Juan Carlos Vallejo, escritor y analista político internacional, respecto del rol de la Iglesia Católica en Colombia, como “mediadora” dice: La Iglesia Católica Bendice Armas de Colombia. La que ahora marrulla de “mediadora” de la guerra civil que ahoga en sangre a Colombia desde hace más de 60 años. Esta “mediadora” que guardó silencio cuando el genocidio de la Unión Patriótica. Esta “mediadora” que se negó a dar la misa y recibir los restos mortales de Bernardo Jaramillo. Esta “mediadora” que apoyó con su silencio que uno, muy de los suyos, escribiera: “Tenemos derecho a alegrarnos con la muerte de 'Reyes'“. Esta “mediadora” nombrada a dedo por el Presidente. Esta “mediadora” que históricamente ha estado echando leña al fuego de la guerra, que siempre ha sido una incondicional del capital y de las castas dominantes. Resulta que ahora, viene a hacernos creer que buscan “mediar” por la paz de Colombia. Pues es bueno recordarle a su eminencia, Darío Castrillón, que la cosa no es tan fácil como fue bendecir la Posada Alemana de Carlos Ledher Rivas en Armenia, ni como santificar los dineros de la mafia, como fue su doctrina cuando le pescaron que recibía “la platica” del Cartel de Medellín. No. La cosa es dejando sus lujos en El Vaticano y metiéndose a la selva colombiana a untarse, de pueblo y sentarse a negociar como representante del establecimiento colombiano: cuánta tierra van a devolver a los campesinos, a los indígenas, a las comunidades negras. Por su férrea resistencia a los controles de natalidad, entonces: ¿cuántos niños nacidos con malformaciones van a sostener de por vida? ¿Cuántos orfanatos van a financiar? ¿Cuántos jóvenes infractores van a ayudar? ¿Qué está el establecimiento dispuesto a ceder? Hay que hablar de Recursos Naturales, de Soberanía, de Trabajo, de Salud, de Educación. Hay que hablar de Asamblea Constituyente. De una Comisión de la Verdad para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad. Todo eso se llama Paz. Y hay que dejarlo todo por escrito. No sea que “por voluntad de Dios” se les olvide y no cumplan o tergiversen todo lo acordado. Manuel Marulanda no fue estúpido cuando no apareció en los diálogos del Caguán. Sabía del peligro y evitó una celada en la que pudo haber caído como cayeron muchos revolucionarios como él (Pancho Villa, Emiliano Zapata, Augusto César Sandino, etc.). No sé si Alfonso Cano caerá en ella, no sé si las FARC-EP confiarán en la Iglesia Católica Bendice Armas de Colombia. Particularmente pienso que debe ser tratada como actora y no como “mediadora” del conflicto 204.

27-12-2009, Patricia Rivas de Indymedia, sobre el tema de la demora de la liberacion del Cabo Moncayo, el soldado Martínez y el Capitán Huevara dice: el Presidente Alvaro Uribe Vélez afirmó 21-12-2009 en un acto de donaciones a soldados y policías heridos en combate, que el Gobierno Nacional ha cumplido con las exigencias hechas por las FARC para liberar al Cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo y al soldado Libio José Martínez y entregar los restos del Mayor Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio. El mandatario colombiano responsabilizó a la guerrilla por la demora en la entrega de los uniformados, el mismo día en que se cumplen 12 años de la captura de Moncayo, mientras custodiaba una base de comunicaciones del Ejército que fue asaltada por las FARC en el departamento de Nariño, al Sur del país. El Presidente colombiano ante las familias de los uniformados, entre quienes se encontraba el padre de Pablo Emilio, dijo: “Estamos en mora de que los liberen. Ustedes saben que el Gobierno ha atendido todas las exigencias. No los han liberado. ¿Por qué? Estamos en mora de que los liberen”. La pregunta retórica del Presidente Uribe ha debido de ser como una bofetada en el rostro de este padre incansable y valiente, que después de 11 años de lucha, vio cumplido su sueño cuando las FARC anunciaron su disposición de liberar unilateralmente -sin exigir ninguna contraprestación o canje de prisioneros- a su hijo. Esto ocurría el 16 de abril del 2009. El comunicado del Secretariado de las FARC del 16-4-2009 declaraba su disposición de entregar al prisionero personalmente a su padre y a la Senadora Piedad Córdoba: “(...) Ante la reiterada solicitud de la Senadora Piedad Córdoba, de Colombianas y Colombianos por la Paz, del Profesor Moncayo y de los Presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, anunciamos nuestra decisión de liberar unilateralmente al Cabo Pablo Emilio Moncayo y entregarlo personalmente a una comisión encabezada por la Senadora Córdoba y el Profesor Moncayo una vez se organicen los mecanismos que garanticen la seguridad de la operación. Así evidenciamos una vez más nuestra decisión irreversible de alcanzar el acuerdo humanitario sin más dilación y sembrar con certezas los caminos que lleven a la solución política del conflicto.” Poco después, las FARC se ofrecieron a entregar también al soldado Josué Daniel Calvo y los restos del Capitán Julián Guevara, muerto en la selva en 2006 tras ocho años de cautiverio. El Presidente Alvaro Uribe no podía soportar la idea de otra imagen de reencuentro protagonizada por quienes más han abogado por el intercambio humanitario -el canje de prisioneros de guerra- como un primer paso hacia una solución política del conflicto armado, de modo que vetó a la Senadora Piedad Córdoba como mediadora para garantizar la entrega, acusándola de querer sacar “rédito político”. Así dejaron pasar casi 3 meses más de la vida de Pablo Emilio Moncayo en las selvas de Colombia. El 8-7-2009, el Presidente Uribe lanzó un escueto y calculado ultimátum, que venía a decir que su gobierno autorizaba la participación de la Senadora Piedad Córdoba “en el acto de liberación”, pero debían “ser liberados los 24 secuestrados en forma simultánea, y devueltos los cuerpos de los tres rehenes fallecidos en cautiverio”. El Gobierno colombiano rechazaba la liberación de Moncayo y Calvo Marín bajo el argumento de: “o todos o ninguno”: “El gobierno nacional autoriza a la Senadora Piedad Córdoba para que, con la Cruz Roja Internacional y con la Iglesia Católica, participe en el acto de liberación de los secuestrados que están en poder de las FARC. Deben ser liberados los 24 secuestrados en forma simultánea, y deben ser devueltos los cuerpos de los tres compatriotas secuestrados que murieron en el asesinato del cautiverio. El tema de logística para efectuar esta liberación de manera discreta, lo coordinará el doctor Frank Pearl (Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano), con la Cruz Roja Internacional y las Fuerzas Armadas. Yo rogaría toda la paciencia y la comprensión de ustedes, apreciados comunicadores, y les rogaría simplemente transmitir este texto en las exactas palabras, que se ha estudiado con mucho juicio”. La comunicación parecía una concesión, pero en la práctica era un obstáculo insalvable para viabilizar la entrega de los dos rehenes. Pablo Emilio Moncayo tuvo que desperdiciar otros dos meses más de su vida hasta que el Gobierno colombiano se avino a aceptar la liberación unilateral de los dos uniformados y la participación, en calidad de “acompañante” y no de “mediadora” de la Senadora Piedad Córdoba, que en ese lapso de tiempo presentó ante la sociedad colombiana nuevas pruebas de vida y luchó por abrir la posibilidad de la liberación unilateral decidida por las FARC. El fantasma de una operación militar de rescate a sangre y fuego pende sobre las vidas de los retenidos y es un riesgo real, en la medida en que al Presidente Uribe, hablando en términos de “rédito político”, le rinden más dos muertos que poder atribuir a las FARC que dos ciudadanos que recuperen la libertad gracias a una acción unilateral de la guerrilla, encaminada a posibilitar un acuerdo humanitario. Eso implica tanto como reconocer que hay guerra, y que su naturaleza, y por tanto su solución, son políticas y no militares 205.

26-1-2009, El Ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, dijo que su ejército “auxiliará” el proceso de liberación unilateral de rehenes “con el envío de helicópteros y pilotos” 206.

6-3-2009, La sustentación del Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos sobre el derecho a la “legítima defensa” generó reacciones de los Presidentes de Venezuela y Ecuador, Hugo Chávez y Rafael Correa, quienes deploraron la argumentación del Ministro. El Canciller de Ecuador, Fander Falconí, dijo que no pueden aceptar la teoría del ministro colombiano: “Eso no tiene ningún parangón en el derecho internacional (...) No se puede intervenir en terceros países. Eso es una rémora de la época Bush”. Desde Venezuela, el Vicepresidente Ramón Carrizales, quien el 5-3-2009 asumió también el Ministerio de Defensa, dijo que Santos “es un personaje siniestro, con infinita arrogancia, con proyectos personales por encima de su Gobierno, que se da el lujo de amenazar a los vecinos” 207.

12-3-2009, Una semana después del primer aniversario de la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes, que reavivó las tensiones entre Colombia, Ecuador y Venezuela, debido a las declaraciones de Santos, que es un acto de “legítima defensa” golpear “a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio”; el gobierno de Alvaro Uribe firmó con Brasil un acuerdo militar para monitorear conjuntamente sus 1.644 kilómetros de frontera amazónica. El pacto, suscrito en Brasilia por los ministros de Defensa, Nelson Jobim, de Brasil, y Juan Manuel Santos, de Colombia, permite que los radares de cualquiera de los dos países vigilen el espacio aéreo del otro país hasta 50 kilómetros más allá de la frontera. Según el Ministro de Defensa colombiano Santos: “Se trata de un monitoreo satelital. Eso no quiere decir que haya aviones nuestros aquí o aviones de ellos allá. Es un control del territorio a través de los satélites y a través de los radares (...) Ellos tienen la capacidad de vigilar nuestro espacio aéreo y nosotros el de ellos y nos comunicamos. Eso nos va a dar mayor facilidad para poder controlar mejor esa zona”. En la práctica, cualquiera de los dos países podrá detectar anticipadamente aviones que pretendan entrar a su territorio. Además, convinieron en que los dos ejércitos podrán hacer operaciones conjuntas en los ríos. Santos dijo que Colombia buscará con Perú un acuerdo similar al sellado con Brasil, ya que tiene una frontera común de 1.500 kilómetros 208.

28-4-2009 El mandatario de Brasil al término de un encuentro con el Presidente peruano, Alan García, en la amazónica ciudad brasileña de Rio Branco dijo: “Si las Farc quieren llegar al poder, sería más fácil convertirse en un partido político y disputar elecciones. Si este continente permitió que un indio llegue a Presidente y un obrero metalúrgico, ¿por qué alguien de las FARC no puede llegar al poder disputando elecciones? Yo le dije al Presidente Obama que era necesario que Estados Unidos mire hacia América Latina sin la mirada de la Guerra Fría, porque es un continente donde ya no existe ningún grupo que quiera llegar al poder por la lucha armada, con excepción de las FARC” 209.

1-5-2009 En visita del Presidente Uribe a Venezuela donde solicitó a su mandatario “toda la ayuda” para detener a miembros de las FARC, que presuntamente habrían dado muerte a ocho soldados colombianos en combates a un kilómetro de la frontera con Venezuela, el Presidente Chávez declaró: “No permitimos ni permitiremos que incursión armada alguna, venga de donde venga, viole la soberanía venezolana. Nosotros no apoyamos a movimientos armados en ninguna parte del mundo. Pero tampoco esa guerra es nuestra. Y nosotros no vamos a inmiscuirnos en esa guerra. No apoyamos a las FARC pero tampoco somos enemigos de ellas” 210.

6-5-2009 El Presidente de Uribe solicitó que Venezuela le ayude a capturar guerrilleros de las FARC quienes dieron de baja a 8 soldados colombianos “Hacemos un llamado respetuoso y urgente al Presidente Chávez, comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela, para que estos asesinos puedan ser capturados”. El gobierno venezolano respondió con un comunicado: El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre del pueblo venezolano, agradece las manifestaciones de condolencia expresadas por el Presidente de la República de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, en su declaración consecutiva al Consejo de Seguridad celebrado el día 3 de mayo en la localidad de Valledupar, Colombia, luego de haberse conocido el fallecimiento de 16 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un trabajador civil, en labores de resguardo de nuestra frontera con la hermana República de Colombia. Este lamentable hecho constituye la ilustración trágica de la entrega de los soldados venezolanos en el cumplimiento de la sagrada labor de defensa de la soberanía de la Patria, y de su compromiso con el deber de garantizar la paz y la seguridad de los habitantes de las zonas fronterizas. Las vidas de estos 17 compatriotas, se suman al inmenso tributo pagado por el pueblo venezolano como consecuencia del conflicto que, por más de cincuenta años, ha azotado a Colombia, y que no cesará hasta tanto ese pueblo hermano haya encontrado el camino de la Paz y la concordia. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela recuerda que las razones fundamentales del conflicto colombiano, del cual el pueblo venezolano ha sido históricamente víctima, residen exclusivamente en Colombia y han de ser resueltas por los colombianos de forma soberana e independiente. Igualmente, reitera que constituye un error descargar responsabilidades sobre un pueblo y unas autoridades venezolanas que deben asumir los costos de un enfrentamiento que es extraño a su realidad y a su idiosincrasia. Consideramos pues, absolutamente fuera de lugar, cualquier llamado a organismos internacionales y mecanismos regionales que pudiesen involucrar a Venezuela en este conflicto interno, reiterando toda la voluntad del Gobierno y del Pueblo de Venezuela para participar, en las condiciones que el pueblo y el gobierno de Colombia lo consideren necesario, en cualquier iniciativa que tenga por propósito sincero la búsqueda de la Paz 211.

25-5-2009 Luego de un informe publicado en Colombia sobre la posibilidad de que jefes de las FARC estén refugiados en países vecinos, los gobiernos de Venezuela y Ecuador han negado tener simpatías con las guerrillas colombianas. El Ministro del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami, dijo que se trata de “cuentos, fábulas, con el propósito de vincular al gobierno con grupos irregulares, algo que es falso de toda falsedad. Ya está suficientemente debatido el tema y está demostrado cuál ha sido la posición de Venezuela” 212.

4-7-2009, Ecuador reclama a Juan Manuel Santos ex Ministro de Defensa de Colombia por la incursión armada en la que fue abatido el guerrillero Raúl Reyes. Las autoridades ecuatorianas pidieron a Interpol que haga efectiva la orden de captura dictada por un juez. Santos es reclamado por el juez Daniel Méndez de la norteña provincia de Scumbíos, donde se encontraba el campamento de las FARC en el que fue abatido el guerrillero “Raúl Reyes” el 1-3-2008. Aquella incursión armada del ejército colombiano en territorio de Ecuador generó una grave crisis diplomática entre ambos países. Tras la resolución negativa por parte de la Interpol, el gobierno de Ecuador recordó que dentro del país sí ya existe una orden de captura en vigor contra Santos. El Director nacional de la Policía Judicial de Ecuador, Rafael Yépez dijo que: “Se envió una circular a todos los destacamentos del territorio ecuatoriano para que el personal cumpla con la orden” 213.

28-7-2009, Frente a la denuncia del gobierno colombiano que Venezuela le vende armas antitanque y lanzacohetes a las FARC, compradas a Suecia, el Ministro del Interior venezolano, Tarel El Aissami dijo: “Da risa; lo asocio con esos temas de ficción, de Superman. Parece una película barata del gobierno norteamericano y, lamentablemente, de los pitiyanquis de la región”. El Canciller venezolano, Nicolás Maduro, calificó de “campaña brutal” contra su país la información brindada por el Vicepresidente colombiano Santos: “Es el inicio de una campaña brutal. Siempre que hay este tipo de coyunturas comienza a funcionar el aparato mediático mundial para construir medias verdades con mentiras y tratar de justificar lo injustificable”. Con esta denuncia se “busca justificar la instalación de las bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Están tratando de hacer lo mismo que hicieron con Irak cuando lo acusaron de tener armas de destrucción masiva; argumento que sirvió a EUA para invadir ese país y apoderarse del petróleo. Esas bases representan un peligro contra toda Sudamérica, pero principalmente representan un peligro para Venezuela. (Colombia) quiere decirle a la comunidad internacional que una guerrilla que tiene 50 años se mantiene por la colaboración de varios gobierno suramericanos. ¿Por qué esta campaña arranca hoy? No podemos ser inocentes, recuerden que detrás de esto hay un aparato propagandístico mundial” 214.

28-7-2009, Por las acusaciones del gobierno colombiano de que Venezuela le vendió armas compradas en Suecia a las FARC, el Presidente venezolano Hugo Chávez decidió retirar al Embajador venezolano en Colombia. “Ese gobierno da vergüenza, está dirigido por irresponsables de la más grande calaña que yo nunca he visto”. Chávez acusó a su par colombiano de “lanzar una bola de humo cuando sabe que es absolutamente falso” y amenazó que de seguir ese tipo de señalamientos Venezuela podría llegar a “expropiar” las empresas colombianas en el país. Sostuvo que según sus informes gran parte del armamento que manejan las FARC es estadounidense, israelí y ruso. Por su parte, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, ofuscado por la divulgación de un video en el que se sugería que las FARC habían contribuido a su campaña electoral advirtió que si Colombia volviese a violar la soberanía fronteriza de su país, “la respuesta será militar” 215.

30-7-2009, El Canciller brasileño, Celso Amorim, abogó el 29-7-2009 por que Colombia sea más transparente en lo que atañe al acuerdo militar con EUA: “Creo personalmente que si hay una preocupación con relación a un nuevo acuerdo militar, por ejemplo de Colombia (con EUA), sería bueno que Colombia transparentemente diga lo que es, para que las personas lo oigan, vean, y pueda haber una discusión”. Es con “ese objetivo que fue creado el Consejo de Defensa” Sudamericano (CDS) que integran los países de la UNASUR. Brasil está dispuesto a trabajar para “recomponer” la confianza entre Venezuela y Colombia, cuyas relaciones han vuelto sufrir fuertes tensiones en los últimos días. El Embajador venezolano en Colombia, Gustavo Márquez dijo que su país considera que el acuerdo militar que negocian EUA y Colombia debería ser tratado en la OEA, entre otras instancias internacionales. Considera que el Secretario General de la OEA, Insulza, quien propuso que las diferencias entre Venezuela y Colombia se diriman mediante el diálogo, está equivocado, porque la presencia de más militares estadounidenses en nuevas bases colombianas “afecta a todos los países de la región, no solo a Venezuela. Nuestra esperanza es que el tema se comience a ventilar en organismos como la UNASUR, el Grupo de Río, la OEA, porque una vez que se firme el acuerdo la relación nunca podrá ser igual” 216.

30-7-2009, El Presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva dijo durante una reunión en Sao Paulo con la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que no ve con buenos ojos la idea de que se instalen más bases militares estadounidenses en Colombia: “A mí no me agrada la idea de otra base militar en Colombia. No queremos crear conflicto ni con Uribe ni con EUA”. Bachelet dijo estar de acuerdo con las opiniones del Presidente brasileño y que el asunto debe ser ampliamente debatido en \ la capital de Ecuador, Quito, cuando se celebre la Cumbre de UNASUR. Según el Presidente Lula, otro de los temas que se abordará en la UNASUR será la presencia de la 4ª flota de la Marina estadounidense en la región petrolífera conocida como “pre-sal” donde se descubrieron grandes reservas frente a las costas brasileñas: “Yo había hablado con Bush y tenemos que hablar con Obama. La 4ª flota está casi encima de la pre-sal” 217.

4-8-2009, Frente a las tensiones provocadas por la negociación de un acuerdo militar de Colombia con EUA el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que si se repite una acción militar de Colombia en su territorio, como la de marzo del 2008 cuando se abatió a Raúl Reyes, habrá una guerra 218.

5-8-2009, Marco Aurelio García, asesor de Lula comentó, luego de un diálogo con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, General Jim Jones, que las bases extranjeras en la región parecen un resquicio de la Guerra Fría. “Expresamos nuestra percepción de que las bases no contribuyen a la distensión. Hubo un reconocimiento de que el asunto fue muy mal encaminado y de que tal vez hubiese sido más oportuno por parte del gobierno estadounidense y colombiano un esclarecimiento previo que pudiese disipar todas las dudas”. García también recordó a Jones que “la guerra fría ya acabó” y que la región “está inmersa en un proceso de revolución democrática pacífica muy grande. Uribe ha tenido la sensibilidad para darse cuenta de que el clima en la región no está bueno. La visita del Presidente colombiano es un gesto positivo de humildad”. El Presidente boliviano, Evo Morales, tras entrevistarse con su par colombiano, haciendo referencia al posible uso de bases colombianas por parte del ejército estadounidense dijo: “Permitir bases militares en Latinoamérica es una agresión a los gobiernos y democracias de Latinoamérica. Vamos a defender la soberanía de Latinoamérica”. Anunció que su gobierno planteará una resolución para el rechazo a bases militares extranjeras en la cumbre de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En Lima, el Presidente colombiano recibió un rotundo respaldo de su par peruano, Alan García, en referencia al posible uso de bases colombianas por parte del ejército estadounidense, quien dijo que “la historia va a reconocer mucho y muy pronto cuánto se ha hecho en favor no sólo de Colombia sino del modelo democrático de nuestro continente gracias al esfuerzo desplegado por el Presidente Uribe y su gobierno”. García lamentó que Colombia sufra “situaciones enojosas”. El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró que el acuerdo con EUA es una amenaza para la región. Venezuela congeló sus relaciones con Colombia a partir de las acusaciones de que habría enviado material de guerra a las FARC. Ecuador, en voz de su Canciller Fander Falconí, aseguró que el plan de Bogotá “fomenta una actitud militarista” 219.

7-8-2009, Brasil no criticó a Uribe por las bases. Lula dijo que respetaba la decisión de Bogotá, pero pedirá garantías de que las operaciones de EUA se limiten a territorio colombiano. El Canciller brasileño, Celso Amorim después de la entrevista dijo: “Nuestras preocupaciones fueron expresadas y el Presidente Uribe dio esclarecimientos sobre los objetivos de ese acuerdo con Estados Unidos. Nosotros reiteramos que un acuerdo con Estados Unidos que sea delimitado al territorio colombiano es un tema de la soberanía colombiana”. El Presidente Lula hizo una “sugerencia de transparencia mayor” respecto de los desplazamientos militares norteamericanos. Brasilia espera algún tipo de “garantías” sobre el accionar de esas unidades. “Tendremos que ver si esa transparencia colombiana satisface o no satisface nuestras dudas”. Tabaré Vázquez, tras reunirse con Uribe, manifestó su respeto al principio de no intervención en los asuntos de otros Estados como eje fundamental en las relaciones internacionales, pero reiteró la tradicional postura de Uruguay, contraria a la presencia militar extranjera en la región. El Presidente uruguayo “abogó una vez más por la solución pacífica de las controversias entre los Estados” de la región. El candidato presidencial de la coalición de izquierda Frente Amplio, el ex guerrillero tupamaro José Mujica, dijo que las bases militares estadounidenses en Colombia son “un convidado de piedra. Cada vez que se establecen en América latina es para complicarnos la vida”. En la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner le pidió al mandatario colombiano “bajar la el nivel de conflictividad” en la región. El Presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que la única salida para la crisis diplomática es que el gobierno de Bogotá cancele su acuerdo con la Casa Blanca. “La única forma en que esta situación vuelva a la calma es que desista Colombia de entregarle a EUA su territorio para que desde allí continúen planificando agresiones contra Venezuela” 220.

8-8-2009, El Presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó el retorno a Colombia de su Embajador Gustavo Márquez para impulsar la creación de “bases de paz” en Colombia y Venezuela, en contraposición a la presencia de soldados estadounidenses en bases colombianas. Efectuó el anunció durante una reunión junto a la Senadora colombiana, Piedad Córdoba. Chávez denunció que, con la presencia de militares estadounidenses en Colombia, “lo que se está sembrando allí son vientos de guerra”, acusando a Washington de intentar convertir a este país en “el Israel de América Latina”. Sugirió: “¿Por qué no creamos unas bases de paz (...) y empezamos a armar las bases con campamento y todo? No es una cosa utópica, simbólica” 221.

9-8-2009, El Presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo el 8-9-2009 que su par estadounidense, Barack Obama, miente cuando afirma que EUA no está planeando la instalación de bases militares en Colombia, y acusó a Washington y al mandatario colombiano Alvaro Uribe de llevar adelante una política “guerrerista”. “Obama ha dicho... que no son bases. ¿Cómo que no son bases? ¿Quién se va a comer ese cuento de que los militares colombianos son los que van a comandar eso? ¡Mentira! No tengo la menor duda de que el imperio yanqui quiere una guerra entre Colombia y Venezuela. La política guerrerista de Uribe y el apoyo guerrerista de Estados Unidos han logrado el desbordamiento de la guerra desde Colombia sobre las fronteras, hacia Venezuela, hacia Ecuador” 222.

11-8-2009, La división de los países en torno a Colombia centró la reunión de la UNASUR sobre el acuerdo que permitirá a militares estadounidenses operar en bases colombianas. La división entre los líderes latinoamericanos que participaron en la Cumbre podría haber reflejado una tensión que ya parece enquistada en la región. El tema, aunque se discutió abiertamente, no fue incluido en la declaración final de la reunión de UNASUR. Pero, debido a su importancia, surgió la propuesta de convocar a una nueva cumbre de mandatarios del grupo en Buenos Aires, esta vez con la presencia del Presidente Alvaro Uribe, quien no asistió a la reunión en Quito. El mandatario brasileño, Lula da Silva, dijo que también debería hacerse una reunión con el gobierno de EUA para tratar el asunto. También abogó por resolver el tema con “mucho diálogo”. “Las personas van a tener que escuchar duras verdades, en caso contrario, UNASUR corre el riesgo de transformarse en un club de amigos cercado de enemigos por todos lados” 223.

18-8-2009, El Gral. brasileño Luiz Carlos Gomes Mattos, Jefe del Comando Militar del estado de Amazonia, manifestó el 17-8-2009 su “preocupación” por el acuerdo militar entre EUA y Colombia, que comparte 1640 kilómetros de frontera con Brasil: “Cualquier cosa que ocurra cerca de nuestras fronteras es motivo de preocupación, incluso aunque tengamos una excelente relación”. Una de las siete bases que podrá usar EUA está en la región de Apiay, a sólo 50 kilómetros de Cabeza de Cachorro, en la Amazonia brasileña. El gobierno de Luiz Lula da Silva ha dicho que respeta la soberanía de Colombia para negociar acuerdos con Washington, pero el canciller Celso Amorim pidió garantías de que la actuación militar estadounidense se restrinja a territorio colombiano 224.

27-8-2009, El Ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, dijo el 26-8-2009 que el Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se comprometió a presentar en el encuentro de la UNASUR en Bariloche, Argentina “garantías jurídicas” de que las tropas estadounidenses que operen en bases militares en territorio colombiano no afectarán a países vecinos. Señaló que obtuvo esa información en el encuentro con su par colombiano, Gabriel Silva, el 25-8-2009, en Bogotá. “Les mostramos que Brasil ya había hablado con Uribe y que él se había mostrado de acuerdo sobre dar garantías jurídicas. Ellos las están gestionando. Vivimos un cierto déficit de mecanismos de solución. Existen, pero no están activados. Para crear un ambiente de transparencia”, Brasil explicará en la Cumbre el tenor del acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado en diciembre del 2008 con Francia. El vocero del Presidente Lula Da Silva, Marcelo Baumbach, destacó “la necesidad de tener más información sobre la presencia militar extranjera en la región por medio de un diálogo franco” con el gobierno colombiano. El Presidente boliviano, Evo Morales, anticipó el 26-8-2009 que propondrá en Bariloche la posibilidad de que la UNASUR convoque a un referéndum sudamericano sobre el acuerdo militar entre Colombia y EUA. “Quiero plantear que si Uribe no quiere retirar las bases militares de Colombia, ¿por qué no ir a un referéndum sudamericano?”. En la Cumbre los jefes de Estado de América del Sur no alcanzaron una definición clara en la Cumbre de la UNASUR sobre el acuerdo entre Colombia y EUA por el uso de siete bases militares, eje central del encuentro. Incapaces de elaborar una salida coordinada a la crisis regional, los mandatarios aprobaron una tibia declaración final en la que se instruye al Consejo de Defensa de la UNASUR para que diseñe “medidas de fomento de la confianza y de la seguridad” en una reunión próxima. Se incluyó un apartado en el que los jefes de Estado reafirmaron su “compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y sus delitos conexos: el narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y ligeras” y rechazaron “la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley” 225.

14-9-2009, La controversia por el acuerdo militar entre Colombia y EUA, y el crecimiento en la compra de armas en la región, conforman el telón de fondo de la reunión que mantienen en Quito los Cancilleres y Ministros de Defensa de la UNASUR. El objetivo de la cita es acordar medidas de “confianza mutua” entre los países que incluyan el establecimiento de mecanismos para intercambiar información militar y de seguridad. Brasil ha anunciado que planteará un mecanismo para que los miembros de UNASUR informen acerca de sus acuerdos de cooperación militar y de compra de material bélico con países de fuera de la región. El gobierno brasileño ha dicho estar dispuesto a dar a conocer detalles sobre su convenio militar con Francia. E el tema que más inquieta a Brasil y a varios países de la región, es el de los alcances del acuerdo entre Colombia y EUA para el uso de siete bases militares colombianas por parte de militares estadounidenses. A la Cancillería brasileña le inquieta el que, con el pretexto de defender la democracia y la libertad, militares estadounidenses puedan atacar desde Colombia a países vecinos que, a juicio de Washington, violen esos principios. Venezuela anunció que comprará a Rusia armamento por unos u$s2.000 millones. Ecuador adquirió aviones y helicópteros de Brasil e India, mientras Chile recientemente compró cazabombarderos a Holanda. Ecuador, quien ostenta la Presidencia pro témpore de UNASUR, planteará un código de conducta que incluirá, “una serie de compromisos básicos de comportamiento para convertir realmente a la región en una región de paz” 226.

16-9-2009, Los Cancilleres y Ministros de Defensa de la UNASUR, reunidos en Quito no llegaron a un acuerdo para zanjar las diferencias por el pacto militar entre Colombia y EUA. El Ministro de Defensa venezolano, Ramón Carrizalez, acusó a Colombia de negarse a informar con transparencia sobre el pacto que firmará con EUA para permitirle el uso de sus bases militares, del cual se desconocen puntos centrales porque permanece en secreto: “Ha habido resistencia de Colombia a entregar la información sobre los acuerdos para instalar bases militares. No hemos visto ni letras grandes ni letras chicas, y eso por supuesto genera preocupación sobre las verdaderas cláusulas de este acuerdo”. Venezuela está dispuesta a informar con transparencia a la UNASUR sobre la millonaria compra de armas a Rusia, que generó la preocupación de Estados Unidos y Uruguay. “Nosotros tenemos la obligación constitucional de protegernos. Hemos adquirido un armamento eminentemente defensivo”. Para la delegación de Venezuela, los detalles del acuerdo, que también solicitan otras naciones, podrían dar transparencia y, consecuentemente, confianza a la región. Alan García, había enviado una carta a los ministros de la UNASUR en la que solicitaba frenar la compra de armas en la región y recomendaba establecer un “pacto de no agresión” militar, propuesta rechazada por Chile, que consideró que ese lenguaje es propio de un “clima bélico”. El Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, se manifestó en consonancia con su aliado venezolano y también acusó a Colombia de asumir una posición intransigente en la reunión ministerial. “Por su intransigencia, Colombia no quiere transparentar el convenio sobre las bases militares [...], eso les preocupa mucho a todos los países sudamericanos. Lamentablemente, no hemos arribado a resoluciones”. Celso Amorim, Canciller de Brasil, que junto con la Argentina adoptó un tono más moderado, insistió en que su país requiere “garantías” de que el pacto militar que se proponen firmar Colombia y EUA no va a desbordar las fronteras colombianas. Sin embargo, reconoció el derecho de los países de la región a firmar sus propios acuerdos 227.

16-9-2009, En visita a EUA, el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez compartiendo en un todo lo dicho por la Secretaria de Estado Hillary Clinton declaró: “No sólo estamos preocupados por el avance armamentístico en la región, sino que lo rechazamos”. Esas compras “no conducen a buen puerto”. Es inquietante “el destino de tantos recursos económicos en armas cuando los países de América del Sur saben que la región es la que peor distribuye la riqueza que genera”. Sería mucho mejor que esos recursos “se dedicaran a educación, investigación médica y a luchar contra las patologías” regionales, como “el narcotráfico y el terrorismo”. El Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el pedido de mayor transparencia de la Secretaria de Estado Hillary Clinton: “Nosotros decimos que esas declaraciones sencillamente no tienen asidero político ni moral. ¿Cómo la Secretaria de Estado va a decir que Venezuela tiene una carrera armamentista cuando ellos son los que están instalando siete bases militares?” 228.

26-9-2009, La Asamblea General de la ONU en Nueva York sirvió de marco para que los Cancilleres de Colombia y Ecuador anunciaran el 24-9-2009 un ambicioso plan para restablecer las relaciones diplomáticas de los dos países. La “hoja de ruta”, respaldada por los Ministros Jaime Bermúdez y Fander Falconí, implicaría el regreso, en cuestión de semanas, de los encargados de negocios a las respectivas embajadas; después de año y medio de haber roto relaciones a raíz del bombardeo del campamento de “Raúl Reyes”. El acuerdo marca un retorno al diálogo directo de los dos gobiernos y cuenta con el acompañamiento del Centro Carter y la OEA. Colombia se compromete a no realizar operaciones militares al otro lado de la frontera, mientras Ecuador no tolerará presencia de grupos armados irregulares. Los dos gobiernos se comprometieron a reactivar la Comisión Binacional de Frontera “y ampliar los mecanismos de coordinación y comunicación entre las autoridades civiles, militares y de policía”. Ese punto se considera fundamental para tramitar los incidentes y mejorar el diálogo entre las autoridades de los dos países, que estaba prácticamente roto por la inexistencia de relaciones diplomáticas 229.

7-10-2009, En relación con la propuesta del gobierno colombiano de colaborar con el ecuatoriano para diseñar acciones contra los “campamentos” de las FARC en ese país, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Fabián Varela, respondió diciendo que “celebramos la actitud del señor Ministro, nosotros seguimos operando con o sin la información que nos dé Colombia. Sin embargo, siempre una ayuda o una inteligencia de información es mucho mejor” 230.

10-10-2009, En relación con la reunión de los Ministros de Defensa de Ecuador y Colombia, el 9-10-2009 sobre la reactivada Comisión Binacional de Frontera (Combifron), y la posible existencia en territorio ecuatoriano de dos bases de las FARC, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Fabián Varela, dijo que el análisis de dicha información se lo hará el 16-10-2009 en la reunión de la Combifron a efectuarse en la ciudad ecuatoriana de Ibarra. “Se manejará en reserva hasta verificar y tomar las acciones y montar las operaciones correspondientes en la frontera”. El Ministro de Defensa Javier Ponce dijo que habría sido preferible que el gobierno colombiano manejara la información sobre los campamentos de las FARC “más reservadamente”. Pidió a Colombia “establecer un mecanismo para compartir información de manera más eficiente”, sin anuncios por los medios de comunicación. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, había manifestado su disposición a eliminar los campamentos de las FARC de comprobarse la información colombiana: “Que nos digan dónde están y los capturaremos como hemos hecho toda la vida”. Mientras Ecuador ha colocado dentro de los “temas sensibles” la reparación de los daños ocasionados por el bombardeo colombiano de marzo de 2008, en lo que se incluye una indemnización a la familia de Franklin Aisalla, ecuatoriano fallecido en el ataque, Colombia ha insistido en que se deje sin efecto el proceso legal que lleva adelante un juez ecuatoriano en contra del ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, por haber ordenado el bombardeo. Se acordó la reactivación de la Comisión Binacional de Frontera, la misma que tendrá su primera reunión el próximo viernes en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Durante el inicio de la cita de Cancilleres, unos 100 comerciantes informales cerraron el puente de Rumichaca en la frontera entre Ecuador y Colombia como medida de protesta por los fuertes controles que se ejecutan en el paso fronterizo 231.

15-10-2009, Un juez ecuatoriano ordenó la captura del general Freddy Padilla De León, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2008, cuando aviones colombianos bombardearon el campamento de Reyes y mataron al jefe guerrillero en Ecuador. Puntos de desacuerdo entre ambos países: Cuando el en Septiembre del 2009 los cancilleres de los dos países anunciaron en Nueva York la intención de restablecer relaciones, hubo dos puntos en los que ninguno de los dos gobiernos cedió: Por un lado, Ecuador expresó que continuaría con el proceso que inició en contra de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalia en el bombardeo; al mismo tiempo, declaró que la justicia de su país es independiente del Poder Ejecutivo, a propósito del proceso contra Santos. Por su parte, Colombia reiteró que no acepta el principio de extraterritorialidad de la justicia ecuatoriana 232.

4-11-2009, En relación con la firma del acuerdo militar entre EUA y Colombia, el Presidente Chávez ha reaccionado con el cierre de la frontera: “si la situación sigue complicándose una de las medidas que estamos estudiando es decretar la emergencia en la frontera y bueno, cerrar eso” 233.

20-11-2009, La crisis entre Colombia y Venezuela parece profundizarse el 19-11-2009, luego de que el gobierno venezolano reconociera que había destruido dos puentes peatonales en la frontera con el vecino país. En Venezuela, portavoces del gobierno confirmaron que las estructuras, ubicadas sobre el río Táchira, fueron voladas. El Ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, dijo que esas acciones hablaban en favor de la lucha de su país contra el narcotráfico. El General venezolano Eusebio Agüero, Jefe de la segunda división venezolana de Infantería del estado Táchira, fronterizo con Colombia, dijo que se trataba de “dos pasos peatonales (...) que no están contemplados en ningún tratado internacional”. Por esos lugares cruzaban paramilitares y grupos subversivos. También servían para el contrabando de combustible y para el ingreso de precursores para el narcotráfico. El Vicepresidente venezolano Ramón Carrizalez señaló que no tenía ninguna justificación el que el gobierno colombiano denunciara al venezolano ante los organismos internacionales. “Es una decisión soberana del Estado venezolano destruir los pasos ilegales” 234.

27-11-2009, En relación con la firma del acuerdo militar entre EUA y Colombia, los gobiernos de Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia han mantenido sus dudas en torno al acuerdo militar, exigiendo garantías de que las acciones que se produzcan por medio del convenio se limitarán a territorio colombiano. Perú y Chile en la cita de la UNASUR, han presentado propuestas para el establecimiento de una fuerza militar regional de paz. El gobierno peruano planteó la suscripción de un acuerdo de paz y seguridad, la creación de una fuerza sudamericana de paz y un compromiso de reducir en los próximos cinco años la compra de armas en la región. Una iniciativa “complementaria” de Chile propone la creación de grupos de trabajo para consensuar una declaración de seguridad de UNASUR, y para estudiar la conformación de una Fuerza Combinada de Defensa Sudamericana. Si bien ambos planteamientos son similares, el punto divergente es el relacionado con la reducción del gasto militar 235.

28-11-2009, La Reunión de Cancilleres y Ministros de Defensa de la UNASUR aceptó las garantías formales ofrecidas por Colombia y EUA de que el acuerdo militar suscrito no afectará la soberanía del resto de países de la región. La reunión, efectuada 27-11-2009 en Quito, se inició con la entrega de una nota diplomática enviada por el Canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, quien no viajó a Ecuador, así como tampoco lo acompañó el Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, en la que el gobierno colombiano reitera que existen garantías de que el acuerdo con Estados Unidos contiene el principio de “no intervención en los asuntos internos de otros Estados”. La Delegación colombiana, liderada por el Director para América de la Cancillería de dicho país, se opuso a incluir en la declaración final de la cita de Quito un párrafo que condene la instalación de bases extranjeras en la región. El Canciller de Brasil, Celso Amorín, mostró su satisfacción por la explicación colombiana. “Salgo optimista de los debates. Hubo avances sobre todo en una cuestión que nos preocupaba mucho, que era lo de las garantías formales”. Ecuador, como Presidente Pro Témpore de UNASUR, también señaló su complacencia por las garantías presentadas en torno al acuerdo militar. El Canciller ecuatoriano, Fander Falconí manifestó: “Uno de los mejores resultados de la reunión de hoy (viernes) ha sido el tener un texto donde se nos garantiza plenamente la no intervención extraterritorial por parte de este tipo de acuerdos”. El Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el hecho de que Colombia y EUA hayan presentado garantías por escrito, pero dijo que en su gobierno “nosotros no pecamos de inocentes (…), los papeles tienen que traducirse en hechos concretos. Compartimos el esfuerzo de todos los gobiernos del continente de convertir estos papeles y estas garantías escritas en realidades, y que no vayan a ser burlas, como lo que pasó en Honduras”. La cita de Quito resolvió además, por consenso, sentar las bases de una “doctrina de seguridad” en la región, que incluye el establecimiento de medidas de confianza mutua, así como mecanismos de verificación y homologación de gastos militares. Buena parte de la reunión, a la que tampoco asistieron los Cancilleres y Ministros de Defensa de Chile, Argentina y Bolivia, se trabó en una larga discusión en la que países como Venezuela y Ecuador defendieron la inclusión en la declaración final de la Cumbre de Quito de un párrafo que condene la instalación de bases extranjeras en la región. La Cumbre de Quito dejó abierto el debate sobre las propuestas de Venezuela de que las bases colombianas usadas por EUA “no sean utilizadas para traer armas nucleares a la región” y de que la UNASUR trabaje junto con Bogotá en el desarrollo de una propuesta de paz para Colombia 236.

11-12-2009, La Comisión conformada por el gobierno ecuatoriano para investigar el bombardeo colombiano a un campamento de las FARC ubicado en la zona ecuatoriana de Angostura, ocurrido en marzo del 2008, afirma en su informe final, que fue apoyado desde la base de Manta, Ecuador, que en esa fecha era operada por militares de EUA. “La inteligencia estratégica procesada desde la base de Manta fue fundamental para el seguimiento y ubicación de Raúl Reyes, como blanco prioritario para el gobierno de Colombia”. Con dicho apoyo al ataque al campamento de las FARC, el acuerdo suscrito entre EUA y Ecuador por la base de Manta para el control del narcotráfico, que expiró el 18-9-2009 tras 10 años de aplicación, “rebasó sus fines y propósitos”. El informe concluye que no existen nexos entre el gobierno del presidente Correa y las FARC. Sin embargo, hay personas vinculadas con las FARC “que pertenecieron al gobierno de Rafael Correa”. La Comisión de Angostura presenta varias versiones que hablan de contactos con las FARC por parte de ex funcionarios, como Gustavo Larrea, ex Ministro de Gobierno; José Ignacio Chauvín, ex Subsecretario de Gobierno; y René Vargas Pazzos, ex Embajador de Ecuador en Venezuela. En relación con Larrea, la Comisión cita investigaciones policiales que “indican que Gustavo Larrea viajó al campamento de Angostura el 7 de febrero de 2008”, tres semanas antes del ataque. El Ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dijo “si es que hay personas que hayan estado vinculadas al gobierno y que puedan haber tenido conocimiento del campamento de los guerrilleros allí, que sea conocido”. En caso de que existieran responsabilidades de funcionarios o ex funcionarios del gobierno en los hechos alrededor del ataque de Angostura, estos “deberían de ser judicializados”. La Comisión de Angostura además establece en su informe que “las FARC y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales”. Francisco Huerta, Presidente de la Comisión de Angostura negó que su Comisión haya afirmado que Ecuador sea una narcodemocracia. “Hemos dicho que el país está en riesgo de convertirse en ese tipo de instancia si nos descuidamos. Ya no solo hay tránsito del narcotráfico, sino también producción en laboratorios”. El gobierno de Ecuador mostró cautela al referirse al informe de la comisión de Angostura: “Estamos hablando de un informe que requiere ser contrastado y verificado”, dijo el canciller Fander Falconí. El Vicepresidente ecuatoriano Lenin Moreno dijo que el presunto uso de la base de Manta para apoyar el ataque a Angostura “tiene que ser investigado por inteligencia y, de ser así, hay que hacer el reclamo correspondiente”.

29-5-2009, Con la presencia de los Príncipes de Asturias en Colombia afianzando las relaciones económicas y empresariales entre ambas naciones, se celebró el V Congreso de Víctimas del Terrorismo, en el que los Príncipes mostraron su apoyo al Gobierno de Uribe en su lucha contra el terrorismo y su cariño a todos los afectados. El Príncipe Felipe elogió a todos los que dedican a diario “sus mejores esfuerzos” a luchar contra el terrorismo, a quienes ayudan a las víctimas y, por supuesto, a quienes sufrieron el horror. “Hoy el terrorismo es un problema de dimensiones universales por lo que la respuesta debe ser internacional, con la unidad de todos para combatirlo”, y también para reconocer, asistir y atender a los que más sufren 237.

28-7-2009, Frente a la denuncia del gobierno colombiano que Venezuela le vende armas antitanque y lanzacohetes a las FARC, compradas a Suecia, las autoridades suecas reconocieron el 27-7-2009 que habían pedido explicaciones al gobierno venezolano ante la incautación, en un campamento de las FARC, de armas de Suecia vendidas a Venezuela en 1988. El Consejero Político del Ministerio de Comercio sueco, Jens Eriksson declaró: “Está confirmado que una pequeña cantidad de armas producidas en Suecia fue encontrada en un campamento de las FARC. Pedimos explicaciones a responsables del gobierno de Venezuela para que nos diga cómo explica que este equipamiento haya sido encontrado en Colombia”. Precisó que ninguna empresa sueca había sido autorizada a exportar armamento a Colombia. El fabricante de armas sueco Saab AB lamentó el 27-7-2009 que los equipos militares que produce hayan terminado en poder de las FARC y señaló que “es fastidioso” que las armas caigan en manos equivocadas. Tomas Samuelsson, director general de Saab Bofors Dynamics, filial de Saab AB y fabricante de los lanzacohetes antitanques AT-4, declaró: “Siempre es fastidioso cuando sucede. Todos los países hacia donde exportamos deben firmar un certificado de destinatario final, si no, la exportación no se autoriza. Desgraciadamente, a veces, un arma termina allí adonde no debería llegar” 238.

23-12-2009, En relación con la muerte del Gobernador Cuéllar a manos de las FARC, “la Unión Europea condena las violaciones del derecho humanitario internacional que siguen cometiendo los grupos armados ilegales” 239.

© Luis DALLANEGRA PEDRAZA

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Foto AutorEsta página fue hecha por  Luis DALLANEGRA PEDRAZA

* Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Profesor y Evaluador en Cursos de Grado, Postgrado y Doctorado en el país y en el exterior.  Director del Centro de Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR) y de la Revista Argentina de Relaciones Internacionales, 1977-1981. Miembro Observador Internacional del Comité Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA en la "desmovilización" de la guerrilla "contra" en Nicaragua, 1990. Director de Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 2002-2005. Investigador Científico del "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" (CONICET).


e-Mail: luisdallanegra@gmail.com

© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, "¿Pax o Paz en América Latina?: Conflicto en Colombia",  Diciembre del 2009.
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1 Bush premia a Uribe, en BBC Mundo en español, 6-1-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7813000/7813213.stm.

2 CIA conoce desde 1994 nexos del Ejército colombiano con 'paras', en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 8-1-2009, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1727&Itemid=2.

3 EUA está abierto a una propuesta concreta sobre 'Sonia' y 'Simón Trinidad', afirmó el Embajador, Diario El Tiempo, Bogotá, 12-2-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/eu-esta-abierto-a-una-propuesta-concreta-sobre-sonia-y-simon-trinidad-afirmo-el-embajador_4808865-1.

4 Salazar, Hernando, Un “no” augura cambio de relación, en BBC Mundo en español, 25-3-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7962000/7962525.stm.

5 Chirinos Vásquez, Carlos, ¿Colombia en soledad?, en BBC Mundo en español, 17-4-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/04/090416_colombia_cumbre_eeuu_mes.shtml.

6 Caño, Antonio, Para EUA, Venezuela es un “narcoestado”, en Diario La Nación, Buenos Aires, 18-7-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1151465&origen=premium.

7 Peixoto, Fabrícia, “Bases en Colombia recuerdan la Guerra Fría”, en BBC Mundo en español, 5-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090805_bases_colombia_brasil_lh.shtml. También, Uribe logra un “empate”, en BBC Mundo en español, 5-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090804_0051_colombia_uribe_peru_jrg.shtml. Igualmente, “El trasfondo es la injerencia”, en BBC Mundo en español, 5-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090804_uribe_gira_analista.shtml. Asimismo, Al menos siete bases podrá utilizar EUA en Colombia; acuerdo no se limitará a tres puntos, en Diario El Tiempo, Bogotá, 5-8-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/al-menos-siete-bases-podra-utilizar-eu-en-colombia-acuerdo-no-se-limitara-a-tres-puntos_5776788-1. Igualmente, Pedirán que países latinoamericanos expliquen qué tratados militares tienen con terceros, en Diario El Tiempo, Bogotá, 5-8-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/pediran-que-paises-latinoamericanos-expliquen-que-tratados-militares-tienen-con-terceros_5778143-1.

8 Venezuela/Colombia: retorna Embajador, BBC Mundo en español, 8-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/08/090808_1140_embajador_venezuela_colombia_alf.shtml.

9 Bases en Colombia: Obama responde, BBC Mundo en español, 8-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/08/090807_obama_colombia_mf.shtml.

10 Ratifica Bogotá el acuerdo por las bases, en Diario La Nación, Buenos Aires, 14-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1162260. También, Chirinos, Carlos, Bases: EUA debe dar más explicaciones, en BBC Mundo en español 14-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090813_0248_colombia_eeuu_bases_jrg.shtml.

11 EUA “no busca bases” en Colombia, BBC Mundo en español, 18-8-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090818_eeu_colombia_clinton_mf.shtml. También, Hillary defendió las bases y pidió a la región más “colaboración”, en Diario La Nación, Buenos Aires, 19-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1164063. Igualmente, Brasil: no cede la inquietud, en Diario La Nación, Buenos Aires, 19-8-2009

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1164064.

12 Tensión regional/La violencia guerrillera, en Diario La Nación, Buenos Aires, 20-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1164405. Agencias DPA, AFP, ANSA y EFE.

13 El pacto entre Washington y Bogotá, en Diario La Nación, Buenos Aires, 24-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1166107.

14 La cumbre de la UNASUR/Intensas negociaciones previas, en Diario La Nación, Buenos Aires, 27-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1167293. Agencias Reuters, EFE, AP y ANSA. También, Llega un enviado de Obama, en Diario La Nación, Buenos Aires, 27-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1167294. Igualmente, “Queremos tener menos soldados en América latina”, en Diario La Nación, Buenos Aires, 28-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1167860. Asimismo, Cumbre de la UNASUR/Aspera discusión con un débil acuerdo en Bariloche, en Diario La Nación, Buenos Aires, 29-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1168298. Además, Encuentro en Bariloche/La reacción de Washington, en Diario La Nación, Buenos Aires, 29-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1168253. También, “La UNASUR y el Mercosur siguen siendo cuerpos sin espíritu”, en Diario La Nación, Buenos Aires, 30-8-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1168659.

15 Pisani, Silvia, EE.UU. volvió a mostrar su “inquietud” por las compras de armas de Chávez, en Diario La Nación, Buenos Aires, 16-9-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1175168&origen=NLExt.

16 Salazar, Hernando, Colombia y EUA sellan convenio militar, en BBC Mundo en español, 30-10-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/10/091030_0508_colombia_eeuu_rb.shtml.

17 Mena Erazo, Paúl, Colombia dice no a cita de UNASUR, en BBC Mundo en español, 27-11-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/11/091126_0125_colombia_unasur_gz.shtml.

18 Mena Erazo, Paúl, UNASUR acepta garantías de Colombia y EUA, en BBC Mundo en español, 28-11-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/11/091127_0043_unasur_quito_jg.shtml.

19 Mena Erazo, Paúl, Ataque a Reyes “recibió apoyo de EUA”, en BBC Mundo en español, 11-12-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091210_0236_comision_ecuador_jg.shtml. También, EUA niega papel en ataque a Reyes, en BBC Mundo en español, 12-12-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091211_0301_eeuu_niega_gm.shtml.

20 Salazar, Hernando, Confirman muerte de gobernador secuestrado, en BBC Mundo en español, 23-12-2009, http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091222_0041_cuellar_muerto_gm.shtml. También, Uría, Leandro, La vía militar genera dudas, en Diario La Nación, Buenos Aires, 23-12-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1214799&origen=NLExt. Igualmente, Sacude a Colombia el golpe de las FARC, en Diario La Nación, Buenos Aires, 24-12-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1215290&origen=NLExt. Agencias Reuters, DPA, EFE y AP.

21 Que terquedad! o que viveza?, en ANNCOL, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 12-1-2009, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1746&Itemid=9.

22 Uribe pide ayuda al Vaticano, en BBC Mundo en español, 13-1-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7825000/7825533.stm..

23 Salazar, Hernando, Empezó operación para recibir rehenes, en BBC Mundo en español, 30-1-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_7861000/7861308.stm. También, Los cautivos estarían en Brasil, en Diario La Nación, Buenos Aires, 31-1-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1095120. Asimismo, Un viaje por la Paz, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 30-1-2009, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1788&Itemid=2.

24 Las FARC liberan a cuatro rehenes, en BBC Mundo en español, 1-2-209, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7863000/7863732.stm. También, Ejército colombiano obstaculizó liberación de retenidos, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 1-2-209, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1794&Itemid=9. Asimismo, Liberación de 4 retenidos por las Farc, en YVKE Mundial, Internacionales, 1-2-2009, http://cantv.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?18761.

25 Salazar, Hernando, Colombia: Reactivan liberación de rehenes, en BBC Mundo en español, 2-2-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7865000/7865733.stm.

26 Romero, Roberto, Alan Jara mira con cierto recelo a Uribe, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 5-2-2009, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1808&Itemid=9. También, Uribe llamó a no dejarse engañar por las FARC, en Diario La Nación, Buenos Aires, 5-2-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1096600. Agencias AFP y EFE.

27 Romero, Roberto, La vocación de paz de un ser en llamas, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 8-2-2009, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1816&Itemid=9. También, Detalles de liberación, inicialmente desconocidos por Uribe, generaron tensión en la Casa de Nariño, en Diario El Tiempo, Bogotá, 8-2-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/detalles-de-liberacion-inicialmente-desconocidos-por-uribe-generaron-tension-en-la-casa-de-narino_4800667-1. Asimismo, Presidente Uribe denunció existencia de 'bloque intelectual de las Farc', en Diario El Tiempo, Bogotá, 8-2-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/Presidente-uribe-denuncio-existencia-de-bloque-intelectual-de-las-farc_4800869-1. Igualmente, Uribhitler no entiende qué es la Paz, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 8-2-2009, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1818&Itemid=2.

28 Salazar, Hernando, Uribe vs. la ONU y la OEA, en BBC Mundo en español, 12-2-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7884000/7884996.stm.

29 Uribe intensifica lucha contra las FARC, en BBC Mundo en español, 13-2-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7889000/7889293.stm.

30 Santos Denuncia Plan ‘Renacer’, en Diario El Tiempo, Bogotá, 14-2-2009, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3317668.

31 Salazar, Hernando, Colombia: polémica por dos liberaciones, BBC Mundo en español, 6-3-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7929000/7929227.stm. También, 'Karina' y 'Saldaña' trabajarán desde Bogotá para convencer a guerrilleros a desmovilizarse, en Diario el Tiempo, Bogotá, 7-3-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/karina-y-saldana-trabajaran-desde-bogota-para-convencer-a-guerrilleros-a-desmovilizarse_4862247-1.

32 El frente político-militar de Juan-M Santos, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 6-3-2009, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1877&Itemid=9. También, No Habrá Consejo Superior de Seguridad y Defensa, en Diario El Tiempo, Bogotá, 7-3-2009, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3346627.

33 Plan Colombia: ¿indigno o necesario?, en BBC Mundo en español, 17-3-2009, http://newsforums.bbc.co.uk/ws/es/thread.jspa?forumID=8408. También, Acabar Con El Plan Colombia Propone Francisco Santos, en Diario El Tiempo, Bogotá, 15-3-2009, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3359075. Asimismo, Alvaro Uribe quería el fin del Plan Colombia en 2005, afirmó el ex Presidente Andrés Pastrana, en Diario El Tiempo, Bogotá, 17-3-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/lvaro-uribe-queria-el-fin-del-plan-colombia-en-2005-afirmo-el-ex-Presidente-andres-pastrana_4880706-1. Igualmente, Colombia aún requiere la ayuda de E.U. para combatir el narcotráfico y los cultivos ilícitos: Uribe, en Diario El Tiempo, Bogotá, 17-3-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-aun-requiere-la-ayuda-de-eu-para-combatir-el-narcotrafico-y-los-cultivos-ilicitos-uribe_4880867-1.

34 No dos veces por lo mismo; también conocido como Autrefois acquit (Francés: ya perdonado) o double jeopardy (Inglés: doble riesgo)

35 Salazar, Hernando, Un “no” augura cambio de relación, en BBC Mundo en español, 25-3-2009, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7962000/7962525.stm.

36 Posada Carbó, Eduardo, ¿Y el salto estratégico?, en Diario El Tiempo, Bogotá, 3-4-2009, http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/eduardoposadacarb/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4946128.html.

37 Propone Uribe un diálogo con las FARC, en Diario La Nación, 4-4-2009, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1115276. También, Cesar violencia por 3 ó 4 meses, sugiere Uribe a Farc si quieren que haya condiciones para diálogo, en Diario El Tiempo, Bogotá, 4-4-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/cesar-violencia-por-3-o-4-meses-sugiere-uribe-a-farc-si-quieren-que-haya-condiciones-para-dialogo_4949491-1. Igualmente, Uribe propone cese de hostilidades, en BBC Mundo en español, 5-4-2009 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7984000/7984356.stm.

38 Comunicado - Alarma por Silencio del Gobierno Colombiano, en PiedadCordoba.net, 24-4-2009, http://www.piedadcordoba.net/piedadparalapaz/modules.php?name=News&file=article&sid=3255. También, Piedad: No sería al estilo de la “Operación Jaque”, en Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, 26-4-2009, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1977&Itemid=2.

39 'Acabar la guerra tardará unos 15 o 20 años', en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 3-5-2009, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/acabar-la-guerra-tardara-unos-15-o-20-anos-dice-frank-pearl-nuevo-comisionado-de-paz_5119208-1. También, Peña, Edulfo, 'Ac